Efeméride con motivo de la Proclamación del Plan de Ayala
Taygete Irisay Rodríguez González, PMC
Antonio de Jesús Ramírez Ramos, PVEM
José Guadalupe Fletes Araiza, PRI
Wendy Maricela Cordero González, PAN
Klaus Uwe Ritter Ocampo, Morena
Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con modificaciones de turno de iniciativas
Primera ronda de iniciativas
Cecilia Anunciación Patrón Laviada, PAN
María del Rocío Corona Nakamura, PVEM
Mary Carmen Bernal Martínez, PT
Gerardo Gaudiano Rovirosa, PMC
María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Morena
Comunicado de la Junta, con cambios en comisiones,
Iván Arturo Rodríguez Rivera, PAN
Alma Carolina Viggiano Austria, PRI
Manuel Rodríguez González, Morena
Krishna Karina Romero Velázquez, PAN
Martha Azucena Camacho Reynoso, Morena
Manuel Alejandro Robles Gómez, Morena
Claudia Tello Espinosa, Morena
Segunda ronda de iniciativas
Raquel Bonilla Herrera, Morena
María del Refugio Camarena Jáuregui, PRI
Luis Enrique Martínez Ventura, PT
Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, PMC
Kathia Maria Bolio Pinelo, PAN
Juan Francisco Espinoza Eguia, PRI
María Teresa Castell de Oro Palacios, PAN
Raquel Bonilla Herrera, Morena
Laura Imelda Pérez Segura, Morena
Minuto de aplausos por las víctimas del Covid y por todos aquellos que salvaron muchas vidas
Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Morena
Tercera ronda de iniciativas
Manuel Alejandro Robles Gómez, Morena
Itzel Josefina Balderas Hernández, PAN
Julieta Kristal Vences Valencia, Morena
Noemí Berenice Luna Ayala, PAN
Melissa Estefanía Vargas Camacho, PRI
Omar Enrique Castañeda González, Morena
Martha Estela Romo Cuéllar, PAN
Emmanuel Reyes Carmona, Morena
Justino Eugenio Arriaga Rojas, Morena
Intervenciones de diputadas y de diputados sobre diversos temas
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: Se informa a la Presidencia que se tienen registrados 420 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (11:28 horas): Se abre la sesión semipresencial ordinaria del miércoles 24 de noviembre del 2021.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y contiene los asuntos a tratar en esta sesión.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, en términos del artículo 96 del Reglamento, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada secretaria. Se dispensa la lectura. En votación económica, consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, secretaria diputada. Aprobada el acta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: El siguiente punto en el orden del día corresponde al capítulo de efemérides. Se otorgará a los grupos parlamentarios hasta cinco minutos, para referirse a la Proclamación del Plan de Ayala. En tal virtud, tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Héctor Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Héctor Chávez Ruiz: Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputado.
El diputado Héctor Chávez Ruiz: La lucha por la tierra ha sido, sin duda, una de las principales causas de las grandes movilizaciones sociales a lo largo de la historia de nuestro país. Primero por la legítima posesión que tenían las comunidades originarias, y tiempo después por la seguridad jurídica, la viabilidad productiva y el acceso a los medios de producción.
Desde la proclamación del plan de gobierno de Hidalgo sobre la posesión de la tierra hasta Morelos y los Sentimientos de la Nación, pasando por las Leyes de Reforma y la Constitución de 1957, la reivindicación hacia nuestras y nuestros campesinos ha sido una constante, en especial en el derecho legítimo a la posesión de la tierra y de las condiciones necesarias para poder trabajarla. Sin embargo, muchas de estas leyes también favorecieron, en su momento, al auge y desarrollo de las haciendas en México, con lo que se permitió el despojo del 90 por ciento de las tierras comunales indígenas en favor de la naciente clase social acomodada y de la instauración de la propiedad privada. Esto trajo como consecuencia un levantamiento armado para exigir el cumplimiento del Plan de San Luis.
Pero no fue hasta que Emiliano Zapata decide poner en marcha el Plan de Ayala, donde se hizo un enérgico y contundente llamado a cumplir la que quizá sea la demanda más antigua de las y los campesinos de todo el país, y que se basa en el derecho a la devolución de sus tierras y su derecho a trabajarlas. De esta forma, el Plan de Ayala contempla las problemáticas profundas del campo, donde se describe que las tierras fueron arrebatadas del pueblo de México por caciques y terratenientes, y que estas debían ser devueltas a sus dueños originales.
Las exigencias del general Zapata cobran relevancia en la actualidad, principalmente porque su lucha representa un legado sumamente importante para el campo en el ámbito de los derechos sociales de las minorías. El general Zapata entendió perfectamente que la transformación de nuestra sociedad se basa, entre otras cosas, en el justo y equitativo reparto de tierras, que se traduce en equidad y justicia social, ya que solo de esta forma se liberarían las capacidades productivas y se consolidarían los derechos de millones de mexicanas mexicanos.
Desde el PRD consideramos que existen problemas históricos que aún no han sido resueltos y, de no tener atención pronta, los seguiremos teniendo en el presente y en el futuro del país. Las y los campesinos siguen anhelando certeza jurídica sobre la tenencia de su tierra. Siguen esperando la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Siguen esperando la reivindicación de su lucha histórica. Siguen confiando en que algún día llegará ese México justo y de oportunidades.
Pero también hay que decirlo fuerte y claro, a lo largo y ancho del país las y los campesinos aún siguen siendo víctimas de despojos, de abusos y vejaciones y, desafortunadamente, también a muchos de ellos se les ha condenado a la pobreza y la marginalidad.
Por eso insistiremos y seguiremos luchando desde el Partido de la Revolución Democrática en el replanteamiento de un Plan de Ayala para el futuro, que reivindique la lucha y los ideales del general Zapata. Pero también que reivindique la lucha de los miles y las miles de campesinas y campesinos de este país. Más aún en estos tiempos donde se dice estar del lado de los pobres pero que, desafortunadamente, no se hace nada para sacarlos de esta condición y, al contrario, se les pretende cooptar y utilizar como clientela política electoral.
Para finalizar, quisiera demostrar cuanta vigencia tiene este plan para nuestros tiempos y para ello voy a citar textualmente lo que dice el Plan de Ayala, en su artículo 5o.: “La junta revolucionaria del estado de Morelos no admitirá transacciones ni componendas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y de Francisco I. Madero, pues la nación está cansada de hombres falsos y traidores que hacen promesas como libertadores y, al llegar al poder, se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. Libertad, justicia y ley”. Muchas gracias, ciudadana presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Chávez Ruiz.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Taygete Irisay Rodríguez González: Muy buenos días. Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputada.
La diputada Taygete Irisay Rodríguez González: Muchas gracias. Hoy conmemoramos el aniversario del Plan de Ayala, el plan que trazaron Emiliano Zapata y su ejército de campesinas y de campesinos para reivindicar las causas comunitarias y campesinas frente a lo que consideraban una traición del nuevo presidente de la República, Francisco I. Madero.
El movimiento y la revolución zapatista sacudieron al país hace más de 110 años. Le recordaron al país que había un México profundo, un México más allá del proyecto porfirista, incluso del maderista. Recordó que había hambre, que había pobreza y que había precariedad en el campo.
Ese fue el sentido de trascendencia de la revolución zapatista, aunque su mejor biógrafo John Womack decía que las zapatistas fue una revolución conservadora porque buscaban cambiar todo para mantener lo que ya tenían. Lo cierto es que la profundidad de ese movimiento social y político se quedó impregnado en la vida pública del país.
En la bancada naranja, conmemoramos con gratitud y admiración el legado de los zapatistas, el legado de la lucha por lo propio, por reclamar un espacio en la vida pública, de exigir justicia gobierne quien gobierne.
Por eso, hace un año Movimiento Ciudadano planteó un concepto para un nuevo México, para un país que ha superado muchas necesidades de los dolores de México de inicios del siglo XX, pero que sigue padeciendo muchos de sus males, como la corrupción, la pobreza, la miseria y la desigualdad. Ese concepto es la evolución mexicana.
Hicimos el llamado al país para evolucionar un México distinto, a un México más libre y más igual. Lo hicimos porque México vive una situación límite marcada por una crisis de salud que ha cobrado la vida de más de 600 mil mexicanos. Por una crisis económica que ha dejado a millones en la pobreza y también en la pobreza extrema. Y una crisis ambiental que envenena el agua que tomamos, el aire que respiramos y la tierra que cultivamos.
En esa evolución mexicana hemos propuesto un nuevo trato para el país, un trato para poder tener un presente y un futuro digno de luchas como los zapatistas. Hemos propuesto un nuevo trato por la salud para que deje de ser un privilegio y sea un derecho. Un nuevo trato por el medio ambiente para cuidar la naturaleza y el planeta que tenemos.
En ese trato no estamos construyendo de manera abstracta. Nuestros gobiernos tanto en Jalisco como en Nuevo León están mostrando que sí hay otra manera de gobernar, que sí hay otra manera de hacer las cosas y que sí existe la posibilidad de un futuro más limpio, más igualitario y más libre.
Lo hemos dicho en esta tribuna, la historia no se construye con consignas ni con propaganda, tampoco con referencias propias, se construye con mujeres y hombres que luchan por causas, se hace cuando luchamos por principios que le dan sentido a nuestras vidas y a nuestros proyectos.
Lo hemos hecho desde Movimiento Ciudadano y es lo que estamos haciendo en la bancada naranja, construir una opción alternativa para los que hoy no la tienen, porque nosotros ponemos en el centro a los más necesitados y a las más violentadas y a quienes no tienen quién los defienda, incluyendo a la naturaleza y al medio ambiente.
Por eso, en este aniversario recordamos la lucha zapatista como un punto de inspiración para nuestra propia lucha pacífica, una evolución mexicana que alcance a todas y a todos los mexicanos y los haga sentir que este país es de todas y es de todos. Por un México mejor, por un México de iguales está la evolución mexicana. Muchas gracias y es cuanto.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Rodríguez González.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Nelly Maceda Carrera, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Nelly Maceda Carrera: Con su venia, presidenta diputada. Con el permiso del pueblo de México.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Nelly Maceda Carrera: Compañeras y compañeros legisladores, el próximo domingo 28 de noviembre los auténticos revolucionarios conmemoramos el 110 aniversario de la expedición del plan histórico, el Plan de Ayala, propuesta política donde se plasma el pensamiento del general Emiliano Zapata sobre cómo resolver el problema agrario del país y evitar para siempre los abusos de los hacendados en contra de los pequeños propietarios rurales, comuneros y ejidatarios.
Emiliano Zapata es uno de los caudillos más importantes de la Revolución Mexicana, pues tuvo claro que una de las causas del gran malestar social de la época fue la impunidad. Zapata se levantó en armas en noviembre de 1920, confiando en que se cumpliría la palabra de Madero contenida en el artículo 3o., párrafo tercero, del Plan de San Luis, donde se estableció abusando de la Ley de Terrenos Baldíos: Números pequeños propietarios, en su mayoría indígenas han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la Secretaría de Fomento o por fallo de los tribunales de la República siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de los que se les despojó de un modo tan arbitrario.
Ante el incumplimiento del presidente en turno, se reavivaron los ánimos de justicia a pesar de las reiteradas solicitudes e intentos de los campesinos para que les fuera devuelta sus tierras, quebrantando con esto los objetivos de la Revolución Mexicana, en tal virtud en la comunidad de Ayoxuxtla, perteneciente al estado de Puebla, fue firmado el 28 de noviembre de 1911, el Plan de Ayala, en cuyo artículo 7o., el general Zapata planteaba la expropiación de terrenos a las grandes haciendas para constituir ejidos, colonias, campos de sembradura o de labor.
Como muy pocos héroes en la historia de México, Emiliano Zapata sufrió el embate de la prensa que sobrevivía al gobierno de Díaz y que lo llamaron ladrón, asesino, ratero e incluso en la fila del sur solo por preocuparse por el bienestar de aquellos que les fue arrebatado todo.
El ideal zapatista de que la tierra es de quien la trabaja, lo que permeó en la convención de jefes revolucionarios de Aguas Calientes y con prosperidad en los trabajos del Congreso Constituyente de 1916 a 1917. Los ideales de Zapata se incorporaron en el artículo 27 constitucional.
Compañeras y compañeros legisladores, por decisión del pueblo de México a partir del 1o. de diciembre de 2018, dio inicio la cuarta transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha tomado como guía de acción pública el ejemplo de nuestros héroes desde la independencia hasta la revolución.
Por ello, el proyecto transformador de México que de igual manera al del general Emiliano Zapata se conformó de mujeres y hombres que deseamos cambiar el rumbo del país. Sabemos que el motor más grande de cambio es el pueblo y así como hace 110 años fue el pueblo quien decidió hacer justicia y defender sus ideales a través de un movimiento de lucha, los gobiernos neoliberales entregaron el 70 por ciento de la tierra a concesiones mineras desde Salinas hasta Peña.
Por ello, los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que es el momento de continuar en la defensa de los ideales. Por ello, el llamado imperio al pueblo para seguir expresando su voluntad y qué mejor ejemplo que el de ejercer su derecho y les decimos a los, como dijo el general Emiliano Zapata, esos que no tengan miedo, que pasen a firmar, que pasen a ratificar o no el mandato de quienes nos gobiernan. Zapata vive, la lucha sigue. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Maceda Carrera.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputado.
El diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos: Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy conmemoramos la proclamación del Plan de Ayala, un documento clave para entender la reivindicación de los campesinos que participaron en la Revolución y para comprender el Zapatismo y su influencia en la historia de México contemporáneo.
El Plan de Ayala definió la identidad e ideología que inspiraron la acción de los campesinos del sur de nuestro país durante los siguientes años a la proclamación en noviembre de 1911.
Como texto fundador del Zapatismo, dice el historiador Felipe Ávila, el Plan de Ayala constituye un documento acabado, original, que representa la culminación ideológica y política que había sido la experiencia del general Emiliano Zapata y sus seguidores antes del inicio de la Revolución y durante los comienzos de la misma.
Los antecedentes del Plan de Ayala nos remontan a 1910, cuando estalló la Revolución mexicana con la consigna de acabarla dictadura de Porfirio Díaz. Siendo Francisco I. Madero el primer líder de este movimiento, el cual tuvo el respaldo de caudillos, como Zapata, Villa, Orozco, cansados de injusticias que prevalecían en el país para la gran mayoría de las y los mexicanos.
No obstante, el movimiento iniciado el 20 de noviembre de 1910 llevó a Francisco I. Madero a la Presidencia de la República. La timidez de sus primeras reformas decepcionó a quienes lo apoyaron para lograr el derrocamiento de Porfirio Díaz, pues no veían en ellas el alcance suficiente para atender la reivindicación y transformar la realidad que se vivió durante el Porfiriato.
El origen del Plan de Ayala, que se encuentra entonces en las fallidas negociaciones entre Madero y Zapata, las cuales tuvieron lugar entre julio y agosto de 1911, cuando los zapatistas pusieron como condición que se cumplieran las promesas de recuperación y reparto de tierras ofrecidas a los del Plan de San Luis, maderista, así como la elección de autoridades locales realmente comprometidas con la Revolución.
A fines de agosto de 1911 se suspendieron las negociaciones entre Madero y Zapata, quien frente a la hostilidad de las tropas federales se acompañó de un pequeño contingente, tuvo que huir y refugiarse en la frontera entre los estados de Morelos y Puebla.
Madero asumió la presidencia del país el 6 de noviembre de 1911, para entonces los zapatistas tenían claro que el gobierno no cambiaría su postura hacia ellos y les exigiría una rendición incondicional.
Motivado por la situación que enfrentaba Zapata, encomendó a Otilio Montaño, maestro rural, que para entonces era uno de sus principales colaboradores, la redacción de un documento donde expusiera con claridad sus objetivos y postulados de su lucha y que sirviera de bandera para el movimiento de los campesinos del sur de nuestro país, así nació el Plan de Ayala, también conocido como un plan libertador de los hijos del estado de Morelos, el cual exigía la restitución de terrenos, montes y aguas a los campesinos que habían sido despojados de la propiedad de los mismos, a través de la Ley de Lerdo, que terminó indirectamente por favorecer a caciques, hacendados y terratenientes en todo el país.
El Plan de Ayala representó una manifestación a favor de la justicia y la libertad por parte del campesinado mexicana. Se trata de un documento vanguardista para su época, el cual debemos no solo evocar, sino valorar en su justa dimensión en el marco de la reflexión obligada sobre el pasado, presente y futuro de las comunidades rurales en nuestro país.
A pesar de los avances alcanzados por la sociedad mexicana siguen siendo víctimas de la pobreza y la desigualdad y la inequidad. En este sentido, el Plan de Ayala dio a la Revolución una dimensión social más allá del alcance político electoral que tuvo la proclamada, con la cual inició el movimiento, es decir, el Plan de San Luis por eso es un Plan de Ayala.
Es un documento más importante del siglo XX en México, después se convirtió en el símbolo de la lucha por la dignidad campesina, no solo durante el movimiento revolucionario, sino también tiempo después de la creación de instituciones y de leyes enfocadas en el reparto agrario e inspiradas ineludiblemente por el espíritu del zapatismo, el artículo 27 de nuestra Carta Magna. Las leyes agrarias y los tribunales especializados en materia son ejemplo del legado del Plan de Ayala tras el fin de la Revolución Mexicana.
A 110 años de la proclamación del Plan de Ayala resulta imperdonable que haya campesinos en México que sigan reivindicados por las mismas causas que le dieron origen a este documento. Por ello, nuestra obligación es trabajar desde nuestra trinchera, para transformar positivamente...
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Concluya, diputado Ramírez, por favor.
El diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos: ... la injusta que hoy enfrentan muchas y muchas hermanas del campo mexicano. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Ramírez Ramos.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Guadalupe Fletes Araiza, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado José Guadalupe Fletes Araiza: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputado.
El diputado José Guadalupe Fletes Araiza: Compañeras y compañeros diputados, estos días conmemoramos 110 años del manifiesto promulgado por Emiliano Zapata y Otilio Montaño, que marcó un momento a un Ejército y a una Revolución.
El Plan de Ayala, publicado el 28 de noviembre de 1911 fue el resultado de un momento y condiciones particulares que encontraron su camino para afianzarse en la historia de nuestro país, producto de las tensiones políticas y elaborado bajo la visión de muchas comunidades unidas.
El texto que hoy consideramos la base del movimiento zapatista es en el fondo un acuerdo de libertades e independencia. Pero, para poderlo entender, debemos situarnos en su momento y reflexionar sobre las necesidades de la población, ¿qué representó para ellos a inicios del siglo XX y qué nos dice esto a más de 100 años después?
En la construcción del México moderno, el territorio nacional fue dividido en tierras comunales que les pertenecían a los pueblos indígenas. Ahí se desarrolló la cultura de las localidades y se fortaleció la identidad de nuestro país.
Pero la creciente inestabilidad política causó movimientos territoriales bajo decretos presidenciales que pretendían despojar a las familias de sus tierras, construir nuevos mandos y reorganizar el poder social. Con esto la incertidumbre y la desconfianza de la población crearon el clima de acuerdo con la insurrección política y la búsqueda por el derecho de la propiedad.
Encima de este escenario estaban Emiliano Zapata y Otilio Montaño que, bajo el lema de libertad, justicia y ley, construyeron una estrategia que años después detonó en todo el país.
La inconformidad de los campesinos y de las familias de origen, así como la búsqueda del reconocimiento, lograron impulsar a toda la organización y adherirla a todos los ideales que se estaban gestando en contra del régimen porfirista.
De esta forma, Emiliano Zapata, el Caudillo del Sur, apoyó el primer cambio político en más de 30 años de la mano de Francisco I. Madero. Sin embargo, Madero no reconoció los acuerdos que la comunidad campesina le habría dado y se generó un levantamiento de grandes convergencias. Al final, lo que se buscaba era la inclusión política que reconociera el verdadero trabajo del campo y no pretendiera imponer condiciones forzadas bajo una reorganización de la sociedad.
Para Zapata esto representaba el movimiento que había nacido bajo la idea de la Revolución Mexicana, y la Revolución habría de triunfar hasta el momento en el que la disputa agraria estuviera arreglada y hasta el pueblo fuese libre de cualquier intervención.
Esto último es lo más relevante a 100 años de su promulgación. La herencia está en una visión del primer texto socialista de la historia de México y el impacto político que tuvo sobre una nueva ciudadanía, que después de esto continúa atravesando un sinfín de retos hasta la reorganización política de 1917.
Compañeras y compañeros, hoy los invito a reflexionar sobre cuánto hemos avanzado en este sentido. Las políticas agrarias y el reconocimiento político de todas las comunidades son el día de hoy instrumentos construidos en el origen de nuestro estado moderno.
Los ideales plasmados en el Plan de Ayala siguen presentes en la tierra y en la libertad, porque más allá de los símbolos de nuestra revolución, están los cimientos de un país moderno y organizado.
El Partido Revolucionario Institucional refrenda su compromiso con cumplir los ideales de la Revolución y con seguir evolucionando bajo las deudas del México moderno. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Fletes Araiza.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Wendy Maricela Cordero González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Wendy Maricela Cordero González: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Wendy Maricela Cordero González: Diputadas y diputados. En estos tres meses de la legislatura hemos recordado a través de estas efemérides a los personajes y hechos que dieron vida a la Revolución Mexicana.
Se trató de un periodo de nuestra historia, que nos dejó muchas lecciones como país y sobre los que ya hemos hecho distintas reflexiones. Hemos hablado ya sobre Madero, el Plan de San Luis, la figura de Ricardo Flores Magón, Aquiles Serdán y Belisario Domínguez.
Hoy, toca el recuerdo del Plan liberador de los hijos del Estado de Morelos, afiliados al Ejército Insurgente, conocido como el Plan de Ayala, firmado el 28 de noviembre de 1911 y con el que el Movimiento Zapatista desconocía la obra maderista.
Si bien, el desafío al gobierno maderista era el objeto principal del plan, su trascendencia se observa en sus postulados sobre el sector agrario. De forma abierta el Plan de Ayala introdujo al debate revolucionario el problema de los campesinos y la propiedad de la tierra.
El carácter del plan convocó a la lucha revolucionaria a campesinos de todas partes del país, pero con especial atención a los morelenses, atraídos por la figura de Emiliano Zapata, quien junto con Otilio Montaño diera vida a los 15 puntos que conforman el documento que hoy traemos a la memoria. En su lema original: libertad, justicia y ley. Se observan los principios que sirvieron como piedras angulares del movimiento encabezado por Emiliano Zapata y que hoy es necesario mantener vigentes como guías de acción en esta Cámara de Diputados y en la actividad pública del país.
Libertad, por supuesto, para decidir lo que sea mejor para México. Esa libertad que hoy desafortunadamente no hace valer esta Cámara, que solo está al servicio de una sola persona. Libertad que hoy se opaca ante las constantes amenazas del titular del Ejecutivo, que el titular del Ejecutivo lanza todos los días en contra de los ciudadanos, de los empresarios, de los periodistas, de los padres con niños con cáncer, en contra de sus adversarios políticos. Claro, como se hacía en aquella época.
Nos referimos también al principio de justicia, para que nadie quede excluido de las decisiones, para que todas y todos tengamos el mismo derecho para acceder a las oportunidades y estemos en capacidad de abatir las grandes desigualdades entre los mexicanos. Y ley, para hacer valer el Estado de derecho, para que todos y todas vivamos en condiciones de igualdad, de seguridad, con garantías sociales, económicas y políticas.
Esa ley que hoy se ve mancillada por quien gobierna a decretazos, pasando por encima de la Constitución, imponiendo su voluntad a costa de lo que sea. Hoy estamos a merced de quien manda al diablo las instituciones en el discurso y en los hechos.
Aquellos principios del Plan de Ayala hoy retumban en el espíritu de una nación que no está dispuesta a sacrificar sus libertades por el capricho y el dedo acusador y dictador del presidente. Estamos en un momento crítico de nuestra historia. El quinto punto del Plan de Ayala se presenta hoy como una luz ante los desplantes del gobernante. Y cito: “La nación está cansada de hombres falsos y traidores, que hacen promesas como libertadores, y al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos”. Ojalá todos los mexicanos podamos aprender de nuestra propia historia.
Señoras y señores diputados, el Plan de Ayala hizo un importante reconocimiento a las comunidades campesinas como núcleos sociales fundamentales. Su texto se convirtió en una promesa de reestructuración de la propiedad agraria. Se trataba de una lucha en contra de los monopolios de los grandes hacendados y una esperanza para quienes, por décadas, no habían visto ganancia por el fruto de su trabajo.
Hoy como entonces, las condiciones en las que se encuentra el campo son verdaderamente precarias. Las estructuras organizacionales y de producción en este importante sector de nuestra economía han sido objeto del rezago en la legislación, lo que ha contribuido con altos índices de marginación y ha detonado la migración de muchas personas, porque no han encontrado en la actividad agropecuaria su sustento básico. Es una realidad que lastima a México.
Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para mejorar la capacidad productiva y competitiva de las unidades de producción agrícolas del país, así como dignificar las condiciones de vida de los campesinos. Hacemos un llamado por que estas referencias que hemos hecho sobre la Revolución Mexicana se traduzcan en un nuevo impulso, no para alimentar la división social, como pretenden algunos, sino para promover la evolución de las ideas, la evolución de las conciencias para mejorar la condición de vida de todas las, y los, mexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Cordero González.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Klaus Uwe Ritter Ocampo, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Klaus Uwe Ritter Ocampo: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
El diputado Klaus Uwe Ritter Ocampo: Compañeras y compañeros legisladores, la historia de México ha sido escrita por hombres y mujeres con inquebrantable espíritu de lucha que trascendieron en el tiempo por defender las causas más justas del pueblo.
El 28 de noviembre se conmemora el centésimo décimo aniversario de la proclamación del Plan de Ayala, dado a conocer por el icono del movimiento revolucionario, el morelense Emiliano Zapata.
Luego del triunfo maderista que dio paso al inicio del movimiento revolucionario, el zapatismo exigió el cumplimiento inmediato de los acuerdos establecidos en el Plan de San Luis. La transformación al campo mexicano no podía esperar más, para las y los zapatistas era urgente la restitución de las tierras... Perdón, la restitución de la propiedad de las tierras a las y los campesinos.
Reforma, libertad, justicia y ley eran las causas que abanderó el movimiento que emergió con gran fuerza y se extendió a lo largo y ancho del territorio nacional. La desigualdad a la que fueron sometidas las y los trabajadores del campo era denigrante, ya que durante décadas fueron despojados de sus tierras y les fue negado el acceso a mejores condiciones de vida.
Muchos se vieron obligados a trabajar como peones en grandes haciendas porque carecían de tierras y, quienes sí eran propietarios de las mismas, no tenían los recursos para cultivarlas. Los campesinos sufrían el despojo constante de tierras, bosques y manantiales, a pesar de contar con títulos que acreditaban su propiedad.
Cabe mencionar que dicha situación se agravó durante el mandato de Porfirio Díaz. Por tal razón, tanto las mujeres como los hombres, encontraron en los fusiles y las cananas cagadas de balas la esperanza de consolidar una auténtica transformación que hiciera valer y respetar sus derechos fundamentales.
El Plan de Ayala fue el documento que plasmó los reclamos políticos y sociales, así como el sentir del campesinado mexicano. Las principales demandas contenidas en el plan fueron: la restitución de terrenos, montes y aguas a los campesinos que habían sido despojados.
La redistribución de las grandes extensiones de tierra entre la población, con indemnización a los propietarios originales, así como indemnizaciones posguerra y la repartición de tierras para quien no poseían ninguna. Y el otorgamiento a los jefes principales del movimiento revolucionario de la potestad, una vez culminadas las luchas, de elegir un presidente interino y gobernadores hasta convocar a elecciones democráticas y constituir el poder público.
Con la promulgación de este documento el movimiento revolucionario adquirió sentido social, presentó ante el pueblo un rostro totalmente agrario y se caminó hacia los fines que la voluntad popular le fijaba al conocido Caudillo del Sur.
Emiliano Zapata se convirtió en el traductor y vocero de las necesidades que aclamaban las personas más desprotegidas del campo. Su ideología basada en la igualdad y la libertad logró plasmarse en la Constitución de 1917, pues varias de sus demandas en el Plan de Ayala hoy son derechos inalienables.
En la actualidad, vivimos en el marco de la cuarta transformación, en donde el campo mexicano ya no es considerado capital político de partidos corruptos y voraces de poder. Vivimos en una etapa histórica que lleva orgullosamente en sus cimientos los valores revolucionarios de hombres y mujeres que entregaron su vida para traer justicia, igualdad y libertad a las personas más vulnerables.
Hoy las armas que empuña el pueblo de México son su confianza y respaldo hacia nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El campo mexicano es y seguirá siendo un pilar fundamental para construir una nación en la que nos gobierno la paz y el bienestar de todas y todos. La tierra es de quien la trabaja. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Ritter. Terminamos con el apartado de efeméride.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Dé cuenta la Secretaría con la comunicación de la Mesa Directiva.
La secretaria diputada Jasmine María Bugarín: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados comunica que se realizó modificaciones de turno de los siguientes asuntos.
Iniciativa por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 4 de noviembre de 2021. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Diversidad para dictamen.
Iniciativa por el que se reforma y adiciona los artículos 10 y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena, el 4 de noviembre de 2021. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Diversidad para dictamen.
Iniciativa por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley de Nacionalidad, presentada por el diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena, el 9 de noviembre de 2021. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Diversidad para dictamen.
Ciudad de México, 24 de noviembre, 2021. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada secretaria. De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno de las iniciativas. Actualícense los registros parlamentarios.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: El siguiente punto en el orden del día es la presentación de iniciativas. Tiene la palabra hasta por diez minutos, el diputado Carlos Noriega Romero, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, suscrita por la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Carlos Noriega Romero: Bueno días a todos. Compañeras, compañeros diputados, presidenta, integrantes de la Mesa Directiva. Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Noriega Romero: Vengo a hablarles de un tema aparentemente muy técnico, por encargo de la Secretaría de Economía. Voy a tratar de hacerlo simple para hacer una explicación sencilla de este tema. Se refiere a todos los impuestos y aranceles en materia de comercio exterior.
En la actualidad el intercambio de bienes y servicios entre los países es indispensable prácticamente para todos los sectores económicos del país. Con la apertura comercial que ha tenido México desde hace ya muchos años, todos los sectores dependen de una forma u otra de diferentes componentes, de diferentes materiales que se traen de muy diversas partes del mundo y, por otro lado, nuestro país ya es un participante muy activo del comercio internacional.
Recientemente, hemos ya estado en el primer lugar en el intercambio comercial en la suma de importaciones y exportaciones con los Estados Unidos de América. La visita reciente de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington para platicar de los temas y de la relación trilateral con Estados Unidos y Canadá, es un ejemplo más de la importancia del sector del comercio exterior.
México tiene firmados diversos tratados y acuerdos comerciales, lo que ha impulsado en gran medida el desarrollo económico actual y vemos una gran oportunidad en el incremento de esta actividad para la reactivación económica después de la pandemia. El comercio exterior, además impulsa la inversión extranjera y contribuye a la generación de empleos, por lo que se constituye en una actividad vinculada estrechamente al crecimiento y al desarrollo del país.
Además de esto, algo que se sabe poco es que, para las finanzas públicas, para las finanzas del gobierno federal la participación de los ingresos por el impuesto al valor agregado y por los aranceles, llega a ser hasta de 60 por ciento de la recaudación del IVA, por ejemplo.
De otra parte, México forma parte de la Organización Mundial de Comercio, que es la que establece las responsabilidades relacionadas con el tráfico internacional de mercancías. En los últimos años hemos observado también y hemos tenido una mayor participación en todo el movimiento de las aduanas en el país.
Para poder agilizar el tráfico de mercancías que salen y entran a México se ha trabajo en el seno de la Organización Mundial de Comercio y de Aduanas para agilizar el comercio internacional con la liberación rápida de mercancías en las fronteras, tratando de reducir los costos de transporte y de los procedimientos, y también teniendo un mayor control de materiales y sustancias prohibidas.
Lo que se pretende es reducir los costos para los consumidores, hacer más competitivas a nuestras empresas, lograr mayor recaudación en impuestos y tarifas, y estimular la inversión extranjera. Debo mencionar que nos conviene a todos los países que participamos en estos intercambios que todos los procedimientos y trámites en la importación y exportación de mercancías sean lo más ágil posible.
Por eso, se ha establecido ahí un convenio para la simplificación y armonización de procedimientos aduaneros, con respecto al fundamento legal de lo que presentamos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso para establecer contribuciones sobre comercio exterior, esto se cumple con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Básicamente, en esta ley se establece las cuotas que servirán para determinar los aranceles a la importación y a la exportación de mercancías, establece las reglas para identificar las mercancías sujetas al cumplimiento de diversas regulaciones y restricciones no arancelarias, tales como el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, permisos de exportación, importación, la determinación del origen de las mercancías, las certificaciones, el establecimiento a cuotas compensatorias, entre otros. Y además es la base la nomenclatura que permite generar información estadística para la planeación económica en esta materia.
Como mencioné anteriormente, México es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde 1995 y es parte de la Organización Mundial de Aduanas desde 1988. La tarifa que se establece en esta ley básicamente implica la clasificación de todas las mercancías en aproximadamente 8 mil fracciones arancelarias.
Lo que se pretende con esta nueva ley es adecuarnos a los cambios que se pactaron con nuestros diferentes socios comerciales en el seno de esta organización, para que estemos al día en enero del año próximo y podamos trabajar en coordinación y en sincronía con nuestros diferentes socios comerciales.
Los principales cambios que se hacen son para adecuarse a las nuevas mercancías, algunos de los problemas que están surgiendo con diferentes productos nuevos, menciono algunos de ellos simplemente como para dar una idea de lo que se va a hacer: son las impresoras 3D, el caso de los drones multipropósito, modificaciones en la clasificación de teléfonos inteligentes, basura tecnológica, gases con elevado potencial en el calentamiento global, paquetes de diagnóstico para algunas enfermedades, como el Covid en particular, artículos como los vapeadores para consumo de tabaco y otros más en una lista muy particular.
En lo que respecta al marco legal de nuestro país, ha sufrido dos cambios importantes: uno en el año 2002, en donde se juntaron las Leyes de Importación y de Exportaciones, y el último en el año 2020, en donde se actualizó todas estas clasificaciones.
Solamente debo mencionar que esta ley no implica ningún cambio en los montos o en los impuestos o las restricciones al comercio, simplemente es una nueva clasificación para efectos de homologarnos con los demás países que están trabajando con nosotros.
Esperamos y ponemos a su consideración que pudiera ser aprobada en el pleno antes de fin de año para poder estar a tiempo, para que entre en vigor en enero de 2022 y estar alineados con nuestros principales socios comerciales. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Noriega Romero. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputada.
La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada: Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy presento, desde esta tribuna, una iniciativa a favor de las familias mexicanas. Como todos lo sabemos, la pandemia provocada por el Covid-19 nos tomó por sorpresa y ha dejado un gran daño en nuestra economía y en la salud de las y los mexicanos.
Nuestra labor como diputadas y diputados es legislar para la gente y el espíritu de legislar es encontrar la forma de solucionar los problemas de nuestro país, es ponernos de acuerdo, es cómo construir un país justo, más incluyente y más fuerte, para enfrentar los retos que como sociedad se nos presenten.
Ahora, más allá de las cifras e indicadores que todos ya conocen, hay dos mediciones tangibles en la economía de las familias, que son las que nos deben de preocupar. La primera, las afectaciones y quiebres de la micro, pequeña y mediana empresa en nuestro país. Y la segunda, es consecuencia de esto, la falta y pérdida del empleo.
En síntesis, lo que les quiero transmitir es que las Mipymes son indispensables para nuestro país, para el desarrollo de las familias de México. Estas, estas empresas generan 7 de cada 10 empleos en nuestro país. Y, en lo que su participación en la producción económica se refiere, estos pequeños negocios familiares aportan también el 40 por ciento del PIB. Estos grandes motores fueron tomados por sorpresa por esta crisis y fueron dañados, como nunca antes.
Las y los mexicanos están detrás de estos negocios familiares, o que su empleo depende de ello, son quienes más nos necesitan y merecen nuestro apoyo. Es cierto que un millón de Mipymes que existían en México cerraron a falta de apoyos. Pero, no estamos aquí para repartir culpas, estamos aquí para buscar soluciones.
El llamado que hago a través de esta iniciativa es a que evitemos que estas cifras históricas se puedan repetir. Seamos previsores, inteligentes y evitemos que una vez más en el futuro empresas cierren ante una nueva y potencial crisis sanitaria y que podría llegar tarde o temprano nuevamente.
No permitamos que emprendedores sean sus sueños frustrados una vez más y garanticemos a que las familias no vivan con la angustia de cómo salir adelante otra vez. Urge diseñar soluciones a las crisis económicas y, aunque no sabemos si vendrá o no una pandemia en el futuro, lo que sí podemos saber es que sí estamos mejor preparados para enfrentarla y justamente eso es lo que busco con esta iniciativa.
En Acción Nacional ya hemos propuesto iniciativas, como el seguro del desempleo y la Ley del Primer Empleo. Esta iniciativa reforma la segunda fracción del artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para garantizar apoyos en caso de una nueva pandemia, a través de la implementación de un programa específico de créditos y apoyos financieros durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia.
No solo deben importar los grandes proyectos de este gobierno que, por cierto, el decretazo es un gran retroceso para México, también debe importar la papelería, los restaurantes, las tienditas, el turismo y los cientos de miles de negocios que siguen generando empleos dignos y moviendo la economía y echando a México para adelante.
Es vital para la nación recuperar la economía del país y solo será posible si se apoya al empleo, a la gente y a las Mipymes. Los negocios familiares son la base de la economía de nuestro país y nosotros no debemos darles la espalda.
Compañeras y compañeros diputados y diputadas, las y los invito a trabajar por México y aprobar esta iniciativa que es en beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa de este país y, por lo tanto, de todas las familias mexicanas. Muchísimas gracias y es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Patrón Laviada. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Paloma Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar en una sola intervención, dos iniciativas.
La primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de deudores alimentarios.
Y la segunda, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada Paloma Sánchez Ramos: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputada.
La diputada Paloma Sánchez Ramos: Tenía 6 años la primera vez que fui acosada. Uno de mis tíos levantó mi vestido de flores para tocarme. Fernanda, Mazatlán, 18 años.
En mi casa yo no decido nada, porque el hombre es el que paga, pues es el que manda. Cristina, El Rosario, 54 años.
Yo decidí ser madre soltera, pero mi novio me dice que soy una cualquiera, porque solo las prostitutas tienen hijos fuera del matrimonio. Esperanza, Los Mochis, 37 años.
Con mucho dolor he escuchado esos testimonios una y otra vez, de parte de muchas mujeres, de todas las edades y de diferentes grupos sociales. Pareciera que lo que nos une es la violencia, todas y cada una de nosotras hemos estado expuestas al acoso, a ser subestimadas y discriminadas por el simple hecho de ser mujeres.
La violencia de género puede ser física, sexual, psicológica o patrimonial. Al menos 34 millones de mexicanas hemos sufrido actos de violencia. Se estima que 66 de cada 100 mujeres en México experimentará en algún momento de su vida alguna de estas agresiones. Tan es así que, 16 mujeres mueren en promedio cada día en este país, que solo este año tenemos más de un millón 500 mil delitos relacionados a la violencia de género. No hay justicia para nosotras.
Alrededor de 6 millones de mujeres mexicanas han tenido que ver a su agresor salir impune, sin castigo y dispuesto a seguir con su dinámica violenta. Y qué decir de los niños. Se estima que en nuestro país casi el 70 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia de los padres de sus hijas e hijos.
Nuestras niñas y niños, no están protegidos, 6 de cada 10 niños son víctimas de algún maltrato, físico o psicológico en sus familias. Al menos 5 millones de ellas y ellos han sufrido abuso sexual. Y si a eso le sumamos que no reciben los alimentos que por derecho les corresponden, están abandonados. Frente a esta injusticia, lo que tenemos es rabia, el enojo, la indignación.
Las mujeres mexicanas hemos logrado unirnos mediante redes de cuidado y sororidad para acabar con la grave situación de violencia que vivimos. Hemos logrado darle sentido a nuestra identidad con valentía, entrega y responsabilidad, desde nuestros roles, como hijas, madres, jefas y también como diputadas de esta soberanía.
Por eso, desde aquí tenemos la doble responsabilidad en mejorar las leyes que tenemos para proteger a las mujeres. En virtud de ello, propongo el día de hoy retomar dos pendientes que tenemos para mujeres y niños mexicanos que el PRI ha propuesto en reiteradas ocasiones. La Ley Quemón.
Primero. La creación de un registro nacional de agresores sexuales, el cual tiene el objetivo de contar con una relación clara y actualizable, de quienes sean juzgados por un delito de naturaleza sexual.
Segundo. Crear un registro nacional de deudores alimentarios con el propósito de hacer pública la irresponsabilidad de los hombres que no pagan alimenticias a sus hijos.
Ambas propuestas buscan crear conciencia pública sobre el impacto que tienen los delitos sexuales y el abandono de las familias por irresponsabilidad. Estos dos problemas están completamente normalizados en nuestra sociedad, pero no podemos permitirlos.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, les digo: diputados, la violencia permanece gracias a que la desigualdad de género es pensada como algo natural. Sean conscientes y ayuden con su ejemplo a que los hombres mexicanos cambien.
Diputadas, las invito a unirse a nuestra propuesta, para darle eco a las voces de las mujeres mexicanas que piden justicia ante sus agresores. No solo alcemos la voz, gritemos, gritemos por las que ya no están, gritemos por las desaparecidas y gritemos por las que viven con miedo en sus hogares. No podemos permitirnos fallarles, para que en el futuro las hijas de este México no tengan que luchar por su vida sino solo por realizar sus sueños. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Sánchez Ramos. Túrnese la primera iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen, y la segunda iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género. Con qué objeto, diputada Ana Laura Huerta. Sonido a la curul de la diputada Huerta Valdovinos.
La diputada Ana Laura Huerta Valdovinos (desde la curul): Nos queremos sumar a la propuesta, a la iniciativa.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Suscribirla. Muchas gracias. Diputada Paloma Sánchez, ¿acepta que se pueda incluir a su iniciativa la diputada Valdovinos? Diputada Sánchez Ramos, ¿acepta que pueda suscribir la diputada? Adelante, diputada. Diputada Mariana, con qué objeto.
La diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro (desde la curul): Igual, presidenta. Si a través de su medio podemos solicitar a la diputada Paloma suscribir su iniciativa. Gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputada Sánchez Ramos, ¿acepta que se puedan suscribir a su iniciativa? Adelante. Queda suscrita. Diputado Miguel Carrillo, con qué objeto.
El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (desde la curul): Diputada presidenta, para solicitarle a la diputada Sánchez Ramos que me pueda adherir a su iniciativa.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Acepta, diputada Sánchez Ramos, que el diputado Carrillo se pueda adherir? Muchas gracias. Queda suscrito. Gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra hasta por 10 minutos la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Protección y Apoyo de las Mujeres Jefas de Familia.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Vengo a esta tribuna por las que no tienen voz y piden y exigen atención por nuestra parte: las mamás jefas de familia. Forjar una democracia incluyente implica que todas las voces sean escuchadas. De no ser así, los problemas graves se vuelven cotidianos e invisibles. No se pueden ver porque son invisibles y lo anterior a nadie favorece.
Por eso preocupa que todavía haya uno de esos temas sin resolver, como es el de las jefas madres de familia. Un problema social que existe y que no se puede tapar el sol con un dedo. Son mujeres que enfrentan solas la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Cabezas de hogar que viven al día y que la comida de su mesa depende de su trabajo diario. Que no tienen derecho de enfermarse y mucho menos el permiso de morir. Para ellas no está permitido morir, porque primero están sus hijos antes que ellas, porque su presencia, cuidados y salario, aunque precario e insuficiente, son la única esperanza de vida para sus hijos. Estos niños son el presente y el futuro de México, cuesta más ignorarlos que apoyarlos.
Nuestras jefas de familia suman, restan y calculan todo el día la mejor fórmula para cumplir con sus roles de madre, padre y trabajadora. Viven estresadas, agobiadas y cansadas, pero al final del día orgullosas del deber cumplido. Sin duda, ser mujer en este país condena a la discriminación, inequidad, injusticia, violencia e intolerancia, pero vemos que ser madre jefa de familia es todavía peor.
De ahí, que los hogares con madres jefas de familia crecen al año un 28.5 por ciento. Al menos, 3 de cada 7 hogares tiene al frente a una mujer. En México, 9 millones de madres jefas de familia sostienen su hogar y cubren alimento, salud, educación, transporte y vivienda de su familia, pero solo 6 de cada 10 son asalariadas y a todas ellas solo les ofrecemos quimeras, pero siguen siendo mujeres con quienes el Estado y la sociedad guardan una deuda pendiente, porque contra viento y marea desafían toda clase de retos, luchan por sus hijos con lo que tienen y como pueden.
Urge que esta legislatura llamada de la paridad despierte y haga algo. Por eso, presento esta iniciativa que crea la Ley General para la Protección de Apoyo de las Madres Jefas de Familia, a nombre de las mujeres que necesitan apoyo para ellas y para sus hijos, que están solas y se sienten solas. Piso parejo y apoyos concretos que mejoren sus condiciones de vida.
Sabemos que la pobreza supera el recurso. Los dineros de los que dispone el Estado son limitados, por lo que estamos proponiendo que este apoyo sea otorgado a las mujeres con mayor nivel de marginación económica y que la ayuda se distribuya hasta que sus hijos alcancen la mayoría de edad.
Vamos con esta iniciativa por mejores oportunidades de atención médica, psicológica, educación, becas, capacitación, empleo y un salario justo. Vamos por un consejo nacional para la protección de las madres jefas de familia, órgano autónomo, que laborará y evaluará las propuestas, programas y políticas públicas que ellas requieran.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, a nuestras jefas de familia no podemos dejarlas en el olvido, debemos voltear a verlas, apoyarlas y acompañarlas. El tema de las madres jefas de familia en nuestro país no es un tema nuevo o menos, por el contrario, es un tema que representa una deuda histórica con este sector y con todas las mujeres en su conjunto.
No hemos podido verdaderamente permear no solo en las manifestaciones permanentes y actuales del problema que enfrentan las madres jefas de familia en nuestro país y tampoco los factores que detonan estos problemas. En otras palabras, no hemos incidido favorablemente en el problema ni mucho menos en la raíz. Se debe señalar que son retos muy difíciles, complicados y con muchos ángulos tanto económicos, educativos, laborales y culturales, tan solo por mencionar algunos.
Si lo anterior no fuera suficiente, tenemos la particularidad que en materia económica y en su día a día que sortean nuestras madres jefas de familia para sacar adelante a sus hogares, no es nada fácil ni nada sencillo. Todo lo citado que me he referido se convierte en una desventaja estructural histórica que condena no solo a las mujeres madres jefas de familia a la pobreza, sino también a los que dependen de ellas, que son sus hijos, por lo que considero no solo es necesario, sino muy urgente que quienes integramos esta soberanía legislemos al respecto y sobre todo en favor de todas las mujeres de nuestro país, pero particularmente de nuestras mujeres jefas de familia.
Este sería un buen precedente y pilar para generar en nuestra sociedad esa mayor sinergia en materia de apoyos sociales para mujeres madres jefas de familia, con el objetivo de mejorar las condiciones presentes y también futuras de ellas y de quienes dependen de ellas.
No podemos seguir permitiendo que en nuestro país y en nuestra sociedad ser madre jefa de familia sea una condena inevitable a renunciar al disfrute y goce de los derechos individuales o personales a los que tienen derecho a acceder. Las aspiraciones personales de todas las madres jefas de familia deben de ser atendidas a la par y con la misma prontitud y urgencia que las demás aspiraciones familiares.
Lo anterior, es un punto que muchos hemos olvidado o dejado de lado si de verdad quienes integramos la primera legislatura paritaria en nuestra historia tenemos el compromiso de ofrecerles a ellas la certidumbre institucional necesaria y un mejor panorama para el futuro para ellas mismas y para los familiares que dependan de ella.
Como representantes populares estamos obligados a ser algo en favor de ellas, aunque las madres jefas de familia son parte de una estadística que nadie quiere ver, es nuestro deber llevar a cabo los trabajos que sean necesarios para atender el problema. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Rocío Corona. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión. ¿Con qué objeto, diputada Cecilia Márquez?
La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (desde la curul): Solicitarle a la diputada, si me permite suscribir su iniciativa, por favor.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputada Rocío Corona, ¿acepta que se pueda suscribir la diputada Cecilia a su iniciativa? Queda suscrita. Muchas gracias, diputada Cecilia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenos días. Con el permiso de la Presidencia de la Mesa.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Compañeras y compañeros legisladores, y querido pueblo de México, que seguramente pues nos está viendo a través de las redes sociales o bien a través del Congreso, el día de hoy la iniciativa que presentamos es una iniciativa con un amplio sentido social, que lo único que busca es resolver una de las problemáticas que estamos viviendo en muchos de los estados, en donde tenemos altos índices de inseguridad o en donde tenemos una gran parte de pueblos originarios, de comunidades o de ejidos.
Lo que buscamos es modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pretendemos incorporar o adicionar completamente un título, que va a ser el título decimo tercero, que sería del artículo 153 al artículo 158.
¿Qué buscamos con esta iniciativa o con la adición –a este título– a esta ley de este título completo? Buscamos regularizar en aquellos lugares, en aquellas comunidades o en aquellos ejidos las policías, que coloquialmente le conocemos como policías comunitarias, que no es más que la organización y la lucha de un pueblo unido para poder atender a fondo y de manera honesta y transparente los grandes problemas de inseguridad, que en muchas ocasiones se viven en este tipo de espacios.
En este nuevo gobierno, desde el año 2018, que es cuando la cuarta transformación llega a nuestro país, se ha caracterizado por darle voz a aquellas personas que no tienen voz, se ha caracterizado por visibilizar a grupos y sectores que por mucho tiempo estuvieron olvidados y que incluso a veces ni siquiera se pensaba que existían.
Y tan es el caso que el día de hoy, como parte de la coalición de esta cuarta transformación, estoy segura que esta iniciativa va a tener eco, porque, a parte de que pretende regularizar una situación que ya existe en diferentes estados de la República, pretende darle voz y visibilizar a gran medida y a gran escala a este tipo de grupos.
Nosotros proponemos que a este tipo de grupos se les denomine o que sean reconocidos y se regulen estos cuerpos de vigilancia ejidal o comunal. O, como ya lo dije anteriormente, como coloquialmente lo conocemos en muchos de nuestros estados y comunidades, policías comunitarias.
Pretendemos que coadyuven y se coordinen con los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. No pretendemos que pertenezcan a estos niveles de gobierno, porque lo que se pretende es darles la autonomía a los pueblos originarios y que ellos tienen sus propias formas a través de los usos y costumbres.
Que sea la misma comunidad quien se haga cargo de sus temas de seguridad, bajo sus propios criterios y que así no se permita que se filtren células criminales a las comunidades, o bien, a estos grupos.
Pretendemos que se coordinen, pretendemos que estén armados, que cumplan ciertos requisitos y que, incluso, la Defensa Nacional sea quienes les digan de qué forma y qué tipo de armas tendrán que portar las policías comunitarias. Es una iniciativa con un amplio sentido social.
Reconocemos y estamos claros que el tema de seguridad es exclusivo, de acuerdo al artículo115 constitucional, del Ejecutivo federal, del Ejecutivo estatal y del Ejecutivo municipal. Lo tenemos claro, lo único que queremos es que estas policías comunitarias sean tomadas en consideración y regularizar su situación.
Y ya que estamos hablando de las facultades exclusivas, sobre todo, del Ejecutivo federal, me gustaría remitirme, porque antes de subir a presentar mi iniciativa escuché a alguna compañera. El Ejecutivo federal tiene facultades exclusivas y una de sus facultades exclusivas, de la cual han hecho muchos presidentes de la República uso, es hacer o presentar decretos. Es una de sus facultades.
Y es así como nuestro presidente de la República, por un tema de seguridad nacional ha dado ancho la declaratoria de un decreto, en donde se han considerado los tres megaproyectos un tema de seguridad nacional, para que no haya trabas en su realización, para que ya no haya más obstáculos y sean terminados a la brevedad. Así como esta es una facultad exclusiva del Ejecutivo federal, también lo es el tema de seguridad.
Así que, compañeras y compañeros, espero que una vez, una vez que esta iniciativa llegue a la Comisión, seguramente, de Seguridad Ciudadana o de Defensa Nacional, espero contar con el apoyo de todas y todos ustedes...
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Concluya, diputada Bernal, por favor.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: –Concluyo, presidenta–. Concluiré diciendo que en esta legislatura estamos comprometidas y comprometidos para darle voz a quien no tiene voz, porque estamos seguros que aquí tenemos la representación del pueblo. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Bernal Martínez. Túrnese a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados, en esta tribuna se ha hablado en muchas ocasiones sobre la sustentabilidad, pero en la mayoría de los casos se pronuncia más de lo que se entiende.
Cuando hablamos de desarrollo sustentable tenemos que entender la dimensión social, económica y ambiental que esto implica en garantizar recursos suficientes para todas las personas con el fin de alcanzar tres objetivos fundamentales. Primero, un incremento que tome en cuenta el bienestar y las necesidades de las generaciones presentes. Segundo, un crecimiento que respete el medioambiente.
Y aquí sí, compañeros y compañeras, tenemos que entender que tenemos que cuidar al único planeta que tenemos.
Y, tercero, un crecimiento justo, que no sacrifique los derechos de las próximas generaciones. No podemos, como país, seguir endeudando a México, porque estas implicaciones las van a padecer nuestros jóvenes, las futuras generaciones. En la bancada naranja siempre hemos apostado por ese crecimiento, un crecimiento justo que no se opone al cuidado del medioambiente y que construye oportunidades para la juventud. Porque lo diremos las veces que sean necesarias, apostar en los jóvenes es apostar al futuro de nuestro país.
Las juventudes representan una de las mayores fuerzas laborales con las que contamos en México. Sin embargo, la actual pandemia ha generado efectos negativos en su desarrollo, ya que muchos de ellos han tenido que abandonar sus estudios o se han unido a las filas de desempleados de nuestro país.
Y aquí quiero ser muy enfático en que no podemos perder la batalla contra el crimen organizado. Nuestros jóvenes no pueden claudicar, porque lamentablemente si no encuentran empleo, muchos de ellos se van a refugiar en la delincuencia o se van a refugiar en los vicios y esto no lo podemos permitir.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2020 la tasa promedio de desempleo entre jóvenes se incrementó a casi el 20 por ciento, compañeros. Y a los jóvenes a los que se les trata peyorativamente, con el término de ninis, representan lamentablemente en nuestro país, cerca del 25 por ciento.
Pero si esta situación ha ido en aumento, es porque el Estado les ha fallado. Al gobierno le gusta decir que los jóvenes son el futuro de México, pero sus palabras caen en saco vacío porque muy pocas veces sus ideas, proyectos o propuestas son escuchadas o tomadas en cuenta.
Centrar los apoyos en programas asistencialistas no promueve el desarrollo integral de los jóvenes, únicamente los reduce a ser espectadores y no agentes de cambio. Claro que se necesitan becas y más oportunidades laborales, pero lo que más necesitan los jóvenes son cambios estructurales, cambios en la percepción que se tiene sobre su falta de capacidad o madurez, cambios que permitan que se tomen en cuenta sus ideas y creatividad y cambios que los ponga al centro de las decisiones, porque sin duda son el motor de cambio para nuestro país.
Muchas veces salen los jóvenes de las universidades y lo primero que les piden es experiencia laboral. ¿Cómo van a tener experiencia laboral si están terminando su carrera?
Yo estoy seguro y estoy seguro que ustedes también, de que tenemos que poner a los jóvenes en la toma de decisiones. Hay que darle mayores oportunidades. Con ese objetivo presento a nombre de mi bancada, Movimiento Ciudadano, esta iniciativa, que busca impulsar el financiamiento de proyectos creados por las y los jóvenes de nuestro país por medio de la creación del Fondo de Inclusión Social, Desarrollo e Innovación Sustentable para Jóvenes.
Con esto buscamos que se apoye a la creatividad, a las ideas novedosas y que se impulse a la juventud a crear proyectos que promuevan la innovación, sustentabilidad y la inclusión social de nuestro país. En la bancada naranja estamos comprometidos con formar un país de iguales y para eso tenemos que comenzar por apoyar e invertir en las mentes que guiarán...
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Concluya diputado, por favor.
El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: ...–concluyo–. E invertir en las mentes que guiarán el futuro de nuestro país. Por eso les pido que se sumen a esta iniciativa que busca apoyar y respaldar a los jóvenes de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias diputado Gaudiano Rovirosa Túrnese a las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Gobernación y Población, para dictamen y a la Comisión de Energía, para opinión.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
La diputada Fabiola Rafael Dircio: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Fabiola Rafael Dircio: Compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa está fundamentada en la Ley Federal del Derecho de Autor, para afianzar y garantizar el derecho a la imagen propia de los ciudadanos, confirmando la facultad de otorgar o impedir la reproducción, publicación o explotación de su imagen.
Para los ciudadanos, principalmente figuras públicas, el proceso de consentir ser fotografiado, retratado, videograbado y con ello obtener o no un lucro, implica el ejercicio irrestricto de sus derechos. No obstante, cuando la finalidad de ese ejercicio se traduce en daño a su imagen o inseguridad porque no representa la esencia por la cual autorizó su publicación, lleva consigo el quebranto de su persona. Bajo ese contexto es que debe atenderse que quien use o difunda una imagen lo realice con la finalidad y para el destino con el que fue otorgado el consentimiento.
Con ello protegeremos los derechos inherentes a la personalidad. Asimismo, darle la herramienta jurídica, para que libremente pueda solicitar el cese de la conducta y la reparación del daño. Con la presente propuesta atendemos dos fondos. El primero es respetar el libre uso de los derechos de autor. Y, por otra parte, atestiguamos la protección a las personas que permiten el uso de su imagen sin que ello genere un detrimento a su persona.
La legislación vigente para la protección de los derechos de autor señala que cuando existe una vulneración a los derechos protegidos por esta ley, su artículo 216 Bis dispone que se dará lugar a la reparación del daño material. Sin embargo, la legislación no conviene la posibilidad para revocar el derecho realizado con consentimiento cuando la finalidad de la difusión tenga por objeto dañar o menoscabar la integridad o imagen de la persona.
Las nuevas tecnologías permiten fotografiar, editar, publicar y compartir unas fotografías o videos con mayor facilidad, en ocasiones trasgrediendo la protección de la intimidad de las personas, motivo por el cual, como garante de una sociedad más igualitaria y justa debemos atender esos vacíos legales.
La iniciativa garantiza el derecho superior de los derechos humanos, entendidos como aquellos que son inherentes a la persona por razón de su naturaleza, así como que todos los hombres son titulares de ellos por igual.
Diputadas y diputados, es menester otorgar tutela eficaz y establecer una concientización de la importancia del mayor de los alcances a los derechos humanos, con el objetivo de señalar la gravedad que implica su quebrantamiento. Dentro de ellos tenemos consideramos el derecho de la imagen, que tiene un efecto legítimo frente a todos y, ante cualquier ataque o intromisión a ellos, lo que constituye una esfera protectora y resarcitoria en cualquier momento. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Rafael Dircio. Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
La diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava: Gracias. Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava: La iniciativa que hoy presento implica un tema que relaciona la salud y la educación. Como se ha referido en diferentes ocasiones por otras compañeras ante esta tribuna, el cáncer de mama es una enfermedad cuyos resultados finales son aterradores a pesar de que se ha insistido en que la intervención de la misma puede de manera contundente revertir porcentajes de letalidad y mortandad.
La iniciativa que hoy presento propone reformar los artículos 26, 30, 75, 78 y 115 de la Ley General de Educación, integrando en su redacción la enseñanza de la autoexploración de senos para el diagnóstico temprano de cáncer de mama. Está dirigido a todas las personas que cursan la educación básica.
La finalidad es instaurar a través de aprendizaje significativo un modelo de educación que contemple la prevención de cáncer de mama. Que se incluya en los planes y programas de estudio la enseñanza de la autoexploración de senos para el diagnóstico temprano de cáncer de mama.
Se establece, además, que en todo caso la Secretaría de Salud podrá hacer sugerencias sobre el contenido a la Secretaría de Educación, a efecto de que esta haga la inclusión del tema de manera correcta, entendible, respetuosa y práctica. De igual manera, se propone que las autoridades educativas desarrollen actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relación a la enseñanza de la autoexploración de los senos para el diagnóstico temprano del cáncer de mama.
Para llevarlo a cabo, se establece en un artículo transitorio un plazo de 180 días naturales, a fin de que se hagan las adecuaciones reglamentarias, presupuestales y a las que hubiera ha lugar, atendido a los planes y programas de estudio para la implementación de las acciones que deriven de la presente reforma y cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Esta iniciativa es una aportación viable y factible que trata de contribuir a la prevención de esta terrible enfermedad. Basta recordar que en México el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres de 25 años y más. Lo peor del caso es que según datos del Inegi en 2017, 24 de cada 100 egresos hospitalarios por tumores malignos en la población de 20 años o más son por cáncer de mama.
Por lo anterior, solicito el apoyo de las Comisiones de Educación, y de Salud para su debida aprobación y en su momento de todas y todos ustedes para aprobar esta iniciativa. Necesitamos concientizar a toda la población sobre la prevención del cáncer de mama. Recordemos no solo octubre, todo el año es rosa. Muchas gracias, es todo.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Esquivel Nava. Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Solicito a la Secretaría dar cuenta con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que comunica el cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: De enterado. Comuníquense.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Martha Barajas García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 79 y 262 de la Ley General de Salud.
La diputada Martha Barajas García: Con su venia, diputada presidente.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Martha Barajas García: Compañeras diputadas y compañeros diputados, me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que plantea reformar la Ley General de Salud en materia de medicina nuclear.
En nuestro país, el pacto social fundamental del Estado reconoce el derecho a la salud de las personas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el alcance de este derecho, que es tratamiento, medicamento, rehabilitación e inclusive el otorgamiento de licencias médicas.
En este sentido es que se reconoce que el ejercicio de la medicina como elemento para garantizar el derecho a la salud necesariamente pasa a través de diferentes especialidades médicas, que permiten tener los diagnósticos y tratamientos adecuados en beneficio de toda la población. En consecuencia, el Estado deberá velar que el ejercicio de la profesión médica se realice por aquellas personas que tengan los conocimientos necesarios que garanticen un ejercicio profesional adecuado.
Ahora bien, es claro que la medicina constantemente se encuentra en proceso de actualización y descubriendo nuevas formas de diagnóstico y tratamiento, y la ley está obligada a actualizarse para poder cubrir la realidad que la medicina va presentando.
La presente iniciativa pretende incluir en la Ley General de Salud lo relativo a la medicina nuclear y el radiofármaco, ambos como elementos innovadores que permitan realizar un diagnóstico oportuno y preciso sobre los alcances de la enfermedad del cáncer.
Actualmente, en el ejercicio de las facultades reglamentarias el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Energía emitió la norma oficial en materia de medicina nuclear, con la finalidad de garantizar el tratamiento adecuado de los materiales necesarios para el uso de estos tratamientos. Sin embargo, es claro que está adecuado en materia sea regulado por el sector energético, sino directamente la Secretaría de Salud o en su defecto por ambas instituciones.
En consecuencia, nos encontramos ante la necesidad imperante de regular el ejercicio de esta actividad médica, ya que actualmente los radiólogos han empezado a utilizar este tipo de tratamientos sin que su especialidad médica les dote de los conocimientos necesarios para tal fin.
Por todo ello, el presente instrumento legislativo no solo busca garantizar el derecho a la salud, sino que además el derecho para ejercer el ejercicio de la profesión médica. Es cuanto, diputada presidente.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Barajas García. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley Orgánica de la Armada de México. Suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Compañeras y compañeros diputados, la opacidad y corrupción de este gobierno ha llegado a una de las instituciones mejor evaluadas por los mexicanos, una de las instituciones más queridas y más respetadas por todos nosotros.
Una de las instituciones cuya historia de lealtad al país no merece ser manchada de la manera que lo está haciendo ahora, nuestro Ejército Mexicano, una institución que suponíamos mostraba una verticalidad incorruptible, ayer nos enorgullecía su lealtad y apoyo inquebrantable al pueblo de México, éramos admiradores de su historia y aplaudíamos sus acciones convertidas en logros.
Hoy, hoy observamos uniformes teñidos de color corrupción y sumisión. Durante su campaña, el presidente de la República, no solamente criticó el abuso que el gobierno anterior hizo de la figura de la adjudicación directa como manera de contratar, sino que prometió acabar con ella como una de sus medidas para poner fin a la corrupción. Una más de sus promesas incumplidas.
Según las propias cifras del gobierno, 8 de cada 10 contratos han sido otorgados mediante adjudicación directa durante el año 2021, una cifra lamentablemente histórica. Recientemente se ha dado a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó el 64 por ciento sus gastos en contratos celebrados sin licitación, además de que fueron otorgados a empresas fantasma de reciente creación y con domicilios en los que no hay empresa alguna.
No podemos seguir permitiendo que se dañe así a una institución pilar de nuestro país. el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece sus bases de organización y distingue entre administración pública centralizada, entre las que se encuentra la Secretaría de Estado y Administración Pública Paraestatal. Tratándose de las Secretarías de Estado, la ley dispone que tendrán igual rango y entre ellas no habrá por lo tanto preminencia alguna.
Conforme al artículo 109 de nuestra Constitución, los entes públicos federal tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de algún delito. Tal mandato constitucional se lleva a cabo de conformidad con la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo el despacho de la Secretaría de la Función Pública.
Lo anterior fue así precisamente por la necesidad de que la supervisión, fiscalización y auditoría de los recursos públicos recaiga en un ente distinto del que los ejerce, en aras de cumplir con los principios de eficacia, eficiencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, introducidos en el texto del articulo 134 constitucional, mediante reforma hecha en 1982, y los de economía y transparencia incorporados con posterioridad.
No obstante, tratándose de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, sus respectivas Leyes Orgánicas prevén la figura del inspector y contralor general, rompiendo así con el esquema que priva por mandato constitucional con el resto de las dependencias que conforman la administración pública centralizada e invadiendo las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, es decir, tanto las Secretarías de la Defensa Nacional como de Marina gozan de un régimen de excepcionalidad que no se justifica jurídicamente, máxime que ambas dependencias forman parte de la administración pública federal centralizada.
La transparencia y la lucha contra la corrupción requiere también de imparcialidad y objetividad por parte de quien se encuentra facultado legalmente para supervisar, fiscalizar y auditar. En el caso ello no se cumple si la figura del inspector y contralor de Marina tienen plena dependencia del titular del ramo.
El control de los recursos públicos requiere autonomía de quien los ejerce y lo que se propone es que sea hecho por parte de un civil en ambas dependencias. En nada interfiere u obstaculiza su operatividad ni mucho menos significa su misión del mando militar.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconoce y admira el trabajo, entrega y lealtad que hacen todas y todos los militares, desde el alba hasta el ocaso. Su tarea, disciplina y valor lo hacen por demás admirable, pero también señalamos puntualmente, a fin de recomponer lo que está siendo vulnerado en este gobierno, que es la transparencia.
Y les recuerdo con respeto estos valores a nuestros militares. Que la lealtad siga siendo sostenida por la justicia. Que el valor esté en todos los actos de servicio. Que el patriotismo reine en el amor por México. La abnegación...
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Concluya, diputado Rodríguez, por favor.
El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: ... anteponga el servicio a los intereses particulares. Y el honor sea el sentimiento que impulse a cumplir nuestros deberes como mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Rodríguez Rivera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Defensa Nacional para dictamen, y a la Comisión de Marina para opinión.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de deudores alimentarios morosos.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Estimados compañeros y compañeras diputadas, hoy vengo a presentar ante ustedes una iniciativa que ya ha sido presentada en otras legislaturas por mí y por otras compañeras y compañeros. Se trata de crear un registro nacional de deudores alimentarios morosos.
¿Por qué es importante hacerlo? Primero, porque la familia es una parte fundamental, es el pilar, sigue siendo el pilar más delicado y más fuerte de la sociedad en México. También porque es un deber ético dar alimentos, especialmente a los niños y las niñas que me quiero referir.
Voy a dar algunas cifras para ilustrar la importancia de este tema. El censo 2020 nos señala que 33 de 100 hogares están encabezados por una jefa de familia. Este es un aumento significativo considerando que, en el 2019, 25 de cada 100 lo eran. Se estima que por cada 100 matrimonios hay 32 divorcios, de los cuales la mayoría tiene hijos.
El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice que en el 2020 se registraron casi 255 mil delitos contra la familia, de los cuales 220 mil fueron violencia familiar, 4 mil 50 violencia de género y casi 18 mil por incumplimiento de obligación alimentaria.
Es importante señalar que la justificación de este tema, hoy se han hecho muchos intentos para poder asegurar los alimentos a los niños y las niñas. Uno de ellos es un mecanismo que es descontarle a través del patrón al deudor alimentario, pero muchas veces se busca maneras de evadir esta obligación, incluso dándose de baja del centro de trabajo, o no siempre se tiene un trabajo formal.
También se ha tipificado como un delito de incumplimiento de deberes, que tampoco es el camino, porque muchas de las acreedoras o muchos de los acreedores no necesariamente quieren que se castigue, sino que se cumpla. Por ello vengo a proponerles que creemos este registro nacional y debe ser con este carácter nacional, para que tenga implicaciones importantes.
Este registro formaría parte del sistema nacional de información a que se refiere la fracción XV del artículo 125 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de Sipinna, del sistema nacional, y se va a alimentar con la información que proporcionen los propios sistemas de los estados.
Por qué si hoy los bancos castigan a los deudores de alguna u otra manera, incluso con un registro de buró de deudores, por qué no podemos encontrar consecuencias para los miles de deudores alimentarios que tiene este país.
Estoy segura que ustedes cuando recorren las calles de sus municipios, de sus comunidades, encuentran a muchas mujeres que les piden asesoría y apoyo para poder encontrar respuesta a los alimentos de sus hijos e hijas.
Este registro va a proceder solamente con orden de las autoridades judiciales cuando haya caído en mora más de 60 días. Cuando este registro tenga conocimiento de la inscripción de deudores de alimentarios morosos, tendría la obligación de informarlo a las sociedades de información crediticia, quienes integrarían dicha información a sus bases de datos que serviría para generar el historial de incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Siempre que se ha propuesto hacer esto, no se ha encontrado el mecanismo, porque la idea no es tirar más burocracia, la idea es que con lo que ya tenemos lo podamos hacer.
Cabe destacar que en el 2016 hice una reforma a la Ley de Migración donde se señala que quien sea deudor alimentario no podrá salir del país. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores no puede darle cumplimiento a esta ley en virtud de que no hay un sistema que tenga esta implicación para sus consecuencias legales.
Por eso quiero pedirles hoy, cuando yo fui presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo y Secretaria de Acuerdos Familiar, este era un tema y sigue siendo el tema. Hoy es importante que los niños y las niñas de este país se vean protegidos por quienes debemos darle voz y protección, si no, no hay quien hable por ellos. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias diputada Viggiano Austria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o, 10o. y 11 de la Ley de Infraestructura de la Calidad.
El diputado Manuel Rodríguez González: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rodríguez González: Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy presento ante esta asamblea, es con el fin de contribuir a fortalecer y estimular el desarrollo de estándares en materia de construcción y edificaciones sustentables, así como incluir en las normas oficiales mexicanas dicha certificación, propiciando con ello que la industria de la construcción, fraccionadores, comercializadores y distribuidores de materiales que involucra una edificación, incluyendo lo relacionado con las áreas verdes, las instalaciones hidrosanitarias, los elementos resistentes al fuego, los acabados, los elementos para la climatización, el uso de agua potable, de gas natural y de energía eléctrica, entre otros, favorezcan y sean sustentables con el medio ambiente.
Los efectos del cambio climático, del agotamiento de los recursos naturales y la afectación del medio ambiente son solo algunas de las motivaciones por las cuales la construcción sustentable ha ganado gran importancia en los últimos años en nuestra sociedad.
En México, en décadas recientes, la arquitectura sustentable ha hecho un espacio en el sector de la industria de la construcción, en sintonía con la conciencia creciente que tenemos los ciudadanos de los beneficios ambientales que nos otorga este tipo de arquitectura.
Señalaré tan solo algunos ejemplos de arquitectura sustentable en nuestro país como el edificio Dos Patíos, en la Ciudad de México; La Torre sustentable GSI, en Cancún; Tubohotel, en Tepoztlán, Morelos y Container City, en Puebla, son conocidos como arquitecturas sostenibles y que tienen como prioridad al medio ambiente, el proceso constructivo, los materiales usados y la eficiencia energética. Es de resaltar, que nuestro país forma parte de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Lo anterior, con el fin de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Honorable asamblea, con el objetivo de contemplar en la Ley de Infraestructura de la Calidad las normatividades y certificaciones específicas para fomentar la arquitectura sustentable, así como incrementar la aplicación de procesos en las edificaciones de este tipo e impulsar la eficiencia energética y las edificaciones respetuosas con el medio ambiente, espero contar con su apoyo para el beneficio del planeta y, por ende, para cada uno de nosotros. Es cuanto.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Rodríguez González. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71 y 72 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por diputadas y diputados del Grupo de Acción Nacional. Permítame, diputada Romero Velázquez. Diputada Cecilia Márquez, con qué objeto.
La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (desde la curul): Pedirle al diputado Rodríguez si me permite sumarme a su iniciativa, por favor.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputado Manuel Rodríguez, ¿acepta que la diputada Cecilia pueda suscribirse? Queda suscrita. Muchas gracias. Adelante, diputada Romero Velázquez.
La diputada Krishna Karina Romero Velázquez: Gracias, presidenta. Con su permiso. La movilidad es un reto mundial y un desafío enorme, en particular para las grandes ciudades de nuestro país. Y hay señales preocupantes que apuntan a que no nos lo estamos tomando muy en serio. Nuestra visión es de corto plazo y no estamos tomando a tiempo las decisiones preventivas y correctivas necesarias.
Por ejemplo, la Ciudad de México y su zona metropolitana, de acuerdo con diversos estudios, ocupa el primer lugar entre las ciudades con mayor tránsito en todo el mundo. En el horario pico la velocidad sabemos que es en promedio de 6 kilómetros por hora. Hay algunas medidas que se han implementado, pero no son suficientes. Están muy focalizadas en las zonas céntricas y no se han tomado en cuenta las periferias. Necesitamos incentivar hoy más que nunca el uso de la bicicleta, como un medio eficaz de transporte que no contamina, no es voluminoso y permite a quien la usa la práctica deportiva en beneficio de su salud física y mental.
En América Latina estamos detrás de países como Colombia, Brasil, Chile y Argentina en cuanto a kilómetros de ciclovías. Está probado que la inversión en este tipo de infraestructuras contribuye a la reducción de vehículos y de la emisión de contaminantes. La operación es simple, una persona moviéndose en bicicleta es un carro menos contaminando. Aún más, las experiencias exitosas de inversión en movilidad urbana en todo el mundo nos demuestran que gracias a esta se reconquista el espacio público a favor de los peatones y los ciclistas.
Vale la pena rescatar también que en México una de cada cinco viviendas cuenta con al menos una bicicleta, que es utilizada como medio de transporte. Es decir, lo que nos falta es fomentar su uso, mejorar la cultura vial y aumentar significativamente la infraestructura ciclista.
En virtud de lo anterior, presento ante ustedes esta iniciativa, que busca reformar la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de establecer que en las políticas y programas de movilidad de los tres órdenes de gobierno se promueva y fomente el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte no contaminante. Así como procurar las condiciones de seguridad, cultura vial y respeto de ciclistas, así como la construcción de
infraestructura, como ciclovías y biciestacionamientos.
Cuidar el medio ambiente no es una moda, es una necesidad, pues la crisis climática que hoy estamos viviendo no es un mito, como algunos quisieran, es una realidad. La movilidad, compañeras y compañeros diputados, es un derecho humano y garantizarlo es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Romero Velázquez. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen. Y a la Comisión de Movilidad, para opinión.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por diez minutos, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social, suscrita por la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso: Compañeras y compañeros legisladores, presento a consideración de este pleno la iniciativa para crear el Sistema Nacional de Coordinación de Seguridad Social, cuya finalidad es hacer que las acciones llevadas a cabo por las dependencias encargadas de la seguridad social se coordinen bajo los principios de universalidad y solidaridad. Para lograrlo, es necesario establecer medidas que protejan, garanticen y hagan efectivo el derecho a la seguridad social de las mexicanas y los mexicanos.
Es necesario impulsar una nueva etapa en materia de seguridad social, permitiendo que todas las personas se encuentren en un estado de mayor plenitud y acceso a este derecho humano, a efecto de que la suma de los derechos de cada una de las personas les permita desempeñarse con mayor efectividad en un espacio de protección a sus garantías constitucionales.
Recordemos que, en el año 2003, en nuestro país solo se cubría un total del 3.52 por ciento de la población con respecto al acceso al servicio de seguro social, el cual ha aumentado un 45 por ciento. Sin embargo, debemos estar conscientes que esta cobertura no es suficiente para poder satisfacer las necesidades que demanda la sociedad nacional.
Por este motivo es urgente implementar una serie de estrategias que coadyuben la consolidación del principio de universalidad en el derecho humano a la seguridad social. Lo anterior, a través de medidas que protejan, garanticen y hagan efectivo este derecho por medio de mecanismo institucionales que orienten al Estado hacia dichos fines.
Una vez establecido el sistema nacional de coordinación de la seguridad social se podrán garantizar con mayor efectividad y amplitud los principios de universalidad, solidaridad, igualdad, subsidiariedad y obligatoriedad.
De esta forma, no solo se contará con una base jurídica más fuerte, sino se abrirá un espacio de transparencia para el institucionalismo que tiene por objeto integrar el sistema de seguridad social en México.
Señores, en la cuarta transformación el bienestar de todas y de todos es un derecho, no es una cuestión de suerte o de privilegios. Las y los mexicanos sin distinción alguna deben acceder a servicios médicos de calidad, a una pensión para su retiro y a un crédito de vivienda o a créditos de vivienda, deben tener seguridad sobre su presente, su futuro y el de sus familias.
La justicia social no llega sola, se alcanza todos los días a través de leyes y políticas públicas eficientes y eficaces. De ahí que la presente iniciativa y el trabajo en conjunto de Morena y el pueblo de México, la seguridad social universal muy pronto será una realidad de México. Muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Camacho Reynoso. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Castrellón Garza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de protección civil, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Francisco Javier Castrellón Garza: Buenas tardes. Con su venia, diputada presidente.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
El diputado Francisco Javier Castrellón Garza: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acudo a este pleno para exponer la siguiente iniciativa, que considero de suma importancia para fortalecer las coordinaciones estatales y municipales de Protección Civil de nuestro país.
Señoras y señores diputados, el pacto federal que creó nuestro Estado mexicano contiene dos fines intrínsecos para justificar su existencia. El primero consiste en garantizar la seguridad de la población y el segundo establecer los mecanismos y oportunidades para que los mexicanos logren su felicidad individual. Y es precisamente en materia de seguridad corporal de la población, donde el Estado mexicano en su conjunto ha fracasado en sus intentos.
Es más, ya ni siquiera hacer el esfuerzo determinado para que prevalezca el Estado de derecho en el territorio nacional. Por ello es urgente y prioritario recuperar los mecanismos que garanticen el patrimonio, la integridad física y la de las personas, fortaleciendo, los tres niveles de gobierno, la prevención de desastres naturales y el fortalecimiento de la protección civil.
Los organismos de protección civil estatales y municipales, así como los cuerpos de bomberos, trabajan las 24 horas del día los siete días de la semana con las mínimas herramientas para cumplir con sus funciones. En muchos lugares, las instalaciones de protección civil son para dar pena, lo cual es muy injusto por la alta responsabilidad que tienen ante la sociedad y por el trabajo que desempeñan.
La inoperancia de los organismos de protección civil tiene un alto costo en vidas humanas y pérdidas materiales cada año. Por ello, resulta prioritario impulsar los medios de financiamiento para crear los sistemas de protección civil municipal en los municipios en los que no existen y fortalecer aquellos en los que se encuentran activos, de lo contrario los sistemas municipales seguirán deteriorándose en perjuicio de la población.
Es importante mencionar que, de todos los municipios de nuestro país, solo 383 cuentan con el Atlas de Riesgos, lo cual es muy alarmante. Por lo anterior, señoras y señores diputados, la iniciativa que presento tiene como objeto reformar los artículos 25, 37, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal para posibilitar que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fortamun, así como del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, FASP, se puedan utilizar también para apuntalar y robustecer los sistemas de protección civil estatales y municipales.
Se busca dar la posibilidad a estos órdenes de gobierno para gestionar, tramitar y destinar un porcentaje de los fondos referidos para la formación, equipamiento, profesionalización, capacitación y modernización de los organismos encargados de la protección civil.
Asimismo, en vista de las lamentables condiciones laborales y de equipamiento en que operan la mayoría de los Heroicos Cuerpos de Bomberos del país se plantea que los recursos de dichos fondos se puedan destinar para la formación, equipamiento, profesionalización, capacitación, modernización y darles certeza laboral a los integrantes de los cuerpos de bomberos que operan en nuestros estados y municipios y que en muchas ocasiones, hay que decirlo, lo realizan de forma voluntaria sin pago alguno.
Todos reconocemos que la labor de los bomberos es fundamental dentro de un estado y de sus municipios y lo mínimo que podemos hacer a parte de reconocer su trabajo es darle certeza laboral a ellos y sus familias. Esta LXV Legislatura puede cambiarle la vida a muchos héroes que la arriesgan todos los días para salvar la de los demás.
Antes de concluir mi intervención, quiero reconocer el trabajo de todos los elementos de protección civil estatales y municipales, así como de los Heroicos Cuerpos de Bomberos y que sepan que en esta legislatura tienen a un aliado que trabajará por sus derechos y para fortalecer sus instituciones.
Y estoy seguro de que la mayoría de los diputados se sumarán a esta justa causa, porque podemos estar divididos por ideologías, proyectos o partidos políticos, pero eso, eso no es obstáculo suficiente para que no nos una la seguridad de nuestro querido pueblo mexicano. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidente.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Castrellón Garza. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de la madre patria, de la madre tierra, perdón, o naturaleza como un sistema vivo, dinámico y único, en el cual inicia, desarrolla y reproduce la vida.
El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez: Con su permiso, Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez: Esta iniciativa pretende precisamente llevar la preservación del medio ambiente a la Constitución, es decir, vamos a hacer el Sembrando Vida principio constitucional.
El artículo 4o. sería reformado para reconocer los derechos de nuestra naturaleza, de la madre tierra, lo que nuestros hermanos de los pueblos latinoamericanos llaman la Pachamama, y además de reconocer principios muy importantes que, si bien ya son de alguna manera referidos en nuestra Constitución, no lo están de manera enunciativa, concisa referidos en el artículo 4o. constitucional el principio de desarrollo sustentable, de conservación y de restauración.
Es fundamental llevar el interés superior de la naturaleza como principio constitucional. Eso es lo que pretende esta reforma. Son inmensos los esfuerzos. Activistas, defensores de la tierra, de los bosques, están siendo asesinados. Y eso no lo podemos permitir. Las reformas privatizadoras del Pacto por México dispararon el número de activistas asesinados en nuestro país. Debe detenerse esta explotación, esta depredación de nuestros recursos, esta deforestación y debemos apostar y darle sustento constitucional a la política de sembrar vida.
Hoy por hoy nuestras comunidades están volcadas en este programa del presidente de la República, de estar trabajando con la tierra, de estar sembrando vida, de estar forestando todo lo que el sistema neoliberal deforestó y pretende esta iniciativa hacer y honrar la memoria de quienes han perdido la vida en la defensa de su tierra.
Vamos a hacer que la cuarta transformación sea una revolución ante todo ambientalista. Estamos próximos al punto de no retorno, no entienden los capitalistas, no tienden los grandes intereses que todo tiene un límite y que la tierra, que este planeta en el que todos vamos, se lo están acabando y no lo vamos a permitir.
Es la reforma al párrafo quinto del artículo 4o. de nuestra Constitución, que le estaría agregando el texto que reza de la siguiente manera: el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos por lo dispuesto por la ley, en todas las resoluciones, sentencias, decisiones o actuaciones del Estado y de las autoridades encargadas de impartir justicia ambiental. Se velará y cumplirá con los principios ambientales y el interés superior de la madre tierra.
Es esta reforma la que pretende parar estos crímenes que está habiendo en contra de quienes defienden los bosques en nuestro país. Hoy estamos en el entendido que hay una compañera activista ambientalista desaparecida, Irma Galindo Barrios y esta reforma se propone, precisamente, ponerle un alto a esto, poner por encima el interés superior de la naturaleza, porque se trata de la vida misma de nuestros pueblos en el mundo entero.
Pese a que somos los países del sur los que menos contaminamos, somos los países del sur los que más padecemos las consecuencias de esta lógica depredadora de los grandes intereses y compañías que la derecha en este país está defendiendo. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Robles Gómez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria.
La diputada Claudia Tello Espinosa: Con el permiso al pueblo de México. Inicio felicitando al gran líder con el que contamos en este país, a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nos ha demostrado ese gran amor al pueblo de México y al mundo entero, ese gran corazón que defiende a los pobladores de otros países. Por ejemplo, en su visita a Estados Unidos pidió que se reconozca el valor del trabajo de los migrantes. Bien por eso.
Si todos los presidentes de México hubieran pensado, sentido y actuado en bien de los demás, tendríamos un país justo, igualitario y democrático. Pero, no fue así, por eso qué bueno que a partir del 2018 las cosas cambiaron para bien.
En estos tres años se ha demostrado la gran labor de nuestro querido presidente para bien de los más vulnerables, asegurando la pensión a los adultos mayores, las becas a niñas, niños y a las personas con discapacidad, al igual que le ha puesto atención a los jóvenes para que se capaciten y puedan construir un mejor México.
Hoy, con la cuarta transformación hemos dado paso más firme para materializar el concepto de igualdad sustantiva, que implica que este derecho reconocido en las leyes pueda ser traducido de manera integran en la vida diaria de las personas.
No hay que olvidar que nos heredaron un país que, si bien es cierto, rico en su gente, en su cultura, en su biodiversidad, es uno de los países que cuenta con una gran desigualdad entre mujeres y hombres, ya que así les convenía a gobiernos anteriores, gobiernos corruptos, neoliberales que solo buscaban beneficios personales.
Transformar estas viejas formas y prácticas políticas cimentadas en una cultura de valores de desigualdad, es una necesidad de esta nueva mayoría. Una cultura política social que haga de las y los mexicanos personas educadas en valores tales como la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la empatía, el respeto por la diferencia, el diálogo y el acuerdo como mecanismo para resolver las diferencias, es necesaria.
Educar en concientizar esta igualdad es socializar estos valores y todos aquellos que hagan de las sociedades lugares más justos, con igualdad de oportunidades pese a las diferencias. El realizarlo es un reflejo de la enseñanza de principios que proyecten condiciones progresivas propuestas por la cuarta transformación. La igualdad es un derecho humano privilegiado por varios instrumentos nacionales e internacionales, demanda que los individuos gocen de derechos y libertades sin distinción alguna, incluyendo la del sexo.
Según la UNESCO, la igualdad de género se específica como la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños, por supuesto. La igualdad no significa que hombres y mujeres sean los mismos, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no pueden depender del sexo. Sin embargo, la forma en que las mujeres y hombres hemos realizado este derecho en nuestra sociedad, ha sido desigual. A pesar de todos los esfuerzos que se realizan, falta por hacer.
Los legisladores de Morena entendemos que los tiempos son progresivos y es por eso que propongo reformar diversos artículos de la Ley Agraria para adecuar un lenguaje inclusivo, pero, sobre todo, estipular una verdadera igualdad en nuestra sociedad con estas reformas en esta normatividad.
Sabemos que una de las mayores trabas que obstaculizan el aumento de la productividad agrícola y los ingresos de la mujer rural, es su falta de seguridad en materia de propiedad o tenencia, incluir un lenguaje en derecho de tierras abona a subsanar esas grandes y profundas diferencias entre mujeres y hombres. Es direccionar las políticas públicas y nuestros marcos normativos a verdaderos cambios sociales y, sobre todo, de seguridad en sus derechos.
Incluir el lenguaje incluyente de una tenencia segura para la mujer podrá invertir en el potencial productivo de la tierra, más que limitarse a explotarla y tenderá a adoptar prácticas de cultivo ambientalmente sostenibles. Podrá planificar y si es necesario...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya diputada.
La diputada Claudia Tello Espinosa: ... adecuar rápidamente sus decisiones a las cambiantes condiciones climáticas y económicas y depender de los resultados productivos de su labor. Es cuanto. Gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.
La diputada Socorro Irma Andazola Gómez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada Socorro, ¿con qué objeto?
La diputada Socorro Irma Andazola Gómez (desde la curul): Para preguntarle a la diputada Claudia Tello, si me permite suscribirme a su iniciativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: ¿Acepta, diputada?
La diputada Claudia Tello Espinosa (desde la curul): Sí, adelante.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputada. Aquí en Secretaría se puede inscribir y a diputadas y diputados que deseen también hacerlo, con mucho gusto en Secretaría podrán realizarlo.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene ahora la palabra hasta por diez minutos, la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Coordinación, Planeación y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas. Se señala que con esta intervención damos inicio a la segunda ronda de iniciativas.
La diputada Raquel Bonilla Herrera: Con su permiso, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados. Al interior de las zonas metropolitanas, se generan sinergias destinadas a la creación de valor y de conocimiento, competitividad e innovación, sin embargo también se presenta una degradación ambiental y nuevas formas de exclusión, desagregación espacial y social, implicando un reto para las políticas públicas y los modelos de gobernanza para transformar las agendas urbanas, así como la naturaleza de las relaciones intergubernamentales, con el objetivo de avanzar hacia una perspectiva integral.
Para tal efecto, es necesario desarrollar reformas que tiendan a resolver el fenómeno metropolitano, debido a que este incumbe en los tres niveles de gobierno y, por tal motivo resulta fundamental la existencia de una coordinación metropolitana, que se convierta en el espacio de concurrencia y de coordinación, y que vincule a los municipios en diversas materias en forma homogénea.
Y este escenario únicamente lo vamos a lograr y lo alcanzaremos a través de la expedición de una Ley General para la Coordinación, Planeación y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, donde se señale que la organización intermunicipal debe de ser corresponsable con el marco de rectoría, planeación y coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal, con la finalidad de fortalecer, promover, diseñar, desarrollar y ejecutar proyectos de carácter metropolitano.
Resulta evidente que las normas siguen siendo vagas para imponer los medios y esquemas de cooperación y planeación y financiamiento de las zonas metropolitanas. Por tal motivo es imperativo y urgente adaptarlas, con la finalidad de generar las condiciones que las haga competitivas, así como atraer inversiones capaces de desarrollar un contexto favorable de cohesión social y de modelos de gestión metropolitanos.
En este sentido, es oportuno recordar que, durante la implementación del Fondo Metropolitano, este no contribuyó a una planeación metropolitana integrada, ni mucho menos a una visión a largo plazo. La funcionalidad del Fondo Metropolitano, compañeras, compañeros, si bien permitió el desarrollo de algunos proyectos, también desencadenó procesos de descoordinación, en razón de que las obras eran sometidas a un concurso que estaba no debidamente justificado, y aunado a ello no estimulaba la ejecución de obras producto de una planificación urbana integral.
Esta fragmentación se originó debido a que, en lugar de promover una negociación de proyectos y obras públicas en un contexto intergubernamental de coordinación metropolitana, se desarrollaron proyectos urbanos de manera autónoma e incluso municipales.
Asimismo, compañeras, compañeros, en la práctica los recursos federales que se transferían a las entidades federativas en la mayoría de los casos se implementó este juego de la suma cero, desde el punto de vista en el que buscaban preservar los poderes políticos. Y discriminaron a municipios y aquellas zonas metropolitanas que no entraban a satisfacer los favores que requerían.
De igual manera, era recurrente que la definición de los proyectos y acciones a ser ejecutados no eran resultado de un proceso de planeación metropolitana, ocasionando que los Consejos de Desarrollo Metropolitano se crearan y se instalaran única y exclusivamente para cumplir con los requisitos para acceder a cada uno de los recursos.
Por ello, esta iniciativa prevé regular los diversos esquemas de financiamiento a que podrán acceder las zonas metropolitanas, siendo congruentes en que se garantice un recurso eficaz y que cumpla con los objetivos de una adecuada coordinación y planeación integral. Asimismo, será la Sedatu quien emita los lineamientos enfocados a establecer mecanismos e instrumentos para destinar recursos para la consolidación y el desarrollo de las zonas metropolitanas.
De igual manera, de acuerdo a las disposiciones aplicables en materia financiera, las entidades federativas y los municipios podrán ser sujetos de financiamiento por instituciones de crédito para el desarrollo de cada uno de sus proyectos.
La federación, las entidades federativas y los municipios fomentarán la concertación de acciones e inversiones entre los sectores público, social, privado, y en este contexto podrán establecer convenios con esquemas de financiamiento compuestos por aportaciones previamente establecidas.
También se establece que el Consejo Nacional de Planeación y Desarrollo Metropolitano tendrá por objeto el diseño de instrumentos operacionales de contenido técnico, administrativo, financiero y de gestión, que permita impulsar el desarrollo de proyectos estructurales, con la finalidad de lograr alcanzar un crecimiento armónico de la conurbación, así como la concreción de instrumentación de políticas públicas adecuadas que permitan un ejercicio público más eficiente, con carácter intergubernamental.
Se planea la participación activa de los municipios en la toma de decisiones y, ante eso, la ley regulará un órgano estatal y municipal encargado de discutir las problemáticas metropolitanas, con el objetivo de dirigir todos estos esfuerzos a mitigarlas y a solventarlas.
La presente ley atenderá las necesidades de las metrópolis a concretar cada vez más la actividad económica para enfrentar la problemática que presentan las zonas metropolitanas. Regular la concurrencia y la participación de los diferentes niveles de gobierno en lo concerniente a la administración, el financiamiento y planificación. Contará con su propio marco normativo para que se pueda garantizar la ejecución de los recursos y que esta sea transparente y que los requisitos para obtenerlos sean claros y de fácil cumplimiento.
El escenario internacional y nacional en el que estamos inmersos nos obliga a enfrentar retos económicos con programas y planes que detonen el desarrollo de las zonas metropolitanas con potencial económico y social, con el objetivo de estar a las alturas de un proceso de globalización.
Es importante remarcar que esta propuesta no implica un gasto extraordinario, no se crearán nuevas estructuras que impliquen el crecimiento del gasto corriente, ya que el gobierno estatal y municipal mediante sus estructuras subsanarán las funciones que la propia ley describe.
Es el momento de iniciar en nuestro país el camino del fortalecimiento, el verdadero fortalecimiento de las zonas metropolitanas, con la finalidad de obtener un crecimiento sostenido impulsando el aprovechamiento de los recursos disponibles en cada región y generar oportunidades de desarrollo.
Compañeros, compañeras, esta ley será el instrumento para nuestras 74 zonas metropolitanas que tenemos en el país y será el marco jurídico que permita la coordinación, la planeación y el desarrollo de las mismas con la finalidad de obtener como resultado la elevación en la calidad de vida de todas y de todos los mexicanos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Zonas Metropolitanas para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Leticia Zepeda Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Leticia Zepeda Martínez: Con su permiso, señor presidente. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, desde su fundación, Acción Nacional ha sostenido que los municipios son la instancia de gobierno más próxima a la ciudadanía, cuyas funciones establecidas en la propia Constitución consisten en la prestación de los servicios básicos que la capacidad de las familias no alcanza a proporcionar.
De esta forma, encontramos que el artículo 115 constitucional establece que al municipio le corresponde la prestación de servicios como el agua potable, el alumbrado público, la recolección y disposición de la basura, el cuidado y equipamiento de las calles, parques y jardines, así como la seguridad pública, entre otros.
Por lo anterior, para Acción Nacional ha sido tarea constante asegurar que los municipios cuenten con los recursos necesarios y suficientes para que los servicios antes descritos sean prestados a la ciudadanía, tal como lo dejamos en claro cuando se discutió el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.
Sin embargo, hoy en día vemos con preocupación la estabilidad financiera de nuestros municipios, municipios que serán gobernados por el PAN, por el PRI, por el PRD, por Morena, por todas las fuerzas políticas, las cuales se enfrentarán a una deficiencia de recursos, recursos públicos que la mayoría de esta Cámara se negó de manera indolente a otorgarles.
El problema se ha agravado en los últimos años, ya que las finanzas municipales se han sostenido principalmente de las participaciones y aportaciones de la federación que transfiere cada año. Esta dependencia ha mermado la capacidad de recaudación de los municipios, situación que como diputados federales nos corresponde atender y dotar de un marco legal que permita a los municipios fortalecer su autonomía financiera respecto de la federación.
Sin embargo, la reforma constitucional de 1999, mediante la cual el ayuntamiento era reconocido como órgano de gobierno y no como un sistema de administración, ampliando sus facultades y con ello fortaleciendo la autonomía de los municipios, sin embargo, esta misma reforma confirmaría la imposición de la federación sobre el municipio al establecer la exención del pago del impuesto predial a los inmuebles públicos, ya sean federales, de los estados y municipales.
Lo anterior es de observarse, ya que, según la Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC, entre 1999 y 2020 el porcentaje de ingresos propios de los municipios, generados mediante el cobro de impuestos se ha mantenido prácticamente estancado, al pasar de un 9.3 por ciento en el año 2000, al 13.3 por ciento en el 2020.
La exención que se establece en el artículo 115 constitucional antes mencionada, representa un gran impacto para las finanzas municipales, ya que el impuesto predial es el impuesto por excelencia a través del cual los municipios logran una mayor recaudación.
Con datos del Inegi, en 2020 fueron recaudados a nivel nacional poco más de 61 mil 302 millones de pesos en impuestos, entre los impuestos sobre el patrimonio, el impuesto predial por sí mismo representa un valor de 43 centavos por cada peso recaudado al registrar un monto de 26 mil millones de pesos.
Es por ello que diversos especialistas recomiendan para mejorar la capacidad financiera de los municipios, incrementar la recaudación del impuesto predial eliminando las exenciones al cobro de este a inmuebles de gobierno. Es decir, que la totalidad de las dependencias federales y estatales, pero manteniendo la excepción a instituciones educativas y servicios de salud.
Compañeras y compañeros legisladores, estamos convencidos que esta medida fortalecerá la capacidad de los gobiernos municipales a hacer frente a sus obligaciones financieras, así como para destinar mayores recursos a los servicios que deben prestar a la ciudadanía, ello sin que implique un impacto en la economía de las familias.
Es por ello que Acción Nacional propone reformar el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 115 de nuestra Constitución Política con el fin de eliminar la exención que imposibilita a los municipios cobrar el impuesto predial a los inmuebles públicos ya sean federales y estatales, manteniendo la excepción a aquellos bienes que sean utilizados con fines educativos o para la atención de la salud.
Acción Nacional está comprometido con dotar de mayores recursos a los municipios, pero también está comprometido con dotarles de instrumentos que le permitan fortalecer sus finanzas a través de recursos propios. Es decir, incrementar su capacidad de recaudación a través de impuestos como lo es el impuesto predial, el cual también debe de ser cobrar a los bienes gubernamentales y con ello asegurar el cumplimiento de sus funciones de cara a la ciudadanía sumando sus esfuerzos a conseguir la patria ordenada y generosa que México merece. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La diputada María del Refugio Camarena Jáuregui: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada María del Refugio Camarena Jáuregui: Diputadas y diputados, en 2017, la Organización de las Naciones Unidas estableció el día 15 de octubre de cada año como el Día Internacional de la Mujer Rural. Esto para reconocer la labor y contribución de las mujeres rurales en el mundo, donde su trabajo en el desarrollo agrícola, en la seguridad alimentaria, en la economía de sus comunidades y en la erradicación de la pobreza son parte fundamental de las economías en sus países.
ONU Mujeres refiere que la mujer rural representa una cuarta parte de la población mundial, trabajando en la agricultura como asalariadas y como empresarias, teniendo un reconocimiento en la siembra y en la producción de alimentos. Cabe destacar que, si se redujeron 25 por ciento la brecha salarial en las tasas de participación laboral entre hombres y mujeres rurales, para el año 2025 se podría aumentar el producto interno bruto mundial en un 3.9 por ciento. Aquí la importancia de la mujer rural.
En México las mujeres rurales representan la cuarta parte de la población femenina a nivel nacional. El 75 por ciento de las mujeres rurales de 15 a 64 años no tienen un trabajo remunerado. Otro dato desolador es que las mujeres rurales que se ocupan en actividades agropecuarias y pesqueras solo el 3.1 por ciento tiene un trabajo remunerado. ¿Y qué creen? El 96.9 por ciento realiza otras actividades no remuneradas.
Por tales motivos, México se encuentra rezagado y en deuda con las mujeres rurales, que viven en pobreza y marginación, lo cual nos debe indignar como país. Es un hecho que la desigualdad en la que viven las mujeres rurales está presente. Está presente en un país que las ha ignorado y abandonado, las ha dejado sin acceso a servicios básicos y las ha ubicado en desventaja económica y de derechos.
Por ello, debemos impulsar el empoderamiento de las mujeres rurales como un reconocimiento a su valor y esfuerzo, que sin recursos –y reitero, sin recursos– son la columna vertebral en el campo en nuestro país. Esto nos obliga a impulsar el empoderamiento económico de libertades y derechos de las mujeres rurales, con el objetivo de que sean superadas las barreras de desigualdad que evitan su desarrollo en la participación social y política dentro de sus comunidades y sus hogares.
En este sentido, compañeras y compañeros, propongo en esta iniciativa un ingreso básico mensual para las mujeres rurales, un ingreso que dignifica y empodera. Porque las mujeres rurales son el corazón del campo, son las jefas de familia que trabajan de sol a sol sin ingresos, además de realizar los quehaceres domésticos y cuidados de sus hijas e hijos.
Diputadas y diputados, los invito a la reflexión, los invito a legislar en unidad, para impulsar reformas que dignifiquen y empoderen a la mujer rural, para que las diferencias se acorten y las mujeres rurales dejen de ser protagonistas invisibles del sector primario y pasen a ser tratadas con decoro y se les reconozcan cada uno de sus derechos.
Por ello, el 50 por ciento de las mujeres que conformamos la actual legislatura debemos tener empatía para apoyar iniciativas y cualquier propuesta que mejore la vida de las mujeres rurales. Debemos unir esfuerzos y alzar la voz. Alzar la voz por un México con mayor justicia social, por un México igualitario, digno, que reconozca al histórico sector de la mujer rural.
Alzar la voz con fundamento y razón significa defender nuestros derechos. Alzar la voz es empoderarnos. Alzar la voz es hacernos visibles. Alzar la voz es vivir con derechos y justicia social. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria para dictamen.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de incluir el robo al transporte colectivo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Adelante, diputado.
El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados, el robo en transporte público de pasajeros es uno de los problemas que hoy en día más impacto genera, sobre todo en zonas metropolitanas del país. Los delincuentes, además de hacer un daño al patrimonio de las personas, en muchos casos también las agreden física y psicológicamente, les causan heridas e incluso las asesinan. Esto pone en riesgo las condiciones de estabilidad familiar.
Viajar en transporte público hoy es una incertidumbre, el ciudadano viaja todos los días con el temor de ser despojado de sus pertenencias que con tanto esfuerzo han obtenido. Gran parte de la población tiene la necesidad de movilizarse a través del transporte público para cumplir con sus actividades cotidianas, con el riesgo que desgraciadamente esto implica. Además, gracias a los medios de comunicación masivos y redes sociales nos hemos enterado sobre el incremento de casos de robo y violencia en el transporte público.
Según datos del Banco de Desarrollo de América Latina más del 40 por ciento de los pasajeros de la Ciudad de México y Guadalajara manifiestan haber sufrido o presenciado este delito durante su traslado en transporte público.
Es importante atender dicha problemática de manera urgente. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Envipe, en los últimos tres años el promedio es de 30.6 millones de delitos, de los cuales el 26 por ciento corresponde al delito de robo o asalto en la calle o en el transporte público. Es decir, 7.9 millones de este tipo de delito se han cometido y que han afectado a por lo menos 5.9 millones de personas, ya que hay que recordar que muchas de ellas han sido víctimas en más de una ocasión.
Los datos de esta encuesta muestran solo una parte de la verdadera realidad de esta problemática, la cual ha ido proliferando, ya que la gran mayoría de los afectados comenta haber sido víctima, pero no lo denuncia. En el año 2020 el 93.3 de los delitos no se denunciaron, por lo tanto, tampoco se inició una carpeta de investigación, provocando que los delincuentes no reciban el castigo adecuado, haciendo parecer que las instituciones de impartición de justicia son débiles o poco eficientes.
La falta de castigo severo para que los que cometen el robo en transporte público, ha provocado que los ciudadanos en algunos casos tomen justicia por su propia mano. Estos actos delictivos han provocado a las víctimas pérdidas económicas que alcanzan los 31 mil millones de pesos en los últimos tres años, de acuerdo con datos del Inegi.
La seguridad, tranquilidad y bienestar de las familias mexicanas son asuntos prioritarios. Por eso los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de manera sensible entendemos estas afectaciones, y este delito que provoca a todos los mexicanos y las mexicanas, sobre todo a la clase trabajadora del país, presento esta iniciativa para que el robo en el transporte público de pasajeros sea incluido en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a fin de prevenir la impunidad de los que cometen este ilícito, y evitar el fenómeno de la llamada puerta giratoria.
Con esto, garantizar que el Estado mejore los mecanismos para que los mexicanos ejerzamos sin temor, el derecho que tenemos al libre tránsito.
Espero contar con el apoyo de las diputadas y los diputados integrantes de esta legislatura, para apoyar esta iniciativa con el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Tiene la palabra, hasta por diez minutos... Diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (desde la curul): Presidente, con el objeto de pedirle al proponente si me permite suscribir su iniciativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Martínez, ¿acepta?
El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Sí.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Y las diputadas y diputados que también deseen suscribir la iniciativa, aquí en secretaría, por favor. Diputado Porras, ¿es con otro objeto?
El diputado Alfredo Porras Domínguez (desde la curul): No.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Ah, aquí en secretaría podrán suscribirla las diputadas y diputados.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene la palabra, hasta por diez minutos, la diputada Aracelly Ortega Pacheco, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas en Casos de Emergencia, Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputadas y diputados. El Poder Legislativo tiene una deuda con la Norma Suprema y con el pueblo de México desde el 11 de junio de 2012.
Desde hace nueve años el Congreso de la Unión ha incumplido su obligación de expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías. Ley que es urgente expedir, sobre todo después de enfrentar situaciones imprevistas y extraordinarias como la emergencia ocasionada por la pandemia derivada del Covid-19, en donde para hacerle frente, el Ejecutivo facultó a la Secretaría de Salud a tomar decisiones por encima de los demás Poderes para establecer las medidas necesarias para su contención, lo cual incluyó limitaciones a derechos fundamentales, sin la intervención de los Poderes del Estado. De ahí que no podemos seguir postergando la responsabilidad de esta Cámara, para reglamentar la aplicación del artículo 29 constitucional.
Es fundamental legislar respecto del estado de emergencia y la suspensión de derechos, con base en los más altos criterios y estándares internacionales, estableciendo mecanismos de control que aseguren la protección de la Constitución y, por supuesto, los derechos humanos.
La propuesta que la bancada naranja pone a su consideración es oportuna, es vanguardista y es congruente con nuestra mejor tradición constitucional y republicana, así como el derecho internacional. El horizonte de movimiento ciudadano está más allá de la derecha y la izquierda, nuestro paraguas ideológico son los derechos humanos. Ese es nuestro punto de partida, defendemos una agenda por un país de iguales y por un nuevo trato por la libertad y por la democracia.
En esta iniciativa, precisamente va en el sentido de construir esa agenda de derechos, por eso es que, entre otros aspectos, establece un catálogo de derechos que no pueden ser suspendidos, así como un tratamiento especial para el derecho a la libertad de expresión y prensa, por su importancia para la difusión y la información relacionada con el estado de emergencia.
Prohíbe expresamente que la ley pueda ser reformada durante la emergencia para otorgar certeza jurídica y seguridad a la ciudadanía. Prevé protecciones en favor a la división de poderes, garantizando su independencia y equilibrio, lo que tiene su mejor expresión en el control, constitucionalidad y convencionalidad establecido por nuestro máximo tribunal. Además, contempla que el principio de publicidad previsto internacionalmente no solo se agote con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, sino que efectivamente se garantice su conocimiento por parte de toda la población.
Señala la obligación de rendir cuentas del resultado de las acciones tomadas durante el estado de emergencia, así como la remisión del informe a la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, quienes podrán realizar recomendaciones. En suma, el objeto de la propuesta de Movimiento Ciudadano es proteger los derechos humanos, el principio pro persona en los términos que lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia.
Hoy vivimos tiempos turbios en los que priva la opacidad sobre la transparencia, el autoritarismo sobre el diálogo y los insultos sobre los acuerdos. La bancada naranja no está en esa lógica, por eso ponemos a las personas al centro y sus derechos al frente. Esa es nuestra agenda y nuestro compromiso. Eso es lo que llegamos a defender y por lo que estamos aquí para luchar. Muchas gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, diputada Ortega Pacheco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Seguridad Ciudadana para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, para restringir la inasistencia a reuniones de comisión. Adelante, diputada Olvera, tiene usted el uso de la palabra.
La diputada Simey Olvera Bautista: Muchas gracias, presidente. Con la venia del pueblo de México. Pues, si saben que los políticos y, en especial los diputados, no somos bien vistos por la sociedad, ¿verdad? Porque, de acuerdo con un estudio del CESOP, en 2014, 70 por ciento de los ciudadanos confiaban poco o nada en sus legisladores. Y es que decían que venían a dormir o que ni venían o no ponían atención, como muchos ahorita, por ejemplo. La verdad es que tenían razón. Sí, en este Palacio la impunidad era presente, la casa del moche, le decían, los excesos y, hasta en algunos momentos, la casa de la lujuria.
¿Cómo no se iba a molestar el pueblo? Esos diputados del viejo régimen convirtieron el oficio político en una burla. Por eso el actuar de los neoliberales, por esa culpa nos ha costado tanto dignificar esta área. Vergüenza deberían tener los diputados de anteriores legislaturas, que gestionaban sus moches y que ahora están aquí como si nada, donde poco a poco estamos convirtiendo, por fin, este recinto en la verdadera casa del pueblo. Claro, con la mayoría de Morena, de mis compañeras y compañeros.
De hecho, en esta misma tribuna hace tiempo un diputado del extinto Partido Convergencia denunció que una bancada pretendía –escuchen nada más– construir un SPA, un yacusi, regaderas, mesas de masaje, de billar, cuarto de descanso y de vapor. Y ahí están los Diarios de los Debates. Esa bancada, por cierto, era liderada por Felipe Calderón, imagínense.
No sé ahora cómo estén sus oficinas, pero lo que sí les puedo decir es que las oficinas del PRI de Hidalgo estaban hasta con cuartos de descanso, regaderas. Sesenta y tres legislaturas pasaron así, hasta que llegamos nosotros, hasta que llegó la cuarta transformación. Bueno, se llevaron los muebles de madera fina que tenían por ahí y, obviamente, ya no hay ni oficinas de descanso.
Otras bancadas no se quedaban atrás, instalaban cocinas de lujo, les traían pescado frito, compraban coches último modelo, había choferes y escoltas para diputados. Imagínense, esos sí eran lujos.
Ahora que se quitó, por eso están tan enojados. No conoce de la austeridad algunos compañeros. Pero nosotros, el partido de la mayoría, ustedes saben que tiene las oficinas más pequeñas. Pero no importa, venimos a trabajar y no a tener esos privilegios.
Necesitamos urgentemente unirnos para dignificar el oficio parlamentario mexicano que, dicho sea de paso, en otros países son muy reconocidos los parlamentarios. Además, no son tantos como aquí, que además ni los veo tampoco.
Dentro de poco analizaremos el caso de los pluris que no se presentan ni a trabajar, porque tenemos que cumplir el compromiso de los ciudadanos, hacer más con menos. Yo, con esta iniciativa estoy haciendo valer lo que me comprometí en campaña para quitar poco a poco los privilegios de la clase política. Nuestra cuarta transformación va encaminada al reencuentro pacífico del pueblo con su gobierno, en este caso con los legisladores.
En Morena tenemos claro ello, por eso recorremos, estamos en territorio, escuchamos y legislamos en consecuencia, por eso ganamos de nuevo la confianza de la gente y nosotros nada de privilegios, nada de condiciones laborales preferentes.
La mayoría de las y los diputados de la cuarta transformación somos del pueblo y debemos de ir en concordancia con él y uno de los problemas que enfrenta el proceso legislativo en esta Cámara es la ausencia de los diputados a reuniones en comisiones, en comités y ni se diga aquí en pleno, y es que es una de las bases de nuestro trabajo, precisamente el análisis, la dictaminación y participación primero en comisiones, donde muchos no se presentan.
Por eso la iniciativa que estoy dando a conocer hace reformar y adiciones a diversos artículos del Reglamento de esta Cámara, que estipula, por si no sabían, que a la segunda falta se descuente, pero proponemos que sea a la primera para evitar el ausentismo excesivo de los diputados en reuniones de comisión y cumplir adecuadamente nuestro papel.
En cualquier otro trabajo y ustedes lo saben, los que hemos trabajado en otra cosa, si no nos presentamos o si llegamos tarde, pues simplemente hay consecuencias. Ahora ni porque muchas veces es virtual, compañeros, ni virtualmente se presenta. Eso es inadmisible, ¿no les parece?
Por ello, conmino a los que sí trabajamos, los que sí asistimos y que todo nuestro tiempo está en cumplir, dedicados a este honroso encargo nos sumemos a impulsar esta reforma, que la gente sepa que aquí también como afuera somos parte de la clase trabajadora que saca adelante a nuestro país y que nuestra obligación es mejorar las condiciones laborales de los mexicanos, por supuesto, eliminar los privilegios de la política del viejo régimen.
Hoy en nuestro partido, nuestros gran y único privilegio es ser del pueblo y ocupar espacios que antes solo era de unos cuantos. Hoy orgullosamente estamos defendiendo la 4T desde nuestras diferentes trincheras y es que como dice la declaración de principios de mi partido, de Morena: no hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos por más mínimo que sea.
Así que, diputados, diputadas, súmense a esta iniciativa por el bien de la clase trabajadora del país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, diputada Olvera. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen. Adelante, ¿diputada Cecilia Alcocer?
La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (desde la curul): Márquez Alkadef. Le pregunto a la diputada si me permite suscribirme, por favor, a su iniciativa.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: ¿Le permite, diputada, suscribirse a la diputada Márquez, a su iniciativa? Con mucho gusto. Igualmente, quienes hayan levantado la mano para suscribir, pueden pasar aquí con la Secretaría y estará abierta para la suscripción de las diputadas y los diputados que así lo deseen hacer.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Valentín Reyes López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones X y XI del artículo 149 de la Ley de Educación. Adelante, diputado Reyes.
El diputado Valentín Reyes López: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Tiene usted la palabra.
El diputado Valentín Reyes López: Compañeras y compañeros diputados, en la impartición de la educación en nuestro país no podemos dejar de lado la función social de las instituciones privadas, quienes están al servicio de la educación para con ello poder cubrir lo que las escuelas públicas no se dan abasto, siendo también un pilar de la educación.
Hoy presento iniciativa que tiene como fin ser equilibrados en donde no se tiene la intención, desde luego, de afectar las finanzas de estos órganos educativos, sino abogando por su sentido solidario en beneficio de los estudiantes desprotegidos.
Me permito poner a su honorable consideración la iniciativa que reforma el artículo 149 de la Ley General de Educación, que habla de escuelas privadas, específicamente una modificación para el aumento de porcentaje de alumnos becados, siempre y cuando cumplan con los estándares de aprovechamiento.
Para dar a conocer mi reforma debo explicar los motivos que inspiran esta iniciativa. El Covid-19 nos mostró que el maltrato intrafamiliar es alto, también que tener doctorado no te garantizaba un trabajo permanente, nos mostró que sin economía se detiene todo, que no todos cuentan con seguro social, también nos provocó que empezáramos a reflexionar y dar prioridad a lo que es importante, salud, educación y trabajo.
Como bien ya lo he mencionado, la educación es un derecho humano de los mexicanos y una obligación de los padres, el gobierno ha hecho lo posible para dar esas garantías, aunque bien sabemos que no existe la perfección, hoy en día las vacantes en las escuelas públicas aún no son bastas para la demanda que existe. La falta de recursos hizo que, de manera no tan voluntaria, pero sí necesaria, se realizarán acciones extremas en los núcleos familiares como lo fue pausar la educación.
En un principio el Covid-19 se consideró un virus mortal ante la incertidumbre y la búsqueda de dar garantías a la salud se optó por realizar protocolos para evitar contagiados como lo fue la suspensión de clases, el cierre de empresas y negocios, mismo que se creía que solo duraría un par de meses, el cual se alargó más de un año, dejando a muchas familias sin recursos económicos.
Según datos del Inegi, por motivos antes expuestos existió deserción escolar total del 60.3 por ciento, no necesariamente porque se enfermaran, este virus trajo efectos secundarios graves y no solo a nivel salud. Es necesario mencionar que los estudiantes de escuelas privadas no reciben apoyo económico del gobierno, pues se consideran que son alumnos que tienen recursos económicos.
El tema a discusión es la garantía que no se tiene contemplada ante una pandemia, las acciones fueron enfocadas en que nuestros ciudadanos vivieran tanto que no volteáramos a ver este 60.3 por ciento de deserción escolar.
Olvidamos la educación privada, pues en teoría quienes están ahí cuentan con solvencia económica, pero ellos, me refiero a los alumnos, también sufren las consecuencias. Es ahí, compañeros diputados dónde debemos sensibilizar, dónde debemos analizar, hoy les propongo la necesidad de aumentar al doble el porcentaje de becados en su artículo 149, esto como una medida que serviría para poder aportar a que la deserción por Covid o causas económicas en escuelas privadas no exista.
Debemos ser sensibles y hacer sensibles a los sectores, es necesario voltear a ver la educación privada y buscar los mecanismos para ayudarlos. No dudo que el trabajo que estamos realizando esté bien encaminado, pero también no dudo que aumentar al 10 por ciento el número de becados haga una gran diferencia, que nos muestren en los años siguientes más estudiantes egresados de aprobarse esta iniciativa.
Compañeras y compañeros, estamos en un parlamento plural por primea vez en la historia. Todos los aquí presentes saben de lo que hablo, lo vivieron o conocen a alguien en esta situación.
Es por ello que pido su comprensión a los propietarios de las instituciones privadas, a la Comisión de Educación y a ustedes, diputados, para sensibilizar y respaldar esta modificación que es a favor para siempre de nuestros jóvenes estudiantes. Recuerden, compañeras y compañeros diputados, que México somos todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero presidente.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, diputado Valentín Reyes López. Túrnese a la Comisión de Educación para su dictamen correspondiente.,
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Kathia Maria Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Víctimas, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, diputada Bolio.
La diputada Kathia Maria Bolio Pinelo: Con su permiso, presidente. Tener una vida libre de violencia es un derecho humano. Lamentablemente estadísticas y noticias diarias nos indican que México es un país violento para las mujeres, para todas las mexicanas. No contamos con seguridad, esa es la realidad.
Es un peligro permanente para nosotras abordar el transporte público, subir a un taxi, caminar en parques, acudir al trabajo, en las escuelas, salir de noche o simplemente estar en casa. Once mujeres a diario mueren en este país a causa de la violencia por razones de género, cifra que nos debiera ocupar a todas las fracciones parlamentarias en esta Cámara de Diputados.
En Acción Nacional estamos trabajando al respecto, proponiendo constantemente iniciativas para erradicar la violencia de género contra las mujeres y resguardar su integridad. En el marco del Día Internacional de la Eliminación en contra de la Violencia hacia las Mujeres, presento una iniciativa que hemos denominado Pulso de Vida, cuyo objeto es la prevención de feminicidios, delitos sexuales, lesiones o cualquier otro delito contra la integridad y la vida de las mujeres que viven en nuestro país, a través de otorgarles máxima protección, algo que ha faltado en la estrategia de seguridad para combatir la violencia en este país, ya que la gran mayoría de acciones implementadas hasta el momento, incluso, reformas a los códigos penales han sido punitivas, es decir, enfocadas únicamente en incrementar sanciones a los delitos, pero lo que más se requiere es reforzar medidas de prevención y protección que otorga el Estado mexicano a las mujeres víctimas de violencia.
Sancionar está bien, pero par las familias de poco ha servido darles 60, 70 o 100 años de cárcel a quien asesinó a una hija, a una esposa, a una madre o a una hermana, eso no cura el dolor y el dolor evitable.
No sientan que por eso ya estamos cumpliendo nuestra labor como legisladores, pero sí podemos hacer algo al respecto para prevenir más delitos y proteger la vida de las demás mujeres desde el primer momento en que reciben cualquier tipo de agresión, porque la violencia se combate desde su primera manifestación para evitar que esta crezca y culmine en un trágico feminicidio, la forma más extrema de violencia en contra de las mujeres.
Pulso de Vida es una iniciativa que consiste en otorgarles a las mujeres violentadas, que valientemente han denunciado a sus agresores que, por cierto, en la mayoría de los casos es alguien cercano a ellas, sin importar si se encuentran en la cárcel o no, un dispositivo en forma de reloj que contenga lo siguiente:
Primero. Un micrófono integrado para estar en comunicación con la policía, justo en el momento en que la víctima se encuentra en peligro, donde se le brindará la instrucción debida para saber qué hacer en ese momento.
Segundo. Un geolocalizador que permita hallar a la víctima inmediatamente, enviando policías a auxiliarla. Esto será operado desde un C4 o un más moderno C5i, Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, o cualquier área de seguridad, donde se pueda cumplir con el objetivo de esta iniciativa planteada. Un botón de pánico que se obtendrá para el apoyo por parte de las autoridades que he señalado.
Esta máxima protección a la que me he referido, puede otorgarse por los ministerios públicos o por los órganos encargados de la impartición de justicia, así como también de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las comisiones de víctimas de las entidades federativas, debiendo aplicarse esta medida denominada Pulso de Vida de manera inmediata, cuya duración será la que sea necesaria hasta que la situación de violencia haya cesado.
Por eso reformo diversas actividades... artículos, perdón, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General de Víctimas. ¿Cuántos feminicidios no se han comandado y mandando a ejecutar desde las cárceles, al interior de los hogares o en las calles después de una persecución, acorralando a la víctima? Si un cuerpo policiaco hubiera llegado a tiempo, otra hubiera sido completamente la historia para una mujer.
Diputadas y diputados, apostemos por la prevención y seguridad de las mujeres, analizando, mejorando o adicionando Pulso de Vida. Ahí es donde se puede salvar la vida de una mujer que es víctima, después ya todo será muy tarde. Es cuanto.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, diputada Bolio Pinelo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Igualdad, Género y de Justicia, para su dictamen correspondiente.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Ahora tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Francisco Espinoza Eguia, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Adelante, diputado Espinoza.
El diputado Juan Francisco Espinoza Eguia: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Tiene usted la palabra.
El diputado Juan Francisco Espinoza Eguia: Compañeras y compañeros diputados, esta ocasión vengo a hablar de un tema de interés que tiene que ver con nuestro sector agropecuario. Diversas entidades de nuestro país son mundialmente reconocidas por su calidad en sus productos pecuarios y pesqueros, carnes de la más alta calidad, desde bovinos hasta aves.
Nuestro país siempre ha contado con las calificaciones más altas en la producción pecuaria. Tan solo esta actividad nos posiciona entre los 10 principales productores a nivel mundial. Y, qué decir de la actividad pesquera, hoy en día nuestro país está entre los 20 mejores del mundo.
La posición de México es resultado de muchos años de esfuerzo de millones de ganaderos y pesqueros que día a día salen al campo a dar lo mejor que tienen para abastecer nuestros mercados y los del mundo, para tener alimentos en nuestras casas. Tan importantes son esas actividades que aún y con la pandemia encima, se mantuvieron a flote y este año terminaron con números positivos de crecimiento.
Sin embargo, toda actividad económica tiene sus riesgos y debilidades, y en el caso de nuestros sectores pecuarios y acuícolas, un factor que afecta su desarrollo tiene que ver con la seguridad.
Les voy a dar un ejemplo, información oficial del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que prácticamente en todos los estados del país existen casos de robo de ganado con y sin violencia. Tan solo en lo que va del año, Tabasco y Veracruz han reportado poco más de 800 casos de robo de ganado, y los que no se han reportado que también son muchos más. Por ello, vengo ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, una propuesta de modificación a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La reforma pareciera muy sencilla, pero es de gran trascendencia. Se propone que las instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno diseñen y ejecuten estrategias focalizadas de seguridad en beneficio de nuestros productores agropecuarios y pesqueros, es decir, que exista una coordinación entre las corporaciones e instituciones de seguridad con las autoridades agrarias de nuestro país.
La intención es reducir al máximo posible los casos de robo e inseguridad en el sector económico. La incorporación de esta modificación será de gran relevancia para el sector agropecuario y acuícola.
En un momento de recuperación tras la pandemia, nuestro trabajo legislativo debe ser certidumbre y seguridad a nuestros productores, y con ello beneficiar a la economía familiar y nacional.
Compañeras y compañeros, como legislador del norte de nuestro país, y orgulloso me siento de ser representante del sector agropecuario. Los invito a que apoyemos esta iniciativa, por el bien de México estamos llamados a trabajar e impulsar el sector agropecuario. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, señor diputado Espinoza Eguia. Túrnese a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para su dictamen correspondiente.
Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para crear un registro sobre los datos estadísticos e informativos de las niñas, niños y adolescentes que han quedado en condición de orfandad. Adelante, diputada Bonilla, tiene usted la palabra. Vamos a pasar al siguiente turno.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Gerardo Peña Flores, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, diputado Peña Flores.
El diputado Gerardo Peña Flores: Gracias, presidente. Con la venia.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Adelante.
El diputado Gerardo Peña Flores: Compañeros y compañeras, la pandemia ha dejado profundas huellas en nuestra sociedad, de forma que a la fecha no sabemos cuándo podremos volver con plenitud al estilo de vida que teníamos, o si será posible algún día volver a tenerla. Cuando pensábamos que estábamos en la recta final de este terrible mal, se anuncia una cuarta ola, igual o más intensa que las anteriores. Mientras tanto, continuamos con la imperiosa necesidad y prioridad de cuidarnos, y sobre todo de respetar el derecho a la salud de terceros.
Los efectos del Covid y sus secuelas son todavía de escalas desconocidas por los daños físicos, psicológicos, económicos y sociales que esta ha dejado en el mundo entero. Además de la afectación en la vida de todos, se generan graves afectaciones a la economía de nuestro país, impactando en los empleos y cierre de actividades, afectando sin distinguir el tipo o tamaño del negocio que ha tenido que cerrar o disminuir considerablemente sus operaciones. Además, insisto, mermando la vida de toda una sociedad en su conjunto.
Por eso requerimos legislar de manera que se vele y garantice el derecho fundamental de la salud, con la responsabilidad de encontrar la claridad en la norma que lo asegure, y que además con ello permita el regreso a la vida cotidiana que todas, y todos, una vez tuvimos, y con ello además se potencie la recuperación económica nacional. Es menester que nuestras acciones desde esta Cámara de Diputados consideren que las decisiones que los trabajadores puedan tomar en torno a ser inmunizados o no, no afecten el derecho humano a la salud de terceros. Solo así podremos ayudar a la sociedad mexicana en su conjunto, incluidos los micro, pequemos y medianos empresarios mexicanos. Y, en general, a toda la clase trabajadora, para soportar los embates a la economía que cada ola genera e iniciar así un periodo de recuperación sostenida.
Ahora bien, ante la actual posibilidad de disminuir los riesgos de gravidez mediante la inmunización con la vacuna, la clase trabajadora y empleadora en México se encuentran en la encrucijada de entre quienes no desean ser vacunados y todos aquellos que tienen derecho a laborar en un ambiente salubre y sano, ejerciendo su derecho a la salud.
Por ello, atendiendo a que es obligación del Estado vigilar y garantizar el derecho a la salud, como lo mandata el artículo 4o. constitucional, propongo adecuar el marco legal para que, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles o situaciones de emergencia sanitaria respecto del trabajador de hacer o no válida su decisión sobre ser inmunizado o no, en su centro de trabajo podrá solicitársele demostrar mediante las pruebas correspondientes que no es portador de dicha enfermedad, sin que lo anterior genere ningún costo para los empleadores.
Debemos tener en cuenta que la decisión de cualquier persona a ser inmunizado o no debe ser responsable con terceros y, por ello, la ley debe proteger el derecho a la salud de los demás. Compañeras y compañeros, los exhorto a valorar con absoluta seriedad y responsabilidad esta iniciativa de ley que, de aprobarse, podrá salvar vidas de mexicanas y mexicanos, de compañeras y compañeros, de familiares de los que aquí estamos y quizá de nosotros mismos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, diputado Peña Flores, por su intervención. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen correspondiente.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Ahora tiene la palabra la diputada Salma Luévano Luna, por el Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 303, del Código Penal Federal, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, diputada Luévano.
La diputada Salma Luévano Luna: Gracias. Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Por favor, adelante.
La diputada Salma Luévano Luna: Buen día a todas, todos y todes. Un crimen de odio es un delito contra una persona o propiedad en que la víctima es intencionalmente seleccionada por su raza, etnia, nacionalidad, religión, discapacidad, orientación sexual, expresión o identidad de género.
Si bien es cierto que el endurecimiento de las penas a través de agravantes de delitos no son la mejor medida para evitarlos, también lo es que obligan a la autoridad a investigar bajo otra línea el crimen cometido, y aunque las vidas de todas las personas valen lo mismo, hay que decirlo, no a cualquiera le privan de la vida por la forma de vestir, por la forma de amar y por la forma de ser libres.
La vida es un derecho fundamental del que parte la existencia, por lo tanto, a nadie le corresponde arrancarla y mucho menos de las peores maneras como golpizas, asfixias, tortura como lapidación y el uso de productos químicos. Otras armas empleadas van desde desarmadores y martillos, hasta machetes y motosierras. Las golpizas se dan tanto por los puños como con otros objetos.
Zoé, la mujer número 21 que sufre un ataque con ácido en México, Jalisco. Desde el 2000, según un conteo de la activista Carmen Sánchez y la investigadora Ximena Canseco para la Conapred, esas agresiones tienen una profunda carga simbólica machista. Dejar el rostro desfigurado y el cuerpo de la víctima la estampa de su crimen, de su celo, de su odio, una huella imborrable y dramática.
La ONU considera a los ataques de ácido una devastadora forma de violencia de género y de transfobia. El Fondo de las Naciones Unidas apunta el uso de los productos como el ácido sulfúrico que se extraen muchas veces del motor de los coches o motocicletas. Es un acto premeditado con que el agresor persigue un objeto claro, tiene la intención de causar daños físicos, psicológicos brutales a la víctima, de provocarle graves cicatrices y condenarla al olvido.
Los crímenes de odio motivados por la orientación sexual, identidad, expresión de género cometidos en contra de integrantes de nuestra población LGBTTTIQ+ van en aumento.
Es lamentable que la violencia en nuestra población LGBTTTIQ+ siga en aumento y más lamentable es que desde los espacios legislativos federal y locales no se haya avanzando con los cambios en los códigos y normas en la materia para poner castigos ejemplares a quienes cometen estos homicidios, pues he de mencionar que quienes se atreven a arrebatarle la vida a una personas integrante de nuestra población lo hace con todo el odio y la saña que implica la fobia hacia nuestra población gay, lesbiana, bisexuales, transgénero, transexuales, trasvestis, intersexuales, no binarias y todas aquellas identidades y orientaciones sexuales no convencionales.
Lo hemos visto en numerosos casos y los patrones de conducta se repiten. El cuestionamiento que prevalece es: ¿por qué aún no tenemos en las cárceles a homicidas por homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia? Por lo que los homicidios cometidos hacia integrantes de nuestra población LGBTTIQ más no son clasificados como crímenes de odio motivados por la orientación sexual o la identidad o... de género, y siguen siendo crímenes pasionales o suicidios inesperados.
Por este motivo, no hay esas estadísticas y es por ese motivo que debemos de ponerle el alto precisamente a estos crímenes y tipificarlo como debe de ser. Debemos robustecer el andamiaje jurídico y puntualizar los agravantes por odio que los protocolos ya existentes de actuación para el Poder Judicial, fiscalías, procuradurías deberán ser aplicados en las investigaciones y terminen finalmente siendo clasificados e investigados como lo son en realidad.
Yo les pregunto, este no es un tema de colores partidistas, yo les pregunto, es un tema de derechos humanos, es un derecho de dignidad y repito, yo les pregunto, ¿hasta cuándo vamos a voltear ante esta situación y que desafortunadamente estamos viendo día a día estos crímenes?
En el caso de anoche, en el estado de Veracruz, el cual es uno de los estados más agresivos para nuestra población LGBTTIQ más, se registró otro crimen. Yo les invito, compañeras, compañeros y compañeres, a que nos sumemos y apoyemos esta iniciativa. Apoyemos a que realmente haya esa dignificación para nuestras poblaciones y no tengamos que lamentarnos, porque sabemos que tenemos familiares de nuestra población, cualquiera de nosotros, nosotras y nosotros tenemos familiares de nuestra población y es muy triste esa realidad.
No permitamos que lloren más nuestros familiares, no permitamos que sigan avanzando estos crímenes y dignifiquemos a nuestra población al aprobar esta iniciativa y que podamos seguir avanzando en ir erradicando este tipo de situaciones... hacia nuestra población. Es cuanto. Gracias.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Gracias, diputada Luévano. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Diversidad, para su dictamen. Diputada Márquez, ¿con qué objeto?
La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (desde la curul): Por favor, solicitarle a la diputada Luévano si me permite sumarme a su iniciativa.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Diputada Luévano, está la solicitud por parte de la diputada Márquez para sumarse a su iniciativa.
Les pediría a todos los diputados y a las diputadas que deseen sumarse, que pasen si nos hacen el favor, con la Secretaría General para que puedan inscribir su firma y sumarse a la iniciativa de la diputada Luévano Luna. Reitero, túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Diversidad para su dictamen.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Ahora tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 4o. y 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, diputada Castell, tiene usted la palabra.
La diputada María Teresa Castell de Oro Palacios: Gracias. Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Adelante, tiene usted la palabra.
La diputada María Teresa Castell de Oro Palacios: Compañeras, compañeros diputados en México uno de los principales problemas que hemos padecido históricamente es la carencia de información sobre el impacto de los programas públicos. Esto, ha motivado a las distintas administraciones federales a cortar de tajo buenos programas e implementar de cero a algunos otros, aun cuando los programas anteriores pudieran tener buenos resultados, la falta de una medición técnica vuelve complicado darles continuidad.
Lo anterior, se vuelve aún más complejo al hablar de políticas enfocadas a nuestros jóvenes, ya que son un sector poblacional distinto con carencias y retos propios. Por lo anterior, es que hoy presento ante esta soberanía una iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para dotar al instituto con la facultad de realizar evaluaciones no solo a su actividad, sino a toda aquella relacionada con nuestros jóvenes. Es decir, buscamos que a través del Injuve la política federal enfocada en la juventud pueda contar con un estudio técnico de factibilidad, así como la evaluación de resultados.
La Cepal define a la evaluación como la actividad que permite valorar el desempeño de la acción pública sea en forma de un programa, proyecto, ley o política sectorial, etcétera. Básicamente, la evaluación nos permite medir si la acción gubernamental está llegando realmente a la población objetivo porque es fácil debido a la complejidad del país y de sus problemas públicos que el fin de los programas no se concrete o bien que se presenten externalidades que eviten que dicha población objetivo sea alcanzada.
Ejemplos hay muchos, como el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde la opacidad y la falta de mecanismos de evaluación no permite saber con certeza el impacto real que este programa está teniendo, por ello, la evaluación es un elemento fundamental para todas las políticas, planes y programas de gobierno.
Por una adecuada evaluación es posible replicar modelos exitosos que han funcionado tanto en el país como en otras latitudes o bien para realizar los cambios pertinentes sobre la marcha cuando las cosas no están funcionando. Por eso es necesario dotar a las instituciones, como el Injuve, con la capacidad de realizar evaluaciones de la política pública enfocada a la juventud.
Los jóvenes son no solo un sector de la sociedad, sino el futuro de este país. no basta con que Injuve se dedique a simplemente realizar conciertos o exposiciones. Hay que transformar a este organismo para que realmente pueda ser un faro de apoyo para la juventud mexicana. Y esto lo podemos lograr solamente a través del fortalecimiento de sus capacidades institucionales.
Es momento de dejar de pensar que a los jóvenes solo les interesa la diversión o que sus inquietudes son banales. Tenemos que sentar las bases para que exploten su talento, es necesario revertir la dolorosa cifra que indica que, de los 37 millones y medio de jóvenes censados en 2020, 16 de ellos están en pobreza. Y, ante la falta de evaluación, no resulta posible saber cuántos de ellos salen de esta. quienes son beneficiarios de la actividad del Injuve o qué estrategia hay que seguir para lograr mayor alcance, porque es claro que lo que no se mide no se puede mejorar.
Por eso, a través de esta iniciativa pretendemos que la política enfocada a la juventud sea hecha precisamente por jóvenes y para jóvenes, pero sí que empiece a funcionar como un control interno para posteriormente evolucionar el concepto.
Es momento de trabajar por una verdadera inclusión en la juventud mexicana para que no solamente se queden esperando los programas sociales, sino que formen parte de todo el ciclo, desde su creación, implementación y evaluación.
Con la evaluación que se propone también podremos enfrentar la corrupción, que desafortunadamente no ha sido desterrada de la administración pública, porque, tal como lo mencionó Kofi Annan, exsecretario de la ONU, si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento. En Acción Nacional concretar esta transparencia deberá de ser con los mecanismos adecuados de evaluación. Muchísimas gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, diputada Castell. Túrnese a la Comisión de Juventud para su dictamen correspondiente.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para crear un registro sobre los datos estadísticos e informativos de las niñas, niños y adolescentes que han quedado en condición de orfandad. Adelante, diputada Bonilla.
La diputada Raquel Bonilla Herrera: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Adelante.
La diputada Raquel Bonilla Herrera: Compañeras y compañeros diputados, los menores de edad son el sector de población altamente vulnerable, requieren de atención interdisciplinaria por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, donde se involucren temas como psicología, salud, educación, así como implementación de programas de carácter social que garanticen su adecuada atención y protección de sus derechos humanos.
La Unicef ha señalado que la pandemia ha impactado a los hogares de las niñas, niños y adolescentes, registrándose un incremento en los casos de hambruna, mala nutrición, incremento en la pobreza, en el núcleo familiar, abusos y violencia, así como situaciones de ansiedad y depresión, afectando su salud mental.
Según cifras publicadas en diversos estudios señalan que en México existen cerca de 131 mil 325 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por causa del Covid-19. Ante tal situación de desamparo en que está inmersos estos pequeños niños, niñas y adolescentes, la iniciativa que presento a la asamblea está enfocada a reformar diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de protección en situación de orfandad.
La propuesta está encaminada a establecer la coordinación entre los registros civiles de las entidades federativas y el Sistema Nacional de Protección Integral, para elaborar un registro confiable y seguro que otorgue certeza sobre los datos estadísticos e informativos sobre las niñas, niños y adolescentes que han quedado en condición de orfandad.
En este contexto también se prevé que las entidades federativas y el gobierno federal promoverán, garantizarán, protegerán y restituirán los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en estado de vulnerabilidad por orfandad.
Para tal efecto, los tres niveles de gobierno se coordinarán para establecer acciones a ejecutar en un ámbito de sus respectivas competencias, enfocadas a la atención e implementación de las estrategias, acciones, planes y programas en beneficio de los menores de edad en orfandad.
Asimismo, se señala que las leyes federales y locales dispondrán instrumentos y mecanismos de apoyo de carácter social, psicológico, de salud, educativo, para la atención inmediata de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, salvaguardando el interés superior de la niñez y restitución integral de sus derechos.
No hay que olvidar que es obligación del Estado mexicano velar por el interés de la niñez y es momento de establecer lineamientos para evitar que los menores de edad, en situación de orfandad, queden en el abandono y que su futuro se convierta en incierto.
Es lamentable la pérdida de un ser querido. El proceso de afrontar la depresión que envuelve hoy a nuestras niñas, niños y adolescentes es enorme. Hacen ellos un gran esfuerzo por no colapsar y, por tal motivo, resulta imperante su atención con el objetivo de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posible para la niñez y que este no afecte su futuro.
No olvidemos, compañeras y compañeros diputados, que en nuestra Constitución se encuentra plasmada la obligación de todas las autoridades de nuestro país, ejecutivas, legislativas y judiciales, a velar, proteger y garantizar el interés superior de la niñez. Es cuanto, presidente.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada Raquel Bonilla Herrera. Y túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor de esta Cámara de Diputados la leyenda En Memoria al Personal de Salud que Dio su Vida para Salvar la Nuestra en la Pandemia Covid-19.
La diputada Laura Imelda Pérez Segura: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Laura Imelda Pérez Segura: Compañeras y compañeros legisladores, las afectaciones por la pandemia han sido de diversas índoles, a dos años de que el coronavirus apareció en el mundo hemos tenido que desaprender, aprender y volver a aprender hábitos para preservar nuestra vida.
No cabe duda que no somos las mismas personas que en el 2019. No solo pasó el tiempo, sino que vivimos una crisis mundial sanitaria. A diario nos colocamos el cubrebocas, que incluso tenemos de diferentes colores, personalizados, decorados. Nos miden la temperatura en cualquier lado, usamos gel antibacterial más de tres veces al día, muchas más y nos reunimos con un límite de conglomeración que obedece a la sana distancia.
Otra realidad que cambió abruptamente fue la realidad de las y los médicos, que no han parado en ningún instante durante esta pandemia, cumpliendo a cabalidad el juramento hipocrático que hicieron al terminar su carrera.
De igual modo, tampoco han parado las demás personas que conforman el sistema de salud de nuestro país. Su experiencia en este tiempo de pandemia ha implicado difíciles retos, el agotamiento por largas jornadas de trabajo, los efectos que implica el uso continuo de las mascarillas y los trajes de protección, la impotencia de perder pacientes ante esta enfermedad, además de tener un alto riesgo de contagio por la alta exposición que ellas y ellos tienen.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el período comprendido de enero de 2020 a mayo de 2021, alrededor de 180 mil trabajadores y trabajadoras de la salud y el cuidado en el mundo, lamentablemente fallecieron a causa del Covid-19.
En México, de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud, al 11 de octubre de 2021 se han registrado 4 mil 484 defunciones confirmadas y 125 defunciones sospechosas del personal de salud a causa de la pandemia, cifra que se suma al luto en esta terrible pandemia.
Esta iniciativa que hoy presento es para inscribir en el muro de honor de este recinto legislativo la leyenda: En memoria al personal de salud que dio su vida para salvar la nuestra en la pandemia de la Covid-19. La Cámara de diputadas y diputados creó este muro de honor para reconocer a aquellas personas que han dado a México su grandeza y lo han llevado a ser, ante el mundo, un ejemplo de país.
Es por lo anterior que la coyuntura nos demanda reconocer a estos héroes y a estas heroínas que no solo dieron su conocimiento, su tiempo, su valentía y vocación de cuidado por la salud de muchas y muchos mexicanos, sino que dieron incluso, su vida.
México estuvo y sigue en sus manos. Por las familias y amistades que siguen recuperándose de la pérdida de aquellos y aquellas que con vocación continuaron con la heroica tarea de atender, dentro de esta pandemia, a cada persona enferma. Tenemos que imprimir, en este recinto, su labor. No quedarán olvidados.
Hoy, la mayoría tenemos a alguien cercano que gracias al trabajo de estos héroes y estas heroínas, están con nosotros. Un reconocimiento a las y los médicos, enfermeras, enfermeros, estudiantes de medicina, a las y los integrantes del personal del servicio de limpieza, administrativos, y a cada una y uno de aquellas personas que integran el sistema de salud mexicano.
Por todas las personas que no regresaron a casa a descansar y a disfrutar con los suyos, después de una jornada que implica la difícil tarea de afrontar una enfermedad sin cura y potencialmente mortal. Por ellas y por ellos, hago esta solicitud.
En este momento quiero solicitar respetuosamente a la Mesa Directiva, ojalá me la obsequie, presidenta, un minuto de aplausos para las y los médicos, así como todo el personal de salud que no regresaron a casa por causa de la Covid-19 y por aquellas personas que siguen sirviendo desde la primera línea de combate contra la pandemia. Ojalá me obsequie el minuto, diputada presidenta. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada Laura Imelda Pérez Segura.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Vamos a conceder el minuto de aplausos por las víctimas del Covid y por, también, todos aquellos que salvaron muchas vidas.
(Minuto de aplausos)
La diputada Laura Imelda Pérez Segura: Muchas gracias. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La diputada Laura Imelda Pérez Segura: Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 9 y 30 de la Ley General de Educación.
La diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas: Gracias. Compañeras y compañeros diputados. Tener derecho a la educación implica dar a la enseñanza un valor fundamental para el desarrollo de las personas libres y responsables. La educación, como eje fundamental del desarrollo de un país juega un papel central en la definición y aplicación de políticas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades.
Los programas sustentados en la equidad y encaminados a la prevención de la exclusión social deben de ser una prioridad dentro de los programas educativos de un país. Que incluso hoy se está haciendo un gran esfuerzo para lograr que este país sea verdaderamente incluyente y que los más vulnerables tengan la oportunidad de tener una beca, un apoyo, un incentivo.
Hoy en día los temas de equidad y calidad en la educación se encuentran totalmente en boga y están sobre la base de las reformas educativas de los países. Las políticas compensatorias, como los programas y campañas educativas que promueven la calidad en la educación, la igualdad de acceso y la eliminación de los obstáculos que impiden la participación activa de los grupos con mayor rezago educativo son el medio para lograr una sociedad más justa y verdaderamente democrática. Que la regulación de las becas y ayudas al estudio tengan en cuenta la necesidad de los alumnos con discapacidad, ya que tienen que hacer frente a mayores desafíos, a mayores desembolsos económicos para superar las desventajas al ejercer su derecho a la educación.
La importancia del tema de la equidad radica en la necesidad de construir una sociedad con igualdad de oportunidades, en la que el respeto por las diferencias sea la base de las relaciones entre las personas. En la educación la política de equidad trata de garantizar el derecho a la educación, expresando como igualdad de oportunidades para el acceso, permanencia y logro educativo de las niñas, niños y los jóvenes del país. Aquí la igualdad de los grupos menos favorecidos en el acceso a la educación representa grandes beneficios a las familias y a la sociedad en su conjunto. Si bien en México se observan grandes avances en la incorporación de estos a la educación en las últimas décadas, subsisten todavía algunas inequidades.
Este tema ha sido tratado por otros legisladores de nuestra bancada en diferentes tiempos, pero no ha sido favorecido para tomarse en cuenta. Por lo que, en el afán de hacer justicia a los grupos menos beneficiados, retomo este tema. Por lo cual, en mi iniciativa propongo, en el artículo 9o. que se otorguen becas a educandos con discapacidad permanente en todo nivel educativo, sin requerirles de un promedio mínimo, que cursen la educación básica, media y superior, que se encuentren estudiando y que no sean beneficiarios en ningún otro sistema de becas educativas, las cuales fijarán como requisito acreditar la discapacidad permanente por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, o sus homólogos en los estados y municipios.
Además, en el artículo 30 solicito promover la equidad a través de la justa distribución de los servicios educacionales, a fin de lograr la mejor calidad y una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso para todos los individuos con discapacidades.
Es un tema que trastoca a todas las regiones de nuestro país. Sabemos que hay muchas personas con un talento académico, pero con una discapacidad permanente. Sería un gran motivante, sería esa alternativa para que se privilegie el desarrollo académico de nuestro país y que podamos aprovechar esas mentes brillantes. Compañeros, yo lo invito a que se sumen a esta iniciativa y a que logremos que llegue a una solución de manera positiva. Les agradezco mucho y que tengan muy buen día. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez: Presento esta iniciativa al artículo 116 constitucional como parte del reconocimiento que la cuarta transformación y el presidente más pro migrante que hemos tenido en la historia, Andrés Manuel López Obrador, hace como reconocimiento a quienes hemos contribuido al sostenimiento de este país.
Se trata de que estas figuras de la diputación migrante sean previstas en todos los Congresos de los estados. Es una disposición que impulsa algo que ya se viene reconociendo en entidades con amplia tradición migrante como Zacatecas, Michoacán, Guerrero, la Ciudad de México.
Hemos tenido lamentables experiencias también, caso como el de Chiapas, pero se trata precisamente de poner al frente a quienes estuvieron históricamente dejados atrás por el régimen de la derecha. Los que menos tienen, primero los pobres, de eso se trata, y hoy aquí precisamente estamos quienes hemos tenido que abandonar el país por distintas circunstancias, principalmente por pobreza y por violencia.
La negación del Estado de derecho, sembraron pobreza y nosotros cosechamos remesas, millones de dólares hoy colocan a nuestro país como el tercer principal receptor de remesas, por detrás solo de la India y prácticamente en igualdad de circunstancias de países como China.
No es un orgullo, porque como lo ha dicho el presidente de la República, se trata de que aquellos quienes abandonemos el país lo hagamos por un proyecto de vida y no para salvar nuestra vida, no por un asunto de subsistencia. Hemos vivido, especialmente los que residen en Estados Unidos, en una situación de opresión con la imposibilidad de ejercer derechos políticos tanto en nuestra patria como en donde vivimos.
Es ese reconocimiento a estos otros héroes que habían quedado en el olvido y hoy, precisamente, se les reconoce, millones de mexicanos, 30 millones de origen mexicano que estamos en Estados Unidos. Recibimos con algarabía al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta cumbre reciente de los mandatarios de América del norte y los migrantes le expresábamos a nuestro presidente que es honesto y valiente, así es nuestro presidente, así lo recibimos en Washington y con mucho más afecto del que le profesan los estadounidenses a Biden o los canadienses al propio Justin Trudeau.
Entonces, de eso se trata, darle cabida a quienes no habíamos tenido cabida en esta sociedad, hoy lo vemos aquí. Quienes me han antecedido son precisamente voces que representan a quienes habían quedado marginados por esta derecha que se resiste a dejar el poder. Esa derecha que quiere sabotear los grandes proyectos nacionales, que no les gusta la idea de que el presidente haya invertido millones de pesos en el sureste, el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, el Transístmico, el aeropuerto de aquí mismo, de la Ciudad de México, todos esos proyectos que habían sido dejados a un lado, que no se había invertido en la gente, el Sembrando Vida, y los migrantes también hemos planteado que más que pedirle recursos a nuestro gobierno, queremos contribuir y nos gustaría a los clubes y federaciones de los mexicanos residentes en el extranjero, abonar al Sembrando Vida y acompañar las iniciativas.
Si Estados Unidos y Canadá están convencidos de que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Sembrando Vida puede resolver y abordar la migración desde sus causas, naturalmente los migrantes también lo haremos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Itzel Josefina Balderas Hernández: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Itzel Josefina Balderas Hernández: Muchas gracias. Saludo con gusto a esta asamblea. Convertirse en madre es, sin duda, una de las alegrías más fuertes que podemos llegar a sentir algunas mujeres.
Probado está que las primeras semanas y meses en la vida de un recién nacido son fundamentales para que pueda desarrollarse. En este lapso el bebé necesita a su madre para afianzar el vínculo que crearon durante la gestación.
En México, de acuerdo con la Constitución y la Ley Federal del Trabajo las mujeres que laboramos disponemos de una licencia de maternidad de 12 semanas, 6 antes y 6 después del nacimiento. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo con quien México tiene firmado un convenio internacional considera que 14 semanas de licencia de maternidad es el tiempo que se requiere para asegurar un mejor desarrollo del recién nacido.
El convenio número 183 con la Organización Internacional del Trabajo que impulsa la protección de la maternidad cuando la mujer ha incursionado en el mercado laboral, también establece que toda mujer que se ausente del trabajo por licencia de maternidad tendrá derecho a percibir prestaciones en efectivo que le garanticen su mantenimiento y el de su hijo en condiciones de salud y nivel de vida apropiados.
La reforma que promuevo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es a la fracción V, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las mujeres gocen forzosamente de un descanso de 7 semanas anteriores a la fecha fijada para el parto y 7 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro, conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo.
Considerando las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, es necesario homologar la legislación mexicana con el convenio citado anteriormente.
En México, la maternidad sigue siendo fuente de discriminación en el empleo e impedimento para tener acceso a una oportunidad laboral, persiste la destitución de mujeres embarazadas aún cuando cuentan con protección legal. La discriminación contra las mujeres a causa de su papel reproductivo sigue siendo la barrera principal para la consecución de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo entre hombres y mujeres.
Por eso, parte de las políticas para aumentar la tasa de participación laboral de las mujeres podría ser justo esta reforma que someto a su consideración para garantizar las 14 semanas que internacionalmente se consideran necesarias para afianzar el vínculo entre madre e hijo. Como diputados, como diputadas, contribuyamos al mismo tiempo al sano desarrollo del recién nacido, su salud emocional y la tranquilidad de las mujeres trabajadoras. Es cuanto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada Itzel Josefina Balderas Hernández. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud.
La diputada Frinné Azuara Yarzábal: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Frinné Azuara Yarzábal: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Se imaginan ustedes el terror de despertar un día y no saber quién eres ni cómo te llamas ni en dónde estás ni reconocer a tus seres queridos. Qué duro para la familia. Debe ser una sensación indescriptible, pues eso les pasa a las personas que padecen de la enfermedad del Alzheimer en una etapa muy avanzada.
Las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, ligadas a algún tipo de demencia toman principal relevancia en temas de salud pública en la actualidad. La gravedad del problema se multiplica con el paso de los años, ya que afecta principalmente a toda la población adulta, lo cual implica una repercusión en el estado funcional de las personas mayores de 65 años.
El Alzheimer es una enfermedad que se manifiesta de manera silenciosa, es progresiva e irreversible, provoca el deterioro de la memoria, el pensamiento y la conducta, afectando de forma gradual la funcionalidad de la persona y su capacidad para realizar sus actividades cotidianas. En su etapa más avanzada depende ya totalmente de los cuidados de sus familiares.
Los estudios realizados sobre el Alzheimer no logran definir con exactitud las causas que la originan, por lo que resulta difícil determinar qué personas están en riesgo de padecerlo. No obstante, existen algunos factores de riesgo registrados, como los son: la edad, la herencia familiar y los estilos de vida.
Esta enfermedad va en aumento y a nivel mundial se calcula que ya ha afectado a 50 millones de personas. En México ya ha alcanzado a un millón. El Alzheimer se encuentra dentro de las primeras 15 causas en las que se debería poner especial énfasis, debido a los altos índices de mortalidad ya registrados. Tan solo en 2017 murieron 2 mil 300 pacientes a causa de esta enfermedad, de los que pudimos detectar.
Debido a que una de las primeras causas asociadas al desarrollo del Alzheimer es la edad de los individuos, resulta de alta prioridad la presencia de políticas públicas y acciones que refuercen la atención de la población adulta.
Pese a que en la actualidad no se conoce la cura del Alzheimer, es importante reconocer que el progreso de la enfermedad es inminente debido al envejecimiento de nuestra población. No obstante, atender a los pacientes que se encuentran en etapas tempranas puede garantizar el retraso de diversos síntomas.
La poca concientización en la mayoría de los países sobre la demencia, los factores de riesgos asociados y los síntomas hacen que las personas o sus familiares no prevean las consecuencias de la enfermedad, lo que a su vez implica diagnósticos tardíos en lo que las opciones para intervenir son posiblemente nulas o muy reducidas y de mayor costo.
Por un lado, es necesario que se difunda el impacto que tiene la enfermedad para la población y con ello consolidar medidas de detección y atención temprana. Por otra parte, la capacitación del personal de salud encargado de atender a este tipo de población propensa a dicho padecimiento, es de suma relevancia en estos momentos.
Reconocer que la enfermedad de Alzheimer es un problema de salud pública que día con día toma mayor relevancia no solo en México sino en el mundo, obliga a conformar acciones dirigidas a atender la enfermedad.
Por lo anterior, propongo, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, la adición de una fracción al artículo 73 de la general de salud, para establecer que la detección de los trastornos mentales, principalmente el de Alzheimer, deberá realizarse mediante un diagnóstico preclínico o clínico a solicitud del paciente, de algún familiar o por recomendación del médico, tomando en cuenta factores de ascendencia ligados a este padecimiento, a fin de controlas las afectaciones futuras propias de la enfermedad y tener un alto nivel de calidad de vida.
Por esto, yo les pido que aprobemos esta iniciativa, que con el envejecimiento de nuestra población quizá muchos de nosotros, no en un futuro muy lejano, requiramos también de hacer diagnósticos oportunos para poder tener una mejor calidad de vida de todos los mexicanos. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada Frinné Azuara Yarzábal. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen. Adelante, diputada, ¿con qué objeto? Diputada Ma. de Jesús Aguirre. Sonido a la curul de la diputada Ma. de Jesús Aguirre, repito, sonido a la curul de la diputada Ma. de Jesús Aguirre.
La diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Gracias, presidenta. me parece de lo más oportuna la iniciativa que está presentando la diputada Frinné Azuara. Preguntarle si me permite suscribirla.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Diputada Frinné, ¿acepta usted la solicitud de la diputada Ma. de Jesús Aguirre?
La diputada Frinné Azuara Yarzábal: Con mucho gusto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, gracias. Favor de pasar con el compañero Azcoitia, para suscribir esa iniciativa de la diputada Frinné y quienes quieran así hacerlo, pasen por favor a la Secretaría. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Maribel Martínez Ruiz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Maribel Martínez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Maribel Martínez Ruiz: Como bien lo señala, esta iniciativa la presento a nombre del diputado Benjamín Robles Montoya y de su servidora. Compañeras y compañeros diputados, para quienes formamos parte de la cuarta transformación, el combate a la corrupción no es de hecho únicamente un slogan de campaña ni una promesa vacía sin sustento, es una convicción que compartimos con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque al igual que él estamos absolutamente convencidas y convencidos que la corrupción es uno de los principales males que aqueja a nuestro México.
Como él, estamos convencidas que mientras no la erradiquemos, no podremos ser la nación que aspiramos. Hace unas semanas tuve la oportunidad de presentar ante ustedes una iniciativa de reforma al artículo 4o. constitucional, proveniente de la sociedad civil, no solo con el afán de aportar propuestas en materia de combate a la corrupción, sino también de dar voz a todas aquellas propuestas valiosas que tengan el objetivo de abonar al fortalecimiento del Estado de derecho.
El día de hoy tengo la oportunidad de dar voz, nuevamente, a organizaciones de la sociedad civil para presentar una iniciativa de reforma al artículo 113 constitucional, con lo que una vez más demostramos que en la cuarta transformación no desdeñamos la voz de la sociedad civil como la oposición lo ha pretendido hacer ver de manera reiterada.
Y a propósito de la relación entre la sociedad civil y los representantes populares, como lo somos las y los diputados, me parece que vale la pena resaltar una frase que estas organizaciones incluyeron en la exposición de motivos del proyecto. Es fundamental reconocer que el combate a la corrupción es responsabilidad tanto del Estado como de la ciudadanía. Es tan fundamental que, sin la presencia e intervención ciudadana, dicho combate queda muy limitado en sus esfuerzos.
Sin duda, esta reflexión está en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que establecen la participación y contribución de la sociedad en esta materia.
Pero más allá de que sea un principio plasmado en instrumentos internacionales, me congratulo de que las organizaciones crean en esa visión y me alimenta que sumen un papel y un compromiso en el combate a la corrupción, porque tal y como lo señala el prefacio de la propia Convención de las Naciones Unidas, la corrupción es una plaga que tiene efectos corrosivos para la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, la seguridad y hasta los mercados.
Y miren ustedes, también dice que afecta infinitamente más a los pobres, porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión. Ya ven qué razón tiene nuestro presidente López Obrador cuando dice que, por el bien de México, primero los pobres.
Hoy, el combate a la corrupción es una realidad y en esa lucha el presidente López Obrador, no está solo, cuenta con el respaldo incondicional de las y los diputados del Partido del Trabajo y del pueblo de México. En estos primeros tres años de la cuarta transformación, el combate a la corrupción ha ocupado un lugar central en las acciones del gobierno, que no nos quepa duda que así seguirá siendo. Unidad nacional. Todo el poder al pueblo. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Maribel Martínez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Julieta Mejía Ibáñez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Julieta Mejía Ibáñez: Con el permiso de la Mesa Directiva.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante diputada.
La diputada Julieta Mejía Ibáñez: Compañeras y compañeros. Nuestro país no solo atraviesa la emergencia climática, sino también una reiterada violación a los derechos humanos y en particular a los defensores del medio ambiente. A medida que la crisis climática se intensifica, también lo hace la violencia contra las personas defensoras de la tierra.
Tal y como lo refleja un estudio de la Organización Global Witness, el cual ha documentado 30 ataques letales contra personas defensoras del medio ambiente en 2020, registrando un aumento del 67 por ciento respecto al 2019. México es uno de los países más letales a nivel mundial para personas que defienden a nuestro planeta. La impunidad de los delitos contra las personas defensoras sigue siendo sorprendentemente alta. Hasta un 95 por ciento de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal.
Existe violencia estructural en nuestro país, porque desaparecieron los apoyos a las labores de la defensa ambiental, como el Fondo Sectorial de Investigación Ambiental, el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo para el Cambio Climático, por mencionar solamente algunos. Además, el gobierno federal redujo el presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Forestales Protegidas en un 75 por ciento en el año 2020, y sabemos de los recortes del próximo año.
México registra 3 asesinatos en 2016, 15 en 2017, 14 en 2018, 18 en 2019 y 30 en 2020. Es así que derivado de las cifras alarmantes de violencia, Global Witness, en conjunto con otras organizaciones, ha recomendado a la ONU, a través de sus Estados miembros, que se reconozca formalmente el derecho humano a un ambiente seguro, saludable y sostenible.
Desde 1960 el impacto ambiental ha tomado gran relevancia para ambientalistas y organizaciones internacionales. Y para la década de los setenta la ONU comenzó a establecer metas para los países miembros con relación a la preservación del medio ambiente. Aunado a los esfuerzos que realizan organizaciones internacionales, la justicia ambiental ha sido una de las banderas más representativas del activismo, y los movimientos ambientales en México son un claro ejemplo de cómo los movimientos sociales han impactado en el entramado de la ciudadanía durante los últimos 50 años.
Asimismo, se ha demandado que los Estados deben garantizar que las políticas nacionales protejan a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y derogar la legislación utilizada para criminalizarles. Exigiendo también a las empresas que realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus operaciones globales, e investigar y enjuiciar a todos los actores involucrados en la violencia y otras amenazas contra las personas defensoras.
México ratificó en enero de 2021 el acuerdo ante la ONU, en un contexto mundial de crisis sanitaria, y que fue puesto en vigor el 22 de abril, el cual establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio, en el que las personas, grupos y organizaciones promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales, para poder actuar sin amenazas, sin restricciones y sin condiciones de inseguridad.
En los últimos años México ha padecido una grave crisis de derechos humanos, la cual, de acuerdo a Amnistía Internacional, prevalecerá, pues las agresiones contra activistas y personas defensoras se mantendrán latentes ante la falta de reacción y mecanismos protectores por parte del Estado.
En tal sentido, dar el cumplimiento a los acuerdos internacionales, así como fortalecer a las instituciones ya existentes, permitirá a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente continuar con su defensa y con esto garantizar el derecho a la libertad de expresión, pensamiento, reunión y el derecho a la participación política.
Se busca subsanar la poca acción del Estado mexicano respecto de sus obligaciones con otras personas. La propuesta de iniciativa que hoy someto a su consideración tiene por objeto fortalecer la protección de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente mediante la creación de refugios especializados.
Se busca otorgar atención jurídica, psicológica, médica, económica y de cualquier otro tipo, conforme a sus necesidades, bajo la misión de dar una atención óptima a aquellas personas que hayan sido agredidas o que se encuentren en situación de peligro, y así evitar más agresiones a futuro. Y en dado caso que se cometa una agresión, que se haga justicia.
En la bancada naranja estamos convencidos de que la creación de un centro de atención especializado para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente podrá beneficiarlos. Establecer dentro de la ley la protección de personas defensoras de derechos humanos...
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Julieta Mejía Ibáñez: ...y periodistas, la creación de refugios, mismos que serán centros especializados que permitan el resguardo y protección de las personas defensoras. Asimismo, y concluyo, se establece que estos deberán contemplar cuando menos espacios dignos y seguros para la protección de las personas defensoras y, como decía, en palabras del ilustre Premio Nobel...
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Julieta Mejía Ibáñez: ...Mario Molina: “Es tarea de todos nosotros, no solo de los científicos, planear soluciones para nuestro medio ambiente”. Muchas gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Julieta Mejía Ibáñez. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene el uso de la palabra, hasta por minutos, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes. La migración ha formado parte fundamental en la historia universal de México y de todo el mundo.
Hoy en día no podríamos concebir al mundo como lo conocemos sin la movilidad de mujeres y hombres alrededor de todos los países. Desgraciadamente, muchas y muchos de nuestros mexicanos tuvieron que dejar sus comunidades de origen, sus familias, sus tradiciones, sus costumbres a las personas que más quieren solo por el hecho de que no encontraban aquí, en su país, las oportunidades necesarias para tener mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.
De acuerdo con los datos del Instituto de Mexicanos en el Exterior, sabemos que actualmente existen alrededor de 12 millones de mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, y que nuestras paisanas y paisanos han tenido que enfrentar diversos obstáculos no solamente económicos, sino también laborales y culturales en un país ajeno al suyo.
A pesar de ello, la solidaridad y el compromiso social que siempre diferencia a las y los mexicanos ha perdurado en su estancia en el extranjero y, por ello, es que muchas y muchos de nuestros migrantes han decidido organizarse para defender sus derechos fuera de México, pero también, para tenderle la mano a sus connacionales cuando estos lo han necesitado.
En este sentido, compañeras y compañeros diputados, es que presento la iniciativa de adición al Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que este órgano legislativo emita una medalla al mérito migrante. La propuesta es hacer un reconocimiento claro hacia el trabajo y el esfuerzo que han realizado diversos líderes de organizaciones, asociaciones, federaciones y confederaciones de migrantes mexicanos, cuya trayectoria haya destacado o incidido en la lucha social, cultural, económica o de derechos humanos en favor de las y los mexicanos en el exterior.
Cabe destacar que en el año 2016 esta Cámara de Diputados decidió entregar la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri al compañero migrante José Luis Solórzano Zavala, quien resaltó por su activismo social en favor de los derechos laborales de sus paisanas y paisanos y que, incluso, les ayudó a encontrar fuentes de empleo cuando la política restrictiva de Estados Unidos los estaba perjudicando y no tenían mayores oportunidades.
Compañeras y compañeros diputados, nuestras y nuestros connacionales nos están escuchando y viendo desde este momento desde el Canal del Congreso, ya que están al pendiente de todas las acciones que realizamos y promovemos desde esta máxima tribuna del país, y por ello les quiero pedir a todas y todos ustedes que votemos a favor y seamos corresponsables con la enorme contribución que hacen en el apoyo social y también para el desarrollo de nuestra economía aquí en nuestro territorio nacional, nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior.
Ya lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestras y nuestros migrantes son héroes vivientes, héroes que están en la historia y que en este sentido les decimos, compañeras y compañeros, que desde esta Cámara de Diputados les hacemos el más grande reconocimiento porque honor a quien honor merece.
Que vivan nuestras mexicanas y mexicanos que radican en el exterior. Que vivan las mujeres y hombres que han hecho patria fuera de su país y que representan a las y los mexicanos con gran dignidad, llevando en el corazón la bandera de México. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Julieta Kristal Vences Valencia. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 156 del Código Civil federal. Perdón, diputada Vanessa del Castillo, perdón. Adelante, diputada.
La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (desde la curul): Gracias, presidenta. Solo para, además de felicitar a mi compañera diputada Julieta Vences, preguntarle si me permite adherirme a su iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Diputada Julieta Vences, ¿permite usted a la diputada que acaba de hacer uso de la palabra? Sí, sí la acepta. Muy bien. Adelante, diputada, favor de pasar con Alejandro Azcoitia en área de secretarías, para hacer lo conducente. Adelante, diputada Salma Luévano. Tiene usted el uso de la palabra.
La diputada Salma Luévano Luna: Con su permiso, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
La diputada Salma Luévano Luna: Buen día a todas, todos y todes. Reforma al Código Civil en materia de matrimonio entre personas con VIH o Sida. Una de las decisiones en la vida de las personas es la de contraer matrimonio, figura jurídica que a lo largo del tiempo ha evolucionado desde su significado hasta en sus fines, lo cual se sostiene en cuanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que el matrimonio no tiene como finalidad procrear ni tampoco aquella que celebra solamente entre un hombre y una mujer, sino que el principal objetivo del matrimonio entre personas del mismo sexo de nuestra población es de ayuda mutua, sí, de ayuda mutua.
Otro rasgo desafortunado en torno al matrimonio es la discriminación de normas civiles que anteponen una condición de salud para poder contraer matrimonio, lo que excluye a parejas cuando una de ellas, o ambas, padecen una enfermedad de transmisión sexual crónica, degenerativa como el VIH para tener acceso a la institución del matrimonio, situación que no encuentro justificación cuando la base fundamental de esta figura como ya se dijo es la ayuda mutua.
Es momento de revisar cada uno de los marcos públicos que existen actualmente para que sea el mismo Estado quien propicie una vida digna a quienes viven día a día con esta condición de salud sean o no parte de nuestra población de la diversidad sexual, para que sean acordes con lo ya señalado por personas juzgadoras que señalan que quienes viven con VIH son constantemente discriminadas, lo que afecta directamente el derecho de igualdad y no discriminación de les persones porque se genera un entorno social en que las o les persones recibirán un trato distinto en atención a su condición de salud que esa una de las categorías que el sexo ... expresamente presume como discriminatorias, dado que el establecerse de una prohibición para contraer matrimonio con motivo de su estado de salud genera una denigración de la persona en su dignidad humana e indirectamente genera la anulación o menoscabo de otros derechos o libertades como son el libre desarrollo de la personalidad al derecho a formar una familia entre otres.
Aquí, quiero hacerles este llamado y poner en la mesa compañeros, compañeras y compañeres que de por sí nuestra discrimina, la situación hacia nuestra población es una discriminación constante, día a día y más en nuestro sector trans, sí, y todavía el prohibirnos contraer este derecho, este derecho que es un derecho el cual necesitamos como personas, como seres humanos, como seres humanos porque es un derecho de acompañamiento, es un derecho de amor, es un derecho hasta de hermandad.
Eso es lo que realmente representa para nuestra población LGBTIQ+ el matrimonio. Y no nos permiten el realizarlo. Y todavía cargar con la discriminación por contraer alguna enfermedad. No permitamos, no permitamos que esto siga avanzando. Hay que ser más humanos, hay que ser más congruentes, hay que ayudarnos, hay que demostrar realmente esa congruencia de esa defensa de los derechos humanos que tanto hemos estado pregonando aquí arriba.
Sumémonos para que realmente esos derechos humanos sean por iguales para todas, todos y todes, porque, como seres humanos, tenemos esos derechos. Y esos derechos tenemos que dalos y propiciarlos como legisladores y como parte en esta toma de decisiones. Yo les invito a sumarse a esta causa y dignificar un poco los derechos hacia nuestra población, y que marquemos –como lo he dicho en otras ocasiones– ese precedente progresista, ese precedente de humanidad y ese precedente de derechos humanos. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Salma Luévano Luna. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para opinión. Sí, diputada Andrea Chávez, adelante, ¿con qué objeto?
La diputada Andrea Chávez Treviño (desde la curul): Para preguntarle a la diputada Salma Luévano si me permite suscribir su iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Diputada Salma Luévano, ¿acepta usted que se suscriba la diputada?
La diputada Salma Luévano Luna: Sí, por supuesto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Claro que sí acepta. Favor de pasar. Adelante, diputada. Por favor, sonido a la curul de la diputada Mónica Vanessa del Castillo. Erika, perdón. A ver.
La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (desde la curul): Gracias, presidenta. Igual, preguntarle a mi compañera diputada si me permite sumarme a su iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Diputada, ¿acepta usted?
La diputada Salma Luévano Luna: Claro que sí acepto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputadas. Favor de pasar ustedes, dos diputadas, y quien así lo desee con Alejandro Azcoitia en el área de secretarias para la suscripción en tiempo y forma. Adelante. Gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene el uso de la palabra la diputada Noemí Berenice Luna Ayala para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.
La diputada Noemi Berenice Luna Ayala: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
La diputada Noemi Berenice Luna Ayala: Hoy más que nunca en el país necesitamos reforzar y tener propuestas que fortalezcan el sistema federalista. Necesitamos que los municipios cuenten con las herramientas necesarias para poder cumplir con su labor constitucional.
El federalismo como doctrina y sistema de organización jurídica tiene su base en la asociación voluntaria de las partes, pero, sobre todo, en la delegación proporcional de la soberanía. Por eso, es preocupante que los más de 24 mil municipios de este país ahora no cuenten con el presupuesto necesario para cumplir con las labores que el artículo 115 les encomienda.
Es justamente en este nivel de gobierno donde se presentan las necesidades básicas de las y los ciudadanos. Son las alcaldesas y los alcaldes quienes deben de darle la cara en la primera línea de batalla a los ciudadanos, cumplir con el alumbrado público, cumplir con que los panteones estén bien, con los rastros, entre otras muchas actividades.
Por eso, mi propuesta en concreto es reformar el artículo 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para que pasen de un 20 por ciento a un 30 por ciento las participaciones federales de los estados y municipios. Esta propuesta pretende dotar de más recursos para que puedan, como ya lo dije, cumplir con sus labores básicas.
Muchos de los municipios, incluidos los de mi estado Zacatecas, lamentablemente ya se han declarado en quiebra operacional. Dejaron de ser autoridades que fueron legítima y legalmente electas por los ciudadanos, para convertirse en simples pagadores de nóminas, en el mejor de los casos, porque la herencia de pasivos y de adeudos se ha ido incrementando día con día.
En esta Cámara recibimos a más de 350 alcaldes justamente en la discusión del presupuesto y lamentablemente no hubo oídos que atendieran a sus necesidades. Una de sus principales prioridades es la distribución de los recursos, estableciendo bases más equitativas y justas para el desarrollo de las ciudades y comunidades que gobiernan.
Todas y todos aquí sabemos que sus demandas son válidas. Sin embargo, como ya dije, sus peticiones no fueron escuchadas y estamos hablando de autoridades emanadas de todos los partidos políticos. Por eso los invito a que tomemos en cuenta esta iniciativa y que fortalezcamos el sistema federalista que nos hemos dado nosotros como sistema jurídico de gobierno. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada Noemi Berenice Luna Ayala. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Sí, adelante, diputada Ma. de Jesús Aguirre, ¿con qué objeto? A ver, sonido, por favor. Compañeros que están en la parte de asistencia técnica, favor de brindar el sonido a las curules de las diputadas y los diputados con oportunidad. Adelante.
La diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Preguntarle a la diputada Noemí, si me permite suscribir su iniciativa, toda vez que es tan importante que lleguen recursos a los municipios de nuestro país.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Diputada Noemí Berenice Luna Ayala, ¿acepta usted que Ma. de Jesús Aguirre, nuestra diputada se adhiera? Sí acepta. Adelante, favor de pasar con Alejandro Azcoitia en área de Secretaría, para suscribir la iniciativa. Vuelvo a repetir, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Continuamos. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 122 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho: Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero platicarles rápidamente una historia. Martha es madre soltera de María, de ocho años. Un día conoció a Manuel de quien se enamoró, después de tres meses se fueron a vivir juntos, él era un taxista que constantemente cambiaba de empleo. Ella trabajaba como empleada en un comercio. Desafortunadamente, durante la pandemia, mientras estaban las escuelas cerradas, no tuvo más que dejarle encargada a su hija con su pareja, mientras ella trabajaba.
Ella empezó a notar cambios de comportamiento en su hija y su pareja solo le decía que eran berrinches de la niña. Desafortunadamente, dos meses después, un día llegó a su casa y encontró a su hija muerta y violada. Su pareja está desaparecida. Manuel tenía antecedentes de agresiones y violencia sexual con niñas y ella nunca se enteró.
Esta historia desafortunadamente cada vez más es más común en nuestro país, las cifras así lo muestran. La UNICEF estima que, en México, el 62 pro ciento de las niñas y de los niños han sufrido maltrato en algún momento de su vida y 5 por ciento han sido víctimas de violencia sexual.
Los datos del sistema de justicia penal muestran que, alrededor del 50 por ciento de los delitos cometidos contra las niñas, niños y adolescentes, se relacionan con actos que atentan contra su integridad física, lesiones, abusos sexuales, violaciones y homicidios. Y, al observar las diferencias por sexo, las mujeres fueron las principales víctimas de abuso sexual, amenazas y violación. Y los hombres, los niños, principalmente por lesiones.
Además, una cantidad significativa son obligados a trabajar, a prostituirse o a realizar prácticas pornográficas o algunos desafortunadamente también son víctimas de tráfico humano.
Durante los últimos años, México se ha enfrentado a un incremento de la violencia infantil. No hay pruebas de que estas tasas estén disminuyendo, las agresiones contra los niños aumentan cuando son pequeños, pues son más vulnerables a ser lastimados, aún incluso con la simple violencia emocional.
Somos el país de América Latina más violento con las niñas y con los niños. La violencia contra las mujeres y los niños es la otra pandemia, pero déjenme decirles algo peor, esta es la pandemia que nadie quiere ver, la violencia contra los niños y las niñas. Y nadie la quiere ver porque muchos de estos casos se dan al interior de la familia, en complicidad o en el silencio de los propios familiares.
Muchos de los agresores son padres, hermanos, primos, tíos y por eso cuando esto se genera entre la propia familia, se minimiza el hecho, se tapa o se olvida, dejando a los niños y a las niñas graves secuelas emocionales, físicas e, incluso, terminando con su vida.
Si la impunidad por la violencia contra las mujeres es grave, la impunidad por la violencia para los niños y niñas es doblemente grave. En México, los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, por la exposición pública, la estigmatización, por la desconfianza a las autoridades o por desconocimiento de los derechos.
Pero lo peor es que ni siquiera tampoco tenemos un registro único nacional de cuántos niños han sido agredidos en México, ya que los datos son escasos, incompletos y se encuentran fragmentados. Pero hay algo más triste, no tenemos ni siquiera un registro de agresores que nos permita seguirlos, señalarlos de manera puntual, por lo que es altamente probable que reincidan en total impunidad.
Por ello proponemos contar con el primer registro nacional de niños, niñas y adolescentes, víctimas de la violencia, el cual tendrá dos vertientes:
Apartado 1. Registro privado de datos de niñas, niños y adolescentes agredidos, el cual va a permitir evitar la revictimización y será privado. Tendrán acceso a él las dependencias que por su naturaleza atiendan a las víctimas.
Y, el apartado 2. Un registro público de agresores y agresoras a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sentenciados por violencia física, tráfico de menores, pornografía infantil, abuso sexual, violación, abandono o por deudor alimenticio.
Los agresores de niños y niñas son altamente peligrosos para la sociedad. Por ello es urgente contar con un registro de agresores de niñas, niños y adolescentes que permita a todas las instituciones contar con algún mecanismo que nos permita saber dónde están y quiénes son.
En este sentido y para reforzar lo anteriormente preparado y presentado hace unas horas por el Partido Revolucionario Institucional, esta iniciativa se suma a la Ley Quemón, en la cual estamos proponiendo prácticamente tres registros: registro público nacional de agresores de niños, niñas y adolescentes; registro público nacional de agresores de mujeres y; registro público nacional de deudores alimenticios.
A los agresores hay que señalarlos, hay que identificarlos, para saber dónde están y así evitar que se acerquen a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es nuestro deber defender a los niños y niñas de este país, porque solo así vamos a defender a México. Sí, compañeros, sí es posible hacerlo. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen. Sí, diputados, ¿con qué objeto?
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (desde la curul): Gracias, presidenta. Solo preguntarle a la diputada Melisa si nos permite suscribir su iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Como no, diputada Bernal. Diputada Melisa Estefanía Vargas Camacho, ¿acepta usted la adhesión?
La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (desde la curul): Sí, con mucho gusto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Con mucho gusto. Okey. Por favor, usted y los demás diputados que así lo deseen, favor de pasar de nueva cuenta con el compañero Alejandro Azcoytia en área de secretarías para suscribir la iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Omar Enrique Castañeda González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 34, 42 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El diputado Omar Enrique Castañeda González: Con su venia, compañera presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Omar Enrique Castañeda González: Compañeras y compañeros diputados, las propuestas que he venido presentando aquí, que he turnado a la Mesa para su análisis y discusión en comisiones son producto de foros legislativos que hemos estado llevando a cabo a lo largo y ancho de todo el distrito 2 de Durango. También de inquietudes y planteamientos que nos hace la gente en los recorridos que damos a ras de tierra para traer aquí propuestas reales, concretas, que busquen brindar solución a las necesidades y las demandas que tiene la población en el estado de Durango.
El tema de la vivienda en nuestro país ha sido una de las grandes acciones y situaciones desastrosas que ha tenido el viejo régimen. Hay actualmente en México más de 6 millones de viviendas abandonadas, que han sido producto del contubernio de malos empresarios con gobiernos municipales y estatales que han generado de esto solamente un negocio.
Desafortunadamente, como es el caso de mi municipio, Gómez Palacio, hay constructoras que se han creado ex profeso para desarrollar unidades habitacionales en lugares inaccesibles, o que en el momento eran inaccesibles. Que han generado no solamente polos de pobreza sino también de inseguridad, casas que son utilizadas por el crimen organizado como casas de seguridad, como casas donde se reúnen a llevar a cabo actividades ilícitas.
Esto solamente para que tengan un parámetro. Gómez Palacio tiene 37 fraccionamientos que no han sido entregados, porque desafortunadamente estos malos empresarios, en contubernio con los gobiernos priistas de Gómez Palacio, han iniciado empresas que después de vender y colocar, desafortunadamente con engaños, a trabajadores, a pequeños comerciantes, después de colocar las casas diluyen las empresas para no tener que entregarlas de manera formal al municipio. Esto debería estar respaldado por una fianza que... o en muchos de los casos no se ejerció o en algunos otros ni siquiera se presentó.
Más de 3 mil casas habitación abandonadas que están generando una situación de anillos de pobreza e inseguridad en este municipio y así en lo ancho y largo del país. Por un lado, tenemos esta situación, y por el otro, tenemos que 15 millones de personas no tienen acceso a servicios de Infonavit o del ISSSTE para la adquisición de una vivienda.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, estamos proponiendo esta reforma a los artículos 34, 42 y 49, que permita al Infonavit que toda la recuperación de estas casas y en aquellos lugares que así pueda ameritarse, las recuperen. Pero que también abra la posibilidad para que personas que no cuentan con Infonavit o con ISSSTE en su momento, que será parte de una serie de iniciativas que habremos de presentar, en el caso específico de Infonavit, que no cuenten con este servicio, puedan acceder a través del padrón de estas casas recuperadas de manera directa para hacerse de un patrimonio.
Va orientado especialmente a trabajadores por su cuenta, a comerciantes, a ambulantes, a pepenadores, a gente que no cuenta con este servicio, pero que sí genera un ingreso que le podría permitir adquirir una de estas casas que han sido abandonadas y que Infonavit recupera.
Quiero decirles que es un negocio redondo, porque después de abandonar las constructoras, de generar este daño patrimonial al municipio y a las personas, después de eso vuelven a recomprar los lotes de casa para revenderlos. Remozarlos y revenderlos nuevamente. Ha habido registros, en el gobierno de Fox, de lotes hasta de mil 700 viviendas que fueron subastadas en 3 mil pesos, cuando hay familias que no tienen para adquirir una.
Con estas modificaciones, con esta propuesta de reforma lo que buscamos es que estas viviendas recuperadas y, en los casos en que sí aplique, se puedan destinar a familias más vulnerables y que requieren generar un patrimonio para ellos y para sus hijos.
Yo espero, compañeras diputadas y compañeros diputados, que podamos empujar esta reforma para dejar de hacer de la actividad social y de las acciones de gobierno una acción de lucro.
Que trabajemos realmente para beneficio de las familias mexicanas y que terminemos con esta visión neoliberal de hacer de toda acción de gobierno un negocio. Quisiera cerrar nada más diciéndoles que hay un caso muy particular de mil maestros que fueron defraudados por la empresa Gracianos y Asociados, y que vamos a estar respaldando de manera firme. Maestros jubilados que ya pagaron sus casas y que nunca les fueron entregadas. Esto es mucho del contubernio que se dio con el viejo régimen.
Y decirles desde aquí a los maestros que vamos a estar firmes y vamos a apoyar para que los culpables afronten las consecuencias y cumplan con el daño que les generaron a más de mil familias gomezpalatinas. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Omar Enrique Castañeda González. Túrnese a la Comisión de Vivienda para dictamen.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Martha Estela Romo Cuéllar: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, la violencia contra la mujer, la denominada por la ONU Mujeres, la pandemia en la sombra es una pandemia que además no tiene vacuna y es una violencia omnipresente y devastadora.
Una de cada tres mujeres sufre violencia de género y el mayor problema es que lejos de disminuir las cifras siguen en aumento, ya sea por el confinamiento que se dio en su momento o por infinidad de pretextos que a lo largo de años hemos visto que genera problemática y que va siempre al alza sin resultados. Cual sea el escenario, la realidad es que la violencia familiar y de género registra siempre un alza.
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, existen varios tipos de violencia contemplados: violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualquiera de estas formas análogas que lesionan o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
Pero, además, estos tipos de violencia también tienen distintas modalidades de violencia, puede ser laboral, puede ser familiar, docente, en la comunidad, digital, mediática, feminicida, entre muchas otras.
Este año la violencia familiar ha alcanzado sus máximos históricos. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares de 2016, de las mujeres de 15 años y más, el 41.3 por ciento de las mujeres en México ha sido víctima de violencia sexual por lo menos una vez a lo largo de su vida. Es una cifra alarmante, 41.3 por ciento.
También esta encuesta nos dice que el 49 por ciento de las mujeres ha tenido algún tipo de violencia emocional. El 29 por ciento ha sido víctima de violencia económica o patrimonial, 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo. 30.7 millones de mujeres en México han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios alguna vez a lo largo de su vida, y 70 de cada 100 mujeres de entre 20 y 34 años se han enfrentado al menos a un episodio de violencia o abuso de parte de su pareja.
El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género nos proporciona unas cifras que, la verdad, son dignas de analizar y de saber que necesitamos poner cartas en el asunto. Este año ha tenido los niveles más altos porque en el mes de agosto hemos tenido 105 feminicidios, la cifra más alta en un mes.
Homicidios dolosos en mujeres, 273 en un mes, que fue el mes de agosto, 327 presuntas mujeres víctimas de extorsión en agosto y 23 mil 908 presuntos delitos de violencia familiar solamente en el mes de mayo, 2 mil 17 presuntos delitos de violación solamente en el mes de marzo de este año.
Estas cifras, como lo han visto, han venido al alza y necesitamos actuar. En estos mismos seis años se ha incrementado en un 61.2 por ciento el número de mujeres víctimas de homicidio doloso. Las muertes violentas de mujeres en México se han incrementado en un 74.3 por ciento y se estima un total de 10.4 víctimas al día.
Esto significa que todos los días en el país 10 mujeres fueron asesinadas de forma violenta, todos los días. También en estos últimos seis años los delitos de violencia familiar en el país tuvieron un incremento de un 72.7 por ciento.
Para empoderar el panorama y para que las razones más comunes no sean denunciadas, son atribuidas a que las autoridades no atienden, lo consideran una pérdida de tiempo y desconfianza en las autoridades, y de todos quienes denuncian solamente el 6.7 por ciento del total de los casos llega a tener una carpeta de investigación.
¿Qué vamos a hacer para erradicar estas cifras y números desgarradores? Primero tenemos que dejar de verlo como esto, como cifras, como datos o porcentajes. Cada cifra y cada dato representa un rostro y una historia. Somos seres humanos, no somos números, somos mujeres y niñas que representamos una historia y una vida de un ser amado, la estadística se convierte en el arma de los ignorantes y también es nuestra obligación como legisladores federales que se encuentra retrasada la legislación al respecto a la definición de tipo de violencia familiar con respecto a lo dicho por diversas legislaciones locales y necesitamos armonizarlas. Por lo que es preciso modificar y expandir la visión de nuestra legislatura federal...
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Martha Estela Romo Cuéllar: Concluyo, diputada presidente. Por eso, quiero invitarlos a que modifiquemos el artículo 343 Bis del Código Penal Federal para agregar los diferentes tipos de violencia que existen al texto legal, para que armonicemos las exigencias actuales y la legislación federal, así como los mandatos convencionales. Es el momento de...
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Martha Estela Romo Cuéllar: ... para decir basta a la violencia familiar, pero sobre todo basta a la violencia contra nosotras las mujeres. Es cuanto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene el uso de la palabra el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, la visión constituye uno de los sentidos más importantes, sino es que el de más importancia en el ser humano y cuando disminuye o se pierde la relación con el mundo que nos rodea, los nexos con la comunicación visual, con nuestro entorno se convierte en un enorme vacío, difícil de manejar o de superar.
La discapacidad visual se produce cuando la percepción visual está alterada o está impedida, ya sea por la pérdida de la agudeza visual o por la restricción de su campo visual. La Sociedad Mexicana de Oftalmología estima que en nuestro país hay 2 millones, 237 mil personas con deficiencia visual y más de 415 mil 800 personas con ceguera.
Asimismo, nos ubica dentro de los 20 países con mayor número de personas afectadas por alguna discapacidad visual y de ceguera, la catarata, la retinopatía diabética, el edema macular, el glaucoma o la retinopatía del prematuro son las principales complicaciones visuales en la población mexicana.
Las personas con discapacidad visual tienen dificultad más o menos graves para recibir e interpretar cualquier información visual, entre otras, la lengua escrita. En una sociedad como la nuestra, dominada por los medios de comunicación, esto supone una barrera decisiva para la inclusión, porque no piensan en las personas con debilidad visual, sino más bien en una mayoría que escucha, que ve, que palpa, pero no piensan en un gran sector que está desprotegido, que está aislado.
El uso de medicamentos, entre otras actividades sobre atención en salud, supone un gran reto para las personas con discapacidad visual y comprometen su autonomía e independencia. Esta iniciativa está pensada en beneficio de un sector, que es y siempre ha estado vulnerable, derivado que en México no se encuentra enteramente adaptado a sus necesidades que les permiten a las personas con discapacidad visual conocer aspectos detallados en braille, como el nombre de los medicamentos, su fecha de vencimiento, la dosis adecuada y las instrucciones de uso, siendo supremamente importante para los ciegos, porque a parte de darles mayor autonomía les brinda más seguridad a la hora de adquirir un medicamento, constituyéndose en un verdadero derecho.
Es un peligro que las personas con discapacidad visual no conozcan el medicamento que están tomando, por no tener un sistema de braille para poder leer las dosis o la fecha de vencimiento del medicamento, así como su dosis adecuada.
Seguramente, mientras estoy presentando esta iniciativa, muchas personas débiles visuales o ciegos estará escuchando este mensaje desde la comodidad de sus casas, únicamente escuchando, no visualizando, y seguramente esto representa una oportunidad más, muy grande para cada uno de ellos, porque representa la posibilidad de que una persona ciega o débil visual tenga la posibilidad de tener los instrumentos necesarios, los mecanismos suficientes para poder estar bien informados con el sistema braille.
Eso significa una aportación, pero también una defensa a los derechos humanos de los más débiles y de los más desprotegidos, insisto, porque los débiles visuales y los ciegos no dejan de ser un grupo muy vulnerable. Por eso es de suma responsabilidad facilitar la inclusión de las personas con este tipo de discapacidad a un mundo cada vez más dominado por los medios de comunicación social, que cifran sus mensajes en imágenes gráficas y textos escritos.
No podemos pedir que el esfuerzo por acceder a la información sea unilateral, tenemos que preocuparnos por establecer de antemano las acciones necesarias para hacer posible su acceso al mundo que debemos compartir con todas y con todos los mexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Emmanuel Reyes Carmona.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Sí. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen. Sí, adelante, diputado.
El diputado Xavier González Zirión (desde la curul): Pedirle al diputado Emmanuel Reyes que me permita sumarme a su propuesta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Diputado Emmanuel Reyes Carmona.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Claro que sí, compañera presidenta. Le agradezco mucho al compañero diputado Xavier, gracias por esa adhesión. Bienvenido a la iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputados. Favor de pasar con el compañero Alejandro Azcoitia, en área de Secretaría, para hacer lo conducente. Sí, ¿alguien más? ¿Diputado Espadas? Ah. Sí, sí, diputada.
La diputada Mónica Herrera Villavicencio (desde la curul): Igual, para preguntarle al diputado Emmanuel, si me permite suscribirme a su iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: El diputado Emmanuel ha dicho que sí, sí permite la suscripción de las diputadas y los diputados. Le pido a Azcoitia que pase, por favor... Compañero Azcoitia, favor de pasar a la curul. Ah, sí, adelante.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Muchas gracias, querida diputada Mónica. Gracias por su sensibilidad a las personas con discapacidad, como usted, le abrazo. Muchas gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muy bien. Ya quedó claro. Diputada Mónica, gracias, van a pasar a su curul. Compañero Azcoitia, favor de llevarle hasta el lugar de la diputada que quiere suscribirse, favor de llevarle la lista para que ella lo haga de letra propia. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna mención? Bueno. Es cuanto. Continuamos.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias, con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, debido a la alta incidencia delictiva que aqueja al país desde al menos la década de los años ochenta, en el año 2010 varios colectivos de víctimas se unieron en torno al poeta Javier Sicilia y al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para exigir atención especializada para las víctimas del delito. Este clamor ya se había presentado desde principios de la década de los años noventa, pero había sido prácticamente ignorada por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Tímidamente, en este Congreso de la Unión se empezó a discutir el tema y se logró, en septiembre de 1993, hace apenas 28 años, que se reconociera en el artículo 20 constitucional una incipiente lista de derecho de las víctimas.
Conforme el número de víctimas iba incrementándose, también la presión hacia nosotros los legisladores crecía. En el año 2000 hubo una reforma adicional a este artículo 20 constitucional y, en el año 2008 nuevamente se reformó la Constitución para fortalecer los derechos de las víctimas. Pero, en todo este lapso de 15 años, ninguna ley federal o general reguló esos derechos y, por lo tanto, no hubo un cuerpo legal que hiciera posible que estas garantías se cumplieran y fueran exigibles en el mundo real.
Las víctimas crecían en derechos y garantías de papel, pero seguían en la misma incertidumbre e indefensión de siempre. En el año 2011, hace apenas 10 años, con la gran reforma en materia de derechos humanos, nuevamente se da una modificación constitucional que amplía aún más los derechos de las víctimas, pero tampoco se logró en ese entonces consolidar ese proceso en una ley o instituciones especializadas.
En este contexto de parálisis y desatención legislativa, el presidente Felipe Calderón ordenó la creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, Províctima, antecedente inmediato de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV, que inició sus operaciones en el año 2011.
Poco después, en el 2013, ese primer esfuerzo institucional se consolidó aún más con la expedición de la Ley General de Víctimas, que fue el primer ordenamiento nacional que reconoció a las víctimas diversos derechos adicionales a los relacionados con el proceso penal, que no podría haber sido posible sin las organizaciones de víctimas enmarcadas en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Esta ley, compañeras y compañeros, creó la base normativa e institucional para cumplir la obligación del Estado de atender a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos y creó un Sistema Nacional de Atención a Víctimas y a la CEAV como su órgano operativo, la cual inició operaciones en el año 2014, pero desafortunadamente la CEAV ha sufrido un difícil camino desde su creación, sin que haya podido consolidarse como una institución cercana a las víctimas y que funja como el garante de sus derechos.
El panorama de las víctimas en México es preocupante, y esto es gran medida debido a que en los últimos años la CEAV ha caído en una crisis institucional y presupuestal que la ha llevado a enfrentamientos graves con las propias víctimas.
La política de Estado para las víctimas no puede delinearse ni mucho menos aplicarse sin la participación activa de ellos ni de los colectivos de las víctimas, así como de las organizaciones de la sociedad civil.
Y el punto neurálgico para que las víctimas puedan incidir en el diseño e implementación de esta política de Estado es, desde la propia comisión, pero inexplicablemente esta institución creada para atender a las víctimas no propicia que su titular sea una víctima que comprenda a la perfección lo que estas personas sufren, que tenga la empatía suficiente para aplicar la Ley General de Víctimas, que es por mucho, la más protectora y pro persona que hay en el sistema jurídico mexicano.
Y esta ausencia de las víctimas en la institución que fue creada para atenderlas, les ha cobrado una factura altísima, pues llevamos un año y medio, repito, un año y medio sin que se haya podido nombrar comisionado, después de que la anterior comisionada saliera de la institución a causa de graves quejas y plantones que incluso llegaron hasta Palacio Nacional.
Pero si eso fuera poco, el comisionado anterior a ella, también tuvo que dejar el cargo en medio de escándalos y enfrentamientos severos con las víctimas y sus colectivos que exigieron durante meses su destitución.
Por ello, esta iniciativa que hoy les presento, tiene el objetivo de facilitar que personas que han sufrido daños por delitos o violaciones de derechos humanos, puedan aspirar a dirigir la institución que las atiende.
Además, se propone establecer plazos fatales para que tanto el presidente de la República, como el Senado de la República, lleven a cabo el proceso de elección asimilándola al de elección del ministro de Suprema Corte de Justicia, con lo que se pretende evitar que la CEAV se quede acéfala por meses o años, como sucede actualmente.
Compañeras y compañeros diputados, este país clama la atención y nos exige legislar para mejorar el marco legal que las rige. Nos exige hacer las reformas legales que sean necesarias para que sus derechos sean plenamente exigibles. Muchas gracias, diputada presidenta. Es cuanto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, hemos concluido la ronda de iniciativas.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Pasamos ahora a las intervenciones desde curul, de diputadas y diputados, hasta por un minuto en el espacio de tribuna libre. Repito, un minuto. Y tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Borrego Adame, de Morena, hasta por un minuto.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame (desde la curul): Gracias, presidenta. Para reconocer el trabajo de la Guardia Nacional donde está brindando seguridad en las carreteras nacionales a toda la ciudadanía, pero en especial al transporte nacional en las carreteras de nuestro país.
Sin embargo, solicitarle mayor esfuerzo en los estados de Zacatecas, de Guanajuato, de Michoacán y Veracruz, donde a diario el transporte es afectado por los grupos delictivos y afectando la economía del sector.
Es urgente reforzar esfuerzos para poder cumplir con el servicio que hoy exigen todos los industriales de este país. Es necesario que en este país y en las carreteras verdaderamente se brinde la seguridad para dar un mejor servicio de transporte, pero, sobre todo, brindar seguridad a todos los ciudadanos que transitan por la misma. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Francisco Javier Borrego Adame. Tiene el uso de la palabra hasta por un minuto, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): Gracias, presidenta. Hoy, en Chihuahua, tenemos una situación delicada donde miles de personas están siendo afectadas por la empresa denominada Ara, conocida inversora que atrae a sus clientes con supuestos altos rendimientos y tiene operando como sociedad anónima promotora de inversión, que hoy pone en la inseguridad patrimonial y financiera a muchas familias de mi estado, que en desconocimiento y buena fe dejaron en manos de una empresa no debidamente regulada operar todo su patrimonio.
En días pasados afectados han solicitado ayuda ante la negativa de esta empresa de aclarar su situación. El 13 de noviembre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por medio de su portal electrónico, dio de conocimiento la orden a la firma Ara, de suspender la promoción de captación de ahorros del público en general, debido a que esta empresa no tiene la autorización para hacerlo por no ser una organización perteneciente al sistema financiero. Es muy grave lo que sucede en Chihuahua, en donde una empresa iniciada ahí, expandida en otros estados del país, sigue defraudando a cientos de personas.
Por lo anterior, solicito que se acompañe a las familias afectadas, por parte de las autoridades correspondientes, la Fiscalía Estatal y de la República, que pueda hacer pronta respuesta. Resulta urgente que se esclarezca esta situación, se investigue la libre operación que ha tenido esta empresa. Solicito que se integre la debida averiguación, ya que la captación ilegal de recursos es de tipo penal, de alertar a los chihuahuenses no caer...
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): ... en las redes de esta defraudadora organización ARA. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos. Tiene el uso de la palabra hasta por un minuto el diputado Reynel Rodríguez Muñoz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Reynel Rodríguez Muñoz (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Deseo solicitar que el presupuesto aprobado para el 2022, en el rubro de educación, se distribuya de manera equitativa para los tecnológicos agropecuarios del país, ya que únicamente el 2.7 tuvo de incremento para 2022, que vienen siendo 10 mil 860 millones de pesos.
Este sistema, quiero mencionar que sus antecedentes de la educación rural... y como mexicanos, se originó en los años veinte, como fruto de la Revolución Mexicana. En Ciudad Altamirano contamos con esta institución, que por 39 años ha proveído de mujeres y hombres profesionistas que han brindado sus servicios a nuestro país. Aprovecho para extenderles mi más cordial y sincera felicitación a todos los estudiantes del Instituto Tecnológico Agropecuario de Ciudad Altamirano, ya que el próximo viernes habrá culminado una generación más, 2016-2021, que brinda memoria a los compañeros que perdieron la vida durante la pandemia. A todos el personal docente y administrativo, mi reconocimiento y respeto. Felicidades a todos ellos. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Reynel Rodríguez Muñoz. Y tiene el uso de la palabra el diputado Andrés Pintos Caballero, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.
El diputado Andrés Pintos Caballero (desde la curul): Gracias, presidenta. Solicito al gobierno federal, específicamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, la reactivación del proyecto de construcción del Hospital General Regional en el municipio de García, Nuevo León. Este municipio forma parte del área metropolitana de Monterrey y es considerado uno de los municipios de ultracrecimiento por la migración y la búsqueda de oportunidades de mexicanos para tener una mejor calidad de vida. En García, Nuevo León, actualmente habitan más de 400 mil personas y diariamente se incrementa esta cifra, de acuerdo al censo poblacional 2020 del Inegi.
El año pasado el director del IMSS, Zoé Robledo, durante una gira por Nuevo León anunció la construcción del Hospital General Regional, con por lo menos 260 camas, 46 consultorios y 6 quirófanos. Es por ello que solicito al Instituto Mexicano del Seguro Social, igualmente a nuestro presidente de la Comisión de Salud, que lo tenemos aquí presente –Manuel, gracias por estar aquí con nosotros–, que reconsidere la reactivación de dicho proyecto en el municipio de García, Nuevo León. De verdad, a nombre de todos los ciudadanos de García, urge este hospital. Es cuanto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Andrés Pintos Caballero. Tiene el uso de palabra la diputada María Macarena Chávez Flores, del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.
La diputada María Macarena Chávez Flores (desde la curul): Gracias, presidenta. El cambio de placas en Michoacán incluye a toda la ciudadanía, pues esta medida afectará a todos los estratos de la sociedad en mayor o menor forma. Los ingresos, en general, han recibido duros golpes y no guardan las condiciones adecuadas para enfrentar un gasto así. Es necesario aplazar dicho trámite. En estos momentos debemos cuidar a las familias michoacanas, que no se lastime más su economía con nuevos gastos e impuestos, como lo es el reemplacamiento vehicular.
Este es un duro golpe al bolsillo de las familias de nuestro estado. Es por esto que hago una solicitud muy respetuosa a todas las diputadas, diputados integrantes del Congreso del estado de Michoacán. Y, repito, con todo mi respeto para que, de ser posible, se aplace el reemplacamiento vehicular por el bien del estado de Michoacán. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada María Macarena Chávez Flores. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Herrera Villavicencio, de Morena.
La diputada Mónica Herrera Villavicencio (desde la curul): Gracias. Quiero hacer un merecido reconocimiento al gobierno del estado de Veracruz y a las autoridades municipales y de protección civil por la eficaz respuesta ante los daños que causaron las lluvias torrenciales la noche del lunes pasado, afectando a los municipios de Martínez de la Torre, Tenochtitlán y Misantla, donde se desbordaron ríos, se inundaron localidades, se cortó la comunicación en algunas carreteras y sufrimos la caída de un puente vehicular, afectando a 2 municipios y a más de 40 localidades,
Pero, a pesar de la eficaz intervención de gobiernos municipales y del gobierno estatal, que lograron hacer que la situación fuera controlada en breve tiempo, necesitamos también la urgente intervención del gobierno federal, para que fluyan rápidamente los recursos necesarios y poder reparar esos caminos y puentes que quedaron destrozados, para que los habitantes del distrito que yo represento puedan hacer uso a la brevedad de sus vías de comunicación. Muchas gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Alma Delia Navarrete Rivera, de Morena.
La diputada Alma Delia Navarrete Rivera (desde la curul): Sí, gracias, presidenta. Aprovechando la conmemoración de la proclamación del Plan de Ayala, quiero exhortar respetuosamente a todos los compañeros y compañeras legisladores que nos acompañan y que luchamos a favor del pueblo mexicano para que no perdamos de vista los principios sobre los que se fundó el agrarismo en México y que todos defendamos a las campesinas y a los campesinos de nuestro país.
Un sector primario que significa el avance de la economía. Recuperemos el campo mexicano y continuemos reconociendo el trabajo de todas las campesinas y de todos los campesinos. Por el bien de todos primero los pobres y primero las pobres, y primero las campesinas y primero los campesinos. Viva el campo de México, es cuanto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Alma Delia Navarrete Rivera. Y, por último, tiene el uso de la palabra, hasta por un minuto, la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, de Morena.
La diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla (desde la curul): Lamentablemente parecen panistas, priistas y perredistas, pero ¿saben qué son? Son consejeros del INE y ¿saben qué deberían hacer? Deberían actuar de forma imparcial, y ¿saben qué es lo que realmente hacen? Atentan contra la democracia. Y para acabarla, ¿saben cuánto es lo que ganan? Trescientos mil pesos mensuales.
El señor Ciro Murayama, consejero del INE, se atreve a escribir en contra del proceso de revocación de mandato, pero déjeme le informo, señor consejero, que eso es ilegal, que no se puede ser juez y parte. Por qué no mejor escribe el señor Ciro sobre cumplir la ley bajarse el sueldo. Por qué no mejor escribe el señor Ciro que con los sueldos de los 11 consejeros electorales alcanzaría para cubrir las plazas de 300 médicos.
Si usted y el señor Lorenzo Córdova van a seguir siendo voceros del viejo régimen, que el PRIAN les pague sus sueldos. Renuncien. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla. Han concluido las participaciones en tribuna libre de las y los diputados ya inscritos.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Y en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y el artículo 12, numeral 2 del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo (17:05 horas): Se levanta la sesión y cito mañana jueves 25 de noviembre de este año 2021, a la sesión solemne a las 10 horas, y al término de esta a sesión ordinaria. Ambas en modalidad presencial. l registro de asistencia estará disponible en las tabletas instaladas en sus curules a partir de las 8 horas.
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