091203

SESION DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2003

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Antonio Morales de la Peña.

De los Congresos de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, México y Guerrero.

Iniciativa del Congreso del estado de Durango

Que reforma la fracción I-A del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco

Que adiciona el artículo 37 de la Ley General de Educación. (Turno a Comisión)

Oficio del director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles

Con el que remite el informe semestral de labores, en cumplimiento del artículo 311, fracción XIV, de la Ley de Concursos Mercantiles. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

Seis, en los que se transcriben puntos de acuerdo por los que se solicitan mayores recursos a diversas partidas presupuestales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

De Ley Federal de la Juventud, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 96 Bis a la Ley General de Salud, con la finalidad de fomentar la investigación clínica y básica de las células estaminales del adulto y del recién nacido, a cargo del diputado José Angel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 170-A a la Ley Federal del Trabajo y un párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo vigésimo primero al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción III del artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que deroga los párrafos segundo, tercero, séptimo y octavo de la fracción IV del artículo 74; adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 78; reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 79; y adiciona las fracciones XX y XXV del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Castelo Parada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones de los servidores públicos, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley General de Salud, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 16, primer párrafo; 32, segundo párrafo; 33, inciso b); 35, párrafo primero e inciso d), párrafos segundo y tercero; y adiciona un último párrafo al artículo 16 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Eduardo A. Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10 y 32 y adiciona un artículo 16 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para distribuir de manera adecuada los recursos derivados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 7, fracción I; 8, fracción I; y segundo, tercero y octavo transitorios de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo undécimo transitorio del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2001, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud, relativa a la integración del Consejo de Salubridad General, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Minutas

Proyecto de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. (Turno a Comisión)

Proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. (Turno a Comisión)

Proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto:

- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Enajenación e Importación.

- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Uso y Tenencia de Vehículos.

- Ley del Impuesto a las Ventas y Servicios al Público.

- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a las remesas que envían a México los trabajadores que se encuentran en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política que instruya a quien corresponda para cumplir las normas y recomendaciones de accesibilidad en las instalaciones de este recinto legislativo, con el fin de satisfacer las necesidades prioritarias de las personas con capacidades diferentes, a cargo de la diputada Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Semarnat a crear un fondo de protección del sistema de barrancas, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cumplir la Ley Federal de Sanidad Animal y la norma oficial mexicana relativa al sacrificio humanitario de animales domésticos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el paquete económico para 2004, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación practique una revisión exhaustiva a la transferencia presupuestal asignada a Provida en el Presupuesto de 2003, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con relación a diversas recomendaciones respecto a la situación política y económica del país, a cargo del diputado Miguel Angel Yunes Linares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobernadores, a las Legislaturas locales y a los ayuntamientos a adecuar sus respectivas legislaciones, expedir los ordenamientos necesarios e instaurar programas y políticas públicos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales relacionados con personas con discapacidad, a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados solicite a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación que integre una comisión que investigue las desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez desde 1993, por constituir una grave violación de garantías individuales, a cargo de la diputada Rocío Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a aplicar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la norma oficial mexicana correspondiente a la construcción de un sitio destinado a la disposición final de residuos sólidos en el municipio de Centro, Tabasco, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal sobre la reforma y modernización de las instituciones, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie contra la desaparición de los organismos y las entidades públicos vinculados a fortalecer el enfoque sistémico que dé viabilidad a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a iniciar con la mayor brevedad los trabajos de reconstrucción de las instalaciones del Hospital General de Tepatitlán, Jalisco, a cargo del diputado Ramón González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a las secretarías de Estado responsables de la Cibiogem a no levantar la moratoria sobre la siembra experimental de maíz transgénico, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Turismo a cumplir los convenios celebrados desde 1992 con el estado de Quintana Roo y el municipio de Benito Juárez, así como a proporcionar la información relativa a su cumplimento, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación revise fondos de origen federal que benefician a particulares del estado de Oaxaca que realizan operaciones con el gobierno del estado y el federal, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo inicie el 12 de diciembre y se mantenga como programa permanente de la Cámara durante la LIX Legislatura, a cargo del diputado Emilio Badillo Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar la devolución de impuestos retenidos a trabajadores de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública; a la Procuraduría General de la República; y a Petróleos Mexicanos a realizar, dentro de sus competencias, las acciones necesarias para contrarrestar y disminuir el robo y el tráfico ilícito de combustible en el país, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación practique revisiones a los fondos del Ramo 33 asignados al estado de Oaxaca durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2002, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades a planear, programar, supervisar y evaluar, conforme al presupuesto aprobado, la cobertura total de municipios del país que faltan de incorporarse a dicho programa, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena y la prohibición del ingreso de maíz transgénico en el país, a cargo del diputado José Luis Cabrera Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe al Congreso de la Unión acerca de las medidas que nuestra representación diplomática ha puesto en práctica para la defensa de nuestros connacionales en el estado de California, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 una partida destinada a incrementar el patrimonio del fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones de los Trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del diputado Francisco Grajales Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en torno de la nueva Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, a cargo del diputado Edgar Torres Baltazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia en favor de la regionalización de las reglas de operación de los programas de vivienda vigentes, a cargo del diputado Jesús Angel Díaz Ortega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Semarnat a reevaluar con la mayor rigurosidad técnica y científica el proyecto Puerto Mío, localizado en la playa El Almacén, en la bahía de Zihuatanejo, a cargo del diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie contra las prácticas desleales que afectan la porcicultura nacional y por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a publicar la resolución preliminar sobre el procedimiento de dumping con cuota compensatoria a las importaciones de carne de cerdo provenientes de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relacionado con la empresa Publi XIII, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se consideren recursos suficientes para la atención de los programas de vivienda rural y de adultos mayores, a cargo del diputado Juan Antonio Gordillo Reyes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para requerir al titular del Poder Ejecutivo federal que informe a esta soberanía acerca del destino y la aplicación de los recursos que ha solicitado por concepto de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal de 2004, a cargo del diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que el jefe de Gobierno del Distrito Federal asuma un compromiso inmediato con los esfuerzos del gobierno del estado de México en materia de desarrollo urbano integral, a cargo del diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la asignación equitativa de recursos federales a las entidades federativas y al Fondo para la Educación Básica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Víctor Ernesto González Huerta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se destine mayor presupuesto a ciencia y tecnología, a cargo del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar el otorgamiento de un subsidio al gas LP y al gas natural para uso doméstico en el estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se elimine el artículo segundo transitorio y se incremente el presupuesto para el campo, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se dé continuidad a la Comisión Especial respecto a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados constituya una comisión que acuda a entrevistarse con el indígena rarámuri Isidro Valdenegro López, con el propósito de informarse sobre la situación que guarda el proceso legal a que está sometido, a cargo de la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de incrementar los recursos destinados a la atención de los problemas estructurales de las universidades públicas estatales y, en particular, de aumentar los que se destinan a la Universidad Autónoma de Sinaloa, con objeto de que alcance la asignación promedio que en este rubro tienen las demás instituciones de educación superior estatales, a cargo del diputado Abraham Velázquez Iribe, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a solicitar al gobierno de Estados Unidos de América una prórroga de seis meses para que las empresas mexicanas exportadoras de alimentos se inscriban en el registro federal y cumplan las disposiciones de la llamada Ley contra el Bioterrorismo, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se pronuncie en favor de la no desincorporación del Colegio de Posgraduados, a cargo del diputado Fernando Fernández García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la iniciativa de Ley para el Mejoramiento, presentada por algunos legisladores en el Congreso de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a diversas secretarías de Estado a respetar y tratar con dignidad humana, conforme a las normas nacionales e internacionales en la materia, a los paisanos que ingresan en territorio nacional, a cargo de la diputada Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la discriminación de seropositivos en las Fuerzas Armadas, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática que enfrentan los prestadores de servicios de las guarderías infantiles subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales en torno de las acciones que deben emprender por los daños causados en la salud y en el ambiente por los rellenos sanitarios, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a modificar, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Reglas de Operación de Aserca, a cargo del diputado Esteban Valenzuela García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador de Morelos a deslindar responsabilidades en el caso de la brutal represión contra pobladores de Tlanepantla, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se excluyan del artículo segundo transitorio del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 las siguientes entidades del sector público: Colegio de Posgraduados, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural y Comisión Nacional de Zonas Aridas, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo federal aplique recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender y auxiliar a los productores damnificados por las sequías, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incorpore en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 disposiciones expresas que impidan que los programas sociales, especialmente los dirigidos a las mujeres, sean afectados por adecuaciones presupuestarias, reducciones, diferimientos o cancelaciones por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se incremente y etiquete el presupuesto que asegure el acceso de las mujeres indígenas a la educación, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en su dictamen correspondiente al Presupuesto de Egresos de 2004, se manifieste en contra de la desincorporación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al resguardo y declaratoria de zona arqueológica del predio denominado Rancho las Trancas, en la delegación Azcapotzalco, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Solicitud de excitativas

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

A la Junta de Coordinación Política, a solicitud del diputado Carlos O. Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Economía, a solicitud del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Comentarios acerca de los trabajos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre la desincorporación de los organismos culturales enunciados en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2004, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre el uso de los recursos públicos en el municipio de Zamora, Michoacán, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Sida.

Sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Acerca de la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión.

- EL C. PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

- EL C. SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 300 diputados, por lo tanto hay quórum señor Presidente.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al orden del día 9 de diciembre de 2003.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias secretario. El siguiente punto del orden día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:

Gracias. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

Esta Presidencia hace un llamado a las personas que no son legisladores, a que ocupen los lugares que les corresponden y a los señores legisladores, que ocupen sus curules.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:

Gracias. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

- LA C. SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Con su permiso señor Presidente. En comunicaciones:

- EL C. PRESIDENTE: De enterado y se le tiene por reincorporado a sus actividades legislativas.

- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

(oficio del Congreso del estado de Coahuila, relación de empresas a desincorporar)

(del Congreso del estado de Durango, rechaza la propuesta de gravar con el IVA, alimentos y medicamentos)

(del Congreso del estado de Durango, solicita se incluya en el Presupuesto una partida para la supercarretera Durango-Mazatlán)

EL PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

(del Congreso del estado de Durango, reforma la fracción 1-A del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gonzalo Guizar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de Ley Federal de Juventud.

Con fundamento en el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y demás relativos y el artículo 168 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a su consideración, la siguiente iniciativa de Ley Federal de la Juventud.

La mayoría de los habitantes de nuestro país son jóvenes menores de 30 años de edad, por lo que los legisladores tenemos por delante la oportunidad de renovar las instituciones y leyes, así también de crear las que nos hagan falta. Esto implica una gran responsabilidad, pues se trata de construir sobre los cambio y comprometernos con los que valgan la pena.

En México, la democracia es nuestra forma de gobierno, después de cumplir los 18 años de edad, todas las personas que nacimos aquí o se han nacionalizado, somos ciudadanos; nuestra democracia ofrece a los jóvenes mecanismos de inserción y participación dentro del sistema social de una forma directa mediante el voto.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un joven de 21 años, puede ser elegido para diputado y al cumplir 25 años, puede ser votado para senador de la República.

La juventud es una etapa en la cual el ser humano se está definiendo y tomando decisiones sobre una gran cantidad de disposiciones, nuevas tareas que aprender, responsabilidades que asumir, estudios que realizar y en general, qué van a hacer en la vida.

Ante la violencia, la inseguridad pública, el desempleo y el narcotráfico, que son una constante hoy en el mundo, corre un gran riesgo; se debe de hacer entender a la juventud que esta es una etapa en la vida que es parte del aprendizaje y preparación para las responsabilidades futuras.

Somos conscientes que ser joven varía dependiendo del lugar donde se viva y de las costumbres de cada comunidad de nuestro país. Las responsabilidades de los jóvenes en la ciudad y en el campo son diferentes, se determinan a partir del sector social al que pertenecen con su forma de vida, recursos económicos y culturales, es decir, no es lo mismo ser un joven que vive y trabaja en el campo o ciudad, que ser un joven que sólo se dedica a estudiar.

Sin duda hemos evolucionado, actualmente casi toda la gente pueden entender lo que es un joven, pero las cosas no siempre fueron así, de hecho, el concepto de la juventud es reciente, hasta el siglo pasado la infancia duraba muy poco y de inmediato los niños entregaban a pesadas jornadas de trabajo; ni lo niños ni los jóvenes tenían derechos especiales.

Fue hasta el Siglo XX que las mujeres y los niños lograron hacer valer sus derechos y ganaron un lugar en las luchas que la sociedad civil emprende por lograr una mejor forma de vida; aún cuando se han tenido conquistas al respecto y son mayoría los jóvenes en este país, no existe una legislación específica para ellos.

Solamente tenemos como referencia la Convención de los Derechos Humanos y de los Derechos del Niño, los derechos de los jóvenes mayores de 18 años que se encuentran estipulados en nuestra Constitución Política.

Los legisladores debemos entender las carencias de la juventud son inmensas; por ello debe considerarse como derecho inalienable de los jóvenes mexicanos que se ejerce una política de estado que los proteja contra toda situación que atente contra su integridad física, moral, intelectual o espiritual que impida su pleno desarrollo. Según datos del INEGI, la población joven en México es mayoría y se incrementa de forma significativa.

En 1970, la población entre 15 y 24 años, aumentó a 9 millones 200 mil y en 1999 fue de 20 millones 200 mil, se prevé que alcanzará 21 millones 200 mil en el 2010 y a partir de entonces empezará a disminuir.

En ese sentido, la presente Ley Federal de la Juventud que proponemos a esta Honorable Cámara de Diputados tiene como objetivo primordial crear una estrategia incluyente de todos los sectores de la sociedad, así como incluir a los diferentes niveles de gobierno en atención de la juventud mexicana.

Esta iniciativa de ley define una política coherente con las necesidades juveniles y pretende garantizar que todo joven mexicano cuente con alternativas para desarrollar todo su potencial en beneficio de sí mismo, de su familia, de su comunidad y de su país.

Según un diagnóstico de la Organización Iberoamericana de la Juventud, de la cual México es miembro, nos refleja que los jóvenes mexicanos, a pesar de tener un mayor nivel educativo, han sufrido un incremento en la tasa de desempleo y el deterioro en la calidad del empleo.

También se ha incrementado la tasa del sector productivo que se incorpora al sector informal, casi la totalidad de los nuevos puestos de trabajo de los jóvenes en México fueron de tiempo parcial; es decir, de menos de 20 horas en la semana.

Entonces, los jóvenes son uno de los sectores más afectados por la crisis del empleo en México y más aún, si para conseguir un trabajo le piden de dos a tres años de experiencia como mínimo.

En México siete millones de jóvenes viven en situación de pobreza o miseria extrema y por ello, en condiciones inadecuadas para su desarrollo personal; debido a la precariedad de sus ingresos y su deficiente calidad de vida, no satisfacen sus necesidades básicas, lo que repercute en el abandono temprano de los sistemas escolares, no siempre para incorporarse al sector productivo.

Según datos de la Encuesta Nacional de la Juventud realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud, el 24% de los jóvenes de entre 20 y 24 años son jefes de hogares, con todas las implicaciones que esto conlleva; si por lo general, los jóvenes se están encontrando con dificultades para insertarse socialmente en la vida adulta, con más razón los jóvenes a los que nos estamos refiriendo tienen una dificultad mayor, ya que parten de una situación de desventaja social.

La diversidad del sector juvenil se manifiesta en la diferencia de intereses y sus expectativas, que son tan distintas como su formación política, cultural y sentido de identidad y pertenencia; sin embargo, tienen en común muchos problemas, necesidades, aspiraciones e ideales, aún tratándose de jóvenes con una situación económica desahogada.

Por ello es importante, es imperativo una política de Estado que conozca y atienda los problemas de este sector de la población.

Como antecedentes tenemos importantes esfuerzos por tratar de apoyar a la juventud mexicana, como lo ha sido el Departamento de Acción Social y Juvenil de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de la Juventud o Injuve, el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, CREA, el Programa Integral de Adolescentes del DIF y el Programa de Jóvenes en Solidaridad de la Sedesol, todas estas con buenas intenciones, pero al no existir un marco jurídico integral que regule la atención a los jóvenes, seguirán siendo sólo una política transitoria y sin rumbo ante la magnitud del problema.

El 30 de septiembre de 1997, tuvimos como antecedente la creación de la Comisión Especial de Asuntos de la Juventud; más tarde, el 17 de noviembre del mismo año se presentó ante el Senado de la República una iniciativa de ley para crear el Instituto de Atención a la Juventud, como una forma de canalizar los recursos del Programa Causa Joven de la Comisión Nacional del Deporte.

En el marco jurídico tenemos como antecedente más importante, el que se dio en diciembre de 1998, al aprobarse la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que tuvo entre sus objetivos esenciales la creación del Instituto Mexicano de la Juventud como un organismo público descentralizado.

Compañeras y compañeros diputados: la legislación en materia de juventud de hoy en México es dispersa e inoperante, se caracteriza por su fragmentación, fragilidad e inestabilidad; este hecho tiene una incidencia negativa en la juventud, así como en sus derechos civiles y políticos, participación, género, capacitación, salud, esparcimiento.

Impulsar leyes y por y para la juventud es impulsar leyes, no sólo para el futuro de este país sino para la riqueza de hoy. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte y a la Comisión de Salud.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Angel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un Artículo 96 bis a la Ley General de Salud, con la finalidad de fomentar la investigación clínica y básica de las células estaminales del adulto y del recién nacido.

-EL C. DIPUTADO JOSE ANGEL CORDOVA VILLALOBOS: Con su venia señor presidente. Compañeras diputadas. Compañeros diputados. El suscrito diputado federal José Angel Córdova Villalobos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento a lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un Artículo 96 bis a la Ley General de Salud con la finalidad de fomentar la investigación clínica y básica de las células estaminales del adulto y células estaminales del recién nacido, a tenor de la siguiente

En la actualidad se ha encontrado como resultado de la investigación científica la posibilidad, hasta hace poco ignorada, de que algunas células del organismo humano pueden regresar a una fase que antes se consideraba exclusiva de las células embrionarias, por la cual las células podrían convertirse y adecuarse a cualquier especialización celular a éstas en biología del desarrollo se les denomina células totipotenciales y células pluripotenciales.

A las células con esta capacidad de transformarse en cualquier linaje especializado celular, se les han dado diferentes nomenclaturas, tales como células madre, células precursora hematopoyéticas y células estaminales, considerándose esta última como la definición más comúnmente aceptada.

Lo que caracteriza además a estas células es, por un lado, la capacidad de autorenovación ilimitada o prolongada, y por otra la posibilidad que tienen de dar origen de diversas estirpes celulares.

El estudio de las células estaminales tomadas de médula ósea de adultos, dio origen a una línea de investigación con la posibilidad de curar diversas enfermedades a través de la reprogramación de células estaminales pluripotenciales.

En las últimas tres décadas, este tipo de células se tomaron fundamentalmente, como se ha señalado, de la médula ósea de adultos, de las cuales se pudieron lograr muy diversas líneas celulares, capaces de reconstruir, por ejemplo, la población hemática en pacientes con tratamientos de quimioterapia y radioterapia, asimismo se logró el desarrollo de células gigantes.

En el caso de células estaminales para la terapia de patología del músculo, se logró curar enfermedades diversas y se abrió el futuro a las de origen miógeno, con lo anteriormente enunciado, se puede entender que los resultados y progresos de la investigación en el campo de las células estaminales es muy prometedor, y que la plasticidad que se ha constatado en estas células de origen adulto, es muy similar a las células estaminales embrionarias.

Recientemente se logró otro gran linaje de células estaminales, las denominadas del recién nacido o de origen embrionario, y que son tomadas fundamentalmente de los cordones umbilicales y las placentas, en las cuales en un corto período ha podido se probada su capacidad para desinferenciarse y a través de la plasticidad convertirse en células pluripotenciales, así como demostrar su enorme capacidad de autorrenovación y reproducción.

Los problemas y dilemas con los que se confrontan investigadores, legisladores, objetores de la ciencia, filósofos, científicos y la población en general, no radica tan sólo en cuál es de mejor y más apropiada fuente de células estaminales, ya que lo que está en controversia son diversas concepciones de la vida y no únicamente de los beneficios de la investigación científica.

Para los legisladores, cuya responsabilidad constitucional les convierte en recipendiarios de la soberanía y de la voluntad del pueblo, constituye como una de sus primeras obligaciones, legislar a favor del bien común y conminar al Estado a la tutela de los grupos más vulnerables, entre los cuales, por supuesto, está el embrión humano.

Con respecto al Artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece : "Todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que ella misma establece".

Asimismo en el artículo 14 de la propia Constitución se señala: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos".

Con ese fundamento jurídico podríamos sumarle la prohibición expresa del Código Penal, del aborto, con la excepción del caso de violación, así como del Código Civil que se pronuncia en el mismo sentido en su artículo 22, en el que expresa: "La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte". Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados por el presente código.

Del mismo modo la Ley General de Salud y un sinnúmero de fundamentos jurídicos hacen constar la protección del Estado para el embrión humano.

De otro modo las personas con una convicción religiosa que da origen a su estamento moral, se han manifestado ampliamente por la prohibición de investigación con embriones y por supuesto por la destrucción de éstos.

Ante este hecho concreto la responsabilidad de los legisladores y los servidores públicos no puede obviarse, mucho menos denostar la creencias o ideologías de quien en último de los casos es el mandatario de los poderes del Estado.

No todos los científicos e investigadores de esta importante área del conocimiento biomédico están de acuerdo con la investigación, manipulación y destrucción de embriones, lo cual se puede constatar en todos los códigos éticos y deontilógicos a nivel mundial y por supuesto las regulaciones y acotaciones que desde la entraña misma de las ciencias biológicas han dictado diversas corrientes del pensamiento bioético.

No nos cabe ninguna duda que la loable labor de científicos, investigadores y clínicos es de una gran trascendencia y que día a día contribuyen con su mejor esfuerzo para elevar los niveles y calidad de la vida y que el dilema de la disposición de embriones, sobre todo los denominados sobrantes de las técnicas de reproducción asistida y que se encuentran críoconservados , tomaría un matiz diferente si éstos fueran la única opción para el desarrollo del linaje de células pluripotenciales.

Pero dado que existe la alternativa científica de linaje de células sin dilema científico para el desarrollo de estos linajes celulares, nos sumamos a la prohibición mundial para la destrucción de embriones, así como a cualquier otra forma de investigación de seres humanos que atenten contra la vida, la dignidad y los derechos fundamentales incluyendo los del no nacido.

La necesidad de elaborar una legislación clara y moderna respecto a la investigación con células estaminales del adulto y del recién nacido es evidente, ya que no existe una razón científica para realizar investigaciones en embriones humanos, lo que en otros países ha dado lugar a controversias y dilemas, como resultado de leyes permisivas.

En Estados Unidos por ejemplo, hay varias posturas el Congreso de este país prohibió el uso de fondos federales para la investigación en embriones humanos que vayan a ser destruidos.

En Francia la ley de 1994 prohibe explícitamente la experimentación en embriones. En Francia es ilegal la creación de embriones con fines de investigación.

La legislación en Austria y Alemania es muy restrictiva y prohibe terminantemente la investigación con embriones humanos. En Austria se prohibe la donación de óvulos y de embriones humanos, además de que las células pueden utilizarse sólo para inducir un embarazo.

En el Reino Unido se hizo la primera regulación para la investigación de embriones humanos en 1990. Esta legislación se elaboró primordialmente para regular la práctica de la fertilización in vitro, así como la creación, uso almacenaje y disposición de embriones formados para estos fines.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con la que se adiciona un artículo 96 bis, a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

"Artículo 96 bis. La Secretaría de Salud en coordinación con los institutos nacionales de salud, impulsará y fomentará la investigación básica y clínica para el desarrollo de linajes de células estaminales del adulto y células estaminales del recién nacido.

"Uno. Se entiende por células estaminales aquellas células que tienen la capacidad de transformarse en células pluripotenciales y por ende, dar origen a cualquier tipo celular. Son denominadas también células madre, células precursoras ematopoyéticas o stem cells.

Dos. Se entiende por célula estaminal del adulto, las células que tienen la capacidad de transformarse en células pluripotenciales que son tomadas de la médula ósea o de cualquier otro tejido de una persona adulta.

"Tres. Se entiende por célula estaminal del recién nacido las células que tienen la capacidad de transformarse en células plutipotenciales que son tomadas del cordón umbilical o de la placenta.

Transitorio unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de diciembre de 2003.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que adiciona un artículo 170-A a la Ley Federal del Trabajo y adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

EL C. DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados: por razones de tiempo no daré lectura a toda la iniciativa, por lo que solicito de la manera más atenta a la presidencia pudiera ser publicado el texto íntegro de la misma en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Con el apoyo de diputados de mi fracción, el que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara la presente iniciativa de decreto que adiciona un artículo 170-A en la Ley Federal del Trabajo y adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, bajo la siguiente exposición de motivos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la primera en el mundo que instauró en su texto los derechos de segunda generación o derechos sociales; sin embargo, a la luz de los nuevos derechos laborales nuestra legislación sustantiva se encuentra ya rezagada.

Otros países latinoamericanos con características similares al nuestro cuentan con una regulación social más avanzada.

El artículo 4 constitucional establece la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, además de la protección de la organización y desarrollo de la familia. La licencia de paternidad tiene como base este artículo. El objetivo de esta iniciativa es agregar, al menos en una forma limitada, el derecho a una licencia por paternidad.

La legislación laboral contiene los derechos mínimos con que cuentan las y los trabajadores del país. La licencia por paternidad es una práctica común que se inscribe en los contratos colectivos de trabajo de los grandes sindicatos nacionales.

Ha llegado el momento de incorporar estas figuras jurídicas a nuestras leyes para beneficio de todos los trabajadores del país.

Resulta relevante que las últimas propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentadas en la anterior legislatura por diversos partidos políticos, congresos estatales y organizaciones laborales no contemplan la licencia por paternidad.

Por ese motivo esta iniciativa propone crear, dentro de la Ley Federal del Trabajo, un nuevo artículo, el 170-A, así como modificar el nombre del título quinto, Trabajo de las Mujeres, agregando "y licencia por paternidad".

Se propone incluir en el artículo 28 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado dos párrafos, de manera que el texto armonice con la licencia de maternidad. Lo anterior porque la paternidad y la maternidad deben ser dos caras de la misma moneda.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un artículo, el 170-A, en la Ley Federal del Trabajo y adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, con respecto a la licencia por paternidad.

Primero. Se adiciona un artículo 170-A y se modifica la denominación del título quinto de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 170-A. Los trabajadores hombres tendrán derecho a tres días de descanso consecutivos, con goce de salario y prestaciones, a partir del nacimiento de su hijo o hijos, de sexo masculino o femenino, con la finalidad de atender a su esposa o concubina y de su hijo o hijos. Para hacer uso de este derecho, bastará que presenten al patrón el comprobante de alumbramiento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social o en su defecto, por alguna institución del Sistema Nacional de Salud.

La presentación del comprobante deberá hacerse de inmediato, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Segundo.- Se adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado b) del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 28: "Los trabajadores hombres tendrán derecho a tres días de descanso consecutivos, con goce de salario y prestaciones, a partir del nacimiento de su hijo o hijos, del sexo masculino o femenino, con la finalidad de atender a su esposa o concubina y de su hijo o hijos. Para hacer uso de este derecho bastará que presenten al patrón, el comprobante de alumbramiento expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado o en su defecto, para alguna institución del Sistema Nacional de Salud.

La presentación del comprobante deberá hacerse de inmediato salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Transitorio.- UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de diciembre de 2003.

- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Tiene el uso de la palabra la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 21 al Presupuesto de Egresos de la Federación.

- LA C. DIP. JACQUELINE GUADALUPE ARGÜELLES GUZMÁN: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Me permito presentar a nombre de mi grupo parlamentario una propuesta de iniciativa de reformas al artículo 21 transitorio al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, para ser destinados recursos a resolver la problemática de contaminación en la Bahía de Guaymas, en Sonora, con base a los siguientes

El Puerto de Guaymas históricamente ha sido un punto de carga y descarga del comercio, en donde se ha propiciado la explotación pesquera a gran escala, intensificando el tránsito marítimo y motivando que éste se convierta en una de las principales ralas dentro del Golfo de California.

Actualmente la zona costera del estado de Sonora es considerada un área de gran importancia para la ubicación de asentamientos humanos, generando actividades de industria, comercio, transporte, turismo y servicios en forma no regulada que afectan los ecosistemas circundantes.

En ésta se llevan a cabo múltiples actividades destacando la industria pesquera, carga y descarga de productos, industria generadora de energía, astilleros y turismo, entre otras.

La diversidad de actividades y la falta de integración y planeación de las mismas, han generado una serie de problemas entre los cuales destaca la contaminación de la zona costera, convirtiéndola en una de las bahías más contaminadas de México.

Derivado del desarrollo urbano e industrial, la bahía es receptora de aguas residuales, las cuales son vertidas sin o con insuficiente tratamiento previo que corresponden a aguas residuales urbanas y de plantas procesadoras de productos pesqueros, principalmente.

En el municipio sólo hay cuatro sitios de descarga reconocidos: La Laguna, La Salada y El Aeropuerto, con volúmenes estimados de descarga de 19 mil 972 y 260 mil metros cúbicos por día respectivamente.

Sin embargo existen en total seis puntos donde se concentra la descarga de aguas residuales.

De todos los contaminantes vertidos a la bahía, se han detectado cinco grupos: Materia orgánica en descomposición, microorganismos patógenos, grasas y aceites, sustancias químicas tóxicas y desechos sólidos.

La materia orgánica en descomposición proviene generalmente de la materia fecal urbana, la sanguaza y los desperdicios de pescado y mariscos provenientes de las plantas procesadoras de productos marinos.

Los microorganismos patógenos como las salmonelas y coliformes se originan en la materia fecal que se vierte al mar por el desagüe municipal y que proliferan y sobreviven gracias a las altas concentraciones de materia orgánica en descomposición.

"Las grasas y los aceites provenientes de las derramas de hidrocarburos ocurridos por las operaciones portuarias como por el achique de centilenas por parte de las embarcaciones. Las sustancias como los detergentes, ácidos, sales y metales pesados son conducidos por el desagüe municipal. Además estas sustancias se generan en las descargas de diversas industrias establecidas en la bahía.

"Los desechos sólidos como artículos de plástico, madera, botellas y botes metálicos muchas veces son arrojados por los tripulantes de las embarcaciones y por quienes tiran la basura en las calles. Posteriormente estos desechos por acción del viento son arrastrados a la bahía.

"Por otra parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha descubierto y manifestado la existencia de vertimientos de residuos tóxicos en la bahía, que rebasan el 400 por ciento de la norma oficial permitida. En un reporte generado conjuntamente por la Secretaría de Marina y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, CiBNOR, se detalla el diagnóstico de contaminación de la bahía de Guaymas.

"Sobre la calidad del agua se establece que las concentraciones de nitrógeno y fósforo en el agua tienen una tendencia de incremento y se encuentran en los límites máximos reportados para aguas marinas.

"La concentración de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno en el agua muestran todavía un buen estado en la bahía. Sin embargo, se observan problemas serios de anoxia en la zona de paraje frente al parque industrial Rodolfo Sánchez Taboada.

"Con relación a los niveles de metales pesados en sedimentos se menciona que en la bahía de Guaymas y la zona de El Paraje tienen problemas de contaminación por metales pesados. Existen especies indicadoras de cargas excesivas de nitrógeno y fósforo como las macraidas, las cuales presentan signos de eutroficación y una abundancia relativa de un 54 por ciento en la bahía.

"Con base en la alta concentración de bacterias coliformes, la bahía se considera como zona no aprobada para la expansión de moluscos, ya que se han encontrado concentraciones de cadnio y plomo en almeja, jaiba y peces, mayores al límite máximo establecido para consumo humano por la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

"Toda esta gama de contaminantes no solo afectan a la bahía de Guaymas, sino que una vez descargadas al mar estos desechos pueden ser transportados por las corrientes marinas afectando a zonas costeras y marinas de otros estados. Adicionalmente a las afectaciones que se puedan dar a los ecosistemas a la bahía ya se han registrado casos de afectación en la zona. Durante el mes de septiembre del presente año se reportaron padecimientos como conjuntivitis, dermatitis, hepatitis y padecimientos gastrointestinales como tifoidea y el dengue. Sobre este último CIBNOR menciona que la bahía presenta zonas de anoxia. Lo anterior sumado a los encharcamientos cercanos a la bahía, causados por los continuos aportes de aguas negras, es muy probable que promuevan el incubamiento del mosco transmisor del dengue.

"En consecuencia, el hospital general de la zona ha confirmado 27 casos de dengue y 6 hemorrágicos. Sin embargo, se tienen 300 sospechas de padecer esta enfermedad.

"Dentro de la Ley Ambiental existen sanciones y disposiciones para realizar descargas a los mantos acuíferos. Aquí la LEGEPA, en su artículo 121, establece los criterios en los que se otorgarán permisos para descargar aguas residuales a cuerpos acuáticos. Adicionalmente existen otros instrumentos jurídicos como la norma oficial mexicana 001ECOL1996 que establece los límites máximos permitibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

"Diversos programas de saneamiento de la bahía se han implementado desde 1970. Sin embargo no se han atacado a las fuentes generadoras de esta contaminación. Como resultado evaluaciones recientes realizadas por el Instituto del Medio Ambiente y del Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, IMADER, se propone la realización de un programa piloto integral ambiental teniendo como líder y promotor a la SEMARNAT, por lo cual se busca que esta dependencia incluya en su presupuesto anual para el 2004 recursos para evitar y seguir contaminando y para obras de remediación y restauración que permitan el tránsito de la región Guaymas-Empalme hacia el desarrollo sustentable.

"Así, se ha estimado que con un monto de 74 millones se pueden realizar las operaciones de saneamiento y tratamiento de aguas residuales en la bahía, cubriendo los programas estratégicos propuestos dentro del programa piloto integral ambiental antes mencionado.

"En atención a lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados sometemos a consideración la siguiente iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona un artículo vigésimo primero al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004.

"Artículo único.- Se adiciona un artículo vigésimo primero al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004 para quedar como sigue: ´Vigésimo Primero.- Con el objeto de que la SEMARNAT elabore un programa integral enfocado al saneamiento integral y tratamiento de residuos de la bahía de Guaymas, Sonora, en el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, se considera una previsión presupuestaria por un monto de 74 millones 500 mil pesos. El ejercicio presupuestario de dichos recursos deberá informarse a la Cámara de Diputados de manera trimestral´.

"Segundo.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de manera trimestral.

"Segundo.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados hará las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar los recursos adicionales al Ramo 16".

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

-DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (desde la curul): Secretaria. Antonio Morales de la Peña.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 474 diputadas y diputados, más la asistencia del diputado Antonio Morales de la Peña, de viva voz.

-SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: El total 475 diputadas y diputados señor Presidente. Ciérrese el sistema electrónico.

-SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Sí, nada más señor Presidente, quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos por cédula.

-PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Carlos Blackaller Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción III del artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores: En obvio del tiempo y dado que esta iniciativa fue publicada en la Gaceta del día de hoy, me voy a permitir leer en forma resumida la propuesta.

"Los que suscribimos, diputadas y diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, nos permitimos presentar a esta soberanía la iniciativa por la que se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción III del artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

"Una de las figuras procesales de mayor trascendencia en el juicio de amparo es la llamada suspensión del acto reclamado. En esencia, la suspensión del acto reclamado tiene por objeto mantener viva la materia objeto del juicio, de manera que no se causen perjuicios irreparables para el quejoso ni tampoco se vea afectado el interés público.

"La suspensión del acto reclamado tiene una naturaleza cautelar, puesto que no decide en modo alguno sobre el fondo del asunto, sino que constituye solamente una apreciación preliminar con respecto de la existencia de un derecho.

"Al dictar la suspensión el juez no se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sino que toma las medidas que resulten necesarias para que el pronunciamiento que haga respecto al fondo del asunto en el momento procesal oportuno, pueda tener efectos, en virtud de que el acto de autoridad no se ha consumado en forma irreparable.

"Teniendo presente lo anterior hay que considerar que en ocasiones se han producido abusos por parte de algunos particulares, al utilizar la suspensión del acto reclamado como una forma de burlar el cumplimiento de un acto de autoridad.

"Con el uso de estas estrategias procesales, se pone en riesgo el interés de la sociedad en que el ordenamiento jurídico sea imparcial y completamente aplicado a todos los gobernados.

"El uso indebido de esta facultad que la Ley de Amparo otorga para proteger intereses legítimos, desvirtúa su noble fin y convierte a la suspensión del acto reclamado en un burladero para defraudar a la ley.

Esto es, que la autoridad juzgadora deberá tomar en cuenta frente a la solicitud del quejoso de conceder la suspensión diversos factores que permitan utilizar en su oble acto supensorio en una acción equilibrada y justa que mantenga incólumes a os intereses diversos de otros factores en el acto de que se traste y desde luego a os de la sociedad englobados bajo el concepto de interés úblico.

La forma que tiene la autoridad adicionalmente para proteger dichos intereses, es mediante el otorgamiento por parte del quejoso de una garantía que hasta ahora puede revestir cualquier forma de las permitidas por la Legislación Fiscal.

Sin embargo y dada la importancia social de ciertos casos, la autoridad judicial debe tomar muy en cuenta la posible afectación de terceros que por omisión del quejoso o por alguna circunstancia, no puedan ser llamados a juicio y por ende defender oportunamente sus intereses legítimos.

De la misma forma y a la luz de lo dispuesto por nuestra Carta Magna y de la experiencia que a partir de una multiplicidad de casos se ha ido acumulando en los últimos años, se considera necesario adicionar un tercer párrafo al Artículo 135 de la Ley de Amparo mediante el cual se precise la garantía que deberá ofrecer el particular promovente del amparo cuando se trate de asuntos cuyo objeto de fondo se refiere a la importación de granos básicos, bienes agroindustriales o agroalimentarios.

En esto casos, para evitar fraudes procesales conservar la materia del juicio, dar efectividad a los actos de autoridad que se ajusten a la Constitución y las Leyes, preservar los intereses legítimos de los terceros perjudicados y poner a salvo el interés público, se considera necesario que la Ley de Amparo precise que la única garantía aceptable es la del depósito en efectivo de la cantidad como la que versa el juicio ante el órgano judicial.

De la misma forma y como medida complementaria de lo anterior, se considera oportuno adicionar un segundo párrafo al Inciso C) de la Fracción III del Artículo 5º de la Ley de Amparo a fin de considerar necesariamente como terceros perjudicados en los asuntos que se han mencionado, a las asociaciones de productores legalmente constituidas.

Para fundamentar la propuesta hay que considerar la importancia del sector de productores de granos básicos, bienes agroindustriales y agroalimetarios para economía mexicana. No solamente se trata de un sector estratégico para el desarrollo nacional, lo que también es uno de los que mayores sacrificios ha tenido que realizar para poder sobrevivir a un entorno de apertura económica que ha afectado a millones de familias.

El sector mexicano de granos básicos , bienes agroindustriales y bienes agroalimentarios tiene que competir directa o indirectamente con la importación de productos subsidiados que han puesto en grave riesgo la forma de subsistencia de muchas familias campesinas y de obreros del medio rural.

Si además de esa competencia la importación de granos básicos , bienes agroalimentarios y bienes agroindustriales, se apoya en estratagemas de carácter procesal para evadir la imposición de los aranceles o cuotas compensatorias que determinen las autoridades entonces la situación que estamos enfrentando es doblemente peligrosa.

A mayor abundamiento, debemos estimar que este tipo de operaciones de importación de granos básicos, bienes agroindustriales y bienes agroalimentarios que queden libres de arancel por las deficiencias señaladas en la Ley de Amparo, inciden directamente en el precio de dichos bienes y con ello dañan a toda la cadena productiva nacional desde el campesino hasta el industrial.

La medida que se propone pondría a salvo de fraudes procesales a millones de mexicanos. Según datos del INEGI en el sector primario de la economía mexicana trabajan más de 7 millones de personas sobre un total de más de 40 millones activas económicamente, es decir, la medida propuesta puede beneficiar potencialmente a cerca del 20% de la población económicamente activa en nuestro país, por lo que se trata no solamente de una medida necesaria sino urgente.

Quienes integramos la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, debemos mantenernos sensibles a tales reclamos y en atención a los planteamientos que hemos recibido en diversos foros y reuniones con las partes afectadas, debemos considerar que es momento de tomar las medidas prácticas incluyendo las legislativas que estén a nuestro alcance para proteger la economía nacional y poder servir mejor de esa forma a los intereses generales de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar la siguiente Iniciativa, por la que se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción III del artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

En el artículo 5, fracción III, inciso c), segundo párrafo, diría: En los juicios de amparo en los que el acto reclamado tenga relación directa o indirecta con la importación de granos básicos, bienes agroindustriales o agroalimentarios, serán terceros perjudicados necesariamente, las organizaciones nacionales de productores legalmente constituidas.

Y para el artículo 135,un tercer párrafo que diría: Cuando el acto reclamado tenga relación directa o indirecta con importación de granos básicos, bienes agroindustriales o agroalimentarios, la única garantía que se aceptará para otorgar la suspensión será la que consista en depósito en efectivo realizado ante la autoridad judicial competente por el monto total de la importación en términos de la legislación fiscal aplicable.

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y,

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de rango legislativo o reglamentario que se opongan a la presente.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, diciembre 9 del 2003.

Tiene la palabra el diputado Javier Castelo Parada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que deroga los párrafos segundo, tercero, séptimo y octavo de la fracción IV del artículo 74; adición a un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 78; reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 79; y, adiciona las fracciones XX y XXV del artículo 89, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en la normatividad vigente, presento la siguiente iniciativa que estoy cierto retoma peticiones de todos los grupos parlamentarios y tiene por objeto lo siguiente:

Segundo.- Establecer que los años de cambio de Administración Federal, el Congreso y la Cámara de Diputados, por lo que toca a Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, tendrán hasta el 28 de febrero para autorizarlos.

Tercero.- permitir la reconducción presupuestaria con el esquema de autorizar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año anterior, más actualizaciones y ajustes hasta el 15 de enero, fecha límite para los casos de no llegar a acuerdos en los tiempos legales para años que no haya cambio de administración y hasta el 28 de febrero, cuando inicie una nueva Administración.

Establecer, si llegadas las fechas límite no hay acuerdos en Ley de Ingresos y/o en Presupuesto de Egresos, se dará por aprobada la propuesta del paquete económico enviada por el Ejecutivo Federal.

Cuarto.- Obligar a la Comisión Permanente a convocar a un período extraordinario al Congreso o únicamente a la H. Cámara de Diputados en los casos que no se hubiere aprobado la Ley de Ingresos y/o el Presupuesto de Egresos, antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal, con el objeto único de discutir y aprobar dichos documentos.

Quinto.- Establecer que en el Presupuesto de Egresos anual puedan autorizarse proyectos y programas multianuales.

Sexto.- Anticipar la entrega de la Cuenta Pública para antes del 15 de marzo y fijar el 15 de octubre como fecha para la presentación del Informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública.

Ocho.- Plasmar la obligación del Ejecutivo de entregar el paquete económico y la cuenta pública anual en el artículo 89 correspondiente a las facultades y obligaciones del Presidente de la República; hoy ésa obligación se establece en el artículo 74 de facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.

Todas estas modificaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de actualizar el marco jurídico en materia presupuestaria y de cuenta pública al tenor de la siguiente:

La separación de poderes es la nueva realidad en el ejercicio del supremo poder de la Federación, el Partido Acción Nacional en sus plataformas políticas y por conducto de sus legisladores, ha sustentado a través del tiempo la necesidad de otorgar al Poder Legislativo los elementos que le permitan cumplir de mejor manera con sus responsabilidades en la determinación de las contribuciones que se requieren para financiar las crecientes demandas de la población, teniendo en cuenta que el régimen fiscal debe promover la inversión y ayudar a la generación de empleos, así como vincularse con un adecuado sistema presupuestario que asigne de manera eficiente el gasto por medio de diversos programas y proyectos. Es la alta trascendencia que ambas tareas implican para el futuro del país, la razón que sustenta esta iniciativa.

El Poder Legislativo representado por las dos Cámaras del Congreso de la Unión requiere de mayor tiempo para cumplir con sus obligaciones constitucionales de examinar, discutir y aprobar anualmente la iniciativa de Ley de Ingresos y en el caso específico de la Cámara de Diputados, para apoyar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por ello se propone anticipar a octubre 15 la entrega del paquete económico de parte del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, en aquellos años donde no se presenta cambio de administración.

La necesidad de los legisladores de contar con más tiempo para cumplir con la anterior obligación es todavía mayor en los años en que cambia el Presidente de la República. Al respecto, hoy en día sólo cuenta el Congreso de la Unión con 15 días para desempeñar dicha tarea, al recibirse el paquete económico hasta el 15 de diciembre. Para estos casos, en la presente iniciativa se propone como fecha límite para su aprobación el 28 de febrero, lo cual hará que se disponga del tiempo necesario para examinar, discutir y aprobar en mejores términos la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Una solicitud de muchos años ha sido la de resolver la eventualidad de que inicie un ejercicio fiscal y no se hubieren aprobado la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos o quedase pendiente éste último. Con el objeto de darle seguridad y certidumbre a todos los sectores del país y no generar inestabilidad política que afecte las expectativas de los mercados financieros nacionales e internacionales, se propone un esquema de reconducción presupuestaria que permita continuar la labor del Gobierno Federal y de los gobiernos locales y municipales. En los años que no haya cambio de administración en el Ejecutivo Federal, la propuesta de reconducción consiste en aprobar con un lapso de tiempo que abarcaría desde el primer día del nuevo ejercicio fiscal hasta el 15 de enero, tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos que estuvo vigente para el año inmediato anterior, con las actualizaciones y ajustes que por razones legales o económicas se deban considerar.

Con esto, la fecha del 15 de enero sería el límite para que el Congreso o en su caso la Cámara de Diputados, aprobaran los correspondientes documentos para el nuevo ejercicio fiscal.

En los casos del inicio de una nueva administración, se propone mantener la fecha vigente del 15 de diciembre para la entrega del paquete económico, que incluye Ley de Ingresos y proyecto de Presupuesto de Egresos. Asimismo, en estos casos también se aplicaría el mecanismo de reconducción señalado, pero el Congreso tendrá como fecha límite para la aprobación del nuevo paquete económico hasta el 28 de febrero. Con esto se lograría dar certidumbre económica y desde el punto de vista político, se dispondría del tiempo necesario para resolver aquellos casos en los que se presentase incertidumbre por posibles cuestionamientos en los resultados electorales.

Al establecer nuevos plazos para la aprobación de la Ley de Ingresos y/o del Presupuesto de Egresos de la Federación a través del mecanismo de reconducción, se propone obligar a la Comisión Permanente a convocar a un periodo extraordinario al Congreso General o únicamente a la Cámara de Diputados, en los casos en que no se hubiera aprobado la Ley de Ingresos y/o el Presupuesto de Egresos antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal, con el fin único de discutir y aprobar dichos documentos. En los años de inicio de una nueva administración, se convocará en la primera sesión de la Comisión Permanente del mes de febrero. De no ser éste el caso, la convocatoria ocurriría en la primera sesión del mes de enero.

Una vez culminados los tiempos propuestos en el mecanismo de reconducción presupuestaria para ambas situaciones y no se hubieren aprobado los documentos, se plantea se apruebe el paquete económico originalmente enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión o a la Cámara de Diputados, en particular para el caso del Presupuesto de Egresos.

Otra limitación de nuestro actual marco jurídico en materia presupuestaria es, que no se permite comprometer recursos más allá del ejercicio fiscal, correspondiente al Presupuesto anual que se autoriza, pero la realidad nos muestra que eso no se respeta, el endeudamiento a largo plazo, los Pidiregas, son casos donde se crea la obligación de destinar recursos de presupuestos futuros para hacerles frente.

Para homologar nuestro marco jurídico en materia presupuestaria al de muchos países de avanzada en este tema, donde una de sus características consiste en planear presupuestos con visión de mediano y largo plazo, se propone autorizar en el Presupuesto Anual de Egresos, la posibilidad de contraer compromisos multianuales, para esto se plantea adicionar en la Constitución Política de nuestro país una fracción al artículo 89 que autorice el comprometer recursos para programas de inversión y proyecto de infraestructura que abarquen varios ejercicios fiscales.

Así como se propone ampliar el tiempo para examinar, discutir y aprobar el paquete económico y en particular el Presupuesto de Egresos, también se reconoce el requerimiento a mayor tiempo para estudiar la Cuenta Pública Anual, por lo que se propone que el Ejecutivo Federal anticipe al 15 de marzo, la presentación del documento de Cuenta Pública ante la Cámara de Diputados, de igual forma se establece que la entidad de fiscalización debe entregar su informe con los resultados de la revisión a mas tardar el 15 de octubre.

Por otro lado, tras haberse aprobado la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información, resulta contrario a la misma que en el Presupuesto de Egresos se permitan partidas secretas, por lo que proponemos se elimine esta posibilidad.

Proponemos también pasar al artículo 89 de la Constitución, lo que anuncia las facultades y obligaciones del Presidente de la República, la obligación referente a al entrega del paquete económico.

Artículo Segundo.- Se derogan los párrafos segundo, tercero y séptimo de la fracción IV del artículo 74...

EL C. DIP. JAVIER CASTELO PARADA Es cuanto, diputado Presidente y le ruego se inserte la iniciativa completa en el Diario de los Debates.

EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y agréguese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra el diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal al pobre, que mejores sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto", Pensamientos y Sentimientos de la Nación de Don José María Morelos y Pavón.

Los difíciles problemas económicos por los que hemos pasados en los últimos años, han arrojado a la pobreza absoluta a más de la mitad de la población mexicana con un grave deterioro en el bienestar particular y general de la sociedad.

Los integrantes del grupo parlamentario del PRD, comprometidos en construir una sociedad equitativa, no somos indiferentes frente a las altas e injustificadas remuneraciones que privan en el sector público en los diferentes niveles de gobierno.

Es un imperativo de la moral pública y de la democracia, terminar con el ejercicio discrecional de los recursos del pueblo. No podemos permitirnos que se sigan beneficiando un grupo reducido de la alta burocracia con salarios que ofenden y agravian, contrarios a los principios de justicia, equidad, igualdad y solidaridad.

Una reorientación auténtica social del presupuesto sólo puede darse bajo la premisa de impulsar una austeridad patriótica y republicana. En el Congreso de la Unión debemos poner un alto a los salarios o remuneraciones de más de 400 mil pesos a Presidentes Municipales, de más de 200 mil a Directores o Secretarios de Estado; es absurdo que exista en nuestra República casos de presidentes y empleados municipales que perciben una remuneración mayor a la del Presidente de la República.

Ante esta situación, se hace necesario un límite que equilibre tal desproporción, combata el derroche de los recursos públicos.

El país reclama austeridad y no lujo, no debemos aceptar más la discrecionalidad de servidores públicos que se autoasignan sus sueldos, priorizando su bienestar personal en el presente y futuro y no el de su pueblo.

Compañeras y compañeros legisladores: no olvidemos las enseñanzas de hombres como Mariano Otero, que en el ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana, al referirse al peculado expresó: "Esta profesión vergonzosa y eminentemente antinacional de aprovecharse de las rentas públicas, formó una clase atendida, considerada y solicitada, que no buscaron siempre más que oro y más oro".

Esa situación actualmente, compañeros legisladores, es un ambiente que cabalga a todo lo ancho y largo de nuestra República.

Destaca también la participación del Ministro de Guerra en la sesión del 22 de abril de 1843, al discutirse la composición de la Cámara de Diputados, pues al hacer el uso de la palabra sostenía lo conducente: en cuanto a la escasez del erario, se debe buscar el mal en su raíz y atacarlo en su origen, que las rentas del Estado alcanzaban para todo bien arreglada la Hacienda Pública, que el modo más sencillo y fácil de tenerla era rebajar los sueldos del Presidente, ministros y diputados.

Es indispensable seguir el ejemplo con la actuación, es por ello que resulta impostergable dar transparencia a los ingresos, no sólo de los titulares del Poder Ejecutivo, sino de todos los servidores de la federación, de las entidades, el Distrito Federal y los municipios, toda vez que invocar una nueva moralidad del servidor público exige que sean precisamente éstos quien encabecen esa moralidad; los que pongan el ejemplo siguiendo la premisa de Benito Juárez, quien sostenía que el servidor público debe aspirar a vivir con la medianía de su sueldo y a trabajar para alcanzar las mejores aspiraciones de la sociedad.

De conformidad con el artículo 127 de la Constitución General, las remuneraciones que perciban los servidores públicos deberán ser anuales, adecuadas, irrenunciables y equitativas; sin embargo, las características actuales de las remuneraciones son las siguientes:

Son parcialmente ilegales, aquellas que no están contempladas en el Presupuesto ni en una ley posterior, como lo señala el artículo 126 de la Ley Suprema.

Son inequitativas, en virtud de que no existe un principio de igualdad horizontal, que norme simetrías entre pares, como es el caso de diputados y senadores o bien, siendo actividades diferentes tienen una relevancia semejante, por lo tanto, deberían ser considerados iguales como la actividad legislativa, la ejecutiva y la judicial.

En este mismo Congreso tenemos el ejemplo de los empleados de la Cámara de alto nivel, de la alta burocracia, quienes ostentan salarios muy por encima de los legisladores. Esto no puede seguir así en ninguna parte de la República.

Son aún más inequitativas si se considera que estas remuneraciones incrementan la opulencia en algunos servidores públicos y la pobreza de miles de mexicanos, contrariando con ello el irrenunciable compromiso de nuestra investidura popular.

Considerando que las remuneraciones actuales netas de los diputados son de 63 mil pesos, de los senadores de 86 mil; de secretarios de Estado, que van de 155 a 163 mil pesos; del propio Presidente de la República de 158 mil, agregando a ello bonos, compensaciones y otro tipo de ingresos, proponemos que la dieta del diputado federal sea la referencia obligada, para que ningún servidor público estatal o municipal y del Distrito Federal perciba una remuneración superior a éstos, salvo el caso del Presidente de la República y los ministros de la Corte, que tendrían hasta una tercera parte más de los ingresos del diputado federal.

Los senadores tendrán una remuneración igual a los diputados federales, por ser ambos colegisladores de un mismo Poder y por no existir razón alguna para no ser tratados como pares de esta importante función de Estado.

Asimismo se propone que no existan remuneraciones especiales, bonos, premios u otras compensación a los servidores públicos federales, estatales y municipales e confianza, sólo la que sea considerada como única remuneración constitucional.

Desde luego nuestra propuesta es que el monto inicial de referencia de estas remuneraciones de diputados federales, sean las que se encuentran vigentes y que también lo serán para el año 2004.

Con la reforma constitucional estamos presentando el ahorro que se obtenga de esta reducción de remuneraciones, será suficiente para atender seguramente renglones importantes que están pendientes de la función pública, en los ámbitos de la educación, la salud y el empleo.

Con una austeridad emanada de la ley suprema, de las remuneraciones de los servidores públicos, se alcanzarían ahorros de miles de millones de pesos seguramente en la federación, en los estados y en todos los municipios.

Insistimos, no es justificable la desincorporación de entidades públicas, mientas existan otras opciones, como el ahorro a partir de la austeridad en la remuneración de los servidores públicos, y menos aun si estos organismos tienen una inequívoca función social, reconocida ampliamente en nuestro país.

Estas acciones representarían un cuantioso ahorro además pues son decenas de miles de servidores públicos, que actualmente tienen percepciones superiores a las de los diputados federales.

En lo virtud de lo expuesto, solicito a la presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, ordene se inscriba el texto íntegro de la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los Artículos 64, 73, 75, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, en virtud de que mi exposición sólo fue una síntesis apretada de la iniciativa.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Insértese el texto íntegro den el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Manuel Velasco Coello del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo al Artículo 36 de la Ley General de Salud.

-EL C. DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El desarrollo que ocurre durante los primeros seis años de vida del infante, es fundamental para determinar su temperamento, estilo de aprendizaje, patrón y tiempo de crecimiento, entre otros.

Para alcanzar un óptimo desarrollo durante este período, los niños necesitan diferentes tipos de estimulación e interacción, por lo que es necesario responder a sus necesidades más básicas, particularmente la salud. La salud es uno de los más profundos valores y derechos de los individuos, esta dignifica al hombre y es una responsabilidad que el Estado debe asumir en cumplimiento del Artículo 4º., párrafo tercero de nuestro Carta Magna.

El mismo artículo señala que para su desarrollo integral, los niños y las niñas, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Asimismo establece que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

La Ley General de Salud reglamenta este precepto constitucional y establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

A pesar de lo anterior, nuestro país se encuentra muy lejos de poder dar cabal cumplimiento a esos preceptos. Hoy en día siguen siendo miles los mexicanos que carecen de servicios básicos de salud, otros que cuentan con algún tipo de cobertura social, siguen padeciendo servicios deficientes.

La falta de acceso a los servicios de salud, es determinante en el ciclo pobreza-enfermedad, ya que la vida familiar se trastorna, pues para atenderlos se utilizan recursos extraordinarios que inciden en la dinámica de empobrecimiento, muchas veces no se cuenta con autosuficiencia para procurar tratamientos prolongados o hacer frente a los llamados "gastos de bolsillo". Esta problemática se vuelve particularmente grave cuando nos referimos a la población infantil.

Hoy en día muchas familias se ven imposibilitadas a atender a sus hijos cuando se presenta alguna emergencia, ya que no son derechohabientes o beneficiarios del sector salud, donde les piden cubrir cuotas que en la mayoría de los casos excede su capacidad de pago.

Aún con las reformas a la Ley General de Salud que recientemente fueron aprobadas y que contienen novedosas aportaciones, no se resuelve esta problemática en virtud de que sólo comprende la prestación de servicios médicos a las personas que contribuyan con la cuota familiar; es decir, miles de infantes cuyos padres no pueden cubrir este pago y que carecen de los beneficios de la seguridad social, continúan en un estado de vulnerabilidad ante las enfermedades.

En México, según datos del Consejo Nacional de Población, para el año 2004 habrá alrededor de 8 y medio millones de niños de 2 a 6 años de edad y de éstos poco más de la mitad no eran derechohabientes o beneficiarios de ninguna institución de seguridad social.

Al analizar los datos del INEGI sobre el uso de los servicios de salud por parte de la población, se encontró que aproximadamente el 4% de los niños no tienen acceso a ningún servicios de salud público o privado. Esto quiere decir que cerca de un millón de niños no tiene posibilidad alguna de atención médico.

Con excepción de los niños asegurados cuyos padres cubren por ley las cuotas de seguridad social con independencia del número de hijos que tengan, todos los demás niños se ven obligados a pagar al menos una cuota por la atención médica. Esta situación pone en riesgo el patrimonio de muchas familias que ante una emergencia o enfermedad no cuentan con los recursos para cubrir las cuotas, honorarios o medicamentos que les son solicitados.

Si al grupo de población de 2 a 6 años de edad se le eximiera del pago de la cuota de recuperación de los servicios públicos de salud, beneficiaríamos a una multitud de familias que tienen que recurrir en gastos catastróficos. Con esta medida ayudaríamos a muchos niños que actualmente no tienen acceso a ningún servicio de salud.

Por ello el Partido Verde Ecologista de México, apoyado en sus premisas e ideología, promueve el desarrollo integral de la niñez mexicana, mediante el acceso equitativo de los servicios de salud, que redundará en una nación más sana y por lo mismo más presta para afrontar los grandes retos que la nación demanda.

Por tanto en atención a lo anteriormente expuesto y observando los intereses de la niñez mexicana, los suscritos diputados sometemos a la consideración de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto, mediante la cual se adiciona un párrafo V al artículo 36 de la Ley General de Salud.

Por respeto al tiempo de mis compañeros diputados omitiré la lectura del articulado. Pero solicito a la mesa directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

-PRESIDENTE: Insertese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene la palabra el diputado Eduardo Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículo 16, primer párrafo, 32 segundo párrafo, 33 inciso b), 35 párrafo primero e inciso d), párrafo segundo y tercero y adiciona un último párrafo al artículo 16, todos de la Ley de Coordinación Fiscal.

EL C. DIPUTADO EDUARDO A. BAILEY ELIZONDO: Con el permiso de la presidencia. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados federales: a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Nuevo León, presento esta iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, del cual doy lectura.

México es un Estado federalista; nuestro Estado es profundamente democrático y federalista desde sus orígenes. Fue desde el principio de nuestra vida independiente en donde se perfiló la concepción de una república federal.

La rebelión de Casamata del 1 de febrero de 1823 determinó el inicio del movimiento federal consumado a lo largo del año de 1823. En esta Acta de Casamata, en donde se plasma por primera vez de manera clara el concepto del federalismo mexicano, ratificado en el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, que reconoce la existencia de los estados y crea algunos otros, estableciendo los principios fundamentales del Pacto de la Unión.

Los estados crearon una entidad con una voluntad de gobierno federal para que represente a todo el país, pero al servicio de estos mismos sujetos. Así, los poderes federales, en cuanto órganos o voluntad de este Pacto, no se legitiman sino por los estados. Este es el origen de nuestro Estado federalista, que fue ratificado enlas constituciones políticas de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, 1857 y 1927.

El federalismo mexicano, como todo proceso político y social, ha sido dinámico. La evolución del artículo 115 constitucional ha sido el mejor ejemplo del desarrollo porque el fortalecimiento de los gobiernos locales está en la esencia de ese federalismo.

Con municipios y entidades federativas sólidas se tendrá un Estado mexicano fuerte que nos permita el acceso a estadios superiores de desarrollo y bienestar para la mayoría de los mexicanos. Es la mejor arma para el combate a la pobreza y la pobreza extrema en el país.

La Constitución Política, por ello, establece que corresponde al Estado mexicano, en su vertiente de autoridad, compuesta por los tres órdenes de gobierno que la propia Constitución reconoce --la federación, los estados y los municipios-- la rectoría del desarrollo económico de la nación.

Son los estados y los municipios quienes deben de atender a esa diversidad, que es su realidad específica, diversidad que le es consustancial a su propia existencia, por lo que deben ser ellos quienes se encarguen de su atención, ya que no puede ser de otra manera, sin afectar la esencia misma del Estado mexicano y sin alterar la voluntad del pueblo mexicano.

Es claro que lo que trata de preservar el Constituyente es la unidad como nación, basada en el reconocimiento de la diversidad; por ello establece principios de carácter general que no pueden ser contravenidos por las constituciones locales de las entidades federativas.

Pero es claro también que el espíritu del Constituyente es el de que las entidades federativas que suscriben el pacto federal asuman a plenitud sus responsabilidades con la población que las integra.

Por ello el artículo 115, fracción IV, que establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso las participaciones federales que serán cubiertas por la federación a los municipios, con arreglo a las bases, montos, plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados.

Así, son los legisladores locales de las entidades federativas quienes habrán de determinar las contribuciones y los ingresos de los municipios en específico, pero sobre todo, como lo señala su inciso b): las participaciones federales deben ser cubiertas por la federación a los municipios con arreglo a los plazos y los montos que establezcan anualmente las legislaturas locales.

Como se aprecia, no existe duda alguna de que la voluntad del constituyente es que sean estas legislaturas locales y no otra autoridad federal o norma secundaria, quienes lleven a cabo la determinación de los plazos y montos que se asignen a los municipios de los recursos derivados de las participaciones federales. Este es el sentido que debe de privar la Ley de Coordinación Fiscal; éste es el espíritu de la reforma que aquí se propone.

El Gobierno Federal, en las últimas décadas ha venido consolidando un proceso de descentralización de actividades a su cargo, que por motivos del desarrollo nacional se le había venido concentrando en perjuicio de los estados y de los municipios, pero que hoy en día ya no tiene justificación alguna, antes al contrario, se ha demostrado que este esquema ya no opera en beneficio de la población a la que representa, por lo cual, debe de acelerarse. Repito, son los municipios y los estados las instancias más cercanas a la población y por lo tanto, quienes conocen sus necesidades prioritarias, por lo que están plenamente facultados para asumir sus responsabilidades. Son ellos quienes tienen una visión más cercana de las necesidades de su desarrollo regional integral.

Los ciudadanos de los municipios acudirán antes que a ninguna otra instancia a la autoridad municipal y a la estatal para el planteamiento de sus problemas y para solicitar la solución de los mismos. Por ello es conveniente que los programas institucionales a desarrollar en las entidades federativas, sean ejecutados en la medida de sus capacidades por las autoridades municipales o bien, por la de los estados y por tanto que estos sean convenidos entre los gobiernos estatales y los ayuntamientos de los municipios que conforman estas entidades federativas, con la finalidad de que respondan a las necesidades del desarrollo integral de las propias entidades y municipios para beneficio de sus habitantes.

Es conveniente por ello que las dependencias del Ejecutivo Federal tengan sólo un carácter normativo, sobre la utilización de los fondos que ellas destinen a las entidades federativas, para que el desarrollo de programas de impacto nacional, siempre respetando la determinación de las legislaturas y los municipios de sus prioridades atendiendo a sus características culturales.

La información de las instituciones federales, como lo son el INEGI y la Secretaría de Desarrollo Social, habrán de ser de gran utilidad para la definición de los criterios con los que los estados y municipios definirán sus prioridades sin fórmulas únicas y homogéneas, ya que el país se distingue precisamente por su diversidad en todos los sentidos. El país no es homogéneo; la idea de un Estado homogenizador quita valor a las expresiones regionales.

Los procesos modernos de globalización no significan estandarización, eliminación de expresiones y desarrollo regional.

Se reitera, no pueden ser las dependencias federales las que definan las prioridades de los estados y los municipios como se desprende de la actual Ley de Coordinación Fiscal, ya que el sentido de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es claramente opuesto.

El constituyente se ha pronunciad porque sean las legislaturas locales y los municipios quienes se hagan cargo de la atención de sus necesidades, que sean ellos quienes las definan.

Por lo antes expuesto se presenta la presente iniciativa de decreto por medio de la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal en los términos siguientes:

Artículo 1.- Se reforman los artículos 16 párrafo primero y se agrega un párrafo segundo; artículo 32, párrafo segundo; 33 inciso b), segundo párrafo; artículo 35 párrafo primero, inciso d, párrafos 2,3, todos ellos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Por obvio de tiempo y en virtud de que está publicado en la Gaceta, omito la lectura completa de los artículos en mención.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

- LA C. DIPUTADA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ (PRD): Muchas gracias, señor Presidente.

"Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

"A casi tres años de haberse constituido el Instituto Nacional de las Mujeres, resultado del consenso de Legisladoras Federales de todos los grupos parlamentarios y como respuesta a la exigencia de la sociedad civil organizada y del Movimiento Amplio de Mujeres de nuestro país, se hace necesario tomar en cuenta los siguientes

"1o. México en el ámbito internacional de los derechos humanos ha sido precursor en varias iniciativas acordes a la exigencia del reconocimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas, sin discriminación ni exclusión de ninguna índole y bajo ninguna circunstancia.

"Sin embargo, en nuestro país hemos estado rezagados del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ratificación de estos compromisos y resulta de primer orden el tomar todas las medidas legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales y sociales para el cabal acatamiento de las disposiciones emanadas de los tratados y convenciones inscritos en el derecho internacional de los derechos humanos.

"2º. De manera particular destacan los lineamientos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por el Senado de la República en 1981, que a la letra dice en su artículo 3º: ´Los estados parte tomarán todas las esferas y en particular en las esferas políltica, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre´.

"3º. Más allá de la buena voluntad se hace necesario e indispensable definir los mecanismos y las herramientas tendientes a lograr la resolución de la inequidad, producto de las diferencias y estereotipos sociales que discriminan y minimizan a la mujer y a la niña, precisamente por su condición de sexo.

"Estos mecanismos se caracterizan por su vanguardismo en el ámbito de la planeación y etiquetación de presupuestos y darán lugar a la resolución a corto, mediano y largo plazo de la inequidad y desigualdad para hacer vigente la garantía de la plena igualdad del varón y la mujer consagrada en el artículo 4º constitucional.

"4º. Los mecanismos derivados de estos compromisos con los derechos humanos tienen el encargo de impulsar la incorporación de la perspectiva de equidad de géneros en todas las políticas públicas estructurales de la administración pública federal con la coadyuvancia hacia las esferas de poder a nivel estatales y municipales.

"5º. Como consecuencia intrínseca la pasada Legislatura esgrimió que era necesario transformar la Comisión Nacional de la Mujer en una institución con atribuciones claramente definidas, con disponibilidad de recursos suficientes y con la capacidad y competencia para influir en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales, así como la formulación y el examen de la legislación que para el cumplimiento de diversas convenciones a favor de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas se aplicasen de manera efectiva y eficiente en toda la nación.

"6º. Surge como respuesta política a estos compromisos la creación por ley del INMUJERES como un organismos descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. Este instituto responde a los acuerdos emanados de diferentes conferencias de entre las que destaca la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín en el ´95, en donde todos los gobiernos y estados del mundo se comprometieron a establecer mecanismos encargados de definir un conjunto de medidas estratégicas, que al ser adoptadas prioritariamente en cada uno de los países, se instalen las acciones para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por la igualdad de tratos y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminación por condiciones de edad, etnia, discapacidad, cultura, idioma, religión o cualquier otra cuestión que impida o menoscabe los derechos humanos de las personas, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

"Siete.- La experiencia y aplicación de la Ley del INMUJERES ha permitido valorar que la misma tiene que ser perfectible para que sea acorde a los requerimientos que el mismo instituto ha destacado como sus principales acciones a partir del objeto definido en la ley.

"Ocho.- Estas reformas que hoy proponemos a esta honorable asamblea, inciden en un mejor funcionamiento de su órgano de gobierno, otorgándole el estatus de primacía al ser presidido rotativamente por diversos Secretarios del gabinete del Ejecutivo Federal, lo que refleja la importancia de sus atribuciones y resolutivos que de este emanen.

"Ocho.- Así también reformamos los organismos auxiliares, cuyos integrantes tienen ante el Instituto mayor injerencia de participación en la toma de decisiones, reconociéndoles que la influencia del sector gubernamental son el catalizador del cambio a favor de las mujeres, destacándose la importancia de su trabajo y otorgándoles a todas su derecho a voz y voto.

"Diez.- Se destaca la diferenciación en los términos de género y sexo por un lado y, por el otro, los conceptos de equidad entre los géneros e igualdad entre los géneros, ya que éstos no son sinónimos e intercambiables.

"Once.- Se establece mayor transparencia en el ámbito de la rendición de cuentas en la aplicación de recursos.

"Doce.- En lo interno se insta al Instituto a realizar las reformas conducentes de su estatuto orgánico y elaborar su reglamento de procedimientos.

"Trece.- Actualizamos algunos cambios que se han inscrito en la administración.

"Catorce.- La experiencia ha demostrado que los enlaces de las instancias federales han evidenciado esfuerzos y compromisos, pero su incidencia respecto de la definición de las tareas de planeación y etiquetación de políticas públicas, han sido muy cortas e insuficientes.

"Quince.- Finalmente en este esfuerzo de elaboración de estas reformas a la ley en comento, responden las inquietudes y compromisos de diversas consejeras vocales, consultivas y sociales que hemos manifestado a partir de nuestra experiencia como parte del órgano de gobierno.

"Por lo anterior y con fundamento en lo que establece el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de la Unión, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del INMUJERES.

"Artículo Único.- Se reforman los artículos 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 y 32 y se adicionan los artículos 5, 7 12, 15, 18, 28 y 32 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue: .... ".

En la página 77 de la Gaceta Parlamentaria, editada el día de hoy, es la 1390, está toda la iniciativa para que pueda ser conocida por todas ustedes y todos ustedes. Creo que el tema nos lleva precisamente el día de hoy a tener la necesidad de modificar la ley que crea el Instituto para garantizar lo que ahora no se ve.

No hay perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto es todo lo que propongo ante ustedes.

-PRESIDENTE, DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA: Gracias diputada De la Peña.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género.

Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 10 y 32 y adiciona un artículo 16 bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

-ELC. DIPUTADO CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ.- Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Los firmantes, Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que establece el Artículo 71º Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55º Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este honorable pleno, la presente Iniciativa de Decreto que reforma los Artículos 10º y 32º y adiciona un Artículo 16-bis de la 218 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, al tenor del siguiente:

La Seguridad Social en México y en América Latina enfrenta problemas estructurales y coyunturales de gran trascendencia. El ámbito estructural como consecuencia de alcanzar el objetivo de lograr finanzas públicas sanas, como condición de la estabilidad y fundamento macro económico, la seguridad social modificó sustantivamente sus objetivos, trastocando el esquema histórico de solidaridad social del Estado, obligando a reestructurar el gasto público , reduciéndolo de manera importante y detonando con esto un proceso acelerado de privatización de las pensiones y sustentando paulatinamente todo el esquema en un modelo de ahorro y capitalización individual.

En la coyuntura, la seguridad social enfrenta en sus interiores severas restricciones financieras limitada cobertura, poca eficiencia y eficacia en sus objetivos y logros, baja calidad, poca penetración y, lo más preocupante, no solo a la coyuntura sino en el mediano y largo plazo.

La modificación de la pirámide demográfica que por sí sola presiona hacia mayorews y mejores servicios y atención de primer, segundo y tercer nivel.

Pero lo más grave en este contexto, es que la actividad económica reproductiva sigue deprimida, el mercado interno no presenta absorción importante de empleo, esta situación que se verifica en la baja generación neta de empleo, datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática reflejan que la tasa de desempleo abierta llegó a 4.5%.

En consecuencia, la creación de empleos sufre un rezago gigantesco sobre todo si tomamos en cuenta que la demanda nacional anual de empleo se estima en un millón 300 mil nuevas plazas.

Los procesos de reforma iniciados durante la década de los 90, por un número importante de países han estado motivados por la búsqueda de soluciones a estos problemas y por la necesidad de enfrentar los aumentos de la demanda esperada, asociados a la transición demográfica y epidemológica de la población, a la falta de planeación y creciente pérdida del empleo.

Los avances son insuficientes, los niveles de cobertura siguen siendo bajos y las mejores en la gestión y asignación se han topado con importantes limitaciones, la experiencia muestra que no hay un modelo universal y los países han adoptado diferentes combinaciones de participación pública y privada en la implementación de sus reforma

Se observan importantes variaciones en los mecanismos utilizados para estructurar el componente solidario y la manera de adaptarse a las particularidades que presentan.sus mercados de salud y de pensiones.

En este sentido, persisten importantes desafíos tanto para las autoridades de los países que han reformado sus sistemas como para aquellos que están considerado hacerlo en el futuro.

Los problemas actuales derivados de las reformas estructurales y del re dimensionamiento del Estado han incrementado la pobreza, profundizando el desempleo en la población adulta y joven, con la consecuente precarización del ingreso impactando no sólo a la clase media sino al conjunto de la población con consecuencias graves en la.

El signo actual es la falta de movilidad social, de oportunidades y pérdida de cobertura de la seguridad social. El fracaso en el logro de elevar los niveles de bienestar han acarreado que ene l entorno familiar y social se haya deteriorado. Necesitamos promover la ampliación de la cobertura.

A pesar de los esfuerzos del Legislador de sanear la economía del Instituto en la actualidad, los problemas siguen presentes.

Dentro de esta coyuntura, el Poder Legislativo no puede quedar a la zaga de tan importantes acontecimientos y se propone, en primer término, ante este Pleno, que se contemple dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio del año 2004, un incremento al presupuesto en el rubro de seguridad social a efecto de que los trabajadores puedan seguir gozando de la totalidad de los beneficios de la seguridad social que les otorga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En segundo término, se propone una reforma emergente que si bien no resulta integral ni resuelve de fondo la problemática de seguridad social que vive el país, se propone una medida urgente e inmediata a favor de los trabajadores asegurados cuando se queden desempleados, la posibilidad de seguir disfrutando de todos los beneficios de la seguridad social y no recibir esto limitativamente.

En este contexto, el ordenamiento legal en estudio carece de mecanismos que protejan al trabajador que queda desempleado; por tal razón, la iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía propone reformas a los artículos 10 y 32, y adiciona un artículo 16-Bis de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado.

----- Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Tiene la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escarraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El suscrito, diputado de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

En 1995, fue adicionado el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la concurrencia de la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios en materia de seguridad pública y para coordinar a estos órdenes de Gobierno en un sistema nacional de seguridad pública.

Tales funciones se regulan a detalle por la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El artículo 3 de ése cuerpo normativo, define a la seguridad pública como la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y determina que las autoridades alcanzarán dichos fines mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.

Sobre esa base, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determina anualmente desarrollar proyectos comprendidos en ejes, estrategias y acciones para cuya ejecución canaliza y distribuye recursos presupuestales a fideicomisos creados ex profeso por cada entidad federativa y el Distrito Federal.

No obstante, el último de los numerales citados, es decir el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal limita la adecuada canalización del fondo a las actividades sustantivas de la seguridad pública en sus respectivos ámbitos territoriales, temporales y materiales de aplicación y en cierta forma hace nugatorios los propósitos de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública antes sintetizados ya que taxativamente indica el destino de las aportaciones federales relativas.

Esta es la opinión unánime de los comités técnicos de los fideicomisos estatales de seguridad pública responsables de determinar la distribución de los recursos indicados, conforme a las necesidades de cada entidad federativa, de los consejos estatales de Seguridad Pública y de los fideicomisarios correspondientes. Así nos lo hicieron sentir en la última reunión que tuvimos con los miembros de la Comisión de Seguridad Pública y los servidores públicos mencionados. Ello, toda vez que la disposición legal en comento etiqueta injustificadamente el destino de los recursos aportados a los respectivos fondos, constriñéndolos a los ejes expresamente indicados en detrimento de otros muchos programas necesarios para la atención de los fines indicados por la multicitada Ley General, que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Si a eso aunamos la disminución constante de los presupuestos asignados a la Coordinación de la Seguridad Pública en los últimos años, las conclusiones son desalentadoras, pocos recursos para el ámbito de aplicación reducido y ya muy explorado. Consecuentemente, los fideicomisos estatales no pueden distribuir recursos hacia donde realmente se requieren, por ejemplo: para gasto de operación de reclusorios, para equipar, homologar y asignar dotaciones complementarias a los elementos de las policías preventivas municipales o para apoyar eventualmente con gasto de capital a los cuerpos de bomberos. Esto ha provocado que en varios estados, reclusorios recientemente construidos con altas inversiones de recursos de infraestructura de seguridad pública, estén convertidos en "elefantes blancos", puesto que al no existir los medios para ponerlos en actividad como serían salarios de custodios, administrativos y técnicos o el pago de suministros diversos, permanezcan desocupados y alejados de los fines intrínsecos para los cuales fueron construidos.

Asimismo, esta situación ha impedido se apoye a las policías preventivas municipales y que, por tanto, carezcan de armamento indispensable para enfrentar a la delincuencia y para desarrollar a sus elementos y prevenir su deserción.

La redacción actual del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal es ajena a la realidad que debiera regular y propicia la ausencia de la coordinación ordenada por nuestra Constitución y su Ley Reglamentaria, coordinación que por ese freno normativo no se concreta en recursos presupuestales destinados a fines útiles. En este sentido y para evitar que dicha situación se haga crónica en perjuicio de la sociedad destinataria formal y material de la seguridad pública, se hace necesario romper los candados que la actual redacción del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal ha colocado al destino de los recursos derivados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Artículo primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

"Artículo 45: Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades, se destinarán al reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública, a complementar las dotaciones de agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o sus equivalentes, de las Procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal; policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las Policías Judiciales o de sus equivalentes, de los peritos de los Ministerios Públicos y de las policías preventivas o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la Red Nacional de Telecomunicaciones e Informática para la Seguridad Pública y el Servicio Telefónico Nacional de Emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia de los Centros de Readaptación Social y de Menores Infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de Seguridad Pública y sus centros de Capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados –y subrayo- y a las demás acciones que en relación con lo preceptuado por el artículo 3° de la Ley General, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se determinen en los programas estatales de la materia o por los Consejos Estatales de Seguridad Pública.

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tiene la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 7 fracción I, 8 fracción I, segundo, tercero y octavo transitorios de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa que reforma y adiciona los artículo 7° fracciones I y II; 8° fracción I y los transitorios segundo, tercero y octavo, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores conforme a la siguiente

Para atender a la solución del problema social que viven de miles de ahorradores en el país, el Congreso de la Unión legisló y aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, la cual fue publicada en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 2000.

Dicho fideicomiso inició sus actividades en enero de 2001 y si bien cumplió con lo establecido, rescatando a miles de ahorradores no fue suficiente, porque dejó fuera de este beneficio a muchos ahorradores, así como a sociedades de otro tipo que no había considerado la ley. Esto provocó que los ahorradores volvieran a manifestarse en las calles y hacer patente este problema social que dejó en la miseria a miles de personas que en su mayoría son de tercera edad, pensionados o jubilados, viudas que tienen que mantener una familia, minusválidos, campesinos y desempleados que dependían de sus ahorros para poder subsistir y proporcionarse una vida digna, a la fecha este problema no se ha solucionado.

No fue el ánimo de especular lo que llevó a invertir sus ahorros en las cajas populares, sino la poca respuesta del sistema bancario que bajaron las tasas de interés y rendimientos tan bajos que los obligaron a buscar mejores alternativas de ingreso como el que ofertaba las cajas populares y de inversión. Es importante señalar que a los bancos se les rescató de forma integral, no se le escatimó ni los intereses bajo el pretexto de que se rescataba a los ahorradores de los bancos a los cuales no se le pidió que cumplieran con ningún requisito.

¿Qué acaso los ahorradores de caja de ahorro y los inversionistas son diferentes? Es importante legislar para hacer justicia a los miles de ahorradores que se quedaron excluidos del rescate, que si bien no es posible hacerlo en forma integral y de inmediato, deberíamos considerar un rescate en etapas y no ser cómplice de la injusticia cometida a este amplio sector de nuestra sociedad, por lo cual debemos ampliar el término de funcionamiento del fideicomiso, castigar a los culpables de este quebranto y buscar los mecanismos que nos permitan proteger y dar seguridad al ahorro popular.

No debemos olvidar que todos estos ahorro e inversiones se encuentran en manos de autoridades del orden penal y civil y en manos de los defraudadores y todos ellos deben ser recuperados y con esas acciones devolver la confianza y credibilidad a todos los ahorradores del país en sus autoridades e instituciones, fortaleciendo así el Sistema de Ahorro Popular.

Estas reacciones sociales motivaron al Congreso de la Unión para promulgar reformas a la Ley de Fideicomiso-Pago, que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 diciembre de 2002.

Es importante hacer notar que el espíritu de la ley es rescatar a los ahorradores no el de castigarlos, porque en su momento los directivos que manejaron estas sociedades, ya sea por ignorancia o por mala fe, omitieron el cumplimiento de algunas disposiciones que se encuentran en las legislaciones de la materia, en tal caso, estas omisiones deberán ser el motivo para castigar a los directivos que cometieron las omisiones o los delitos, no así a los ahorradores.

Es importante señalar que algunas de estas reformas hicieron inoperante el cumplimiento de este fideicomiso, porque estableció algunos candados, que si bien eran obligaciones de los directivos de esta sociedad, está visto que en la práctica no se llevaron a cabo, tal es el caso del artículo 38 P de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, impuesto en los artículos séptimo y octavo de la ley cuyo mandato se observó, razón por la cual debe ser retirada del cuerpo de la ley para que pueda dar cumplimiento con el espíritu de la ley en comento, que es el de rescatar el mayor número de ahorradores.

Es necesario también simplificar los requisitos que impone la ley, para evitar que en su interpretación se confundan las obligaciones, que en un momento dado hubieran tenido los directivos de dichas sociedades y que por siguiente, por la omisión en el cumplimiento de estas obligaciones, complique o impida el cumplimiento de ellos por parte de los ahorradores, repito, no es de justicia castigar a los ahorradores por el cumplimiento de los directivos en sus obligaciones que impone la ley, tal es el caso del artículo octavo transitorio.

También es importante recordar la responsabilidad compartida que tienen los diferentes niveles de gobierno y no se vale que se deje discrecionalmente a los estados si participan o no con fondos en el rescate, hay que recordar que el artículo 25 constitucional le da la obligación de regular y vigilar un buen funcionamiento de estas sociedades que se dedicaban a actividades económicas.

Esta responsabilidad no cumplida por los gobiernos les debe dar la obligación a los mismos de participar en el rescate en forma obligatoria, para evitar que éstos traten de evadir su responsabilidad y retrasen con su negativa la solución a esta problemática social, que si bien es cierto que los estados operan con partidas establecidas y aprobadas por el Gobierno Federal, esos deben hacer un esfuerzo para que se dé la solución y buscar de alguna forma que los fondos que se recuperen en los diferentes procedimientos que impone a los gobiernos, que el gobierno del estado sea preferente en la recuperación de sus fondos y aportaciones.

Por los razonamientos anteriores, se deben implementar partidas presupuestales por parte del Gobierno Federal en el ejercicio de varios años, para que sean ejercidos hasta su totalidad y en la medida de montos ascendentes hasta agotar el presupuesto del año que se esté ejerciendo y en el tope o rango al que se llegue, deberá comenzar el presupuesto del año que siga y así dar cumplimiento a todos los ahorradores.

Asimismo, debe dársele la obligación al Comité Técnico del Fideicomiso PAGO para que realice los señalamientos que puedan adecuar a la ley, para que tenga la fluidez que se requiere y no que permanezca estático, protegiendo los candados que impide a las sociedades ingresar al fideicomiso PAGO.

Cabe mencionar que en el artículo seis de la ley en comento, en su fracción XIV, les da la facultad de proponer las modificaciones que pretendan realizar el fideicomiso; es importante señalar que esas facultades no deben ser discrecionales, sino de carácter obligatorio, ya que el espíritu de la ley es el de rescatar y no así el de retener el buen funcionamiento dei fideicomiso y es lógico pensar que los funcionarios lo hacen operativo, estén en conocimiento de todos aquellos puntos que fraccionan e impiden que se cumpla con la finalidad del rescate.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos séptimo fracción I, octavo fracción I y los artículos transitorios segundo, tercero y octavo de la Ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar en los términos propuestos en la presente iniciativa.

Por lo cual, solicito a esta Presidencia sea publicada en el Diario de Debates de esta fecha. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado Javier Salinas. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el señor diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo undécimo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1° de junio del año 2001, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

-EL C. DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA: Con su venia señor presidente. Compañeros, compañeras diputados. En junio de 2001 esta H. Cámara de Diputados tuvo a bien aprobar una reforma de ley del mercado de valores y a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Uno de los aspectos fundamentales que dieron origen a dicha reforma, se refería a que en México los derechos de los accionistas minoritarios ante operaciones que implicaban cambios en el control de las empresas y las condiciones bajo las cuales se tomaban las decisiones al interior de las mismas, resultaban insuficientes para el buen desarrollo del mercado de valores y sus implicaciones en el desempeño de la economía nacional.

Los principales objetivos a la reforma a la Ley del Mercado de Valores aprobada por unanimidad en la LVIII Legislatura, era mejorar la protección a los inversionistas, ofrecer una mayor transparencia en información, así como ofrecer mayor certidumbre al público inversionista, que le permita a su vez acceder al mercado de capitales.

Así se reconoció que el mercado de valores debe ser un mecanismo más dinámico, por medio del cual las empresas puedan diversificar las fuentes de financiamiento para sus inversiones productivas.

La reforma de 2001 permitió sentar las bases para atender un mercado de valores más moderno, eficiente, competitivo y más transparente. Se incrementó el nivel de protección al público inversionista. Se limitaron los cursos contrarios a la sana práctica de mercados y se fortaleció las prácticas de revelación e información y gobierno corporativo que las empresas deben seguir.

Uno de los aspectos que buscó resolver la citada reforma, se refiere a la emisión de acciones sin voto o con voto restringido, que en 2001 representaron cerca del 40% del valor de capitalización de la Bolsa Mexicana de Valores.

La emisión de este tipo de acciones, facilitaba la capitalización de las empresas, sin que se presentaran cambios en el control de las mismas, sin embargo, la coexistencia de acciones ordinarias con acciones sin voto, incentivaron al grupo controlador a actuar en su propio beneficio aun a costa de la propia empresa y en perjuicio de los inversionistas minoritarios.

La reforma mejoró los derechos de los accionistas minoritarios en forma general, restringió la emisión de acciones sin derecho a voto o de voto restringido a 25% del capital colocado entre el público inversionistas, y prohibió la instrumentación de mecanismos a través de los cuales se negocien u ofrezcan al público de manera conjunta estos tipos de acciones con acciones ordinarias.

Sin embargo, al no contar con un régimen transitorio explícito, se genera incertidumbre, para aquellas empresas que ya habían emitido acciones distintas a las ordinarias antes de la reforma de 2001, y que si bien cumplían con los límites vigentes en ese momento, ahora sobrepasan los límites establecidos en la reforma, por lo que esta incertidumbre jurídica, dificulta el papel del mercado de valores en la transacción de valores y como mecanismo de financiamiento.

En este sentido la presente iniciativa tiene por objeto dotar de plena seguridad jurídica a las empresas que antes de la reforma de 2001 ya contaban con acciones sin voto o con voto restringido, o habían instrumentado mecanismos de vinculación de dichas acciones con acciones ordinarias o con voto, permitiéndoles ajustarse a los límites establecidos en la ley, de manera gradual, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:

1º.- Que la proporción de acciones ordinarias en el capital social, tienda a incrementarse o bien se mantenga, siempre y cuando, la situación de la empresa y de la transacción así lo justifique.

2º.- Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice la excepción y, por tanto, el ajuste gradual de la estructura de capital, procurando que no sean afectados los intereses del publico inversionista. De esta forma de aprobarse esta iniciativa, el régimen previsto estará a la altura de las necesidades del mercado y eliminará la incertidumbre que hoy enfrentan diversas empresas para obtener financiamiento a través de la Bolsa Mexicana.

Esta adecuación complementa y se complementa con los avances de las reformas de 2001 en materia de prácticas de gobierno corporativo, revelación de información y protección a los derechos de los accionistas minoritarios. Por lo que será importante su oportuna aprobación por esta soberanía.

Tiene la palabra el señor diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud, relativa a la integración del consejo de Salubridad General.

Con las atribuciones legales que se sustentan en ser miembro de esta LIX Legislatura, presento ante ustedes una iniciativa de ley con carácter de decreto, a fin de modificar el artículo 15 de la Ley General de Salud a fin de respetar el mandato de la Constitución General de la República, relativa a la exclusión de cualquier secretaría de Estado en la integración del Consejo de Salubridad General, así como incluir como vocal de dicho consejo a un diputado y a un senador, integrantes de la Comisión de Salud de las Cámaras de Diputados y +Senadores del Congreso de la Unión.

Como es tan precisa la modificación que yo pido, me evitaré todo el rollo a estas alturas de nuestra sesión y paso a proponer la iniciativa directamente.

El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente del Presidente de la República, en términos del artículo 73 fracción XVI, base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Está integrado por un presidente que será señalado directamente por el Presidente de la República, quien deberá reunir los requisitos que el Reglamento Interno del Consejo indique. Además estará integrado por un secretario, 13 vocales titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía y los vocales que su propio reglamento interno determine, entre los que estarán incluidos sólo con derecho a voz y exentos de funciones ejecutivas un diputado y un senador miembros de las comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.

Salvo los miembros del Congreso de la Unión, el Presidente de la República serán designados y removidos por el Presidente de la República, quien deberá nombrar para tales cargos a profesionales especializados en las ramas sanitarias.

Solicito transcriba íntegro en la Gaceta Parlamentaria el texto de la presente iniciativa del texto de la ley propuesta a esta Honorable Asamblea.

-PRESIDENTE: En la Gaceta Parlamentaria está ya publicada señor diputado, pero se insertará en el Diario de los Debates.

-DIP. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Señor presidente, se cuenta con las siguientes minutas: De la Cámara de Senadores que remite la Minuta proyecto de ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, diputado presidente.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES: Se cuenta con la minuta de la Cámara de Senadores, que remite la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la propia Comisión de Hacienda y Crédito Publico.

EL C. SECRETARIO: Se cuenta también con la minuta de la Cámara de Senadores que remite el proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

EL C. PRESIDENTE: Igualmente túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de protección al Consumidor, publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y a la Enajenación e Importación, del Impuesto a las Ventas y Servicios al Público, del Impuesto Especial sobre Protección y Servicios, del Impuesto sobre Uso y Tenencia de Vehículos, del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Derechos, publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que queda de primera lectura.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pedro Avila Nevarez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo relativo a las remesas que envían a México los trabajadores que se encuentran en los Estados Unidos de América, hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO PEDRO AVILA NEVAREZ: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: en días pasados el Banco Interamericano de Desarrollo y el Phoenix Bank Center, uno de los centros de investigación sobre temas migratorios más prestigiados de los Estados Unidos de América, dieron a conocer los resultados de una encuesta realizada en ese país sobre las remesas que anualmente envían los migrantes mexicanos a sus familias.

De acuerdo con los datos que arrojó dicha encuesta, el monto en dólares que durante el presente año habrán enviado a México nuestros paisanos residentes en la Unión Americana será del orden de 14 mil 500 millones, lo que difiere con los 13 mil millones originalmente calculados por el Banco de México para el 2003.

Estas remesas no solamente son de una gran importancia para nuestra economía al constituirse en su segunda fuente de recursos, sino que en estos momentos se encuentran apuntalando la estabilidad financiera del país, pues han superado ya a los ingresos que recibimos del turismo y de la inversión extranjera e inclusive podrían estar a punto de pasar a ser nuestra fuente principal de ingresos, que es el petróleo.

No existe duda de que México depende cada vez más de sus migrantes, ya que en los últimos dos años estos envíos de dinero tuvieron, de acuerdo a información del Banco de México, un incremento del 50 por ciento y el año pasado nuestro país fue el segundo en el mundo que recibió, en términos absolutos, mayores remesas de dinero.

Sin embargo, a la fecha se presenta una preocupante problemática sobre los medios para mandar dinero de los Estados Unidos a México y que no podemos soslayar, dados los escandalosos abusos en contra de nuestros migrantes que desde hace ya varios años han caracterizado a las principales compañías estadounidenses y a sus agentes en nuestro país que se encargan de estas transferencias.

Para sus envíos de dinero los usuarios tienen como opciones las llamadas: Dinero en minutos, Dinero al día siguiente y Dinero a domicilio, que son las que manejan principalmente las compañías Western Union, Mobile Grant, Wells Fargo y Bank of America, entre otras en Estados Unidos, y Elektra, Banamex, Salinas y Rocha, Bital, Bodega de Remates y Take Home, que son algunos de sus agentes en México, que se roban virtualmente el dinero de nuestros migrantes que trabajan con tanto sacrificio en la Unión Americana.

Otra opción ha sido el giro telegráfico por medio de Telecom Telégrafos; sin embargo, lamentablemente esta opción ha sido muy limitada hasta ahora. De ahí que no tan solo nuestros migrantes y sus familias tienen que enfrentar las desproporcionadas sumas de dinero que retienen las citadas compañías en gastos de envío, comisiones y pago arbitrario de tipo de cambio de dólar-peso, sino que también están sujetos a sufrir los robos en el correo nacional y otra clase de abusos en su propio país que los tienen en un completo estado de indefensión ante la apatía del Ejecutivo federal.

Señoras y señores legisladores: es por ello que he venido a presentar, de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General esta proposición con punto de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados hace llegar un respetuoso y firme exhorto al gobierno federal para que se intensifiquen los encuentros entre el gobierno de la República y el gobierno de los Estados Unidos de América con el propósito de establecer medidas y mecanismos bilaterales que consigan reducir significativamente las condiciones que actualmente se cobran en la transferencia de remesas. Asimismo, para que se pague un tipo de cambio más justo y se termine definitivamente con los robos, las canalladas y los abusos que cometen contra los migrantes mexicanos las compañías que manejan el envío de dinero de Estados Unidos a México.

Segundo.- Con el ánimo de contribuir a solucionar esta problemática, pedimos el apoyo de los medios de comunicación para que difundan esta petición.

La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal a que analice la conveniencia de que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se instalen ventanillas en nuestras embajadas y consulados en los Estados Unidos de América, a efecto de recibir remesas de dinero para que por conducto de Telégrafos de México a cuyos trabajadores ya se les piensa retirar de su trabajo, se envían a nuestro país mediante el cobro de bajas comisiones y sean pagadas...

- EL C. DIP. PEDRO AVILA NEVAREZ: ...de acuerdo con la cotización peso-dólar del día, autorizadas por el banco de México.

- EL C. DIP. PEDRO AVILA NEVAREZ: ...De igual manera para que invite a empresarios mexicanos y estadounidenses...

...a fin de que se permita la instalación de módulos receptores en tiendas de autoservicio de ambos países, para que nuestros connacionales tengan la posibilidad de enviar sus remesas en coordinación en Telégrafos de México.

Muchas gracias y les agradezco a los señores de Acción Nacional que estén chiflando, porque ustedes son ricos y defienden a Fox y a los empresarios y les importa un comino lo que les pase a nuestros connacionales, porque son una bola de riquillos apestosos. Gracias.

Tiene la palabra la diputada Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo mediante el cual solicita a la Junta de Coordinación Política, se dé cumplimiento a las normas y recomendaciones de accesibilidad, en las instalaciones del recinto Legislativo a favor de las personas con capacidades diferentes.

Miembros de este Honorable Congreso. Me dirijo a esta soberanía a nombre de las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional, y de la adhesión de diputadas y diputados del Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Partido de Convergencia, asunto que agradezco, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, para, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someter a esta soberanía la siguiente proposición con

A efecto de solicitar que la Junta de Coordinación Política gire las instrucciones correspondientes para que sean atendidas de inmediato las necesidades básicas de accesibilidad para personas con capacidades diferentes en las instalaciones de esta Honorable Cámara de Diputados. Ello con fundamento en las siguientes

Primero.- Que desde años anteriores el gobierno mexicano ha adoptado una política para la atención a las personas con discapacidad con la finalidad de promover en la sociedad una cultura de integración de las personas con capacidades diferentes.

En tal sentido, derivado de la necesidad de tener en cualquier lugar y momento espacios que sean accesibles para todos, la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para las Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, emitió un Manual con las Recomendaciones de accesibilidad que se deben de considerar en la construcción de ciudades e inmuebles.

Segundo.- Que la accesibilidad otorga seguridad y comunidad en el uso de espacios y servicios que son utilizados en el trabajo, la escuela, lugares públicos e inclusive en el hogar y más allá de estas especificaciones la accesibilidad de un inmueble, de una calle se logra comprendiendo que las personas tienen características distintas y ello no las exime del derecho que tienen a un desarrollo pleno, por lo cual nadie debe quedar excluido del acceso a entornos arquitectónicos y urbanos.

Ejemplo de lo anterior es el trabajo habitual de la Secretaría de Economía respecto del proyecto para establecer una norma de accesibilidad de las personas con discapacidad, así como la Comisión de Avalúo, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, quien habrá de publicar en el Diario Oficial de la Federación a la brevedad, los lineamientos de accesibilidad de las personas con discapacidad a inmuebles federales.

Tercero.- Que de acuerdo con el INEGI, aproximadamente el 2.3 % de la población total del país padece algún tipo de discapacidad, misma que requiere urgentemente los elementos básicos para acceder a todo tipo de lugares e integrarse plenamente a la sociedad sin menoscabo de su propia integridad. Más aún que este recinto legislativo es visitado frecuentemente por un gran número de ciudadanos y grupos de la sociedad civil, quienes demandan constantemente mayor accesibilidad, al igual que las personas con discapacidad que laboran diariamente en estas instalaciones.

"4º. Que toda vez que estas instalaciones no cubren plenamente con las recomendaciones y normas de accesibilidad, es necesario conscientizar a las diputadas y diputados integrantes de esta LIX Legislatura de la importancia de contar con espacios dignos y habitables para cada ciudadano, no únicamente en este recinto legislativo sino también en todo el país, independientemente de sus características físicas, sociales o económicas.

"5º. Que es del conocimiento de todo este honorable Congreso de la Unión, que siempre se ha sensibilizado hacia los grupos más desprotegidos por la sociedad como son los grupos vulnerables. Por tanto, es necesario comenzar por nuestra casa, siendo un tema prioritario que este recinto sea accesible para todos desde su entrada principal hasta el pleno.

"6º. Que en diversas ocasiones se ha solicitado a esta Cámara los planos de construcción de las instalaciones para discapacitados, incluyendo la rampa recientemente construida en el salón de sesiones, y a la fecha no tenemos una respuesta satisfactoria; comprobando así que no existen dichos diseños. Por tanto es necesario que esta honorable Cámara cuente con los diseños arquitectónicos de la construcción de sus instalaciones para discapacitados con la finalidad de verificar y proponer, en su caso, modificaciones pertinentes.

"Por lo anteriormente fundado y expuesto sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

"Unico.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política con el propósito de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se dé cumplimiento con las normas y recomendaciones de accesibilidad de las instalaciones de este recinto legislativo, a fin de atender las necesidades de acceso de las personas con capacidades diferentes".

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (PAN): Gracias diputada Adriana González Furlong.

Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD.

Con relación al punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cumplir la Ley Federal de Sanidad Animal y la norma oficial mexicana relativa al sacrificio humanitario de animales domésticos registrado por la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, ha hecho entrega de su punto de acuerdo por escrito. Por lo cual se ordena se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

En el siguiente punto de acuerdo se le concede el uso de la palabra al diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el paquete económico para el 2004.

EL C. DIPUTADO PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ (PT): Con la venia de la Presidencia.

"Nuevamente se nos presentó un paquete económico que privilegia a los ricos y perjudica enormemente a los pobres. Por más vueltas que se le quiera dar con los dimes y diretes al interior del Ejecutivo Federal y de los partidos políticos, el grueso de la población pagará en lo fundamental el costo de este presupuesto sin recibir beneficio alguno.

"La apuesta del Presidente Fox se basa en creer que en el 2004 se iniciará una nueva etapa de crecimiento económico mundial que ayudará a que el Producto Interno Bruto mexicano crezca en un 3.5 por ciento.

"Sin embargo la propuesta del Ejecutivo Federal no corresponde a las expectativas de crecimiento económico, además es recesivo, porque sufre una caída del 3.3 por ciento en términos reales, en comparación a este mismo año. Asimismo, disminuye en 1 por ciento en términos reales el gasto social y el gasto de inversión física en infraestructura se desploma en 14.4 por ciento.

"Por tanto, no existen bases para suponer que la meta de crecimiento que plantea el gobierno de Fox pueda llevarse a cabo. No nos ha dicho a través de qué otros mecanismos se dará la reactivación y por qué el gasto público no será un instrumento que detone la expansión económica.

"Al mismo tiempo, debemos de reconocer que algunas fuerzas políticas en el Congreso se han visto entrampadas en la discusión de propuestas impopulares y poco viables para el momento político que vivimos y que no resuelven las necesidades urgentes de la población. Por lo tanto, cualquier propuesta de reforma fiscal que afecte al os más desvalidos no pasará.

"Con nuestra propuesta alternativa se allana el camino para aumentar los ingresos y dar espacio para que sea la Convención Nacional Hacendaria la que retome la cuestión fiscal.

"De esta suerte, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo asume su compromiso con las causas populares y pone en la mesa de la discusión una salida viable de coyuntura, pero responsable para el paquete económico del 2004.

"Por supuesto, sabemos que toda propuesta es susceptible de cambios en la búsqueda de los consensos que permitan mejorar la opción para el mejor beneficio del pueblo de México. Nuestra misión es hacer propuestas que permitan destrabar el impasse en que se encuentra la Cámara de Diputados, sobre todo con alternativas que no afecten a la población de menores recursos.

"1-. Elevar la recaudación fiscal, combatiendo la evasión y la elusión que implicaría ingresos adicionales por 30 mil millones de pesos.

"2.- Revalorar el precio del petróleo de 20 a 22 dólares por barril, para obtener recursos adicionales por arriba de 12 mil millones de pesos.

"3.- Una reconsideración del déficit presupuestario de 1.2 por ciento del PIB, que otorgará ingresos adicionales por 72 mil 291 millones de pesos, que resultarían de un déficit de .09 por ciento adicional al .3 planteado por el Ejecutivo Federal.

"Esta propuesta busca cumplir que el tema fiscal sea retomado en la Convención Nacional Hacendaria, con la puesta en marcha del Fondo de financiamiento para el Desarrollo Nacional y el Empleo, con el mandato que la ley determina para destinar el 8 por ciento del PIB a la educación, con el mandato de la Ley General de Desarrollo Social, para que el gasto social nunca sea menor en términos reales al año fiscal vigente; con el Acuerdo Nacional para el Campo, dando más recursos al sector; con la investigación científica, la cultura y las artes, eliminando los artículos relativos a la desincorporación de estos rubros.

"Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de ustedes el siguiente

"Artículo Único.- Que la Honorable Cámara de Diputados, a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, incluyan dentro de la discusión del paquete económico, las propuestas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, referentes a ingresos y gasto público en este documento.

"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil tres".

Es cuanto diputado Presidente y hago entrega de este punto de acuerdo a la Secretaría.

-PRESIDENTE, DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA: Gracias diputado Vázquez González.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la apalabra el diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, practique una revisión exhaustiva de la transferencia presupuestal asignada a PRÓVIDA en el presupuesto de 2003.

..-EL C. DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL. Con su anuencia señor Presidente. la Cámara de Diputados facultad en exclusiva de acuerdo con el Artículo 73 de la Constitución General de la República, para aprobar el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación, debe acatar con mayor rigor que ninguna otra dependencia pública federal, los señalamientos y lineamientos no sólo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal sino en lo personal los Diputados implicados en funciones de presupuestación deben ceñirse estrictamente a lo que ordena el Artículo 108 de la Constitución y su Ley Reglamentaria respecto a las responsabilidades de los servidores públicos en orden a respetar estrictamente el principio de legalidad.

Ha sido del conocimiento de esta LIX Legislatura a través de la intervención de la Diputada Martha Lucía Michel Camarena en la sesión del día 11 de noviembre de este mismo año en donde denunció la maniobra consumada por el entonces Diputado Luis Pasos de la Torre en la LVIII Legislatura que en su carácter de Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública confiese haber asignado a la Asociación Pro Vida la cantidad de 30 millones de pesos en perjuicio de otros programas también relacionados con la salvación de enfermos del VIH Sida que requerían igualmente de apoyos urgentes.

Admitir que un Presidente de Comisión puede inducir y conseguir que los integrantes de una Comisión de la Cámara ya por omisión, ignorancia u otro interés, desviaran recursos a su arbitrio revocando una decisión de la Asamblea Plenaria significaría lisa y llanamente aplicarse la responsabilidad que corresponde a toda la Cámara de Diputados respecto de la aprobación específica de cada una de las partidas presupuestales.

Cualquiera alteración a esta aprobación asís ea como fue el caso de que se dispusiera de más recursos para la partida de Salud, su re asignación no puede ser discrecional sino atender y acatar los criterios del presupuesto y no acatar en ejercicio abusivo de facultades.

En todo caso se deberían conocer los elementos que indujeran a esa decisión y las medidas de vigilancia, control y rendición de cuentas que se establecieran para que las asociaciones particulares manejen fondos públicos ya que es sabido, por el caso de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que la Secretaría de Salud no mide el rendimiento social de sus gastos

En estas circunstancias y debido a que el Licenciado Luis Pasos ahora es Director de BANOBRAS donde también recientemente a su ex Director se le sorprendió auto concediéndose préstamos cuantiosos sin intereses y a largo plazo, así como que el . susodicho ex Diputado tiene como tarea propalar la conveniencia de reducir la participación del Estado en responsabilidades sociales, contradiciéndose con la conducta asumida en su función como Presidente de la citada Comisión, es por lo que resulta ineludible el que esta Legislatura proceda a auditar su función anterior en este Poder de la Unión durante la pasada Legislatura y se fiscalice también su actuación en el cargo que ahora desempeña en la Federación.

La Comisión de Vigilancia a través de la Auditoría Superior de la Federación de esta Legislatura, Artículo 4º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación debe acometer de inmediato esta revisión a fin de sentar precedente del ejemplo que debemos dar a cualquier servidor público del país para que se observen los principios de legalidez, honradez, lealtad , imparcialidad y eficiencia.

Es importante que esta Cámara de Diputados recobre su prestigio y la confianza del ciudadano por el cumplimiento de la Ley en sus actos como representación de elección popular.

Por lo expuesto, solicito a esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO: Unico.- Se solicite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara, se practique una revisión exhaustiva de la transferencia presupuestal citada en el Presupuesto 2003 y se determine, en su caso, las responsabilidades que correspondan al Presidente de la Comisión y/o a sus integrantes.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. … ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en la curul de la diputada Mícher Camarena.

- LA C. DIP. MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA: (desde su curul) Sí, diputado muchas gracias.

Es únicamente para solicitarle o hacerle de su conocimiento que el grupo parlamentario del PRD se suma al punto de acuerdo propuesto por el diputado González Schmal, de Convergencia. Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, queda sentado en la versión estenográfica. Gracias.

----- Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. …

- LA C. DIP. LAURA ELENA MARTINEZ RIVERA: (desde su curul y sin micrófono) Para pronunciarme a favor de la propuesta que se acaba de presentar.

En la siguiente proposición registrada por el diputado Miguel Angel Yunes Linares, del grupo parlamentario del PRI, se pospone para la siguiente sesión.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra a la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de los Ejecutivos de los Estados, a las Legislaturas locales y a los ayuntamientos, en relación con los derechos de las personas con discapacidad.

- LA C. DIP. MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS: Con su permiso señor diputado Presidente. Con su permiso compañeras y compañeros diputados.

La suscrita, Martha Leticia Rivera Cisneros, en mi carácter de diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea, proposición con punto de acuerdo para que los gobiernos estatales y municipales y las legislaturas estatales adecuen la legislación existente, expidan los ordenamientos necesarios e instrumenten las políticas públicas y los programas para dar cumplimiento a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos internacionales relacionados con las personas con discapacidad.

1.- Que en el contexto internacional se tiene un basto número de instrumentos relacionados con las personas con discapacidad, entre las cuales se encuentran el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Readaptación profesional y el Empleo; la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; La Convención sobre los Derechos del Niño y las Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, por mencionar sólo algunas.

2.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º , establece que: "En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional; el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Tres. Que otro avance importante de quienes en México trabajan por mejorar las condiciones de la población con discapacidad, han sido la promulgación de leyes locales de integración para las personas con discapacidad en las entidades federativas y se han realizado más de 38 reformas o adiciones a diversas leyes federales.

Cuatro. Que pese a los esfuerzos institucionales que por décadas se han realizado a lo largo y ancho del país, en muchas colonias y comunidades urbanas, rurales e indígenas persisten personas con discapacidad con altos niveles de marginación y pobreza.

El aumento poblacional que ocurre a un ritmo mayor que la capacidad institucional para resolver sus demandas y bienes y servicios, de infraestructura social básica, es un factor que agrava los rezagos de las personas con discapacidad. Esta situación obliga a la búsqueda de alternativas para respetar los derechos de las personas con discapacidad y avanzar a un paso más acelerado en la consideración de una sociedad más equitativa e incluyente.

Cinco. Que las estadísticas más conservadoras aportadas por el INEGI en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, nos señalan que actualmente en nuestro país existen cerca de 1.8 millones de personas con algún tipo de discapacidad permanente o de largo plazo, de los cuales 813 mil son discapacitados motrices; 467 mil son discapacitados visuales; 289 mil padecen discapacidad intelectual; 281 mil son discapacitados auditivos y el resto padece otro tipo de discapacidades, pero que sin embargo datos proporcionados por organizaciones no gubernamentales e inclusive la Organización Mundial de la Salud, señalan que en nuestro país existe un universo de personas con algún tipo de discapacidad que representa un 10% de toda la población.

Avanzar con mayor rapidez en la búsqueda del desarrollo de las personas con discapacidad hace imprescindible que existan mecanismos que fortalezcan la plena equidad en la distribución de factores que permitan a los grupos vulnerables, especialmente a los discapacitados, disfrutar de mejores niveles y calidad de vida. La magnitud de recursos que demanda esta empresa implica conjugar varios aspectos, entre los cuales podemos mencionar una legislación suficiente y adecuada para salvaguardar sus derechos; programas y acciones emprendidos por parte de los tres Ordenes de Gobierno con la participación de la sociedad civil; mayor información y participación para que los programas y los recursos sean conocidos y recibidos por las personas con discapacidad y para que sean ellos mismos quienes participen directamente en la determinación de las prioridades de atención y voluntad política de los gobernantes para cumplir la ley y motivar la participación social, así como de los grupos de discapacitados para aportar su tiempo, su trabajo y los recursos a su alcance y participar en los procesos de definición de prioridades en la ejecución y supervisión de los recursos a distribuirse.

Por todo ello, con base en la fundamentación y argumentos expuestos, presentamos para la consideración de este Honorable Pleno, el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Esta Honorable Cámara de Diputados exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a adecuar su legislación para hacerla congruente y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales relacionados con las personas con discapacidad, y

Segundo. Esta Honorable Cámara de Diputados invita a los gobiernos estatales y municipales para que establezcan los programas y presupuestos para la atención y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Tiene la palabra la diputada Rocío Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, integre una comisión que investigue las desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez, desde 1993.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la diputada Rocío Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, integre una Comisión que investigue las desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez desde 1993.

La que suscribe, Rocío Sánchez Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.

Desde hace 10 años, cada semana en Ciudad Juárez, desaparece mínimo una mujer y no se vuelve a saber más de ella, a menos que sus raptores decidan hacer aparecer su cuerpo sin vida y con evidencias claras de haber sido brutalmente torturada, violada de manera tumultuaria y arrancadas partes de su cuerpo o quemadas.

En su mayoría, se trata de mujeres jóvenes y de origen humilde, que son raptadas, mantenidas en cautiverio y sujetas a la violencia sexual más feroz antes de ser asesinadas.

Todo parece indicar que estas jóvenes son seleccionadas por sus victimarios, por ser mujeres sin ningún poder en la sociedad cuya muerte no suponía un costo político para las autoridades locales.

La respuesta de las autoridades durante los diez años, ha sido tratar los diferentes crímenes como violencia común del ámbito privado. Sin reconocer la existencia de un patrón persistente de violencia contra la mujer que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación, incluso, durante los primeros años de las desapariciones y asesinatos, el discurso público de las autoridades, reflejaba una abierta discriminación hacia ellas y sus familias.

Los hechos, sin embargo, demuestra la existencia de características comunes en las desapariciones y asesinatos de las mujeres y niñas por razones de género. La doctora en antropología Rita Cegato, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia, califica a los crímenes contra las mujeres de Ciudad Juárez como crímenes semejantes y concluye que la cantidad y el modus operandi indican la necesidad de que los responsables de estos homicidios sean numerosos, estén asociados y gocen de algún grado de protección de fuerzas políticas, sociales, jurídicas y policiales.

Los homicidios de Ciudad Juárez, socavan la credibilidad de las instituciones de administración y procuración de justicia en México. La violencia contra las mujeres y la incapacidad oficial para abordar estos crímenes, no sólo es una forma de discriminación, sino que comporta violaciones graves al derecho a la vida, a la integridad física, libertad, seguridad, protección y debido proceso legal consagrados como garantías individuales en la Constitución General de la República y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y en la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y constituye condición para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza su facultad investigadora en materia de violación grave de alguna garantía individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 párrafo segundo de nuestra Carta Magna.

El feminicidio, tal y como se manifiesta en Ciudad Juárez, es un asunto de interés mundial, una cuestión de lesa humanidad, sobre todo cuando se presupone, es producto del crimen organizado e involucra negligencia gubernamental.

Las desapariciones y muertes de mujeres en el estado de Chihuahua constituye, sin lugar a dudas, uno de los casos más graves de violación de derechos humanos en la historia de México; mientras no se resuelvan a nivel nacional e internacional, el estado de derecho en México estará en entredicho e indudablemente, que esta violación flagrante y grave de garantías individuales exige el ejercicio de la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como vía prevista en la Constitución para casos graves y excepcionales.

Si se le proporcionan los elementos y el apoyo oficial necesarios, indudablemente que el nombramiento de Guadalupe Morfín Otero, como Comisionada para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, garantiza que los feminicidios se abordarán con perspectiva de género y con una visión integral.

Sin lugar a dudas que el informe y nueva recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, serán invaluables para profundizar en las investigaciones.

Sin embargo, por tratarse de un caso de violación de garantías individuales, que por su gravedad y magnitud se ha convertido ya en un verdadero problema de Estado, se impone la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciendo su facultad investigadora.

El caso del vado de Aguas Blancas, reveló que ante actitudes negligentes y parciales de autoridades locales, sólo la intervención sólida, imparcial y profesional de nuestro máximo tribunal, puede restablecer el estado de derecho.

En vista de las consideraciones anteriores y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Único. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, integre una comisión que investigue las desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez, desde 1993, por constituir una grave violación a garantías individuales. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Maximino Alejandro Fernández Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a que aplique la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Norma Oficial Mexicana correspondiente a la construcción de un sitio destinado a la disposición final de residuos sólidos en el municipio de Centro, Tabasco.

-EL C. MAXIMINO ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁVILA: (Desde su curul) Ya se mandó por escrito.

-EL C. PRESIDENTE: Por escrito ya se recibió, para que se incluya a la versión estenográfica y se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra el diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para la reforma y modernización de las instituciones.

Han pasado tres años de la actual administración; sólo un comentario, hemos pasado de la concentración del poder presidencial a la concentración sectorial del poder; es decir, a la dispersión del poder en cotos dentro de la Administración Pública y, por otra parte, hemos pasado también en cotos de poder en cada uno de los estados de la República, cuando la sociedad mexicana exigía la acotación del poder presidencial, pero con un federalismo auténtico.

La sociedad mexicana esperaba y espera un Poder Ejecutivo Federal unido con rumbo, acotado pero eficiente. No podremos tenerlo en la medida en que se sigan manteniendo las mismas instituciones que fueron creadas en otro contexto y con otro propósito.

Ahora que la alternancia abre las vías de un ejercicio democrático del Poder Ejecutivo, no se comprende el empeño del Ejecutivo Federal de preservar la misma estructura de control político que caracterizó al viejo régimen.

El gobierno federal sigue trabajando con las mismas instituciones, leyes y prácticas que predominaron en los gobiernos anteriores, cuando el poder se ejercía verticalmente y de manera autoritaria.

Por ello, creo que más que aducir falta de reformas para explicar los escasos resultados, lo que debe hacer el Ejecutivo federal, entre otros pendientes, es llevar a cabo una profunda reforma del gobierno. Una reforma integral de la administración pública federal, una reforma que transforme en tramable institucional, y que responda a las nuevas condiciones y necesidades del país.

Para realizar estas reformas, sólo hace falta visión, voluntad y decisión política, si así lo decide el presidente, tiene tiempo para hacerlo, de manera que él mismo pueda trabajar con nuevas reglas e instituciones. México requiere instituciones modernas, no orientadas al paternalismo ni al clientelismo, no proveedoras de programas asistenciales, no concebidas para la concentración del poder sino instituciones fuertes, unidas en los propósitos, acreditadas ante la ciudadanía, coordinadas, flexibles y eficaces.

Tres años son una gran oportunidad para realizar aportaciones sustanciales a la transformación de México al hacerlo, tanto el Ejecutivo Federal como el Legislativo, dentro de nuestros respectivos ámbitos de competencia, contribuiremos a consolidar la democracia y al bienestar, al progreso y a la certidumbre de las mexicanas y de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone a esta soberanía el siguiente

UNICO.- Exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que asuma una serie compromiso con la reforma y modernización de las instituciones de la administración pública federal.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie contra la desaparición de los organismos y entidades públicas vinculadas a fortalecer el enfoque sistémico, que le dé viabilidad a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

-EL C. DIPUTADO LAZARO ARIAS MARTINEZ: Con su permiso diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable es resultado de un proceso legislativo muy largo, sinuoso, iniciado por la LVII Legislatura, durante la cual fue elaborada su versión original, misma que se convirtió en la primera ley vetada por el Ejecutivo Federal en la historia de México, rehecha por la Legislatura pasada, en coordinación con la Sagarpa, la ley fue finalmente aprobada por unanimidad y publicada en diciembre del 2001.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es una ley de planeación y fomento que establece y ordena las políticas públicas para el campo, con un horizonte de largo plazo, para cuyo apoyo se creó una red de sistemas, servicios, fondos y programas.

Contradictoriamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004, en su Segundo Artículo Transitorio, la Secretaría de Hacienda pretende eliminar a varios organismos públicos, que resultan indispensables para el funcionamiento del sistema integral que establece esta ley. No podemos permitir que los programas sectoriales y especiales, así como la promoción, la coordinación, la concertación y la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades públicas, sean vulneradas por un proyecto de presupuesto.

Es inaceptable que a las entidades públicas que trabajan para el desarrollo rural, se les reduzcan sus capacidades institucionales, mucho menos cuando hemos vivido una dura ruta crítica de discusión y movilización social que dio como resultado la firma de un acuerdo nacional para el campo, finalmente aceptado por un número importante de organizaciones campesinos.

La propia Ley de Desarrollo Rural Sustentable, obliga al Ejecutivo Federal, a integrar 15 sistemas y servicios especializados que con esta decisión gubernamental, son tirados por la borda, ya que se perjudica y resta capacidad para su ejecución y coordinación.

Yo pregunto, con qué herramientas gubernamentales se va a operar el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Rural Sustentable, si el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAV) y el Instituto de Tecnología del Agua (IMTA) y el Colegio de Posgraduados, son las instituciones que tienen el capital humano y tecnológico reconocidos como los organismos más especializados en el terreno de la ciencia y la tecnología agropecuaria, forestal y pesquera y del agua, de México y de América Latina y se pretende desincorporarlos.

¿Con qué dependencia el Ejecutivo Federal se va a apoyar para instrumentar el programa de capacitación y asistencia técnica rural integral, si se está pretendiendo eliminar el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, el INCA rural, institución líder del proceso de capacitación, asistencia técnica, intercambio de experiencias y de evaluación y sobre todo de certificación para el desarrollo rural integral?

Además se pretende desincorporar el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías el FONAR, justamente el único organismo que promueve la comercialización de los productos de los artesanos mexicanos, la mayoría de ellos indígenas, lo cual incide tanto en el Sistema Nacional de Bienestar Rural, como en el Sistema Nacional de Fomento a la empresa social rural.

Por otro lado, al desaparecer la Comisión Nacional de Zonas Aridas (CONAZA) ¿qué dependencia del Ejecutivo Federal va a atender el Sistema Nacional contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales? los 5 organismos a que me he referido, ejercieron en el 2003 para mantener sus estructuras y gasto corriente, un importe total de 1 mil 986 millones de pesos, por lo que el ahorro que erario público traería su desaparición es insignificante en relación al daño que se le haría al campo al perder la experiencia institucional y el capital humano que durante décadas estos institutos han desarrollado …

-PRESIDENTE: Diputado, le ruego irse al punto específico porque su tiempo se ha agotado.

UNICO. Que la Honorable Cámara de Diputados se pronuncie en contra de la desaparición de los organismos y entidades públicas vinculadas a fortalecer el enfoque sistémico que le dé viabilidad a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como son: el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas, Pecuarias, el Instituto de Tecnología del Agua, el Colegio de Posgraduados, la Comisión Nacional de Zonas Aridas y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y a su vez, se exhorte a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Legislatura, para que así lo consideren en la elaboración de sus dictámenes correspondientes.

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra el diputado Ramón González González del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de Acuerdo, para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que a la brevedad inicie los trabajos de reconstrucción de las instalaciones del Hospital General, con sede en la ciudad de Tepatitlán, Jalisco.

EL C. DIPUTADO RAMON GONZALEZ GONZALEZ: Con su permiso diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados: el suscrito Ramón González González, diputado federal jaliciense, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los numerales 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a solicitar se turne a las comisiones unidas de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que a la brevedad inicie los trabajos para la construcción, reposición de las instalaciones del Hospital General de Zona No. 21, con sede en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para lo cual hago las siguientes consideraciones.

El artículo 4 de la Constitución General de la República consagra el derecho a la salud de todos los mexicanos, por lo cual esta soberanía siempre debe trabajar y vigilar para que este derecho sea garantizado.

El Hospital General de Zona No. 21 y la Unidad de Medicina Familiar No. 168, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social, localizadas en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, han brindado atención a la comunidad alteña que abarca por lo menos 20 municipios.

A la actual fecha la capacidad de atención de dichas dependencias se encuentra rebasada, toda vez que al mes de octubre la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tenía registrados 76 mil 289 asegurados, quienes contaban con 145 mil 080 beneficiarios, haciendo un total de 221 mil 369 personas.

Con motivo de los fenómenos metereológicos que acontecieron en el mes de septiembre próximo pasado en el municipio de Tepatitlán, resultaron severamente dañadas dichas instalaciones, por lo que desde el 5 de septiembre fueron evacuadas.

De acuerdo con los dictámenes que emitieron las autoridades municipales, se determinó que las instalaciones del Hospital General de Zona No. 21 sufrieron daños de tal magnitud que hacían inviable su reparación, por lo que debería considerarse como lo que técnicamente se denomina pérdida total.

Asimismo, se emitió dictamen considerando la zona donde se encuentra dicho hospital, a escasos 10 metros del margen del río Tepatitlán, como zona de alto riesgo y por tanto no adecuada para la instalación del nosocomio.

Desde el día 5 de septiembre el personal del hospital y la Unidad de Medicina Familiar se encuentran laborando en el exilio, reubicados en diversos lugares de la ciudad, y por lo que respecta a las actividades propias del hospital, han tratado de continuar con ellas de la mejor manera posible en las instalaciones del Hospital Regional de Tepatitlán, dependiente de la Secretaría de Salud del estado de Jalisco.

En cuanto al Hospital General de Zona No. 21 es necesario, de acuerdo como quedó totalmente en ruinas, que se ubique en un nuevo lugar; ya no en la zona donde se encontraba que –ya lo he señalado—en el margen del río Tepatitlán a escasos 10 metros.

A pesar de lo anterior no tenemos conocimiento que haya algún proyecto para la construcción o reconstrucción de ese nuevo hospital.

UNICO.- Se exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social para que a la brevedad inicie los trabajos de construcción, reposición de las instalaciones del Hospital General de Zona número 21 con sede en la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, destruidas por las inundaciones de que fue objeto el pasado mes de septiembre.

Tiene la palabra la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a las Secretarías de Estado responsables de la CIBIOGEM, para que no levanten la moratoria a la siembra experimental de maíz transgénico.

- LA C. DIP. ROSARIO HERRERA ASCENCIO: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Vengo a presentar una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Ejecutivo Federal y a las Secretarías de Estado responsables de la CIOBIOGEM, para que no levanten la moratoria a la siembra experimental de maíz transgénico.

La suscrita integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes

La moratoria de facto a la siembra experimental de maíz se decretó en 1998 por recomendación del entonces Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola, dependiente de la Dirección General de Sanidad Vegetal de la entonces Secretaría de Agricultura.

Esa decisión se tomó debido, entre otros factores, a que en México es el centro de origen y región de mayor diversidad de variedades de maíz del mundo donde se ubican sus parientes silvestres más cercanos.

Dos.- La exploración, estudio y conservación de estos recursos ha sido una tarea difícil y no apoyada suficientemente.

Tres.- La introducción de cultivos transgénicos, podría acentuar la pérdida de diversidad, el desperdicio de recursos fitogenéticos de maíz y la generación de problemas en el ambiente agroecológico.

México suscribió acuerdos internacionales como el Convenio de Biodiversidad Bioógica en el que se señala expresamente el uso responsable de la biotecnología a fin de conservar la biodiversidad.

Al menos del 30 % del maíz que se importaría de Estados Unidos, en 1998 sería transgénico y se consideraba que era muy probable su desvío para cultivo a campo abierto en México.

Pese a las medidas para evitar la contaminación genética, derivada de la presencia de maíces transgénicos, hay información pública sobre casos de contaminación genética de nuestros maíces en al menos nueve estados de la República: Chihuahua, Morelos, Durango, Estado de México, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.

En el caso de la contaminación de maíz transgénico en México, es una alerta urgente de que todos los centros de origen y diversidad genética estén bajo riesgo de contaminación transgénica. No obstante, la gravedad de este problema hasta el momento, el Gobierno Federal ha asumido una actitud irresponsable pues la Secretaría de Agricultura anunció la suspensión de la moratoria que existe contra la siembra de maíz transgénico, al tiempo que continúan las importaciones de maíz no segregado de Estados Unidos. Un alto porcentaje del cual es transgénico, que es la principal fuente de contaminación en México.

" Las razones que dieron origen a la declaración de esta moratoria continúan siendo vigentes y más aún se ha agravado dado que cuando se decretó esta moratoria la contaminación genética del maíz mexicano aún no se daba.

"Levantar la moratoria significa desproteger totalmente el centro de origen y diversidad del maíz y abrirle la puerta a las transnacionales y esto no se debe permitir. Empresas inversionistas y generadoras de transgénicos como Mosanto, en papel de líder, han insistido en que la moratoria en México ha sido larga e inconveniente pues ha impedido el avance a la investigación. El levantamiento a la moratoria de facto para sembrar experimentalmente maíz transgénico es una decisión apresurada y unilateral, pues no se hizo ninguna consulta con los especialistas en maíz.

"Por ello, es imperativo que el Consejo Consultivo de la CIBIOGEM, compuesto por varias Secretarías de Estado, proporcione sus argumentos o en su defecto se discuta en la comunidad científica lo concerniente a este asunto.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado presento a este honorable pleno el siguiente

"Unico.- Se exhorta al Ejecutivo Federal y a las Secretarías de Estado que sostienen la CIBIOGEM para que mientras no se evalúe el riesgo ambiental y tengamos una ley que atienda las preocupaciones y puntos de vista de todos los sectores de la sociedad sobre este delicado asunto se mantenga la moratoria sobre la siembra experimental de maíz transgénico".

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Tiene la palabra el diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo al cumplimiento de los convenios celebrados desde 1992 con el estado de Quintana Roo y el municipio de Benito Juárez y proporcione la información relativa al cumplimiento de los mismos.

"En 1976 el territorio de Quintana Roo se constituye en estado federado, teniendo el desarrollo turístico de Cancún un avance importante. El proyecto Cancún se autorizó en 1969 y se inició en enero de 1970. Los objetivos iniciales fueron abrir un camino de Puerto Juárez a la Isla, diseñar el Plan Maestro de desarrollo y construir una aeropista provisional ubicada en la zona urbana. Las pautas básicas de este Plan Maestro fueron tres:

"La primera, fue la construcción de una zona turística. La segunda, la construcción de una zona habitacional para los residentes permanentes. Y la tercera, la construcción de un aeropuerto internacional a un costado del tramo carretero Cancún-Tulum.

"En 1974 se fusionaron Infratur y Fogatur para formar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo conocido hoy como el Fonatur. Debido a la importancia que tiene el turismo para México y dada la necesidad de coordinar en forma efectiva los esfuerzos encaminados a su desarrollo integral el gobierno federal creó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, cuyo patrimonio fue entregado en fideicomiso a Nacional Financiera, S.A. Dicho contrato fue modificado totalmente en los términos del convenio celebrado el 30 de junio del 2000.

"De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al acuerdo por el que las autoridades de la administración pública paraestatal se agrupan por sectores corresponde a la Secretaría de Turismo ser la responsable de coordinar al Fonatur lo que comúnmente se denomina como cabeza de sector.

"En este contexto el gobierno federal exige al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el pago de por lo menos 650 millones de pesos por obras de infraestructura, operación, conservación y mantenimiento de los servicios públicos cuya responsabilidad, según la demandante, recae en la autoridad local.

"Al parecer la acción interpuesta ante un juez de distrito por Fonatur demanda la restitución o el pago al municipio de Benito Juárez de las cantidades invertidas desde 1992 que suman 651 millones 467 mil 583 pesos por los conceptos de obras de infraestructuras efectuadas por el fideicomiso, así como operación, conservación y mantenimiento de los servicios públicos se exige cubrir la cantidad de 579 millones 533 mil 672 pesos, distribuidos en 36 acciones realizadas desde hace 11 años.

"Sin embargo existe un convenio de intención del 27 de septiembre de 1996, firmado por el entonces presidente municipal, Rafael Lara, y por FONATUR, en el cual se le da a esta instancia federal en vía de compensación por la no recepción de las normas consistentes en plantas de tratamiento y otros servicios públicos, responsabilidad del municipio, el no pago de impuestos respecto de bienes inmuebles de su propiedad.

"Por su parte, el municipio de Benito Juárez reclama una serie de adeudos que dice tener FONATUR por pago de impuestos provenientes de los predios que esta instancia tiene en Cancún.

"Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración del pleno la siguiente

"Único.- Se exhorta al a Secretaría de Turismo a cumplir lo estipulado en los convenios que desde 1992 a la fecha ha celebrado en nombre propio y/o por conducto del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, con el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como con el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Asimismo, remita esta soberanía un informe pormenorizado de dichos convenios y de las controversias judiciales existentes entre dicho fondo y municipio de Benito Juárez, Quintana Roo".

Solicito a la Presidencia que la presente proposición de punto de acuerdo sea turnada a la Comisión de Turismo para su análisis y dictamen.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Turismo.

Tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice auditorías a fondos de origen federal que benefician a particulares del estado de Oaxaca, que realizan operaciones con los gobiernos del estado y el federal.

-DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL (Convergencia): Con su anuencia, señora diputada Presidenta.

Doy lectura a la "Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditoría a fondos de origen federal que benefician a particulares y que realizan operaciones con el Gobierno del Estado de Oaxaca. Y en consonancia con nuestra propuesta anterior, consideramos que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala en la fracción VI del artículo 2º que las entidades fiscalizadas a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, son los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

"El artículo 16 de la ley mencionada señala que para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

"Requerir en su caso a terceros que hubieren contratado bienes o servicios mediante cualquier título legal con los Poderes de la Unión y entes públicos federales y, en general, a cualquier entidad o persona pública o privada que haya ejercido recursos públicos, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de la Cuenta Pública, a efecto de realizar las compulsas procedentes que correspondan.

"Además, la Auditoría Superior de Fiscalización tiene la facultad de fiscalizar los subsidios que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades federativas particulares y, en general, a cualquier entidad pública o privada, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado. Es el caso de las empresas Grupo Corporativo Gurrión, S.A. de C.V., Hospital Sinaí, S.A. de C.V., Impulsora el Istmo, S.A. de C.V., Dos Océanos, S.A. de C.V., que han sido empresas que han realizado obras mediante licitaciones o asignaciones con recursos federales en el estado de Oaxaca.

La transferencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos ya debe ser consustancial a nuestra naciente democracia. No podemos ni debemos de poner en tela de juicio el marco legal que nos obliga y que obliga a todas las entidades públicas y particulares que manejen recursos públicos a entregar la debida información para la práctica de auditorías que por ley tienen que realizar la Auditoría Superior de la Federación.

Es el caso entonces de que tenemos que sentar precedente determinado y que constituya el ejercicio de la facultad fiscalizadora de esta Cámara el que se lleven a cabo dichas auditorías a la mayor brevedad posible

Por consiguiente solicitamos a esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo.

UNICO.- Que en base al Artículo 2º Fracción VI, al Artículo 16 Fracciones IX y XI de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a las empresas antes mencionadas por lo que se refiere a os fondos públicos federales que han manejado en el Estado de Oaxaca..Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro 9 de Diciembre de 2003. El Grupo Parlamentario de Convergencia Democracia, Jesús Martínez Alvarez, Luis Martínez Alvarez, Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús G González Schmal y Juan Fernando Perdomo Bueno

-LA C. PRESIDENTA. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Tiene la palabra el Diputado Emilio Badillo Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para que el Programa DIPUTADA AMIGA- DIPUTADO AMIGO inicie el 12 de Diciembre y se mantenga como programa permanente de la Cámara duranste la LIX Legislatura.

-EL C. DIPUTADO EMIIO BADILLO RAMIREZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Población , Fronteras y Asuntos Migratorios de esta honorable Cámara de Diputados, tenemos el firme compromiso e interés de trabajar a favor de los derechos de los millones de mexicanos que han visto obligados a dejar el país y a sus familias para encontrar un trabajo digno en el extranjero que les permita cubrir sus más elementales necesidades para sobrevivir.

Los grandes flujos migratorios forman parte de la dinámica del mundo contemporáneo y México como país exceptor de tránsito y de origen de emigrantes, reconoce la realidad de esta situación que nos obliga a establecer estos mecanismos de atención y respeto de los derechos humanos que les asisten, independientemente de su condición migratoria.

Entre esos derechos fundamentales está el de regresar a su patria y transitasr con plena libertad en todo el territorio nacional para visitar a los familiares que tradicionalmente les esperan para disfrutas las fiestas de fin de año.

Lamentablemente estas visitas de nuestros connacionales en su gran mayoría implica para ellos pasar por una serie de abusos y arbitrariedades que cometen malos servidores públicos a

la hora de realizar las gestiones de ingreso y de tránsito a sus lugares de origen.

Esta situación persiste hasta nuestros días debido fundamentalmente al desconocimiento de nuestros paisanos de la existencia de las instancias y autoridades que pueden acudir para denunciar estos maltratos y abusos sobre todo los derechos que pueden ejercer sin tener que recurrir a una dádiva obligatoria.

De acuerdo con lo anterior, integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO: Primero.- Que el Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo se inicie a partir del 12 de diciembre y se mantenga como programa permanente durante la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, reforzando su operación en los meses de diciembre y enero.

Segundo.- Que la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sea la coordinadora general de la operación del mencionado programa.

Tercero.- Que se procure por todos los medios oficiales y de comunicación, dar a conocer a los paisanos migrantes que esta Cámara de Diputados a través del Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, garantizará el ejercicio de sus derechos y garantías.

Cuarto.- Que se establezca una continua y fluida coordinación con las comisiones legislativas de Asuntos Fronterizos y Migratorios de los Congresos locales con la Comisión Nacional y estatales de Derechos Humanos; con todas las oficinas gubernamentales de atención a migrantes del Poder Ejecutivo Federal y Estatal a fin de garantizar la atención a la referida problemática de los migrantes a su regreso del extranjero… (interrupción)…

- EL C. PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Un momentito señor diputado.

- EL C. DIP. HECTOR PABLO RAMIREZ PUGA LEYVA: (desde su curul) Señor Presidente, quisiera solicitarle ordene a la Secretaría llame a lista, haga un pase de lista en el tablero electrónico toda vez que no hay la mayoría de los diputados federales presentes y creo que es improcedente lo que se está discutiendo ahorita al no haber el quórum requerido. Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: De acuerdo con lo que solicita el señor diputado Ramírez Puga,… un momentito se pide al orador y que no le marquen tiempo, se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico por siete minutos para comprobar el quórum sin que se suspenda el desarrollo de la sesión.

- LA C. SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por siete minutos para verificar asistencia.

- EL C. DIP. EMILIO BADILLO RAMIREZ: Por lo aquí expuesto, atentamente solicito señor Presidente, se considere el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cercanía de la temporada de llegada de nuestros connacionales que visitan sus lugares de origen.

Agradezco a todas las fracciones parlamentarias por haber apoyado y firmado este punto de acuerdo.

Solicito señor Presidente, que el texto íntegro del punto de acuerdo que acabo de presentar, sea publicado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de diciembre del año 2003.

- EL C .PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

- LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

- EL C. PRESIDENTE: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición.

Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro de la proposición, a los siguientes diputados:

Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Alvarez Monje, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Rosa María Avilés Nájera, para hablar en pro.

LA DIP. ROSA MARIA AVILES NAJERA: Para la fracción del PRD es absolutamente necesario y urgente que la Cámara de Diputados apoye y evalúe las acciones del Programa Paisano y los similares que se implementen en los distintos estados de la República, con el fin de eliminar los abusos y arbitrariedades que se cometen en contra de nuestros connacionales a la hora de ingresar a sus lugares de origen por parte de algunos servidores públicos. Recordemos el caso de los dos zacatecanos que venían de Alaska y fueron despojados de todas las cosas que ellos traían. Por ello, el PRD apoya el establecimiento del Programa Diputado Amigo, Diputada Amiga, pues a través de dicho instrumento los legisladores podremos contribuir a garantizar que el Gobierno Federal otorgue un trato digno y conforme a derecho a todos los mexicanos y a todas las mexicanas que regresan al país de manera temporal.

Igualmente, a través del programa podremos ser un puente que permita coordinar acciones con los gobiernos estatales y municipales e incrementar la efectividad del programa mediante su difusión en Estados Unidos. Asimismo, intentaremos generar confianza entre los paisanos y las paisanas para que presenten sus quejas y denuncias; buscaremos sensibilizar a los servidores públicos que tienen trato con los connacionales y trataremos de ampliar la participación de la sociedad en la operación de dichas acciones.

Así, las diputadas y los diputados del PRD difundiremos por todos los medios a nuestro alcance, la información del Programa Paisano para que nuestros connacionales conozcan sus derechos y obligaciones al ingresar al país, pues de esa manera estarán menos expuestos a actos de corrupción o extorsión. Asimismo, estaremos muy atentos para verificar y supervisar que los servidores públicos se conduzcan con respeto y otorguen buena atención y trato digno hacia los paisanos y las paisanas.

De la misma manera, las legisladoras y los legisladores perredistas estaremos muy pendientes también de que el Gobierno Federal cumpla con los compromisos establecidos en el Programa arriba mencionado, con el fin de facilitar el ingreso y el paso por las aduanas, igualmente estaremos vigilando que en su ingreso terrestre a nuestro territorio se les garanticen los permisos de importación temporal y que las diversas autoridades encargadas de las gestiones, se abstengan de abusar de ellos.

En días pasados, la Comisionada del Instituto Nacional de Migración se reunió con varias legisladoras y legisladores. En dicha reunión la funcionaria se comprometió a generar los mecanismos institucionales para que los paisanos tengan la confianza para denunciar cualquier abuso por parte de alguna autoridad.

En este sentido, pondremos especial atención para dar seguimiento a las quejas que se realicen en contra de servidores públicos en las oficinas y módulos de la Secretaría de la Función Pública y el Sistema SACTEL, así como las quejas que se presenten ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las respectivas comisiones estatales.

No sólo debemos acordarnos de los migrantes y las migrantes cuando ingresan a este país en estas fechas; me parece que esta Cámara deberá tomar posteriormente acuerdos que realmente posibiliten su legalización, pero además que desde aquí presionemos al Gobierno Norteamericano para poderse sentar realmente a hablar de tú a tú y acordar la situación de nuestros migrantes.

Señor Presidente, hay una asistencia de 439 diputadas y diputados, disculpe, ha cambiado 441, más lo de viva voz.

LA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Señor Presidente, hay una asistencia de 455 diputadas y diputados.

EL PRESIDENTE: Gracias Secretaria, ha quedado constatado por la Secretaría que hay quórum.

Continúa la sesión cediendo el uso de la palabra para hablar en pro de la Proposición señor diputado don Fernando Álvarez Monje, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

..-EL C. DIP. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

Vengo a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional para mostrar nuestro apoyo respecto del punto de acuerdo que se somete a nuestra consideración de urgente y obvia resolución.

El México de hoy debe garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y todas las personas, independientemente de su ubicación; la nación se extiende más allá de nuestras fronteras y como representantes del pueblo es nuestro deber atender las necesidades de los mexicanos dentro y fuera de nuestro país.

De septiembre de 2002 a agosto del 2003 se estima que ingresaron a México más de dos millones 745 mil connacionales, de los cuales aproximadamente un millón lo hizo en la temporada de fin de año, cuando tradicionalmente se reúnen con sus familiares.

En efecto, un gobierno que nace de las urnas debe ser más responsable frente a las demandas sociales y responder así a los intereses de la sociedad, intereses que sin duda van hasta los de una población mexicana que se encuentra muy estrechamente vinculada, vía la migración con Estados Unidos y Canadá.

Es precisamente en este sentido, que los diputados federales de Acción Nacional nos sumamos al presente punto de acuerdo, a favor de que en esta LIX Legislatura se establezca el Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo.

Los diputados federales de Acción Nacional estamos conscientes que en el deber y cumplimiento nos subyace una condición profunda sobre la prevalencia del interés superior del país de la necesidad de no defraudar las expectativas de la población mexicana, en este caso, frente a millones de mexicanos que viven fuera de nuestras fronteras, especialmente en los Estados Unidos.

Como legisladores federales y representantes de la nación, debemos llevar este esfuerzo en el marco de nuestras facultades hasta donde nos sea posible, luchando por un mayor bienestar para quienes por la razón que sea han decidido emigrar y que en esta época regresan a su país.

Tenemos todos nosotros el compromiso y la responsabilidad de velar por la dignidad de todos los mexicanos, valga entonces este Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo como complemento al firme compromiso que tenemos todos hacia nuestros paisanos, como una señal de solidaridad y atención, para que todo aquel que desee venir a este país lo haga con la seguridad de que serán respetados sus derechos e integridad física y moral.

Sabemos y reconocemos el empeño de los logros alcanzados a través del Programa Paisano, según encuesta del Colegio de la Frontera Norte sobre satisfacción del servicio otorgado por dicho programa, el 98% expresó que no se le pidió ningún tipo de gratificación para agilizar su entrada al país, dos puntos porcentuales más que lo obtenido en los mismos meses del 2001 al 2002.

Igualmente reconocemos que durante el operativo de invierno del Programa Paisano 2002-2003, se instalaron 114 módulos de orientación y recepción de quejas y denuncias a lo largo del territorio nacional, los cuales representan 42.5% más respecto del período del año anterior, lo que permitió que la atención y cobertura a favor de nuestros paisanos se duplicara respecto del operativo 99-2000.

De esta forma, nos congratulamos de que el propósito por favorecer que los flujos migratorios en nuestro país sean seguros, legales y ordenados, sea asumido por los distintos niveles de gobierno.

Sepan que aquí los diputados estamos trabajando para asegurarles un retorno seguro y no sólo eso, sino que año con año sea este un mejor país. Muchas gracias, señor Presidente.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

-LA C. SECRETARIA AMALÍN YABUR ELÍAS: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

-LA C. SECRETARIA AMALÍN YABUR ELÍAS: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal solicite al gobierno de los Estados Unidos de América una prórroga de seis meses, para que las empresas mexicanas exportadoras de alimentos se inscriban en el Registro Federal y cumplan con las disposiciones de la llamada Ley Contra el Bioterrorismo.

EL C. DIPUTADO JUAN JOSE GARCIA OCHOA: Muchas gracias presidente. El 12 de junio del 2003 fue expedida la Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo 2002, mejor conocida como la Ley contra el Bioterrorismo en los Estados Unidos de América.

El bioterrorismo es definido en ésta como la acción de introducir a un país, en forma asociada o no, con alimentos, animales, plantas, mercancías o personas, microorganismo patógenos, agentes químicos, residuos radionucleares, toxinas o sustancias dañinas, con el propósito de generar en la población enfermedades, pánico o terror.

La Ley contra el Bioterrorismo en su conjunto, pero particularmente el título Tercero bajo el rubro denominado Protección a la Inocuidad y Seguridad del Abasto de Alimentos y Fármacos, y más concretamente el Subtítulo A relativo a la Protección de Abasto de Alimentos, contiene, ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados, graves implicaciones para los exportadores mexicanos, ya que impone algunas obligaciones.

Por ejemplo, la Sección 305 exige que todas las empresas, procesen, empaquen o almacenen alimentos para el consumo humano-animal que se destinen a la exportación de Estados Unidos, deberán registrarse ante la Administración de Fármacos y Alimentos, en tales condiciones se registrarán los propietarios, operadores o agentes de instalaciones en el extranjero.

La fecha límite para este registro quedó fijada en la ley el 12 de diciembre de

Este año, en caso de que alguna empresa no registre sus instalaciones en esa fecha, tendrá las siguientes consecuencias: se considerará un acto ilícito, el gobierno federal de los Estados Unidos podrá entablar demandas civiles y penales ante tribunales federales en contra de las personas involucradas, los productos que se pretendan exportar serán retenidos administrativamente en el puerto de entrada por la Federal Group Administration.

Cuando la FGA decida cambiar de lugar los productos retenidos, los particulares involucrados deberán organizar el transporte y correrá por su cuenta el costo de dicho transporte y almacenamiento.

Obliga también a las empresas a dar un aviso previo de importación unas horas antes de la entrada a cualquiera de los puertos de entrada norteamericanos.

Mantener los registros o archivos de las empresas involucradas, a fin de que puedan ser también investigados. La detención administrativa en el caso de que alguna autoridad aduanal considere que esa mercancía o producto genere un riesgo para los Estados Unidos.

Ciudadanos el 20% de las importaciones que entran a los Estados Unidos son alimentos y productos alimenticios, que ingresan al país en más de 300 puertos de entrada. Durante el primer semestre del 2003 el gobierno mexicano, manifestó ya su preocupación sobre estas regulaciones ante los Comités de Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial de Comercio y también otros foros del TLCAN.

El 26 de agosto se creó un grupo de alto nivel, para disminuir, minimizar los impactos negativos de esta ley, el gobierno intentó también elaborar un estado de productos agroalimentarios y pesqueros así como un directorio de exportadores.

Somos el principal socio comercial de Estados Unidos, según datos oficiales en México existen 12 mil empresas que están exportando a los Estados Unidos, y según cifras de la Secretaría de Economía solamente 3 mil empresas se han registrado y la fecha de vencimiento es el 12 de diciembre.

Por todo esto, ciudadanos, 68 diputados de esta Legislatura de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional les proponemos el siguiente

Que esta Cámara de Diputados exhorte al Titular del Ejecutivo Federal a que a la brevedad posible, solicite al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica una prórroga de al menos seis meses, para que las empresas mexicanas exportadoras de alimentos puedan inscribirse en el Registro Federal y den cumplimiento a los demás requisitos que impone la nueva legislación contra el bioterrorismo.

Dadas las condiciones especiales de comercio que existen entre ambas naciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TELECAN).

-DIP. SECRETARIA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la Proposición.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro el señor diputado José María de la Vega Lárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

-DIP. JOSE MARIA DE LA VEGA LARRAGA: Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La nueva ley contra el bioterrorismo que el día 12 de los presentes entrará en vigor en los Estados Unidos de Norteamérica, dispone que los propietarios, operadores o agentes a cargo de instalaciones alimenticias norteamericanas o del resto del mundo, que fabriquen, procesen o envasen, empaquen o almacenen alimentos para el consumo humano o animal en los Estados Unidos, estarán obligados a lo siguiente:

Realizar un registro de sus instalaciones vía Internet; realizar un aviso previo a la FDA, la Food Drug Administration, del ingreso de los respectivos cargamentos a los Estados Unidos y a mantener en los Estados Unidos un representante que funja como enlace con la FDA.

Vale la pena mencionar que con anterioridad se solicitaba que quien diera el aviso previo al ingreso de cargamentos próximos a ingresar a territorio de los Estados Unidos, fuera precisamente el importador norteamericano. Sin embargo, y gracias a las negociaciones que se han realizado por el Ejecutivo Federal, dicho requisito se ha aceptado que se realice por cualquier persona que tenga conocimiento y los datos para realizarlo. Es decir, incluso el mismo exportador en este caso mexicano, con el cual se facilita el trámite a realizar.

El Partido Acción Nacional, reconoce el esfuerzo que se ha venido gestando de parte del Ejecutivo Federal, en el sentido de dar amplia difusión de las obligaciones contenidas en la citada Ley contra el Bioterrorismo, asimismo de los recursos que se han destinado para dar adecuada asesoría a todos aquellos exportadores mexicanos que se encuentran en la necesidad de registrar sus instalaciones.

En SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, se han destinado recursos para contactar con cada uno de ellos, cuyo universo suma la cantidad de 7 mil 500 exportadores.

Vale la pena mencionar que en junta informativa que se llevó a cabo en el Senado de la República el día 26 de noviembre del presente año, el director de la oficina agro comercial de embajada de los Estados Unidos, Bruce Daining, informó que durante los primeros 4 meses a partir del inicio de la vigencia de la ley en comento, la FDA se limitaría a informar a los exportadores e instruirles respecto al cumplimiento de la misma.

sin embargo, y dada la amplia difusión que se ha hecho por el Ejecutivo Federal, el Partido Acción Nacional recomienda que se solicite y analice la información del grado de avance con que se cuenta a la fecha en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad contra bioterrorismo.

Independientemente de lo anterior el grupo parlamentario de Acción Nacional se suma al punto de acuerdo antes expuesto por el bien de México y sus exportadores.

Consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

LA MISMA C. SECRETARIA: votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para una proposición que exhorta a las secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República y a Petróleos Mexicanos para que, dentro de sus competencias, realicen las acciones necesarias para contrarrestar y disminuir el robo y tráfico ilícito de combustible en el país.

EL C. DIPUTADO CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: aunado a la difícil situación presupuestal que enfrenta hoy en día Petróleos Mexicanos por falta de recursos suficientes, el robo y tráfico de combustible es un problema que aumenta día con día y que, a pesar de las medidas adoptadas, no parece disminuir de una manera significativa a corto plazo, representando grandes pérdidas a la paraestatal, sin importar en lo más mínimo al señor director de esta empresa de todos los mexicanos.

De acuerdo con la información de Pemex, el mercado ilícito de combustible se abastece de tres fuentes definidas como tomas clandestinas: robo a las instalaciones de la paraestatal e importación ilegal o contrabando de productos desde Estados Unidos y Belice.

Esta práctica ilícita en sus distintas variables representa pérdidas a Petróleos Mexicanos por nueve mil millones de pesos al año que tanto requerimos. El robo y tráfico de combustible es un problema arraigado a lo largo de toda la República. Estados como Nuevo León, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Hidalgo y Yucatán registran un alto índice delictivo en esta materia.

Tan solo en Yucatán el 40 por ciento del combustible que se vende en esta entidad proviene de esta práctica ilícita. Esta práctica constituye un delito grave del fuero federal que ha alcanzado hoy en día dimensiones similares a la del narcotráfico y crimen organizado.

En las leyes mexicanas existen ya diversas disposiciones para hacer frente a estas prácticas delictivas; sin embargo, éstas no han sido del todo suficientes ni eficaces al momento de fincar responsabilidades.

Sabemos que no todo es malo. En lo que va del año Pemex pudo reducir hasta en un 38 por ciento el número de robos a los ductos en todo país. Aun así, las pérdidas que Pemex Refinación registra por la venta de combustible sustraído en el mercado negro siguen siendo altas, a pesar de las medidas adoptadas por autoridades correspondientes y de las regulaciones ya existentes, por lo que es claro que aún falta mucho por hacer. No resultan suficientes los planes a largo plazo, y las investigaciones no han arrojado resultados inmediatos que ayuden a contrarrestar este acto delictivo que ha incrementado en el mercado negro de gasolina en México en un 50 por ciento en los últimos cinco años y que representa grandes pérdidas para la nación.

Tan sólo en el poliducto Monclova-Santa Catarina se robaron 32 mil litros de gasolina premium en el mes de octubre, cifra que nos reafirma el largo camino que aún falta por recorrerse en el combate y prevención de este delito federal.

Por lo anteriormente expuesto el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

Primero.- Exhortamos a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos para que realice una auditoria en las áreas responsables de almacenamiento y distribución de combustible, a fin de evaluar los índices de pérdida por fugas y evaporación y detectar las posibles extracciones ilegales a los ductos y almacenes de PEMEX y lo haga del conocimiento de las autoridades federales respectivas en caso de presumir del delito de robo o de venta clandestina de combustibles.

Segundo.-Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública, para que agoten las investigaciones correspondientes de las averiguaciones previas en trámite por fincar la responsabilidad de quien resulte culpable de tal delito.

Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejercer un estricto control en la aduana de la frontera norte y sur a fin de contrarrestar la entrega ilegal de combustible proveniente de Estados Unidos y Belice, con el propósito de denunciar ante el Ministerio Público Federal el delito de contrabando de gasolina y diesel que sea detectado.

Solicito a la Presidencia sea turnada la presente proposición de punto de acuerdo a la Comisión de Energía para su análisis y dictamen.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Auditoria Superior de la Federación practique auditorias a los Fondos del Ramo 33 asignados al estado de Oaxaca, durante los ejercicios fiscales de los años 2000 a 2002.

- EL C. DIP. JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO: Buenas tardes. Con su permiso, diputado Presidente.

Los que suscriben diputados del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los articulos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo en base a las siguientes consideraciones:

Uno.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79, que la Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejercen las entidades federativas, los municipios y los particulares.

Dos.- La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoria Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la Cuenta Pública. Entre ellos los entes públicos federales y todas aquellas entidades que ejercen recursos públicos.

Tres.- Los recursos del ramo 33 de Aportaciones Federales, son los recursos que están destinados a las más sentidas necesidades de la población, están orientados para aquellos que nada tienen.

Los recursos del ramo 33 de Aportaciones Federales para el estado de Oaxaca, posiblemente el estado de mayor marginación, ascienden a la cantidad de 30 mil millones de pesos aproximadamente.

Cuarto.- La rendición de cuentas de los programas sociales es consustancial a toda democracia. No debemos permitir y dejar la impresión de que los recursos de los programas sociales pudieran tener un propósito distinto al que están destinados.

Quinto.- México está construyendo su democracia. En esta tarea están participando todos los mexicanos y uno de los valores de la democracia es la transparencia en el ejercicio del gobierno y en el manejo de los recursos públicos. No existirá democracia en México si no hay transparencia y rendición de cuentas. Y en esta condición no hay argumento válido para impedir la transparencia, como no lo es, desde luego, la invocación de la soberanía estatal que no es ni debe de ser una especie de salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.

Sexta.- La rendición de cuentas debe de ser práctica cotidiana en México. Incluso nuestra norma debe ser explícita. Si no hay rendición de cuentas, no debe haber más recursos.

En el Congreso se hacen las leyes, y los primeros obligados a su cumplimiento, somos los legisladores y los miembros de los otros Poderes.

El Poder Legislativo debe de ser garante de la legalidad y la transparencia y la rendición de cuentas es condición fundamental de la democracia.

"En Convergencia creemos que solo luchando por la legalidad y trasparencia podremos construir el país que queremos: justo, próspero, democrático. Por ello el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente

"Unico.- Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74 fracción IV, el 79 de la Constitución General, así como los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos del Ramo 33 asignados al estado de Oaxaca durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001 y 2002".

- EL C. DIPUTADO HELIODORO DÍAZ ESCARRAGA (PRI. Desde su curul y sin micrófono): ¡Pido la palabra!

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Dígame, Diputado.

- EL C. DIPUTADO HELIODORO DÍAZ ESCARREGA (PRI). : En tribuna, señor Presidente, para hechos con fundamento en el 102 de nuestro Reglamento quiero hacer uso de la palabra.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): No es posible darle la palabra para hechos, señor Diputado, de acuerdo con el artículo décimo tercero del Acuerdo Parlamentario.

- EL C. DIPUTADO HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZA (PRI): Gracias, diputado Presidente.

Efectivamente, el artículo décimo tercero del Acuerdo Parlamentario señala que no existe la posibilidad para intervenciones para hechos, sí y solo si hubiese objeción de algún legislador o legisladora, que ese es el caso de excepción. Es decir, en el evento que un legislador objete el punto de acuerdo en esa discusión no hay posibilidad de intervenciones para hechos, más sin embargo el diputado Heliodoro Díaz está solicitando única y exclusivamente, con fundamento en el 102, una intervención para hechos, no objetando en forma directa la proposición con punto de acuerdo.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Estará usted de acuerdo conmigo, don Héctor, de que no procede otorgarle el uso de la palabra porque está solicitándola para hechos y de acuerdo con el artículo décimo tercero del Acuerdo Parlamentario no proceden intervenciones para hechos. Solo que él me la pida para oponerse, entonces le puedo conceder el uso de la palabra.

- EL C. DIPUTADO HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZA (PRI): Diputado Presidente: El artículo décimo tercero señala en forma muy clara que la proposición con punto de acuerdo tiene dos casos de excepción en cuanto a discusión: donde señala en forma expresa que no hay posibilidad de intervención para hechos es cuando se realiza la objeción con relación a la proposición, es decir, este Acuerdo Parlamentario no es un caso de excepción al 102 del Reglamento Interior del Congreso y ahí sí en cualquier momento nos da la facultad para la intervención en hechos.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Perdóneme don Héctor de la Garza no puedo estar de acuerdo con usted. Esta Presidencia solo concederá el uso de la palabra si el señor diputado, don Helidoro, la solicita como objeción.

- EL C. DIPUTADO HELIODORO DIAZ ESCARRAGA (PRI. Desde su curul y sin micrófono): Sí, señor Presidente. Voy a oponerme.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Se le da el uso de la palabra para objetarla. Adelante.

- EL C. DIPUTADO HELIODORO DÍAZ ESCÁRREGA (PRI): Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso.

Simplemente para precisar que aquí se han hecho valoraciones de carácter jurídico con el que a nombre de la coordinación oaxaqueña no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque ya en varias ocasiones se pretende camuflear el argumento, señalando que los recursos del Ramo 33 son recursos de carácter federal. Esta es la esencia del argumento.

Nosotros con base en el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal señalamos que estos recursos por su propia naturaleza al entrar a las arcas estatales son recursos estatales y en consecuencia están sujetos a la normatividad del caso, esto es auditable solamente por los órganos en la materia del congreso del estado o por los órganos de fiscalización internos.

Quiero señalar también que los propios gobernadores, incluso como aquí se ha reconocido en alguna otra ocasión, el 19 de junio señalaron expresamente los gobernadores agrupados en la CONAGO, que en tanto no se aclaren estas controversias de carácter jurídico, suspendan todas las auditorías programadas en el territorio nacional al Ramo General 33 y a que se establezcan mesas de trabajo y análisis con estas entidades federativas sobre ese punto y el relacionado con los recursos del Ramo General 39.

A mayor abundamiento, ¿por qué entonces existen convenios que han suscrito algunos estados para facultar expresamente este mecanismo de auditoría? Porque la ley no lo permite, porque la ley establece expresamente la naturaleza de los recursos y éstos no son auditables conforme al procedimiento aquí señalado.

Quiero decirles además que el propio Congreso del Estado de Oaxaca ha fijado su posición en este sentido.

"La Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, manifiesta que la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación apegue sus funciones a lo ordenado en el artículo 46 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, toda vez que resulta violatorio y se atenta contra la soberanía de Oaxaca, pretender efectuar auditorías sin fundamento legal alguno y en contravención a las disposiciones que se refieren al control, supervisión, vigilancia y fiscalización del manejo de dichos recursos por cada autoridad y cada nivel de gobierno que expresamente establece el ordenamiento antes citado, para cada etapa que la misma ley establece desde su presupuestación hasta su total erogación."

No es un problema de transparencia, no es un problema que tenga que ve con oponerse a los mecanismos de fiscalización. Estamos de acuerdo, tan es así que en el estado de Oaxaca al día de hoy se han practicado y se practican más de 252 auditorías; una que raya en la hilaridad, cuando se ordena auditar el programa de Hábitat, donde está en curso el ejercicio de 36 millones de pesos que todavía no habían llegado al estado pero que ya se había ordenado la auditoría. Por eso es que nos oponemos a que este asunto pueda tramitarse en la forma y términos en los que lo plantea la fracción de Convergencia en su punto de acuerdo.

No quisiéramos especular en esta tribuna que hoy por hoy tiene temas muy importantes que importan al país y que no podemos detenernos en asuntos en los que pudiéramos presuponer carga o sospecha de carga política.

Por la atención que sirvieron prestarle a ésta, manifestamos expresamente que debe respetarse la ley, que debe de respetarse la normatividad vigente, que en su caso cuando se cambie se procederá de otra forma, pero fundamentalmente que se respete la soberanía del Estado y que nos dediquemos a legislar temas más importantes que están en la antesala de esta soberanía.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el diputado don Jesús González Schmal.

Compañeros y compañeras diputadas: Extraña de veras, sorprende, que a esta tribuna venga un diputado del estado de Oaxaca a oponerse a una razonabilísima propuesta que hace el Partido Convergencia, para que los recursos aportados por la Federación para el Ramo 33 sean sujetos de una revisión, de una cuidadosa aplicación, para no suscitar sospecha alguna respecto de su beneficio social.

Aquí mismo Convergencia sostuvo en los primeros inicios de este periodo de sesiones, que había ya una especie de coalición de gobernadores que se estaban asociando para oponerse a que el funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación incidiera en la revisión de estos programas de mucha cuantía en términos económicos y de mucha incidencia y trascendencia en términos sociales.

Quisiéramos ver otra actitud, quisiéramos romper los moldes de las oposiciones a que la supervisión de esta Cámara, de este Congreso Federal llegara hasta los últimos usos de los recursos públicos en todos los rincones de la patria y que el organismo de Auditoría Superior cumpliera realmente frente al pueblo su altísima misión de preservar los recursos públicos.

Qué lástima que aquí el Diputado Heliodoro diga que este es un tema de poca importancia si precisamente estamos por resolver el gravísimo problema de una Ley de Ingresos que impone al pueblo más cargas impositivas cómo no vamos a corresponderle revisando a fondo el uso adecuado, honesto y preciso a su objetivo de los recursos que el mismo pueblo aporta para su desarrollo y para su beneficio.

Estamos pues señalando con toda seriedad que esa propuesta debe ser aprobada, debe turnarse a Comisiones como lo solicita Convergencia y ahí encontrar el auspicio, el mejor ángulo para que no sometamos a la Auditoría Superior de la Federación y no nos estemos resistiendo porque nos hacemos sospechosos quienes se resisten de que hay todavía esta rémora de cacicazgos que quieren los recursos tanto locales como federales para asentar poderes para acentuar todavía aquellos

Graves modos de gobernar con autoritarismo tanto por el poder económico como por el poder político.

Así pues, solicitamos la anuencia de esta representación nacional para dar curso a esta muy importante propuesta de que se ratifique que Auditoría Superior de la Federación tiene cabal competencia para auditar los recursos destinados al desarrollo social a través del Ramo 33 del Presupuesto Federal

Consulte, dígame, con qué propósito, si tiene la bondad de darle sonido ala curul .

-EL C. DIPUTADO DIAZ ESCARRAGA; (desde su curul) Para alusiones personales señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE. No ha lugar señor Diputado Díaz Escárraga. Ya senté el precedente y a opinión de la Presidencia que si bien es cierto que el Artículo 13 dice : en este debate no habrá intervenciones para hechos por via de alusiones personales se puede burlar este dispositivo del Artículo. Discúlpeme pero ya había sentado este criterio con alguno de sus compañeros Diputados.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta o se desecha la proposición.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMALIN YABUR: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite o se desecha la proposición presentada por el Diputado Juan Perdomo Bueno.

Los ciudadanos diputadas y Diputados que esstén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos Diputadas y Diputados que estén por la negativa sírvanse manifesta

-EL C. PRESIDENTE. De acuerdo con el Reglamento y toda vez que hay una solicitud formal de un diputado de Convergencia, solicito a la Secretaría que vuelva a repetir la votación colocándose de pie y contando quienes están favor y quienes están en contra.

En los términos del Reglamento, sí, cuando algún Diputado -permítame el artículo- un momento Secretaria vamos a fundamentar en el Reglamento la decisión de la Presidencia.

Va a fundamentar en el Reglamento de Gobierno su decisión. Dice el Artículo 151: Si al dar la Secretaría cuenta del resultado de la votación económica que es la hipótesis, algún miembro de la Cámara pidiere que se cuenten lo votos se contarán efectivamente, a ese fin se atendrán todos, incluso el Presidente y los Secretarios, de pie o sentados, según el sentido en que hubieren dado su voto.

Dos miembros que hayan votado, uno en pro y otro en contra contarán a los que aprueban y otros dos de la misma clase a los que reprueban. Estos cuatro individuos que nombrará el Presidente darán razón al mismo en presencia de los Secretarios del resultado de su cuenta, hallándose conforme se publicará la votación".

En este caso, solicito don Gilberto Ensastiga, por favor si nos puede servir para contar los votos.

Proceda la Secretaría y cada uno, dos contarán los votos en pro y dos en contra.

- EL C. DIP. HECTOR PABLO RAMIREZ PUGA LEYVA: (desde su curul) Estoy pidiendo la palabra señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: A ver, el diputado Ramírez Puga. Dénle sonido al diputado Ramírez Puga.

EL C. DIP. HECTOR PABLO RAMIREZ PUGA LEYVA: Señor Presidente, con todo respeto le solicito que antes de iniciar de manera ilegal nuevamente la votación, quisiera hacer uso de la palabra para objetar el punto de acuerdo.

- EL C. PRESIDENTE: Perdóneme pero estamos en votación y estoy aplicando el artículo 151. La apreciación de que es ilegal, respeto su opinión pero he dado el fundamento; todavía más, el artículo 152 dice: "Cuando la diferencia entre los que aprueben y los que reprueben no excediese de tres votos, se tomará votación nominal". Está previsto, no es votación nominal todavía, es votación económica.

- LA C. SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite o se desecha la proposición presentada por el diputado Juan Perdomo Bueno.

Si me hacen el favor de sentarse. Los que están por la negativa, por favor ponerse de pie:

- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

En los términos del acuerdo parlamentario y toda vez que han transcurrido las cinco horas de la sesión, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la siguiente sesión, la que contendrá los asuntos no considerados en esta sesión.

- LA MISMA C. SECRETARIA: Señor Presidente, los asuntos que quedan pendientes serán diferidos para la próxima sesión. Se va a dar lectura al orden del día.

- EL C. PRESIDENTE: Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por seis minutos para verificar la asistencia.

- LA MISMA C. SECRETARIA: Sí, señor Presidente. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por seis minutos para verificar la asistencia.

- EL C. PRESIDENTE: Se levanta la sesión ( 16.40 horas ) y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves once de diciembre a las diez horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8.30 horas.