11 DE
DICIEMBRE DE 2003
SESION DEL JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2003 |
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Comunicaciones |
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Iniciativa del Congreso de San Luis Potosí |
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Oficios de la Cámara de Senadores |
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Iniciativas de ciudadanos diputados |
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Dictámenes de primera lectura |
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Dictámenes a discusión |
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Proposiciones |
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Solicitud de excitativas |
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Agenda política |
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Efemérides |
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EL PRESIDENTE DIP. FRANCISCO ARROYO VIEYRA ( Toca la campanilla y dice): Se ruega a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del computo de asistencia de ciudadanos diputados.
-EL SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 364 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
-EL PRESIDENTE ( A las 10:31 horas) Se abre la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
-EL SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al orden del día.
( lectura del orden del día)
EL SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Es cuanto, diputado Presidente.
-EL PRESIDENTE: Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria
-EL SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
( v o t a c i ó n )
Gracias. Las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n)
-EL SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
-EL PRESIDENTE: En tanto, se le dispensa la lectura. Proceda la Secretaria poner a discusión el acta.
-EL SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
( v o t a c i ó n )
Gracias. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n )
-EL SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
-EL PRESIDENTE: Aprobada el acta. Continué la Secretaría.
-LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Iniciamos señor Presidente, con su permiso, en el área de comunicaciones.
(solicitud de licencia del diputado Jorge Carlos
Obregón Serrano)
-EL PRESIDENTE: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
-LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
Primero.- Se concede licencia al diputado Jorge Carlos Obregón Serrano para separarse de sus funciones como Diputado Federal electo en el Tercer Distrito del Estado de Guanajuato por cinco días a partir de esta fecha.
Segundo.- Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(v o t a c i ó n )
Los ciudadanos diputados y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n )
LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: La mayoría por la afirmativa, diputado
Presidente.
-EL PRESIDENTE: Aprobados.
EL PRESIDENTE: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Martha Eugenia González Lohr.
Se designa en comisión parar que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados:
Diputado Lázaro Arias Martínez, diputada Elizabeth Oswelia Yánez Robles, diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, diputado Jorge Legorreta Ordorica, diputado Juan Fernando Perdomo Bueno.
Se ruega a la comisión cumplir con su cometido.
LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Se invita a los presentes ponerse de pie.
EL PRESIDENTE: Ciudadana Martha Eugenia González Lohr: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
LA C. MARTHA EUGENIA GONZALEZ LOHR: Sí, protesto.
EL PRESIDENTE: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Continúe la Secretaria.
LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS:
(del Congreso del estado de México)
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
LA MISMA SECRETARIA:
(del Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal)
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LA MISMA SECRETARIA:
(del Congreso del estado de San Luis Potosí)
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LA MISMA SECRETARIA:
(de la Cámara de Senadores, Ley Minera, Ley Federal de
Derechos)
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LA MISMA SECRETARIA:
(diez oficios de la Cámara de Senadores)
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
LA MISMA SECRETARIA: Cumplida la encomienda, diputado Presidente.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona un inciso C de la fracción XV del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
EL DIP. JOSE MARIO WONG PEREZ: Con su permiso señor diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
El suscrito José Mario Wong Pérez, diputado federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 segunda y 56, 60 y 64 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto para que se adicione con un inciso c), la fracción 15 del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El derecho laboral es uno de los pilares del llamado derecho social, persigue el que la clase trabajadora tenga garantías mínimas, dentro de ellas se encuentran los salarios de los trabajadores, así como otras prestaciones como la indemnización constitucional, aguinaldos y prima vacacional, entre otras.
Estas prestaciones se tienen que cubrir al trabajador con determinada periodicidad, pero resulta que en ocasiones los patrones no cumplen con estas obligaciones y es cuando el trabajador se ve en la necesidad de acudir a los tribunales laborales a pedir que el Estado haga cumplir al patrón remiso.
Seguido el juicio laboral, el trabajador tiene sentencia favorable pero al ejecutarla se enfrente a la situación en la que patrón no cumple voluntariamente con la obligación que le impone el laudo, por lo que se procede a embargar y rematar bienes inmuebles a fin de que con los mismos, se pague al trabajador.
La Ley Federal del Trabajo, en su título XV contiene una serie de disposiciones relativas a los procedimientos de ejecución, entre otros, de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dentro de la Sección Tercera, relativo a los Remates.
El artículo 975 dispone lo siguiente: "Exhibido el importe total del precio de la adjudicación, el Presidente declarará fincado el remate y se observará lo siguiente:
"Primero.- Cubrirá de inmediato al actor y a los demás acreedores por su orden y si hay remanente, se entregará al demandado.
"Segundo.-Si se trata de bienes inmuebles, se observará:
a) El anterior propietario entregará la Presidente de la Junta con toda la documentación relacionada con el inmueble que se remató.
b) Si se le adjudica al trabajador, deberá ser libre de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales.
c) La escritura deberá firmarla el anterior propietario dentro de los cinco días siguientes a las notificaciones que le haga el notario público respectivo, si no lo hace, el Presidente lo hará en su rebeldía.
"Tercero.- Firmada la escritura se pondrá al adquiriente en posición del inmueble.
Fracción II...
b) Del artículo transcrito, resuelve el problema generado por una importante laguna que había dejado la ley de 1970, ya que ésta no contemplaba la cancelación de gravámenes al adjudicarse a los trabajadores en un procedimiento laboral y de manera efectiva bienes inmuebles y ocurría que los registradores se negaban a cancelarlos, con lo cual se impedía la debido adjudicación cuando carecían de medios económicos para cubrir los derechos de registro y por ende, la libre disposición de tales bienes.
Ello motivó que el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia de trabajo, al resolver los autos del toque de revisión número 117-75 emitiera la tesis referente a la cancelación de gravámenes, en virtud de tratarse de un crédito privilegiado, de pago preferente a cualquier otro, de conformidad con lo preceptado en el artículo 113 de la Ley Laboral.
Ahora bien, el artículo 109 fracción 15 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece, que causará dicho graven toda la enajenación de inmuebles, lo que supone que el patrón condenado del orden laboral o un tercero al que le fue embargo y rematado un inmueble dentro del procedimiento de ejecución forzosa del laudo respectivo, debería pagar el Impuesto Sobre la Renta por enajenación de inmuebles.
Sin embargo, en el caso de la práctica laboral forense se pone de manifiesto que en la mayoría de los casos este impuesto no es cubierto por el patrón, quien fuera privado contra su voluntad de una parte de su patrimonio en razón de un laudo pronunciado por la autoridad laboral, que pone fin al procedimiento.
En este mismo contexto, cuando las constancias de autos son remitidas por la autoridad laboral a un notario público para su protocolización, éste tiene la obligación de retener y enterar al fisco federal el Impuesto Sobre la Renta, por concepto de enajenación de inmuebles, pero es el caso que el patrón condenado y ejecutado en un gran número de casos omite verificar el pago de los impuestos causados, con la consecuencia natural de que el trabajador se encuentre imposibilitado de hacer efectiva la exención a que se contrae el ya citado normativo 975 de la Ley Federal del Trabajo y que conlleva a que finalmente sean ellos quienes verifiquen la liquidación del monto de los créditos fiscales generados, lo que constituye un menoscabo en su patrimonio.
Por la exposición vertida, estima que debe adicionarse con un inciso c), la fracción XV del numeral 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que incorpore la exención del pago de dicho impuesto a favor del trabajador, por la adjudicación en remate y dentro de un procedimiento laboral respecto de bienes inmuebles, propiedad del patrón o de un tercero.
La reforma en cuestión obedece a un interés legítimo, que pretende dar lugar a la equidad, de tal manera que no se beneficie a una de las partes en detrimento de la otra y hacer efectiva la exención prevista por el artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, armonizando así la ley laboral con la legislación fiscal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ustedes lo siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto para que se adicione con un inciso c), la fracción XV del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Único. Se adiciona con un inciso c), la fracción XV del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 109. No se pagará el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de los siguientes ingresos:
Fracción XV. Los derivados de la enajenación del inciso c) Los bienes inmuebles que dentro de un juicio laboral se rematen y adjudiquen a favor del trabajador.
Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de diciembre del año de 2003; atentamente el de la voz, diputado federal José Mario Wong Pérez.
Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Javier Valdez de Anda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el último párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-EL C. DIP. DON FRANCISCO JAVIER VALDEZ DE ANDA: Con la venia de la Presidencia.
En la celebración el día de ayer del LV Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y siendo congruente con ello, me permito presentar a esta soberanía la iniciativa para abolir la pena de muerte en nuestra Carta Magna.
El suscrito, Francisco Javier Valdez de Anda, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos.
La reacción jurídico penal es la respuesta que el legislador, como representante de una comunidad, prevé en aquellos casos en que se lleve a cabo conductas que atenten contra los bienes jurídicos fundamentales del hombre y que se determinará al caso en concreto por la autoridad oficial y consistirá en la privación de bienes o derechos del sujeto infractor, llevada a cabo por la autoridad ejecutora.
A la pena se le asignan diversas finalidades, ya que mientras algunos ven en ellas un sufrimiento, otros la consideran como un medio de reforma y readaptación, y no faltan los que creen que es una mera venganza legalizada, pero es necesario convenir que por más que en nuestros tiempos se haya intentado restarle todo carácter aflictivo, la pena es un padecimiento.
En conclusión, la mayoría de los autores señalan, que son cuatro los fines de la pena: retribuir mal por mal, expiar la culpa, lograr la prevención general mediante la ejemplaridad y corregir al delincuente.
En cuanto al ordenamiento jurídico mexicano, nuestra Carta Magna establece en el último párrafo del Artículo 22 que la pena de muerte podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.
Cabe señalar que la pena de muerte encuentra su justificación en las teorías retribucionistas, las cuales afirman que es una exigencia profunda e incoercible de la naturaleza humana, que el mal sea retribuido con el mal, como el bien merece su premio, para esas teorías el delito es un mal causado y su autor debe ser sometido a la expiación de ese mal.
Sin embargo, la idea de la retribución ha sido ya duramente cuestionada por diversos autores, destacando las objeciones que formula en su contra Klaus Rocín (?), quien estima que la teoría retributiva no puede justificar la pena estatal, entre otras razones, porque no queda claro bajo qué presupuestos la culpabilidad humana autoriza al Estado a castigar, o en palabras del criminólogo Hamburgo Siver (?) la pena de muerte como una total extinción del condenado, exige una culpabilidad absoluta e indivisible del autor.
Por otra parte, quien afirme la absoluta culpabilidad de un autor, debiera ineludiblemente demostrar la absoluta libertad de la voluntad del mismo. El reconocimiento de una culpabilidad jurídico-penal, es por consiguiente un concepto en el marco de la ciencia experimental relativamente desarrollado, por lo que es inadecuado el imputar una absoluta culpabilidad.
Con lo antes expuesto, salta a la vista que el pensamiento retribucionista, no justicia ni legitima de forma alguna, la aplicación de la pena de muerte.
Por otra parte, es evidente que la pena de muerte no puede cumplir, en caso alguno, una función preventivo especial, en el sentido de cumplir efectos resocializadores, pues su imposición elimina absolutamente desde una principio, las posibilidades de resocialización del condenado.
La pena de muerte se cierra desde un principio y de forma arriesgada, a permearse de los principios que sostiene la posibilidad de mejoramiento del delincuente.
Ya desde 1764 el jurista italiano César Beccaria, señaló que el Estado otorga a sus ciudadanos un mal ejemplo por medio de las ejecuciones de la pena de muerte, pues de esta forma los ciudadanos no somos intimidados, sino más bien incitados a utilizar ellos mismos la violencia.
En la misma dirección apunta un estudio neoyorkino de 1980, del cual se desprende que entre 1903 y 1963, después de cada ejecución hubo un aumento de dos asesinatos por mes, por lo que la afirmación invocada por los defensores de la pena de muerte, de que ésta ayuda a la intimidación de la colectividad no es verdadera.
Si la función del Derecho Penal, tal y como entre tanto se ha reconocido en forma general consiste en la protección subsidiaria de bienes jurídicos, no debe el cumplimiento de esta tarea, ayudarse de una pena que contradiga en los resultados, a esa meta social.
Como legisladores no podemos permitir una disposición legal que atente contra la vida de las personas continúe vigente en nuestro país, tomando en cuenta además, efecto de la pena de muerte es irreversible. Un condenado a la pena privativa de libertad puede por medio de la prueba de su inocencia, ser absuelto. Esto no sucede con la pena de muerte en la que se corre el peligro de generar víctimas inocentes.
Remontémonos a los antecedentes del artículo 22 constitucional. Cabe señalar que en el Congreso Constituyente de 1856, se dio un fuerte debate por quienes definían a la pena de muerte como un verdadero asesinato que la sociedad comete en uno de los individuos, sin tener para ello el menor derecho.
Se dijo en aquel entonces que la venganza no debe entrar jamás en las instituciones sociales; la justicia debe tener por objeto la reparación del mal causado y la corrección y mejora del delincuente. Y nada de esto se logra con ofrecer al pueblo espectáculos de sangre que sirven sólo para desmoralizarlo.
Finalmente en el artículo 23 de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1857, quedó establecida la abolición de la pena de muerte, en tanto el Poder Administrativo estableciera a la mayor brevedad el régimen penitenciario. Por lo que la intención era suprimir la pena de muerte en la medida que se fueran estableciendo penitenciarías en los principales puntos de la República Mexicana.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada por la Cámara de Senadores y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de mayo de 1981, establece en su artículo 4o. el derecho a la vida y señala que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, estando este derecho protegido por la ley.
En términos del artículo 18 constitucional, el sistema penal mexicano se organiza sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios de readaptación social del delincuente.
En este proceso de revisión sustantiva de nuestro marco constitucional, es fundamental entrar en un tema que deberá revisarse, ya que permitir que continúe vigente una disposición que autoriza imponer la pena de muerte, constituye una tentación para aquéllos que con ideas de corte retribucionista, quieran imponerla.
Es, señores diputados, por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a la consideración de este Pleno la siguiente reforma constitucional:
"Artículo 1, único, se reforma el artículo 14 constitucional para quedar como sigue: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Se reforma el artículo 22 constitucional para quedar como sigue: Queda prohibida la pena de muerte, ninguna ley podrá establecerla.
Artículo transitorio.
UNICO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, en el día de su presentación.
Muchas gr acias.
-PRESIDENTE: Gracias diputado.
Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Socorro Díaz Palacios, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática,. para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a fin de incorporar el enfoque de género.
LA C. DIPUTADA SOCORRO DIAZ PALACIOS: Señor presidente, señoras y señores legisladores. La que suscribe, integrante del grupo parlamentario del PRD, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Política y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a fin de incorporar en su articulado el enfoque de género.
Exposición de motivos.
De acuerdo con diversas investigaciones, la incidencia de género en las organizaciones e instituciones evidencia la necesidad de reforzar la presencia de la mujer en los ámbitos de la política, la economía, la cultura y la sociedad.
La incorporación y permanencia de la mujer en el mundo laboral muestras sin duda rezagos importantes. En nuestro país de los 39.6 millones de personas que desempeñan actividades económicas 26.1 millones son hombres y 13.5 mujeres.
En el sector público, y de manera específica en la administración pública federal, se registra un avance cuantitativo de la participación laboral femenina, ya que el 48 por ciento del total de trabajadores son mujeres.
En algunas dependencias federales, como son Salud y Educación Pública, las mujeres son mayoría absoluta; en otras, como Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público y Trabajo y Previsión Social su participación ha crecido más de 10 puntos en los últimos 25 años.
Sin embargo, con datos contenidos en los libros Cultura institucional y equidad de género en la administración pública y Participación femenina en los poderes del Estado, editados por el Instituto Nacional de las Mujeres, se evidencia que en nuestro país subsisten relaciones desiguales entre el hombre y la mujer en este ámbito específico.
Del total de puestos de mandos medios y superiores en los tres poderes de la unión, 69.2 por ciento están ocupados por hombres y 30.8 por ciento por mujeres. Al comparar el número de funcionarias con el de funcionarios por tipo de cargo, se observa que para el 2001 de las 26 mil 850 jefaturas de departamento y puestos homólogos, 9 mil 114 estaban encabezados por mujeres, números que equivalen a 33.9 por ciento de las jefaturas.
En cuanto al puesto de subdirectora, por tres subdirectores varones había una mujer subdirectora. En el nivel de directora de área, por cada cinco directores varones había una mujer directora.
Esa proporción se repite en los puestos de directores y coordinadores generales y jefes de unidad.
En la categoría de oficial mayor y puestos homólogos, en 2001 participaban 87 mujeres, aproximadamente el 16.9 por ciento del total de funcionarias de este nivel. Es decir, por cada seis varones que desempeñaban este cargo había solamente una mujer.
La misma proporción se observa en el caso de titulares de secretarías de Estado u homólogos. En el nivel de secretarías de Estado sólo hay una mujer. Aquí la proporción es una por 19 hombres.
En resumen, el porcentaje de participación total por cada uno de estos niveles muestra que mientras más alto es el puesto menor es la participación de la mujer. Un 94.33 por ciento del total de mujeres que participa en alguno de los poderes del Estado mexicano en puestos de mandos medios y superiores lo hace desempeñando responsabilidades en los primeros cuatro niveles jerárquicos, correspondientes a puestos de enlace, jefe de departamento, subdirectora de área y directora de área.
En este contexto y considerando que en las nuevas condiciones políticas del país se ha dado de manera efectiva la alternancia política, la instauración de un servicio profesional de carrera con enfoque de género constituye un paso para la transición democrática.
La actual Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública involucra alrededor de 70 mil personas, en las que precisamente recae la continuidad de los programas de gobierno. Por ello, la iniciativa que hoy propongo introduce modificaciones a fin de fortalecer los principios de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer para que la selección y promoción de los servidores públicos de confianza, garantice mediante la aplicación estricta de los principios de justicia y equidad.
Las modificaciones que se proponen prevén asegurar la igualdad de oportunidades a hombres y mujeres para el ingreso, el desarrollo y permanencia en el sector público. Se trata de una reforma que plantea la observancia de los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito e igualdad de género, que es lo que agregamos.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Artículo único: Se reforman los artículos 2º., párrafo tercero; 14 fracción III y 32 segundo párrafo y se adiciona con un inciso f) a la fracción IV del artículo 13 y con un tercer párrafo al artículo 30 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para quedar como sigue:
Artículo 2º.: "Serán principios rectores de este sistema la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito e igualdad de género".
Artículo 13, IV: "Subsistema de capacitación y certificación de capacidades; establecerá los modelos de profesionalización para los servidores públicos que les permitan adquirir f): Las condiciones objetivas para que exista igualdad de oportunidades de capacitación para mujeres y hombres".
Artículo 14 fracción III: "Calculará las necesidades cuantitativas de personal en coordinación con las dependencias y con la base en el registro considerando los efectos de los cambios en las estructuras organizacionales , la rotación, retiro y separación de los servidores públicos sujetos a esta Ley, con el fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuados para su buen funcionamiento, promueva y garantice la igualdad de género y permita la movilidad de los miembros del sistema".
Artículo 30, tercer párrafo: "En cualquier caso los comités pugnarán porque prevalezca la igualdad de género".
Artículo 32: "En igualdad de condiciones tendrán preferencia los servidores públicos de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros".
Transitorio.- Artículo Unico: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 11 días del mes de diciembre de 2003.
Señoras y señores legisladores: Con estas modificaciones y adiciones, que estamos proponiendo, consideramos que el servicio profesional de carrera, con enfoque de género, corresponde a una cultura democrática que reconoce la igualdad entre los sexos y la necesidad de continuar la tarea de gobierno con los mejores cuadros, sin distingo de ningún tipo.
Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 47 bis a la Ley de Instituciones de Crédito.
- EL C. DIP. ALEJANDRO AGUNDIS ARIAS: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para la sociedad desde tiempos inmemorables contar con una vivienda propia ha sido motivo de orgullo.
De acuerdo con el investigador urbanista Cortés Delgado, diversos filósofos abordaron en sus estudios la importancia de la vivienda, no sólo para el desarrollo personal, sino también espiritual de los individuos, pues él tenía la firme convicción de que el ser humano no podía desarrollarse de forma integral sin su espacio vital, es decir, su vivienda.
"Así tenemos que la vivienda es el espacio en el que el núcleo familiar confluye. Este espacio es sumamente importante, pues además de brindarle seguridad, resguardo, sentido de pertenencia e identidad, le permite alcanzar un mayor desarrollo que sin lugar a dudas contribuye al fortalecimiento de su patrimonio.
"No en vano el acceso a la vivienda ha sido y es una de los prerrogativas de la política social del país. No obstante esta prerrogativa enfrenta una serie de obstáculos para materializarse y responder a las necesidades de los mexicanos, particularmente del sector joven de la población. Un obstáculo es el acceso a mecanismos de financiamiento para comprar la primera vivienda. A nadie es ajeno el reciente fenómeno de la proliferación de este tipo de mecanismos que tienen por objeto dotar de una vivienda digna y propia a todos aquellos hogares que aún no la tienen y que, de acuerdo con estimaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de SEDESOL, asciende aproximadamente a 756 mil. A esta cifra se suma una cantidad considerable de viviendas que necesitan ser sustituidas y aproximadamente 2 millones 45 mil que deben ser rehabilitadas o remozadas.
"A este respecto vale la pena señalar que si bien nadie puede negar que esta serie de mecanismos creados por instituciones públicas y privadas están facilitando la adquisición de la vivienda, la mayor parte de los créditos que se han otorgado presentan serias limitaciones en su accesibilidad, particularmente para el sector de población joven que no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir las altas tasas de interés nominal. Más aún, se reconoce que no solo se requiere una mayor oferta en la vivienda, sino también que ésta sea accesible conforme a la capacidad de pago con la que cuentan los trabajadores, particularmente el sector de población joven, que precisamente en esa etapa de su vida toma decisiones trascendentales que modelan el desarrollo del resto de su vida adulta. Por ejemplo, la salida de la escuela, el primer trabajo, la primera unión de pareja, el primer hijo y por supuesto la primera vivienda.
"Es importante mencionar que si bien ya están dando avances para mejorar la oferta de vivienda en el país ello no servirá de nada si no se cuenta con los instrumentos que faciliten el acceso a la misma. De ahí que los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados estimamos importante fortalecer el marco legal existente, a fin de que la población pueda adquirir una vivienda propia sin que ello implique mayores sacrificios económicos para las familias mexicanas, particularmente para las jóvenes.
"Con el fin de dar una respuesta integral al rezago en la demanda de vivienda de las familias jóvenes, el Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, propone a través de la presente iniciativa que el gobierno federal destine recursos para apoyar la construcción o adquisición de la primera vivienda de estas familias a través del otorgamiento de un subsidio. Para tal efecto se propone adicionar el artículo 47 Bis a la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de fortalecer la estructura de la política nacional de subsidios.
"El artículo 47 Bis que se adiciona a la Ley de Instituciones de Crédito dispone que las instituciones de banca de desarrollo están facultadas para instrumentar los subsidios otorgados por el gobierno federal, a través de intermediarios financieros legalmente facultados para ello. Los intermediarios financieros determinarán si la familia es sujeto del subsidio, de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 47 Bis que se pretende adicionar a la Ley de Instituciones de Crédito y los demás ordenamientos legales que resulten aplicables.
"Esta iniciativa permitirá dar cumplimiento a la meta del milenio relativa a asegurar que para el año 2020 100 millones de habitantes cuenten con una vivienda adecuada. Lo anterior no implica que se otorgue un subsidio sin fijar ciertos requisitos mínimos, de los cuales dependerá su acceso. Dichos requisitos se establecen con la finalidad de brindar certeza jurídica en el otorgamiento de los dichos.
"Nuestro grupo parlamentario considera que esta iniciativa constituye un paso significativo para avanzar en la solución de este problema. Sin embargo es necesario que los gobiernos federal, estatal y municipal, adopten políticas adicionales que satisfagan la gran demanda que sobre vivienda se ha generado en el territorio nacional.
"El Partido Verde, preocupado por la falta de créditos accesibles para que los jóvenes tengan una vivienda digna y decorosa, de conformidad con la garantía consagrada en el artículo 4º párrafo quinto de nuestra Carta Magna, respetuosamente sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 47 bis a la Ley de Instituciones de Crédito".
Señor Presidente, por respeto al tiempo de mis compañeros diputados, omitiré la lectura del articulado, pero solicito a la Mesa Directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señor Presidente.
(aplausos)
-PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias señor diputado.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y si no se ha publicado publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.
-SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: ¿Falta algún diputado o diputada para registrar asistencia?
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 483 diputadas y diputados. (11:41 horas)
Ciérrese el sistema electrónico.
Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula.
Cumplida la encomienda.
-PRESIDENTE: Gracias Secretaria.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal.
-DIP. JOEL PADILLA PEÑA (PT): Con el permiso de la Presidencia.
"Ciudadanos Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión:
"Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de reformas a diversas disposiciones del Código Penal Federal, con base en la siguiente
"Exposición de Motivos
"En nuestro país los preceptos jurídicos relativos a la ejecución de penas privativas de libertad que están contenidas fundamentalmente en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de los sentenciados, en las leyes estatales sobre ejecución de sanciones privativas de la libertad y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
"La mayoría de los instrumentos internacionales en materia penitenciaria no son convencionales sino desde nuestro punto de vista son de naturaleza declarativa. No obstante en ello se enuncian principios éticos fundamentales reconocidos universalmente, que si bien no imponen obligaciones jurídicas son un imperativo ético para los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellas México.
"De acuerdo con las cifras presentadas en el Tercer Informe de Gobierno, para el mes de julio de 2003 el Sistema Nacional Penitenciario reportó una sobrepoblación de 27.9 por ciento, 4.8 puntos porcentuales más que en diciembre de 2002. Estas cifras muestran que en menos de 20 años la población penitenciaria se ha triplicado.
"La solución que propone el gobierno federal para abatir la sobrepoblación, consiste en crear nuevos espacios, pero no va al fondo del problema. Nuestra perspectiva es tratar de abatir la sobrepoblación, disminuyendo el número de internos y no aumentando los espacios de reclusión.
Para obtener este resultado podría haber diversas soluciones pero las más simples son disminuir la prisión preventiva y aplicar penas sustitutivas de prisión. La prisión preventiva debe ser totalmente excepcional y responder a motivos muy justificados, no obstante, la Legislación Mexicana permite aplicarla en forma demasiado extensa y prolongada. Resulta aberrante que más del 25% de los internos sean procesados y que permanecen en esa situación durante meses y en ocasiones, años.
Los procesados gozan de una presunción de inocencia y deben ser tratados como tales, sin embargo en la mayoría de los centros y reclusorios preventivos se les trata como culpables.
No todos los sentenciados deben ser condenados a penas de prisión, los Códigos Penales de la mayoría de los Estados establecen para los delitos de menor importancia y que tienen penas más bajas, la posibilidad de que el Juez reemplace la pena de prisión por una pena sustitutiva que se cumple en libertad y consiste generalmente en trabajos a favor de la comunidad u otras similares.
Si se aplicaran estas penas sustitutivas en forma general y sin excepciones, disminuiría en gran parte la sobre población de los reclusorios y se resolverían muchos de los graves problemas del Sistema Penitenciario.
Al respecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su Informe sobre nuestro país correspondiente al año 1998 recomendó que amplíe el ámbito de aplicación de las penas alternativas a la prisión y se adopten las mecidas necesarias con el fin de acelerar los procesos y se aumente la capacidad locativa de los centros penitenciarios.
Compañeras y compañeros Diputados, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que se dispone en los Artículos 71 Fracción II de la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos así como por los Artículos 55 Fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto de Reformas a diversas Disposiciones del Código Penal Federal para quedar como sigue.
Artículo 1º.- Se reforma el párrafo 2º d el artículo 25, se reforma el Artículo 55 y se adiciona la parte final al párrafo 2º. Del artículo 64, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
ARTICULO 25.- El tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena o penas impuestas de la causa en que dicha privación haya sido acordada, o en su defecto, de las que pudieran imponerse contra el reo en otras, siempre que hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso las penas impuestas se compurgarán entonces en forma simultánea.
ARTICULO 55.- .Cuando el Mandato de Captura solicitado por el Ministerio Público se dicte en contra de una persona mayor de 78 años de edad, el Juez ordenará que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que determine y justifique la prestación social.
Los acusados de delitos contra la salud, delincuencia organizada, tráfico de menores, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, pornografía infantil, tráfico de armas, asalto con violencia y privación ilegal de la libertad en los casos de las Fracciones I inciso A), II Inciso B) y III del Artículo 366 del Código Penal Federal, así como para el caso de que la víctima resulte lesionada o pierda la vida durante la privación ilegal de la libertad, no gozará de la suspensión de la prisión preventiva a que se refiere el párrafo precedente.
Una vez dictada la sentencia ejecutoriada la pena podrá suspenderse o ser sustituida por una medida de seguridad a juicio del Juez o Tribunal que la imponga de oficio o a petición de parte cuando por haber sufrido el activo consecuencias graves en su persona o por senilidad o su precario estado de salud, fuera notoriamente innecesaria o irracional, que se compugne dicha pena.
En los casos de senilidad o precario estado de salud, el Juez apoyará siempre dictámenes de Peritos.
ARTICULO 64.-Si las penas se impusieran en el mismo proceso o en distintos pero si los hechos resultan conexos o similares, o derivado uno del otro, en todo caso las penas deberán contarse desde el momento en que se privó de libertad por el primer delito.
TRANSITORIO: Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de diciembre del año 2003.
Firmamos por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nuestro coordinador, el diputado Alejandro González Yáñez; nuestro vicecoordinador Pedro Vázquez González y los diputados integrantes del grupo parlamentario, diputados Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Oscar González Yáñez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos y su servidor, Joel Padilla Peña. Es cuanto, diputado Presidente.
- EL C. PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias, diputado.
----- Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
----- Publíquese el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria, toda vez que no ha sido publicada.
El señor diputado don Alfredo del Mazo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha entregado a esta Presidencia la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
----- Insértese el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates.
----- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria, y,
---- Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita E. Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- LA C. DIP. MARGARITA ESTER ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO.- Con su autorización, señor Presidente.
"A menudo dice don Adolfo Chrislie de Barrola- se piensa en el Poder Judicial como una estructura formal, como una entidad abstracta, olvidando que las funciones de justicia son profundamente humanas no sólo por las vicisitudes de quienes tienen que someterle sus problemas sino porque son personas, sujetas como todos, a necesidades y estímulos y capaces de todas las miserias y de todas las virtudes quienes tienen en sus manos la función de impartirla".
En la Suprema Corte de Justicia, la voluntad popular ha depositado la función fundamental de mantener el equilibrio entre los Poderes de la Unión; dirime controversias entre Legislativo y Legislativo (sic), también es depositaria de velar por la unión de la república y dirime controversias entre Estados y municipios, entre el Distrito Federal y la Federación.
Tiene la justicia una función eminente: garantizar el orden en la sociedad. Una sociedad ordenada puede y debe ser una sociedad democrática; es una sociedad que respeta todos los derechos sin distinción ni distingo.
Quién duda que una de las fuentes principales del derecho en México es la legislación y para ello se establece todo un proceso legislativo. En él, colabora el Poder Ejecutivo e incluso los Poderes Legislativos locales; sin embargo, el Poder Judicial que es el garante del orden no interviene de ninguna manera y por ningún motivo en el proceso legislativo.
Esta iniciativa se presenta a fin de que al menos en lo que concierne directamente a la estructura, funcionamiento y organización del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga la facultad para iniciar leyes al respecto. Sin embargo, esta facultad no incluye desde luego la presentación de su presupuesto porque la facultad de presentar el Presupuesto, incluso el del Poder Judicial Federal, le corresponde únicamente al Poder Ejecutivo Federal.
La Suprema Corte de Justicia, así con esta facultad de iniciar leyes tendría no sólo una altísima función política y moral sino también legal para opinar sobre su modo de organizarse. Lo tiene el Poder Ejecutivo cuando presenta la iniciativa de su Ley Orgánica de la Administración Pública; lo tenemos como Poder Legislativo en nuestra Ley Orgánica, ¿por qué no puede tenerlo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación? El fortalecimiento de nuestra Suprema Corte de Justicia es esencial para el adecuado funcionamiento del régimen democrático y de todo el sistema de justicia.
Precisamente por eso, vengo a esta alta Tribuna soberana para dar cuenta de ello y proponer modificaciones inspiradas en este contexto y que sea seguramente el inicio de toda un reforma, de reformas al sistema judicial.
Desde la tercera ley, de las leyes constitucionales de 1836 se determinaba precisamente esta facultad de la Corte para iniciar leyes en lo relativo a la administración de su rama, lo mismo se incluyo en los proyectos de 1840 y del 42 Actualmente 28 de las 31 entidades federativas en su constitución le otorgan la facultad a su Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano en donde se deposita el poder judicial local, para iniciar las leyes que tienen que ver con su materia. También lo hay en otros países, en Europa y en América.
Esta iniciativa que hoy presento, el Partido Acción Nacional ha presentado ya similares, ya en 3 de diciembre del 97 el diputado Reynoso Núñez y el 20 de marzo del 2002 la diputada Yadira Tamayo Herrera, presentó la iniciativa que le otorgaba a la Corte la facultad para iniciar leyes con respecto a su organización.
Nuestra plataforma política la del 94 al 2000 como esta última, han señalado la importancia para la consolidación de la democracia el que la Corte intervenga en esta etapa del proceso legislativo, a fin de que pueda presentar iniciativas en relación a su organización.
Hay otros argumentos que justifican la presente iniciativa. La teoría de la división de los Poderes sea ha venido desarrollado y sustenta la mutua colaboración de los mismos, ya que dicho principio no debe sostenerse de forma rígida, sino que al contrario permite la interrelación y la colaboración entre los Poderes.
Es además equitativo que el Poder Judicial Federal cuente con esta facultad, más aún cuando los otros dos Poderes lo tienen, permite además dar mayor legitimidad de origen, se podría dar incluso el caso, cuando interviene el Poder Judicial con una iniciativa el Legislativo interviene con todo el proceso de discusión y proceso legislativo y lo culmina el Ejecutivo con su publicación, los tres Poderes participando justamente en leyes que tienen que ver con el sistema judicial.
Por otra parte, dado el conocimiento que la Corte tiene precisamente de su estructura, de su funcionamiento y de los procesos, nos permitiría como país afinar las instituciones jurídicas, se fortalece así el Poder Judicial y consecuentemente el marco legal en materia de impartición de justicia. No se sitúa el Poder Judicial por encima del Legislativo, el Ejecutivo, ni se confunden las facultades de iniciativa con las de aplicación. La transformación estructural del Poder Judicial Federal, es parte del reto que tenemos como legislatura y podemos iniciar otorgándole esta facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta iniciativa busca consolidar el principio de la colaboración de poderes en la vida legislativa del país, generando corresponsabilidad en el proceso de creación de las normas jurídicas en esta materia judicial.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 71 constitucional, me permito presentar el proyecto de decreto por el que se adiciona y modifica el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su fracción IV diría:
"A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la estructura, organización y funcionamiento del Poder Judicial Federal. Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los estados, por las diputaciones de los mismos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasaran desde luego a comisión, las que presentaren los diputados o los senadores se sujetaran a los trámites que designe el Reglamento de Debates" Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de diciembre del 2003.
Solicito, señor Presidente, se inserte en el Diario de Debates el texto íntegro de la iniciativa que incluye la exposición de motivos y que por cuestión de tiempo no leo completo. Muchísimas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputada.
Insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.
LA DIP. SUSANA MANZANARES CORDOVA: Con su permiso, señor Presidente, diputados y diputadas:
En atención al tiempo leeré una síntesis del documento que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, entregada para su publicación al Diario de los Debates y a la Gaceta Parlamentaria.
Los que suscribimos diputados de la LIX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de las atribuciones que nos confiere la fracción II del artículo 71 y la fracción VII y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
La Ley Federal de Radio y Televisión vigente incorpora una serie de principios fundamentales, como el que corresponde a la Nación el dominio directo de un espacio territorial y en consecuencia el medio en que se propongan las ondas electromagnéticas. Afirma que dicho dominio es inalienable, imprescriptible, también sostiene que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo que el Estado deberá protegerlas y vigilarlas para el debido cumplimiento de su función social. Sin embargo, la ley no logra regular adecuadamente algunos fenómenos de la realidad, ya sea porque los ignora o bien porque no contiene normas pertinentes para encauzarlos en el marco del estado de derecho; es el caso de las radios comunitarias y otras radiodifusoras similares a las que se les aplican criterios y exigencias válidos para los radios comerciales, pero no para aquellas que no persiguen objetivo de lucro y que sus fines se inscriben claramente en el servicio social y la participación ciudadana o comunitaria.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarios establecen que la radio comunitaria hace referencia a un perfil y objetivos específicos, mostrando la diversidad y los diferentes sectores y movimientos sociales. Su objetivo es buscar y defender la legalidad democrática propiciando la focalización de problemáticas específicas, funge como verdaderas tribunas abiertas a la sociedad. Por ello se dirigen a perfiles y sectores concretos de la población. Su principal sello es la rentabilidad sociocultural y de servicio que le den a su auditorio y través de la participación sistemática en la toma de decisiones, producción y transmisión de mensajes propios en medios.
Las radios comunitarias operan en México desde hace casi 40 años, estas radios presentan características diferentes a las radios comerciales, pues son un espacio de participación en beneficio de las comunidades y sectores ciudadanos. Las diversidades de las radios comunitarias se manifiesta en el mosaico de funciones que desarrollan en sus transmisiones, con contenidos educativos, culturales y artísticos; de promoción de los derechos humanos, de equidad de género, de protección civil; de trabajo de social y servicios a las comunidades; campañas de salud, servicios a los migrantes y sus familias; de capacitación para la productividad de las comunidades, etcétera.
Destacan aquellas radios comunitarias que trasmiten en idioma indígena, con lo que contribuyen de manera relevante a la preservación de la identidad de las culturas indígenas y sirven también como un lazo de unión y de comunicación social de los grupos étnicos de nuestro país.
En general, las radios comunitarias funcionan con fuertes carencias de equipo y tecnología y sus frecuencias son limitadas a un corto alcance debido a la falta de recursos financieros para su operación y modernización.
Aproximadamente el 70% de los ingresos dependen de las propias comunidades, así como de algunos apoyos de universidades, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.
Otro factor adverso para las radios comunitarias, es que efectúan sus actividades sin el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; sin embargo, sobre esta circunstancia se debe tomar en cuenta cuando menos dos atenuantes:
Primero.- Que la Ley Federal de Radio y Televisión no contiene normas adecuadas a las radios comunitarias, cuyas características las hacen diferentes de las radios comerciales.
Segundo.- Que no obstante, que en reiteradas ocasiones diversas radios comunitarias han trasmitido sus permisos ante la mencionada Secretaría, ésta se ha negado sistemáticamente a otorgarles argumentando que no cumplen con los requisitos técnicos exigidos en la ley, a pesar de que unas radios comunitarias han acreditado el cumplimiento de estos requisitos en casi 40 años de su funcionamiento.
En este marco se hace necesario hacer corresponder la Ley Federal de Radio y Televisión a los preceptos marcados por el artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que en su fracción VI mandata a las autoridades de la Federación, los Estados, los Municipios a establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar, administrar medios de comunicación.
Por lo tanto, la presente iniciativa pretende reformar la ley en materia de radios comunitarias bajo dos premisas:
Primera.- La caracterización de las radios comunitarias como espacios de participación ciudadana y comunitaria con funciones de servicio social.
Segunda.- El principio señalado en el artículo 4° de la propia ley, de que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo que el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.
Asimismo esta iniciativa parte de la libertad de expresión y el derecho a la información garantizados en el artículo 6° de la Constitución, en consecuencia se proponen reformas y adiciones a la ley para reconocer jurídicamente a las radios comunitarias y crear los mecanismos de apoyo que el Estado deberá brindar a las mismas, en atención a su función de servicio social y sin objetivo de lucro.
En el capítulo único relativo a los principios fundamentales, la presente iniciativa reforma el primer párrafo del artículo 5° para incorporar el reconocimiento a la composición pluricultural de la Nación Mexicana y con respecto a los objetivos de los contenidos de las trasmisiones de radio y televisión, sustituye el término "procurarán" por el "que deberán", ya que tales objetivos resultan de una gran significación por sus impactos sociales.
La fracción I de este artículo se reforma con el objetivo de promover la tolerancia entre las diversas identidades culturales de la nación como uno de los objetivos de las trasmisiones de la radio y televisión y la fracción III se reforma para señalar la preservación de las lenguas indígena como parte de dichos objetivos.
En el artículo único relativo a la jurisdicción y competencia, se reforma la fracción I del artículo 10, que tiene las competencias de la Secretaría de Gobernación para señalar como parte de estas competencias la vigilancia de las trasmisiones de radio y televisión, se mantengan dentro de los límites de la equidad de género y no denigren la condición femenina.
La fracción III del artículo 11 de este capítulo también es reformada para que la Secretaría de Educación tenga la atribución de promover el uso de las lenguas indígenas en los programas que difundan las estaciones de radio y televisión; el primero y el segundo párrafo del artículo tercero, así como los artículos 25 y 26, corresponden al capítulo primero, relativo a las concesiones y permisos, son reformadas para incorporar la figura de radios y televisiones comunitarias, junto a las comerciales, oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas, etcétera.
Se adiciona un tercero y un cuarto párrafo al artículo 41, contenido en el capítulo referido a las instalaciones.
Finalmente, se crean cinco artículos transitorios; en el artículo primero, se señala la entrada en vigor de las reformas al día siguiente de su publicación.
En conjunto, las anteriores reformas y adiciones a la Ley Federal de Radio y Televisión ofrecen una solución en el marco del estado de derecho a la problemática que enfrentan las radios comunitarias y otros radios de naturaleza similar, en atención a sus funciones de beneficio social y a la consideración de que la radio y la televisión son actividades de interés público que el Estado debe proteger, vigilar, para el debido cumplimiento.
-EL C. PRESIDENTE: Diputada, le ruego concluir, por favor.
-LA C. DIP. SUSANA MANZANARES CÓRDOVA: Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputada. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Tiene el uso de la palabra la diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley General de Educación.
-LA C. DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ SALORIO: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:
Durante la evolución de la humanidad se ha reconocido a la educación como el proceso social de mayor importancia para impulsar el desarrollo humano integral y promover el progreso individual y de la sociedad en su conjunto.
La Educación Media Superior se reviste de importancia respecto del sistema educativo de cualquier país, su principal objetivo es preparar a las jóvenes generaciones para que se desempeñen satisfactoriamente en los diversos ámbitos, ello les permitirá acceder a los estudios superiores, lo que les garantizará a su vez una vida adulta, productiva y de calidad.
Los partidos políticos tienen el deber moral e histórico de lograr que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna, una instrucción de calidad y emerger en la lacerante de la pobreza que aqueja, en particular a los jóvenes, quienes inician el camino de la vida productiva; este grupo de la presente población es precisamente el centro de la propuesta.
La primera de las necesidades de un gran porcentaje de ese sector es, sin duda, el tener cubierto los medios económicos necesarios para poder acceder a un plantel educativo de nivel medio superior, sin tener que renunciar forzosamente a continuar con sus estudios y, por ende, dedicarse a alguna otra actividad que le permite allegarse de recursos económicos que su familia le demanda.
Por esas razones, el Partido Verde Ecologista de México se ha dado a la tarea de presentar una propuesta en torno a la Educación Media Superior, que permita a los jóvenes a llevar este nivel educativo y en consecuencia, estar en posibilidades de mejorar su nivel de vida.
Al inicio de la actual administración se dio a conocer un programa de becas independiente de las que existía, mismas que prometió mantener ofreciendo que brindaría apoyos económicos y créditos educativos a los jóvenes de nivel medio superior que así lo requieran.
El actual gobierno estableció como reto en la Educación Media Superior incrementar más del 42% la tasa de cobertura educativa, lo que significaría pasar de dos millones 800 mil jóvenes en el año 2000 a cuatro millones de estudiantes para el año 2006.
Para alcanzar esta meta se debería de elevar la calidad educativa, por lo que serían revisados los propósitos, objetivos y sistemas de indicadores de este nivel escolar.
Asimismo, se subrayaba la puesta en marcha del Programa Nacional de Becas para Estudios de Tipo Superior, con el cual pretendían elevar los niveles de acceso y permanencia de jóvenes al nivel medio superior y superior de escuelas públicas.
Para los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la educación ha sido un tema medular en la construcción de nuestra agenda legislativa, se han apoyado los programas del Gobierno Federal para convertir a la enseñanza en la calidad de la columna vertebral, en la que se apoyará el desarrollo de nuestra nación.
Debemos evitar en todo lo posible resultados tan vergonzosos y decepcionantes, como los obtenidos por nuestro país en la última evaluación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre Modelos y Aprovechamiento Educativo Mundial, eso puso de manifiesto la deplorable situación que caracteriza la calidad educativa que existe en México.
Nuestro grupo parlamentario asume plenamente la responsabilidad adquirida de proveer a todos los mexicanos, las comisiones y ordenamientos legales necesarios, que les permitan el acceso a una educación pública de calidad en todos los niveles, con ello se podrá obtener una mejor calidad de vida al tener plena conciencia que con la carencia de una educación de calidad, no sólo se cancela al futuro de los pueblos sino que también se destruye a su memoria y se vive sin conciencia del presente.
Nos hemos comprometido a impulsar el desarrollo de los mexicanos jóvenes, para lo cual se ha diseñado la presente reforma legal, que consiste en proporcionar a todos y a cada uno de los estudiantes mexicanos adscritos a las escuelas públicas de educación media superior, de una beca equivalente al 50% del salario mínimo general vigente en el área educativo, donde se encuentre el centro educativo correspondiente.
Con esto se pretende brindar a los estudiantes una tranquilidad económica, durante el desarrollo de sus estudios y evitar la deserción educativa de los jóvenes por falta de recursos económicos.
Los jóvenes que cursan este nivel educativo y que pertenecen a las familias de escasos recursos, se contienen a los estudiantes vulnerables de abandonar sus estudios, ingresar a un mercado laboral carente de seguridad.
La imperante necesidad de contribuir al gasto familiar, les obliga a abandonar su vida educativa, para no retomarla jamás.
Siendo congruente con la ideología del Partido Verde Ecologista de México, de traducir las intenciones en hechos, esta propuesta se concreta en una adición al Artículo 25 de la Ley General de Educación, en la cual se establece como criterio para la asignación presupuestal, la continuidad y concatenación entre los diversos niveles de educación.
Debemos proveer los instrumentos necesarios, para que en un corto plazo, nuestro país tenga las condiciones necesarias, para que se incluya a la educación media superior dentro de la educación básica que imparte el Estado.
Nuestra iniciativa constituye sólo un paso más al fortalecimiento de la instrucción del mexicano, situación que ha estado presente desde el origen mismo del Artículo 3º. Constitucional. Debemos recordar que toda reforma que ha experimentado este precepto, ha sido motivada por la conformación de una población educada que coadyuven en el crecimiento de nuestro país.
Con base en lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se permite someter ante el pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, mediante la cual se reforma el párrafo del Artículo 25 de la Ley General de Educación.
Por respeto del tiempo de mis compañeros diputados, omitiré la lectura del articulado, pero solicito a la Mesa Directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputada. Insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Uscanga Escobar del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al Artículo 13 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
-EL C. DIPUTADO JORGE USCANGA ESCOBAR: Con su permiso señor presidente. El suscrito diputado licenciado Jorge Uscanga Escobar a nombre de la diputación federal veracruzana del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los Artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20 párrafo primero y dos inciso c), d) y e); 38 párrafo primero inciso a); 39 y 45 párrafo sexto inciso f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; Numeral 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; Numerales 2 y 12 del Acuerdo Parlamentario relativo a la Integración del Orden del Día, las discusiones y las votaciones, me permito someter al pleno de esta soberanía lo siguiente:
El Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2003 establece en la fracción I del inciso j) del numeral 21, que el 50% de los excedentes que obtenga la Federación durante ese ejercicio fiscal, será destinado para el gasto de inversión en infraestructura en las entidades federativas, conforme a la estructura porcentual que se derive del fondo general de participaciones.
El débil crecimiento proyectado para el gasto federalizado en el año 2004 respecto a lo establecido en el Presupuesto de Egresos Federal del 2003, hace necesario destinar mayores recursos para incrementar el gasto social y en infraestructura pública que incentive la creación de empleos en las entidades federativas, aumente el nivel de vida de los ciudadanos y mejore sobre todo, la prestación de los servicios públicos prioritarios.
Durante el año 2003 el precio promedio de barril de petróleo de la mezcla mexicana, se ha mantenido por arriba de lo establecido en el Presupuesto Federal, lo que ha permitido que los ingresos sean mayores a lo presupuestado originalmente por la Federación y se superen las expectativas del cierre estimado para el año 2003, lo que implica mayores recursos para los estados que lo destinan a infraestructura pública productiva.
Para el 2004 la expectativa del precio promedio de barril de petróleo de la mezcla mexicana se mantiene en los niveles similares a lo señalado en el considerando anterior, lo que presume ventas superiores a las consideradas en la Ley de Ingreso Federal para el próximo año. Por lo tanto, el precio promedio del barril de petróleo mencionado, podría ser superior al considerado en los criterios generales de política económica.
Consecuentemente la Federación tendría mayores ingresos presupuestarios de los cuales es preciso que participen directamente en los estados como lo estableció el artículo 21 en su fracción I del inciso j) del Presupuesto de Ingresos de la Federación del año 2003. Esto compensaría en alguna medida el débil desempeño de los recursos federalizados programados para el ejercicio fiscal del año 2004.
Por lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, los ciudadanos miembros de la diputación federal veracruzana, del grupo parlamentario del PRI, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa:
Primero. Que se adicione un párrafo en el artículo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal del 2004, a fin de establecer que el 50% de los excedentes que obtenga la Federación, será destinado para el gasto de inversión en infraestructura a las entidades federativas en específico por el precio promedio del barril de petróleo de la mezcla mexicana, como se dispuso en el artículo 21 en su fracción I inciso j) del Presupuesto de Egresos de la Federación, del año 2003, con la previsión de enteros trimestrales de los recursos, a fin de apoyar la construcción de infraestructura en todas las entidades federativas.
Segundo. Se establezca una comisión legislativa que verifique el monto y asignación de los recursos que deben ser entregados a las entidades federativas en virtud de la aplicación de la fracción I inciso j) del artículo 21 del Presupuesto de Egresos del año 2003.
Tercero. Que se verifique el método de estimación del precio de barril de petróleo para el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2004.
Es cuanto señor presidente.
(SIGUE TURNO 19)
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona la fracción VII al artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
EL C. DIPUTADO ABRAHAM BAGDADI ESTRELLA: Gracias, señor presidente. Con su permiso. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la 59 Legislatura: me permito presentar iniciativa que adiciona el numeral VII al artículo 8 de la Ley de Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con base en la siguiente exposición de motivos.
México es un país que se caracteriza por la riqueza de sus recursos agropecuarios y marítimos. Por desgracia, el gobierno mexicano en su conjunto no ha logrado implementar las políticas públicas necesarias que fomenten las actividades del sector primario de nuestra nación.
Esto ha traído como consecuencia que el campo y la pesca de México vivan sumergidos en una profunda crisis que está a punto del quebranto.
Compañeros y compañeras legisladores: acudo a esta máxima tribuna de la nación para proponer que exentemos del pago del impuesto denominado Tenencia Vehicular a todos aquellos vehículos que sean utilizados para la producción, distribución y comercialización de los productos del sector agropecuario y marítimo mexicano.
Esta propuesta tiene como único fin el fomento y el impulso a este sector dan duramente golpeado por el modelo económico actual.
Los hombres del campo y del mar en México enfrentan una situación muy desfavorable; tal pareciera que la crisis es el estado natural del sector agropecuario en el país.
Por un lado tenemos un campo considerado, en la vía de los hechos por el gobierno, como no estratégico. La agricultura nacional ha resentido dos grandes golpes que la han llevado a la actual crisis: el proteccionismo presidencial de mediados del Siglo XX hacia el sector industrial y la apertura comercial indiscriminada e inoportuna del mercado dentro del Tratado de Libre Comercio.
Esta última acción dejó totalmente desprotegido el campo mexicano, ya que al abrir la competencia de una manera totalmente brusca se recalcó la desigualdad del ingreso rural en comparación con nuestros socios comerciales.
Es evidente que ante la falta de una visión del sector por parte del Estado han quedado a la luz los grandes rezagos que vive desde hace más de 50 años el campo mexicano.
Por otro lado, el aprovechamiento pesquero de México es tan raquítico que, pese a los esfuerzos que se han hecho por las autoridades y los sectores, resulta contrastante con la productividad que tienen otras naciones con menos litoral, con menos zonas económicas exclusivas, como Ecuador y Perú, que capturan y producen, con la acuacultura, varios millones de toneladas, en tanto que en México solamente las estadísticas muestran que se captura poco más de un millón de toneladas, de las cuales el 15 por ciento se estima proviene de la acuacultura.
Hoy en día nuestro país posee 11 mil 592 kilómetros de litoral, 231 mil 813 kilómetros cuadrados de mares territoriales, dos millones 715 mil kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y 29 mil kilómetros cuadrados de aguas interiores comprendidas por ríos, lagos, presas y lagunas en 314 cuencas hidrológicas.
Pese a lo anterior, la producción pesquera nacional sólo alcanza apenas el millón de toneladas. El valor de la producción a precios corrientes de 1999 se estimó en 11 mil 166 millones de pesos, por lo que participa con el uno por ciento del producto interno bruto del país y con cerca del 20 por ciento del producto interno bruto dentro del sector primario nacional.
En la actividad participan directamente cerca de 265 mil pescadores, quienes utilizan 105 mil 795 embarcaciones.
Compañeros y compañeras legisladores: al día de hoy el ingreso de los productores del sector agropecuario ha caído un 24.5 por ciento en términos reales. La rentabilidad ha disminuido 16 por ciento y el crédito al sector ha disminuido en un 60 por ciento.
El nivel de pobreza en el campo alcanzó, en el 2001, al 85.1 por ciento de la población que se dedica a esta actividad, la inversión pública disminuyó al 2.4 % en el 2000, es decir, el Estado invirtió en este sector, mucho menos que en otros rubros del gasto público.
Es claro que el campo y el mar mexicano ya no aguantan más, por lo que es necesario que las fracciones parlamentarias representadas hoy en el Congreso instrumentemos medidas inmediatas para ayudar a los productores del país.
Es tiempo de otorgarle al sector primario de nuestro país el lugar que se merece. No todo es gravar al gobernado.
La aprobación del paquete económico también nos permite a los legisladores y legisladoras apoyar a los sectores que hoy en día más lo necesitan.
El Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos en el país, no representa más que el 1.6 % del total de recaudación, un ingresos que es de alrededor de los 13 mil millones de pesos. Esta recaudación es mucho menor que el gasto que ejerce el Gobierno Federal en materia de los pagos a los bancos por razón del FOBAPROA, los cuales, sólo por concepto de los intereses anuales, ascienden a poco más de 49 mil millones de pesos.
Estamos plenamente conscientes de que el 100 % de lo recaudado por el Impuesto a la Tenencia de Vehículos, es destinado a las entidades federativas, más sin embargo esta disminución de este ingreso, podría se compensado a través del ahorro interno del gobierno sin dejar de lado que a través de esta medida fomentaríamos al sector primario y esto indudablemente permitirá a los estados recaudar ingresos por los impuestos que se generen por la inversión en esta actividad.
Exentar del pago de este impuesto a los productores, distribuidores y comercializadores de los productos del sector primario, no causaría una pérdida sustantiva del ingreso público y consideramos posible a través de la disminución de otros rubros, se podría compensar esta ligera disminución.
A cambio de implementar esta medida, se ayudaría a reactivar el sector, alentaría la generación de empleos, evitaría la migración y el subempleo.
Es por lo anterior que propongo ante esta Honorable Asamblea, que adicionemos el numeral séptimo al artículo 8 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente proyecto de decreto que adiciona el numeral séptimo al artículo 8 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:
Artículo 8: "No se pagarán impuestos en los términos de este capítulo por la tenencia o uso de los siguientes vehículos: VII: Cualquiera que sea siempre y cuando sean utilizados para las actividades de producción, distribución y comercialización de los productos agropecuarios y marítimos del país y que se encuentren debidamente registrados como tales en las dependencias federales respectivas".
Artículo transitorio. Unico: El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero del 2004.
Gracias. Es cuando, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
- EL C. DIP. JORGE LEGORRETA ORDORICA: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Con fecha 28 de agosto de 2002, se presentó una iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones que abrogaba la vigente y fue suscrita por diversos diputados y senadores integrantes de la LVIII Legislatura.
Esta iniciativa, como es natural, trataba los principales temas concernientes a la materia de las telecomunicaciones. No obstante ello, en muchos de ellos no se habían ni se han logrado los consensos necesarios para que tal iniciativa fuera discutida y aprobada con éxito por el Congreso de la Unión.
Dentro de los temas contenidos en la iniciativa mencionada, las relativas a la autoridad regulatoria y a la cobertura social de los servicios de telecomunicaciones, parecieran hoy más urgentes que nunca.
En el primero de ellos es necesario dotar de una mayor autonomía a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y más aún cuando existen proyectos que a contrapelo de lo que acontece a nivel internacional, buscan concentrar en las áreas administrativas centrales el mayor número de funciones posibles.
Por lo que hace a la cobertura social no se observa que la presente administración cuente con los instrumentos legales suficientes para promover de manera adecuada y decidida el cerrar la llamada brecha digital que existe en nuestro país y que ahoga el desarrollo cultural, económico y social de tantas comunidades apartadas. "Con las herramientas que le aportaría esta iniciativa al Ejecutivo Federal no habría pretextos para no dar buenos resultados a la sociedad.
"La Ley Federal de Telecomunicaciones vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 1995, tiene como objetivo promover la disponibilidad en todo el territorio nacional de los diferentes servicios de telecomunicaciones mediante la oferta de más y mejores opciones para los consumidores a precios internacionalmente competitivos. En su momento esta ley introdujo nuevos procedimientos para dar mayor transparencia a los procesos de otorgamiento de concesiones.
"La ley de 1995 actualmente no brinda todas las herramientas necesarias para superar los nuevos retos que enfrenta el país ante un mercado en competencia en un mundo globalizado y los rezagos que existen en la penetración de los servicios de telecomunicaciones para que todos los mexicanos puedan tener acceso a las tecnologías de información.
"Nuestro país requiere reforzar sus instituciones jurídicas en materia de telecomunicaciones para responder a las necesidades de la población en nuestro país
con el fin de que cuente con una mayor penetración y diversidad de servicios de telecomunicaciones a precios accesibles internacionalmente competitivos. Asimismo hay que añadir a este marco introductorio el hecho de que en días recientes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho del conocimiento del público en su página de Internet los proyectos de reglamentos internos de la Secretaría, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el decreto de creación de la COFETEL, donde se busca vía reglamentaria suplantar algunas facultades del Poder Legislativo y por otra parte concentrar funciones en la Secretaría, mermando el origen y naturaleza de la COFETEL.
"Señoras y señores Diputados:
"Los diputados que suscribimos esta iniciativa sabemos bien que las telecomunicaciones se presentan como un sector fundamental de la economía para el crecimiento y el desarrollo económico, social y cultural del país, y que sin embargo el marco legal vigente de este sector económico ya no es un instrumento adecuado para responder a las necesidades de la sociedad mexicana.
"Requerimos contar con una mayor penetración teledensidad, conectividad, calidad y diversidad de los servicios de telecomunicaciones y que éstos se proporcionen en mayor medida con precios accesibles y competitivos.
""Por las razones apuntadas estamos convencidos de que nuestro país no puede demorar más en la expedición de una reforma sobre dos temas fundamentales que contaron con la mayor parte de los consensos y que de manera evidente se hacen indispensables para el desarrollo de las telecomunicaciones en México, el órgano regulador de las telecomunicaciones, la cobertura y la conectividad social.
"México no merece mayores retrasos ni puede aceptar más pretextos para iniciar la reactivación de un sector estratégico como el de las telecomunicaciones que tantos beneficios de conocimiento, información, cultura, entretenimiento y oportunidades de progreso puede llevar a millones de mexicanos que hoy por hoy si no tomamos medidas indispensables difícilmente podrán acceder a ellos o de plano estarán marginados para muchos años por delante.
"Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona un capítulo 1-A con la denominación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y sus respectivas secciones y artículos del 9-A al 9-M, se adicionan los artículos 51-A al 51-K con sus respectivas secciones y subsecciones, se reforman los artículos 50 y 51 y la denominación de la actual sección segunda del capítulo cuarto de la cobertura social de las redes públicas".
Por respeto al tiempo de mis compañeros omitiré la lectura del articulado, pero solicito a la mesa directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Diputado.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
Tiene el uso de la palabra la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
-MA. DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA (PRD): Gracias señor Presidente.
"Iniciativa de Ley que reforma los artículos 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82 y 2º Transitorio de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
"La ley que dio origen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fue producto de una negociación extremadamente compleja, pues pretendía por un lado convertir en deuda pública los pasivos adquiridos por el Ejecutivo Federal a través del FOBAPROA, al mismo tiempo que crear un nuevo organismo que sirviera como seguro de depósito; ambas responsabilidades quedaron plasmadas en la ley.
"En virtud de que hubo varias dudas respecto de la legalidad de las operaciones del rescate bancario, la Ley de Protección al Ahorro Bancario estableció un procedimiento para revisar los créditos adquiridos por el FOBAPROA, especialmente los del Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Esta investigación fue encargada al auditor canadiense Michael Mackey, quien reportó graves irregularidades en torno al proceso del rescate bancario.
"Los hallazgos del canadiense Mackey se han visto reforzados con los resultados de las revisiones realizadas por el Contralor Interno del IPAB, Fortunato Alvarez, y con las revisiones a las Cuentas Públicas 2000 y 2001 efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación.
"El mandato que el Congreso le otorgó al IPAB en los transitorio para culminar el rescate bancario, obliga a la Junta de Gobierno a investigar las operaciones que llevó a cabo el fondo, muy especialmente el llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera, lo cual exige que la Junta de Gobierno del IPAB sea absolutamente imparcial, veraz, objetiva y eficaz, para evaluar cuáles créditos pasan al balance del IPAB para su correspondiente pago y cuáles no son procedentes.
"Sin embargo, la actual conformación de la Junta de Gobierno del Instituto no favorece la construcción de acuerdos ni la transparencia, imparcialidad, objetividad, con la que se debe de conducir dicho organismo y evitar que sus integrantes se encuentren ante una situación de conflicto de intereses.
"La Junta de Gobierno que decidió el Congreso para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, está representada actualmente por siete vocales de igual jerarquía, tres vocales exoficio, el Secretario de Hacienda, el Gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión Bancaria, y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Congreso de la Unión, los cuales fungirían como representantes del Congreso en la toma de decisiones de la Junta de Gobierno del IPAB.
"La importancia que el Congreso le asignó al IPAB fue de tal magnitud que quedó asentado en el dictamen que se aprobó y que aprobó la creación del mismo textualmente señalando que es de vital significado para los integrantes de la Comisión que dictamina, resaltar la activa participación del Poder Legislativo en proceso de evaluación y control de ese organismo dada su importancia social.
"Los puntos esenciales de la iniciativa que reforma la Ley de Protección al Ahorro Bancario que someto a su consideración, señoras y señores legisladores, se centran en cuatro puntos:
"1.- Que para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario pueda cumplir con la enorme responsabilidad de ser un seguro de depósito y culminar el rescate bancario, proponemos que los vocales de la Junta de Gobierno deban ser ajenos a cualquier conflicto de intereses con los fines que establece la ley.
"2.- Nuestra ley establece la clara independencia de la actuación de los vocales con respecto a la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y la Comisión Bancaria, de tal forma que puedan cumplir con neutralidad y eficacia sus funciones en la conducción del IPAB.
"3.- Nuestra propuesta define con mayor precisión a los vocales representantes del Congreso y de la ciudadanía en el IPAB y se les denomina Vocales Independientes para distinguirlos de los vocales exoficio designados por el Ejecutivo Federal.
"4.- Se propone el cambio de la Presidencia de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario colocando en ella a un Vocal independiente para que pueda iniciar un proceso de ciudadanización de la Junta de Gobierno, lo que nos permitirá valorar que la misma tiene un sano equilibrio que nos da a todos y todas por lo menos de inicio, la sensación de que dicho órgano colegiado no sea presidido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y que está integrado por hombres y mujeres cuyo prestigio personal sea una garantía que podrán cumplir con alta responsabilidad los que se asuman como Miembros de la Junta de Gobierno.
Los cambios a la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario son urgentes, dado que el Congreso le dio al IPAB el Mandato a Través del Artículo 5º Transitorio de la Ley de investigar las operaciones llevadas a cabo por el FOBAPROA y en especial el referente al Programa de Capitalización y Compra de Carteras.
La actual Junta de Gobierno del IPAB por la forma en que fue integrada por Mandato del Congreso origina virtualmente un conflicto de intereses primeramente de nivel, a nivel de instituciones gubernamentales y después hasta sus individuos.
Como aparece publicado en la Gaceta quiero aprovechar los últimos tres minjtos que me quedan, para comentarles que el día de hoy muy probablemente el Senado de la República vote a favor de que Guillermo Ortiz sea reelecto como Gobernador.
Guillermo Ortiz Martínez al frente del Banco de México ha tenido estancada la economía, no ha servido la Política Monetaria para el desarrollo del país y fue Presidente del Comité de Desincorporación de la Banca y fue quien entregó los bancos a los especuladores bursátiles como Carlos Cabal Peniche y Lanquenau.
Guillermo Ortiz Martínez fue quien planeó la estrategia para crear el boom crediticio que dio pie a la crisis financiera de 1994 y fue quien organizó, realizó y condujo el rescate bancaria en forma corrupta privilegiando a sus amigos , permitiendo abusos y permitiendo la violación de la ley.
Es una vergüenza que Guillermo Ortiz Martínez siga al frente de ese organismo tan importante para la economía del país.
Es cuanto,. Señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Iniciativa que Reforma y Adiciona los Artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
El lo va a entregar por escrito, en ese sentido insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Hacienda y Crédito Público y de Gobernación.
Gracias señor Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elba Garfias Maldonado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Iniciativa que Reforma el Artículo.39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
-LA C. DIPUTDA ELBA GARFIAS MALDONADO. Con su permiso señor Presidente. Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de modificar la denominación de la Comisión de Participación Ciudadana a la de Participación de Ciudadanía y Participación Democrática.
La suscrita, Diputada Federal a nombre del Grupo Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 Fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Actualmente, ha alcanzado un lugar de privilegio el concepto de participación ciudadana; más aún, hay quienes insisten en una especie de forma evolutiva de la participación ciudadana: la democracia participativa, argumentando que el ciudadano no debe ser simple espectador o reducir a presencia electoral la transformación de su entorno.
El tema se antoja bastante ambicioso, en un contexto en el que parece que aún no alcanzamos a percibirnos como ciudadanos. Ante ello, nos preguntamos: ¿Es posible la mencionada participación ciudadana, precisamente en donde el elemento fundamental del supuesto se encuentra ausente? Es decir, ¿podemos asumir con responsabilidad que este país es un país de ciudadanos?
A continuación se exponen los conceptos básicos de la presente reflexión: La identidad ciudadana ha atravesado por las más diversas miradas a través de la historia y de las distintas disciplinas de la ciencia social, como la política, sociología, filosofía y el derecho.
Asimismo, el concepto de ciudadanía no puede ser aislado de otras figuras relevantes como el Estado-nación, los derechos humanos y por supuesto como elemento substancial de la democracia.
Vale la pena reflexionar respecto a los avances de un estado de derecho democrático en el contexto de un mundo globalizado. A nuestro juicio, el neoliberalismo lo que toca lo vacía de contenido; un orden económico-político ideológico que se sustenta en la libertad de mercado concibe a las personas como consumidores, reduce la libertad de elegir en qué supermercado compramos y nos divide por poder adquisitivo y no por identidades, prácticas culturales, lenguas y territorios.
No puede concebir al ciudadano como sujeto de derechos y obligaciones, mucho menos apostar a que el ciudadano sea el centro de las decisiones y legítimo depositario del poder público.
Cito a Vicente Arredondo, que argumenta: "Un profundo cambio de cultura ciudadana en el nivel mundial, habrá de llegar cuando se produzca una revolución social, construida más sobre las obligaciones que sobre los derechos ciudadanos", un diálogo entre la dimensión de los derechos y la dimensión de los deberes seguramente ofrecería una visión distinta de la naturaleza del pacto social y del papel que corresponde a cada miembro de la comunidad.
Por otro lado existen concepciones que plantean otorgar a los ciudadanos más poder a través de la creciente adquisición de derechos disolviendo estos en la democracia, tal es el caso de los partidarios de la democracia participativa que suponen que la participación colectiva en la república, determinará la responsabilidad y la tolerancia casi de facto. No inclinamos porque una concepción adecuada de ciudadanía debe exigir un equilibrio entre derechos y obligaciones.
En este momento hacemos un análisis de los preceptos constitucionales que dan fundamento a la presente iniciativa del examen al artículo 34 de nuestra Constitución Política; observamos que de los dos requisitos, al que nos sujeta a ésta para tener la calidad jurídica de ciudadanos se encuentra un aspecto temporal: haber alcanzado la edad de 18 años y complementariamente tener un modo honesto de vivir.
A propósito, el artículo 36 en su fracción I, indica como una de las principales obligaciones de los ciudadanos, inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo del que subsista.
El espíritu del constituyente en este supuesto es, a efecto de imponer obligaciones tributarias y de control fiscal, en correlación con la fracción IV del 31 de la misma en el sentido de contribuir para los gastos públicos; el artículo 38 constitucional, en su fracción I, enuncia las causas de suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos al incumplir con cualquiera de las obligaciones que impone la fracción I del 36.
De lo anterior se infiere que vivimos en un país de ciudadanos con derechos o prerrogativas suspendidas, por lo que en ése sentido la participación ciudadana se convierte en una entidad o figura con una ausencia notable: la propia ciudadanía entendida como el conjunto de mexicanos mayores de 18 años, con un modo honesto de vivir, con capacidad plena de ejercer sus derechos y de cumplir sus obligaciones.
De la sistematización de datos recogidos de la opinión pública, obtenemos que según la encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas 2001, publicadas por la Secretaría de Gobernación, 67% de los encuestados consideran que la corrupción es tanto de los políticos como de los ciudadanos; la corrupción es una práctica que ha lesionado gravemente la credibilidad de las instituciones de nuestro país, además de ser una conducta tipificada como delito. Estamos en condiciones de decidir que quienes aceptan corresponsabilidad en esta lacra, que es la corrupción, tienen un modo honesto de vivir o nos podemos conceder laxitud para infringir la ley.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año del 2002, solamente 7.56 millones de mexicanos pagaron impuestos; por su parte el Instituto Federal Electoral nos informa que de una lista nominal de 64 millones 447 mil 756 electores, solamente ejercieron el derecho a emitir su voto 26 millones 880 mil 35 en las pasadas elecciones federales del 2003, lo que representó un abstencionismo del 58.3% el más alto desde las elecciones de 1991.
Lo anterior no plantea un retroceso, ni mucho menos el desconocimiento del valioso esfuerzo realizado por la LVIII Legislatura, que logró atribuir a la Comisión de Participación Ciudadana el carácter de permanente, sino más bien a partir de las consideraciones planteadas, reflexionar en el tema de formación de ciudadanía y participación democrática como condiciones previas al propósito de la consolidación de la democracia como forma de vida, al mismo tiempo sistema de gobierno fundado en valores, tarea en la que debemos involucrarnos todos aquellos que tenemos una responsabilidad para con el país y sus habitantes.
Por las razones anteriormente expuestas, me permito someter a su consideración el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Único.- Se reforma la fracción XXIII del inciso 2, artículo 39 título segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo 39 fracción XIII.- Formación de ciudadanía y participación democrática.
Transitorio Único.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Es cuanto, señor Presidente.
-EL PRESIDENTE: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el diputado Iván García Solís del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 41, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración, organización y funcionamiento del Instituto Federal Electoral.
-EL DIP. IVAN GARCIA SOLIS: Ciudadano Presidente:
Ciudadanas y ciudadanos legisladores:
El objeto de la presente iniciativa que hoy presento, es sentar las bases constitucionales de una nueva reforma electoral que ponga al día la evolución de nuestras leyes e instituciones en la materia y sobre todo que refleje las expectativas de una ciudadanía que exige procesos electorales completamente limpios, imparciales, equitativos, transparentes y austeros.
La presente iniciativa busca dar continuidad a las transformaciones democráticas que México ha experimentado desde el parte aguas histórico de 1988, que como todos recordamos fue una catarata de votos en contra de la imposición del que finalmente resultó Presidente, para mal de la nación, Carlos Salinas de Gortari.
Estos cambios que han madurado y que deben seguirse produciendo en la nación tienen que reflejarse, repito, en la institucionalidad electoral.
Por todo lo anterior, vemos como algo no solo oportuno, sino indispensable e improrrogable reformar el sistema electoral, poniendo énfasis en la estructura, organización y funcionamiento del Instituto Federal Electoral, sobre el cual en fechas recientes tuvimos aquí un intenso debate a raíz de la elección, podemos decir imposición, de consejeros para ese Instituto.
Me permito sintetizar algunos de los puntos sustanciales de la iniciativa que hoy presento:
En primer lugar se plantea fortalecer algunas facultades del IFE, Instituto Federal Electoral, como son las de supervisión, investigación y vigilancia y se le otorgan otras, como la de organizar las elecciones internas de aquellos partidos políticos que así lo soliciten, sólo de los que así lo soliciten. Recordemos que esta práctica es ya acreditada en diferentes países, Uruguay es uno de ellos, pero hay varios más.
Segunda. Reducir sustancialmente el costo de las campañas electorales. En eso hay un verdadero clamor popular, así como también del mantenimiento de los partidos políticos nacionales. En esta iniciativa se establece la obligación de los concesionarios para ayudar a que esto ocurra y permisionarios de la radio y televisión, de aportar los tiempos indispensables para dichas campañas.
Actualmente todos sabemos que cerca del 60% de los recursos que el IFE asigna a los partidos llega a la bolsa de estos monopolios y estos monopolios deben tener una actitud diferente, de manera que contribuyan a la difusión de las campañas electorales sin que esto sea tan oneroso como hoy, para la ciudadanía y el país en su conjunto.
Siguiente criterio que aquí se establece: Instruir por mandato constitucional al legislador secundario, para que fije una cantidad monetaria que servirá de base de cálculo para el financiamiento de los partidos, eliminando con ello la discrecionalidad actualmente otorgada al Instituto Federal Electoral. Que no sea el Instituto el que diga cuánto más, cuánto menos se asigna a los partidos, sino que haya una tasa legalmente establecida. Además, se pretende que durante los procesos electorales en los que sean electos sólo diputados, el financiamiento para campañas sea sólo de una tercera parte del previsto para la renovación general de los Poderes Federales. Diferenciar, pues, elección de diputados y la de diputados, senadores y Presidente de la República, cuyos costos necesariamente son distintos.
Establecer la obligación del Estado ésta es otra propuesta- de que, durante las campañas electorales limite el uso de la radio y televisión en sus campañas informativas, sólo manteniendo este uso a lo indispensable para afrontar situaciones de emergencia o campañas de salud pública. Todos somos testigos del abuso del Gobierno Federal en esta materia.
Implementar bases claras para los topes a los gastos de campaña, así como para las aportaciones privadas a los partidos políticos, eliminando así la discrecionalidad de la que abusa actualmente la autoridad electoral.
Disponer que las sanciones por el incumplimiento de las anteriores normas incluirán la inhabilitación de los candidatos que las promuevan o se beneficien de ellas. Se consigna también la obligación del legislador secundario de regular las llamadas precampañas, aspecto indispensable de regular. Hay abusos, no se sabe de dónde provienen los recursos, por lo tanto qué compromisos establecen previamente candidatas y candidatos y esto tiene que terminar.
En artículos transitorios, se deja sin efecto la pasada y desafortunada elección de Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo General del IFE, instruyendo a la Cámara de Diputados a proceder a una nueva elección en un plazo perentorio.
Se propone también un mecanismo transparente en la designación de los consejeros electorales. Es decir, que esa decisión fundamental de la Cámara no quede dentro de un grupo de privilegiados, sino que éstos se vean obligados por disposición constitucional, a convocar a la sociedad para la presentación de propuestas a consejeros, basta ya de esos cabildeos subterráneos, de esos acuerdos de Cámara o de otros ámbitos en los que se urden y se tejen las precandidaturas y finalmente las imposiciones.
Que la sociedad participe, que escrute directamente, que conozca, que diga quiénes sí y quiénes no pueden ser consejeros electorales y sí, que esta Cámara decida.
La idea de volver auténticamente ciudadanos a los órganos electorales pasa así por la necesidad de hacer partícipes a los mismos ciudadanos en la formulación de propuestas, en suma, la publicidad de los procedimientos, de estos procedimientos es premisa indispensable.
Permitir, es otro criterio, como un dispositivo de autonomía del máximo órgano de dirección, que sea éste quien designe por la mayoría calificada de los miembros del Consejo General a su Presidente. Esto es muy importante para garantizar la colegialidad del órgano electoral.
Siguiente, la iniciativa atiende a la idea de que el Secretario Ejecutivo no es Secretario del Presidente, sino del Consejo General, para que no sea manipulado por el Presidente, por lo que la propuesta es de tal naturaleza, que quede explícita además de la facultad del Consejo para nombrar y remover a este funcionario y también se suprima el monopolio que actualmente detenta el Presidente del Consejo, de hacer propuestas para el cargo de Secretario Ejecutivo.
Siguiente, la propuesta impide que los consejeros puedan aceptar cargos específicos en la Administración Pública Federal o en algún estado, prohíbe además que puedan postularse a cargos de elección popular; las experiencias recientes en las que consejeros electorales abandonaron la función electoral para comprometerse con el proyecto gubernamental de partidos políticos que llegaron al poder y que incluso hoy son diputados en esta Cámara Federal, impulsados por partidos políticos, no hace más que pensar que existieron lagunas que permitieron estos vicios que al principio hemos aludido.
Se propone finalmente que los consejeros tengan una retribución igual que los diputados y no mayor, actualmente disponen de 140 mil pesos mensuales además de importantes prestaciones.
Termino diciendo, que el tema electoral es tema candente, indispensable, ponderable, corregible y perfeccionable por esta Cámara. Llamo a todas y a todos los diputados y diputadas, a que tomemos nuestra cabal responsabilidad en este aspecto fundamental para el desarrollo democrático de México.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación e insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley de Coordinación Hacendaria.
LA DIP. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS: Muy buenos días. Con su permiso, señor Presidente de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros legisladores:
En representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vengo a someter a esta soberanía la iniciativa de decreto de la Ley de Coordinación Hacendaria, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
La crisis fiscal de ingresos por la que actualmente atraviesa el Estado Mexicano, se ha hecho extensiva a los estados y municipios que componen la Federación. En este sentido, el Pacto Fiscal ha sido rebasado, es por ello que el replanteamiento de un nuevo pacto hacendario debe orientarse al aseguramiento de las condiciones de equidad, donde la política de estado procura un desarrollo justo, soberano y sustentable, que incide en la calidad de vida de los mexicanos.
Es reconocida la necesidad de un acuerdo básico entre las distintas fuerzas políticas y los actores del desarrollo nacional de los diversos órdenes de gobierno sobre la responsabilidad de gasto y las potestades de ingreso y deuda que corresponden a cada uno, con el propósito de evitar una fragmentación hacendaria que pudiera vulnerar la solidez y los márgenes de acción del Gobierno Federal, en la conducción de las finanzas públicas de la nación.
Esta política de Estado tiene que trascender los bordes de la política tributaria para incidir en la política de desarrollo, con objetivos perfectamente definidos de crecimiento de largo plazo.
Al abordar los temas de Presupuesto de Egresos, Ley de Ingresos y de Coordinación Fiscal, es inevitable colocar las propuestas en el marco de las nuevas relaciones políticas que están surgiendo en el país.
Un hecho político-histórico, como lo fue la derrota de un régimen centralista, traslada el terreno económico la expresión de esa nueva realidad política; el núcleo del poder del Estado, que sujetaba las pugnas de los otros poderes públicos, ha cedido ante la irrupción de la voluntad general de los ciudadanos.
La pluralidad que se refleja en los gobiernos estatales y en los municipios del país, se colocaron de repente con una demanda urgente, la vigencia de la República Federal.
La nueva realidad económica y social que vive México exige que las entidades federativas enfrenten y superen el reto de convertirse en los principales impulsores del desarrollo de sus municipios y de sus regiones.
Para ello, es preciso que cuenten con recursos suficientes que les permitan ejercer plenamente la libertad económica que requieren para instrumentar las políticas de ingreso y de gasto necesarias para atender las responsabilidades que tienen conferidas.
Nuestro Sistema de Coordinación Fiscal requiere sustentarse en principios de equidad, eficiencia, participación, en un mecanismo de ingeniería constitucional e institucional, que incida en la posibilidad de atender realidades diferenciadas y representativas de cada demarcación, con profundos rasgos de heterogeneidad.
La estructura tributaria centralizada vigente no es eficaz ni es eficiente, pues entre los países de la OCDE México está en la última escala, en relación a los ingresos tributarios PIB y en materia de gasto, se ubica también muy por debajo de otros países miembros.
Ante este panorama es oportuno considerar la posibilidad de que ahora al contrario, en algunos tributos locales la federación pudiera tener participaciones.
El país tiene frente a sí la oportunidad de edificar acuerdos democráticos en materia hacendaria, a la altura de su evolución política y de su evolución económica, pues una larga historia de centralismo hace que en estos días cobre singular importancia y trascendencia el replanteamiento de un federalismo renovado.
Debe reconocerse que el actual Sistema de Coordinación Fiscal ha ampliado la dependencia financiera de los gobiernos locales, con respecto de las participaciones y ha limitado la vinculación entre el ingreso y el gasto público a nivel estatal y municipal; una importante dimensión es la descentralización, hoy lo que prevalece es el verticalismo y el patrimonialismo.
Se requiere de un sistema verdaderamente federativo, en el cual el fisco distribuya la captación entre los tres órdenes de gobierno, propiciando que estados y municipios vayan en continuo crecimiento, hasta alcanzar otro equilibrio con la federación.
Es evidente que sigue siendo una realidad la excesiva concentración de facultades y recursos a favor del ámbito federal, ésta situación se ha convertido en una de las principales causas del atraso y desequilibrio del desarrollo regional.
Ante esta realidad, tenemos la oportunidad de contribuir en la construcción de las bases que permitan dotar a los municipios, entidades y federación, de los recursos y facultades necesarios para hacer de las finanzas públicas un verdadero instrumento que impulse el desarrollo de las regiones del país.
Una solución de fondo exige fortalecer las atribuciones, autonomía, libertad económica, responsabilidades de las entidades, redistribuir el gasto federal, dejar en manos de los gobiernos locales funciones administrativas, servicios públicos y programas en materia de salud, educación, medio ambiente, vivienda, superación de la pobreza, desarrollo urbano y económico que les corresponden, vigorizar su soberanía política y económica reivindicando la función compensatoria y subsidiaria del pacto federal.
Por ello, el grupo parlamentario de la Revolución Democrática, no puede menos que demandar que los distintos grupos parlamentarios de esta Honorable Cámara de Diputados la decisión política para avanzar en las nuevas relaciones económicas entre los distintos ámbitos del poder público.
Las entidades federativas y los municipios ante la creciente demanda de las necesidades sociales y la incorporación de nuevas responsabilidades y funciones, hacen necesaria la revisión sobre los parámetros de distribución de los recursos públicos derivados de la coordinación fiscal, de tal forma que se amplíe la capacidad de su atención y desde luego permita el cumplimiento de los objetivos de desarrollo que los mexicanos en su conjunto estamos demandando.
En este sentido, en la presente iniciativa se propone establecer el alcance del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, las reglas de adhesión, la constitución y distribución de los fondos de aportaciones y participaciones federales y la colaboración administrativa, e incrementar el Fondo de Recaudación Participable para ubicarlo en un 24%, considerando que este incremento se realice en forma gradual, adicionando un punto porcentual por cada ejercicio fiscal a partir del año 2004.
En ella se crea también un Fondo de Fomento Municipal, cuyo monto será del 1% de la recaudación federal participable.
Para el caso de los fondos de aportaciones para la educación básica y normal y de aportaciones a los servicios de salud, se establecen disposiciones que les permitirán con recursos suficientes para dar cumplimiento a las responsabilidades transferidas.
Se crea también un Fondo Compensatorio para el Gasto de Funciones Federales transferidas a las entidades, que será previsto nuevamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esta iniciativa establece adicionalmente un fondo del 25% de los ingresos obtenidos por la federación por al explotación de carreteras, mismo que se distribuirá entre las entidades, de acuerdo al coeficiente de la coordinación de derechos del Fondo General de Participaciones.
Asimismo se integra el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas PAFEF, como un fondo de aportaciones federales al Capítulo Quinto de la ley, mismo que se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente al 2.5% de la recaudación federal participable.
Es impostergable el impulso de un sano desarrollo político social, reconciliando la economía y las finanzas públicas con las voluntades políticas, para construir un sistema hacendario enmarcado en el federalismo.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con fundamento en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente iniciativa de decreto que expide la Ley de Coordinación Hacendaria, misma que, señor presidente, solicito se publique íntegramente en el Diario de los Debates.
Es cuanto muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Guillermo Huizar Carranza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
-EL C. DIPUTADO GUILLERMO HUIZAR CARRANZA: Con su permiso diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El suscrito integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha incluido en la Gaceta Parlamentaria el texto íntegro del proyecto de iniciativa que modifica el Artículo 2, primero y cuarto párrafos de la Ley de Coordinación Fiscal, y adiciona el Artículo 2º. Con una fracción IV del citado ordenamiento, por lo que solicito sean reproducidas en el Diario de los Debates de esta LIX Legislatura Federal.
Ante estas múltiples iniciativas, todas ellas respetables, tenemos que descubrir, compañeras y compañeros, las coincidencias. Hay un convencimiento de que toda reforma en materia fiscal que aquí se discuta, debe ser ante todo federalista, debe proponer un nuevo orden presupuestario; debe fortalecer al municipio como célula de organización política; debe fortalecer a las entidades de la República y con ello al Pacto Federal; debe propiciar además la reforma, el impulso al desarrollo regional equilibrado; debemos acercar las necesidades de la gente con los satisfactores responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno.
Debemos también compañeras y compañeros, alejarnos del discurso, de los buenos propósitos, de las simples ideas. Hagamos nuestra tarea de legislar una nueva forma de distribuir los recursos públicos que le dé congruencia a nuestro discurso; que aterrice nuestras posiciones ideológicas; que responda en el terreno de los hechos la solicitud de todos los gobernadores, de todos los políticos; que responda inclusive al deseo manifiesto de todos los senadores, diputados federales, presidentes municipales, diputados locales.
Dejemos compañeros a salvo esta parte en la que sí hay coincidencia. Iniciemos por los acuerdos que sin duda allanan el camino para resolver los desacuerdos. Aprovechemos que en esta vamos todos juntos. Apoyemos esta iniciativa.
La economía ha mantenido en los últimos años variables macroeconómicas estables, pero ello no ha generado ni el crecimiento económico esperado, ni tampoco los niveles de empleo que necesitamos.
Adicionalmente a las dificultades económicas en que se enmarca este país, los estados y los municipios se han enfrentado a mayores problemas para obtener recursos presupuestarios suficientes que les permitan atender con oportunidad las demandas de la población.
La situación económica del país conlleva por tanto a la necesidad de mejorar y simplificar la relación entre los tres niveles de gobierno. Es cierto que ha habido avances en materia de federalismo, pero aún lo logrado es insuficiente.
Por ello presentamos ante este Pleno esta iniciativa para reformar el Fondo General de Participaciones, que es la fuente importante de recursos para todos los estados del país, llevando el actual 20% al 21 % por el ejercicio fiscal del 2004, a diferencia del pasado en la actualidad hay diversas fuerzas políticas gobernando estados y municipios; en varios de ellos incluso las alianzas han sido el impulsor del cambio. Esta LIX Legislatura no es la excepción, por ello no hay duda de que a pesar de las diferencias, todos estamos de acuerdo en que la realidad económica al iniciar el siglo XXI obliga a que se realice una mejor distribución de los recursos públicos entre estados, municipios y Federación. El incremento del 1% por 2004 que proponemos, impulsa en el terreno de los hechos, este federalismo deseable.
Es nuestro propósito impulsar el desarrollo regional, reforzar la autonomía local y lograr una mejor distribución de los ingresos impositivos. También proponemos que los estados y municipios tengan nuevas facultades que amplíen su gestión financiera de planeación y de gobierno.
En razón de ello es que proponemos que la recaudación federal que ofrece el Impuesto al Valor Agregado, vaya más allá de la simple suma en la recaudación federal participable, a que se refiere la ley que hoy se pretende reformar.
Necesitamos acercarnos al ideal de que los estados de la República ejerzan a plenitud las potestades impositivas como en la mayoría de los países del mundo les corresponden y que han demostrado su eficacia recaudatoria.
Por ello proponemos que el 16.66% de la recaudación que reportan los impuestos al consumo, sean redistribuidos entre los estados de la República; esto es, en el terreno de los hechos, una auténtica medida federalista.
Con nuestra propuesta buscamos consolidar la colaboración y el equilibrio entre los niveles de gobierno, mejorar la distribución de los recursos y construir una mayor y mejor coordinación fiscal.
Nuestra propuesta también busca potenciar el desarrollo de las regiones de nuestro país, con lo cual su contribución al desarrollo nacional será la vía más efectiva.
Nuestra reforma a la Ley de Coordinación Fiscal dará mayores atribuciones y recursos a los estados y municipios para atender las demandas de las comunidades, permitiéndoles mejorar sus programas sociales, de desarrollo económico, en materia de salud, de combate a la pobreza y de infraestructura social básica.
Compañeras y compañeros legisladores: el camino hacia un federalismo más equilibrado y eficiente que lleve a los tres poderes de gobierno a un mejor y estrecho campo de colaboración requiere de la participación y apoyo de todos.
Reitero: busquemos las coincidencias, vayamos más allá de los intereses particulares e impulsemos el desarrollo regional que nuestro país necesita.
Compañeros y compañeras: solicito respetuosamente su apoyo para que esta iniciativa sea aprobada satisfactoriamente por esta Cámara.
Es cuando, señor presidente diputado.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado Guillermo Huizar. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Continúe la secretaría.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO:
(MINUTA DE LA CAMARA DE SENADORES
RELATIVA A LA LEY REGLAMENTARIA DEL
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL Y DEL ARTICULO
TERCERO DE LA LEY ORGANICA DE PEMEX)
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones unidas de Energía y de Gobernación.
LA MISMA C. SECRETARIA:
( MINUTA DE LA CAMARA DE SENADORES
RELATIVA AL CODIGO FEDERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES)
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana.
LA MISMA C. SECRETARIA:
(MINUTA DE LA CAMARA DE SENADORES
RELATIVA A LA LEY FEDERAL DE ARMAS
DE FUEGO Y EXPLOSIVOS)
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional.
LA MISMA C. SECRETARIA:
(MINUTA DE LA CAMARA DE SENADORES
RELATIVA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE
CREDITO)
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
LA MISMA C. SECRETARIA:
( MINUTA DE LA CAMARA DE SENADORES
RELATIVA A LA LEY PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES, EL CODIGO PENAL FEDERAL,
CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES, LEY FEDERAL CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LEY QUE
ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE
READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS)
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Desarrollo Social.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen con proyecto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 314, 338, 343, 344 y 345 de la Ley General de Salud.
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Se le dispensa la lectura.
Tiene la palabra el diputado Manuel Ignacio López Villarreal, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
- EL C. DIP. MANUEL IGNACIO LOPEZ VILLARREAL: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Tomo la palabra a nombre de las diputadas y diputados que integramos la Comisión de Economía de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados, para presentar el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Esta reforma integral responde al rápido cambio tecnológico, el mayor dinamismo de la competencia y la globalización de las empresas, que se han convertido en un gran desafío para la política de protección al consumidor.
De este modo la prevención es un elemento fundamental para la protección de los derechos de los consumidores.
Hoy las relaciones de mercado han cambiado sustancialmente en el país; la apertura y la liberalización de los mercados han incrementado el número de empresas y proveedores y con ello una creciente cantidad de nuevos productos y servicios tanto nacionales como extranjeros que se comercializan, un aumento sustancial de la competencia para alcanzar una mayor penetración en los mercados, nuevas prácticas publicitarias, más agresivas y voraces, así como los cambios tecnológicos e informáticos en los canales de distribución.
Todo lo anterior eleva el número de transacciones comerciales que ponen en riesgo a los agentes consumidores.
Por esto este Congreso de la Unión no puede estar ajeno a los problemas de la sociedad y consciente de su gran responsabilidad de crear, modificar, actualizar, mejorar y reforzar las leyes de aplicación nacional, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura aprobó este proyecto de decreto con numerosas modificaciones a las iniciativas originales, como consecuencia de las diversas propuestas, recomendaciones y sugerencias de legisladores, funcionarios públicos, organismos y asociaciones empresariales, así como sociales, con el propósito de brindar una mayor seguridad jurídica a los particulares en sus relaciones de consumo, pero sin perjuicio a las empresas.
Después en el Senado de la República se realizaron 32 adecuaciones y precisiones a este proyecto, producto del estudio y consulta que realizaron las comisiones de la colegisladora a diversos organismos, organizaciones y demás sectores involucrados que manifestaron su interés en estas reformas, junto con las aportaciones de senadores interesados en la protección al consumidor, perfeccionando de esta manera el proyecto de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Esta Comisión Dictaminadora después de analizar y estudiar la minuta en su conjunto reconoce y concluye que ésta contiene propuestas y modificaciones que enriquecen el proyecto original, con el único fin de proteger más al consumidor, fortaleciendo las facultades de la Profeco y garantizando con ello que la responsabilidad que tiene encomendada se realice en un marco legal, actual y moderno.
Entre lo más sobresaliente de este proyecto podemos señalar lo siguiente:
Se amplía la protección al consumidor intermedio, que son aquellas personas físicas y morales, microempresas y microindustrias que adquieren, almacenan, utilizan o consumen bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, con un monto máximo de reclamación hasta 300 mil pesos.
Otro aspecto muy importante son las medidas precautorias, como la colocación de sellos, suspensión de publicidad o inmovilización de productos por parte de la Profeco, para evitar que se lesione los intereses y derechos de los consumidores ante prácticas comerciales abusivas y poco transparentes.
Sobre el tema de autofinanciamiento, que son aquellos sistemas de comercialización que integran grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero para la adquisición de bienes determinados o determinables, sean muebles nuevos o inmuebles destinados a la habitación o al uso comercial la propuesta de reforma incluye varios aspectos:
1º Autorización expresa de la Secretaría de Economía para la operación de estas empresas. Deberán las empresas registrar sus contratos de adhesión. La prohibición de constituir grupos en los que se comercialicen bienes distintos o destinados a un uso diferente. La fijación de un plazo máximo de 15 años para los autofinanciamientos inmobiliarios. La precisión de que el proveedor será responsable de que el consumidor reciba el bien contratado en el plazo y conforme a las condiciones establecidas en el contrato de adhesión. La prohibición de cobrar al consumidor alguna penalización si éste se retira del grupo por cualquier incumplimiento imputable al proveedor. Se podrá determinar la suspensión temporal de la celebración de nuevos contratos cuando el o los proveedores hubieren incurrido de manera grave o reiterada en violaciones a las disposiciones aplicables. La prohibición de la formación de grupos cuyos contratos de adhesión no venzan en la misma fecha, los llamados abiertos. La fusión de grupos y la reubicación de consumidores de un grupo a otro. Se establecen las causas por la revocación de la autorización otorgada. Todos estos elementos darán mayor certidumbre jurídica a los consumidores y a los comercializadores que participan en este tipo de sistemas.
Respecto a los contratos de adhesión se establece que la Profeco publicará en el Diario Oficial de la Federación modelos de contratos de adhesión que podrán ser utilizados por los proveedores, quienes solo darán aviso a la misma de su utilización, reduciendo trámites y acortando plazos.
En lo referente a las multas se modificará el criterio para su cuantificación y se establece un mínimo de 150 pesos y un máximo de 1 millón 760 mil pesos. Montos que pueden ser del doble en caso de reincidencia. Estas cantidades son fijas y en pesos, para lo cual la Profeco las actualizará cada año, de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor que emite el Banco de México, para que no pierdan su valor y vigencia.
Asimismo esta reforma señala los casos en que se consideran particularmente graves, para efectos de sancionar con clausura, que podrá ser hasta de 90 días total o parcial.
Finalmente la PROFECO, derivada de su reclamación, podrá emitir un dictamen técnico en el que se cuantificará la obligación contractual del proveedor con el consumidor y que en todo caso tendrá el carácter de título ejecutivo cuando así lo determine la autoridad judicial. De este modo el consumidor podrá hacer valer sus derechos ante esa instancia más rápido, accesible y sin perjuicio de que la PROFECO continúe con el procedimiento para sancionar al proveedor.
Hay más temas no menos importantes de esta reforma integral a la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero estas son las más trascendentes, con la intención de fortalecer a los consumidores y dotarlos de las herramientas más modernas para que con un mínimo de tiempo y esfuerzo puedan hacer valer sus derechos.
Por todo lo anterior expuesto, la Comisión de Economía concluyó que estas reformas refuerzan la protección a los consumidores, así como el funcionamiento de la PROFECO como una institución fundamental para la protección del consumidor y como un agente indispensable para corregir las distorsiones que se presentan en los mercados.
Por tal motivo, los invito a todas y a todos a sumarse a este proyecto que es en beneficio de toda la sociedad mexicana, dado que todos somos consumidores.
Muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTE, DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA: Gracias diputado.
En consecuencia está a discusión en lo general el dictamen.
Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, los siguientes ciudadanos diputados:
Por el Partido de Convergencia, el diputado Jesús González Schmal; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Javier Salinas Narváez; por el Partido Acción Nacional, el diputado Ricardo Alegre Bojórquez, y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia.
-DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL (Convergencia): Con su anuencia señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados: Efectivamente, para Convergencia es absolutamente claro que un balance a la fecha de 35 años de existencia de una institución que nació aún cuando un poco tarde en relación con las homólogas que surgían en Europa, nació sin embargo con la gran expectativa y el tino de buscar a partir de la protección del consumidor, la dinámica necesaria para que la economía se enderezara a lograr que en la fase productiva no hubiese trampas, engaños ni deficiencias que dañaran y ocasionaran efectos negativos a la economía popular, a la economía general en la que todos participamos como agente consumidores.
Fue en verdad un acierto el que se diseñara una Procuraduría Federal del Consumidor, que en sus años iniciales tuvo esa espléndida filosofía de sugerirle y de proponer al propio proveedor, al propio productor que siempre asumiera la posición de consumidor que en otras fases y en otras partes y etapas del circuito económico, está él actuando en esa condición para que viera y visualizara que sus actos tenían la trascendencia y tendrían la importancia de darle a este último, al consumidor, la satisfacción plena en el precio, en la calidad, en la condición de legitimidad, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales de todo productor para que generara y se produjeran bienes y servicios socialmente útiles que generaran a su vez en la dinámica económica la prosperidad en general.
En este balance de 35 años podemos darnos cuenta que efectivamente hubo aciertos y que no hay todavía, pudiéramos decir, un saldo final para poder proyectar que en la estructura jurídica que se diseñó entonces se asumiera y se pudiera entrar al tiempo actual en donde efectivamente han surgido una serie de novedades y condiciones que ameritarían, como acertadamente esta Iniciativa lo propone, el modernizar la ley para dar las garantías al consumidor y darle también al proveedor y al productor las condiciones de acercamiento en la relación tanto por vía de aveniencia en la conciliación como por via de litigios, darle un instrumento más eficaz al consumidor cuando tiene que reclamar daños o la compensación de un consumo de un producto que no fue adecuadamente vendido ni justamente preciado en su costo final.
Para Convergencia entonces es el tiempo de llegar y de aprobar esta Iniciativa y avanzar en el concepto fundamental de esta responsabilidad del ciclo económico del productor consumidor para que se asuma cada quien en su papel trascendente en la generación de la dinámica económica y qué mejor que dar, pues, en este sentido a la PROFECO, a la Procuraduría Federal del Consumidor facultades para realizar dictámenes que tengan trascendencia, que tengan efectos ejecutivos para una reclamación en la restitución económica o en la compensación económica, porque hasta hoy, como todos lo sabemos, una resolución de la PROFECO todavía significa apenas un primer arbitraje, una primera resolución que tendría que dirimirse ante Tribunales Judiciales siempre con la desventaja para el consumidor afectado , que tendría que hacer gastos, erogaciones y tiempo, inversión de tiempo para hacer valer sus derechos en las instancias ya de carácter propiamente judicial.
Aquí, en esta Iniciativa, se prevén esas condiciones, se ven la mayor eficacia de la labor de PROFECO y se le da por lo tanto capacidad para generar las soluciones de fondo tanto en el resarcimiento del daño efectuado como en cuanto a las multas o sanciones para aquellos productores o prestadores de servicios que no cumplan con cabalidad el principio ético del servicio al consumidor.
Por lo tanto, nosotros apreciamos esta Iniciativa con la positividad, con el optimismo de que resurja la PROFECO, de que se reestructure en orden a cumplir su altísimo cometido y México pueda estar a la altura de otros países de mayor desarrollo donde el consumidor como destinatario final de los productos y servicios, tenga y sea protegido por el Estado y por instituciones y estructuras y normatividad moderna y pueda por lo tanto darse al circuito económico una mayor seguridad en la operación entre las partes y los agentes que lo configuran.
De esta suerte, pues, nuestro voto será aprobatorio a esta importante Iniciativa que hoy estamos deliberando en este Congreso.
Muchas gracias, es todo señor Presidente
(aplausos)
-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
EL C. DIP. JAVIER SALINAS NARVAEZ: Con su venia, señor Presidente.
Esta discusión que damos en esta Cámara baja, se da con fundamento en lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a las modificaciones al dictamen a la Ley Federal de Protección al Consumidor que se da en esta Cámara.
La fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática, quisiéramos destacar los rubros importantes que refiere este ordenamiento, fundamentalmente la protección al consumidor intermedio, la ampliación de la competencia y el fortalecimiento de la PROFECO, la flexibilidad en la presentación de las quejas y las reclamaciones, la modernización de los medios a través de los cuales el consumidor pueda presentar sus quejas, sobre todo por medio de la red, las medidas precautorias como colocación de sellos, suspensión de publicidad y movilización de productos que permite evitar lesionar los intereses de los consumidores y el procedimiento de verificación y vigilancia para dar cumplimiento a las normas oficiales que tenemos.
Es importante destacar algunos avances como la ampliación para que los inmuebles destinados a usos locales comerciales resulta apropiada, ya que de esta forma no estamos limitando a los consumidores en la adquisición de inmuebles destinados a la habitación, por el contrario, con esta adición la ley protegerá a un mayor número de personas que inviertan parte de su patrimonio para comprar inmuebles para uso como locales comerciales.
Resultó y resulta adecuado, ampliar el objeto social de los sistemas de comercialización a efecto de proporcionar mayor seguridad jurídica a los consumidores que utilizan estos servicios, aunque reconocemos y lo hemos señalado así en la Comisión respectiva, la necesidad de seguir discutiendo algunas consideraciones que son importantes como el hecho de que la Secretaría podrá autorizar los sistemas de comercialización que tengan por objeto los servicios de construcción, remodelación y ampliación de inmuebles cuando se demuestre que las condiciones del mercado así lo ameriten; creo que resulta ambiguo y en virtud de esto estamos y lo señalamos en la Comisión, en próximas fechas hacer algunas consideraciones.
También es importante destacar que la Ley busca reforzar la normatividad prohibiendo los grupos cuyos contratos de adhesión no venzan en la misma fecha; la constitución de grupos en los que se comercialicen bienes distintos o destinados a usos diferentes; la transferencia de recursos a otros grupos o a terceros; la fusión de grupos y la reubicación de consumidores de un grupo a otro ó a terceros. Dicha normatividad tiene por objeto dar certidumbre jurídica a las operaciones, evitando fraudes potenciales que lesionan gravemente el patrimonio de los consumidores.
Se busca en todo momento proteger los derechos del consumidor, procurándoles equidad, certeza y seguridad jurídica en relación a los actos jurídicos que celebren con sus proveedores ya que se busca precisar que los actos jurídicos que se celebren sean responsables ambos, para que el consumidor reciba un bien contratado en el plazo conforme a las condiciones establecidas en el contrato de adhesión respectivo, debiéndosele responder del cumplimiento de cualquier cláusula contractual.
Asimismo se incorpora una nueva prohibición legal en el sentido de que el proveedor no podrá cobrar al consumidor penalización alguna si éste se retira del grupo respectivo, con motivo de cualquier incumplimiento imputable al referido proveedor.
Por todas estas consideraciones, la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática votara a favor de la presente iniciativa.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
-EL PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Ricardo Alegre Bojorquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
-EL DIP. RICARDO ALEGRE BOJORQUEZ: Con el permiso de la Presidencia.
Honorable asamblea:
A nombre de las diputadas y los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a fijar nuestra postura al dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor que nos presenta la Comisión de Economía.
En una economía de mercado como la que mi partido promueve, donde la participación de la sociedad aumenta y la intervención del gobierno disminuye, la protección a los consumidores debe aumentar.
Esto como consecuencia de las distorsiones que se presentan en los mercados competitivos, sobre todo en materia de información, lo que provoca que los compradores sean más susceptibles de adquirir bienes y servicios que no satisfacen plenamente sus requerimientos o necesidades. Por tal motivo, es imprescindible la actuación de una institución fuerte que defienda sus derechos con un marco legal ágil, eficaz y acorde con la realidad económica y social del país.
En el Partido Acción Nacional reconocemos el esfuerzo y el trabajo llevado a cabo por la PROFECO, sin embargo, también reconocemos que en los últimos años las relaciones entre los componentes del mercado se han visto alteradas, ahora hay más empresas y proveedores, más bienes y servicios, más canales de distribución y publicidad, todos estos elementos hacen que en ocasiones el consumidor no tome la mejor decisión en su consumo.
La política de protección al consumidor tiene el objetivo de mantener el bienestar general de la población, sin embargo, esto no siempre es posible en virtud de que no existen las disposiciones jurídicas vigentes para apoyar a esta gente que ha sido lesionada en sus intereses, justificando entonces la intervención del Estado, a través de una Procuraduría que defienda y vigile los derechos de los consumidores.
En este sentido, el dictamen que nos presenta la Comisión de Economía subraya precisamente el papel de la PROFECO como una institución fundamental para contribuir en la corrección de las experiencias negativas que se derivan como resultado de una mala transacción comercial.
Con ese propósito las reformas pretenden otorgar a la PROFECO mayores facultades y atribuciones para la protección del consumidor, tales como, la ampliación de la protección de los consumidores intermedios, que son las personas físicas y morales, microempresarios o micro industriales que adquieren bienes o servicios con el objeto de integrarlos en un proceso productivo de comercialización o para la prestación de servicios.
En el ámbito de las acciones colectivas la Procuraduría Federal del Consumidor podrá ejercer este tipo de acciones en base a la gravedad o número de reclamaciones que se hubieren presentado en contra de un proveedor, así como considerando la afectación general que pueda causarse a los consumidores en su patrimonio, eliminando el arbitrio de la autoridad para promoverlas.
Por otro lado, se refuerza la protección al consumidor mediante importantes reformas al capítulo de contratos de adhesión, respecto de los cuales se establecen que no podrán implicar prestaciones desproporcionadas, así como obligaciones inequitativas o abusivas. Asimismo, se establece que los contratos que deban registrarse ante la Procuraduría conforme a la ley o las normas oficiales mexicanas y no se registren, no producirán efectos contra el consumidor
Cabe destacar que varios consumidores y los propios empresarios serán beneficiados por la publicación de los modelos de contrato de PROFECO, como se establece en este proyecto, toda vez que un proveedor de algún bien o servicio se podrá adherir a los mismos, lo que resta tiempo, dinero y esfuerzos a las empresas en la elaboración de uno propio, generando así una ambiente de seguridad entre los consumidores dado que es un contrato avalado por la PROFECO.
Muchas ocasiones no acudimos a la autoridad para presentar nuestras querellas por falta de tiempo, pero con estas adecuaciones ahora los consumidores podrán presentar sus reclamaciones en forma telefónica, electrónica o por cualquier otro medio idóneo. Asimismo, la conciliación podrá desahogarse en las oficinas de PROFECO ubicadas en el lugar de residencia del consumidor o en el que éste desarrolla sus actividades habituales, además de los lugares ya previstos por la ley, lo que sin duda facilita la procuración de la protección del consumidor.
Es importante mencionar que con estas modificaciones se atribuye a la PROFECO la facultad expresa de vigilar y verificar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y aplicar las sanciones y medidas establecidas en dicho ordenamiento. Asimismo, se refuerzan las facultades de la PROFECO para verificar pesos, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones comerciales, industriales o de servicios y en su caso realizar el ajuste de dichos instrumentos en los términos de la normatividad aplicable.
También se establecerá en ley que un consumidor que haya presentado una queja contra algún proveedor de un bien o servicio de suministro periódico, tal como la energía eléctrica, el gas o las telecomunicaciones, la empresa proveedora no podrá suspender el suministro hasta en tanto no se aclare su situación y se agote el proceso de conciliación.
Otro punto medular de este proyecto es la regulación de los sistemas de comercialización de autofinanciamiento, los cuales en los últimos años han crecido de manera importante y sin un marco jurídico disponible, lo que ocasiona que los consumidores quedan en un estado de indefensión. Tal es el caso de algunas empresas que se han dado últimamente y que ya se encuentran bajo investigación. De ahí la importancia de las modificaciones al artículo 63 y sus adiciones, dado que ahora las personas que integran estos grupos gozarán de la confianza de que la empresa en la que aportan su dinero opera con viabilidad financiera y administrativa y adecuadamente supervisada por las autoridades competentes y tendrán la certeza de que se les entregará en tiempo y forma el bien que están adquiriendo a futuro.
Un aspecto trascendental para la protección de los consumidores es la aplicación de las llamadas medidas precautorias, tal como la colocación de sellos o la inmovilización de productos con la finalidad de alertar a los consumidores respecto de aquellos establecimientos que están llevando a cabo prácticas comerciales no muy transparentes, y con ello frenar que se sigan lesionando los derechos de los mismos.
Además, de aprobarse este proyecto por todos nosotros, la ley otorgará al consumidor el derecho de obtener una bonificación o compensación como resultado de la afectación de sus intereses por parte del proveedor, ya sea por la falta de veracidad en las condiciones prometidas; por el suministro de partes y refacciones que no cumplan con los requisitos; cuando la cantidad entregada sea menor a la indicada; cuando se utilicen instrumentos de medición que no cumplan con las disposiciones, por mencionar algunos.
Respecto a las multas que pudiera aplicar la PROFECO a los proveedores que incumplan o violen la ley -y aquí vale la pena señalar la disposición de la Procuradora para sentarse a negociar con nosotros en la Comisión, las condiciones del reglamento- estas multas se incrementan y sus rangos se establecen en pesos, previéndose su actualización conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, para que no pierdan su valor en el tiempo.
Esta reforma integral en la legislación de protección al consumidor contempla otros tópicos tan importantes y que adecua el marco normativo a la realidad de la economía mexicana, pero éstos nos parecen los más significativos.
En razón de los anterior, las diputadas y los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional apoyamos este dictamen de la Comisión de Economía, ya que no dudamos que estas reformas mejorarán la procuración de la protección y defensa de los derechos de los consumidores, al mismo tiempo que se otorgarán mayores elementos de certidumbre en las relaciones de consumo.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL DIP. EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados:
En la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se ha llevado a cabo un minucioso análisis de las presentes reformas y adiciones a las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, siendo evidente que el camino a seguir para la protección plena del consumidor, es aún largo, pero tenemos que avanzar.
Es claro que las adiciones y reformas que ahora se presentan deben ser precedidas de una reglamentación detallada de las diversas disposiciones que de ella se desprenda.
En este sentido se ha asumido en el seno de la Comisión de Economía, el pleno compromiso de un intercambio intenso de opiniones y consultas a la población, conjuntamente con las autoridades administrativas competentes, para la elaboración de la reglamentación específica para que contenga la mayoría de las hipótesis, tendientes siempre a la protección del consumidor.
Las reformas y adiciones que el día de hoy se presentan, contienen disposiciones que avanzan en el sentido de esta protección al consumidor, que garantizan además a los oferentes, la garantía de la certeza jurídica en las transacciones comerciales o de prestación de servicios que se realizan.
De esta forma, quienes ofertan bien esos servicios y los consumidores, contarán con un marco jurídico cierto en el cual llevarán a cabo sus intercambios y una autoridad que cuenten con atribuciones específicas más claras para velar porque la aplicación de esta ley sea observada.
Se clarifican los aspectos relacionados con los consumidores intermedios, entendidos aquellos que realizan operaciones con motos máximos de reclamación de hasta 300 mil pesos.
Se precisan las atribuciones de la PROFECO sobre reclamación de tipo mercantil, respecto de aquellas instancias que tienen a su cargo sistemas financieros, bancarios, de seguros o de ahorro.
Se precisan los criterios para el establecimiento de las sanciones de carácter administrativo a que se hacen acreedores quienes se aparten de la ley; se avance en el perfeccionamiento de la presentación de la queja y la reclamación y en los mecanismos para la conciliación.
Se clarifica la actuación de la autoridad en el caso de las reincidencias en conductas perniciosas, en estos intercambios violando las disposiciones legales.
Se establecen medidas precautorias que permitan a la autoridad actuar para evitar males mayores a la población consumidora en general, sobre todo cuando se trate de bienes y servicios de uso generalizado a la población.
Se avanza en el perfeccionamiento normativo de las acciones de grupos en autofinanciamientos, de la publicidad en la información destinada a los consumidores para que no sean éstos engañados por medio de la misma.
Estos son algunos de los aspectos que se perfeccionan con las presentes adiciones y modificaciones que hoy se presentan. Sin duda alguna, repito, con estas adiciones y modificaciones que hoy se presentan se avanza en la certeza de todos los actores, proveedores, consumidores y autoridades, pero también se insiste, se está consciente de sus insuficiencias para una protección plena del consumidor y del proveedor o el oferente, por lo que se insistirá en el ámbito de las atribuciones de este Congreso, en una reglamentación estricta y en la vigilancia de su aplicación, sobre todo en ámbito de las atribuciones de la autoridad para que se certifique esta certeza jurídica y se inhiba toda posibilidad de desvío, de conductas en perjuicio de oferentes o de los consumidores.
Una reglamentación deficiente o insuficiente puede anular el espíritu positivo que animan las reformas y adiciones que el día de hoy se presentan. Por ello se debe de oír a todas las partes involucradas y también en los procesos de intercambio de bienes y servicios, pues todos los actores deben de participar en la elaboración de dicha reglamentación.
Agradezco la preocupación de las autoridades competentes, de la Procuradora Federal, de los representantes de los diversos sectores productivos y agrupaciones, de los propios ciudadanos, preocupados porque impere el sentido de justicia y equidad y que han participado de una manera decisiva en la conformación de esta ley.
Sabemos que éste no es un proceso fácil, ya que se habrá de conciliar a todas ellas en el marco de la Ley de Protección al Consumidor, pero con voluntad y trabajo ello se puede lograr en el corto plazo.
La revisión de la ley y su reglamentación deberán de ser permanentes, los intercambios de bienes y servicios, como todos procesos sociales son dinámicos y por lo tanto, permanentemente perfectibles, para adecuarse a la realidad cambiante en que se presentan estos procesos.
Los priístas siempre hemos actuado con sentido de responsabilidad y seriedad; por ello, en este momento se pronuncia a favor de estas reformas y adiciones y manifiesta su pleno compromiso para continuar trabajando en el perfeccionamiento de ésta y de toda la normatividad que dé certeza jurídica, en el marco de la justicia y equidad que toda norma debe de llevar implícita; justicia, que tiene que ver con la protección, desde el estado de quienes menos tiene, en un intercambio justo que respete también el legítimo derecho de quienes ofertan los bienes y servicios a obtener un digno beneficio.
En este intercambio es claro que todos necesitamos de todos, en algún momento somos consumidores y también somos oferentes; al Estado sólo le está dado el vigilar que este intercambio se dé con justicia, sin interferir en los procesos, antes al contrario, debe procurar que éstos se dinamicen en beneficio del desarrollo de los sectores productivos, en pleno respeto a los derechos del consumidor; consumidor, que es el fin último que persigue la Ley de Protección, objeto de las presentes reformas y adiciones contenidas en el proyecto de decreto que hoy se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía. Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado. En virtud de que no se tienen oradores registrados para seguir debatiendo, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, por favor.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutida en lo general.
Para los efectos del artículo 134, se consulta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirse en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
-EL MISMO C. SECRETARIO: Abrase el sonido de la curul 7 de la diputada Martha Eugenia González Lor para que pueda votar de viva voz.
-LA C. DIPUTADA MARTHA EUGENIA GONZALEZ LOR: A favor.
Diputado presidente, se emitieron 480 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.
-EL C. PRESIDENTE: Aprobado en lo general y en lo particular por 480 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente Punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se modifica la denominación de esta ley.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
-LA SECRETARIA AMALIN YABUR ELIAS: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputado presidente.
-EL C. PRESIDENTE: En este tema se ha retirado un voto particular y se ha publicado otro más en la Gaceta Parlamentaria.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan Fernando Perdomo Bueno por el grupo parlamentario del Partido de Convergencia para presentar un voto particular.
-EL C. DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO: Con su permiso diputado presidente. Los suscritos integrantes del grupo parlamentario de Convergencia, en términos de lo establecido en los Artículos 88, 94, 95 y 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el presente voto particular sobre el dictamen aprobada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de esta LIX Legislatura, respecto a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2004 que presentó el Ejecutivo Federal.
Hemos estimado pertinente someter a la consideración de este pleno el presente voto particular, en el que argumentamos en detalle las razones de nuestra disidencia respecto al dictamen, en particular en lo relativo a la Ley del IVA con objeto de que se someta a votación en los términos que conforme a sus atribuciones proponga el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
A partir de los argumentos, opiniones y propuestas de los diferentes grupos parlamentarios que integran esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en los Artículos 39, 45 y 3º y 5º. Transitorios de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y demás relativos para el Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente dictamen.
Los legisladores del grupo parlamentario de Convergencia, estamos convencidos de que la Ley de Ingresos para la Federación se constituye en un instrumento de mayor importancia para la captación de los recursos que son necesarios para financiar el gasto público.
Estamos conscientes de que la tendencia internacional está logrando mayor recaudación a través de los impuestos indirectos, como es el caso de los impuestos al consumo. Sin embargo, las propuestas presentadas en la Comisión de Hacienda y Crédito Público por los diferentes diputados, de ninguna manera a nuestro juicio responden a los principios fundamentales de todo sistema tributario que deben de ser entre otros, la simplicidad, la proporcionalidad, la equidad, la seguridad y la certeza jurídicas. Pero fundamentalmente el que el contribuyente pueda pagar sus impuestos de una manera sencilla, sin complicaciones y que autoridad hacendaria pueda hacerlo al menor costo posible.
La reforma presentada por el Ejecutivo Federal y la propuesta dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, han propiciado diversas opiniones que no permiten lograr consensos mayoritarios al interior del Pleno de la Cámara de Diputados.
Y por otra parte, la sociedad percibe que los trabajos realizados en esta comisión, lejos de beneficiar a los que menos tienen, están instrumentando nuevos impuestos que agravan más su situación.
La disyuntiva en el debate se centró nuevamente en cobrar o no el IVA en alimentos y medicinas, produciendo como ha sucedido en el pasado, misceláneas fiscales mejores o peores que las anteriores, pero siempre limitadas, las más de las veces confusas y complejas.
No hay espacio para las posposiciones ni para pequeñas enmiendas, o hacemos una reforma fiscal de fondo o pronto nos encontraremos con un país sin salidas, sin recursos y sin estabilidad económica ni política.
Acabemos con el sobresalto de las arcas públicas precarias, de la dependencia del petróleo, de la sensación de no saber lo que ocurrirá el año próximo.
Ante la circunstancia de encontrarnos con propuestas polarizadas que dividen a los legisladores y a la opinión pública, el grupo parlamentario de Convergencia, propone una alternativa que unifique criterios, que propicie una mayor recaudación respecto a las que han sido presentadas y sobre todo, permita que mediante esta propuesta la Secretaría de Hacienda tenga mayores posibilidades de lograr recursos adicionales, con lo que esta dependencia ha llamado ingresos adicionales por eficiencia.
Proponemos la tasa cero únicamente tratándose de alimentos, lo referente a animales y vegetales no industrializados sal, azúcar, harina, leche, huevos, tortillas y medicinas. En este caso siempre y cuando fueran ventas de primera mano y establecer al régimen de extensión a la enajenación de alimentos y bebidas referidos con anterioridad, no industrializados, es decir, distinta a la realizada en ventas de primera mano.
Con esta propuesta no sólo estamos protegiendo a los sectores más excluidos, sino también a los productores independientemente de que esta propuesta originaría que el IVA de las adquisiciones de insumos indispensables para la producción de alimentos y medicinas, no incidiría en el precio de venta de éstos, con lo que se evitaría en gran medida un repunte inflacionario que finalmente repercute como siempre, en las personas que menos tienen, ya que son supuestamente a las que los legisladores les debemos proteger.
Nuestra propuesta se puede sintetizar en lo siguiente: Una tasa general del IVA del 10%, una tasa cero a todos los productores primarios que desde luego incluyen alimentos y medicinas, una tasa de artículos exentos en donde están considerados los que actualmente señala la ley, entre otros como son, colegiaturas, libros, periódicos y revistas, explotar una obra que realice su autor, transporte público terrestre de personas, asistencia técnica y transferencia tecnológica, vivienda y servicios médicos.
Las medidas antes propuestas que el número de evoluciones de saldo a favor se reduciría en gran medida, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente fiscalizaría con mayor facilidad a los productores y a los fabricantes de medicinas y de alimentos primarios.
La Secretaría de Hacienda con la información de que actualmente se devuelve una cantidad aproximada de 40 a 50 mil millones de pesos y que no se tiene la certeza de que efectivamente proceda efectivamente la devolución.
Debemos de recordar que el concepto de devoluciones en el año 2002 ascendió a la cantidad de 90 mil millones de pesos y este año seguramente será un fenómeno similar.
Al mantener una sola tasa del IVA al 10 por ciento la propia Secretaría de Hacienda señalaba la gran posibilidad de obtener ingresos por una eficiencia del orden de 70 mil millones de pesos. La Secretaría de Hacienda manifestó que tenía debidamente documentado que, cuando cobró la tasa general del 10 por ciento obtuvo una mayor recaudación, lo que supone que no sólo habrá ingresos por eficiencia sino mayores ingresos por captación de recursos que no es posible por el momento cuantificar.
Una mayor recaudación, más 40 ó 50 mil millones de pesos que actualmente se devuelven indebidamente, más 70 mil millones de pesos por eficiencia nos permite pronosticar, sin mayor complicación y de manera sencilla, una recaudación superior a los 120 mil millones de pesos.
Por lo anterior, compañeros diputados, sometemos a la consideración de todos ustedes este decreto que reforma, adiciona, deroga y establece disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Por su atención muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Dígame, don Salvador.
EL C. DIPUTADO SALVADOR SANCHEZ VAZQUEZ: (Desde la curul) Diputado presidente, quisiera solicitarle que invite a nuestros compañeros diputados a que guardemos orden en la plenaria, que en parte se debe a que están dentro de este recinto personas que no son diputados federales, por lo que yo le pediría también que gire sus instrucciones para que, quienes no lo sean, se retiren del seno de este recinto.
EL C. PRESIDENTE: Como lo pide el señor diputado don Salvador Sánchez Vázquez, se ruega a los señores diputados ocupar sus curules. Las personas que no sean diputados tengan la bondad de retirarse a sus lugares del recinto, en el lugar de invitados.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gustavo Enrique Madero Muñoz para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Voy a pedir un momento diputado, perdonen, señores diputadosel debate tiene que ser un debate civilizado, como corresponde a los señores legisladores. La emisión favorable o desfavorable al dictamen se emite en el momento de la votación, también en forma civilizada.
Ruego respeto a todos los oradores que participen en este debate. Continúe, señor diputado.
EL C. DIPUTADO GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ: Con su venia, señor diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el dictamen con los siguientes elementos.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de los Impuestos al Valor Agregado y a la Enajenación y a la Importación, Ley de los Impuestos a las Ventas y Servicios al Público, Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Seguro Social y se establecen subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y la Ley Federal de Derechos.
El dictamen que hoy sometemos a su consideración y que seguramente conocen a través de los miembros de la Comisión en la que están representados todos los partidos políticos, ha sido elaborado cuidadosamente después de analizar las propuestas que desarrollaron los distintos grupos parlamentarios y compañeros diputados en lo particular.
Desde el inicio de los trabajos de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y con mayor intensidad en las últimas semanas, se ha dado un serio debate en torno a las diferentes posibilidades que nos permitan solucionar eficazmente las presiones inmediatas de gasto y que simultáneamente continúen dando resultados durante los años venideros, con el fin de que la reforma fiscal no se convierta en un tema recurrentemente postergado en la agenda política nacional.
Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo y los partidos, fueron dictaminadas en el seno de la Comisión y permitirán a México contar con un sistema impositivo más sólido, más eficiente y más sencillo. En síntesis, un sistema fiscal moderno y más acorde con las necesidades actuales de nuestro país.
Todos los partidos políticos han colaborado y participado con sus expertos en materia, hombres y mujeres comprometidos en encontrar las mejores soluciones posibles a nuestros problemas de falta de crecimiento, de generación de empleos y la imperante necesidad de evitar endeudar más a las generaciones futuras.
Reconocemos que la actual recaudación tributaria es muy inferior al promedio de los países con los que competimos.
Para fortalecer los ingresos públicos es necesario ampliar el número de contribuyentes, ampliar la base y combatir eficazmente la evasión. Por eso el dictamen propone ampliar la base del Impuesto al Valor Agregado al extender su aplicación con una tasa general menor a la vigente, eliminar diversas exenciones y otorgar facultades a las entidades federativas para incrementar sus recursos disponibles.
En ese sentido se valora conveniente disminuir la tasa del Impuesto al Valor Agregado del 15 al 13 %.
Esta medida en conjunto con la eliminación de tratamientos preferenciales, mejorará la eficiencia del Impuesto, fortalecerá los ingresos del Gobierno Federal y por ende las participaciones de las entidades federativas.
Por otra parte, es necesario mantener un tratamiento especial para la región fronteriza con una tasa del 8 %, a efecto de que los contribuyentes que residen en dicha región no pierdan su competitividad respecto a sus similares con el país vecino.
Además se convino en la imperiosa necesidad de dotar de herramientas al Sistema de Administración Tributaria para atacar la evasión fiscal, una de la peticiones más reiteradas de los contribuyentes, a través del establecimiento de un impuesto de control.
La combinación de ambos instrumentos mejorará la eficiencia del IVA y permitirá una recaudación proveniente de quienes actualmente no pagan o lo hacen parcialmente. Además lograr una mejora en el cumplimiento del Impuesto al Valor Agregado, se traducirá también en una mejora significativa en el Impuesto Sobre la Renta.
Sólo con una perspectiva de conjunto se puede apreciar la importancia estratégica de mejorar la estructura del Impuesto al Valor Agregado y evitar que el mismo tenga una cobertura inferior del 55 % del consumo final total de los bienes y servicios de nuestro país. Esto alienta la informalidad, la evasión y en consecuencia, producen una deficiente recaudación tanto en este impuesto como en el Impuesto Sobre la Renta.
En materia de federalismo fiscal se propone un cambio fundamental que otorgue potestades tributarias a las entidades federativas a efecto de que puedan contar con mayores recursos, ejercitando sus propias facultades legislativas para lo cual se incorpora la posibilidad de que establezcan un impuesto local a las ventas y servicios al público, sin que por ello se considere un incumplimiento a las obligaciones que hoy tienen convenidas en materia de coordinación fiscal.
Se propone que en tanto las entidades federativas establezcan un impuesto local, se aplique un impuesto federal de 2 % que grave el consumo final de bienes y servicios que no están considerados como reservados para la Federación.
Los objetivos principales de las reformas, propuestas en materia de Impuesto Sobre la Renta, tienen como finalidad mejorar la competitividad de las empresas y así lograr por una parte atraer inversión extranjera y por la otra reducir los precios de las mercancías exportadas para que los productos nacionales compitan en el país contra las mercancías extranjeras.
"Para poder lograr estos objetivos se propone una reducción paulatina del Impuesto Sobre la Renta Empresarial para llegar al 30 por ciento. Asimismo se busca que en caso de las personas físicas se establezca un sistema más sencillo para calcular el Impuesto Sobre la Renta sobre la base de la aplicación de una sola tarifa, en lugar del sistema actual de 50. Para lograr lo anterior se pretende implementar una nueva tarifa estructural en dos tramos, lo que dará como resultado un cálculo simplificado manteniendo libres la carga fiscal a los contribuyentes de mayor capacidad contributiva.
"Se plantea crear un subsidio para el empleo y como medida adicional un subsidio para la nivelación del ingreso, con lo que se busca que aquellos trabajadores que perciban hasta 10 salarios mínimos mantengan su mismo ingreso disponible. Ningún trabajador que perciba hasta 10 salarios mínimos resultará perjudicado en su ingreso real, con lo que protegeremos a más del 90 por ciento de los afiliados al Seguro Social.
"Con el fin de fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social al aumentar sus ingresos en forma importante, se propone la homologación de las bases que se consideran para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta y la determinación de las cuotas obrero-patronales pagadas al IMSS y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Así estas contribuciones se calcularán sobre los mismos ingresos que perciben los trabajadores por la prestación de servicios personales subordinados gravados con el Impuesto Sobre la Renta.
"Sin embargo, con el fin de no impactar a las empresas se establece una salvaguarda consistente en que en ningún caso el incremento en las cuotas de seguridad social excederá el 5 por ciento de las pagadas el año anterior. Este límite irá desapareciendo paulatinamente durante los años hasta desaparecer.
"Otra de las exigencias de política pública de un buen gobierno es dotar a PEMEX de un nuevo régimen fiscal, para que la empresa sea financieramente sana y pueda al mismo tiempo efectuar las inversiones que tanto requiere.
"Estos son tan solo algunos aspectos más importantes de la Reforma Fiscal dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
"Compañeros Diputados:
"¡Es el momento de los acuerdos! ¡Logremos superar nuestras diferencias! ¡Demos los resultados a los mexicanos que esperan de nosotros un país de mayores oportunidades!
"¡Hago un respetuoso exhorto a dejar al lado todas las diferencias y a trabajar por y para México! ¡Legitimemos nuestro compromiso como representantes de la sociedad, cumpliendo con la responsabilidad de posibilitar a los mexicanos el acceso a los servicios a los que tenemos derecho: servicios de salud con calidad, de educación para nuestros hijos, de infraestructura para promover el crecimiento y recursos para abatir la pobreza!
"¡Hoy tenemos esta preciosa oportunidad! ¡No defraudemos a nuestros compatriotas! ¡No defraudemos a la Nación! ¡La apuesta es por México! ¡Entrémosle al debate!".
Es todo, señor Presidente.
(Silbidos y abucheos en la fracción parlamentaria perredista)
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, señor Diputado.
(Gritos a coro: "¡No al IVA!" "¡No al IVA!" "¡No al IVA")
En consecuencia está el dictamen a discusión en lo general. Esta Presidencia manifiesta que se han registrado para fijar posiciones los siguientes señores diputados:
El señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, por parte del grupo parlamentario de Convergencia.
El señor diputado don Oscar González Yánez, por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El señor diputado Pablo Gómez Alvarez, por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El señor diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y
El señor diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia para fijar posiciones se concede...
- EL C. DIPUTADO AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES (PRD. Desde su curul y sin micrófono): ¡Señor Presidente, pido la palabra!
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Dígame, señor Diputado. ¿Con qué objeto?
-DIP. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES (desde la curul): Para consultar la posibilidad de participación de todos los diputados en esta Cámara.
-PRESIDENTE: Señor diputado, yo pienso que usted está enterado del acuerdo del Grupo Parlamentario en materia de debates de dictámenes. Si no lo está le doy a conocer que para debatir en lo general ahorita van a fijar nada más posiciones. Posteriormente de fijar posiciones registraremos 6 oradores en pro y 6 oradores en contra. Al concluir preguntaré a la asamblea si está o no suficientemente discutido, en cuyo caso continuará o no el debate.
Tiene el uso de la palabra para fijar posición, el señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
-DIP. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES (desde la curul): ¡Señor Presidente!
-PRESIDENTE: ¿Dígame don Agustín? Don Agustín de las Fuentes.
-DIP. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES (desde la curul): Le pido sonido, por favor.
-PRESIDENTE: Tiene sonido ya don Agustín Rodríguez.
-DIP. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES (desde la curul): Señor Presidente, mi nombre es Agustín Rodríguez Fuentes. Soy diputado Federal por el PRD, XXVI Distrito y quiero manifestarle lo siguiente.
Sí estoy enterado del acuerdo de las fracciones, pero eso no limita la posibilidad de la participación de los diputados. No venimos aquí de espectadores, es un tema sumamente importante y reclamamos que se haga debate abierto sobre este tema y en todo caso exijo mi derecho a participar.
(aplausos)
-PRESIDENTE: Señor diputado, tendrá usted su derecho a participar en el momento del debate.
A ver, don Pedro Ávila Nevarez, adelante.
-DIP. PEDRO AVILA NEVAREZ (desde la curul): Por ser un problema de interés nacional, por ser un problema que afecta a los pobres de México, por ser un problema que no debe darse a unos cuantos diputados traidores que están a favor del IVA, pido la palabra para intervenir todos.
(aplausos)
-PRESIDENTE: Tomará usted el uso de la palabra en el momento del debate, cuando sea oportuno, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra don Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, para fijar posición. Adelante.
-DIP. JESÚS EMILIO MARTINEZ ALVAREZ (Convergencia): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados: No cabe duda que el día de hoy tendremos que asumir una actitud responsable en el pleno de la Cámara de Diputados.
Todos conocemos las propuestas y los diferentes puntos de vista de nuestros compañeros. No podemos permitir entrar en descalificaciones por el hecho de no compartir la opinión de cada uno de nosotros.
(aplausos)
Lo que procede es que cada uno de nosotros como fracción parlamentaria hagamos una propuesta donde estemos convencidos de que estamos defendiendo los intereses de la sociedad.
Lógico es que en un ambiente político se preste sin duda a tratar de obtener algún beneficio, pero lo que menos podemos hacer es no presentar alternativas y propuestas serias debidamente fundadas.
Y, por eso, como lo ha manifestado nuestro compañero Juan Fernando Perdomo, a nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia, ante la polarización, ante la falta de propuestas congruentes que beneficien primero algo que es fundamental para el Estado Mexicano: mayores ingresos sin dañar a las clases populares; segundo, la vigilancia y el estricto control del gasto público; tercero, requerimos de un sistema fiscal que no propicie la evasión, que nos dé certeza jurídica, que nos dé seguridad también jurídica y que por otra parte coloque a nuestras empresas y a nuestros empresarios que piensan en este país, en condiciones de competitividad. Por eso hemos propuesto la tasa general del 10 por ciento, una tasa del 2 por ciento para los estados de la República y una tasa para los municipios del país.
Se dijo que la tasa general del 10% le permitiría a la Secretaría de Hacienda mayor eficiencia en la recaudación y que habría una cantidad de aproximadamente 70 mil millones de pesos que le llamaban un costo de eficiencia. Por eso es que respaldamos la tasa del 10%.
Por otra parte, no podemos afectar, vuelvo a insistir y vamos a asentar en el tema, a o que ha polarizado la discusión que es alimentos y medicinas.
Desde luego que no estamos de acuerdo en que se graven y en ese sentido estamos proponiendo una Tasa Cero para todos aquellos productores primarios dentro de los cuales se encuentren desde luego alimentos y medicinas para que no salgan afectados.
Todos los demás que actualmente se encuentran en la Tasa Cero deben de pasar al régimen de exentos incluyendo los que hoy la Ley contempla actualmente.
Esto trae una consecuencia inmediata, ustedes saben perfectamente bien que el hecho de que exista la Tasa Cero ha propiciado una cadena donde se va trasladando el impuesto, que finamente viene a repercutir en los precios al público y, por otra parte, esta cadena se viene agrandando porque precisamente permite devoluciones indebidas por parte de la Secretaría de Hacienda.
Las cifras ya las conocen, hablamos de 100 mil millones de pesos del año 2002 y se tiene la seguridad de que a cerca de 40 mil no se sabe si procede efectivamente.
Acabemos pues con esta cadena que se inventó y que propició la tasa Cero en mucho de los que se encuentran actualmente para que fiscalicemos por parte de la Secretaría de Hacienda exclusivamente a los productores primarios. A ellos se les va a permitir que todos los insumos, todas las compras que hagan efectivamente puedan pedir la devolución, pero a los otros señores que vienen encareciendo los productos deben de quedar exentos y por lo tanto no existe ninguna justificación para que lo trasladen y repercuta finalmente en el público como ha venido sucediendo actualmente. Esta es una postura razonable, congruente en donde no se está afectando absolutamente a nadie y si se trabaja con una verdadera fiscalización, tengo la seguridad de que esas cargas adicionales que ha propuesto actualmente que en ocasión actualmente a la Tasa Cero incluso podrían bajar los precios porque ya nos está cargando esta cadena del IVA.
Por otra parte, actualmente tenemos cerca de 25 mil juicios que se celebran anualmente, esta propuesta evitaría que llegáramos a los 25 mil juicios y que finalmente repercute en el Fisco y por lo tanto con los contribuyentes.
Por otro lado, estamos evitando con esto, o estamos logrando con esto un ahorro superior para la Secretaría de Hacienda por 50 mil millones de pesos solamente por concepto de devoluciones y si agregamos los supuestos 70 mil millones de eficiencia, solamente con esta propuesta estaríamos hablando de una cantidad superior a los 100 mil millones de pesos.
También es importante que destaquemos que uno de los propósitos , una de las causas que propician la evasión en este país, es el complejo Sistema Tributario que tenemos.
Con esta propuesta se están simplificando definitivamente la forma de pagar los impuestos en este país.
Por lo tanto, compañeros, yo los exhorto a una reflexión a que votemos de cara al pueblo de México sin demagogias, que lo digamos de frente, que no simulemos nada y que digamos que si gravamos medicinas lo digamos abiertamente y si no, que actuemos como debemos actuar pero lo que no se vale es que politicemos y aprovechemos la coyuntura para tratar el beneficio (desorden en el salón) político. (aplausos)
No entiendo a las compañeras, sin entrar en discusiones, cuando no estamos descalificando a nadie ni estamos queriendo que se grave las causas populares; estamos queriendo por el contrario, que no le repercuta a la gente. Yo espero que analice con detenimiento nuestra propuesta, de tal manera que le permita analizar con toda reflexión y con toda responsabilidad, que lo que estamos haciendo es algo que le va a beneficiar a los que menos tienen y en cualquier momento estamos dispuestos a discutirlo con fiscalistas, donde podremos constatar y comprobar que esta es una propuesta que debe ser respaldada por todos los legisladores.
- ELC. PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Oscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Un momento diputado González Yáñez.
Diputado don Héctor Pablo Ramírez Puga, si tienen la bondad de darle sonido a su curul.
- EL C. DIP. HECTOR PABLO RAMIREZ PUGA: (desde su curul) Señor Presidente, con todo respeto le solicito al compañero Baltazar Hinojosa se abstenga hablar a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. (aplausos)
Ruego a usted que para cualquier trámite relacionado con nuestro Partido se dirija con el señor diputado Emilio Chuayffet Chemor, nuestro coordinador parlamentario. (aplausos) Solicito también señor Presidente emita el reconocimiento legal al compañero Chuayffet, no retrase usted este trámite que obstaculiza los trabajos y que seguramente va a facilitar que los traidores del pueblo de México voten a favor del IVA. (desorden y aplausos)
- EL C. PRESIDENTE: Adelante don Oscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
- EL C. DIP. OSCAR GONZALEZ YAÑEZ: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados.
El neoliberalismo trasnochado de un sector minoritario de diputados pretende aprobar un engendro tributario que traiciona al pueblo de México. Mareados por el dogma fiscal de sus tutores, los organismos financieros públicos y privados del gran capital son incapaces de reconocer que México es un país distinto; por eso, los que suscriben dicho dictamen a lo que más llegan es a la aplicación de criterios ratoneros para lesionar los sectores más desvalidos de nuestra población, de ahí que lo que se presenta es un parche mal pegado a las diversas disposiciones en materia de impuestos que afecta a los más pobres y contribuye al enriquecimiento de otros sectores.
Lo único que sí han aprendido correctamente es a seguir socializando las pérdidas y a privatizar las ganancias, ahí están las deudas del FOBAPROA e IPAB por eso nuestro grupo parlamentario siempre se ha pronunciado porque el IVA no afecte a las clases populares. Nuestras acciones se han desplegado a través de diferentes medios diciendo "no" tajante al IVA en alimentos y medicinas.
En su momento, cuestionamos al Secretario de Hacienda, para que respondiera con un monosílabo sí o no se gravarían los alimentos y las medicinas; ustedes recuerdan cuál fue la actitud del Secretario. Al mismo Secretario de Hacienda le hicimos cumplir el mandato constitucional de comparecer ante este Pleno para que explicara el paquete económico del 2004; en el plano legislativo presentamos ante este Pleno nuestra iniciativa sobre el IVA, en donde propusimos una reducción de dicho impuesto con el objeto de dotar de mayor capacidad de compra a los sectores más desfavorecidos de nuestra población, que por cierto fue la primera que se presentó de manera oficial después de que llegó el paquete económico.
Está claro que una de nuestras preocupaciones centrales en materia tributaria es y ha sido el IVA porque su impacto en los bolsillos de la gente es devastador pero este esfuerzo no es más que un producto del sentir del pueblo de México, no ha tenido este esfuerzo correspondencia en sectores legislativos de esta actual legislatura; por lo contrario, en un afán mezquino y supuestamente recaudatorio, atentan contra la capacidad de compra de las clases más empobrecidas de nuestro país, les paso de noche el rechazo generalizado del pueblo contra las medidas impopulares que aquí pretenden aprobarse, se han negado a escuchar el mensaje de las clases populares mostradas en la magna concentración del 27 de noviembre contra las privatizaciones, contra el IVA en alimentos y medicinas.
En su afán de gravar alimentos, medicinas, transporte, libros, periódicos, revistas, servicios médicos, entre otros, crearon el IPI, impuesto huérfano, bastardo, porque nadie quería reconocer su paternidad, ¡cobardes los que lo vinieron a traer aquí y no dicen quienes son! En la comedia de equivocaciones a la que ha vivido este país en los últimos días, entre dimes y diretes, el IPI paso sin pena ni gloria y se fue al basurero.
Pero la necedad del Ejecutivo Federal y del Partido Acción Nacional hizo que se construyera un nuevo Frankestain, bautizado con el nombre de "Impuesto de Enajenación e Importación" que grava el 8% de los bienes y servicios que hemos mencionado, este engendro, no es más que un IVA revolcado en alimentos y medicinas, no les importa lucrar aún más con el hambre del pueblo, a quines les pretenden cobrar de manera engañosa el IVA en alimentos y medicinas, bajo el ropaje del Impuesto a Enajenación e Importación, en medicinas el Ejecutivo Federal, pareciera que no se ha dado cuenta de que este bien de primera necesidad es el capeón de la carestía, la inflación en los medicamentos ha sido impresionante y ahora con este impuesto se les quiere subir el precio todavía más.
Pero además, quienes quieren, quieren que el pueblo pague una tasa del 13% en IVA en la construcción de vivienda nueva, transporte público, terrestre e implementos agrícolas.
El PAN que tanto ha criticado la cultura del albazo, hoy está ahí, albazo y lo demás y el mayoriteo; ahora que es gobierno lo promueve de manera vergonzante, con tal de sacar adelante su engendro fiscal. Si su propuesta es bondadosa como dicen sus promotores, ¿porque pretenden que aprobemos un impuesto que grava las cadenas productivas en la producción de alimentos y medicinas, si al final, quienes terminan pagando este impuesto son los consumidores de los bienes?. ¿Acaso piensa que la población no se dará cuenta que están pagando un IVA clandestino?.
Muchas voces, entre ellas la nuestra han señalado el carácter inflacionario de este impuesto. ¿Que no entienden que para los productores y los comerciantes su esencia es la ganancia?, ¿cómo pretenden que este impuesto lo absorban ellos?, ¿cómo? Quién va a perder sus ganancias a cambio de una visión de beneficiar a nuestro pueblo, por supuesto que irá a caer al consumidor final y repercutirá en la economía de nuestro pueblo. ¿Qué no entienden que millones de familias gastan más de la mitad de sus ingresos en la compra de alimentos y medicinas?, ¿qué no entienden que estamos aquí para representar a los intereses de nuestro pueblo?, ¿o acaso ya se les olvidó sus compromisos de campaña? Aquí se acabó la congruencia de la política neoliberal, de no tocar la inflación ni con el pétalo de una rosa.
Se los decimos fuerte y claro: ¡son unos cobardes! e incurren en una grave irresponsabilidad al plantear que los efectos de gravar alimentos y medicinas, no tienen importancia e incurren en actos de cinismo al señalar que lo recaudado servirá para compensar los efectos por tales medidas, como dice la gente: " si no me das, no me quites" y eso es lo que se está pretendiendo hacer aquí.
No seamos los modernos Robin Hood, que le quita a los pobres para dárselo a los ricos. Tengamos conciencia del papel que nos toca jugar aquí.
Bienvenidas las marchas y movilizaciones de ciudadanos que están defendiendo a las mayorías, bienvenidos porque prefieren hacerlo en las calles y no como algunos diputados, no prefieren defender los intereses de nuestro pueblo aquí. Les pedimos el llamado a su toma de protesta y a su compromiso, se comprometieron a obedecer a los intereses de nuestro pueblo. Esta iniciativa es totalmente contraria a ella y quedará marcada en la historia no solamente de sus partidos, también de sus personas.
Lamenten llevar a los pobres de nuestro país a que cada vez sean más pobres y prácticamente terminen muriendo por inanición. Tengan conciencia de ello, pónganse del lado de nuestro pueblo, es un gran momento para hacerlo. No pensemos de ninguna manera que esta iniciativa los puede beneficiar; es un cinismo pensar quitarle dinero a los pobres para regresárselos a través de programas sociales, eso se llama corporativismo y en este país se ha luchado muchos años contra ello. No lo reinstalen con nuevas prácticas políticas que no nos llevan a nada.
Les pedimos, como lo está haciendo el Partido del Trabajo, que se pongan del lado de los intereses de nuestro pueblo. Gravar alimentos y medicinas, inventar impuestos, hacer peripecias fiscales, en nada nos va a ayudar.
Compañeros, aún es tiempo de decirle a este pueblo cuando ustedes estaban en campaña, que sí van a obedecer a sus intereses, hacemos ese llamado a los que tengan conciencia y los que no la tengan, evidentemente van a votar a favor de este dictamen. Nosotros votaremos en contra.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
EL DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ: Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados:
Llevamos tres años discutiendo este punto: los impuestos a las medicinas y a los alimentos. Esta es una de las divisas que caracterizan al gobierno del Presidente Vicente Fox, gobierno sin programas, insiste en tratar de resolver los problemas hacendarios del país mediante las contribuciones a la compra de alimentos y medicinas; otras partes de su muy precario programa son la trasnacionalización de la industria eléctrica y la explotación por parte de compañías extranjeras del gas mexicano de la Cuenca de Burgos, así como la flexibilización de las relaciones laborales.
No es éste un programa nacional de cualquier tendencia ideológica y política en el mundo. La contribución, las contribuciones en alimentos y medicinas en un momento en el cual la economía nacional se encuentra estancada, es algo que convierte el ingreso de las familias mexicanas en gasto público y que limita por lo tanto el consumo de alimentos, puesto que el gasto público tiene un componente muy pequeño de alimentos.
Además, más del 60% de las compras de medicamentos las hace el sector público en todos sus niveles. El Estado le pagará el impuesto al Estado.
El impuesto que se consulte en este momento a esta Cámara, es un IVA mal hecho, con severos problemas técnicos, es una manera de pretender engañar sin la menor posibilidad de lograrlo. Cualquiera en este país sabe, que no se está estableciendo el IVA en alimentos y medicinas sino un otro impuesto que operará exactamente igual, porque no se necesita ser economista para saber que en los precios se expresan los costos inevitablemente, todo costo va a expresarse en los precios.
Ya lo han dicho los productores, esto, 8 o 6% de impuesto a alimentos y medicinas, formará parte del costo y será pagado por quienes compren los medicamentos y las medicinas.
¿Por qué este dizque remedio? La propuesta inicial del Ejecutivo fue 15% de IVA a todo, la propuesta de este año fue 10% a todo más 2 puntos a lo que no eran alimentos y medicinas o los exentos; cinco mil millones de pesos adicionales de recaudación.
¿Qué sentido tiene esto? Se dice que por México. Hay una campaña del gobierno en contra de los partidos, se llama a los partidos a no votar del acuerdo con sus particulares intereses sino por México. Por México hay que cobrar a los que menos tienen, un impuesto por comer.
Por México hay que cobrar a los que no tienen seguridad social y que son pobres, un impuesto por tratar de sanar; por México. Se dice también que no valen las promesas electorales, si no se cumplen las promesas electorales, ciudadanos diputados, ciudadanas diputadas, no funciona la democracia, no funciona.
El momento electoral es el momento en que los partidos definen posturas, ofrecen hacer o luchar por determinados cambios o porque no cambien determinadas cosas que otros quieren cambiar y en esta última campaña electoral del 2003, varios partidos, entre ellos el Revolucionario Institucional como el PRD, dijimos con toda claridad, iremos al Congreso a oponernos al Programa del Presidente Fox, de ponerle impuestos a la medicinas y los alimentos. (aplausos)
El partido que no cumple con sus promesas, convierte el proceso electoral en un acto que no es democrático, porque la democracia no se puede basar en el engaño.
No queremos en este país políticos que ofrezcan una cosa antes de las elecciones y hagan la contraria después de las elecciones. (aplausos)
Y celebro que haya en el PRI políticos que quieran honrar su palabra; eso construye democracia, construye sistema político, construye un país mejor.
Se dicen o se hacen, mejor dicho, otras afirmaciones.
El Presidente de la República y su Secretario de Hacienda son incapaces de cobrar los impuestos conforme a las leyes fiscales del país; somos uno de los países donde hay más evasión fiscal y sin embargo, ante su incapacidad de cobrar impuestos lanzan a la cara del Congreso de la Unión el reto de nuevos impuestos, de nuevas tasas, que no tienen más sentido que ocultar la incapacidad del gobierno de cobrar los impuestos que debe cobrar.
Nosotros hemos hecho propuestas contributivas, las sostenemos; estamos preocupados porque aumenten los ingresos públicos, pero también porque aumenten por el lado de la eficiencia recaudatoria.
No nos digan que no hemos propuesto cosas de eficiencia recaudatoria, porque lo hemos hecho en el caso del Impuesto Sobre la Renta y el Congreso de la Unión ha aprobado varias de nuestras propuestas, que han permitido defender un poco, pero si la Secretaría de Hacienda sigue con su notoria incapacidad para poder cobrar los impuestos y lo que le adeudan los contribuyentes, más de 200 mil millones, sólo le pedimos que rescate en el próximo año por lo menos un 5%, ahí tienen más que lo que van a obtener con algunas de las cosas que pretenden gravar hoy día, los señores de la derecha de este país.
Tenemos que dar una pelea en materia fiscal, pero esa pelea en materia fiscal debe ser una pelea para establecer pautas de justicia.
Sólo digo esto por último, no es verdad que se subsidia con la tasa cero a los ricos, no es verdad; una familia pobre dedica más del 50, quizá hasta el 80% de su ingreso en la compra de alimentos; una familia muy rica destina quizá un cinco ó 10% a la compra de alimentos, ¿quién va a pagar más proporcionalmente? ¿Quién va a pagar más a partir de su ingreso? Los pobres de este país, los pobres de este país, que son la mayoría, señores de la derecha, ¡no quieren el impuesto a alimentos y a medicinas! Gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan Francisco Molinar Horcasitas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
-EL C. DIP. DON JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS: Con su venia, señor diputado Presidente.
Las comisiones de la Cámara de Diputados han estado reuniéndose de manera sistemática, para revisar los asuntos propios de cada una de ellas, por supuesto, los temas son tan variados como amplia es la agenda nacional; sin embargo, en medio de esa diversidad temática surge un asunto que las iguala, en todas ellas sin excepción, se han detectado necesidades de gasto social o de inversión pública insatisfechas, ninguna es superflua, todas ellas constituyen verdaderas prioridades nacionales.
Por ello, es también prioritario que este Congreso provea lo necesario para que las finanzas públicas estén en condiciones de satisfacer esas necesidades.
Debemos hacerlo de una manera tal, que nos encamine hacia la solución integral de los problemas que aquejan a la hacienda nacional, demasiadas misceláneas fiscales se han sucedido año tras año; afrontemos el problema en lo esencial, debemos reformar los aspectos troncales del sistema, ampliar la base gravable, combatir la evasión, aumentar la eficiencia recaudatoria, simplificar las reglas, disminuir la carga tributaria, todos estos son aspectos de la reforma que suelen concitar acuerdo, las diferencias, sin embargo, empiezan pronto, en cuanto se pasa de los qué a los cómo, el debate arrecia y el disenso emerge.
No podía ser de otro modo, aceptémoslo, los asuntos fiscales son y deben ser políticos por excelencia, pero deben ser políticos en el mejor sentido de esa noble palabra, el que es sinónimo de responsabilidad social, el que utiliza la buena técnica para alcanzar con éxito los buenos fines, el que encarna el compromiso entre grupos sociales y el que asume el compromiso entre generaciones.
La responsabilidad social nos obliga a asumir con seriedad un hecho clave del sistema tributario mexicano, su más grave debilidad en que está en que casi la mitad de los bienes y servicios que forman el mercado, no se gravan con ningún impuesto y se resguardan en regímenes especiales y exenciones.
Esa deficiencia del sistema tributario es el origen de muchos de sus males, la evasión se facilita, más aun, se propicia por este enorme hueco en el sistema, que es particularmente por los contribuyentes con mejores posibilidades de administración fiscal y defensa legal.
La inequidad global del sistema se explica, también en buena medida, por los enormes subsidios implícitos que tienen que trasladarse a los grupos y sectores de altos ingresos para poder trasladar pequeños subsidios a los sectores de menores ingresos.
Una reforma que no resuelva, al menos parcialmente, este grave defecto del sistema fiscal mexicano, sería una reforma que no iría al tronco sino a la rama, que escurriría el bulto sin hacerse cargo de su responsabilidad.
Por ello, proponemos empezar a resolver este problema, introduciendo de manera gradual y prudente, un impuesto de control a los bienes y servicios que actualmente están gravadas con tasa cero de IVA. Este impuesto de control no sólo tendría un efecto positivo por su recaudación directa sino que principalmente permitiría elevar sustancialmente la eficiencia recaudatoria de los demás impuestos, como con el IVA y el Impuesto sobre la Renta
(DESORDEN EN EL SALON)
-EL C. PRESIDENTE: Señor diputado, un momento, le ruego al señor diputado no fijar carteles, porque está siendo una intervención a la exposición del orador. El orador que quiera mostrarlos lo puede hacer cuando participe en su turno, porque tiene libertad de exposición, ruego que respeten a todos los oradores, en atención a las facultades que me da el Reglamento.
Adelante señor diputado.
Ruego a Seguridad que quite el cartelón.
(DESORDEN EN EL SALON)
-EL C. PRESIDENTE: Pueden decirnos, señoras y señores, pero el Reglamento me pide que tengamos un debate civilizado, ustedes no pueden estar en contra de la ley
Adelante.
-EL C. DIPUTADO JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS: Muchas gracias señor diputado presidente. En el caso del cartel que se acaba de poner, lo acepto como uno de los métodos de base que eligen algunos de mis colegisladores, y en aras de poder continuar en los términos civilizados sugiero
-EL C. PRESIDENTE: Adelante diputado, que quede ahí. Adelante.
(APLAUSOS)
-EL C. DIPUTADO JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS: Muchas gracias señor diputado presidente. Continuando con mis argumentos, este impuesto al control es señalado, no sólo tendría el beneficio de una recaudación directa sino que además permitiría elevar la eficiencia de los otros impuestos claves del sistema tributario mexicano, el IVA y el ISR.
El dictamen que somete a la consideración de esta soberanía la Comisión de Hacienda, propone reducir en dos puntos la tasa de IVA general vigente, tanto en la frontera como en el interior de la república, se trata de una propuesta que pondera las condiciones específicas de ambas zonas de la patria, que son iguales en su compromiso con el desarrollo nacional pero diversas en sus condiciones de competencia específica.
Esta reducción del IVA federal, permitirá introducir un nuevo impuesto, también federal, cuya recaudación estará destinada a los estados y que podrá ser administrado directamente por ellos mediante convenios o que incluso podría ser sustituido por un impuesto estatal equivalente.
Este nuevo gravamen íntimamente vinculado a la reforma Ley del IVA aquí propuesta, es uno de los más sólidos pasos de federalismo auténtico que podríamos dar en décadas. No se trata sólo de una importante transferencia directa de recursos a estados y municipios superior a los 40 mil millones de pesos, se trata sobre todo, de la semilla federalista que permitiría transferir ordenadamente funciones fiscales a los estados para que se sumen a la formación de la hacienda pública nacional.
El dictamen también propone mantener la tasa cero en alimentos y medicinas, pero introduciendo un impuesto de control de 8% que estará exento en su última etapa. Los sujetos de este impuesto serán importadores, fabricantes y comerciantes, no los consumidores. Ese impuesto será acreditable contra si mismo y contra el IVA, de modo que sí puede ser absorbido parcialmente a lo largo de la cadena de intermediación.
El dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda, establece la eliminación de la mayoría de exenciones que erosionan la capacidad tributaria del sistema y que son fuente de muchas de sus iniquidades. Se mantienen sin embargo las exenciones vigentes a los servicios públicos, a la educación y a los prestados de manera gratuita, incluyendo los de salud y transporte.
Es evidente que este punto concentra el debate parlamentario. Es también el factor crítico del avance o el estancamiento de la reforma, esto no puede ocultarse, por eso, debemos evaluarlo desde la perspectiva amplia de la responsabilidad, un balance cuidadoso de la reforma que relaciones todas las iniciativas que hoy propone la Comisión de Hacienda, concluye que sus beneficios sobrepasan con mucho, los costos que impone a ciudadanos y políticos, a contribuyentes y gobernantes.
Este nuevo impuesto de control, será la base de la modernización de nuestro sistema tributario, será el motor que permitirá echar a andar el conjunto de reformas que hoy se presentan; sin su concurso no sería posible aprobar responsablemente las reformas propuestas al Impuesto sobre la Renta, que como se verá más tarde, permitirán que el 90% de los trabajadores asegurados en el Seguro Social, dispongan de un ingreso disponible igual o mayor al actual, estimulando así la demanda y permitirá que las empresas dispongan de mayores recursos para la inversión, estimulando así la creación de empleos.
Por ello sostenemos en Acción Nacional, esta propuesta de la comisión, es un compromiso responsable con las realidades políticas de esta Cámara de Diputados; es un compromiso con el objetivo compartido de fortalecer las finanzas públicas para liberar su potencial en el desarrollo y en la inversión pública; es un compromiso con el empleo, porque de ser aprobada estimularía el crecimiento de la economía de la manera más sana y sustentable.
Y repetimos cuál es con empleos sólidos para procurar justicia y desarrollo humano. También es necesario decirlo, sí es un compromiso con esta generación y con las futuras, que proponemos financiar los recursos del presente y la inversión que dará sus frutos en el bienestar de hoy y de mañana, con recursos sanos y fuertes de los mexicanos de hoy.
Es de principio a fin un compromiso con México.
Muchas gracias.
-PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa.
EL C. PRESIDENTE: Un momentito. Por favor, sonido en la curul del señor diplutado.
EL C. DIPUTADO GUILLERMO DEL VALLE REYES: Nada más para aclarar, señor presidente porque dijo usted que iba a hablar en nombre del grupo parlamentario del PRI. Me deslindo de lo que el señor diga porque no está hablando en mi nombre y soy diputado del PRI.
EL C. PRESIDENTE: Se le tiene por manifestado lo anterior. Adelante, señor diputado.
EL C. DIPUTADO BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA: Con su permiso, señor presidente. (escándalo en el salón)
EL C. PRESIDENTE: Señoras y señores legisladores. No voy a sentar el precedente de negar el uso de la palabra a un miembro de este Congreso, que habla conforme a reglamento.
Continúe, señor diputado.
EL C. DIPUTADO BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA: Compañeras y compañeros diputados: con justificada razón la sociedad mexicana está expectante y aguarda con gran interés lo que este día habremos de acordar los diputados.
El debate que aquí tendrá lugar, compañeras y compañeros diputados, deberá acreditar ante nosotros mismos que palabra y argumento son los únicos instrumentos con que cuenta el parlamento de la nación para sustentar sus determinaciones y ejercer su poder.
Nuestras contradicciones encuentran así cauce para resolverse en la democracia y con apego a la legalidad. Los priístas por convicción y de experiencia probada postulamos una y otra vez la necesidad de los acuerdos porque cuando en los acuerdos se identifica el verdadero interés común se hace posible que prevalezca la voluntad mayoritaria sin cancelar nunca a ninguna expresión.
En este sentido este paquete fiscal es quizás, por su mayor relevancia, uno de los retos más complejos, pero a su vez una de las oportunidades más significativas que tenemos todos los partidos para encontrar el terreno fértil de las coincidencias.
Crecer y distribuir mejor el ingreso nacional hacerlo con certidumbre para todos y avanzar hacia una sociedad más justa son divisas que a todos los identifican.
Esto es lo que nos mueve a promover un ajuste de fondo a la política económica. Tenemos facultades constitucionales para hacerlo. Las ejerceremos a plenitud el día de hoy.
Por todos es sabido que el Estado cuenta con dos instrumentos para marcar el rumbo económico de la nación: la política monetaria y la política fiscal. Nuestra norma suprema le otorga a la autoridad monetaria autonomía plena para mantener el poder adquisitivo de la moneda, por lo que los poderes Ejecutivo y Legislativo nos tenemos que poner de acuerdo para emplear a favor de todos la política fiscal.
En nuestro grupo parlamentario en eso no hay debate. Todos estamos (escándalo en el salón).
EL C. PRESIDENTE: Un momento, señor orador. Suspendan el marcaje de tiempo.
Señoras y señores oradores: en este tema hay opiniones a favor y opiniones en contra. La presidencia, la presidencia tiene el deber de conducir el debate y los legisladores también el deber de permitir a la presidencia conducirlo en forma civilizada y racional.
Que sean las ideas las que campeen en este debate. Ruego permitan expresarle al orador para que, cuando ustedes hagan uso de la palabra, también la asamblea les permita expresarse. Adelante, señor diputado. Continúe el tiempo.
EL C. DIPUTADO BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA: En nuestro grupo parlamentario en eso no hay debate. Todos estamos que exista el crecimiento económico sostenido y la creación de empleos.
Más recursos para educación y salud, más recursos para los estados y municipios, más inversión en infraestructura, mayor claridad en las reglas de operación de los programas y oportunidad en el ejercicio de los recursos, recursos para el campo en apego al Acuerdo Nacional firmado y austeridad sobre todo en el Poder Ejecutivo; compartimos además en el diagnóstico.
El manejo de la política económica nos tiene sumidos en una profunda recesión. Perdemos competitividad al exterior, perdemos empleos; nuestra gente pierde la esperanza. No lo podemos permitir.
Ante el análisis y sobre todo ante la parálisis del Ejecutivo, toca al Poder Legislativo actuar con oportunidad para que el 2004 sea un año en el que se aproveche nuestro gran potencial interno.
México demanda una reforma hacendaria que detone el crecimiento de la economía a través de una política impositiva y de gasto expansionista; sin duda los tres órdenes de gobierno necesitan más recursos.
Aquí en el Congreso de la Unión se determinan cerca del 90 % de los ingresos a estados y municipios y el gasto público agregado, es prácticamente la cuarta parte de la economía.
Es así que tenemos un formidable instrumento para impulsar una estrategia en el que el objetivo sea crecer, distribuir y crear empleos; incrementar, en síntesis nuestro capital físico y humano. A ello contribuyen nuestras propuestas.
Menor carga al Impuesto Sobre la Renta a empresas, del 34 al 30, en un plazo de tres años; para las personas físicas, establecer una tasa a partir del próximo año, del 25 %; la exención del Impuesto Sobre la Renta a casi el 70 % de la población trabajadora, pasando de 3.8 a 4.8 salarios mínimos de exención; la tasa general del IVA se reduce al 13 %, pero reservando de ahí un 2 % adicional para los estados y municipios; mantenemos también una tasa del 10 % del IVA para la frontera.
La reforma es federalista, ya que fortalece las finanzas estatales con recursos frescos y les otorga a nuestras entidades federativas, no sólo mayores recursos, sino también mayores facultados.
También damos certidumbre a las industrias al no alterar los impuestos especiales a la producción y servicios y respetar los compromisos en cuanto a sus tasas y plazos.
En suma, esta reforma integral federalista, daría a los mexicanos 90 mil millones de pesos.
Honorable Asamblea: Los diputados priístas... (Desorden en el salón)
- EL C. DIP. BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA: ...que firmamos a favor del dictamen que hoy se somete a debate, lo hicimos a sabiendas de que en el pleno tenían que darse ajustes, por tanto sin perder el espíritu de la reforma, proponemos:
Primero.- Disminuír la tasa del Impuesto en la Generación e Importación al 6 %. En esta tribuna proponemos que este impuesto...
(Gritos en el salón): ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Traidor!
- EL C. PRESIDENTE. Un momento, señor diputado. Suspendan el marcaje de tiempo.
Señoras y señores legisladores: "La injuria daña más a quien la profiere que a quien la recibe", decían los romanos.
Les ruego que permitan continuar al orador. Continúe, señor orador.
- EL C. DIP. BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA: Segundo. Proponemos no gravar las prestaciones sociales. Las conquistas de los trabajadores de México las seguimos haciendo nuestras. Decimos no a los impuestos en aguinaldos; no a los impuestos a la prima vacacional; no a los impuestos a las horas extras y no a los impuestos del reparto de utilidades.
Tercero.- Proponemos un claro no al IVA en transporte, colegiaturas, y a la venta de casas habitación. Mantenemos también nuestro firme compromiso con la tasa cero a alimentos y medicinas.
Cuarto.- Proponemos se mantenga la tasa cero en todos los implementos agrícolas: tractores, herramientas, refacciones, fertilizantes, insumos para la actividad agropecuaria. No tienen por qué ser gravados.
No podemos perder terreno ante países que hacen del subsidio al campo la política de fomento.
Los priístas tenemos claro también que si se actúa por el lado del ingreso y sin hacerlo por el lado del gasto, estamos haciendo la mitad de la tarea.
Tendremos que reasignar el gasto. Existen grandes márgenes para hacerlo en el presupuesto que nos presentó el Poder Ejecutivo.
Las dependencias del Poder Ejecutivo tienen enormes áreas burocráticas que están más que están más que bien pagadas. Hay que recortarlas. Hay que recortar también el desmedido y permanente gasto de comunicación social que ha distinguido a esta administración. Hay que reorientar los programas, así como aclarar criterios y reglas de operación. Mientras el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial imponen candados al déficit público, sus principales socios reflejan niveles de déficits superiores a México. Estados Unidos, Japón, Alemania, mantienen niveles superiores al 4. Por lo tanto para México resulta inaceptable un déficit público del 0.3 por ciento. ¡Proponemos dejarlo al 0.6 por ciento que es el nivel similar al año que concluye! ¡Esto implicaría contar con 21 mil millones de pesos adicionales para ser destinados al gasto social e infraestructura!
Podemos y le pedimos también que se revise a fondo el precio del Petróleo y exigimos mejorar la eficiencia recaudatoria.
¡No aceptamos que el Presupuesto de Ingresos, ambos aspectos se subestimen! Con ello estimamos que se puede agregar por lo menos 50 mil millones de pesos adicionales a los 90 mil que daría esta reforma. ¡No nos queda duda: el destino de la reforma hacendaria se determinará por la orientación y el sentido del gasto! ¡Si bien en los ingresos el debate es intenso, nadie en esta Cámara duda que el Presupuesto enviado por el Ejecutivo sea insuficiente, carece de sentido estratégico y no fomenta el crecimiento y el empleo!
Compañeros Diputados:
¡Los diputados que recorrimos las colonias, los barrios y los ejidos del país...
(Gritos y silbidos en el salón)
... tenemos que ser juzgados por nuestra eficiencia legislativa, por llevar los recursos para atender los rezagos sociales y por tomar con valor las decisiones que beneficien...
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Señor Diputado: Se le ha agotado su tiempo.
- EL C. DIPUTADO BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA (PRI): Pido un minuto.
Ante los ojos de México...
(Gritos y silbidos en el salón)
Señores Diputados: Estamos ante los ojos de la historia.
Muchas gracias.
(Aplausos de la fracción parlamentaria panista)
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, el señor diputado don Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Estamos en lo general.
- EL C. DIPUTADO AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES (PRD): Gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Legisladores:
Es conveniente que nos hagamos una reflexión colectiva, responsable. Aquí todo mundo ha hablado que sus propuestas de iniciativas son por el bien de los mexicanos y de México. Estamos de acuerdo en que así debe de ser. Sin embargo, cuando volteamos la vista hacia el exterior de este recinto encontramos que algo no concuerda con lo que se dice y con lo que está pasando. Solamente hay una explicación: algo no está funcionando, alguien está mintiendo y no está actuando con responsabilidad hacia el pueblo mexicano.
La presencia de la Policía Federal Preventiva en el exterior de este recinto marca con claridad que alguien o alguienes tienen dificultades para poder asumir y hacer que se respete la voz y la expresión de quienes ahora estamos diciendo: ¡no a este impuesto disfrazado a las cadenas productivas! Porque quienes van a pagar al final es el consumidor y es la población mexicana.
¿Cuál es el temor a la libre expresión de los mexicanos? Hay temor porque no se está actuando en beneficio de los mexicanos y se sigue promoviendo y queriendo fortalecer ese modelo económico neoliberal fracasado que ha empobrecido a los mexicanos.
Llevamos más de dos décadas de crisis y de crecimiento mediocre, el estancamiento del Producto Interno por habitante, el incremento de la deuda externa y la explosión de la deuda interna, una banca rescatada a costa de los mexicanos y ahora en manos de extranjeros; bajísima capacidad para generar empleos, una vida rural en pleno desastre y una crisis fiscal de carácter estructural que limita el papel del Estado para impulsar el crecimiento.
La recesión mundial y la invasión de Irak por los Estados Unidos han venido a agravar la situación interna, además de representar un entorno desfavorable a las expectativas económicas y sociales de la transición democrática y un mayor riesgo a nuestra soberanía. Y todavía nos quieren hacer tragar una rueda de molino diciendo que por ese camino vamos a beneficiar a los más pobres, que es el grueso de la población mexicana.
¡Qué acaso no recordamos que más de 50 mil millones de dólares de mexicanos traidores están invertidos en Estados Unidos y regresan a este país como capital especulativo y todavía se quiere seguir por ese camino, seguir polarizando la brecha social en donde más mexicanos cada día son empobrecidos! No compartamos esa gran irresponsabilidad de votar por se infame 8 por ciento aplicado a medicinas y alimentos y a todo absolutamente y que destruye todavía más la economía de los mexicanos.
¡Qué bueno que algunos priístas manifiestan su compromiso con sus electores y con el pueblo de México!, eso hay que aplaudirlo. Pero también hay que aplaudir, y concluyo señor Presidente, hay que aplaudir que estemos dispuestos todos a la rectificación y a la construcción de una propuesta de México y para los mexicanos.
Gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Para hablar en contra se le concede el uso de la palabra al señor diputado don Pedro Ávila Nevarez.
-DIP. PEDRO AVILA NEVAREZ (PRI): ¡Señores diputados, venimos aquí a este sagrado recinto, a esta tribuna de la patria, a defender al pueblo que nos eligió, no a tratar de imponerle nuevos impuestos!
(aplausos)
¡Yo invito a aquellos que quieren imponer nuevos impuestos al pueblo de México, que vayan a las colonias populares de cualquier estado de la República, que vayan a los ejidos, que vayan allá, a las comunidades rurales, a las zonas indígenas, para que vean a los campesinos y a la gente humilde cómo se debate en el hambre y la miseria! ¡Yo los invito, señores, a que hagamos esto, a que hagamos conciencia!
¡Los tiempos de los legisladores no son los del Ejecutivo, pero sí los del pueblo de México! ¡Nosotros estamos obligados a tomar en cuenta la visión y la opinión de la sociedad! ¡No podemos por ningún motivo, que por acuerdos en las cúpulas del poder, se impongan a la sociedad medidas fiscales cuyo fin es empobrecer aún más a la clase trabajadora!
¡El compromiso de mi Partido Revolucionario Institucional debe ser el de promover una reforma fiscal a fondo que contribuya a fortalecer la capacidad del financiamiento sano, de nuestro desarrollo pero no gravar con IVA alimentos , medicinas y educación Por supuesto que nuestro país necesita de mayores recursos pero no nos engañemos compañeros Diputados, ¿qué acaso yo les pregunto a ustedes es engañando al pueblo con impuestos disfrazados para gravar con 8% alimentos y medicinas la fórmula para avanzar en ese sentido, es la forma de sacar a las madres solteras, a las familias de menores ingresos y a los jubilados y pensionados de la pobreza en que se encuentran cobrándoles el 25% del ISR? No nos engañemos compañeros Diputados, si aprobamos estos dictámenes estaremos traicionando a la patria, estaremos traicionando a quienes votaron por nosotros, a los electores, estaremos traicionando al pueblo de México.
La propuesta que aquí discutimos, lejos de acabar con la pobreza lo que hará es ampliar el abismo que separa al 90% de las familias pobres de un 10% de las familias más ricas. A raíz de la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio en el sector agrícola, el campo ha sido severamente dañado provocando protestas sociales que se han visto materializadas en movimientos como el campo no aguanta más al aumentar el costo de los implementos agrícolas por el IVA, se nulifica el momento de esta actividad generando mayor pobreza, esa pobreza que como decía Luis Donaldo Colosio, lastima; esa pobreza que como decía Luis Donaldo Colosio castiga a los más pobres y por si fuera poco, de aprobar este dictamen se disminuirá la inversión en construcción de vivienda y por lo tanto aumentazrá el valor de la misma.
Actualmente el país cuenta con un déficit en este rubro y con esta determinación se acrecentará aún más al querer gravar las colegiaturas se provocaría el cierre de colegios por la salida de un porcentaje importante de alumnos de las escuelas privadas que no podrían cubrir ese gasto adicional.
Estamos hablando por supuesto, de la clase media y media baja con lo que se frenaría el desarrollo educativo del país
El nuevo gravamen a la enajenación e importación es una trampa y un fin encubierto porque el cobro de este impuesto aumentará el precio de los artículos de primera necesidad, situación que por más que nos traten de ocultar, es una verdad a todas luces. .
¿Por qué insisten en ajustar impuestos que afecten severamente a las clases más desprotegidas
EL C. PRESIDENTE. Señor orador, se le ha agotado el tiempo.
-EL C. DIPUTADO:PEDRO AVILA NEVAREZ. ¿por qué insisten en sacar el dinero de la bolsa de los que menos tienen y de los asalariados.? Habría que preguntarles a quienes descaradamente negocian a espaldas del pueblo, habría que preguntarles a aquellos que apoyan al Antonio López de Santa Ana de la época moderna.
(aplausos)
-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado
Tiene el uso de la palabra para hablar en contra, la Diputada Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
- LA C. DIP. DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias señor Presidente. Diputadas, diputados.
La iniciativa que se presentó por el Partido elbi-azul tiene dos problemas sumamente graves. Entre otros: Primero, saca del régimen de exentos y quita la tasa cero a un buen número de bienes y servicios como la vivienda, el transporte, los derechos de autor y muchos.
¿Cuánta gente del pueblo tiene coche, que ahora va a tener que pagar un 13% de impuesto por tomar el metro, el taxi, el microbús? ¿Cuánta gente carece de vivienda y está en la búsqueda de recursos para tener una casa? Ahora se aleja esa posibilidad porque estará gravada con un 13%. Los derechos de autor también serán cobrados, entre otros.
Eso, es un duro golpe a la economía de la familia, no se les ha ocurrido más que más cargas fiscales a los pobres. Nuevos impuestos a la misma base de contribuyentes, pero hay algo todavía peor: inventan, crean un nuevo impuesto del 8 ó del 6, que no es sino un IVA disfrazado que grava los alimentos y las medicinas y todo lo que quede, en tasa cero. ¿Por qué lo hacen?
Además que me parece una medida completamente perversa, en la mente neoliberal no existe más que el dinero y el mercado, están pensando en que los millones de pobres son un inmenso mercado al que hay que gravar; están pensando perversamente en que los setenta millones de pobres del país que comen, al final de cuentas- ahora tengan que pagar impuestos; están pensando homologar las cargas tributarias pensando en un gran mercado y pensando sólo en el signo de pesos. Eso es son tener ideas pero sobre todo es no tener escrúpulos.
Pero esto, diputadas y diputados, trae efectos en la economía muy graves.
En primer lugar trae una mayor concentración de la riqueza, hace más ricos a los de por sí ricos; y trae un mayor empobrecimiento, genera mayor pobreza, lo cual hará más pobres a los pobres; pero también atrae un fenómeno económico que se llama inflación y al incrementarse la inflación es otro duro golpe indirecto a la economía popular.
¿Qué se va a hacer ante la inflación? Mayores cortos (sic), secar la economía y para eso dejan a Guillermo Ortiz en el Banco de México, para que siga secando y estancando la economía y con ello se verá más desempleo, con un nuevo y más duro golpe a la población.
Yo los quiero invitar a reflexionar. Hay otros caminos para elevar los ingresos del Estado. Hallamos muchas fuentes nuevas: disminuir el gasto corriente, mejorar la eficiencia tributaria, eludir evitar la elusión y la evasión fiscales, atacar el contrabando, atacar el estancamiento económico todo eso genera riqueza, todo eso genera ingresos y por estas vías que son legales, que no son lesivas se le puede dar al Gobierno Federal más de cien mil millones de pesos sin cargar los impuestos a la gente de escasos recursos.
Yo les invito diputadas y diputados a que voten en contra del dictamen que se presenta, a que sean patriotas, a que sean nacionalistas, a que por el bien del país, por el bien de la gente que los eligió y que les dio esa curul que tienen o así sea por no perder la dignidad, ¡voten en contra de este dictamen! (aplausos)
- EL C. PRESIDENTE: Señoras y señores legisladores. El reglamento en el artículo 123 dice lo siguiente: "Cuando sólo se pidiere la palabra en contra, hablarán todos los que la tuvieren pero después de haber hablado tres se preguntará si el punto está suficientemente discutido".
Quiero señalar a la Asamblea que tengo registrados como oradores para hablar en contra al señor diputado don José Luis Flores Hernández, al señor diputado Francisco Ruíz Monarrez Rincón, al señor diputado Armando Neyra Chávez, al señor diputado don Julián Nazar Morales y al señor diputado don Emilio Serrano Jiménez.
Quiero expresarles que por economía procesal si yo pregunto "está suficientemente discutido" y la Asamblea indica que no, daría el uso de la palabra a tres, como marca el reglamento pero son cinco; así es que pediré la anuencia de la Asamblea con el propósito de determinar si hablan las cinco personas registradas.
-EL DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL (desde su curul): Señor Presidente, en contra.
-EL PRESIDENTE: ¿Dígame? Muy bien, también don Jesús González Schmal.
Se instruye a la Secretaría pregunte a la asamblea, sí se les concede el uso de la palabra, fuera de reglamento a los que acaban... Manuel Camacho, también.
-LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea, si están de acuerdo que los siguientes diputados tomen la palabra en contra.
Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n )
Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n)
-LA SECRETARIA: La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
-EL PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al señor diputado don José Luis Flores Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Un momentito, continué señor, pero antes de empezar quiero hacer un pedimento. Las personas que no son legisladores, que se encuentran en el recinto, se les ruega que se ubiquen en los lugares destinados a los invitados y ruego al personal de resguardo que auxilie a la Presidencia, con todo comedimiento y toda cortesía, en esta labor. Adelante, diputado.
-EL DIP. JOSE LUIS FLORES HERNÁNDEZ: Señor Presidente, con su permiso.
Compañeras diputadas y compañeros diputados:
Todos nosotros somos representantes populares, llegamos a esta honrosa representación con el apoyo de nuestros partidos políticos, pero sobre todo con el apoyo de la gente que confió en nosotros, porque les hicimos una oferta política.
En mi caso y en el de mis compañeros de partido, la oferta fundamental fue buscar elementos que permitieran recuperar la generación de empleos y el crecimiento económico, al mismo tiempo que nos comprometimos a no imponer nuevos gravámenes que lesionan a la gente más necesitada del país.
Por eso, de manera consistente nos hemos pronunciado por no ponerle IVAS, IPIS o como quieran llamarle a alimentos y medicinas. El ejercicio de la política exige honestidad y congruencia, pero esta iniciativa que el día de hoy pretenden imponernos, no corresponde ni a los tiempos que vivimos, ni a las aspiraciones de los mexicanos. Permítanme explicarme:
En primer lugar, mientras que la mayoría de las economías adoptan medidas de política económica que les ayuden a salir de la fase recesiva del ciclo económico, aquí nos quieren recetar nuevos impuestos; cuando lo que hace falta es promover el consumo, les seguimos aplicando a los mexicanos políticas contraccionistas e impuestos que reducen su capacidad de consumo.
Por otro lado, ante las necesidades de inversión en infraestructura que promuevan empleos, solo se les ocurre responder con medidas fiscales. ¿Dónde quedó la capacidad de pensar en mejores formas de utilizar nuestros recursos?, ¿por qué sólo solicitan más recursos y no ofrecen medidas de más eficiencia recaudatoria o de control del contrabando o de incorporación de nuevos causantes al padrón?
Por ello, la insistencia de la mayoría de los miembros del grupo parlamentario del PRI, primero, recuperemos el crecimiento y el empleo, así como la eficiencia recaudatoria y en el ejercicio del gasto y luego podremos profundizar en la reforma fiscal.
Por todo esto, deseo expresar a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del PRI, que nos pronunciamos en contra del dictamen que está en estos momentos a nuestra consideración por las siguientes razones:
Primero.- La aplicación del Impuesto de Control del 8% a la producción, comercialización e importación, dirigido fundamentalmente a medicamentos y a productos alimenticios, es inflacionario y atenta contra la economía de las familias de menores ingresos, sobre todo en estos tiempos de altos niveles de desempleo.
Segundo.- La aplicación generalizada de la tasa de 13% de IVA, que se pretende imponer a productos que hasta ahora están exentos, como los implementos agrícolas, el transporte público y la vivienda nueva, por mencionar sólo algunos, lesionaría severamente a la población y a sectores prioritarios de la nación como el campo o la construcción de casas-habitación. En suma, rechazamos este dictamen porque va en contra de los objetivos que pretendemos todos perseguir.
Propongo regresar a la Comisión de Hacienda para construir, con elementos que ya tenemos a la mano, un nuevo dictamen que garantice al país los recursos que le permitan un gasto razonable de acuerdo con el tamaño de nuestra economía. Demos a las finanzas federales los ingresos que requieren, impidamos que se entierren nuestras convenciones nacionales fiscales, su herencia en examinar ingresos y egresos conjuntamente y de manera federalista. Retomemos los grandes temas de la reforma hacendaria en la próxima Convención Nacional Hacendaria.
Finalmente, los invito a que veamos a la política como la actividad que requiere el permanente ejercicio de conciliación entre posiciones distintas.
A mis compañeros de partido les recuerdo que cuando suena la alerta de la desunión y la falta de diálogo, no debemos olvidar que México se debe a su unidad y que en la unidad las reformas que nos hacen falta tienen su fundamento político. No hace falta llamar a las campanas cuando lo que nos hace falta es llamar al entendimiento, a la razón, a la fuerza de los argumentos, al uso de la política como instrumento para resolver problemas.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra dentro del grupo de registrados fuera del artículo 123.
EL DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCÓN: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Se habla de una estrategia para recuperar el crecimiento, el empleo y la atención social del pueblo mexicano. Es cierto, pero para esto, también es cierto, se necesitan recursos y es cierto que hay que recaudar los suficientes recursos, pero para esto es obvio que necesitamos un sistema tributario eficiente y eficaz, sin embargo, tenemos una dependencia encargada de esto, costosísima, burocrática y totalmente ineficaz e inoperante, con grandes niveles de evasión fiscal por su ineficiencia, con un volumen enorme de inconformidad por la misma razón, porque no ha sido capaz de establecer reglas claras y simples que motiven el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por su incapacidad de ejercer un gasto con responsabilidad, formando esta dependencia la parte de un todo de un gobierno plenamente ineficaz, por lo que ya basta de echarnos la culpa de todo lo malo que pasa en el país.
No es cierto que el Congreso y el Poder Legislativo esté deteniendo la economía de nuestro país; no es cierto que lo que aquí discutamos tenga que ver en un entorno económico asociado y relacionado con la ineficiencia de un Gobierno Mexicano. Ya basta de los aplausos a Los Pinos y los silbidos y la música de viento para el Congreso.
No somos la causa de esa parálisis; son éstas y muchas otras razones por las que hoy se nos presenta un dictamen en características sumamente antidemocráticas. Muchos saben de la Comisión, pero no lo hemos dicho hoy aquí, que este dictamen se aprobó con una lectura de 2 horas, más de 400 hojas y que en esa lectura forzosa fue aceptada una votación de 14 a 10 a favor, de 13 a 10 a favor en la mayoría de los casos y que no se cumplió con un reglamento que establece que un dictamen en una Comisión debe aprobarse con el 50% más uno y nunca hubo 16 votos a favor. (aplausos)
¿A dónde nos lleva un dictamen de esta naturaleza? A tener una Ley de Ingresos sumamente recaudatoria; cuando la Secretaría de Hacienda había dicho que bastaban 36 mil millones de pesos para completar el déficit presupuestal, después salieron que necesitaban 90 mil millones. Les puedo asegurar, como muchos de los que estamos aquí que entendemos de estas cosas, que esta propuesta recaudatoria puede llegar a 130 mil o 140 mil millones de pesos, a caer también en grandes contradicciones en materia de Impuestos Sobre la Renta.
Esto es sumamente delicado, en la Ley de Ingresos actual para estar al nivel del 2004, se establece ya la posibilidad de reducir la tasa del Impuesto Sobre la Renta a las condiciones que hoy se proponen, esto es un gancho publicitario y mercadotécnico. Eso también se llama contradicción, buscar gravar las prestaciones de los trabajadores y llevarlas a formar parte de la integración de un sueldo, de un salario que tendrá graves repercusiones de carácter fiscal no sólo para los trabajadores, sino también para los propios patrones, incrementándosele hasta en 5%, de un 5 a un 10% más el costo de sus nóminas.
Respecto al esfuerzo que se hace para reducirlo del 15 al 13%, esto también es falso porque no le dicen a la gente que también va a pagar un 2% del consumo a las ventas finales y eso se llama mentira, el pueblo mexicano tiene que pagar un 15% también y esto es un doble discurso como siempre.
Pero cabe aclarar que como consumidor también en la frontera se reducirá al 8% en esta propuesta, pero también en la frontera pagarán ese 2%, eso tampoco lo han dicho.
Entonces ¿realmente se logrará la competitividad empresarial? ¿Realmente se elevará el nivel del consumo con esta propuesta? ¿Será realmente eso una simplificación que genere un mayor cumplimiento, como se habla, de elevar consistentemente la eficiencia recaudatoria? ¿Será esto lo que estimule a una mayor recaudación en el país al eliminar la exención en libros, en revistas, en periódicos y ahora que se grave, adicionalmente, con un 13% al transportes, los insumos, maquinarias agrícolas...
EL PRESIDENTE: Señor diputado, se le ha agotado el tiempo.
EL DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCÓN: Termino, señor. Esta propuesta mis compañeros priístas responsables y conscientes, no la apoyamos. Esto es una lastimadura, esto es en perjuicio de todo el pueblo pobre de México, en especialmente de sus mujeres mexicanas que viven en extrema pobreza.
Es cuanto, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor don Armando Neyra Chávez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL DIP. ARMANDO NEYRA CHAVEZ: Gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
De nadie es secreto que en este país las obreras y los obreros pagan impuestos por trabajar y consumir. No es posible seguir gravando algo con base en un sueldo que ha perdido totalmente el poder adquisitivo.
En este renglón en lo que se refiere al IVA en alimentos y medicinas, no solamente al interior de este recinto hay mayoría en contra de este primer dictamen que en una forma muy modesta para el que habla está cojo, porque incluye aumento en la vivienda, en la maquinaria agrícola y debería de haberse invitado a la Comisión de Seguridad Social y a otras comisiones que tienen interés en esto.
Sin embargo, por más que se quieran explicar aquí que en el consumidor final no va a repercutir en el precio, es cuestión de preguntarle a los medios, a Radio Fórmula, a Radio Red, a Televicentro, a todas, ahí los grandes analistas aseguran que al final va a repercutir el incremento y tenemos 15% ya que sustituyó al famoso Impuesto de Ingresos Mercantiles; si el Gobierno Federal necesita dinero, ya se ha dicho aquí por brillantes parlamentarios cómo se puede obtener más dinero, para darles a los que realmente, de ser cierto, los que menos tienen.
Por eso en esta protesta, no solamente estamos aquí los 19 diputados obreros que nos permiten representar a más de 15 millones de trabajadores y si los multiplicamos, estamos hablando de una familia obrera de más de 40 ó 50 millones; todos, a nivel municipal, estatal y nacional, no aceptan un incremento más, llámese como se llame.
Era el IVA y que en un principio el 5% en alimentos y medicinas, se abortó; después el IPI, no prosperó y ahora, este nuevo incremento, que sea el 8 ó el 6, si va a alimentos y medicinas, a maquinaria agrícola y a la vivienda, ahorita la mayor parte de los trabajadores que no tengan cinco salarios mínimos, no tienen derecho a un financiamiento en ninguna instancia ni siquiera en el propio Infonavit.
Es por ello que yo los invito a que reflexionemos, que este dictamen debe de regresar a comisiones, ¿para qué exponernos a que se deseche por una votación mayoritaria, si ya aquí los que hemos hablado somos mayoría en contra y minoría a favor? Vamos a hacer las cosas con seriedad, hay tiempo.
El cinco de febrero se instala la Comisión Nacional Hacendaria, obviamente con todo respeto, muchos gobernadores tendrán futuro de ser senadores, pero serán unos brillantes empresarios y los obreros ya no aguantan un incremento más en impuestos.
Cierto es lo que se dice aquí por la Comisión, de que las vacaciones, el aguinaldo, el tiempo extra y lo que es más, los vales para despensa, que en este momento cuatro millones punto cinco de obreras y obreros, el que menos tiene tiene 500 pesos semanarios, seis mil anuales y 45.5 nos da 27 mil millones de pesos, que ya quebrarían a muchas industrias en un momento dado y con el riesgo que estos vales de despensa que llegan a la casa ya no puedan llegar.
Pueden silbar, pueden silbar ahora, porque antes se daban prestaciones en lugar de aumentar los salarios; el día que haya un verdadero salario que garantice la plusvalía de la mano de obra, en ese día ya no vamos a querer
-EL C. PRESIDENTE: Señor Diputado, se le ha agotado el tiempo.
-EL C. DIP. DON ARMANDO NEYRA CHAVEZ: Yo le pido a usted, señor Presidente, en bien de todos los obreros de este país, que este dictamen, con base en las mismas leyes nuestras, debe de ser regresado a la Comisión. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Julián Nazar Morales.
-EL C. DIPUTADO JULIAN NAZAR MORALES: Con su permiso señor presidente. Es lamentable, compañeros diputados, venir a hacer uso de la tribuna para recordarles a aquellos compañeros de mi fracción que olvidaron los principios de la Revolución Mexicana.
En 1909 se inició una revolución por darle al pueblo de México lo que le correspondía. En 1927 nació un partido para hacer cumplir los principios de la revolución y en 1928 nace un partido para defender los grandes capitales de México, nace el PAN, ahí están los intereses más oscuros de la monarquía y de los grandes capitales que se negaban a un cambio que vivió México.
Por eso es preocupante, cuando hoy empleados de Hacienda Federal, esbozados en el Partido Revolucionario Institucional, vienen a hacer un planteamiento para gravar a las gentes que menos tienen y lesionar los bolsillos de las gentes que esperan de sus legisladores una actitud de lucha, de respeto, pero principalmente de defensa hacia la economía de la familia, tanto del obrero popular como del campesino.
Por eso es preocupante, cuando escuchamos a alguien decir que vamos a gravar con 6% en un impuesto que es una malformación del IVA y del IPI, y que nace, como bien decía anteriormente un compañero: un Frankestein.
Un impuesto que a todas luces va a ser inflacionario y no hay ningún diputado por muy mediocre que sea, que no tenga capacidad de raciocinio, de entender que ése es un impuesto inflacionario, y va a gravar toda la cadena productiva, a todas, no sean ilusos aquellos que crean que el 6% que se va a imponer de ese nuevo impuesto va a dejar exento al consumidor, alguien tiene que pagar la factura y siempre es el hilo más delgado.
Por eso, yo quiero que reflexionen bien su voto, compañeros del Sector Campesino, del Sector Obrero y del Sector Popular, porque en este tablero se va a registrar la historia de los mexicanos. Aquí van a quedar grabado los traidores de la patria, aquí va a quedar grabado, y los medios de comunicación van a ser los jueces que van a juzgar y van a decir quiénes traicionaron los principios de partido y los compromisos que traemos de las urnas con nuestros electores.
No podemos ser incongruentes, sabemos y conocemos, que hay muchos diputados que están siendo presionados por los diferentes gobiernos de los estados, y reconocemos que es una falta de respeto al Congreso de la Unión, pero sabemos que es una práctica normal en la política mexicana, pero no se vale que ustedes vayan a aceptar ser parte de una comparsa que el día de mañana lo van a lamentar.
¡Pobres de esos cinco que votaron a favor en la Comisión de Hacienda!, porque el día que regresen a sus distritos y a sus estados, no les van a dar el voto de confianza ni para policía de cruceros, que quede claro, que quede claro.
Y alguien me argumentaba, que ese no es un impuesto, y bien decía el compañero de Tabasco: si camina como pato, nada como pato y caga como pato, es pato, este es impuesto, y grava a los más necesitados.
Por eso yo pido, desde esta tribuna a mi coordinador don Emilio Chuayffet, pídale a la dirigencia nacional del partido que convoque al Consejo Político Nacional y que convoque a la Comisión de Justicia Partidaria para que revisemos a estos traidores, que están traicionando a los principios de partido, que están reinstalados ante el Instituto Federal Electoral.
No puedo como chiapaneco del Cuarto Distrito del estado de Chiapas, permitir esta artera traición, en el 86 nos encarcelaron a 177 compañeros por defender el precio del maíz, hoy no puede ser que vendamos y vengamos a hacer parte de esta traición que el pueblo de México reclama.
Allí están las manifestaciones afuera, ahí están los reclamos del pueblo de México. No podemos buscar al más necesitado; no podemos buscar un escenario donde se grava al que menos tiene.
¿Por qué no revisamos el FOBAPROA? ¿por qué no revisamos los gastos de la Presidencia de la República? la señora Martha compra vestidos Armani, Chanel, réplica de las reinas ¿qué hay pobreza en ese escenario? no lo hay compañeros. Por eso yo le pido a mis compañeros revisen, de acuerdo al 116 señor presidente
-PRESIDENTE: Señor diputado, se le ha agotado el tiempo.
-DIP. JULIAN NAZAR MORALES concluyo señor presidente.
Les pido compañeros que reflexionemos. Yo le pido al presidente de la mesa sea sometido, que de acuerdo al 117 sea desechada esta propuesta y convoquemos a un periodo extraordinario el 16 para que revisemos y hagamos una propuesta que sea de cara a la nación y con respeto al pueblo de México.
Muchas gracias.
-PRESIDENTE: Gracias diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-DIP. EMILIO SERRANO JIMENEZ: Con su venia diputado presidente:
Una reflexión les solicito a mis compañeras, compañeros diputados; una reflexión porque estamos escribiendo la historia. Yo creo que se hizo un compromiso serio, formal, cuando iban a darse las elecciones el 6 de julio, cuando iban a ser electos ustedes.
Apelo a la voluntad de mis compañeras y compañeros diputados del PAN, que sí hay diputados decentes y honestos. Y también hay diputados honestos y decentes en el PRI. Apelo a esa dignidad que tienen como legisladores, para que desechemos este dictamen.
Claro que por ejemplo el compañero Juan Molinar Horcasitas, no puede saber de esto porque él nunca ha ganado una elección con votos, le han regalado siempre la curul, como ahora. Y no sabe qué es la pobreza porque no recorre las calles.
Yo reto a mis compañeros que quieren votar a favor de este dictamen. Los reto que vayamos a las calles, a las colonias, a los pueblos, a los ejidos, a escuchar cuál es el sentir de los pobres de México; que nos demos cuenta cómo están viviendo, cómo están medio comiendo, por culpa de nosotros los que aquí votamos por leyes que les hacen daño a los pobres.
Es fácil en campaña ir a decir discursos, soltar rollos para convencerles que voten por nosotros. les damos el número de teléfono de la casa y después cambiamos el número, cambiamos de coche, cambiamos de casa, hay quienes cambian hasta de esposa y de hijos. Y no le volvemos a dar la cara al pueblo.
Yo les puedo garantizar que si ustedes votan a favor de este dictamen, a favor del IVA a medicinas y alimentos, jamás, jamás podrán ir con la frente en alto a esas colonias populares, a esos pueblos, a esos ranchos, bueno, hay de ranchos a ranchos, yo estoy hablando de las rancherías.
Reflexionemos compañeras y compañeros: Yo les pregunto a las diputadas y los diputados que están a favor de este dictamen, ¿por qué no suben a defenderlo? ¿por qué?
Nosotros tenemos un compromiso y lo vamos a cumplir a pesar de las argucias del presidente de la mesa de debates; a pesar de las argucias del Presidente de la República; a pesar de las argucias de algunos coordinadores o coordinadoras de fracción. Aquí va a ganar, va a ganar la justicia y se siente ya el ambiente que ese dictamen no se va a aprobar ¿si o no? compañeras y compañeros.
Pedimos congruencia una vez más con el decir y el hacer. Si hemos ido a pedir el voto de los ciudadanos hay que cumplirles aquí donde vale el voto y trasciende a la historia.
¿Queremos más dinero para el gobierno? que se les bajen los salarios, que el máximo sea de 100 mil pesos para el Presidente de la República y de ahí para abajo y vamos a ver cómo ahorran. Habrá recursos de más de 50 mil millones de pesos. Quieren dinero, que se lo ganen, que ya no regalemos nada a los que más tienen.
Compañeras y compañeros, pido su voto para que no se apruebe el dictamen, que va a dañar al pueblo de México.
Es cuanto, señor presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesus González Schmal.
EL C. DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL: Con su anuencia, señor presidente. Como consta en la Gaceta Parlamentaria, Convergencia definió su posición nítidamente. Estamos terminantemente en contra del gravamen del IVA a alimentos y a medicinas.
También, en atención al principio de eficiencia recaudatoria, como lo clama la ineptitud ya crónica de la Secretaría de Hacienda, le estamos proponiendo que, para los productores primarios de medicinas y alimentos, que están obligados a estar en el padrón de causantes del IVA, que por lo tanto están sujetos a la fiscalización y a la vigilancia de la autoridad hacendaria, a ellos se les imponga una tasa cero del IVA para impedir que la trasladen al intermediario o al segundo distribuidor en la cadena que llega al consumidor.
Y si a este segundo eslabón de la cadena, al intermediario, al distribuidor, le propone precisamente Convergencia a la Secretaría de Hacienda que se le sitúe y se le clasifique con los medicamentos y las medicinas como productos exentos de tasa del IVA no podrá, por consecuencia, trasladarse al último consumidor en ningún caso.
De esta suerte tenemos la cadena de causantes perfectamente controlada y delimitada, a fin de que sólo pudieran recibir la devolución del IVA que pagaron enlos insumos que integran el producto final los productores primarios, que están perfectamente bien controlados por la Secretaría de Hacienda y que, en sus declaraciones periódicas, tendrán que manifestarlo con claridad cuánto se trasladó al segundo eslabón de la cadena y en qué términos, porque no pueden derivarse en una representación en el precio final al consumidor.
Pero queremos ser también en esto determinantes. Aquí se ha dicho y muchos desplegados de organizaciones empresariales cupulares han venido a decir que en la Cámara de Diputados tenemos que aprobar una reforma que les mandó el Ejecutivo y que ni ellos mismos entienden porque es muy confusa.
Pero ninguno de estos sectores, entre comillas acaudalados y cupulares, han dicho en qué forma, contra sus exorbitantes márgenes de intermediación, pueden ellos sí cargar en su costo al IVA y trasladarlo a sus utilidades.
En este tenor no podemos dejarnos engañar ni engatuzarnos por quienes quieren sólo ver su personal provecho y no quieren ver la trascendencia de los actos y de sus negocios en el bienestar social y sobre todo en la posibilidad de la equidad y la justicia en la convivencia nacional.
Dicho sea de paso, estas organizaciones han estado, pues, sólo unilateralmente exigiendo, pero jamás aportando, con sentido nacionalista, a resolver el problema que ciertamente, si hay problemas de ingresos fiscales, son simplemente porque nadie entiende para qué un gobierno que ha administrado con tantos yerros, con tantos equívocos, con tantas muestras de deshonestidad el patrimonio público, quiere más ingresos para acrecentar su ineficiencia y desperdiciarlos en actividades improductivas, porque si quieren recetas, el gobierno actual para tener ingresos, que recobre el dinero que se le saqueó al pueblo a través de los bancos reprivatizados en el IVA, que quite o que retire Fox el amparo que interpuso para proteger a los cuatro bancos que en conjunto le deben al pueblo 200 mil millones de pesos. Que también exija que no se le den concesiones al Sindicato de PEMEX para pagar los 1,500 millones de pesos que se defraudaron en quince años, que se le exija que se restituya para mañana y así salvaremos, pues, en todo caso, el agobio de ingresos y respetaremos sin duda, la calidad de vida ya deteriorada de la mayoría de los mexicanos que hoy sufren penurias inimaginables.
Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Manuel Camacho Solís.
- EL C. DIP. MANUEL CAMACHO SOLIS: Con su venia, señor Presidente.
Me dirijo con respeto a todos los diputados que están presentes y también a los dos grupos que hoy tienen la representación del Partido Revolucionario Institucional.
Con ese respeto, quiero ubicar el tema de la discusión en una perspectiva más amplia: A mí me preocupa mucho que todo el debate de por qué no crece la economía en nuestro país, se haya centrado en un solo impuesto, en una sola decisión y que no estemos evaluando lo que ha sido la trayectoria de los últimos veinte años. No hay crecimiento no sólo porque no se cobre el IVA los alimentos y a las medicinas, no lo hay porque la política económica no ha dado resultados y tenemos que reconocerlo con toda honestidad e iniciar un debate a fondo sobre los grandes temas del desarrollo nacional.
Comprendo que el Partido de Acción Nacional, como gobierno, proponga impuestos al consumo. Es un partido conservador. Pero me llama mucho la atención que la oposición, una parte del PRI pida impuestos al consumo. Eso no lo entiendo.
Me parece que el tema no es circunstancial. Ustedes saben que la caída de los ingresos de los últimos 20 años, porque han caído los ingresos de la mayor parte de la población, porque no ha crecido el PIB por cápita en veinte años, se ha compensado precisamente con un mínimo de protección a los sectores de menores ingresos que es no pagar impuestos al consumo. Si vamos a quitar eso, ¿qué es lo que vamos a hacer a cambio?
Todo este discurso del gasto, su reforma del gasto, es un discurso que no convence, porque nunca ha dado suficientes resultados.
Pero quiero decirlo con toda claridad: No vamos a tener crecimiento si no enfrentamos los otros grandes temas de la economía: El sistema financiero, la educación, la formación del ahorro; pero eso hoy no importa. Hoy el país está concentrado viendo lo que aquí se decide, los empresarios están viendo la televisión, los gobernadores están atrás de los diputados; todos los mecanismos del viejo sistema han sido aprovechados. Y eso ¿decimos que es la democracia? ¿Eso es lo que queríamos con el cambio democrático?
Yo creo que llegó el momento de hacernos con honestidad las preguntas verdaderas: ¿Por qué el Presidente Fox que ofreció en su debate revisar el FOBAPROA, ha protegido por encima de la Ley a los banqueros? ¿Por qué el gobierno que hoy quiere cobrar los impuestos le autorizó a BANAMEX en 24 horas, un cambio de régimen fiscal para que no pagara impuestos cuando sus dueños recibían 12, 500 millones de dólares? ¿Por qué el gobierno no ha ofrecido un plan a fondo de austeridad, una reforma del presupuesto como se necesita y todo lo quiere hacer descansar en los impuestos a los sectores de bajos ingresos? ¿Por qué -perdón que se los diga- ahora que estamos en la democracia lo que estamos viendo operar son los peores y peores métodos, los más antiguos y arcaicos de la política?
(Aplausos de la fracción parlamentaria perredista)
¿Por qué el PAN, después de haber tenido una posición de dignidad y de transparencia a lo largo de su historia, se ha aliado con las fuerzas más oscuras para sacar esta reforma? ¡Y ustedes saben de qué estoy hablando!
(Aplausos de la fracción parlamentaria perredista)
¡Invito a que votemos por el NO, pero también a que con la misma responsabilidad a partir de mañana le ofrezcamos al país un presupuesto que aumente los ingresos y permita la recuperación! ¡Seamos el freno contra la injusticia, pero tengamos la responsabilidad de darle a México crecimiento y empleos en el año del 2004!
Muchas gracias.
(Aplausos fuertes)
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Suárez Dávila, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar en pro.
Perdone don Francisco, tengo que hacer una aclaración a la pregunta. Después de que yo plantee a la asamblea se inscribió el diputado Jesús González Schmal, el diputado Manuel Camacho Solís y el diputado Francisco Suárez Dávila. Tengo uno que no está inscrito, que es el diputado Juan Molinar Horcasitas que le señalé cuando se registró que tenía que preguntar a la asamblea para ver si le concedía el uso de la palabra.
(Voces a coro: "¡Nooooo!")
Adelante Diputado Suárez Dávila.
- EL C. DIPUTADO FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA (PRI): Con su venia, señor Presidente.
¡No me importa quien me autoriza a hablar en esta tribuna, hablo a nombre propio y de cara a ustedes con la verdad, a eso vengo a hablar! ¡No podría descalificar a mis compañeros de partido con calificaciones que no me parecen justas, en el fondo las calificaciones y los adjetivos esconden falta de argumentos; los priístas siempre tienen argumentos! ¡Hay menos diferencias, hay menos..., hay en realidad menos diferencias de lo que parece!
(Gritos y silbidos en el salón)
¡Hay que discutir ideas, quiero decirles, porque no se vale que estén criticando lo que no sucedió! ¡El lunes pasado por la noche los cinco priístas que firmamos el dictamen reservamos la posición y hoy lo vamos a refrendar!
(Gritos y silbidos en el salón)
¿Están en contra de que exentemos colegiaturas? ¡Eso es lo que hicimos el lunes: exentamos colegiaturas!
¡Están en contra de que exentemos y dejemos fuera la vivienda? ¡Eso es lo que hicimos el lunes, lo refrendamos hoy! ¿Están en contra? ¡No!
¡Exentamos transporte! ¡Exentamos transporte! ¿Están en contra? Eso ya lo dijimos, dijimos con todas sus letras: ¡No vamos a gravar prestaciones! ¡No vamos a gravar aguinaldos! ¡No vamos a gravar primas vacacionales! ¡No vamos a gravar vales de despensa! ¡Lo dijimos el lunes y lo vamos a decir hoy con las reservas que se hagan!
¿Hay alguien que diga no el día de hoy? ¿Hay alguien que se opone a todo lo que acabo de decir?
¡No vamos a gravar insumos agropecuarios, que se entienda bien! ¡Queda a tasa cero! ¿Están en contra de gravar... de no gravar insumos agropecuarios? ¿Están en contra alguien de que vamos a bajar el impuesto a los trabajadores? ¡Lo vamos a exentar en 76 mil pesos! Esto significa que 80 por ciento de los trabajadores inscritos en el Instituto del Seguro Social no van a pagar impuestos.
¡Estamos exentando también a las..., bajándole la tasa a las empresas! ¡Esto significa ,compañeros, bajar poder de compra... aumentar poder de compra y también dar competitividad a las empresas! Pero en realidad aquí lo que está en juego es algo realmente muy importante...
- EL C. DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ (PRD. Desde su curul y sin micrófono): ¡La congruencia! ¡Pido la palabra!
- EL C. DIPUTADO FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA (PRI): La congruencia, exactamente...
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Un momento, señor diputado orador. Suspendan el marcaje del tiempo.
Con qué objeto, señor Diputado. Que le den sonido al señor Diputado.
- EL C. DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ (PRD. Desde su curul): Señor Presidente: Si me acepta una pregunta el orador.
- EL C. DIPUTADO FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA (PRI): ¡Al final lo que usted quiera!
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Adelante diputado Suárez.
- EL C. DIPUTADO FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA (PRI): Aquí lo que cuenta es lo siguiente: ¿Quién defiende mejor a los pobres? Los defendemos con camisetas muy bonitas, que cuestan dinero, pero que no les hacen llegar medicinas a los hospitales. ¡Esos cartelones no le hacen llegar medicinas a los hospitales ¡Esos cartelones no resuelven los problemas!
(Gritos y silbidos en el salón)
Les voy a decir qué y miren..., a ver quién se atreve a... nosotros no queremos un Estado anémico, nosotros queremos un Estado fuerte, un Estado fuerte con recursos. Eso es lo que queremos, un Estado que resuelva las necesidades de la gente.
(Desorden en el salón)
¡Déjenme hablar, déjenme hablar! Aquí ...
-PRESIDENTE: Permítanle hablar al orador.
-DIP. FRANCISCO SUAREZ Y DAVILA: Les voy a decir. Las necesidades de los pobres que ustedes quieren defender no se defienden con palabras ni con propuestas que no tienen sustento; ¡lean la Ley de Ingresos! Se las voy a leer compañeros. La Ley de Ingresos dice: "El Impuesto al Valor Agregado genera 55 mil millones de pesos". Sí, 55 mil millones de pesos permiten corregir todas las deficiencias de presupuesto, 55 mil millones de pesos, eso es lo que permite.
(Desorden en el salón)
Miren ustedes, el presupuesto actual, lo que ustedes quieren defender le baja la partida de vacunas de 350 millones a 35 millones; eso es lo que no resuelven los cartelones. Lo que necesitamos es pasar de 35 millones a 350 millones, para que las medicinas lleguen a los hospitales; eso es lo que está aquí de por medio, no demagogias.
(Desorden en el salón)
La semana que entra, cuando veamos que tenemos un presupuesto verdaderamente raquítico y cuando nos pidan que haya dinero para los hospitales, que haya dinero para el campo, que haya dinero para disminuir la pobreza, ¿sabe qué?, no va a haber, porque el presupuesto del gobierno viene así. Eso es lo que estamos ahorita, eso es ahorita lo que estamos realmente ...
(Desorden en el salón)
-PRESIDENTE: Se le agotó el tiempo, señor diputado.
-DIP. FRANCISCO SUAREZ Y DAVILA: Y, por último, y por último déjenme pronosticarles una cosa. El día de hoy sale la reforma, el año que entra crecemos al 4 por ciento, generamos medio millón de empleos. Si no sale la reforma, los defensores de los pobres verán que el tipo de cambio sube el 10 por ciento y eso sí les pega a los pobres, no demagogia; ¡van a acabar con el país!, ¡que quede solito!
(Desorden en el salón)
-PRESIDENTE: Un momento diputado. ¿Acepta usted la pregunta?
Señor diputado Emilio Serrano Jiménez, el orador acepta su pregunta y la presidencia la autoriza. Adelante.
-DIP. EMILIO SERRANO JIMÉNEZ (desde la curul): Gracias diputado Presidente.
Le pregunto al orador ...
(Un grito en el salón: ¿De qué partido eres?)
-DIP. FRANCISCO SUAREZ Y DAVILA: Del PRI orgullosamente compañero, por seis años.
(Desorden en el salón)
-PRESIDENTE: Por favor permitan al diputado hacer la pregunta y al orador contestarla.
-DIP. EMILIO SERRANO JIMÉNEZ (desde la curul): Señor diputado, se ve que usted nunca va al ISSSTE o al Seguro Social. La pregunta y quiero que me conteste sí o no. ¿Usted firmó para que se aumente el precio de los medicamentos y las medicinas sí o no?
-DIP. FRANCISCO SUAREZ Y DAVILAN: Mire compañero, las cosas son sencillas ...
(Desorden en el salón)
Mire, le voy a decir, le voy a decir compañero, sabe qué, las mentas no son tan primitivas como su pregunta, lo voy a decir.
(Desorden en el salón)
Le voy a decir, le voy a decir. Que quede claro, nosotros ...
(Gritos en el salón)
-PRESIDENTE: Un momento señor diputado. ¡Permitan contestar al señor orador y fundamentar su respuesta.
-DIP. FRANCISCO SUAREZ Y DAVILAN: Mire usted, le voy a decir, muy sencillo. En la propuesta que hemos planteado es: No estamos gravando alimentos y medicinas, los alimentos y medicinas quedan a tasa cero compañeros. Lo que se está haciendo es poniendo un mecanismo de control para evitar devoluciones fraudulentas, para evitar evasión.
El impacto final de este mecanismo que da 55 mil millones de pesos para atender el problema de los pobres y para que haya hospitales y en el Seguro Social, porque ha visto que no hay, es 55 mil millones de pesos para que haya medicinas. Nosotros no ajustamos impuestos al consumo, recaudamos para un Estado fuerte.
(aplausos y abucheos)
-PRESIDENTE: Gracias señor orador.
Un momento señor orador. La diputada Dolores Padierna. Por favor sonido a su curul.
-DIP. MA. DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA (desde la curul): Si usted me autoriza hacerle una pregunta al orador.
-PRESIDENTE: ¿Acepta señor diputado?
-DIP. FRANCISCO SUAREZ Y DAVILA: Las que quiera la diputada Padierna.
-DIP. MA. DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA (desde la curul): Gracias. ...
-EL C. PRESIDENTE. Adelante Diputada Dolores.
-LA C. DIPUTADA DOLORES.PADIERNA LUNA (desde su curul):-Gracias. Usted era Presidente de la Comisión de Hacienda en la LV Legislatura y salió a defender que el IVA subiera de 10 a 15% con los mismos argumentos.
La pregunta es, porque usted dijo que el país iba a crecer, que iba a robustecer los ingresos públicos y lo único que se tradujo fue mayor pobreza. Ahora usted es el autor de un nuevo impuesto de 8 o de 6 a los alimentos y las medicinas. ¿Cree de veras usted sus propias mentiras que están reflejadas en la Memoria (escándalo no se oye)
-EL C. DIPUTADO SUAREZ Y DAVILA FRANCISCO.- Déjeme contestar. Me falta la memoria de la historia Diputada Padierna, lo que está olvidando es que nosotros , y aquí hay varios Diputados de la LVI que no me dejan mentir, bajamos el IVA general de 10 a 0 en alimentos y medicinas,
Los autores de Tasa Cero en alimentos y medicinas somos nosotros, se le olvidó decir eso, Tasa Cero en alimentos y medicinas y ¿sabe qué, Diputada? Al año siguiente el país creció 6% eh? (aplausos)
-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado.
-EL C. DIPUTADO SUAREZ Y DAVILA FRANCISCO: Lo que estamos componiendo ahorita Diputada Padierna es el presupuesto de 100 mil millones de pesos para atender las necesidades, palabra mía, usted póngase Fox si quiere, yo digo y por eso estoy aquí, por eso estoy aquí, 100 mil millones de pesos.. (SIGUE EL ESCANDALO)
-EL C. PRESIDENTE. Señor orador ¿acepta otra interpelación
EL DIP. SUAREZ Y DAVILA FRANCISCO: Ustedes están quitando al combate de los pobres 100 mil millones de pesos. Nos vemos la semana que entra, a ver quienes son los traidores .
SIGUE EL ESCANDALO Y LOS APLAUSOS.
EL C. PRESIDENTE. Se instruye a la Secretaría que consulte a la Asamblea si el debate en lo general ha sido suficientemente discutido.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general el debate.
Los ciudadanos Diputadas y Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Diputadas y Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
La mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.
(aplausos)
-EL C. PRESIDENTE. Suficientemente discutido. Señoras y señores Legisladores. Para los efectos del Artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Se han reservado el Artículo 2 A Fracción I Inciso C, F y G. Artículo 9 Fracciones II y VII Apartado A) Fracción V y segundo párrafo de las Disposiciones Transitorias.
El anterior por el Diputado Marco Antonio Torres Hernández y este Artículo 9 por el Diputado Fernando de las Fuentes Hernández.
Se ha reservado el Artículo 15 Fracción V por el Diputado Abel Echeverría Pineda y por el Diputado Oscar Pimentel González el Artículo 44, 2º. Párrafo.
El Artículo 2 A Fracción I, incisos d) e) f) g) h) i) 2º. Párrafo, Fracciones II, III y último párrafo.
El Artículo 4 A, el Artículo 6, 1º. Y 3er.párrafos, el Artículo 9 Fracciones II, III y VII, el Artículo 12, 2º. Párrafo, el Artículo 15 Fracciones V Nona, 13, 14, 15 y 16.
El Artículo 20 Fracciones III y V, el Título II, el Artículo 2º. Disposiciones Transitorias de la Ley y el Artículo 3º.Disposiciones Transitorias de la Ley.
El Diputado Alejandro Agundis Arias el Artículo 2 A, el Diputado Alejandro Agundis Arias el Artículo 9º. El Diputado Alejandro Agundis Arias el Artículo 15 Fracción V, el 2 A Fracción I, incisos d) al h) y Fracción II, incisos a) al g) y Fracción III, el Artículo 9 Denominación de la Ley y Fracciones II , III y VII, el Artículo 15 Fracción V , XIII, XIV, XV y XVII; el artículo 20 fracción III y V.
El diputado Juan Carlos Pérez Góngora, el título segundo, artículos 45 al 55; adición de un artículo 2-B; adición de un párrafo tercero a la fracción IV del artículo 32; y adición al artículo 2º apartado "B" de las disposiciones transitorias de la ley.
Diputado Guillermo Huizar, que le den sonido en su curul.
- EL C. DIP. GUILLERMO HUIZAR CARRANZA: (desde su curul) Gracias Presidente diputado.
Solamente para comunicarle que usted ha bien leído una cantidad de artículos que hemos reservado los integrantes del Partido de la Revolución Democrática. El problema es que nunca aclaró a esta Asamblea que la reserva provenía precisamente de nuestra bancada; le pido señor Presidente haga la precisión correspondiente. (desorden en el salón)
- EL C. PRESIDENTE: Tiene usted razón, lamento que no me hayan pasado la indicación de que era apartado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 2-A, el 4-A, el 6, el 9, el 12, el 15 (interrupción si identificación) Es que puede haber varios proponiendo el mismo, diputado el 9, el 12, el 15, el 20, el título segundo, el artículo 2º disposiciones transitorias, artículo 3º disposiciones transitorias.
El señor diputado Pablo Anaya, del grupo parlamentario (sic), que le den sonido en su curul.
- EL C. DIP. PABLO ANAYA RIBERA: (desde su curul) Para reservarme diputado Presidente, el artículo 109 fracciones I, III, VI y XI.
- EL C. PRESIDENTE: Quiere repetirlo, diputado.
- EL C. DIP. PABLO ANAYA RIBERA: (desde su curul) Se retira.
- EL C. PRESIDENTE: Se retira. Diputada Scherman, dénle sonido en su curul a la diputada Esther Scherman.
- LA C. DIP. MARIA ESTHER DE JESUS SCHERMAN LEAÑO: (desde su curul) Señor Presidente, solamente para recordarle. Sé que usted conoce bien el reglamento, aunque a veces se olvida (desorden en el salón) de solicitudes de grupos parlamentarios mayoritarios que hemos pedido su intervención, pero le quiero recordar el artículo 117: "Declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general, se procederá a votarlo en tal sentido". No lo hemos votado. (desorden en el salón)
- EL C. PRESIDENTE: Con todo respeto, diputada María Esther Scherman, la Presidencia no concuerda con su interpretación del artículo 17. Se pasa a votación en lo general, con excepción de los artículos con reserva de los artículos impugnados. Discúlpeme.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
- LA C. SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
- EL C. PRESIDENTE: Siendo esta una votación delicada, se les ruega que antes de transcurrir el término tengan la bondad de señalar si tienen problemas con su biométrico. No se recibirá un solo voto después de terminado el tiempo.
( V O T A C I O N )
- LA MISMA C. SECRETARIA: Ciérrese el sistema electrónico, por favor. (desorden en el salón)
Por favor, abrase la curul 007 de la diputada Martha Eugenia González Lord (¿?) González Lord a favor. (desorden en el salón)
Señor Presidente, se emitieron (interrupción) Sí, señor.
- EL C. PRESIDENTE: Un momento, Secretaria. (desorden en el salón) Por favor, señores diputados. De ninguna manera puede haber violencia entre los señores legisladores.
A ver Secretaria, repítame otra vez. Ruego a la Asamblea un poco de silencio para escuchar el resultado.
- LA MISMA C. SECRETARIA: Señor Presidente, se emitieron 234 votos en pro y 251 votos en contra y 4 abstenciones. (desorden en el salón) (aplausos)
- EL C. PRESIDENTE: De acuerdo con el resultado de la votación, estamos en la hipótesis del artículo 117 (desorden en el salón) Permítanme señores legisladores.
De acuerdo con el resultado de la votación, estamos en la hipótesis del artículo 117 del Reglamento y se declara no aprobado el proyecto. (aplausos y desorden) Dice el artículo 117 que en caso de que no sea aprobado el proyecto lo que es la hipótesis, se preguntará en votación económica si vuelve o no el proyecto a la comisión; es la asamblea la que determina.
Se instruye a la Secretaría, consulte en votación económica si el proyecto se devuelve a comisión.
-LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la asamblea, si el proyecto se devuelve a la comisión.
Los diputados, los ciudadanos...
-EL PRESIDENTE: Un momento, un momento Secretaria. Dígame don Héctor. Sonido en la curul de don Héctor.
-EL DIP. HECTOR GUTIERREZ GARZA (desde su curul): Gracias, diputado Presidente. A fin de aclarar lo que va a presentar en votación económica la Secretaria, le solicito que someta a votación si el proyecto se desecha, no sí se regresa a comisiones, esa sería una segunda alternativa, que la primera alternativa que someta a votación, es si se desecha el proyecto aludido.
-EL PRESIDENTE: Perdóneme don Héctor, no puedo estar de acuerdo con su interpretación del 117. El 117 dice: "se discutirán enseguida los artículos en particular, si es aprobado. En caso contrario se preguntara en votación económica si vuelve o no todo el proyecto a la comisión, si la resolución fuere afirmativa, volverá en efecto para que lo reforme, más si fuere negativa se tendrá por desechado"
De acuerdo con el 117, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto vuelve a comisión.
-LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Suplico a todos los diputados, que se sienten para que todo quede...
-EL PRESIDENTE: Un momento, Secretaria. Don Héctor, dígame.
-EL DIP. HECTOR GUTIERREZ GARZA:(desde su curul) Gracias, solicito con fundamento en el propio reglamento, que la votación que se somete en este caso sea nominal. Gracias.
-EL PRESIDENTE: ¿Quiénes se adhieren a su propuesta? Uno y seis más, correcto. La votación será nominal.
Se instruye a la Secretaría para que abra el sistema electrónico por diez minutos.
-LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Hágase los avisos a que se refiere el artículo 161. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación.
-EL PRESIDENTE: Un momento, Secretaría. Dígame, don Héctor de la Garza.
-EL DIP. HECTOR GUTIERREZ GARZA: (desde su curul) Héctor Gutiérrez, gracias Presidente.
-EL PRESIDENTE: Héctor Gutiérrez de la Garza, perdóneme.
-EL DIP. HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA: (desde su curul): Le solicito nada más, para evitar confusión de todos los compañeros diputados que sea muy claro qué es lo que se está sometiendo a votación para efectos del sentido del voto. Yo le suplicaría que aclárese perfectamente.
-EL PRESIDENTE: Si el sentido del voto es sí, se regresa a comisión, si es no, se considera desechado. Eso dice el artículo.
-LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Ábrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación, si se devuelve o no todo el proyecto a la comisión, si la resolución fuera afirmativa volverá, en efecto para que lo reformen, más si fuera negativa se tendrá por desechado.
( v o t a c i ó n )
LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Señor Presidente, de viva voz la curul siete, por favor,¿pueden abrir su sistema?.
La diputada Martha Eugenia González Loor, por favor.
-LA DIP. MARTHA EUGENIA GONZALEZ LOOR (desde su curul): González Loor, en contra.
-LA SECRETARIA: Señor Presidente, en pro 4 votos, en contra 469, abstenciones 12.
-EL PRESIDENTE: En los términos del artículo 117 del Reglamento, se tiene por desechado.
En virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión, con exceso de lo que dispone el artículo 1° del Acuerdo Parlamentario que establece los lineamientos para acreditar las asistencias a las sesiones plenarias, aprobado el 9 de octubre, tengo un pedimento del diputado Ramírez Puga. Denle por favor sonido.
EL DIP. HECTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA: (desde la curul) Señor Presidente, solamente le solicito en atención a la petición formulada por algunos compañeros de los medios de comunicación, instruya usted a quien corresponda para que suba al portal de Internet de la Cámara de Diputados los resultados en un sentido o en otro que se tuvo en la votación del dictamen de la Comisión de Hacienda.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Sí, señor diputado.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día y esta votación sirve como registro de asistencia.
LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Sí, señor Presidente.
(orden del día de la próxima sesión)
EL PRESIDENTE. (17:38 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 15 de diciembre a las 11 horas.
El sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.