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SESION DEL MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2003

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 93 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, tendrá lugar el jueves 20 de noviembre, a las 8:30 horas, en el patio poniente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, sito en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 81 aniversario luctuoso del licenciado Ricardo Flores Magón, tendrá lugar el viernes 21 de noviembre, a las 10:00 horas, en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, delegación Miguel Hidalgo.

De los Congresos de Baja California y de Chihuahua.

De la Cámara de Senadores.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite copia de la contestación del jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Con el que remite copia de la contestación del director en jefe de Aserca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el "Informe de evaluación del desempeño del sector economía", correspondiente al periodo enero-octubre de 2003, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003. (Turno a Comisión)

Con el que remite copia de la contestación del jefe de la Unidad Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Con el que remite el informe correspondiente a la visita de Estado del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a Japón y a su participación en la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), efectuada del 14 al 21 de octubre de 2003. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Lidia Elizabeth Velasco y López, Zandra Luz González Reyes, David Navarrete Martínez y Mónica del Carmen Vázquez Fernández puedan prestar servicios en la Embajada de Alemania en México. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

De Ley de Fomento y Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura, a cargo del diputado Gustavo Moreno Ramos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones fiscales, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 1, 17 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de adicciones, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción al párrafo B del artículo 13 de la Ley General de Salud, que faculta las entidades federativas en materia de control sanitario de los alimentos no industrializados y servicios conexos destinados al mercado local, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de introducir proyectos de inversión multianuales en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Planeación, y de Información Estadística y Geográfica, para incorporar la perspectiva de género, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 87 de la Ley de Instituciones de Crédito. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (Turno a Comisión)

Dictamen a discusión

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a las dependencias responsables del sector agrario a impulsar, en los términos de los artículos 89, fracción I, y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma agraria integral que atienda el desarrollo de la propiedad social en México y asegure la participación de los ejidos y las comunidades en los programas de desarrollo rural, a cargo del diputado José Lamberto Díaz Nieblas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para hacer un llamado al gobernador de Michoacán a fin de que informe ampliamente al Congreso de dicho estado acerca de la incorporación de ciudadanos cubanos en los programas y las tareas del gobierno estatal, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con las radios comunitarias, a cargo de la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a determinar el riesgo real en que se encuentra la población infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua, por la contaminación que se está presentando y emitir solución inmediata, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que se respete el acuerdo mediante el cual se establece el nuevo formato de comparecencias y se responda a los cuestionamientos realizados por los diputados de la presente Legislatura, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública a que, contra la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para derogar los incisos g) y h) de la fracción primera del artículo segundo y el inciso f) de la fracción primera del artículo octavo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, se mantengan y continúen vigentes las actuales disposiciones consideradas en los artículos referidos, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas de los estados a cumplir su obligación constitucional de legislar en materia de responsabilidad patrimonial del estado, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que este honorable Pleno se pronuncie contra la aprobación del artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, impidiendo la aprobación de su fracción que pretende desincorporar el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para recomendar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que tome en cuenta los efectos fiscales y económicos que tendrían el decremento de 15 a 10 por ciento de la tasa del IVA y el incremento de las tasas del IEPS, con objeto de evitar el aumento del contrabando y la adulteración, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para integrar la comisión especial investigadora del IPAB, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales formen una comisión especial conjunta que verifique calidad del agua, volúmenes, instalaciones y funcionamiento de las estaciones hidrométricas de la cuenca Lerma-Chapala, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a informar sobre las acciones realizadas para contrarrestar los efectos que cause en nuestro país la entrada en vigor de la Ley contra el Bioterrorismo en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a que en el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Obligación de Pago para Municipios y Organismos Operadores de Agua del estado de Hidalgo se conceda un término viable para cubrir los adeudos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de adecuar el marco competencial de la Comisión de Participación Ciudadana, a cargo del diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla y suscrita por integrantes de ésta. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne a la Comisión Nacional de las Zonas Aridas una partida presupuestaria superior a la del ejercicio fiscal de 2003, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, mediante el que sugiere incrementar el presupuesto asignado al desarrollo de la Red Centro-Crece en el Presupuesto para 2004, a cargo del diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que no se apruebe la desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, del Centro de Capacitación Cinematográfica y de los Estudios Churubusco Azteca, a cargo del diputado Javier Orozco Gómez y suscrita por integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 y subsecuentes una partida especial destinada a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores para cubrir el traslado de los mexicanos fallecidos en el extranjero a sus comunidades de origen, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público y a las coordinaciones de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria a que retiren los retenes y volantes que instala la Policía Fiscal Federal en las operaciones realizadas en las carreteras del estado de Nuevo León, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2004 se consideren recursos para la ampliación del aeropuerto de Palenque, Chiapas, a cargo del diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no desincorpore la Comisión Nacional de las Zonas Aridas del Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efeméride

Sobre el aniversario de la declaración del Distrito Federal como residencia de los Poderes de la Unión, decretada en 1824.

- EL C. PRESIDENTE DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (Toca la campanilla y dice): Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 292 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum, señor Presidente.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TOERRES: Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del día.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

- EL C. DIP. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO (Desde su curul): Diputado Presidente: Quisiera solicitarle con el respeto que usted me merece y en función de que en estos días no estamos desarrollando nuestras actividades como quisiéramos porque no se puede entrar tan fácilmente a este recinto, nos pudiera explicar, en el momento que usted lo considere, porque estamos informados de que usted solicitó salvaguardar el recinto y yo entiendo que una cosa es salvaguardar y otra es sitiar.

Que nos pudiese explicar cuáles fueron los elementos que motivaron esta petición y que está alterando nuestras labores legislativas con los ciudadanos y las ciudadanas.

- EL C. PRESIDENTE: Al término de la sesión se dará esta explicación, señor diputado.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Por lo que se pregunta a los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa,, sírvanse manifestarlo.

- EL C. DIP. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO (Desde su curul): ¿Por qué hasta el final va a explicar?

- EL C. PRESIDENTE: Usted me dijo "en el momento en que la Presidencia lo considerara pertinente" y acaté lo que usted indicó y en los términos en que lo solicitó.

- EL C. DIP. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO (Desde su curul). Muy bien. Entonces le solicitaría, por qué al final, si pudiera explicármelo.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputados y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

- LA C. SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Con su venia, señor Presidente. Comunicaciones.

(De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 93 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a las 08:30 horas en el Patio Poniente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal ubicado en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, Delegación Cuauhtémoc.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Para asistir en representación de esta Honorable Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados:

(Da lectura a la invitación de la Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal

Ricardo Flores Magón que tendrá lugar el 21 de noviembre a las 10:00 horas en la

Rotonda de las Personas Ilustres del panteón civil de Dolores, Delegación Miguel

EL C. PRESIDENTE: Para asistir en representación de esta Honorable Cámara se designa a los siguientes ciudadanos Diputados:

(Da lectura a la comunicación del Congreso del Estado de Baja California con el que

la tasa del Impuesto al Valor Agregado en las franjas, regiones y estados fronterizos,

la cual pudiera ir del 7 al 8 por ciento, además de darle viabilidad al impuesto del 2

por ciento administrado integralmente por los estados llevaría a lograr mayores

- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

remite acuerdo por el que solicita analizar el contenido de los artículos 2-A y 2-C

- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): Oficio de la Cámara de Senadores.

(Da lectura al punto de acuerdo que transcribe la Cámara de Senadores por el que

solicita sea analizada la posibilidad de destinar mayores recursos financieros para

el ejercicio fiscal de 2004 que permita una mejor prestación de los Servicios del

- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

- LA MISMA C. SECRETARIA: El siguiente oficio se recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

(Da lectura al oficio con el que remite copia de la contestación del Jefe de la Unidad

Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para exhortar a

equivalente al precio del diesel agropecuario, como medida de respaldo e impulso

-SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: El siguiente oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

-PRESIDENTE: Remítase copia a la Comisión de Agricultura y Ganadería y al promovente, para su conocimiento.

-SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Se cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, dirigido al Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

(Oficio de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, con el que se remite copia de la contestación del Jefe de la

-PRESIDENTE: Remítase copia a la Comisión de Energía y al promovente, para su conocimiento.

..-ELC. PRESIDENTE. Remítase copia a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

Señoras y señores Legisladores. Se encuentra a las puertas de este Recinto, la ciudadana Patricia Lugo Barriga, Diputada Suplente electa en e l Primer Distrito del Estado de Colima.

Se designa en Comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de Ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos Diputados:

Graciela Larios Rivas, Marisol Urrea Camarena, Socorro Díaz Palacios, Alejandra Méndez Salorio, Joel Padilla Peña, Juan Fernando Perdomo Bueno.

-EL C. PRESIDENTE. Ciudadana Patricia Lugo Barriga, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputada que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

-EL C. PRESIDENTE. Si así no lo hiciera que la nación se lo demande (aplausos= Felicidades Diputada.

Pasamos ahora en el Orden del Día al Capitulo de Iniciativas de señores Diputados.

Tiene el uso de la palabra, el señor Diputado don Gustavo Moreno Ramos, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciastiva de Ley de Fomento y Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura.

-EL C. DIPUTADO GUSTAVO MORENO RAMOS. Buenos días. Con su permiso compañero Diputado Presidente, compañeras Diputadas, compañeros Diputados.

Los Diputados y Diputadas de las diferentes Fracciones Parlamentarias integrantes de esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a través del suscrito, con fundamento en lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Artículos 39 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General, en los Artículos 55 Fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley, Ley de Fomento y Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura mexicano, bajo la siguiente Exposición de Motivos.

En el campo mexicano viven muchos compatriotas en crisis generalizada, esta se ha acentuado en la producción cafetalera, así el cafeticultor no tiene otra posibilidad que trabajar en condiciones desventajosas para producir y comercializar interna y externamente el café.

La cafeticultura tiene una gran importancia económica, social y ecológica que tiene sus cimientos desde finales del siglo XVIII; en este momento existen en México 400 mil productores que generan una producción de cientos de millones de dólares que en alguna época llegó a ser el segundo generador de divisas del país; asimismo, de esta actividad dependen alrededor de tres millones de personas.

Las regiones cafetaleras se concentran en 4 zonas: las vertientes del Golfo de México y del Océano Pacífico, la zona centro norte y la del Zoconuzco (?) en Chiapas, en el sureste mexicano, que en conjunto abarca 398 municipios en los dos Estados productores; el 90% de los productores poseen entre una y diez hectáreas de tierra y gran parte de las comunidades indígenas de los Estados productores se dedica a esta actividad agrícola.

Actualmente el mercado del café enfrenta una de las peores crisis en su historia, tanto por los bajos precios a nivel internacional con poco o ningún apoyo económico ni técnico, por lo que México tiene uno de los niveles de productividad más bajos en comparación con otros países de Centroamérica.

Por las condiciones de los precios internacionales y por la débil estructura nacional de su oferta y demanda y de los bajos rendimientos por hectárea que caracteriza la cafeticultura mexicana, los principales problemas económicos que afectan al sector cafetalero desde finales de los años ’80, cuando varios elementos de orden interno y externo se conjugaron para dar lugar a una de las peores crisis, lo que impulsó al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para buscar mecanismos que permitieran resarcir la economía de los productores, por lo que se instituyó el Fondo de Estabilización del Café.

En la determinación del precio del café, los productores son actores pasivos que por falta de un ente encargado de conciliar el precio entre la oferta y la demanda, tienen que vender a como les compran o en su caso, inclusive, tirar su producción.

Por otra parte, la diferencia de las autoridades fitosanitarias y de los particulares, han provocado que el campo esté infectado de plagas como la braca del café y la rolla del cafeto y el algunos casos no se respetan los grados de maduración del fruto, lo que trae aparejado el deterioro de la calidad del producto con el consiguiente y evidente descrédito del café mexicano en el mercado internacional.

En los países denominados desarrollados, han encontrado en los subsidios y apoyos una forma viable y efectiva de proteger a su sector agropecuario; debemos retomar sus experiencias, ver en los subsidios y apoyos con un manejo claro y transparente, la posibilidad de apoyar a nuestros productores, industriales, comerciante, torrefactores y exportadores que hacen posible que el café se venda y represente un ingreso de divisas para el país.

Con la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Sustentable, se abre una esperanza para el sector agropecuario ya que esta ley establece la planeación y organización de la producción agropecuaria y el desarrollo rural sustentable para el campo, que incluye la planeación y la organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización como una forma de elevar la calidad de vida de la población rural.

Necesitamos nuevos instrumentos legales que regulen esta actividad iniciada en 1949, cuando se creó la Comisión del Café y en el ’58, el Instituto Mexicano del Café; éste desapareció en el ’93, dando lugar al abandono de este sector.

En la actualidad, la instancia relacionada con la cafeticultura nacional es el Consejo Mexicano del Café, Asociación Civil, constituida formalmente en junio del ’93, misma que ha tenido una actuación meramente propositiva ya que su acción directa sobre los procesos de producción, beneficiado y exportación es mínima.

El honorable Congreso de la Unión creó el fondo de estabilización de precios del café que consiste en proporcionar por cada quintal, 20 dólares de apoyo. El Consejo Mexicano del Café ha iniciado el padrón y la distribución de este crédito que tenía a principios del presente año, un avance aproximado del 70%.

En el marco de un programa integral de fomento y desarrollo de la cafeticultura, deben preverse además de apoyos, tecnologías, producción y comercialización aspectos tales, como la preparación de técnicos y profesionistas en esta rama.

Ante esta situación, es indispensable contar con una entidad que participe de manera activa en la formulación de programas y estrategias gubernamentales y que sea operadora de la política cafetalera nacional, que realice acciones y gestiones que redunden en el desarrollo y elevación de la vida de estos tan importantes actores del Sector Agrícola mexicano.

La política gubernamental no debe estar basada exclusivamente en subsidiados, debe de ser integral, capacitar a los productores del café, motivarlos para que no abandonen sus tierras y crear una infraestructura de promoción y desarrollo. El Estado debe de propiciar los medios para la incorporación de los hombres del campo a los servicios educativos y de salud en las zonas de mayor marginación, subrayamos; es necesario una política de estado de corto, mediano y largo plazos lo que solamente pueden hacer una legislación que defina y un órgano de Estado que la ejecute permanente y profesionalmente

Por lo anterior, se hace indispensable una Ley de Fomento y Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura con un organismo rector de las estrategias, proyectos y acciones que tiendan a incrementar la productividad y participación de los productores en el Valor Agregado, para mejorar el empleo, el ingreso y las condiciones sociales, económicas de las familias productoras del café, así como también evitar la emigración.

La iniciativa que se presenta considera los esfuerzos y experiencias de los productores y comercializadores nacionales y de otros países en el marco legal vigente; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado, Ley de Capitalización de PROCAMPO.

Asimismo, recoge en lo general lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que contempla al café como un producto básico y estratégico, además considera esta ley el establecimiento del Consejo Nacional del Café como un organismo descentralizado, con personalidad y patrimonio propio, con una organización adecuada a la cafeticultura.

Para el cumplimiento de sus propósitos la iniciativa de Ley de Fomento y Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura Mexicana que se propone a la consideración de esta asamblea cuenta con la siguiente estructura: 5 títulos, 14 capítulos, con sus respectivos artículos y los transitorios.

Por lo anteriormente expuesto, ruego a usted, señor Presidente considerar en la Gaceta Parlamentaria el contenido de esta ley y darle el turno correspondiente. Muchas gracias.

-EL PRESIDENTE: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y el documento íntegramente en el Diario de los Debates.

El siguiente punto del orden del día relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones fiscales, ha sido pospuesto a petición de los autores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1, 17 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 4°, 17 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

El grupo parlamentario de Convergencia, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción II, artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estamos presentando ante esta Honorable Asamblea esta iniciativa.

Quiero referirme que el artículo 37 de la Administración Pública Federal se refiere a las atribuciones que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública. Nuestra propuesta consiste en que las facultades que actualmente tiene esta Secretaría de la Función Pública, anteriormente la SECODAM en materia de fiscalización y de sanciones, sea trasladada a la Auditoría Superior de la Federación, de tal manera que exista solamente un solo órgano de fiscalización y de sanciones por lo que se refiere a los fondos públicos federales y que de acuerdo con el proyecto de Presupuesto que actualmente se está discutiendo en esta Cámara de Diputados, asciende a la cantidad de 1 billón 637 mil millones de pesos.

Por lo que se refiere a la Secretaría de la Función Pública, consideramos que es importante que realice las siguientes tareas sustantivas:

La actualización y modernización de las instituciones que conforman el sector central y el sector paraestatal.

Coordinar y aplicar el Sistema del Servicio Profesional de Carrera de cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal, y finalmente

No se trata pues de quitarle facultades a una dependencia para dárselas a otra; se trata de empezar a poner en orden la Administración Pública Federal y en esta tarea el Poder Legislativo juega un papel definitivo.

Para nadie es desconocido que hoy en día los países que han logrado desarrollo y crecimiento son los que cuentan con instituciones eficientes y modernas para hacer frente a las necesidades que cada uno de estos países enfrenta, y en el caso particular de México, la fragilidad de nuestras instituciones se evidencia en buena medida por el notable saqueo que ha padecido ancestralmente nuestro país: corrupción gubernamental; corrupción privada; devaluaciones abruptas; déficit público inmanejable, insostenible; crisis recurrente; pobreza y desigualdad creciente, pero lo más preocupante es la credibilidad en el Gobierno y en sus instituciones.

El Gobierno Mexicano desde hace ya muchos años se ha resistido a realizar reformas que no requieren lo que hoy se ha llamado las grandes reformas estructurales, sino de voluntad política, honestidad y decisión para contar con un Gobierno eficiente que responda a las verdaderas necesidades del pueblo de México.

Si queremos contar con un verdadero pacto social en el marco de las viejas instituciones, todas las reformas y todas las propuestas que se hagan en las diferentes dependencias no vendrán, sino a contribuir y a evidenciar la incapacidad del Estado Mexicano para poder responder a la demanda de más de 50 millones de mexicanos en extrema pobreza, o frenar el crecimiento del desarrollo de nuestro país y como consecuencia estar cada día más cerca de que los problemas sociales rebasen la capacidad del Gobierno para poderlos encauzar. De ahí la importancia que el Ejecutivo Federal cuente con una Secretaría como lo es de la Función Pública, que se encargue y se responsabilice exclusivamente de esta tarea.

Por lo que se refiere a la Auditoría Superior de la Federación, órgano de fiscalización del Poder Ejecutivo, requiere de contar con los recursos materiales, humanos indispensables para que evitemos, como ha sucedido hasta hoy, el saqueo de las arcas públicas, el desvío de recursos y la ineficiencia en el manejo de los mismos.

Aceptamos y reconocemos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que envió el Ejecutivo Federal, sin duda es un paso importante en la rendición de cuentas, pero sería más importante que los gobernadores de los estados siguieran el mismo ejemplo si verdaderamente se quieren sumar al esfuerzo democrático; los que no lo han hecho hasta la fecha, que son en su mayoría, lo único que están evidenciando es que no solamente no quieren rendir cuentas, sino que están manifestando sin duda alguna que están desviando estos recursos del pueblo de cada una de las entidades a otros fines diferentes, principalmente por lo que se refiere a los programas sociales y que van directamente a la gente que más los necesita.

Recordamos hace algunas sesiones algunos de los oficios mandados precisamente por la CONAGO donde se pedía a esta Legislatura y particularmente al Auditor Superior de la Federación de que no se auditaran los fondos del ramo 33 y del ramo 23, y los cuales ascienden para el 2003, como ya lo hemos dicho, por la cantidad de más de 250 mil millones.

Hoy, los gobiernos estatales manejan 60 o 70 centavos de los fondos públicos federales. Por otra parte, actualmente el Ejecutivo, teniendo la Contraloría hoy de la función pública de su lado, está siendo juez y parte, lo que no le permite hacer una revisión puntual de las 18 Secretarías y de los 211 organismos clasificados como paraestatales.

Lo peor del caso es que por lo que se refiere a la revisión de los fondos del ramo 33 y 23 que tiene a su cargo la función pública, tenemos la impresión de que el Ejecutivo no se atreve a fiscalizarlos por no entrar en conflicto con las entidades federativas de los diferentes gobiernos estatales

El primero de septiembre, cuando cada uno de los partidos que aquí se encuentran en esta Cámara de Diputados, la ciudadanía se llevó la impresión de que efectivamente se iba a vivir una nueva etapa de llegar a acuerdos y de que éstos mil días de trabajo de los tres años, podrían ser años productivos y de acciones que se beneficien a favor del pueblo de México.

Volveremos a insistir nuevamente en retomar el camino planteado el primero de septiembre; requerimos hacer una agenda legislativa en donde empecemos por las coincidencias que ya tenemos los diferentes grupos parlamentarios en diferentes materias: en materia fiscal, en materia económica, en materia electoral, en materia social y en lo que se refiere particularmente a los problemas del campo.

Demos una nueva oportunidad, demos una nueva oportunidad para que tengamos la posibilidad de poder transmitir a la sociedad, de que estamos en esta Legislatura para que se vean acciones en beneficio de la gente.

La petición que estamos haciendo de que la facultad de fiscalización y de auditoría pase exclusivamente a la auditoría superior, fue hecha en el pasado por el Partido Acción Nacional, esperemos que hoy que no es oposición en el Gobierno Federal, se sumen a esta iniciativa de tal manera que contemos en el Poder Legislativo con un órgano de fiscalización que compruebe y verifique el un millón 683 mil millones de pesos que tenemos para presupuesto de este año.

Por tal motivo, ponemos a la consideración de esta honorable Asamblea, las iniciativas con proyecto de decreto por lo que refiere a del artículo 38 de la administración Pública Federal y a los artículos: 1, 14, 17 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior

Se pide a la Secretaria dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

LA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: ¿Falta algún diputado o diputada para registrar asistencia?

Se informa a la Presidencia, que hasta el momento hay una asistencia de 459 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico, por favor.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula.

--EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, el señor diputado don Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

-EL C. DIP. DON HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados:

El suscrito, Heliodoro Díaz Escárraga, diputado de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, adiciona con un artículo el capítulo primero del título quinto de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y deroga la fracción I del artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Exposición de motivos. Conforme al artículo 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión está facultado para legislar sobre intermediación y servicios financieros; el ejercicio de esta facultad y en ejercicio de la misma, el Congreso de la Unión, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999, creó la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Al amparo de ese ordenamiento, el 19 de abril de 1999 fue constituida la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef.

A lo largo de estos últimos cuatro años y medio, la Conducef ha venido gradual, pero consistentemente, posicionándose en el animo social, por lo que el desarrollo de sus actividades ha sido siempre creciente, principalmente en lo que refiere a la atención de consultas de usuarios y al desahogo del procedimiento de conciliación establecido por el título quinto de la ley citada.

A la aceptación que este organismo descentralizado de la Administración Pública Federal ha tenido entre la sociedad mexicana, han contribuido las reformas, adiciones y derogaciones, decretadas por el Congreso de la Unión a diversas disposiciones de las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Estas reformas, entre otros aspectos, permitieron la homologación de los procedimientos de conciliación anteriormente diferentes, según el tipo de institución financiera reclamada y la norma sustantiva a éstas aplicable, en uno sólo, claro y expedito, como instrumento eficaz para prevenir el conflicto y evitar la polarización de las partes. Así, la sencillez del procedimiento de conciliación entre usuarios e instituciones financieras han permitido que de manera pronta, gratuita y eficaz, se solucionen miles de problemas de particulares, atajando al mismo tiempo cientos de eventuales juicios.

Con ello, se ha beneficiado no sólo a los usuarios e instituciones financieras involucrados, sino en justa medida a la economía del país y a los sistemas de impartición de justicia locales y federales, dada la jurisdicción concurrente en la materia que se han visto liberados de potencial ingresos de nuevos asuntos.

En esa virtud, por sus ventajas evidentes como instrumento alternativo de solución de conflictos, resulta conveniente y recomendable auspiciar el desarrollo del procedimiento de conciliación previsto por los Artículos 60 a 72 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

La forma más adecuada de fomentar la conciliación en materia financiera y de esa manera proteger en un mayor número de asuntos los derechos de los usuarios de servicios financieros, es dar el paso hacia su obligatoriedad, es decir, dar al procedimiento conciliatorio a cargo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el carácter de requisito de procebilidad para los juicios en que la demandada sea una institución de las reconocidas como financieras por el Artículo 2º. fracción IV de la ley citada en el párrafo anterior.

Retomar y extender hacia todos los usuarios de servicios financieros y hacia todas las instituciones financieras, la añeja tradición que en ese sentido ha privado en el derecho procedimental de seguros en nuestro país, establecida expresa y específicamente hasta la fecha en el contenido de la actual fracción I del Artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros que, en su caso, se derogaría al generalizarse.

Hacer obligatoria la tramitación del procedimiento concilitario en materia financiera, además de las ventajas enunciadas, traería consigo mucho de lo que en su texto procesal mercantil nos habla Jesús Zamora Pierce (?),y que por falta de tiempo no reproducimos.

Artículo 1º.- Se reforma el primer párrafo del Artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa a Usuarios de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 68.- La Comisión Nacional deberá agotar el procedimiento de conciliación conforme a las siguientes reglas:

Artículo 2º.- Se adiciona la Ley de Protección y Defensa a Usuarios de Servicios Financieros con un artículo que será el 68 bis para quedar como sigue:

Artículo 68 Bis.- En materia jurisdiccional los Tribunales no darán entrada a demanda alguna contra una institución financiera, si el actor en ella no afirma, bajo protesta de decir verdad, que ante la Comisión Nacional se agotó el procedimiento de conciliación establecido en este capítulo.

En cualquier momento en que aparezca que no se agotó el procedimiento de conciliación, deberá sobreseerse la instancia e imponer al actor las costas originadas por el procedimiento.

La omisión del procedimiento de conciliación en vía administrativa constituye, además, una excepción que puede interponerse por la institución financiera demandada.

Artículo 3º.- Se deroga la fracción I del Artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

ARTICULO UNICO.- El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, compañeras y compañeros diputados, es cuanto, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado; Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El siguiente Punto del orden del Día ha sido retirado a petición del grupo parlamentario que lo promovió y se pospone para la próxima sesión.

Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Figueroa Romero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud en Materia de Adiciones.

-LA C. DIPUTADA IRMA FIGUEROA ROMERO: Con su venia señor presidente: Compañeras y compañeros diputados. En mi carácter de diputada federal, perteneciente a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los Artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos.

Quiero iniciar esta presentación haciendo referencia a la experiencia de otros países en el tratamiento integral de la prevención contra las adicciones. Para ello, considero pertinente hacer mención del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, creado en 1990 por parte del gobierno chileno, cuya misión era implementar las políticas públicas en torno al problema de las drogas y prevenir el consumo y tráfico de sustancias ilícitas; las que utilizan sus redes sociales para coordinar y ejecutar programas de prevención del consumo de drogas; tratar su uso abusivo e informar a la ciudadanía sobre los alcances del fenómeno.

Otro caso en Latinoamérica es el Instituto sobre Alcoholismo y Famacodependencia, institución gubernamental encargada de enfrentar el fenómeno de la drogadicción y el alcoholismo en Costa Rica, quien a través de programas integrales busca la prevención y el combate contra las adicciones.

En México se creó el Consejo Nacional contra las Adicciones, por decreto presidencial el 7 de agosto del 86 y su objetivo era establecer el marco normativo y lograr la integración y congruencia de los esfuerzos de distintos sectores a través de los programas nacionales contra el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia.

Este consejo considera que el uso y abuso de sustancias que generan adicción, es un asunto de salud pública, además remarcar el grave impacto social que conllevan las adicciones, siendo éstos además de los aspectos negativos inherentes al estilo de vida, se deben agregar la violencia, los accidentes, los trastornos de salud mental, el ausentismo en el ámbito laboral, así como el alto costo que implica para los servicios de salud, el tratamiento y la rehabilitación.

El uso y abuso de los productos y sustancias que generan adicción, es sumamente preocupante, sobre todo lo que tiene que ver con la edad del primer contacto a éstos. Los datos revelan que el rango se encuentra entre los 12 a los 15 años de edad; de ahí una de las preocupaciones que expreso el día de hoy en torno a los avances de los programas encaminados a la prevención de las adicciones, los que son prometedores pero se encuentran básicamente en los inicios orientados a la prevención primaria, es decir, se destina a evitar el inicio del consumo de drogas, así como a reducir el uso experimental y/o los consumos que no propiamente son adictivos pero que ponen en peligro a los grupos más indefensos como son los niños y los adolescentes.

Las drogas con mayores tasas de consumo en México son la mariguana, los inhalables y la cocaína. Asimismo existe evidencia de importantes cambios en la forma del problema que reflejan un probable proceso de transición epidemiológica de las adicciones dentro del cual destaca una clara tendencia creciente del consumo de cocaína; una disminución del uso de inhalables entre estudiantes y usuarios captados en el tratamiento, y el aumento y paulatina diseminación del consumo de sustancias como la heroína y la metanfetamina.

El tercer informe de la Secretaría de Salud, expresa los resultados del Consejo Nacional contra las Adicciones, específicamente la Dirección General de Coordinación y Desarrollo contra las Adicciones, señalando que se realizó en el periodo comprendido entre el 1o. de septiembre del 2002 al 31 de agosto del 2003, una intensa actividad con los consejos estatales y los ayuntamientos, para conformar un mayor número de comités municipales contra las adicciones; ya que del 2002 se encontraban en función 986 con una cobertura municipal de 35%. Para julio de 2003 ya se contaba con 1173 y con una cobertura de 48%.

Reconocemos que han sido grandes los esfuerzos realizados por parte del sector salud para combatir la adicción en México. No obstante, es necesario que todos contribuyamos en la solución de un problema de salud pública que afecta sobre todo a los grupos de población más vulnerables: nuestros niños y nuestros jóvenes.

Por lo tanto, en nuestro ámbito de competencia proponemos reformar y adicionar el precepto legal que alude el tema. La Ley General de Salud en su artículo 112 señala como uno de sus objetivos en torno a la educación para la salud la prevención de la farmacodependencia, pero consideramos que sería más correcto establecer la prevención contra las adicciones y de esta forma todas las acciones en la materia que realicen las autoridades sanitarias no dejen fuera las adicciones al alcohol y al tabaco.

También esta Ley incluye un título XI referente a los programas contra las adicciones y no obstante considero que es necesario otorgar mayor coherencia y claridad a dicho título y con ello cubrir la laguna legislativa existente.

Con esta iniciativa pretendemos dar un tratamiento integral para prevenir las adicciones impulsando un esfuerzo nuevo, integral y permanente de todo el Estado mexicano, la federación, los estados y municipios, cada quien con respecto a su ámbito de competencia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio me permito someter a consideración de este honorable Congreso la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo único. Se reforman los artículos 112, 185, 187, 188, 190 y 192. Se cambia la denominación del capítulo uno del título XI y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 112 y un artículo 184 ter a la Ley General de Salud.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto –fracción III—orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de la automedicación, prevención en contra de las adicciones, salud ocupacional.

4º. La prevención contra las adicciones deberá basarse en la educación y promoción de la salud y la comunicación educativa sobre las causas y los efectos de las adicciones.

Las campañas de prevención deberán primordialmente contener información clara sobre los efectos a corto plazo del consumo de las sustancias que generan adicción en los ámbitos físico, mental y social, con el objeto de evitar o reducir el consumo de drogas, disminuir los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas sustancias, así como favorecer la solidaridad social y la educación de esta materia, impulsando la detección temprana en los ámbitos escolar, laboral, familiar y comunitario.

Título XI. Programas contra las adicciones. Capítulo 1. Consejo Nacional contra las Adicciones y el Programa contra las Adicciones.

Artículo 184 ter. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas, el Distrito Federal y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinarán para la ejecución de los programas contra el uso y abuso de sustancias que generan adicción, el cual comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

La prevención y el tratamiento de las adicciones y en su caso la rehabilitación.

La educación dirigida hacia los distintos grupos de población sobre los efectos en la salud del uso y abuso de las sustancias adictivas, además de su efecto en las relaciones sociales y familiares.

La Secretaría de Salud elaborará el Programa Nacional contra las Adicciones en tres rubros principalmente: Programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas; programa contra el tabaquismo y el programa contra la farmacodependencia y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con el gobierno de las entidades federativas y del Distrito Federal.

Respetando el acuerdo que establece el tiempo para la presentación de las iniciativas, sólo agregaría que se reforman los artículos 185, 187, 188, 190 y 192, incluyendo al Distrito Federal en cada uno de ellos.

Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito se publique íntegra la propuesta en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención, compañeros.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada. Insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria sólo si el documento original no ha sido publicado.

Quiero expresar a los señores legisladores que presenten iniciativas y planteen puntos de acuerdo, que cuando se publican en la Gaceta Parlamentaria y solicitan después en la lectura que el documento se inserte en la Gaceta Parlamentaria, solamente se hace la primera publicación y el legislador está obligado a leer el documento en los términos en que quedó publicado en la Gaceta Parlamentaria con algún comentario adicional que pudiera ser para que aparezca en el Diario de los Debates; pero en los términos originales queda publicado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona fracción al párrafo b) del artículo 13 de la Ley General de Salud.

- EL C. DIP. GONZALO MORENO ARÉVALO: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y diputados, amigos de los medios que nos acompañan:

"Presento esta Iniciativa con carácter de decreto que adiciona una fracción al párrafo b) del artículo 13 de la Ley General de Salud que otorga facultades a las entidades federativas con respecto al control sanitario de los alimentos no industrializados y servicios conexos destinados al mercado local.

"De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 fracción IV, "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". De la misma manera señala que "la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general".

"Asimismo la Ley General de Salud señala "Es materia de salubridad general, el control sanitario de productos y servicios de su importación y exportación". De la misma manera señala "que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de su importación y exportación".

"Se señala en el artículo 194 de la citada Ley, que "el ejercicio del control sanitario será aplicable, entre otras cosas, al proceso, importación, exportación de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos de perfumería, belleza, tabaco, así como el de materias primas, en su caso, aditivos que intervengan en su elaboración". También señala que "el control sanitario es el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso aplicación de medidas de seguridad y sanciones que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores". Partiendo de esto, recordemos los lamentables hechos por todos conocidos que se suscitaron con el intoxicamiento de por lo menos 75 personas en el estado de Jalisco por haber consumido vísceras contaminadas con clembuterol, producto utilizado por los productores para acelerar el proceso de engordamiento de los animales y obtener una mayor ganancia en menos tiempo, utilizando menos recurso, incluso sabiendo que los residuos de este producto que queda en la carne, es toxico para el consumidor.

"Desafortunadamente este estado no fue el único en sufrir este problema. Entidades como: Querétaro, Colima, Michoacán, Distrito Federal, entre otros, detectaron diferentes casos que obligaron a la autoridad federal a emitir una Norma Oficial Mexicana de emergencia que prohibía la utilización de los betagonistas en la industria ganadera.

"En esta forma la autoridad federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos, llevaría a cabo muestreos y aplicaría sanciones a aquellos productores que utilizaran estos productos de engorda sintética. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún proceso de sanción contra ningún productor y ni siquiera es conocido cuáles fueron los engordadores que utilizaron este producto, esto a pesar de que Jalisco fue el estado con un mayor número de casos registrados en el país.

"Desafortunadamente las acciones tomadas por la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco al decretar una alerta sanitaria el 11 de enero del presente año y que por cierto fue levantada hace pocas semanas, prohibía el uso de hígado de res a la población resultó insuficiente, ya que la autoridad estatal se encuentra imposibilitada por la ley para tomar acciones más importantes, ya que como señala previamente el control sanitario de los productos y servicios y de su importación y exportación, es decir, alimentos, medicinas y otros es facultad reservada a la federación en virtud de lo previsto en la fracción II del artículo 3º con la relación a la fracción XXII del artículo 3º de la Ley General de Salud.

"Esta disposición de corte centralista otorga competencia exclusiva a la federación sobre el control sanitario de los alimentos. Sin embargo, dicha facultad es delegable a las entidades federativas en virtud a convenios de coordinación como el que dio a lugar a los Servicios Coordinados de Salud en Jalisco.

"Desafortunadamente, como hemos visto, dichos convenios no han cumplido de manera importante en materia de salubridad los objetivos que señala la ley, además de que esto refleja la incapacidad por parte de la autoridad federal para combatir problemas de carácter local en las entidades federativas y al no permitir que los productos de consumo interno en los estados exista un control en materia de salubridad puede provocar actos de impunidad en algo tan riesgoso como lo es la salud de la población.

"Con esta propuesta se propone adicionar una fracción al artículo 13 de la Ley General de Salud para que sea facultad de los estados el control sanitario de los alimentos no industrializados y servicios conexos destinados al mercado local. Con esta visión se pretende descentralizar el control sanitario de los alimentos no industrializados como lo son: carne, frutas, leguminosas, etcétera y pasaría a la competencia estatal, con lo cual se estaría con condiciones de establecer normas legales de la legislación sanitaria y penales locales.

"Asimismo si por algún motivo las autoridades no tienen la capacidad en cuanto a infraestructura para el control sanitario, esta responsabilidad en parte sería delegar a los municipios y así tener un control más cercano sobre estos productos.

"1º Que es facultad de la federación el control sanitario de productos y servicios, así como de su exportación e importación y que por lo tanto recae en ella la revisión de cualquier producto que represente cualquier tipo de peligro para la salud pública como lo son los vetanalogos.

"2º Que representa un riesgo para la salud pública el mal uso de aditivos alimenticios modificadores del metabolismo con fines zootécnicos, y

"3º. Que las autoridades federales no cuentan con los medios y la infraestructura suficiente para realizar la revisión en cada localidad del correcto estado de alimentos no industrializados en cualquiera de sus modalidades y que regularmente son destinados al consumo local.

"Por lo tanto, resulta imprescindible la posibilidad de dar facultades a las autoridades de entidades federativas e incluso a las municipales para que éstas realicen las modificaciones legales, así como las revisiones respectivas con el objeto de sancionar de manera más minuciosa aquellas que utilizan estos productos y que son consumidos en localidades que regularmente no se encuentran dentro de las revisiones que realizan las autoridades federales, por las cuales podrían realizarse por parte de los locales.

"4º Que sin embargo no significa que la federación ya no tendrá injerencia en los productos de manera ya industrializada, se producen para consumo general de la población, y

"5º Que actualmente los estados no tienen la posibilidad de realizar sanciones y medidas que permitan la correcta revisión en materia de inocuidad, lo cual genera que la población en muchas ocasiones compren productos que no cuentan con las medidas sanitarias correctas.

"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a su consideración la siguiente iniciativa de decreto que adiciona una fracción al párrafo B del artículo 13 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

"´Artículo Unico.- Se adiciona la fracción séptima al párrafo B del artículo 13 de la Ley General de Salud. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: Corresponde al Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Salud y corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales.

"Octavo.- Con relación a la fracción XII del artículo 3º de esta ley, el control sanitario de los alimentos no industrializados y servicios y conexos destinados al mercado local y las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta ley y demás disposiciones generales aplicables.

"Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

"Segundo.- La Secretaría de Hacienda hará las transferencias de recursos financieros a los estados y al Distrito Federal en la proporción que corresponda.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ (PRD): Muchas gracias señor Presidente, con su venia.

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del os Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de modificar el plazo para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, al tenor de la siguiente

"Durante los últimos años, en el proceso de discusión y aprobación del paquete financiero, la Cámara de Diputados ha modificado el Presupuesto de Egresos de la Federación tratando de reasignar recursos hacia sectores prioritarios que mucho han tenido que ver con las áreas fundamentalmente sociales como la educación, la salud y el combate a la pobreza.

"Sin embargo, por sus montos estas reasignaciones no han logrado abatir los rezagos que el país enfrenta en estas áreas. La atención de estas prioridades han imposibilitado reasignar el gasto a actividades productivas como la inversión en agricultura, energía y desarrollo de las comunicaciones y transportes.

"Para corroborar lo anterior podemos afirmar que mientras el gasto social se ha incrementado hasta llegar a representar poco más del 62 por ciento del gasto programable del sector público, el gasto en funciones productivas ha mostrado una caída sistemática durante el mismo periodo, llegando a provocar la pérdida de competitividad para las empresas públicas y privadas por estos rezagos de la infraestructura productiva.

"De esta manera, año con año hemos obtenido presupuestos de carácter existencialista que no logra romper el círculo de la pobreza y rezago en el país, esta situación combinada con la crisis de ingresos públicos y la acumulación de obligaciones financieras gubernamentales, ha provocado que el Presupuesto de Egresos de la Federación presente una serie de compromisos que se han convertido en inerciales e ineludibles. Como ejemplo de ello podemos señalar las obligaciones relativas a la deuda pública, las pensiones y jubilaciones, los servicios personales de médicos, maestros y personal que participa en la seguridad pública.

"Estos compromisos inerciales e ineludibles año con año reducen la posibilidad de atender los rezagos en la inversión pública, que es y ha sido el principal factor de crecimiento económico en nuestro país.

"Contrariamente a lo que señala la teoría de nuestro país, las estadísticas muestran que la inversión privada va casi de la mano con la inversión pública. En México todavía no se ha mostrado claramente el efecto llamado por los teóricos, Kroden Hud (?). Desde hace varios años los programas de inversión pública se han venido conformando dentro de una lógica de ajustes de corto plazo, donde el criterio determinante ha sido reducir el gasto público más que el beneficio económico y social de dichos proyectos.

"Por ello, la única manera de romper con este círculo nocivo para las finanzas públicas y para el bienestar económico es el hecho primero de reconocer la existencia de este componente inercial presupuestario y gradualmente empezarlo a controlar.

Y, segundo, comenzar a generar una inercia presupuestaria hacia la inversión pública.

Para lograr lo anterior, es necesario, por un lado, revisar la calidad de gasto, principalmente el del gasto corriente inercial y, por otro, introducir el concepto de presupuesto multi-anual sobre todo para el gasto que tiene que ver con los proyectos de inversión productiva.

En esta Iniciativa, se busca transformar el Programa de Acción Pública en el principal instrumento del Estado para propiciar la creación de un entorno que aumente la competitividad y la productividad de las empresas privadas y que además proporcione los elementos básicos cualitativos y cuantitativos para el desarrollo de presupuestos contra cíclicos que tiendan a atenuar las fluctuaciones económicas que por diversas razones afectan a los mercados nacionales e internacionales.

Lo anterior, mediante el incremento a la competitividad se busca disminuir los costos de transacción de los sectores productivos creando las condiciones y el entorno favorable para que la inversión privada surja y genere flujos comerciales hacia el exterior.

La ejecución de estos proyectos, infraestructura vial y de generación de energía principalmente, requerirá elevar la capacidad institucional del Estado en cuanto a la evaluación y supervisión de dichos proyectos cumpliéndose además con las más altas normas internacionales de calidad, brindar los servicios sociales básicos. Se pretende que los múltiples proyectos orientados hacia la inversión de capital humano que formen parte de la cartera de proyectos del sector social, vivienda abastecimiento de agua y saneamiento, de habilitación y construcción de escuelas y centros de salud, se vinculen a los planes emanados de las instancias públicas locales, planes de inversión municipal.

En la búsqueda de seleccionar los proyectos de mayor impacto evitando a la vez la proliferación de unidades ejecutoras y la falta de coordinación sectorial.

Para lograr lo anterior, se propone fortalecer la capacidad de planificación, elaborar un presupuesto de inversión pública multi-anual, un período de 3 a 5 años para crear una estructura de gasto a mediano plazo que permita una conciliación entre el presupuesto del gasto corriente de inversión.

En la actualidad, el Programa de Inversión Pública no ha tenido un comportameinto estable y no ha sido acompañado por los gastos de mantenimiento y operación adecuados para el capital físico no se deteriore y se utilice eficientemente.

Por los motivos anteriormente expuestos, en cumplimiento con lo dispuesto por la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 Fracción II , 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes, Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

UNICO.- Se reforma el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Artículo 74º.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, Fracción IV, examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo así como revisar, y en su caso, aprobar la Cuenta Pública del año anterior, examinar, discutir y aprobar los Proyecto Multi-anuales de Inversión Productiva que impactarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los tres y cinco años siguientes, de conformidad con el párrafo anterior.

TRANSITORIO.- UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente. Diputado Javier Salinas Narváez, Diputado Gerardo Ulloa Pérez, Diputado Juan García Costilla, Diputado Horacio Duarte Olivares.

Solicito señor Presidente, se publique este texto íntegro en el Diario de Debates.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Publíquese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la palabra la diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Planeación y a la de Información, Estadística y Geográfica.

Hace unos días asistí al IV Encuentro Internacional de Estadística y Políticas Públicas Sensibles al Género en el Marco de las Metas del Milenio, organizado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con el objetivo de reflexionar sobre la institucionalización de la perspectiva de género en la producción, estadística y en el desarrollo de indicadores sociales y económicos y su utilización en la formulación de políticas públicas en el marco de los compromisos de las metas del milenio, así como compartir los avances logrados en los procesos de incorporación de enfoque de género en la generación de las estadísticas básicas que integran los sistemas nacionales de información en la región latinoamericana.

Dadas las conclusiones de este Encuentro, es que el día de hoy expongo ante esta soberanía la necesidad de incorporar a la legislación vigente nuevos principios rectores que permitan una planeación nacional que atienda con equidad a la necesidad de las mujeres y los hombres de este país.

En tal razón y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo previsto por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta honorable Cámara, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 15 de la Ley de Información, Estadística y Geografía; agregue una fracción VII al artículo 2 y adiciona el artículo 4 de la Ley de Planeación, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS: Hablar de indicadores, estadística, geografía y políticas públicas, necesariamente nos lleva a referirnos aunque sea de manera general al tema central de la demografía, vinculada al desarrollo; tal vez que un indicador es una medida numérica o valor que da cuenta de una situación o condición sobre un fenómeno particular referido a un período de tiempo determinado y a un espacio geográfico específico.

En este sentido es que resulta de suma importancia para el trabajo legislativo entender cómo es que la población va cambiando, sus necesidades inmediatas y las políticas públicas que se habrán de implementar en un futuro, las cuales están además ligadas con el entorno internacional.

Hoy sabemos cuántos somos, cómo estamos distribuidos, el sexo, la escolaridad, las principales causas de muerte, la ocupación, pero seguimos teniendo grandes deficiencias en lo que hace a las políticas de población, pues no las hemos podido vincular con el desarrollo económico, con el bienestar social, con la distribución del ingreso, con la identidad, cultura y mucho menos con el proyecto de nación.

En el nuevo milenio todo parece indicar que nos enfrentamos a relaciones entre individuos, generaciones, pueblos, sexos, razas e ideologías y es precisamente en este sentido como debemos entender y asumir nuestra realidad para trazar de manera adecuada las nuevas políticas públicas.

Este siglo debe ser el siglo de las mujeres y para incorporarnos plenamente a los beneficios del desarrollo, debemos saber exactamente cuántas somos, dónde estamos, qué necesitamos, de qué morimos, cuánto ganamos, cuánto producimos, ¿en qué trabajamos?, ¿qué comemos?, ¿cómo nos relacionamos?, entre otras cosas.

Por eso, para el trabajo legislativo y para la elaboración de políticas públicas resulta de primordial importancia contar con indicadores con perspectiva de genero veraces y con un enfoque particular, los cuales nos permitan sensibilizar a los hacedores de programas y planificadores, para llevar a cabo cambios en las políticas que favorecen la equidad de genero.

Las estadísticas deben recaudarse por sexo y estadísticas e indicadores deben calcularse, analizarse y presentarse de manera individual para las mujeres y para los hombres. Todas las estadísticas deben ser producidas, analizadas y presentadas por sexo y reflejar los asuntos de genero a la sociedad.

A pesar de los grandes esfuerzos realizados, particularmente por el INEGI, los indicadores actuales presentan grandes deficiencias, deficiencias que se deben a la falta de normas jurídicas que obliguen a los servicios nacionales de estadística y de información geográfica, a incorporar en sus principios rectores el enfoque de genero, para que su aplicación no sea discrecional, sino que se observe como un requisito indispensable derivado del mandato de las leyes.

No se trata de incorporar a las mujeres como una variable más o analizar, sino de enriquecer y ampliar los marcos teóricos y conceptuales para incluir el sistema de relaciones de genero y lograr un conocimiento más adecuado del funcionamiento de la economía y la creación de nuevos instrumentos de la política.

Es necesario incorporar el genero como una categórica analítica de la disciplina económica en sus diferentes niveles, así como mostrar y analizar la relación entre los cambios, en la organización de la economía y en el sistema de relaciones de genero. De ahí, la necesidad de contar con nuevos indicadores a partir de los cuales debe sustentarse la planeación nacional con perspectiva de genero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a su consideración el siguiente Decreto:

Primero. Se agrega una fracción 7° al artículo 2 y se adiciona el artículo 4° de la Ley de Planeación, para quedar de la siguiente manera:

Séptimo.- La perspectiva de genero en aras de garantizar iguales oportunidades a los hombres y mujeres y de promover el acceso equitativo a los bienes, los recursos y los beneficios del desarrollo.

Artículo 4°.- Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en congruencia con el Programa Nacional de Desarrollo de Estadística y de información.

Se agrega una fracción VIII, al artículo 15 a la Ley de Información de Estadística y Geográfica, para quedar de la siguiente manera:

"Incluir en sus principios bases y jerarquización de actividades, la perspectiva de genero".

Único.- Las presentes modificaciones entran en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

EL PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y de Derechos Humanos.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el Artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen de referencia.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Esta Presidencia tiene registrados para hablar en relación con este dictamen, por la Comisión para fundamentarlo en los términos del artículo 108 del Reglamento Interior, al señor diputado Francisco Suárez Dávila. También tiene registrado para hablar sobre este mismo dictamen, al señor diputado don Tomás Antonio Trueba Gracián.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado Francisco Suárez Dávila hasta por 10 minutos, para fundamentar el dictamen.

EL DIP. FRANCISCO SUAREZ DAVILA: Con su venia, señor Presidente. Señoras, señores diputados:

Me complace fundamentar esta iniciativa en nombre de la Comisión de Hacienda, iniciativa que fuera presentada por el diputado Tomás Ruiz, del PRI. Esta es una iniciativa de carácter eminentemente federalista que modifica el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, beneficia a municipios de 9 entidades federativas y 10 municipios adicionales; incluye a todos los puentes operados por la Federación, no sólo los internacionales como era el caso hasta ahora, sino a los internacionales y a los nacionales. Permite asimismo, que los municipios obtengan hasta el 50% de los ingresos que se canalizarán a los fondos para tal efecto creados. Los fondos se destinan a conservación, mantenimiento, separación y ampliación de obras de vialidad en los municipios, no sólo los puentes, y todas las obras de infraestructura de impacto regional en la zona.

Para que se acceda al fondo, el municipio tiene que realizar un esfuerzo razonable en recaudación, predial equivalente al 51% de su recaudación potencial. La aportación de la Federación llega hasta el 25% de los ingresos brutos provenientes del peaje.

Finalmente, señor Presidente, se evita, por la oportunidad de la iniciativa, que los municipios perciban los recursos federales generados desde el 15 de julio del 2003.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Tomás Antonio Trueba Gracian, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Partido Acción Nacional desde su fundación, tuvo una visión claramente federalista pero más allá, a favor del fortalecimiento de los municipios.

Hoy, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional venimos a apoyar y a felicitar esta reforma por la que tanto se ha luchado, por la que tanto hemos buscado todos aquellos que hemos estado en el trabajo federalista y en favor de los municipios.

No podemos quedarnos simplemente en que al municipio se le otorguen dineros, tenemos que ver también que los municipios cada día vayan teniendo mayores atribuciones y mayores libertades.

No puedo dejar de mencionar en esta alta tribuna a aquél alcalde de Ciudad Juárez, señor Villarreal, 1995, 30 días en huelga de hambre luchando por los derechos no de su municipio, no por un peso de un puente de peaje en su localidad sino en favor de todos los municipios de México. Es por eso que hoy venimos realmente a reforzar este dictamen en el cual estoy seguro que todas las diputadas y diputados de esta Honorable Cámara nos sumaremos como un primer paso, para seguir adelante en el fortalecimiento de los municipios, en el fortalecimiento de los estados, porque debemos recordar que toda aquella función que a su municipio repercute en favor de los ciudadanos.

No hay gobierno más cercano ni hay autoridad que esté más de la mano de los ciudadanos que el gobierno municipal, no habrá lugar a alguno en este patria en donde se dé más la democracia que en un municipio. Es ahí donde están nuestros parques, nuestros jardines, donde están nuestras calles, es ahí donde nosotros tenemos que seguir luchando y volteando.

Por eso, nos sumamos con mucho gusto a esta iniciativa de reforma al artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal para que los municipios vayan teniendo mejores condiciones económicas, pero también los exhorto a que a través de muchas reformas más, podamos lograr ese municipio digno, esa vida libre y salir adelante en esta nación.

EL PRESIDENTE: Gracias diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del Proyecto de Decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del Proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.

Las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

Gracias. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del Proyecto de Decreto.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, se pide hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del Proyecto de Decreto.

..EL MISMO C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Ciérrese el sistema electrónico.

Sólo votará de viva voz la diputada Patricia Lugo Barriga, de la curul ocho; por favor, ábrase su sistema de sonido.

-LA C. DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA: (Desde su curul) Patricia Lugo Barriga, a favor.

-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Diputado Presidente, se emitieron 440 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, diputado Presidente.

-EL C. PRESIDENTE: Aprobado el proyecto de decreto por 440 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Lamberto Díaz Nieblas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo que contiene exhorto al titular del Ejecutivo Federal, para impulsar una reforma agraria integral que atienda el desarrollo de la propiedad social en México y asegure la participación de los ejidos y comunidades dentro de los programas de desarrollo rural.

En lo relativo al dictamen aprobado, se dispone que pase al Senado para sus efectos constitucionales.

-EL C. DIP. JOSÉ LAMBERTO DÍAZ NIEBLAS: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea:

En esta Quincuagésima Novena Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y considerando la importancia y urgencia de apoyar a los habitantes que viven en el medio rural, hago uso de esta tribuna para expresar lo siguiente:

Al igual que muchos de ustedes, tengo por origen el campo y he llegado aquí con la responsabilidad de defender sus intereses; ustedes saben que durante muchos años la lucha agraria fue el motor del desarrollo social en México y que esta lucha vino a desembocar en la entrega de 30 mil ejidos y comunidades y a la creación de todo un aparato institucional en su apoyo.

Sin embargo, también sabemos que el campo se encuentra desde hace más de 20 años en una profunda crisis, al dejar de crecer y generar los alimentos y productos que demanda su población y el bienestar general del país.

Se tiene que reconocer de entrada, el debilitamiento creciente del Estado en su responsabilidad hacia el campo y con ello, la devastación de las redes institucionales y de fomento en el mundo agropecuario.

No resulta ocioso insistir en algunos datos reveladores: en los últimos 20 años, el crédito de la banca disminuyó de 19 mil millones de pesos a nueve mil; la inversión productiva ejercida en el sector agropecuario, de acuerdo con la cifra del Informe de Gobierno, cayó de 20 mil millones a 973 millones; la producción de oleaginosas cayó a poco más de la tercera parte y los granos forrajeros apenas crecieron en una quinta parte en todo este tiempo.

La superficie habilitada pasó de 7.3 millones de hectáreas a 1.5 millones; 69% de la población rural es pobre y de éstos, el 42% vive en miseria.

Nuestra dependencia alimentaria ha crecido vertiginosamente, al grado que en el año 2000 más del 40% de nuestro consumo de los 10 productos básicos, dependía de la voluntad productiva de otros países, ésta es nuestra triste realidad.

Es tiempo de asumir que estamos ante una emergencia nacional, derivada sin duda de una crisis de las políticas públicas y de las estrategias de desarrollo.

Así, nuestra agricultura sufrió una verdadera agresión, ya que en forma casi simultánea abrimos nuestras fronteras por la vía de los tratados comerciales a una competencia injusta y desleal para nuestros productos y productores, pues nos hicieron competir con productos extranjeros de menor costo y fuertemente subsidiados en sus países de origen.

De todas estas consecuencias negativas para nuestro campo, quien más ha sido afectado es el sector social, los ejidos y las comunidades.

El Gobierno de la República se encuentra atrapado en el frenesí del cambio, pero debemos evitar que este cambio nos destruya e impulse el éxodo de campesinos a otros países.

Considero, con carácter de urgente, debemos fijar nuestra posición como legisladores en los siguientes aspectos: el fortalecimiento de la dependencia del Ejecutivo Federal, encargada de la atención directa a la propiedad social y al campesinado del país; la posición definitiva con respecto a la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio y la política de subsidios de los países desarrollados.

Asimismo, al Poder Legislativo le corresponderá activar y acelerar la promulgación de leyes y ordenamientos para articular una nueva red de apoyo al campo, para concluir en un esquema integral de crédito, subsidios, seguro, cadenas de comercialización, inversión en infraestructura, agroindustrias y profundizar en la elaboración de propuestas fiscales para recuperar la perspectiva de mediano y largo plazo, con fines de capitalización y crecimiento del campo mexicano.

Por otro lado, es imperativo vincular, de una vez por todas, el ciclo de la reforma agraria al objetivo de reconstruir el aparato jurídico definitivo, que de certidumbre y estabilidad al desarrollo rural en México.

Los rezagos e insuficiencias son muchas e importantes, pero ninguno es más grave que la pobreza que se concentra en el medio rural. Moderarla, combatirla y erradicarla, es el reto supremo de nuestro momento, de nuestra generación.

Por todo lo anteriormente expuesto me permito presentar a su consideración el siguiente

Unico.- Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la dependencia responsable del Sector Agrario, impulsar en los términos de los Artículos 89 fracción I y 131 de la Carta Magna, una reforma agraria integral que atienda al desarrollo de la propiedad social en México y asegure la participación de los ejidos y comunidades dentro de los programas de desarrollo rural.

Señor presidente, en base al artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y dada la urgencia y naturaleza del planteamiento, solicito que otorgue el trámite de urgente y obvia resolución.

Firman la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución los legisladores siguientes:

Diputado Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Diputado Javier Manzano Salazar, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Diputado Miguel Luna Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.

Diputado Teófilo Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Reforma Agraria.

Diputado Francisco Javier Obregón Espinosa, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución en votación económica y calificada.

-LA C. SECRETARIA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la Proposición.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Esta presidencia tiene registrados para intervenir sobre este tema, al señor diputado don Juan Fernando Perdomo Bueno del Partido de Convergencia y al diputado Margarito Fierros Taño del Partido de la Revolución Democrática, ambos para hablar en pro.

En los términos del artículo 122 no pueden intervenir más oradores, como tengo la solicitud de más oradores, en la oportunidad haré la consulta a la Asamblea.

Tiene el uso de la palabra el diputado don Juan Fernando Perdomo Bueno del Partido de Convergencia.

-EL C. DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO: Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Hoy después de 20 años de un sistemático desmantelamiento de las instituciones y las políticas que materializaban la cantada alianza del Estado mexicano con los campesinos, de la apertura indiscriminada de nuestro mercado nacional y de la inserción del campo al TLCAN, de la caída de los precios de los productos agropecuarios en el mercado mundial, los crecidos y crecientes subsidios que perciben los productores y las empresas de los grandes bloques económicos del mundo globalizado y del complejo entramado en normas y aranceles con que se protegen a los países ricos, y de una disminuida demanda de nuestro mercado como expresión de la pobreza generalizada en nuestro país, hoy nos encontramos con un campo que vive la tragedia de la migración de millones de hombres y mujeres, la mayoría jóvenes al exterior y la reproducción de la economía campesina, en función casi solamente de las remesas de dólares que les envían los migrantes a sus familiares; recursos superiores a la inversión del gobierno en el campo. Hoy nos encontramos con un campo abandonado a su suerte y a sus fuerzas y poblado por millones de mexicanos.

Con esos antecedentes y en un escenario de crecientes tensiones sociales y políticas, tenemos que revalorar las acciones más significativas del régimen en la materia y sus alcances. Es cierto que se logró el acuerdo político de la pasada Legislatura y se aprobó la Ley del Desarrollo Social Rural Sustentable y que como producto de una movilización campesina muy vigorosa, se arribó al acuerdo nacional para el campo y a una creciente transversalidad institucional de las acciones públicas y que se trabaje en las modificaciones reglamentarias y en los comités de seguimiento de acuerdo. Todo, todo es cierto.

Pero ¿será eso suficiente como para revertir el deterioro del sector y recuperar la rentabilidad de las actividades productivas del mismo sector? ¿Acaso con ella se estará reanimando el mercado interno y elevando la competitividad para salir al mercado internacional?

Hoy en Convergencia tenemos la convicción de que el campo mexicano sí tiene solución, pero ésta tiene que pasar primero por desechar el dogma de que es el mercado el que arregla por si mismo sus contradicciones; y recuperar la visión del papel activo y sostenido del Estado Mexicano, construyendo sobre nuevas bases y con mayores recursos el acompañamiento institucional del sector y de la economía nacional.

Hoy sabemos que el país abandonó, sin resolver de fondo, la discusión entre soberanía alimentaria y ventajas comparativas; y lo hicimos al margen de los grandes grupos de la sociedad y hasta ahora, no hemos avanzando en lo que se refiere a la seguridad alimentaria como política nacional.

Hoy tenemos que romper con la dinámica del abandono de nuestra sociedad agraria y recuperar el mercado interno reactivando la presencia del Estado al lado de nuestros productores del campo y de sus familias.

Como todos ustedes saben compañeros, compañeras, Convergencia propuso a esta Soberanía, la integración de un grupo de trabajo para presentar una propuesta al Pleno de la Cámara de Diputados y de manera integral se haga un replanteamiento que permita restablecer las nuevas instituciones que tengan como finalidad el otorgamiento del crédito, apoyo en asistencia técnica, capacitación, almacenamiento, transporte, comercialización y todas aquellas medidas que propicien que el campo mexicano cuente con los apoyos indispensables que le permita ser competitivo.

Hoy, ésta es la razón por la que nos sumamos al punto de acuerdo que presenta el diputado José Lamberto Díaz, para exhortar el titular del Ejecutivo y a las dependencias del sector agrario para que atienda el desarrollo de la propiedad social de México, dentro de los programas de desarrollo Social. Pero que sea hoy.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro.

-DIP. MARGARITO FIERROS TANO: Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, manifestamos una amplia coincidencia con respecto a la proposición presentada por el señor diputado José Lamberto Díaz Nieblas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sin embargo, procede señalar la implementación de políticas de corte neoliberal y global en nuestro país desde hacer varios sexenios y hasta la fecha, han acentuado las condiciones de pobreza de la población rural, que han dado lugar al resurgimiento de fuertes conflictos sociales.

La historia es vasta, no obstante, existen periodos que se encuentran bien marcados, los cuales nos permiten discenir los errores que se cometieron, principalmente desde los años 60s., en donde el sector rural ha luchado y presionado constantemente en defender sus derechos agrarios.

Todo ello incluso hace cuestionables los resultados de las reformas constitucionales de 1992 promovidas por el líder de las privatizaciones, Carlos Salinas de Gortari que, según él, se encontraban orientadas a la modernización, libertad y justicia en el campo, pero de manera contradictoria el nuevo marco legal del campo se ha caracterizado por mantener en la pobreza a los amplios núcleos de la población campesina.

Asimismo, a pesar de las frecuentes firmas de tratados y acuerdos internacionales de cooperación e intercambio económico, éstos no nos han favorecido para enfrentar la competencia en los mercados externos y mucho menos en dar una solución a la enorme crisis en la que se encuentra el sector agrario, pues hasta hoy no sabemos nada de la susodicha modernización planteada a nuestro sector; únicamente recibimos evasivas por parte de nuestros gobernantes profundizando, en los hechos, las condiciones de deterioro en el campo.

Por otra parte, en el Acuerdo Nacional para el Campo se contempla una política de fomento productivo y desarrollo económico y una política social para el desarrollo rural sustentable orientadas a fortalecer el sector rural como tarea prioritaria de gobierno y de la sociedad para revertir los angustiosos años de política priísta que fomentaron el abandono, pobreza y aislamiento de amplios núcleos de población rural.

A su vez, el gobierno de Vicente Fox tiene la gran oportunidad histórica de abandonar su política de continuidad priísta. Aún es tiempo de rectificar el camino para que el sector rural sea el motor de la economía regional y nacional.

Pero en este terreno el Poder Legislativo no puede ser omiso. Su responsabilidad es mayor. Por ello, ahora planteamos de manera enfática que sean considerados la asignación de mayores recursos económicos para el sector agrario en la próxima aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

Asimismo, el cumplimiento de los objetivos y de reclamos vertidos en el Acuerdo Nacional para el Campo firmado el pasado 28 de abril del presente año para que éstos sean cumplidos cabalmente en orden de legalidad.

Señoras y señores legisladores: tratándose de proposiciones, si no hay oradores en contra, el Reglamento permite solamente dos intervenciones en pro. El número de puntos de acuerdo a discutir en la sesión es bastante numeroso.

Para poder conceder el uso de la palabra a los dos oradores registrados en este mismo tema tengo que consultar a la asamblea. Se instruye a la secretaría que consulte a la asamblea si se permite continuar la discusión de este punto de acuerdo.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se permite ampliar el número de oradores en pro en la presente proposición en discusión.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

EL C. PRESIDENTE: Señores diputados, como no tengo ninguna solicitud en contrario, se concede el uso de la palabra al señor diputado don Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro.

- EL C. DIP. LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

"El artículo 89 de nuestra Carta Magna es claro. Establece facultades y obligaciones del Presidente de la República. En su fracción I le mandata promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

"En este sentido y acorde al punto de acuerdo que hoy se somete a votación del pleno, por considerarlo éste un asunto de urgente y obvia resolución, debemos observar lo siguiente:

"Por una parte, una reforma agraria integral debe de ser el marco regulador y de fomento para satisfacer plenamente las necesidades de los núcleos agrarios, sobre todo en cuestiones de tenencia de la tierra y estimular la propiedad social que permita establecer un desarrollo que dé la pauta hacia una mayor participación de los ejidos y comunidades dentro de los programas de desarrollo rural.

"Durante los últimos 30 años hemos visto cómo se han implementado diversos programas de apoyo, protección y estructuración del campo mexicano, los cuales son han dado los frutos necesarios y en el peor de los casos, ni siquiera se han implementado en todo el país.

"La problemática de la tenencia de la tierra es cada día más grave. La inseguridad jurídica es atroz. Es primordial resolver estos problemas.

"Nosotros, los diputados de la LIX Legislatura y los millones de personas que laboran en el agro mexicano, esperamos ver avances sustanciales para rescatar la fuente de alimentos de todos los mexicanos.

"El compromiso agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con los Estados Unidos de América, se fundamenta en la importación de alimentos básicos como lo son: el maíz, soya, trigo, sorgo, frijol, oleaginosas, vegetales, aceite, ganado vacuno, carnes frescas y refrigeradas. A cambio de la exportación de: café, jitomate, legumbres, hortalizas y frutas frescas, jugo de naranja, cerveza y camarón congelado. Los perdedores netos que ha generado el tratado de Libre Comercio con América del Norte en las actividades agrícolas mexicanas, han sido los productores de granos básicos y oleaginosas, pues son los que más han visto castigados los precios de sus productos por la competencia desleal que los negociadores han permitido.

"Estos productores representan el 65 % de la superficie agrícola, generan un poco menos del 40 % del valor de la producción y la mitad de los empleos en el campo mexicano.

"Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la aplicación del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe realizar si al tratar de gravar mercancías para proteger al agro nacional o restringir o prohibir su tránsito, no se violentan los tratados signados por nuestro país y además si este Congreso así lo estima conveniente, tal y como lo establece el citado artículo.

"Por ello apoyamos la presente proposición del diputado Díaz Nieblas, del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de realizar una reforma agraria integral que otorgue ganancias concretas a los campesinos de nuestro país.

"Es deber de esta Cámara de Diputados proteger, apoyar y mejorar el campo mexicano y establecer las bases para que el segmento más marginado de nuestra economía, tenga las oportunidades necesarias para que se concreten los beneficios de una verdadera reforma agraria."

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el señor diputado don Rubén Alfredo Torres Zavala, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

- EL C. DIPUTADO RUBEN ALFREDO TORRES ZAVALA (PAN): Con su venia, señor Presidente.

Urgente resolución, urgencia, no existe ninguna urgencia más evidente y clara en nuestro país que la de impulsar el desarrollo de quienes hoy menos tienen. Después de un proceso histórico doloroso en nuestro campo, en nuestros ejidos y en nuestras comunidades, no encuentran la seguridad económica para las familias. Nada más urgente que atender a quienes menos tienen.

El llamado también que tiene que hacer hoy con resolución, no solo resolución para hacer un exhorto al Ejecutivo Federal. Eso en el peor de los casos nos lleva unos minutos aquí en la tribuna. Resolución nos exige el llamado a servir a aquellos a quienes protestamos servir y respetar, a quienes protestamos hoy representar. Resolución nuevamente para hacer vigente el llamado de tierra y libertad. Tierra y libertad que hoy no son suficientes.

La seguridad jurídica y la tenencia de la tierra que indiscutiblemente las reformas al artículo 27 constitucional le dieron a nuestros ejidos y a nuestras comunidades, evidentemente tampoco son suficientes.

La libertad que hoy festejamos en la mayoría de nuestros ejidos y de nuestras comunidades se ve opacada por el abandono, la emigración, de nuestros campesinos en busca de oportunidades en donde hoy no las tienen.

Es por eso que hoy, con urgente resolución, debemos de establecer una política agraria integral que acerque los programas federales que son tan necesarios en nuestro campo, tan necesarios pero también insuficientes. Necesitamos una política agraria integral que promueva el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestros ejidos, que otorgue seguridad jurídica a quienes hoy quieren invertir en nuestro campo, que aseguren que esas inversiones al final no se traduzcan en despojos simulados de la propiedad social en nuestro campo.

En el contexto mundial y ante el pragmatismo de la globalización no es aceptable , como ocurre en la actualidad, que los ejidatarios y los comuneros de nuestro país queden marginados de los beneficios de las inversiones en fraccionamientos, en desarrollos turísticos y comerciales, de las innovaciones tecnológicas y de las oportunidades de capitalización. Necesitamos trabajar juntos, con urgente resolución, el Ejecutivo y quienes hoy estamos aquí, para lograr un marco legal y el presupuesto suficiente, y el presupuesto suficiente -repito- para promover el desarrollo integral de nuestros ejidos y de nuestras comunidades.

Es por eso que hoy el Partido Acción Nacional se suma a este exhorto, pero también lo hace extensivo a quienes aquí estamos.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

- LA C. DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Marco Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con punto de acuerdo para hacer un llamado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, a fin de que informe ampliamente al Congreso del Estado de Michoacán acerca de la incorporación de ciudadanos cubanos en los programas y tareas del gobierno estatal.

-DIP. MARKO ANTONIO CORTES MENDOZA (PAN): Con su permiso, diputado Presidente.

"Diputados y diputadas: Un servidor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto ante ustedes el siguiente punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes

"En mi estado, en Michoacán, contamos con una de las escuelas de educación normal de mayor reconocimiento nacional. Contamos entre otras con el CREFAL, organismo internacional que prepara a capacitadores e impulsa el desarrollo de tecnologías y nuevos modelos educativos para jóvenes y adultos. Además contamos con otras instituciones que educan a nuestros indígenas en su lengua natal, conociendo y respetando sus valores y costumbres.

"Contamos con un grupo muy numeroso de docentes a lo largo y ancho de Michoacán, deseosos de mayores oportunidades de desarrollo, deseosos de aplicar sus conocimientos y de modernizar las técnicas de educación. Pero a pesar de este gran potencial educativo y sin contemplar las grandes molestias ni las necesidades, ni los anhelos de grupos importantes del Magisterio, el Gobierno del Estado de Michoacán, de algunos meses para acá incorporó a cubanos en diferentes áreas del gobierno como educativas, agrícolas, culturales y deportivas, siendo lo más conflicto y lo que trataré el día de hoy en esta tribuna, la incorporación de cubanos en un proyecto de alfabetización que no sería mal visto si en Michoacán no contáramos con la gente capacitada y dispuesta para desempeñar la misma labor con iguales o mejores resultados.

"La molestia de la ciudadanía y principalmente del sector del Magisterio, es que todas las acciones del Gobierno del Estado deben beneficiar a los michoacanos antes que a los extranjeros.

"El Magisterio ha demandado aumento a sus estímulos económicos y el gobierno de los estados no les ha dado respuesta, lo cual ya desató problemas y enfrentamientos muy graves.

"Todo este descontento fue despertando el reclamo social, escuchándose voces de varios grupos y organizaciones, siendo hasta entonces cuando el gobernador reconoció públicamente y declaró su intención de implementar un proyecto de alfabetización llamado Alfa-TV, con un costo de 35 millones de pesos, operado por profesores cubanos.

"Acción Nacional por supuesto está a favor del combate al analfabetismo, siendo indiscutible que se necesitan tomar medidas al respecto y más en estados donde alcanza un nivel de 13.3 por ciento, pero estamos en contra de la manera antidemocrática de su implantación, del ocultamiento de información sobre el programa y de que tengan que venir extranjeros que no sólo transmitan conocimientos técnicos sino también cultura, ideologías y valores que no son propios de los mexicanos.

"Pero principalmente estamos en contra de que teniendo michoacanos con la capacidad y la disposición de desempeñar dichas responsabilidades, se privilegie a extranjeros; esto es lo que no podemos concebir, la desvalorización de nuestras capacidades y el desplazo.

"Amigas y amigos diputados: El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, antes de querer implantar programas importados debió haber hecho un diagnóstico y valorado el acervo cultural-educativo que tenemos en Michoacán y, en todo caso, después de no cumplir con lo que dijo en su lema de campaña en el 2001, que decía: Los michoacanos juntos tenemos con qué, solicitar o aceptar la cooperación extranjera en materia educativa.

"Primero.- Exhortar al gobierno de Michoacán para que tomen en cuenta en primer lugar a los maestros mexicanos, a los maestros michoacanos, a las instituciones educativas del estado y se reconozca la amplia contribución que pueden dar a este programa.

"Segundo.- Salvaguardar las garantías de los pueblos y comunidades indígenas en relación a su derecho de recibir educación gratuita en su lengua, respetando sus costumbres, cultura e identidad.

"Tercero.- Que se informe a la brevedad y de manera clara y suficiente al Congreso del Estado de Michoacán, sobre el costo del programa, el sustento jurídico y las razones de la contratación de extranjeros en lugar de mexicanos.

"Cuarto y último.- Que se privilegie la contratación de mexicanos con igualdad de capacidades y preparación antes que el extranjero.

¿Con qué objeto señor Diputado, por favor sonido en la curul del señor Diputado.

-EL C. DIPUTADO JUAN PEREZ MEDINA (DESDE SU CURUL) Señor Presidente, pido a usted me permita la palabra, con fundamento en el Artículo 102 del Reglamento Interno, para hechos.

-EL C. PRESIDENTE. Señor Diputado, le voy a indicar el acuerdo que el pleno de la Asamblea votó, en su Artículo 13º dije lo siguiente: "toda proposición con Punto de Acuerdo presentada a la Cámara, será turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva en la Comisión competente, sin que proceda discusión".

Si yo le concedo a usted el uso de la palabra para hechos en el capítulo de Proposiciones, estaría contrariando el pleno de la Asamblea y no tengo competencia para ello. Traeríamos ya, sentaríamos el precedente de que en todas las proposiciones sería un número interminable de intervenciones para hechos.

-EL C. PRESIDENTE. Adelante señor Diputado. Tiene el uso de la palabra. La Presidencia deja en suspenso el turno hasta esperar la votación.

-EL C. DIPUTADO HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA (desde la curul ). Para una aclaración diputado Presidente.

-EL C. DIPUTADO HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA 8desde su curul): Gracias. Nada más para dejar muy claro ante el pleno de esta Asamblea, que efectivamente como usted lo menciona en proposiciones con Punto de Acuerdo, el Acuerdo Parlamentario señala que no hay intervenciones para hechos. En el caso del compañero del Partido de la Revolución Democrática que va a intervenir en contra, independientemente de aquellos que deseen intervenir en el debate correspondiente, pero haciendo la aclaración que no obstante que señala que va a intervenir en oposición al Punto de Acuerdo, seguimos en el entendido que no hay intervenciones para hechos

-EL C. PRESIDENTE. En efecto señor Diputado don Héctor, hice la precisión que el señor Diputado le puedo conceder el uso de la palabra en una de las dos excepciones que marca el Acuerdo Parlamentario y la tienen contra lo que me va a obligar a instruir a la Secretaría a pedir una votación terminando él su intervención con el propósito de ver si turnamos o no la proposición.

-EL C. JUAN PEREZ MEDINA. Muchas gracias señor Presidente. El Gobierno del Estado de Michoacán es respetuoso de las leyes que rigen nuestro país, por lo tanto los extranjeros que se encuentran en la entidad , cual es el caso de referencia, cumplen puntualmente con lo que al respecto la Norma Constitucional les marca. La Secretaría de Gobernación sabe de la situación en la que se encuentran los Especialistas Cubanos que están en el Estado de Michoacán y a que hace referencia el señor Diputado de Acción Nacional.

El día 28 de Octubre se presentó ante el Congreso Local el Secretario de Educación en el Estado atendiendo la solicitud del Congreso para informar a detalle de las actividades que estos especialistas realizan en materia educativa, por lo tanto, el Gobierno del Estado no se ha negado a transparentar las actividades que como Gobierno realiza en la entidad.

Los especialistas cubanos de referencia, no son empleados del Gobierno y su estancia está sustentada en el marco de las disposiciones del programa de cooperación educativo cultural entre México y Cuba signado en la ciudad de La Habana, Cuba, el 26 de septiembre de 1974 y ratificado en la XII Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental celebrada el 25 y 26 abril de 2001 en la ciudad de La Habana, Cuba.

Michoacán no es la única entidad que realiza este intercambio de colaboración con la República de Cuba, ya que existen otras que en este momento sostienen distintos convenios de colaboración como ocurre con los Estados de Nayarit, San Luis Potosí y Jalisco, entre otros.

Me detengo en el caso de San Luis Potosí, un convenio similar se está desarrollando desde hace 4 años y apenas el año pasado Reyes Taméz Guerra, Secretario de Educación Pública, reconoció en una de las escuelas de este programa que están en el primer lugar nacional en calidad.

Michoacán no sólo tiene colaboración con Cuba, existe actualmente colaboración con la comunidad valenciana de España, en materia de salud, y con la Junta de Andalucía con quien se elabora el catálogo de monumentos y edificios históricos de la entidad y lo hará con quienes aporten elementos para el desarrollo bajo las condiciones que marca la ley.

Sí queremos mencionar que no se está substituyendo a nadie en este convenio; que se presentó ante el Congreso local; se explicó y tiene la venia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo tanto considero que no hay lugar para la petición que al respecto ha realizado el diputado que me antecede.

- EL C. DIP. FEDERICO DÖRING CASAR: (desde su curul) Para hablar en pro del trámite, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Como estamos en la excepción a que hace referencia el acuerdo parlamentario, señala que puede hablar una persona en contra y otra en pro. Se le concede el uso de la palabra en pro.

El diputado que me antecedió en el uso de la palabra, solicitó el mismo para hablar en contra del trámite que había dictado la Presidencia y esgrimió una serie de consideraciones, sobre todo en términos de lo que había sido el desarrollo de la Glosa en el Congreso local del Estado de Michoacán, que me parece que en primera no abordaron en términos procesales ninguna disposición de la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento que pudiera estar siendo contravenida por el trámite que ha dictado la Presidencia y ése es exactamente el espíritu de la propuesta que el día de hoy estamos discutiendo.

El turno a comisión es el trámite adecuado, ¿por qué?… porque no es en esta tribuna, en esta etapa procesal donde se debe de ventilar esta materia, la materia con la información a la que ha hecho referencia el diputado que me antecedió, seguramente podrá y será enriquecida por todos los grupos parlamentarios.

Si la información ya fue aportada al Congreso local como ha señalado quien me antecedió en el uso de la palabra, suponiendo sin conceder que así hubiera sido, no existiría ningún obstáculo para que también fuese remitida a este Congreso, a esta Cámara de Diputados y aquí también podría ser merecedora de otro análisis, de otra exploración pero sobre todo un enriquecimiento.

Si se aporta al debate un ánimo constructivo, y no un ánimo hermético, quizá el resolutivo sufra alguna consideración y alguna modificación.

Yo no veo ningún problema con el trámite que ha dictado la Presidencia y ése es, sí exactamente la materia del punto de acuerdo, que se discuta el tema en la comisión, no en esta tribuna, no es ésta la etapa procesal para discutir el fondo del tema, si así fuera, no tendría razón de ser la creación de las comisiones ordinarias, porque todo mundo tendría que venir aquí a discutir el fondo de los asuntos a "bote pronto" y me parece que esta Cámara, en éste y otros temas o mejor dicho en todos los temas, lo que merece es seriedad, exploración y prudencia en el análisis.

Ningún tema puede ser, desde mi particular punto de vista, sesgado y vetado del análisis y exploración de las comisiones, para eso están las comisiones y yo, señor Presidente, respaldo a carta cabal el trámite que usted ha señalado como propuesta a esta asamblea y le solicito que se someta a votación, si es procedente o no el trámite que usted ha señalado. Gracias, señor Presidente.

-EL PRESIDENTE :Gracias diputado. Se instruye a la Secretaría para que en votación económica consulte a la asamblea, en votación económica si se turna o no a la comisión.

-LA SECRETARIA DIP. MARIA DE JESÚS GARCIA MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea, si se turna la proposición en discusión.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

-EL PRESIDENTE: Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Manzanares Córdova del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a las radios comunitarias.

En atención al tiempo leeré una síntesis del documento que contiene la proposición con punto de acuerdo entregada para su publicación en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, la cual se sustenta en los antecedentes y consideración que a continuación se exponen.

Las radios comunitarias operan en México desde hace casi 40 años. Estas radios presentan características diferentes a las radios comerciales, pues son un espacio de participación en beneficio de las comunidades y sectores ciudadanos.

La diversidad de las radios comunitarias se manifiesta en el mosaico de funciones que desarrollan con sus transmisiones con contenidos educativos, de promoción de los derechos humanos, de equidad de genero, de protección civil, de trabajo social y servicios a las comunidades, servicios a los migrantes y sus familias, campañas de salud, programas culturales y artísticos, etcétera.

Destacan aquellas radios comunitarias que transmiten en idioma indígena, con lo que realizan una relevante contribución a la preservación de la identidad de las culturas indígenas y sirvan también como un lazo de unión y comunicación social de los grupos étnicos de nuestro país.

Segundo.- Un factor adverso para las radios comunitarias es que efectúan sus actividades sin el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, sobre estas circunstancia se debe tomar en cuenta cuando menos dos atenuantes.

Primero.- Que la actual Ley Federal de Radio y Televisión, no contiene normas adecuadas a la radio comunitarias, cuyas características las hacen diferentes a las comerciales.

Segundo.- Que no obstante que en reiteradas ocasiones diversas radios comunitarias han tramitado sus permisos ante la mencionada Secretaría, ésta se ha negado sistemáticamente a otorgarlos, argumentando que no cumplen los requisitos técnicos a pesar que alguna de ellas han acreditado el cumplimiento de estos requisitos.

Tercero. A partir del 2002 se han incrementado los cierres, las amenazas y las agresiones en contra de las radios comunitarias por parte de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es preocupante que en reiteradas ocasiones y en varios casos, hayan participado miembros del Ejército Mexicano. Los pretextos de los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aluden a la discutible ilegalidad con que se operan las radios comunitarias, así como la acusación de que se trata de radios clandestinas, piratas o pro guerrilleras. En realidad se trata de una ofensiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en contra de las radios comunitarias, debido a que esta Secretaría ha asumido la gestión de los intereses de algunas radiodifusoras comerciales agrupadas en la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión, quienes acusan a las radios comunitarias de competencia desleal.

Considerando que la libertad de expresión y el derecho a la información están garantizadas en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, que la fracción VI del artículo 2º del texto constitucional mandata a las autoridades de la Federación, los estados y los municipios, para establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que la ley lo determina.

Que por sus características, las radios comunitarias deben ser consideradas con criterios distintos a los aplicables a las radios comerciales, ya que éstas últimas se rigen con el objetivo de obtención de un mayor lucro en tanto las radios comunitarias se destacan por sus fines sociales y como espacios de participación ciudadana y cuestión comunitaria.

En consecuencia, por los antecedentes y las consideraciones expresadas, se propone a esta representación el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación, a suspender la campaña en contra de las radios comunitarias

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda que su Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía aborde la situación jurídica de las radios comunitarias, a fin de proponer una normatividad adecuada para la operación de las mismas.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Gobernación y de Radio, Televisión y Cinematografía.

Tiene la palabra la diputada María Avila Serna , del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal se determine el riesgo real en que se encuentra la población infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua, por la problemática de contaminación que se está presentando, y emita la solución inmediata.

Compañeras y compañeros diputados: Es importante que los gobiernos de los países en vías de desarrollo tomen en cuenta la importancia de evaluar el impacto de la contaminación atmosférica en la salud infantil y considerar que existen factores que aumentan la vulnerabilidad, como es la desigualdad social.

México, al igual que otros países en desarrollo, tiene una importante población infantil urbana que vive en condiciones de pobreza. Los niños, en particular los más pequeños, constituyen un sector de la población susceptible a las amenazas ambientales en virtud de su comportamiento y de su reducida capacidad para metabolizar sustancias tóxicas.

Además de su fragilidad fisiológica, muchos niños sufren una gran vulnerabilidad social relacionada con la pobreza, como es la desnutrición y el medio ambiente desfavorable.

Específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, los niños menores de 15 años representan 12% de la población y los menores de 5 años, cerca del 9%. Si consideramos que 75% de estos niños residen en zonas urbanas, el impacto potencial en la salud ocasionado por la contaminación atmosférica es grande.

El día 10 de noviembre del 2003 la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, CCAAN, hizo del dominio público el documento de trabajo titulado Impactos de la Contaminación Atmosférica en la Morbilidad y Mortalidad de la Población Infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua en México.

Este estudio fue encargado como parte del trabajo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, iniciativa trinacional para el mejoramiento de la calidad del aire, corredores de comercio y transporte de América de Norte.

El estudio se realizó con objeto de determinar el impacto de los contaminantes PM10 y ozono en la salud respiratoria infantil. El estudio hace la observación de que existe un mayor índice de morbilidad y mortalidad por causas respiratorias en las zonas urbanas de la región con relación a la contaminación atmosférica de la misma, por lo que sus resultados subrayan la necesidad de instrumentar acciones rentables para controlar los problemas de contaminación atmosférica y evitar que empeore la situación actual.

Entre las causas que fueron encontradas se dice que Ciudad Juárez solamente está pavimentada poco menos de la mitad de su territorio, varias de estas calles están deterioradas y algunas inconclusas. Esta situación provoca graves congestionamientos de tránsito y mayor contaminación atmosférica.

Los resultados del estudio arrojaron que la mortalidad infantil en Ciudad Juárez se presenta de la siguiente manera: la más alta radica en niños de un mes o menores con un 64.4%, 20% entre niños y niñas de un mes a un año de edad y en ambos casos el 81% de las muertes se relaciona con alguna causa respiratoria.

La información sobre morbilidad muestra que durante los últimos cinco años se atendieron un total de 78 mil 330 consultas de urgencia, de las cuales el 57% se relacionaba con causas respiratorias.

Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, argumentan que estos hechos no son ciertos, que lo que está sucediendo es que en los últimos meses Ciudad Juárez ha sido objeto de una campaña de descrédito internacional, que tiene como intención presentarla como una comunidad sumida en el caos, la violencia, el vicio y la ingobernabilidad.

Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, comprometido con el cuidado, conservación del medio ambiente y conscientes de que es ahí donde los mexicanos construiremos una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza, es fundamental respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país.

Por todo lo anterior, es que presentamos al Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente propuesta con punto de acuerdo.

Primero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que determine el riesgo real en la cual se encuentra la población infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua y la solución a la problemática que se esté presentando.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud a que instruya a su personal de clínicas y centros de servicios públicos en Ciudad Juárez, Chihuahua, a crear brigadas que den atención inmediata a la población infantil en riesgo o en estado de vulnerabilidad.

Tiene la palabra el diputado Juan Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que se respete el acuerdo mediante el cual se establece el nuevo formato de comparecencias y respondan a los cuestionamientos realizados por los diputados de la presente Legislatura.

Para Convergencia resulta muy importante y estoy seguro que para todos ustedes lo que es el tema de la rendición de cuentas. Esto también debe permitir una relación adecuada para guardar los pesos y contrapesos en una democracia.

Hemos sido testigos de la comparecencia de muchos funcionarios del Estado del Gobierno Federal y sin duda alguna vemos en algunos de ellos poca voluntad política por darnos respuestas específicas.

Actualmente yo cuento con la respuesta exclusivamente por escrito del Secretario de Energía y de PEMEX, pero aquí tengo a la mano cartas escritas desde el mes de octubre a Javier Usabiaga, Alfredo Elías y a Francisco Gil que desde mediados del mes pasado recibió, no solamente las preguntas con tres días de antelación por escrito a su comparecencia, sino que no respondió prácticamente ninguna de las preguntas, que en mi caso le formulé y no ha respondido por escrito a estas preguntas.

El artículo 93 establece claramente que los secretarios de despacho darán cuenta al Congreso de la Unión el estado que guardan sus ramos, después de que esté abierto el Período de Sesiones y el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, reafirma lo establecido en este artículo 93.

Si bien es cierto la Constitución no especifica de manera puntal cómo deben ser las comparecencias, también lo es que para ello el Congreso o cualquiera de las cámaras, tenemos la facultad de emitir disposiciones específicas que reglamenten lo decretado por nuestra Carta Magna.

Y prueba de ello es el acuerdo que se aprobó en el Pleno de la Cámara el pasado 18 de septiembre de este año, en donde se establece en el artículo segundo, que los grupos parlamentarios enviarán sus cuestionamientos al servidor público con 72 horas naturales a la realización de la comparecencia, por escrito y que serán publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Cabe puntualizar que no contamos con alguna disposición legal que obligue fehacientemente a los secretarios a remitir respuestas firmes y concretas en sus comparecencias ante los plenos de la Cámara de Diputados y Senadores, siendo que el Presidente de la República es el único titular del Ejecutivo que tiene el uso y el ejercicio de las facultades potestativas.

Por ello, conforme a los artículos 92, 93 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los secretarios de estado tienen facultades ejecutivas y gozan de cierta autonomía en materias de su competencia y de una gran discrecionalidad.

Por ello, para dejar claro y sin duda alguna la factibilidad de un programa, un proyecto o un posicionamiento de la dependencia a su cargo, los suscritos diputados de esta Quincuagésima Novena Legislatura, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea por mi conducto el siguiente

Que se envíe copia certificada al presidente Vicente Fox Quesada, del acuerdo parlamentario emitido por la Junta de Coordinación Política, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 18 de noviembre de 2003, para que los instruya a los secretarios de despacho, a los jefes de departamento, directores, administradores, etcétera, a fin de que se dé cumplimiento al acuerdo antes mencionado, que den respuestas puntualmente a los cuestionamientos formulados por los diputados de los grupos parlamentarios representados en esta Honorable Cámara de Diputados durante su comparecencia y si por el tiempo no les fuera adecuado y suficiente, respondan por escrito, en un plazo no mayor de tres días naturales después de celebrada su comparecencia.

Firmamos este punto de acuerdo: Lázaro Arias, del PRI; Oscar González, del PT; Cuauhtémoc Ochoa, del Verde Ecologista; Jaime del Conde, del PAN y todos los diputados de Convergencia.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el señor diputado don Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que contra la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para derogar los incisos g) y h) de la fracción I del artículo segundo y el inciso f) de la fracción I del artículo octavo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se mantengan y continúen vigentes las actuales disposiciones. Adelante, Diputado.

-EL C. DIP: DON CARLOS BLACKALLER AYALA: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En el paquete económico 2004, enviado por el Ejecutivo Federal a esta soberanía, como parte de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones fiscales, propone la eliminación del Impuesto Especial aplicable a las aguas mineralizadas, refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, entre otros, sustentando dicha propuesta en un falso fundamento que textualmente dice: "Con el propósito de resolver el problema de sobreproducción y restricciones de mercado en el extranjero que enfrentaban los productores mexicanos de azúcar, estableció un gravamen a los refrescos que no contuvieran azúcar de caña.

Y continúa señalando: Hoy día el problema de sobreproducción está superado incluso se están realizando importaciones de azúcar de caña.

Con relación al problema de las restricciones de mercado, éste debe atenderse con los instrumentos que permite la negociación mercantil internacional, por ello, se propone la derogación del impuesto cuando la realidad es otra muy distinta.

El Ejecutivo federal pareciera no recordar que en una cuenta muy sencilla de la entrada en vigor del TLCAN a la fecha, nuestro país importó fructuosa y maíz subsidiado en cantidad equivalente a 2.8 millones de toneladas de azúcar. Por otra parte, en franca violación a lo estipulado en el Anexo 703.2 del TLCAN y siguiendo con la cuenta, Estados Unidos sólo autorizó importaciones de azúcar mexicana por 372 mil toneladas de azúcar, escudándose en supuestos Acuerdos paralelos, los que nuestro Senado nunca aprobó, quedando clara la injusta ventaja que de forma unilateral toma a su favor nuestro principal socio comercial, éste es el origen real de la supuesta sobreproducción de azúcar mexicano.

Solamente en los dos años comerciales anteriores a la implantación del impuesto especial a los refrescos, México importó y produjo más de un millón de toneladas de fructuosa, originándonos un excedente por un millón 330 mil toneladas, de las cuales Estados Unidos autorizó importaciones de azúcar mexicana por sólo 264 mil, el diferencial un millón 076 mil tuvieron que venderse en el mercado mundial a precios muy inferiores al costo de producción, con las consabidas pérdidas para toda la cadena productiva de la industria mexicana de la caña de azúcar.

En efecto, lesionando nuestra economía por casi 400 millones de dólares, pero si esa cifra la cuantificáramos a partir de la entrada en vigor del TLCAN se ha afectado con más de 700 millones de dólares a nuestro sector azucarero.

Hoy, la contraparte norteamericana, que se dice modesta. por lo que ellos han dado en llamar el sova tax (?), está tratando de encontrar una solución al conflicto de elducorantes.

Si algo los ha acercado a buscar el diálogo, indudablemente es la permanencia del impuesto especial, de no haber sido así la situación de nuestros productores, obreros y agricultores les tendrían sin cuidado, y como es su costumbre, velando únicamente por sus propios intereses.

El argumento del Ejecutivo federal referido a las importaciones, es oscuro y tendencioso, aun y cuando esta soberanía lo solicitó el Ejecutivo federal no ha querido o no ha podido aclararlas, con base fidedignas sabemos que la importación realizada hasta hoy por 70 mil toneladas, fue para reponer inventarios que se habían surtido a las industrias maquiladoras de exportación, reconocemos que ello fue en apoyo a las fuentes de empleo que estas empresas generan.

Hoy existen las condiciones para llegar a una negociación sustentable y satisfactoria en ambos lados de la frontera. No podemos pensar en desperdiciar este momento, y que por una decisión irresponsable o apresurada, en la que cualquier modificación o muestra de debilidad en este sentido, alejaría esta histórica oportunidad.

Con base a lo expuesto anteriormente, me permito presentar a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

UNICO.- Exhortar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública y a esta soberanía, para que contra la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para derogar los incisos g) y h) de la fracción I del artículo 2º. y el inciso f) de la fracción I del artículo 8º. de la Ley

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se mantengan y continúen vigentes las actuales disposiciones contempladas en los artículos referidos.

-EL C. PRESIDENTE: Por nada diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a las Legislaturas de los Estados, a fin de que cumplan con su obligación constitucional de legislar en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.

-DIP. FERNANDO ANTONIO GUZMAN PEREZ PELAEZ: El que suscribe su servidor Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente Punto de Acuerdo, para exhortar a las legislaturas de los estados de la República, para que cumplan con su obligación constitucional de legislar en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.

Jurídica y filosóficamente la reforma constitucional del 14 de julio el año de 2002, mediante la cual se insertó un párrafo en el artículo 113 constitucional, se sentaron las bases de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Está esta reforma plenamente justificada por significar en si misma un esfuerzo más para concretar en nuestro país un verdadero y pleno estado de derecho. Esta reforma fue producto del descontento cada vez más generalizado de la sociedad, ante la irresponsabilidad con la que históricamente se ha conducido la Administración Pública Mexicana, con respecto a los particulares.

Por lo que coincidimos en lo expuesto por don Fernando Garrido Falla, quien señaló que esta institución jurídica, la responsabilidad patrimonial del Estado, se ha conformado paso a paso, a golpe de leyes o de decisiones jurisprudenciales.

Parte importante de la actuación de la LIX Legislatura, así como de las legislaturas locales, consiste en garantizar el fortalecimiento del estado de derecho frente a las nuevas situaciones que plantean los cambios vertiginosos por los que atraviesa hoy en día nuestra sociedad y nuestro gobierno, en los ámbitos federal, estatal y municipal.

La actual etapa de la vida democrática nacional, alcanzada después de innumerables luchas sociales, políticas y jurídicas, intenta cristalizar los genuinos ideales de equidad y justicia social ya consagrados en nuestra Carta Magna, tarea que sin duda se verá reforzada con el ejercicio eficaz de la institución que aquí nos ocupa.

Cierto estoy que esta nueva institución concebida como la más amplia y progresiva en la materia, contribuirá de manera contundente y trascendental, al desarrollo de nuestro estado de derecho, el cual prevé como requisito sine qua non la confianza por parte del pueblo de México, en que el actuar de nuestras autoridades sea debidamente fundado y motivado.

Y en aquellos casos en los que se afecte el patrimonio de un particular, sin observar la garantía de legalidad y seguridad jurídica referidas, dicho particular contará con el mecanismo idóneo para exigirles afrontar la responsabilidad producto de un acto injustificado, injusto e ilegítimo.

Esta nueva institución representa un paso trascendental en las relaciones gobernantes y gobernados, que concilia en mucho el poder del Estado en la responsabilidad del mismo para justo beneficio de los gobernados.

El cambio en la concepción sobre la actuación del Estado y sobre la responsabilidad que deriva de un ejercicio indebido de las atribuciones que le han sido conferidas, conlleva a reconocer como un deber constitucional del propio Estado, el resarcir los daños y perjuicios causados a los particulares, con motivo de un mal ejercicio de sus funciones.

A pesar, compañeros diputados y diputadas, de que está por transcurrir el plazo que el 1o. de enero de 2004 vence y que se otorgó en la reforma constitucional, solamente los estados de Jalisco y Aguascalientes, hasta donde tenemos noticia, han dado cumplimiento a la reforma.

Por lo que me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente Punto de Acuerdo.

UNICO. Que esta Honorable Cámara de Diputados exhorte a las legislaturas de los estados que no han cumplido su obligación constitucional de legislar en materia de responsabilidad patrimonial, para que den cumplimiento a dicho mandato y de esta manera se fortalezca nuestro estado de derecho. Es cuanto, señor presidente.

Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que este honorable pleno se pronuncie en contra de la aprobación del artículo segundo transitorio del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2004, impidiendo la aprobación de su fracción XV, que pretende desincorporar al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

LA C. DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO: Con su permiso, señor presidente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este órgano colegiado la proposición con punto de acuerdo para que este honorable pleno se pronuncie en contra de la aprobación del artículo segundo transitorio del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, impidiendo la aprobación de su fracción XV que pretende desincorporar al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías bajo las siguientes consideraciones:

El Ejecutivo Federal nos ha hecho llegar el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004 y nos llama la atención la desincorporación de 16 paraestatales propuesta en el artículo segundo transitorio de dicho proyecto, especialmente el caso del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el Fonart.

Este Fondo es un fideicomiso público del gobierno federal, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, que fue constituido el 14 de julio de 1974 por mandato del Ejecutivo Federal.

El objetivo fundamental de Fonart es brindar apoyo a los artesanos que viven en condiciones de pobreza para potenciar sus capacidades a través del financiamiento y el estímulo a la creatividad, promover las estrategias comerciales que permitan la venta adecuada de sus productos y contribuir con ello a mejorar su nivel de vida y preservar los valores de su cultura tradicional que aseguren el posicionamiento de productos artesanales de calidad en los mercados nacionales e internacionales.

En el tercer informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social se reporta que la compra de artesanías por parte del Fonart, en el período de septiembre del 2002 a agosto del 2003, los recursos para compras se distribuyeron en 28 estados y se atendieron a 26 pueblos indígenas. Se realizaron compras de artesanías por 17.9 millones de pesos, en beneficio de más de 44 mil personas entre artesanos y productores y la población que depende de esta actividad, y las ventas artesanales realizadas por centros de venta y por el departamento de Comercio Exterior de Fonart ascendieron a 19.4 millones de pesos.

Sólo en el período de septiembre a diciembre del 2002 se otorgaron 813 créditos, con una derrama de 1.9 millones de pesos que beneficiaron a más de cuatro mil personas. Se impartieron 274 asesorías que beneficiaron a más de 11 mil 800 personas pertenecientes a 75 comunidades de 18 estados de la República.

Se organizaron 37 concursos artesanales que permitieron beneficiar directa o indirectamente a más de 8 mil 700 personas.

En el apartado denominado Visión general del gasto público se establece que la finalidad de todas las desincorporaciones propuestas obedece a la liberación de recursos públicos para mejorar la atención de sectores prioritarios. ¿Qué acaso los indígenas no es un sector prioritario?

Desde la óptica común consideramos que este sector artesanal es prioritario y además estamos refiriéndonos principalmente a los artesanos indígenas y a sus familias que por generaciones han entregado su arte a cambio de una vida de atraso tecnológico, económico y social.

Deben ser considerados prioritarios por ser una población vulnerable que vive en la más alta marginación, que sufren todas las carencias y ahora la falta de apoyos para la preservación de sus valores culturales.

Resulta incongruente e ilógico que en la exposición de motivos del mismo Proyecto de Presupuesto del 2004 que pretende la desincorporación del FONART se solicita también para esta misma entidad, un apoyo de 42 millones de pesos con lo cual se estima beneficiar a 15 mil 796 artesanos mediante la adquisición de artesanías y la organización de concursos y asesorías técnicas para fomentar el sentido artístico y cultural de las artesanías populares.

"Asimismo dentro de las líneas políticas del gasto público del Ejecutivo, para el 2004, se establece el incremento al gasto social, particularmente el destinado a la superación de la pobreza.

"El primero es proponer la desaparición del mismo y al mismo tiempo solicitar el apoyo para continuar con el programa. Pero lo más absurdo es que no fue suficiente que en el 2003 se disminuyera un 11 % el Presupuesto del FONART en relación al ejercicio 2002, sino que en el ahorro anual, por la desincorporación del FONART del 2004, serán 42 millones de pesos que respecto al producto interno bruto representa seis diezmilésimos puntos porcentuales y que respecto al gasto programable de la Secretaría de Desarrollo Social, representa cuatro milésimas de puntos porcentuales.

"De aprobarse la desincorporación de FONART se estarían afectando a más de 63 mil artesanos y a sus familias, en su mayoría indígenas.

"Yo me pregunto y le pregunto al Ejecutivo: ¿dónde está el principio de subsidiariedad?

- LA C. DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO (En tribuna, continúa): Termino, señor Presidente.

"Desconocemos la verdadera razón del planteamiento del Ejecutivo, por lo que solicitamos a ustedes se someta a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo

UNICO.- "Para que esta honorable asamblea se pronuncie en contra de la aprobación del artículo 2º. Transitorio del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2004, impidiendo la aprobación en su fracción XV que pretende desincorporar al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el FONART."

Tiene la palabra el diputado Francisco Alvarado Villazón, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo para recomendar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público tome en cuenta los efectos fiscales y económicos que tendría el decremento de la tasa del IVA del 15 al 10 % y el incremento de las tasas de IEPS, con el objeto de evitar el incremento del contrabando y la adulteración.

- EL C. DIP. FRANCISCO ALVARADO VILLAZON: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

"Excepciones establecidas en el Sistema Tributario, algunas para mejorar la distribución del ingreso y otros como resultado del peso político de ciertos sectores, han restado neutralidad a la recaudación, haciéndola insuficiente.

"Lo anterior ha generado un sistema tributario que no posibilita la eficiencia y crea un importante grado de dependencia respecto a los ingresos petroleros. Necesitamos crecer, requerimos empleos, inversión en infraestructura, educación, salud, capital humanos y tenemos que hacer frente a una pérdida de competitividad.

"Con relación a la Ley del Impuesto especial Sobre Producción y Servicios, el IEPS, derivado de una posible disminución en la tasa del Impuesto al Valor Agregado, el Ejecutivo propone aumentar la s tasas del IEPS, es decir, evitar el beneficio del IVA y no reducir la carga fiscal.

"Por otra parte el Ejecutivo también propone la nueva Ley de los Impuestos a las Ventas y Servicios al Público. Ley que incluye potestades tributarias para entidades federativas con la intención de establecer un impuesto local del 2 %.

"Sabemos que los impuestos especiales, como es el caso del IEPS, persiguen no solamente fines recaudatorios, sino también coadyuvar a cumplir con otros objetivos de carácter extrafiscal como es desalentar el consumo.

"Estamos conscientes de que las bebidas alcohólicas así como el cigarro, son nocivos para la salud; pero no sólo con el establecimiento de tasas impositivas que moderen el consumo se resuelve el problema, ya que existe un problema de contrabando y adulteración cada vez mayor, que ha provocado aún más graves problemas de salud pública. Además está comprobado que altas tasas en el impuesto, no reducen el consumo, sino incrementan la ilegalidad, es decir, el contrabando y la adulteración.

"Resultan interesantes los controles que establece la propuesta de reforma del Ejecutivo a la Ley del IEPS, como son la importación de alcohol, así como la producción y venta de mieles incristalizables, materia prima que se utiliza para la fabricación de bebidas alcohólicas. Sin embargo, se puede hacer más con la intención de reforzar la lucha contra la ilegalidad en materia sanitaria.

"Consideremos conveniente analizar no solo efectos fiscales en la reforma, sino también los económicos, ya que los insumos utilizados por la industria de vinos y licores y la cervecera provienen en su mayoría de productores agropecuarios mexicanos, sector que de por sí se encuentra en desventaja competitiva de los importantes subsidios que nuestros socios comerciales otorgan en este mismo sector.

"Se ha visto que el Ejecutivo no ha combatido el contrabando y la venta ilegal, por lo que resulta incongruente que con un incremento en los impuestos se pretenda recaudar más. Lo único que propicia es fortalecer la creciente mafia de economía ilegal, haciendo más atractivo su negocio y poniendo en riesgo la vida de las personas.

"Además, para el caso de la región fronteriza, el IVA causa ya con una tasa vigente del 10 por ciento, por lo que un incremento a la tasa del IEPS de más un 2 por ciento, en caso de aprobarse la nueva Ley de los Impuestos a las Ventas y Servicios al Público, traería un incremento en el precio del consumidor de frontera, dejando en desventaja comparativa a la industria nacional como podría ser el caso de la cervecera.

"Por lo anterior, el grupo del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con

"1º Se recomienda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que tome en cuenta tanto los efectos fiscales como económicos que pueden darse considerando el decremento de la tasa del IVA del 15 al 10 por ciento, la tasa fronteriza vigente del 10 en el IVA y el incremento en las tasas del IEPS para que el precio público considerando los efectos fiscales se mantengan en condiciones similares a los del día de hoy y se evite el incremento en el contrabando y adulteración.

"2º Se recomienda a la Comisión de Presupuesto para que etiquete los ingresos provenientes del IEPS por concepto de alcohol y tabaco y sean destinados a la Secretaría de Salud para elaborar programas dirigidos a moderar el consumo, incluyendo una política educativa difundiendo las consecuencias del consumo de estos para la salud".

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA (PRI): Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Salud.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para integrar la Comisión Especial Investigadora del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

- EL C. DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL (Convergencia): Con su anuencia, señor Presidente.

"En virtud de que el pasado 14 de octubre y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los mismos Estados Unidos Mexicanos, diputados de distintos grupos parlamentarios de esta LIX Legislatura, después de revisar los requisitos legales y de reunir la cuarta parte de los integrantes de esta Cámara, presentaron y consiguieron la aprobación de esta honorable asamblea para la constitución de la Comisión Especial para investigar el IPAB:

"Se da el lamentable caso que a más de tres meses de distancia que esta Comisión no ha sido constituida, por lo mismo la Junta de Coordinación Política ha diferido el cumplimiento del mandato de la asamblea para atender la ingente necesidad de revisar y fiscalizar a nombre del interés público y con la apremiante necesidad de resguardar el patrimonio de la nación los casos de las cuantiosísimas cantidades que los bancos privatizados trasladaron a la deuda pública y que siguen constituyendo el más gravoso costo fiscal que año con año asfixia el presupuesto de la nación.

"Sabido es que la Suprema Corte de Justicia limitó las facultades de Auditoría Superior de la Federación para practicar, en el ejercicio solicitado, una revisión exhaustiva a los respaldos de los pagarés que del Fobaproa se transfirieron al IPAB bancos de la importancia como Vital, Banorte, Banamex y Bancomer, que con dicha resolución a su favor los bancos ahora ponen las condiciones para ser investigados a sabiendas de que se arreglarán las cuentas a su mayor conveniencia.

"La deuda neta del IPAB alcanza la suma de 785 mil 743 millones de pesos, es decir, el 11.10 por ciento el Producto Interno Bruto. Y el servicio a dicha deuda durante este ejercicio rebasa en mucho los 40 mil millones de pesos que con los gravámenes a medicinas y alimentos busca el gobierno federal con cargo a los mexicanos más pobres cubrir el servicio de la deuda indicada.

"Es por ello que este diferimiento irresponsable puede estar dolosamente buscado por los partidos PAN y PRI, que aprobaron la constitución del IPAB y que constituyen la mayoría y el voto ponderado de la Junta de Coordinación Política, en cuyo caso sus integrantes serán responsables y sujetos de juicio político en los términos del artículo 110 de la Constitución General de la República, pues no podrán ser dispensados por los agravios que con esta conducta anticonstitucional al violar una ley federal, causan al interés del pueblo y a la economía popular.

"Esta soberanía carece de autoridad moral para establecer mayores cargas fiscales al pueblo mientras no dé muestras de perseguir la restitución de fondos que le han sido indebidamente sustraídos al erario, ni por los desfalcos que se hicieron vía FOBAPROA a IPAB, ni por los que se consumaron contra las finanzas de PEMEX y los que se siguen haciendo con los contratos y concesiones de los líderes charros de la Comisión Federal Electoral.

"Nadie desconoce que Jonathan Davis, Héctor Reynaldo Tinoco y otros vocales del IPAB proceden del entonces FOBAPROA, por lo que se manifiesta flagrantemente el conflicto de intereses y la perversa intención de ocultar el asalto más cuantioso a las finanzas públicas en la historia de México.

"La reciente renuncia de Julio César Montenegro Rubio como Secretario Ejecutivo del IPAB, ocurrida el pasado 15 de los corrientes y la posibilidad de que otro sujeto del Banco de México ocupe este lugar, hace más apremiante el cumplimiento de este mandato a la Junta de Coordinación Política.

"Por lo expuesto, solicito a esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

"Único.- Se insta a la Junta de Coordinación Política, para que integre la Comisión Investigadora del IPAB, que fue aprobada por esta soberanía el pasado 14 de octubre.

-PRESIDENTE, DIP. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA: Gracias diputado González Schmal.

-DIP. DOLORES PADIERNA LUNA (desde su curul): Para hablar del mismo tema, señor Presidente.

-PRESIDENTE: Diputada, a menos de que se oponga, porque el 122 del Reglamento es muy claro y el acuerdo por el que se norman las discusiones y los turnos, aprobado por el pleno de esta soberanía, me obliga a turnarlo de inmediato. Le ruego me disculpe.

Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales conformen una Comisión Especial conjunta que verifique la calidad del agua, volúmenes, instalaciones y funcionamiento de las estaciones hidrométricas de la cuenca Lerma-Chapala.

-DIP. ROBERTO ANTONIO MARRUFO TORRES (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

"Proposición con punto de acuerdo para que las Comisiones de Recursos Hidráulicos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, conformen una Comisión Especial conjunta que verifique claridad del agua, volúmenes, instalaciones y funcionamiento de las estaciones hidrométricas de la cuenca Lerma-Chapala.

"Los suscritos diputados federales jaliscienses, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondientes a la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 48 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo.

Compañeras Diputadas y Diputados. El Artículo 27 Constitucional establece la facultad de la nación para regular en beneficio de la sociedad el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana.

A pesar de los esfuerzos programáticos e institucionales implementados en la Cuenca Lerma Chapala, sigue siendo esta una de las más contaminadas del mundo ya que diferentes estudios realizados por Biólogos y Especialistas Ambientales, han manifestado que la contaminación de la Cuenca provoca serios daños al eco sistema, graves enfermedades a su población piscícola serios niveles de azolvamiento, una gran cantidad de nutrientes que genera la sobre población del lirio acuático y, por supuesto, la calidad del agua para consumo humano no es la óptima.

Además, los sistemas de medición que se utilizan en las estaciones hidrométicas de la Cuenca Lerma Chapala son obsoletos, no se cuenta con el personal y el equipamiento adecuado para determinar volúmenes entrantes y salientes y por si esto fuera poco, dichas estaciones hidrométicas se encuentran abandonadas.

Ante tal situación y por considerarlo de vital importancia para el equilibrio ecológico y protección del medio ambiente de la Cuenca, los suscritos Legisladores jaliscienses del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta honorable representación popular, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo.

1º. Que las Comisiones de Recursos Hidráulicos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, conformen una Comisión Especial Conjunta que verifique la calidad del agua, volúmenes, instalación y funcionamiento de las estaciones hidrométicas de La Estanzuela, Camécuaro, Urpetiro, Yurécuaro, Corrales, Adjuntas, La Peñita, Angamacutiro, Salamanca, Silao, Américas, Pericos, Begoña, Obregón, El Pueblito, Queréndaro, El Plan, Atenangp, El Saltín, Santiago Edú, Gigantes, Temazcales, Temazcales C, Temalcaltzingo, Puerto Metepec, Atotonilco, Los Vázquez y Lavé (?) localizables todas ellas dentro de la Cuenca Lerma, Chapala, correspondiente a los Estados de México, Querétaro, Michoacán , Guanajuato y Jalisco.

2º. La Comisión Especial se conformará por un Miembro de cada Fracción Parlamentaria de las Comisiones de Recursos Hidráulicos, Medio Ambiente y Recursos Naturales y su duración será no mayor de 30 días.

Firman los Diputados Federales jaliscienses, Roberto Marrufo, Javier Guizar, Quintín Vázquez, María Esther Sherman, Lázaro Arias, Carlos Blackaller, Francisco Javier Bravo, Manuel Carrillo, Sergio Armando Chávez, José García, Leticia Gutiérrez, Jesús Lomelí, Gonzalo Moreno, Hugo Rodríguez, Leonel Sandoval, Evelia Sandoval y David Hernández Pérez.

Tiene la palabra el señor Diputado Isidro Camarilla Zavala, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal informe sobre las acciones realizadas para contrarrestar los efectos que cause en nuestro país la entrada en vigor de la Ley contra el Bio Terrorismo en los Estados Unidos de Norteamérica.

Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno norteamericano inició una serie de acciones con el propósito de proteger las áreas más susceptibles de recibir a corto o largo plazo un ataque terrorista, es por eso que esta amenaza está alertando a la mayoría de los Estados del hemisferio occidental a ejecutar y posicionar medidas internas con la finalidad de reducir la probabilidad de ser presa de atentados a la vida y la seguridad de su población.

El próximo 12 de diciembre entra en vigor en los Estados Unidos de América, la Ley de Propuesta y Preparación sobre el Bioterrorismo y la Seguridad de la Salud Pública firmada el 12 de junio de 2002 por el presidente George W. Bush que con sus disposiciones altamente restrictivas encamina a proteger la salud y la vida del pueblo estadounidense, garantizando que el abastecimiento de alimentos no sea usado como instrumento de ataque terrorista.

El pasado 15 de octubre, la Agencia para la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, publicó el Reglamento de los Estados, de los registros y avisos previos de la Ley contra el Bioterrorismo en donde enfatizan las regulaciones (?) finales del mantenimiento de atenciones administrativas a partir del 12 de diciembre.

Los legisladores del PAN coincidimos en que cabe una seria posibilidad de que la entrada en vigor de dicha ley, se constituya en una medida restrictiva no arancelaria y una violación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que derive en un trato discriminatorio hacia las empresas exportadoras mexicanas y provoque daños a los sectores productivos nacionales.

El problema es grave compañeros, pues involucra la exportación de productos perecederos, para los que una demora de unos cuantos días podría resultar fatal y para el resto, es decir los no perecederos, implicará por lo menos un aumento en sus costos logísticos y operativos asociados a su exportación lo que necesariamente le restará competitividad.

En total, el valor de las exportaciones agroalimentarias es de aproximadamente 8,500 millones de dólares por año, de los cuales aproximadamente el 90% se exporta a los Estados Unidos, esto es 7,700 millones de dólares que serán susceptibles a la Ley contra el Bioterrorismo de Estados Unidos de América. Si tan sólo el 20% de éste fuera rechazado por no cumplir con las disposiciones que marcan la nueva ley, estaríamos hablando de 1,500 millones de dólares anuales más los costos asociados a acopio, empaque y traslado de la frontera.

Por lo anterior, los productores y comerciantes que se verán afectados por la ley norteamericana, requieren que el Gobierno Mexicano asuma una posición que permita minimizar los impactos en las exportaciones de productos alimenticios. Como todos sabemos, el presidente Fox ha manifestado su preocupación ante el Gobierno Norteamericano por estos posibles efectos negativos y de igual forma lo está haciendo con mayor énfasis ante la Organización Mundial de Comercio.

Honorable Asamblea, con la aplicación de estas disposiciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, los productores mexicanos encontrarán nuevos obstáculos, obstáculos que ya gravan la ya de por sí difícil situación por la que atraviesan.

Ante la proximidad de comparecencias del Secretario de Economía, considero de vital importancia que este punto se apruebe en este momento, por la gravedad de las consecuencias de esta ley para los exportadores mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Acción Nacional somete a su consideración los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO: 1.- La Cámara de Diputados solicita al Secretario de Economía, Fernando Canales Clarión, que en su próxima comparecencia ante esta soberanía informe sobre las medidas tomadas ante la ley norteamericana contra el bioterrorismo.

2.- La Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo Federal se informe qué acciones está realizando el Gobierno Mexicano para contrarrestar los posibles efectos nocivos de la Ley contra el Bioterrorismo para México.

3.- La Cámara de Diputados apoyará las acciones que deba realizar el Gobierno Mexicano con el objetivo de reducir los riesgos negativos en la relación comercial de México con Estados Unidos a causa de dicha ley.

4.- La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal a redoblar las acciones de difusión y capacitación en pro de mejorar las exportaciones mexicanas.

- EL C. PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

- EL C. SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si considera de urgente resolución la proposición.

-EL SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-EL PRESIDENTE: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. En esta Presidencia, se han registrado con anterioridad los diputados Inelvo Moreno Alvarez del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Cruz López Aguilar del Partido Revolucionario Institucional. En su momento esta Presidencia consultará a la asamblea si es de ampliarse el turno de oradores.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Inelvo Moreno Alvarez del PRD para hablar en pro.

De nueva cuenta se presenta una amenaza en contra de los principios de competencia internacional.

Ahora, los Estados Unidos, en aras de enfrentar acciones de terrorismo, adicionan un nuevo instrumento de protección no arancelaria, que por si solo constituye una medida unilateral que violenta los principios contenidos en los tratados internacionales.

La Ley de Respuesta y Preparación sobre el Bioterrorismo y la Seguridad de la Salud Pública que entrará en vigor el próximo 12 de diciembre, obliga al exportador de alimentos y medicinas a cumplir con un detallado formato de inscripción en un registro de administración de alimentos y fármacos de Estados Unidos.

Con ello y toda vez, que conforme a los registros realizados a la fecha únicamente el 20% de las empresas mexicanas exportadoras de alimentos, han presentado la notificación correspondiente, por lo cual existe el riesgo de que en breve se detenga la entrada de los productos mexicanos al país del norte, situación que resulta sumamente preocupante si se considera que el 89% de las exportaciones de alimentos tiene como destino a los Estados Unidos.

En ese ámbito los legisladores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, coincidimos con los planteamientos contenidos en el punto de acuerdo presentado por el diputado Isidro Camarillo Zavala, que se dirige a solicitar al Secretario de Economía información respecto a las medidas efectuadas ante la entrada en vigor de la denominada Ley Contra el Bioterrorismo y al propio Ejecutivo Federal, para que se informe qué acciones está realizando el gobierno mexicano para contrarrestar los posibles efectos nocivos de la ley comentada para el país de México.

Pero aún más, la entrada en vigor de la Ley de Respuesta y Preparación sobre los Alimentos y el Bioterrorismo y la Seguridad de la Salud Pública, resulta un llamado hacia los Poderes Legislativo y Ejecutivo para alentar una política propia de desarrollo del campo, que conlleve al mejoramiento de las condiciones de vida de los amplios sectores de la población que sustentan su existencia en las actividades primarias.

La política proteccionista de los Estados Unidos que repercute de manera directa en los países socios, es una muestra de que no se puede limitar el desarrollo nacional al amparo o vaivenes de otras economías, requerimos impulsar una alternativa diferente que vincule a todos los sectores económicos del país, promueva la distribución del ingreso y logre vencer los amplios márgenes de pobreza existentes en este país.

No se trata por lo tanto, de generar tan sólo una política que se oriente a minimizar los impactos de las exportaciones de productos alimenticios, la visión debe ser integral. Se requieren acciones que venzan los obstáculos que representa el establecimiento de nuevos controles no arancelarios, que por sí mismos resultan discriminatorios y sobre todo, una política que encuentre nuevos horizontes para alentar el crecimiento de la producción en el campo mexicano.

En este terreno se debe exhortar, además, al Ejecutivo Federal a cumplir cabalmente con los compromisos suscritos con los productores nacionales en el Acuerdo Nacional para el Campo, donde se establecen lineamientos para sostener una política de fomento productivo y de desarrollo económico.

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Cruz López Aguilar.

EL DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

Me parece que no está a discusión la facultad jurídica y el derecho de los estadounidenses a protegerse del terrorismo, aunque subsisten dudas sobre una evidente actitud bélica y la incidencia de ésta en la proliferación de actos de desesperación de la multitud de pueblos que han sido agredidos.

Por otra parte, ante la evidencia de las restricciones que va a generar esta ley a las exportaciones agropecuarias de México, nuestro Gobierno no puede asumir la táctica del avestruz y exponer prácticamente a todo el cuerpo de exportadores mexicanos a una medida que se suma a barreras fitozoosanitarias, al aumento desproporcionado de apoyos y subsidios y hasta a la inocuidad utilizada como pretexto hasta este momento, para favorecer y proteger a los productores y comercializadores de Estados Unidos. Negar el impacto de esta ley no disminuye las consecuencias, sino por el contrario, las potencia.

Yo quisiera, compañeros diputados y diputadas, que se pregunten y se respondan el siguiente cuestionamiento: cómo afectará la Ley del Combate al Bioterrrorismo a nuestros exportadores. Les recuerdo, como ya lo hizo el que me antecedió en el uso de la palabra, que el Gobierno Federal y las Mesas Directivas del H. Congreso de la Unión firmaron el Acuerdo Nacional para el Campo y suscribieron el compromiso de proteger a los productores nacionales de la competencia desleal.

Para aumentar la comprensión del impacto, les aporto a mis compañeros diputados y diputadas las siguientes realidades:

Esta ley establece que se exigirá un aviso previo al exportador. El aviso deberá ser contestado en forma oficial previamente a presentar los productos de inspección.

Cualquier instalación o empresa involucrada en la manufactura, procesamiento, empaque o almacenamiento de alimentos destinados al mercado de los Estados Unidos, deberá estar registrada en este país y se exigirá que cuente en todos los casos con un agente representante autorizado.

La exigencia burocrática operará a favor del impero y eliminará a las pequeñas empresas y productores en lo individual, que actualmente están exportando productos a los Estados Unidos y por supuesto favorecerá a los brokers norteamericanos. En la exportación, según el criterio de nuestro socio comercial, estamos condenados los productores y las empresas pequeñas, a participar sólo en el primer eslabón de la cadena productiva.

Vayamos ahora a escenarios de aplicación de criterios policiacos en el ingreso de productos primarios nacionales al vecino país, contiene tal discrecionalidad esta ley en cuestión que un supervisor simplemente con la presunción de infectación de un producto, lo puede detener e incautar sin ninguna responsabilidad, pues posteriormente si el hecho no se demuestra, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad.

Por tal motivo me sumo a lo expuesto por mis compañeros diputados que me antecedieron en el uso de la palabra y propongo se exhorte al Gobierno Federal para que exija la definición de los términos de ingreso de los productos agropecuarios, dada esta nueva barrera comercial, asimismo apoye a los exportadores pequeños para cubrir los requisitos administrativos que son muchos y negocie la reducción de criterios policíacos en las relaciones comerciales con los Estados Unidos.

Por otro lado, le solicito muy respetuosamente a mis compañeros diputadas y diputados, que deben iniciar trabajos urgentes para aprobar una ley espejo que contrarreste los efectos perniciosos de esta ley norteamericana y por lo tanto exhortar al Ejecutivo Federal para que envíe la iniciativa correspondiente en el plazo más breve posible.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias, diputado. En virtud de que obra registro en esta Presidencia de la solicitud de participación del diputado Jorge Legorreta Ordorica y en virtud también de que ya han hecho uso de la palabra dos diputados en pro, pregunte la Secretaría a la asamblea si es de concedérsele el uso de la palabra al diputado previamente registrado.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se le autoriza el uso de la palabra la diputado solicitante.

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Legorreta Ordorica.

Los eventos terroristas suscitados en Estados Unidos de América el 11 de septiembre de 2001 y los consecuentes ataques de ántrax que sufrieron en ese país, fueron los detonantes para que esa nación tomara medidas extremas para evitar posibles sabotajes con alimentos tanto nacionales como importados.

Así, la administración de alimentos y fármacos de los Estados Unidos, dio a conocer la Ley de Seguridad de Salud Pública y de Preparación y Respuesta al Bioterrorismo, cuyo objetivo es proteger el abasto de productos alimenticios contra amenazas bioterroristas al dar a la FDA mejores herramientas para rastrear los envíos y contener cualquier ataque terrorista. Dicha ley entrará en vigor el 12 de diciembre de este año.

Entre las estipulaciones la FDA debe recibir notificación previa de todas y cada una de las partidas y alimentos que entren a los Estados Unidos de América, entre los requisitos se debe incluir una descripción de todos los artículos, el fabricante y el embarcador, así como del productor, el país originario, el país el que se envía el artículo y el puerto de entrada previsto.

Si bien esta medida tiene un contexto de seguridad nacional para el país vecino, a nosotros como mexicanos nos implica una serie de consideraciones no siempre favorables.

Debemos de estimar que dicha ley contiene muchos requisitos a cubrir y que gran parte de los agricultores y productores agropecuarios mexicanos que son pequeños y medianos empresarios, no cuentan con las capacidades para cubrir dichos requisitos, por lo que complicarán la fluidez de nuestras exportaciones agroalimentarias.

También debemos considerar que los productores nacionales requerirán de inversiones extra para poder cumplir con los requisitos solicitados para importar a los Estados Unidos. Un ejemplo es en lo referente a transportación de las mercancías, sus empaques y embalajes, así como los controles sanitarios respectivos.

Por la complejidad de la ley, existe un fuerte riesgo de que se produzca el rechazo de embarques, se afecten las exportaciones mexicanas y se pierda competitividad.

Para el Partido Verde Ecologista de México, el sector agropecuario, así como los grupos sociales que lo integran, son tema de prioridad nacional, por lo que en base a las consideraciones antes expuestas es que apoyamos el exhorto al Ejecutivo Federal para que informe sobre las acciones realizadas para contrarrestar los efectos que cause a nuestro país la entrada en vigor de Ley contra Bioterrorismo.

De igual forma y si así lo permite el Diputado promovente y la Asamblea, pedimos que en esta propuesta se exhorte al Ejecutivo Federal a realizar las reuniones y acuerdos pertinentes con nuestro país vecino, para contrarrestar los efectos negativos de dicha ley en nuestro país, con base en los principios de reciprocidad internacional. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.

-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

--EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto, a petición del grupo parlamentario que lo registró, luego entonces, tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, para presentar una proposición con punto de acuerdo a fin de adecuar el marco competencial de la Comisión de Participación Ciudadana, suscrita por integrantes de la misma.

--EL C. DIP. JAIME MIGUEL MORENO GARAVILLA: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

Con la firma de la diputada María Angélica Ramírez Luna, de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, de la diputada Susana Manzanares Córdova y del diputado Juan Bustillos Montalvo, quienes conforman la Mesa Directiva de la Comisión de Participación Ciudadana, se presenta medularmente y en algunos extractos, la siguiente proposición con propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

El tres de octubre del año 2000, el Pleno de esta Cámara de Diputados acordó la creación de la Comisión de Participación Ciudadana, con el propósito de analizar la conveniencia de incorporar al Sistema Político Mexicano las formas de democracia, se dice semidirectas.

Se iniciaba así el diseño de la órbita competencial de la Comisión de Participación Ciudadana, quedando pendiente su final adecuación ampliando dicha órbita, según las previsiones, que tanto la Constitución como diversas leyes federales hacen expresamente sobre la participación ciudadana.

Por lo que hace a la estructura jurídica de este tipo de participación a nivel local, el pasado martes 14 de octubre la diputada Susana Manzanares, Secretaria de la Comisión, presentó una proposición para que esta Cámara exhorte a los Poderes Legislativos de las entidades federativas, a fin de que promuevan la aprobación, ampliación y/o profundización de las leyes de participación ciudadana.

En la actuación gubernativa, no sólo se justifica, sino se hace indispensable este tipo de participación como sustento y legitimación, tanto de la norma jurídica como del quehacer de los órganos de gobierno del Estado Mexicano.

La democracia en el país exige como elemento consustancial la participación ciudadana y se justifica ésta en el diseño, aplicación, supervisión y evaluación de toda actividad gubernativa, tal como en espíritu se recoge en el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, consagrado en el artículo 26 constitucional.

Como se recogerán así esas aspiraciones y demandas de la sociedad que se plasman en Plan y Programa de Desarrollo y se establece también que el Congreso de la Unión deberá tener una intervención en esa selección de aspiraciones en los términos que señale la ley, y estas leyes son 17 leyes federales que hacen alusión sobre el particular.

En la Ley de Planeación se señala que las organizaciones representativas de obreros, campesinos y grupos populares, instituciones académicas profesionales de investigación, organismos empresariales y otras agrupaciones sociales, deberán participar como órganos de consulta permanentemente en los aspectos de planeación democrática, relacionados con su actividad a través de foros y otras formas de expresión.

Como se puede advertir, la competencia y actividad de la Comisión de Participación Ciudadana debe comprender rubros que inciden en la tarea de coadyuvar en el fortalecimiento y enriquecimiento del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, y que obviamente encuentran punto de contacto con diversos temas de la agenda legislativa nacional.

Para tal efecto, es menester que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, establezca foros de consulta permanentes en el país, recogiendo las propuestas y opiniones ciudadanas que debidamente sistematizadas y canalizadas a las Comisiones, autoridades y organismos competentes, hayan de contribuir al fortalecimiento y optimización de la vida institucional de México.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta Asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente

PRIMERO.- Se refrenda el exhorto a los Poderes Legislativos de las entidades federativas, a fin de que en el marco de su competencia, promuevan la aprobación, ampliación y profundización de las leyes de participación ciudadana en los términos de la proposición presentada por la diputada Manzanares.

SEGUNDO.- Para dar cumplimiento a lo que dispone el párrafo final del artículo 26 Constitucional, se instruya a la Comisión de Participación Ciudadana realice todas las actividades necesarias, a efecto de intervenir dentro del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional en los términos que las distintas leyes federales ordenan la participación social o ciudadana.

TERCERO.- Se instruya a la Comisión de Participación Ciudadana para concertar y, en su caso, coadyuvar con las instancias y órganos competentes, en el establecimiento de foros permanentes de consulta ciudadana en las entidades federativas y municipios del país, en los que se convenga, para propiciar el conocimiento, análisis o formulación de propuestas, tendientes a dar cumplimiento al punto anterior, así como enriquecer los trabajos de la agenda legislativa nacional.

Asimismo, la Comisión de Participación Ciudadana, deberá turnar a las instancias y Comisiones competentes, las propuestas ciudadanas, para su debida atención.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

-LA C. SECRETARIA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

En consecuencia, está a discusión la proposición, esta presidencia tiene registrados para hablar sobre el tema en pro a la diputada Susana Manzanares Córdova del grupo parlamento del Partido de la Revolución Democrática, y a la diputada María del Carmen Izaguirre Franco del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Susana Manzanares Córdova del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-DIP. SUSANA MANZANARES CORDOVA: Con su permiso señor diputado; señor presidente:

He solicitado el uso de la palabra para apoyar el punto de acuerdo propuesto por el diputado Jaime Moreno Garavilla y por la incorporación del Punto de Acuerdo que yo presenté en el mes de octubre.

En cuanto al primer resolutivo propuesto en el punto de acuerdo, el exhorto a esta Cámara de Diputados a los poderes legislativos de las entidades federativas para lo que en su caso aprueben, amplíen o profundicen sus respectivas leyes de participación ciudadana, dicha medida se inscribiría en un proceso de construcción jurídica e institucional de los espacios y mecanismos de participación ciudadana, derecho consagrado en nuestra Carta Magna.

En relación al segundo resolutivo, se trata de que la Cámara de Diputados a través de su Comisión de Participación Ciudadana, desarrolle las atribuciones que la ley le señala con respecto al sistema de planeación del desarrollo nacional, lo que implica que esta representación tendría una mayor presencia en la sociedad, con el propósito de promover la participación ciudadana en el diseño de los programas de gobierno y las políticas públicas.

La aprobación del tercer resolutivo significaría la implementación de una medida específica, los foros de consulta organizados en coordinación con los diferentes niveles y esferas de gobierno para recoger las propuestas ciudadanas y así promover el enriquecimiento de las labores del gobierno y las legislativas, lo que sin duda otorgaría más legitimidad a ambas.

Señoras y señores diputados: la potencialidad de la participación ciudadana es de una gran importancia para la vida pública del país y esta Cámara como institución representativa de la nación, debe contribuir a fortalecer el ejercicio de todos los mecanismos que sustentados en la ley, sean vínculos y vehículos de los afanes, las preocupaciones y las propuestas de los ciudadanos mexicanos.

La creación de la Comisión de Participación Ciudadana como comisión ordinaria de esta Cámara, hace apenas tres años, así como en los últimos 8 años se han aprobado leyes de participación ciudadana en los diversos estados de la República, son indicadores de que el impulso a la estructura jurídica y a los mecanismos institucionales de la participación ciudadana, es un proceso reciente, por lo que todavía es necesario llevar a efecto múltiples medidas para fortalecer el ejercicio de un derecho inherente a la condición ciudadana, la participación en los asuntos públicos.

Por tales razones, convoco a todos ustedes a apoyar como de urgente y obvia resolución, este punto de acuerdo presentado a esta Soberanía.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, en pro, la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

-DIP. MA. DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS: Con su permiso señor presidente; Honorable Asamblea:

Con su voto aprobatorio a este punto de acuerdo, permitirá a los integrantes de la comisión, una mayor penetración en el conocimiento de los problemas que prevalecen en las comunidades más pobres y lejanas de nuestro país; así como atender las necesidades elementales de los habitantes de nuestros estados.

La participación ciudadana hoy en día debe ser tal que aliente y fortalezca los instrumentos y programas gubernamentales, así como la propia legislación que debe enmarcar su intervención. Sumemos nuestros esfuerzos para que un tema tan importante para nosotros, logre alcanzar la apertura de nuevos espacios, donde se escuchen las voces y los sentimientos de la sociedad en el desarrollo de la nación.

La planeación en el ámbito nacional constituye un instrumento eficaz para darle rumbo y contenido al desarrollo del país a partir de un proceso que permita operar mecanismos de concertación entre el gobierno y la ciudadanía.

La Comisión de Participación Ciudadana está preocupada por conocer de viva voz las opiniones e ideas de la sociedad mexicana. Que tengan esas voces injerencia en los temas relevantes de nuestro país.

Contribuyamos a la construcción de nuevos canales de comunicación y acercamiento con la sociedad.

Está demostrado que en las naciones donde se abren las puertas a la participación de los ciudadanos esto se convierte en mucho mejores fórmulas para establecer leyes, planes y programas y se alcanzan mucho, mucho mejores soluciones a los problemas.

Desde hace varios años los mexicanos demandan la apertura de espacios para su participación en el diseño, revisión, seguimiento e implementación de las políticas públicas.

Hoy, como legisladores, estamos contribuyendo a lograr el deseo de tantos mexicanos. Con la aprobación de este punto de acuerdo los miembros de la Comisión asumimos la responsabilidad de lograr que las ideas de la sociedad sean escuchadas y por consiguiente plasmadas.

Fomentemos así una nueva cultura ciudadana. Como legisladores buscamos alentar la más sana participación de los ciudadanos. Si logramos esto tendremos instituciones fuertes y una ciudadanía realmente participativa.

Mi voto y deseo es que podamos lograrlo en beneficio de nuestro gran país. Gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada. Consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutida. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición que contiene punto de acuerdo a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta y Pública asigne a la Comisión Nacional de las Zonas Aridas una partida presupuestal superior a la del ejercicio fiscal de 2003.

EL C. DIPUTADO FERMIN TRUJILLO FUENTES: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, honorable asamblea: vengo a esta tribuna a darle voz a las comunidades rurales con menos de dos mil 500 habitantes, localizadas en las zonas áridas y semiáridas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Sonora, comprendidas en 634 municipios en los que se ubican 57 mil 340 localidades en los que habitan más de 4.5 millones de personas para manifestar con firmeza a nombre de los diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Sonora, nuestro total desacuerdo con el Ejecutivo Federal de iniciar el proceso de desincorporación de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas, CONAZA; y presentar a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en el marco de las siguientes consideraciones:

"La CONAZA se orienta a mejorar los niveles de bienestar social de los habitantes de las zonas del desierto y semidesierto mexicanos, impulsando el desarrollo productivo de las comunidades rurales de estas regiones para revertir la marginación en que viven. Para lograrlo, operan tres programas:

"Primero.- Programa Plan Acuario, donde su objetivo es operar en colaboración con la CONAZA y la Secretaría de la Defensa Nacional, el abastecimiento gratuito de agua para uso doméstico a la población objetivo, utilizando camiones cisternas para proporcionar este servicio, donde no es posible hacerlo por otros medios.

"Segundo.- Programa de Desarrollo para los Habitantes del Semidesierto. Su propósito es atender las necesidades de infraestructura social básica y productiva que permita extraer, captar, conducir, almacenar y distribuir agua para sus diversos usos, así como el mejoramiento del entorno comunitario propiciando la participación de la mujer campesina.

"Tercero.- Programa de Vinculación Científica y Transferencia de Tecnología. Su finalidad es promover el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

"El objetivo general de la CONAZA, es transformar las zonas áridas en un lugar de oportunidades donde la forma de vivir sea digna y con un mejor futuro, conjuntando esfuerzos para revertir la marginación de las comunidades rurales. En las zonas áridas.

"Desde hace 20 años México sufre un proceso de desertificación que afecta al 2 % más de su territorio, sumando ya 40 mil kilómetros cuadrados. Esta situación provocó bajos rendimientos y productividad agrícola, disminución del hato ganadero en un 50 %, menor disponibilidad de agua en todas sus formas, corriente del subsuelo freática para 25 mil pequeñas y dispersas localidades; migración constante a centros industriales o a la frontera norte del país por la falta de oportunidades y/o condiciones de trabajo, difíciles de la zona; agotamiento de las presas de almacenamiento, disminución del rendimiento de los cultivos, aumento en los incendios forestales, sobrepastoreo de los agostaderos y aceleración del proceso de certificación.

"Pero no sólo la sequía produce los conflictos anteriores para quienes viven en el semidesierto, sino también los cambios climáticos cuyas tendencias para los próximos 50, 70 años indican mayor déficit de humedad, es decir, aun cuando llueva, la disponibilidad de la humedad será menor agravando la fragilidad de los ecosistemas ante una carencia recurrente de agua.

"En las simples y exactas matemáticas, más de la mitad de los estados de la República Mexicana, 17 en total, están consideradas dentro de las condiciones anteriormente expuestas y si bien algunos de ellos recibieron lluvias abundantes en este año que aseguran el consumo doméstico y de uso agropecuario, no garantizan la solución definitiva en estas regiones del país que hace apenas un año sufrían lo que hoy padecemos en estados como: Sonora , con nueve años de sequía recurrente, donde por poner un ejemplo, el gobierno del estado para enfrentar el problema de falta de agua para el consumo humano y el uso para las escuelas públicas y privadas del municipio de Nacozari de García, tuvo que implementar un programa de emergencia consistente en la colocación de diez cisternas con capacidad de 5 mil litros cada una, dotadas de equipo para garantizar la potabilización de la misma, así como de colocar tinacos en cada uno de los centros educativos con una inversión de... (Interrupción)

- EL C. PRESIDENTE: Señor diputado, se le ha agotado el tiempo. Le ruego concluir.

- EL C. DIP. FERMIN TRUJILLO FUENTES (En tribuna, continúa): Termino, señor Presidente.

"Compañeras y compañeros: La situación que padece Sonora y Chihuahua, como otros estados de la República nos obliga a solicitar la solidaridad de las diputadas y diputados de esta LIX Legislatura, a aprobar el siguiente Punto de Acuerdo:

"Primero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública integrada por diputadas y diputados de todos los partidos políticos aquí representados, asigne una partida presupuestal superior a la aprobada para el ejercicio fiscal 2003,correspondiente a la Comisión Nacional de las Zonas Aridas, así como que realice una mejor distribución de los recursos destinados a la Comisión Nacional de las Zonas Aridas de acuerdo a los informes preliminares que otorguen las Comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos referente a las precipitaciones pluviales anuales que distingan a las entidades con problema de sequía en relación directa con el número de comunidades rurales con menos de 2 mil 500 habitantes en situaciones de pobreza.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición que contiene punto de acuerdo mediante el que sugiere incrementar el presupuesto asignado para el desarrollo de la red Centro-Crece en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2004.

- EL C. DIPUTADO JORGE LUIS HINOJOSA MORENO (PAN): Con su permiso, señor Presidente.

"Los suscritos diputados federales de diversos grupos parlamentarios de esta soberanía presentamos el día de hoy la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar se turne a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Economía las consideraciones para estimar el incremento en los recursos destinados al Presupuesto de Egresos de la Federación para la red Centro-Crece, tomando en cuenta las siguientes

"1º Que el 17 de septiembre del ´96 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que fija los lineamientos para la creación del centro para el desarrollo de la red nacional de centros regionales para la competitividad empresarial, donde se especificaron los apoyos financieros y administrativos que el Ejecutivo Federal destinaría para tal efecto.

"En esta publicación quedó definido que la red Centro-Crece está constituída por:

"a) Un conjunto de fideicomisos enfocados a mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, y de los sectores industrial, comercial y de servicios establecidos en México.

"b) Cuenta con un fideicomiso Crece en cada estado y un fideicomiso maestro centro para el desarrollo de la competitividad empresarial.

"c) Se conforma de 98 centros de atención distribuidos en las principales ciudades de mayor densidad empresarial del país y está vinculada con los programas de desarrollo económico del gobierno federal, por medio de la Secretaría de Economía y de los gobiernos estatales y municipales.

"2º Que actualmente la red Centro-Crece tiene una capacidad de atención de 9 mil empresas en consultoría y 26 mil en capacitación empresarial. Con 410 consultores internos certificados en las normas generales de consultoría.

"Desde el inicio de operaciones hace seis años la red ha atendido 38 mil empresas en consultoría integral, en la elaboración de proyectos de inversión, estudios de mercado y otros servicios de desarrollo empresarial. El 84 por ciento son microempresas, el 13 por ciento pequeñas y el 3 empresas medianas.

"Los impactos económicos identificados durante la intervención del Crece en las empresas muestran que en promedio incrementaron sus ingresos en un 40 por ciento y su utilidad de operación en un 47 por ciento. Justificación para el incremento de los recursos presupuestados.

"Los principales retos de la red Centro-Crece están en incrementar la capacidad de atención para incidir en un mayor número de empresas de menor tamaño, buscando que por su eficiencia se conserven y generen más empleo.

"Para mantener la capacidad actual de atención se requiere de 185 millones del presupuesto federal. Este dato se desprende del subsidio federal aprobado para el ejercicio del 2003, que ascendió a 170 millones, más la diferencia que fue obtenida de otros remanentes de productos y servicios que la red ofrece.

"Con un presupuesto de 225 millones se incrementaría un 30 por ciento esta capacidad de atención, incorporando más consultores. Es decir, con un incremento del 16.7 por ciento real en el subsidio se podría aumentar a 45 mil 500 servicios de desarrollos empresariales. Con esto estimamos se estaría apoyando a la conservación de 64 mil empleos y a la generación de por lo menos 5 mil adicionales.

Es por lo anteriormente expuesto que los diputados abajo firmantes sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

"Primero.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía de esta Honorable Cámara de Diputados, a tomar las providencias y acciones necesarias para considerar el incremento de los recursos destinados en el siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación, a los centros regionales para la competitividad empresarial, Red Centro-Crece, considerando un total de 225 millones de pesos.

"Segundo.- Se recomienda al Poder Ejecutivo Federal el diseño e implementación de los mecanismos necesarios para que el funcionamiento de este organismo se desarrolle con las mayores facilidades de operación, de manera que pueda cumplir cabalmente con su fin propuesto".

Señoras y señores Legisladores: Antes de cumplir con el acuerdo parlamentario que establece una duración de cinco horas para las sesiones del pleno de la Cámara, doy respuesta al interrogante planteado por el señor diputado al inicio de la sesión, en relación con las medidas de seguridad tomadas por la Mesa Directiva y concretamente por el Presidente de la Cámara, que es quien tiene la responsabilidad de las mismas.

Quiero expresarles que hasta la mañana de hoy, un poco antes del inicio de la sesión, la Mesa Directiva tuvo conocimiento, la Presidencia tuvo conocimiento de una manifestación de mil personas que se expresarían después de hacer una manifestación en el Palacio Nacional.

En ese momento y hasta ese momento la Presidencia de la Cámara optó por enviar dos oficios, uno al Secretario de Gobernación, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es enlace con las demás Secretarías y, otro más, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; para pedirle su intervención en medidas de seguridad para el recinto parlamentario.

Cuando recibí el requerimiento de alguno e los diputados, decidí complementar los oficios que todavía en ese momento no se remitían, con un párrafo adicional que doy a conocer.

El contenido del oficio es citar el artículo 23 de la Ley Orgánica, que confiere a la Presidencia de la Cámara de Diputados la obligación y responsabilidad de velar por el recinto parlamentario, la inviolabilidad del recinto parlamentario. Y el inciso o) del mismo artículo 23, que confiere a la Presidencia de la Cámara de Diputados la facultad de acudir, si lo estima pertinente, al auxilio de la fuerza pública.

Agregué a esos dos oficios un párrafo al que voy a dar lectura: "Lo anterior sin que se obstaculice el libre acceso de los diputados, el personal que labora en este órgano legislativo y el que se autorice por la Mesa Directiva, de conformidad con los criterios de seguridad de las instituciones que participen coordinadamente en estas acciones".

De la entrada del recinto de la Cámara o de la Cámara al interior, es responsabilidad del Presidente. Las medidas que las fuerzas de seguridad pública tomaron el día de ayer son responsabilidad de las fuerzas de seguridad pública en el exterior de la Cámara de Diputados en donde la Presidencia de la Cámara no tiene absolutamente ninguna competencia.

Esa es información que la Presidencia da a requerimientos, estos oficios se recibieron a las 13:55 del día de hoy y, sobre todo, a un requerimiento del señor Licenciado Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobierno de Distrito Federal, que quería que la Cámara le enviara los documentos, el oficio respectivo para la toma de medidas de seguridad.

Esto lo seguirá haciendo la Presidencia de la Cámara en los días que haya actividades legislativas porque es el compromiso y la obligación que le impone la Ley. (aplausos)

-EL C. DIPUTADO GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO (desde su curul):-Dice efectivamente el requerimiento que usted ha señalado y lo hice porque tengo mucha claridad de que efectivamente esta es una atribución del Presidente y hay dos premisas que efectivamente nos llevan a ejercer esa atribución.

Usted ya las comentó, la salvaguarda del fuero y cuando se pone en riesgo también la inviolabilidad de este Recinto, cosa que desde mi punto de vista y con el respeto que merece esta Mesa Directiva, no están en riesgo.

2º.- Quiero decirle que hay personal involucrado de resguardo de esta Cámara en estos retenes que se han instalado. A mí me parece que nos tendría que dar cuenta de esta situación; y la otra, también le pregunté que por cuánto tiempo estarían estos retenes.

-EL C. PRESIDENTE. Sí señor Diputado don Gilberto, le contesto. Mire, a lo primero, efectivamente este tema de las manifestaciones dí instrucciones al Jefe de Seguridad de la Cámara que se coordinara con las Fuerzas de Seguridad Pública antes de enviar los oficios y además, es importante que haya personal de seguridad para que los señores Diputados se disminuya, yo espero que se disminuyan más las dificultades que tienen para el acceso a las instalaciones del Recinto.

En lo segundo, le puedo decir que yo tomaré estas medidas las veces que sean necesarias durante el trabajo y el desarrollo de los trabajos legislativos tratando de reducir al mínimo las molestias a los señores Diputados para el desempeño de sus funciones, no sólo como Diputados Federales, sino en sus relaciones con los electores.

Quiero señalarle que han estado abiertas las galerías a niños de escuelas primarias, a estudiantes, a manifestaciones de necesidad de participar en la sesión y estar presentes, de NOTIMEX por ejemplo que la recibimos, no les hemos impedido, hay manifestantes desde la entrada nuestra en la mañana en las entradas y, bueno, tienen su libertad de manifestación, lo único que me interesa es que no se invada el Recinto Parlamentario.

-EL C. DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMENEZ.(desde su curul)- Agradezco de antemano la atención..

-EL C. PRESIDENTE. No tiene que agradecerme nada señor Diputado, es mi obligación.

Don Gilberto Ensástiga, antes de darle sonido a don Emilio Serrano Jiménez, adelante.

-EL C. DIPUTADO GILBERTO ENSASTIGA (desde su curul) Quiero solicitarle de la manera más atenta y atendiendo a la sensibilidad que usted ha mostrado en muchas ocasiones a peticiones de Diputadas y Diputados, que se retire ese operativo. Desde mi punto de vista..--

-EL C. DIPUTADO GILBERTO ENSASTIGA (desde su curul):- Desde mi punto de vista me parece que no se justifica tal operativo y la verdad es que estamos incurriendo en una serie de violaciones que desde mi punto de vista no pueden continuar.

- EL C. DIP. GILBERTO ENSASTEGUI SANTIAGO: (desde su curul)… una es la libertad de tránsito; dos, se está generando un tráfico que yo lo invitaría a que pudiese recorrerlo; y tercero…

- EL C. DIP. GILBERTO ENSASTEGUI SANTIAGO: (desde su curul) … y tercero, concluyo, concluyo si me permite diputado Presidente, porque usted me dio el uso de la palabra. Concluyo.

Y también esto ha venido a generar confusión en el trabajo permanente de las diputadas y los diputados con quienes vienen a visitarnos para atender sus problemas.

En ése sentido, le solicito y en términos de las atribuciones que usted tiene y espero no lo someta al Pleno porque es una atribución y en ése sentido las atribuciones no deben de someterse al Pleno, porque en el mismo sentido usted la ejerció, que se retire ése operativo. (desorden en el salón)…

- EL C. PRESIDENTE: Por favor señores diputados… Señor diputado, valoro en todo lo que usted acaba de expresar y tenga la seguridad que las decisiones que tome serán tomando en consideración las razones que usted ha expuesto; no puedo decirle qué resolveré en las reuniones anteriores (sic) y le recuerdo que lo que ocurre en el exterior, ahí sí no es responsabilidad de la Presidencia.

Don Emilio Serrano Jiménez, por favor… en su curul, que le den sonido… Don Emilio, adelante.

- EL C. DIP. EMILIO SERRANO JIMENEZ: (desde su curul) Gracias diputado Presidente.

Nada más para hacerle notar y apelo a su sensibilidad política, de que ha sido exagerado el operativo, no solamente en el interior del Recinto o en el perímetro sino a varias calles cercanas a este Recinto y como dice el diputado Ensastiga, violando las garantías individuales, de libre tránsito (desorden en el salón).

No es posible que ahora se trate no de un Palacio Legislativo sino de un palacio real.

- EL C. DIP. EMILIO SERRANO JIMENEZ: (desde su curul) Me dio usted el uso de la palabra señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Señor diputado… Perdóneme, no quiero interrumpirle señor diputado pero sí me interesa hacer una rectificación que puede obviar su intervención.

Usted participó en la manifestación de hoy en la mañana; en segundo lugar, se permitió y hubo un diálogo con los manifestantes y sus representantes en el Salón de Protocolo; hubo el respeto absoluto a la libertad de manifestación; lo del Recinto, como lo dijo su compañero diputado, es responsabilidad de la Presidencia de la Cámara por disposición de la Ley. (aplausos)

Señoras y señores, finalmente no quiero dejar sin el uso de la palabra a don Oscar González Yañez, del grupo parlamentario… ya no. Gracias.

- EL C. DIP. EMILIO SERRANO JIMENEZ: (desde su curul) … No he terminado Presidente… No he terminado.

- EL C. PRESIDENTE: Señor diputado… Perdóneme, no he dado el uso de la palabra para hacer una intervención sino para hacer una pregunta que ya me la planteó y yo se la contesté. (desorden en el salón)…

- EL C. DIP. EMILIO SERRANO JIMENEZ: Voy a denunciarlo Presidente… voy a hacer una denuncia…

- EL C. DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ: (desde su curul) Señor Presidente… Gracias Presidente, quería hacerle una pregunta.

Hubo o no hubo en la Secretaría de Gobernación una reunión promovida por usted, con funcionarios de esta Cámara y que usted debe saber quienes fueron, donde hicieron el planteamiento relacionado con los retenes. Porque está usted diciendo una cosa, yo tengo otra información procedente de la Secretaría de Gobernación y realmente pues ya no sé a quien creerle.

- EL C. DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ: (desde su curul) Por favor, quisiera que me respondiera concretamente.

- EL C. PRESIDENTE: Se lo voy a responder categóricamente, tengo el valor civil para responder. (desorden en el salón)

Cuando a mí me citaron… fíjese, cuando a mí me citó el Subsecretario de Gobernación a una reunión en las oficinas de la Cámara, dije: "El Presidente del Congreso no puede ser citado por el Subsecretario de Gobernación a una de sus oficinas". Di instrucciones a las Fuerzas de Seguridad Pública y al Director de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, que él analizando la problemática, pudiera asistir a ése tipo de reuniones para conocer la información. Está usted erróneamente informado. Este Presidente no asiste a reuniones convocadas por el Subsecretario de Gobernación. (aplausos y desorden en el salón)… Podríamos dejarlo, señor diputado…

-EL DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ: (desde su curul) Presidente le pido que retire la acusación.

Señoras y señores diputados, momento, está por encima el acuerdo parlamentario, voy a instruir a la Secretaría a dar lectura al orden del día para dar por terminada la sesión. Voy a hacerlo en la agenda política en la próxima reunión.

-EL DIP. EMILIO SERRANO JIMÉNEZ: (desde su curul) Quiero hacer una demanda, no sea dictador Presidente.

EL SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al orden del día del 19 de noviembre del 2003.

-EL PRESIDENTE: Se agregan los asuntos que quedaron pendientes de desahogar en el orden del día, del día de hoy. Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por 6 minutos, para verificar la asistencia.

-EL SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, se procede. Se piden se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 6 minutos, para verificar la asistencia.

EL SECRETARIO :Bueno, solamente tenemos registrados 3 diputados para pasar lista de asistencia una vez cerrado. Ciérrese el sistema electrónico. Van a pasar lista de asistencia de viva voz, la curul 8, la diputada Patricia Lugo Barriga.

-LA DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA: (desde su curul) Patricia Lugo Barriga, presente.

-EL SECRETARIO: Gracias, de la diputada Maki Ortiz Domínguez. De la diputada Maki Ortiz, denle sonido, por favor. Del diputado Alexander.

EL SECRETARIO: Gracias, ¿qué número de curul es? Ya, ¿ya estamos todos?. El diputado Zepahua, por favor, dale sonido.

-EL SECRETARIO: Y del diputado Nazar, por favor, no, no Nazar Haro no ¿su nombre?

-EL DIP. JAVIER ALVARADO VILLAZON( desde su curul) 174, Javier Alvarado, presente.

-EL SECRETARIO: Diputado Presidente, hay una asistencia de 435 diputados, más lo que se agregaron de viva voz.

-EL PRESIDENTE: (16:32) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 19 de noviembre a las 10:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 30 horas. La sesión es a las 10:00 horas.