27 de
Noviembre de 2003
- EL C. PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (Toca la campanilla y dice): Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia del resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Se informa que existen registrados 266 diputadas y diputados.
Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
EL PRESIDENTE (A las 10:22 horas): Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al orden del día.
(Lectura del orden del día)
(Leyó, insértese)
EL PRESIDENTE: Gracias, Secretario. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor
(Votación)
Gracias. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
EL PRESIDENTE: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.
EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Gracias. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
EL PRESIDENTE: Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría.
LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Con su permiso, señor Presidente. Comunicaciones
(Oficio del Congreso del Estado de Michoacán)
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS:
(Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura, en el que transcribe Punto de Acuerdo en el que rechaza la propuesta del
Gobierno Federal de desincorporar diversas instituciones encargadas de realizar en beneficio del país, investigaciones científicas y tecnológicas )
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS:
(Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura, en el que transcribe Punto de Acuerdo por que rechaza terminantemente la propuesta de Ley de Ingresos presentado por el Presidente Fox)
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS:
(Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura, en el que transcribe Punto de Acuerdo por el que solicita sean derogadas las reformas a los artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos)
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.
Continúe la Secretaría.
LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO:
(Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura, con el que remite Punto de Acuerdo sobre el Predio "Paraje San Juan")
..-EL C. PRESIDENTE: De enterado.
-LA C. SECRETARIA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Oficios de la Cámara de Senadores.
(Oficio de la Cámara de Senadores que remite iniciativa que reforma la Ley de Derechos)
-EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
-LA C. SECRETARIA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO:
(Oficio del Senado en el que transcribe punto de acuerdo por el que solicita mayores recursos para el Instituto Mexicano de Cinematografía; el Colegio de Postgraduados; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; el Fondo Nacional para las Artesanías, así como la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex)
-EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES:
(Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos)
-EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES:
(Oficio que remite informe del Secretario de Gobierno del Distrito Federal sobre la empresa METROGAS, SA DE CV)
-EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía y al promovente, para su conocimiento.
-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES:
(Oficio del estado de Puebla con el que remite informe y copia de la contestación del Procurador General de Justicia del estado de Puebla)
-EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y al promovente, para su conocimiento.
-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES:
(Comunicación con el que remite copia de la contestación del Director General de Programación y Presupuesto B de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)
--EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al promovente, para su conocimiento.
-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para el C. Gerardo Javier Hinojosa Fajardo)
-EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan Carlos Pérez Góngora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa que expide la Ley que crea el Instituto de Protección del Contribuyente.
-EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS PEREZ GONGORA: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 71 fracción II de la Constitución Política de nuestro país, 51, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento del Gobierno Interior de este Congreso, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de ley, por la que se crea el Instituto de Protección del Contribuyente y de decreto por el que se reforman diversas disposiciones legales.
La iniciativa de y las reformas complementarias que se proponen, crean una nueva institución tutelar del ciudadano, pero esta vez concebido en su condición de contribuyente, es decir, como copartícipe y pilar de la vida pública y del Estado.
El Instituto de Protección del Contribuyente está sustentado en una filosofía y en una visión de que la mejor manera de incrementar la recaudación fiscal y de aumentar la eficiencia de los órganos recaudatorios y los impuestos, es otorgar una verdadera seguridad jurídica y económica.
En ninguna relativa como la tributaria se hace sentir la sujeción del ciudadano frente al Estado y correlativamente el poder de la autoridad sobre el ciudadano bajo la verdad insoslayable de que el funcionamiento y la existencia misma del Estado, dependen de la provisión de los medios materiales que lo hagan subsistir. En consecuencia, el ciudadano asume un doble carácter, el de sujeto pasivo de la relación tributaria y de fuente de subsistencia del Estado mexicano.
Por otro lado, la actividad de recaudación en sí misma, supone o implica la atribución al Estado de una potestad imperativa, que se manifiesta frente al ciudadano en una serie de actos y de autoridad unilaterales e irresistibles, que tienen como garantía final el procedimiento económico coactivo, siempre fungiendo la autoridad fiscal, como juez y parte, con lo que se hace más vulnerable la posición jurídica del contribuyente.
Dadas las anteriores consideraciones, cobra una importancia determinante la intervención vigilante de un órgano externo e independiente que bajo la visión de defensa del contribuyente, insta a la autoridad fiscal a que respete íntegramente todos sus derechos, confiriéndole la credibilidad a la autoridad tributaria, y persuadiendo al ciudadano del cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales en un clima de justicia fiscal.
En nuestro sistema fiscal están concluyendo dos circunstancias que hacen, no sólo conveniente sino indispensable, la instalación de una institución tutelar del contribuyente independiente a la autoridad recaudadora. Por una parte, existe la necesidad de erradicar eficazmente toda práctica administrativa arbitraria de las autoridades fiscales; y por otra, confiar dicha tarea en un órgano, cuya probidad y prestigio, estén garantizados por su experiencia probada y su estructura independiente.
El Servicio de Administración Tributaria como órgano desconcentrado de reciente creación, tiene el delicado cometido de realizar la recaudación federal y asegurar los ingresos que permitan sostener al Estado mexicano.
Dadas las dimensiones de las actividades recaudatorias y el apremio de asegurar los ingresos públicos, las autoridades fiscales vistas en su conjunto, son involuntariamente propensas a incurrir en prácticas lesivas de los derechos de los contribuyentes, ya sea por arbitrariedad, por falta de imparcialidad o por corrupción.
Si bien existen medios de jurisdicción administrativa a disposición del ciudadano para impugnar la legalidad de un acto fiscal, se trata en todo caso de remedios con una elevada complejidad procesal, que no siempre resultan idóneos para la reparación de la arbitrariedad o simplemente está fuera del alcance del ciudadano común, por su costo o inaccesabilidad de los medios para ejercitarlo.
El Instituto de protección del Contribuyente que se propone, será heredero de la noble tradición nacional e internacional del Comisionado Parlamentario, constituirá una fuente de ombudsman fiscal, que desde su legítima posición de independencia asegura con múltiples garantías plasmadas en la ley, fiscalizará por la vía de la recomendación el funcionamiento y la legalidad de las autoridades fiscales respecto del contribuyente, convirtiéndose en los derechos del ciudadano frente al fisco.
El Instituto de Protección del Contribuyente, cuya creación se propone, es una mecanismo garante de la legalidad tributaria, dirigido a hacer efectivo el establecimiento de tributos a favor del erario federal, y bajo ninguna circunstancia se puede aducir a una invasión de competencia del Poder Ejecutivo, puesto que la estructura y naturaleza de sus funciones y de los actos mediante los cuales los ejercita, afecta la validez de los actos de las autoridades fiscales y por ende su ámbito de poder.
De hecho la legalidad de los actos tributarios se valora por la vía de la recomendación, que no incide en la validez interna y eficacia del acto o actuación sujetos a examen, y en consecuentemente no se pueden destruir o modificar los efectos del acto recaudatorio, y sólo evidenciar y hacer público los actos irregulares de las autoridades hacendarias y las causales de ilegalidad en que incurrieron.
En la actualidad lamentablemente no existe ningún mecanismo confiable de representación y tutela de los derechos del contribuyente.
El Instituto constituye un medio creativo de la defensa del contribuyente en una perspectiva de autonomía e independencia cuidadosamente estructuradas.
El consejo nacional que se propone implica la intervención de miembros tanto del Poder Ejecutivo como también representantes de la sociedad. Se propone que se integren por tres personas de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria, uno del Seguro Social, uno del INFONAVIT, 2 diputados miembros de la Comisión de Hacienda, 1 diputado de la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y 1 diputado miembro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Asimismo dos senadores de la Comisión de Hacienda y adicionalmente se incluye la participación de 11 consejeros de diversos sectores de contribuyentes con representación nacional. Esta estructura también tendría consejos regionales.
En atención a todas las consideraciones antes expuestas, solicito a la presidencia turne este proyecto de iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
A los compañeros diputados de dicha comisión solicito analizar esta alternativa, esta propuesta, dictaminarla e incluir este organismo como parte de la reforma fiscal o de la reforma hacendaria que necesita nuestro país. Muchas gracias.
-PRESIDENTE: Gracias diputado.
Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los dos últimos párrafos y se adiciona uno a la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal.
-DIP. JOSE JAVIER OSORIO SALCIDO: Con su permiso señor presidente:
El suscrito diputado federal José Javier Osorio Salcido, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la quincuagésima novena Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 171 constitucional y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los dos últimos párrafos y se adiciona un último párrafo de la fracción IV del artículo 223, del Código Penal Federal y se adiciona un inciso 19 a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, misma que se fundamenta en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los nuevos tiempos de renovación y de avance democrático en todos los ámbitos nacionales, exigen a los actores políticos mayor transparencia y ética en su actuación pública, como premisa para honrar los esfuerzos contributivos y la confianza de los ciudadanos.
Actualmente se requiere de un manejo escrupuloso de los recursos públicos, dado que el gobierno federal y algunos estados han aprobado y actualizado la legislación vigente, dando cabida a una ley de transparencia y acceso a la información pública precisamente para generar confianza en la ciudadanía en el manejo de los recursos del erario público.
Sin embargo, algunos funcionarios públicos no han respondido a las exigencias actuales y han incurrido en prácticas de corrupción lesionando los intereses de la ciudadanía a través de la sustracción de recursos del erario público.
Históricamente podemos referir que el peculado ha sido un acto delictivo y que ha tenido el repruebo de la sociedad, siendo el peculado la sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por aquél a quien está confiada su custodia de administración.
Los esfuerzos ciudadanos para contribuir al gasto público aun con el costoso mantenimiento del aparato gubernamental en todos su órdenes, lleva implícita la innegable esperanza de que los recursos aportados serán debidamente administrados y destinados finalmente a la consecución del bien común.
En este contexto la legislación penal federal mexicana debe ser adecuada a la exigencia pública ya que actualmente el delito de peculado previsto por el artículo 223 no es jurídicamente considerado como grave, debido a que dista mucho de lo que por justicia debería de aplicarse en castigo a los servidores públicos que aprovechan dicha calidad para satisfacer sus desmedidas ambiciones pecuniarias y materiales mediante el despojo del patrimonio nacional.
Resulta innegable que el poder del estado el cual se encarna en la gestión gubernamental que desempeña el servidor público, debe de conducirse con estricta observancia en los principios de legalidad, honradez, eficacia, profesionalismo, los cuales constituyen elementos propios del ejercicio de la función pública; es por ello, que el ejercicio de la gestión pública debe encontrarse subordinado a lo dispuesto a los ordenamientos jurídicos vigentes, en los cuales se deberá reflejar los principios de justicia y seguridad jurídica que garantizan la relación armónica del estado y la sociedad.
En todo estado de derecho la sujeción a la Constitución, así como a las leyes que de ella emanen y la inherente obligación de responder en caso de incumplimiento, constituyen un pilar fundamental en lo que descansa la buena marcha y el funcionamiento de las instituciones públicas.
Desafortunadamente en algunos casos, la credibilidad de la gestión pública basada en el actuar de las instituciones, se ha deteriorado con el paso del tiempo y ello se debe en gran medida a la actuación irresponsable y deshonesta de algunos gobernantes, ya que se ha venido alejando cada vez más de los principios de legalidad que deben imperar en todo régimen democrático.
El fenómeno de la corrupción en el servicio público que se ha venido presentando en diversos ámbitos del gobierno, ha dejado en algunos casos exhausta la credibilidad social en la función pública, al grado de propiciar en la población la percepción generalizada de que el estado mismo no actúa de manera eficaz en contra de los servidores públicos corruptos y que por el contrario éstos gozan de absoluta impunidad.
Este tipo de practicas de corrupción originadas por algunos servidores públicos en la mayoría de los casos, se encuentra orientadas en la obtención de intereses de carácter meramente personal, para lo cual se hace un uso indebido de la posición que como tal les confiere su cargo, traicionando de esta manera la confianza que les ha sido depositada por el Estado y por ende por la propia ciudadanía en esta importante encomienda, como lo es el servicio público.
Esta situación a todas luces se torna reprochable, toda vez que se considera que la función público no debe ser en ningún momento usada para el beneficio privado, en virtud de que su finalidad esencial es promover el bien común de todo gobernado, por lo que en este sentido cualquier conducta de un servidor público que privilegie intereses personales en detrimento del bien común de la sociedad, debe ser sancionado de manera enérgica por el ordenamiento jurídico existe para tal efecto, máxime cuando dicha conducta trastoca de manera sensible la confianza depositada por el Estado y por la sociedad.
El funcionario público en el ejercicio de su gestión gubernamental que le fue conferida, cuyo bien jurídico tutelado consiste en la probidad en el ejercicio de la función pública, es decir, el interés de la sociedad y por ende del Estado, para que funcionen normalmente los servicios públicos y las empresas de interés público beneficio de la misma colectividad.
En tal sentido, dada la naturaleza del bien jurídico tutelado por el delito de peculado, en donde más que atentar contra el patrimonio del Estado se atenta contra la confianza depositada en el servidor público y en contra de la credibilidad de las instituciones públicas a la cual representa, contribuyendo al escepticismo y al desaliento de los ciudadanos en lo que se refiere al combate a la corrupción.
Hoy que nos encaminamos a la consolidación democrática del país, lo cual implica honradez y transparencia en el ejercicio de la función pública, es necesario plantear una serie de reformas legislativas que permitan sancionar, en su justa medida, las conductas delictivas cometidas por los servidores públicos, ya que al no ser el peculado considerado por la ley como delito grave, los responsables de tan reprobable y lesiva conducta alcanzan el beneficio de la libertad bajo caución. Y que en la búsqueda de un marco normativo acorde a las exigencias ciudadanas, de respeto al erario y al orden público, mediante la presente iniciativa, propongo que el delito de peculado sea considerado legalmente como delito grave mediante reformas y adiciones al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, como presupuesto que inhiban y en su caso castiguen debidamente dicha conducta ilícita por parte de quienes tienen la mayor obligación de velar por los intereses nacionales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma los dos últimos párrafos y se adiciona un último párrafo a la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal y se adiciona un inciso 19 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo 1º. Se reforman los dos últimos párrafos y se adiciona un último párrafo a la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 223, fracción I a la IV, dos últimos párrafos: "Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no excedan del equivalente de 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa equivalente de la mitad a tres tantos del beneficio obtenido, destitución del empleo e inhabilitación de seis meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
"Cuando el monto de lo distraído de los fondos utilizados indebidamente exceda de 500 y no exceda de dos mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a ocho años de prisión, multa equivalente de uno a tres tantos del beneficio de lo obtenido, destitución del empleo e inhabilitación de dos a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.
"Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de dos mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cuatro a 12 años de prisión, multa equivalente de uno a tres tantos del beneficio obtenido, destitución del empleo e inhabilitación de 10 a 20 años para desempeñar otro cargo público o comisión".
Artículo 2º. Se adiciona un inciso 19 a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, recorriéndose en su orden los siguientes incisos de dicha fracción para quedar redactado con el siguiente orden:
Artículo 194, 1. Del Código Penal Federal los delitos siguientes: del inciso 1 al 18 igual; el 19 "peculado previsto en la fracción IV, último párrafo, del artículo 223".
Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
EL C. DIPUTADO VICTOR SUAREZ CARRERA: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: Iniciativa de reformas de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por la que se crea el Centro de Estudios paras el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de esta honorable Cámara de Diputados.
Los que suscribimos, diputados y diputadas de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar la siguiente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 49, numeral 3, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
En los últimos 20 años México cambió su economía política como Estado nación y en particular modificó la relación entre economía, Estado y sociedad rural al modificar el artículo 27 constitucional y firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Estos cambios se profundizaron mediante la suscripción de estados comerciales con 33 países y por la política de apertura comercial seguida en los últimos tres lustros. La suscripción de estos tratados implicó la sesión de soberanía en materia de producción agropecuaria, misma que no fue cedida en el caso de Canadá en el marco de le TELECAN.
A pesar de que dichos tratados se reconocen que los subsidios internos y la exportación no se justifican para los efectos de un libre comercio, los países desarrollados, y en particular los Estados Unidos y la Unión Europea, no han reducido los subsidios internos a la exportación, lo que ha distorsionado los mercados mundiales agroalimentarios y pone a los productores mexicanos ante una situación de competencia estructuralmente injusta que honorífica a los supuestos de libre comercio.
Como resultados de los cambios internos y de la nueva forma de vinculación con los mercados mundiales, se ha profundizado el carácter dual de la economía agropecuaria, en la que algunos sectores y regiones de exportadores han logrado participar de manera exitosa en el nuevo contexto de apertura, en tanto que se ha constatado un impacto negativo en la inmensa mayoría de los campesinos productores y pobladores rurales.
Los efectos económicos y sociales, así como los ecológicos y políticos de lo que ha sido señalado, así como la falta de reconocimiento de estas realidades, motivaron la movilización de la sociedad rural, de las organizaciones campesinas y de productores para solicitar una modificación de dichas políticas.
Como resultado de estas movilizaciones y del proceso de negociación establecido por el Poder Ejecutivo Federal, el 28 de abril de 2003 se firmó con los representantes de las Organizaciones de Campesinos y Productores, el Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía Alimentaria.
En este acuerdo se estableció el compromiso de realizar una reforma estructural con una vertiente de fomento productivo y otra de desarrollo social que contemplan acciones inmediatas de corto, mediano y largo plazo.
Adicionalmente las partes firmantes se propusieron lo siguiente: De igual manera solicitarán al H. Congreso de la Unión, respetando su soberanía, la creación de un instituto de evaluación y formación de políticas de desarrollo rural sustentable profesional y con autonomía técnica, que contribuya con informaciones especializadas, análisis, evaluaciones y recomendaciones de carácter estratégico al logro de una política de estado para el campo.
Por su parte, esta Honorable Cámara de Diputados debe, entre otras funciones sustantivas en la materia, vigilar y asegurar el cabal cumplimiento del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Sectorial y el Programa Especial Concurrente, en lo relativo al desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria.
Además, es claro que en las actuales condiciones del desarrollo y el fortalecimiento del sistema político mexicano, el fortalecimiento y especialización del Poder Legislativo y en particular de esta Honorable Cámara de Diputados, es un imperativo a efecto de asegurar un adecuado equilibrio entre los poderes de la Unión; aspecto importante en este punto, es el fortalecimiento del aspecto técnico altamente especializado y profesionalizado, para el desarrollo de las funciones de los diputados y diputadas y de las comisiones legislativas de esta Honorable Cámara de Diputados.
Es importante resaltar que en contraste con la enorme importancia de contar con este centro, su impacto en el presupuesto anual de esta H. Cámara de Diputados es extremadamente bajo, el presupuesto que se propone es equivalente al 0.79% del anteproyecto del Presupuesto 2004, para la H. Cámara de Diputados.
Como referencia, los montos asignados para los centros técnicos especializados de la H. Cámara de Diputados para el 2003, es como sigue: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 30 punto 8 millones; Centro de Estudios de Derecho, Investigaciones Parlamentaria, 19 punto 4 millones, y Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, 21 punto 6 millones.
Por las consideraciones anteriores y con el objeto de fortalecer y coadyuvar al ejercicio pleno de las facultades constitucionales de esta H. Cámara de Diputados en una materia tan fundamental para la soberanía nacional, los diputados firmante someten a la Junta de Coordinación Política y a este Pleno, la propuesta de establecimiento de centro de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria de la Honorable Cámara de Diputados, con el propósito de disponer de un área de carácter técnico especializada que contribuya al fortalecimiento del Poder Legislativo en sus responsabilidades específicas mediante las cuales contribuye a la formulación, implantación y valuación de políticas de Estado en esta materia.
Objeto del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
El Centro será una instancia técnica especializada de sistematización, de información, elaboración de análisis, realización de estudios, de seguimiento, evaluación y formulación de propuestas en las cuestiones relacionadas con el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria y estará al servicio de la H. Cámara de Diputados a la que ofrecerá información y análisis estadístico, bibliográfico, documental y jurídico especializados, así como estudios ye valuaciones del sector y de las políticas y programas gubernamentales.
El Centro contribuirá a la mejor realización de las atribuciones y responsabilidades de la H. Cámara de Diputados mediante análisis y elaboración de propuestas que permitan una planeación multianual de los presupuestos para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria en el marco de una política de Estado a largo plazo.
Por esta misma razón la información del Centro se considerará un bien público, por lo que estará disponible para el acceso y consulta al público.
Organización.
El centro se concibe como una unidad especializada de la Secretaría General adscrita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Contará con un consejo asesor externo en el cual participarán organizaciones de campesinos y de productores nacionales, los gobiernos de las entidades federativas a través de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, así como instituciones nacionales de carácter económico, de investigación y estudios estratégicos para el desarrollo nacional.
Método de Trabajo.
El Centro se apoyará para la realización de sus funciones, entre otros, con los centros de que dispone la H. Cámara de Diputados, así como todos los elementos que pueden aportar las instituciones del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas.
Presupuesto.
El Centro contará con los recursos administrativos, materiales y financieros suficientes para el cumplimiento de su objeto. Para el 2004 se propone un presupuesto de 26.9 millones de pesos.
Con base en lo anterior se propone la siguiente Iniciativa de Decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
UNICO.- Se reforma el artículo 49 numeral 3 para quedar como sigue: Artículo 49 numeral 3: "La Secretaría contará también el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Transitorio.- UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 27 de noviembre del 2003.
Atentamente, diputado Víctor Suárez Carrera, del PRD. Asimismo compañeros diputados. Luis Antonio Ramírez Pineda, del PRI; Cruz López Aguilar, del PRI; Rafael Galindo, del PRI y Alfonso Ramírez Cuéllar, del PRI. Asimismo, señor Presidente solicito atentamente se publique en forma íntegra la presente iniciativa en el Diario de Debates.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto a petición del grupo parlamentario promovente.
En consecuencia tiene la palabra el señor diputado Ernesto Alarcón Trujillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma la fracción III del Artículo 3º., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- EL C. DIP. ERNESTO ALARCÓN TRUJILLO: Con el permiso de la Mesa Directiva.
El suscrito diputado federal Ernesto Alarcón Trujillo, integrante del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política y 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar la fracción III del artículo 3º constitucional al tenor de la siguiente
" E x p o s i c i ó n d e M o t I v o s :
"Vista en una perspectiva histórica amplia la educación nacional presenta dos etapas claramente diferenciadas desde el punto de vista del interés del Estado mexicano por fortalecer el sentimiento de la unidad.
"La primera etapa comprende desde la creación de la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos en 1921 hasta la gestión del Secretario Rafael Solana Morales y se caracteriza por darle prioridad a la unidad nacional. El todo tiene preeminencia sobre las partes, es enfoque de la política educativa, fue una respuesta natural al peligro de fragmentación de la República que pudo presentarse en los años inmediatamente posteriores al movimiento revolucionario debido a la presencia y ambiciones de poderes regionales. La heterogeneidad étnica, lingüística, social, cultural y el tamaño mismo del país imponía un Estado fuerte y en gran parte centralizado. Así la educación cumplió un papel integrador al proporcionar ideales, objetivos y valores comunes a una población dispersa en un dilatado territorio.
"La situación anterior se fue modificando como en el país se desarrollaba, ya para la década de los 70´s México se transformó en una nación predominantemente urbana, en la cual se hacen evidentes las contradicciones de nuestro desarrollo concentrado en determinadas áreas del centro y norte de la República, olvidando extensas zonas rurales e indígenas. Ante este fenómeno el Estado centralizado perdía justificación y vialidad, iniciándose la segunda etapa que trata de hacer efectivo el principio del federalismo, la distribución equilibrada de facultades y recursos entre federación, estados y municipios. Ahora el objetivo es descentralizar y no únicamente desconcentrar, apoyar a las partes, las entidades, para que el conjunto, la nación, sea más fuerte.
"Sin embargo, la persistencia de la tradición centralista no siempre favorece los cambios indispensables para que la diversidad sea reconocida y estimulada como fuente de riqueza social y cultural de la nación. El centralismo arraigado en prácticas antidemocráticas en la inercia institucional y en hábitos mentales tiende a perpetuarse más allá de la necesidad histórica que lo hizo necesario.
"El artículo 3º constitucional, desde su inclusión en la Carta Magna del país, ha sufrido importantes reformas que garantizan y fortalecen la educación de los mexicanos. Las reformas al artículo 3º se deben en su momento a la aportación de los legisladores mexicanos, a las opiniones del magisterio nacional, la participación de las autoridades educativas del país, alumnos, padres de familia, sociedades y asociaciones educativas y culturales, lo que ha permitido que la educación en México avance en beneficio de la niñez y juventud mexicana.
"Como norma jurídica está en constante dinámica y transformación. Es necesario revisarla y adaptarla a las actuales exigencias y circunstancias nacionales que impone el nuevo federalismo educativo para hacer posible una nación unida y fuerte en su diversidad. De aquí la necesidad de reformar el artículo 3º de la Constitución Federal para que la determinación de los planes y programas de estudio de educación preescolar primaria, secundaria y normal sea atribución de cada gobierno de las entidades federativas, respetando los principios y criterios del Ejecutivo Federal orientados a favorecer el sentimiento de identidad de todos los mexicanos: la unidad y fortaleza de la nación.
"Siendo fundamentales los propósitos de formación general, la adquisición de habilidades y destrezas, los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación, así como los objetivos específicos de aprendizaje de asignaturas como contenidos de la educación, éstos se encuentran en los planes y programas de estudios como lo prevé el artículo 47 de la Ley General de Educación.
"La misma ley en el artículo 48, primer párrafo, dice que ´la Secretaría determinará los planes y programas de estudios aplicables y obligatorios en toda la República de la educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica´.
Tal disposición deriva del mandato constitucional, fracción tercera del artículo tercero, que se refiere a que el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.
La responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública de elaborar los planes y programas de estudio, es una interpretación válida, pero no la única para salvaguardar la unidad nacional, pues en la etapa actual los estados de la Federación cuentan con la capacidad y competencia técnico-pedagógica para elaborar sus propios planes y programas de estudio, dando debido cumplimiento a los propósitos, fines y objetivos establecidos en el artículo tercero constitucional.
Con base en lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción tercera del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en obvio de tiempo, pido respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva se incluya íntegramente el texto de la misma en la Gaceta Parlamentaria y se le dé el turno correspondiente.
Muchas gracias, señor diputado Presidente.
-EL DIP. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA: Por nada, señor Diputado.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y se le informa al señor diputado iniciante que su iniciativa estuvo publicada en la Gaceta Parlamentaria con toda oportunidad. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma y deroga diversas exposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Deuda Pública.
-EL DIP. MIGUEL ÁNGEL TOSCANO VELASCO: Gracias, diputado Presidente.
Presento el proyecto de iniciativa de decreto que presenta el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Deuda Pública, y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El Constituyente de 1824, tuvo la tarea de resolver sobre la residencia de los poderes federales en el contexto de la instauración del sistema federal en nuestro país como una forma de mantener la unidad de la naciente nación mexicana. La vida institucional y política del Distrito Federal en 1824, surgió de una discusión que habría de durar prácticamente dos siglos; se planteó el problema que podían enfrentar dos soberanías en un mismo territorio al conformarse la República Federal y su asiento territorial para el funcionamiento de los poderes de la Unión.
La pugna surgía del enfrentamiento entre un gobierno que administraba el espacio territorial y resolviera los problemas que enfrentara su población, y la necesidad de que los poderes federales no se vieran obstruidos en su funcionamiento por el ejercicio de dicho gobierno local.
El Constituyente de 1917, incorporó el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Distrito Federal como parte integral de la Federación y mantuvo las disposiciones de que las funciones ejecutiva y legislativa del Distrito Federal correspondiera a los gobiernos federales.
Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de agosto del 87, en 1988 el Distrito Federal contó con una Asamblea de Representantes, cuyos integrantes eran electos por los ciudadanos de la capital. En virtud de la reforma promulgada el 22 de agosto del 96, dicho órgano colegiado se transformó en una Asamblea Legislativa, integrada por diputados electos.
Aunque la Asamblea de Representantes tuvo desde su establecimiento la función de vigilar a la Administración Pública de la ciudad, por medio de atribuciones que fueron transferidas de la esfera competencial del Presidente de la República, en su origen no tuvo facultades para participar en la orientación del desarrollo y financiero de la ciudad, como la aprobación de las contribuciones locales y el presupuesto de la ciudad, ni los mecanismos que permitieran la contratación de la deuda.
Por lo que respecta al régimen jurídico para la deuda del Distrito Federal, el artículo 73, fracción octava de la Constitución Política, ha establecido desde su concepción por el Constituyente del 17, que el Congreso de la Unión tiene facultad para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo Federal pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, aprobar dichos empréstitos y reconocer para mandar pagar la deuda nacional.
Posteriormente, mediante una reforma constitucional en el ’93 se estableció que dicho Congreso tiene la facultad de aprobar los montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos del Distrito Federal que se requieran para el financiamiento del Gobierno del Distrito Federal y las entidades del sector público. Las reformas de 1996 representaron un importante paso en la transición política de la ciudad.
No obstante la evolución de la normatividad, el artículo 122 fracción III de la Constitución reitera como facultad del Congreso de la Unión la de aprobar anualmente los montos de endeudamiento que en su caso requiere el Gobierno del Distrito Federal; por lo tanto, considerando que según los artículos 43 y 44 de nuestra Carta Magna, el Distrito Federal es parte integrante de la Federación y que la ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos y que dicha naturaleza lo perfila como una entidad sui-géneris en nuestro orden constitucional.
Esta iniciativa reconoce por un lado los avances ya alcanzados desde anteriores reformas y pretende precisar la autonomía del Distrito Federal en materia de deuda pública.
Considerando que la evolución del marco jurídico ya ha sido enfocado primordialmente a la apertura y promoción de nuevos espacios de representación y participación política de los ciudadanos a fin de dotarlos con oportunidades plenas de acceso a las decisiones colectivas.
Que las reformas constitucionales de ’93 y de ’96 han dado por resultado la existencia de un órgano propio encargado de legislar en un número amplio de materia de interés local, así como la elección de su Jefe de Gobierno y de los titulares de las unidades político administrativas en que se divide su administración territorial por voto universal, libre, directo y secreto.
Considerando que toda reforma al marco jurídico del Distrito Federal además de promover y construir nuevos espacios de representación y participación, debe buscar una definición más clara de las competencias de las Administraciones Pública, local y Federal.
Que los ciudadanos habitantes del Distrito Federal han manifestado reiteradamente, por distintos medios, su voluntad de adquirir la mayor autonomía posible para su Gobierno económico interior pero respetando y fortaleciendo siempre el papel propio del Distrito Federal como capital del país.
Considerando que ante la evolución que ha tenido la autonomía económica y administrativa del Distrito Federal al igual que su desarrollo como ciudad, se hace necesario una reforma para que la autoridad local esté en posibilidad de procurar de manera directa una correspondencia entre los ingresos y gastos a través de una programación financiera plena y propia.
Esta iniciativa propone modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción VIII del artículo 73 y el artículo 122 a fin de suprimir la facultad del Congreso de la Unión para aprobar anualmente los montos de endeudamiento que requiere el Gobierno del Distrito Federal y la obligación del Presidente de la República para rendir al propio Congreso de la Unión los informes correspondientes al ejercicio de dicha deuda, precisando además del sistema de distribución de facultades entre el Poder Legislativo Federal y Asamblea Legislativa.
También proponemos modificar el artículo 31 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para transferir la facultad del manejo de la deuda del Distrito Federal al Gobierno del Distrito Federal, en lugar del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se propone modificar los artículos 1 fracción II, 9, 10 y 12 de la Ley General de Deuda Pública para precisar que dicho ordenamiento no aplicará más que para el Distrito Federal. Así mismo y como consecuencia de lo anterior, se propone modificar los artículos 24 fracción II, 32 fracción IV, 42 fracción III y 67 fracciones XIV y XV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal a efecto de eliminar las disposiciones que facultan al Congreso de la Unión y al Presidente de la República en materia de deuda pública del Distrito Federal.
Se plantea que tanto el artículo 122 constitucional como el estatuto de Gobierno precisen para el Distrito Federal las condiciones del endeudamiento específicas, acordes a la sede de los poderes y capital de los Estados Unidos Mexicanos.
El sentido de estas modificaciones obedece a la decisión de facultar a la Asamblea Legislativa para legislar bajo el principio de mayoría relativa en materia de deuda pública, así como de aprobar el endeudamiento público del Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público y revisar el ejercicio de los recursos provenientes del mismo, acercándolo más a la regulación de los Estados.
Con respecto a los artículos transitorios se establece el día en que entrará en vigor considerando la necesidad de contar con el tiempo razonable para adecuar y modificar el marco jurídico vigente.
Se señala también que a partir del ejercicio fiscal del 2005 y en tanto la Asamblea Legislativa aprueba por el principio de mayoría relativa el marco jurídico específico para la deuda pública del Distrito Federal, en dicha asamblea deberá discutirse y en su caso aprobarse al Ejecutivo Local cada una de las operaciones de pasivo que representen deuda. El Congreso de la Unión autorizará, por última, ocasión un techo de endeudamiento para el Distrito Federal para el ejercicio fiscal del 2004.
Por lo tanto, el Congreso de la Unión también ejercerá sobre dichos recursos facultades de fiscalización sobre su correcta aplicación, ya que siendo recursos aprobados por un Poder Federal deberán ser revisados por un organismo de carácter federal.
Finalmente, se derogan las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el decreto que se propone, salvo aquellas que se encuentren en los supuestos previstos por los artículos transitorios anteriores.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete esta iniciativa que no va a haber lectura y le pido al Presidente la inscriba íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Firman los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Patricia Garduño Morales, diputado Federico Doring Casar, diputado Juan Molinar Horcasitas, diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, diputado Jorge Triana Tena y el de la voz, Miguel Angel Toscano Velasco.
Es tanto, señor Presidente.
-EL PRESIDENTE: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Dolores Padierna Luna del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación.
-LA DIP. DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, señor Presidente.
Diputadas y diputados:
Vengo ante ustedes a proponer un asunto fundamental de enorme nobleza que unifica criterios más allá de ideologías, posicionamientos políticos, en mi calidad de diputada federal, pero sobre todo como maestra normalista con 18 años frente a grupo en escuelas públicas de esta ciudad.
Vengo a poner a su consideración la propuesta de otorgar en forma gratuita paquetes de útiles escolares que marque la Secretaría de Educación Pública para toda la niñez que estudia primaria o secundaria en escuelas públicas de nuestro país, así como instaurar el libro de texto de gratuito en secundaria.
Lo propongo amparada en el principio constitucional de gratuidad de la enseñanza y convencida que estas medidas evitaran la deserción escolar y será de alto beneficio social en la economía popular.
Proyecto de iniciativa de decreto por el que se reforman diversos artículos a la Ley General de Educación.
La que suscribe, diputada integrante del grupo parlamentario del PRD en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55 fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 fracción III, 12 fracción V, 19, 33 fracción VIII, 75 fracción IV y se adiciona la fracción VI al artículo 65 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En el sistema jurídico mexicano, ya sea que se refiera a la norma constitucional y su legislación reglamentaria, la educación es una función propia del Estado. Los antecedentes históricos del marco constitucional actual son abundantes; pero es propiamente a partir de la vigencia de la Constitución de 1917, cuando la educación ha estado íntimamente vinculada a la autoridad del Estado, transitando el concepto de función educativa con orientación socialista, de acuerdo a la reforma al artículo 3° constitucional del 13 de diciembre de 1934.
A la educación eminentemente democrática, nacionalista, según la reforma constitucional de 30 de diciembre de 1946 que persiste hasta nuestros días, hasta llegar a la reforma constitucional del 12 de noviembre de 2002, en donde el Constituyente Permanente dispuso como principio constitucional que la educación pre-escolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica obligatoria.
A lo anterior, debe agregarse que el postulado fundamental de que la educación que imparta el Estado sea una función pública de carácter gratuito y obligatorio, implica derechos y obligaciones para quienes la reciben y desde luego para el Estado y debe ser incuestionable el derecho a la igualdad de oportunidades, de acceso al Sistema Educativo Nacional sin más limitaciones que satisfacer los requisitos expresados en las disposiciones aplicables.
Es inobjetable que la educación contribuya a preparar y apoyar los grandes cambios y transformaciones en el país. Por ello, cada avance que se dé en el ámbito de las funciones y tareas educativas, debe procurar afianzarla y extender sus beneficios, pues de lo contrario el derecho a la educación será un mero ideal y no una necesaria realidad.
México vive hoy una onda transformación que exige brindar cada vez más atención a la educación, que presenta graves rezagos y enormes retos, baste señalar algunos ejemplos:
De acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el último lugar entre los países miembros en el gasto anual por estudiante como porcentaje del Producto Interno Bruto per cápita en Educación Primaria y Secundaria.
México invierte anualmente por estudiante de primaria, mil 96 dólares, en tanto que la inversión promedio en los países miembros de la OCD, es de 4 mil 148 dólares. Nuestro país ocupa el penúltimo lugar entre los países miembros con el mayor número de mujeres fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo y sólo es superado por Turquía.
De cada 100 niñas y niños que entran a primaria, sólo cuatro concluyen la universidad; 50% de los jóvenes entre 15 y 19 años no cursan ningún nivel educativo. Ante la situación económica que ha vivido el país en el último decenio, el 10% del gasto familiar se destina a la compra de útiles escolares, que para muchas familias es imposible pagar.
Lo anterior obliga a tomar decisiones que trasciendan en el ámbito del Sistema Educativo Nacional, particularmente en los niveles primaria y secundaria. En este sentido los libros de texto gratuitos en el Sistema Nacional de Educación Primaria constituyen, sin lugar a dudas, un instrumento fundamental en la educación básica y un avance importante que ha quedado superado por la triste realidad económica de la mayoría de las familias mexicanas, que se ven en la angustia de proveer de útiles escolares a sus hijos que cursan los niveles educativos de primaria y secundaria, además de que los textos en secundaria tienen un alto impacto en la economía familiar y es una causa de la deserción escolar.
El esfuerzo ahora debe concentrarse en medidas que beneficien a la educación primaria y secundaria, así como a las familias de los educandos. Esto es, debe establecerse la obligación del Estado de proporcionar los libros de texto gratuitos a nivel secundaria, como sucede ya en el Distrito Federal y los útiles escolares autorizados en los niveles primaria y secundaria; lo anterior busca, se insiste, afianzar los niveles de primaria y secundaria, apoyar la economía familiar, respaldar la educación básica, elevar los niveles educativos entre otros objetivos.
Cabe precisar que la matrícula de alumnos de educación primaria asciende a 13 millones 666 mil 361 alumnos y los de secundaria suman 5 millones 211 mil 84, lo que hace un total de 18 millones 877 mil 445 alumnos de ambos niveles.
El costo promedio de los útiles escolares por alumno de primaria estará en el 2004 en un costo de 106 pesos con 11 centavos y de 168 pesos con 17 centavos para secundaria, lo que implica que la inversión para útiles escolares que autorizara este Congreso sería de dos mil 326 millones 515 mil 630 pesos con 12 centavos, que bien pueden obtenerse por ejemplo de la reducción de vales de gasolina que se entregan a servidores públicos de mando superior.
Considero además, que otro de los atributos del decreto de reformas a la Ley General de Educación, que someto a la consideración de ustedes, señoras y señores diputados, consiste en que precisa la responsabilidad que tiene el Estado de realizar una función compensatoria social y educativa, propiciando la equidad y la permanencia de los educandos en los niveles de primaria y secundaria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 55, fracción II; el 56, 62 y 64, del Reglamento de este Congreso, me permito presentar el siguiente decreto de reformas a los artículos 10 fracción III; 12 fracción III y V; 19; 33 fracción VIII; 75 fracción IV de la Ley General de Educación, en los siguientes términos:
Artículo Único. Se reforman los artículos 10, fracción III; 12, fracciones III y V; 19; 33, fracción VIII; 75, fracción IV y se adiciona la fracción VI al diverso artículo 65 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Capítulo Primero de Disposiciones Generales.- Se reforma la fracción III en su artículo 10 para que diga: "Los planes, programas, métodos –se agrega-, útiles escolares y materiales educativos".
En el artículo 12 fracción III, se agrega: "…elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos de nivel primaria –se agrega- y secundaria, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores involucrados en la educación".
En la fracción V quedaría redactada como sigue: "…fijar lineamientos generales para el uso de útiles escolares gratuitos y material educativo para la educación primaria y secundaria".
En el artículo 19: "Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto y útiles escolares gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación les proporcione".
En el Capítulo Tres, de La Equidad en la Educación, el artículo 33….
-EL C. PRESIDENTE: Se le ruega concluir, diputada Padierna.
-LA C. DIP. MARÍA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA: …se reforma la fracción VIII: "Desarrollarán programas para otorgar útiles escolares gratuitos, becas y demás apoyos económicos a los educandos".
Se reforma el artículo primero, segundo y tercero de la Ley General de Educación Pública.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 27 de noviembre de 2003.
Es cuanto, señor Presidente.
--EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, diputada Padierna. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra la diputada Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley Aduanera.
-LA C. DIP. NORA ELENA YU HERNÁNDEZ: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:
Dentro de las disposiciones legales que más controversia han suscitado con su aplicación a lo largo de su historia ha sido la Ley Aduanera, este ordenamiento jurídico publicado el 15 de diciembre de 1995 ha sufrido diversas modificaciones legales que generalmente son propuesta del Ejecutivo Federal.
Sin duda, las reformas advertidas a dicha legislación se han visto caracterizadas por acentuar los necesarios mecanismos de control y fiscalización de la autoridad aduanera, así como el establecimiento de infracciones y sanciones a los diversos obligados a la ley.
En efecto, hemos escuchado diversas propuestas para atacar el contrabando, a la piratería y en general, al fraude aduanero; sin embargo, las propuestas que hasta hoy se han presentado tienen un común denominador, el de endurecer las penas, el de establecer mayores controles, incluso zurdos y sin efectividad, que además de no conseguir el objetivo, que es la protección de la planta productiva y el mercado interno, disminuye nuestro factor de competitividad-país.
Tema ya olvidado por algunas autoridades y legisladores, yo pregunto de qué nos sirve que la política de lucha al contrabando, sea únicamente determinando créditos fiscales millonarios, prácticas de visitas domiciliarias y auditorías, si la mercancía ilegal ya ingresó al país y es más, ya fue distribuida en los mercados informales de la economía, produciendo competencia desleal, desempleo, omisión de impuestos, etc.
¿Qué proponemos este grupo de legisladores encabezados por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional? Proponemos, señores legisladores una profunda transformación de la política de fiscalización aduanera, a efecto de que sea a priori y no a posteriori, es decir, necesitamos políticas preventivas y no correctivas.
Necesitamos que contemos con mecanismos de alerta, que permitan orientar las facultades de comprobación fiscal de las autoridades aduaneras. No estas diciendo con esto que se acaben las auditorías o las visitas domiciliarias o la persecución penal de los contrabandistas, no, de ninguna manera, pedimos al señor Secretario de Hacienda y al Jefe del SAP que sigan con esas acciones, pero que faciliten con su experiencia la instrumentación urgente de este proyecto.
En nuestros días, el uso de la tecnología nos permite generar bases de datos que pueden incorporarse a los sistemas electrónicos empleados por los agentes aduanales para detectar su valuación, sobrevaloración, permisos, autorizaciones, certificaciones falsas, clonadas, alteradas o ya utilizadas.
Sociedad y gobierno comparten una preocupación constante por el hecho de que en las calles como en nuestras carreteras, transitan vehículos con características ilegales, razón por la cual esta H. Cámara de Diputados, hace un llamado a las personas con menos recursos, a efecto de darles la oportunidad de que adquieran un vehículo de procedencia extranjera, que haya sido importado a la región o franja fronteriza norte del país, siempre y cuando el vehículo en cuestión cuente con por lo menos 24 meses de haber sido importado a dichas zonas del país.
Se considera que dicho beneficio es dable al sector de la población más desfavorecida, a fin de reducir las brechas existentes con el resto de la sociedad en los satisfactores más esenciales para su vida cotidiana.
Sin embargo, no se deja de reconocer la necesidad de que la internación al resto del territorio nacional, se realice cumpliendo con las disposiciones de emplazamiento vehicular y las normas ambientales que al efecto se encuentren vigentes en las entidades federativas del país, incluyendo desde luego el Distrito Federal.
Asimismo los legisladores que confluyen en la presentación de la presente iniciativa que reforma a la Ley Aduanera, reconocemos la necesidad que este ordenamiento legal sea cada vez más respetado, es decir, que realmente las normas jurídicas que lo compongan tengan positividad y no sólo vigencia entre la población que habita la franja y región fronteriza norte del país, en donde se advierte el fenómeno de la pequeña importación y la reiterada violación a la Ley Aduanera.
Este tipo de operaciones de comercio exterior, altamente socorrida por la población de escasos recursos, se enfrenta al gran obstáculo de que las disposiciones vigentes no las excepcionan de cumplir con las restricciones y regulaciones no arancelarias, razón por la cual, como una medida para abatir la corrupción y la extorsión de los funcionarios aduneros, para consentir estas operaciones, es que se ha decidido que en el Artículo 59 de esta ley, las operaciones que tengan el carácter de pequeñas importaciones, se les excepcione del cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho precepto legal, es decir: excepcionarlos de cumplir con el hecho de estar inscritos en el padrón general de importadores en los sectores específicos, evitar la presentación ante la Administración General de Aduanas, la lista de agentes aduanales autorizados para el Sistema Automatizado Aduanero Integral les reconoce el acceso electrónico de seguridad al despachante, para tomar sus datos del Registro Federal de Contribuyentes.
Y lo más importante, que se les excepcione de cumplir con las restricciones y regulaciones no aracelarias.
Se prevé que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establezca el monto que se considerará como pequeña importación, y evitar con ello que este beneficio ilegal sea indebidamente explotado por importadores regulares y grandes contribuyentes.
Sin duda esta medida beneficiará a miles de paisanos que, año con año, ingresan al territorio nacional en las épocas decembrinas, en donde se ha observado el incremento de estas operaciones.
Por otro lado, dentro del Artículo 59 se realiza una reforma para excepcionar en el cumplimiento de las obligaciones previstas en dicho supuesto legal, las donaciones de mercancía que estén destinadas para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación y protección civil o de salud de personas, sectores o regiones de escasos recursos o afectados por desastres naturales.
Tema abordado parcialmente en el penúltimo párrafo del artículo 61 de esta ley, de ahí que esta modificación tenga por objeto clarificar el tema de las ayudas internacionales.
En lo que respecta a las empresas maquiladoras y con programas de exportación autorizadas por la Secretaría de Economía, se propone simplificar en el artículo 112 las operaciones conocidas como submaquila, toda vez que en la actualidad se encuentran sujetas a un trámite burocrático excesivo en el que deben informar a la autoridad aduanera competente, de cada envío de mercancías que hacen a las personas encargadas de realizar los procesos complementarios de transformación, elaboración o reparación, sin que la autoridad cuente con la capacidad de administrar tales volúmenes de información plasmar en documentos y un costo administrativo considerable para la empresa. m La propuesta facilita el control adecuado de tales operaciones y reduce su costo tanto para la autoridad como para la empresa.
Tratándose de operaciones de las maquiladoras y empresas con programas de exportación en las que se destina la mercancía a depósito fiscal, se propone otorgarles en el artículo 119 el tratamiento equiparable a exportación que actualmente se le da a la mercancía nacional que se destina a depósito fiscal.
Se propone la instalación de las tiendas libres de impuestos para pasajeros internacionales que arriban al país procedentes del extranjero. Esta figura que existe y opera satisfactoriamente en diversos países del mundo, presenta ventajas frente a la situación actual como son, el traslado de inversión a nuestro país, creando empleos directos e indirectos; no tiene costo fiscal alguno y por el contrario favorece la recaudación por el Impuesto sobre la Renta que causarán y pagarán en México las nuevas tiendas que establezcan en nuestro territorio, en vez de la situación actual donde las tiendas ubicadas exclusivamente en el extranjero que venden productos libres de impuestos a pasajeros internacionales que vienen con destino a México, pagan sus impuestos en el extranjero. También se recaudaría un aprovechamiento del 5% sobre las ventas, tal y como sucede hoy en día con las tiendas que venden mercancía libre de impuestos a los pasajeros que salen del país con destino al extranjero. Además de la recaudación que se genera derivada de la actividad económica de las nuevas tiendas.
En materia de simplificación de procedimientos administrativos, se propone incorporar un nuevo artículo 149 bis que establezca el procedimiento sumario de comprobación aduanera para casos en que se considere que la irregularidad detectada es notoriamente improcedente.
Se propone una modificación trascendente en la materia que consiste en permitir en el artículo 154 de la Ley Aduanera, una vez que el particular cumpla las regulaciones o restricciones no arancelarias aplicables, se sustituya el embargo por otra garantía del interés fiscal. En ese supuesto se propone eliminar la limitante que existe en el texto vigente, que sólo permite dicha sustitución si las regulaciones o restricciones aplicables se cumplen en 30 días. Esto se elimina porque no existe una justificación para mantener dicho límite temporal.
No cabe duda que los agentes aduanales son expertos que participan en más del 90% de las importaciones y exportaciones del país, mientras que las autoridades aduaneras practican la revisión de aproximadamente el 10% del reconocimiento. De ahí la importancia de iniciar nuevas estrategias que amplíen los alcances de control en lo que se involucra el agente aduanal en la identificación de importadores o exportadores de riesgo para el control aduanero, así como operaciones con características acríticas o sospechosas.
El marco jurídico vigente está orientado a responsabilizarlos fuertemente al agente aduanal, por las autoridades que detecte la autoridad. De hecho puede decirse que el marco de responsabilidad es más severo para el agente aduanal que para el propio importador.
El marco jurídico vigente no permite aprovechar la información y los recursos técnicos y materiales de que disponen estos agentes aduanales en cada importación, hay que utilizarlos en beneficio del control aduanero. Por ello en esta iniciativa se plantea una nueva orientación en la función del agente aduanal a efecto de que sea un agente preventivo del ilícito aduanero. Para ello se le están dando mayores obligaciones y responsabilidades. ..
-PRESIDENTE: Diputada, yo con todo respeto le ruego concluir.
-DIP. NORA ELENA YU HERNANDEZ: … termino señor presidente.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscribientes nos permitirmos presentar el siguiente:
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Aduanera, la cual hago entrega a esta presidencia en su versión integral y pido sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados para su consulta, solicitando además de que sea turnada a la brevedad a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictaminación dentro del paquete fiscal recientemente ingresado a esta Secretaría. Muchas gracias señor Presidente.
-EL DIPUTADO PRESIDENTE: Gracias a usted diputada.
Su iniciativa está publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria, pero se insertará el texto integro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del mismo.
-LA DIPUTADA AMALIN YABUR ELÍAS: ¿Falta algún diputado o diputada para registrar asistencia?
Se informa a la presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 435 diputadas y diputados, ciérrese el sistema electrónico. Quienes al momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula. Cumplida su encomienda diputado Presidente.
-EL DIPUTADO PRESIDENTE: Tiene la palabra la diputada Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que deroga el numeral 2º. Del artículo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
-LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA: Proyecto de Decreto por el que se deroga el numeral 2 del artículo 239 del COFIPE.
La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de las diputadas y los diputados, el siguiente proyecto de decreto por el que se deroga el numeral 2 del artículo 239 del COFIPE al tenor de la siguiente exposición de motivos.
El numeral 2 del artículo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, reproduce una añeja disposición de nuestro sistema electoral, reiterada en las diversas leyes que precedieron al actual y según la cual el día de la elección federal de que se trate, así como el precedente deberán permanecer cerrados todos los establecimientos que en cualquiera de sus giros expendan bebidas embriagantes; esta disposición obedeció a un contexto social, político diferente al que impera hoy día, en el que se ha alcanzado un sensible nivel de madurez política entre los contendientes y la misma ciudadanía, minimizando las posibilidades de que grupos antagónicos, alentados o incitados por la embriaguez, diriman sus conflictos mediante la violencia el día de la elección federal.
Asimismo, es indudable que la autonomía del Instituto Federal Electoral y la transparencia de sus procedimientos para recolectar, computar el voto y anunciar sus resultados, ha contribuido a fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales, posibilitando que en las protestas e impugnaciones se sometan al cauce de la ley.
Durante los últimos años hemos observado como los ciudadanos y ciudadanas mexicanas principalmente los que viven en los conglomerados urbanos, han ejercido su derecho al voto de manera responsable y consciente sin que las jornadas electorales se hayan visto perturbadas por grupos influidos del alcohol.
Esta situación que evidentemente quisieron evitar los pioneros legisladores pero en otro contexto, ya no responde a la realidad actual; en ese tenor y ya no correspondiendo a la norma, al contexto social y político en el que fue creada, procede su derogación en congruencia con la madurez y responsabilidad política que el pueblo mexicano ha demostrado en los procesos electorales federales de los últimos tiempos, pero además, es conveniente derogar esta norma atendiendo a que su aplicación incide negativamente en algunos sectores de la economía formal, principalmente las relacionadas con el turismo, el entretenimiento, los restaurantes, los alimentos en general y propicia la existencia de un mercado negro durante los días de prohibición.
Según estimaciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, durante la pasada elección federal del 6 de julio el sector hotelero y restaurantero de la capital resistió pérdidas por 150 millones de pesos, lo que da idea de los perjuicios económicos que por este concepto se resienten.
Desde luego la derogación que propongo no implica que los electores puedan votar ebrios o acceder a las casillas en ese estado pues, en términos del artículo 217, numeral quinto, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas bajo el influjo de enervantes, embozados o armados, con lo que se conserva el espíritu que el día de la elección se ejerza el voto libro, responsable y consciente.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, de conformidad con el artículo 71, fracción II de la Constitución, me permito presentar el siguiente proyecto de decreto por el que se deroga el número 2 del artículo 239 del COFIPE.
Artículo único. Se deroga el numeral 2, artículo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo a 27 de noviembre del 2003.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Continúe la Secretaría.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS:
(LECTURA OFICIO DE LA CAMARA DE
SENADORES RELATIVO AL INSTITUTO
DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS
ARMADAS MEXICANAS, INSERTESE)
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, con opinión de las comisiones de Defensa Nacional y de Marina.
LA MISMA C. SECRETARIA:
(OFICIO DE LA CAMARA DE SENADORES
RELATIVO AL C. LICENCIADO ANGEL LUIS
ORTIZ MONASTERIO CASTELLANOS,
INSERTESE)
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de gobernación.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción V bis al artículo 5 y un artículo 7 bis al capítulo primero del título segundo de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Este, por lo tanto, queda de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Jaime Parada Avila para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Alemania y de Elizabeth Velazco y López, Sandra Luz González Reyes, David Navarrete Martínez y Mónica del Carmen Vázquez Fernández para prestar servicios en la Embajada de Alemania en México.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de primera lectura.
Las comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología han entregado a esta presidencia el dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX bis del artículo 3º., adiciona un título 5º. bis y su capítulo único denominado El genoma humano, y el artículo 241 bis de la Ley General de Salud.
En virtud de que el mencionado dictamen se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados y diputadas, queda de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de Ley General de Desarrollo Social.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
-SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Muchas gracias.
¿Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa?
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
-PRESIDENTE, DIP. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA: Se le dispensa la lectura.
En consecuencia y en términos del artículo 108 del Reglamento, por la Comisión y para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra la diputada María Beatriz Zavala Peniche, hasta por diez minutos.
-DIP. MARIA BEATRIZ ZAVALA PENICHE (PAN): Señoras y señores diputados, propongo a esta Cámara de Diputados la aprobación del dictamen de la Ley General de Desarrollo Social, que dotará a los mexicanos de un instrumento legal cuya trascendencia es tal que permite la aplicación de los derechos sociales consignados en la Constitución de 1917.
En la historia del siglo XX mexicano, los dos modelos económicos que predominaron fueron generadores de pobreza, tanto el de economía capitalista de Estado como el modelo neoliberal que le siguió. La insuficiente capacidad de ambos modelos económicos para garantizar el desarrollo social, se agravó con la crisis de las finanzas públicas.
Cuando la inconformidad con el empobrecimiento se tradujo en movilización, la búsqueda del bienestar anteriormente confiada a los resultados de la política económica, comenzó a ser considerada como política social y el gobierno federal emprendió una estrategia de desarrollo social.
El Ejecutivo Federal reconoció a la pobreza como un fenómeno que debía ser combatido desde una estrategia explícita de desarrollo social. Se inició la operación de programas compensatorios a la pobreza, como el PRONASOL, que dio origen a la SEDESOL, el PROGRESA y posteriormente OPORTUNIDADES.
Rasgos distintivos de cada programa son que con el PRONASOL los destinos se destinaban a partir de comités de solidaridad y se daba prioridad a la infraestructura urbana.
Con PROGRESA se emprendió la focalización. Y con OPORTUNIDADES se ha perfeccionado la distribución a través del padrón único de beneficiarios.
Se ha afinado el destino micro regional y sobre todo se ha diseñado un esquema operativo que integra las acciones de educación, salud y alimentación, para la entrega de recursos del gasto social directamente a los beneficiarios.
Conforme la sociedad mexicana avanzó en la democratización del Estado y decidió la alternancia política, demandó la definición de una política social para enfrentar las problemáticas del México profundo: la pobreza, la desigualdad, los obstáculos estructurales del desarrollo social.
Se propuso avanzar hacia el desarrollo humano de manera ininterrumpida, más allá de los gobiernos, de las diferencias ideológicas y programáticas de los partidos, pero con un claro sentido democrático.
La definición de una política social de Estado nos exigió el diseño de una legislación de grandes miras, tan amplia como aquella con la que se enfrentó en otros tiempos la problemática del acceso a la tenencia de la tierra, de la propiedad de los recursos naturales del subsuelo, de las relaciones capital-trabajo, de la democracia como instrumento para garantizar la convivencia plural de los mexicanos.
El Congreso de la Unión está proponiendo una legislación para definir una política de Estado que cuente con definiciones precisas de medición, ubicación geográfica, criterios e indicadores que determinen la naturaleza, dimensiones y distribución de la pobreza, de precisión de facultades para cada nivel de gobierno, de descentralización, de fortalecimiento del proceso de evaluación, de promoción de la participación ciudadana.
Los legisladores consideramos que en la etapa política por la que atraviesa el país, caracterizada por la renovación de las formas de participación política, es nuestro deber ofrecer una nueva institucionalidad para el desarrollo social.
En esta perspectiva, asumimos el reto de crear una nueva institucionalidad para dar sustento a la política social de Estado, una nueva institucionalidad de la política social de Estado que contribuya a la paz social, que fortalezca la credibilidad de las instituciones, que impulse el cambio para enfrentar las condiciones de atraso e insatisfacción de millones de mexicanos, que promueva la participación de la sociedad en las tareas del desarrollo social, que garantice la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, que convenza por la estricta legalidad de todos sus actos, desde su gestación hasta la evaluación.
La nueva institucionalidad busca el apego a la legalidad para convocar la confianza ciudadana en los órganos de gobierno y el respeto a las leyes.
Una nueva institucionalidad para el desarrollo social es parte imprescindible de la reforma del poder, de las reformas estructurales que abrirán un nuevo cauce a la energía social de los mexicanos. De ahí que las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión coincidimos en presentar a esta soberanía el dictamen de la Ley General de Desarrollo Social.
Además el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se integró en este consenso sin menoscabo de la autonomía de esta soberanía, dándole seguimiento al trabajo de las comisiones legislativas.
La Ley define los objetivos de la política nacional de desarrollo social, regula las obligaciones de los tres niveles de gobierno, establece las instituciones responsables de la materia, se consigna en los lineamientos y criterios del financiamiento de la política social de Estado, de tal manera que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social, se consideren prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de evaluación y estarán eximidos de sufrir disminuciones en sus montos.
Se definen las zonas de atención prioritaria, se legisla para impulsar el desarrollo productivo del sector social, se constituye el Sistema Nacional para el Desarrollo Social con el fin de normar la concurrencia de los diferentes niveles de gobierno, se conforma la Comisión Nacional de Desarrollo Social para consolidar el federalismo, se institucionaliza la participación social en la vigilancia y seguimiento de la política de desarrollo social, se crea el Consejo Consultivo para Convocar a la Participación Ciudadana.
Señoras y señores diputados: En 1943 desde esta Honorable Tribuna el diputado Manuel Gómez Morín, afirmó que estaba pendiente una gran obra de reforma social. "Como no ha de estarlo, nos dijo, si todos los días tropezamos con la miseria en todos los rumbos de México". Esta Ley abre el cauce para esa reforma social.
El dictamen de la Ley General de Desarrollo Social, sintetiza la mayor confluencia de acercamiento posible de acuerdos entre las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión para dotar al Estado Mexicano de una política social.
La aprobación del dictamen de la Ley General de Desarrollo Social por consenso de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, introduce en el clima político actual, la voluntad de los partidos de confluir para construir una política de Estado.
El voto consensado por el dictamen de la Ley General de Desarrollo Social, fortalece la facultad del Congreso de la Unión para definir una legalidad que imprima sentido, rumbo y objetivos a los instrumentos del gasto social programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El dictamen de la Ley General de Desarrollo Social que presentamos a ustedes, es producto de circunstancias políticas inéditas, construidas por la búsqueda del consenso, de ceder en las concepciones particulares para diseñar una nueva legislación que privilegie lo que nos es común, por la decisión de conjuntar en un solo haz una política social de Estado para el desarrollo social y el combate a la pobreza, por la voluntad de demostrar a la nación que el Congreso de la Unión asume, como Poder de Estado, su responsabilidad histórica en las grandes causas nacionales.
Muchas gracias por su atención.
- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, está a discusión el dictamen en lo general.
Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, los siguientes ciudadanos diputados:
Por Convergencia, Juan Fernando Perdomo Bueno;
Por el PT, Francisco Amadeo Espinosa Ramos;
Por el Verde Ecologista de México, Javier Orozco Gómez;
Por el PRD, Clara Marina Brugada Molina y Julio Boltvinik Kalinka;
Por el PAN, Armando Rangel Hernández y María Guadalupe Suárez Ponce; y
Por el PRI, Sonia Rincón Chanona.
Por esta ocasión y por un acuerdo de los coordinadores parlamentarios comunicado a esta mesa directiva, el tiempo de los oradores será de 10 minutos.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Partido de Convergencia.
Entiendo que hay una reserva. La pregunta sobre las reservas se hará al final de la discusión, al final de la fijación de posiciones más que de discusión. Estamos en el entendido y está registrado, es un inciso al artículo 42 que en su momento se reservará la Comisión
Adelante señor diputado Perdomo Bueno.
- EL C. DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO (Convergencia):
Compañeras y compañeros Diputados:
El grupo parlamentario de Convergencia apoya toda iniciativa que facilite a las instituciones de la República instrumentar soluciones viables y sustentables al desarrollo y progreso social de nuestro pueblo, volviendo realidad los enunciados de nuestra Carta Magna. Una Ley de Desarrollo Social que garantice la aplicación de políticas públicas tendientes a subsanar y superar de manera eficaz las desigualdades sociales que padecen muchos mexicanos, es un objetivo en el que ha sido posible la convergencia de las voluntades políticas representadas en esta honorable Cámara.
Con los antecedentes de propuestas presentadas por legisladores de diferentes partidos de las dos anteriores legislaturas, fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social la minuta del proyecto que crea la Ley General de Desarrollo Social. El proyecto de ley, objeto del presente dictamen, sintetiza la voluntad de los legisladores de los diversos grupos parlamentarios para que nuestro país cuente con un marco jurídico que reconozca y atienda, de manera integral, el desarrollo social sin discriminaciones y sin exclusiones.
Tiene la virtud esta ley de propiciar la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, tanto en la planeación como en el diseño y la ejecución de las políticas públicas, permitiendo además la participación de los sectores públicos, social y privado, méritos que corresponden a la legítima aspiración de un nuevo federalismo por un lado, y a formas efectivas de participación ciudadana por otro. Debemos congratularnos por ello, el crédito es para todos.
En conjunto la visión integral de la ley, su carácter incluyente, su perfil federalista y su vocación ciudadana, contribuyen a fortalecer la democracia que entre todos queremos construir. Esta ley tiene sólidas bases en las disposiciones que nuestra Carta Magna contiene en materia de desarrollo social, básicamente que a partir de un crecimiento económico justo, que propicie el empleo y que dé acceso equitativo a la riqueza creada por la propia sociedad se garantice a todos los mexicanos su derecho a que el desarrollo les permita vivir en libertad y con dignidad.
El dictamen de la Ley de Desarrollo Social que se propone tiene la clara virtud de que por primera vez se hará realidad con un claro ordenamiento jurídico derechos sociales que antes solo se conocían retóricamente en el discurso.
Convergencia apoya esta normatividad que permitirá orientar con claridad el gasto social, explícitamente programado para el desarrollo social. Además de contribuir a hacer más transparente su aplicación y el ejercicio de los recursos destinados a los programas sociales.
Tenemos que destacar que la propuesta de ley determina que deberán ser los municipios los principales ejecutores de todos los programas, así como el manejo de los recursos y acciones federales que se planifiquen y programen, teniendo como objetivo el desarrollo social.
En Convergencia compartimos los principios a los que se sujetarán los derechos sociales enunciados en la ley: la libertad, la justicia distributiva, la solidaridad, la integralidad, la participación social, la sustentabilidad, el respeto a la diversidad, la libre determinación y autonomía a los pueblos indígenas y sus comunidades, y como ya mencioné, la transparencia.
Convergencia siente que en esta ley se recoge en muchos de los postulados que se encuentran en nuestros documentos básicos, en nuestro programa de acción y en nuestra plataforma electoral; en ellos buscamos, cito: "Un crecimiento económico que se traduzca en desarrollo, en la medida que se incorpore a más mexicanos en actividades productivas; se reduzcan los niveles de exclusión y desigualdad, y se combatan las diferentes formas de pobreza que aún afrentan a la mayoría de los mexicanos, en particular a las mujeres". Fin de la cita.
Pero, si bien es cierto que reconocemos el gran avance que estamos realizando con esta ley, no podemos olvidar lo mucho que hay que hacer aún en la consecución de un desarrollo económico, incluyente y equitativo; no nos cabe duda que hay que realizar grandes transformaciones para cambiar un modelo económico que ha propiciado más pobreza y mayor desigualdad entre nuestro pueblo.
Si la ley que celebramos puede ayudar a resolver las manifestaciones evidentes de los estragos causados por ese modelo, eso es bueno; si logramos erradicar las causas de esas deficiencias, mejor aún.
Desde luego que dicha ley deberá perfeccionarse a partir de la experiencia de su aplicación en la práctica, pero por lo pronto debemos felicitarnos porque ha sido posible, en un ambiente de concordia y de paz, por la vía de las instituciones de la República, reconocer a nuestro pueblo derechos que en el pasado sólo era posible conseguir por la lucha armada y que hoy son fácilmente alcanzables por medio de los instrumentos que de dicha Ley General para el Desarrollo Social se desprenden, como lo presentó mi compañera, la diputada Beatriz Zavala.
Esta nueva Ley de Desarrollo Social está planteada de tal manera que impide el establecimiento de una casta burocrática, sobre todo porque con su carácter intersecretarial cada una de las secretarías que intervengan, así como los representantes de los diferentes sectores sociales, encontrarán en ella fundamento y apoyo para que no se tomen decisiones unilaterales.
Un ejemplo que nos sirve para estar optimistas, es que considera que la evaluación de la política social tiene gran relevancia para el cumplimiento efectivo de sus objetivos y en ese sentido propone la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión, de conformidad con la Ley Federal de Entidades Paraestatales, cuyo objetivo es normar y coordinar la evaluación de las políticas públicas, así como establecer los lineamientos y los criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza.
Algo que entusiasma verdaderamente, es el hecho que la Comisión de Desarrollo Social, en su dictamen, no eludió de ningún modo su compromiso con un marco conceptual social y democrático. En lo particular, quisiera resaltar lo que a juicio del grupo parlamentario de Convergencia es muy importante, en el desglose de las disposiciones generales, donde se marca el objetivo global de la nueva ley resalta el artículo número uno que dice, cito:
"La presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política". Y en el artículo dos se remarca: "Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios para el desarrollo social".
Además, en su definición del principio de respeto a la diversidad, explícitamente se señala el reconocimiento en términos de origen étnico, de género, de edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquier otra para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias.
Estas características de universalidad, no discriminación, respeto y tolerancia, son muy valiosas para Convergencia; son esenciales.
Compañeros legisladores hay que decirlo, esta propuesta es una ley del siglo XXI, visionaria y vanguardista; es una verdadera reforma estructural, justo como lo ha señalado la fracción parlamentaria de Convergencia por mi conducto, por eso llamamos a todos los grupos parlamentarios a dar su apoyo y su aval votando favorablemente a la creación de esta ley pero también cuidando que en su reglamento quede concretado el espíritu que la vio nacer.
Es cuanto (aplausos)
- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Amadeo Espinoza Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
- EL C. DIP. FRANCISCO AMADEO ESPINOZA RAMOS: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo expresa su beneplácito por el avance logrado hasta este momento en torno a la incorporación a nuestra legislación, de la presente Ley General de Desarrollo Social con la cual se busca proteger los derechos sociales de los mexicanos, pero sobre todo de los que menos tienen.
Precisa destacar que a pesar de que nuestra legislación es tan pródiga en garantizar que los trabajadores y las capas populares estuvieran protegidas bajo el tutelaje del Estado, no contaba hasta ahora con un marco legal suficiente sobre el cual se pudieran sustentar en esta materia las conquistas sociales que los mexicanos logramos al o largo del siglo XX.
El momento en el que se presenta esta ley es muy oportuno porque a nadie escapa que ante la pobreza creciente y su consecuente derivación en el deterioro de las condiciones de vida de la población como consecuencia de las políticas neoliberales de las últimas dos décadas, dicha propuesta fortalece la política social.
El objetivo principal de la Ley General de Desarrollo Social es combatir las desigualdades de las poblaciones marginadas en nuestro país, articulando las diversas políticas públicas en torno a un mismo fin.
Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social coincidimos en que en este proyecto es, cito: "Un avance significativo para cumplir con la necesidad de instituir desde un marco jurídico, las medidas que permitan fincar bases sólidas que aseguren el acceso de las mexicanas y los mexicanos al desarrollo, sin que medie motivo alguno para cualquier tipo de discriminación".
Por otra parte, establecer una ley marco en pro del desarrollo social para que a partir de ella la formulación de políticas públicas sean coherentes, que permitan la participación activa de los tres niveles de Gobierno en la planeación, diseño y ejecución de las acciones. La participación del sector público, social y privado será fundamental para el bien de la nación.
En esta ley se destaca que los principios a los que se sujetarán los derechos sociales, son: la libertad, la justicia distributiva, la solidaridad, la integralidad, la participación social, la sustentabilidad, el respeto a la diversidad, la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, y desde luego la transparencia.
Esta ley contiene lineamientos claros respecto al financiamiento de la política social, los recursos destinados no podrán ser inferiores a los del año fiscal anterior y deberán incrementarse en la misma proporción en que lo haga el Producto Interno Bruto. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo, son considerados prioritarios y de interés público.
Entre los beneficios contenidos en esta ley destacan: el planteamiento de una política nacional de desarrollo sociall, con objetivos claros en torno a propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, promover un desarrollo económico con sentido social, fortalecer el desarrollo regional equilibrado y garantizar formas de participación social desde la formulación hasta la ejecución de los programas, pasando por su evaluación y control.
La conformación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con el que se pretende evaluar la política social en todos sus ámbitos está planteada como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, de acuerdo con la Ley Federal de las Entidades Paraestales.
La instrumentación de un Sistema Nacional de Desarrollo Social, con el fin de determinar la competencia de los tres niveles de gobierno en materia de desarrollo social, al igual que concertar los esfuerzos con los sectores social y privado.
La puesta en acción de la Comisión Nacional de Desarrollo Social como un instrumento de coordinación de los programas, acciones y asignación de recursos financieros para el cabal cumplimiento de los objetivos planteados en la multicitada ley; además, se plantea la integración de una Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social como instrumento de coordinación del Ejecutivo Federal, con el fin de garantizar el diseño y ejecución de la política nacional de desarrollo social.
La conformación del Consejo Consultivo de Desarrollo Social se contempla como un órgano de la Secretaría de Desarrollo Social, integrado pluralmente por la ciudadanía, con objeto de analizar y proponer programas y acciones en pro de cumplir con la política nacional de desarrollo social. Con todas estas figuras jurídicas se pretende ejecutar de la mejor manera, todas las acciones encaminadas a resolver paulatinamente la pobreza y la marginación.
Para el Partido del Trabajo resulta importante que lo que el día de hoy votamos sea apoyado de manera sistemática y permanente con los recursos financieros presupuestales que se requieran o de lo contrario, al igual, que muchas otras leyes se quedará en el archivo del olvido, con todo y los buenos deseos y de las mejores intenciones de los legisladores de todas las fuerzas políticas aquí representados.
Por lo expresado anteriormente, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor en lo general y en lo particular del dictamen en cuestión. Muchas gracias.
-EL PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Javier Orozco Gómez del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
-EL DIP. JAVIER OROZCO GOMEZ: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
El desarrollo social es un proceso de mejoramiento y calidad de vida de la sociedad, no es una meta a la cual hay que aspirar y llegar para después mantener un simple nivel. El desarrollo social es un camino que debemos recorrer siempre día a día, ya que tendremos la posibilidad de ser y estar mejor, pero de poco vale si no se siembra en el hombre y en la sociedad el deseo de superarse constantemente.
Sin embargo, es realmente una vergüenza que más de la mitad de la población se encuentre atrapada en la pobreza, aún más, cuando el gobierno señala con tanto orgullo que nuestra economía ocupa el noveno lugar en el mundo, que somos una potencia exportadora y que hay estabilidad económica, en síntesis, que vamos de maravilla.
No obstante esa visión optimista, lo que es un hecho incuestionable, es que la pobreza en México va en aumento, esto obedece a dos razones fundamentales: la aplicación indiscriminada de un modelo económico que multiplica exponencialmente a los pobres y el abandono de una política solidaria a favor de la gente.
Es útil saber cuáles son los problemas y las razones de la pobreza, pero no es suficiente, es necesario revisar la orientación del desarrollo, los programas sociales, el modelo económico y con base en esto, buscar alternativas. Si verdaderamente queremos hacer frente al problema, es indispensable corregir la política económica y empezar por ejercer con eficacia y oportunidad los programas sociales, seguir por el camino de una política que sólo beneficia a unos cuantos, no sólo resulta inmoral, sino que pone en riesgo la democracia y la viabilidad del país.
La aspiración a la justicia y a la igualdad, debe ser el motor de la política social, la lucha contra la desigualdad tiene que ser una bandera permanente ante los mexicanos que con enormes esfuerzos llevaremos a cabo la transformación social y económica de México.
En ese sentido, he aquí un esfuerzo que finalmente se ve coronado mediante la iniciativa de la Ley General de Desarrollo Social, que sintetiza la voluntad de los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias, que nuestro país cuente con un marco jurídico que reconozca y atienda el desarrollo social.
Esta ley, incorpora una visión integral de las personas reconociendo sus necesidades en distintos ámbitos, involucra presupuestos, instituciones, acciones de concurrencia y busca garantizar la existencia de una política de desarrollo social con visión, transparencia y beneficia a las clases necesitadas.
La ley asienta las bases de una política de estado comprometida con la justicia social, mediante derechos sociales como la libertad, la justicia distributiva, la participación social y la transparencia, entre otros.
Mediante la creación de organismos como el Sistema Nacional para el Desarrollo Social, el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la formación de un Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social, se pretende garantizar la aplicación y orientación, así como el seguimiento, operación y evaluación de la política nacional de desarrollo social.
Además se crea también, la Comisión Intersecretarial como el instrumento de coordinación de las acciones del Ejecutivo Federal, para garantizar la integridad en el diseño y ejecución de la política nacional de desarrollo social.
No echemos las campanas al vuelo, falta aún mucho por hacer, pero es un buen comienzo, el reto es detonar un proceso de reforma social acorde al Siglo XXI, que permita abolir la desigualdad social que existe en nuestro país y que vaya reduciendo la pobreza.
Compañeros legisladores: los invito a que hagamos todo lo posible por cumplir y garantizar el cumplimiento de esta ley que hoy está a nuestra consideración. He aquí un ejemplo de que con voluntad y trabajo, independientemente de colores y banderas, podemos llegar a acuerdos en favor de la mayoría.
Las alianzas entre las distintas fuerzas políticas en México han sido fundamentales en diferentes momentos históricos y por ello hay que seguirlas impulsando para crear los consensos que tanto requiere el país.
Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país, como es el caso de esta Ley General de Desarrollo Social.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA, DIP. AMALIA D. GARCIA MEDINA: Gracias.
Tiene el uso de la palabra la diputada Clara Marina Brudaga Molina, del Partido de la Revolución Democrática.
LA DIP. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA: Gracias, diputada Presidenta.
A los miles de mexicanos y mexicanas que el día de hoy levantan su voz en defensa de los excluidos y de la soberanía nacional; a lo que piensan que otro mundo es posible.
Compañeras y compañeros: estamos en un mundo con avances científicos y tecnológicos impensable hace algunos años, donde se realizan millones de operaciones financieras por minuto capaz de transmitir y distribuir millones de datos e imágenes y sonidos en segundos, pero incapaz de actuar frente al gran drama humano que representa la pobreza y el hambre, incapaz de reaccionar frente a la muerte por hambre y enfermedades curables de millones de seres humanos.
Estamos en un mundo que ha mostrado su profunda capacidad de globalizar la equidad, la justicia y el desarrollo, incapaz de distribuir los beneficios de los avances de la ciencia y tecnología.
Lamentablemente México no ha escapado a las inercias que impone el modelo globalizador vigente, la pobreza ha crecido y el estado ha sido incapaz de enfrentar de forma eficiente e integral este fenómeno.
Esta situación nos plantea un problema fundamental, se traba de un asunto de concepción, ya que se asume la desigualdad social como circunstancias desvinculadas de la aplicación del modelo económico; a pesar de los esfuerzos no se ha logrado rebasar la visión que ubica la política social como la ambulancia que recoge a los damnificados que genera la política económica.
Por ello para el PRD, esta ley es una respuesta clara al dogmatismo económico, que postula la obediencia ciega a los recetarios de los organismos financieros y que relegó la cuestión social y la colocó como un asunto restringido a las personas imposibilitadas para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado.
Para nosotros, la Ley General de Desarrollo Social que hoy votamos, representa un paso adelante en la construcción del andamiaje jurídico para garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales del Estado Mexicano, con ello avanzamos en la implantación de políticas públicas de largo aliento, que trasciendan los límites sexenales, las coyunturas políticas y las modas discursivas.
Sin duda es mérito y debería de ser un buen presagio para esta Legislatura, que la primera ley que se aprueba en esta Cámara sea la que aborda de forma integral la cuestión social; todos coincidimos que el desarrollo social y la superación de la pobreza son causas que reúnen el consenso, que convocan al diálogo, al trabajo y a la suma de esfuerzos, pero pocas veces logra colocarse en la agenda de los asuntos urgentes, en lo ineludible.
Esta Ley tiene su origen y sustento en la necesidad imperiosa de abordar uno de los grandes temas nacionales y colocarlo en el centro articulador de las políticas y estrategias de desarrollo, de redimensionar la cuestión social y de construir un Estado socialmente responsable.
Por ello presentamos en la LVII Legislatura la primera iniciativa de Ley General de Desarrollo Social, que después fue retomada por el Senado y reunió el trabajo y esfuerzo de los legisladores integrantes de todos los grupos parlamentarios.
Para nosotros, la aprobación unánime de esta Ley es un avance que sintetiza la voluntad de los partidos políticos de avanzar en crear un nuevo marco jurídico para el desarrollo social, aunque quedaron fuera algunos temas importantes para nuestro partido, como la autonomía del órgano encargado de medir la pobreza y la modificación de los criterios de asignación de los recursos del ramo 33.
Es un instrumento jurídico, que tiene por objeto garantizarle a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos sociales establecidos en la Constitución, que designe los criterios y principios de la política nacional de desarrollo social.
Es una Ley que promueve una política social distributiva, solidaria, transparente, integral, sustentable, participativa, con respeto a la diversidad y a la libre autodeterminación de los pueblos indios.
Es una Ley que establece derechos y obligaciones para los sujetos del desarrollo social, particularmente de los beneficiarios de los programas de desarrollo social.
Es una Ley que establece que el municipio será el principal ejecutor de la política social; es una Ley que declara de interés público los programas, fondos y recursos, orientados a educación, atención médica, superación de la pobreza, zonas de atención prioritaria, alimentación, abasto social, vivienda, a la generación de empleo, actividades productivas, al sector social de la economía y los dirigidos a la construcción de infraestructura para agua potable, electrificación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.
Es una Ley que protege el gasto social al sujetarlo a los siguientes criterios: Primero, que no podrá ser menor en términos reales que el asignado el año inmediato anterior; que tendrá que incrementarse cuando menos en la misma proporción del Producto Interno Bruto que señalen los criterios generales de política económica presentados por el Ejecutivo; que para su distribución el gasto social per cápita no podrá ser menor en términos reales que el asignado en el año inmediato anterior; que las partidas de los programas de desarrollo social no podrán ser transferidas a fines distintos a los aprobados por la Cámara de Diputados.
Es una Ley, que por primera vez en la historia legislativa, establece criterios para le definición y medición de la pobreza y los convierte en obligatorios para las dependencias que participan en la ejecución de la política de desarrollo social.
Es una Ley federalista, que crea el Sistema Nacional de Desarrollo Social como mecanismo permanente de concurrencia, coordinación y concertación en el Gobierno Federal, los estados, los municipios y los sectores sociales y privados.
Es una Ley que coloca la evaluación de la política social como un asunto prioritario; que establece criterios, tiempos y modalidades para la realización de estos estudios y obliga a publicar sus resultados y a remitirlos a la Cámara de Diputados.
Es una ley que crea un órgano especializado para la medición de la pobreza, con autonomía técnica y funcional para determinar las líneas oficiales de pobreza y dar cuenta de su evolución.
Compañeras y compañeras, al aprobar esta ley rebasamos las fronteras que limitaron el desarrollo social, ponemos los cimientos para rebasar la visión asistencialista, fragmentada y excluyente de la política social, con esta ley la política social tendrá que transformarse en un instrumento eficiente para enfrentar la desigualdad social y económica.
Esperamos que con la aprobación de esta ley, esta Legislatura asuma su compromiso con la mayoría de los mexicanos, con los que menos tienen. Que esta Legislatura se destaque por su responsabilidad social, y que los asuntos que se aprueben no afecten aun más a los millones de mexicanos en situación de pobreza.
Tendremos grandes retos enfrente, que la justicia deje de ser un ideal, que los principios constitucionales y las leyes que emita esta soberanía, se cumplan y se conviertan en derechos exigibles.
Contamos que esta ley pase su prueba de fuego, que será la aprobación del Presupuesto de Egresos, donde se tendrá que expresar con claridad, los compromisos que hoy asumimos con beneplácito, es decir, lograr que el gasto público se convierta en el principal instrumento económico, para garantizar el bienestar de la población. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputada. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Julio Boltvinik Kalinka del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-EL C. DIPUTADO JULIO BOLTVINIK KALINKA: Con su venia señor presidente. El dictamen de la Minuta del Senado conteniendo Proyecto de Ley General de Desarrollo Social que hoy votaremos en este pleno, es fruto de un proceso político de negociación, llevado a cabo con la voluntad de llegar a un consenso entre todos los partidos políticos, tanto en la pasada Legislatura como en éste, y ello se refleja en su aprobación unánime tanto en el Senado como en la Comisión del Desarrollo Social de esta Cámara.
Aunque el resultado está lleno de claroscuros las luces predominan sobre las sombras y, por tanto llamo a todos ustedes, diputadas y diputados de todos los partidos, a que hoy apoyemos unánimemente este dictamen.
Destaco algunas de las luces más significativas que a pesar de las sombras, de las que sólo destacaré una al final, me lleva a dar mi voto favorable y a pedirles el suyo.
En los Artículos 18, 20, 22 y 23 se establece que los programas, fondos y recursos para el desarrollo social no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, que el presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior, y que se tendrá que incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevé al crecimiento del PIB.
Además de limitar las reducciones y los recortes, la ley también limita las transferencias, al establecer en el Artículo 22 que las partidas para los programas de desarrollo social en el presupuesto, no podrán destinarse a fines distintos. Estos candados reflejan la lucha del sector social por protegerse de las arbitrariedades del todopoderoso sector económico.
Estas formas presupuestarias constituyen una de las luces más brillantes de la naciente ley, de la presión de Cámara dependerá que estas normas, se conviertan en normas vivas y si no quedarán como letra muerta.
Una segunda luz del proyecto que hoy votaremos, aparece en el Artículo 36 que señala: "Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza, son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social". Esta disposición pondrá fin a la multiplicidad de métodos de identificación de los pobres que utiliza la Sedesol y que son al menos tres diferentes entre sí y contradictorios.
El texto acierta también al establecer que las mediciones que lleve a cabo el Consejo Nacional de Evaluación deben hacerse cada año, a nivel de entidad federativa y cada 5 a nivel municipal, imponiendo al INEGI la obligación de proveer la información necesaria al efecto.
Una tercera luz del proyecto que nos ocupa es la creación de dos organismos de coordinación: la comisión nacional de desarrollo social en la que participan los tres órdenes de gobierno y el Poder Legislativo y la comisión intersecretarial de desarrollo social, algo así como el gabinete social que integra a las dependencias más importantes del Ejecutivo en materia económica y social.
Quiero destacar el carácter obligatorio para las dependencias del Ejecutivo Federal, de los acuerdos de la comisión intersecretarial y dos funciones muy importantes que a ésta se le asignan: recomendar medidas orientadas a hacer compatibles las decisiones vinculadas con las políticas de desarrollo social y las económicas y la segunda función: proponer las partidas y montos del gasto social que se deben integrar en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
En estas dos funciones está la simiente, sólo la simiente de la más radical reforma estructural , que ésta sí requiere el país, el fin del sometimiento de lo social a lo económico. Pero quizá la mayor luz de este proyecto radique en la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, organismo descentralizado cuyo objeto es normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecuten las dependencias públicas y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza.
Tanto en la iniciativa de Ley de Desarrollo Social, que presentó la diputada Clara Brugada, de la LVIII Legislatura, como en la que presentó la senadora Leticia Burgos, en la LVIII Legislatura, ambas del PRD, se incluía una reforma constitucional para crear un organismo plenamente autónomo que se encargara de la medición de la pobreza y de evaluación de los programas sociales.
Estas actividades debe llevarlas a cabo una institución autónoma para que puedan ser objetivas y neutrales. Las autoevaluaciones en cualquier actividad pero mucho más en la esfera política, se tiñen del interés propio y de la vanidad humana. Ser bien evaluado en la actividad que ha conducido, es percibido por todo político como condición para continuar exitosamente su carrera.
Las autoevaluaciones ayudan por tanto muy poco a mejorar los programas sociales. La experiencia de las evaluaciones del PROGRESA y del OPORTUNIDADES, muestran también que no basta que quien lleva a cabo la evaluación sea un organismo independiente, un centro de investigación o una universidad por ejemplo, sino que además quien contrata al evaluador, el cliente, debe ser también un organismo neutral y no el ejecutor del programa. De otra manera, el ejecutor y cliente impone a través de la agenda por ejemplo, su propio interés.
Algo similar pero a mayor escala, ocurre con la medición de la pobreza, la evolución de ésta se ha convertido en nuestro tiempo en el indicador más importante después del crecimiento del PIB para normar el juicio de la opinión pública sobre la calidad de la gestión gubernamental.
La tésis de la autonomía plena del organismo encargado de esas tareas, sostenida sistemáticamente por el PRD, tiene fundamentos sólidos, seguiremos peleando por ella.
Los diputados y diputadas del PAN y del PRI, no aceptaron la idea de la autonomía. Entre los polos de la autoevaluación y la autonomía plena, la solución de consenso a la que se llegó en el Senado, fue la de un organismo descentralizado cuyo órgano de gobierno estará integrado por el titular de la SEDESOL y por 6 investigadores académicos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Esta institución operará más cerca de la autoevaluación o de la autonomía, dependiendo del procedimiento con el cual estos académicos sean designados, ya que el procedimiento puede determinar su dependencia o independencia de la SEDESOL.
En la Minuta aprobada en el Senado, se señalaba que la designación la haría la Comisión Nacional de Desarrollo Social a propuesta de la SEDESOL, con ello el balance se inclinaba a la autoevaluación al favorecer la designación de académicos cómodos para la Secretaría. para contrarrestar este sesgo y el peligro de que la designación se degradase como ocurrió en los consejeros del IFE, en la fracción del PRD propusimos un procedimiento que incluía un concurso de oposición mediante convocatoria pública y que la selección entre los candidatos la hiciese el Comité de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, con ello se buscaba garantizar que fuesen los más capaces los elegidos y su neutralidad respecto a la SEDESOL. También propusimos que los académicos se denominasen consejeros, que fuesen de dedicación exclusiva y que pudieran ser reelectos; naturalmente estas sugerencias generaron resistencia y solo una parte de ellas fueron aceptadas en el consenso final que incluyó a los senadores integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión competente.
Se logró un consenso en torno a la convocatoria pública y a la designación por parte de la Comisión, eliminando la frase a propuesta de la SEDESOL en cuanto a la reelección se acordó que hasta la mitad de los académicos podrán ser reelegidos. El resultado final es mejor que el texto original recibido del Senado pero no garantiza plenamente la independencia del Consejo ni la transparencia del proceso.
A pesar del riesgo involucrado, los diputados y diputadas del PRD decidimos respaldar este dictamen por todos los avances que significa, hoy ratifico mi apoyo a este proyecto en esta la más alta tribuna de la nación. Una vez que la ley sea promulgada los diputados y diputadas del PRD reiniciaremos la lucha por avanzar en todos los temas que quedaron en el camino y en la vigilancia, para que los logros alcanzados no se pierdan en los pasos siguientes:
En primer lugar, estaremos pendientes de la elaboración y publicación del reglamento de la ley, que aunque es competencia del Ejecutivo tenemos la convicción que las dos cámaras del legislativo participaremos muy ampliamente en su elaboración, la Secretaría de Desarrollo Social ha prometido que así será. Es una hora para celebrar, ojalá que el consenso alcanzado se repita en muchas otras ocasiones en esta Legislatura ¡felicidades!. (Aplausos).
-EL DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias Diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Armando Rangel Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
-EL DIPUTADO ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ: Con su permiso señor Presidente.
-EL DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Adelante.
-EL DIPUTADO ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ: El día de ayer en comisiones unidas de Presupuesto y de Desarrollo Social, el Presidente de ésta primera Comisión, el diputado Francisco Rojas, al agradecer la presencia de la licenciada Josefina Vázquez, señalaba también que era muy grato recibir a gente que generalmente consigue el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Por ello hoy nos complace encontrar nuevamente a la licenciada Josefina Vázquez en este recinto, a quien desde esta tribuna saludamos a ella y a todos los subsecretarios que la acompañan, (Aplausos) máxime cuando viene por un producto que también cuenta con la unanimidad de todas las fuerzas políticas aquí representadas. ¡Felicidades!
Compañeros y compañeras legisladores, en México la política social ha evolucionado en diferentes direcciones, durante la época del llamado "milagro mexicano" fue un subproducto de la política del desarrollo económico y de la necesidad que tenía el régimen político de asegurar su estabilidad y su legitimidad; a partir de las crisis económicas recurrentes, iniciadas en los años de los setenta y con vista al agotamiento del régimen político posrevolucionario, la política social asumió una significación diferente, en la medida en que buscó corregir y compensar los efectos negativos de las crisis mismas y de aquel modelo económico hoy finalmente superado.
El deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de nuestra población, llevó a reconocer la existencia de la marginación y la pobreza señalándolos como objetivos directos que debe atacar la política social. Para el Partido Acción Nacional, fue muy importante reconocer pues, desde el inicio de su gestión gubernamental al frente del Ejecutivo Federal, que nuestro país se enfrenta a un escenario con serios problemas sociales; esto ha llevado a este gobierno a impulsar una política social integral, dejando atrás el carácter corporativo y centralista y enfocándose en la generación de capacidades básicas y la creación de oportunidades de ingreso y empleo en favor de los individuos y las familias, que les permitan alcanzar una mejor calidad de vida.
Con la aprobación de esta ley, vemos cristalizados largos y profundos anhelos sociales que siempre hemos impulsado, primero, desde la oposición comprometida, tenaz y propositiva y ahora desde el gobierno responsable y democrático.
Desde siempre pugnamos por un gobierno transparente y eficaz en materia de política social; una muestra de ello la constituyen nuestra propuestas, recogidas en diversos decretos de presupuesto de egresos de la federación.
La obligatoriedad de establecer una contraloría social, generar y hacer públicos los padrones de beneficiarios mucho tiempo escondidos, mandatar reglas de operación para los diversos programas, entre otros aspectos asentados en la ley, brindan una certidumbre jurídica mayor que el carácter anualizado del decreto de presupuesto de egresos de la federación.
Con la nueva ley la política social se institucionaliza y se redefine, se establecen los principios y lineamientos generales para configurar una política social de Estado que busca incidir en el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución y trascender las políticas gubernamentales de moda cada sexenio.
Este instrumento determina la competencia de los tres ámbitos de gobierno en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado.
La nueva ley puntualiza los lineamientos y criterios para el financiamiento del desarrollo social, garantiza el crecimiento real del gasto social, el cual deberá incrementarse cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto.
Los programas, fondos y recursos, al ser prioritarios y de interés público, no podrán ser disminuidos en sus montos presupuestales. Se prevé que el Ejecutivo federal establecerá un fondo de contingencia social como respuesta a fenómenos económicos imprevistos.
Aquí deseamos subrayar y hacer viable lo que establece en este sentido la ley para que no quede nada más en buenos deseos; debemos considerar la recomposición de las capacidades fiscales del gobierno, garantizando la recaudación recaudación suficiente que permita dar cumplimiento estricto al espíritu y al deseo de esta ley.
La ley también señala que la distribución del gasto social estará orientada a la promoción de un desarrollo regional equilibrado y se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia, de cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales.
Se crean varios órganos que permitirán la concurrencia, la colaboración, la coordinación y la concertación de los tres niveles de gobierno, pero también de los sectores social y privado de este país.
Debemos destacar la creación del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social con un instrumento público centralizado, con autonomía técnica, responsable de normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social y de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, generando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.
En suma, lo que hace esta ley es convertir en política social de Estado a propuesta, sin la participación del Ejecutivo, de las principales fuerzas políticas en este país muchos de los instrumentos que hoy ya Sedesol ha estado implementando para hacer más efectivo el combate contra la pobreza y la marginación.
Hoy, con esta nueva ley, el Partido Acción Nacional, congruente con los principios que orientan nuestra acción política, avanza en el cumplimiento del objetivo de nuestra plataforma legislativa, al establecer políticas públicas que propician una base mínima de sustento en educación, salud, vivienda, alimentación e infraestructura básica que permita a todo ser humano vivir con dignidad.
Para Acción Nacional esta ley constituye una parte fundamental de las grandes reformas estructurales que nuestro país demanda y que las diversas fuerzas políticas aquí representadas estamos comprometidas a impulsar.
Los diputados y las diputadas del Partido Acción Nacional queremos hacer de la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social una señal clara de que en el Congreso se cumple con México.
Al mismo tiempo que en estos momentos se trastorna la vida cotidiana de esta ciudad y la vida económica de este país con estruendosas, negativas e incertidumbre, desde este recinto decimos si a un México fuerte, si a un México ordenado, si a un México generoso.
Los acuerdos generados entre los grupos parlamentarios nos permiten recordar hoy aquí las palabras de don Manuel Gómez Morín en su obra 1915 y otros ensayos. Cito: "Socialmente, por lo menos, nuestro deber es obrar, remediar males, mejorar la condición de los hombres.Proclamar este primer postulado es darnos una señal de inteligencia que nos permitirá estar cerca unos de otros, cualesquiera que sean las distancias que en otros puntos nos alejan". Termina la cita.
Muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias diputado.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Suárez Ponce, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
-DIP. MARIA GUADALUPE SUAREZ PONCE (PAN): Con su permiso, señor Presidente.
El Partido Acción Nacional dice sí. Si todos los partidos políticos cedemos un poco ganamos todos y lo más importante, gana México.
La congruencia histórica de Acción Nacional a lo largo de su existencia, nos dice que lo más importante es el respeto a la dignidad de la persona humana y que todas nuestras acciones deben estar encaminadas a su pleno desarrollo. Por eso hoy, las diputadas y los diputados de Acción Nacional votaremos por esta reforma estructural.
Sí, porque para Acción Nacional la Ley General de Desarrollo Social tiene le nivel de una verdadera reforma estructural. Si esta ley es aprobada hoy, como así parece que va a suceder, el mensaje que daremos hoy a las mexicanas y mexicanos es por demás importante. Todas y todos les podemos decir que es posible alcanzar acuerdos y entendimientos políticos, que todos los grupos parlamentarios que conformamos esta Cámara fuimos capaces de ponernos de acuerdo para lograr por fin y después de varios años de trabajo, la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social y será la Secretaría de Desarrollo Social la responsable directa de su correcta aplicación.
Estamos seguros que así será, puesto que al frente de la misma se encuentra la licenciada Josefina Vázquez Mota, una mujer con visión de futuro, objetivos claros y responsable en el quehacer político, quien siempre estuvo muy de cerca del trabajo de la Comisión de Desarrollo Social, aportando ideas y puntos de vista, pues es desde la Secretaría donde se observó con mayor claridad la necesidad de esta ley. A ella y su equipo: gracias. Me uno a lo de Armando, muchas gracias por acompañarnos, por compartir este día tan especial para la Cámara.
El problema social exige una respuesta permanente de largo plazo, con claridad en los objetivos y con instrumentos que hagan factible el cumplimiento de las obligaciones del Estado para intervenir en el desarrollo social. Por eso es necesaria la participación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad organizada.
Las vías para reducir la desigualdad y falta de oportunidades, están vinculadas necesariamente al crecimiento y la estabilidad económica, en especial a la recuperación de los salarios y a la seguridad social. Pero también están relacionados con el acceso a la educación de calidad, a la erradicación de las enfermedades, a la posibilidad de contar con una vivienda digna y con servicios básicos, a las comunicaciones, así como a la creación y apoyo de actividades productivas que generen empleo e ingresos.
La minuta que contiene la Ley General de Desarrollo Social incide en el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución y se hacen explícitos los derechos para el desarrollo como la educción, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute a un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y a los relativos a la no discriminación, asegurándose el acceso de toda la población a ellos.
Se establecen los principios y lineamientos generales para configurar e institucionalizar una política social de Estado que trascienda a las políticas sexenales. Los principios en que se sustentará la política de desarrollo social son: la libertad, la justicia distributiva, la transparencia, la solidaridad, la integralidad, la participación social, la sustentabilidad, el respeto a la diversidad y la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y de sus comunidades.
Una acción fundamental es la evaluación de los impactos de los programas de desarrollo social. Por ello se requiere una institución que garantice objetividad y precisión en el análisis de los resultados que se obtengan con políticas públicas en la materia y sea capaz de emitir recomendaciones para su perfeccionamiento.
Se establece un mecanismo de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la política nacional de desarrollo social a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que permite que la sociedad intervenga en la coordinación y evaluación de las políticas y programas de desarrollo social.
Se garantiza además el derecho a la denuncia popular a toda persona u organización sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley o contravenga sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.
Sin embargo, más que citar las bondades o logros de esta Ley, es una manifestación clara y firme que cuando los partidos políticos coincidimos en los intereses de la nación se logran grandes avances.
Hoy queda claro que el desarrollo social, la superación a la pobreza, la reducción de las desigualdades, el compromiso con los que menos tienen, es el mayor reto que tiene el Estado mexicano.
El Poder Legislativos ella con esta Ley su compromiso con las mexicanas y mexicanos más necesitados.
Si todos los partidos políticos cedemos un poco, ganamos todos; y lo más importante, gana México.
Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada.
Tiene el uso de la palabra la diputada Sonia Rincón Chanona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
- LA C. DIP. SONIA RINCON CHANONA: Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, desea dejar constancia de nuestro posicionamiento respecto del dictamen con proyecto de la Ley General de Desarrollo Social.
El proyecto de ley en comento, es producto de tres iniciativas presentadas por el PRI, PAN, PRD y con el apoyo de todos los partidos.
Esta soberanía en la anterior legislatura, así como de la minuta remitida por la Honorable Cámara de Senadores y que ahora nos corresponde a nosotros analizar, debatir y votar de manera responsable y congruente, con nuestro compromiso popular, teniendo presente que lo que se busca es articular las políticas públicas que permitan hacer concurrir a los tres niveles de gobierno en la planeación, diseño y ejecución de acciones y programas, integrando la participación de los sectores público, social y privado.
Resulta imperativo reconocer que la desigualdad social es un problema estructural que lacera cotidianamente a amplios sectores de la población mexicana, lo que nos obliga a construir una puntual respuesta legislativa que permita contar con políticas públicas viables y permanentes que nos hagan transitar hacia niveles superiores de justicia social.
Más de cincuenta millones de pobres, es decir, más de la mitad de la población mexicana que viven en la pobreza, que indigna y ofende, merecen que sean elevados a rango de ley, todos sus derechos y obligaciones para que de manera clara y transparente, los beneficiarios de los programas sociales tengan la seguridad y garantía de los beneficios, toda vez que de manera histórica nuestro marco constitucional ha considerado a los derechos sociales como parte fundamental e inherente del ser humano. Pero en esta ocasión se busca su reglamentación específica, garantizando con ello su viabilidad y aplicación, asegurando el blindaje, presupuesto necesario para lograr su permanencia y consolidación en beneficio de los más desprotegidos.
Por ello, el presupuesto que se apruebe en esta Cámara deberá especificar que los montos asignados no podrán ser disminuidos sin previa autorización de esta representación popular, el cual también deberá crecer, año con año, en la misma proporción del producto interno bruto, cuando menos.
¡Especial atención nos debe merecer el puntualizar que los lineamientos y criterios del financiamiento de la política social deberán cobrar especial relevancia, de tal manera que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social se consideren del más alto interés público! ¡Sin duda alguna se requiere de un esfuerzo adicional, todos los que sean necesarios, para cerrar la brecha que existe entre ricos y pobres, en especial de los más pobres entre los pobres, pues no debe quedar claro que no podremos tener, como país soberano e independiente, la conciencia tranquila mientras existan estas desigualdades!
¡Por ello se requiere seguir avanzando en la institucionalización de las políticas públicas, más ahora que la alternancia política es una realidad! ¡El cambio natural de los programas entre un gobierno y otro, sobre todo si proceden de distintos partidos políticos, no debe ser pretexto ni motivo para que cada seis años tengamos que volver a empezar, o lo que es peor: destruir para borrar, con el costo económico que esto significa!
¡La dimensión del problema social exige una respuesta permanente de largo plazo, con claridad en los objetivos y con instrumentos que hagan factible el cumplimiento de las obligaciones del Estado para intervenir en el desarrollo social! ¡Por ello requerimos acciones integrales incluyentes y la participación de las tres órdenes de gobierno y de la sociedad organizada! ¡Solo así podremos generar la confianza necesaria para lograr la coadyuvancia responsable de todos! ¡Entender y comprender la existencia de grupos sociales y regiones en donde las desigualdades son más profundas y las condiciones de pobreza y marginación son amplias y complejas, lo que hace indispensable concentrar las energías y los recursos de las instituciones públicas y de la sociedad para que esos mexicanos alcancen, en el menor tiempo posible, por lo menos los promedios nacionales de bienestar! ¡Ese es el reto!
¡Las vías para reducir la desigualdad están vinculadas necesariamente al crecimiento y la estabilidad económica, en especial a la recuperación de los salarios y a la seguridad social, pero también están relacionados con el acceso a la educación de calidad, a la erradicación de las enfermedades infecto-contagiosas, a la posibilidad de contar con una vivienda digna y con servicios básicos a las comunicaciones, así como a la creación y apoyo de actividades productivas que generen empleos e ingresos!
¡En este sentido es indispensable esta ley, que impulse la construcción y adecuación de una nueva red institucional y social en la que se establezcan derechos y responsabilidades, así como principios y criterios que guíen la acción pública y ésta puede ser evaluada y supervisada por todos! Se trata de dotar al desarrollo social de nueva dirección y nuevas estrategias para abrir oportunidades a toda la sociedad, pero especialmente a quienes dentro de ella se encuentran en una situación de mayor desventaja.
En estos momentos, una ley que regule la legislación respecto a la política y al sistema de desarrollo no sólo es pertinente sino urgente; sobre todo, porque a través de la legislación damos un paso hacia adelante para recuperar la dimensión social de la acción pública, como una actividad fundamental con normas democráticas. Por ello, el Poder Legislativo debemos actuar con oportunidad para no enfrentar en el corto plazo un escenario más grave que el actual e incluso, en algunos aspectos, con mayores riesgos.
Lo que buscamos en el PRI con esta ley es establecer mecanismos y obligaciones claras de las instituciones para el pleno disfrute de los derechos sociales consagrados en la Constitución, dejar explícitos los derechos que conocemos como sociedad; estos derechos cobrarán mayor vigor y podrán ser ejercidos plenamente por los ciudadanos, en tanto que se les da el contenido jurídico a preceptos constitucionales.
Definir diversos lineamientos a que deben sujetarse las políticas públicas dirigidas al desarrollo social como una política de Estado; considerar prioritarios los programas, fondos y recursos públicos destinados al desarrollo social, los cuales no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, sin previa aprobación de esta Cámara de Diputados. Asumir como prioritarias las diferentes zonas en las que los rezagos son mayores, por lo que deben sumarse las acciones del gobierno y el Congreso de la Unión.
La Ley General de Desarrollo Social es necesaria, toda vez que urge una decisión más firme, permanente y sin partidismos para actuar y asumir que el desarrollo social, la superación de la pobreza y la reducción de las desigualdades es el mayor reto que tienen el Estado y los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.
-EL PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias, Diputada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
-LA SECRETARIA, MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia, y en votación económica, se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Muchas gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
-EL PRESIDENTE: Suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. Con referencia a este tema, esta Presidencia informa a la Asamblea que se ha reservado para su discusión en lo particular el artículo 49 fracción primera.
En virtud de lo anterior, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.
-LA SECRETARIA, DIP. MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Se pide se den en los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.
( V O T A C I O N )
- LA C. SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Señor Presidente, se emitieron 434 votos en pro y uno en abstención. (aplausos)
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 434 votos en pro.
Esta Presidencia informa que se ha reservado para la discusión en lo particular, la fracción I del artículo 49. Tiene el uso de la palabra la diputada María Beatriz Zavala Peniche.
- LA C. DIP. MARIA BEATRIZ ZAVALA PENICHE: Por la Comisión de Desarrollo Social, nos reservamos el artículo 49 fracción I por un error de ortografía. En la fracción I, se modifica… proponemos modificar un punto y coma por un punto, para conservar el sentido y el espíritu del artículo.
Diría: "Los titulares de las Secretarías de Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación así como Medio Ambiente y Recursos Naturales punto. Además de los titulares de los organismos sectorizados de la Secretaría podrán ser invitados a participar en reuniones específicas los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".
Gracias por su atención y por la aprobación de esta reserva. Con permiso.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por la diputada María Beatriz Zavala Peniche.
- LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Muchas gracias. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Mayoría porque se acepte, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Aceptada la modificación propuesta. (aplausos)
Está a discusión en lo particular el artículo 49 fracción I, con la modificación propuesta por la diputada María Beatriz Zavala Peniche.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo.
- LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si encuentra suficientemente discutido el artículo.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Muchas gracias. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutido.
Se pide a la Secretaría, se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 49 fracción I, con la modificación propuesta por la diputada Beatriz Zavala Peniche y aceptada por la Asamblea.
- LA MISMA C. SECRETARIA: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del artículo.
( V O T A C I O N )
Diputados que registrarán votación de viva voz:
El diputado Barrera Zurita.
----- BARRERA ZURITA BARUCH, en pro.
El diputado Moreno Garavilla.
----- MORENO GARAVILLA, por la afirmativa.
El diputado Salvador Martínez Della Rocca.
----- voy a favor.
Diputado Rovirosa,
----- Rovirosa Ramírez, a favor.
El diputado Manuel Velasco,
----- VELASCO, a favor.
Diputado Zepahua.
----- a favor.
El diputado Tomás (¿?).
----- en pro.
El diputado Juan Bustillos.
----- a favor.
Diputado Yunes.
----- a favor.
El diputado Baltasar Hinojosa.
----- a favor.
El diputado Abdalá.
----- a favor.
El diputado Ramón Váldez.
-EL DIP. RAMON VALDEZ JESÚS MARIA: A favor.
LA SECRETARIA: El diputado Cruz López.
-EL DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR: A favor.
LA SECRETARIA: El diputado Oscar Pimentel, el diputado Humberto Cervantes, el diputado Tomás Ruiz.
-EL DIP. TOMAS RUIZ: A favor.
LA SECRETARIA: El diputado Blackaller.
-EL DIP. CARLOS BLACKALLER AYALA: A favor.
LA SECRETARIA: El diputado Espino Arévalo.
-EL DIP. FERNANDO ESPINO ARÉVALO: A favor.
LA SECRETARIA: El diputado Rodríguez Cabrera.
-EL DIP. OSCAR RODRÍGUEZ CABRERA: A favor.
LA SECRETARIA : La diputada Gema Martínez, el diputado Baltazar Hinojosa
-LA DIP. BALTAZAR HINOJOSA OCHOA: A favor.
LA SECRETARIA: El diputado Alarcón Ruíz.
-EL DIP. ALARCÓN RUIZ: A favor.
-LA SECRETARIA: El diputado Carillo.
-EL DIP. CARILLO: A favor.
-LA SECRETARIA: La diputada Consuelo Muro.
-LA DIP. CONSUELO MURO URISTA: A favor.
LA SECRETARIA: La diputada Nancy Cárdenas.
-LA DIP. NANCY CARDENAS: A favor.
LA SECRETARIA: La diputada Saénz.
LA DIP. SAENZ: A favor.
LA SECRETARIA: Señor Presidente, se emitieron 419 votos en pro y 10 abstenciones.
EL PRESIDENTE: Aprobado el artículo 49 fracción I, por 419 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Desarrollo Social. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Eduardo Alonso Bailey Elizondo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una proposición con punto de acuerdo para otorgar de manera voluntaria la suma equivalente de un día de dieta de los diputados federales y para invitar a los mandos medios y superiores a donar un día de su salario, para el TELETON 2003.
-EL DIP. EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeros de la Mesa Directiva:
Compañeras y compañeros diputados federales:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales integrantes de la representación de Nuevo León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta Honorable Asamblea presentamos una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Como sabemos los próximos días 12 y 13 de diciembre del presente año, se llevará el evento denominado: "TELETON 2003", con el objeto de recabar fondos para la ayuda de los niños con capacidades especiales en nuestro país.
Actualmente, se realizan estos eventos de TELETON en 11 países de Latinoamérica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, que se unen en una agrupación denominada: "ORITEL", con una influencia en una población cercana a los 400 millones de personas.
En el año de 1997 diversos medios de comunicación, artistas, comunicadores, empresarios, organizaciones sociales, entre otros, convocaron a todos los mexicanos a comprometernos con los niños, con nuestros niños con capacidades especiales, proponiéndose como objetivos promover la unidad nacional en torno a una causa común, promover una cultura de integración a favor de las personas con capacidades especiales, construir y operar centros de rehabilitación para menores y apoyar a instituciones que atienden a personas con capacidades especiales en la República Mexicana.
Esta convocatoria se ha venido realizando de manera consecutiva durante los últimos 7 años, siempre superando la meta de los recursos esperados, en donde se destaca que el porcentaje de participación más significativo es el de las personas con menores con recursos, que mediante sumas muy pequeñas crean las grandes aportaciones.
Esto no es de extrañar, todos nosotros sabemos de la solidaridad del pueblo de México, que siempre ante causas nobles o ante la desgracia ajena de inmediato acude al llamado de ayuda, solo basta recordar los sismos del 85, que demostraron en toda su magnitud esta solidaridad de todos los mexicanos, que afortunadamente se hace patente en cada circunstancia en donde se ven vulnerados los seres humanos. Sea aquí o en cualquier lugar del mundo, la solidaridad mexicana alcanza a todos, así se ha demostrado.
En el caso específico del TELETON esto se ha demostrado desde que se inició este evento en 1997. Sólo basta mencionar a manera de ejemplo que en los años 2001 y 2002 las sumas recabadas realmente son significativas y en números cerrados 207 millones 480 mil pesos en el 2001 y 217 millones 800 mil pesos en el 2002.
Pero los números todos sabemos que son fríos, lo realmente significativo es cuando se ve el resultado, en la sonrisa de un niño que puede caminar después de mucho tiempo postrado, que tiene una nueva oportunidad ante la vida.
Este esfuerzo de todos los mexicanos ha dado como resultado hasta el año 2002 la creación de cuatro Centros de Rehabilitación Infantil TELEFON, CRIT, en los estados de México, Jalisco, Oaxaca y Aguascalientes, que hoy en día son toda una realidad para ayudar a los niños con discapacidad.
Los resultados que estos centros reportan nos muestran que el esfuerzo vale la pena. 4 mil 676 familias beneficiadas, 20 mil 723 personas atendidas, 523 egresados, 8 mil 100 becas otorgadas a niños y apoyo a 87 instituciones, beneficiando a 7 mil 290 personas, y apoyo a otras 290 instituciones que trabajan por la misma causa.
Una sola sonrisa de un niño es una oportunidad más ante la vida. Me atrevo a decir que está en la naturaleza del mexicano la nobleza, la solidaridad y la disposición para la ayuda desinteresada. Por todo ello propongo que todos juntos, los diputados federales y los compañeros trabajadores de esta H. Cámara de Diputados, apoyemos el esfuerzo que se está realizando en este evento.
Podremos tener diferencias ideológicas, diferencia de concepciones ante la vida, ante las instituciones, pero lo que es claro es que nos une y nos solidariza ese el deseo de que nuestros niños tengan una mejor oportunidad, una vida mejor.
"Punto de Acuerdo
"Se acuerda otorgar de manera voluntaria la suma equivalente de un día de dieta de cada uno de los diputados federales y se invita a los trabajadores de mandos medios y superiores de la H. Cámara de Diputados, a donar también un día de salario para ser aportados al TELETON 2003, evento que se llevará a cabo los días 12 y 13 de diciembre del 2003.
"El procedimiento para recabar las aportaciones lo definirá la Secretaría General de esta H. Cámara de Diputados".
Es cuanto, señor Presidente.
(aplausos)
-PRESIDENTE, DIP. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA: Gracias diputado Bailey.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
-SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
-PRESIDENTE: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión la proposición.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea ...
Les ruego me disculpen, hay una preinscripción, la diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, del Partido Acción Nacional, tiene la palabra para hablar en pro, hasta por cinco minutos.
-DIP. VIRGINIA YLEANA BAEZA ESTRELLA (PAN): Muy buenos días. Con su venia, señor Presidente.
-PRESIDENTE: Adelante diputada.
-DIP. VIRGINIA YLEANA BAEZA ESTRELLA.- Compañeras y compañeros Legisladores: Las diputadas y diputados del PAN estamos a favor del punto de acuerdo para que otorguemos voluntariamente el equivalente a un día de dieta, así como de invitar a mandos medios y superiores a donar un día de su salario para el TELETON 2003.
Las diputadas y diputados de Acción Nacional somos conscientes de las grandes demandas que legítimamente reclaman las personas con capacidades diferentes; el TELETON proporciona sus servicios de rehabilitación a niñas y niños, cuyo principal problema es la discapacidad motriz en todas sus modalidades.
El TELETON, como otras ideas similares, es una iniciativa que rebasa incluso la misma ayuda económica que recauda, es también formadora de una cultura de participación y de solidaridad.
De hecho, en los tres años anteriores el grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados realizó donativos al TELETON y ahora nos unimos a este punto de acuerdo.
Nuestro país ha rebasado cada año la meta preestablecida, por tanto, hacemos extensiva esta invitación, no sólo a los funcionarios, sino a los donantes, a los millones de mexicanos que apoyan estas acciones; no basta con ceñirlo a un solo día de dieta, sino a lo que cada uno de nosotros desea aportar.
La discapacidad es un problema que demanda un cambio cultural de aceptación social, económica y política, por tanto, reiteramos, estamos a favor del presente punto de acuerdo, pero hacemos un llamado de consciencia.
Compañeros legisladores: para que tal aportación no sea solamente una vez al año, dejemos de atender paliativos, estos problemas, vamos allá, más allá, atendamos al mandato de la ciudadanía impulsando acciones para que instituciones como el TELETON encuentren en sus entidades federativas y municipios mayores facilidades y se generen las partidas presupuestales necesarias.
Así también, no olvidemos que existen instituciones y organismos gubernamentales que atienden a estas personas que capacidades diferentes; es decir, debemos voltear también hacia las instituciones gubernamentales como el DIF, la Secretaría de Salud, la de Educación Pública, para que se les otorgue mayor presupuesto, encaminado a la realización de sus labores y a otras organizaciones y esfuerzos en apoyo a personas con capacidades diferentes.
Nuestro papel como legisladores va más allá de potenciar la rendición de cuentas, consiste en generar y discutir iniciativas y reformas que permitan una mayor atención, una solución pronta y eficiente, con calidad y con servicio.
No olvidemos que los principales problemas que enfrentan los discapacitados tienen que ver con la falta de capacitación laboral, el desconocimiento de sus potencialidades, la existencia de barreras físicas, la desvinculación de las fuentes de trabajo y la falta de oportunidades, ello por ende, demanda estrategias y acciones fundamentadas en una cultura de respeto y dignidad de las personas con capacidades diferentes, así como de igualdad de oportunidades en su beneficio.
Compañeros diputados, Acción Nacional celebra estas acciones, cuyo propósito es apoyar a los derechos humanos, por ser el TELETON un instrumento de la ciudadanía, como lo son otros esfuerzos; por ser un medio para ayudar, pero también para transformar la sociedad mexicana, a fin de que seamos solidarios, más equitativos, solicitamos sea agregado para su consideración en el presente punto de acuerdo que acciones y aptitudes como la reflejada en esta H. Cámara de Diputados, se traduzca en un exhorto a todos los congresos y gobiernos locales, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Gobierno de la Ciudad de México.
Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.
-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutida.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
(Votación)
Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputado presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Aprobada.- Comuníquese.
Tiene la palabra la diputada Concepción Cruz García del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a las Legislaturas estatales, así como al Titular del Poder Ejecutivo en los estados y a los gobierno municipales,. A fin de que tomen medidas de prevención de la violencia intrafamiliar y de la violencia en contra de las mujeres.
-LA C. DIPUTADA CONCEPCION CRUZ GARCIA: Con su permiso señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos para la consideración de esta H. Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo invitar a trabajar una agenda común y exhortar a las Legislatura locales, gobiernos de los estados y gobiernos municipales, para que realicen las acciones conducentes, para conocer y prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, petición sustentada en las siguientes
C O N S I D E R A C I O N E S :
1º.- Considerando que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, que representa altos costos económicos sociales a los países y que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas las mujeres viven bajo el riesgo diario de recibir agresiones físicas, sicológicas y sexuales, en formas que no tienen un paralelo directo para los hombres y la violencia o su amenaza, limita la cabal participación de las mujeres en la sociedad.
2º.- Que una preocupación recurrente del Congreso de la Unión y particularmente de la Cámara de Diputados, ha sido prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, interés cristalizado en un gran número de iniciativas presentadas por las Legisladoras de todos los grupos parlamentarios integrantes de la Comisión de Equidad y Género.
3º.- Que la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes, en el Artículo 7 establece que: "Corresponde a las autoridades e instancias federales, del Distrito Federal y estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niños y niñas y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendentes, tutores o custodios u otras personas que sean responsables de los mismos".
"De igual manera y sin perjuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos".
4º.- Que el combate a la violencia contra las mujeres, es un área prioritaria del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres PROEQUIDAD.
5º.- Que México ha ratificado un buen número de instrumentos internacionales.
6º.- Que en esos instrumentos se han impuesto una serie de obligaciones para los estados, parte debiendo éstos establecer las medidas legislativas y políticas, encaminadas a la eliminación de la violencia y la discriminación, como una manifestación de la primera.
Sin embargo, debe entenderse que esos compromisos los asume el Estado en su conjunto y que corresponderá a las autoridades competentes de acuerdo a lo que dispongan y ordinariamente interno lo hagan cumplir.
7º.- Que a partir del primero de enero de 1999 el proceso de democratización y distribución de competencias entre el Poder Federal y órganos locales del Distrito Federal, limitaron las facultades del Congreso de la Unión en Materia Civil y específicamente en lo concerniente a violencia familiar, por lo que son las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las competentes para ello.
8º.- Que la legislación local es insuficiente y atrasa para la sanción adecuadamente a la violencia contra las mujeres, y que de acuerdo con los datos estadísticos son 23 entidades de la república que ya cuentan con leyes para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar y el resto cuenta con iniciativas de ley o bien, a efectuado otras modificaciones a los códigos civiles o de procedimientos penales.
Por lo antes expuesto exhorto desde esta Cámara a los poderes estatales a fortalecer el federalismo en contra de la violencia de género de manera que la suma de ideas respectivas soluciones que a lo largo de este país va mostrando, concluyan a favor de las mujeres y hombres, particularmente de los niños, por lo cual someto a esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo:
Primero, que esta Cámara de Diputados invite a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los gobiernos estatales y municipales, así como a las legislaturas de los estados, a trabajar una agenda común sobre el tema de la violencia contra las mujeres, con el objetivo de que en un año se tengan compromisos puntuales en el ámbito de sus respectivas competencias.
Segundo, que respetuosamente esta Cámara de Diputados exhorte a las legislaturas locales, a los gobiernos de los estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos municipales, que en marco de sus facultades realicen las acciones conducentes para conocer y prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, mediante la aprobación de políticas públicas a la asignación de recursos y la expedición actualizada de los ordenamientos legales.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los 27 días del mes de noviembre de 2003.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada Concepción Cruz García.
Es cuanto. Gracias por su atención.
-PRESIDENTE: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Mario Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con punto de acuerdo respecto al artículo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal del año 2004.
-DIP. MARIO ORTEGA ALVAREZ: Con su venia señor presidente:
En virtud del tiempo y toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Proposición con punto de acuerdo, solicito a usted instruya a la secretaría para que inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates.
Compañeras y compañeros diputados: Los suscritos integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de este Honorable Pleno, la presente Proposición:
Una fuente importante del gobierno federal para allegarse de recursos financieros y éstos a su vez destinarlos a la asistencia pública, es sin duda alguna por conducto de los organismos públicos descentralizados como es la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia Pública.
La Lotería Nacional no sólo ha aumentado el monto de recursos enterados a la Federación, sino que ha multiplicado sus aportaciones a través de la constitución del fideicomiso denominado Transforma a México, el cual ha canalizado 212 millones de pesos a 87 instituciones beneficiarias a favor de 2.6 millones de personas.
Por lo que corresponde a Pronósticos para la Asistencia Pública, en su informe de gestión 2003, reportó que los ingreses por ventas fueron de 2 mil 568 millones de pesos y en el apartado de resultados financieros, después de descontar premios y comisiones ascendió a 1 mil 181 millones de pesos.
En este sentido la Lotería Nacional y Pronósticos, de acuerdo con la iniciativa de ley de ingresos presentada para el ejercicio fiscal en 2004, por el Ejecutivo Federal, pretende obtener por concepto de monto de la Lotería Nacional, 860 millones de pesos y 1 mil 24 millones de pesos por Pronósticos para la Asistencia Pública.
Por lo tanto no sabemos bajo qué modalidad se iniciará el proceso de desincorporación, si es de exclusión, disolución, si es fusión entre ambas qué bien, si es enajenación ¿a quién?, si la justificación es los malos manejos de los recursos, transparentémoslos. ¿qué acaso el Estado considerará una carga a organismos públicos descentralizados que aportan en su conjunto mil 884 millones de pesos? ¿Cómo financiar a 2.6 millones de personas que en la actualidad se ven beneficiadas con estos organismos? ¿Cuáles son los criterios utilizados por los tecnócratas de Hacienda y Crédito Público para no considerar a estos organismos como prioritarios y estratégicos para la nación? ¿Cuál es el transfondo de estas decisiones?
¿Será acaso que es una estrategia para impulsar la ley, la iniciativa de Ley Federal de juegos con apuestas, sorteos y casinos? ¿Será acaso que la Lotería Nacional y Pronósticos, representan un obstáculo para las inversiones extranjeras o que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cree que será más rentable para el erario disponer de mayores recursos a través de las licencias de derechos de uso aún en perjuicio de los grupos vulnerables?
Legisladores, los dos organismos son rentables, eficientes, productivos y socialmente útiles para los grupos vulnerables. La proposición que presento a eta tribuna pretende que estos organismos de asistencia pública continúen apoyando y beneficiando a los grupos sociales más necesitados.
Por lo expuesto, sometemos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo: Único.- Que esta Honorable Asamblea exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que deseche el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, relativo a los artículos segundo transitorio en sus fracciones segunda y tercera sobre la desincorporación de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia Pública. Es cuanto.
-EL DIPUTADO PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para que en el convenio de reconocimiento de adeudo y obligación de pago para municipios y organismos operadores de agua del estado de Hidalgo, se conceda un término viable para cubrir dichos adeudos.
-EL DIPUTADO CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ: Con su permiso señor Presidente.
-EL DIPUTADO PRESIDENTE: Adelante.
-EL DIPUTADO CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ: Compañeras y compañeros diputados:
Existe en proceso de discusión distintas iniciativas de ley que proponen reformar el sector eléctrico, mientras éstas se ventilan hasta encontrar consenso, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, pensamos que es necesario resolver los adeudos históricos de municipios a este sector.
En el estado de Hidalgo la Compañía de Luz y Fuerza atiende a 45 municipios, de los cuales solo 23 están relativamente al corriente en sus pagos por consumo eléctrico; sin embargo, el adeudo junto con los 8 organismos operadores de agua ascienden en total a más de 377 millones de pesos. De acuerdo a los reportes que Luz y Fuerza del Centro envía a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, sólo se tiene reportado el pago de 51% de lo facturado en lo que va del año, hay municipios como Progreso con un 3% de pago sobre el total facturado. A los casos de Tepeapulco, Cuautepec, Tulancigo y Pachuca, que presentan un adeudo histórico en su conjunto de casi 100 millones de pesos.
En consecuencia a lo anterior, la paraestatal, por falta de recursos ha destinado poco o nulo mantenimiento de la red existente, además ha ocasionado que se prolongue la ejecución de distintas subestaciones, dando como resultado deficiencias de variación de voltaje; ésta situación a su vez ha ocasionado reiteradas quejas por parte de la población, argumentando que los recibos de cobro no reflejan el servicio oportuno en calidad y eficiencia.
Para aminorar sus pérdidas Luz y Fuerza, está llevando a cabo el blindaje de la red en las ciudades de la entidad, como es el caso de Pachuca, Tula y Tulancingo, lo que ocasiona que la población que no ha tenido la oportunidad de participar en programas de ampliación de red, se está quedando sin servicio; obviamente esto genera problemas sociales cada vez mayores.
No olvidemos que la prestación del servicio público de energía eléctrica constituye uno de los instrumentos más importantes para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social. Por tanto, las comunidades que no han podido entrar en la red oficialmente establecida deben ser debidamente regularizadas y así, por un lado, poder cobrar el consumo y, por otro, los usuarios poder exigir un buen servicio.
Para lograr eficiencia y sustentabilidad las empresas de energía eléctrica paraestatales deben, entre muchas otras cosas, cobrar lo que les corresponde; por esto es necesario que se registre un control más efectivo en cuanto a los pagos a realizar a Luz y Fuerza del Centro por las presidencias municipales, así como también lo ha manifestado el PRD y el Verde Ecologista es importante reconocer el apoyo que el Legislativo debe dar al organismo Compañía de Luz y Fuerza del Centro en materia presupuestal.
De acuerdo a los registros presentados, la mayoría de las veces los ayuntamientos no pagan el consumo total de sus recibos, lo que ocasiona que se tengan adeudos históricos que cada día se hacen más difíciles de pagar.
Los municipios deben cubrir sus pasivos, de conformidad con el convenio de reconocimiento de adeudo, excepto en el plazo otorgado, ya que es muy breve. Considerando los presupuestos municipales para cubrir los adeudos sin que esto representara una considerable afectación al resto de los gastos municipales en otros sectores, el período de 12 meses parece imposible para la mayoría de los municipios.
Por lo anterior es que solicitamos en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se considere como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo a la que se adicionan diputados federales de los grupos parlamentarios de Convergencia, PT, PRD, PAN Y PRI.
Punto de acuerdo único. Se exhorta a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a que en el convenio de reconocimiento de adeudo y obligación de pago para municipios y organismos operadores de agua en el estado de Hidalgo, en su cláusula segunda se conceda un término de 48 meses para cubrir los adeudos.
Es cuanto, señor presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
La mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión la proposición. A esta presidencia ha llegado la solicitud de inscripción del señor diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta.
Tiene usted la palabra, señor diputado.
EL C. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CARRILLO SOBERON: Muchas gracias, señor presidente. Vale el día de hoy poder hablar de las bondades que le representan al país contar con este perfil de organismos públicos que asumen la responsabilidad frente a la administración de un servicio tan importante para el país como nuestro servicio eléctrico.
Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Electricidad históricamente han asumido el costo financiero de subsidiar realidades socioeconómicas de nuestro país, dígase en el terreno de las tarifas, dígase en el terreno del pago como el que hoy plantean los municipios del estado de Hidalgo.
Luz y Fuerza en lo Particular históricamente ha sido castigada presupuestalmente y en el trato de las decisiones de las políticas públicas.
Históricamente se decidió que Luz y Fuerza no invirtiera más en plantas de generación propia, obligándola a tener que adquirir a precios arbitrarios la energía que tenga que recibir, en este caso de Comisión Federal, y/o de productores privados e independientes. Esto le generó históricamente una deuda artificial que hoy aparece en sus números como algo que pudiera presentarla como un organismo inviable.
De tal manera que nos parece muy oportuno el haber presentado este punto de acuerdo, para entender que nuestros organismos públicos les fue retirado en la década de los ‘80s el presupuesto que se les otorgaba tanto para electrificaciones rurales como para electrificaciones de carácter social. Sin embargo las presiones sociales, las presiones políticas que ellos tienen que enfrentar, los obligan a negociar con sectores sociales y sectores de las administraciones municipales y estatales, negociaciones de diverso género, para permitir que continúe el otorgamiento del servicio público de energía eléctrica.
Hoy debe llamarnos también a la reflexión cómo es que estos sectores asumen, CFE y Luz y Fuerza, un porcentaje muy alto del costo del servicio, en virtud de este tipo de realidades socioeconómicas de nuestro país.
Por eso nosotros estamos de acuerdo en que se les puedan dar estas facilidades a estos municipios de poco poder económico del estado de Hidalgo, a fin de que pueda garantizar el pago a Luz y Fuerza del Centro. Pero nosotros queremos subrayar que tenemos como Cámara, y como ya lo decía nuestro compañero diputado Cuauhtémoc, que asumir consecuentemente el apoyo presupuestal que requieren nuestros organismos públicos.
Y nosotros también aquí queremos reivindicar plenamente que tenemos que asumir el apoyo a la vigencia de estos organismos que nos permiten resolver de esta manera conflictos para la viabilidad de la administración municipal. Y hoy en la tarde invitamos a todos nuestros compañeros diputados y diputadas, a que nos acompañen a defender la soberanía del país y del sector energético en una multitudinaria manifestación que será un hito en esta historia, porque todo el país comprende la importancia de defender sus organismos públicos energéticos.
Es cuanto señor Presidente, muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTE, DIP. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
-SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
-PRESIDENTE: Suficientemente discutida.
Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.
-MISMA SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
-PRESIDENTE: Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al a Cámara de Senadores a que revise la decisión respecto a la reubicación y costos de su nueva sede.
-DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL (Convergencia): Con su anuencia, señor Presidente.
Compañeros y compañeras diputados y diputadas: El pasado 18 de noviembre la Cámara de Diputados en este sitio conocido como Palacio Legislativo, amaneció cercada en una amplia zona perimetral por efectivos de la Policía Federal Preventiva, resguardo que había sido solicitado por la Presidencia de la Mesa Directiva, a fin de prevenir actos de violencia y eventualmente de vandalismo que pudieran suscitarse con motivo de las manifestaciones que se habían anunciado y que integrarían personas pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas, jubilados de la Revolución Blanca y del Movimiento Proletario Independiente, que se oponen a la reforma eléctrica.
En aquella ocasión como en la actual, que se mantiene cercado el Palacio Legislativo, mucho más allá de la superficie de sus instalaciones primarias y accesorias, repercute nocivamente en una amplia área crucial de la ciudad que trastorna la vialidad, la salud y el orden citadino.
En esta virtud resulta necesario también considerar que estas instalaciones y las que todavía no se concluyen, que corresponden a la Cámara de Senadores en este mismo sitio, donde se previó el espacio razonable para que pudieran darse concentraciones ciudadanas sin alterar el tránsito vehicular y peatonal.
No obstante la práctica de los gobiernos anteriores y todavía en el actual, es que no importando el número de manifestantes, se tiene la costumbre de cerrar el tránsito desde muchas cuadras a la redonda ocurriendo con frecuencia que a veces ni cien personas como ocurrió hace veinte días, con estudiantes que se manifestaron, provoca que las autoridades del Distrito Federal cierren calles ocasionando embotellamientos de automotores verdaderamente catastróficos en una ciudad en donde el tránsito no ha podido planificarse adecuadamente y los costos ecológicos y de horas-hombres se multiplican exponencialmente.
En estas condiciones resulta al menos como un atentado a la tranquilidad y al bienestar de los capitalinos que la Cámara de Senadores pretenda edificar una nueva sede con costos exorbitantes en el Paseo de la Reforma casi esquina con Insurgentes, nada menos que en una de las principales zonas turísticas de la capital, por lo que las manifestaciones paralizarían áreas sensibles de la metrópoli con los consecuentes daños a la salud y a la economía.
Es entonces obligado que debido a que las plataformas políticas de casi todos los partidos aquí representados, han propuesto reducir el número de diputados y senadores, así como un régimen de austeridad en gastos y ser ejemplo de una mejor administración del presupuesto público cada día más escaso, se revise con acuciosidad si este Palacio Legislativo puede todavía albergar a la Cámara de Senadores conforme al proyecto original, y en ese caso puedan ahorrarse de inmediato los cerca de diez mil millones de pesos que constaría el terreno, la edificación, el mobiliario, el equipo e instalaciones que se pretende para la nueva sede de la Cámara de Senadores en el Paseo de la Reforma, que en todo caso conviene destinar a mejores usos.
De igual manera resulta pertinente recomendar a las autoridades policiales, locales y federales, actuar con sentido lógico y cubrir la seguridad de las personas y sus bienes no cerrándoles innecesariamente vías de tránsito, sino dimensionando las manifestaciones que puedan darse sin obstruir el tránsito o si acaso al mínimo indispensable; así como urgir a las autoridades interpeladas, salgan a la mayor brevedad a atender las demandas planteadas.
Por lo expuesto solicito a esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Se haga un atento y comedido llamado a la Cámara de Senadores para que revise el acuerdo respecto de la reubicación y gasto de su nueva sede.
Segundo.- Se inste a las autoridades policiacas locales y federales a no exceder los operativos de seguridad para las marchas y manifestaciones para la cual debe tomarse en cuenta los efectos dañinos de la extralimitación de cierre de calles.
Tercero.- Se adopte la decisión de atender con rapidez y buena disposición, las demandas de los ciudadanos manifestantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de noviembre del 2003.
Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado González Schmal.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el señor diputado don Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para incrementar los presupuestos asignados al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los Programas de Atención a la Población con Discapacidad.
- EL C. DIP. OMAR BAZAN FLORES: Con su permiso, señor Presidente. En virtud de que se encuentra la totalidad publicado en la Gaceta Parlamentaria, simplemente haré un resumen de lo más importante en estas consideraciones.
Señoras y señores diputados. Con fundamento en los artículos 58 y 59 y 60 del Reglamento del Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía los siguientes puntos de propuesta de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incrementar los presupuestos asignados en el proyecto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2004 al Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación y los Programas de Atención a la Población con Discapacidad, respectivamente, en atención a las siguientes
" C o n s i d e r a c i o n e s :
"La discriminación de México es un problema de carácter estructural que involucra factores culturales, económicos, jurídicos y políticos, y que se reduce a lo largo y ancho del territorio y a la vida cotidiana de la nación. Por esta razón y la dedicada lucha de los mexicanos comprometidos por abatir las prácticas discriminatorias y enfrentarlo a la forma institucional, esta honorable Cámara de Diputados durante la pasada LVIII Legislatura federal aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el voto de todos los partidos representados y con la esperanza puesta en que su promulgación abriera el camino para combatir la discriminación en nuestro país.
"Sin embargo y a pesar que el pasado 11 de junio del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley aprobada por esta Cámara el 30 de abril, es hora de que todavía el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, creado por la ley referida, no cuenta con los recursos presupuestales para iniciar sus tareas y peor aún es hora que el gobierno federal desestima la trascendencia histórica y la importancia de su creación para beneficio del país y los mexicanos.
"Como antecedente tenemos que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación entregó a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, la propuesta que prevé de las áreas mínimas para la realización de las tareas encomendadas por la ley, así como las necesidades de crear un órgano ágil, expedito y ligero para representar el apoyo real de la población.
"Tras varios meses de negociaciones la propuesta original ha sido modificada en tres ocasiones y finalmente la postura del gobierno federal es otorgar un presupuesto excesivamente austero y limitado equivalente a 111 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2004. Cuando el cumplimiento de fines atribuciones por la Ley del Consejo exige la realización de serias acciones que van a la promoción, divulgación de la existencia misma del Consejo y las competencias de atribución que se hayan envestido, la publicación de materia que incide a la transformación cultural de lo producida, de la distribución social y la realización de aquellas con otras tareas naturales afirmativas, que constituyan un instrumento eficaz para prevenir, evitar y combatir las conductas discriminatorias en todas y cada una de las partes.
"Por lo anterior, se requiere un presupuesto del orden de 150 millones de pesos, a menos que pretendamos que la ley sea letra muerta y que los Consejos no sirvan únicamente para tranquilizar nuestras conciencias, aunque la ausencia de la voluntad real orienta a combatir este cáncer que ha acompañado a nuestro país desde tiempos desde la colonia.
"Asimismo sometemos a la consideración de este honorable pleno la situación que vive la población con discapacidad en nuestro país, que sin duda tiene la relación directa con la falta de ausencia de presupuesto. No obstante en el discurso oficial el gobierno federal ha sido el de insistir que el presupuesto tiene sus objetivos y en el alto sentido social para atender los rezagos de sectores sociales más vulnerables del país, la realidad es otra.
"El presupuesto destinado para el año 2002 fue equivalente a 965 millones de pesos y para el año 2003 fue de 723 millones de pesos y para el 2004 será de 721 millones de pesos. Confirmando un grave retroceso presupuestal a lo urgente y prioridad de atención de millones de personas con alguna discapacidad.
"En virtud a lo expuesto y considerando la información del proyecto de Egresos de la Federación para el proyecto 2004, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
" P u n t o d e A c u e r d o :
"Primero.- Etiquetar la asignación presupuestal de 150 millones de pesos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para el ejercicio fiscal 2004.
"Segundo.- Que se determine un incremento a los programas institucionales dirigidos a la atención de la población con discapacidad, precisando y garantizando que el decreto correspondiente, el etiquetado a cada una de las partidas presupuestales para su distribución de las 31 entidades federativas y Distrito Federal en los términos que se hace explícito en los documentos publicitados en esta Gaceta Parlamentaria".
Gracias, Presidente.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exigir al Gobierno del Distrito Federal especifique el destino y aplicación de los recursos por los cuales se solicitó el endeudamiento para el ejercicio fiscal de 2004.
-EL DIP. FEDERICO DORING CASAR: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar al ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que informe y detalle ante esta soberanía los montos, destino y aplicación de los recursos que por concepto de endeudamiento público solicitó para el ejercicio fiscal del 2004, a partir de las siguientes consideraciones:
Primera. La responsabilidad respecto del requerimiento de endeudamiento y del destino, uso y aplicación de los recursos autorizados con ese fin para el Distrito Federal por parte del Congreso de la Unión, corresponde enteramente al Jefe de Gobierno de esa entidad, quien está obligado a cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias, de conformidad con el inciso a de la fracción segunda de la base segunda del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esta Cámara, mediante el artículo tercero de la Ley de Ingresos de la Federación, autorizó para el ejercicio fiscal de 2003 al Gobierno del Distrito Federal a contratar y ejercer créditos hasta por un importe de tres mil millones de pesos, precisando mediante un anexo denominado proyectos del Gobierno del Distrito Federal a ser financiados con deuda aprobada por el Congreso de la Unión, el programa, la actividad institucional, el monto y la justificación de las obras por un importe de 854 millones de pesos, que fueron complementados con la relación de proyectos determinados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por un monto de 2 mil 145.9 millones de pesos.
No obstante este detalle, el Jefe de Gobierno ha informado de manera oficial a esta Cámara el estado de la deuda, mediante el cual se observa que en el tercer trimestre del 2003 las líneas de crédito se han subutilizado, originando un desendeudamiento temporal por 815.4 millones de pesos, que contrasta con la programación del uso de los recursos que contemplaba la disposición de 3 mil 984.7 millones de pesos en el período de enero a septiembre del 2003, y de los cuales sólo se da cuenta del destino específico de unos cuantos proyectos, en los que se aplicaron 426.7 millones de pesos, sin que se pueda establecer la correspondencia entre los avances físicos y financieros, ni evaluar el cumplimiento y la normatividad en la materia.
En tal virtud y considerando que la solicitud de endeudamiento presentada por el Jefe de Gobierno a esta Cámara de Diputados a través del Ejecutivo Federal no cuenta con los elementos mínimos necesarios para su valoración, y en su caso aprobación, se requiere que, previo a la votación de este aspecto entre la Ley de Ingresos de la Federación, se requiera al Jefe de Gobierno respetuosamente un informe por escrito que contenga los siguientes elementos:
Primero. El listado de los proyectos y obras a financiar con recursos de crédito en cada unidad de la Administración Pública del Distrito Federal, que identifique programa, programa especial, actividad institucional, unidad ejecutora, monto de los recursos aplicados en cada caso, y justificación de los proyectos a realizar, y que suman 2 mil 500 millones de pesos de deuda pública.
Dos. El monto de los recursos que generará cada proyecto, a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional en el sentido de generar ingresos suficientes para el pago de los créditos contratados.
Tres. Para ese conjunto de proyectos, la información que establece el artículo 370 del Código Financiero del Distrito Federal.
Cuatro. Informe sobre la disponibilidad de recursos por fuente de financiamiento, desde la primera etapa hasta la terminación de los proyectos, así como para su puesta en operación y mantenimiento.
Quinto. Copia de los siguientes estudios y proyectos de acuerdo con lo ordenado en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
Sexto. Detalle del costo de los estudios de preinversión y de factibilidad económica, de la propiedad de los terrenos, de la mecánica de suelos, de los proyectos ejecutivos, estructural, de ingeniería civil, de vialidad y obras complementarias y de impacto ambiental, para sus eventuales licitaciones.
Séptimo. Copia de los estudios de preinversión, de factibilidad económica social, de la propiedad de los terrenos, de la mecánica de suelos y de los proyectos ejecutivos y, en su caso, del programa maestro de construcción.
Octavo. Copia de los oficios de autorización de inversiones en las unidades ejecutoras involucradas, así como de los calendarios financieros y de metas aprobadas.
Noveno. Copia de los siguientes estudios y proyectos, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 1º, 3º, 6º, 7º, 9º, 21 y 27 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal.
Es por esto que, con base en las consideraciones expuestas, los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo:
UNICO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que informe por escrito, fundado y motivado, detallado y a la brevedad posible, en los términos expresamente señalados en el presente punto de acuerdo, conforme a la legislación aplicable en la materia acerca de los recursos públicos que por concepto de endeudamiento ha solicitado se autoricen para el ejercicio fiscal 2004, con el objeto de transparentar el ejercicio de su gasto.
Es cuanto, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
- LA C. SECRETARIA, DIP. MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Muchas gracias. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición.
Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro de la proposición, al señor diputado don José Agustín Ortiz Pinchetti, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y al señor diputado don René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En consecuencia se concede el uso de la palabra al señor diputado don José Agustín Ortiz Pinchetti.
- EL C. DIP. JOSE AGUSTIN ROBERTO ORTIZ PINCHETTI: Con su venia señor Presidente. Señores diputados.
En nombre de la fracción parlamentaria del PRD, manifiesto nuestra intención de votar a favor el punto de acuerdo que propone el diputado Döring.
Cabe precisar lo siguiente: Esta Cámara puede aprobar los montos de endeudamiento pero no puede aprobar su aplicación, esto corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Si lo hiciera, es decir si intentara determinar el destino de estos recursos, violaría el artículo 73 y 122 de la Constitución.
Cualquier conocedor del tema y el diputado Döring lo es, sabe que no hay la menor necesidad de pedir información al Gobierno del Distrito Federal; éste informa trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Congreso y a la Asamblea de cómo está utilizando estos recursos. En tal sentido, las características de las operaciones, la realización de los acuerdos de crédito son supervisadas y firmadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una por una.
Además, la Asamblea… el órgano superior de fiscalización federal y local, establecen un control estricto sobre el endeudamiento y su destino. Es la deuda pública más vigilada y controlada de todo el país.
Döring conoce perfectamente las características de la estructura de la deuda pública del Distrito Federal y sabe muy bien que el costo financiero ha disminuido constantemente en este régimen que ha pasado de 6 al 4%, en el régimen de Andrés Manuel López Obrador y sabe que la deuda pública está descendiendo gracias a políticas responsables y bien vigiladas; que la deuda pública está obteniendo la más alta calificación que obtiene cualquier deuda pública de todo el país. Está clasificada como AAA en la clasificación internacional por la oportunidad de los pagos y por el excelente fundamento en que está montada.
Y sabe también el diputado Döring, que es apenas el 3% de crecimiento del saldo, mientras que en el año de ’96 creció a razón de 134% y en todos los regímenes anteriores, los regímenes de la regencia y el primer régimen democrático, creció a niveles muy superiores.
Nosotros estamos a favor de que se pida y se obtenga esta información y que se transparente el origen y el ejercicio de los montos que se obtienen de la deuda pública del Distrito Federal, pero lo mismo, requerimos que se exija al Gobierno Federal, tenemos derecho a exigir la misma información que se está pidiendo para el Distrito Federal, ¿o no es así?
Podemos sospechar que el diputado Doring intenta bloquear la aprobación de los montos y poner en dificultades financieras al Distrito Federal. No lo va a lograr, no lo va a lograr, a pesar de los controles y de las calidades de la deuda del Distrito Federal, hay un intento de sabotear, de impedir que se obtengan estos créditos y podemos, es legítimo preguntarnos, si ésta malicia política se puede deber realmente a una gran preocupación por los montos del adeudo del Distrito Federal, que están descendiendo continuamente.
Se pudiera maliciosamente también, vincular este ataque lateral a la caída y la representación del PAN en el Distrito Federal. Es doloroso reconocerlo, pero han perdido 4 de las 6 delegaciones...
-EL PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego concluir y a los señores legisladores respetar al orador.
-EL DIP. JOSE AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI:.. hay que recordar que han perdido, que han tenido una derrota muy contundente en el Distrito Federal. Con respecto, a todos los panistas Doring, no está actuando en la más alta propuesta de don Manuel Gómez Morín.
-EL PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego concluir, porque se le ha agotado el tiempo.
-EL DIP. JOSE AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI: Sí señor. No está actuando de acuerdo con un comportamiento ético, que según Gómez Morín, debe ser la guía de la vida y de la acción de los políticos. Gracias.
-EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don René Arce Islas. Dígame, señor.
-EL DIP. FEDERICO DORING CASAR: ( desde su curul) Señor Presidente, para una moción.
-EL PRESIDENTE: No ha lugar, señor diputado, porque es categórico el acuerdo parlamentario para el caso de los debates de proposiciones. Tiene el uso de la palabra diputado René Arce Islas del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-EL DIP. RENE ARCE ISLAS: Con su permiso, señor Presidente.
Primero quiero dejar claramente un reconocimiento al diputado Doring, de haber platicado con nosotros este punto de acuerdo y haber buscado la posibilidad de que fuera apoyado por todos los diputados y que en ese encuentro fue posible generar un documento lo más político posible. Me parece que éste es un asunto que tenemos que reconocerle al diputado Doring, independientemente de las discrepancias que con él hemos tenido en otros debates y con los compañeros, fundamentalmente en la Asamblea Legislativa.
Y quisiéramos dejar muy claro aquí, que por un asunto de congruencia política el Partido de la Revolución Democrática no puede estar en contra de que se solicite a un gobernante entregue información para que esta Cámara tenga elementos suficientes para en un determinado momento poder resolver, en relación a un tema tan delicado, como es el presupuesto.
Sin embargo, la congruencia que nosotros vamos a expresar con nuestro voto a favor de este punto de acuerdo, es la misma congruencia que les vamos a solicitar a los miembros de los diferentes partidos políticos que aquí están representados, para que en su momento, cuando hagamos aquí también la propuesta de un punto de acuerdo para hacer la solicitud de una serie de informaciones que requerimos, en el caso del Gobierno Federal, también se vote en sentido positivo, porque si no de lo contrario, entonces estaríamos pensando efectivamente en que solamente se trata de dañar la imagen de un gobernante, pero lo que es peor, dañar a los habitantes de esta gran ciudad, como es la Ciudad de México.
En ese sentido, también vamos a pedir el voto congruente de los miembros de Acción Nacional y por supuesto, de los demás partidos que acompañen esta votación en sentido positivo.
Quiero venir también aquí a reforzar lo que ha dicho nuestro compañero Diputado que me antecedió, hay un esfuerzo muy grande del gobierno de la ciudad para ir saneando las finanzas de esta ciudad.
Nada hubiera costado al gobierno del licenciado López Obrador, haber solicitado la misma cantidad de recursos que en otros años se han hecho; sin embargo, se ha venido disminuyendo la solicitud de recursos y es producto de un gran esfuerzo que se ha hecho en esta ciudad, porque somos conscientes del grave problema que hay en las finanzas públicas a nivel general, no tan solo en la ciudad.
Somos conscientes también de que cada vez más hay que eficientar el recurso, por eso precisamente el Jefe de Gobierno acaba de enviar recientemente una iniciativa sobre la austeridad republicana necesaria en los gobiernos.
Esperamos que este esfuerzo que está haciendo el Jefe de Gobierno también se retome en esta Cámara federal y ojalá en esta discusión que vamos a tener, también exista un gran esfuerzo de austeridad republicana; que el Gobierno Federal también haga el esfuerzo para que ya no haya esos despilfarros y sobre todo, esos abusos que se cometen luego desde los gobiernos, en donde tenemos recursos pequeños para los gastos sociales, pero recursos muy grandes para los salarios de los funcionarios.
Esto es algo que en este país ya no puede seguir ocurriendo y esperamos también sobre eso congruencia en todos los diputados de todos los partidos.
Finalmente quisiera decir, que compartimos y vamos a votar a favor de esta propuesta de este punto de acuerdo, pero ojalá esto que el compañero Döring ha planteado y ha platicado con nosotros, también tenga frutos en el momento en que nosotros le presentemos las iniciativas que sobre este punto también haremos. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado.
Dígame, diputado Döring.
-EL C. DIP. FEDERICO DÖRING CASAR: Para hablar en pro de la propuesta, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Lamentablemente, señor Diputado, ya están registrados los dos oradores en pro; el artículo 122 señala que nada más puede haber dos oradores en pro, entonces, no puedo en los términos del Reglamento, concederle el uso de la palabra sin anuencia de la Asamblea.
Instruyo a la Secretaría para que consulte a la Asamblea, si se le concede el uso de la palabra al señor diputado Döring, como tercer orador.
-EL C. DIP. GILBERTO ENSÁSTIGA SANTIAGO: (Desde su curul) Señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Dígame, señor diputado don Gilberto, ¿con qué objeto?
-EL C. DIP. GILBERTO ENSÁSTIGA SANTIAGO: (Desde su curul) Yo quisiera solicitarle que no sea en específico la consulta, usted tendría que consultar si está suficientemente discutido en términos del acuerdo parlamentario; si se dice que no, entonces, podrían participar otros oradores, no solamente el diputado Döring.
Le solicito que haga eso, por favor.
-EL C. PRESIDENTE: Tiene usted parcialmente razón, pero discreparía de un punto de su interpretación; si se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido y la Asamblea dice que no, entonces, tendríamos no que dar el uso de la palabra a uno, sino volver a registrar oradores.
Por eso, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le concede el uso de la palabra al diputado Döring.
-LA C. SECRETARIA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia…
-EL C. PRESIDENTE: Continúe la Secretaría.
-LA C. SECRETARIA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Y en votación económica se pregunta a la Asamblea, si se le concede el uso de la palabra al diputado Döring; los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Muchas gracias.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Federico Doring Casar. Adelante diputado.
-EL C. DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR: Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En atención a los comentarios del que me antecedió en la palabra quisiera precisar lo siguiente;
del diputado Ortiz Pincheti lo único que acepto, es el reconocimiento de que conozco demasiado bien cuál es el manejo financiero del Gobierno del Distrito Federal, en específico, el de la deuda pública del Distrito Federal.
Sobre el resto de la intervención del diputado Ortiz Pincheti en el sentido de que hay malicia, de que hay una suerte de perversidad de mi parte por venir a plantear en esta tribuna el Punto de Acuerdo que nos ocupa, me parece que la intervención del diputado René Arce ha dado cuenta de la altura de miras con la que he planteado la propuesta que nos ocupa.
Si hubiera sido perversa, si hubiera sido partidista, no habría tenido ni la generosidad ni la deferencia de acercarla al PRD, ni habría tenido lo que no dieron cuenta, quienes me antecedieron en el uso de la palabra, que hubo elementos originalmente contenidos en el Punto de Acuerdo que he retirado, porque no lo quería era volver de una propuesta, que sólo requiere información, un debate político, un debate eminentemente partidista, porque no lo merece la Cámara y no lo merece y no lo merece la Asamblea en atención al tiempo que me ha otorgado.
Lo que quisiera dejar muy claro también…
-EL C. PRESIDENTE: Un momento señor diputado, suspéndase el término del tiempo.
¿Con qué objeto diputada Dolores Padierna?
-LA C. DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA (desde su curul): Señor presidente, si fuera tan amable, en preguntarla al diputado Doring si me admite una pregunta.
-EL C. PRESIDENTE: ¿Acepta señor diputado Doring?
-EL C. DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR: Si
-EL C. PRESIDENTE: La presidencia también lo acepta. Adelante diputada sin marcaje de tiempo.
-LA C. DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA (desde su curul): Gracias diputado Doring, dado que usted sabe mucho de los temas de deuda, ha de estar consciente de que la deuda federal ya rebasa los 3 billones y medio de pesos, la pregunta concreta sería: ¿si los mismos criterios, los mismos candados que usted han solicitado para el manejo de la deuda en el Distrito Federal la suscribe tal y puntualmente para el caso de Vicente Fox?
-EL C. PRESIDENTE: Adelante diputado.
-EL C. DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR: Gracias presidente. Por supuesto que si, diputada Padierna, el saldo de la deuda en este sexenio con respecto al Presupuesto de Egresos es del 24%, en el sexenio anterior era el 34%. El costo financiero en el ejercicio fiscal del 2004, y eso con usted ya lo he debatido, sube 7%. El esquema de los Pidiregas sube 28% en términos reales, y de ahí que sea Acción Nacional, el grupo parlamentario que mayor compromiso tiene como partido en el gobierno, con sacar adelante una reforma hacendaria que dignifique y que le dé certeza de rumbo a este país-
Pero lo que no quiero dejar de señalar…
-EL C. PRESIDENTE: Continúa el marcaje del tiempo.
-EL C. DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR: … es el mensaje a que se refiere el diputado René Arce, por supuesto que también Acción Nacional quiere eficientar y racionalizar el gasto.
Por supuesto que celebremos que en el proyecto que ha mandado el presidente de la república se reduce en once puntos y medio el gasto central de administración, cuestión que no es menor y que sería de altura, de miras de reconocer por parte de los adversarios políticos.
Y por supuesto que hay un grupo de trabajo que comandita el diputado Toscano, que está analizando donde se puede abatir el gasto corriente.
Yo me comprometo, como lo hice con el diputado Zebadúa durante campaña, y estoy seguro que lo recuerda, a plantear en el seno de la Comisión de Presupuesto los mismos tipos de racionalidad para el decreto de Presupuesto de Egresos que plantea el Distrito Federal, porque nosotros no tenemos un doble discurso.
Lo que aquí quiero dejar muy claro, es que la preocupación de Acción Nacional, no es ponerle trabas al Jefe de Gobierno, es por la sustentabilidad de la ciudad.
Y permítanme algunos ejemplos: cuando el PRI gobernaba la ciudad, cuando el PRI endeudaba a la ciudad se construían cada tres años entre 12 y 14 kilómetros lineales de Metro, desde 97 en la ciudad no se construye un centímetro lineal de Metro. Esa es la diferencia entre el manejo de la deuda y la inversión que le daba proyectos el PRI y la que le da hoy día el gobierno de la ciudad.
Por eso lo único que queremos es saber, si los proyectos cumplen con la licitación aplicable, no sólo el local sino la federal; que tengan fuente de repago como establece la Ley General de Deuda; que tengan proyecto ejecutivo y que tengan un dictamen de costo financiero. Si sobre esto se le quiere requerir información al gobierno federal, para eso están las comparecencias y para eso están las reuniones de comisiones unidas que se vienen celebrando conjuntamente con la Comisión de Presupuesto.
No tenemos empacho en transparentar el Proyecto de Egresos de la Federación. Yo los invito a que no hagamos de éste un debate político-partidista. Nos quedemos con lo que decía el diputado René Arce, con la congruencia con la que Acción Nacional está en la tribuna y con la que estará en la discusión del paquete económico. También con la responsabilidad que tenemos todos, de ver que los recursos públicos federales, locales y municipales, sí abatan la marginación; sí le den desarrollo a este país y sí cumplan con la ley. Cualquier otro argumento me parece que cae por su propio peso.
Y sobre el manejo de la deuda de la ciudad diría básicamente que con la información de la Unidad de Finanzas Públicas de esta Cámara, que propuso el diputado Pablo Gómez, en la LVII y que es un baluarte en la discusión técnica de este monto de endeudamiento y de todo el paquete económico, es con lo que he sustentado las cifras del endeudamiento, no son cifras mías, son cifras públicas que están consignadas como eso sí señaló bien el diputado Ortiz Pinchetti, en la Cuenta Pública que remite el Jefe de Gobierno a la Asamblea y al Ejecutivo Federal.
No es con ánimo de perversión; no es con ánimo de confrontación. Yo no usé un solo adjetivo, no califiqué el manejo de la deuda del Distrito Federal, simplemente señalé que se requería información para poderla valorar. Todas las consideraciones, las suspicacias, las mezquindades políticas, no las trajo Acción Nacional a esta tribuna.
Gracias señor presidente.
-PRESIDENTE: Consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la Proposición.
-DIP. SECRETARIA MARIA DE JESUS AGUILAR MALDONADO: Por instrucciones de la presidencia y en votación económica se pregunta a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la Proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa señor presidente.
-PRESIDENTE: Suficientemente discutida.
Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba si se aprueba la Proposición-
-MISMA SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la Proposición.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Las diputadas y diputados que estén por la negativa.
Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
-PRESIDENTE: Aprobada. Comuníquese.
Adelante diputado Pablo Gomez por favor.
-DIP. PABLO GOMEZ (desde la curul) Ciudadano presidente, le he solicitado por escrito permiso a usted, para que se puedan ausentar los diputados y diputadas del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, con el objeto de participar en la manifestación popular que se realiza esta tarde en la ciudad de México y que ha sido convocada en parte, junto con muchísimas otras organizaciones y partidos políticos por este grupo parlamentario.
A efecto y por respeto a la propia Asamblea, lo quiero hacer en este momento público y anunciar a los ciudadanos diputados y diputadas de los demás partidos, que por este motivo el grupo parlamentario va a abandonar en este momento el Pleno.
Muchas gracias por su atención.
-PRESIDENTE: Adelante diputado.
Está avisado con antelación a la presidencia, quien lo hará del conocimiento de la secretaría responsable del control de asistencia. Y la presidencia considera que entra dentro de las hipótesis de justificación de falta.
Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Lucía Micher Camarena del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una Proposición en el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas.
Quiero señalar que será la última intervención del registro de asistencia por el acuerdo parlamentario que señala 5 horas a la duración de la sesión.
-LA DIPUTADA MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA: Gracias, señor Presidente. Tranquila Margarita, ahorita me voy.
Si hay algo que la ciudadanía espera de los poderes que gobiernan su país, es que éstos lo defiendan, defiendan sus derechos y mejoren su calidad de vida, contrario censum lo que más desesperanza, desalienta y humilla es que sean estos mismos poderes los que dejándoles en la absoluta indefensión, ignorando su realidad y sus necesidades, los desconozcan como la ciudadanía a la que se deben y a la que tienen atender y por la que están en el lugar de poder en que están.
El colectivo infancia y adolescencia no está integrado por entes abstractos, el colectivo de mujeres que sufren violencia también son personas con nombre y desgraciadamente en muchos casos con esposo o compañero que les recuerda cada día que no valen nada, que no tienen quién las defienda y que de nada les valdrá quejarse y que si lo hacen, hasta el hecho de haber procreado y dado hijos a México se les puede revertir en su contra.
Resulta increíble que en donde debemos estar más segura y amadas es donde más violencia recibimos; no voy a contarles, porque seguramente muchas de las historias de vida de estas mujeres no se las creerían por salvajes, inhumanas e injustas; me refiero con lo de injustas, a las sentencias de los tribunales entre otros casos o la situación de las mujeres en los cerezos.
En esta ocasión quiero plantear ante ustedes dos situaciones fundamentales sobre los derechos humanos de las mujeres de este país; México ratificó la convención para eliminar toda discriminación contra la mujer, firmó la convención sobre eliminación también de Belém Do Pará.
En dicha convención dice: Los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y contra el objeto se comprometen a tomar todas las medidas, etc., etc., y no termino de mencionar todo el artículo segundo párrafo e y f; pues bien, ninguno de estos compromisos se ha cumplido, porque consagrar la no discriminación, no es simplemente poner en la Constitución que el hombre y la mujer son iguales ante la ley; consagrar es además de declararlo o escribirlo, como bien dice el convenio, establecer medidas adecuadas para alcanzar este objetivo.
De tal manera llegamos, no ya a lo que es la discriminación sino lo que en un estado de derecho se considera uno de los peores síntomas en lo que a derechos humanos se refiere, el agravio producido por el Estado a su ciudadanía, y de nuevo para no perder la costumbre, recae de forma trágica en las mexicanas, en las mujeres.
Por agravio se entiende jurídicamente hablando, la ofensa o el prejuicio que se infiere a una persona en sus intereses o derechos, si esto se produce por discriminación, lugar de nacimiento, diferencia de sexo o de edad por ejemplo, se llama agravio comparativo; lo más grave es que las autoridades no consideran este tema fundamental para hacer del desarrollo humano un asunto toral de las agendas.
Las mujeres son doblemente agraviadas si al azar se les hacen hacer o vivir en un estado donde ni siquiera se ha tipificado la violencia familiar. ¿Qué garantía de derechos puede tener una mujer que necesita por ley ser golpeada varias veces para que el Ministerio Público la escuche? ¿En qué estado de derecho vivimos cuando una mujer por el hecho de vivir en un determinado estado del país, puede ser condenada a 15 años mientras que en el estado vecino o en otros el mismo delito no existe?
Sufren las mexicanas hoy un triple agravio propiciado por el Estado, el de unas leyes en general que no le reconocen a una vida sin violencia. ¿Cómo podría esta Cámara poner fin al agravio inferido a las mujeres? Por lo anterior, propongo a ustedes el siguiente punto de acuerdo:
Primero, a los congresos locales se recomienda adecuar y revisar sus leyes en base a la SEDAO y la Convención de Belém Do Pará, instándolos a que de manera urgente eliminen de todas las definiciones de violencia familiar la palabra "reiterada".
De igual forma, encauzar trabajos legislativos para destinar presupuesto y legislar para que también los hombres sean atendidos en los centros de atención y se adecuen las leyes y, sobre todo, se giren órdenes de…en materia del domicilio familiar.
A los gobiernos de los estados, que instalen mecanismos de atención a las víctimas de esta violencia; al gobierno federal y gobiernos estatales crear un programa de abordaje de violencia familiar de manera colegiada, a través de un comité operativo.
4º. Al Poder Judicial de la federación, que apliquen los convenios ratificados que tienen rango superior y, por último, al honorable Congreso de la Unión –y finalizo—el respetuoso exhorto para legislar y crear mecanismos que obliguen a quienes no cumplen con los convenios que son ley suprema para todos y todas.
Muchas gracias por la intolerancia también, señor presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada.
Proceda la secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, la cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
EL C. PRESIDENTE: Perdone, secretaria. Hay que dar turno al punto de acuerdo.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Adelante, secretaria.
LA MISMA C. SECRETARIA: Se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día.
EL C. PRESIDENTE: Un momento, secretaria. Dígame, don Héctor.
EL C. DIPUTADO HECTOR GUTIERREZ GARZA: Gracias, diputado presidente. Solicitándole, con fundamento en el artículo 28 de nuestro Reglamento, someta a consideración de esta asamblea que se prorrogue la sesión del día de hoy hasta que concluya el punto de la orden del día que estamos tratando. Gracias, diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE: Perdone, señor diputado, pero es facultad de la presidencia el levantar las sesiones. No he recibido ninguna comunicación ni pedimento de los grupos parlamentarios. Dígame, don Héctor.
EL C. DIPUTADO HECTOR GUTIERREZ GARZA: Gracias, diputado presidente. El artículo 28 de nuestro Reglamento señala en forma muy clara que es por disposición del presidente de la Cámara o por iniciativa de alguno de los individuos de ella.
Por lo tanto, con ese fundamento estoy solicitando que ponga a consideración de la presente asamblea si se prorroga la sesión hasta que concluya el punto de la orden del día que estamos tratando. Gracias, diputado presidente
EL C. PRESIDENTE: El artículo 28 del Reglamento indica en lo conducente: "Pero por disposición del presidente de la Cámara o por iniciativa de alguno de los individuos de ella, aprobada en los términos de este reglamento, podrán ser prorrogadas".
Se instruye a la secretaría para que consulte a la asamblea si se prorroga por el tiempo señalado en el acuerdo parlamentario, en votación económica.
LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
La mayoría por la negativa, diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE: Proceda la secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
LA MISMA C. SECRETARIA:
(LECTURA ORDEN DEL DIA)
EL C. PRESIDENTE: Proceda la secretaría a abrir el sistema electrónico por seis minutos para verificar la asistencia, con la justificación ya anotada del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
LA MISMA C. SECRETARIA: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por seis minutos para verificar asistencia.
(VERIFICACION DE QUORUM)
Señor presidente, hay una asistencia de 361 diputados y diputadas y las personas a las que les fue concedido el permiso por la Mesa Directiva.
Cumplida su encomienda, diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE: (15:28 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 2 de diciembre, a las once horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.