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SESION DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

En relación con la comparecencia de funcionarios del Ejecutivo federal en comisiones, en el marco de la Glosa del III Informe de Gobierno. (Votación)

Sobre la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República en comisiones, en el marco de la Glosa del III Informe de Gobierno. (Votación)

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Con el que se remite copia de la contestación del director general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación con el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Cámara de Senadores. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Socorro Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De Ley de la Comisión Federal de Electricidad y de reformas al párrafo tercero del artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Economía a que explique el motivo de la importación de 112 mil toneladas de azúcar en el mes de octubre del presente año, a cargo del diputado Marco Antonio Torres Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para integrar una comisión que investigue el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados apruebe la conformación de una comisión especial que dé seguimiento al proyecto hidroeléctrico "El Cajón", en el estado de Nayarit, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte a las autoridades laborales y del Instituto Mexicano del Seguro Social a tener una justa resolución en el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo entre el IMSS y el sindicato, a cargo del diputado Roberto Vega y Galina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados dirija un exhorto a los Poderes Legislativos de las entidades federativas a que promuevan la aprobación, ampliación o profundización de leyes de participación ciudadana, a cargo de la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo a que asigne los recursos presupuestales necesarios para el fortalecimiento de la educación agrícola superior y la investigación agropecuaria forestal, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Poder Ejecutivo su intervención en el caso de los pescadores del lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a que instruya a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a que diseñen de inmediato instrumentos para incorporar la economía informal a sistemas formales que garanticen a quienes se dedican a estas actividades, ahora informales, seguridad social y se simplifique el régimen fiscal del pequeño contribuyente, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal que realice las acciones pertinentes a fin de evitar la utilización de los betaanálogos con fines zootécnicos, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la auditoría ambiental al complejo termoeléctrico "Presidente Adolfo López Mateos" de Tuxpan, Veracruz, a cargo del diputado Alfonso Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a los responsables en el Gobierno Federal que revisen a la brevedad y hagan un replanteamiento urgente de los procedimientos para agilizar la fluidez de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que concluya los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo (54 kilómetros) y Motozintla-Niquivil-Pavencul (48 kilómetros), todos ellos en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Solicitud de excitativa

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral y su aprobación por el mismo (Q-CFRPAP 19/00 PRI vs. AC), a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Efemérides

En relación con el 12 de octubre, a cargo de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.

Para conmemorar el XLVIII aniversario luctuoso del ex presidente de la República General Manuel Avila Camacho, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL DIP. PRESIDENTE, JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo e asistencia de ciudadanos diputados.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Se informa a la Presidencia que existen registrados 321 diputados en el sistema electrónico de asistencia, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.

Se ruega a todas las personas que no sean legisladores, tengan la bondad de ocupar sus lugares.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

EL SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

(proposición de la Junta de Coordinación Política, comparecencia de funcionarios ante comisiones)

LA SECRETARIA: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo.

LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Oficio de la Secretaría de Gobernación.

(Oficio con el que remite copia de la contestación del Director General de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación al punto de acuerdo sobre el conflicto iraquí)

EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores y a al promovente para su conocimiento.

(Oficio de la Cámara de Senadores, remite punto de acuerdo para que en la elaboración del presupuesto de Egresos 2004, se asignen recursos necesarios para atender necesidades de los productores)

Tiene el uso de la palabra la diputada Socorro Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal contra la delincuencia organizada.

Iniciar leyes es ejercer la facultad más relevante que tiene un integrante del Poder Legislativo. La ley es el mínimo de moral que una sociedad requiere para vivir. La ley es escudo para defendernos y arma para combatir conductas y práctica desvertebradoras de nuestra vida económica y social.

Con esta convicción, un grupo de diputados del PRD, integrantes de esta Legislatura, afirmamos que el contrabando de mercancía constituye una práctica ilegal con efectos múltiples contra la economía del país. Es uno de los factores más consistentes de evasión fiscal, lesiona la planta industrial y a la producción agropecuaria, distorsiona el comercio y contribuye a multiplicar el desempleo.

El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM calcula que la evasión combinada con la elusión de impuestos, representa actualmente de cuatro a cinco puntos del Producto Interno Bruto. El número de personas físicas que pagan impuestos, asciende a 5.5 millones de personas, es decir, sólo el 18.18 % de la población económicamente activa contribuye de manera regular con el fisco.

El contrabando de mercancías atenta de manera directa contra la estabilidad y salud de la planta productiva. A la fecha, han cerrado numerosas empresas mexicanas enfrentadas a una actividad ilegal y desleal en términos de competencia.

Según datos del IMSS, un promedio de 13 negocios cerraron cada día durante el primer semestre de 2003. En estos meses dejaron de operar 2 mil 278 compañías; las que desaparecieron fueron sobre todo las que tenían entre 1 y 100 empleados, esas empresas que ya no existen, pagaban sus impuestos en México y generaban empleos.

El dramático éxodo de campesinos a las ciudades o a Estados Unidos, es revelador de los efectos que tiene el tráfico con cupones para la importación en la importación descontrolada de productos agropecuarios.

El círculo vicioso que genera el contrabando se cierra en el ámbito del empleo. De acuerdo con datos del Seguro Social, en lo que va del sexenio han perdido su trabajo por el cierre en el ámbito del empleo.

De acuerdo con datos del Seguro Social, en lo que va del sexenio han perdido su trabajo por el cierre de empresas radicadas en México más de 550 mil personas.

El tema del empleo es uno de los grandes desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas, no es privativo de México, no será privativo de esta Administración Pública Federal, trasciende países y puede afirmarse sin estridencia que apenas estamos en los umbrales de la profunda crisis social que representa el desempleo, ya que involucra a grandes grupos humanos.

Entendida esta dimensión, no pueden dejarse de combatir prácticas y conductas delictivas que contribuyen a aumentar el mayor problema social de nuestro país, que es hoy el desempleo.

En este tiempo se habla mucho en materia de género, de equidad de género, los datos de la realidad son tercos y voy a citar unos. La tasa de desempleo correspondiente a las mujeres se incrementó de 3.13% a 4.48% entre agosto de 2002 y el mismo mes del 2003, mientras que la de los hombres aumentó de 2.56% a 3.66 en el mismo período; esto es, se despide con más facilidad, con más impunidad a las mujeres que a los hombres.

De acuerdo con estimaciones hechas en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la tasa general de necesidades de empleo oscilaría entre 18 y 24% de la población económicamente activa.

Ante esta realidad, resulta indispensable tomar medidas drásticas para prevenir y sancionar el fraude comercial, incluyendo nuevos supuestos de delitos relacionados con el contrabando de mercancías, así como elementos de presunción y equiparables, a fin de desalentarlos y erradicarlos.

Es de particular interés considerar, que la globocolonización comercial y las tasas arancelarias preferenciales animan a los malos importadores y exportadores a innovar nuevos métodos de fraude con el consecuente perjuicio al fisco, a la planta industrial, a los productores agropecuarios, al comercio y al empleo.

Es reconocido que el contrabando está recurriendo cada día más a las formas documentales y a la triangulación de países para ocultar el verdadero origen de las mercancías. Estos hechos son denunciados de manera reiterada por industriales, productores agropecuarios y grupos de trabajadores.

Por otra parte, en el marco de la legislación vigente, el contrabando es sancionado como delito de los llamados de cuello blanco.

Las evidencias nos advierten que el contrabando, igual que otras actividades delictivas que alteran sensiblemente la legalidad institucional de México, tienen como característica sustantiva contar con verdaderas redes de individuos que operan con base en consistentes estructuras financieras y de organización.

Esta convicción es compartida por diversos protagonistas de la realidad política, económica y social; prueba de lo anterior son dos iniciativas de reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, presentadas en el 2002, una por los ciudadanos senadores Enrique Jackson y Antonio García Torres, del PRI, y otra, por el ciudadano senador Fauzi Handam del PAN, coincidentes por diferentes caminos en el propósito de combatir con mayor rigor una actividad altamente contraria a los intereses del país y de millones de mexicanos.

¿Qué tiene de nuevo entonces esta propuesta que traemos a la consideración de esta soberanía?

La aportación de la iniciativa que hoy presentamos, consiste en la revisión y reforma del articulado del Código Fiscal de la Federación, a fin de incluir en él diversas disposiciones existentes en la Ley Aduanera, modificando el artículo 102, fracción II y el artículo 103, fracción I, y agregando a éste siete nuevas fracciones.

Con esta propuesta de ley buscamos responder con oportunidad jurídica y operativa a las fórmulas del contrabando técnico, que se están aplicando contra industriales y productores agropecuarios en perjuicio de la planta productiva y el empleo.

Al vincular estas reformas con la decisión de adicionar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, estimamos haber encontrado el camino para sumar los aspectos técnico fiscales a la decisión de combatir prácticas aduaneras viciosas y reconocer la capacidad y eficiencia delictiva de las organizaciones de contrabandistas, a fin de poderlos perseguir con rigor y eficiencia.

Es por ello que de manera concurrente, con las reformas al Código Fiscal de la Federación y habida cuenta de que el contrabando cuenta con la organización, la estructura y los medios humanos y financieros de operación similares a los que manejan el narcotráfico y el tráfico de personas, cabe proponer que en el artículo segundo de la Ley Federal Contra la delincuencia organizada, se tipifiquen tanto el delito fiscal de contrabando, como los actos que permitan presumir la comisión del delito, así como los que se equiparen a éste y se traduzcan en el contrabando documentado.

Por lo anterior se somete a esta soberanía el Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 102 fracción II, 103, fracción I; se adicionan al 103 las fracciones X, XI, XII, XIII, XI, XV y XVI del Código Fiscal de la Federación y se adiciona con una fracción VI el artículo 2o. de la Ley Federal contra la delincuencia organizada. El texto del articulado propuesto se ha entregado oportunamente a la mesa directiva de esta Cámara y por obvio de tiempo omitiré su lectura.

Compañeras y compañeros diputados: Millones de mexicanos nos han exigido durante el pasado periodo electoral, que los representantes populares actuemos más atentos a las demandas y necesidades de la gente de carne y hueso y nos ocupemos menos de intereses personales o parciales.

En ejercicio de la facultad que nos confiere la Constitución General de la República y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, hemos traído aquí esta propuesta que seguramente considerarán las comisiones legislativas. La concebimos como una aportación no como una panacea. Corresponderá al Ejecutivo aplicar la ley. Es tiempo de gobernar haciendo no intercambios de imputaciones o de protestas, sino actuando.

En esta iniciativa de ley están contenidos los reclamos de productores agropecuarios, empresarios de diversas ramas, industriales, comerciantes, sindicalistas, trabajadores temerosos de perder sus fuentes de empleo, hombres y mujeres desempleados, decididos a exigir que nuestro país deje de importar fraudes y de expulsar personas.

La ley a todos obliga y a todos protege; con ella en la mano tratemos de acabar con reductos de impunidad que tanto agravian a los mexicanos.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado Oscar González Yañez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa de ley de la Comisión Federal de Electricidad y reformas al párrafo tercero del artículo 3o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

-DIP. OSCAR GONZALEZ YAÑEZ: Con la venia de la presidencia; señor presidente:

Solamente voy a dar lectura a algunas consideraciones dado la limitante de tiempo y le pediría integre en el acta el contenido íntegro de la iniciativa que entregaremos a la secretaría.

-DIP. OSCAR GONZALEZ YAÑEZ: Ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, presentes:

Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 565 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforma el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Esta iniciativa de ley está ligada al esfuerzo que está haciendo el grupo parlamentario del Partido del Trabajo para conservar el patrimonio de los mexicanos y para que los recursos energéticos sigan en manos de la Nación.

Nuestro proyecto persigue dotar de autonomía administrativa, técnica y financiera a la Comisión Federal de Electricidad, manteniendo su carácter de organismo público descentralizado, encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica.

En el campo de la autonomía administrativa proponemos excluir al organismo de las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en lo que se refiere a su Consejo de Administración para que sea el propio organismo el que decida por sí mismo.

En cuanto a la autonomía financiera, proponemos que la Comisión Federal de Electricidad integre su presupuesto a través de la asignación presupuestal que la Cámara de Diputados determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, que las utilidades que perciba por concepto de las tarifas derivadas de los servicios que ofrece sean reinvertidas en la construcción de nuevas instalaciones que aprovechen los adelantos tecnológicos y que además le permitan mejorar y modernizar la infraestructura existente.

En cuanto al procedimiento de designación del titular, proponemos que sea el Poder Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, la que designe al director general de esa paraestatal.

Compañeras y compañeros diputados: la industria eléctrica es estratégica, la Comisión Federal de Electricidad es autosuficiente. El propio director de esta empresa reconoce que la Secretaría de Hacienda la tiene atada. Nadie puede decir en su sano juicio que la Comisión Federal de Electricidad no es rentable, la menos que obedezca a otros intereses que no son precisamente los del pueblo de México.

En el año 2000 el IFE reconoció el triunfo de Vicente Fox, reconoció la derrota de otras expresiones políticas. Esa misma institución hoy le dice a Fox y a su Partido que recibieron dinero ilegal y dinero del extranjero. Esa misma institución, que reconoció el triunfo, hoy les dice que también cometieron ilegalidades.

Qué bonito negocio hace el señor Fox y su Partido: comprar una presidencia para vender la patria, que no les pertenece ni a ustedes ni a Fox. Qué bonito negocio hacen su Partido y los grandes capitalistas: compran la presidencia y después quieren vender la nación.

Sabemos que nos les agrada, pero esa es una gran verdad porque la instancia que le dio el triunfo a Vicente Fox es la misma instancia que se los está diciendo ahora, la misma. Si no quieren reconocer que su Partido y Fox recibieron financiamiento del exterior, tampoco tendrían que reconocer el triunfo en el 2000.

Qué triste es ver ahora al secretario de Energía andar pidiendo limosna a los priistas, cuando él mismo decía en esta tribuna que partidos como el PRI deberían de desaparecer. Qué triste es verlos ahora. Qué triste es verlos en esa situación. Qué desesperados han de andar por pagar todo ese financiamiento que les dieron para comprar una presidencia.

Señor presidente Fox, señor secretario de Energía, se los decimos otra vez: quienes tienen prisa por vender la patria son ustedes y no el pueblo de México.

La iniciativa que presentamos y sometemos a la consideración de esta soberanía tiene como propósito garantizar, con la ley en la mano, que vender patria, que los vendepatrias y saqueadores del patrimonio nacional no sigan haciendo de las suyas.

Queremos dejar en las manos del pueblo de México y las futuras generaciones la garantía de que seguirán siendo dueños de la nación.

Compañeros diputados: la energía eléctrica es fundamental. No caigamos en la tentación que nos quieren vender que CFE no es viable. Nadie puede comprar una paraestatal de este tipo si no fuera viable. Nadie en su sano juicio lo puede hacer.

Les pedimos que reflexionen; les pedimos que jalen con México; les pedimos que no vendan a este país.

Comprar una presidencia y después pagarla con el dinero del pueblo, no es digno de ningún mexicano; se lo insistimos, señor Presidente. Sea digno Presidente y cumpla lo que le prometió a todo nuestro pueblo.

- EL C. PRESIDENTE: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernacjón y de Energía.

- EL C. PRESIDENTE: Diputado, de conformidad con el artículo 60 de nuestro Reglamento, no procede la discusión en la presentación de iniciativas, por lo cual no le puedo otorgar el uso de la palabra.

- EL C. DIP. HECTOR PABLO RAMÍREZ PUGA (Desde su curul): Quiero ampliar el tema, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Si no hay discusión, no se puede otorgar la palabra para hechos.

- EL C. PRESIDENTE: Es una iniciativa; no se puede ampliar una iniciativa en forma verbal.

- EL C. DIP. HECTOR PABLO RAMÍREZ PUGA (Desde su curul): Usted no puede negarle la palabra a los diputados.

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Torres Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de Economía explique el motivo de la importación de 112 mil toneladas de azúcar en el mes de octubre del presente años.

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO TORRES HERNANDEZ: con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

"Los diputados cañeros de la LIX Legislatura, de los diferentes grupos parlamentarios y estados cañeros, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y por la importancia que la agroindustria azucarera mexicana representa, consideramos que en la zafra recién terminada 2002-2003, donde tuvimos 56 mil toneladas más de azúcar que en la 2001-2002, se produjeron 4 millones 927 mil 574 toneladas de azúcar, de las cuales un millón 883 mil fueron de azúcar refinada; 3 millones 34 mil 660 toneladas fueron de azúcar estándar y sólo 8 mil 391 fueron de mascabado.

"El consumo nacional fue aproximado de 4 millones 850 mil toneladas de azúcar, según los datos aportados por la Secretaría de Economía.

"Los consumidores de azúcar aducen un déficit de azúcar refinada en los meses que están por venir. Y a petición de los agentes de esta cadena productiva, el Gobierno Federal autorizó la importación de 112 mil toneladas de azúcar refinada.

"De acuerdo con la información de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz, afiliada a la CNC, el pasado primero de octubre de 2003, llegó a Veracruz, el primer embarque proveniente de Brasil con 15 mil toneladas de azúcar refinada importada por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA).

"Las consecuencias de esta medida pueden ser de gran impacto negativo en nuestra agroindustria azucarera nacional, en el caso de que resultara de carácter especulativo, motivado por intereses particulares en el comercio de edulcorantes; México perderá su condición de productor superavitario dejando sin efecto el compromiso suscrito en el TLC de absorber los excedentes de azúcar y abre la posibilidad de retomar la importación de alta fructosa que tan negativamente ha afectado a nuestra actividad agroindustrial, sucumbiendo a las presiones ejercidas por congresistas y representantes de la industria maicera de los Estados Unidos.

"Es necesario contar con un balance de edulcorantes a nivel nacional que sea el punto de referencia fundamental para la toma de decisiones en los momentos que se presenten excedentes o faltantes en el mercado nacional azucarero.

"Se aproxima la fecha en que se determinará el precio que habrá de regir para la zafra 2003-2004 y el precio de azúcar, al que los productores tienen derecho de acuerdo al comportamiento de los precios en el ciclo azucarero recién concluido a fines del mes pasado.

"Por tal motivo, estaremos pendientes para que esta importación no sea motivo para no otorgar lo que a los productores cañeros les corresponde.

"Primero.- Se solicite a la Secretaría de Economía el balance nacional de edulcorantes que permita prever las alternativas en el caso de déficits o excedentes de azúcar que se presenten en la zafra por venir 2003-2004.

"Segundo.- Que en la comparecencia ante las Comisiones correspondientes el Secretario de Economía informe a esta representación el motivo de la importación de 112 mil toneladas de azúcar que se pretenden introducir a nuestro país con los riesgos ya mencionados".

Con base en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso y dada la naturaleza misma del problema, solicito se otorgue el trámite de urgente y obvia resolución.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (PAN): Gracias, Diputado.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES (PRD): Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Por lo tanto, los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (PAN): Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Moreno Alvarez Inelvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y

El diputado Lázaro Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

- EL C. DIPUTADO CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ (PVEM): Con su permiso, señor Presidente.

Como sabemos, el sector azucarero de nuestro país se encuentra en grave crisis. Actualmente los ingenios nacionales no pueden colocar sus excedentes en los mercados internacionales, ya que a nivel mundial los precios del azúcar han descendido, con lo que se ve afectada la producción, abastecimiento y consumo nacional.

Ante este problema la actual administración consideró que la mejor respuesta sería la expropiación de una parte de los ingenios, medida que no contó con la aprobación del Poder Judicial Federal, quien otorgó amparos a los dueños de los mismos. Sin embargo, el problema no se ha resuelto y se agrava.

"Es importante hacer referencia con estos antecedentes, ya que en la actualidad existe un déficit en la producción del dulce. Ante esta situación la Secretaría de Economía autorizó el pasado 26 de septiembre del año en curso un cupo de importación de 112 mil toneladas de azúcar refinada, la cual busca romper los inventarios de los ingenios expropiados, así como eliminar el déficit del endulzante en el mercado mexicano.

"Las repercusiones que traerá esta medida se estima serán devastadoras para los 160 mil productores de caña, para los 110 mil obreros de la industria azucarera y para los 59 ingenios que aún operan en el país.

"De igual forma se estarán ejerciendo prácticas de comercio poco ventajosas para el consumidor nacional, ya que los precios de adquisición son de 228 dólares por tonelada para luego ser revendida a través de los ingenios a precios de 727 dólares, con una ganancia de 500 dólares por tonelada, por lo que se obtendrán 56 millones de dólares, es decir, más de 616 millones de pesos.

"Aunado a lo anterior, la importancia de 112 mil toneladas de azúcar es insuficiente ante la escasez que hay en el mercado, ya que esto provocaría un incremento adicional del 3 por ciento en el precio del producto.

"Según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, revela que por lo menos se necesitarían 200 mil toneladas para cubrir el abasto, ya que aún con esta cantidad no habría una disminución del precio.

"Proponemos que antes de importar azúcar lo que debería hacerse es un análisis del costo-beneficio sobre el uso del maíz nacional para la elaboración de jarabe de alta fructuosa, el cual puede ser utilizado como un substituto de la azúcar para las empresas inscritas en los programas de importación temporal para producir artículos de exportación, PITEX, que lo requieran para sus procesos.

"Por estos motivos, la fracción del Partido Verde Ecologista de México se une al punto de acuerdo propuesto por el Partido Revolucionario Institucional, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo para que explique la importación de 112 mil toneladas de azúcar.

"Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México trabaja para conseguir el equilibrio entre el desarrollo económico, tecnológico e industrial y la conservación del medio ambiente, para que los mexicanos vivamos en un ambiente próspero y sano".

Tiene la palabra el diputado Moreno Alvarez Inelvo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Compañeras y compañeros Legisladores: El Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática se adhiere al punto de acuerdo presentado por el diputado Marco Antonio Torres Hernández, para solicitar esa información al Secretario de Economía.

Sin embargo, con el respeto que se merece nuestro compañero legislador, considero que el alcance del mismo debe de ser mayor, lo anterior en el sentido de reiterar la falta de cumplimiento del Ejecutivo Federal con respecto a lo convenido en el Acuerdo Nacional para el Campo, para orientar la política agropecuaria hacia un verdadero cambio estructural que reivindique lo establecido en los artículos 25 y 26, la fracción XX del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 4º de nuestra Carta Magna.

Por ello, el otorgamiento del cupo de importación de 112 mil toneladas de azúcar no sólo constituye un golpe más a los productores del campo, sino que enmarca en una flagrante violación el estado de derecho al omitir el cumplimiento de los Mandatos Constitucionales y demás disposiciones secundarias, pero al mismo tiempo se pone en entredicho la palabra empeñada por el Ejecutivo Federal para cumplir con cabalidad el compromiso adquirido para alentar la producción nacional agropecuaria.

El abandono del campo mexicano continúa siendo la expresión de la Política Agropecuaria de Vicente Fox donde ahora resulta involucrada la Secretaría de Economía al aprobar las importaciones de azúcar, pero además, existen cuentas pendientes con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, al no publicar en tiempo el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al no cumplir de manera exacta el Decreto por el que se condonan los adeudos propios derivados de impuestos federales, así como sus accesorios, a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas o que adquieran directamente los productos derivados de dichas actividades para utilizarlos en sus procesos productivos.

Por todo ello, no da lugar a dudas la acción del Gobierno de Vicente Fox reservas a los dichosos beneficios de la estabilidad económica para los grandes grupos transnacionales y corporativos que observan un mejor negocio en las importaciones agropecuarias renunciando con ello al efecto multiplicador en inversiones y empleo que significaría obtener productos del campo nacional.

Con lo anterior, los productores del campo deben de sostener la exigencia de hacer cumplir al Gobierno de Vicente Fox los compromisos adquiridos en la firma del Acuerdo Nacional para el Campo con lo cual se atienda, de manera comprometida, ágil y expedita, la problemática del campo donde hoy viven 25 millones de mexicanos y las condiciones de pobreza se presentan con mayor agudeza.

Ante de conceder el uso de la palabra al Diputado Lázaro Arias, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2º. Del Acuerdo que establece los lineamientos para acreditar las asistencias de las Diputadas y Diputados aprobado por el pleno en sesión del 9 de Octubre pasado, se pide a la Secretaría dar cuenta del Registro Electrónico de Asistencia e instruya el cierre del Sistema.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 468 Diputadas y Diputados.

Se informa a la Asamblea que quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédulas. Enterados por favor.

Se le concede el uso de la voz, al Diputado Lázaro Arias Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

-EL C. DIPUTADO LAZARO ARIAS MARTINEZ.- Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados.

Hemos tenido una serie de planteamientos de Puntos de Acuerdo sobre la Industria Azucarera que incluye reconocer tres Iniciativas de Ley y una propuesta de Cambio Estructural del Sistema Productos de Caña de Azúcar elaborada por el Ejecutivo Federal y se ha planteado la constitución de una Comisión Especial de la Agro Industria Mexicana de la Caña de Azúcar e inclusive este sector agro industrial presenta el único preso por delito de sabotaje por reclamar el ejercicio social de sus derechos.

Esto significa el gran interés que existe por la agro industria de la caña de azúcar, pero particularmente respecto de las disponibilidades y existencias de azúcar refinada y de la sustitución de azúcar de caña en 500 mil toneladas por frucrtuosa, la parte inversa del pasado que con el 10 vigente se logró sustituir.

En la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Cancún en los días del 10 al 14 de septiembre recién pasados, los azucareros norteamericanos les plantearon a algunos de nuestros legisladores que estuvieron presentes, establecer un acuerdo para que Estados Unidos satisfaciera (sic) el déficit de azúcar que supuestamente se iba a presentar en este año azucarero en México.

El 2 de octubre de 2003 pude estar presente en una comida de industriales azucareros mexicanos, con industriales azucareros y refinadores de maíz en donde estuvieron presentes senadores y diputados de diversos partidos políticos, y ahí la industria azucarera mexicana fue muy clara en que no va a haber déficit en esta zafra 2003/2004. Fue una gran reunión propositiva en donde se conformó un grupo de trabajo para buscarle solución a la controversia que se ha venido presentando entre el azúcar de caña y el jarabe de maíz de alta fructuosa.

Asimismo, la industria refresquera y la industria dulcera han venido presentando una serie de análisis donde ellos consideran que habrá desabasto, particularmente en el mes de noviembre.

El día de ayer tuvimos reuniones por parte del sector cañero con el Secretario de Agricultura. Entre los puntos para tener conocimiento de los planteamientos del Gobierno Federal sobre los problemas que aqueja a la agroindustria. A su vez, por la tarde, la Comisión de Agricultura tuvo una reunión con subsecretarios de SAGARPA y de Economía.

Uno de los puntos que se trató fue este asunto de la importación del azúcar en donde la subsecretaria Rocío Ruíz Chávez informó que el cupo de las 112 mil toneladas respondió a la presión de la industria maquiladora, exportadora de dulces y chocolates, quienes demandan 180 mil toneladas de azúcar dentro del programa de importaciones temporales PITES, el cual fue abastecido por un fideicomiso de comercialización del Gobierno Federal y esto trajo como consecuencia el riesgo de un posible desabasto y disminución de la reserva estratégica, lo que dio como base el establecimiento de un cupo de importación de 112 mil toneladas de azúcar para la zafra 2003/2004.

Si bien es cierto compañeros legisladores, esto nos aclara el origen del cupo, la actividad intensa de las empresas fructuoseras, pretendiendo derogar el IEPS, nos hace pensar el pretexto de aprovechar esta coyuntura de importación de azúcar para señalar en todos los foros nacionales e internacionales que México va a ser un país deficitario.

Quiero aprovechar esta tribuna para señalar y dejar muy claro que esta zafra, al 30 de septiembre empezó con inventarios iniciales totales de azúcar por un millón 70 mil toneladas. Se estima una producción de más de 5 millones de toneladas y se creará un inventario final al 30 de septiembre del 2004, también con un millón 200 mil toneladas; luego entonces, México no va a ser deficitario –que quede muy claro- tiene un problema coyuntural en los meses en los que los ingenios están en reparación pero estamos seguros que al mes de noviembre existirá el azúcar suficiente para que inclusive ésta azúcar del cupo de importación no sea necesaria.

Asimismo apoyamos el punto de acuerdo presentado por el compañero diputado Torres Hernández y planteo, planteo como urgente necesidad la inmediata instalación de la comisión especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar para que todos los asuntos de este sector se traten ahí y se planteen en este Pleno los que sean de su competencia para su resolución.

- EL C. PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

- EL C. SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutida la proposición.

Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se aprueba la proposición.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

Gracias. Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra, la diputada Dolores Padierna Luna del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para integrar una comisión que investigue al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Para integrar la Comisión Investigadora del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

En 1991, el gobierno mexicano inició la privatización del Sistema de la Banca Múltiple. Se licitaron 18 bancos a grupos financieros que estaban representados por 11 casas de bolsas y 7 grupos particulares.

La crisis de finales de 1994, la devaluación de la moneda y la débil supervisión bancaria, provocaron que los bancos mostraran los siguientes problemas:

Un adecuado nivel de reservas, deficiencias en el nivel de capitalización, concentración de los activos. Las autoridades financieras decidieron utilizar al FOBRAPOA un fideicomiso creado en 1990, para respaldar los depósitos de los ahorradores como el instrumento para iniciar el rescate bancario. El FOBRAPOA, implementó dos tipos de programas de apoyo a los bancos.

El programa de capitalización y compra de cartera se implementó para capitalizar a los bancos que no cumplían con los requisitos mínimos de capital y los programas de intervención y de saneamiento, que buscaban solucionar los problemas de liquidez y descapitalización a través de aportaciones de capital directo, asumiendo la Comisión Nacional Bancaria el control de las instituciones.

Así, durante el periodo 94-98, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino 12 instituciones financieras. El costo fiscal para el erario público del rescate asciende ya a más de 900 mil millones de pesos, que generan intereses reales de aproximadamente entre 40 y 50 mil millones de pesos al año. La banca extranjera controla el 87% de los activos bancarias y la banca presta en promedio sólo 30 centavos de cada peso que capta.

Las operaciones realizadas durante el rescate bancario han sido revisadas desde la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y desde entonces, se determinó la necesidad de continuar con las revisiones, debido fundamentalmente a la presión que éstos pasivos originan a las finanzas públicas.

El 7 de septiembre de 1998, el Comité de Contrataciones, creado por la Cámara de Diputados, contrató a Michael Mackey para realizar una revisión y análisis de los programas al rescate bancario. El señor Mackey realizó diversas conclusiones, entre las que destaca la existencia de las transacciones reportables. Michael Mackey identificó una muestra de 17 mil 352 operaciones de compra de cartera, por 73 mil 775.4 millones de pesos, que de alguna manera violaban las disposiciones establecidas por el propio FOBRAPOA, que se pueden clasificar en tres tipos.

Las operaciones llamadas: "AA", que ascendían a 24 mil millones de pesos y que su razón de reportabilidad obedece a que no cumplieron con los requisitos originalmente establecidos en el FOBRAPOA, en los programas de compra de cartera.

2.- Las operaciones llamadas: "B", cuya razón de reportabilidad obedece a que fueron créditos otorgados a partes relacionadas, es decir, a accionistas de los propios bancos y que ascendían en aquel momento a 42 mil millones de pesos.

Las operaciones "C", aproximadamente de 6 mil millones de pesos de aquellos años, llamadas así porque definitivamente existía violación flagrante a la ley.

Primero.- Que en julio de 1999, el auditor canadiense entregó su informe llamado comúnmente "Informe Mackey" y con este informe se entregó la siguiente documentación:

1.- Un ejemplar del informe general en idioma inglés y en español, para cada uno de los diputados miembros integrantes del Comité de Contrataciones.

2.- Cinco sobres, uno para cada representante que contenía una clave de acceso para poder abrir el CD ROOM, que contenía el detalle de las operaciones reportables.

Dos. Que adicionalmente se determinó que se le entregara al Instituto de Protección del Ahorro Bancario, un informe completo del informe Mackey, conteniendo la siguiente información:

Un informe general en idioma inglés y en español, un CD que contenía el detalle de las operaciones reportables, un ejemplar de cada uno de los llamados banks reports.

Tres. Que la principal razón por la que AL IPAB se le entregara con todo detalle el Informe Mackey, obedeció a que uno de los principales mandatos del Congreso le dio al IPAB fue el de reducir el costo fiscal del rescate bancario, lo cual quedó asentado en el artículo V transitorio de su Ley.

Por ello, el hecho de que el IPAB contara con toda la información disponible, coadyuvaría a la consecución de este objetivo que, a la fecha en el IPAB aún no se han analizado ni discutido, ni dictaminado, ni el Informe Mackey, ni los banks reports.

-LA C. DIPUTADA DOLORES PADIERNA: Que la Auditoría Superior de la Federación en sus informes de la revisión de la Cuenta Pública 2000 y 2001, ha hecho señalamientos muy graves a las operaciones ilegales del rescate bancario.

Y son muchos considerandos. Como sale publicado en la Gaceta, se hace el siguiente pedido:

Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores suscritos presentamos pedido para la integración de la comisión para investigar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

Es cuanto, señor Presidente. Entrego a la Secretaría la lista de 148 firmas que sustentan el documento.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

-EL C. DIPUTADO PABLO GOMEZ: (Desde su curul) Señor Presidente, pido la palabra.

-EL C. DIPUTADO PABLO GOMEZ: Con el propósito de discutir el trámite que está usted dando.

-EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, hasta por cinco minutos.

-EL C. DIPUTADO PABLO GOMEZ: Gracias, ciudadano Presidente. Es solamente pedirle que rectifique el turno que acaba usted de dar a la Comisión de Vigilancia, porque la Comisión de Vigilancia no tiene ninguna atribución para recibir pedidos de la cuarta parte de la Cámara con el propósito de integrar una comisión investigadora.

Las comisiones investigadoras se establecen en la Cámara de Diputados a pedido de la cuarta parte de sus integrantes y en el Senado, a pedido de la mitad de los mismos.

Tienen como propósito investigar el funcionamiento de organismos públicos. La Comisión de Vigilancia es una Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, tiene absolutamente ninguna atribución para proponer al Pleno la integración de una comisión investigadora constitucional.

El único organismo de la Cámara, como usted lo sabe y estoy seguro, que tiene capacidad para proponer al Pleno la integración de comisiones, es la Junta de Coordinación Política y nadie más.

Este es un pedido para la constitución de una comisión investigadora constitucional y la Junta de Coordinación Política está obligada a proponer, una vez conocido el pedido, la integración de dicha comisión, por lo tanto le pido a usted de la manera más atenta que turne usted este pedido a la Junta de Coordinación Política y en lo sucesivo otras comisiones investigadoras constitucionales que están en proceso, que diputados de diversas bancadas están tratando de promover, sean también turnados a la Junta de Coordinación Política como corresponde a la Ley Orgánica que tenemos en vigor.

EL PRESIDENTE: Diputado Pablo Gómez, esta Presidencia, a solicitud de miembros diputados decidió turnar a la Comisión de Vigilancia. Si no tiene inconveniente se pueden turnar a las dos, porque hay un debate de conformidad con el tercer párrafo del artículo 93 constitucional, si estas comisiones de investigación surgen de la propuesta de la mitad de los diputados, como lo marca el artículo o de la Junta de Coordinación. Le pregunto si no tiene inconveniente para las dos partes estén de acuerdo, se turnen a las dos.

EL DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ: (desde la curul) Ciudadano Presidente, en realidad la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación no puede hacer propuesta al pleno para integrar comisiones de investigación.

EL DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ: (desde la curul) No, si la materia fuera de agricultura no se turnaría tampoco a la Comisión de Agricultura, de ninguna manera; se tendría que turnar al único organismo de la Cámara que es la Junta de Coordinación Política, que tiene la exclusiva facultad de proponer la integración de comisiones, lo otro es un turno que no tiene ningún objeto. La Comisión de Vigilancia recibirá eso y no sabrá qué hacer con semejante papel porque no tiene atribución alguna.

Yo le insisto que con el propósito que además el procedimiento sea el normal, el que en otros casos se lleve a cabo, que nos haga usted favor de turnar a la Junta. Si hay algún problema, la misma Junta lo puede regresar a la Mesa Directiva.

Apegándonos estrictamente a las facultades de las comisiones, procede la petición del diputado Pablo Gómez. Se retira el turno de esta Presidencia y se turna exclusivamente a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados apruebe la conformación de una comisión especial que dé seguimiento al proyecto hidroeléctrico "El Cajón", en el estado de Nayarit.

EL DIP. JOEL PADILLA PEÑA: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:

Ante el proyecto fallido para construir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en las inmediaciones de Texcoco, el complejo hidroeléctrico de "El Cajón" en el estado de Nayarit se ha constituido en la obra del sexenio, según el decir del Presidente Fox. Dicho proyecto implica una inversión de 750 millones de dólares financiados por el mecanismo de los PIDIREGAS, es decir, empresas privadas se harán cargo de las obras civiles, electromecánicas y obras asociadas.

El proyecto "El Cajón" se construirá sobre el Río Santiago, a 77 kilómetros aguas arriba de la Presa "Aguamilpa", tendrá una capacidad de 750 megawatts, generación media anual de mil 228 gigawatts/hora, contará con una cortina de 186 metros de altura, casi igual a la de Aguamilpa, que es la más alta en su tipo en el mundo.

Desgraciadamente, como ha caracterizado la administración foxista, ha habido contradicciones en cuanto a la viabilidad de esta obra, pero éstas no se restringen a aspectos técnicos, sino también al impacto social negativo en los municipios del área de influencia de la obra. Por ejemplo, el proceso de indemnización a los propietarios de los terrenos donde se ubica el complejo hidroeléctrico tuvo tropiezos, ha dejado malestar e inconformidad que pueden dar lugar a complicaciones posteriores; además, la obra ha generado un proceso de migración que rebasa con mucho las estimaciones oficiales de creación de empleos, 5 mil directos y 5 mil indirectos.

Los miles de personas que van en busca de un empleo, presionan fuertemente la capacidad de los servicios privados y públicos. La afluencia masiva de mano de obra en la zona comienza a generar problemas de salud y sanitarios; además esta población flotante tiene un impacto negativo en las comunidades aledañas a la presa de El Cajón ya que su inserción conlleva a fuertes desequilibrios sociales. Como se sabe, en estos proyectos florece la prostitución, la venta de alcohol y drogas, se propicia la desintegración familiar por solo mencionar las más graves.

Las consecuencias inmediatas de esta migración indiscriminada se expresa en una presión creciente hacia los recursos financieros del estado y los municipios; para atender a los habitantes originarios, así como los que se integran como trabajadores directos e indirectos de la presa de El Cajón, implican mayores recursos para salud, vivienda e infraestructura urbana.

La Comisión Federal de Electricidad y las empresas privadas que ganaron la licitación, aducen que no es responsabilidad suya apoyar a los municipios y al Estado con los recursos financieros para hacer frente a las necesidades que ya hemos mencionado.

El Ejecutivo Federal, por su parte, tampoco ha asumido el compromiso de dotar al gobierno del estado y a los municipios con recursos para hacer frente a los nuevos compromisos sociales y ambiéntales que genera dicho proyecto. Como puede verse, son varias y muy importantes las interrogantes que se plantean en torno a la presa de El Cajón, ellas van desde ciertas dudas razonables acerca de su viabilidad técnica hasta los impactos sociales y ambientales de dicha obra y de quien es el responsable de dotarla de soporte financiero.

Por todo lo anterior, los diputados que suscribimos este punto de acuerdo, consideramos de vital importancia que el Poder Legislativo conozca de este asunto de manera detallada y le dé el seguimiento que corresponde a una obra de tal magnitud, ya que a fin de cuentas será sufragada con recursos aprobados por esta soberanía.

Proponemos por tanto, la creación de una Comisión Especial Investigadora para revisar las cuestiones que hemos señalado en las consideraciones de este punto.

Por ello, con fundamento en los artículos 42 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración el siguiente:

Artículo Único.- La Honorable Cámara de Diputados aprueba la conformación de una Comisión Especial que dé seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico de El Cajón en el Estado de Nayarit, con el objetivo de analizar su viabilidad financiera y técnica, así como su impacto en distintos ámbitos de la vida pública y social y el soporte financiero para satisfacer las necesidades de la población que está en el área de influencia de dicho proyecto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de octubre de dos mil tres.

Diputado Raúl Mejía González, del PRI, nayarita; diputado Gerardo Montenegro Ibarra, del PRI, nayarita también; diputado Martín Carrillo Guzmán, del PRI, diputado nayarita; diputado Juan Pérez Medina, del PRD, diputado nayarita; diputado Santiago Cortés Sandolva, diputado nayarita, también; diputado Héctor Miguel Bautista López, del PRD; diputado Narciso Agúndez, del PRD; diputado Francisco Amadeo Espinosa, del PT; diputado Alejandro González Yánez, del Partido del Trabajo; diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; diputado Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México; diputado Oscar González Yánez, del Partido del Trabajo; diputado Luis Maldonado, de Convergencia; diputado Juan Fernando Perdomo, de Convergencia y el de la voz, diputado Joel Padilla Peña, orgullosamente nayarita también.

A esta Presidencia ha llegado la solicitud del punto de acuerdo registrado por el diputado Roberto Vega y Galina, recorrerse dos lugares.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra a la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados dirija un exhorto a los poderes legislativos de las entidades federativas, para que promuevan la aprobación, ampliación o profundización de leyes de participación ciudadana.

Los diputados que suscriben, integrantes del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, el cual se sustenta en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Primero. Para que la participación ciudadana sea realidad, además de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en las constituciones de los estados y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se requieren los espacios y mecanismos institucionales específicos con los que la participación ciudadana pueda desarrollarse.

Por ello, es que a partir de 1998 se ha aprobado leyes de participación ciudadana en 12 entidades federativas, faltando por hacerlo 20 entidades de la República.

Segundo. El 30 de abril de 1998 fue publicada la Ley de Referéndum y el Plebiscito para el Estado de San Luis Potosí; el 21 de diciembre de 1998, se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; el 15 de enero de 2000, se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; el 13 de junio del mismo año, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Sur; el 27 de diciembre de 2000, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos; el 16 de febrero de 2002, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Norte; el 6 de junio de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Tamaulipas; el 8 de septiembre de 2001,la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Zacatecas; el 21 de noviembre de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes; el 8 de enero de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco, y el 22 de octubre de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato y, finalmente, el 17 de diciembre de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila.

De esta manera, las mencionadas entidades federativas han hecho una contribución para reconocer jurídicamente los mecanismos de participación ciudadana.

Tres. En consecuencia, los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, no cuentan con sus respectivas leyes de participación ciudadana.

Primero. Los mecanismos de democracia directa, entre los que destacan la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, lejos de oponerse a la democracia representativa, constituyen un complemento de ésta, ampliándose espacios de participación ciudadana y contribuyen a legitimar las acciones de gobierno al involucrar a los gobernados en las tomas de decisiones de mayor trascendencia para la vida pública.

Dos. Los tres instrumentos más reconocidos de la democracia directa son: la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito; sin embargo, junto a ellos se han incorporado otros mecanismos como la consulta y la colaboración vecinal, las audiencias públicas, la rendición de cuentas, la revocación del mandato y el presupuesto participativo, que en conjunto plantean una concepción democrática de las relaciones entre gobernantes y gobernados; promueven la corresponsabilidad, fortalecen la cultura de la participación y dan concreción al principio de soberanía popular.

En estas regiones del mundo y especialmente en algunos países de América Latina, se han desarrollado exitosas experiencias de implementación de mecanismos de democracia participativa que han contribuido a elevar el nivel y la calidad de la vida de la población.

3. En los sistemas democráticos, la participación política de los ciudadanos no se restringe a las elecciones de los gobernantes y representantes populares.

La transición democrática en México se ha desarrollado durante los últimos años, por lo cual consideramos importante que las leyes de participación aprobadas junto con las iniciativas en las entidades federativas, traerán como consecuencia el objetivo de que la representación contribuya a la ampliación y consolidación de la vida democrática. Por eso es que presentamos el siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda dirigir un atento exhorto a los Poderes Legislativos de las 32 entidades federativas para que en el marco de su soberanía:

1o. En aquellas entidades federativas que aún no cuentan con sus respectivas leyes de participación ciudadana, promuevan la aprobación de las leyes que regulen los mecanismos de democracia directa y participación ciudadana.

2o. y último. En aquellas entidades federativas que hayan sido aprobadas las leyes de participación ciudadana, éstas sean revisadas para ampliar y profundizar su contenido de manera que además de la iniciativa propular, el referéndum y el plebiscito, sean incorporados otros mecanismos como la consulta y la colaboración vecinas, las audiencias públicas, la rendición de cuentas, la revocación del mandato y el presupuesto participativo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo asigne los recursos presupuestales necesarios para el fortalecimiento de la educación agrícola superior y la investigación agropecuaria forestal.

Se le recuerda al diputado a quien se le concede el uso de la palabra y a los demás que presenten proposiciones, que de acuerdo con el Pleno de la Cámara, la duración es de 5 minutos.

La educación agrícola superior y la investigación agropecuaria forestal son pilares fundamentales para el desarrollo del campo en cualquier parte del mundo. Son la base de las transformaciones necesarias para aumentar la productividad, aprovechar los recursos naturales, genera empleo, producir alimentos y mejorar las condiciones de vida de 25 millones de mexicanos. Sobre todo cuando sabemos que crear un empleo en la ciudad cuesta 6 veces más que en el campo y mantener una familia en la ciudad cuesta 22 veces más que en el medio rural.

Junto con las facultades de agronomía de las universidades estatales, los institutos tecnológicos agropecuarios de la SEP, Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el Colegio de Posgraduados, el Colegio Superior de Agricultura del Estado de Guerrero y el INIFAV, conforman la base del Sistema de Educación e Investigación Agropecuaria Nacional.

Las dos universidades y los dos colegios están sectorizados a la SAGARPA y el INIFAV es un organismo público de investigación. La investigación y la tecnología desarrollada por este último han permitido resolver problemas nacionales y de hambrunas en países como la India y Afganistán .

El problema fundamental consiste en que la falta de presupuesto impide a estos centros educativos poder tener una mayor participación en atención a las necesidades nacionales de desarrollo agropecuario, de infraestructura, comercialización, sanidad y reversión del deterioro ambiental que permita mejorar la competitividad del sector rural.

El Inifap enfrenta el problema de la reducción de la plantilla de investigadores de dos mil a sólo mil 185, con un alto porcentaje de ellos en vías de jubilación. Esas instituciones representan un capital educativo y de investigación para el desarrollo tecnológico agropecuario que el país debe aprovechar como una fortaleza en el mejoramiento de las capacidades humanas y generación de tecnología para el sector agropecuario, pero han sido limitadas en sus planes de crecimiento y desarrollo académico.

Considerando que si no se apoya de forma imperativa al desarrollo científico, tecnológico y educativo de las instituciones agrícolas no sólo se afecta a la ya de por sí golpeada población rural, sino también al país, ya que en la cuestión agrícola está inmersa la seguridad alimentaria de nuestra nación que en un marco de competencia internacional, regulado por el TLC, Estados Unidos aporta a la investigación científica y tecnológica el 2.62 por ciento de su PIB agrícola, mientras que en México solamente el 0.5 por ciento.

Con el propósito de fortalecer las instituciones de educación agrícola superior, como patrimonio educativo de los mexicanos, ante la urgente necesidad de desarrollar al sector rural y sus instituciones en un mundo cada vez más competitivo que demanda de tecnologías y conocimientos científicos para aprovechar de manera racional e integrar los recursos para arribar a un desarrollo rural sustentable, proponemos:

Exhortar a las dependencias del Ejecutivo federal para asignar el presupuesto necesario a las instituciones de educación agrícola superior y al Inifap, que les permita concretar sus objetivos y metas en el marco de los principios prioritarios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial y del Acuerdo Nacional para el Campo, así como de acuerdo a compromisos específicos de mejoramiento académico y calidad en las tareas de investigación, según parámetros que se establezcan en cada caso.

Establecer las condiciones necesarias para la conformación de un sistema nacional de educación agrícola superior e investigación agropecuaria para el desarrollo rural, tal como lo estipula la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en sus artículos 22 y 34.

Destinar fondos presupuestales adicionales para inversión en infraestructura, equipamiento y desarrollo tecnológico que contribuyan a la modernización de las instituciones de educación agrícola superior, sectorizadas en la Sagarpa, y al Inifap como organismo descentralizado.

Exhortar a la Sagarpa para que confiera prioridad a las instituciones de educación agrícola superior en la ejecución y evaluación de programas nacionales de fomento y desarrollo agropecuario, forestal y ambiental en base a programas de vinculación.

Firman Alberto Jiménez Merino, por el PRI; Jesús Morales Flores, por el PRI; Alfredo del Mazo González, PRI; Angel Aguirre Rivero, PRI; Oscar Pimentel González, PRI; y Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión Agropecuaria.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Roberto Vega y Galina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a las autoridades laborales y del Instituto Mexicano del Seguro Social a tener una justa resolución en el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo entre el IMSS y el Sindicato, hasta por cinco minutos.

EL C. ROBERTO VEGA Y GALINA: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a las autoridades laborales y las del Instituto Mexicano del Seguro Social a tener una justa resolución en el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo entre el IMSS y el Sindicato de sus trabajadores.

El suscrito, diputado Roberto Javier Vega y Galina, en uso de sus facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, vengo a presentar ante esta soberanía una Proposición con Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados haga un exhorto a las autoridades laborales del país y los órganos directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social para que dentro del ámbito de la legalidad propicien la solución al conflicto laboral surgido con motivo de la revisión del Contrato Colectivo entre el IMSS y el sindicato que agrupa a sus trabajadores, con las fundamentaciones siguientes:

"El Contrato Colectivo de Trabajo que rige la relación laboral entre el IMSS y sus trabajadores, termina su vigencia el día de mañana, 15 de octubre a las 24 horas. En tiempo y forma cumplimos con los requisitos y formalidades señalados en la Ley Federal del Trabajo.

"El Sindicato de Trabajadores del Seguro Social presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pliego petitorio para la revisión del pacto colectivo e inicio de común de acuerdo con la Dirección del IMSS, una serie de pláticas para llegar a los consensos necesarios que permitan por una parte resarcir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y por otra, adecuar algunos artículos de reglamentos que forman parte del Contrato Colectivo de Trabajo, en cuanto a sus condiciones laborales.

"Después de casi dos meses de pláticas serias y responsables, se llegó al consenso de modificar el contenido de la redacción de 23 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, 52 artículos de 18 reglamentos, incorporando a dicho pacto laboral, igualmente se llegó al consenso de aceptar la última y definitiva oferta del IMSS al aumentar los sueldos y prestaciones de los trabajadores del 4 % directo al sueldo tabular y 1.25 de las prestaciones económicas.

"Esta propuesta de aumento salarial y de modificaciones al clausulado y reglamento del Contrato Colectivo, fue aprobado por unanimidad por los 929 Delegados efectivos al LII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el día que se instaló legalmente el día 9 del presente mes.

"Como el IMSS pretendió condicionar la oferta de aumento salarial a la que el mismo proceso se modificara el régimen de jubilaciones y pensiones que está, como todos los reglamentos, incorporados al Contrato Colectivo de Trabajo, el sindicato manifestó su voluntad de revisar dicho régimen en un plazo razonable que fue ratificado por votación unánime del Congreso Nacional Ordinario. Esta actitud de presionar al Sindicato para aceptar modificar condiciones de jubilaciones en forma abrupta, sin una reflexión seria y responsable como condición para acceder a la firma del Contrato Colectivo, sólo demuestra insensibilidad y falta de voluntad política para resolver un problema que puede convertirse en una verdadera emergencia nacional.

"El Sindicato está consciente de las dificultades financieras por las que atraviesa el IMSS, pero también lo está en la situación laboral de que sus trabajadores lo único, lo más importante que puede tener son sus problemas.

"Los ingresos del Seguro Social para financiar el Seguro de Enfermedad y Maternidad han sido disminuidos en forma muy importante al cambiar la nueva Ley del Seguro Social el mecanismo de aportaciones y cuotas, sobre todo para los patrones en relación favoreciéndolos en forma desproporcionada.

"Las condiciones salariales de los trabajadores afiliados al IMSS, como política económica del Gobierno Federal, no ha permitido que los salarios de los trabajadores se recuperen en relación al Indice Nacional de Precios al Consumidor. En consecuencia los ingresos del Seguro de Enfermedad y Maternidad quedan muy por debajo de los costos de los insumos del mantenimiento de las unidades y prestaciones de servicios.

"La evasión y la elusión de los patrones en cuanto a las cuotas que tienen que aportar a la seguridad social ha sido calculada por el IMSS en una cantidad equivalente al 20 % del total de sus ingresos que se deben de tomar medidas serias para corregir que éste es un problema extraordinariamente importante y debe de tener soluciones administrativas.

"Mucho menos se concibe que si se pretende detener y posponer un pago raquítico de incremento a los sueldos que no restituyen el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, a la modificación y condiciones laborales del Contrato Colectivo.

"No hay oposición del sindicato de revisar su régimen de jubilaciones y pensiones. Lo que queremos y aceptamos es que se revise con seriedad y objetividad sin sobredimensionar el impacto real de esta prestación.

"En mérito a las consideraciones expuestas, me permito proponer a esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando que se tramite de inmediato como un asunto de urgente resolución, dado que la fecha del estallamiento de la huelga está fijada para el primer minuto del 16 de este mes de octubre y la huelga es un derecho de los trabajadores que no podremos renunciar.

"Unico.- La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social a que dé solución al problema derivado de la firma de la revisión contractual del contrato colectivo de trabajo del IMSS y sus trabajadores y se evite el inicio de una huelga que afectará a las prestaciones, el cuidado y la recuperación de la salud de los trabajadores y sus familias".

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Señoras y señores Legisladores: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo su intervención en el caso de pescadores del lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán.

- EL C. DIPUTADO ABDALLÁN GUZMÁN CRUZ (PRD): Con su venia, señor Presidente.

"Proposición con punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo su intervención en el caso de los pescadores del lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán.

"Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones que se enuncian:

"En uno de los lagos más antiguos y representativos del paisaje de nuestro país, donde floreció la cultura más importante del Occidente de Mesoamérica, Pátzcuaro, se libra desde hace diez años una lucha que tiene su origen en la falta de comunicación y sentido común de las autoridades ambientales.

"En efecto, cuando aparecieron señales de peligro de la extinción de especies en el lago, principalmente de los peces blanco, achoque y acúmara, en 1998 la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión de Pesca del estado de Michoacán, decidieron declarar una veda a la pesca en general de manera unilateral.

"La medida parecía justificada, sobre todo si se toma en cuenta que la captura de pez blanco paso de 125 toneladas en 1982 a poco menos de 10 toneladas en el ´98. A cambio las autoridades ambientales, federales y local, ofrecieron un Programa de Empleo Temporal que tuvo reducido impacto ya que llegó demasiado tarde, la veda iniciaría en marzo de 1999 y concluiría en mayo del mismo año, coincidiendo con la época de cuaresma, los meses de mayor flujo de turistas en la región.

"Los pescadores isleños y ribereños del lago de Pátzcuaro, integrados por los municipios de Erongarícuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Pátzcuaro, en 1999 aceptaron la medida y mantuvieron siempre una actitud de disposición al diálogo con el fin de mantener el entorno ecológico. La veda se extendió a todas las especies de peces y anfibios a partir del 1º de marzo hasta el 25 de abril de 2000, facultando a la Profepa para que inspeccionara y vigilara el cumplimiento de la disposición.

"En esta ocasión que se instrumentó la veda no se avisó a los pescadores como se había acordado y en lugar de ello la Semarnat y el grupo de operativos especiales de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Michoacán decomisaron los instrumentos de trabajo y los incineraron en el mismo lugar, lo que causó el enojo de la comunidad. Esto sucedió el 2 de marzo del 2000 entre la isla de Janitzio y la Ribera de Cucuchuchu.

"Ante tal situación, un grupo de aproximadamente 300 indígenas a bordo de embarcaciones interceptó a los inspectores y los trasladó a la jefatura de tenencia de la isla de Janitzio, porque consideraron que se trataba de una violación a su derecho de pesca.

"En la jefatura estuvieron a disposición de los jefes de tenencia de Janitzio los biólogos Ulises Patchs (?) Rivera y Francisco Mendoza García, así como cuatro policías de seguridad pública desde las trece horas del 2 de marzo hasta las trece horas del día 3, cuando se presentaron las autoridades del Gobierno de Michoacán, además de representantes de PROFEPA e integrantes de la mesa directiva de los pescadores; después de dialogar con las autoridades se liberaron a los inspectores federales y a los policías.

"Resultado de estos acontecimientos se libró orden de aprehensión en contra de los miembros de la Unión de Pescadores de las Islas del Lago de Pátzcuaro de Michoacán, bajo los cargos de privación ilegal de la libertad, robo y otros, a pesar de haber firmado los asistentes minutas en el sentido de que los detenidos no interpondrían acciones jurídicas en contra. ...

-DIP. ABDALLAN GUZMÁN CRUZ: "Sin embargo fueron detenidos Aurelio Guzmán Mateo y Leocadio Ascencio Amaya y trasladados al Centro de Readaptación Social de Morelia, fueron sentenciados a la pena de 20 años de prisión y a una multa de 65 mil pesos, mismas que fueron ratificadas en segunda instancia.

"Pescadores del Lago de Pátzcuaro, organizaciones sociales, solicitaron la intervención del Titular del Poder Ejecutivo Federal, Presidente Vicente Fox, para que otorgara el indulto a los indígenas pescadores. ...

"El 1º de febrero, ante la evidencia de atropellos y debido a la presión social, el presidente Fox otorgó el indulto ordenando su inmediata excarcelación, sin embargo la orden de aprehensión en contra de dos pescadores, Galdino Quiroz Miguel y Gamaliel Ascencio Amaya permanece vigente.

"En contra de esta resolución fue presentado un recurso de revisión, mismo que fue turnado al Tribunal Colegiado de Primer Circuito con residencia en Morelia; dicho recurso se declaró improcedente.

"La solución jurídica más viable es la cancelación de las órdenes de aprehensión con fundamento en el artículo 200 del Código de Procedimientos Penales. ...

"Por lo anteriormente expuesto y fundado, los que suscribimos sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

"Uno.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República para que desista del ejercicio de la acción penal en contra de Galdino Quiroz Miguel y Gamaliel Ascensio Amaya.

"Dos.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de su competencia y a través de la Unidad para Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, gestione de manera inmediata ante las autoridades correspondientes la promoción del sobreseimiento del caso o reclasificación del delito que se describe en las consideraciones expuestas y se decrete la libertad absoluta de los ciudadanos antes mencionados".

Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, a fin de que instruya a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público para que diseñen de inmediato instrumentos para incorporar a la economía informal a sistemas formales que garanticen seguridad social y se simplifique el régimen fiscal del pequeño contribuyente, hasta por cinco minutos.

-DIP. EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO (PRI): Con permiso de la Presidencia, de los compañeros de la Mesa Directiva.

"Compañeras y compañeros diputados federales: Acudo a esta tribuna con la representación de los diputados federales del sector obrero y del estado de Nuevo León de mi partido, el Revolucionario Institucional, a fin de manifestar la profunda preocupación por el desempleo que está creciendo de manera alarmante en todo el país.

"En los anexos del pasado informe se dice que la tasa de desempleo abierto a julio del 2003 era del 3.52 por ciento, que según el sector empresarial es ya superior al 4% y la tendencia es al aumento.

En este sentido, se informa también que el Gobierno Federal dio a conocer nuevas medidas fiscales presupuestarias y de financiamiento para la ocupación productiva y el auto empleo.

A través de cinco Programas de los cuales en 3 de ellos se informa se lograron colocar a mil 543 , 2 mil 800 y 2 mil 131 personas respectivamente. Como se puede apreciar, las cifras de colocación son irrisorias y evidencían la falta de resultados del Gobierno Federal en dichos programas.

Según estadísticas que proporciona el INEGI este desempleo está impactando básicamente a los obreros mexicanos quienes ante esta penosa realidad, han emprendido todos sus esfuerzos a buscar la manera de obtener un ingreso que les permita la satisfacción de las necesidades más elementales de sus familias dedicándose a actividades que están consideradas dentro de lo que se ha dado a denominar de Economía Informal.

El Presidente de la República ha reconocido que el problema del desempleo es el gran reto, que las familias mexicanas se siguen sacrificando ante la falta de una respuesta vigorosa a fondo a este grave problema. Sólo cabe preguntar: ¿Hasta cuándo vamos a dar esas respuesta vigorosa? ¿Hasta cuándo se va a seguir sacrificando las familias mexicanas?.

Está bien que se reconozca que el crecimiento económico y la generación de empleos han sido insuficientes, pero con el simple reconocimiento no es suficiente, hay que actuar, la realidad es que ante la falta de un empleo dentro de la llamada Economía Informal , los trabajadores se han visto en la necesidad de realizar toda clase de actividades dentro de la llamada Economía Informal, como lo ha sostenido el Secretario de Economía.

Estas actividades se desarrollan sin ningún sistema de Seguridad Social y sin un régimen fiscal que los proteja dejándoseles en total indefensión. Insisto, estos trabajadores han sido desplazados de sus empleos porque no hemos tenido la capacidad de ofrecerles alternativas dignas.

Nos preocupa también que el Ejecutivo Federal informe que se combatirá esta Economía Informal por las distorsiones que ella ocasiona, por lo que cabría preguntarse: ¿cuál es la posición real , se combate esta Economía Informal como lo sostiene el Presidente o se fomenta como un mecanismo para combatir el desempleo como lo sostiene el Secretario de Economía?.

No estamos de acuerdo en que el desempleo sea un riesgo de la vida y lo afrontemos como tal, por cierto sin apenarnos.

El sector obrero reclama mayor seriedad, las cifras y los porcentajes no reflejan plenamente el significado de la pobreza y la extrema pobreza que ocasiona la falta de empleo; las cifras son frías y la realidad es muy candente y eventualmente explosiva. Se debe de hacer un mayor esfuerzo como Gobierno ante esta realidad, la Economía Informal allí está en todas sus manifestaciones siendo cada vez más por lo que debemos contar con mecanismos que permitan, a quienes se dedican a estas actividades, gocen de la Seguridad Social , a que ellos y sus familias tienen derecho para una vida digna.

Busquemos procedimientos para esta Seguridad Social. Por otra parte la anarquía actual que se está dando en el régimen tributario para el pequeño contribuyente por su complejidad, inhibe el cumplimiento de estas obligaciones y coloca al contribuyente en la disyuntiva del No pago y eventualmente de la ilegalidad.

Por ello, se propone se implementen mecanismos simplificados de recaudación para el pequeño contribuyente , quizás volver al Sistema de Cuota Fija entre otros dejando los sistemas sofisticados de recaudación cibernética para el contribuyente mayor.

PUNTO DE ACUERDO.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a fin de que instruya a las Secretarías de Economía, la de Hacienda y Crédito Público y Trabajo y Previsión Social, para que diseñen de inmediato instrumentos para incorporar a la Economía Informal, temas formales que garanticen a quienes se dedican a estas actividades ahora informales, seguridad social y se simplifique el régimen fiscal del pequeño contribuyente.

Diputados federales por el sector obrero y del Estado de Nuevo León del Partido Revolucionario Institucional.

- EL C. PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene el uso de la palabra el diputado don Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial de seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo.

En representación de 125 diputados y diputadas de todas las fracciones parlamentarias de esta Legislatura, me permito hacer la siguiente propuesta con punto de acuerdo por la que se crea la Comisión Especial de Seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo, de esta honorable Cámara de Diputados.

Los suscritos, diputados federales de las diversas fracciones parlamentarias en esta H. Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 inciso c), 42 y 43 numeral 2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, venimos a hacer del conocimiento del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con fundamento en los siguientes:

El pasado 28 de abril del presente año fue suscrito el Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía Alimentaria entre el Ejecutivo Federal y las organizaciones campesinas de agricultores y de pobladores rurales del país, contando con adhesión de 27 gobernadores estatales.

Dicho Acuerdo fue firmado también por las directivas de las Comisiones de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados y como testigos de honor por los presidentes de ambas Cámaras del Congreso General.

Este Acuerdo Nacional para el Campo fue resultado de la movilización, la capacidad propositiva y de diálogo de las organizaciones campesinas y de agricultores del país, aunadas a la disposición de negociación del Ejecutivo Federal para atender la emergencia económica, social y ambiental del sector así como para acordar las bases de una nueva política de Estado para el sector agroalimentario y un nuevo trato entre la sociedad urbana y la sociedad rural.

El Acuerdo Nacional para el Campo es un paso importante para atender la crisis sectorial para avanzar en la revalorización de la agricultura y la incorporación de la sociedad rural en un nuevo proyecto de nación y considerar al campo como verdadera prioridad nacional.

En este sentido, se incorporó en el propio acuerdo un apartado para el seguimiento y evaluación del mismo destacando los compromisos establecidos en los numerales 279, 280 y 281 relativas a la creación y funcionamiento de una comisión de seguimiento del Acuerdo de alto nivel que tuvo vigencia hasta el 30 de septiembre del año en curso.

Este acuerdo supone la construcción de una verdadera política de Estado para el sector rural en la que la honorable Cámara de Diputados no puede permanecer al margen de su construcción, seguimiento y evaluación. El acuerdo aún se encuentra en su fase inicial de cumplimiento y está por cumplirse la parte más importante de los compromisos referidos a las reformas estructurales entre las que sobresalen las siguientes:

La recuperación de la soberanía alimentaria, por lo que es necesario evaluar el impacto del capítulo agropecuario del TLC y los efectos en el comercio trinacional y la rentabilidad de los productores nacionales de los subsidios internos establecidos en la Ley de Seguridad Alimentaria e Inversión 2002 de los Estados Unidos;

La aprobación de las iniciativas de ley y modificación al orden jurídico vigente que permitan una planeación y presupuestación agropecuaria multianual;

Las reformas estructurales para una nueva política de Estado agroalimentaria y de desarrollo rural sustentable que por su propia naturaleza requieren de un trabajo continuo a lo largo de los próximos años.

La reestructuración de las instituciones vinculadas al desarrollo de la sociedad rural, dada la complejidad y número de compromisos, 282, que constituyen el Acuerdo, el atraso en su cumplimiento reconocido por el Ejecutivo Federal y las organizaciones signantes y que es ineludible el compromiso de esta honorable Cámara de Diputados de participar corresponsable y constructivamente en el ámbito de sus facultades y atribuciones en el seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.

Primero:- Se crea la Comisión Especial de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo de la Honorable Cámara de Diputados, cuyo objeto será contribuir al pleno cumplimiento de dicho acuerdo, así como para su evaluación integral y en concurrencia y con respecto a sus correspondientes ámbitos de competencia con el Poder Ejecutivo Federal, los ejecutivos estatales y las propias organizaciones campesinas de productores de pobladores rurales integrantes de las cadenas agroalimentarias.

Segundo.- La Comisión se auxiliará para el desarrollo de sus trabajos de las instancias especializadas de la Cámara de Diputados, solicitará el apoyo de las instituciones pertinentes del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos de las entidades federativas y promoverá el establecimiento de una vinculación institucional, sistemática y permanente...

-EL DIP. VICTOR SUAREZ CARRERA: De esta Cámara con las instituciones nacionales de educación superior y de investigación, centros de investigación y expertos cuyos conocimientos especializados contribuirán al desarrollo de las tareas encomendadas a dicha comisión.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que realice las acciones pertinentes, con el objeto de evitar la utilización de los beta-análogos con fines zootécnicos.

Pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo con una preocupación reflejada directamente en las gentes que consumen carne. Directamente porque no ha habido una respuesta a través de la Secretaría de Hacienda, a través de la Secretaría de Comercio para controlar la introducción de grandes cargamentos de anabólicos, directamente glenbuterol.

Esto no tiene, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco años; estamos hablando de muchos años donde desleales productores ganaderos, hacen y utilizan este tipo de anabólicos para tener grandes y excesivas ganancias, exponiendo la salud, la salud de gran grupo de mexicanos y es por ello que pongo a su consideración este punto de acuerdo económico, con los siguientes considerandos, dado que ha sido nula la participación por parte de la Secretaría de Comercio, por parte de la Secretaría de Hacienda, directamente en lo que corresponde a las fronteras y puertos mexicanos.

Se han girado, se han hecho, innumerables normas oficiales mexicanas, pero ninguna ha contribuido, ninguna ha podido atajar este gran problema, en los considerandos.

Primero, que la práctica de incorporar aditivos alimenticios modificadores del metabolismo animal en la dieta de los animales destinados para el consumo humano, se sigue dando en el país sin que exista un mecanismo oficial que garantice su adecuado y prudente uso.

Segundo.- Que consecuentemente, se sigue dando un problema de círculo vicioso, identificado como una demanda por parte de cierto grupo de tablajeros, en el sentido de preferir o requerir canales de bovino producidos bajo el efecto de este tipo de aditivos. Con esto quiero abundar en lo siguiente:

Muchas veces los pequeños productores son presionados por los mismos introductores, a que utilicen este tipo de anabólicos para la conformación del animal y así tener un mejor precio con los tablajeros.

Tercero.- Que representa un riesgo para la salud pública el mal uso de aditivos alimenticios modificadores del metabolismo con fines zootécnicos.

Cuarto.- Que el público consumidor no dispone de elementos de información que le permitan la diferencia entre carne producida bajo el uso de aditivos alimenticios y productos químicos.

Aquí tenemos un gran problema. Por un lado Sagarpa regulariza y autoriza la norma oficial para el cilpasterol, mientras que tenemos de forma clandestina el clembuterol. Y es la confusión, dado que no podemos diferenciar un animal engordado con clembuterol y otro con cilpasterol.

Quinto. Que la solicitud de registro de fármacos químicos, biológicos y aditivos para uso alimenticio en animales, obedece a un interés unilateral, sin un requisito de justificación de demanda del mercado por parte de los miembros de la cadena alimenticia, potencialmente beneficiarios o afectados con su aprobación.

Sexto. Que en los requisitos actuales para registro no se solicita un estudio de impacto en la rama de la industria alimentaria en cuestión y

Séptimo. Que bajo la normatividad y legislación actual no existe un marco que obligue a instituciones y dependencias algunas, a implementar un sistema de monitoreo, control y vigilancia que garantice el uso del producto bajo las condiciones en las que se les autorizó.

Se dicen que entran grandes cantidades a través de los puertos mexicanos y nadie tiene un control, nadie tiene una bitácora, nadie tiene un seguimiento para qué y para quiénes se está utilizando este tipo de productos.

Se sabe también que en la industria de la farmacia es mínima la utilización, más sin en cambio entran toneladas y toneladas de esta clase de anabólicos.

Octavo. Que el marco normativo y legal actualmente existente ha generado un nivel de cuestionamiento a la eficiencia con la que se puede garantizar el ofrecimiento de alimentos inícuos a la población y

Noveno. Que la normatividad existente para regular el registro de fármacos, químicos, biológicos y aditivos para su uso alimenticio en animales, da lugar a interpretaciones de criterio de las autoridades y por ende, crea la posibilidad de decisiones de beneficio unilateral, además de ocasionar inexactitudes e inconsistencias en la metodología.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Solicítese al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, ordene el retiro del mercado de todos los beta análogos existentes para uso zootécnico, hasta un tanto no revise con exactitud el daño que hacen a la salud pública.

Segundo. Solicítese al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, suspenda la autorización de nuevos registros en cualquier forma y presentación, mientras prevalezca esta situación de incapacidad jurídica y técnica dentro de las dependencias responsables de garantizar su buen manejo.

Tercero. Solicítese al Ejecutivo Federal instrucciones a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Salud, Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda, a fin de que sea instaurada una comisión revisora integrada por representantes de estas Secretarías para que sea verificado el marco jurídico actual referente al uso, registro y manejo residual de los beta análogos.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Tiene la palabra el diputado Alfonso Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la auditoría ambiental al complejo termoeléctrico "Presidente Adolfo López Mateos", de Tuxpan, Veracruz.

El suscrito diputado Alfonso Sánchez Hernández, a nombre de la diputación federal veracruzana del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, 36 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 Primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2º y 12º del Acuerdo Parlamentario relativo a la Integración del Orden del Día, las Discusiones y las Votaciones, nos permitimos someter al pleno de esta soberanía lo siguiente:

Desde hace 18 años la zona norte del estado de Veracruz tuvo la oportunidad de verse beneficiada con la instalación de un gran proyecto por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que fue el Complejo Termoeléctrico Adolfo López Mateos, en Tuxpan, Veracruz. Desgraciadamente en la actualidad la población aledaña sufre su más grande decepción al verse dañada en sus actividades de la pesca, la agricultura, la ganadería, la citricultura, los caminos, etc., y en su salud como infecciones gastrointestinales, dermatológicas y otro tipo de enfermedades.

Es evidente el grave daño provocado por la contaminación derivada del Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos, de Tuxpan, Veracruz y por las afectaciones al medio ambiente en general, principalmente al ramo de la pesca, la agricultura, la ganadería, la citricultura, así como a las múltiples denuncias ciudadanas que ya se ha visto disminuida considerablemente la producción así también como daños a los caminos de acceso a dicho complejo, para lo cual éstos tuvieron que fraccionar las tierras ejidales de los alrededores. Es por eso que hacemos un enérgico llamado para que este grave problema sea detenido inmediatamente.

Es claro que la Comisión Federal de Electricidad ha hecho caso omiso a esta problemática, ya que a pesar de estar debidamente acreditado que dicho complejo termoeléctrico en sus actividades no ha sido cuidadoso para respetar los principios de un desarrollo sustentable y eficiente, no ha hecho el más mínimo esfuerzo para subsanar las lesiones provocadas a la sociedad. Los campesinos y pescadores de esta zona, al verse amenazados por el deterioro ecológico que el complejo viene provocando, han realizado diversas manifestaciones trayendo como consecuencia graves contingencias, como son los bloqueos a los accesos a esta termoeléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad se ha comprometido a otorgar diversas demandas, entre ellas un estudio de impacto ambiental, la cual arrojaría un resultado de los daños ecológicos provocados a la zona, sin que hasta el momento se haya cumplido.

Con base en esta consideración, me permito proponer a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, con base a las atribuciones que le otorgan los artículos 4 y 5 fracción XVIII y 6º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la auditoría ambiental al Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos de la Comisión Federal de Electricidad, situada en el municipio de Tuxpan, Veracruz y se determine en definitiva las afectaciones al medio ambiente que desde su construcción en 1985 ha provocado, según denuncias públicas de los habitantes y vecinos afectados que residen en los diferentes municipios aledaños a esta complejo industrial eléctrico, por lo que, los legisladores integrantes de la diputación veracruzana del grupo parlamentario firmamos.

Tiene la palabra el diputado Belisario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concluya los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo y Motozintla-Niquivilpavencul, todos ellos en el Estado de Chiapas.

Por no encontrarse el diputado Belisario Iram Herrera y la diputada María Cristina Díaz Salazar, se posponen estos dos puntos de acuerdo y procederíamos a la solicitud de excitativas.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el diputado Rafael García Tinajero Pérez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

a) En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 5 de noviembre del 2002, el diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el segundo párrafo del artículo 25 y reforma el artículo 106 de la Ley del Seguro Social con relación al régimen financiero del seguro de enfermedades y maternidad.

Por lo anteriormente expresado, solicito a la Presidencia de esta Cámara de Diputados, que en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite a las Comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social para que emitan el dictamen a la iniciativa de referencia.

Firmado en el Palacio Legislativo a 7 de octubre del 2003, el doctor Rafael García Tinajero, diputado federal.

EL PRESIDENTE: Remítase a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

(Comunicación de la Junta de Coordinación Política, hace del conocimiento que el titular de la Secretaría de Energía realizará su comparecencia el lunes 20

El siguiente punto del orden del día es comentario sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral y su aprobación por el mismo.

Para este efecto, tiene la palabra el señor diputado don Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

..-EL C. DIP. MANUEL VELASCO COELLO: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.

El día de hoy, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hace uso de esta tribuna para manifestar su total y enérgica condena a la liviandad jurídica demostrada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, particularmente por seis de los consejeros electorales, mismos que no tienen instrucción legal profesional y que en torno a un dictamen inmoral quebrantaron el Estado de Derecho.

Sin duda los procesos electorales del año 2000 y 2003, fueron intensos e históricos en muchos aspectos, pero tenemos que reconocerlo, existen personas que no permiten la plena legalidad y la certidumbre jurídica para los actores de las campañas electorales.

El Partido Verde ha participado en las elecciones pasadas con estricto apego a la ley y sin ninguna responsabilidad jurídica por aquellos actos cometidos por terceros y que son ajenos a mi partido en la Alianza por el Cambio.

No tememos ni rehuimos a nuestra responsabilidad, a la crítica y los ataques, los asumimos como parte del precio que hay que pagar por impulsar el proyecto que defendemos; sin embargo, resalto que respetamos y acatamos las leyes y a sus instituciones.

Una de ellas es el Instituto Federal Electoral, organismo que tiene entre otras finalidades las de contribuir al desarrollo de la vida democrática y preservar el funcionamiento del régimen de partidos políticos.

Nuestra Constitución Política establece que el Consejo General, como órgano superior de dirección del Instituto, se integra por un consejero Presidente, ocho consejeros electorales, con exclusivo derecho a voto, representantes del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo.

De lo cual, se advierte que es en los nueve consejeros precitados en los que pasa y pesa el destino político electoral de nuestro país. Estos obviamente no deberían tener tendencia o filiación partidista; sin embargo, parece que no es así, pues hoy ya existen exconsejeros que militan y participan activamente al interior de partidos políticos.

Por ello, asumamos la responsabilidad, para evitar que en el futuro cercano el IFE sirva de trampolín de pretensiones políticas personales, ya que si su actuar se realiza al margen de principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, las determinaciones que a nombre de una probada institución se realizan carecerían a todas luces de legitimidad.

Eso no es el espíritu que debe motivar a los consejeros en su actividad como funcionarios, como sucede con el consejero Alonso Lujambio, que ha favorecido claramente al Presidente de la República y a su partido; de ahí la necesidad de que las resoluciones del Consejo General del IFE sean fundadas, motivadas y que establezcan la plena responsabilidad del acto reclamado y no como parece, se aprovechan de esa circunstancia y lo capitalizan en carreras políticas personales.

Utilizar de trampolín político un cargo de tan alta y digna responsabilidad, que la nación confiere a esos funcionarios, para preparar su camino a elecciones posteriores, en las que ellos pretenden ser protagonistas y ocupar nuevos cargos que impliquen necesariamente una bandera partidista, además de desacreditarlos como funcionarios, pone en riesgo la credibilidad que los comicios empiezan a tener, sobre todo cuando en la vida democrática vigente se empieza a tener una auténtica democracia, sólo que en ocasiones la imparcialidad cede ante la ambición.

Por tal razón, denunciamos a Alonso Lujambio, a José Woldenberg, a Jacquelin Pechard, a Mauricio Merino, a Gastón Luquen y a Eloy Cantú, quienes se han aprovechado de su cargo para agraviar a las distintas fuerzas políticas que no son de su agrado o preferencia política y en cambio han preferenciado a otras investigando someramente y no concluyendo a fondo las indagatorias. ¿O acaso en el asunto de Amigos de Fox, no observaron que no existe la más mínima participación del Partido Verde, de sus militantes o de la Alianza por el Cambio en el financiamiento paralelo y legal que se nos imputa? ¿qué esa supuesta participación no aparece en las más de 120 mil fojas que integran el desaseado expediente? qué asimismo no recibimos recurso alguno de fuentes prohibidas por la ley; desmentimos que hayamos recibidos aportaciones del extranjero, de algún poder de la Unión o empresas mexicanas de carácter mercantil; que no utilizamos recursos públicos prohibidos ni de fuentes anónimas; ni otorgamos personalidad jurídica a Carlota Robinson o a Lino Corrodi, para realizar actos financieros a nombre de la Alianza por el Cambio o del Partido Verde; que la investigación es incompleta, sesgada y parcial, ya que no se logra establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar de las conductas ya calificadas y con las cuales nos pretenden sancionar.

Vicente Fox debe dar la cara y responder de estas acusaciones, ya que él y su equipo de campaña cercano, fueron los que obtuvieron esos financiamientos ilícitos y entre los cuales se encontraba Luis Felipe Bravo Mena, imputación ésta, realizada por el propio Alonso Lujambio y avalada por el presidente consejero y los consejeros Merino y Pechard. Por lo que emplazamos al Presidente de la República para que aclare a la nación su participación y se pronuncie verazmente en torno a la de nuestro partido. En todo el dictamen de la Comisión de Fiscalización, no se establece responsabilidad del Partido Verde.

Por esto y por lo anteriormente expresado presentaremos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el recurso de apelación correspondiente.

Lino Corrodi se ha pronunciado en nuestro favor sin que nosotros seamos Amigos de Fox; quienes sí lo son y actual en el gobierno ya lograron someter a sus parciales consejeros convirtiéndolos en servidumbre real de los verdaderos responsables.

El siguiente punto del Orden del Día, es comentarios en relación al 12 de Octubre.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Maldonado Venegas, del Partido de Convergencia, hasta por 5 minutos.

Dos acontecimientos determinaron el paso de la Edad Media a la época moderna; ambos influyeron de modo determinante en la recomposición de la geopolítica y en el replanteamiento de los esquemas culturales que habían prevalecido inalterables durante el amplio periodo del medioevo europeo.

En efecto, junto a la conquista de Bizancio, el llamado "Descubrimiento de América" representó la clave propiciatoria que abriría de modo definitivo el pórtico de la edad moderna, dejando tras sí las anquilosadas pautas del espíritu medieval contradictorio y disperso, audaz y retraído, solemne y difuso.

Se discurre en nuestros días si el hecho meritorio que ha de reconocerse a Cristóbal Colón, es propiamente el del descubrimiento de América. Se reflexiona asimismo, acerca de sí la obra humana del Almirante genovés, produjo el encuentro de dos mundos o en su caso de dos expresiones diversas de la cultura.

Se propone que lo de América no fue un hallazgo, sino una sublime invención e incluso, se afirma que fue un acto consciente de dominación. Así, así se ha podido salvar el acantilado de cinco siglos de historia, tendiendo puentes de dulcificados dogmas.

Lo cierto es que a partir del encuentro doloroso que representó la conquista y la sujeción del indígena, del choque de la lanza y el cañón surgiría la mística de los pueblos que recrearon el espacio y el tiempo americano.

Sólo a la luz de estas reflexiones es comprensible que ya en la primera mitad del Siglo XVI, apenas consumada la conquista y definidas las bases del poderío virreinal, las afirmaciones del naciente dominio llevaban implícito el germen de su propia negación.

Un sentimiento en ciernes de identidad se gestaba en el ánimo de los sojuzgados, de los desposeídos y marginados, de los nuevos núcleos sociales calificados por los signos del mestizaje genético y cultural.

Eran relaciones sociales de poder, de clase, de dominante y dominado, de conquistado y conquistador, de amo y vasallo. Encuentro de dos culturas o predominio de una sobre la otra.

Las piedras centenarias del Templo Mayor, al demoler éste sirvieron para levantar en el mismo sitio la más fastuosa de las catedrales. Ese es el ejemplo más nítido de esa concepción fincada en la subordinación y el dominio asbolutos.

Bastaría exponer que al consumarse la Independencia el rezago educativo representaba un 90 por ciento de analfabetas, de manera que si hablamos de encuentro de culturas sólo en ese rubro se puede ver que no hubo tal, tanto que hasta la fecha prevalecen, con una población de cien millones de habitantes, 12 por ciento de analfabetas, indígenas y campesinos que hoy como ayer prevalecen excluidos y marginados, que sufren otros métodos más sofisticados de discriminación y formas más sutiles de explotación.

Así, el cúmulo de rezago que pesa sobre su historia y sobre su destino al paso de medio milenio sigue vigente. Por eso las etnias no tienen algo que conmemorar al 12 de octubre; tampoco el indigenismo ni mucho menos la hispanofobia. Eso está superado por las revoluciones sociales de emancipación y, si mucho me apuran, por la presencia eterna del indio zapoteca de Guelatao.

Esta es la clave de la identidad de los mexicanos. La lucha incesante contra todas las formas de discriminación o de exclusión. Secuelas del descubrimiento o expresiones emergentes que la globalidad contemporánea, despojo, racismo, castas y la perdurabilidad de la discriminación por razones de género, credo, edad o condición socio económica.

Hoy los mexicanos somos jurídicamente iguales ante la ley. Nos rige el respeto al espíritu y a la letra de la Constitución General de la República, precisamente definidos en el artículo 2, así como en el primero de las garantías individuales, lo que determinará que más temprano que tarde podamos romper con cualquier sentido discriminatorio que hubiera perdurado luego del triunfo social de 1917 y los contenidos explícitos en el artículo 3, que determinan el respeto irrestricto a la libertad de creencias al impartir la educación laica.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO JORGE LEGORRETA ORDORICA: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: el domingo pasado conmemoramos un año más del encuentro de América.

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, sin estar consciente del todo, protagonizaba uno de los acontecimientos más importantes de la historia.

Tras su llegada a América ya nada fue igual para el mundo. Se abrieron nuevos horizontes para la conquista y colonización de las tierras descubiertas y las potencias que ganaron los mares ganaron también las tierras.

El propósito del encuentro del nuevo mundo fue buscar una ruta directa entre Europa y Asia, China e India, para facilitar el comercio de las especias. El genovés Cristóbal Colón creía que la forma de llegar a los lugares del lejano oriente era navegar rumbo al occidente por el Océano Atlántico; pero se necesitaba a alguien que creyera en él y le aportara los medios necesarios como dinero, hombres y barcos para realizar tal expedición.

"Portugal y España fueron los países que emprendieron la búsqueda de esta nueva ruta hacia el lejano oriente. Los portugueses lo hicieron bordeando el Continente Africano, mientras que los reyes españoles Isabel de Castilla y Fernando de Aragón apoyaron económicamente el proyecto de Cristóbal Colón.

"El proyecto sonaba un tanto descabellado pero el potencial en caso de éxito era enorme y así resultó.

"La intención de encontrar un nuevo camino dio como fruto encontrar un nuevo continente lleno de posibilidades, de grandes extensiones territoriales, flora, fauna, gastronomía, riquezas naturales y culturales.

"El encuentro de América es lo que anuncia y funda nuestra identidad presente. No hay otra fecha que convenga más para marcar el comienzo que la era moderna que el año de 1492 en que Colón atraviesa el Océano Atlántico.

"Se puede admitir la valentía de Colón, comparada con la de Vasco da Gama o Magallanes, que quizá emprendieron viajes más difíciles pero sabían a dónde se dirigían, esto, fruto de su experiencia.

"Por otro lado Colon no tenía la certeza de que al final del océano estuviera el abismo.

"Si bien es cierto que el argumento de Colon para convencer a los reyes de su idea fue el oro y la promesa de evangelizar, sus más primitivos deseos, s e originaron tal vez en el deseo de descubrir que encontraría al pasar los límites de lo que hasta entonces por esa travesía se consideraba como imposible.

"Cierto es que la historia del mundo está hecha de conquistas y derrotas, de colonizaciones y descubrimientos, pero la historia se sigue escribiendo día con día.

"Quizá es momento para reflexionar sobre ese espíritu explorador de Colón y podamos aportar ideas a este mundo globalizado. Es tiempo de fortalecer las relaciones de nuestro país con América Latina y España.

"Cada año la agenda política entre dichas naciones abarca rubros más significativos tanto para la política y economía nacional como en materia ambiental y científica.

"Inspirados en los frutos de los antiguos exploradores, impulsemos un México más competitivo en la generación de investigadores que nos conduzcan a nuevos horizontes, como el que descubrió Colón, pero con nuevas tecnologías acordes a los requerimientos del mundo moderno y el respetuoso equilibrio con el medio ambiente.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Javier Manzano Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

"El 12 de octubre de 1492 con el arribo de marinos europeos a este continente, las condiciones de vida para sus habitantes cambiaron violentamente. La invasión impuso una organización colonial: Arriba, por encima de todo, los amos, los dueños del progreso, de la historia, de la ciencia, de las armas; abajo, como siempre, los indios, tristes figuras en quienes sus conquistadores justificarían su acción redentora.

"A través de cinco siglos la presencia del indio mexicano ha tomado múltiples formas. Ha sido en la Colonia alimento de las minas y las haciendas, motivo de evangelización, despojado de sus tierras en aras de un desarrollo que nunca le ha beneficiado.

"En la Independencia, el antiguo régimen se derrumbó ante la cuota de sangre mayoritariamente india, como siempre. Pero la situación para ellos no cambió gran cosa. Otra vez fueron despojados de sus tierras por nuevos latifundistas.

"En la Revolución Mexicana Emiliano Zapata luchó por las comunidades y la Reforma Agraria pudo crear las bases para su desarrollo. El pueblo reconoce su verdadero rostro y en él fundamenta su futuro. Se habló de nacionalismo, se restituyeron tierras, se concibió a la escuela como casa del pueblo. Hubo la esperanza de integrar miles y miles de comunidades en un esfuerzo común liberador, pero otra vez el desengaño: el indio volvió a ser objeto no sujeto de su liberación.

Para hacer posible y consolidar la entidad nacional era necesario liquidar la diversidad étnica, quitarle lo indio. Y a ello se abocaron las campañas indigenistas que pretendían imponerle formas de cultura que sustituyeran a las propias a través de brigadas educativas de capacitación y de cambio.

Triste paradoja porque no son las culturas étnicas los principales obstáculos a la integración nacional, sino la doble explotación que padecen los indígenas: como clase y como pueblo, es decir, como pobres y como portadores de una identidad diferente. Esta diferencia solo ha servido hasta hoy para discriminarlo, para explotarlo, sin generar esa base de respeto mutuo que lleva al pluralismo y a la verdadera integración nacional.

Frescas están en nuestra memoria las imágenes del 1º de enero de 1994. El país se estremece cuando el Ejército Zapatista de liberación nacional nos azota en la cara el verdadero rostro de un México que ingenuamente creíamos superado. Es cierto que hay una reforma constitucional en materia indígena, pero también es cierto que no recoge el espíritu de la mayoría de los mexicanos.

¿De qué nos sirve una reforma inoperante y rechazada por los pueblos a quienes pretendía beneficiar y cuyos efectos son contrarios a lo buscado? ¿De qué nos sirve aducir que el proceso de la reforma sobre la ley de derechos y cultura indígena se apegó estrictamente a la legalidad si eso no trajo como consecuencia la paz? ¿Cuándo se tomará conciencia que la diversidad étnica es una realidad que no debe espantarnos sino fortalecernos?

Por eso el 12 de octubre debe ser una fecha idónea para reflexionar acerca del destino de nuestros pueblos y para comprometernos a que más allá de posiciones partidistas impulsemos una reforma que recoja Los Acuerdos de San Andrés, la autonomía y la libre determinación de los pueblos indios como sujetos de derecho público, el uso y disfrute de los recursos naturales, la elección de autoridades municipales y el derecho de asociación regional, son, entre otros temas pendientes que debemos revisar, para saldar la enorme deuda que tenemos pendiente con nuestros pueblos indígenas.

¡Es hora de que la pobre opinión que la ciudadanía tiene de sus legisladores se revierta y actuemos guiados por los más altos intereses de la nación! ¡Porque antes que miembros de un partido político somos mexicanos y como mexicanos debemos estar a la altura de las circunstancias de nuestro pueblo! ¡Es hora de que no nos desgastemos en cosas inútiles...!

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Le ruego concluir, señor Diputado.

- EL C. DIPUTADO JAVIER MANZANO SALAZAR (PRD): ¡Es hora de que no nos desgastemos en luchas inútiles con el único afán de conservar parcelitas de poder! ¡Es hora de que dignifiquemos al Congreso de la Unión y que de su actuación se desprendan los beneficios que espera la inmensa mayoría: los pobres de México y escribamos por primera vez una página diferente en el ejercicio legislativo! ¡Es hora de que entendamos que mientras haya estómagos vacíos no habrá seguridad, estabilidad social ni paz permanente para todos, pues todos navegamos en el mismo barco!

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, señor Diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Huberto Aldaz Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

- EL C. DIPUTADO HUBERTO ALDAZ HERNÁNDEZ (PAN): Con su venia, diputado Presidente.

Destacar las luces o las sombras de una misma historia no siempre depende de la identidad de que la cuenta ni del vencedor o del vencido, sino del sentido y la intención de cómo nos enseñaron esa historia.

"Según como nos hayan contado los procesos iniciados el 12 de octubre de 1492 es nuestra referencia. Para algunos podríamos hablar de que el descubrimiento fue en realidad una conquista que destruyó el florecimiento cultural y científico de las civilizaciones precolombinas, como el hecho de que los mayas hubiesen confeccionado un calendario más exacto que el de occidente, que empleaban el sistema vigesimal en matemáticas y usaban una escritura similar a los jeroglíficos egipcios; que construyeron edificios de arquitectura perfecta, terrazas y sistemas hidráulicos para la producción agrícola y asentamientos urbanos; que practicaban la medicina y tenían un sistema social y político que respetaba la comunidad colectiva de la tierra y donde todos los miembros de la comunidad colaboraban en la construcción de obras públicas y que esta conquista se perpetró hasta hoy en la exclusión y marginación social y racial de indígenas y negros en las nuevas colonias, donde los criollos se convirtieron en los amos de las tierras conquistadas, con derecho a gozar de ventajas y privilegios, pero también con derecho a ser la clase dirigente, una suerte de supremacía del colonizador que desde el 12 de octubre de 1492 se refleja en el racismo que persiste de diversas formas en el subconsciente colectivo de América.

"Para otros ese momento representa la llegada a nuestras tierras del hombre civilizado, cuya destreza física y mental lo llevó a descubrir nuevos pueblos que vivían en el atraso y la ignorancia; que los hombres blancos traían consigo el adelanto, la religión de la salvación, la pólvora, las armas de fuego, los instrumentos de navegación, la economía mercantilista , la pluralidad política, el hierro, los caballos, la rueda, entre otros, mientras la población originaria seguía luciendo tocados de plumas en la cabeza, profesando religiones bárbaras y enfrentándose pueblo contra pueblo.

"Un análisis sereno de ambos relatos, más allá de las fobias y de las filias, nos ayudará a comprender la raíz del México actual, consecuencia viviente del encuentro violento de esos dos mundos y los desafíos de un México hoy pluricultural.

"De todas formas defender la dignidad de la persona humana y el bien común, nos obliga a todos los mexicanos y mexicanas a revisar cómo contamos hoy esa historia iniciada el 12 de octubre de 1492, pero sobre todo nos obliga a pensar cómo podremos construir un presente y un futuro digno y justo para los pueblos indígenas y no indígenas de México y de toda América, aún y con todas las luces y sombras presentes en nuestra historia.

"Esta Legislatura se encuentra hoy frente a la posibilidad de un campo constitucional inédito y prometedor, con el reconocimiento de los derechos de una parte de la sociedad mexicana que es culturalmente diferente y que conforma un sujeto colectivo específico: los pueblos indígenas.

"Este reconocimiento nos coloca nuevamente entre los países con procesos constitucionales novedosos hacia la construcción ahora de un estado pluricultural y su consecuencia en el desarrollo institucional y programático que garantice el desarrollo digno y equilibrado de aquellos que siguen siendo social y económicamente marginados y en lo cultural diferentes.

"El Estado Mexicano necesita en materia indígena de una reforma también de tipo estructural, que responda a una política constitucional y legal, que sea parte de la reforma del Estado y dé vigencia a nuestra constitucionalidad como nación pluricultural que hoy nos reconocemos. Para ello el artículo 2de la Constitución Mexicana, aunque todavía limitado frente a las necesidades indígenas, constituye una plataforma inicial.

"Por eso un punto de partida será visualizar que el bien común de los mexicanos y las mexicanas y la unidad nacional se lograrán con un ejercicio real de la interculturalidad nacional, y con la definición de un presupuesto federal ...

-PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Señor diputado, le ruego concluir.

"Por eso, la próxima agenda legislativa en materia indígena deberá de partir y avanzar desde los principios básicos del actual artículo 2º constitucional, referidos a la interculturalidad de la nación y al desarrollo sustentable e integral de los pueblos indígenas.

-EL C. PRESIDENTE. Tiene el uso de la palabra, el señor Diputado don Marcelo Tecolapa Tixteco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Vengo a esta tribuna a expresar la voz de mis hermanos indígenas, los indígenas de México, vengo a decir lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos en el marco de esta fecha 12 de Octubre.

El descubrimiento de este Continente fue un acontecimiento que marcó la Historia Universal, que revolucionó la Geografía y que abrió nuevos horizontes de comunicación entre todos los pueblos del mundo, Los aborígenes de estas tierras sufrieron vejaciones y excesos del Coloniaje, los indígenas mexicanos padecimos la avasalladora presencia y el mal trato físico e ideológico de extranjeros. Desde aquel entonces nos volvimos extranjeros en nuestra propia tierra, sin duda aquel 12 de Octubre de1492 significó un acontecimiento histórico que cambió el mundo.

¡Cómo olvidar esta fecha si con ese hecho nuestro idioma, nuestra religión, nuestra organización y a nosotros mismos nos quisieron exterminar! ¡Cómo no recordar este acontecimiento si con ello comenzó el atraso, la marginación de nuestros pueblos en que hoy se encuentran¡

Para los indígenas y para todos los mexicanos este 12 de Octubre debe ser motivo de reflexión, los aborígenes o indios como se nos denomina despectivamente, hemos podido mantener nuestra cultura y los más grandes valores nacionales que nos identifican y nos mantienen unidos al resto de los mexicanos..

Hemos realizado un sin fin de contribuciones en todos los aspectos culturales, artísticos, científicos, económicos, sociales y políticos. En todos los continentes se reconocen las valiosas aportaciones de los pueblos indígenas en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales que han permitido la armonía y el equilibrio del hombre con la naturaleza. Los mexicanos debemos estar orgullosos de nuestros aborígenes, de nuestra mexicanidad.

Sin embargo, no obstante a nuestras contribuciones al engrandecimiento de nuestra patria, es menester reconocer que a este sector le han sido escamoteados por siglos su derecho de ser diferentes y hemos sido objeto de la más cruda discriminación.

Por lo tanto, mientras no se le dé a los pueblos indígenas un trato justo, difícilmente se logrará una armonía entre la sociedad.

En razón de lo anterior y de la idiosincrasia y especificidades culturales de quienes expreso su voz, hoy en este Recinto Legislativo considero que es indispensable que se reconozca de manera actuada y efectiva en nuestras leyes tanto federales como locales, los derechos y prerrogativas que demandan los pueblos indígenas.

México signó y ratificó el convenio 169 de la OIT, el cual conforme a nuestra Constitución Federal es ley suprema en toda la República, en el que claramente se reconoce el derecho a que sean respetados nuestros usos y costumbres, nuestra forma de organización interna y la autonomía de nuestros pueblos.

No podemos negar que en nuestro país se han hecho importantes esfuerzos en reconocer nuestros derechos. Las últimas reformas a la ley fundamental así lo demuestran, si embargo aún son insuficientes puesto que no contienen ni todos los argumentos jurídicos ni toda la demanda indígena; por ello es necesario hacer un mayor esfuerzo, para avanzar en el pleno reconocimiento de esos derechos tantas veces negados y menospreciados.

Este Congreso tiene como uno de sus principios la democracia y la justicia, esa es nuestra causa y seguirá siendo… (interrupción por el Presidente)…

La democracia también implica ser tolerante ante lo diferente; es reconocer que existen formas de vida distintas a la nuestra, es el respeto a la diversidad.

En atención a lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, es ocasión propicia solicitar su solidaridad y compromiso social con los pueblos indígenas para avanzar en el reconocimiento pleno de nuestro derecho a vivir una vida digna y libre basada en la pluriculturalidad. ¡Nunca más un México sin nosotros!

El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre el XLVIII Aniversario Luctuoso del expresidente de la República, general Manuel Avila Camacho. Para este efecto se le concede el uso de la palabra al señor diputado don René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Ayer, 13 de octubre, se cumplieron 48 años del fallecimiento del expresidente de la República, general Manuel Avila Camacho. Siendo aún muy joven, desde su natal Teziutlán, Puebla, le tocó presenciar los albores de la revolución y la caída de la dictadura porfirista.

El cobarde asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, perpetrados en febrero de 1913, conmovió a la nación y propició que en 1914 el joven Manuel Avila Camacho, a la edad de 17 años, se incorporara al movimiento revolucionario dándose de alta con el grado de subteniente en la brigada "Aquiles Serdán". Muchos fueron los hechos de armas que le permitieron por mérito propio, ir ascendiendo a los diferentes grados del Ejército hasta lograr obtener –en enero de 1939- el más alto nivel de la jerarquía militar como es el de general de división.

Tanto en la brigada "Benito Juárez" como en la brigada "Sonora", ésta última al mando del general Lázaro Cárdenas pero particularmente durante la guerra cristera, el general Avila Camacho se distinguió por su entereza y generosidad con que procedió, ya que además de no ordenar el fusilamiento de prisioneros, procuró amnistiar y rendir a los sublevados disminuyendo de esa forma el endurecimiento de la lucha.

Una anécdota que habla del carácter y la personalidad del general Manuel Avila Camacho, se remonta al año de 1923 en el que estando preso en Morelia, Michoacán, es conducido ante el general Castañeda y éste le pide firmar una carta compromiso para no ser (sic) armas contra el movimiento que enarbolaban. El general Avila Camacho, sereno pero enérgico, le contestó: "General, fusílenme pero lo puedo firmar porque ya le di mi palabra de honor al general Obregón y no tengo dos honores".

Después de haber participado en una de las campañas electorales más difíciles y apasionadas de ésa época, el general Avila Camacho, asumió la Presidencia de la República el 1° de diciembre de 1940. Desde el inicio de su gestión pugnó por una política de unidad nacional y por la realización de un gobierno para todos.

Promulgo la ley que estableció la Campaña Nacional contra el analfabetismo y creó la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica. En materia de electrificación logró incrementar la capacidad instalada en un 65% y elevó la irrigación en cerca de tres veces más a la obtenida de 1926 a 1940.

En la Segunda Guerra Mundial, ante las agresiones de que fue objeto el país por parte de las potencias del eje, el Presidente Avila Camacho mantuvo la firmeza y dignidad que el movimiento histórico exigía y declaró la guerra al nazismo alemán y a sus afiliados fascistas de Italia y de Japón.

En esas condiciones el Presidente supo alentar la unidad de todos los revolucionarios de la época, por encima de cualquier diferencia personal o de grupo, por lo que el 11 de septiembre de 1942, en un acto inusitado, se vieron reunidos hombres a quienes la política había llevado por diferentes derroteros, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas del Río, Emilio Portes Gil y Adolfo de la Huerta, todos ellos ex presidentes de México, acudían a este acto trascendental de unidad nacional al que el Presidente Manuel Avila Camacho les había convocado.

Desde su campaña política como candidato, Manuel Avila Camacho, de manera sorpresiva se pronunció porque los militares no intervinieran, ni directa, ni indirectamente en política, mientras se encontraban en servicio activo, por lo que ya como Presidente de la República, envió un decreto el 3 de diciembre de 1945, donde se ratificaba que los miembros del Ejército y la Armada no siguieran figurando como sectores del Partido de la Revolución Mexicana. Por lo que se prevenía a los militares en servicio activo que cumplieran con la estricta observancia de no participar en asuntos o trabajos políticos.

-EL DIP. RENE MEZA CABRERA: ...Manuel Avila Camacho apoyado por sus correligionarios, tomó la decisión de que nuestra nación debería terminar institucionalmente la etapa del caudillismo.

Finalmente, en un país como el nuestro desligo al ejército de las relaciones políticas, pues le dio fin y toda la trascendencia a una de las instituciones más importantes del país, como es la Presidencia de la República.

La diputada Jacqueline Argüelles Guzmán del Partido Verde Ecologista de México ha remitido su intervención por escrito a esta Presidencia y a su solicitud, insértese el texto integro en el Diario de los Debates.

En el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, sobre el "Día Mundial de la Mujer Rural".

-LA DIP. MARIA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ DE ALBA: Buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente.

Hoy es un día importante para la humanidad, conmemoramos el "Día Mundial de la Mujer Rural".

Actualmente existe un amplio reconocimiento del importante papel que juegan las mujeres rurales en sus diversos roles, como madres, esposas e hijas, en fin, como mujer productiva, tareas en las que contribuyen para el desarrollo de sus familias y de las economías rurales, pero sobre todo, como participante fundamental en la producción de alimentos.

Nuestro país se ha modernizado y se ha urbanizado, sin embargo, el número de personas que viven en localidades rurales, aún es importante. Según el censo de población de vivienda del año 2000, en México habitan en localidades rurales 24.9 millones de personas, es decir, el 25% de la población en general, de las cuales 12.3 millones, son mujeres.

La estructura por edad de las mujeres en las zonas rurales, presenta una alta proporción de menores de 15 años. Las mujeres de la zona rural procrean en promedio 3.3 hijos, mientras que las mujeres urbanas tienen 2.6 hijos en promedio, pero los niveles de mortandad infantil son muy altos.

De cada mil nacidos fallecen 48, en comparación con las zonas urbanas, donde fallecen 26 niños por cada mil nacidos.

En las niñas de 6 a 14 años en edad para cursar la educación básica, el 13% no asiste a la escuela. Con relación a la población femenil de 15 a 29 años, sólo asiste el 12.9 por ciento a la escuela.

El 12% de las mujeres cuenta con la educación básica y con la instrucción media superior y superior; el porcentaje es alarmante, solamente el 7%.

Las mujeres rurales tienen en promedio 4.6 de escolaridad, cuando el promedio nacional para las mujeres es de 8.8 grados.

La seguridad social es un beneficio del cual también están exentas. Sólo el 17% de la población femenina es derechohabiente en alguna institución pública de salud, cuando en el área urbana la mitad de las mujeres goza de esta prestación.

En el medio rural el 16.8% de los hogares tiene como jefa de familia a una mujer y se compone en promedio de 2.3 miembros.

Los ingresos de los hogares rurales con jefatura femenina es de mil 981 pesos y de la familia encabezada por un varón es de 2 mil 771 pesos.

El 59.6% de las mujeres rurales son indígenas y su nivel de vida es más dramático: 40% carece de instrucción. Sólo el 28% ha cursado algún año de primaria y el 17% la terminó; el 11% concluyó la instrucción secundaria y el 4% realizó estudios postsecundarios.

El 56% de las niñas que asisten a primero de primaria en planteles indígenas muestra déficit en talla, lo cual indica desnutrición crónica que refleja las malas condiciones en que ha vivido por generaciones.

Al exponer y hacer referencia a los escenarios de vida de las mujeres habitantes de las zonas rurales mexicanas, no se pretende crear un sentimiento de lástima o de conmiseración, se trata de establecer y dar a conocer las míseras condiciones en las que viven millones de compatriotas mujeres rurales, que a pesar de sus situaciones paupérrimas de vida, enaltecen sus habilidades y sus capacidades para sostener unida a su familia en condiciones de pobreza extrema.

Su amor por sus raíces, su apego a sus tierras y costumbres, así como su compromiso social y moral para con los suyos son sentimientos que han perdurado en ellas durante generaciones completas, y con todo ello, son las mujeres rurales las más marginadas en el sector de entre los marginados.

Hoy que conmemoramos este día, les enviamos, desde la más alta tribuna de la Nación, un saludo fraternal. Reciban unas palabras de aliento y nuestro reconocimiento para que continúen esforzándose en sus labores y actividades en beneficio de la colectividad campesina.

Sin embargo, las palabras y saludos se las lleva el viento. Debemos hacer conciencia de la deuda social y ancestral que tenemos con nuestras compatriotas. Hagamos el compromiso de buscar y encontrar instrumentos en las políticas públicas que permitan palear estas infames condiciones de vida en las que ellas viven.

-LA C. DIPUTADA MARÍA DEL CONSUELO RODRIGUEZ ALBA: Si, concluyo, señor Presidente. Promovamos impulsar medidas que mejoren las condiciones de vida para la mujer rural.

En conclusión: hagamos el compromiso moral de fomentar la inversión pública y privada que les asegure una vida digna y decorosa para ellas y sus familias. Es tiempo de saldar la deuda social que durante muchas generaciones se ha acumulado.

Hagámoslo, aprovechemos la oportunidad histórica que las circunstancias actuales nos han ofrecido. Muchas gracias. Gracias, señor Presidente.

Se instruye a la Secretaría para dar lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política agendada al inicio de la orden del día. (Aplausos)

(de la Junta de Coordinación Política, modificación en la integración de comisiones y fe de erratas)

LA SECRETARIA: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

EL DIP. JESÚS PORFIRIO GONZALEZ SCHMAL: (desde la curul) Señor Presidente, había solicitado la palabra para la efeméride del Día Mundial de la Mujer Rural. Usted iba a someter a votación la conformación del turno de oradores. Le obvio la necesidad, quiero decirle que hay muchas mujeres del medio rural alrededor de la Cámara de Diputados que ayer tuvieron que llegar al extremo de desnudarse para que pudiéramos escucharlas, para que pudiéramos saber qué están demandando.

Le ruego a usted convoque a la Junta de Coordinación Política para que los mexicanos y mexicanas que están afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro entren para que podamos escuchar cuáles son sus demandas y tener efectos para una determinación de ayuda a las mujeres rurales que hoy están aquí demandando.

EL PRESIDENTE: Señor legislador, la asamblea se ha enterado de su atenta solicitud. La Junta de Coordinación Política no depende de la Presidencia, pienso que la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, si lo estima pertinente y dada la naturaleza del tema tan importante que usted señala, debe convocar a la Junta de referencia.

LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

EL PRESIDENTE: Dé a conocer el orden del día antes de abrir el sistema electrónico por 10 minutos.

Proceda antes, secretaria, para avanzar en ese tema, antes de leer el orden del día, abrir el sistema electrónico por 10 minutos para verificar la asistencia.

LA SECRETARIA: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para verificar la asistencia.

LA SECRETARIA: Señor Presidente, los diputados que registrarán asistencia de viva voz es la curul 068, el diputado Oscar Rodríguez Cabrera.

LA SECRETARIA: Señor Presidente, el quórum ha sido de 460 diputados, de su asistencia.

(14:57 horas) Se levanta la sesión y se cita a Sesión Solemne para Conmemorar el L Aniversario de la Incorporación a la Constitución General de la República del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas, que tendrá lugar el próximo jueves 16 de octubre a las 11 horas y se cita también a sesión ordinaria para el próximo martes 21 de octubre a las 11 horas.

Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.