040903

ORDEN DEL DIA

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 156 aniversario de la Batalla del Molino del Rey, tendrá lugar el lunes 8 de septiembre, a las 10 horas, en el monumento erigido en memoria de los héroes de la batalla, ubicado en Anillo Periférico y Alencastre, delegación Miguel Hidalgo.

Del Instituto Federal Electoral.

De la Junta de Coordinación Política.

Protesta de ciudadanos diputados.

Oficio de la H. Cámara de Senadores

Por el que comunica la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el periodo del l de septiembre de 2003 al 31 de agosto de 2004, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional.

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Martha Lucía Micher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que se adicione un punto quinto como alcance al documento con punto de acuerdo, presentado en la sesión del 2 de septiembre, sobre la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento exhaustivo a las investigaciones que las autoridades competentes realizan tendientes al esclarecimiento de los múltiples homicidios perpetrados contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo a que se asuma en la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) la defensa de los intereses del sector rural de nuestro país en la discusión del Capítulo Agropecuario; y solicitar al Poder Ejecutivo que los acuerdos y las reglas que se adopten en la OMC sean vistos y sancionados por el Senado de la República, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al secretario ejecutivo del IPAB un informe detallado de las acciones que lleva a cabo para dar cumplimiento al exhorto que le hizo la Comisión Permanente el 13 de agosto del presente año, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con diversos recursos que fueron canalizados al Fondo de Protección al Ahorro Bancario y a la posible ratificación del gobernador del Banco de México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Gobierno Federal libere de manera inmediata los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para atender la grave situación que afrontan los habitantes de estado de Baja California Sur por el paso del huracán Ignacio, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con el caso del ciudadano Lorenzo Llona Olalde, a cargo del diputado Francisco Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respecto a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 3 de septiembre de 2003.

Comentarios del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en relación con los cambios en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Ruego a la secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 402 diputadas y diputados.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse asimismo manifestarlo.

(LECTURA INVITACION DE SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,INSERTESE)

Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados:

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, también sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE: Se encuentran a las puertas de ese Recinto, los ciudadanos: Bernardo Vega Carlos, y Leonardo Alvarez Romo, diputados suplentes electos en el Sexto Distrito del Estado de Sinaloa, y en la Segunda Circunscripción Plurinominal

Se designa en Comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes señores diputados:

Diva Hadamira Gastelum Bajo, Esteban Valenzuela García, Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón, Alvaro Elís Loredo, Alejandro Higuera Osuna, Antonio Mejía Haro, Jorge Legorreta Ordorica, Joel Padilla Peña y Jesús González Schmal.

- LA C. SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Se pide a la Comisión cumpla con este encargo.

"¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?".

- EL C. PRESIDENTE: "Si así no lo hicieran que la nación se los demande". Enhorabuena, señores diputados.

(De la Cámara de Senadores que por el que comunica la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el periodo del 1º. de septiembre del 2003 al 31 de agosto del 2004, correspondiente al Primer año de Ejercicio Constitucional)

- EL C. PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que dé lectura a Iniciativa de Ley que firman varios grupos parlamentarios, cuyo contenido es la reforma y adición a diversas disposiciones del título segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

- LA C. SECRETARIA DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Con la venia de la Honorable Asamblea.

"Honorable Asamblea: Con fundamento en la Fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales:

Elba Esther Gordillo Morales, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Barrio Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; y Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Convergencia, someten a la consideración del pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando a esta Honorable Asamblea, se le pueda dar el trámite de urgente resolución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

"Como ocurre al inicio del ejercicio constitucional de cada legislatura, son necesarios algunos arreglos inmediatos que permitan el desarrollo adecuado de las actividades legislativas y parlamentarias en concordancia con la integración de la Cámara y tomando como base los propósitos coincidentes de los grupos parlamentarios para facilitar el desahogo de las diversas materias y asuntos incluidos en la agenda legislativa.

"Para el logro de tales fines y para asegurar la mayor productividad y eficacia de los trabajos encargados al órgano del Estado cuya misión es proveer de leyes y de certidumbre jurídica a la nación, resulta indispensable tener dispuesta la organización administrativa, así como la de comisiones y comités.

"En este contexto se ubica la necesidad de que esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados se encuentre preparada desde el inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional, para afrontar el cumplimiento de sus responsabilidades, razón que ha motivado a los coordinadores de los grupos parlamentarios que suscribimos la presente iniciativa, para integrar diversos grupos de trabajo que garanticen con acuerdos de consenso que no se diferirá el momento de arranque de las tareas que nos han encomendado con sus votos el pueblo mexicano.

"Dichos grupos de trabajo han venido analizando materias de importancia sobresaliente como la de ampliar los periodos de sesiones ordinarias del Congreso para tener la posibilidad de resolver todas las iniciativas que se presenten y eliminar el rezago y que implica la existencia de otros mecanismos de carácter procedimental, legal y reglamentario, cuyas iniciativas ya se encuentran en preparación.

"Por ahora esta iniciativa tiene la finalidad de lograr los siguientes tres objetivos:

"Precisar la facultad que tiene la Junta de Coordinación Política para conocer el estado que guardan las finanzas de la Cámara, así como para que se analice y evalúe la ejecución del presupuesto.

"Incrementar de 36 a 38 el número de comisiones ordinarias enlistadas en el artículo 39 de la Ley Orgánica, creando una Comisión de Seguridad Pública y otra de Desarrollo Metropolitano. A la vez que se propone modificar la denominación de otras dos comisiones. De aprobarse esta reforma quedarían un total de 42 comisiones ordinarias.

"Establecer las reglas básicas para solucionar los casos de empate en las votaciones de las comisiones, salvo en los asuntos de carácter procedimental que algunas de ellas atienden cuando resuelven asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades o bien en materia de juicio político y declaración de procedencia.

"Crear el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, cuya existencia no se encuentra prevista en el Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General vigente.

"La propuesta de clarificar la competencia que tiene la Junta de Coordinación Política para analizar y evaluar el estado de las finanzas de la Cámara, con base en los informes que le entregue la Secretaría General, encuentra su justificación en el artículo 3º Transitorio, fracción iV, inciso a), de la Ley Orgánica vigente, que previene que los asuntos que estaban a cargo del Comité de Administración previsto en la anterior ley quedarán a cargo de la Junta de Coordinación Política.

"Por lo que se refiere a la propuesta de esta iniciativa relacionada con el número y denominación de las comisiones, se trata de dotar a la Cámara de órganos internos, responsabilizados de la materia concerniente a la seguridad pública, a la cual la ciudadanía le atribuye importancia prioritaria entre sus demandas, cuya eficaz respuesta por parte del Estado depende en buena medida de los mecanismos legales y presupuestarios que corren a cargo, respectivamente, del Congreso General y de esta Cámara de Diputados.

"Por ser el deber primario e inmediato del órgano gubernamental dar seguridad a la población del país, se ha constituido en una preocupación central de la administración pública y de los legisladores. Por esta razón el Congreso reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y creó la Secretaría de Seguridad Pública, separando la materia correspondiente de la que atiende la Secretaría de Gobernación.

"Pese a ello en la Cámara de Diputados se mantuvo la denominación de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, lo que obligó a la LVIII Legislatura a constituir una Comisión Especial de Seguridad Pública a fin de darle singularidad y especialización al tratamiento legislativo de esta área.

"Como puede advertirse el conjunto de las asignaturas que deben ser atendidas al respecto justifica que en esta oportunidad se incorpore al listado de comisiones ordinarias la de Seguridad Pública, modificando con ello la denominación de la actual Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, para quedar solamente con el nombre de Comisión de Gobernación.

"Con finalidades similares de congruencia se propone el cambio de denominación de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial para designarla Comisión de Economía, dándole paralelismo con el nombre de la dependencia del gobierno federal correspondiente y a la que se mantienen como materias de su competencia las relativas a artesanías, comercio y patrimonio y fomento industrial, según lo dispone el cuadro correspondiente al inciso a) de la fracción IV del artículo 3º Transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

"Por otra parte, los grupos de trabajo y los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integramos esta Quincuagésima Novena Legislatura, consideramos de la mayor relevancia atender lo concerniente al fenómeno cada vez más recurrente en el país de la urbanización de las metrópolis, que trasciende los ámbitos del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, mostrando su presencia en varias otras ciudades de la República, en cada vez más entidades federativas.

"Esta preocupación no es reciente, pues Legislaturas anteriores han avizorado la integración de grupos dirigidos a atenderla y es compartida por la administración pública, el sector privado, los grupos y organizaciones interesados en el medio ambiente y el equilibrio ecológico, así como por los académicos, intelectuales e instituciones educativas y de investigación científica.

"La urbanización de las metrópolis es un fenómeno que distinguirá a nuestro siglo frente al cual nuestra Legislatura debe preparar sus mecanismos e instrumentos de atención, a fin de perfeccionar las medidas legislativas necesarias que permitan preservar y mejorar los recursos naturales y el medio ambiente, así como las relaciones entre el hombre, la naturaleza y su medio físico y social. Esto necesita de leyes debidamente sustentadas, que instrumenten diversas normas de nuestro texto constitucional. En tal afán se crea la Comisión Ordinaria de Desarrollo Metropolitano.

"La conformación numérica de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados, aunada a la necesidad de establecer alianzas y consensos para las votaciones en el pleno y el seno de las propias comisiones, permiten avizorar la posibilidad de empates al determinarse mediante el voto de los legisladores sus dictámenes y resoluciones. Esta muy probable circunstancia ocasionaría estancamiento o parálisis en la actividad legislativa lesivos para la eficacia del trabajo y la imagen de la Cámara, a lo que debemos responder con los procedimientos y mecanismos más sencillos pero suficientes que lo superen.

"El artículo 160 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo destinado a las votaciones, determina que si hubiere empate en las votaciones que no se refieran a la elección de personas, se repetirá la votación en la misma sesión y si resultare empate por segunda vez se discutirá y votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata, aunque la práctica parlamentaria puede permitir que las reglas aplicables al pleno rijan igualmente para las Comisiones.

El problema para estas no queda resuelto debidamente pues es previsible la persistencia de la decisión en grupos de menor número de miembros.

En razón de lo dicho, los que suscribimos esta Iniciativa consideramos necesario retomar en la Ley Orgánica textualmente el contenido del Artículo 160 del Reglamento antes citado, adicionando además, que en caso de persistir el empate, el asunto sea resuelto en el pleno, el cual contará con esta misma norma si dentro de él se refleja igualmente la paridad en los votos.

Todo lo que se expresa en este tema es fundamental para promover el acuerdo en la conformación de las Comisiones, pues se asegura que cualquiera sea el número de los integrantes de las mismas por cada grupo parlamentario se garantiza la eliminación de un mecanismo frecuente de retraso y obstrucción en el procedimiento legislativo.

Por lo que toca a la creación del Comité de Administración de la Cámara, es conveniente recordar que en su eliminación en la Ley vigente de la LVII Legislatura, se fundó en que la materia administrativa debería estar a cargo de la Junta de Coordinación Política, lo cual se desprende del Artículo 34 de la propia Ley que enumera sus atribuciones y del cuadro concerniente a las transparencias de materias y competencias entre los antiguos Comités y nuevos órganos o áreas que debian asumir sus tareas, el cual forma parte igualmente del Inciso A) de la Fracción IV del Artículo 3º. Transitorio de la Ley Orgánica.

La experiencia de la anterior Legislatura así como la importancia y diversidad de asuntos que obligadamente debe atender la Junta de Coordinación Política, órgano de dirección fundamental de la Cámara, son factores que aconsejan la necesidad de crear un órgano que la auxilie en la resolución de las complejas cuestiones de la Administración de este órgano legislativo, que recupere la vieja tradición del Comité de Administración pero que el mismo tiempo se vincule con la Junta quien tiene el poder administrativo originario como instrumento que le dé racionalidad, seguridad, eficacia, transparencia, rapidez, certeza y honradez a las secciones de este carácter.

Por último, aunque la Ley Orgánica actual otorga al pleno la facultad de integrar Comités, es de relevancia que el Comité de Administración que se propone, adquiera la permanencia que le proporciona su inclusión en la Ley en razón de la importancia de las materias a su cargo.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos Diputados Federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, sometemos a su consideración el siguiente Proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Título II de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO UNICO.- Se reforma y adiciona el Artículo 34º , se reforman las Fracciones de la V a la XXXVI y se adicionan dos Fracciones al Artículo 39, se adiciona un Numeral 7 al Artículo 45º y se reforma y adiciona el Artículo 46º, todos del Título II de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

ARTICULO 34º.- Inciso E) del número, del primero. Analizar y en su caso aprobar el Informe de Ejecución que reciba de la Secretaría General en donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara.

Inciso f): Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el anteproyecto de la parte relativa del estatuto por el cual se normará el servicio de carrera administrativo y financiero a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo.

Inciso g): Asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios.

Inciso h): Los demás que le atribuyan esta ley y/o los ordenamientos relativos.

ARTICULO 45.- Punto 7.- Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. En caso de empate en la votación de un proyecto de dictamen o resolución, deberá repetirse la votación en la misma sesión y si resultare empate por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata pero si aquél persistiere, el asunto será resuelto en definitiva por el Pleno, dando cuenta de ambas posiciones, escuchando a los oradores a favor y en contra que determine el Presidente de la Mesa Directiva y conforme a las reglas del debate que rigen a la Asamblea.

Los proyectos de dictamen de la sección instructora y los de las comisiones encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia, sólo pasarán al Pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos.

ARTICULO 46.- Punto número 3.- Para auxiliar a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas, habrá un Comité de Administración. El acuerdo de su creación será propuesto al Pleno por la Junta y deberá señalar su objeto, integración y atribuciones así como la directiva del Comité, cuya presidencia deberá recaer en un diputado del mismo grupo parlamentario de quien presida aquella.

Punto número 4.- A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno propondrá constituir grupos de amistad para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. Su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que se conformaron, pudiendo desde luego ser establecidos nuevamente por cada Legislatura.

TRANSITORIO: Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de septiembre del año 2003. Firman la diputada Elba Esther Gordillo Morales, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Francisco Barrio Terrazas coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Pablo Gómez Alvarez coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado Jorge Kahwagi Macari coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Alejandro González Yánez coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Jesús Martínez Alvarez coordinador del grupo parlamentario del Partido Convergencia.

De conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría consulte a la asamblea sí se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos...

-LA DIPUTADA MARIA ESTHER DE JESÚS SCHERMAN LEAÑO: Con una atenta solicitud, señor Presidente. En apego al artículo 25 del Reglamento en el que el mandato expreso de las atribuciones y de las responsabilidades de los secretarios y los prosecretarios, indica que las iniciativas deben de haber sido distribuidas, impresas.

Dice a la letra el 25 en su fracción IV: "Cuidar de que se impriman y circulen con toda oportunidad entre los diputados y senadores los dictámenes de las comisiones y las iniciativas que los motiven".

En la Gaceta solamente se nos informa que esto, que ha leído la Secretaría es de urgente y obvia resolución. Con un ruego a la Presidencia, los diputados no tenemos el documento, no se ha circulado y antes de proceder a la votación quisiéramos tenerlo en nuestras manos.

-EL PRESIDENTE: Diputada, efectivamente la Presidencia conoce el contenido del artículo 25 a que usted hace referencia y precisamente por ese motivo se está pidiendo consulta a la asamblea sí se le dispensan todos los trámites incluyendo al que usted hace referencia. La asamblea tomará la determinación si acepta que se le dispense o sencillamente se niega, por las razones que usted acaba de señalar.

LA SECRETARIA: Se consulta a la asamblea, si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y a votación de inmediato.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse igualmente de manifestarlo.

Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único que se ruega a la Secretaría se sirva dar lectura, del proyecto de decreto.

-LA SECRETARIA MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Se va a proceder a recoger la votación nominal...

-EL PRESIDENTE: Un momentito, Secretaria. Primero le da lectura al proyecto de decreto, al artículo único.

LA SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo único: se reforma y adiciona el artículo 34, se reforman las fracciones de la 5 a la 36 y se adicionan dos fracciones al artículo 39; se adiciona un numeral 7 al artículo 45 y se reforma y adiciona el artículo 46, todos del Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 34 del punto 1, inciso E: Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, en donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara.

Inciso F. Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, el anteproyecto de la parte relativa del estatuto por el cual se normará el servicio de carrera administrativo y financiero, a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo.

Inciso G. Asignar en los términos de esta ley los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios.

Artículo 39 de la fracción II: 1. Agricultura y Ganadería, 2. Asuntos Indígenas, 3. Atención a Grupos Vulnerables, 4. Ciencia y Tecnología, 5. Comunicaciones, 6. Cultura, 7. Defensa Nacional. 8. Desarrollo Metropolitano. 9. Desarrollo Rural. 10. Desarrollo Social. 11. Economía. 12. Educación Pública y Servicios Educativos. 13. Energía. 14. Equidad y Género. 15. Fomento Cooperativo y Economía Social. 16. Fortalecimiento al Federalismo. 17. Gobernación. 18. Hacienda y Crédito Público. 19. Justicia y Derechos Humanos. 20. Juventud y Deporte. 21. Marina. 22. Medio Ambiente y Recursos Naturales. 23. Participación Ciudadano. 24. Pesca. 25. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. 26. Presupuesto y Cuenta Pública. 27. Puntos Constitucionales. 28. Radio, Televisión y Cinematografía. 29. Recursos Hidráulicos. 30. Reforma Agraria. 31. Relaciones Exteriores. 32. Salud. 33. Seguridad Pública. 34. Seguridad Social. 35. Trabajo y Previsión Social. 36. Transportes. 37. Turismo y 38. Vivienda.

Artículo 44 del punto 6, numeral VII: Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. En caso de empate en la votación de un proyecto de dictamen o resolución, deberá repetirse la votación en la misma sesión y si resultare empate por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata, pero si aquel persistiere, el asunto será resuelto en definitiva por el pleno, dando cuenta de ambas posiciones, escuchando a los oradores a favor y en contra que determine el Presidente de la Mesa Directiva y conforme a las reglas de debate que rigen a la asamblea.

Los proyectos de dictamen de la Sección Instructora y los de las comisiones encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como los de juicio político y declaración de procedencia, sólo pasarán al pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos.

Artículo 46, numeral III: Para auxiliar a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas, habrá un Comité de Administración. El acuerdo de su creación será propuesto al pleno por la Junta y deberá señalar su objeto, integración y atribuciones, así como la directiva del Comité, cuya presidencia deberá recaer en un diputado del mismo grupo parlamentario de quien presida aquella.

Numeral IV: A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el pleno propondrá constituir grupos de amistad para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas, su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que se conformaron, pudiendo desde luego, ser establecidos nuevamente para cada Legislatura.

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federal.

Está a discusión en lo general y en lo particular, el artículo único del Proyecto de Decreto.

En virtud de que no se ha registrado ningún ciudadano diputado para hacer uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto en un solo acto.

LA SECRETARIA DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

-LA MISMA C SECRETARIA. Se pregunta ¿falta algún ciudadano Diputado de emitir su voto?

Se va a ´proceder a tomar la votación de los integrantes de la Mesa Directiva.

-LA C.SECRETARIA DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Se emitieron 463 votos en pro, uno en contra y una abstención.

-EL C. PRESIDENTE. Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por 463 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Título II de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

A esta Presidencia se hizo llegar, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios, una proposición con punto de acuerdo para que se adicione un punto quinto como alcance al documento con punto de acuerdo presentado en la sesión del 2 de septiembre sobre la creación de una comisión especial que dé seguimiento exhaustivo a las investigaciones que las autoridades competentes realizan, tendientes al esclarecimiento de los múltiples homicidios perpetrados contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a que asuma en la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio, OMC, la defensa de los intereses del sector rural de nuestro país en la discusión del capítulo agropecuario y solicitar al Poder Ejecutivo que los acuerdos y reglas que se adopten en la OMC sean vistos y sancionados por el Senado de la República.

Dentro de unos cuantos días se celebrará en Cancún, la Reunión de la Organización Mundial de Comercio; las resoluciones que ahí se tomen, indudablemente tendrán hondas repercusiones económicas y sociales en los países de desarrollo, particularmente en su sector agropecuario.

Como representantes populares, no podemos ni debemos estar ajenos a decisiones que afectan directamente la soberanía de nuestras naciones, por eso me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a que en la V Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, la delegación mexicana defienda:

1.- La eliminación de subsidios a las exportaciones agrícolas que realizan los países desarrollados, por la enorme distorsión que ocasionan en los precios internacionales de los productos agropecuarios y que están deteriorando en forma alarmante al campo mexicano.

2.- La reducción significativa de otros tipos de subsidios distorsionantes al comercio.

3.- La decisión soberana del Gobierno Mexicano de apoyar al sector rural y al campo para el incremento de la productividad y la superación de la pobreza.

4.- Que no se acepte la negociación en materia agropecuaria mientras no se acuerden fórmulas para eliminar las asimetrías que dejan fuera de la competencia a los países en vías de desarrollo.

5.- Que el sector campesino participe y sea consultado paso a paso, desde este momento, hasta la conclusión del proceso de negociación. Y,

6.- Que el Gobierno asegure todas las condiciones necesarias para que sea posible esa participación.

Es importante enriquecer los debates de ése trascendental Foro con la dolorosa experiencia de los campesinos mexicanos que han sido víctimas de los mecanismos que rigen el comercio internacional de productos del campo.

Nuestro país ingresó al GATT, antecesor directo de la OMC, en 1986. Los principios que dieron origen a esa decisión fueron implementar un sistema comercial basado en normas justas y equitativas liberalizando progresivamente los obstáculos arancelarios y no arancelarios, rechazando el proteccionismo y suprimiendo el trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales.

Sustentados en esos argumentos, en 1994 suscribimos con Canadá y Estados Unidos de América el TELECAN, con el propósito explícito entre otros, de promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. En ése mismo año, se firmó el Acuerdo Agrícola de la Ronda de Uruguay que constituye el marco normativo de la OMC.

Así, así se fue formando un círculo de hierro de diversos acuerdos que reducen el marco de autonomía del Gobierno para la toma de decisiones y empujan a los campesinos por el camino de la pobreza y sumisión, a los dictados de los países ricos y de las poderosas transnacionales que han hecho de los alimentos un gigantesco negocio desprovisto de ética y alejado de las necesidades de los pueblos.

Sabemos muy bien que en Cancún, aparte de las representaciones formales de los 142 gobiernos que integran la OMC, habrá un contingente conformado por más de 250 grupos de presión que defienden los intereses de las empresas trasnacionales más poderosas del mundo.

Nos preocupa cómo puedan influir éstos grupos en las decisiones que se tomen en materia de alimentación, subsidios, normas sanitarias y ambientales, control sobre las inversiones extranjeras y propiedad intelectual. Salvo honrosas excepciones, dudamos que estén representados legítima y cabalmente los intereses de los productores más pobres y necesitados, como es el caso de los campesinos que producen granos básicos en áreas de temporal y en economía de subsistencia; así quedan marginados de estos foros los más numerosos y los que sufren con mayor fuerza la pobreza, la dependencia y la ausencia o debilidad de los apoyos estatales.

Vemos con preocupación creciente señores diputados, el papel sustantivo que juega la OMC en la construcción del nuevo orden mundial, por eso los campesinos y los países pobres del mundo reclaman una OMC que no sea una caja de resonancia de los intereses hegemónicos de los países industrializados y de sus trasnacionales.

Queremos una OMC que mida los efectos de sus regulaciones sobre la población y la economía de los países pobres o en desarrollo. Queremos una OMC que no permita la paradoja de los países pobres, vendan con restricciones y los obliguen a comprar sin restricciones. Es necesario cambiar las reglas del juego que hasta ahora han prevalecido, ya no se puede permitir que domine en ese foro la agenda secreta de las trasnacionales y los intereses de los países ricos.

Por eso, con agrado saludamos con una actitud solidaria la decisión de los 16 países del tercer mundo que reclaman el cese definitivo de toda clase de subvenciones a las exportaciones, la reducción de las subvenciones que se otorgan a la producción y una mejora en el acceso a los mercados por parte de los productores de los países pobres.

La nueva propuesta aspira a reformar la agricultura para establecer un sistema comercial justo con la participación de los productores, procure armonizar los diversos intereses del mundo en desarrollo mediante la adopción del concepto de trato especial y diferenciado para estas naciones y de la autorización para aplicar disposiciones de protección, en caso de productos considerados estratégicos.

Si los subsidios de los países ricos no pueden suprimirse ni bajan sus barreras aduaneras y arancelarias para nuestros productos, no tiene sentido ningún acuerdo en Cancún que deje intacto o sólo disfrace el actual doping que los países ricos practican con sus políticas proteccionistas.

No podemos permitir que continué y aún se profundice una situación aberrante que, como lo señaló un ilustre diplomático brasileño, muestra la absurda situación que mientras más de la mitad de la población en el mundo vive con menos de dos salarios, dos dólares por día, las arcas de la Unión Europea reciben en promedio subsidios por 2.50 dólares por día, entregados por sus gobiernos.

Con las propuestas que he planteado a la consideración de esta soberanía, se solicite al Poder Ejecutivo Federal que los acuerdos y reglas que se adopten en la Organización Mundial de Comercio, dado su carácter obligatorio, sean vistos y sancionados por el Senado de la República, de acuerdo al artículo 133 de nuestra Constitución.

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. En tanto se designa la comisión, consérvese el documento en la Dirección de Proceso Legislativo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Secretario Ejecutivo del IPAB un informe detallado de las acciones que lleva a cabo para dar cumplimiento al exhorto que le hizo la Comisión Permanente el día 13 de agosto del presente año.

Señoras y señores diputados: Punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos solicite al Secretario Ejecutivo del IPAB un informe detallado de las acciones que lleva a cabo para dar cumplimiento al exhorto que le hizo la Comisión Permanente el 13 de agosto del presente año.

Antecedentes. El 13 de agosto del presente año, la Comisión Permanente del Congreso acordó, con el apoyo de todos los partidos políticos ahí representados, exhortar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, a cumplir de manera estricta el artículo 5º transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a fin de dar cumplimiento al mandato del Congreso como requisito previo para llevar a cabo el canje de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, llevada a cabo por el FOBAPROA.

Considerando: Primero. Que el exhorto realizado al IPAB en su artículo 2º señala que se debe de dar el debido procesamiento, tanto del informe Mackey como los llamados bankreport, así como también de los papeles de trabajo de los auditores que colaboraron con el canadiense Mackey.

Segundo. Que de manera adicional, en el exhorto al que se hace referencia se señala en su artículo 7º que el IPAB debe notificar en el ámbito de su responsabilidad a las autoridades competentes, sobre presuntas irregularidades, ilegalidades o irregularidades que se deriven de las auditorías que se realicen, así como de las observaciones que haya realizado la Auditoría Superior de la Federación en el análisis de la Cuenta Pública 2000 y 2001.

Tercero. Que el IPAB tiene en su poder tanto el Informe Mackey como los bankreport.

Cuarto. Que el IPAB reconoce las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación relativas a la Cuenta Pública del 2000 y 2001.

Quinto. Que es inaceptable que el Ejecutivo Federal esté destinando recursos para subsidiar las operaciones de los bancos, mientras descuida por ello la inversión social y productiva.

Sexto. Que el estricto cumplimiento del artículo 5º transitorio de la Ley del IPAB, así como de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, disminuirán el costo fiscal del rescate bancario y con ello la cantidad de recursos presupuestarios que año con año son destinados.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos solicite al Secretario Ejecutivo del IPAB un informe detallado de las acciones que lleva a cabo para dar cumplimiento al exhorto que la hizo la Comisión Permanente el 13 de agosto del presente año.

Segundo. Que el Secretario Ejecutivo del IPAB entregue a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación un exhaustivo análisis de los bankreport, así como el Informe Mackey.

Tercero.- Que el Secretario Ejecutivo del IPAB, entregue a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, un informe sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2000-2001.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se designa la Comisión, consérvese en la Dirección de Proceso Legislativo.

Tiene el uso de la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, para que el Gobierno Federal libere de manera inmediata los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, para atender la grave situación que afrontan los habitantes del Estado de Baja California Sur, por el paso del Huracán Ignacio.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para plantear el siguiente Punto de Acuerdo, para que sea considerado como de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes:

El Estado de Baja California Sur, fue azotado en días pasados por el Huracán "Ignacio", lo que ha provocado severos daños en toda la entidad. Recordemos que, desafortunadamente no es la primera vez que el pueblo subcaliforniano es víctima de fenómenos naturales de gran impacto.

En el 2001, la entidad fue severamente dañada por el Huracán "Julliete". El meteoro tuvo efectos durante los días del 22 al 27 de agosto del 2003, afectando a los cinco municipios de la entidad, que son: Comundú, Mulegé, La Paz, Los Cabos y Loreto.

El Gobierno Federal llevó a cabo una reunión de trabajo en la entidad, con los alcances de dichos municipios. Distintos delegados de las dependencias federales y titulares de las zonas militares, para efectuar una evaluación preliminar de los daños materiales causados por el Huracán "Ignacio" y emprender las acciones necesarios para atender los saldos del desastre natural.

De acuerdo a la información dada a conocer por la Presidencia de la República, se registran importantes daños en la infraestructura de comunicaciones de la entidad en un importante número de viviendas y comunidades rurales de distintos municipios, quedaron incomunicadas sin poder recibir de manera pronta la ayuda de los tres órdenes de gobierno.

Cabe destacar que las labores de reconstrucción que se emprendieron a raíz de los daños causados por el Huracán "Julliete", y que estaban a punto de concluirse, han sufrido nuevamente enormes perjuicios que en muchos casos se vuelve a la situación original que tenía en el 2001; podemos decir, que se tendrá que empezar de cero nuevamente.

En el campo se perdieron 2 mil hectáreas de cultivo de maíz y 500 hectáreas de hortalizas, lo que lesiona severamente a los productores de estos cultivos. Hasta el momento no hay una estimación del monto que representa esta pérdida.

El día primero de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre Natural para efectos de que sean liberados y aplicados los recursos del Fondo de Desastres Naturales, contemplados en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año.

Este es el primer paso formal para que el Gobierno Federal, en coordinación con el estatal, empiecen con las tareas de rescate y reconstrucción de los municipios de la entidad.

Por otra parte, tenemos conocimiento de que el Gobierno Federal ya inició acciones para las tareas de recuperación de carreteras, viviendas y la dotación de víveres para las poblaciones afectadas, medidas que no son suficientes para atender de manera integral todos los problemas derivados de los daños causados por el Huracán "Ignacio".

De acuerdo al boletín emitido por el área de comunicación de la Presidencia de la República, de fecha 28 de agosto del 2003, señala que la Secretaría de Desarrollo Social destinó 5 millones de pesos, 3 de los cuales son para el programa de empleo temporal y 2 millones para mejoramiento y recuperación de vivienda. Este monto es mínimo, considerando que los daños se registraron prácticamente en todo el estado.

Como lo constan los hechos reseñados, la situación en Baja California Sur, es complicada, por ello es necesario que esta soberanía y dentro de las atribuciones que la ley le confiere, solicite la inmediata liberación de recursos públicos para atender a las familias damnificadas y para reparar los daños causados en la entidad.

En legislaturas anteriores hemos discutido en el seno de esta Honorable Asamblea, las desgracias que han lastimado a otras entidades de la República Mexicana, baste recordar los daños causados por el huracán "Paulina" en Guerrero, para saber por lo que está pasando el pueblo surcaliforniano.

Para los diputados integrantes de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara y abajo firmantes, es impostergable la necesidad de que el Ejecutivo Federal, a través de las dependencias encargadas de cuantificar los daños, actúe de manera pronta para tener el monto total de dichos daños y éstos sean financiados por medio de recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Artículo Unico. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de gobernación, libere de inmediato los recursos necesarios a cargo del FONDEN para atender las contingencias y los daños en los municipios y comunidades afectadas por el huracán "Ignacio" en el estado de Baja California Sur.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de septiembre del 2003.

Alejandro González Yánez, Partido del Trabajo; Pedro Vázquez, Partido del Trabajo; diputado Jesús Martínez de Convergencia, diputado Isidro Camarillo Zavala, Acción Nacional; diputado Luis Maldonado de Convergencia, diputado Jorge Legorreta Ordorica del Verde Ecologista, diputado Narciso Agundez del PRD, diputado Francisco Javier Obregón del PRD, Adrián Chávez Ruiz también del PRD, Pablo Gómez, PRD; Inti Muñoz, PRD; Estela Ponce del PRI, Francisco Amadeo Espinosa, Partido del Trabajo; Manuel Velasco Coello del Verde Ecologista, Elba Garfias, PRD; Gilberto Ensástiga, PRD; Pablo Franco, PRD, José Alberto Aguilar, PRI y el de la voz, Joel Padilla Peña.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALIN YABIR ELIAS.- En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Por el Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Narciso Agundez Montaño y por el Partido Acción Nacional, el diputado Isidro Camarillo Zavala y la diputada Estela Ponce por el Partido Revolucionario Institucional.

Señoras y señores, antes de conceder el uso de la palabra a los señores oradores, quiero expresarles que en los términos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Conferencia para la Dirección de los trabajos legislativos de esta Cámara, tomó el acuerdo de que las intervenciones de los señores oradores no tengan una duración mayor a los 10 minutos, en tanto se toman los acuerdos correspondientes a éste y otros asuntos para el resto de los trabajos durante el período.

No quiero pasar por alto este acuerdo de la Conferencia y rogamos a los señores oradores se ciñan al tiempo indicado.

Tiene el uso de la palabra por el Partido de la Revolución Democrática el diputado Narciso Agundez Montaño.

-EL C. DIPUTADO NARCISO AGUNDEZ MONTAÑO: Con la venia señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Mi postura sobre el Punto de Acuerdo sobre la agilización de los recursos del Fonden para el Estado de Baja California Sur por la afectación del huracán Ignacio, decirles que en 2001 tuvimos una amarga experiencia con la Secretaría de Gobernación y con la Dirección General de Protección Civil, que después de haber analizado, de haber acordado el monto de los daños ocasionados por el huracán Juliet en el 2001, después de once meses comenzaron a fluir los recursos económicos, sin embargo el municipio de Los Cabos, de la Paz, no tenía los recursos económicos para resarcir los daños ocasionados.

Nos sumamos a este planteamiento del Partido del Trabajo, pero también hemos acordado los seis diputados de Baja California Sur sumarnos a este Punto de Acuerdo, y solicitamos al Ejecutivo federal para que simplifique el mecanismo para accesar a los recursos económicos y darle una respuesta inmediata a la subcalifornianos, principalmente al municipio de Comondú, de Loreto, de La Paz y de Los Cabos.

Como fracción parlamentaria del PRD estamos pues proponiendo la agilización de los recursos.

-EL C. DIPUTADO ISIDRO CAMARILLO ZABALA: Con su venia señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. En días recientes el Estado de Baja California Sur fue azotado por el huracán Ignacio, causando severos daños en toda la entidad.

Las precipitaciones pluviales ocasionaron el desbordamiento de arroyos así como la inundación en varias zonas urbanas, lo que tuvo como consecuencia que muchas viviendas resultaran seriamente dañas, por su fuera poco las elevadas corrientes de agua causaron graves daños en el sector agrícola, ocasionando una fuerte pérdida a los agricultores de la entidad, principalmente en la zona del Valle de Santo Domingo, el municipio de Comondú, donde se perdieron innumerables cultivos, lo que representa una gran pérdida económica para mi municipio.

Es importante señalar que previa a la llegada del huracán mencionado, el Ejecutivo federal emitió 45 boletines con el objetivo de alertar a la población civil y de tomar las acciones preventivas necesarias.

El 23 de agosto, es decir tres días previos a la llegada del huracán, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Los Cabos y La Paz. Dos días después se emitió una segunda declaratoria para los municipios de Loreto y Comondú.

De tal forma que de manera inmediata se ejercieron los recursos del fondo revolvente del FONDEN para la adquisición de productos de primera necesidad. A la fecha se han ejercido aproximadamente 16.5 millones de pesos del FONDEN en su fondo revolvente, lo que ha permitido adquirir y distribuir 23 mil despensas, 72 mil láminas de cartón, 5 mil cobertores, 5 mil colchonetas y 12 mil litros de agua entre otros.

De estos 16.5 millones de pesos 7.5 millones han sido destinados para adquisición de medicinas de emergencia y material desinfectante, con el fin de prevenir riesgos de cualquier tipo de epidemia que afecte la salud de la población, como el latente problema del dengue en la entidad.

Quiero precisar que el ejercicio de estos recursos puede constatarse con los documentos de declaratorias emitidas y con las autoridades del gobierno de Baja California Sur. Por lo que la Secretaría de Gobernación ha tenido una actuación oportuna.

Los diputados de Acción Nacional estamos conscientes y compartimos la preocupación tanto de la población civil como de nuestros compañeros legisladores, de que deben de seguirse realizando acciones para atender los daños causados por el huracán "Ignacio".

Con el propósito de dar cumplimiento a la instrucción del Presidente de la República, se agilizaron los trámites para emitir la declaratoria de desastre, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 1o. de septiembre.

En este tenor de atención oportuna, para el día martes 2 de septiembre el Comité de Evaluación de Daños presentó una valoración preliminar de los mismos. En este sentido se espera que en los días siguientes concluya la cuantificación total del desastre y de inmediato se liberen los recursos del fideicomiso FONDEN.

Sin embargo, coincidimos y apoyamos la postura de nuestros compañeros legisladores para que el Ejecutivo Federal a través de las dependencias encargadas de evaluar los daños, actúen de manera inmediata para finalizar esta cuantificación de tal forma que los daños causados por el huracán "Ignacio" puedan ser saneados a la brevedad posible.

En congruencia con lo antes expuesto, los diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional, nos pronunciamos por seguir apoyando a la población civil que se vio afectada por el huracán "Ignacio" en el Estado de Baja California Sur.

De igual manera insistimos en agilizar el proceso de evaluación de los daños causados por el fenómeno, a fin de que los recursos del FONDEN lleguen a sus destinatarios de manera oportuna.

Estas acciones representan parte del compromiso que hemos adquirido con la sociedad mexicana. Hagámosle entonces frente con la celeridad que se requiere.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Estela Ponce Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional.

-DIP. ESTELA PONCE BELTRAN: Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Antes que nada quiero aprovecha esta alta tribuna para expresar nuestra solidaridad sincera a mis paisanos sudcalifornianos, por los difíciles momentos de emergencia social que actualmente padecen con motivo del paso del huracán "Ignacio".

Los devastadores efectos del meteoro han causado severos daños a tantas cosas y a tantas gentes que a mi Estado le demandó muchos años construir y que ahora ante esta situación de emergencia, requieren de nuestra pronta atención.

A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, quiero fijar nuestra postura de total respaldo a la moción elevada ante esta alta soberanía, por los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz.

Queremos reiterar que es muy necesario que se apoye este punto de acuerdo para continuar con la reconstrucción de nuestro gran Estado. Ante este escenario tan preocupante y abrumador, resultado innegable y oportuna la declaración que se hizo por parte del Gobierno Federal, de declarar zona de desastre Baja California Sur, pero solicitamos exigimos que a la mayor brevedad posible sean liberados los recursos económicos suficientes por parte del Fonden y se brinde al pueblo de Baja California Sur la oportunidad de por lo menos paliar un poco el sufrimiento causado por este desastre natural.

Haciendo eco de la solicitud ya presentada, solicitamos y reiteramos que es necesario que se agilicen estos procedimientos para que ni los trámites ni el burocratismo retrasen la tan necesaria ayuda económica que la situación de emergencia demanda.

Reiteramos por ello que sean agilizados estos trámites y que el Fonden sea canalizado en el menor tiempo posible.

Tenemos conocimiento de que han sido constituidas ya una serie de comités especiales y que habrán de presentar una evaluación de los daños. Queremos que el gobierno federal no minimice las expectativas que estamos esperando en Baja California Sur, pero también queremos decir que habremos de estar pendientes de que los recursos sean canalizados debidamente a las gentes que lo necesitan y a los entornos productivos que requieren reactivarse.

Demandamos también que el Fonden se convierta a futuro en una menor prospectiva para generar mayores apoyos y con menores trámites burocráticos, como ya lo hemos expresado.

Consideramos fundamental que se jerarquicen las prioridades y que los legisladores federales podamos sumarnos a las comisiones de evaluación que ya están conformadas por los funcionarios estatales.

Para finalizar mi intervención quiero por último reconocer la entereza y reciedumbre de los habitantes de Baja California Sur frente a ésta que ha sido una prueba más que la madre naturaleza nos ha impuesto, como muchas otras pruebas que ya hemos enfrentado en el pasado y que han puesto también a prueba nuestra capacidad y fortaleza como pueblo.

Hoy estoy segura que sudcalifornia, una vez más, sabrá enfrentar con éxito el desafío de recuperarse de este trauma social y de volver a construir su propia grandeza, por lo cual, amigos legisladores, amigas legisladores, necesitamos su apoyo solidario, pero sobre todo el apoyo solidario de todo México. Muchas gracias. (Aplausos).

Se concede el uso de la palabra al señor diputado don Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México.

EL C. DIPUTADO JORGE LEGORRETA ORDORICA: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: de manera intempestiva, la temporada de huracanes ha afectado durante los últimos dos lustros y de manera cíclica a nuestra República.

Desde el desastroso paso de Gilberto por Cancún, en 1991, pasando por el azote que Pauline ocasionó en 1997 en las colonias populares de Acapulco, donde resultaron afectadas poblaciones de Guerrero y Oaxaca, hasta el desastre que el Mitch ocasionó en Chiapas y Centroamérica.

En lo particular, en la península de Baja California, desde que entró un proceso de urbanización y de desarrollo de complejos turísticos, se ha visto notablemente golpeada por los huracanes Juliet e Ignacio, sucesivos en los últimos años.

Durante los días 24 al 26 de agosto del año en curso, Baja California Sur fue severamente golpeado por el huracán Ignacio, que impactó a cuatro de los cinco municipios que integran Baja California Sur: Loreto, Conmundú, Los Cabos y La Paz.

En los primeros días se dio a conocer que el saldo que había dejado el huracán Ignacio en cuanto a vidas humanas había sido blanco; sin embargo, de acuerdo con el gobernador de la entidad, Leonel Cota Montaño, la zona por donde pasó Ignacio se encuentra totalmente devastada, ya que los saldos materiales fuieron considerables.

El mayor daño registrado fue en zonas marginadas y populares, donde se dañaron una cantidad considerable de viviendas y donde algunas perdieron desde los techos hasta pérdidas totales.

A su vez, la situación de aislamiento en el cual se encontraron los habitantes no permitió que la ayuda proporcionada por las instituciones de gobierno y de la población civil llegaran rápidamente, ya que el daño provocado a la infraestructura de transporte en la entidad fue muy grave y sólo se pudo llegar a las poblaciones inundadas días después del desastre.

Por otro lado la aplicación del Plan DN-III por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, coadyuvó a minimizar las penurias y los riesgos a la población.

Cabe destacar también la respuesta que de manera gradual desplegaron el IMSS y la Secretaría de Desarrollo Social, movilizando rápidamente a sus fuerzas de apoyo a la población.

De hecho fue necesario dar albergue a cinco mil personas que por daños materiales sufridos se quedaron sin techo.

Es por esto que el gobernador del estado, así como los presidentes municipales, solicitaron al Presidente de la República apoyo con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, con el fin de que la población afectada pueda reconstruir sus casas.

En la zona serrana de Baja California Sur, también se registraron inundaciones que dejaron incomunicadas a pequeñas poblaciones.

Uno de los casos más graves fue en el municipio de Comondú, ubicado a 200 kilómetros al norte de La Paz, donde habitan 60 mil personas.

Comondú recibió al huracán convertido ya en depresión tropical, lo que generó que no se presentaran pérdidas humanas.

Estas lluvias generaron inundaciones y daños en viviendas y se cortaron las vías de comunicación terrestre.

No obstante las condiciones más difíciles las registraron las comunidades de la Poza Grande, San Miguel, San José de Comondú y Villa Hidalgo.

Afectaciones serias en algunas colonias de Ciudad Constitución, del municipio de La Paz, requieren de obras hidráulicas y de materiales de construcción para reparar los distintos daños generados en viviendas.

En cuanto al turismo que visita la región, el huracán Ignacio provocó que las aerolíneas cancelaran sus vuelos como consecuencia del clima y las cadenas hoteleras vieron pospuestas todas sus reservaciones de la última semana de agosto, acorde a los datos que proporcionó Maribel Colins, Secretaría de Turismo del estado.

El reporte enviado por Miguel Torruco Márquez, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, afirmó que en Los Cabos fue cerrado el aeropuerto por lo que no pudieron llegar 25 vuelos procedentes de diversos destinos. En los hoteles hubo una ocupación del 50 %.

Por lo que en cuanto al turismo las pérdidas económicas van a ser representativas debido a que Los Cabos es el cuarto destino turístico más importante del país, con una recepción de un millón y medio de visitantes al año, lo cual se presentará a pesar de que la infraestructura no sufrió ningún daño.

Respecto a la prevención y control de brotes de enfermedades provocadas por piquetes de moscos, fueron inmunizadas en total 6 mil hectáreas en siete localidades de los municipios de Los Cabos, La Paz y Comondú, donde se trataron 60 mil viviendas y se controlaron por medios físicos y químicos 103 mil criaderos.

La Secretaría de Salud Federal envió brigadas para realizar acciones de vigilancia sanitaria en apoyo a la población afectada en Los Cabos; determinó trasladar a la población en riesgo a diez refugios temporales en donde se encuentran albergadas más de 500 personas.

No se notificaron daños en la infraestructura de salud, por lo que se garantiza la atención médica gratuita las 24 horas y el abasto suficiente de medicamentos.

En las unidades de salud y los refugios temporales, se han registrado 120 consultas de las cuales el 20 % corresponden a enfermedades respiratorias agudas, 17.5 % a traumatismos, 5 % a enfermedades diarreicas agudas, 4.2 % a dermatosis y 0.8 % a conjuntivitis y parasitosis..

Ahora bien, durante la última década los desastres naturales han demostrado la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a fenómenos naturales.

Nuestro país está siendo cada vez más amenazado por desastres naturales que están teniendo consecuencias sociales económicas y medioambientales seriamente negativas para todos.

Ambientalmente las repercusiones del huracán pueden traducirse en erosión del suelo por causa de las inundaciones de hasta 38 centímetros de lluvia y de los deslaves seguidos por la tormenta.

De igual forma la pérdida de la zona costera hace más vulnerable a la región en cuanto a futuros desastres.

Asimismo la disposición y distribución de agua potable se está viendo mermada, debido a la afectación de vías de distribución de la misma y a la contaminación de las reservas con agua no potable.

En materia de salud es necesario promover la vigilancia sanitaria a fin de evitar brotes de enfermedades, las cuales aún no se presentan.

Las tormentas tropicales y los huracanes, se han vuelto más frecuentes, causando mayores daños a los edificios, infraestructura hidráulica y la vegetación de islas, playas, manglares y zonas costeras.

El clima está en peligro; el clima nos está poniendo en peligro. Hace 30 años muchos de estos sucesos metereológicos no eran noticias relevantes al azotar zonas que por lo general estaban deshabitadas.

Ahora dado el aumento de asentamientos humanos en zonas vírgenes y la expansión de destinos turísticos en ambas costas y en las penínsulas de Baja California y de Yucatán a la amenaza a la población se suma un golpe severo a la ocupación hotelera y al turismo.

También tenemos que muchos huracanes llegan a causar la destrucción masiva de habitats. Siempre será difícil calcular el daño ecológico causado por los desastres naturales. No obstante, es necesario que de manera paralela a las tareas de protección civil se avance en un esquema de reparación y medidas de restauración del equilibrio ecológico, máxime que muchas de las zonas viven y se sostienen de la diversidad ecológica y de sus bondades.

Finalmente, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera que cabría también disponer una parte de la ayuda financiera para la evaluación y recuperación de las áreas naturales protegidas del Vizcaíno, afectadas por este fenómeno natural.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, señor Diputado.

En este tema se ha concedido el uso de la palabra, para leer la proposición, al diputado Joel Padilla Peña y han intervenido en la discusión la señora y los señores diputados Narciso Agundez Montaño, Isidro Camarillo Zavala, Estela Ponce Beltrán y Jorge Legorreta Ordorica.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutida la proposición.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMALÍN YABUR ELÍAS (PRI): En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMALÍN YABUR ELÍAS: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado Francisco Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al caso del ciudadano Lorenzo Llona Olalde.

- EL C. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER SAUCEDO PÉREZ (PRD): Con su permiso, señor Presidente.

"Vengo a traer una proposición de punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo la liberación del ciudadano vascomexicano Lorenzo Llona Olalde.

"El ciudadano mexicano de origen vasco Lorenzo Llona Olalde fue detenido el pasado día 26 de abril en la ciudad de Zacatecas, donde vivía y trabajaba. Se le acusa de haber cometido una acción armada que costó la vida de tres personas dentro de la organización ETA en España, en el año de 1981.

"Lorenzo Llona Olalde llegó a nuestro país el 19 de noviembre de 1980, se refugió como otros miles de vascos de la represión del gobierno español, la tortura, la cárcel, los grupos paramilitares. En México comenzó una nueva vida. Se casó con una mexicana en 1982, tuvo tres hijos mexicanos y en 1993 obtuvo la nacionalidad.

"La entrada en el país, como lo ha sido toda su estancia, fue totalmente legal. El pasado mes de marzo Lorenzo Llona recibió la visita de policías españoles y mexicanos, que lo presionaron para que colaborara con ellos en proporcionarles información sobre el grupo de exiliados políticos que residen en México. Lorenzo Llona se negó y le advirtieron que esa respuesta tendría consecuencias funestas para él y su familia. La amenaza se cumplió el 26 de abril con su detención.

"A Lorenzo Llona Olalde se le acusa de haber participado en una acción que nunca pudo haber cometido, pues se hallaba en México cuando ocurrieron los hechos que se le imputan. Cuenta con todos los documentos que acreditan su estancia en el país en la misma fecha en que era llevada a cabo la acción armada en el pueblo de Tolosa, España; ésta se produjo el 24 de junio de 1981, misma fecha en que a Lorenzo le fueron expedidos los recibos para la obtención del formado FM3. Lorenzo realizó el pago en persona el 25 de junio de 1981, a raíz de una notificación del 29 de mayo de 1981. Migración hizo esta notificación a Lorenzo Llona Olalde en Querétaro y le comunicaba que ya estaba la autorización para que trabajara en el país y que debía realizar los pagos correspondientes.

"Ese mismo día, aprovechando su viaje de Querétaro al Distrito Federal, realizó trámites en la Secretaría de Hacienda y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Su esposa ha localizado a media docena de personas entre jefes y compañeros de trabajo que confirman la obtención de un empleo como gerente de ventas en una maderería que comerciaba en el Bajío y que están dispuestas a testificar que se presentó todos los días a trabajar sin ausentarse.

"La detención de Lorenzo y la petición de extradición enviada por el gobierno español son injustificadas.

"La defensa de Lorenzo Llona Olalde ha presentado ya una solicitud de amparo contra la decisión del Juez de lo Penal, licenciado Ranulfo Castillo, que en días pasados decidió dar el visto bueno a la petición de extradición por parte de las autoridades españolas.

"La defensa ha exhortado al presidente Vicente Fox a que no ejecute la orden de extradición.

"El proceso de extradición contra Lorenzo Llona se encuentra en fase definitoria. El caso está ahora en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que deberá decidir en los próximos días.

"En estos momentos podemos confiar en que se estime el recurso interpuesto en favor del preso político y se analicen al detalle las pruebas de descargo presentadas y que el juez no tomó en cuenta. En esos documentos aparece incluso su huella digital.

"De conformidad con el artículo 7 del Tratado de Extradición celebrado entre México y España, el Presidente de la República está facultado para impedir que un connacional sea extraditado si lo considera conveniente. Por ello, a través de este punto de acuerdo nos dirigimos directamente al presidente Vicente Fox.

"De concretarse la extradición de Lorenzo Llona, nuestro país estaría cediendo parte importante de su soberanía ante la presión del gobierno español.

"Cada día que pasa la justicia mexicana se resquebraja, pues mantiene preso a un ciudadano mexicano por naturalización sin juicio alguno.

"Por lo antes expuesto, los firmantes, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía el siguiente:

"Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de la Unión para detener el proceso de extradición del ciudadano Lorenzo Llona Olalde, de conformidad con el artículo 7 del Tratado de Extradición celebrado entre los gobiernos de México y España y que por consecuencia traería su inmediata libertad.

"Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, firman: Dip. Francisco Saucedo Pérez, el de la voz; Dip. Pablo Gómez Alvarez; Dip. Eduardo Espinosa, Dip. Iván García Solís; Dip. Eliana García; Dip. Rocío Sánchez".

"Por el Partido del Trabajo: Alejandro González Yánez, Pedro Vázquez González y más firmas de compañeros Diputados del PT, por el Grupo Parlamentario de Convergencia, Jesús Martínez Alvarez, Luis Maldonado Venegas, más firmas del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En tanto se designa a la Comisión, consérvese en la Dirección de Proceso Legislativo.

En el siguiente punto de la Orden del Día, se harán comentarios respecto a la Resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 3 de Septiembre de 2003.

Se han registrado para intervenir en este tema, los siguientes señores Diputados: Manuel Velasco Coello del Partido Verde Ecologista de México: Luis Maldonado Venegas del Partido de Convergencia; Francisco Amadeo Espinosa ramos, del Partido del Trabajo; Horacio Duarte Olivares del Partido de la Revolución Democrática; Rubén Mendoza Ayala del Partido Acción Nacional y Rebeca Godínez y Bravo del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia tiene el uso de la palabra, el Diputado Manuel Velasco Coello del Partido Verde Ecologista de México hasta por diez minutos.

--EL C. DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO. Con la venia de la Presidencia. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros Diputados. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hace uso de esta tribuna para denunciar los ultrajes que hemos padecido los militantes del Partido Verde, por culpa de un Gobierno títere, de ultraderecha revanchista y enajenada de poder. Ultrajes que han sido perpetuados sistemáticamente por los círculos de poder, amparados por la perversa complicidad de la Presidencia de la República.

El día de ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió de manera incongruente y sin apego a Derecho, un juicio que afecta sensiblemente la vida democrática del país y particularmente al partido que represento en este Congreso por mandato popular.

A nivel procedimental, la Resolución emanada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es insólita, quizá parecida a la resentida por otro partido político aquí representado y en la cual, con base en presunciones y sin estricto apego al principio de legalidad lo sancionó económicamente causando una grave afectación a sus intereses por situarse esta en tiempos electorales y con la complacencia presumible del Ejecutivo Federal y de la entonces extinta Contraloría de la Federación. (aplausos)

El Tribunal Electoral tiende a una marcada complicidad con el Ejecutivo para afectar a todos aquellos que no responden a sus intereses como lo somos todos los partidos de oposición al régimen.

Hacemos del conocimiento público que anteriores Resoluciones de dicho Tribunal no han manifestado ninguna inconstitucionalidad en los Estatutos del Partido Verde, situación que merece la sospecha y un reclamo ante la ligereza de interpretación jurídica del Tribunal Electoral.

Censuramos la causa que motivaron estas penosas situaciones y por las que nos vemos obligados a hacer un claro pronunciamiento acerca de la necesidad de proteger el mandato popular que le otorgó al Partido Verde el 7% de la votación nacional respetando los derechos cívicos de todos los ciudadanos.

Estamos en presencia de un asunto sumamente grave, lo ocurrido ayer no es ni más ni menos que un espectáculo más de las autoridades electorales y no es el único sino que ha habido antecedentes en diversas resoluciones en las cuales, sin acatar la legalidad y el deber de juzgar con la ley y la razón, se realizan con intereses y complicidades con otro poder; por ello, tengo que hacer una censura ante la parcialidad en estas instituciones y demostrar que el estado de derecho puede ser defendido en cualquier circunstancia.

Es el momento de acotar las ilegalidades, es el momento de excluir cualquier facultad meta constitucional en estos órganos para que se dignifique la justicia y para que sea posible el Estado e imperio del derecho.

Los magistrados deben responder oportunamente a las expectativas que ha depositado la ciudadanía en los órganos encargados de vigilar y procurar el correcto desarrollo de la actividad democrática y no provocar incertidumbre donde ya existe certeza y no debilitar el imperio de la justicia y legalidad ante la facilidad de responder a intereses políticos.

La nula capacidad del Gobierno para concretar los pocos proyectos que propone, le ha provocado dirigir sus ataques en contra del partido político menos sancionado por las autoridades electorales. Ensuciando al más limpio en el juego democrático, pretende disimular sus ineptitudes y diferencias internas.

Lo paradójico del caso que enfrentamos el día de hoy, es que cuando se consideraba extintos los vicios del pasado, surgen nuevos ataques con tintes de revanchismo a través del Presidente del Tribunal Electoral el cual ha inducido a sus compañeros en la parcialidad para sus determinaciones.

Denunciamos la falta de capacidad jurídica del Tribunal, el cual se asignó atribuciones fuera de su ámbito y marco jurídico para agraviar al primero de una lista de opositores al Gobierno.

De igual forma, no debe pasar desapercibido que ese Tribunal, de manera por demás absurda y antijurídica, rechazara los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, los cuales cumplen con todos los extremos a los que se refiere el artículo 38, párrafo primero del Código Federal de Institutos y Procedimientos Electorales. (aplausos)

La pretensión de pisotear por esta vía los estatutos del Partido Verde, es irracional porque de conformidad con todos los ordenamientos legales aplicables, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carece de facultades para revisar y resolver la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral en materia de aprobación de modificaciones a los estatutos de los partidos políticos.

El pretender que los órganos jurisdiccionales deban dictar una sentencia de nulidad en contra de un acto de autoridad, sería tanto como dar facultad a cualquier gobernado de que impugne cualquier acto de autoridad sin tener el menor interés –ya no digamos jurídico- para demandar la acción de los tribunales. El permitir que se consoliden espacios de parcialidad, conlleva a un estado de indefensión para los actores políticos del derecho electoral y a la impunidad por parte de las autoridades.

Por ello, el Partido Verde Ecologista de México denuncia estas ilegalidades cotidianas de cara a todos y cada uno de los ciudadanos que favorecieron con su sufragio lo que nos lleva a afirmar que tenemos dignidad democrática. (aplausos)

De esta forma, el Partido Verde Ecologista de México documentará la clara violación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Ley Electoral y su clara intención de influir en la vida interna de los partidos políticos. Por esa causa, estamos analizando con toda seriedad presentar una solicitud de juicio político en contra de los magistrados de ése Tribunal.

La ley debe aplicarse y no debe usarse para esconder el fracaso y la inoperancia. El Tribunal Electoral ha privilegiado el uso político en sus determinaciones, en lugar de aplicar la justicia, la ley y el derecho. El Partido Verde Ecologista de México seguirá luchando por los valores que le han dado prestigio en la lucha política por un México sustentable.

A los que, con invenciones y conspiraciones nos quieren socavar, les decimos que midan sus embates, porque no cederemos ante las calumnias y las falsas acusaciones que sólo buscan desestabilizar la contienda democrática. Muchas gracias.

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Maldonado Venegas del Partido de Convergencia.

Ante los cada vez más frecuentes ejemplos de interpretación jurídica, exégesis y sianalogía de la letra de los ordenamientos electorales, que actualmente rigen la creación y desarrollo de los partidos políticos nacionales, la posición de Convergencia ha sido clara, congruente y consecuente con sus documentos fundamentales, con su plataforma electoral y con la agenda legislativa que impulsaremos ante esta soberanía.

No se trata de un hecho aislado, no sólo es el asunto que nos ocupa en esta sesión, sino muchos otros casos previos, en los que los resolutivos de diversas instancias legales han bordeado los linderos de la vida interna de prácticamente todos los partidos políticos nacionales con registro, amenazando así la certidumbre jurídica y con frecuencia la cohesión y desarrollo interno de estas instituciones de interés público.

Se argumenta como razón suficiente las generalidades, imprecisiones y lagunas de nuestra legislación secundaria, pero lo anterior no puede ser subsanado en forma supletoria, indefinida y recurrentemente por los resolutivos judiciales o por los órganos de administración y vigilancia de los procesos electorales.

Por ello, Convergencia ha sostenido la necesidad imperiosa de una Ley General de Partidos Políticos, que regule a estas instituciones como intermediarios organizativos y de expresión de los derechos ciudadanos originarios. La transición democrática en el sentir del grupo parlamentario de Convergencia, está incompleta sin una ley de esta naturaleza que sirva como vía legal para ampliar y precisar el régimen de transparencia en el manejo de los recursos públicos, que se destinan actualmente al financiamiento y operación de los partidos políticos, para que cada partido esté obligado expresamente y puntualmente a informar con detalle cuánto y en qué gasto, no sólo al IFE, sino a sus militantes, electores, y a la ciudadanía en general.

Para que cada partido deba dar cuenta de quiénes son sus militantes regulados por la ley, la afiliación y desafiliación, así como sus derechos y obligaciones fundamentales, para que esta ley permita también, expresamente que los partidos tengan una vida interna democrática con reglas claras, legalmente establecidas en las que se representen sus derechos en la toma interna de decisiones, en la postulación de candidatos y en la elección de dirigentes.

Una ley de partidos políticos que fije y defina reglas claras para que la vida interna de estos partidos sea congruente con el respeto a los derechos constitucionales, los derechos humanos y los procedimientos democráticos básicos; una ley de partidos políticos que fije la obligación de difundir con verdadero alcance nacional sus plataformas y programas, sus diagnósticos y sus propuestas; una ley que regule la organización de partidos con membresía de alcance estatal o regional; una ley que regule el proceso de liquidación patrimonial de los partidos que pierdan su registro o sean disueltos por acuerdo de su militancia.

El avance del proceso democrático reclama en suma una ley de partidos políticos distinta a las leyes y disposiciones que actualmente regulan el procedimiento electoral. Lo que urge corregir hoy día es principalmente el agente de articulación del voto a los partidos políticos nacionales.

Por ahora, señoras y señores diputados, como fracción parlamentaria nos solidarizamos con las preocupaciones que hoy afectan a la vida interna de uno de los seis partidos políticos con registro nacional, pero hacemos un llamado a esta soberanía para superar estos riesgos y amenazas con la construcción de los acuerdos y consensos necesarios para la definitiva e inaplazable aprobación de una ley de partidos políticos. Convergencia ratifica en este sentido su plena disposición para presentar en breve a la consideración de todas las fuerzas políticas aquí representadas, una iniciativa formal en la materia.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado don Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.

Compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo hace uso de esta tribuna para señalar que los órganos jurisdiccionales y particularmente los que se encargan de impartir justicia electoral, deben actuar siempre con irrestricto respeto a las leyes que rigen en esta materia. Cuando en 1996 se aprobó la reforma constitucional en cuyo artículo 99 se previó la existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le dotó de facultades para ser la máxima autoridad en la materia y resolver sobre las diferentes hipótesis que regulan de las fracciones I a la VIII del artículo 99 constitucional y de los diferentes recursos y juicios previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

Entre los aspectos novedosos de aquella reforma se estableció el juicio para la protección de los derechos políticos de los gobernados como mecanismo para obligar a la autoridad electoral a reconocer los derechos de participación política de los ciudadanos que hubieran sido hechos nugatorios por la autoridad encargada de autorizar las elecciones.

Debemos recordar que todos los partidos políticos nacionales tenemos que cumplir con las obligaciones que se nos imponen en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente en los artículos del 24 al 40. En consecuencia, los partidos políticos deben prever en sus normas estatutarias lo referente a la elección de sus dirigencias. Es compromiso de todos contribuir al establecimiento de un sistema político cada vez más democrático, que tenga como propósito ampliar la participación de la sociedad en la definición de los grandes temas nacionales.

Compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo hace un exhorto a todos los actores políticos y en particular a las autoridades electorales, a sujetarnos a lo que la ley establece para salvaguardar el estado de derecho y fortalecer la democracia en México.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Horacio Duarte Olivares, del Partido de la Revolución Democrática.

El tema que hoy nos ocupa, es uno de los temas que en nuestra reciente vida democrática ha comenzado a ser tema de debate.

El tema de las facultades y las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación a los partidos políticos, ha sido un tema que ha venido avanzando y ha sido más recurrente en las últimas fechas.

Sin duda, se ha planteado en esa tribuna un posicionamiento sobre una resolución hecha por el Tribunal frente a un partido político.

Para el Partido de la Revolución Democrática, nos parece que habría que puntualizar algunos temas y algunas ideas.

Sin duda, no compartimos el punto de vista de que los Magistrados del Tribunal deban ser enjuiciados políticamente. Y no lo pueden ser, porque la resolución es de un órgano colegiado y el juicio político es un juicio que atiende a responsabilidades personales.

Creo y estamos convencidos que el tema mucho más amplio es la discusión, la discusión que debe guardar el Tribunal, la jurisdicción del Tribunal frente a los partidos. No podemos permitir que los magistrados de un órgano jurisdiccional estén sujetos a las opiniones de los partidos, porque somos los partidos precisamente, en el Congreso, los que definimos o no la procedencia del juicio político.

Y si una resolución a uno de los partidos no nos gusta, ejerceríamos o ejercemos presión en este Congreso para someterlo a juicio político. Ese no es el camino. El camino sin duda, debe ser que hay que retomar con mucha precisión en las negociaciones de una eventual reforma electoral, el tema de los partidos frente a la jurisdicción del Tribunal Electoral, en todas sus vertientes, en todas su vertientes.

Estamos convencidos, sin duda, que hoy que se ha tomado una decisión por el Tribunal, los partidos tenemos que ser suficientemente responsables y acatar su decisión. Nos guste o no la decisión en sí misma, los partidos políticos debemos apostar y respaldar el estado de derecho en nuestro país y las reglas que nos hemos dado y las instituciones. Por eso creemos en el PRD, que la decisión del Tribunal es como lo marca la propia ley, la Constitución inacatable, es la última decisión.

Sin duda, también algunos creemos que tiene que abrirse la discusión de la relación de las normas internas de los partidos, estamos convencidos que las normas internas en todos nuestros institutos políticos deben precisar con mayor claridad a nuestro sistema democrático, que los postulados de la Constitución tienen que trasladarse a los sistemas internos de los partidos. Ese es un tema que a veces ha quedado pendiente en el sistema político mexicano y que estamos convencidos que hoy, con la decisión del Tribunal, es el momento de entrar a esa, esa discusión.

Por eso en el PRD hoy resolvemos, hoy planteamos el señalar que estamos convencidos que las decisiones del Tribunal son decisiones que en el espíritu democrático debemos respaldar.

Si tenemos sin duda debates sobre las atribuciones o no jurídicas, entremos al tema de fondo en la próxima reforma electoral y ahí sea el escenario en donde los partidos planteemos nuestras inquietudes, planteemos nuestros puntos de vista, pero siempre avanzando para que los postulados democráticos sean una realidad en los partidos políticos que hoy presentamos.

Tiene el uso de la palabra el diputado don Rubén Mendoza Ayala del Partido Acción Nacional.

Diputado Manuel Velasco, seguramente no es usted abogado y si está estudiando, creo que ya lo hubieran reprobado.

La democracia obliga a todos a predicar con el ejemplo; la democracia no solamente es un instrumento, sino un valor. De ello que en Acción Nacional, desde sus orígenes, hemos demostrado y propugnado por establecer ésta como un sistema de valores que todos los mexicanos debemos proteger.

En toda nuestra historia, no sólo en la lucha hacia el poder, sino en el constante trabajo de transformación de la sociedad, por más de 60 años hemos dado el ejemplo de transparencia y corresponsabilidad en el manejo de nuestras instituciones.

En este sentido, es fundamental para Acción Nacional, el respeto y el cuidado del régimen de derecho y sus instituciones, los cuales garantizan nuestra convivencia pacífica y democrática; hoy con mayor razón que estamos consolidando una transición democrática, Acción Nacional acata y acatará todas las decisiones del Tribunal por dolorosas que a veces nos parezcan. Cuando a veces nos favorecen estamos contentos, pero cuando nos desfavorecen, entonces estamos enojados.

Señores, recordemos Ciudad Juárez, Tepotzotlán, Zamora, donde Acción Nacional ha dado muestra de que le importa mucho aquí que prevalezca el estado de derecho.

Descalificar a un Tribunal, es descalificarse a sí mismo como actor de esta nueva etapa de rendición de cuentas y participación plena de toda la sociedad en la vida política de la República.

Es estado de derecho en el sendero de la lucha democrática, ha llevado a México a poseer instituciones que han funcionado, permitiendo un desarrollo político armónico. Estado de indefensión, señor diputado o indefensa la sociedad que simplemente tiene un partido que no quiere ceñirse a la democracia; y legalidad, la propia ley dispone la facultad del Tribunal, de velar porque se cumpla con la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Señor diputado, es muy sano que en estos sesenta días, queden muy claros los procesos y estructuras de una institución de interés público como un partido político. Es tiempo de que todos evolucionemos, el tiempo ha llegado al Partido Verde Ecologista; que no se meta y se inmiscuya en esto al Presidente de la República. Señores, es una decisión de un tribunal.

Y como decía don Luis Calderón Vega: "la democracia victoriosa en la guerra, no puede ser derrotada en la paz". Sería un sarcasmo que México, que combatió por la democracia, no supiera consagrar su decisión practicándolo.

Los partidos no son empresas familiares ni heredables, así lo señala la Constitución en el Artículo 41 fracción I y por eso gozan del financiamiento público, el manejo de su régimen interno es menester se adecúe a la realidad del país.

Tenemos la obligación de seguir transparentemente de frente a toda la ciudadanía nuestras asambleas, acuerdos internos y todo lo que sea menester. Es del dominio público que el Partido Verde Ecologista se ha manejado como una empresa familiar, y por eso es tiempo de evolucionar por lo menos al paso de nuestra sociedad.

Como recomendación propondría a su dirigencia de este partido, que no actúe como una ancla de un sistema que todos queremos cambiar. Las resoluciones, creemos, muchas veces nos desagradan, y como en alguna ocasión Sócrates lo dijo: justicia es justicia, la aplique quien la aplique. Es tiempo de que acatemos las resoluciones del Tribunal.

-EL C. DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO (desde su curul): Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.

-EL C. PRESIDENTE: Señoras y señores legisladores. Ruego por favor en los términos que marca nuestra normatividad interna, que se guarde orden y se respete la intervención de los oradores.

-EL C. DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO: Con humildad aprendo día a día, aprendo de todos y de cada uno de mis compañeros diputados y de todos los maestros que me han enseñado. (Aplausos)

No me escondo ante una supuesta transición democrática, señor diputado, con intereses partidistas, respetamos la decisión del Tribunal y la legalidad es respeto irrestricto a la ley.

Quiero recordarle al diputado que cuando se hizo la alianza en el año 2000 no se subieron a esta tribuna a decir lo mismo que está diciendo en estos momentos.

Eran los mismos estatutos y ustedes lo avalaron en el Convenio de Coalición, señor diputado. El señor diputado viene a hablar aquí de partidos familiares. Yo nada mas quiero hacer una pregunta a su partido: ¿cuántos de apellido de Zabala hay aquí representados?, ¿cuántos Calderón?, ¿o familiares, esposas, primos hermanos?

Pero de algo puede estar seguro, señor diputado, que al Partido Verde Ecologista de México, no lo acusaron de venta de candidaturas como lo acusaron a su partido.

-EL C. DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR (desde su curul): Pido la palabra, señor Presidente, para hechos.

-EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra para hechos hasta por cinco minutos.

-EL C. DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR: Con su venia señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Quisiera primero poner en la discusión el origen del tema que nos ocupa hoy, quien originó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue un militante del Partido Verde Ecologista de México, no fue Acción Nacional, no fue ninguna fuerza política, fue un militante que se sintió vejado y ultrajado en sus derechos políticos fundamentales; fue él quien interpuso el juicio de revisión constitucional sobre la congruencia entre los estatutos del Partido Verde y los principios rectores de la actividad electoral que a saber son entre otros: certeza, legalidad, equidad, imparcialidad.

Lo que ha resuelto el Tribunal Electoral no es una vendeta política como aquí se ha dicho, es una resolución de carácter judicial sobre lo que hizo el Partido Verde Ecologista que fue la modificación durante un proceso electoral interno, de los estatutos y de las reglas de la competencia interna. Lo único que se ha pedido es que se rectifique y que se consagre en los estatutos del Partido Verde Ecologista, los principios rectores de la actividad electoral.

También quiero aprovechar para aclarar algunas de las imprecisiones que aquí se han dicho. Que en el 2000 no se dijo aquí que no había condiciones como las actuales, por supuesto que no se dijo porque no se habían violentado los derechos políticos fundamentales de algún militante del Verde, que fue quien inició el asunto en el Tribunal Electoral, no fue Acción Nacional, primer asunto.

Pero creo que el tema a lo que nos permite es a llegar a acuerdos y a llegar a compromisos de agenda. Yo rescato de Convergencia la propuesta de la ley de partidos. Rescato de la intervención del diputado Horacio Duarte, del PRD que tenemos que entrar a una reforma electoral en la que los partidos se modernicen. Nos guste o no nos guste somos instituciones de interés público según la reforma constitucional 77. Y ser de interés público no sólo quiere decir estirar la mano para prerrogativas públicas, quiere decir rendir cuentas; quiere decir modernizarse; quiere decir transparentarse y quiere decir ser garantes de credibilidad y confianza no sólo ante propios, sino ante extraños. Es un reto que tiene el Partido Verde y tenemos todos en este país.

El debate no puede circunscribirse en si es un partido familiar o no y no se puede circunscribir en esos términos tan pueriles. Yo creo que el tema nos permite tener una altura de miras y si en todos los partidos hay liderazgos que se consolidan, eso es válido. Pero no se vale que se consoliden atropellando garantías individuales y derechos políticos fundamentales de los correligionarios que todos tenemos en nuestros partidos.

-PRESIDENTE: Se concede el uso de la palabra al señor diputado don Luis Antonio González, del Partido Verde Ecologista de México, para rectificación de hechos hasta por 5 minutos.

Acudo a esta tribuna nada más para hacer las siguientes aclaraciones: Como partido nos hemos sujetado irrestrictamente al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos reconocemos como una entidad de interés público.

A la frívola manifestación de que un militante es el que interpone el juicio de revisión constitucional le digo: no es ningún militante. En un uso sobre excedido, con facultades meta constitucionales, el Tribunal Electoral conoció después de tres asuntos, la legalidad de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México.

Nuestras dirigencias, la nacional, las estatales, han sido electas en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Electoral de Procedimientos e Instituciones, al Cofipe, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a todas y cada una de las legislaciones electorales que rigen en cada una de las entidades federativas.

La asamblea por la cual fue electa la presidencia que hasta el día de hoy tiene facultades y seguirá teniéndola, porque así lo establece la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, jamás ha cuestionado ese momento.

Nosotros, en el Partido Verde Ecologista de México, siempre hemos actuado bajo el imperio de la ley, de frente a todos los ciudadanos. Muchas gracias. (aplausos).

Tiene el uso de la palabra, para referirse al mismo tema, la diputada Rebeca Godínez y Bravo, del Partido Revolucionario Institucional.

LA C. DIPUTADA REBECA GODINEZ Y BRAVO: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: en el Partido Revolucionario Institucional lo que pretendemos es hacer una profunda reflexión acerca de qué es lo que pasa con la resolución dada el día de ayer al Partido Verde Ecologista, que forma parte de este escenario político, que es uno de los partidos cuya representación es la cuarta fuerza y lo tenemos aquí con nosotros.

Qué tenemos que pensar, qué tenemos que decir acerca de las resoluciones. ¿Realmente, en aras de la democracia, el Tribunal debe interferir en la vida interna de los partidos? Esa es la pregunta que queda.

¿Realmente se puede intervenir en la vida democrática autónoma de cada uno de los partidos, cuyos estatutos estaban y se encontraban registrados, cuyos estatutos durante muchos años no han sido objeto, de ninguna manera, de cuestionamiento ni de inconstitucionalidad?

Sin embargo, después de haber sido aprobados, después de haber tenido resoluciones incluso a favor, hoy son cuestionados los estatutos. No solamente la cuestión de la elección, sino va más allá, y esto, preocupémonos todos los partidos, todos los partidos aquí representados.

Hoy es contra uno de los partidos representados aquí, pero qué pasará cuando las decisiones del Tribunal Federal Electoral afecten a cada uno de los diferentes partidos. Y no porque nos afecten o no, porque eso es lo de menos. Si incumplimos, deben afectarnos, por supuesto, pero el problema es ese cambio de actitud discrecional de parte de los criterios que ha fijado el Tribunal. Eso es lo preocupante.

Si no tenemos una certeza jurídica, si no tenemos la certidumbre de qué es lo que está pasando y con qué leyes claras realmente estamos trabajando, no podremos hacer un país democrático donde se privilegie el diálogo, donde se privilegie la legalidad, donde se privilegie la transparencia.

Este es el fondo también de todo este problema. Tenemos que analizar profundamente, tenemos que reflexionar profundamente cuáles son los límites de facultades del Tribunal para intervenir en la vida interna de los partidos. Dónde está aquella línea gris que debe o no ser traspasada en aras de estos problemas.

Yo creo que ahí tenemos que dejar muy sentadas las bases. No podemos estar aceptando simplemente criterios y cambios de criterio. Un día opinamos que sí son constitucionales los estatutos y otro día, por otra circunstancia, opinamos que ya no lo son. Eso es lo que nos deja en estado de indefensión a todos los que participamos en la vida democrática del país.

Yo estoy convencida que de verdad tenemos que analizar profundamente esta resolución y ver dónde se está perdiendo esa línea delgada de invasión o no a la autonomía de los poderes.

El siguiente punto del orden del día es Comentarios en relación a los cambios en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para este tema, hasta este momento, se han registrado para intervenir la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Pascual Cigala Páez, del Partido de la Revolución Democrática y el diputado José Antonio Cabello Gil, del Partido Acción Nacional.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México.

- LA C. DIP. JACQUELINE ARGÜELLES GUZMÁN: Con su venia, señor Presidente. Diputadas y diputados:

"El pasado 14 de agosto la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Partido Verde Ecologista de México, sostuvimos una reunión de trabajo en la que se acordó que se unirían esfuerzos para definir conjuntamente oportunidades, programas y planes que permitieran el fortalecimiento de las políticas ambientales del país.

"Con el objetivo de impulsar el desarrollo sustentable como el mejor camino a seguir para aprovechar permanentemente el patrimonio natural de México, el ahora ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Víctor Lichtinger, y el Partido Verde Ecologista de México, se determinó un programa conjunto para unificar el trabajo del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en materia ambiental.

"Se dio a conocer en conferencia de prensa que ante la renovación del Congreso de la Unión, los diputados del Partido Verde de la LIX Legislatura, impulsaríamos las iniciativas de la SEMARNAT bajo las premisas de la conservación de los recursos y el beneficio de la sociedad.

"Asimismo tanto las diputadas del Partido Verde Ecologista de México y diputados, como el ex titular de la SEMARNAT, coincidimos en que al llegar a acuerdos para trabajar en equipo, no implica perder la capacidad crítica para denunciar en caso dado, la existencia de irregularidades en el marco de la política ambiental.

"A su vez el Secretario Víctor Lichtinger reconoció que el trabajo del Partido Verde en materia ecológica durante la LVIII Legislatura, fue muy productivo, por lo que con este acercamiento se esperaba impulsar en mayor medida programas ambientales en todos los rubros.

"Este acercamiento muy afortunado por su oportunidad y momento coyuntural, dejó un buen sabor de boca, ya que se vislumbraba la oportunidad de llegar a acuerdos, conciliar intereses y dar impulso a las reformas importantes que requiere el país en materia ambiental con urgencia.

"Sin duda la gestión de Víctor Lichtinger al frente de la SEMARNAT fue criticada objetivamente por el Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo reconocemos que a pesar de la cantidad cada vez menor de presupuesto anual autorizado por el Congreso para esta dependencia, los avances en materia ambiental fueron significativos; esfuerzos importantes sin duda, sin embargo hasta ahora insuficientes.

"Recordamos con nostalgia el tiempo en que el Presidente Fox durante su campaña prometía a los miles de votantes llevar a cabo una política con base en el desarrollo sustentable.

"A tres años del triunfo de la Alianza por el Cambio, muy lejos estamos de percibir como un asunto de seguridad nacional la debacle ambiental que sin duda vivimos cada vez como más cercana.

"El primero de septiembre en su discurso en este Honorable Recinto, escuchamos al Presidente informar sobre el tema ambiental, en tan sólo cuatro párrafos.

"El Partido Verde reflexiona apelando al discurso presidencial donde afirma que "México sufre un grave deterioro ambiental y que se está trabajando para revertirlo. El agua y los bosques son asuntos de seguridad nacional..." ¿Es esto verdad?

"Fuimos testigos recién en este mismo Recinto Parlamentario, del Informe que el Presidente Vicente Fox Quesada dirigiera a la nación y donde los exhortara tanto al Legislativo como a los miembros de su gabinete, a redoblar esfuerzos, salvar diferencias y trabajar en conjunto por el bien de México.

"Nos sorprende y nos indigna que a menos de un mes de haber tenido el primer acercamiento formal entre el ex titular de la SEMARNAT y el Partido Verde, después de haber tenido un distanciamiento de tres años, a unas cuantas horas de haber expresado aquí mismo su intención de instruir a su equipo de trabajo a privilegiar la política para ubicarla en la posición de mando que le corresponde, hasta convertirla en el eje rector de una gestión de gobierno cada vez más eficaz, sensible y comprometida, el Presidente Fox haya removido de su cargo a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y al Procurador Ambiental.

"Fue cesado también dentro de la SEMARNAT el Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, Raúl Ardiaga Becerra, a quien en varias ocasiones el Partido Verde Ecologista había señalado como presunto responsable de la emisión de permisos de caza que violentaban la Ley Ambiental y fomentaban actos de corrupción.

En nuestra opinión esta decisión, nos parece, era la única que debía haberse tomado. Habíamos visto con buenos ojos que el ex Titular de la Semarnat hubiera remitido el expediente de este asunto a la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de que se determinaran y se fincaran las responsabilidades que correspondieran.

"Nos extraña sobre todo que la tozudez con que se resistía a teñir de azul el Gabinete y que le caracterizó durante sus primeros años de gestión sea ahora la tendencia que distingue los últimos nombramientos hechos a partir de su Tercer Informe de Gobierno.

"El Titular del Ejecutivo expresó también que no escapaban a su sensibilidad los reclamos sobre mayor eficiencia y eficacia en el gobierno y desencuentros en su equipo de trabajo.

"Nos preguntamos aquí también si Víctor Lichtinger representaba para el Presidente Fox una figura polémica, un personaje incómodo o simplemente un miembro incapaz dentro de su Gabinete. Nos parece, con todo respeto, que no es el caso del ex Secretario.

"Reconocemos además como un acierto que el ex Secretario acercó a los grupos ambientalistas a trabajar en conjunto. Tuvo sensibilidad política de buscar el acercamiento y se allegó de un grupo de trabajo que compartía estos deseos. Tuvo, sí, un desempeño caracterizado por desatar polémicas al tratar de impulsar programas y proyectos de prevención y de cuidado ambiental que no causaron buena impresión a los gobiernos locales y municipales, ya que las implicaciones económicas de estos cambios y adecuaciones no eran prioridad para nadie.

"Para obtener mayores y mejores resultados en materia de cuidado y protección ambiental no resulta necesario, a nuestro juicio, cambiar de Titular a mitad del sexenio, sino de dotar de recursos suficientes a esta Secretaría, donde más que inexperiencia y capacidad hay carencia de apoyo y de voluntad para elevar el problema ambiental a un rango de seguridad nacional por parte del Ejecutivo.

"¿Cómo explicar además que el ingeniero José Luis Luege Camargo, que se venía desempeñando como Presidente del Comité Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal desde hace varios años, pase a tomar la titularidad de un área importantísima de procuración de justicia ambiental cuando su perfil es otro?

"¿Qué lectura deberíamos darle al nombramiento del ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez como Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales y del licenciado Felipe Calderón Hinojosa como Secretario de Energía?

"Desde luego los ascensos del poder blanquiazul congracian al Ejecutivo con el partido que lo postuló para la Presidencia.

"Desde esta tribuna exhortamos a los nuevos encargados del área ambiental a continuar con el esfuerzo iniciado por esta administración y a retomar los acuerdos y acercamientos recientemente pactados con grupos ambientalistas y con este instituto político que aquí represento, fundamentalmente con el objetivo de continuar trabajando en beneficio del cuidado del país, que sin duda representa ya un grave deterioro y no merece ser desdeñado por las autoridades".

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Diputada.

Para referirse al mismo tema tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pascual Sigala Páez, del Partido de la Revolución Democrática.

EL C. DIPUTADO PASCUAL SIGALA PÁEZ (PRD): Muchas gracias, señor Presidente.

"Acudo ante esta honorable tribuna para fijar el posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática en relación a la destitución del doctor Víctor Lichtinger, ex Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

"En el reciente Informe de Gobierno el Presidente Vicente Fox manifestó al pueblo de México que si bien es cierto su Gabinete no había logrado tener los resultados que se esperaban, en el sector ambiental las cosas no se veían tan mal, aún y cuando México sufre un deterioro ambiental bien conocido por los mexicanos, el Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales había demostrado un compromiso visible por revertir tal proceso.

"El considerar el agua y los bosques como asuntos de seguridad nacional demuestra la importancia que tienen estos recursos naturales para el desarrollo del país. Según los datos proporcionados por el señor Presidente en este Tercer Informe de Gobierno se ha podido avanzar de manera sustancial en el gasto federal programado para el agua potable y saneamiento, así como en el rescate de bosques y selvas.

En relación al seguimiento a los delitos en materia ambiental, se nos dijo que había avances en la tala ilegal y en el reconocimiento de las áreas naturales protegidas, por lo que ahora, con el cambio del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, vemos con incertidumbre la desafortunada decisión del titular del Ejecutivo de cambiar a quien ha estado comprometido con las cuestiones ambientales desde hace tiempo y que sin lugar a dudas formó parte del esfuerzo que el Presidente Fox mencionó reiteradamente en su discurso en el Tercer Informe de Gobierno.

El hoy ex Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tuvo siempre el reconocimiento del sector académico, de las organizaciones ambientales no gubernamentales y sociales, así como de los sectores productivos y aún en el momento de su remoción recibió reconocimiento de organizaciones como Greenpace, que abiertamente menciona que con la remoción de Lichtinger como titular de la SEMARNAT se perdía el vínculo establecido con la sociedad en general.

Es de reconocérsele ante esta tribuna, que el doctor Víctor Lichtinger al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, logró, a iniciativa de México, la creación del Grupo de Países Mega diversos, así como se consiguió que se decretara toda la zona económica exclusiva como refugio ballenero, reconociéndose a México como el país que más protege a esta especie migratoria.

Con él al frente de la SEMARNAT se logró reposicionar el tema de la basura en la agenda nacional. Lo anteriormente dicho demuestra que el gobierno federal cierra puertas y endurece su posición al destituir a un hombre con el cual existía una demostrada apertura para el diálogo, lo que evidencia que el cese de Lichtinger obedece más que a s incapacidad a sus actos, que afectaron de alguna manera algunos intereses económicos de inversionistas hoteleros extranjeros.

Sin duda alguna, otra de las razones de su destitución obedece al haber dicho que él era un hombre sin partido, que su partido es México.

Para el Partido de la Revolución Democrática la remoción de Lichtinger parece más una acción de maquillaje que una acción de certeza y rumbo para el país en materia ambiental.

Para nosotros los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, esta determinación obedece a una decisión estrictamente partidaria y no en entender los temas que en esta materia requiere nuestro país. Esta situación nos demuestra una vez más la inexperiencia en el equipo de trabajo del Presidente Fox.

Ahora bien, es importante mencionar en esta tribuna que el ahora Secretario del Medio Ambiente, quien antes fuera Director de la Comisión Nacional Forestal, no sólo no dio los resultados en esta área, sino que incluso observó en su gestión un subejercicio presupuestal, mientras es evidente que el sector forestal continúa en condiciones desfavorables.

El Partido de la Revolución Democrática hace un llamado a que se revisen otras áreas del Gobierno y se haga un análisis serio, profundo, concienzudo de cada una de las acciones y repercusiones en los intereses que el país tiene.

A quienes debieron haber removido, siguen acantonados obedeciendo a los intereses neoliberales con los cuales se ha identificado este Gobierno. Estamos convencidos de la importancia que tienen los recursos naturales, de la importancia que esta Secretaría tiene y que a cargo de gentes con poca capacidad o con capacidad poco reconocida y poco interés en la materia como lo tuvo Víctor Lichtinger del país, seguramente no tomará buen rumbo. Vale la pena hacerle un llamado al Presidente de la República para que valore y considere a quienes de veras tienen que dejar su encargo por haber incumplido con el pueblo de México.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el señor Diputado Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia.

-EL C. DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL: Con su venia señor Presidente. Estimados compañeros y compañeras Diputados y Diputadas Efectivamente es para nosotros tema de honda preocupación esta forma tan rápida , ligera y desinformada con las que se están haciendo los cambios en la Titularidad de las ramas de la Administración Pública fundamentales y por sobre todo, esta, de relevante y trascendente importancia que es la materia ecológica.

Yo diría que si algún tema nos debe preocupar en el futuro, es precisamente este, el del desarrollo sustentable, el de la protección del medio ambiente, el de la seriedad, profundidad, conciencia plena de lo que esto significa para el futuro de nuestra patria y del mundo entero.

De esta suerte descalificar a un profesional, a un experto como Víctor Lichtinger quien efectivamente a todos nos consta había comprometido lo mejor de su experiencia en este propósito, en esta empresa, de improvisar de inmediato a un hombre como Alberto Cárdenas a quien no se le conoce evidentemente ninguna especialización, ninguna calificación en esta tan delicada materia, nos parece un exceso absoluto y flagrante en el ejercicio de las facultades del Presidente de la República para hacer cambios a los Titulares de las Secretarías de Estado, porque si bien esta facultad es irrebatible constitucionalmente, también lo es que debe estar fundada, que debe estar motivada , es decir debe estar motivada en el sentido de las causas, de las razones de fondo que debe dar al pueblo para hacer estos cambios en forma tan precipitada, tan sorpresiva y tan indocumentada.

En mi personal experiencia tengo seis años litigando contra un permiso para la ubicación de un macro confinamiento de desechos tóxicos en el Estado de Coahuila que se está planeando precisamente para traer basura importada de los Estados Unidos de Norteamérica. Este descubrimiento lo hicimos e inmediatamente demandamos la nulidad de la autorización que la Profesora Carabias y otros de los integrantes de esta SEMARNAT habían dado a tal autorización, a tal concesión.

Fue éste, a pesar de que ganamos el litigio en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la ejecución se había detenido en SEMARNAT por los intereses que ya estaban comprometidos con la concesión al Gobierno Norteamericano. Fue el doctor Víctor Lichtinger quien llamó a sus segundos de abordo, precisamente a este señor Arriaga de quien hoy tanto se ha comentado que daba a dar y prestar permisos para casa, para que de inmediato se ejecutara la sentencia de nulidad de la concesión que había otorgado la profesora Caravias para un macro basurero tóxico en mi Estado, en el Estado de Coahuila, precisamente en el municipio de San José de la Paila.

Fue esto una prueba indudable de que el doctor Lichtinger estaba comprometido con el destino ecológico limpio de México y jamás con los compromisos de quienes están haciendo y medrando con la ecología para dar concesiones y favorecer sus expectativas de enriquecimiento personal.

Por esta razón, para Convergencia es importante reflexionar a fondo porque también entraña una violación al principio del derecho al servicio civil de carrera porque hay quienes en la SEMARNAT son, indudablemente y lo han sido, me consta de la PROFEPA, que también denunció la contaminación en las playas mexicanas y la tala de los bosques mexicanos, quienes han hecho y quieren hacer carrera, y en el momento en que hacen público precisamente sus hallazgos respecto a la depredación y al atentado al medio ambiente, son sancionados con la remoción de los cargos; esto revela una incongruencia entre la ley que recientemente se aprobó y la práctica de gobierno que no está ajustándose a estos principios fundamentales de justicia y de bien y eficiencia en la Administración Pública.

Dejamos pues sentado para Convergencia, nuestra preocupación porque estos hechos están revelando que hay improvisación, hay ineficiencia y hay francamente desatención a los principios de la Administración Pública que no tienen otro objetivo que satisfacer los supremos intereses de la Nación. (aplausos)

Para el mismo tema, tiene el uso de la palabra don José Antonio Cabello Gil, del Partido Acción Nacional.

"El mejor profeta del futuro, es el pasado" nos dice Lord Byron y en ése sentido quisiera decir que los cambios efectuados en el Gabinete recientemente, no hacen sino demostrar el interés y la voluntad del titular del Poder Ejecutivo en acelerar la transformación y el desarrollo de México en temas fundamentales para la vida nacional, entre ellos –por supuesto- el tema de la ecología y el tema de la energía.

Y estos nombramientos, no hacen también sino confirmar que el mecanismo, la vía escogida por el titular del Ejecutivo es precisamente la vía política como forma y mecanismo privilegiado para la construcción de acuerdos y consensos entre las diferentes fuerzas políticas aquí representadas en el Congreso para sacar adelante esta agenda nacional.

Estos acuerdos, estos consensos que ciertamente habían sido iniciados por el Partido Verde Ecologista y el ex-titular de la Secretaría de Ecología, son –hay que decirlo- acuerdos institucionales y que no se limitan, mal nos fuera el caso, a acuerdos a título personal. Es decir, los acuerdos están dado tanto a nivel de grupo parlamentario en este caso del Verde Ecologista y todo el que lo quiera suscribir, con la Secretaría como institución, con independencia de quien encabece a esta dependencia.

A nombre de los legisladores de Acción Nacional, considero pertinente subrayar que consideramos no solo una facultad establecida en ley que tiene el Ejecutivo para hacer este tipo de nombramientos sino además de esto, de una facultad de ley, un acierto fundamental precisamente por la trayectoria y los antecedentes del ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez.

La designación no es en contra de nadie ni desprecia los esfuerzos realizados precisamente por la Secretaría y por quien entonces fue su titular, todo lo contrario, lo que se pretende, lo que se busca, es darle continuidad y darle seguimiento nada más y nada menos, por alguien que ha estado ahí precisamente trabajando los temas que tienen que ver con la ecología, con el bosque, con los recursos naturales.

La trayectoria de Alberto Cárdenas Jiménez como alcalde de Ciudad Guzmán, como gobernador del estado de Jalisco y como titular de la Comisión Forestal, no hacen sino demostrar que el mejor profeta del futuro es el pasado. Como alcalde Zapotlán El Grande, Alberto Cárdenas logró incrementar ingresos del municipio cuya deuda pública disminuyó en un 70% y en donde resolvió, además, más allá incluso de su periodo de administración, el problema de abastecimiento de agua potable y además también, la limpieza de la Laguna de Zapotlán. En la esfera municipal Alberto Cárdenas demostró capacidad; como gobernador del estado de Jalisco igualmente tienen acreditado una serie de medidas que no hacen sino confirmar su vocación democrática, su respeto por los diversos poderes y su compromiso con la ecología.

Podríamos mencionar, sólo unos botones de muestra en este sentido y me limito a mencionar la elevación de rango de la Comisión Estatal de Ecología, como Secretaría de Ecología dándole facultades, incorporándola al Gabinete y aumentando su presupuesto.

Al frente de la Comisión Nacional Forestal, Alberto Cárdenas puso una vez más en práctica estas cualidades de creación de consensos y establecimiento de acuerdos con diferentes fuerzas. Y ahí está logró, negociar un incremento notable en el presupuesto asignado a la CONAFOR y además también, promovió intensamente la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, aprobada en diciembre de ese mismo año, por esta instancia y cuya importancia radica en una protección de nuestros bosques, de la biodiversidad y los recursos asociados a esto. Ambos hechos se han traducido en cosas y en acciones concretas específicas que no hacen sino fortalecer la riqueza natural de nuestro país.

A quienes integramos el grupo parlamentario de Acción Nacional, nos extraña sobremanera las críticas de algunos, quizá, con ligereza, quizá con prejuicios, han hecho al nombramiento de Alberto Cárdenas Jiménez como titular de la SEMARNAT. Nos parecen fuera de lugar en razón de éstas y muchas otras cosas que podríamos mencionar de sus resultados, de su eficacia, de su eficiencia como funcionario público.

Por lo demás, hay que dar tiempo para dar oportunidad de que los resultados se den, así como se dieron en su gestión municipal, en su gestión estatal y en su gestión como titular de la Comisión Nacional Forestal. Esos antecedentes no hacen sino garantizar que podrá y seguramente tendrá resultados positivos al frente de este nuevo encargo, que el titular del Ejecutivo le ha encomendado.

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el señor diputado José Manuel Carrillo Rubio.

Para la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, nos da mucho gusto y le damos el beneficio de la duda al ingeniero Alberto Cárdenas, por su nueva encomienda.

Para mí en lo personal como jalisciense, celebramos que otro jalisciense esté en ese espacio y un ex gobernador de nuestro estado también.

Ojalá este nombramiento obedezca más a criterios como el mismo Presidente de la República lo mencionó, de lograr una eficacia más en su gobierno, que a criterios partidistas o a criterios electorales con miras al 2006. Y digo lo anterior porque el señor ex gobernador de Jalisco en su anterior función como delegado o comisionado de la CONAFOR, no resistió la tentación en este proceso del año 2003 de andar como un candidato más por todo lo largo y ancho del estado de Jalisco en el que estuvimos. Lo veíamos a horas de oficina con vehículos oficiales, hasta con escoltas, se llenaba la boca de hablar mal de los candidatos de todos los partidos y a vanagloriar en una franca utilización de recursos públicos, a su partido. Por eso mi partido, además de felicitarlo y de desearle el mayor de los éxitos para que él sea un buen secretario de Estado, le decimos y le exhortamos que por favor no caiga en la tentación de andar otra vez de candidato en esa encomienda y que se ponga a trabajar por el bien de todos los mexicanos.

EL PRESIDENTE: Señoras y señores diputados: Con fecha 3 de septiembre de 2003, el ciudadano secretario técnico de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados hizo entrega a esta Presidencia del dictamen correspondiente al expediente SI/11/02, instruido mediante procedimiento de declaración de procedencia en relación con el senador de la República Luis Ricardo Aldana Prieto, en el que se propone que sí ha lugar a proceder penalmente en contra del servidor público referido, procedimiento que se inició a solicitud del Ministerio Público Federal adscrito a la Dirección General de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, derivado de la averiguación previa número 055/FEPADE/2002.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Presidencia anuncia a la Cámara de Diputados que debe erigirse en jurado de procedencia para que en sesión secreta conozca del presente asunto, el día miércoles 17 de septiembre de 2003 a las 12:30 horas.

Háganse las notificaciones legales que correspondan y publíquese el presente oficio en la Gaceta Parlamentaria.

Con fecha 3 de septiembre de 2003, el secretario técnico de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados hizo entrega a esta Presidencia del dictamen correspondiente al expediente SI/0802, instruido mediante procedimiento de declaración de procedencia, en relación con el senador de la República Luis Ricardo Aldana Prieto, en que se propone que sí ha lugar a proceder penalmente en contra del servidor público referido, mismo que se inició a solicitud del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, derivado de la averiguación previa número PGR/UEDO/102/2002.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Presidencia anuncia a la Cámara de Diputados que debe erigirse en jurado de procedencia para que en sesión secreta conozca del presente asunto el día miércoles 17 de septiembre de 2003 a las 18:30 horas.

Háganse las notificaciones legales que correspondan y publíquese el presente oficio en la Gaceta Parlamentaria.

-EL DIP. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES: (Desde su curul) Señor Presidente, con base en los artículos 18 y 19 del Reglamento, solicito el uso de la palabra.

-EL PRESIDENTE. Como se va a referir a esta convocatoria señor diputado, se le concede el uso de la palabra y dejo para estar en libertad y no ser parcial en esta discusión, la Presidencia en manos del Primer Vicepresidente.

-EL DIP. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES: Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados:

Hace apenas unas horas usted protestó cumplir la Constitución y las leyes. Hoy, a nombre del grupo parlamentario del PRI, vengo a demandar de usted el acatamiento de la Constitución y el apego de su conducta a las normas que rigen la vida de la República; vengo a exigirle que cumpla con honor su palabra.

No vengo a referirme a las cuestiones políticas y al efecto que su decisión tendrá en la armonía y en la búsqueda de acuerdos; eso lo dejo a su responsabilidad como mexicano. Vengo a pedirle que no viole la ley.

Usted sabe que el trámite que pretende dar hoy al procedimiento en contra del senador Ricardo Aldana no sólo es contrario a las normas que rigen la vida institucional, sino que también lastima la necesaria convivencia y armonía en este órgano legislativo. No se trata de un asunto de impunidad o no; no reclamamos impunidad, reclamados la vigencia del estado de derecho.

No puede, señor Presidente, de ninguna manera, justificarse la arbitrariedad como vía para combatir una pretendida impunidad. Acatar la ley es obligación de todos, pero más de usted, que preside el órgano que la crea, que le da vida. No actúe, señor Presidente, al margen de la ley.

La conducción de la Presidencia no puede estar orientada por interpretaciones personales de la norma ni mucho menos por cuestiones partidistas. La ley es perfectamente clara. El documento en que hoy se pretende sustentar esta decisión no es un dictamen, es un proyecto, que en términos del artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior, está a disposición de esta Legislatura sólo con ese carácter.

Es muy sospechoso el que todos los demás dictámenes hubieran sido reservados por la Cámara para turnarse en condición de proyectos a las comisiones cuando éstas se constituyan, salvo éste, que fue entregado a las sombras de la noche por el anterior Presidente panista de esta Cámara a usted, que se había comprometido a actuar con sentido institucional y republicano y no en condición de militante político. Por eso le confiamos nuestro voto.

La norma sustantiva en los procedimientos de desafuero, es la Ley Federal de Responsabilidades. Esta, en su artículo 40, determina que en los procedimientos de desafuero deberán observarse la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso en la parte relativa a la discusión y votación de las leyes.

El artículo 94 el Reglamento señala con toda claridad que los dictámenes que las comisiones produzcan sobre asuntos que no llegue a conocer la Legislatura que lo recibió, quedarán a disposición de la siguiente Legislatura con el carácter de proyecto.

El documento emitido por la Sección Instructora, órgano de la Comisión Jurisdiccional, fue un dictamen, no otra cosa. Hoy es sólo un proyecto, así lo señaló la Sección en el acta final levantada.

Se le denomina dictamen. Así lo disponen los artículos 25 y 26 de la citada Ley de Responsabilidades, al señalar el primero que: la Sección Instructora dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado. El 26 es aún más claro al disponer que: dada cuenta del dictamen, el Presidente de la Cámara anunciará a ésta que debe erigirse en jurado de procedencia.

El órgano que admite este dictamen, señor Presidente, es una Sección que forma parte de la Comisión Jurisdiccional.

El artículo 11 de la Ley de Responsabilidades y el 40 de la Ley Orgánica del Congreso no dejan lugar a dudas. La Comisión Jurisdiccional, señalan esas disposiciones, se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que de entre ellos, se designen a los que habrán de conformar, de entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así lo requiera, la Sección Instructora, encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del título cuarto de la Constitución.

No sólo eso, señor Presidente, está vigente un Acuerdo Parlamentario que determina que la Sección Instructora tomará sus resoluciones por consenso y a falta del mismo, el asunto se turnará de inmediato a la Comisión de Jurisdicción de la que la Sección es sólo un órgano.

Estamos, pues, frente a un simple proyecto aprobado por cuatro miembros de la Comisión Jurisdiccional de esta Cámara por tres miembros y un voto en contra de la Comisión Jurisdiccional de esta Cámara, que fueron designados para desarrollar un procedimiento constitucional a través de una Sección de esa Comisión. Estamos entonces en el supuesto legal del artículo 94 que usted pretende violentar al no devolver el expediente a la Comisión cuando ésta se constituya, dándole trámite hoy.

¿Quién, señor Presidente, -le pregunto- a nombre de la Sección Instructora, nos ilustrará acerca de las razones del dictamen, si llegara a producirse el debate? ¿Llamará usted a los ex diputados de su partido que en número de dos de un total de cuatro, violentando la proporcionalidad, aprobaron este dictamen, hoy proyecto, para que nos precisen su contenido?

Le pregunto, señor Presidente, usted que se asume como jurista y parlamentario y como hombre de honor, le pregunto ¿cómo dará cumplimiento al contenido del artículo 108 del Reglamento que determina que, cito textual: "siempre que al principio de la discusión lo pida algún individuo de la Cámara, la comisión dictaminadora deberá explicar los fundamentos de su dictamen y aún leer constancias del expediente, si fuere necesario. Acto seguido, continuará el debate".

No agregue usted, señor Presidente, a su incumplimiento de las formalidades en el momento de tomar posesión de su cargo, la violación expresa de la Constitución y de la ley.

Lo reitero: no venimos a reclamar impunidad, venimos a defender el estado de derecho en esta que es su casa, en este que es su espacio natural. No viole la ley, señor Presidente; no se ponga en la condición de aquellos a quienes injustamente se pretende acusar.

Pedimos, señor Presidente, se rectifique el procedimiento y se envíe el expediente a la comisión correspondiente cuando se constituya, para que ésta lo analice y le dé curso. Eso es lo debido y eso es lo que demandamos.

EL C. DIP. HORACIO DUARTE OLIVARES, (desde su curul).- Señor Presidente, solicito la palabra.

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra para hechos, diputado Horacio Duarte, del Partido de la Revolución Democrática.

-EL C. DIPUTADO HORACIO DUARTE OLIVARES: Gracias señor presidente. Venimos a esta tribuna a respaldar y pedir al Ciudadano Presidente de esta H. Cámara, que tal y como lo ha anunciado previamente, cumpla puntualmente con la obligación legal que le establece el Artículo 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público, la que no deja lugar a dudas respecto a la necesidad, como lo ha hecho ya el Presidente, de informar a esta soberanía de la necesidad de erigirse en Jurado de Procedencia.

Creemos también que debiera hacerse en la interpretación, en el señalamiento de este artículo al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, nos parece que debiera ser ya, el día de mañana.

Y creemos que estamos frente a un procedimiento especial y que es facultad del Presidente, y no podemos venir a esta tribuna a pedirle al Presidente en nombre de una supuesta interpretación jurídica que violente la ley, no podemos venir a esta tribuna a decirle que no cumpla con su obligación.

Una discusión diferentes es, sobre este señalamiento del Artículo 84 del Reglamento, indudablemente que el espíritu de ese Reglamento es, que cuando quedan los dictámenes de Legislaturas anteriores pasan como proyecto a la discusión del pleno, y lo que está haciendo el Presidente es poner en consideración de este pleno esos dictámenes que emitió la Sección Instructora, es decir, que está cumpliendo puntualmente con su obligación legal y constitucional, y ese tiene que ser el camino por donde debemos avanzar. (Aplausos)

-EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL YUNES LINARES (desde su curul): ¿Si acepta una interpelación?

-EL C. DIPUTADO HORACIO DUARTE OLIVARES: Por eso venimos a respaldar, venimos a señalar que esta H. Cámara de Diputados tendrá ya que instalarse como Jurado de Procedencia, y que interpretaciones supuestas de la ley, lo sabemos y lo sabe la Nación, son sólo argumentos para retrasar lo que debiera ser inevitable en este tema tan importante del país.

Por eso que no se quiera cubrir con legalidad un asunto que es evidentemente retrasar, como siempre se ha querido en este país, retrasar la aplicación de la ley y de la justicia. Que no nos quede duda, que esta Cámara se instalará como Jurado de Procedencia, esta soberanía ejercerá sus facultades constitucionales y legales, y así lo vamos a respaldar en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Emilio Chuayffet Chemor para hechos.

-EL C. DIPUTADO EMILIO CUAYFFET CHEMOR: Señor Presidente. Señoras y señores diputados. El Artículo 26 de la Ley de Responsabilidades citado por el diputado que me precedió en uso de la palabra, señala que, dada cuenta del dictamen el Presidente de la Cámara anunciará a ésta que debe de erigirse en Jurado de Procedencia, sólo que por mandato del Artículo 94 del Reglamento Interior que es, formal y materialmente una ley, los dictámenes al concluir el periodo legislativo adoptan la figura jurídica de proyectos. No se surte en consecuencia el artículo 26 de la Ley de Responsabilidades, es un proyecto que debe devolverse a la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional.

Por otra parte, se dice que el dictamen que hoy por mandato del 94 del Reglamento toma el carácter de proyecto de dictamen, turnado a la mesa directiva por la Sección Instructora, tiene el mismo valor de dictamen de cualquier comisión legislativa y que por eso se da cuenta de él a este Pleno.

La Sección Instructora es parte de la Comisión Jurisdiccional, en consecuencia sigue el trámite de cualquier dictamen de comisiones señaladas en la Ley Orgánica.

Y finalmente sólo quiero recordar a ustedes que la anterior Sección Instructora fue designada en plena contravención de lo que señala la Ley Orgánica que rige a este Congreso, porque fue nombrada por la Junta Directiva del mismo y no por la Comisión Jurisdiccional entre los 12 ó 16 miembros como dice la ley, que deben constituirla.

Tengo registrado al diputado Germán Martínez Cázares, del Partido Acción Nacional. Se le concede el uso de la palabra para hechos.

Acción Nacional apoya decididamente los términos de la convocatoria que acaba de anunciar el presidente de esta Cámara. Los apoya porque le asiste la razón jurídica y porque le asiste la razón moral.

En la razón jurídica compañeras y compañeros diputados, en la razón jurídica están los artículos 23 de la Ley Orgánica y conforme a esas atribuciones que se le han conferido, ha anunciado que nos constituiremos en jurado de procedencia. Y también en la razón jurídica está el artículo 26 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que sin duda obliga al presidente a hacer este anuncio.

Acción Nacional no viene a esta tribuna en este momento, ni a acusar ni a defender a nadie. No nos mueve el rencor ni nos mueve la venganza; nos mueve la razón de la ley y porque detrás de la razón de la ley está la razón moral, es que apoyamos en sus términos la convocatoria y esperamos para fijar posición el día 17, a donde acudiremos puntualmente al llamado del presidente de la mesa directiva.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional.

EL C. DIPUTADO HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA: Diputado presidente, compañeros diputados: es lamentable que la institución de donde emana el estado de derecho sea exactamente donde se pretenda violentar el estado de derecho.

El diputado que me antecedió en la palabra viene a justificar moralidades; creo que son los menos indicados para hacerlo (aplausos).

Diputado presidente: hace algunos días usted juró respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Nadie ha venido a esta tribuna a justificar jurídicamente la razón del turno o acuerdo que pretende tomar.

Realizan de manera genérica la cita del artículo 23, donde señala atribuciones del presidente; mas sin embargo, no he escuchado aquí a qué inciso a fracción se refieren. Por qué. Porque no existe como atribución de usted, diputado presidente.

La atribución y obligación que sí tiene es respetar la Ley Orgánica y el Reglamento de este Congreso de la Unión, de esta Cámara de Diputados.

El artículo 94 es sumamente claro, en el cual la naturaleza jurídica del dictamen que se presenta o que se presentó por la legislatura anterior tiene la naturaleza de proyecto y, por tanto, debe quedar a disposición de esta legislatura. Para qué, para que en su momento se turne a la comisión correspondiente jurisdiccional, comisión de dictamen, diputado presidente.

Yo quisiera preguntarle –y así fue solicitado, conforme al 108 de nuestro Reglamento—quién va a ser el que va a justificar por parte de la comisión los fundamentos de derecho. Fue solicitado por un diputado en esta tribuna; por lo tanto, volvemos a cuestionar quién viene como representante de la comisión a justificar los fundamentos con los cuales ese dictamen tiene validez en este momento.

Diputado presidente, le corresponde respetar la Constitución; no nos obligue a repasar el artículo 22 del Reglamento. Muchas gracias. (aplausos.

Tiene el uso de la palabra el diputado don Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

EL C. DIPUTADO PABLO GOMEZ ALVAREZ: Gracias, ciudadano presidente. Yo no he pedido la palabra para referirme al trámite que usted ha dado en relación con los dictámenes de la sección instructora, sino para rectificar algo que se ha dicho en esta tribuna en relación con la aplicación del último párrafo del artículo 94 del Reglamento.

En efecto, el artículo 94 del Reglamento dice: "Los dictámenes que las comisiones produzcan sobre asuntos que no llegue a conocer la legislatura que los recibió quedarán a disposición de la siguiente legislatura, con el carácter de proyectos".

Entiendo yo que aquí hay una interpretación me parece que apresurada sobre lo que quiere decir la palabra "proyecto", de acuerdo con el derecho parlamentario mexicano.

Creo que un proyecto del que habla el artículo 94 no es un borrador, no es un predictamen, no es algo que está a consideración de una comisión dictaminadora o de la sección instructora.

Qué es lo que nos resuelve este problema. La Constitución. Permítanme referirme a ella. Dice que el derecho de iniciar leyes compete, como ustedes saben, al presidente de las legislaturas de los estados y a los diputados y senadores al Congreso.

El artículo 71 de la Constitución define lo que es una iniciativa. Dice qué es una iniciativa y cuál es el turno. Pero ¿Qué es para la Constitución un proyecto? Un proyecto es algo que se vota en pleno. Un proyecto es algo que se pone a la consideración del pleno, no de una comisión dictaminadora.

Todo proyecto de ley o decreto, dice ahí, se discutirá sucesivamente en ambas Cámaras. En ambas Cámaras.

Dice el inciso a) del 72: "Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará a la colegisladora".

Podemos seguir. El c): "El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto..."

Podemos ver toda la Constitución. "Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de Revisión..."

"Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara revisora..." etcétera, etcétera.

En el derecho parlamentario mexicano un proyecto es algo que está a la consideración del pleno y sólo del pleno.

Otro elemento más que quisiera yo como punto de derecho parlamentario mexicano: El pleno, sólo el pleno, puede regresar un proyecto a comisión. Sólo el pleno. El Presidente no puede. No tiene esa facultad. No hay nada en la Ley Orgánica, en el Reglamento, que le permita al Presidente regresar un proyecto a comisión. Tiene que votarse en el pleno. Consulten el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso que data en sus orígenes del año de 1823. Así se ha construido el derecho precario, ¡claro! parlamentario mexicano.

Entonces hay un elemento más que quisiera dejar claro: En la aplicación del artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se tiene que hacer de la siguiente forma: Hemos recibido unos veinte, no me acuerdo cuántos proyectos de las comisiones de la pasada legislatura. El Presidente tiene todos esos proyectos, porque los dictámenes que recibió, tienen proyecto de decreto. Y todos los vamos a tener que ver directamente en el pleno.

Lo que dice el artículo 94 es que el pleno debe conocer lo que dejó listo para pasar al pleno la legislatura anterior. Y que no tiene por qué repetirse el trámite parlamentario. Si no existiera este párrafo del artículo 94, cómo... (Interrupción)

- EL C. DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ (En tribuna, continúa): Termino, termino ya. ¡Calma!

Si no existiera ese párrafo, tendríamos el problema de que los dictámenes de comisiones de la anterior legislatura habrían quedado en el carácter de iniciativas, sujetas a dictamen legislativo...

- EL C. DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ (En tribuna, continúa): Señoras y señores diputados: Un dictamen, según el diccionario, quiere decir "opinión". Un proyecto es lo que está a la consideración de ustedes. Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional.

Cuando escuché la intervención del compañero del Partido Acción Nacional, tuve la sensación de que se había equivocado, no en cuanto al fondo del asunto, sino en cuanto al escenario y al contenido del debate, porque vino aquí a decir que venía a dar el apoyo del Partido Acción Nacional al Presidente Juan de Dios Castro, pero no vino a razonar absolutamente nada. Y aquí no estamos apoyando los partidos al Presidente, estamos debatiendo un punto jurídico, un punto de derecho que tiene que ver con el respeto al Estado de Derecho en México.

No hay en la argumentación del PAN, porque no puede haberlo, una sola razón jurídica; saben perfectamente bien que no tienen razón y no tiene razón el Presidente de la Cámara en dar el trámite que ha dado.

Nosotros también lo apoyamos para que fuera Presidente, pero lo apoyamos para que cumpliera la Constitución y la Ley, no para que viniera a violentarla. Y yo espero que antes de esta sesión Juan de Dios Castro, el parlamentario, nos responda cómo le hará para responder, para dar cumplimiento al artículo 108 del Reglamento que exige que a solicitud de cualquier miembro de la Cámara venga aquí un miembro de la Comisión Dictaminadora a explicar las razones que les iluminaron, a las razones que orientaron, la aprobación del dictamen.

Al experto en Derecho Parlamentario que vino después a nombre del PRD a hacer una intervención (risas en la fracción parlamentaria priista), yo le digo que no venga a esta tribuna a confundir una cosa con otra. El dice que lo que aquí se discute es un proyecto de decreto. Muy bien. ¿Y por qué entonces la ley cuando ordena que los dictámenes que no hubieran sido discutidos por una Legislatura se entreguen a la otra en condición de proyectos, pues por qué no dice que se entreguen en condición de dictámenes por qué utiliza el término proyecto.

Lo utiliza porque efectivamente las comisiones que analizaron y dictaminaron dejaron de tener vigencia el último día de la Legislatura, son legislaturas sucesivas. Este órgano es un órgano integrado por seres humanos que concluye su función un día determinado y por un pleno que tiene todo el derecho a analizar y a profundizar en el estudio de los asuntos.

Pero voy a darle, al señor experto en Derecho Parlamentario (risas en la fracción parlamentaria priista), la razón que tuvo la anterior mesa directiva para turnar los dictámenes y devolverlos en condición de proyectos. El acuerdo de la Mesa Directiva dice lo siguiente:

"Los dictámenes con proyecto de ley o decreto de los expedientes legislativos que a continuación se relacionan pasan a la LIX Legislatura con el carácter de proyectos, de conformidad con el último párrafo del artículo 94 del Reglamento Interior": Y ahí viene toda la relación de los dictámenes con proyecto de ley o decreto que pasan, que se devuelven a la Legislatura. Y viene firmado este acuerdo por el diputado Armando Salinas Torre, Presidente de la Cámara.

¿Por qué no se devolvió este dictamen? ¿Por qué el dictamen en lugar de devolverse como todos los demás, se guardó para venir hoy a tratar de sorprender al pleno y decir que esto es distinto, que no se trata de un dictamen sino que se trata de un proyecto o al revés?

No, señores, fue un dictamen de una comisión, de la Comisión Jurisdiccional, a través de un órgano de la Comisión Jurisdiccional que se denomina Sección Instructora y ese dictamen al no ser aprobado por la anterior Legislatura, tiene que devolverse a la Comisión Jurisdiccional, (Voces a coro de la fracción parlamentaria perredista: "¡Nooooo!") para que la Sección Instructora lo analice.

Esto es lo que la ley ordena, esto es lo que la ley dispone y es tan sencillo de explicar como entender que no habrá ningún miembro de esa Comisión Jurisdiccional que pueda venir a esta tribuna a decirnos el por qué se aprobó ese dictamen. Es una cuestión muy clara, no hay... ¡Si quiere hablar el diputado Gómez que me interpele, yo sí le entro a las intervenciones!)

- EL C. DIPUTADO PABLO GÓMEZ ALVAREZ (PRD. Desde su curul): ¡No hace falta!

- EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL YUNES LINARES (PRI): Adelante... Si este dictamen se hubiera devuelto, como se debe devolver, el curso sería un curso legal: un proyecto que vuelve a la comisión se estudia, no se anula, es un proyecto como todos los demás. Yo pregunto: ¿Por qué este no se devolvió y los demás sí? ¿Por qué este se lo guardó el anterior Presidente de la Cámara y de noche lo vino a entregar? Lo hizo porque sabía que violando la ley iban a generar este escenario.

¡Tiene usted la responsabilidad legal y constitucional de darle el curso debido! ¡Y el curso debido es devolver a comisiones, a la Comisión Jurisdiccional -cuando se integre,-este dictamen de la misma manera en que se devolvieron todos los demás; de otra manera estará violentando la Constitución!

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Tiene el uso de la palabra el señor diputado Emilio Chuayffet Chemor, del Partido Revolucionario Institucional.

-DIP. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR.- Señor Presidente; señoras y señores diputados:

En su intervención el diputado Pablo Gómez señaló que para esclarecer confusiones daba lectura a los preceptos constitucionales 71 y 72, sólo que a mí me parece que de dicha lectura no se desprende un esclarecimiento, como era su pretensión, sino que se agrega mayor confusión, porque esos artículos hablan de proyectos, sí, pero de leyes o decretos, no es lo mismo que proyectos de dictamen. (aplausos)

Y aunque se diga que es un decreto él complementó doctamente la interpretación de la Constitución con la del diccionario, al señalar que el proyecto no es una opinión sino que es un esbozo y que en consecuencia no puede confundirse con el dictamen. Estoy totalmente de acuerdo, sólo que proyecto de dictamen no es lo mismo, insisto, que proyecto de ley o decreto. El dictamen es una opinión, la otra es una iniciativa como se conoce en derecho parlamentario, proyecto de ley o decreto, ¡es la iniciativa!, tan es así que está en el capítulo constitucional que regula el trámite legislativo en la parte correspondiente a iniciativas de ley.

En segundo lugar, 71 y 72 trámite legislativo, 71 derecho a iniciar leyes, 72 trámite legislativo.

-DIP. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR: En segundo lugar quisiera señalar, como lo ha dicho mi compañero Yunes, que el 94 del Reglamento es muy claro, que los dictámenes que se hayan entregado por las Comisiones de la anterior Legislatura que pasen a ésta, tomarán el carácter de proyecto de dictamen y aunque parezca juego de palabras, el dictamen es una opinión y engloba al proyecto, el proyecto es un esbozo de dictamen y no engloba al dictamen. Si el 94 del Reglamento señala que toman otro carácter, es porque es la intención en la norma, que tomen un trámite distinto; si no fuera así, para qué se hizo el 94 del reglamento.

Para hechos se le concede el uso de la palabra al señor diputado Pablo Gómez Alvarez.

-DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ: Creo que el artículo 71 de la Constitución habla de las iniciativas, pero el artículo 72 de la Constitución habla de las resoluciones de las Cámaras.

Una ley votada por el Congreso, incluso por las dos Cámaras, pasa al Ejecutivo y sigue siendo un proyecto todavía, porque en México existe un sistema, ustedes lo saben, que le llamamos "veto del Presidente" y hasta que éste no la publique ese proyecto se convierte en ley. El Presidente es parte del sistema legislativo, no sólo como iniciador sino con posterioridad a las resoluciones que toman las Cámaras.

-DIP. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES (desde la curul): Señor Presidente, pregunte al orador si acepta una interpelación.

-PRESIDENTE: Señor diputado Pablo Gómez, ¿si acepta usted una interpelación?

-DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ: Sí, como no, con mucho gusto, solamente quiero que me descuente usted el tiempo, porque ese es de otro diputado.

-DIP. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES (desde la curul): Usted acaba de señalar ... Déjeme ver si así.

-DIP. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES (desde la curul): Ahora también es maestro de ceremonias.

Usted acaba de señalar que el documento al que hemos hecho referencia es un proyecto ¿es así?

-EL C. DIPUTADO PABLO GOMEZ: -¿Esa es toda? ¿Ya terminó su turno? ¿Terminó su turno?

-EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL YUNES LINARES (desde su curul) Nada más que el señor Diputado no quiere responder.

-EL C. DIPUTADO PABLO GOMEZ. Sí, sí voy a responder todo lo que usted pregunte.

-EL C. DIPUTADOMIGUEL ANGEL YUNES LINARES (desde su curul)mDebe devolverse a la Comisión?

-EL C. DIPUTADO PABLO GOMEZ: No le puedo escuchar nade, perdóneme Diputado Yunes.

Le voy a responder a usted todo lo que usted quiera pero solamente le pido que sea usted claro, nada más.

-EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL YUNES LINARES. El hecho de que usted no entienda no quiere decir que…

-EL C. PRESIDENTE. Perdón Diputado Yunes, Diputado Pablo Alvarez, no están permitidos los diálogos.

-EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL YUNES LINARES (desde su curul):- Usted acaba de afirmar que el documento que nos ocupa es un proyecto; si es así, yo le pregunto si está de acuerdo o no en que siendo un proyecto y en términos del último párrafo del Artículo 94º debe estar en Comisione, en este caso en la Comisión Jurisdiccional y no en este pleno.

Consta en el Diario de los Debates que usted dijo que era un proyecto y el Artículo 94º en su último párrafo señala que los proyectos van a Comisiones y no al pleno, esa es la pregunta.

-EL C. DIPUTADO PABLO.GOMEZ;- Lamento mucho señor Licenciado que usted confunda, que usted crea que existen proyectos de dictamen. En esto está usted equivocado, no hay proyectos de dictamen hay dictámenes con proyecto de decreto, esa es otra cosa.

Cuando se presenta un dictamen al pleno, se presenta así, la Comisión presenta un dictamen es decir una opinión, ya lo decía Chuayffet, una opinión, dictamen según el diccionario quiere decir opinión; es una opinión con proyecto de decreto, Lo que ha presentado la Sección Instructora es un dictamen donde dice por qué y después un proyecto de decreto.

Cuando dice el 94º que los dictámenes que se produzcan de una Legislatura y no los haya conocido aquella, pasan a la siguiente con el carácter de proyectos y sólo el pleno recibe los proyectos, las Comisiones no reciben proyectos señor Licenciado, las Comisiones reciben iniciativas y en el caso de la Sección Instructora recibe de turno de Presidencia cuando se presenta el requerimiento, que en este caso fue el Ministerio Público de la Federación.

Entonces, no se trata aquí de un problema de andar viendo el diccionario sino de entender los elementos mínimos señor Diputado de lo que es el procedimiento no solamente legislativo sino parlamentario en general, a saber: Iniciativa, Turno a Comisión, Dictamen con Proyecto de Decreto, pasa al Pleno, el pleno puede regresar el dictamen a Comisión con todo y el proyecto de Decreto pero también puede considerarlo y aprobarlo ó de plano rechazarlo.

Se va a la Colegisladora, la Colegisladora hace lo mismo, después se va al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene un proyecto que tiene que firmarlo.

Así se legisla en este país de acuerdo con la Constitución señor Licenciado.

-EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL YUNES. Señor Presidente Nuestro experto en Derecho Parlamentario trae una confusión de términos, conceptos, artículos, que definitivamente creo que le costará trabajo a él mismo entender lo que ha venido a esta tribuna a plantear.

El dice que no pasan a las comisiones proyectos y yo, vuelvo a repetirle y vuelvo a insistir, en que esta Cámara precisamente mediante un acuerdo suscrito por el diputado Armando Salinas y por tres vicepresidentes, publicado en la Gaceta oficial, señaló expresamente que los dictámenes con proyecto de ley o decreto de los expedientes legislativos relacionados en este acuerdo, pasan con el carácter de proyectos a las comisiones que se integran o que se integren en la LIX Legislatura.

Y hay una relación extensa de dictámenes que en calidad de proyectos pasan a las comisiones. No hay razón para que se haga una excepción, donde la ley no hace excepción no debe hacerla el Presidente de esta Cámara por más que quiera beneficiar a su partido. Donde la ley no hace excepción, no la puede hacer tampoco el especialista en derecho parlamentario que quiere que debatamos de cualquier manera este asunto.

Los dictámenes no aprobados en la anterior Legislatura tienen un valor, no desaparecen vuelven a las comisiones para que las nuevas comisiones profundicen en ellos, los analicen y en su caso vuelvan al Pleno, se presenten al Pleno para que el Pleno los debata de acuerdo al trámite, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento. Es una cuestión no sólo jurídica, es una cuestión de lógica elemental.

¿Cómo puede venir a este Pleno un documento, dictamen, proyecto o iniciativa –o como le quiera llamar el especialista, habrá que ponerse de acuerdo en los términos- cómo se puede venir aquí a debatir un proyecto, dictamen o lo que sea que no tenga sustento en el debate de quienes lo elaboraron, de quienes estudiaron durante largos meses este asunto, de quienes conocieron de pruebas, de documentos, de quienes se empaparon del mismo?

Esto que sucede en el caso que debatimos, sucede en el caso de cualquier iniciativa de ley o de decreto. Se trata de un debate sobre un asunto importante para el país, cada uno de ellos; se trata de escuchar a quienes dieron su opinión en un dictamen acerca de ése asunto; se trata de que vengan a convencernos al Pleno, de que vengan a decirnos: lo que yo te presento en este proyecto es una opinión sustentada en la ley y en la Constitución, y particularmente en este caso donde se ha dado un trámite prolongado de muchos meses, a un asunto que puede afectar nada más ni nada menos que a un senador de la República, independientemente de su militancia política, un asunto que puede afectar a un ciudadano mexicano.

No podemos pues venir aquí con ligerezas, tenemos que hacer lo que la ley dispone y lo que la ley dispone es que se analice en comisiones y que los miembros de las comisiones vengan aquí a explicarnos de qué se trata.

Yo pregunto al señor Presidente de esta Asamblea y pregunto al experto en derecho parlamentario cómo se le va a dar cumplimiento al artículo 108 del Reglamento, cuando un miembro de esta Cámara en su caso pidiera a los miembros de la comisión dictaminadora que viniera aquí a explicar las razones de su dictamen, cuál es el procedimiento, qué es lo que se va a hacer, qué vamos a inventar en este momento, cómo se va a volver a violentar la ley con el único objetivo y con el único propósito de lesionar a un ciudadano que siendo senador de la República debe merecer nuestro respeto.

Yo creo señor Presidente, que es indispensable que usted asuma como deber el cumplimiento de la Constitución. Aunque no levantó la mano, se comprometió a hacerlo. ( aplausos )

- EL PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Continúe la Secretaría… perdón, diputado. Don Jesús González Schmall, ¿con qué objeto? Para hechos. Adelante.

Creo que el debate que ha sido rico e interesante, tiene que dilucidarse por una referencia irrenunciable a la naturaleza misma de la Cámara de Diputados, a sus funciones y al efecto de sus determinaciones.

Estamos discutiendo un problema jurisdiccional en el campo, en el terreno, en la línea de las iniciativas, de los dictámenes de carácter legislativo. La Cámara de Diputados, además de ser la representación nacional por antonomasia política, tiene una función legislativa muy, muy distinta a la función jurisdiccional, a la naturaleza jurisdiccional. En esta materia somos jueces, emitimos resoluciones que estamos obligados a acatar.

De suerte que si hay una resolución de la Sección Instructora, no puede analogarse con lo que significa un proyecto de dictamen o un dictamen con proyecto para trasladarse nuevamente a su procedimiento legislativo, requiere ser considerada por separado como una resolución jurisdiccional.

Yo contestaría a quienes dicen que esto no sería posible, porque se requeriría volver a traer a los integrantes de la Sección Instructora, para que fundamentaran y motivaran su resolución, también sería un contrasentido, que si no le damos el trámite la transferencia directa a esta Legislatura de la resolución de la Comisión Instructora, nos veríamos entonces obligados a volver a pedirle al Ministerio Público que nos elaborará la consignación por la cual accionó los procedimientos jurisdiccionales de la Cámara de Diputados, para llegar a la determinación que se llegó y someter al pleno la procedibilidad del tema y del asunto.

Estoy pues, porque se deslinde claramente que estamos frente a un problema jurisdiccional que nos obliga y que es transperiodo y translegislatura y que por ende, no puede tener efecto o el efecto que la ley prevé para los procesos legislativos que son absolutamente diferentes.

Yo, en esa condición, solicitaría a la Presidencia de esta Cámara que nos ha precisamente solicitado convocar a la sesión secreta de la Cámara, para dilucidar este tema, que se sirva simplemente ampliar su fundamentación y motivación en torno a esta convocatoria que en términos preciso ha hecho apenas hace unos momentos.

De modo, que este es el fondo, en conclusión nuestra solicitud a la Presidencias de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura. Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra, el señor diputado Héctor Gutiérrez de la Garza del Partido Revolucionario Institucional.

-EL DIP. HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA: Diputado Presidente, compañeros diputados:

Con fundamento en lo que señala el artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados solamente podrá anunciar a ésta que debe eregirse en jurado de procedencia, una vez que cuente con el correspondiente dictamen de la Sección Instrucción.

Por otro lado, el artículo 11 del mencionado cuerpo legal en relación con el numeral 40, apartado 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a la Comisión Jurisdiccional el carácter de Comisión Ordinaria de esta Honorable Asamblea.

En consecuencia sus resoluciones, así como las de sus subcomisiones o secciones, entre las que se ubica a la Sección Instructora, obviamente son auténticos dictámenes de comisión. Lo anterior es relevante, reiteramos, de acuerdo a la luz del contenido del artículo 94 párrafo IV del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que los dictámenes que las comisiones produzcan sobre asuntos que no llegue a conocer la legislatura que los recibió, quedarán a disposición de la siguiente legislatura con el carácter de proyecto.

Este no es un juego de palabras, es simple y sencillamente el mismo turno y la misma naturaleza con la que se está actuando con los demás asuntos que quedaron pendientes de la legislatura anterior.

A mayor abundamiento. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos no otorga a los dictámenes de la Sección Instructora un carácter jurídico distinto del que tienen los que se originan en las comisiones dictaminadoras. Es precisamente por esa razón que los llama dictámenes.

Tampoco establecen diferencias la Ley Orgánica ni el Reglamento Interior del Congreso, que son de aplicación supletoria, si se atiende al artículo 40 de la mencionada Ley de Responsabilidades, la cual señala en forma muy clara y tajante la supletoriedad. En ese tenor, resulta aplicable el principio general de derecho según el cual, cuando la norma no distingue, no debe distinguirse y como resultado aplicar la regla general del invocado artículo 94 del Reglamento, que le otorga a este tipo de documentos el carácter de proyectos.

Consecuentemente, desde el pasado primero de septiembre y hasta la fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados a su digno cargo no cuenta ni puede contar con dictámenes de comisión, en razón de que ninguna ha sido constituida ni instalada a la fecha, mucho menos alguna sección de ella, por más autónomas que sean.

En virtud de lo anterior, en opinión del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, las conclusiones que la Sección Instructora de la LVIII Legislatura depositó en la Presidencia de la Cámara, hoy tienen indudablemente el carácter de proyecto y de ninguna manera de dictamen. En esa calidad deberá ser turnado a la Sección Instructora que eventualmente surja de la Comisión Jurisdiccional que se instale por esta LIX Legislatura.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera que es un asunto que requiere de un profundo estudio y una consensuada interpretación debido a la falta de antecedentes en la práctica parlamentaria, razón por la cual solicito expresamente que de ninguna manera sea convocado el jurado de precedencia hasta que se acuerde una interpretación adecuada de esta norma.

Quisiera recordarle, diputado Presidente, que el turno está impugnado y por lo tanto de ninguna manera tiene la naturaleza de estar firme en este momento. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México.

Con la aclaración que no defendemos postura alguna ni impunidad. La fracción legislativa del Partido Verde Ecologista de México, atentamente solicita que con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acate irrestrictamente la axiología jurídica de la legalidad, la cual, en términos muy llanos, establece que la autoridad debe ceñirse exactamente a lo que dispone la ley.

Asimismo y con relación a los proyectos de comisiones, cabe destacar que el artículo 45 de la Ley Orgánica en su párrafo sexto, perfectamente determina que las comisiones tienen como funciones las de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas, en los términos de los programas legislativos.

EL C. DIP. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES, (desde su curul).- Señor Presidente, solicito la palabra.

EL C. DIP. MIGUEL ANGEL YUNES LINRES, (desde su curul).- Para hechos, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

No nos encontramos frente a una resolución jurisdiccional, creo que esta confusión que yo recuerdo que vivió el diputado Castro en alguna ocasión en la LV Legislatura, deriva de los dos tipos de procedimiento de carácter político que nuestra Constitución prevé.

Efectivamente hay un juicio político, donde esta Cámara se erige en jurado de acusación y el Senado en jurado de sentencia, y sentencia y determina responsabilidades y aplica sanciones. Entonces sí, estamos frente a una resolución de carácter jurisdiccional, incluso la comisión que se encarga de darle trámite a la misma en el Senado, se llama Comisión de Enjuiciamiento. Este es el juicio político.

El otro, al que hoy nos referimos, es el procedimiento para quitar el fuero a una persona y en este caso el dictamen de la Sección Instructora no es de ninguna manera una resolución jurisdiccional, porque no se pronuncia sobre las responsabilidad o no de la persona que se pretende desaforar.

Es una resolución de carácter político, es una resolución en la cual, con base a un procedimiento muy parecido en su trámite al del juicio político, se llega a una conclusión y se priva del fuero a alguien, pero sin prejuzgar o sin juzgar nunca, sin referirse nunca a su culpabilidad.

Yo quisiera pedirle al Presidente de esta Cámara que fije su posición en este debate, porque en última instancia, el actor principal en el mismo es él y teniendo la responsabilidad como Presidente y como parlamentario, lo menos que podemos esperar es que fije su postura para que el debate pueda continuar, para que lo podamos vencer con argumentos y lo podamos convencer de que cumpla con la Constitución y devuelva este documento al lugar donde debe estar, que son las comisiones.

EL C. DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMALL, (desde su curul).- Señor Presidente, solicito la palabra para alusiones.

EL C. PRESIDENTE.- Para alusiones tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Schmall, de Convergencia.

EL C. DIPUTADO JESÚS GONZALEZ SCHMALL.- Sí estimo evidentemente, que hay un proceso jurisdiccional implicado en esta resolución que tuvo que emitir la Sección Instructora. Si hay una petición por parte del Ministerio Público por presuntos delitos cometidos por un miembro de esta Cámara o de la Cámara de Senadores, es evidente que tiene que instruirse un proceso, que fue lo que hizo la Sección Instructora, escuchó a la parte acusadora, al Ministerio Público, escuchó a la defensa del sujeto a la destitución del fuero, se aportaron pruebas y se desahogaron y se oyeron los alegatos finales, para llegar a una conclusión, para llegar a una resolución típicamente formal y materialmente jurisdiccional, que es el de someter al pleno de la Cámara de pertenencia del sujeto acusado, es si éste es o no sujeto a la ley y a la destitución del fuero, para comparecer ante las autoridades correspondientes.

Naturalmente que estamos ejerciendo una función jurisdiccional respecto de nuestra propia investidura, nuestra propia protección, para no ser despojados del fuero por el ejercicio de nuestras libertades de opinión y otros derechos sustanciales, sino sólo en el caso, como así se valoró por la Comisión Instructora, que los elementos que aportó el Ministerio Público fueron lo suficiente, como para que se diera la condición de someter al pleno la procedencia de esta inhabilitación del fuero.

Yo creo que son análogos efectivamente las funciones de la Cámara respecto de los juicios políticos cuando es jurado acusador y los que se refieren a lo que hoy nos tiene ocupados, que es el desafuero de uno de los miembros del Congreso.

De modo que yo asumo y reitero mi proposición de que siendo una materia jurisdiccional típica, la analicemos y la deliberamos en estas condiciones y no confundiéndola ni analogándolo con la materia legislativa que es de otra naturaleza. Muchas gracias.

-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va dar lectura al Orden del Día…

-EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL YUNES LINARES (desde su curul): Para solicitarle que fije su posición al respecto.

-EL C. PRESIDENTE: No estoy sometiendo una resolución a consideración del pleno porque es facultad del Presidente, pero voy a contestar su pregunta.

Al inicio del debate mi intención era participar amplisísimamente en él, recordará que para no se me pudiera tachar de parcial, intenté dejar la Presidencia de la Asamblea.

Hubo una reacción, sobre todo de su fracción parlamentaria, con determinados calificativos, en el sentido de que debiera continuar en la Presidencia, no entro a debatir, está fundado y motivada la resolución y la cita que se hizo para la Sección Instructora. (Aplausos)

-EL C. DIPUTADO HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA (desde su curul): Una moción. Por violación de la Presidencia al Reglamento Interior.

-EL C. DIPUTADO HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA (desde su curul): Diputado Presidente, quisiera recordarle que después que usted resolvió lo conducente, el diputado Yunes con fundamento en los Artículos 18 y 19 de nuestro Reglamento subió a tribuna, por lo tanto, el turno correspondiente por parte de esta Presidencia, está sujeto a discusión, así fue el fundamento y así aprobó esta Presidencia el porqué el diputado Yunes subiese e hiciese uso de la tribuna.

Por lo tanto, de ninguna manera podemos continuar sin resolver el reclamo al turno correspondiente que realizó mi compañero el diputado Yunes. Gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Señor diputado, sobre eso que acaba usted de expresar, efectivamente es aplicable para las decisiones de la Presidencia cuando se tocan asuntos legislativos de esta Cámara, no es el caso, no es la hipótesis y por lo tantono ha lugar.

-DIP. HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA (desde la curul) Diputado presidente: quisiera recordarle que conforme a la Constitución, las autoridades podemos hacer lo que la ley nos permite.

Quisiera que usted fundamentara en este momento la excepción que pretende realizar para esta resolución, que según usted está firme.

Mire usted, en este tema, y no quiero entrar a debate pero voy a dar la respuesta.

En este tema la ley aplicable es la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos que tiene carácter federal. Efectivamente como lo dijo amplísimamente en su intervención, y conste que estoy fundando lo que usted me pregunta. En su intervención el licenciado Yunes, es aplicable las reglas que establece la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso General para la discusión y votación de las leyes. Citó el diputado Yunes el artículo 40 de la propia Ley de Responsabilidades. Pero omitió dar a conocer a la asamblea lo que dice la primera parte del artículo 40, dice: "… en todo lo no previsto en esta ley, en las discusiones y votaciones se observarán en lo aplicable reglas que establecen la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento Interior". No habla para nada de la facultad que me otorga, como usted me pide y se la voy a fundar, el artículo 26 de la Ley de Responsabilidades.

Por otro lado, ¿qué voy a hacer si es que presido y me permite la asamblea seguir presidiendo esta asamblea de diputados, qué voy a hacer en relación con lo que establece el artículo 108, cuando me pidan leer constancias del expediente; cuando no hay comisión juridiccional, ni siquiera hay sección instructora. Pues señor, es muy fácil contestar ese argumento.

La ley aplicable es la Ley de Responsabilidades y ésta en el artículo 27 dice que "… para el procedimiento de la declaración de procedencia se seguirá el procedimiento que establece el artículo 20" y el artículo 20 no establece esa intervención de la Comisión Jurisdiccional, ni siquiera de la Sección Instructora. Es muy claro, fue el 26 señor diputado y con esto contesto su pregunta.

-DIP. MIGUEL ANGEL YUNES: Señor presidente ¡Qué lamentable que para justificar una violación a la Constitución y a la ley, tenga usted que hacer uso de estrategias que no corresponden a la dignidad del presidente de la Cámara!, se lo digo con toda firmeza y con todo respeto.

Nunca pensé escuchar al parlamentario Juan de Dios Castro, decir desde la presidencia de la Cámara, que los debates de la Cámara se regulan por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es algo inaudito.

Los debates de la Cámara diputado Castro, se regulan por nuestro reglamento de debates; por ese viejo reglamento con base en el cual usted y yo en muchas ocasiones debatimos. Por ese reglamento que con todo y sus imperfecciones, es la norma aplicable en la relación entre parlamentarios. No salga usted hoy con una chicana de leguleyo que pretende aplicar una norma que no tiene nada que ver en la vida parlamentaria.

Cómo se atreve a venirle a decir a esta asamblea que no importa que no haya quien nos explique las razones de un dictamen que tiene que ver con la dignidad del Congreso; con la dignidad del Senado de la República. Porque quien está sometido a ese procedimiento es un senador de la República. no lo olvide.

Cómo es posible que venga aquí a decirnos que porque el artículo 20 de una ley no lo prevé, no es necesario que nadie justifique el contenido de ese dictamen.

No pedimos de ninguna manera que el dictamen se tire a la basura; pedimos que se respete la ley, que se debata en la Comisión Jurisdiccional, que se debata en la Sección Instructora, y en el momento conveniente, en este pleno, dar el debate conforme al Reglamento, conforme a la Ley Orgánica y conforme a la Constitución.

Lo que usted plantea, diputado Castro, va en contra de la dignidad de la Cámara y no debiera de ninguna manera ser un argumento de su presidente.

Le pedimos con toda seriedad y con apoyo en la Constitución que actúe usted conforme a la ley y no conforme a criterios partidistas.

Es perfectamente claro que el dictamen debe ir a comisiones, como todos los demás. Está perfectamente claro también que quien argumentó que no era procedente, un militante de su partido, lo hizo a espaldas de la Cámara y lo hizo para generar este conflicto.

Vamos, señor presidente, lo exhortamos a que cumpla la Constitución. Hace apenas 72 horas ahí en ese lugar lo hizo. No violente la Constitución. Vamos a dar el debate en las comisiones, en la Sección y en el pleno y si Aldana debe ser sometido a proceso penal que sea sometido a proceso penal, pero no violente usted la ley. (aplausos)

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión del 9 de septiembre del 2003.

(16:25 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 9 de septiembre, a las 11: horas y se les informa que las listas de registro de asistencia estarán desde las 9:30 horas.

Javier Osorio Salcido	A favor
Adriana González Furlong	A favor
Rogelio Flores Mejía	A favor
Roberto Ruíz Esparza	A favor
Jesús Vázquez González	A favor
José María de la Vega	A favor
Marisol Vargas Bárcena	A favor
Patricia Garduño Morales	A favor
Manuel Ovalle Araiza	A favor
Jesús Nader	A favor
José Antonio de la Vega Asmitia	A favor
Lucio Galileo Lastra	A favor
Israel Gallardo Sevilla	A favor
Arturo Robles	A favor
Consuelo Rodríguez	A favor
Larios Rivas	A favor
Rueda Sánchez	A favor
Raúl Pompa Victoria	A favor
José Alberto Aguilar Iñarritu	A favor
Estela Ponce Beltrán	A favor