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SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso de Guanajuato.

De la Junta de Coordinación Política.

Acuerdo para la Integración de Comisiones Ordinarias de la LIX Legislatura.

Iniciativa del Congreso de Chihuahua

Que adiciona el artículo 190-Bis del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Ariel Escalante Arceo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que deroga el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo al Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, presentada por el senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, presentada por el senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cuatro, con los que se remiten copias de las contestaciones del secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía; del administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y del subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Erika Silvia Rempening Rico pueda desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en la zona media del estado de Veracruz, teniendo como límites la frontera norte del municipio de Nautla y la frontera sur de los municipios sobre el río Papaloapan. (Turno a Comisión)

Minuta

Proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)

Solicitud de particulares

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ricardo Franco Guzmán y Adrián Franco Zevada puedan prestar servicios como asesores jurídicos en la Embajada de Belice en México. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, mediante el cual se hace un exhorto al Ejecutivo del estado de Zacatecas a que se promulgue la nueva Ley Electoral, aprobada por la Legislatura del estado, a cargo del diputado José Isabel Trejo Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Pendiente de trámite)

Con punto de acuerdo, mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República a restituir en su recinto de Xicoténcatl la exposición "Violencia desde el noviazgo, una mirada desde el Faro", a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la realización de la sesión solemne para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre "Universidad Nacional Autónoma de México", a cargo del diputado Maximino Alejandro Fernández Avila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para cambiar el mecanismo de elección de presidentes y secretarios de las comisiones y los comités, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial encargada de coadyuvar con las instancias correspondientes y verificar la pronta aplicación de los recursos del fondo revolvente del Fonden, así como su eficiente y eficaz ejercicio, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con los hechos sucedidos el 10 de junio de 1971, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión Nacional del Deporte tenga para el año 2004 mayor presupuesto por ser éste año olímpico, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Pleno acuerde criterios generales acerca de la selección de candidatos, de la discusión correspondiente y de la elección de consejeros electorales del IFE para el periodo 2003-2010, a cargo del diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo a que instruya al secretario de Hacienda, ante el escenario que la misma dependencia proyecta de una reducción del presupuesto, para que el gasto del sector salud se atienda con responsabilidad social, sin reducción alguna, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la excarcelación del líder del Frente Estatal Pesquero de Sinaloa, Jesús Leyva, y exhortar a la Conapesca a reforzar las actividades de ordenamiento pesquero en el país, a cargo del diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a que, a partir del inicio de la segunda mitad de su administración, lleve a cabo una revisión en su política de generación de empleos y haga hincapié en la recuperación de éstos, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la PGR, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y a la Contraloría Interna del ISSSTE que envíen a la Comisión de Salud de esta soberanía un informe periódico y detallado sobre los resultados de las investigaciones realizadas en torno de los fallecimientos de recién nacidos en el hospital 1º de octubre de dicho instituto, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos y programas de desarrollo regional, relacionados con la frontera sur, a cargo del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Gobernación a que convoque, mediante la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, a la discusión amplia y abierta con la participación ciudadana, asociaciones religiosas e instituciones académicas para emitir el proyecto de Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Gobernación a que con la mayor brevedad se liberen los recursos del fondo revolvente del Fonden y del Fondo de Apoyo para Contingencias a los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz la Yesca, Acaponeta y el Nayar, del estado de Nayarit; y que se integre una comisión especial de diputados que se traslade a las zonas de desastre para su evaluación, a cargo de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se investigue lo relativo a la empresa Carbontec, SA de CV, de la isla de Cayacal, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales, que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluidos varios tratados internacionales, a cargo de la diputada Laura Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal que se respete lo dispuesto en el decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efemérides

Sobre el 40 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.

Sobre el aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, a cargo de diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.

EL PRESIDENTE DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: (Toca la campanilla y dice: Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del computo de asistencia de los ciudadanos diputados.

-EL SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Se informa a la Presidencia que en el sistema electrónico de asistencia, existen registrados 329 diputados, señor Presidente. Por lo tanto, hay quórum.

-EL SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al orden del día.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

.EL DIP. PEDRO AVILA NEVAREZ( Desde su curul) Quiero pedirle con todo respeto que se integre en el orden del día un exhorto a la Cámara de Senadores para que se apruebe la Ley de Armas y de Fuego. Con todo respeto, que se someta señor Presidente, en el Orden del Día.

-EL PRESIDENTE: Con todo respeto, señor diputado le expreso, lo que le expresamos antes. La orden del día de acuerdo con la Ley Orgánica la prepara con las propuestas de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva.

Yo le pediría que haga llegar su pedimento a la Junta de Coordinación Política para que sea incluido en la orden del día de la siguiente sesión.

-EL DIP. PEDRO AVILA NEVAREZ: ( desde su curul) Señor Presidente se está violando el derecho que tengo para hacer una propuesta, el derecho que el pueblo me ha conferido al haber sido elegido por el pueblo .

-EL DIP. PEDRO AVILA NEVAREZ: (desde su curul): Entonces aquí nada venimos a levantar el dedo.

EL PRESIDENTE: Continué la Presidencia, consultando a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

EL SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Por lo tanto, los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

( Dará lectura al oficio del Congreso del Estado de Guanajuato.) determinando límites entre los municipios de la Purísima del Rincón, Moroleón y Uriangato Guanajuato.

El siguiente punto del orden del día es la lectura al acuerdo para la integración de las Comisiones Ordinarias de la LIX Legislatura.

Se informa a la asamblea que en razón de los últimos ajustes al acuerdo para la integración de Comisiones Ordinarias de la LIX Legislatura, la Mesa Directiva difiere este asunto para abordarse más adelante, durante la sesión.

Tiene la palabra el diputado don Enrique Ariel Escalante Arceo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

—EL DIPUTADO ENRIQUE ARIEL ESCALANTE ARCEO: Diputado Presidente, compañeras y compañeros legisladores:

El concepto de una Federación parte de la idea de que diversas jurisdicciones autónomas o estados libres, ceden parte de su soberanía con la finalidad de enfrentar determinadas tareas o funciones en forma conjunta o federada, sin perder la potestad de tomar sus propias decisiones respecto a su régimen interior.

Partiendo de ese concepto podemos afirmar que nuestro país ha recorrido todas las frecuencias en el cuadrante entre centralismo y federalismo, desde un México que antes de ser nación se convirtió en país, hasta el México de nuestros días, que siendo ya una nación sólida, con identidad, nos pronunciamos por promover el reconocimiento pleno de los alcances de la soberanía y la libertad de las entidades que conforman nuestra Federación.

Con ese ánimo, he solicitado hacer uso de la tribuna para someter a la consideración del Pleno una iniciativa con exposición de motivos y proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de impulsar nuevas facultades para las entidades federativas, haciendo a un lado prejuicios decimonónicos, que lejos de asegurar el Pacto Federal, coartan la libertad de los estados para desarrollar acuerdos o convenios entre sí, que permitan detonar proyectos comunes tendientes a crear espacios de bienestar en el territorio nacional.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en su artículo 162, enclavado en el Título Cuarto, sección tercera, de las Restricciones de los Poderes de los Estados, prohibía expresamente en su fracción IV que los estados de la Federación entraran en transacción alguna con potencia extranjera; sin embargo, ese mismo artículo en su fracción V permitía a las entidades, previo consentimiento del Congreso General, entrar en transacción o contrato entre ellos.

Asimismo esta fracción, en tratándose de acciones sobre arreglo de límites requería del consentimiento del Congreso General en forma posterior.

La situación varió con el advenimiento de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, que en su artículo 111, fracción I prohibía taxativamente que los estados celebraran alianza, tratado o coalición con otro estado o con potencias extranjeras.

No obstante, esta misma fracción ponderaba la excepción de la coalición entre los estados fronterizos para la guerra ofensiva o defensiva contra los bárbaros (sic).

La Constitución vigente siguió considerando la prohibición de celebrar cualquier tipo de relación contractual entre los estados, en clara tendencia centralista, por el temor al separatismo, circunstancia histórica propia de la primera mitad del Siglo XIX.

En la actualidad la posibilidad de la separación de un estado integrante de la Federación es remota e improbable, debido a la fortaleza y solidez de las instituciones mexicanas, al ambiente de paz que priva en la nación y a la seriedad con la que se conducen gran parte de los gobernantes y representantes populares.

En el texto vigente de nuestra Carga Magna existen dos excepciones a la prohibición de suscribir convenios o acuerdos entre las entidades federativas, las cuales están previstas en los artículos 46 y 119.

El primero, tratándose de convenios amistosos para el caso de problemas limítrofes, con la aprobación del Congreso de la Unión.

El segundo es en materia judicial para el caso de persecución de reos, aunque en este caso no es necesario que sean sancionados por el Poder Legislativo de la Federación.

Es menester dejar atrás el prejuicio histórico del conato separatista, para catapultar a los estados a nuevos espacios donde se cree una alternativa más de desarrollo regional a través de acuerdos o convenios que estén investidos de todos los efectos jurídicos para su debido y puntual cumplimiento.

Por ello, esta soberanía debe considerar una adición al artículo 46 y reformar el artículo 117 fracciones I y II para destrabar viejos resabios y proporcionar la posibilidad a las entidades federativas de contraer convenios o acuerdos entre sí, pero conservando la facultad del Congreso de la Unión para autorizarlos.

Esta media debe adoptarse no como medio para impedir una remota decisión del territorio federal, sino como una medida clarificadora de las atribuciones y facultades de las entidades federativas que se desprenden por exclusión de las atribuciones y facultades concedidas por la Constitución vigente a la Federación y a los municipios, evitando así cualquier tipo de confusión, controversia o duplicación de funciones.

Por otra parte, será necesario reformar el artículo 105 y adicionarle una nueva fracción tercera con la finalidad de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, mediante un proceso de conciliación, medie entre las partes contratantes en los casos de incumplimiento, modificación o recesión de estos instrumentos de colaboración. Si esta reforma es avalada por el Constituyente Permanente, tendríamos que reformar en breve la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política vigente, a fin de instrumentar el procedimiento por el cual puedan ser ventilados estos casos cuyos fallos sean definitivos, obligatorios e inatacables.

En las últimas dos décadas, nuestros gobiernos nacionales han desencadenado una agresiva e intensa labor a favor de las relaciones comerciales, de la cooperación económica y ayuda a terceros países a través de mecanismos de colaboración como tratados, convenios o acuerdos, cuyos fines han sido crear regiones de bienestar y desarrollo mutuo.

Con ese mismo interés, los Poderes de la Federación deberán actuar al interior y estimular a las entidades federativas, para que bajo ese tipo de esquemas y en pleno ejercicio de sus facultades, creen sus propios espacios regionales acordes a su interés común.

Esta reforma se inscribe en el marco del nuevo federalismo. Si esta iniciativa prospera bajo la voluntad mayoritaria de los representantes populares aquí congregados, habremos remontado el tabú manifiesto sobre estos temas que fue divisa de los que nos antecedieron en esta honrosa responsabilidad.

En el Plan Puebla-Panamá, en su punto sobre orientaciones iniciales para un programa de desarrollo integral y sustentable de la región sur-sureste, establece que, la relación bilateral entre los gobiernos estatales y el Gobierno Federal, será complementada cada vez más por una relación regional, en la que los gobiernos de los estados acuerdan entre sí acciones interestatales y forman una base común de acuerdos con el Gobierno Federal.

Dicho plan, continúa diciendo que el principio básico de este modelo es el impulso de la asociación voluntaria entre los gobiernos de los estados para definir y llevar a la práctica una estrategia integral de desarrollo sustentable y proyectos estratégicos regionales.

Esta visión regional de desarrollo sustentable carecería de vigencia y seriedad si no estuviera sujeto a esquemas y mecanismos de carácter jurídico que permitan la asociación de estados entre sí, con la certidumbre de que serán respetados y cumplidos en todos sus puntos.

El éxito de los convenios y acuerdos biestatales o pluriestatales sobre proyectos de visión regional, no pueden garantizarse a través de la simple asociación voluntaria, como propone el plan en comento; en esta clase de mecanismos donde pudieran estar en juego altos intereses de cada estado participante, además de considerables montos presupuestales, es necesaria la existencia de instrumentos de cooperación.

Quizá algunos no perciban la riqueza en la seriedad de convenios y en la variedad de convenios y acuerdos que pueden desprenderse de esta reforma, pero aquellos que la comprendemos y que advertimos su alcance, debemos asumir la tarea de difundirla y defenderla, no sólo por el simple hecho de dejar atrás viejos temores, sino porque esta república en constante perfeccionamiento, merece la oportunidad de ser iniciada en nuevos ámbitos que aseguren su permanencia y su madurez plena".

En mérito de lo anterior y en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la presente iniciativa de reforma y adiciones a los artículos 46, 105 y 117 de nuestra Ley Fundamental, por lo que solicito a la Presidencia turne el caso a las comisiones competentes, ordene su publicación en la Gaceta Legislativa para mayor información de los diputados, y en su oportunidad, se turne al Senado para que proceda en términos en lo previsto por el artículo 135 constitucional.

Procedo a entregar la iniciativa que nos ocupa a la Secretaría, para su debido trámite.

-EL C. PRESIDENTE: Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates; publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. En tanto se constituye, queda en custodia de la Dirección de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

-EL C. DIP. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ ROLDÁN: Gracias. Con la venia de la Presidencia.

En México, concluyendo el período revolucionario de principios del siglo pasado, se intentó establecer un sistema democrático que procurara al mismo tiempo la representación de los más diversos grupos sociales que surgieron del movimiento armado y así establecer la cohesión en los órganos de representación política.

Así, paulatinamente, se gestaron diversas corrientes que en su momento reflejaron la preferencia de los electores con un incipiente sistema de partidos del Estado

El devenir histórico y político nacional ha logrado que la propia dinámica de nuestras instituciones, que siempre están perfeccionándose, hayan adoptado mecanismos tendientes a lograr una representación cada vez más eficaz.

Algunos titulares del Poder Ejecutivo Federal, en cuya determinación se basaban en buena medida el futuro político del país, propiciaron la adopción de instituciones, fórmulas y organismos que, congruentes con la cada vez más evidente apertura plural, fueron consolidando un sistema democrático aún por fortalecer.

Ante el avance democrático cada vez más consolidado, que poco a poco ha impulsado la sociedad civil a través de los partidos políticos, la revisión de las adopciones que anteriormente fueron adoptadas por los teóricos que influyeron en el diseño de nuestras instituciones, deben necesariamente ser evaluadas y valoradas en su exacta dimensión.

Los logros que el pluralismo político brindaron para la organización de nuestra sociedad han permitido que los órganos de representación nacional y las decisiones de gobierno sean cuidadosamente revisadas y no dirigidas unilateralmente como se acostumbraba anteriormente.

Ahora, con el pluralismo que se ha logrado construir y del cual todavía falta por consolidar, se deben buscar espacios en la legislación electoral, para que así se maduren aquellas opciones democráticas en formación, y que auténticamente signifiquen la representación de grupos sociales congruentes con la ideología que sustenten.

La revisión de la que venimos tratando, conduce necesariamente a adoptar reformas que procuren dar estabilidad política a nuestro país, a la par que conduzcan a las figuras que la actual Ley Electoral contempla.

Por ello, la construcción de un partido para que sea eficaz en la representación política, deberá cumplir una serie de condiciones que la ley imponga.

Ante la alternativa que tenemos los legisladores de procurar el pluripartidismo y la efectiva gobernabilidad como producto de la cada vez más participativa sociedad mexicana; debemos basarnos para contestarla en los principios democráticos en los que se respalda nuestro sistema político; la prevalencia del orden social en la actualización permanente de sus instituciones.

Así las cosas, el pluralismo extremo en lugar de producir un efecto de cohesión, disuelven en un espacio infinito de alternativas políticas, la verdadera representación de posturas ideológicas que prefiera la población y que realmente pretendan y merezcan ser representadas.

Para ello, consideramos se hace necesario para el fortalecimiento del régimen de partidos en nuestro país, el establecer mecanismos que garanticen la existencia del pluripartidismo; entendido éste como una consecuencia lógica de una sociedad en transformación que requiere de nuevos canales de expresión y de otras formas de organización.

Estamos ciertos que la formación de nuevos partidos políticos son la consecuencia de nuevas fuerzas que no tienen cabida en el marco ideológico y político de los partidos existentes. Pero también estamos ciertos que el registro de un nuevo partido político debe ser el reconocimiento legal de una corriente política connotada y con una base social significativa.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país.

Por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente

Se adiciona con un párrafo segundo el artículo 30 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales".

Túrnese a la Comisión de Gobernación. En tanto se constituye queda el documento en custodia bajo la Dirección de Proceso Legislativo.

(Oficio de la Cámara de Senadores que presenta iniciativa con proyecto de decreto del Senador Fernando Gómez Esparza, que deroga el artículo 3o. transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo al impuesto sustitutivo del crédito al salario)

-PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y en tanto se constituye, bajo la custodia de la Dirección de Proceso Legislativo.

(Oficio de la Cámara de Senadores que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, presentada por el Senador David Jiménez González)

-PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en tanto se constituye, en la Dirección de Proceso Legislativo.

(Oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación)

( oficios con los que se remiten contestaciones sobre las acciones que permitan suprimir de manera definitiva la entrada de llantas usadas a México.).

—EL DIPUTADO PRESIDENTE: De enterado. Remítanse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento. En tanto se constituyen, quedan los documentos bajo la custodia de la Dirección de Proceso Legislativo.

(Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se remite contestación en relación al Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, sobre la ampliación del período de vigencia del esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país, en la región fronteriza.)

—EL DIPUTADO PRESIDENTE: De enterado. Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento. En tanto se constituye, queda bajo la custodia de la Dirección de Proceso Legislativo.

(Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se remite contestación en relación al Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, para que se estudie el proceso penal a que se encuentra sujeto el ciudadano Armando Villareal Martha.).

EL C. PRESIDENTE: Un momento, antes de que continúe. El anterior documento relacionado con el ciudadano Armando Villarreal Martha, de enterado y remítase a la Comisión de Justicia y Derechos humanos, para su conocimiento.

El documento donde se solicita permiso constitucional necesario para que la ciudadana Erika Silvia Rempening Rico pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal de Alemana en la ciudad de Veracruz se turna a la Comisión de Gobernación y quedan en custodia de la Dirección de Proceso Legislativo, en tanto se constituyen las Comisiones

EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y en tanto se constituye queda bajo la custodia de la Dirección de Proceso Legislativo.

El siguiente punto del orden del día es el punto de acuerdo mediante el cual se hace exhorto al Ejecutivo del estado de Zacatecas a que promulgue la nueva ley electoral aprobada por la Legislatura local.

Este punto ha sido retirado por los diputados que lo presentaron en la sesión anterior. Entonces, continuamos con el siguiente punto de la orden del día.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Tiene el uso de la palabra el diputado Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República a restituir en su recinto de Xicotencatl la Exposición "Violencia desde el Noviazgo. Una Mirada desde el Faro".

"Queremos hacer uso de la palabra en esta tribuna para proponer a esta soberanía un punto de acuerdo y recordar que uno de los derechos fundamentales de la población mexicana, cuyo ejercicio pleno ha estado íntimamente ligado al desarrollo democrático del país, es sin duda la libertad de expresión, bajo los siguientes

"A lo largo de la historia de nuestro país la censura ha sido una de las más agresivas formas en que el Estado ha manifestado su desfase con la sociedad, ya sea porque la ejerce en el plano político para intentar bloquear la difusión de ideas que considera peligrosas o bien porque aplicada en terrenos como el artístico deja caer todo el peso de los prejuicios ante expresiones clásicas o literarias que escapan a su comprensión.

"En las épocas más oscuras del autoritarismo, como fue bajo el porfiriato, prácticamente ningún terreno de la creación intelectual y artística escapaba al rígido escrutinio oficial. Aquellos que osaban entonar una nota discordante en el pretendido concierto de la unanimidad porfirista pagaban con creces sus osadías. Nunca estará demás recordar desde esta tribuna, entre otros, a quienes elaboraban el periódico Regeneración con los hermanos Flores Magón a la cabeza.

"Tras la Revolución Mexicana se abrió un horizonte propicio para el florecimiento de las ideas en el mundo de las artes, las ciencias y la literatura. La conformación de la nueva sociedad mexicana fue aparejada con la construcción de nuevos referentes socioculturales, los cuales desafortunadamente pronto fueron objeto de la recelosa mirada del Estado posrevolucionario. De nueva cuenta la heterodoxia fue castigada y el derecho a su manifestación plena requirió de una prolongada lucha social.

"En la actualidad y desde hace algunos años el discurso oficial habla del respeto pleno a la libertad de expresión en todos los ámbitos. Sin embargo, en lo que toca a las manifestaciones artísticas aún se manifiestan de vez en vez los afanes censores ante lo distinto, lo singular y lo diverso. Traigamos a la memoria solo algunos recientes botones de muestra:

"Durante 10 años y hasta que la UNAM la programó en el ciclo El Cine que Debimos Ver, en 1995, la película La Ultima Tentación de Cristo no fue exhibida en forma comercial en México y todavía el año pasado hubo grupos que pretendieron que el gobierno impidiera la exhibición de El Crimen del Padre Amaro.

"En el terreno del arte, en agosto de 2000, con la complacencia de las autoridades panistas de Guadalajara y el abierto apoyo del Cardenal Juan Sandoval iñiguez, dos jóvenes destruyeron la obra La Patrona, del artista plástico Ahumada.

"Imposible olvidar algunos célebres bandos municipales que lo mismo prohibían las minifaldas que las palabras altisonantes.

"Pues bien, diputados y diputadas, he tomado la palabra para no de dejar en la impunidad un acto más de intolerancia que reseño a continuación:

"En el pasado mes de julio del presente año la directiva del centro cultural llamado Fábrica de Artes y Oficios de Oriente, FARO, fue invitada por la asociación civil Ambar Profesionistas por una Vida Digna, para montar una exposición en el recinto del Senado de la República en el marco del foro Noviazgo sin Violencia, organizado por las Comisiones de Equidad y Género y la de Juventud y Deporte del Senado de la República, con la colaboración de la Embajada de Nueva Zelanda en México y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

"Como respuesta a esa atenta invitación se convocó a las personas que participan en los talleres del FARO a presentar trabajos en torno a la promoción de la no violencia en las relaciones de parejas jóvenes. A esta convocatoria respondieron más de 100 artistas plásticos conceptuales y visuales, todos ellos alumnos del FARO y en su mayoría jóvenes provenientes de las zonas aledañas al mismo en la Delegación Iztapalapa.

"De las obras presentadas se escogieron 60, las cuales abordaban integralmente el tema de la exposición. Adicionalmente se llevarían a cabo una serie de representaciones que también abordaban el problema de la violencia en la pareja.

"El secretario técnico de la Comisión de Equidad y Género del Senado hizo la petición a la directiva de presentar los guiones de la exposición, por lo que se le presentó el programa de actividades y la ficha técnica de las obras y las representaciones. Como resultado de esta información la directiva del FARO fue comunicada de la inconveniencia de presentar dos de esas representaciones por contener desnudos en su presentación.

El día de la inauguración, el 9 de septiembre, el FARO tomó la decisión de presentar las representaciones mencionadas en las afueras del Recinto de Xicoténcatl, respetando así la decisión de la Comisión de Equidad y Género de no presentarlos dentro del Recinto.

Al terminar la inauguración, el Secretario Técnico informó a los directivos del FARO que había 4 obras que tenían que retirarse con el argumento de que no eran dignas del Recinto legislativo pues ofendían a las senadoras del Partido Acción Nacional.

Distintos medios de comunicación impresa y electrónica han registrado la crónica de estos sucesos.

Es importante destacar frente a esta soberanía lo expresado por la senadora del PAN, Cecilia Romero, es respetable, y la cito, es respetable la exposición, su autoría; pero definitivamente creo que no es digna de presentarse en el patio del Senado. El tema de la violencia es delicado y la exposición es barata, así que yo creo que la van a mover ya porque ahí está sin pena ni gloria.

Su correligionaria, Susana Sthephenson, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, mencionó que un error de omisión que la instancia legislativa, a la que hemos hecho referencia, no se preocupara por averiguar con precisión el contenido de la obra, y cito también a la senadora Sthephenson: "Debo decir que ciertamente cometimos una irresponsabilidad o más bien un acto de omisión porque no nos interesamos por conocer el contenido de la muestra físicamente y calibrar de qué se trataba, si merecía o no exhibirse".

Decenas de artistas de la Fábrica de Arte de Oficios de Oriente retiraron 60 obras del Recinto de Xicoténcatl el pasado día 13 de septiembre, debido a presiones de las senadoras del PAN y para no entablar un conflicto con el Senado de la República.

Éstas fueron las palabras de los jóvenes artistas, y los cito a ellos: "La exposición no se hizo con la intención de generar ningún escándalo, sino mostrar en el contexto de un foro que se organiza en el Senado, el problema de la violencia que está escondido en las casas y de la cual nadie habla". La exposición debió haber durado hasta el 17 de septiembre pero fue interrumpida por la intolerancia de un grupo de senadores.

No sólo la violencia de la pareja salió a la luz pública, sino también la intolerancia de las buenas conciencias que pretenden liquidar siglos de lucha a favor de las garantías individuales en nuestro país.

Ante este atropello a la libre manifestación artística, vengo a esta tribuna a cumplir con la obligación ética y política de someter a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al Senado de la República a restituir la exposición "Violencia desde el noviazgo, una mirada desde el faro", al menos hasta cubrir el lapso originalmente pactado con los artistas.

Segundo. Se exhorta a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados a poner los espacios del Palacio Legislativo de San Lázaro a disposición de todos los artistas plásticos y en particular de los del Centro Cultural el FARO, con el objeto de que puedan exhibir sus creaciones.

Signan este planteamiento, el grupo parlamentario del PRD, el grupo parlamentario del PT, los compañeros del grupo parlamentario de Convergencia, y han manifestado su disposición en hacerlo varios compañeros diputados del PRI.

-EL C. PRESIDENTE ANTONIO MORALES DE LA PEÑA: Gracias Diputado. Se turna a la Junta de Coordinación de Política.

En el siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el diputado Maximino Alejandro Fernández Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con la realización de la sesión solemne para que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México.

Compañeras y compañeros diputados, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ocurrimos ante este Honorable Pleno para solicitar la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones.

Por resolución aprobada en el Pleno de esta Honorable Cámara, el día 30 de abril del año en curso, los diversos grupos parlamentarios de la LVIII Legislatura acordaron y resolvieron inscribir con letras de oro, en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México; instruyéndose a la Mesa Directiva de esta Cámara para que organice la ceremonia correspondiente.

Asimismo, dicho decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de mayo.

"Los grupos parlamentarios consideraron de gran importancia a la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que representa el proyecto más ambicioso y logrado en la historia de nuestro país, para formar a sus profesionistas, académicos e intelectuales, para promover y realizar la investigación científica y para extender la cultura hacia los sectores más amplios de la sociedad.

"Es invaluable la presencia de la UNAM para conservar, generar y aplicar el conocimiento con objeto e resolver las necesidades de los sectores mayoritarios de la población, ya que su aportación ha dado lugar de encuentro para el debate libre y respetuoso de las ideas y toda expresión de pensamiento.

"La UNAM ha contribuido y contribuye a fortalecer los procesos de participación democrática, consciente y comprometida de todos los mexicanos.

"Por todo lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proponemos ante esta honorable soberanía el siguiente

"Único.- Se exhorta a la Mesa Directiva de esta Cámara, para que en coordinación con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, organice la ceremonia en la que se dé cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha doce de mayo del año en curso, el cual establece que debe inscribirse con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México".

En tanto se designe la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

El siguiente punto de acuerdo agendado para cambiar el mecanismo de elección de presidentes y secretario de las Comisiones y Comités, ha sido retirado por el diputado proponente.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Quintín Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial encargada de coadyuvar con las instancias correspondientes y verificar la pronta aplicación de los recursos del Fondo Revolvente del FONDEN, así como su eficiente y eficaz ejercicio.

Compañeras; compañeros Legisladores: "Vengo a esta tribuna a presenta runa proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial encargada de coadyuvar en la verificación de la pronta aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales de manera conjunta con las instancias gubernamentales correspondientes, así como en su eficiente y eficaz ejercicio.

"Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del os Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta Honorable Cámara de Diputados a exponer que ante los graves problemas que vienen padeciendo los habitantes de los estados de la República, afectados por las fuertes depresiones tropicales que han dejado a su paso torrenciales lluvias y un sinnúmero de afectaciones provocadas por las fuertes corrientes pluviales, la saturación de los embalses y el consecuente desbordamiento de ríos y arroyos, provocando pérdidas e vidas, miles de viviendas destruidas, más de 15 mil productores agropecuarios con pérdidas millonarias, caminos y autopistas destruidas, en fin, una estela de gran desolación que afecta a cientos de miles de mexicanos.

"Las entidades federativas afectadas mayormente han sido Baja California Sur, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Aguascalientes, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Colima y Coahuila.

Los Legisladores de todas las fracciones parlamentarias han manifestado en diferentes momentos su preocupación por estos hechos lamentables atendiendo los reclamos y las solicitudes de la población afectada.

Sin embargo no tenemos la certeza de la oportuna aplicación de los recursos autorizados por el FONDEN en cada una de las entidades afectadas ni qué tipo de atención se otorga y por cuáles instancias administrativas se aplican

Si bien es cierto que el Sistema Nacional de Protección Civil vigila estrechamente las condiciones que prevalecen en las zonas declaradas en emergencia, también es cierto que esta Asamblea desconoce con precisión el Informe que se deriva de dicha vigilancia y el desconcierto por la presión legítima que ejercen nuestros representados, particulares acciones de fondo que atiendan su problemática y permitan garantizar la recuperación del patrimonio familiar perdido y que signifique una muestra real de apoyo y solidaridad.

Como antecedentes de esta preocupación, en la sesión del 8 de Septiembre el Grupo Parlamentario del PRD solicitó y se aprobó por este pleno un Punto de Acuerdo para la formación de un grupo de trabajo integrado por diputados de los distintos grupos, a fin de acudir a las regiones afectadas, informe de la magnitud de los daños y constate la aplicación de recursos públicos para atender el desastre; sin embargo, a la fecha no se conoce de manera precisa ningún avance al respecto.

En la misma sesión, el Grupo Parlamentario del PAN solicitó y se aprobó que la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía sobre la situación que prevalece en los estados afectados por las intensas lluvias torrenciales ocurridas en las últimas fechas y sobre las medidas de protección civil que se aplicaron antes y después en las zonas de desastre.

En virtud de lo anterior y por considerarse un asunto que implica una altísima importancia para la población afectada en los estados, municipios y localidades de las zonas declaradas en emergencia, nos permitimos presentar ante este pleno el siguiente: Punto de Acuerdo.

Primero.- Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura encargada de coadyuvar en la verificación de la pronta aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, de manera conjunta con as instancias gubernamentales correspondientess así coo en su eficiente y eficaz ejercicio.

El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación, la Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de la aplicación de recursos del FONDEN se realicen por esta soberanía en aquellas zonas de desastre declaradas previamente por la Secretaría de Gobernación.

Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de Comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Contará, además, con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Segundo.- La Comisión Especial estará integrada por 30 Legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al pleno de los diputados.

En su integración, se tomará en cuenta preferentemente que los Legisladores, provengan de las Entidades Federativas afectadas.

Tercera.- La Comisión Especial, materia del presente Acuerdo, funcionará pro el término de la emergencia específica provocada por las lluvias torrenciales y hasta en tanto rehabiliten adecuadamente las zonas afectadas, no rebasando el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Cuarta.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente. Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de Septiembre del 2003. La Fracción Parlamentaria de Jalisco en esta Cámara de Diputados.

El día de hoy, la Secretaría de Gobernación reconoce que es urgente actualizar el Reglamento de Operación del Fondo Nacional de Desastres, que los efectos burocráticos vienen deteniendo la pronta aplicación de dichos recursos y esto va en detrimento de todas y todos los ciudadanos que están siendo afectados por estas torrenciales lluvias.

Necesitamos hacer ese reglamento más operativo, más funcional, más expedito y esta propuesta creemos que puede sumarse en el seguimiento de los trabajos conjuntos con la Secretaría de Gobernación y presentar de una manera adecuada esa iniciativa que tanto está urgiendo para poder llevar la atención de manera directa y pronta a nuestros hermanos que están siendo afectados por estos embates de la naturaleza.

Tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971.

Los y las suscritas diputadas federales del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, cuyos miembros firman al calce de este punto de acuerdo, sometemos a esta soberanía, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO: Considerando.- Que en relación a los acontecimientos ocurridos el 10 de junio de 1971 en el conocido "jueves de Corpus" –perpetrado por los "Halcones"- un grupo paramilitar creado y comandado por el gobierno de Luis Echeverría Alvarez, el pasado 17 de junio del 2003 el Comité 68 Prolibertades Democráticas presentó a la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado el video denominado "Crimen de Estado", en el cual se hace una reconstrucción de la forma en cómo se desarrolló la operación criminal de los halcones en contra de los manifestantes destacando en este documento videográfico la planeación, coordinación y acción militar de los agresores en donde se escuchan diálogos con funcionarios, los halcones pidiendo instrucciones e informando de los hechos.

Consta además la participación de la policía judicial en acciones tales como abrir el camino a los halcones, emboscar a los estudiantes y cerrar las calles evitando en ello escape alguno.

Asisto a esta tribuna en un acto de justicia, y congruente con mis ideales he de decirles que esta representante popular es en verdad, no está generacionalmente involucrada con estos hechos; sin embargo, fueron y han sido y serán icono de la juventud mexicana y mundial como tal y como joven, además de provenir de una familia con marcado origen castrense, es penoso y tengo la imperiosa necesidad de apoyar este tipo de denuncias que más que un discurso se suman a la lucha en pro de la justicia que no es ahora ni de moda.

Esta lucha la venimos reivindicando desde hace muchos años, desde mi etapa de estudiante de preparatoria y sobre todo en la Universidad, al oponernos firmemente a la intransigencia del gobierno del expresidente Ernesto Zedillo en el 2000 que culminó con la toma de las instalaciones de Ciudad Universitaria por parte de militares disfrazados de PFP creando con ello un vínculo transgeneracional en la lucha por la justicia, el respeto de nuestras libertades y derechos.

Desafortunadamente, también se creó un vínculo paralelo entre los gobernantes de los años ’60 con de ahora (sic) entorpecer las investigaciones al querer negarse a encontrar a los verdaderos responsables de estos crímenes históricos sin consecuencia, al manchar de sangre instituciones como el Ejército y la Procuraduría General de la República.

A pesar de que es un hecho histórico que tiene que ver con una realidad lacerante que vivió nuestro país y que fue publicado por algunos medios escritos electrónicos, es sorprendente ver cómo los distintos funcionarios públicos responsables no han tomado ninguna postura sobre ello.

En este sentido, es imprescindible conocer la opinión y las acciones inmediatas que la PGR habrá de realizar, al tratarse sobre todo de acontecimientos en donde queda claro todo tipo de actos criminales de represión.

No esperemos conclusiones post-mortem compañeros, como lo sucedido con la muerte de Fernando Gutiérrez Barrios, por cierto, ex militar a quien se le encontró corresponsable de estos crímenes en el 68 y en el 71.

¿Acaso el gobierno Foxista espera la muerte, entre otros, del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, para declarar y sobre todo demostrar, como ahora todos lo sabemos, que él es el principal responsable? No es posible que el Presidente Fox que día a día se le dan las gracias por la democracia en spots de radio, siga solapando la impunidad y al grupo de intocables de este país.

Entendemos en el PRD la democracia como un ejercicio cotidiano de la vida, en el cual no cabe temor a la represión y mucho menos, el temor a ser torturado, asesinado o desaparecido.

Primero.- Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorte al titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, licenciado Ignacio Carrillo Prieto, para que dé trámite en forma expedita y sin dilaciones a las evidencias presentadas el pasado 17 de septiembre por el Comité 68, Pro Libertades Democráticas.

Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, solicite al titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos del Pasado, al licenciado Ignacio Carrillo, un informe detallado sobre los avances de esta investigación de forma permanente y ordinaria con una periodicidad semestral. No más impunidad compañeros.

Firmamos los abajo legisladores del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En tanto se designe la Comisión consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

El SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: ¿ Falta alguna diputada o algún diputado de registrar asistencia?

Se informa a la Presidencia que hasta el momento se registra la asistencia de 469 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

-EL PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Nacional del Deporte tenga para el año del 2004, mayor presupuesto por ser éste Año Olímpico.

Anualmente, durante los meses de noviembre y diciembre, el Congreso de la Unión, se da a la tarea de revisar, modificar y aprobar el paquete iniciativas fiscales y presupuestales que el Poder Ejecutivo Federal somete para su discusión y aplicación para el siguiente ejercicio fiscal.

Dentro de estas iniciativas toma especial relevancia la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez, que el decreto que ésta apruebe será el autorizado para expensar por parte del Poder Ejecutivo en las actividades, obras y servicios públicos, previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale, durante el periodo de un año contado a partir del 1° de enero.

El Presupuesto de Egresos son los lineamientos por los cuales esta soberanía determina como y en qué se destinarán los recursos recabados durante el ejercicio fiscal. De ahí el interés de nuestro partido, porque sean asignados mayores recursos para el próximo año a la Comisión Nacional del Deporte, pues tenemos la preocupaciónque el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004 nuevamente confine al deporte como una actividad poco importante, carente de verdaderos estímulos para nuestros atletas. Los 810 millones de pesos asignados en el 2003 a la Conade representan 6.7% menos que el año anterior.

No podemos entender cómo es que sólo el 0.053% del gasto neto total previsto en el Presupuesto se ha dedicado al deporte, cuando se le han presupuestado mayores montos a cuestiones poco importantes para el desarrollo del país.

Nuestro país debe actualizarse y mantenerse a la vanguardia en el ámbito deportivo. El deporte en el ámbito mundial se ha desarrollado en todos los sentidos para estar a la altura del desarrollo deportivo y así poder enfrentar los retos cada vez más exigentes del México de hoy, para que la enseñanza y práctica del deporte abarque a todos los mexicanos.

Para el Partido Verde Ecologista de México es de la mayor relevancia apoyar a cientos de deportistas y fomentar que nuestros niños y jóvenes se unan a este tipo de actividades.

Es fundamental que la Comisión Nacional del Deporte tenga acceso a mayores recursos si queremos que el nivel de nuestros competidores aumente, si queremos tener acceso a mejores instalaciones, si queremos disminuir la delincuencia y si queremos un México más sano y con mejores niveles de vida.

Por ello, es necesario que el Congreso de la Unión dé certidumbre y seguridad al desarrollo del deporte en nuestro país para que los atletas cuenten con un ingreso seguro y no se trunque su futuro y junto con ello la esperanza de millones de mexicanos.

Consideramos fundamental otorgar apoyo al deporte mexicano a través de la reasignación de recursos para que sean utilizados en otras áreas y permiten el desarrollo de nuestro país en este sector, sobre todo, porque el año 2004 es un año olímpico y es en este tipo de competencias donde se pueden observar los avances en los programas para los deportistas de alto rendimiento que sirven de ejemplo para las generaciones más jóvenes.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México busca el progreso económico del país basado en el desarrollo sustentable, la atención a todos los grupos sociales y el equilibrio financiero. Por ello, sometemos a consideración la siguiente proposición con

ÚNICO: Se otorguen mayores recursos a la Comisión Nacional del Deporte en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2004.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de septiembre del 2003.

Firman los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se designe la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra el diputado Jesús Martínez Álvarez del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo a fin de que el Pleno acuerde criterios generales para la selección de consejeros electorales del IFE para el periodo 2003-2010.

Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de que el Pleno acuerde criterios generales para la selección y elección de consejeros electorales del Instituto Federal Electoral para el ejercicio 2003-2010, en base a lo siguiente:

El Instituto Federal Electoral es una institución producto de nuestra transición a la democracia y para la consolidación de los valores de una nueva cultura cívica.

Es una de las instituciones democráticas más importantes de este país, es un órgano de Estado autónomo y fundamental para el país, se ha desarrollado vertiginosa y favorablemente a favor del cambio democrático, es una organización moderna, de vanguardia, profesional e imparcial y que le brinda a los procesos electorales y sus resultados, altos grados de transparencia y confiabilidad. Se trata, pues, de una institución con un gran prestigio nacional e internacional. La sociedad mexicana le reconoce una gran autoridad ética, acudiendo a ella organismos de otras naciones para abrevar de su experiencia en materias tan diversas como credencialización, operación de elecciones y administración pública electoral.

Hacia finales del próximo mes de octubre, esta Cámara deberá renovarle a esta institución su Consejo General, máximo órgano de dirección del IFE. Elegir nueve consejeros electorales, es un asunto de importancia crucial y cuyo proceso requiere, de nuestra parte, madurez y visión política, tomando como base los principios rectores que marca la Constitución Política de la República que son los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Para abordar tan importante tarea, es menester una profunda reflexión y responsabilidad política. En todos los medios de comunicación se vienen leyendo y escuchando nombres de distinguidísimos mexicanos y mexicanas como posibles candidatos a ocupar los espacios de Dirección del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Tradicionalmente la regla ha sido que junto al nombre de cada aspirante, se adosen las siglas de éste o aquél partido político nacional; no debería de ser así. Se hace daño a la credibilidad de la institución electoral, se compromete el prestigio del interesado y se vulnera la negociación entre partidos.

El sistema de cuotas no debe prevalecer en dicha negociación. Si bien es cierto que la Constitución y el COFIPE disponen que los grupos parlamentarios de la Cámara hagan sus propuestas, también lo es, que debemos acordar criterios generales y particulares que eviten la selección y elección de los consejeros electorales sean en base a intereses dirigidos a partidizar el IFE.

Partidizar el Consejo General es una tentación que sólo beneficiaría al pasado de las viejas formas de hacer política y sería una enorme irresponsabilidad de la Cámara, se podrían presentar graves crisis de legitimidad de la autoridad electoral como las que se viven actualmente, entre otros, Venezuela, Argentina, Namibia y Bulgaria.

El caso venezolano es paradigmático, en su Constitución vigente existe junto a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el llamado Poder Electoral y su supremo órgano de decisión, el Consejo Nacional Electoral, está integrado por cinco rectores electorales, designados por cierto por el Tribunal Superior de Justicia, debido a la falta de acuerdos en la Asamblea Nacional, provocado a su vez, de la discusión entre partidos por el sistema de cuotas.

En noviembre del 2002, la Coordinadora Democrática que agrupa a la oposición, entregó a la autoridad electoral venezolana, más de 2 millones de firmas solicitando la convocatoria a un referéndum consultivo para cuestionar la permanencia de Hugo Chávez en el cargo; luego de un intenso y prolongado debate entre el Ejecutivo y la oposición, el Consejo Nacional Electoral convocó a un referéndum consultivo, decisión aprobada por tres de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral.

Ese mismo día, el Tribunal Superior de Justicia decretó la nulidad del citado referéndum, en virtud de que el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión sin la aprobación de la mayoría calificada de este organismo, es decir, cuatro de los cinco miembros; dos de ellos abiertamente simpatizantes del Gobierno.

Finalmente, el 4 de diciembre y luego de volver a someter la decisión al Pleno del Consejo Nacional Electoral, éste lo ratificó con los 4 votos legalmente necesarios, pero de nuevo, los miembros del Consejo Nacional Electoral, aliados del gobierno en turno, han retrasado la decisión.

Como es sabido, en este y en todos los casos de organismos electorales partidizados, la autoridad electoral nacional se ha visto seriamente comprometida y con ellas sus facultades para una adecuada instrumentación operativa de las elecciones, pues los integrantes de los órganos máximos de decisión, actuando según las líneas marcadas por los partidos proponentes, han detenido decisiones necesarias, han favorecido a cierto partido o han interrumpido la profesionalización de la autoridad electoral.

De este modo, Convergencia demuestra las desventajas del sistema de cuotas para la renovación del Consejo General del IFE, y hace en esta Tribuna un respetuoso exhorto a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados al tenor del siguiente

Primero. Además de lo dispuesto por el artículo 76 del COFIPE, que establece los requisitos de ley para ser consejero electoral, esta Cámara de Diputados determinará cuando menos los siguientes cuatro criterios generales para seleccionar candidatos a consejeros electorales del IFE:

Por la enorme complejidad de la ingeniería legal electoral moderna, los candidatos deberán demostrar conocimiento adecuado del derecho electoral, así como de su sistema de fuentes, sus métodos de interpretación y la mecánica de su aplicación cotidiana.

Por la importancia de preservar la vigencia de los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en la organización de las elecciones federales, los candidatos a consejeros deberán asumir un compromiso público y ético, respecto a la lealtad institucional con el IFE.

Por la necesidad de contar con consejeros electorales, conocedores del amplio entramado institucional del Sistema de Partidos, del Sistema Electoral y del Sistema Político Mexicano en general, los candidatos deberán demostrar conocimiento adecuado del estado teórico de la cuestión y de analizar y proponer cauces de modernización democrática, y/o por la dimensión de la administración y gestión pública de las elecciones federales modernas, deberán demostrar experiencia en funciones públicas afines, y de preferencia, responsabilidades de mando segundo o superior.

Segundo. Cada grupo parlamentario designará de manera formal a dos diputados negociadores, con la autoridad decisoria plena para integrar a la Mesa de Consensos para la renovación del IFE 2003, que se instalará a la brevedad posible y que sesionará dos veces por semana.

Dicha Mesa, contará con un Secretario Técnico, que deberá ser funcionario de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios; los coordinadores parlamentarios podrán presentarse en cualquier momento a las reuniones de la Mesa.

Tercero. Logrados los consensos necesarios, el procedimiento para elegir a los consejeros electorales general del IFE para el período 2003-2010, además de ceñirse estrictamente a nuestra normatividad interna, deberán observar cuando menos las siguientes bases:

Se eligirá primero al Consejero Presidente General del Consejo General mediante cédula, respecto de la propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Se eligirá en segundo término, a los ocho consejeros electorales propietarios mediante cédula, respecto de la propuesta de la Junta de Coordinación Política, y;

Se elegirá por último, a los siete consejeros electorales suplentes, mediante cédula, respecto de la propuesta de la Junta de Coordinación Política.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

-EL C. DIP. EMILIO ZABADÚA GONZÁLEZ: (Desde su curul) Señor Presidente, pido la palabra.

-EL C. PRESIDENTE: Sí, ¿con qué efecto, diputado Zebadúa? Actívese el sonido al diputado Zebadúa.

-EL C. DIP. EMILIO ZABADÚA GONZÁLEZ: (Desde su curul) Para hablar sobre el mismo tema.

-EL C. PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos para hablar sobre el mismo tema.

-DIP. EMILIO ZEBADUA GONZALEZ: Con su permiso señor presidente; señoras y señores diputados:

El pasado domingo 6 de julio el Instituto Federal Electoral y su Consejo General, organizaron con éxito las elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Se trató del tercer proceso electoral organizado por el actual Consejo General bajo el marco legal producto de las reformas constitucionales de 1996.

Al concluir su mandato el próximo 31 de octubre, los ocho consejeros electorales y el consejero presidente, habrán contribuido a una de las etapas históricas más importantes en la construcción de un nuevo sistema político-democrático del país.

En sólo siete años el IFE se consolidó como una institución confiable y eficaz en la organización de las elecciones federales. La confianza y la credibilidad de que goza el IFE ante la ciudadanía no son resultado de hechos fortuitos ni del simple paso de la historia; tampoco se derivan solamente de factores externos. En realidad, están sustentados en varios hechos objetivos producto de las acciones y decisiones del propio IFE y de sus consejeros; se trata de un proceso que básicamente se generó de adentro hacia fuera y que giró en gran medida en torno a lo que los consejeros consideraron o interpretaron en la ley. Era su función política y sus atribuciones administrativas.

En los próximos días tendremos que elegir, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución y a los artículos 74 y 76 del COFIPE, a los nuevos miembros del Consejo General del IFE para el período 2003-2010. Se trata de una decisión de gran trascendencia para el proceso democrático del país y en particular para el de la construcción de instituciones para un México moderno.

El consejero presidente y los ocho consejeros electorales, junto con un secretario ejecutivo y los miembros de la Junta General Ejecutiva, serán los responsables de organizar la elección presidencial del 2006, además de desahogar un número de procedimientos de fiscalización y recursos administrativos interpuestos por los partidos políticos y sus miembros, bajo el marco de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los criterios y la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, deberán llevar a cabo el proceso de actualización del padrón electoral, listado nominal de electores y la expedición de millones de nuevas credenciales de elector, con un grado de mayor complejidad. Además, tendrán la responsabilidad de realizar el proceso de redistritación, combinando información geográfica, demográfica y social. En resumen, tendrán una serie de tareas que requieren de un grado variable de conocimiento técnico, jurídico y administrativo, además de sensibilidad y prudencia política.

Los grupos parlamentarios de los partidos representados en esta LIX Legislatura, actuarían con ligereza política si en la selección y en la designación de los integrantes del próximo consejo general se dejaran guiar por razones partidistas, políticas o personales.

La integración del órgano máximo de dirección del IFE, no puede ser el resultado de política de cuotas en las que los partidos designen no a funcionarios independientes y profesionales, sino a representantes partidistas.

Más allá de los requisitos establecidos en el artículo 76 del COFIPE, los futuros consejeros electorales deben ser ciudadanos que compartan la nueva cultura democrática y comprobada experiencia profesional. Deben contar con conocimientos que requiere la organización de las elecciones y más ampliamente el marco técnico-jurídico que guía la actuación de una institución de las dimensiones y la complejidad administrativa y política que tiene el IFE.

De igual manera y como lo ha venido impulsando el PRD a través de iniciativas de reformas al propio Código Electoral, deberá considerarse la equidad de género para la designación de las y los integrantes del próximo Consejo General.

Si antes resultó necesario ir afuera del IFE para buscar a quien lo dirigiese fuese un ciudadano sin ligas con los partidos e independientes del gobierno porque se desconfiaba de este instituto, ahora ese instituto se ha ganado la credibilidad y la confianza de ciudadanos y de partidos; ahora se ha demostrado su independencia e imparcialidad, por lo que el lugar para buscar a los nuevos consejeros electorales es dentro del universo amplio de experimentados ciudadanos y funcionarios que se han formado en las estructuras y órganos de dirección de la comunidad electoral.

Ante los avances alcanzados en materia electoral en el país y la posición y reconocimiento que goza el IFE entre los principales actores políticos y la mayoría de la ciudadanía, la pregunta fundamental es si los partidos políticos y sus grupos parlamentarios desean volver a empezar designando un consejo general sin experiencia o conocimiento probado en las materias técnicas y electorales o en cambio vamos a contribuir a la continuidad del IFE, tomando una decisión apegada a los criterios de la Ley.

Es por lo anterior, que nos sumamos a lo expresado y propuesto por el grupo parlamentario de Convergencia; es necesario establecer de manera objetiva y transparente los procedimientos y criterios para llevar a cabo las negociaciones y más adelante, la votación y elección de los próximos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias.

En otro Punto de Acuerdo, se le concede el uso de la palabra a la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo, instruya al Secretario de Hacienda ante el escenario que la misma Secretaría proyecta, de una reducción al presupuesto al gasto del Sector Salud y se atienda con responsabilidad social sin reducción alguna.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea una Proposición con Punto de Acuerdo.

Es del saber de todos, que el Estado es responsable de la prestación social establecida en el artículo 4º, párrafo tercero de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, cito: "…toda persona tiene derecho a la protección de la salud…". También es cierto que falta mucho por hacer en el Sistema de Salud para que tengamos lo que México requiere: promover un presupuesto en el cual se precisen los términos y características conforme a los cuales deben canalizarse a los recursos aprobados para el Sector Salud.

Para este propósito tenemos que partir de la base de una política que no se limite al sentido asistencialista, sino que se creen derechos sociales exigibles para la sociedad mexicana, que está obligada a potencializar las capacidades productivas de grupos, así como de regiones, que induzcan condiciones de igualdad efectiva y que atienda las profundas diferencias que prevalecen entre las regiones, entre géneros y personas.

A los legisladores nos corresponde la tarea de vigilar que las fórmulas de la distribución de los recursos obedezcan a los criterios de índices de pobreza y no al volumen de la población; buscar la suma y coordinación de todos los programas federales, evaluando y reasignando éstos para asegurar una mayor efectividad.

El propio Secretario de Salud ha manifestado en múltiples foros, que la salud y la educación son la base para el desarrollo económico, para el bienestar social, la estabilidad política y la seguridad nacional de nuestro país.

En la protección de la salud estamos todos inmersos; es un valor que debe ser compartido por todas las sociedades, por todas las ideologías y por todas las organizaciones políticas.

La salud pública en México ha tenido importantes avances, lo que ha llevado a enfrentar nuevos reto. La población sigue aumentando, recordemos que cada año tenemos alrededor de 2 millones de nacimientos, de igual manera, anualmente tenemos alrededor de 450 mil defunciones.

Esto nos señala que el promedio de años de vida está en aumento. El perfil epidemiológico ha cambiado, los padecimientos que ahora ocupan los primeros lugares y que llevan a la muerte, son de mayor costo: enfermedades cardiovasculares, cáncer, SIDA, diabetes, entre otras, que de inicio se presentaron en las zonas urbanas, pero que día a día son más frecuentes en las zonas rurales y en las poblaciones más marginadas.

En la salud no podemos vivir al día buscando recursos y mucho menos cuando son fondos que deben ir destinados para contingencias y catástrofes naturales y más grave y preocupante, es que cuando esto se presenta se diga ni más ni menos, que no hay efectivo.

Pregunto: ¿es ésta una respuesta a aquellos ciudadanos mexicanos que están en condiciones desesperadas y vulnerables, por la desgracia en la que viven?, ¿merecen una respuesta como ésta?

Es vergonzoso que nuestro país sea el que menos invierte en la salud de toda América Latina. Ocupamos el último lugar. El promedio del PIB es de 5.7.

Es importante mencionar que de 1995 a 1999 hubo un aumento real acumulado superior al 71.2. Cabe señalar que el presupuesto destinado a la salud para el año actual no presenta ningún crecimiento en términos reales respecto al año anterior; es más, a la función concreta de salud los recursos decrecieron en 1.5 por ciento.

Es insuficiente el poco presupuesto con el que cuenta en el sector salud y más aún lo que queda a la Secretaría de Salud, que es ésta la responsable de atender a todos aquéllos que son desempleados, marginados, pobres del campo, en pocas palabras, los que carecen de oportunidades.

Además no olvidemos que ellos son los que no pueden acceder a pertenecer a una institución de seguridad social. Concretamente es la población no asegurada, que hoy es un número considerable de la población y, siendo realistas, cada día crece más. Aproximadamente 45 millones.

La salud no tiene precio. No puede estar sometida a números fríos. Los resultados se miden por la calidad de vida y no por el número de muertes de los mexicanos y más lamentable es cuando éstos son los niños de nuestro México.

Es por esta razón que hacemos un enérgico llamado al Gobierno federal a que reconozca que la salud es un derecho, que debe de reconocerse la responsabilidad de impulsarla y mejorarla, que ésta es una causa que debe ser decisiva en la reducción de desigualdades, que a pesar de que la Secretaría de Hacienda proyecta recortar el gasto para el ejercicio del año 2004 en un inferior de 700 millones de pesos al de 2003, el reducir éste en el sector salud sería un alejamiento al reclamo social y reflejaría indudablemente que el Estado no es capaz ni justo.

Nosotros, los legisladores, no lo podemos permitir. Frente a este escenario sólo exige que en la salud exista para el 2004 la garantía de que no será más afectado de lo que hoy es.

Ante este problema que nos podemos anticipar, se exhorta al Ejecutivo a actuar con prudencia y sentido de equidad, pero fundamentalmente le recordamos que es también el responsable de elevar el bienestar de vida de los mexicanos, que ésta debe de ser una de las prioridades fundamentales.

Punto de acuerdo único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que instruya al secretario de Hacienda para que ante el escenario que la misma Secretaría de Hacienda proyecta de una reducción del presupuesto, el gasto del sector salud sea atendido con responsabilidad social, sin reducción alguna y sin recortes posteriores a lo aprobado.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se designe la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Pasando a otro punto, tiene la palabra el diputado Adrián Chávez Ruíz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar la excarcelación del líder del Frente Estatal Pesquero de Sinaloa, Jesús Leyva, y exhortar a la Conapesca para reforzar las actividades de ordenamiento pesquero en el país.

EL C. DIPUTADO ADRIAN CHAVEZ RUIZ: Gracias, ciudadano presidente. Compañeros legisladores: en Sinaloa se castiga el hambre de los trabajadores del mar. Con ese grito se manifestaron las mujeres y hombres del mar en Sinaloa el pasado 30 de julio.

Ante la demanda de atención a sus solicitudes, el régimen respondió con represión.

Son de todos conocidas las condiciones que enfrentan actualmente los trabajadores del país, especialmente los de la pesca, quienes atraviesan por una de las mayores crisis de los últimos 20 años, resultado de la aplicación del modelo neoliberal que ha dejado a millones de mexicanos en la miseria.

En razón de la puntual aplicación de las recetas de los organismos financieros internacionales, que no son capaces de ponerlas en práctica ni siquiera en sus propios países. Un modelo que privilegia los grandes capitales por encima de las necesidades de los productores del mar, quienes son parte de la cadena productiva que genera divisas para el país y alimento para los mexicanos.

"Dentro de la diversidad de conflictos en el sector pesquero uno de los más agudos es el que año con año transita la pesquería de camarón en el Golfo de California, problemática que las autoridades han permitido llegar a niveles prácticamente inmanejables por falta de visión, talento o quizás voluntad del gobierno federal.

"Es nuestro deber reconocer que hasta la fecha ha correspondido, en estricto apego a sus atribuciones, atender y resolver la problemática pesquera al gobierno federal, pues así lo señala nuestra Constitución y la Ley Federal de Pesca.

"Sin embargo, no ha cumplido con su cometido y como lo señaló alguna vez el Secretario Usabiaga la pesca es el último de los temas que atiende el funcionario porque los revisa en la noche. Tres sexenios de desmantelamiento del sector pesquero, a veces abierto en otras ocasiones silencioso, han sido suficientes para borrar prácticamente del espectro económico y social a la pesca, particularmente a los pescadores ribereños tradicionales que utilizan artes de pesca menos impactantes con el medio ambiente, quienes además de tener que enfrentarse a los permisionarios factureros demandan mejores precios de sus productos, sin recibir apoyo de autoridades y al contrario son reprimidos.

"Por otra parte, están las autoridades estatales quienes carecen de facultades regulatorias y administrativas sobre los recursos pesqueros que se encuentran en sus litorales, limitados en su actuar por funcionarios locales. Los funcionarios locales buscan salidas fáciles para resolver las solicitudes de los pescadores, amén de enfrentar la carencia de apoyo del gobierno federal.

"México carece de una política pesquera nacional, una política integral que involucre a los productores y favorezca la organización social del sector. Incorporarlos en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas que les impactan en el desempeño de sus actividades cotidianas es una tarea urgente.

"La poca atención a los problemas genera conflictos sociales que se han atendido con acciones de fuerza y que se pretenden reducir a luchas de contrarios, cuando lo que debe prevalecer es el oficio político y la sensibilidad social. Que es así que en el caso de los pescadores de Sinaloa se prefirió el enfrentamiento con los trabajadores y capturar a los líderes del movimiento que haber dado respuesta a las demandas de comunidades que han caído en la desesperación por la espantosa miseria y abandono a que han sido objeto. Pescadores cuya principal demanda era que se les permitiera salir a pescar dos semanas antes que las embarcaciones de mediana y gran altura. Demanda que por cierto está justificada técnicamente de acuerdo a los resultados de un análisis del Instituto Nacional de Pesca.

"Sin embargo, hoy se encuentra preso el compañero Jesús María Leyva, presidente de la Federación Estatal de Pescadores. A Jesús Leyva se le dictó el auto de formal prisión en un proceso por demás apresurado, sin los elementos probatorios suficientes y sin derecho a libertad caución, un proceso judicial radicado en Sinaloa, que se ha caracterizado por la falsificación de delitos, la incongruencia y exageración de la parte acusadora que no ha mantenido sus señalamientos durante el careo. Basta señalar que nuestros flamantes agentes de la AFI, que ya quieren equipararse al FBI o al Scotland Yard, acusan a Leyva y a un grupo de mujeres de haberlos intentado secuestrar al haberse infiltrido en su manifestación.

"Intentar dar respuesta a un conflicto social con medidas represivas y policiacas cuando lo necesario son cambios estructurales. Los pescadores han presentado propuestas que deberían revisarse con equipos de trabajo multidisciplinarios. Se requiere oficio político, pero también sustento técnico en las decisiones que se tomen, especialmente el Golfo de California, donde las alternativas que parecen plantear el actual grupo gobernante reducen a los pescadores y sus familias, empleados en desarrollos turísticos o en la pesca deportiva.

"El grupo parlamentario de la Revolución Democrática hace un llamado a las autoridades correspondientes a privilegiar el diálogo y reencauzar un conflicto, cuyo origen es el uso de los recursos naturales. Una de las demandas a CONAPESCA por parte del Frente Estatal de Pescadores y de las cooperativas asentadas en la región ha sido la revisión de las fechas del levantamiento de la veda y ellos dicen estar dispuestos a discutir con los elementos técnicos necesarios para que pescadores tradicionales puedan extraer sus capturas en las mejores condiciones.

"El uso irresponsable de los recursos naturales no podrá alcanzarse en tanto no se incorpore la opinión de las comunidades asentadas en las regiones. Este conflicto es solo una muestra de las condiciones que prevalecen en los litorales del país, donde se ha propiciado el enfrentamiento entre distintos intereses, se ha puesto en riesgo la seguridad nacional y se lidapidan los recursos naturales por una política de aprovechamiento inadecuada.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno el siguiente:

Primero. Demandamos a la Procuraduría General de la República la revisión de los procesos judiciales en contra de Jesús María Leal Leyva y su inmediata excarcelación, además de la cancelación de los procesos judiciales iniciados en contra del movimiento.

Segundo. Exhortamos a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a implementar una política pesquera nacional integral que involucre a los pescadores y sus demandas, así como la revisión de los procedimientos llevados a cabo para el ordenamiento pesquero en el estado de Sinaloa y en el Golfo de California.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que autorice a la brevedad la recepción de avisos de arribo que permita a los productores de camarón en Sinaloa comercializar sus productos, actualmente ubicados en bodegas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003. Atentamente, Adrián Chávez Ruiz.

En relación a la excarcelación del señor Jesús Leyva, túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; y en relación al exhorto a Conapesca, túrnese a la Comisión de Pesca. En tanto se designen las comisiones, consérvense en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal a fin de que a partir del inicio de la segunda mitad de su administración, lleve a cabo una revisión en su política de generación de empleos, y asimismo ponga énfasis en la recuperación de los mismos.

-LA C. DIP. MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS: Con su permiso señor Presidente, Honorable Asamblea.

La que suscribe, con fundamento en los lineamientos que rigen a esta Cámara, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo entorno al desempleo y la situación que presenta la mujer en este rubro.

El desempleo crece a niveles alarmantes. La tasa de desempleo abierto durante el mes de agosto fue de 4%, datos proporcionados por el INEGI. Esta cifra es la más alta en lo que va del año y de los últimos 18 meses, lo que significa que alrededor de 20 mil personas perdieron su trabajo.

El resultado fue superior al 3% estimado por los analistas; si además le agregamos que esta tasa de desempleo se encuentra en su nivel más alto de los últimos 4 años, consecuencia de que a la fecha existan más de 900 mil personas en edad productiva que no cuentan con una trabajo formal.

La realidad de toda crisis económica seria, es una crisis de falta de empleo y estamos, claramente, ante una situación así.

Hay que recordarle al Gobierno Federal que no hay recetas milagrosas, que ningún programa emergente para atender el desempleo va a funcionar si la economía mexicana no se encamina hacia la reactivación. La tasa de 4% confirma que la economía del país no marcha nada bien.

El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que durante este año se han perdido más de 100 mil empleos. Las empresas confirman que existe en nuestro país un alto índice de desempleo; aunque el Gobierno Federal asegure que la tasa de desempleo no ha sufrido variaciones, para miles, para miles de mexicanos ésa no es la realidad.

"La población económicamente activa sigue creciendo a un ritmo de 800 mil personas al año y los empleos formales no crecen en absoluto, así que quienes se suman a la población con capacidad de trabajar, el gobierno federal les ofrece a los mexicanos estas opciones: irse a los Estados Unidos a buscar trabajo, sumarse a la economía informal y poner un changarro, integrarse a la economía negra, auto emplearse.

"La ola de desempleo golpea también al sector de los jóvenes egresados de las universidades, quienes paradójicamente tienen el doble de dificultad para encontrar trabajo en comparación a los que cursaron estudios básicos.

"Según la ANUEIS sólo una tercera parte de los jóvenes con licenciatura confían que en 10 años obtendrán un empleo acorde a su profesión y nivel educativo.

"El INEGI señala que mientras la tasa de desempleo abierto entre las personas sin instrucción o con primaria completa fue de 1.8, en aquéllas con escolaridad media superior y universitaria se duplicó y es de 3.5 por ciento.

"Es momento de recordar las palabras de la alumna María Isabel Wong (?), de la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico, quien le expresó al Presidente Fox que ante las dificultades para encontrar trabajo la juventud mexicana siente que el sistema educativo del país ha fracasado. En su intervención mencionó que sería muy triste desperdiciar todo lo que se ha desarrollado en infraestructura educativa sólo para producir desempleados con diplomas.

"Regresando al tema de las no muy agradables cifras del desempleo, el sector femenino ha sufrido discriminación. Según el propio INEGI el desempleo abierto en el rubro de las mujeres es de 4.48 por ciento por el de 3.66 de los hombres.

"En las encuestas. En la Encuesta Nacional de Empleo se observa que la población ocupada de hombres es de 74.4 por ciento, mientras que de las mujeres es de escaso 39 por ciento.

"En el ámbito de la población económicamente inactiva arrojado por los siguientes resultados, los hombres que se encuentran inactivos a la fecha son 9 millones 294 mil, en contraste con las cifras publicadas para las mujeres, quienes ascienden a 26 millones 52 mil.

"Salta a la vista que las mujeres se han integrado a la dinámica del mercado de trabajo con los salarios más bajo y sin embargo redoblan, triplican esfuerzos. Basta con observar a nuestro alrededor para encontrar a miles de mujeres que ante situaciones verdaderamente precarias ingresan a empleos que no les ofrecen ninguna o a veces mínima seguridad, afectando negativamente su autovaloración y su autoestima.

"Aunado a esto le agregamos que las empresas prefieren despedir a las mujeres que a los hombres, como se refleja en los estudios realizados.

"Resulta necesario hablar de las violaciones de los derechos laborales que se han venido dando por parte de los encargados de las áreas de recursos humanos, de las empresas hacia las mujeres, obligándolas a negociar su liquidación que conforme a la ley les corresponde y han llegado al grado de requerirles que firmen su renuncia, en la cual deslindan a las empresas de la obligación de efectuar el pago de la liquidación.

"México es un país de poco más de cien millones de habitantes, más de 50 millones somos mujeres que día a día contribuimos a la generación de la riqueza material, social y cultural de este nuestro gran país.

"Si el crecimiento de la economía mexicana durante la segunda parte del sexenio se mantiene en los mismos niveles que tiene hoy, entonces podrá haber cuanto programa emergente se le ocurra, pero no habrá solución al problema del desempleo.

Con los acontecimientos observados en estos tres años de Gobierno y las expectativas que se habían generado solamente hemos visto un fracaso en la Política de Empleos por parte de la Administración Federal.

En consideración a lo anterior, se propone al pleno de la Cámara el siguiente Punto de Acuerdo:

UNICO.- Que la honorable Cámara de Diputados respetando en todo momento el principio de división de Poderes, realice un exhorto al Ejecutivo Federal con el fin de que a partir del inicio de la segunda mitad de su Administración lleve a cabo una revisión en su política de generación de empleos y asimismo, ponga énfasis en la recuperación de os mismos, así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en término de sus facultades, realice una inspección de investigación a las empresas con el fin de encontrar los motivos del porqué se está dando el fenómeno del incremento de despidos en el sector femenino y se están generando contrataciones más al sector masculino.

De igual manera implemente un programa de vigilancia de los derechos laborales de la clase trabajadora.

Señor Presidente, hago entrega a la Secretaría del Punto de Acuerdo en el cual solicito se publique íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito, señor Presidente, ponga a consideración y votación del pleno el Punto de Acuerdo por ser un tema de urgente y obvia resolución.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputada. Se ordena se inserte el Punto de Acuerdo íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Ya que ha solicitado la Diputada, de conformidad con el Artículo 95 si se considera de urgente y obvia resolución el Artículo 59, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.

-LA C SECRETARIA DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

-LA MISMA C. SECRETARIA. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

- LA C. SECRETARIA, DIP. MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

En el siguiente punto del orden del día, tiene la palabra la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la PGR, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y a la Contraloría Interna del ISSSTE envíe a la Comisión de Salud de esta soberanía un informe periódico y detallado de los resultados de las investigaciones realizadas en torno a los fallecimientos de recién nacidos en el Hospital 1º de Octubre del ISSSTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de este órgano colegiado la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar a la Procuraduría General de Justicia de la República, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y a la Contraloría Interna del ISSSTE envíe a la Comisión de Salud de esta soberanía un informe periódico y detallado de los resultados de las investigaciones realizadas en torno a los fallecimientos de los recién nacidos en el hospital 1º de Octubre, del ISSSTE y la realización de un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran funcionando los hospitales y clínicas del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES: Uno.- Que el Programa Nacional de Salud 2001-2006 establece el compromiso de conformar un sistema de salud universal, equitativo, solidario, plural, descentralizado, participativo, vinculado al desarrollo pero sobre todo eficiente de alta calidad y anticipativo (sic) y que la nueva estructura del Sector Salud debería responder a las necesidades de coordinación y supervisión del IMSS y del ISSSTE principalmente.

Dos.- Que pese a lo anterior, el pasado 8 de septiembre se registro el primero de los siete casos de muertes infantiles originadas por la bacteria llamada "pseudomona aeroginosa" en el hospital 1º de Octubre de este Distrito Federal en donde la información se ocultó por casi quince días, propiciando que el séptimo bebé falleciera el pasado fin de semana y que actualmente una menor permanezca grave desde entonces. Aunado a ello, hay dos adultos ya contagiados.

Tres.- Estos lamentables casos, aunados a las 25 muertes que tuvieron lugar en diciembre del año pasado en un hospital del municipio de Comitán, Chiapas, demuestran la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud y de la deplorable e insalubre condición en que se encuentran funcionando los hospitales y clínicas de las que dependen millones de mexicanas y mexicanos.

Cuatro.- Es necesario que la Procuraría General de Justicia, la Comisión de Arbitraje Médico y la Contraloría Interna del ISSSTE cumplan con su deber de investigar exhaustivamente los hechos y se finquen las responsabilidades en quien o quienes dieron origen a esta tragedia.

Como representantes populares, tenemos el derecho pero sobre todo la obligación de mantenernos atentos a las investigaciones que realicen las dependencias involucradas para corroborar que las mismas estén apegadas a la legalidad.

Cinco.- Es necesario también que esta honorable Cámara de Diputados sea sensible a los reclamos del personal que labora en todos los servicios de salud respecto al desabasto de insumos básicos, material de trabajo y medicamentos que por años hemos vivido como usuarios de estos hospitales en donde se ha llegado al grado de que los médicos solicitan a los familiares de los enfermos la compra de medicamentos o material necesario para su tratamiento y curación.

Hago un llamado para que ante el desabasto de medicamentos y la falta de inversión en la infraestructura hospitalaria, pugnemos por un incremento sustancial para este rubro y buscar también que dichos recursos estén etiquetados, con el fin de evitar su transferencia o utilización en otros fines distintos a los señalados.

6.- Finalmente, desde esta tribunal nos tornamos sensibles y solidarios con los padres que perdieron a sus bebés, pues no habrá dinero o indemnización alguna para que puedan resarcir la perdida de un hijo, como lo puede ser en parte la justicia.

A los padres de Alin, la pequeña que aún se encuentra con vida, en la Unidad de Cuidados Intensivos de este centro médico del ISSSTE, nuestros más sinceros y profundos deseos para su pronta recuperación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo.

Primero.- Solicitar a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y a la Contraloría Interna del ISSSTE, envié a la Comisión de Salud de esta soberanía un informe periódico y detallado de los resultados de las investigaciones realizadas en torno a los fallecimientos de recién nacidos en el Hospital 1° de Octubre del ISSSTE.

Segundo.- Que esta soberanía realice un exhorto a las autoridades del sector salud, para que a la brevedad posible, se realice un diagnostico sobre las condiciones en que se encuentran funcionando los hospitales y clínicas, no sólo del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, sino también del IMSS, que permita anticipar y corregir a tiempo las fallas que existen, evitando así que hechos tan lamentables como los fallecimientos de las niñas y los niños en Chiapas y en el Hospital 1° de Octubre de esta ciudad de México, se vuelvan a repetir en cualquier otra parte de la República, permitiendo dicho informe que tengamos una precisión veraz de lo que está sucediendo y tomar así las medidas pertinentes y dicho informe sea remitido a la Comisión de Salud de esta Honorable Cámara.

Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva dar trámite a la presente proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido por el artículo 59 del Reglamento Interior .

Firman diputados y diputadas del Partido de la Revolución Democrática, del Partido de Convergencia, del Partido del Trabajo, del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en virtud de que así lo ha solicitado la oradora, si se considera de urgente y obvia resolución.

-EL PRESIDENTE: Un momento, señor diputado nada más damos el primer trámite a la urgente y obvia resolución.

-LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

-EL PRESIDENTE: Se considera de urgente resolución, en consecuencia está a discusión la proposición.

Jesús, el diputado Jesús González Schmal; tengo antes registrados al diputado José Angel Córdova Villalobos y a la diputada Concepción Castañeda Ortiz, se agrega el diputado Jesús González Schmal.

En consecuencia se concede el uso de la palabra al diputado José Angel Córdova Villalobos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

—EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS: Con su venia, señor Presidente.

Comprometidos con el Programa Nacional de Salud 2001-2006 de conformar un sistema de salud equitativo, solidario, plural y de excelencia, exhortamos a la Procuraduría General de la República y a la Conamed para que lo antes posible se aclaren los hechos que lamentablemente se suscitaron en el Hospital 1º de Octubre del ISSSTE de este Distrito Federal, con la muerte de 7 bebés ocasionadas por la bacteria pseudomona aeruginosa.

Conscientes de que ya se encuentra un grupo de expertos para deslindar responsabilidades y establecer lo que es muy importante, si se trata de un problema epidemiológico, de recursos para el Sector Salud, de frecuencia de este tipo de infecciones o de negligencia; y con el conocimiento de que el resultado de esta investigación se dará en los próximos días, lo que permitirá tomar las medidas pertinentes, los diputados y diputadas del Partido Acción Nacional nos unimos al punto de acuerdo de nuestra compañera del Partido de la Revolución Democrática, ya que, para nuestro grupo parlamentario, la vida de cualquier ser humano es la esencia de nuestro principio de doctrina.

Asimismo, compartimos y nos unimos a la pena de los padres que perdieron a sus bebés y nos comprometemos a luchar para que nuestro sistema de salud logre la cobertura y la excelencia que los mexicanos merecen. Es cuanto, señor Presidente.

Tiene el uso de la palabra la diputada Concepción Castañeda Ortiz del Partido Revolucionario Institucional.

Los acontecimientos sucedidos en el Hospital Regional 1º de Octubre del ISSSTE en días pasados, como resultado de la presencia de la bacteria pseudomona aeruginosa, son hechos lamentables que preocupan enormemente a todos los ciudadanos, especialmente a quienes laboramos en esta institución.

Sabemos que esto pone en evidencia, normalmente, lo hemos dicho de manera rutinaria, que ponemos en evidencia a los sistemas de salud. Hoy, con estos hechos, reafirmamos nuestra posición: es urgente, es necesario reforzar el presupuesto para estas instituciones en este ejercicio.

Lamentamos enormemente que el desabasto, que la falta de medicamentos, de insumos y que la falta de atención al Programa Nacional de Salud nos lleve a estos resultados.

Sobre ello es necesario mencionar también que además de lo que aquí se ha expuesto, nosotros, como trabajadores del ISSSTE, como representante sindical de los trabajadores, hemos exigido que se tomen medidas de inmediato; es por ello que quiero decirles qué hemos hecho.

Como primera acción, se trasladaron niños recién nacidos a Zona Blanca, que se encuentra aquí en el área de Cuidados Intensivos Neonatales; se cerró la Unidad, quedando en ella únicamente dos bebés. Se permanece, a la fecha allí, con ellos, pero también se han trasladado a los hospitales Adolfo López Mateos y el Hospital Regional Zaragoza, seis y cuatro bebés, respectivamente.

Se han tomado muestras bacteriológicas en diversas áreas del hospital con el propósito de detectar posibles fuentes de infección y determinar si se debió a una sola o varias bacterias y si ésta se aloja en un área específica de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Se revisaron también expedientes clínicos, tanto de los recién nacidos, como de sus propias madres; reforzándose las medidas, dentro de lo posible, de abasto de medicamentos y materiales de curación necesarios en esta etapa de contingencia, adicionales a los que se tenía en stock.

Se conforma un Comité Sectorial multidisciplinario de expertos de la Secretaría de Salud del Centro de Atención a la Salud a la Infancia y de la Adolescencia, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y del propio Instituto, y, se continúa con la toma de muestras bacteriológicas para aplicar medidas correctivas necesarias y enfrentar el caso de infección intrahospitalaria, cultivando muestras para determinar el tipo de bacteria a fin de erradicarla.

Con el propósito de ser totalmente transparentes e imparciales, en las investigaciones y trámites administrativos se relevó al subdirector del hospital, para que la toma de decisiones sea colegiada y sin tendencia y sin que se ponga en duda los resultados. No buscamos culpables, pero sí exigimos objetividad para obtener los resultados que todos merecemos, especialmente los padres de estos bebés y que permitan determinar el origen y las causas de estos lamentables acontecimientos.

El miércoles 24 se llevó a cabo una reunión encabezada por la Subdirección General Médica con los padres de los bebés y al mismo tiempo también se realizaron supervisiones de medidas sanitarias por el Comité Interinstitucional; se han llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con el personal médico, paramédico, externo e interno.

Se decide también como medida preventiva para no comprometer la salud de los recién nacidos, que todavía estaban en el servicio de cuidados neonatales, trasladar a seis de ellos, como les mencionaba, al Hospital López Mateos y cuatro al Zaragoza. Hasta ese momento se continua el cerco sanitario y el monitoreo en las áreas de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, así como de diversas áreas del hospital, desarrollándose actividades propias de la Institución, pero también es importante mencionar que, como lo refería nuestra compañera diputada, el sistema de salud requiere de una urgente atención por parte de quienes en este momento están siendo responsables de asignarnos el presupuesto de este año.

Estamos enterados de que la reducción va a ser para las instituciones de salud; no es justo, no es lo que esperamos los mexicanos en materia de salud, éste es un derecho constitucional y no debemos evadir nuestra gran responsabilidad social cuando tengamos que defender esta posición.

Sé que para los padres de familia, como también aquí se mencionaba, nunca será restituible la vida de un bebé, pero también sé que si todos sumamos nuestros esfuerzos en esta Honorable Cámara, habremos de luchar y defender un presupuesto suficiente para contar con lo necesario y brindar servicios de calidad.

Hoy en día los trabajadores del ISSSTE buscamos también la solidaridad de todos ustedes para el proyecto de reforma de la institución; no podemos acabar con las instituciones de salud, pero tampoco podemos decirles a los mexicanos que tienen el derecho a la salud que no tenemos con qué brindarle servicios de calidad.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia.

EL DIP. HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA (Desde su curul): Gracias, diputado Presidente.

Nada más para recordarle que con fundamento en el artículo 122 de nuestro Reglamento, cuando sólo se pide la palabra en pro de una proposición o de un dictamen ya de alguna iniciativa, podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara. Quería hacerle ese comentario para que no vayamos a transgredir nuestro Reglamento.

EL PRESIDENTE: Tiene razón el señor diputado en el señalamiento del 122, esta Presidencia ha tenido laxitud pero el Reglamento eso ordena. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al señor diputado don Jesús González Schmal, para hechos, hasta por cinco minutos.

EL DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL: Son suficientes. Gracias, señor Presidente.

En efecto, hemos oído con verdadera alarma, primero la intervención de la diputada María Cristina Díaz Salazar, clamando, pidiendo, solicitando que de ninguna manera se restrinjan los presupuestos de salud para el próximo ejercicio anual del Gasto Público.

Y posteriormente a la diputada Guadalupe Morales, traernos a esta tribuna el dramático, el patético caso de los niños, que por un aparente descuido de la sanidad, de las protecciones, que cualquier hospital de mínima categoría debe tener, se encuentran perdiendo la vida y también ya se habla de que el personal de salud se está infectando de este virus, de esta bacteria, que está cobrando ya muchas vidas.

Pero también sabemos quienes estamos aquí, que es inminente el brote de más enfermedades, de graves enfermedades, con motivo de las calamidades climatológicas que hemos sufrido en los últimos días, y cómo vemos que las brigadas de salud, que las medidas que el gobierno tiene que tomar para prevenir estos contagios, infecciones ya masivas, han sido realmente muy limitadas, pobremente implementadas.

Yo diría también, que tenemos que traer a la memoria lo que ocurrió en Comitán, Chiapas, apenas en diciembre pasado, y también esa vez se citó a Julio Frenk, a la CONAMED, a Tena Tamayo, para que intervinieran, para que en verdad influyeran en una decisión seria para que en los hospitales de México no se dieran estos casos dramáticos de epidemias que cobran vida, sobre todo de los menores de edad.

Es por ello, que interesa mucho que esta Cámara para la revisión del Presupuesto del próximo año, no sólo solicite para la Secretaría de Salud mayores cantidades o mayor cantidad de recursos, sino que también obligue a esta Secretaría a utilizarlos con eficiencia, con responsabilidad, porque sabemos, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que la CONAMED, tiene un presupuesto muy alto y no sirve más que para palear las reclamaciones, que no incide en realidad con seriedad en la mejoría, en la calidad de los servicios médicos. Hay otros órganos de la Secretaría de Salud que sí están trabajando en mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios médicos.

Por lo tanto, hay una duplicidad respecto de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que no está siendo realmente un trabajo que valga la pena el alto presupuesto con el que se le dota.

De esta suerte, qué bueno que sale este tema a la luz, qué bueno que los diputados, que la representación nacional toma conciencia para la revisión del Presupuesto de lo que significará para México el salvar la salud de sus hijos menores, de los pequeños y de las grandes poblaciones que están hoy al borde de una catástrofe adicional a la que ya sufrieron por las lluvias, por las inundaciones, cuando empiecen a propagarse las infecciones y también vuelvan a ser víctima, vuelvo a repetir, a los menores de edad.

Así pues, en Convergencia nos sumamos a la iniciativa, tanto de la diputada María Cristina Díaz Salazar, siempre que se enfoque a la optimización primero del Presupuesto con el que cuenta la Secretaría de Salud, y desde luego, a la iniciativa, a la propuesta de la diputada Guadalupe Morales, que en el caso de lo ocurrido aquí en el 11 de octubre (?), como en Comitán, Chiapas, exige la más alta, la más seria y él más profundo interés de esta Cámara, para que se concluya la investigación y se tomen medidas emergentes para que no vuelvan a ocurrir casos de tal magnitud y gravedad.

Quiero señalar a todos y todas, los señores y señoras legisladoras, legisladores y legisladoras, que esta Presidencia ha tenido laxitud al conceder el uso de la palabra en los diversos asuntos de la orden del día.

En tanto el Pleno de la Cámara apruebe el acuerdo que proponga tanto la Junta de Coordinación Política como la Conferencia para la Dirección y Programación de Trabajos Legislativos, estamos aplicando el Reglamento en lo posible; es un Reglamento que no contemplaba la existencia de los grupos parlamentarios con que cuenta ahora la Cámara.

Voy a conceder el uso de la palabra para hechos, a la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional para alusiones personales, hasta por cinco minutos.

Coincido plenamente con el diputado que me antecedió en el uso de la palabra; creo que señaló usted algo muy importante: optimizar los recursos.

Aproximadamente son 52 mil millones de pesos en el presupuesto al sector y a la Secretaría de Salud, solamente le corresponde un aproximado del 8%, del cual tiene que atender en estos momentos ante el problema del desempleo, mayor pobreza, casi aproximadamente 45 millones de mexicanos. Con un presupuesto del 8% requiere que los legisladores hagamos observaciones muy puntuales en la distribución de este presupuesto para el sector salud.

El otro 14% se distribuye en el fondo que tienen de descentralización que va a los estados y el resto que es la mayor parte, es ocupado por las instituciones de seguridad social. Sin embargo, coincido con usted, en estos momentos el sistema de salud está en predicamento.

A pesar de los esfuerzos superiores que hace la Secretaría de Salud y las instituciones de seguridad social, es insuficiente y está en predicamento el propio Sistema de Salud, por la ineficiencia de los servicios médicos que presta, por la falta de infraestructura, por la falta de abastecimiento. Y esto es lo que nos hace encontrarnos en una situación sumamente lamentable y muy difícil y ocupar vergonzosamente en América Latina, el último lugar: el 5.7.

En la mayoría de los países de América Latina el promedio es de 6.1. Hay países que destinan, como Chile, Uruguay o Bolivia, mucho mayor presupuesto que el nuestro. Y también sociedades altamente industrializadas como Alemania o como Estados Unidos, destinan casi entre el 12 y el 14% del presupuesto social o del Producto Interno Bruto, en el presupuesto social.

Entonces coincido plenamente con usted. Ojalá que los legisladores hagamos conciencia y que el Ejecutivo, que es el que propone el presupuesto, tenga mayor sensibilidad social y tome como prioridad el asunto y el tema de la salud de todos los mexicanos. Muchas gracias.

Consulte la secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la Proposición.

-DIP. SECRETARIA AMALIN YABUR ELIAS: Consulte la secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la Proposición.

-MISMA SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la Proposición.

Los ciudadanos y ciudadanas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos y las ciudadanas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la Proposición.

-MISMA SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la Proposición.

Los ciudadanos y ciudadanas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Tiene la palabra el señor diputado don Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos y programas de desarrollo regional, relacionados con la frontera sur.

-DIP. CARLOS OSVALDO PANO BECERRA: Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros diputados:

En mi calidad de integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura y con fundamento por lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo, bajo los antecedentes y consideraciones siguientes:

Con fecha 30 de septiembre de 1997, los integrantes de la Comisión del Régimen Interno y Concertación Política, presentaron ante esta Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, la Propuesta de Proyecto de Acuerdo para la integración de las comisiones ordinarias, especiales y comités, la cual se presentó al Pleno y fue aprobada por mayoría, dando origen a la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur.

Considerando que los momentos actuales que vivimos en el contexto nacional nos impulsan a observar formas y prácticas del quehacer político con mayor entereza para coadyuvar en el cumplimiento de las acciones de gobierno que tanto reclama nuestra sociedad.

-Que dadas las características geográficas de la Frontera Sur de nuestra Nación involucran y comprenden la influencia de 5 estados de la Federación a lo largo de mil 139 kilómetros, de los cuales 962 colindan con nuestra hermana República de Guatemala y 176 con la República de Belice.

-Que estas cinco entidades comparten una historia y tradición común, basada en las costumbres y el pasado de una de las culturas más desarrolladas del mundo prehispánico, denominado Mundo Maya.

-Que ante la oportunidad histórica de representar al pueblo chiapaneco, me obliga a elevar mi voz para reconocer la extrema marginación y exclusión en la que se encuentran la mayoría de los habitantes, sobre todo de aquéllos que viven en las zonas rurales.

-Que esta marginación está reflejada en cualquiera de los rubros que se deseé analizar, tales como educación, vivienda, salud y trabajo y en desarrollo social y del propio campo y de las zonas urbanas; que en contrapartida a estas enormes carencias, los estados del Sureste y principalmente, el estado de Chiapas, gozan de un gran potencial de materias primas que lo hacen sumamente atractivos para llevar a cabo una explotación racional, basada en la inversión de capital para crear las condiciones infraestructurales necesarias que hagan posible alcanzar mayores índices de desarrollo económico que redunden en un mejor bienestar para todos los habitantes de dicha región.

-Que la diversidad cultural de México no debe implicar la diferencia social de las regiones geográficas, sino más bien, nos debe servir como punto de partida para la búsqueda de mayores equilibrios en la dirección y aplicación de las políticas públicas y de los programas de Gobierno a nivel Federal y Estatal, como condición principal del ejercicio armónico de toda administración pública; que el progreso del Sureste Mexicano se extiende más allá de nuestras fronteras e incluye a los países de Centroamérica, para que la integración de las regiones productivas que hacen necesario un intercambio comercial más remarcado a través del incremento de la comunicación y reciprocidad de experiencias y conocimientos generados a partir de las propias necesidades y exigencias de cada sociedad.

-Que en la conciencia y el entendimiento de que uno de los mayores desafíos para el crecimiento igualitario de nuestro país es el abatimiento de los rezagos sociales en la basta región de nuestra frontera Sur y como representante social del XII Distrito en el estado de Chiapas, es mi deber impulsar desde este Poder Legislativo, la expansión, el crecimiento y el auge económico de la región por medio de una mayor asignación de recursos presupuestales que vayan destinados a alentar la diversificación productiva y vinculación estrecha, entre los ámbitos rural y urbano, fortaleciendo la capacidad económica y de gestión de todos los municipios, intensificando la participación de la población en las acciones y proyectos gubernamentales que se vean reflejados directamente en una mejor calidad de vida en todos los ciudadanos del Sureste de México.

-Que ante la necesidad de conjuntar trabajos y esfuerzos entre todos los órganos e instituciones del Gobierno Mexicano, en mi calidad de representante social y diputado federal del XII Distrito Electoral del Congreso del estado de Chiapas de esta LIX Legislatura, solicito se instituya nuevamente la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur, con la principal finalidad de contribuir y dar seguimiento a la creación y aplicación de los diversos programas específicos de abatimiento a la desigualdad social de la franja fronteriza del sureste mexicano.

Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente

Primero. Se crea la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la 59 Legislatura encargada de coadyuvar y dar seguimiento en el ámbito de la competencia del Poder Legislativo Federal a los proyectos y programas de desarrollo regional relacionados con la frontera sur.

Esta Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de desarrollo regional para la frontera sur del país presenten los legisladores y demás sujetos con derecho a ella, así como en los planteamientos que en dicha área estipula el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 y los demás programas regionales.

Segundo. La Comisión Especial impulsará y propondrá a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y el pleno de la Cámara de Diputados aquellos programas y proyectos prioritarios de desarrollo, así como iniciativas que permitan el fortalecimiento y avances de la frontera sur.

Tercero. La Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur estará integrada por 30 diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, preferentemente de los estados que conforman la región del sureste mexicano y funcionará por un término de la 59 Legislatura del Congreso de la Unión.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Estaba registrado para hacer uso de la palabra para hechos sobre este asunto el señor diputado Emilio Zebadúa González. No se encuentra.

El siguiente punto de la orden del día es el punto de acuerdo para exhortar al secretario de Gobernación convoque, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos a la discusión amplia y abierta, con la participación ciudadana, asociaciones religiosas e instituciones académicas para la emisión del proyecto de reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Para este efecto tiene el uso de la palabra el señor diputado don Daniel Ordoñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

EL C. DIPUTADO DANIEL ORDOÑEZ HERNANDEZ: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas: el suscrito, diputado federal de la 59 Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo de la nación que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, convoque a las asociaciones religiosas, instituciones académicas, así como a la ciudadanía en general a la discusión amplia y abierta para la emisión del reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

El 15 de julio de 1992 se publicó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Su fundamento básico establecido en el artículo 1º enuncia el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como la libertad de creencias religiosas.

Han transcurrido más de 11 años desde la publicación de este ordenamiento jurídico y desde entonces carece de un reglamento que norme su aplicación y actualice las sanciones por incumplimientos o violaciones a la misma.

Con indignación fuimos testigos de la postración del titular del Poder Ejecutivo ante la presencia del jefe del Estado Vaticano, cuya visita a nuestro país se llevó a cabo con carácter de visita pastoral, siendo representante de una de las opciones religiosas existentes.

"Pero eso no es todo. En el proceso electoral que concluyó el 6 de julio, en actos a todas luces violatorios de la ley, observamos como diversos ministros religiosos se manifestaron abierta y directamente a favor o en contra de determinado partido político o candidato, influyendo así en el ánimo de sus fieles.

"Da testimonio de tales hechos las más de 150 declaraciones en prensa, los documentos emitidos por sus instancias oficiales y los diversos actos religiosos de clérigos a lo largo y ancho del país.

"Otro hecho que constituye una clara violación a la ley es el caso del contrato de exclusividad de licencia de uso de derechos de propiedad intelectual, celebrado el pasado 31 de marzo de 2002, por el actual rector de la Basílica, Diego Monroy, a la empresa estadounidense Viotrans, propiedad de la ciudadana Teresa Herrera, por la cantidad de 12.5 millones de dólares, mediante el cual se autorizó utilizar la imagen oficial de la Virgen de Guadalupe para efectos de comercializar dicha imagen, tal y como se puede apreciar en la cláusula sexta del referido contrato. Lo cual representa un acto violatorio clarísimo del artículo 8º de la Ley de Asociaciones Religiosas, al haber obtenido un lucro en el ejercicio de atribuciones como Iglesia.

"Por otro lado, la transmisión de las homilías por el Canal 4 de Televisa y en el sistema de cable privado por Claravisión, constituye una flagrante violación a lo dispuesto al artículo 21, párrafo segundo de la Ley de Asociaciones Religiosas, toda vez que dichas transmisiones no se realizan de manera extraordinaria como lo indica este precepto jurídico, ya que desde hace bastante tiempo se transmiten de manera periódica, domingo a domingo y en el mismo horario.

"Actos de intolerancia religiosa quedaron manifiestos en los exhortos para la cancelación del programa sobre el uso del condón para prevenir el VIH, que hizo el Arzobispo de Acapulco Felipe Aguirre Franco y una semana después la Secretaría de Salud del Estado decidió suspender dicho programa, dando pie nuevamente a la impunidad, pues el artículo 29 fracción IV de la citada ley señala que las asociaciones religiosas cometen infracción al promover conductas contrarias a la salud. Esta fue una de ellas.

"Esta serie de sucesos han generado el quebranto silencioso del Estado laico. Por un lado, los abusos de políticos como de clérigos que no entienden los límites que el orden jurídico les impone; y por el otro, la carencia de un reglamento de la ley en la materia que ha generado impunidad sobre los actos de violación al Estado laico.

"En la versión preliminar del reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público circulado por la Secretaría de Gobernación, se pretende vulnerar el carácter laico del Estado y por ende resulta preocupante que se publique en esos términos, toda vez que se justificaría la presencia de funcionarios públicos en actos religiosos y así mañosamente incorporan en esta propuesta que la asistencia con carácter oficial a un acto de culto público se entenderá sólo cuando durante la realización de éstos se lleve a cabo cualquier acto jurídico, en uso de las atribuciones que legalmente les corresponden. Esto violentaria lo dispuesto por el artículo 25 de la citada ley.

"No se trata de inhibir la libertad religiosa que existe para todos los individuos, pero siendo la obligación de las autoridades garantizar imparcialmente a la ciudadanía el ejercicio de tal libertad, se requiere que durante el tiempo de su encargo reserven para el ámbito personal el ejercicio de sus convicciones religiosas.

"El proyecto de reglamento de la Secretaría de Gobernación establece que las instituciones responsables de brindar asistencia en materia de salud, readaptación social y migración, tengan la obligación de permitir a las asociaciones religiosas brindar asistencia espiritual a internos y usuarios. La intervención de la autoridad encargada de dichos centros vulneraría los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, lo que lejos de garantizar la libertad religiosa daría pauta a un ejercicio de discriminación, al separar a la población usuaria según su credo religioso.

"Por todo esto, es impostergable recordarle al Ejecutivo que el Estado mexicano es laico y que el laicismo es la mejor herramienta para el respeto y equidad entre las religiones. Necesitamos darle vigencia a la libertad de culto y evitar que cualquier régimen se sirva de una religión para su beneficio.

"Es impostergable la emisión del reglamento, empero la Secretaría de Gobernación debe ser sensible a la necesidad y urgencia de emitirlo a partir del consenso ciudadano, convocando a los académicos, a los intelectuales, a los estudiosos del tema y a las asociaciones religiosas, todo en congruencia con nuestra Constitución y la ley de la materia.

Honorable Asamblea, un estado laico es aquél en el que las autoridades garantizan a la población el ejercicio de sus derechos. Para el espíritu y sus misterios se reservan los templos. La sociedad mexicana basa en esa separación su libertad política y religiosa.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente:

Primero. Se exhorte al Poder Ejecutivo de la Nación, que por conducto de la Secretaría de Gobernación convoque a las asociaciones religiosas, a las instituciones académicas, así como a la ciudadanía en general, a la discusión amplia y abierta para la emisión del reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Segundo. Que la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía mediante la Comisión de Gobernación sobre los avances de dicho asunto.

Firman los diputados que integran la fracción parlamentaria del PRD. Muchas gracias.

Se turna a la Comisión de Gobernación. En tanto se designa, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene el uso de la palabra la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al titular de la Secretaría de Gobernación, a que a la mayor brevedad posible libere los recursos del Fondo Revolvente del Fonden, y del Fondo de Apoyo para Contingencias a los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz la Yesca, Acaponeta y El Nayar del estado de Nayarit, se integre una comisión especial de diputados que se traslade a las zonas de desastre para su evaluación.

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que por razones humanitarias, mediante decreto administrativo, agilice y simplifique la liberación de los recursos emergentes del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, y del Fondo de Apoyo para Contingencias para su ejercicio en los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz la Yesca y El Nayar y Acaponeta, del estado de Nayarit, a efecto de que se aplique a la brevedad posible el Programa de Apoyo para la Vivienda, Empleo Emergente y de Ayuda para la Agricultura, la Ganadería y la Pesca.

Los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que por razones humanitarias, mediante decreto administrativo, agilice y simplifique la liberación de los recursos emergentes del Fondo Revolvente de Desastres Naturales, Fonden, y el Fondo de Apoyo para Contingencias, para su ejercicio en los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz la Yesca, y El Nayar, así como Acaponeta del estado de Nayarit, a efecto de que se aplique a la brevedad posible en programas de apoyo para vivienda, empleo emergente y de ayuda rápida para reactivar la agricultura, la ganadería y la pesca en el tenor siguiente:

Con fecha del día 26 de septiembre del presente año, el Diario Oficial de la Federación publicó la declaratoria de desastres naturales, emitida por la Secretaría de Gobernación, para los municipios ya citados del estado de Nayarit, los cuales resultaron afectados por lluvias torrenciales, inundaciones y desbordamientos de los ríos Lerma-Santiago, San Pedro y Acaponeta, por los que se podrá acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales.

"No obstante lo anterior y que dicho Fondo tiene como objeto atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta a las dependencias y entidades paraestatales, así como de los estados, que es un instrumento complementario respecto de las acciones que deben de implementarse y llevarse a cabo para la atención de este tipo de desastres, es hasta esta fecha en que lamentablemente han sido minimizados los apoyos y recursos que se han recibido por parte de más de 60 mil damnificados en los municipios del estado de Nayarit antes mencionados.

"En su momento el Gobierno del Estado manifestó y reconoció que la atención de los daños ocasionados por los fenómenos naturales presentados durante el presente mes, rebasan su capacidad operativa y financiera para brindar inmediata atención a los miles de damnificados y de antemano expresa su aceptación y acuerdo con las condiciones y fórmulas de conformación y de participación de pagos que establezcan las reglas de operación de FONDEN vigentes, así como el compromiso de asegurar la infraestructura pública que sea objeto del apoyo.

"En el recorrido efectuado por las zonas siniestradas durante el pasado fin de semana por parte de mis compañeros diputados y de esta humilde servidora, pudimos constatar que los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos recientemente han impactado directamente al patrimonio familiar de miles de nayaritas, ocasionando la destrucción de todas sus casas y enceres domésticos, sobre todo en las zonas marginadas.

"Pero no menos grave y perjudicial ha sido para los campesinos la afectación de sus tierras y sus cultivos, las que han venido sufriendo los ganaderos y los pescadores de la región. Por lo que solicito se considere prioritaria la aplicación de los recursos emergentes para ser ejercidos preferentemente en programas de vivienda y de apoyo a la agricultura, a la ganadería y a la pesca.

"De igual manera solicito a esta soberanía su apoyo para que pronto, conforme lo establece la facultad de la Constitución Política del Estado de Nayarit y que el Congreso del Estado en uso de sus facultades el 24 de diciembre del 2002 aprobó conforme el artículo 47 fracción VII y 115 inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 24 de diciembre, el Presupuesto 2002 para el Ejercicio Fiscal 2003, mismo que el Ejecutivo del Estado presentó algunas observaciones y nuevamente fue transmitido al Congreso del Estado en el mes de abril; las comisiones una vez leído el dictamen en el pleno fue discutido y aprobado; no obstante de ello se presenta una controversia que actualmente se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presupuesto que no ha sido aprobado ni publicado por el Ejecutivo del Estado y por lo mismo los caudales presupuestales del Estado de Nayarit no se cuentan y tampoco las del gobierno federal.

"Por lo que solicitamos a esta soberanía el apoyo solidario a nuestros hermanos y hermanas nayaritas que se encuentran en estos momentos sin resolver la parte sustantiva de su alimentación, de salud y de vivienda que tenemos, que se vaya a desatar muchas epidemias por tantos animales que quedaron a lo ancho del desborde de tierras, extensiones y superficies, miles de superficies en las que quedaron sembrados los cultivos, el ganado y la pesca y que en estos momentos están en un estado de descomposición.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos al pleno su solidaridad para brindar apoyo rápido y expedito para los Municipios del Estado de Nayarit a los que hice referencia. Igualmente en tiempo y forma solicitamos a la Presidencia, turne a la Comisión de Coordinación Política el siguiente Punto de Acuerdo y asimismo sea publicado el texto íntegro en La Gaceta Parlamentaria.

Primero.- Se exhorte al Titular del Ejecutivo Federal a que por razones humanitarias mediante Decreto administrativo agilice y simplifique la liberación de lo recursos emergentes del Fondo Revolvente de Desastres Naturales FONDEN y del Fondo de Apoyo para contingencias para su ejercicio de los Municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecoala, Rosa Morada, Ruiz, La Llesca, Enlayá y Acaponeta del Estado de Nayarit a efecto de que se apliquen a la brevedad posible, el Programa de Apoyo para mejorar rápidamente sus viviendas, el empleo temporal y el empleo emergente y como consecuencia la ayuda rápida para resolver la economía de los agricultores, de la Ganadería y de la Pesca.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al Diputado Presidente, ponga a la consideración de este honorable pleno, la urgente y obvia resolución del presente Proyecto con Punto de Acuerdo, en los términos del Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso

Firmamos: el Diputado Gerardo Montenegro Ibarra, Diputado Raúl Mejía González, Diputado Salvador Sánchez Vázquez, Diputado Martín Carrillo Guzmán y su servidora Hilaria Domínguez Arvizu."

-EL C PRESIDENTE. Gracias Diputada. En virtud de que la Diputada que ha hecho uso de la palabra ha solicitado el trámite de urgente resolución, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera en esos términos.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO:-En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos Diputados y Diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos Diputados y Diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Está registrado para hablar en pro de la misma, el señor Diputado Manuel Pérez Cárdenas. ¿alguien se registra en contra?.

Nadie. Tiene el uso de la palabra el señor Diputado Manuel Pérez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

-EL C. DIPUTADO MANUEL PEREZ CARDENAS.- Con su venia, señor Presidente. Ante la situación de emergencia que se vive en Nayarit, resultado de las inundaciones y desbordamiento de ríos producidos por las lluvias acaecidas a últimas fechas y en los que por lo menos 50 mil personas han resultado afectadas o damnificadas, resulta propicio acordar medidas urgentes orientadas a solucionar dicha situación.

El desbordamiento de los ríos Santiago, Acaponeta y San Pedro, ha ocasionado un gran sufrimiento entre los habitantes puesto que han experimentado la pérdida de sus viviendas y cosechas al tiempo que se encuentran expuestos a las inminentes epidemias consecuencia de este tipo de desastres naturales.

Hoy y a un mes por lo menos para que concluya la presente temporada, tiempo en el que predominan los ciclones en El Pacífico mexicano, se enfrentan los efectos tanto positivos como negativos de los fenómenos naturales que hasta la fecha se han padecido.

En Nayarit, por ejemplo, la Presa Hidroeléctrica de Aguamilpa ha alcanzado su nivel máximo de almacenamiento de agua y genera electricidad las 24 horas del día beneficiando con ello a amplias regiones del país que son destino del fluido eléctrico y se benefician también, las actividades agropecuarias del Estado y de la región que pueden contar con la seguridad de agua para riego durante la próxima temporada de sequía.

Pero, por otra parte, se sufren ahora mismo graves daños en poblaciones de los municipios de La Yesca, El Nayar, Tuxpan, San Blas, Santiago Ixcuintla, Acaponeta, Tecuala, Ruíz y Rosa Morada que han sido declarados en estado de emergencia o de desastre por la Secretaría de Gobernación y en los que por lo menos cincuenta mil personas han resultado afectadas o damnificadas, con daños en sus viviendas, caminos, cosechas y en sus bienes así como en su economía familiar inmediata pues además de los daños materiales resultan gravemente afectados por súbitos incrementos de los precios de los bienes y servicios más básicos que escasean y se especulan.

Es preciso reconocer que el presidente Vicente Fox y altos funcionarios de su Gobierno han visitado con prontitud a las poblaciones de las zonas afectadas y dispuesto que sean apoyadas con el máximo de los recursos disponibles a través de los instrumentos especializados como el FONDEN y otros programas sociales.

Así, la población afectada ha recibido ya apoyos varios como agua, cobertores, colchonetas, despensas, láminas, numerario para la creación de empleos temporales y maquinaria para apoyo a los ejidos; sin embargo, por la experiencia que los nayaritas tenemos por la desgracia que hace solamente un año significó el paso del huracán "Kena", de cuyos daños aún estamos lejos de reponernos, sabemos que si bien esos apoyos son importantes porque contribuyen a aliviar los daños inmediatos que padecen niños, ancianos y sus familias, lo verdaderamente importante es lo que se refiere a la reparación de daños sufridos por el medio ambiente en lo general y por la estructura productiva, caminera, eléctrica y social de la población que habita esas amplias regiones, por lo que nos parece fundamental la propuesta que ya se ha hecho para que se liberen a la brevedad los recursos de apoyo del Gobierno Federal y se vigile su apropiada aplicación sin que se incurra en favoritismos de ningún tipo y que los apoyos se otorguen solamente a quienes verdaderamente lo requieran.

Por lo anterior, nos sumamos –en Acción Nacional- al exhorto formulado al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Gobernación, para que dispongan que a la mayor brevedad se liberen los recursos del FONDEN y del Fondo de Apoyo para Contingencias a favor de las poblaciones afectadas de los municipios del Estado de Nayarit referidos al inicio de esta intervención, mismos que cuentan ya con la declaratoria de zonas de desastre o de emergencia y por ello solicitamos que la Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública y de Salud, conforme a las atribuciones que les competen y de acuerdo a las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, apoyen la restauración de la infraestructura material y tomen medidas para la construcción de obras que en la medida de lo posible y razonable prevengan situaciones como la que hoy padecemos los habitantes de Nayarit.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Para hablar también en pro y de acuerdo con el 123 del Reglamento y 122, se le concede el uso de la palabra al señor diputado don Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo.

Un servidor, como representante popular y como nayarita, estamos a favor en todos sus términos, del punto de acuerdo presentado por la diputada Hilaria Domínguez.

Un servidor, en dos ocasiones ha hecho uso de la voz en esta tribuna para denunciar la lentitud con que están bajando los recursos y se están operando para los desastres naturales en este país.

Asumimos este punto de acuerdo porque creo que ya basta de llamados a misa; ya basta de estar haciendo exhortos a la Secretaría de Gobernación y al titular del Poder Ejecutivo Federal, creo que es hora, llegó la hora de que asumamos como legisladores federales nuestra responsabilidad y en su momento nos propondremos para participar en esta comisión especial.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

-LA SECRETARIA DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-EL PRESIDENTE: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.

-LA MISMA SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan Pérez Medina. Se informa a la Mesa Directiva que este punto de la orden día ha sido retirado por el grupo parlamentario del PRD.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Martínez Rivera del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda forma de ley, incluyendo varios tratados internacionales.

Los diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes consideraciones.

Es de conocimiento general de que a partir de los atentados del 11 de septiembre del año 2001, los Estados Unidos de Norteamérica endurecieron las medidas de seguridad nacional, adoptando posiciones extremas para evitar, según ellos, actos similares.

La posición de México en el tema de la guerra de Irak, ha sido un factor más de confrontación entre ambas naciones y que se constituyó en serias trabas para la agenda bilateral de México y los Estados Unidos de Norteamérica .

Las negociaciones para lograr un acuerdo migratorio han sido suspendidas sin duda, el asunto es de gran importancia para todos los mexicanos, pero también debe serlo para nuestros vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica, pues este es el principal receptor de la mano de obra mexicana, que busca oportunidades para satisfacer sus necesidades, que para vergüenza y oprobio de nuestro país, no las encuentran aquí.

El camino hacia la búsqueda de mejores oportunidades es sin duda de difícil acceso, enfrentando enormes riesgos que incluyen la perdida de vidas, también algunas veces las de sus familias para poder llegar al vecino país.

La frontera norte de nuestro país es la más transitada del mundo y a través de ella se da un enorme intercambio de mercancías y además se comparte un desarrollo industrial y cultural, por lo que para que el intercambio sea más benéfico, es necesaria una sana y más justa relación entre ambos países.

A través de diversos estudios bilaterales, se ha demostrado el importante papel que para la economía del vecino del norte representa la mano de obra mexicana, sin embargo, la mayoría de esta mano de obra no tiene acceso a los mínimos de seguridad social ni respeto a su integridad y sobre todo a su dignidad.

Es evidente que frente a la importancia que nuestros connacionales representan para la economía norteamericana, esto no se ha reflejado en sus políticas migratorias.

Implementaron el Programa Guardián, que ha servido para cerrar con bardas ignominiosas la entrada de los mexicanos a ese país.

En los últimos años en el tramo de Baja California y el estado de California, la vigilancia ha sido incesante: patrulleros, alumbrado, sensores, telescopios de visión nocturna, etcétera.

La estrategia de Guardián es imposibilitar el cruce de nuestros nacionales hacia las montañas y los desiertos, donde predominan las condiciones extremas, hasta lograr su muerte, en muchas ocasiones.

A esta grave situación hay que agregar que los consulados mexicanos no brindan atención adecuada a nuestros trabajadores, por falta, muchas veces, de recursos presupuestales, por insensibilidad o porque solamente se pueden brindar las atenciones mínimas; a veces ni eso.

Un informe del Banco de México señala que las remesas de dinero de migrantes equivalen al 83% en inversión de los Estados Unidos en México; sin embargo, miles de mexicanos han sido olvidados y marginados, por lo que ya es tiempo de que se formule una política de Estado para el asunto migratorio.

Por otra parte, el presidente Fox ha destacado la importancia que las remesas de los trabajadores migrantes tienen en la economía nacional; remesas que han llegado a equipararse con la inversión extranjera directa, declarando el propio presidente Fox, ahora, que éstas han permitido a millones de mexicanos salir de la pobreza extrema.

Es cierto que México y Estados Unidos de Norteamérica comparten proyectos de inversión y desarrollo comercial, pero también problemas que sólo con las acciones bilaterales se pueden resolver.

De alguna manera el tránsito de mercancías ha sido normado gracias al Tratado de Libre Comercio; sin embargo, el tránsito de personas presenta grandes dificultades que no han sido superadas.

El flujo migratorio ilegal constituye una fuente de riqueza para la agricultura y la industria del vecino del norte; pero también es, sin duda, el más vulnerado y sensible ante todo tipo de abusos.

Recientemente los medios de comunicación difundieron reiteradas notas sobre la deportación en condiciones inhumanas y humillantes de nuestros conacionales, sin ningún fundamento, violentando toda norma de ley, incluyendo los tratados internacionales, de los cuales ambos países han sido signatarios.

Particularmente nos hemos de referir al Programa Piloto de Repatriación Lateral, que consiste en deportar, por el estado de Texas, a los inmigrantes indocumentados capturados en Arizona, con el pretexto, según las autoridades norteamericanas, de prevenir las muertes de los connacionales. El Programa inició el 8 de septiembre y ha concluido el pasado 28 de este mismo mes.

Diariamente se deportaron cerca de 300 indocumentados, por lo que al final del Programa esta cifra será más arriba de las 6 mil personas. Lo anterior, totalmente condenable, ya que han violado sus derechos humanos, especialmente en su retorno a nuestro país.

La defensa de los derechos de nuestros trabajadores migratorios, que son fuente de riqueza y divisas, es uno de los grandes pendientes de la agenda gubernamental, que aunque mediáticamente ha mostrado su preocupación en este tema, no se han tomado medidas que detengan el trato humillante e indigno en los procesos de deportación.

El pasado 22 de septiembre, tardía y tibiamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de prensa respecto a este Programa de Repatriación Lateral, mediante el cual el Gobierno, a través de la Secretaría de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, manifestaron a las autoridades migratorias norteamericanas su desacuerdo con dicho programa.

Simultáneamente se instruyó al Instituto Nacional de Migración y a los consulados a efecto de que se tomaran las acciones necesarias para asegurar la observancia y el respeto de los derechos a los inmigrantes.

Hasta ahora, la influencia del Gobierno mexicano para la reducción y eliminación de estas prácticas arbitrarias, ha sido nula y la carta emitida por el Gobierno no manifiesta, de ninguna manera, una posición enérgica ante esta situación.

Finalmente no debemos olvidar que el Estado debe cumplir con su responsabilidad de preservar y garantizar valores tan preciados como la vida, la libertad y la dignidad de las personas y no simular asumirla como se hace en el discurso ante el problema migratorio, cuyas dimensiones precisan de la impostergable intervención del Ejecutivo Federal, quien está obligado a darle una atención prioritaria en virtud de ser un asunto de estado y también de seguridad nacional.

Estamos convencidos de que aún es tiempo de elevar una enérgica protesta ante este programa que aún siendo piloto, puede sentar un precedente para un programa permanente, ante lo cual no podemos permanecer mudos y muchísimo menos pasivos.

Por todo lo anterior y con respeto irrestricto a la soberanía de los Estados Unidos, los suscritos diputados de la fracción priísta, presentamos a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Primero.- Que la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura se pronuncie y exprese su firma y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando todas las normas de ley, incluyendo diversos tratados internacionales de los cuales los Estados Unidos de Norteamérica y nuestro país han suscrito.

Segundo.- Exhortar al Ejecutivo para que a través de las instancias correspondientes eleve una enérgica protesta ante el trato que las autoridades migratorias de Estados Unidos, dan a nuestros connacionales en el proceso de deportación.

E inicie, también, trabajos para la elaboración de un acuerdo migratorio con los Estados Unidos de Norteamerica que garanticen la dignidad y la seguridad de los inmigrantes mexicanos.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil tres.

Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. Para hablar sobre este tema se han inscrito la diputada María Avila Serna del Partido Verde; la diputada Eliana García Laguna del PRD; el diputado Gustavo Adolfo De Unanue Aguirre, del Partido Acción Nacional y el diputado Jesús González Schmal.

Se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Durante siglos nuestra frontera con Estados Unidos y sus puntos de control permanecieron abiertos. Su gobierno nunca obstaculizó realmente el tránsito de bienes y personas.

A pesar de esta situación, la Casa Blanca amenazó con una política migratoria estricta. Por su parte, el Congreso no autorizaba las reformas, la regulación dependía más bien de la oferta y la demanda laborales.

La nueva política migratoria de Estados Unidos, se gestó a partir de un acuerdo interno entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este contiene cinco elementos:

Es por eso que a partir del primero de abril del presente año, el tema migratorio se elevó a categoría de alta criminalidad, situación que ha propiciado persecuciones, golpes y muertes.

A partir de esta fecha, los migrantes pueden ser arrestados por entrar de forma ilegal. Ahora, pueden ser detenidos por el FBI sin mayor trámite ni intervención de servicio de migración y naturalización de Estados Unidos para ser deportados y sujetos a juicio, según el criterio discrecional que en cada caso se aplique.

Por su parte, el Gobierno Mexicano desmanteló la Dirección General de Fronteras dependiente de Relaciones Exteriores. Esta institución realizaba un trabajo de documentación de las violaciones de los derechos humanos y comprometía a algunos funcionarios en la defensa de los indocumentados.

Por esta razón y por el notable incremento en el número de deportados, la ayuda humanitaria recayó en organizaciones no gubernamentales de la frontera norte que nunca han recibido apoyo del gobierno. De aquí, que las alianzas entre las distintas fuerzas políticas en México han sido fundamentales en distintos momentos históricos.

Y por ello, hay que seguirlas impulsando para crear los consensos que tanto requiere el país.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país.

En el tema de migración, es necesario estrechar lazos y esfuerzos que generen una política integral, que reconozca las múltiples implicaciones que tiene el cierre gradual e irreversible de la frontera norte.

Hay que aprovechar la política emitida por el gobierno del país vecino y acelerar un convenio que beneficie la mano de obra mexicana, que la reconozca y que la reivindique legalmente.

Tiene el uso de la palabra, la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-LA C. DIP. ELIANA GARCÍA LAGUNA: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros y compañeras diputados.

El asunto migratorio es un problema que rebasa de manera definitiva el ámbito de lo que a nivel de nuestro país se tendría que hacer.

Nosotros consideramos y venimos a esta tribuna a apoyar la propuesta que se ha manifestado aquí por la diputada Laura Martínez Rivera, y quisiéramos plantear que el Ejecutivo Federal tendría que estar negociando no solamente un punto de acuerdo migratorio, sino tendríamos que estarnos planteando como Legislativo Federal la definición de la revisión del Tratado de Libre Comercio, en donde nosotros planteemos desde esa perspectiva la inclusión de un tratado, de un capítulo, un apartado ligado con el tema migratorio, porque el tema migratorio rebasa la situación de lo que nosotros a nivel del país podríamos hacer.

Nosotros reconocemos la situación de las violaciones a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes cuando cruzan la frontera. Bajo este reconocimiento, nosotros estamos planteando desde esta tribuna que exhortemos al Ejecutivo Federal, al igual que lo hizo el Senado, para que se haga una protesta diplomática y se exija a nivel diplomático que se respete la Convención Internacional de los Derechos de los y las Trabajadoras Migrantes.

Cada día, la línea fronteriza se convierte en una línea de muerte; los trabajadores mexicanos que se ven obligados a cruzar la frontera, están expuestos a la situación de los caza-migrantes, están expuestos al nuevo programa que se está planteando de deportación, en el sentido de que los encarcelan, los humillan, los deportan, siendo éste un acto de gran traumatismo para las familias, que sin saber ni siquiera qué pasó con el familiar que es deportado, desaparece.

De 1997 a la fecha, tenemos un registro conservador de 1986 mexicanos que han muerto al cruzar la frontera. Nosotros, entonces, estaríamos planteando desde esta tribuna la exigencia para que acompañemos en nuestro punto de acuerdo la solicitud al Gobierno Federal de que hagamos la revisión del Tratado de Libre Comercio, para incluir un capítulo migratorio que defienda los derechos.

Y reconociendo el planteamiento que hizo aquí la diputada María del Carmen Izaguirre, la relación con la política de generación de empleo, también tenemos que plantear de manera definitiva que mientras en este país no haya desarrollo económico, que mientras en este país no haya una política real de generación de empleos, el problema migratorio define nuestra relación bilateral con Estados Unidos.

Tenemos entonces, que trabajar como Legislativo en estos dos sentidos, que le den altura de miras a nuestras propuestas como Legislativo. Apoyemos la propuesta de la diputada Laura y exigiríamos entonces que se exhorte por vía diplomática al igual que ya lo hicieron los compañeros senadores.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

-DIP. GUSTAVO ADOLFO DE UNANUE AGUIRRE: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados:

Don Abel Vicencio Tovar nos decía: "Tenemos que hacer consciente el valor que para nosotros representa el ser humano, su dignidad de persona. Quien no sienta con una naturaleza superior a lo visible; quien no esté dispuesto a defenderse y a defender al compañero, de las agresiones a la dignidad del hombre, por la miseria, por la violencia, por la negación de oportunidades, no está viendo este principio de la dignidad de la persona humana".

Con relación al punto de acuerdo planteado, el grupo parlamentario del PAN, quiere fijar con toda precisión su postura, el tema de los migrantes, su protección y el respeto a sus derechos humanos, así como el de sus familias, es una prioridad que se refleja con toda claridad en la plataforma política 2003-2006. Por esta razón no podemos dejar de sumarnos al espíritu de la propuesta aquí presentada.

En este sentido también es importante resaltar que el tema de los migrantes por primera vez después de muchos años, ha sido considerado como un tema central dentro de la agenda bilateral México-Estados Unidos; lo cual implica la participación de ambos países en la solución de problemas comunes.

Por esta razón el Gobierno Mexicano ha expresado a través de sus representaciones, su total desacuerdo con la instrumentación del programa estadounidense de repatriación unilateral de migrantes mexicanos.

Ante el caso que nos ocupa es importante mencionar algunas de las principales acciones que con relación al tema se han registrado. El 8 de septiembre Estados Unidos inició un programa de repatriación lateral; éste consiste en trasladar a Texas para su repatriación, a indocumentados mexicanos detenidos en Arizona; hasta el lunes 15 de septiembre, 1551 mexicanos habían sido incluidos en este programa. La patrulla fronteriza estadounidense ha declarado que el programa busca salvar la vida de los migrantes al trasladarlos del desierto de Arizona al menos peligroso de la zona de Texas.

Al respecto, el gobierno de México a través de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, manifestó su desacuerdo con el programa, a las autoridades migratorias estadounidenses, en virtud de que se considera indispensable una revisión integral a los acuerdos vigentes en materia de repatriación, antes del inicio de cualquier programa de esta naturaleza y se considera que el citado programa no constituye una solución de fondo al problema de muertes en la frontera.

En concordancia con esta posición, se acordó la integración de un grupo de trabajo de alto nivel que analice los mecanismos de repatriación vigentes, a efecto de asegurar que éstos cumplan con los criterios de seguridad, orden y observancia de los derechos de los migrantes que deben prevalecer en las repatriaciones.

Las autoridades migratorias estadounidenses y el gobierno de México, se han comprometido a entregar las recomendaciones del caso a más tardar en la próxima reunión de la Comisión Binacional que se reunirá en Washington, D.C. en el mes de noviembre.

Paralelamente la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, han girado instrucciones a las delegaciones del Instituto Nacional de Migración y a los consulados, para que en el ámbito de su competencia se tomen todas las acciones necesarias a fin de asegurar la observancia de los derechos de los migrantes y hacer cumplir los siguientes criterios de repatriación. Que los traslados se realicen en condiciones seguras y con pleno respeto a los derechos humanos. Repatriar a todos los integrantes de una familia en un mismo evento. Gozar de estado de salud y no trasladar a los nacionales mexicanos que se encuentren en estado de gravidez.

El 12 de septiembre pasado, el gobierno de México a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, envió una carta al departamento de seguridad interna de los Estados Unidos, en la cual expresa puntualmente una queja sobre las irregularidades detectadas por la red consular en la instrumentación del programa y enfatiza la necesidad de fortalecer el diálogo bilateral en este tema.

Por todo lo anterior consideramos necesario que esta soberanía brinde su apoyo decidido a las acciones que el gobierno mexicano lleve a cabo para lograr la firma de un acuerdo bilateral en materia de migración.

Sin duda alguna, lograr el Acuerdo Migratorio con Estados Unidos, que a la fecha el Gobierno Mexicano ha impulsado, debe ser prioridad para todos nosotros.

Por esa razón, desde esta Tribuna los convocamos a sumarnos con decisión a este esfuerzo, que es un esfuerzo por la dignidad y el bienestar de los mexicanos.

Mientras el lenguaje —concluyo, señor Presidente- mientras el lenguaje de los derechos ha progresado considerablemente, mientras que el sistema de vigilancia de los derechos humanos avanza, mientras que la conciencia popular y las demandas de derechos y obligaciones calan en la mayoría de las sociedades, no podemos más que rechazar contundentemente esta medida unilateral que afecta la dignidad de nuestros compatriotas y de nuestros mexicanos. Es cuanto.

Se le concede el uso de la voz al diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

Efectivamente, estupefactos, indignados, pero mucho más avergonzados, hemos presenciado en nuestros días, ese deprimente espectáculo de la expatriación, más bien dicho, de la repatriación de los mexicanos indocumentados que van a ganarse la vida al país del Norte.

Hemos visto la sedicia, hemos visto la xenofobia de la autoridades americanas o norteamericanas para que los mexicanos que se introducen ilegalmente por la frontera Norte en el área o hacia el Pacífico, son a su vez repatriados a través de las fronteras cercanas al Golfo de México, con el objeto de inferirles molestias, de inferirles gastos, de condenarlos a la humillación después de que han sido atados con cadenas, con esposas en las manos y traídos como delincuentes o repatriados como delincuentes.

Pero aquí también habría que hacer una seria reflexión; no podemos reducirnos a lo que hizo la Cámara de Senadores, hacer una excitativa al Poder Ejecutivo para que evite estas verdaderas ofensas al hombre, al ciudadano, al ser humano que tiene la necesidad de ir a buscar la sobrevivencia a otras tierras ni tampoco podemos, como ahora lo hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, diciendo que va a invocar el Convenio de Palermo, donde los migrantes no pueden ser tratados como delincuentes cuando tienen que ser desterrados del país al que han llegado.

Creo que el problema es de mucho más fondo; implica que repasemos que la política económica de este Gobierno, como en los de los anteriores, que primero se apoyaron en las maquiladoras y que no han dado resultados por el desplome de nuestra competitividad y que ahora en este período de Fox se apoyan en la posibilidad de enviar mano de obra al extranjero, para que éste a su vez nos allegue los fondos, como ahora ocurre, que es el principal rubro de ingresos para la Nación, que otorgan y que dan los indocumentados al poder cruzar la frontera y establecerse en un trabajo estable, no podemos pues, seguir dependiendo de estas políticas efímeras y sobre todo, condicionadas a la bondad, a la buena disposición de nuestros vecinos del Norte.

Urge y es inaplazable, entrar a considerar que el problema, por eso decía yo, nos avergüenza, porque lo tenemos en nuestra casa, porque nosotros hemos sido los causantes y los responsables de que esa migración masiva, cada día más cuantiosa, tenga que sufrir estas vicisitudes y después, estas torturas y humillaciones.

Pero también, esta breve reflexión nos debe de llevar a otra vertiente del mismo problema: también nosotros, como mexicanos, recibimos la emigración de los países del Sur, Centro, Caribe y Sudamérica.

Pues bien, si nosotros queremos que el trato que nos dispensen sea el humano en el país de Norteamérica, el mismo y la misma medida y la misma vara debemos hacer para que el trato que se les dispense a los centroamericanos que vienen a nuestra patria no sea el tradicional ya de humillarlos y de someterlos a prisión y también a vejaciones de todo tipo.

Sabemos muy bien que los polleros en México, los llamados polleros, los traficantes humanos, están perfectamente localizados. Hace falta meter mano seria, a fondo, por parte de la PGR y otras autoridades en el problema y sobre todo darnos cuenta que tanto el problema como la solución dependen íntegra y absolutamente de nosotros los mexicanos. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: El último punto de acuerdo registrado con relación a la extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, por la diputada Eliana García Laguna, del PRD, ha sido retirado.

En consecuencia, entrando a las efemérides, el siguiente punto del orden del día: comentarios sobre el cuadragésimo aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, han solicitado el uso de la tribuna los siguientes diputados: diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Partido de Convergencia; diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del PT; diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde; diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del PRD; diputado Francisco Salazar Diez de Sollano, del PAN y diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del PRI.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO: Con su permiso, diputado presidente, Compañeras y compañeros: "Para que el desenvolvimiento y progreso nacionales resulten armónicos en sus beneficios para todos los habitantes de la República, se hace necesario aprovechar adecuadamente los recursos naturales de que dispone la nación y todos los elementos básicos que requiere su integración económica.

"Las crecientes demandas de energía eléctrica en la agricultura, en la industria, así como en las diversas actividades económicas nos imponen la tarea indeclinable de atenderlas de acuerdo con el ritmo de su crecimiento".

Este mensaje fue leído en 1960 por el presidente de México Adolfo López Mateos. Es y sigue siendo el espíritu que dejó la nacionalización de la industria eléctrica.

La decisión por parte del presidente fue crucial para potenciar el desarrollo económico y la soberanía de nuestro país.

En aquel entonces contábamos con una sociedad primordialmente rural y con un modelo de sustitución de importaciones. Hoy nuestra economía se basa en nuevas reglas de funcionamiento, su crecimiento se ha soportado en las exportaciones, estamos en una transición política de un régimen autoritario y que los mexicanos deseamos que sea democrático.

Tenemos una sociedad mayormente urbanizada e informada. Hemos pasado de una sociedad educada en valores únicos y paternalistas a una sociedad que pretende valores democráticos y libertarios.

Ahora nuestra industria nacional ya no sólo tiene que ser competitiva en el mercado interna, sino con el mercado externo. La competitividad y productividad son indispensables para alcanzar mayores niveles de crecimiento y desarrollo, retos que podemos sortear con responsabilidad, organización y trabajo.

El día de hoy, igual que en 1960, cualquier reforma impulsada en el sector eléctrico tiene que ir orientada principalmente al objetivo de potenciar nuestra economía y tener como fin principal el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población.

Pero la adaptación de nuestra economía a estos tiempos no tiene por qué significar el abandono de los orígenes que le dieron vida a la nacionalización de este sector. Esta correspondió en su momento principalmente a las necesidades tanto de nuestra economía como a la de nuestra sociedad. Pero a diferencia de ayer, hoy requerimos adecuar esos principios al momento que vivimos y a nuestro proyecto de nación. Para ello, es menester del concurso no solo del Estado sino de toda la sociedad; la industria requiere de fuertes inversiones para poder cumplir con las expectativas de los próximos años.

La demanda de electricidad en México crece a un ritmo de 5.5 por ciento anual. Atenderla significa más de 300 mil millones de pesos para instalar nuevas plantas y poder generar en los próximos 10 años 65 por ciento más de energía. La misma cantidad se requiere para la expansión y mantenimiento de la red en los próximos 25 años, con 30 millones más de habitantes. La modernización de la infraestructura del sector energético en su conjunto parte necesariamente por el incremento de un financiamiento, sustancialmente público y previa definición y alcances y límites por capital privado, sin que por ello el Estado pierda su función reguladora y rectora.

Las empresas estatales tienen que modernizarse. Es necesario que logren su autonomía tanto en su administración como en su gestión. Para ello es indispensable que el Estado cuente con los suficientes recursos financieros que por ineficaz capacidad recaudatoria solo se podrá lograr con la aprobación de una reforma fiscal.

Por otro lado, es conveniente la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía dotada de la suficiente autoridad y recursos. El debate no lo debemos de centrar en una perspectiva simplista de la participación de capital público o privado o en la apertura de capital privado es una posición neoliberal o si la inversión solo del Estado es una posición nacionalista.

Mal haríamos si por privilegiar posiciones partidistas nos olvidáramos de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Lo que los mexicanos queremos es que la Comisión Federal de Electricidad esté dotada con mucho mayor autonomía de gestión, autosuficiente e inyectada con suficientes recursos para modernizar su infraestructura y expuesta a una mayor competencia. Debe de tener como objetivo lograr un servicio de energía eléctrica más productivo, que eleve a su vez la competitividad de las empresas mexicanas, pero sobre todo el objetivo es el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos.

¡Esta tiene que ser una reforma de amplio y profundo sentido social! ¡En este aniversario este es el mejor homenaje que le podemos rendir a nuestra industria eléctrica nacional!

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (PAN): Gracias, Diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

- EL C. DIPUTADO FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS (PT): Con la venia de la Presidencia.

Conmemoramos hoy un aniversario más de la nacionalización de la industria eléctrica, que el 27 de septiembre de 1960 pasó a formar parte del patrimonio de todos los mexicanos.

La atinada decisión del gobierno del Presidente Adolfo López Mateos de poner en manos de la nación la industria eléctrica, respondió a un asunto de utilidad pública, pero también atendió el reclamo del pueblo de tener un servicio eficiente a precios accesibles y romper con el monopolio de las empresas extranjeras.

Antes de la nacionalización casi la mitad de la generación de energía eléctrica correspondía a empresas privadas, principalmente extranjeras. Sin embargo, solo cuatro de cada diez mexicanos recibía los beneficios de este servicio básico.

Las compañías privadas operaban con serias deficiencias técnicas, sin planes de inversión y se resistían a cumplir cabalmente con los derechos laborales de los trabajadores. Ahora que se debate poner en manos privadas el sector, debemos recordar que para ellos solo es importante la ganancia, el lucro como era evidente hace cuatro décadas.

Ayer, el pueblo de México luchó por la nacionalización de la industria eléctrica. La paradoja del destino nos lleva hoy a defenderla contra su privatización. En 1960, el Estado Mexicano asumió la responsabilidad de sanear, desarrollar y llevar a un nivel de alta productividad y eficiencia al sector eléctrico mexicano.

No obstante que los niveles de cobertura llegan al 95.3% de la población, en la actualidad todavía tenemos a 5 millones de mexicanos que no cuentan con electricidad, principalmente entre las comunidades rurales e indígenas del país.

Con la imposición del modelo neoliberal en nuestro país, en las décadas de 1980 y 1990 fue disminuyendo paulatinamente la asignación de recursos al desarrollo del sector eléctrico mexicano. El propósito esencial de los neoliberales ha sido debilitar a una empresa pública eficiente y rentable, como es la Comisión Federal de Electricidad, para justificar su venta al capital privado.

La privatización de facto se inició con la reforma salinista en 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que abrió las puertas al capital privado para la generación y venta de energía eléctrica.

En los años recientes se ha acelerado y consolidado de manera encubierta la participación de particulares en el sector. Ya privatizaron Telmex, ya se apoderaron del sector bancario y financiero, ya desmantelaron los ferrocarriles y el sistema portuario, ya entregaron el sistema satelital de comunicaciones; ahora van por el sector energético, por la energía eléctrica y el petróleo.

Nos quieren argentinizar, quieren someter la soberanía del pueblo mexicano a los intereses de la agenda del capital financiero especulativo internacional.

Pero sépanlo desde ahora, el pueblo mexicano mostrará una vez más su férrea resistencia a esta política de depredación del patrimonio nacional. Desde ahora lo decimos: nos opondremos a cualquier reforma que pretenda poner en manos extranjeras las industrias estratégicas de la nación.

Compañeras y compañeros legisladores, el Partido del Trabajo sostiene que sí hay opciones financieras públicas para capitalizar y modernizar el sector eléctrico sin necesidad de que pase a manos privadas.

Para nosotros, la electricidad debe seguir siendo propiedad de la nación para que sea un factor decisivo del desarrollo industrial y del desarrollo económico. También tenemos claro que sólo un amplio movimiento social y político contra la privatización del sector eléctrico en México, podrá detener la ambición desmedida de la derecha.

Se le concede el uso de la voz al diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Compañeras y compañeros diputados, hace 43 años, el 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos emitía el decreto por el cual nacionalizaba la industria eléctrica. De esta manera, el control del servicio público de energía eléctrica fue asumido por el Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, la Compañía de Luz y Fuerza y la Compañía Impulsora de Empresas Eléctricas.

La nacionalización de este sector se concibió para garantizar el desarrollo económico del país y del pleno goce en las garantías individuales de todos los mexicanos.

"Hoy, a 43 años de ese histórico momento, el Partido Verde Ecologista de México reconoce que esta medida fue la respuesta contundente a las necesidades energéticas y laborales de aquel momento.

"Reconocemos también a los miles de trabajadores que desde entonces y por más de cuatro décadas han construido la industria eléctrica nacional. Sin embargo estamos convencidos que la situación energética en nuestro país requiere de una profunda reforma que impulse el crecimiento y la modernización en este sector, sólo así el sector eléctrico puede convertirse en detonador de desarrollo y desempeño económico y social.

"Queda claro que el Estado debe conservar la rectoría de la industria eléctrica y que toda reforma deberá estar acorde con los artículos 28 y 27 de nuestra Constitución, que garantice universalidad, continuidad, eficiencia, calidad y adaptabilidad a un precio competitivo, respetando la soberanía y permitiendo que el usufructo de este sector se refleje en beneficio para los mexicanos.

"El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México busca el progreso económico del país, basado en le desarrollo sustentable, la atención inmediata a los grupos sociales más desprestigiados y el equilibrio financiero.

"Trabajamos para conseguir el equilibrio entre el desarrollo económico, tecnológico e industrial, en la conservación del medio ambiente, para que los mexicanos vivamos en un ambiente próspero y sano.

"Debemos ser cuidadosos en la reforma que impulsemos. Los más recientes apagones ocurridos en California, Nueva York, Suecia, Dinamarca e Italia, nos recuerdan los retos que la industria eléctrica enfrenta a nivel mundial. México no se puede apartar de esta realidad.

"El sistema eléctrico alrededor del mundo necesita una transformación profunda que permita la adopción de tecnologías innovadoras y mejore la infraestructura; dichas reformas son sin dudas un prerrequisito para el desarrollo sustentable. En este sentido resulta necesario desarrollar fuentes de energía sustentables para alcanzar metas de crecimiento energético, sin depender únicamente de fuentes no renovables.

"La propia Secretaría de Energía reconoce que la disponibilidad de estos recursos por eficiente que sea únicamente será por los próximos treinta años. Por ello resulta indispensable desarrollar infraestructura eléctrica que sea financiera y ecológicamente viable y de esta manera asegurar a las generaciones futuras un país autosuficiente, responsable y limpio energéticamente.

"Es así que en esta fecha nos podemos olvidar del compromiso que el Estado guarda para con la ciudadanía en la generación de energía".

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática.

"Compañeras y compañeros Legisladores: El pasado sábado 27 de septiembre se cumplieron 43 años de la nacionalización de la industria eléctrica y no hay mejor ocasión para presentar ante esta soberanía las reflexiones del Grupo Parlamentario del PRD sobre lo que significa para un país como el nuestro de contar con un sistema eléctrico de alta confiabilidad y seguridad.

"Nuestro aprendizaje ha sido duro, nuestros logros no han sido pocos. Nosotros aseguramos que el sector eléctrico mexicano no se encuentra formando parte de la dolorosa y amplia lista de debilidades nacionales.

"Sin embargo el necesario e importante debate sobre la llamada reforma estructural del sector eléctrico, obliga a un ejercicio de memoria histórica, porque no es gratuito que hoy contemos como nación con un patrimonio vivo de técnicos y trabajadores con alta capacidad productiva y tecnológica, orgullosa de su labor, digna y entregada, llena de sacrificios y proezas reales y anónimas.

"Las antiguas empresas extranjeras redujeron sus inversiones a lo largo de los años ‘30s, ya que sólo se enfocaban a las áreas de la más ala rentabilidad por lo que el Gobierno del General Cárdenas se vió obligado a contar con un instrumento que le permitiera intervenir crecientemente en la dotación del servicio de energía eléctrica.

A esto obedece la creación de la Comisión Federal de Electricidad el 14 de Agosto de 1937. Para aquellos años, la cobertura del servicio no alcanzaba ni al 30% de la población.

Esta contradicción creciente entre los criterios privados y las necesidades públicas, culminó con la decisión de nacionalizar, mediante negociaciones financieras las acciones de la American Power Company y de la Mexican Liight and Power Company.

Las negociaciones fueron cerradas el 27 de septiembre de 1960 otorgándonos pleno control sobre el manejo y explotación de nuestros recursos energéticos, de este modo la nacionalización eléctrica se muestra como una necesidad del desarrollo económico y social del país que las empresas extranjeras no atendieron.

Todos sabemos que así se inició una etapa de vigoroso y acelerado crecimiento de la industria eléctrica nacional, construyendo grandes complejos hidroeléctricos y termoeléctricos así como la diversificación de los energéticos primarios, se unificó la frecuencia y el voltaje de los diferentes sistemas eléctricos permitiendo la integración de los sistemas aislados en un gran sistema eléctrico interconectados, atendiendo a la propuesta de los entonces Representantes de los Ingenieros sindicalizados del Sindicato Mexicano de Electricistas encabezado por el Ingeniero Jacinto Viqueira Landa

Hoy, ante el debate por privatizar o dar apertura a los capitales privados en nuestros sectores estratégicos inducida y alentada por intereses transnacionales, queremos mencionar que entre las empresas responsables del Apagón del Noroeste Norteamericano y de la ruina eléctrica californiana, está la SEMPRA ENERGY que hoy construye tres plantas en nuestra frontera norte.

Ya el Presidente Hipólito Mejía, de República Dominicana, acusa a esta empresa de provocar la crisis eléctrica en su país con el exclusivo propósito de obtener más ganancias.

Los tres sistemas involucrados en este Apagón son muy distintos entre sí, pero todos tienen un común denominador, son todos privados.

La desintegración y privatización del sistema eléctrico, en generadores, transportadores, distribuidores y comercializadores, todos regidos por el afán del beneficio de corto plazo, llevó a la inversión en las redes eléctricas norteamericanas a ser la más baja desde la gran depresión de los años 30.

Mientras la demanda creció un 30% en los últimos 10 años, la capacidad de transporte de energía en ese país sólo creció un 15% en el mismo lapso.

Como contraste, hace apenas unos días conmemorábamos a nuestros compatriotas fallecidos en el macrosismo del 85, vale recordar que la experiencia mexicana de haber logrado restablecer el 100% del servicio en tan solo 12 horas, fue solicitada por expertos japoneses y de otras latitudes. Entre otros hechos hay que destaca que nuestros compañeros cubrieron jornadas ininterrumpidas de 36 y 48 horas continuas para garantizar la luz a los rescatistas y normalizar los servicios.

La realidad mundial nos muestra que no han disminuido los precios de la electricidad y los nuevos sistemas desregulados y privatizados; los sistemas,en cambio, se han debilitado. La creciente presencia de los productores privados en el Sistema de CFE empieza a perturbar la operación en nuestros sistemas, ya que estos productores sacan o presionan por meter sus centrales según su muy particular conveniencia mercantil sin importarles los problemas de seguridad o de continuidad que crean.

Compañeros y compañeras Diputadas, serán los elementos demostrativos sin terrorismos y chantajes declarativos los que verdaderamente garantizarán el fortalecimiento de nuestras empresas públicas eléctricas, frenando el grave riesgo que ya presenta la creciente presencia de interés privado transnacional.

Reivindiquemos en cambio nuestra capacidad ya demostrada en el desarrollo y consolidación de nuestra industria, debatamos a fondo, tan a fondo como sea necesario, no tenemos prisa en esta reforma más allá de lo que reclama ya el país y no son pocos los mexicanos que tienen interés de opinar. Abrámosles esta Cámara a su opinión; encontremos este camino para hacer de estas empresas garante de desarrollo, soberanía y motor económico y social del país. Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Para hablar sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Salazar Diez de Sollano.

- EL C. DIP. FRANCISCO JAVIER SALAZAR DIEZ DE SOLLANO: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.

El XLIII Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, es ciertamente una ocasión propicia para reflexionar sobre el papel que ha jugado y que debe jugar el Estado en el sector eléctrico. Difícilmente se podría cuestionar la oportunidad y el acierto que tuvo el presidente López Mateos al nacionalizar la industria eléctrica en 1960.

Ya en las dos décadas anteriores, el Gobierno había comprado un gran número de acciones de las empresas eléctricas privadas y llevado a cabo un agresivo programa de inversiones que buscaban acrecentar la oferta nacional y la cobertura del suministro.

No obstante lo anterior, los sistemas eléctricos continuaban aislados y en consecuencia el servicio no cumplía con la calidad esperada. La oferta eléctrica era insuficiente e impedía alcanzar una mayor industrialización en el país, es por esto que en 1960 el Gobierno de México reforzó a la Comisión Federal de Electricidad comprando el resto de las acciones de las empresas extranjeras y nacionalizando así la industria.

Desde el punto de vista económico, este proceso se justificaba dada la condición de monopolio natural que en ése momento y en la práctica, imposibilitaba que esta industria se desarrollara adecuadamente en condiciones competitivas. Este monopolio vertical estatal, se justificaba por lo siguiente:

Primero.- El sector realizaba actividades estratégicas y tenía la responsabilidad de suministrar un bien básico para toda la población;

Segundo.- Al dejarse en manos de la industria privada, los niveles de inversión no habrían sido los adecuados por los riesgos de inconsistencia intertemporal en las políticas públicas;

Tercero.- La intervención gubernamental en aras del interés público se ejercía de manera más efectiva y menos costosa dirigida por un organismo como Comisión Federal de Electricidad que por distintas empresas privadas; y,

Cuarto.- Los costos de producción y de suministro eran menores para Comisión Federal dado su acceso preferencial a distintos insumos, lo que tendría que reflejarse en menores precios de la electricidad.

Las metas que perseguía la formación del monopolio estatal fueron cabalmente cumplidas, se logró la interconexión de los sistemas y la unificación de la frecuencia eléctrica; actualmente el 95% de los mexicanos cuenta con servicio eléctrico. Sin embargo, en últimas fechas los cambios tecnológicos y la recomposición del mercado han ocasionado que esta industria pierda en gran medida su característica de monopolio natural.

Numerosos estudios demuestran que el tamaño mínimo eficiente de las plantas de generación se ha reducido significativamente a partir de la década de los ’70. El desarrollo de nuevas tecnologías como los ciclos combinados a base de gas natural y lecho fluidizado permiten la construcción de unidades que son de mucho menor tamaño y de menor costo, esto implica que se reduzcan significativamente las barreras de entrada al segmento.

Es por ello que a partir de los años ’80 la mayoría de los países rediseñaron su estructura regulatoria de alguna manera u otra tratando de responder a las circunstancias tecnológicas y de mercado para poder así mejorar la eficiencia de esta industria.

A pesar de que nuestra legislación ha tratado de adaptarse a esta nueva estructura de mercado, es claro que la misma aún dista de garantizar los objetivos que inicialmente justificaron su nacionalización. Por ello y en coincidencia con el Ejecutivo, nosotros consideramos impostergable la discusión de una reforma al marco jurídico de esta industria que se sujete entre varios otros a los siguientes principios:

Segundo.- El pleno respeto a los derechos laborales consignados en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo de los trabajadores de Comisión Federal y Luz y Fuerza.

Tercero.- La instrumentación y desarrollo de un marco jurídico claro y transparente, capaz de generar certidumbre y seguridad.

Compañeras y compañeros diputados, hoy como hace 43 años el país necesita de una reforma estructural para el sector, que asegure a satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica, mejorar la calidad y confiabilidad del servicio mediante una reorganización industrial.

Para el Partido Acción Nacional una reforma con base en los anteriores principios, no busca la privatización de la industria eléctrica, por el contrario nosotros consideramos fundamental...

Nosotros consideramos fundamental fortalecer y hacer más eficiente la rectoría del Estado y la industria y mantener la propiedad de los activos de Comisión Federal y de Luz y Fuerza del Centro.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema el señor diputado don Sergio Arturo Posadas Lara del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En 1960 el Estado Mexicano dio inicio a la nacionalización de la industria eléctrica, dominada entonces por compañías privadas con dominio extranjero.

La nacionalización de la industria eléctrica en México no fue sólo una decisión histórica, acertada del gobierno del Presidente Adolfo López Mateos, sino fue la respuesta del Estado a una demanda nacional creciente y consolidada de toda la sociedad mexicana, integrándose como parte fundamental del proyecto nacional plasmado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los tiempos de crisis han tenido largo acierto en la realidad de nuestro país; los momentos que precedieron a aquella nacionalización también lo fueron con muchas dimensiones, la mayoría de la población carecía de electricidad y los problemas de desabasto de energía eran frecuentes en la región central del país, que era la región donde operaban las empresas privadas como la Mexican Light y la American Anforain Power, donde había descontento popular, pero también había un descontento de la clase empresarial a causa de apagones, cortes de energía y esos consorcios sistemáticamente venían aplicando olvidos y regateo hacia sus trabajadores, pero sobre todo donde la controversia era entre el interés nacional confrontando a los designios imperiales de los grandes capitales.

Por nuestro origen de trabajadores, recordamos que las huelgas de los compañeros electricistas y la construcción de sus sindicatos, hicieron posible, entre otras circunstancias y factores se abriera una negociación y a grandes males, grandes soluciones. Una de ellas fue consolidar al trabajo de los mexicanos ante le compromiso compartido y responsable ante las empresas extranjeras derivado de la adquisición por parte del gobierno mexicano, de la mayoría, aunque no la totalidad, de las acciones de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza que se encontraban en poder de inversionistas belgas, estadounidenses, británicos y canadienses, con lo cual pasó a controlar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la principal filial de ese grupo, al mismo tiempo el gobierno mexicano compró los activos de otras 7 empresas, logrando un avance definitivo en el proceso de integración.

El control de servicios público de energía eléctrica, pudo ser asumido por el Gobierno Federal, lo hizo básicamente a través de la Comisión Federal de Electricidad que había entrado en operación desde 1937 y la que devendría para la región central del país en los años siguientes, en la hoy empresa Luz y Fuerza del Centro habiendo adquirido e integrado a un total de 23 empresas eléctricas.

Durante las siguientes décadas la infraestructura eléctrica mexicana creció de manera notable, mediante cuantiosas inversiones estatales que permitieron la disponibilidad y suficiencia de electricidad, para una demanda también creciente de nuevas generaciones de mexicanos. Gracias a aquella acción se superó el desarrollo exclusivo de empresas abocadas únicamente a la obtención de máximas ganancias, en el menor plazo, manejando tarifas eléctricas a su arbitrio o recurriendo a presiones, a los gobiernos nacionales y en contra de la sociedad, en el que lograba sus fines sin importarles en lo más mínimo el desarrollo nacional, especialmente de aquellos mexicanos habitantes de zonas rurales o comunidades alejadas a los centros urbanos, donde tenían constituido sus lucrativos negocios.

La industria eléctrica nacional ha tenido diferentes etapas, pero ciertamente el rasgo más distintivo ha sido el social, en las políticas instrumentadas a partir de la consumación jurídica y financiera de su nacionalización.

Ante uno de los debates de nuestro tiempo, sobre los hoy llamados temas estructurales, resulta oportuno recordar uno de los momentos más significativos del proceso histórico de nuestra economía nacional.

En materia de energía eléctrica, insumo esencial para el desarrollo y bienestar de los mexicanos, de las presentes y futuras generaciones, el PRI ha sido enfático en señalar, con fundamento en lo expresado en sus Documentos Básicos, que la soberanía nacional…

… que la soberanía nacional debe conciliar la modernización de esta industria y las previsiones de mayores necesidades de generación con una sólida y eficiente regulación del Estado sobre diversas actividades del ramo, que garantice en todo momento la viabilidad de su funcionamiento como conjunto.

De tal forma que en este día, estamos honrando y recordando el espíritu de aquella inmensa acción de buen gobierno, la que decretó la adición al párrafo sexto del artículo 27 de nuestra Constitución: "… Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, abastecer de energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación de servicio público".

El país demanda un debate serio y reflexivo del sector eléctrico que permita preservar la rectoría del Estado, la planeación y la regulación a dicho sector.

El siguiente punto del orden del día es: comentario sobre el Aniversario del Natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón.

Han solicitado el uso de la palabra los siguientes diputados: Jaime Miguel Moreno Garavilla, por el Partido de Convergencia; Fernando Espino Arévalo, por el Partido Verde Ecologista de México; Ana Lilia Guillén Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática; Marco Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional y Miguel Amezcua Alejo, del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor diputado, don Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido de Convergencia.

—EL DIPUTADO JAIME MIGUEL MORENO GARAVILLA: Compañeras y compañeros diputados:

Cinco minutos para hacer referencia al ilustre cura de Carácuaro, a los 50 años de vida, nada más y nada menos que de El Ciervo de la Nación, a la de quien, hijo de carpintero y de maestra de primaria, marca su inicio aquel 30 de septiembre, en Morelia, a la sazón Valladolid; a la sombra de la viudez de su madre y al fragor del golpe severo de la pobreza y de los calcinantes fuegos de la adversidad, que como al acero, forjan y templan también al alma del hombre, Morelos gestó, quizá, durante sus sinnúmero trajines de Acapulco a México o quizás al amparo de las luces del Colegio de San Nicolás, los auténticos Sentimientos de la Nación.

Espíritu despuntado que llegó a mostrarse como genio militar, magnífico organizador y dentro de la insurgencia, sin duda, el jefe de armas que pudo alcanzar el venero de las ideas para construir documentos y estrategia de la política revolucionaria con profundo sentido liberal.

Testimonio eterno de ello lo da la ciudad de Chilpancingo, desde aquél memorable 14 de septiembre de 1813, cuando se proponía que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo.

El que sólo quiere depositarla en el Supremo Congreso Americano, que siguiendo a Montesquieu, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están divididos, que como la buena ley es superior a todo hombre y las que dicte nuestro Congreso, se decía, deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Que para dictar una ley, se haga junta de sabios, en el número posible para proceder con más acierto. Así, el insigne Morelos, en rebelión independentista plasmaba en documento, entre otros, estos sentidos de la nación. Por ello, seguramente los llamó "Sentimientos de la Nación". Eran verdaderamente los labios del pueblo en pos de sus derechos con espada en mano para ser oído; sentimientos que fincaron también mediante el Congreso de Chilpancingo instalado en Apatzingan, el decreto para la libertad de la América Mexicana, aquel memorable 22 de octubre de 1814, decreto que configura nada más y nada menos que la primer Constitución con que da cuenta la historia constitucional del país.

Cómo podrían honrarse de mejor forma la memoria de tan ilustre ideólogo y caudillo, sino recordando que la soberanía popular se ejerce a través del Congreso y no de la CONAGO; que los órganos primarios de Gobierno, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial encuentran su fundamento único en la Constitución, que no en una Convención y que como buena ley está por encima de toda voluntad particular o grupal por respetable que sea, que la norma puede sujetarse a consenso pero sólo en su etapa de confección, jamás en la de su aplicación y observancia.

Revisemos integralmente nuestra Constitución, adecuémosla a las exigencias de nuestros días, pero en tanto esto ocurre observémosla, cumplámosla todos. De no hacerlo tarde o temprano encontraremos el caos y la anarquía.

No permitamos que la movilidad jurídica e institucional de la República se vea engrillada por intereses de coyuntura como engrillado se vio nuestro preclaro héroe aquella madrugada del 22 de diciembre de 1815. Arrodillado ante la nación, cuál digno siervo de la misma, volvió el rostro a la cobardía y a la intemperancia para dar punto final a 50 años de vida consagrados a la tarea de legarnos patria y libertad en un marco de leyes y de instituciones. De ello da cuenta también eterna San Cristóbal, Ecatepec. Observemos la Constitución, cumplamos la ley y respetemos nuestras instituciones, es la mejor forma de honrar la vida y la memoria de Morelos. (aplausos)

Se concede el uso de la palabra al señor diputado don Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México.

El 30 de septiembre del año de 1765, nació en la Ciudad de Valladolid, hoy Morelia, quien fuera reconocido internacionalmente como el mayor genio militar y político de su época, y artífice junto con Hidalgo, Allende, Aldama, doña Josefa Ortiz de Domínguez y muchos otros patriotas, del triunfo de la lucha de Independencia emprendida en 1810.

Don José María Morelos y Pavón, como michoacano, pero sobre todo como mexicano, que aprecia la herencia de justicia, libertad e independencia que dejó en nuestras manos el que fuera párroco de Nocupétaro, no puedo sino reconocer con emoción la alta responsabilidad que significa preservar para nuestros hijos la patria libre e independiente que, con afanes de precursores de la modernización, en la actualidad muchos estarían pensando en ceder frente a los intereses de los capitales transnacionales.

Fue Morelos el guerrero incansable, que en la montaña o en el llano hizo valer el espíritu indomable de quien sabe, sustentado en la justicia de su causa; fue el genio militar capaz de ponerle un freno a mejor ejército realista que hubiera en la Nueva España.

Esta Cámara de Diputados no podría dejar de reconocer la trascendencia política de los Sentimientos de la Nación, que son la manifestación más pura del fervor patriótico y la frescura política que caracterizaban a quien se definió como Siervo de la Nación.

Sólo bastaría con recordar algunos de los planteamientos de ese documento político, dado a conocer en la apertura del Congreso instalado en Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813, para corroborar el pensamiento y la obra política de José María Morelos y Pavón.

En efecto, hoy añoramos la energía, el coraje y el valor, del patriota que, antes que argumentar justificaciones a su lucha y a la determinación, de abandonar la ideología y práctica de sumisión que le imponía su jerarquía eclesiástica, decidió establecer categóricamente el objetivo que lo impulsó a la insurrección: que el América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones.

Y qué mejor descripción del origen de la representación popular, que la expresada en el punto 5° del histórico documento, que señala: "La soberanía dinámica dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario".

También referida a la función legislativa destaca el punto 12, que hace alusión al tipo de leyes que espera el pueblo que aprueben sus representantes, y que en modo alguno justifica que por intereses mezquinos se expidan leyes en contra de los intereses populares.

La norma declarativa ya aludida consignó este principio, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen la constancia y patriotismo, mover en la opulencia y la indigencia, y de tal suerte, se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Morelos, era el más convencido de la necesidad de aprovechar la oportunidad y aportación industrial e inversión financiera de los capitales externos, pero dejaba en claro que no se permitiría en función de su inversión o de su amistad con nuestro país, que potencias externas violentaran la soberanía de este pueblo.

No hay duda alguna, recordando la vida y obra del insurgente Morelos, del Generalísimo José María Morelos y Pavón o simplemente del Siervo de la Nación, debemos admitir que fue un hombre que se adelantó a su tiempo y que todavía hoy está vigente, esperando que se cumpla el anhelo de una patria justa, libre e independiente.

Que la representación popular efectivamente atienda a los reclamos del pueblo y que, para el caso de que se insista en entregar al extranjero la soberanía que el pueblo depositó en los poderes de la nación, siempre habrá quien sepa resistir patrióticamente y romper con coraje y decisión un Sitio de Cuautla. Gracias, señor Presidente.

Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática.

-DIP. ANA LILIA GUILLEN QUIROZ: Con su permiso señor presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

El día de hoy 30 de septiembre, se cumplen 238 años del natalicio de don José María Morelos y Pavón, nacido en Valladolid, hoy Morelia, que se honra en tributar con su nombre al héroe más grande que nuestra tierra, Michoacán, orgullosamente tiene como su hijo predilecto.

No voy a hacer una apología de fechas o hechos del prócer en mención, ya que la mayoría, por no decir que todos, conocemos la trayectoria que ha resistido enhiesta y firme, el juicio de la historia.

Hablar de Morelos implica una profunda reflexión y un serio compromiso para los mexicanos. Pero sobre todo a nosotros los diputados nos compromete más teniendo en cuenta la génesis de esta institución de la cual formamos parte en este momento.

Hablar de Morelos es aludir al hecho histórico más importante de nuestra patria: su independencia; es referirse al genio militar más grande que ha dado nuestro país, reconocido en su momento por el resultado de sus batallas dadas siempre en condiciones adversas. Pero no es sólo reconocerle en estatura militar sus proezas, sino en su acción de fondo, dando a este país las bases no sólo de su independencia, sino de las instituciones que en este momento debieran ser la fortaleza de los mexicanos como son los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la división de los mismos tendría también que ser la garantía de su compatibilidad para ejercerlos.

Su gran mérito radica justamente ahí, pues en un medio que no podía ser más adverso para su realización, se forjaron ideales confiando en la evolución cívica de pueblo.

Hablar de Morelos, Siervo de la Nación, como él eligió que se le llamara, en un gesto de suprema humildad, es ocuparse del más sensible de los jefes insurgentes. Sensible a los problemas sociales que aquejaban a los mexicanos en ese tiempo y su convicción como luchador social a favor de las causas del pueblo oprimido, lo impulsó a convocar un congreso que declarara la independencia de la Nueva España, redimiendo con ello a sus habitantes.

Y es precisamente Morelos el Generalísimo, como fue reconocido por el Congreso, quien le dio sentido y rumbo a la gesta de 1810 en medio de la anarquía y el desorden que se dio en esa lucha y que compartió con hombres de la talla de Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Mariano Matamoros y otros no menos importantes, llevando a buen final con ellos y con participantes anónimos, esta proeza que ahora la vemos en peligro gracias a las actitudes ambiguas y poco firmes de los que tenemos la obligación de proteger y conservar ese patrimonio para los mexicanos.

Los Sentimientos de la Nación, que constituyen la base del pensamiento político de Morelos, lo ubican dentro de la denominación del sujeto social totalmente moral. Estos preceptos son los que dieron origen a la Constitución, sancionada en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, con el título de "Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana", en donde progresistas y reformadores se impusieron a las ideas conservadoras logrando con ello el sueño de Morelos, en cuanto a instaurar una ley que le diera al hombre común en su momento justicia y libertad, y al país soberanía e independencia.

Cuánta vigencia tienen ahora los Sentimientos de la Nación, por citar, que como la buena leyes superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso, deben ser tales, que obligue a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto".

Fue Morelos un hombre que se adelantó a su tiempo, pues sus conceptos deben servir de guía para la Reforma del Estado, para cerrar esa desigualdad existente no sólo en la economía, sino en lo social y de manera muy marcada, en lo jurídico; en donde la impartición de justicia, de manera confiable, la vemos cada vez más lejana. Claros ejemplos los hemos tenido aquí mismo de manera reciente, ya que por encima del interés de la República se protegió a quien abusando del fuero que se le confirió en el ejercicio del trabajo legislativo, se presume cometió un delito contra la Nación.

En estos momentos de peligrosa confusión para nuestro país, es hora de retomar los grandes ideales de don José María Morelos y Pavón, de seguir sus postulados recuperando su posición axiológica en la actuación de los integrantes del Congreso, ya que la deshonestidad, la indiferencia, apatía y la complicidad…

—LA DIPUTADA ANA LILIA GUILLÉN QUIROZ: …pero más que nada la incredulidad de los ciudadanos hacia esta institución, debería hacernos reflexionar en el ideario y los altos propósitos que los constituyentes deseaban infundir en el cuerpo y el alma de la Primera Carta Fundamental de la Nación, aportando con ello los elementos necesarios entonces y ahora, para evitar que el país se viera inmerso en la situación tan delicada como se encuentra en estos momentos, en donde lo último en que se piensa es en la voluntad del pueblo, que se dejan de lado las peticiones y necesidades que se pudieran resolver en cuanto se tuviera como inicio y objetivo final, al ser humano como ciudadano en cualquier iniciativa que este Congreso tuviera a bien dictaminar.

Sin querer hacer de mi participación un llamado a comportarnos con ética, a que apliquemos los principios de manera generosa, respetuosamente pido a ustedes, compañeros diputados y diputadas, que no sólo este 30 de septiembre conmemoremos a nuestro insigne héroe, sino que todo el año practiquemos como legisladores, la visión y convicción que el generalísimo José María Morelos y Pavón tuvo como norma en su vida, con una mística y espíritu de servicio que lo llevó a valorar por encima de su propia existencia el bien que su sacrificio le traería a todos los mexicanos: libertad, soberanía, independencia.

Y ya para terminar, ciudadano Presidente… si en una Cámara de Diputados, donde venimos los diputados precisamente a hacer uso de la Tribuna, se nos llama la atención con silbidos… no cabe duda que "la cabra tira al monte".

Nada más para terminar, quiero marcar una diferencia de las grandes incongruencias que se dan en el país…

—EL DIPUTADO PRESIDENTE: Diputada, le rogaría concluir, porque se le agotó su tiempo.

Quiero solamente hacer notar la gran diferencia que existe entre el generalísimo Morelos y el Cardenal que busca el fuero de la sotana y su feligresía, para evitar que su forma de vida sea investigada y la austeridad de nuestro héroe, sin olvidar la condición sacerdotal de ambos. Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra, para hablar sobre el mismo tema, el señor diputado don Marco Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario Acción Nacional.

—EL DIPUTADO MARCO ANTONIO CORTÉS MENDOZA: Con su permiso, señor Presidente.

En representación de Acción Nacional acuñado en esta Tribuna para recordar el natalicio de José María Morelos y Pavón hace 238 años, quien convencido de la legitimidad de la lucha que propugnó Miguel Hidalgo y Costilla, se pronunció a favor de ella y se entregó por completo a la conquista de la Independencia de nuestro país.

Los largos recorridos de Valladolid, hoy Morelia, Acapulco, Guerrero, que como guía llevando a su ganado hizo durante su juventud, revelaron a Morelos el conocimiento de la naturaleza, cuyos secretos después aprovecharía estratégicamente para las campañas militares con las que instauró la Independencia.

El conocimiento de la población, la sensibilidad frente a sus carencias enriquecieron la visión humanista de Morelos y Pavón en la cual fundamentó la relación de los Sentimientos de la Nación, documento en el que consignó su pensamiento político.

La independencia y la soberanía del país, la distribución equitativa de la propiedad, la abolición de la esclavitud, la disolución de las castas, la propuesta para crear un sistema republicano sobre la base de la igualdad, la libertad y la división de poderes constituyen las ideas fundamentales expresadas por José María Morelos sobre las cuales se construyó la nación que emergió consumada la independencia.

Al efectuarse el Congreso de Chilpancingo, José María Morelos y Pavón asume el Poder Ejecutivo, pero rechaza que se le llame alteza serenísima y pide que se le llame siervo de la nación.

Acción Nacional considera relevante recuperar las ideas y acciones de Morelos y Pavón, recuperar sobre todo la coherencia que las vincula.

Morelos creía en la igualdad y trataba a sus semejantes como iguales; creía en la libertad y actuaba con libertad y a favor de la libertad. Creía en la justicia y actuaba con justicia.

Morelos y Pavón consideraba el poder un medio y no un fin y por ello se asumía con el servidor que detentaba el poder en beneficio de todos los mexicanos.

Es importante que quienes representamos a los ciudadanos de México en esta soberanía abracemos las ideas de justicia, de igualdad y libertad suscritas por Morelos, recuperadas en nuestra Constitución.

Es importante sobre todo que actuemos con coherencia con ellas y es sobre todo importante que asumamos nuestro trabajo como una oportunidad de servir a México, de servir a cada uno de sus ciudadanos.

Señoras y señores diputados, nuestro trabajo arrojará frutos si en todo momento nos guiamos por estas sabias palabras de José María Morelos y Pavón.

"Temamos al juicio de la posteridad justa, temamos a la historia y ajustemos nuestra conducta a los principios más sanos del honor, de religión y de política". Es cuanto, señor presidente.

Para hablar sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el señor diputado don Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL C. DIPUTADO MIGUEL AMEZCUA ALEJO: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: hoy conmemoramos el natalicio de uno de los próceres de nuestra patria: don José María Morelos y Pavón, hombre de una gran congruencia profunda al que sus ideales lo llevaron a la entrega de su vida aún en plenitud.

La antigua Valladolid, hoy Morelia, en su nombre fue la cuna de quien se entregara a servir a nuestra nación. El 30 de septiembre de 1765, en el jardín de la Nueva España, como él lo llamó, nace uno de los más grandes estadistas que ha dado esta nación: don José María Morelos y Pavón.

De familia humilde ejercicio diferentes trabajados como campesino, administrador de hacienda, arriero, recorrido y trabajo que forjaban y templaron su carácter, así como su conciencia social.

Morelos, el cura de Carácuaro, no disponía a los 46 años de experiencia alguna como militar ni como legislador, pero en cambio tenía genio, sensibilidad y con ello conciencia de su destino.

Morelos surge al escenario político como resultado de una compleja situación social en la que predominaba la explotación más atroz. Con el tiempo, su propia formación teológica le permite concluir que la tiranía impuesta era el medio para mantener la explotación de los pueblos.

El clero politizado y con base en una teología criolla, convencido de la necesidad de transformaciones y cambios, juzga la situación social a la luz de la fe y con la pretensión de buscar el mejoramiento integral y las condiciones de vida de los habitantes.

Marca el surgimiento de la primera revolución de independencia. Genial, ideológico y figura política, estadista, talento múltiple, si Morelos solamente hubiera sido un guerrero su figura trazaría en el campo de la historia al lado de los más bravos, pero su gloria no descansa en esto: fue el creador de la República independiente, respetuoso del poder civil; fue el que formuló el reglamento para la elección de diputados, cuidando siempre que se elija o se designe a personas competentes. Fue así con esa conducta como conquistó la posteridad y es así, sin servilismos que comprometen conciencias como se pueden modificar o reformar las leyes fundamentales que nos rigen, mismas que nos lograron los iniciadores de la Independencia, que enriquecieron los hombres de la Reforma y que culminaron los hombres de la Revolución Mexicana.

La lucha de Morelos se realizó en dos frentes: el militar y el político. El militar, en donde mostró su gran intuición, basado en sus estrategias, en las características geográficas, logrando grandes victorias en los estados de Michoacán, México, Puebla, Veracruz, Morelos y Oaxaca. Pero para él era más importante la lucha política, por lo que a mediados de 1813 se dedica a construir políticamente a la nación.

Demócrata de convicción, dirige sus esfuerzos a la conformación de un Congreso que le dé base y fundamento a la nación independiente. De ahí que el 28 de julio lanzara la convocatoria para la conformación de un Congreso insurgente, realizado el 14 de septiembre en Chilpancingo, en donde leyó en su inauguración Los Sentimientos de la Nación, considerado como uno de los documentos más importantes para la historia constitucional de nuestro país.

Aún cuando a éste no se le dio vigencia, es el antecedente básico de nuestra Constitución. Documento que contiene conceptos básicos y fundamentales completamente vigentes para el México de hoy, en su mayoría y por los que aún pugnamos los mexicanos.

En sus 23 puntos conocidos como Sentimientos de la Nación dejó sentado para siempre que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, armonizando en ese documento las garantías individuales, los derechos sociales y las libertades políticas del mexicano.

José María Morelos nos legó importante lección cuando declaró que la mejor forma de servir al pueblo es obedecerlo y en congruencia con ello renunció al cargo de Generalísimo para aspirar humildemente al de Siervo de la Nación.

Recuperemos nuestra independencia del Poder Ejecutivo, que no seamos más que éste; pero tampoco que seamos menos que él. Que justamente con el Poder Judicial grabemos el equilibrio constitucional señalado por Morelos, que permitirá a nuestro país su desarrollo y el mejoramiento en la vida de sus habitantes.

Recordemos el 30 de septiembre de 1765. Lo importante es recordar porque en política cuando se recuerda se vuelve a contraer el compromiso. Hemos recordado hoy a Morelos, lo que significa que podemos renovar nuestros compromisos ante nuestro pueblo. Las fuerzas de la sociedad mexicana determinaron recientemente un nuevo orden jurídico y político. Un orden nuevo en el aspecto económico y eso es en efecto un nuevo orden en el terreno social.

Me parece que el legado del Siervo de la Nación nos obliga a un esfuerzo mayor en la calidad de nuestro trabajo, el que deberá de ser más reflexivo en torno a las grandes cuestiones nacionales que nos ocupan. El consenso y la probabilidad en la formación de las leyes...

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Le ruego concluir, señor Diputado.

...es el reto de esta soberanía lograr entre todos, a pesar de nuestras diferencias, ponernos de acuerdo y emitir leyes para el beneficio de nuestra patria.

Hoy en este recinto legislativo le rendimos un agradecimiento póstumo a quien con honor, valor y sabiduría cultivó el jardín de la libertad con justicia para todos los mexicanos.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, señor Diputado.

(A las 16:15 horas) Se abre un receso de 45 minutos, en espera del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las comisiones de trabajo de esta LIX Legislatura.

-EL C. PRESIDENTE JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: (18:15) Se reanuda la sesión. Proceda la Secretaría.

-LA C. SECRETARIA AMALIN YABUR ELÍAS: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre del 2003.

Diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, les remitimos la propuesta de integración de las comisiones ordinarias, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas, que hacen los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, del PDN, del PT y de Convergencia, para ser sometidos a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados.

Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo. Atentamente. (Rubrica) Por ausencia diputada y profesora Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta.

-SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Esta Secretaría informa que de la lectura de la compulsión integrantes de las siguientes comisiones se van a hacer las siguientes aclaraciones.

"Comisión del Distrito Federal, dice: Dip. Fernando Espino Arévalo, debe decir: Dip. Fernando Espino Arévalo, Secretario.

"De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, dice: Dip. Juan Pérez Medina y debe decir: Dip. Juan Pérez Medina, Secretario.

"En la Comisión de Economía dice: Dip. Ricardo Alegre Bojórquez y debe decir: Dip. Jesús Antonio Nader Nasrallah, Secretario. Los dos Secretarios. A ver, perdón, aclarando. Economía dice: Dip. Ricardo Alegre Bojórquez, Secretario y debe decir: Dip. Jesús Antonio Nader Nasrallah, Secretario; debe decir: Dip. Julio Horacio Lujambio Moreno, Secretario.

"Y en la de Justicia y Derechos Humanos debe decir: Dip. Rebeca Godinez y Bravo, Presidenta.

"En Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dice: Dip. Sergio Alvarez Mata y debe decir: Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Secretario.

-PRESIDENTE: ¿Está lista la Secretaría para dar las correcciones adicionales?

-MISMO SECRETARIO: También de la Comisión de Vivienda debe decir: Obregón Serrano Jorge Carlos, Secretario.

En la de Ciencia y Tecnología debe decir: María Eloísa Talavera Hernández, Secretaria.

En la Comisión del Distrito Federal debe decir: Ernesto Herrera Tovar, Secretario

En Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dice: Sergio Alvarez Martínez, integrante y debe decir: Preciado Rodríguez Jorge Luis, Secretario.

-PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Se instruye a la Secretaría para que en votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba el acuerdo.

-MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo.

Por lo tanto, los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

-SECRETARIA, DIP. AMALYN YABUR ELIAS: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

(19:21 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 2 de octubre a las once horas, en la que comparecerá el Secretario de Hacienda y Crédito Público y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.