Crónica Parlamentaria, Cámara de Diputados

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de los estados de Michoacán y de Puebla.

De la diputada Amalia Dolores García Medina.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política, con proyecto de acuerdo sobre la integración de delegaciones de diputados ante organismos parlamentarios internacionales.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Erika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con el que remite acuerdo del Congreso del estado de Jalisco, en relación con el proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para establecer como zona de restauración ecológica y de reserva de aguas la región Lerma-Santiago-Pacífico; y sobre el desarrollo sustentable de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, para solicitar información sobre las medidas que se están adoptando para atender las denuncias de los productores mexicanos, del decomiso de mercancía ilegal y de las sanciones que están aplicando. (Turno a Comisión)

Con el que remite las evaluaciones de los programas a cargo de la Secretaría de Economía, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b), fracción IV, del artículo 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003. (Turno a Comisión)

Con el que remite el Tercer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006, así como de los programas sectoriales. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Ejecutivo

De decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma los párrafos segundo y séptimo, y adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los siguientes párrafos de la fracción IV, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el párrafo segundo del artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VIII del artículo 32 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para que la reducción de tarifas a los estudiantes y maestros en el transporte terrestre sea durante todo el año, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, del Código Penal Federal y de la Ley Federal del Derecho de Autor, para combatir rápida y eficazmente la "piratería", suscrita por los diputados Ricardo Alegre Bojórquez y Manuel López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a las figuras de plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativa popular y rendición de cuentas, a cargo de la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 del Código Penal Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5° de la Ley que Declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las Demás Sustancias de las cuales se Obtengan Isótopos Hendibles que Puedan Producir Energía Nuclear, a cargo del diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el párrafo primero del artículo 117 y el artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de procuración de justicia y autonomía del Ministerio Público, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 363 del Código de Comercio, a cargo del diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Subsidios para Empresas de Aviación.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley sobre el Destino de los Bonos del Enemigo.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4° y 5° de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Marina, con proyecto de Ley de Ascensos de la Armada de México.

De la Comisión de Marina, con proyecto de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, párrafo segundo, y 55; y se adiciona una parte final al artículo 64 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Pablo Santana Valdez y Alicia Margarita de la Fuente Cruz para prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benítez, Sihomara Zúñiga León, Jacqueline Itzel Solís González y Natania Swirski Roldán para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas; en el Consulado y en la Embajada de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco, y en México; y en la Embajada de Australia en México, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.

Dictámenes negativos a discusión

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos.

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 75 y 79 de la Ley Agraria.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y, de no cumplir el grupo concesionario las obligaciones de conservación y mantenimiento en esa central aérea, sancionarlo o, en su caso, revocarle la concesión conforme a derecho, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de crear la comisión especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para recomendar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público que, mediante sus órganos desconcentrados, exista mayor coordinación en el diseño y la propuesta de instrumentos económicos fiscales, financieros y de mercado, destinados a apoyar la internalización de daños ambientales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Junta de Coordinación Política que integre una comisión especial de seguimiento al caso del cardenal Posadas Ocampo, a cargo del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a retirar las reservas impuestas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dar trámite y respuesta a la petición de las comisiones relacionadas con el campo, sobre la reasignación de 10 mil 800 millones de pesos de presupuesto para ese sector, suscrita por integrantes de diversas comisiones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado J. Miguel Luna Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de los ingresos netos de Pronósticos Deportivos que se enteran a la Tesorería de la Federación, 8% se destine al fomento del deporte en los municipios del país, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para ordenar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice los fondos federalizados asignados al estado de Colima, con objeto de transparentar su ejercicio, y en especial los destinados al pago electrónico de la nómina, suscrita por los diputados Antonio Morales de la Peña y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral, puesto en marcha por el Gobierno de Estados Unidos de América, que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Energía a establecer, mediante la Comisión Reguladora, de acuerdo con sus facultades, mecanismos de coordinación para prevenir accidentes en las compañías que tienen la concesión de la distribución de gas natural en el Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a instruir a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para que se establezcan nuevas tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua y se cree una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en el mismo estado, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para formular un atento exhorto a las Secretarías de la Función Pública, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría General de la República, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, investiguen el Servicio Postal Mexicano por el presunto robo de cheques enviados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América a migrantes mexicanos por concepto de pensión y devolución de impuestos, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Pleno de la Cámara de Diputados a honrar la memoria de las víctimas de los atentados de Madrid y de la invasión de Irak; y al titular del Ejecutivo federal, a adoptar una política exterior activa que contribuya al fin de la ocupación estadounidense y evite las guerras en el mundo, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que aplique una auditoría técnica y de desempeño a la investigación desarrollada por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República del Caso Colosio, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la instalación de plantas regasificadoras en Baja California, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para que se realicen los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a cumplir plena y oportunamente diversos aspectos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que, mediante la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, investigue y proceda legalmente en el caso de importación de azúcar al país, imponiendo las sanciones aplicables, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, en nombre de diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades educativas federales y a las locales que verifiquen que las instituciones del nivel de preescolar cumplan lo establecido en la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex a no deshacerse de capital humano y técnico con el argumento de la aplicación de los criterios de austeridad contenidos en el artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar oportunamente de los recursos a que se refiere el artículo 7, fracción XI, de la Ley de Ingresos, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados a suscribir un acuerdo nacional contra la corrupción y a trabajar con sujeción a su declaración de principios, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Transportes la realización de un foro nacional de consulta, análisis y discusión sobre el sector de transportes, a fin de contar con elementos suficientes para la generación de una iniciativa de ley que rija en el sector, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los gobiernos Federal, del estado de Tamaulipas y del municipio de Altamira a coordinarse a fin de impulsar el proyecto Fénix en esta demarcación, a cargo del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Guerrero a aprobar la propuesta de Ley de Desaparición Forzada de Personas, presentada por la sociedad civil, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se establezca el programa de capacitación integral para la mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país, a cargo del diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regularizar la prestación del servicio público de transporte transfronterizo de pasajeros, a cargo del diputado Alfredo Fernández Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a atender a ex trabajadores de Pemex, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán que realicen las acciones necesarias a efecto de que se eviten la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en esa entidad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a destinar 270 millones de pesos como subsidio para ayudar a los consumidores del municipio de Musical, Baja California, a pagar los recibos de energía eléctrica durante el próximo verano, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profepa y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para definir el futuro de México, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se reabra la investigación sobre el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Pedro Avila Nevárez, de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal, mediante las Secretarías de Salud, y de Gobernación, así como a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, a aplicar puntualmente la normatividad sobre la publicidad y comercialización de los llamados "medicamentos milagro", a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades y a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a encontrar un equilibrio que resuelva la situación que enfrenta actualmente el régimen de jubilaciones y pensiones de esa institución, a cargo del diputado Manuel Pérez Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al titular de la Comisión Federal de Electricidad el cambio de la División Centro Sur a la División Centro Occidente, de los municipios de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Caracuaro, Tzitzio y Tuzantla, del estado de Michoacán, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordene que se lleven a cabo la sustitución, el manejo y la disposición final de los bifénilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen donde quiera que éstos se ubiquen, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, a reclasificar la tarifa del servicio residencial de energía eléctrica en los municipios de Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Carrillo Puerto, Naranjal, Yanga, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Acayucan, Veracruz, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a que no se apliquen las acciones administrativas para cancelar los pozos profundos en el estado de Chihuahua cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, propuesto al grupo parlamentario del PAN por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, para fortalecer las acciones en materia de lucha contra el contrabando, la piratería, la adulteración y el comercio ilegal a fin de contrarrestar este mal, a cargo del diputado Miguel Angel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender con la mayor brevedad la transmisión de los spots publicitarios en radio y televisión que promueven la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el desprestigio de las sociedades cooperativas de ahorro y crédito que han manifestado inconformidad con dicho ordenamiento, a cargo del diputado David Ferreira Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a implantar un programa de mantenimiento y capacitación en todo el sector eléctrico paraestatal, así como de modernización para todas las unidades de generación que sean sujetas a mejoras tecnológicas durante los periodos que estén fuera de operación, con la finalidad de aumentar su eficiencia y competitividad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público que implanten de manera urgente programas y acciones para combatir el contrabando, la piratería y la mercancía robada en la industria textil, a cargo diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para aplicar a Estados Unidos de América medidas de efecto equivalente por las moratorias establecidas en ese país a la apertura acordada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrita por los diputados Federico Döring Casar y Francisco Juan Avila Camberos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Gobernación a intervenir en la resolución de los hechos de agresión con armas de fuego a trabajadores petroleros de la sección 14 del STPRM, en Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, su pronta intervención ante la afectación del estero conocido como El Salado, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la agenda política del estado de México, a cargo del diputado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Pleno de la Cámara de Diputados exhorte a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a detener canje de pagarés del Fobaproa hasta que no se observe el estricto cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, respecto al caso que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por la situación de 52 mexicanos sentenciados a la pena de muerte en Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la situación que se vive en el municipio de Tetipac, Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, respecto de la entrada en territorio nacional de militares del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte presuntamente para realizar prácticas militares en el estado de Puebla, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al informe anual 2003 presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a cargo del diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la importación ilegal de delfines de las islas de Salomón y su futuro traslado a la isla de Cozumel, a cargo de la diputada Irene Herminia Blanco Becerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entablar contacto inmediato con el Gobierno Federal de Estados Unidos de América y, entre ambos gobiernos, concentrar sus esfuerzos con el estado de Arizona, a fin de hacer prevalecer el espíritu y la letra del acuerdo "Sociedad para la Prosperidad", suscrito en marzo de 2002 por los Presidentes George W. Bush y Vicente Fox Quesada, así como las recomendaciones de los organismos financieros multilaterales, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Congresos locales a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan o actualicen la norma que regule, promueva y apoye la investigación científica y tecnológica, en concordancia con la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo a efecto de que, en la próxima reunión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, la delegación mexicana se manifieste porque se dé estatus jurídico de prisioneros de guerra a los presos afganos y de otras nacionalidades que se encuentran en la base militar estadounidense de Guantánamo, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para el esclarecimiento del asesinato de la defensora de derechos humanos de los indígenas en el estado de Puebla Griselda Tirado Evangelio, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Poder Ejecutivo federal retire las reservas al pacto de derechos económicos, sociales y culturales para que se respete el derecho a la libertad sindical en México, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, respecto al buque chileno Esmeralda, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes, a la asociación Rafael Flores Canelo y a los miembros del Ballet Independiente a resolver los conflictos laborales, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para la interposición de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la celebración de contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Salud y de Seguridad Social, de Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud de diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Smutny, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, a solicitud del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal, a solicitud del diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre los resultados de la reunión de la Cepal que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la Ley 151, aprobada por el estado de Sonora en relación con la reforma del Código Electoral del estado para la asignación de 50% de todas las candidaturas para cada género, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Sobre el LXVI aniversario de la expropiación petrolera, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Convergencia.

Sobre el aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, y de Convergencia.

Sobre el X aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el XCI aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, que se cumplió el 26 de marzo, a cargo del diputado Jesús Zúñiga Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Sobre el Día Forestal Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Meteorológico Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el octavo aniversario luctuoso de Francisco Villarreal Torres, distinguido panista, ex alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, y pionero en la lucha por el federalismo, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

EL PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 312 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

EL MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

EL MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.

EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores para su conocimiento.

EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

EL PRESIDENTE: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Amalia Dolores García Medina, para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el Tercer Distrito del estado de Zacatecas, a partir de esta fecha.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Es grato para la Presidencia informar al Pleno, que en las galerías se encuentran los alumnos de la Escuela María Curie, de la Delegación Gustavo A. Madera, a los que les damos la bienvenida.

Proposiciones de Acuerdo de los Órganos de Gobierno. Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

EL PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Oficios de la Secretaría de Gobernación.

EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y copia al promovente para su conocimiento.

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUER ELIAS.- Cumplida la encomienda, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma los párrafos segundo y séptimo y adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los siguientes párrafos de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución.

EL C. DIPUTADO JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA.- Con su permiso, señor Presidente.

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución General de la República, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo y séptimo y adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los siguientes de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente

Los valores que salvaguardan el principio de la División de Poderes consignados en los estudios del Barón de Montesquieu, se plasmaron en el artículo 49 de nuestra Carta Magna y no se cumplen si el poder público se ejercita de manera inadecuada o inoportuna, como ha venido sucediendo con el ejercicio de la facultad exclusiva en materia del análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, cuya fundamentación se establece en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 74 constitucional que a la letra reza:

"...el Ejecutivo Federal, hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el día 15 de diciembre, cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el Secretario del Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos".

En nuestro sistema jurídico, para cumplir los fines del principio de la División de Poderes, el Presidente de la República juega un papel de gran importancia, ya que cuenta con la facultad constitucional de presentar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que la Subsecretaría de Programación y Presupuesto cada año realiza en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que establece que antes del 30 de noviembre deberá presentar al presidente de la república, término que resulta inconstitucional, ya que no corresponde a lo ordenado en la ley fundamental, toda vez que la norma secundaria prevé una fecha límite diferente a lo establecido en el Artículo 74 fracción IV y por tanto también debe modificarse y respetarse el tiempo que marca la Constitución.

En los hechos el proceso legislativo presupuestal presenta un doble problema para su aprobación, por un lado, la Cámara tiene teóricamente un mes y medio o bien 15 días para analizar, discutir y aprobar el paquete fiscal. El otro problema, es que dada la complejidad para lograr acuerdos entre las fuerzas políticas con representación en la Cámara y el aspecto técnico de esta materia, habiendo transcurrido un tiempo importante del mes de diciembre, se da inicio a la difusión del paquete de programas presentados, sin lograr su aprobación antes del 15 de diciembre o del 31 de diciembre, cuando inicia su encargo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

La fracción IV del Artículo 74 Constitucional no prevé un plazo para que los diputados aprueben el llamado paquete económico, asimismo existen precedentes de escenarios en el Salón de Sesiones, donde los legisladores, en un clima de desinformación, votan apresuradamente el contenido del dictamen o dictámenes, o bien, las modificaciones hechas por el Senado de la república, sin haber realizado el estudio necesario, el análisis acucioso y la remisión profunda del paquete fiscal.

Lo anterior se ha convertido en una práctica inevitable, y es de resaltar que en la LVIII Legislatura los paquetes presupuestales en sus dos últimos años, ninguno se concretizó antes del 15 de diciembre. Debemos de reconocer que el ejercicio de esta facultad propicia una discusión vehemente, en virtud de que para aprobar el paquete fiscal, se deben cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Dado el nexo indisoluble entre los ingresos y los egresos y la trascendencia para el país de este tema, debemos actuar con responsabilidad y no continuar con estos vicios de seguir aprobando la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación de manera apresurada. Y no sólo eso, sino que esa práctica sigue dando lugar a aprobar normas fiscales con errores de fondo, motivados por la carencia del tiempo necesario para su análisis y discusión, que luego el particular impugnará en vía de juicio de amparo y el Poder Judicial de la Federación decretará las que procedan, dejando las normas aprobadas insubsistentes o sin efectos legales, viéndose el Estado obligado a resarcir al intetrante en numerario, o bien, dejará de percibir un recurso previsto para cumplir sus compromisos de un ejercicio fiscal, afectando gravemente la economía del país, como ocurrió en el año 2003.

Por tanto, es necesario modificar los tiempos que la Constitución otorga al presidente de la república, para la elaboración y remisión de la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que proponemos que deberá presentarlas a la Cámara de Diputados a más tardar el día 15 de octubre para su análisis y discusión, y la Cámara podrá hacer las mejoras y cambios que consideren necesarios, debiendo concluir el proceso legislativo de aprobación a más tardar el 30 de noviembre.

Y en el caso de lo previsto en el Artículo 83 Constitucional, el titular del Poder Ejecutivo Federal deberá enviar su proyecto presupuestal el 5 de diciembre, igualmente la Cámara podrá hacer las mejoras y los cambios que considere necesarios, debiendo aprobarse a más tardar el 15 de diciembre.

Un signo equívoco de la democracia, es que la sociedad esté informada y conozca tanto los ingresos que van a sostener al Estado así como la forma austera, ordenada y clara como deberá ejercerse el acto público en obras y servicios, por lo que esta representación auténticamente popular debe proveer a los mexicanos de certeza jurídica y económica, y que ambos instrumentos se aprobarán en tiempo y forma, previo análisis serio y responsable de cara a la nación.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución general de la República para quedar como sigue:

"Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, fracción IV párrafo segundo, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día 15 del mes de octubre o el día 5 de diciembre, cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el Secretario del Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.

"Párrafo tercero. La Cámara deberá culminar el proceso legislativo de la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el 30 de noviembre o el 15 de diciembre, cuando el Presidente de la República inicia su encargo.

"Párrafo séptimo. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, no pudiendo exceder de 5 días naturales la presentación de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente e informar de las razones que lo motiven."

"Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto."

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día uno del mes de abril del año 2004.

Señor presidente, de manera atenta y respetuosa le solicito se ordene la publicación íntegra de esta iniciativa tanto en la Gaceta Parlamentaria como en el Diario de los Debates.

Publíquese como lo solicita, el documento de referencia íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado.

Señoras y señores legisladores: Se encuentra a las puertas de este Recinto el ciudadano don Rafael Candela Salinas, diputado suplente electo en el tercer distrito del Estado de Zacatecas.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados:

-DIP. SECRETARIA MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

-PRESIDENTE: En relación con la iniciativa presentada por el señor diputado don Jorge Leonel Sandoval Figueroa, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

-PRESIDENTE: Ciudadano don Rafael Candelas Salinas, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le y ha conferido, mirando en todo por el bien y prospetidad de la Unión?

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales.

EL C. DIPUTADOJOSE RAMON GALINDO NORIEGA: Con su autorización, señor presidente. Damas y caballeros, diputadas y diputados: el ser humano es una persona con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales inviolables e inalienables, a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social.

Dado que el hombre está dotado de una voluntad libre que le permite desarrollar sus facultades naturales, teniendo como única limitante a esa libertad su propia naturaleza, pero en sociedad estando limitada por el respeto a la libertad de otros hombres, se deriva la necesidad de crear normas o reglas que garanticen a cada miembro del cuerpo social una medida igual para el ejercicio de su actividad y desarrollo.

La teoría y existencia de este principio constituye el derecho en su acepción más extensa. Por tanto, el derecho como un conjunto de normas de observancia obligatoria para todos los miembros de la sociedad que han sido establecidas por el derecho, de acuerdo a procedimientos previamente establecidos, permiten la convivencia de todos los miembros de la sociedad entre sí, de las instituciones del Estado y la interrelación de éstas y la sociedad.

Desde luego, la manifestación del derecho en su aspecto práctico y real se realiza por medio y a través de la ley.

La infracción o no observación de las disposiciones que se estipulan en la ley se traducen en delito, mismo que va en perjuicio de la sociedad y de la obligatoriedad de la misma ley por los hombres, el cual obedece a muchos y muy diversos factores; sin embargo, esos factores tienen origen en la propia naturaleza del hombre y la convivencia estrecha a la que hoy en día se ve sometido.

En este sentido el delito se convierte en ocasiones en una pandemia para la convivencia social, creada por el que infringe las normas legales en el afán de llegar a obtener la aprobación social, desde el punto de vista económico y la dirigencia de la misma como patrón de admiración.

Por lo tanto, tenemos que el delito será la acción u omisión ilícita, antijurídica y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción. Desde luego, esa acción se traduce en un hacer o en un no hacer que produzca un resultado en el mundo físico, es decir, que consiste en una acción y omisión previstas en la ley penal.

Al decir que la acción u omisión propia e impropia deben ser típicas, implica que esa conducta debe encuadrarse en la descripción que de ella hace la ley penal. Además de la tipicidad, se requiere la antijuridicidad de la misma conducta, es decir, que la conducta sea contraria al derecho, ya que no existe alguna causa legal que justifique la realización de la misma, no obstante que ésta sea típica.

Por último, además de la tipicidad y la antijuridicidad de la acción y omisión para que constituya delito, esa conducta debe ser culpable, debe poder reprocharse personalmente a quien la haya realizado.

De todo lo anterior aparece pues que la culpabilidad presupone la antijuridicidad del hecho y que ésta, a su vez, implica la tipicidad del mismo. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad son los tres caracteres ineludibles de todo delito.

No obstante lo anterior, nuestro Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 134, párrafo segundo, indica que "No obstante lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 15 del Código Penal Federal, el Ministerio Público podrá ejercitar la acción penal en los términos del párrafo precedente y en su caso las excluyentes del delito que se actualicen por la falta de los elementos subjetivos del tipo serán analizadas por el juzgador después que se haya dictado el auto de formal prisión o de sujeción a procesos, según corresponda, sin perjuicio del derecho del inculpado de acreditar ante el propio Ministerio Público la existencia de los mencionados elementos subjetivos del tipo".

Esto es contradictorio y violatorio de lo que dispone el párrafo segundo del artículo 16 constitucional, mismo que indica:

"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado".

Al existir excluyentes del delito, que como hemos mencionado son aquellas que anulan la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídica al autor del mismo, no se cumplen los requisitos necesarios para que el Ministerio Público ejercite acción penal y mucho menos para que el juez libre orden de aprehensión.

Debemos reiterar que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, son universalmente indivisibles e interdependientes y que están relacionadas entre sí, debiéndose promover y aplicar de una manera justa y equitativa, sin perjuicio de la aplicación de cada uno de esos derechos y libertades, ya que su estudio es oficioso, es decir, es de orden público y de interés social.

Acción Nacional siempre ha sostenido que la persona humana tiene una inminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino.

Por todo ello, respetuosamente me permito someter a esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente Proyecto de Decreto:

Artículo Unico.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar en los siguientes términos:

"De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal, el Ministerio Público no podrá ejercitar la acción penal de conformidad con lo indicado en el párrafo precedente.

"Las excluyentes del delito que se actualicen, serán analizadas por el Ministerio Público y por el juzgador antes de dictarse el auto de formal prisión o de sujeción a proceso en el ámbito de sus competencias".

Transitorios. Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, primero de abril del 2004.

Nos agrada tener en Galerías a los niños de la Escuela Primaria Rafael Ramírez, de Tlaltizapán, Estado de Morelos. Bienvenidos.

Tiene la palabra el señor diputado don Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Vengo a presentar una iniciativa en relación con el llamado: "fuero constitucional".

Esa es una institución diseñada para proteger el funcionamiento de los poderes públicos. Y es a pesar de ello, una institución completamente desprestigiada en nuestro país.

Gran parte del pueblo, por no decir que todo él, ve al fuero como una especie de "patente de impunidad".

Se trata sin embargo, de una institución tendiente a conceder inmunidad a los titulares e integrantes de los poderes públicos y a los entes autónomos como el IFE, a efecto de que ninguna autoridad pueda impedir su normal funcionamiento.

¿Qué hacer entonces frente a esta situación en la que se ha desprestigiado la inmunidad? Porque cuando se persigue a algún individuo aforado, normalmente la Cámara de Diputados hace como que no ve. Se ha llegado al extremo de que el propio pleno de la Cámara ha suspendido la convocatoria a un Jurado de Procedencia en un lance de completo desacato a la Constitución. El Jurado de Procedencia debe instalarse, ¡no es una opción que la Cámara tenga! ¡Debe resolver la Cámara si obsequia o no obsequia el llamado desafuero!

No es algo opcional. Las facultades de los poderes públicos entrañan una obligación. Cuando se le da al Ministerio Público la facultad de ejercer acción penal no se le está dando la prerrogativa de ejercerla cuando quiere y no ejercerla cuando no quiere, cuando se le da al Congreso la facultad de emitir leyes éstas leyes deben ser emitidas. El Congreso no puede, digamos, derogar el Código Penal por decir algo y no expedir un Código Penal, puesto que si no lo hace no habría delitos y por lo tanto cualquier conducta sería lícita. Es obligatorio hacerlo.

Todo lo que dice el artículo 73, lo que dice el artículo 74, son obligaciones del Congreso y de la Cámara respectivamente. No puede la Cámara no hacerlo. Sin embargo, la Cámara no lo hace.

Propongo entonces reformar el artículo 111 de la Constitución para que todas las personas aforadas, los que tienen inmunidad constitucional, cuando cometan un delito, cuando sean presuntos responsables de un delito, puedan ser sometidos a un proceso penal, manteniendo su inmunidad. Es decir, que la inmunidad no les otorgue la suspensión o no inicio del proceso penal, sino que les mantenga en libertad. Que la inmunidad sirva para mantener al aforado en libertad y que los tribunales conozcan de la acusación del Ministerio Público y resuelvan conforme a las leyes.

En el fondo también hay algo injusto en relación con el procedimiento este del desafuero. Porque una persona aforada puede ser desaforada presentado a un tribunal y el tribunal lo puede exonerar. Y todo el procedimiento del desafuero pues no fue más que un desgaste.

En realidad cualquiera de nosotros que sea acusado de la comisión de algún delito puede ser presentado ante un juez, se puede abrir el proceso si el juez considera que hay elementos o méritos para poder abrirlo o puede ser directamente declarado libre.

Esta institución de la inmunidad, en la que el que tiene tal inmunidad es sometido a un proceso, fue la solución encontrada en Italia frente a la resistencia del Parlamento a quitarle a los parlamentarios la inmunidad para que se abrieran los procesos. Hoy día en Italia los procesos se pueden abrir y cuando el juez solicita al parlamento, por cualquier motivo, la procedencia, el Parlamento la da normalmente y la persona deja de ocupar su cargo y lo meten a la cárcel . Y además sería mucho mejor que fuera el juez el que solicitara el desafuero, la eliminación de la inmunidad y que este mismo sistema operara para el Presidente de la República, sólo que a través de resoluciones sucesivas de ambas Cámaras, como es el esquema del juicio político, por tratarse del Presidente, exclusivamente.

También es necesario precisar que una persona que está separada del cargo carece de inmunidad, puesto que lo que la inmunidad protege es el funcionamiento del órgano del Estado, para lo que se debe garantizar la libertad del individuo; si no está ejerciendo sus funciones, su encarcelamiento no afecta el funcionamiento del órgano del Estado de que se trate. Esta es una reforma que hay que hacer rápidamente, sin titubeo.

Yo creo que el sistema tortuoso de la Sección Instructora, como está en la ley, es algo verdaderamente inaceptable, es convertir a la Cámara en una especie de juzgado, que en 60 días va a dictar una resolución, pero esa no es una función parlamentaria. La decisión de remover la inmunidad de una persona con fuero es una decisión política, no es una decisión estrictamente jurisdiccional, por lo tanto quien debe tener la facultad de remover o de eliminar la inmunidad, debe tomar esa decisión política sobre la base de un expediente de carácter judicial, de una resolución de un juez. Debe también el órgano jurisdiccional, partir de la presunción de inocencia, no puede convertirse en un tribunal la Cámara, no debe hacerlo.

Los tribunales de justicia son los tribunales de justicia y los órganos legislativos son otra cosa completamente diferente. Claro, en el momento en que se produzca la sentencia y el juez no haya solicitado antes el revocamiento de la inmunidad, el juez estará obligado a pedirle a la Cámara que lo remueva, con el propósito de que se cumpla la sentencia judicial.

Todos aquellos que no fueran desaforados, termino señor Presidente, todos aquellos que no fueran desaforados hasta que no viniera la sentencia, estarían como los que ahora están bajo fianza, exactamente igual, en libertad bajo fianza hasta que se produzca la sentencia. Hay que darle trato igual entonces a todo mundo, partir de la presunción de inocencia y quitar el fuero constitucional como elemento de impunidad, cosa que desprestigia totalmente al Congreso.

Esta es en síntesis la iniciativa que presento, que implica –termino señor Presidente- reformas al artículo 111, al artículo 112 y al artículo 108 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también la fracción II del artículo 38 para eliminar que se quiten los derechos políticos de los que están sujetos a proceso en el caso de que tengan inmunidad constitucional.

Transcríbase íntegro el documento de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

-ELC. PRESIDENTE. Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del ismo.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS. ¿Falta algún Diputado o Diputada para registrar asistencia?

Ciérrese el sistema electrónico, quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula.

Señor Presidente, se informa a esta Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 406 Diputadas y Diputados que han registrado su asistencia.

Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Grupo Parlamentario dek Partido Verde Ecologista de México, para presentar Iniciativa que Reforma la Fracción Octava del Artículo 32 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

-EL C. DIPUTADO FRANCISCO XAVIER ALVARADO VILLAZON.- Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Legisladores.

Con objeto de reducir los costos de administración y custodia que se ahogan por la operación y enajenación de los bienes y empresas a disposición del Gobierno Federal así como para homologar procedimientos que actualmente se llevan a cabo en diversas instituciones y unidades administrativas, esta soberanía aprobó el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Administración y enajenación de Bienes del Sector Público el 23 de Octubre del 2002, publicada el 19 de Diciembre del mismo año.

El nuevo organismo adquirió responsabilidades y funciones del Fideicomiso liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, FIDELIC, del Servicio de Administración de Bienes Asegurados SERA, de la Administración General de Destino de Bienes de Comercio Exterior propiedad Fisco Federal, de la Dirección General Adjunta de Cartera de Activos no Monetarios de la TESOFE y dela Unidad de Desincorporación de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Uno de los efectos de los efectos de los procesos de globalización y de integración regional ha sido el reconocimiento a problemas comunes a todas las sociedades, la corrupción y todas sus manifestaciones detienen materialmente al desarrollo y afectan el bienestar de los ciudadanos.

Esta renovada conciencia global sobre los problemas comunes que aquejan a la sociedad mundial, ha motivado la creación de estrategias y mecanismos multilaterales para combatirla. Gobiernos organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación y organismos de cooperación internacional han puesto de manifiesto que el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia son indispensables para asegurar el bienestar y sentar las bases de un mayor crecimiento y desarrollo justo.

La capacidad de atraer inversiones a nuestro país y la posibilidad de generar negocios para empresas mexicanas dependen, en gran medida, de nuestra capacidad de mejorar continuamente en materia de transparencia y combate a la corrupción, tanto en el sector público como en el privado.

Las condiciones de mejora continua en materia de corrupción, cada vez son más observadas por inversionistas, por calificadoras, por los consumidores y otras economías. En este sentido, se ha establecido, mecanismos internacionales que señalan obligaciones para los gobiernos, empresas, profesionistas y para la sociedad civil.

Los países signatarios, como es el caso de México, deben establecer mecanismos necesarios para prevenir, detectar y sancionar a los servidores públicos, a las empresas y a terceras personas que en transacciones comerciales e internacionales den o prometan gratificaciones a servidores públicos.

El combate a la corrupción y la creación de una cultura de transparencia y legalidad son metas muy importantes para México y para alcanzar estos objetivos, las estrategias incluyen: abatir la corrupción en e Gobierno y lo mejor, para esto, es la prevención.

Es por ello que el proceso de enajenación de bienes del sector público debe contar con una mayor transparencia e impedir realmente que los servidores públicos que por su función hayan tenido el acceso a información privilegiada, participen ene l procedimiento de enajenación.

Por lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, en la que se Reforma la Fracción VIII del Artículo 32º de la Ley Federal para la Administración yh Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:

"Artículo 32.- Estarán impedidas para participar en los procedimientos de enajenación regulados por esta ley, las personas que se encuentren en los supuestos siguientes: … de las fracciones I a la VII queda igual y la…

Fracción VIII:- Los servidores públicos que por sus funciones hayan tenido acceso a la información privilegiada."

Es cuanto, diputado presidente. Hago entrega de la siguiente iniciativa a la Secretaría.

---- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado; y,

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Manuel Carrillo Rubio del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

- EL C. DIP. JOSE MANUEL CARRILLO RUBIO: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

José Manuel Carrillo Rubio, diputado federal de esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55, 56, 62 y 63, todos del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la consideración de todos ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 59 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para la Reducción de las tarifas a los estudiantes y maestros en el transporte terrestre durante todo el año, a la luz de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: México, es uno de los países más grandes del mundo. En su territorio de cerca de los dos millones de kilómetros cuadrados, habitan cerca de cien millones de personas y alrededor del 71% de ellas viven en ciudades de más de cinco mil habitantes. Por su producción, la economía mexicana se encuentra entre las quince mayores en el ámbito internacional; cada año genera un Producto Interno Bruto superior a los 480 mil millones de dólares.

También por la intensidad de su comercio exterior, que ha crecido en forma acelerada durante los últimos quince años y anualmente suman más de 275 mil millones de dólares entre importaciones y exportaciones, ocupa un lugar muy destacado dentro del contexto mundial.

En ése contexto el sector de comunicaciones y transportes, ha desempeñado un papel cada vez más importante, su participación en el PIB nacional pasó del 9% en 1995, al 10.9% estimado para el 2001; en tanto que durante el período de 1995 al 2000 creció a un promedio anual del 6.5%, lo cual se compara favorablemente con la evolución de la economía nacional que registró una tasa del 3.5%.

En este último indicador, vale la pena destacar el desempeño del subsector de comunicaciones, cuyo crecimiento casi cuádrupla a la economía en su conjunto, registrando un avance, un promedio, del 13.4% anual.

El impacto de las comunicaciones y de los transportes en la economía nacional ha permitido, compañeras y compañeros legisladores, incrementar los volúmenes de transporte de bienes y personas en el mercado doméstico internacional a través de la creación, ampliación y modernización de la infraestructura y de los servicios que apoyan la integración de los mercados y la articulación de las cadenas productivas; así como impulsa la competitividad, se reducen los costos de producción y distribución y se crean economías de escala y se apoya a los sectores generadores de divisas.

Las características de nuestro país implican para los sistemas de transporte la existencia de demandas muy fuertes y crecientes para cubrir las variadas necesidades de desplazamiento de carga, pero sobre todo de pasajeros, entre los cuales destacan los estudiantes y los maestros en todo el territorio nacional.

En el año 2000, México disponía de una infraestructura de transporte compuesta de esta manera: 333,247 kilómetros de carreteras; 26,655 kilómetros de vías férreas; 108 aeropuertos y terminales marítimas y 1,215 aeródromos, 85 de los cuales son aeropuertos que prestan servició público. Esta infraestructura contribuye de manera decisiva a la integración nacional, al impulso del comercio entre los principales centros de producción y consumo y a la articulación de esas cadenas productivas y corredores industriales en diversos puntos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Más aún, al ser detonante de las actividades productivas regionales, requisito indispensable para incorporar al crecimiento económico a las zonas aisladas y marginadas, la infraestructura constituye uno de los instrumentos más eficaces para impulsar el desarrollo, pero sobre todo entre la juventud y el estudio que impulsa un mejor nivel educativo de nuestro país.

La contribución del transporte a la actividad económica nacional resulta manifiesta, porque además de lo ya mencionado genera empleos productivos, es factor determinante de los costos de producción y distribución de los bienes y servicios e incide definitivamente como promotor de destinos turísticos y moviliza carga por todo el territorio nacional.

Respecto al autotransporte de pasajeros vale la pena mencionar, amigas y amigos legisladores, que más de la mitad de la flota forma parte de grandes empresas integrada por permisionarios o propietarios de autobuses que aportan sus vehículos a las empresas, también existen auto transportistas que compiten deslealmente prestando servicios irregulares y que en ocasiones faltan a la seguridad, conflictos normativos y dificultades operativas que interfieren en la prestación eficiente y real de un servicio de calidad.

Así, en tanto que hay empresas que generan millones de dólares de ganancia al año, sin que la población se vea beneficiada y siendo que el Gobierno Federal ha sido incapaz de reducir las inequidades sociales, nosotros como legisladores debemos dotarle al Ejecutivo de las herramientas jurídicas necesarias para hacer que esta inequidad desaparezca paulatinamente.

El sector de la sociedad por el que se pugna en esta iniciativa es el de los estudiantes de todas las escuelas públicas y privadas y el de los maestros y en especial a los de escasos recursos, ya que muchos son los que tienen que trasladarse a otras comunidades de donde radican o donde habitan; unos a cursar sus estudios, otros a impartir sus clases, lo cual implica para sus familias un fuerte sacrificio económico, incluso ponen en riesgo latente la oportunidad de seguir continuando en la educación e inciden indirectamente en el gran alto índice que tenemos de deserción escolar, sobre todo en los jóvenes de las comunidades rurales.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 59 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a fin de que se otorgue un descuento del 50% a los estudiantes y a los maestros durante todo el año, para quedar en los términos que se refiere esta fracción. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

-EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado don José Manuel Carrillo Rubio. Túrnese a la Comisión de Transportes.

En invitados especiales por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se encuentra el señor presidente municipal de Chihuahua, Chihuahua, don Alejandro Cano Ricai, premiado por la Calea para los programas municipales de seguridad pública. Como invitado, le damos la bienvenida.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Ricardo Alegre Bojorquez, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, del Código Penal Federal y de la Ley Federal del Derecho de Autor. Esta iniciativa esta suscrita por el señor diputado de referencia y por el señor diputado don Manuel López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Permítame omitir la lectura del proyecto de decreto que es amplio, asimismo, la exposición de motivos, ya que presentaré un resumen, así que le rogaría que el documento completo se publique en la Gaceta Parlamentaria y se inserte en el Diario de los Debates.

En México el sector informal representa más del 12% del Producto Interno Bruto nacional según estimaciones del INEGI, mientras que la Organización Internacional del Trabajo calcula que en nuestro país alrededor de 10 millones de personas viven de la informalidad.

El sector informal comprende a todas aquellas actividades que se dedican a la venta de bienes y servicios que no atienden debidamente las regulaciones gubernamentales. Un ejemplo claro de esto es el comercio ambulante que invade las banquetas y calles de nuestras ciudades, especialmente en esta Ciudad de México. Sin embargo, detrás del comercio ambulante se esconde el comercio ilegal, que es el más perjudicial para la economía del país, dado que es el último eslabón en la cadena de la delincuencia organizada que se dedica a la comercialización de productos pirata, robados y de contrabando.

Debemos de reconocer el esfuerzo emprendido por el Poder Ejecutivo Federal contra la piratería y el contrabando: de 2000 a la fecha se ha multiplicado el combate a la piratería con un incremento de 652% de productos apócrifos asegurados, esto gracias al trabajo coordinado de las instituciones de seguridad que han realizado más de 2300 operativos.

También es de destacar que los asaltos en carreteras federales han disminuido un 60%, por ende los productos robados que son vendidos por el comercio ilegal se han reducido. Algo similar está ocurriendo en los procedimientos aduanales, dado que el valor de los productos asegurados ha pasado en los últimos tres años de 62 a 227 millones de pesos. De esta manera, la presente administración está dando resultados, sin embargo como legisladores debemos dotar a la autoridad federal competente de mejores y más instrumentos legales para combatir este mal.

La piratería lesiona a diferentes sectores industriales del país; las personas que reproducen y comercializan productos piratas infringen los derechos de autor, de la propiedad intelectual o ambos, así con ello se roban ideas, marcas, mentes, inversiones, ganancias y empleos de las empresas legalmente constituidas. Además, esta situación pone aún más en desventaja al sector formal, ya que se genera una competencia desleal en virtud de que la mercancía pirata se vende a mucho menores precios y en ocasiones suele ser de similar calidad.

Así, el gran problema de la piratería es que cada día se vuelve más competitiva, ofrece lo último, lo más novedoso y a los mejores precios. Los productos legítimos están siendo desplazados y los gustos de los consumidores distorsionados, y no nada más eso, sino que se fomenta la cultura del no pago de impuestos y derechos, así como la corrupción ciudadana.

Las pérdidas por piratería son enormes. Por ejemplo, en la industria del software se estima que el 55% de los paquetes que se utilizan en México son piratas y las pérdidas de las empresas del sector en nuestro país ascienden a más de 200 millones de dólares anuales.

En cuanto a la piratería de música, México ocupa hoy el 5º lugar a nivel mundial, después de alcanzar un deshonroso 3er lugar y esta reducción se debe al esfuerzo del Ejecutivo Federal en atacar esta actividad ilícita.

Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, de cada 10 discos que se venden en el mercado mexicano, 6 son copias apócrifas. El impacto de la piratería en el sector discográfico mexicano ha sido devastador. Esta industria suma una caída acumulada de sus ventas, del 45% en los últimos tres años.

La industria del cine no se queda atrás, pues desde hace varios años las copias no autorizadas de películas han erosionado y exprimido los estudios de filmación, las salas de cine, así como los videoclubes. En México este sector pierde algo así como 50 millones de dólares al año, mientras que la penetración del cine pirata es del orden del 40%.

Finalmente, otro sector dañado por la piratería es el editorial. Esta actividad reportó pérdidas a la industria mexicana por unos 600 millones de pesos en el 2003, toda vez que se calcula que se dejaron de vender 10 millones de libros en todo el país.

En este contexto, la piratería en México se ha convertido en una actividad ilícita muy rentable y en el peor enemigo de la industria nacional. No sólo daña la economía sino también los valores y costumbres de nuestra población, especialmente de los niños, ya que hace ver como normal el adquirir productos que son de dudosa procedencia, por el simple hecho de ser más baratos.

Si queremos terminar con la imagen de un país corrupto, no sólo observemos a los políticos, sino en nuestra vida cotidiana como ciudadanos, cuántas veces cometemos actos que violan leyes o reglamentos por simple comodidad o egoísmo. Fomentemos valores que contribuyan a ser un país más responsable.

Esta situación es preocupante, como legisladores tenemos la responsabilidad de brindar certidumbre y seguridad jurídica a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, que confían en nuestro país y que invierten su dinero.

No podemos permitir que la piratería siga aprovechando ilícitamente obras, marcas y productos, los mercados negros tarde o temprano provocan el incremento de los precios, la caída en la producción y el desabasto de los mercados, por esto debemos proteger a nuestra industria. La realidad es que todos perdemos con la piratería, las empresas pierden ingresos, la sociedad pierde valores y empleos, mientras que el gobierno pierde impuestos.

Ante los hechos es necesario e impostergable revertir este fenómeno, mejorando, reforzando y ampliando los instrumentos legales para competir, combatir rápida y eficazmente este cáncer.

Esta iniciativa propone cinco aspectos fundamentales para atacar y erradicar y la producción y comercialización de productos piratas en México:

Finalmente cabe destacar que la elaboración de este proyecto se tomaron en cuenta las opiniones de diversas instituciones del Gobierno Federal, así como de diversas organización y distribuidoras nacionales e internacionales de mercancías legítimas que están siendo afectadas por este gran mal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, del Código Penal Federal y de la Ley Federal del Derecho de Autor.

En ésta, se reforman los artículos 221 Bis, 223, 223 Bis y se adiciona un artículo 214 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial. Se reforman los artículos 424, 424 Bis, 424 ter, 428 y el 429 del Código Penal Federal.

Así también se reforma el artículo 216 Bis y se adicional el artículo 232 Bis de la Ley Federal de Derechos de Autor.

Con estas reformas se espera dotar a las autoridades federales competentes de instrumentos legales más ágiles y eficaces contra la piratería. Ésta sería la contribución del legislativo federal para atacar y erradicar esta práctica comercial, pero los demás sectores también deben de contribuir. Los consumidores no adquiriendo productos en la calle de manera ilegal y la industrial a través de ofrecer artículos a precios más accesibles, así como ampliando y perfeccionando sus dispositivos en Harwer (?) antipiratería en sus productos, sólo con la cooperación de todos, podremos eliminar este mal de nuestra economía.

Como lo solicita el señor diputado don Ricardo Alegre Bojórquez, insértese íntegro el texto de la iniciativa, incluyendo su exposición de motivos en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las Comisiones de Economía y de Cultura.

EL C. PRESIDENTE.- El siguiente punto del orden del día, a petición del grupo parlamentario, ha sido pospuesto para la próxima sesión.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar iniciativa que reforma el artículo 27 del Código Penal Federal.

EL C. DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN.- Con el permiso de la Presidencia.

EL C. DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN.- Compañeras y compañeros diputados:

El Sistema Penitenciario Mexicano, así como la readaptación del individuo que ha sido juzgado por ley privativa de la libertad al haber cometido delito que lo merezca, se encuentra en un franco proceso de ineficacia, en el cual difícilmente se podrá conseguir su reinserción a la sociedad.

Es por ello que la iniciativa que hoy presentamos, busca transformar al Sistema Penitenciario Mexicano haciéndolo más eficiente, respetuoso de las prerrogativas esenciales de los internos recluidos en los centros penitenciarios y otorgándoles a éstos últimos la garantía de prisión sustitutiva por trabajo a favor de la comunidad, consistente en prestar servicios o laborar sin remuneración en instituciones, dependencias u organismos desconcentrados o descentralizados de la administración pública federal u organismos autónomos; en empresas o instituciones públicas estatales o de participación estatal o, en su caso, privadas si son asistenciales, educativas o no lucrativas.

En este sentido, las reformas propuestas al marco jurídico de seguridad pública y penal, son determinantes para lograr avances significativos en las políticas y estrategias que en materia de prevención, readaptación y reinserción social se realicen.

El 90% de los problemas de seguridad y de justicia, se encuentran en las faltas administrativas y delitos menores, por lo que es imprescindible un marco legal justo que aplique la pena correspondiente en función de la gravedad del delito, la circunstancia y la edad, evitando que los delitos menores se conviertan en delitos privativos de la libertad, lo cual es un factor preponderante no sólo para la sobrepoblación y el hacinamiento de las cárceles, sino para que los internos primodelincuentes, recluidos por delitos menores, no se contaminen con la influencia de los internos de alta peligrosidad.

La reparación del daño y el trabajo comunitario son factores fundamentales para la readaptación social, ya que las cárceles no son el lugar idóneo para que los infractores de la ley por delitos menores se reintegren a la sociedad de manera productiva.

Existen aproximadamente 45 mil internos procesados o sentenciados por delitos contra el patrimonio de las personas que en promedio no exceden a los 8 mil pesos, los cuales podrían ser sancionados vía la reparación del daño y la realización del trabajo comunitario para resarcir a la víctima y a la sociedad del perjuicio que les ocasionaron; aunado a ello, existe un crecimiento acelerado en el índice delictivo y en la incapacidad de las autoridades para prevenir el delito, así como la práctica del endurecimiento de las penas que ha sido vista como una respuesta al problema y que ha generado el fenómeno de sobrepoblación preventiva y penitenciaria el aumento de corrupción y el crecimiento de prisiones de alta seguridad.

Una de las principales razones de ser del sistema penitenciario del país mediante la privación de la libertad de quienes son sentenciados, es la readaptación social, así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 18 inciso B), el cual me permito citar: "...los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente, conforme al Artículo 18 Constitucional la prisión preventiva forma parte del sistema penitenciario y éste se edifica sobre las bases del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.

Si analizamos lo anterior, podemos claramente observar que la prisión, más que un largo de castigo y represión, es un lugar donde el que se ha observado una conducta contraria a la ley obtendrá un correctivo basado fundamentalmente en el trabajo y la educación, lo que permitirá su rehabilitación, su regreso a la sociedad de la cual ha sido extirpado por quebrantar el orden público, y eso no es así porque la realidad demuestra todo lo contrario.

Desgraciadamente las medidas sustitutivas de la pena privativa de la libertad como la condena condicional, la caución, el perdón, la represión, la amonestación, la reclusión domiciliaria, la condena de fin de semana, la detención nocturna, el trabajo obligatorio sin detención, retención de jornal, interdicción de profesión y de residencia contempladas dentro del Código Penal, han tenido una aplicación muy escasa o nula.

Con el trabajo a favor de la comunidad, además de desarrollar terapias ocupacionales, los internos adquirirían la capacitación para la realización de trabajos óptimos en su etapa de reinserción a la sociedad, así estarían trabajando antes de su reincorporación y luego de su incorporación, no perderían ese hábito y si, por el contrario, lo fomentaríamos.

La estancia en el interior del centro de readaptación, permitiría que meditaran los actos que los han llevado al interior y lo que motiva el procedimiento de reinserción a la sociedad.

La tendencia actual no es castigar la comisión del delito, la reclusión hoy en día está destinada a separar al delincuente del resto de la sociedad, para someterlo a un proceso orientado a que en su interior pueda incorporarse a ésta. El actual Código Penal en México castiga antes de comprobar mediante un proceso la responsabilidad jurídica, porque anteponemos razones de seguridad social y no de índole jurídico penal.

La prisión se ha visto así como la mejor de las penas y se ha visto aplicada indiscriminadamente, cuando debería ser impuesta sólo en aquellos casos en que peligre la seguridad social.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país, por ello, nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión el presente decreto, por el que se reforma el Artículo 27 del Código Penal Federal.

En virtud de la limitación del tiempo omitiré la lectura del articulado, pero solicito atentamente a la presidencia, ordene su inserción plena en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado don Luis Antonio González Roldán, como lo solicita insértese íntegro el texto del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el Artículo 5º. de la ley que declara reservas mineras nacionales, los yacimientos de uranio, torio y las demás substancias de las cuales se obtengan isotopos hendibles que puedan producir energía nuclear.

-EL C. DIPUTADO ADRIAN VICTOR HUGO ISLAS HERNANDEZ: El suscrito diputado Víctor Hugo Islas Hernández con fundamento en el Artículo 71fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona el Artículo 5º. de la ley que declara reservas nacionales los yacimientos de uranop. Torio y las demás substancias de las cuales se obtengan isótopos endibles (?) que puedan producir energía nuclear al tenor de las siguientes:

Los acontecimientos recientes derivados del percance sufrido por exploradores británicos en las cuevas del municipio de Cuetzalan, Puebla, independientemente de la legítima preocupación de todos los mexicanos por la realización de actividades al margen de la legalidad y con agravante de ser efectuados por gobiernos extranjeros, nos mueve a reflexionar sobre el potencial minero de México y sobre su debido aprovechamiento tanto para el desarrollo nacional como para el beneficio de las comunidades en donde se encuentran posibles yacimientos.

Estas fuentes de riquezas se asientan en territorios de las comunidades, sin que su explotación y comercialización reditúen beneficios e ingresos para el mejoramiento de su nivel de vida.

La persistencia de las exploraciones efectuadas por los presumibles científicos ingleses a lo largo de 20 años, lleva a la fundada sospecha de que la versión de la existencia de uranio en esa zona es una posibilidad bastante amplia. Esto llevaría a indudables beneficios tanto para el Gobierno Federal como para la gama de industrias de alta tecnología que se han desarrollado para su aprovechamiento en forma de energía nuclear en sus diversas aplicaciones tanto energéticas como militares.

El uranio y el gas radón así como el plutonio, son elementos de escasa disponibilidad en el planeta, lo cual sumado a la importancia de su aprovechamiento le otorgan un elevado valor en el mercado, que puede producir una derrama importante para el financiamiento de programas públicos.

El radón es un gas radioactivo que se produce por la degradación del uranio, en si mismo se emplea en la medicina sobre todo para tratar algunas formas de cáncer, aunque esto debe de realizarse con cuidado ya que también puede producirlo. Sin embargo, hasta ahora se le aprecia más por ser un indicador de la posible existencia del uranio.

El uranio se encuentra en forma natural en pequeñas cantidades en el suelo y en rocas principalmente, su descomposición genera otros productos tales como el radio. Es un mineral tan diseminado que una mina se caracteriza como rica cuando llega a contener alrededor del 1% del uranio, dado que se enriquece para generar la fisión nuclear y es un elemento indispensable en el caso de blindajes y particularmente en los reactores nucleares.

En el mundo se están desarrollando proyectos para diversificar las fuentes de energía a efecto de reducir la dependencia de los hidrocarburos. Entre las fuentes de energía alternativas se está explorando el carbón, la geotermia, la energía solar, la eliolícia y la biomasa y el uranio.

De acuerdo a estimaciones realizadas en nuestro país, contamos con reservas del orden de 50 mil millones de barriles de petróleo, 600 millones de toneladas de carbón térmico, frente a cerca de 14 mil toneladas de uranio; lo que denota la posibilidad de su aprovechamiento en términos de la demanda internacional.

Hasta ahora, de acuerdo a la propiedad nacional de los bienes del subsuelo que señala el artículo 27 de la Constitución, la ley correspondiente menciona correctamente que la explotación de este mineral corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, reconoce que en el caso de las concesiones mineras en donde se encuentra este elemento, el Ejecutivo Federal celebrará contratos mercantiles para su adquisición a los particulares. Es decir, su aprovechamiento económico se centra entre particulares y el Gobierno Federal, en detrimento de los gobiernos locales y las comunidades que sólo están consideradas como actores pasivos frente a la perforación de sus tierras, la degradación de su entorno ecológico y la modificación de su equilibrio social que implica la explotación de tales yacimientos.

Por tales consideraciones se propone la reforma y adición mencionada en los términos siguientes:

Proyecto de decreto. Artículo 1º. Se reforma el artículo 5 de la Ley que declara las reservas mineras nacionales, los yacimientos de uranio, torio y demás sustancias de las cuales se obtengan isótopos hendibles que puedan producir energía nuclear, para quedar de la siguiente manera.

Artículo 5º. El Ejecutivo federal o la institución designada al efecto celebrarán con los concesionarios mencionados en el artículo anterior y en el caso previsto por el mismo contrato de compra-venta para la adquisición del uranio, el torio y las demás sustancias de las que puedan obtenerse isótopos hendibles o materias radioactivas que puedan producir energía nuclear a base de conceder un precio razonable que será fijado en los términos que señale el reglamento de esta ley.

En el mismo contrato se establecerá una proporción del 10 por ciento del monto total como participación para los ayuntamientos que se encuentran los yacimientos en donde se exploten objeto de esta compra-venta.

Artículo 2º. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación.

Firman esta iniciativa: Ma. del Carmen Izaguirre, Guillermo Aréchiga, Alberto Jiménez, Rafael Moreno Valle, Jesús Morales, Manuel Velasco, Julián Nasar, Miguel Angel Yunes, Oscar Pimentel, Enrique Burgos, Mario Navarro, Guillermo Martínez Nolasco, Gaspar Avila, José Adolfo, Víctor González, Arturo Nahle, Sergio Magaña, Cruz López Aguilar, Luis Antonio Ramírez, Adrián Velazquez, José Ortíz, José Alarcón, Martín Valdepeña, Alfonso Sánchez, Antonio Mejía, Marco Antonio Torres, Ricardo Ruíz y otros compañeros.

Debemos de reconocer que para los poblanos, independientemente de estas acciones, es muy importante que ahora una parte de la sierra norte de nuestro estado sea visitada por estas personas. Ojalá, independientemente de esta iniciativa, pudiera haber una mayor energía en torno a todos aquellos extranjeros que vienen a nuestro país, que hacen y deshacen y que no son sancionados de ninguna manera. Es cuanto, señor presidente.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Túrnese a las comisiones unidas de Energía y de Economía.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el párrafo primero del artículo 117 y el artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito.

EL C. DIPUTADO ANGEL PASTA MUÑUZURI: Con su venia, señor presidente. El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 de los reglamentos para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 117 y el artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, con base en lo siguiente.

Exposición de motivos. El secreto bancario ha sido amplia y profundamente regulado en nuestro país por todas las leyes, cuyo contenido en materia bancaria y este tema sin lugar a dudas resulta altamente polémico pues los antecedentes de derecho comparado y doctrinales tienen a su salvaguarda precisamente para garantizar que el monto de depósitos y el titular de las cuentas no sean dados a conocer por parte de las instituciones bancarias, salvo cuando existe resolución judicial que así lo ordene.

En nuestro país el secreto bancario se encuentra preciso en la Ley de Instituciones de Crédito, en el artículo 117, con la salvedad en cuanto a su conocimiento cuando así lo pida la autoridad judicial y no así en el caso en que la Comisión Nacional Bancaria, en ejercicio de sus funciones, dé inspección y vigilancia lo requiera.

Pongo a consideración para que se reforme este artículo, con el propósito de que la Auditoria Superior de la Federación pueda tener acceso a esta información, tratándose de la autorización de partidas presupuestales para apoyar financieramente a las instituciones de crédito en lo que genéricamente se ha denominado: "Programa de Rescate Bancario".

Ahora bien, si tomamos en consideración que en principio la existencia del derecho bancario para prohibir y dar información a terceros se justifica para salvaguardar los derechos e intereses del particular que realiza depósitos ante las instituciones de crédito, también lo es que el objeto que motiva la presentación de esta iniciativa, es el de anteponer al interés general de la sociedad al interés de los particulares.

Así y sólo así, dados los supuestos que se prevén en el contenido de la reforma que hoy presentamos.

El propósito fundamental que motiva a someter a su consideración la presente iniciativa, es el de evitar que quienes realizan indebidamente operaciones bancarias violando las disposiciones legales, con la complicidad de las instituciones de crédito que no dieron cumplimiento a la obligación que les impone el artículo 65 de la Ley en la materia, que de impune en esa actuación.

La Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 113 disponía la existencia del denominado "Fondo Bancario de Protección al Ahorro", el cual a través de medidas preventivas o correctivas, están obligadas a apoyar financieramente las instituciones bancarias, disponiendo la Ley en la materia, que dicho fideicomiso no tendrá el carácter de público y por lo tanto o se le considerará como entidad paraestatal.

En el caso del artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, el contenido de la reforma que se propone será porque es necesario modificar dicho precepto para que quede establecida de manera expresa, la facultad de esta Cámara de Diputados para requerir la información que corresponda y así como la obligación de las autoridades hacendarias que deben proponerla, cuando los fideicomisos constituidos en quebranto bancario.

Compañeras y compañeros diputados: El contenido de la iniciativa que someto a su consideración tiene el propósito de reformar el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito en el cual se regula lo referente al secreto bancario, para establecer como excepción, al mismo la solicitud que la Cámara de Diputados formule a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para, como dependencia del Ejecutivo, encargada de planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, atribución comprendida en el artículo 31 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para conocer el monto de las operaciones activas y los titulares de las mismas, cuando se requiera de destinar recursos fiscales a los programas de saneamiento financiero.

Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 62 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 117 y el artículo 118 de la Ley de las Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo Primero: Se reforma el párrafo primero del artículo 117 y el 118 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 117: "Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticia o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operación, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgar poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando los pidiera la autoridad judicial en virtud de la provinencia dictada en el juicio en el que el titular sea parte o acusado, las autoridades federales por conducto de la Comisión Nacional Bancaria para fines fiscales y por la Auditoría Superior de la Federación. Para efecto de la fiscalización derivada de la revisión de la Cuenta Pública en el ámbito de su competencia los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables en los términos de las disposiciones aplicables por violación del secreto que establece y las instituciones estarán obligadas, en caso de revelar el secreto, a reparar los daños y perjuicios que se ocasionen.

"Artículo 118. Con la salvedad de toda clase de información que sea solicitada por la Comisión Nacional Bancaria y por la Auditoría Superior de la Federación, en los términos y condiciones establecidos en los artículos anteriores, la relación del secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción XXV del artículo 46 de esta ley, incluso ante las autoridades o tribunales en juicio o reclamaciones que no sean aquellas entabladas en el fideicomitente o fideicomisario, comitente o mandante, contra la institución o viceversa constituirá en ésta en responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados. Sin embargo, de las responsabilidades penales precedentes.

"Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito se integre el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, señor diputado don Angel Pasta Muñuzuri.

Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que deroga el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución.

- LA C. DIPUTADA MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS (PRD): Con su permiso, señor Presidente.

"Los que suscribimos, miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos permitimos someter a esta soberanía la iniciativa de decreto por el que se deroga el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

"México vive uno de los momentos más tensos y definitivos de su historia agobiado por presiones externas, por injusticias y por rezagos. En los años recientes se ha perdido la dimensión creadora del quehacer político y se ha instalado en su lugar la arbitrariedad y el oportunismo.

"Una de las principales herramientas en la mayoría de los cuerpos legislativos en el mundo es la rendición de cuentas, fundamental en el diseño de las políticas públicas, ya que permite al Estado garantizar a los ciudadanos el acceso a información fidedigna y veraz relacionada con las acciones de gobierno.

"Hoy la ciudadanía exige a las instituciones públicas la administración de los recursos materiales, financieros y humanos con transparencia. Exige también la demostración precisa de sus logros, del alcance de sus metas, del impacto social o económico de los resultados de su gestión a través de la evaluación permanente de su desempeño en el ejercicio de atribuciones y facultades que realizan dentro de la esfera jurídica. Situación que obedece a que ha venido percibiendo una política de abuso e inequidad que predomina, que resulta subversiva y nos coloca en los linderos de la desconfianza social.

"Hoy la rendición de cuentas y la participación son principios del buen gobierno, a la vez que transparencia y responsabilidad son un requerimiento social para explicar y justificar los actos al público, que es el último depositario de la soberanía en la democracia. Porque rendir cuentas es estar por obligación disponible a ser requerido a informar del cumplimiento de las responsabilidades.

"Las acciones y recursos públicos en nuestro país se sustentan en planes y programas específicos que proporcionan certeza en su ejercicio. Es por ello que el Presupuesto de Egresos Federal es un documento susceptible de profundizar en su análisis, cuya base legal se consagra en el artículo 74 constitucional.

"Este artículo ha sido modificado a través de diez reformas, que en esencia pretendían lograr una participación política institucional sólida. Entre las más importantes destaca la de 1977, en la que se establecieron los lineamientos del proceso presupuestario mediante la adición de seis párrafos a la fracción IV, cuya exposición de motivos no cita justificación clara y precisa a la práctica de asignación financiera a las denominadas partidas secretas dentro del Presupuesto de Egresos, sólo refiere la condición de que tendrán que ser autorizadas por el Presidente de la República.

"Estas partidas secretas se identifican en el glosario de términos más usuales de la administración pública, como el conjunto de erogaciones que emplearán los Secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República. No obstante, estamos frente a una práctica obsoleta, desfasada en el tiempo, en desuso durante el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de los últimos años.

"Las circunstancias en el pasado originaron y justificaron el abuso de la figura presidencial llevada al extremo en las últimas décadas e hicieron del Legislativo un poder sumiso, complaciente e incapaz de representar contrapesos y equilibrios. Encontraban cauce en la necesidad de dotar al Ejecutivo Federal de facultades que le facilitaran la disposición del erario público, para atender de manera eficaz asuntos que se consideraban urgentes y que requerían una atención administrativa pronta, haciendo implícitamente posible el manejo discrecional de las partidas presupuestarias denominadas secretas, que ya tienen cabida en la práctica presupuestaria contemporánea.

"Más tarde, la Secretaría de Hacienda a través de informes oficiales dio a conocer el Programa de Erogaciones Contingentes ’93-2000, llámese partidas secreta, en el que más que emprender acciones tendientes a reducir la discrecionalidad en el gasto del Ejecutivo Federal, lo que se registró fue un decremento en su asignación y paulatinamente se convirtieron en recursos no ejercidos hasta culminar en el Presupuesto de Egresos federal del año 2000 con la no asignación en este rubro.

"Estamos convencidos de que el ejercicio del poder como patrimonio propio suplanta el espíritu de servicio y tiende a convertir al acto de autoridad en fuente potencial de enriquecimiento indebido. Es por esto que el concepto de partida secreta es atrasado, obsoleto y hace indispensable eliminarlo de nuestra Constitución, pues en la práctica actual no se observa ni se entiende su uso.

"La distancia entre la mentira oficial y la realidad reflejan un abismo. Durante estos años hemos presenciado la conversión de una crisis financiera, el mal que padecíamos se ha extendido a todos los ámbitos del cuerpo social, causando el desplome de la economía, de la política, de la convivencia humana y de la moral pública. Tal parece que el país ha iniciado una clara involución histórica.

"Es por todo ello que esta reforma pretende la desaparición definitiva de las partidas secretas para coadyuvar con la transparencia del sistema presupuestario, tendiente a la eficaz y eficiente administración de los recursos públicos.

"Recientemente, en materia de transparencia de las finanzas públicas contamos con un avance significativo, pero estamos ciertos que aún falta mucho para que se abarque el gasto público en su conjunto y comience a ser realmente útil para el ciudadano, es decir, le permita al pagador de impuestos conocer el destino de sus contribuciones y a quien ejerce el gasto le facilite la rendición de cuentas.

"Compañeras y compañeros, la pluralidad democrática y la competencia política nos obligan a revisar el sistema presupuestario en relación a las circunstancias vigentes, tomando en cuenta la participación de los diversos sectores de la sociedad para la realización de este ejercicio democrático.

"El Ejecutivo Federal ya no ocupa el papel protagónico de antaño, sino que otros poderes, especialmente el Legislativo, han venido ganando espacio de participación en la toma de decisiones del país, particularmente en la administración de las finanzas públicas y la reducción a su mínima expresión en el ejercicio de la discrecionalidad.

"Es por esto que las acciones de control y fiscalización, atendiendo al espíritu constitucional basado en principios de responsabilidad y disciplina fiscal, deben fortalecer el estado de derecho y en este esquema las partidas secretas ya no encajan.

"Muchos mexicanos estamos luchando por romper las inercias y abrir espacios democráticos, pues se ha olvidado que la fortaleza de la autoridad reside en su capacidad moral de convocatoria y en su aptitud para movilizar las energías sociales conforme a metas y objetivos trazados conjuntamente con el pueblo.

"Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Soberanía, la siguiente iniciativa de decreto que deroga el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscriben: Diputado Guillermo Huizar Carranza, Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; Diputada Clara Brugada Molina, Integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; Diputada Angélica Díaz del Campo, Integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; Diputado Víctor Suárez Carrera, Integrante de la Comisión de Presupuesto y su servidora, Minerva Hernández Ramos, Secretaria también de la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública.

-EL C. PRESIDENTE- Gracias Diputada doña Minerva Hernández Ramos, como lo solicita, insértese el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates.

Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Iniciativa que Reforma la Fracción Primera del Artículo 208 del Código Fiscal de la Federación..

-EL C. DIPUTADO JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA.- Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, Honorable Asamblea. Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 71 Fracción II de la Constitución General de la República, 55 Fracción II , 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Fracción Primera del Artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, bajo el tenor de la siguiente Exposición de Motivos.

La participación ciudadana, motiva al Poder Legislativo para actualizar la Legislación; es por ello que el suscrito preocupado en coadyuvar a resolver las controversias surgidas en la esfera de la impartición de justicia administrativa y a efecto de dar continuidad a la reforma que mi partido votó a favor el 31 de Diciembre del 2000, a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, al transformarlo en el actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, convirtiéndolo en un órgano dotado de autonomía y no sólo encargado de realizar trámites de carácter anulatorio.

En este orden de ideas, al conferir a este Tribunal tan importantes facultades, es necesario que esta Representación Popular resuelva los problemas que enfrentan los ciudadanos sujetos al Juicio Contencioso Administrativo, por la grave contradicción que existe entre lo ordenado por la Fracción I y el tercer párrafo de la Fracción VIII del Artículo 208 del Código Fiscal de la Federación que asu letra señalan.

La demanda deberá indicar, Fracción I, el nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en la sede de la Sala Regional competente, Fracción VIII, párrafo 3º.

En el supuesto de que no se señale el domicilio para recibir notificaciones el demandante en la jurisdicción de la Sala Regional que corresponda o se desconozca el domicilio del tercero, las notificaciones relativas se efectuarán por lista autorizada que se fijará en el sitio visible de la propia Sala.

En virtud de la existencia de un conflicto de interpretación normativa por los Magistrados integrantes de las Salas Regionales entre el término sede y jurisdicción motivado por lo dispuesto en el Artículo 23 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual establece que este se integra por 20 Salas Regionales que tienen competencia en distintas entidades federativas y lo referente al Artículo 24 del propio Reglamento, que indica que cada una de las salas regionales tiene su sede en alguno de los Estados, es que estas autoridades obligan a los particulares a presentar sus demandas en el ámbito competencial previsto por la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación.

El diccionario de la lengua española define el vocablo "sede", como el lugar donde tiene su domicilio una entidad u organización; el término "jurisdicción" ha recibido diversas connotaciones por los tratadistas italianos, entre ellas la de aplicar el derecho, cuya escuela inspiró a nuestras leyes procesales; sin embargo, de manera sencilla y acertada, el diccionario enciclopédico Larousse define el término como el territorio en que un juez ejerce su autoridad.

Por lo anterior, para los efectos de la presente iniciativa, el vocablo sede es el lugar donde radica la sala regional competente del Tribunal Federal; por tanto, jurisdicción constituye el territorio donde la sala regional competente extiende y ejerce sus funciones.

En el caso de los particulares que acuden en busca de justicia fiscal y administrativa, tiene la facultad de señalar su domicilio tanto en la sede de la sala regional o bien dentro de la jurisdicción competente, pero en la práctica este requisito se convierte en un problema ya que los demandantes, tras señalar su domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción, los magistrados les exigen señalar otro dentro de la sede, lo cual no es una obligación en virtud de que no existe fundamento legal que precise este extremo puesto que el último párrafo del precepto legal invocado indica que los promoventes podrán válidamente señalar su domicilio en la jurisdicción correspondiente de la sala competente, situación que en los hechos se convierte para los magistrados instructores en letra muerta.

Lo anterior, es una situación contradictoria que transgrede en perjuicio del gobernado las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales por una inexacta aplicación normativa y exceso de cumplimiento de la ley; por ello hago un llamado a esta soberanía a valorar el tema, considerándose por parte del Tribunal, que de reformarse la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación en la forma propuesta, se retardaría la substanciación de los juicios en virtud de que los funcionarios de las salas regionales se verían obligados a trasladarse a los lugares lejanos a realizar las notificaciones, lo cual es falso y no entraña ningún incumplimiento a la norma fiscal ya que el propio Código Fiscal en su artículo 253 establece otras formas para realizar las notificaciones, tales como por medio de trasmisión de facsímil y correo electrónico, entre otros.

Con base en las anteriores consideraciones, propongo modificar de la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, el término "sede" por circunscripción territorial.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

"Artículo 208.- La demanda deberá indicar: Fracción I.- El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en la circunscripción territorial de la sala regional competente".

Transitorios: Artículo primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día uno de abril del año 2004.

Solicitando de manera respetuosa a la Mesa Directiva, se sirva ordenar la publicación de esta iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y turnarse a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por tratarse de una iniciativa de carácter procesal.

...-EL PRESIDENTE: Como lo solicita el señor diputado don Jorge Leonel Sandoval, insértese el texto integro de la iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentario en caso de que no haya sido publicada. Túrnese a la Comisión de Hacienda con opinión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma la fracción I del artículo 104 de la Constitución.

En la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857, el artículo 97 confiere a los tribunales federales la competencia para conocer de todas las controversias sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, de las que se versaren sobre derecho marítimo, de aquellas en que la Federación fuere parte, de las que se suscitaran entre dos o más estados o entre un estado o uno o más vecinos de otro, de las del orden civil o criminal que se plantearen a consecuencia de los tratados celebrados con las potencias extranjeras y de los casos concernientes a los agentes diplomáticos y consulares.

Asimismo, la reforma del 26 de mayo de 1884, a la fracción I del citado artículo 97, introdujo el principio de la jurisdicción concurrente, es decir, que cuando las controversias sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, afectaran intereses particulares la competencia correspondía a los jueces y tribunales del orden común de los estados, del Distrito Federal y del entonces territorio de Baja California, indistintamente.

El actual artículo 104 de la Constitución Federal con reformas publicadas los días 18 de enero de 1934, 30 de diciembre de 1946, 25 de octubre de 1967, 8 de octubre de 1974, 10 de agosto de 1987 y 10 de octubre del mismo año, comprende varias instituciones que deben examinarse por separado.

En dicho precepto se regulan, en primer término, la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de las controversias sobre aplicación de las leyes federales, así como la jurisdicción concurrente con los tribunales locales; cuando dicha aplicación sólo afecte intereses particulares, cuando la regulación del recurso de revisión fiscal y administrativa y cuando la competencia de los propios tribunales federales para conocer de dicho tipo de controversias que se le han atribuido tradicionalmente.

Asimismo, la jurisdicción concurrente ha tenido por objeto evitar el rezago de los tribunales federal, al encomendar a los de carácter local el conocimiento de la controversia, en los cuales solo se afecten intereses particulares en el precepto de 1857 de manera obligatoria, pero en la Constitución vigente solo de manera potestativa a elección del actor.

Por lo anterior, la disposición constitucional que se pretende reformar, establece la llamada jurisdicción concurrente, es decir, el extremo legal apuntado deja que la jurisdicción sobresalga tanto en el terreno federal o en el fuero común, según escoja el actor en aquellos asuntos de aplicación de leyes federales, tratados internacionales, así como de otras controversias que de ordinario son pertenecientes a los tribunales federales para que, en el supuesto de que sólo se afecten intereses de particulares puedan éstos acudir en busca de solución a su controversia a los tribunales de los estados.

Así pues, el actual artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción I, establece que corresponde a los tribunales de la Federación, conocer de todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados y del Distrito Federal.

La necesidad de la reforma mencionada se surte sobradamente en mérito de los vientos frescos de federalismo que en todos los ámbitos de la nación hoy se viven, además, como un mecanismo que permite aligerar la carga económica que pesa sobre los estados, en concreto las limitadas finanzas de los Poderes Judiciales de las entidades, y que en efecto, aproximadamente el 55% de los juicios que se siguen en el Poder Judicial de la mayoría de los estados en nuestro país, se derivan de la aplicación de leyes federales, básicamente el Código de Comercio y Ley de Títulos de Operaciones de Crédito, entre otras. Aproximadamente el 58% de todos los juicios son mercantiles y 42% de otra naturaleza.

En virtud de lo anterior, las entidades federativas tienen que destinar mayor presupuesto al Poder Judicial local, que se traduce en aumento de recursos humanos y materiales. De aprobarse la reforma que se propone los Poderes Judiciales de todas las entidades federativas solucionarían de fondo el problema ancestral que todos conocemos: el rezago a veces alarmante, en el número de expedientes que requieren tramitación y atención.

Es fácil adivinar las bondades de la presente iniciativa, simplemente nuestro Poder Judicial estaría en posibilidad de cumplir cabalmente su función de administrar justicia de manera pronto y expedita, tal como lo manda la propia Constitución Federal en su artículo 17, ya que se abatiría el rezago y el servicio a la atención del usuario sería de mejor calidad.

Es hora, pues, de que la Federación cumpla también con su función en materia de administración de justicia y aplique como debe de ser, las leyes federales y quitarle esa carga ominosa y cara a los estados.

Por todo ello, respetuosamente me permito someter a esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se reforma la Fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

"Corresponde a los tribunales de la Federación, conocer...fracción 1A. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados y del Distrito Federal.

"La Federación, en los términos de las leyes ordinarias y de los Presupuestos de Egresos correspondientes, deberán resarcir a los estados y al Distrito Federal con el pago de los gastos que eroguen con motivo de la prestación de este servicio derivado de la competencia federal. El recurso federal que se asigne en compensación de los gastos que cause este servicio deberá destinarse directamente a fortalecer los presupuestos de los Poderes Judiciales estatales".

Primero. "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Segundo. "Los juicios o procedimientos que se ventilen antes de la entrada en vigor del presente decreto, seguirán hasta su conclusión bajo la jurisdicción del juez con quien se hubiere iniciado".

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de abril de 2004.

En la galería tenemos alumnos del Instituto Tecnológico de Zacatepec, del estado de Morelos, a quienes les damos la bienvenida.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de procuración de justicia y autonomía del Ministerio Público.

El que suscribe, diputado federal Daniel Ordóñez Hernández, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento a esa soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de procuración de justicia, haciéndolo al tenor de la siguiente:

El alto índice de impunidad y la creciente corrupción de los últimos años, permite concluir que la organización del Ministerio Público no ha sido la adecuada para atender los problemas en materia de procuración de justicia.

El Partido de la Revolución Democrática propuso, desarrolló y registró como parte de su plataforma legislativa 2003-2006, el dotar de la autonomía constitucional que se requieren en materia de Procuración de Justicia.

La dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, conlleva a la politización, la discrecionalidad, la desorganización de las tareas de procuración de justicia. Es urgente transformar a la Procuraduría General de la República en una institución homogénea, lógica y eficaz, estableciendo mayores controles de tipo legal, administrativo y ciudadano, así como eliminando al máximo sus facultades discrecionales.

Desde hace décadas, la creación de un Ministerio Público autónomo, ha sido un reclamo generalizado a lo largo del continente latinoamericano.

En la Segunda Jornada Latinoamericana de Derecho Procesal, celebrada el 14 de mayo de 1959, todos los participantes aclamaron por unanimidad que el Ministerio Público debe ser un órgano independiente del Poder Ejecutivo y gozar de inamovilidad y demás garantías constitucionales reconocidas a los miembros del Poder Judicial.

Distintos tratadistas nacionales han señalado cómo las instituciones que antecedieron al actual Ministerio Público, estuvieron inicialmente vinculadas al Poder Judicial.

La Constitución de Apatzingan preveía que el Supremo Tribunal de Justicia contaría con dos fiscales: uno para lo civil y otro para lo criminal, como se establecía en las ordenanzas de la Real Audiencia.

La Constitución de 1824 estipulada que el Poder Judicial de la Federación recibiría en una Corte Suprema que estaría integrado por 11 ministros y un fiscal; de igual manera las constituciones centralistas ubicaron a la fiscalía del Poder Judicial.

La Constitución de 1857 decretó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondría de 11 ministros propietarios, 4 supernumerarios, 1 fiscal y un Procurador General.

La Constitución de 1917 reguló al Ministerio Público en los artículos 21 y 102, al establecer que sus funcionarios serían nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, debiendo estar presididos por un Procurador General que debería tener las mismas calidades requeridas para ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia.

Durante su vigencia uno de los debates más importantes fue el que suscitó Luis Cabrera, a través de una carta que dirigió el 15 de septiembre de 1932 al entonces Procurador Emilio Portes Gil, en la que sostenía que el Jefe del Ministerio Público debería ser designado por el Congreso de la Unión, ser inamovible y tener la misma dignidad que los ministros de la Suprema Corte de Justicia y al igual que en el siglo pasado, formar parte de la Suprema Corte, independiente del Ejecutivo y dentro del Presupuesto del Judicial, señalando además que debería haber un abogador o Procurador General de la República.-

Las reformas del 31 de diciembre de 94 a la Constitución, marcan una cierta tendencia a la autonomía de la Procuraduría General de la República. En efecto el cambio constitucional en el artículo 102 apartado A, parece darle al Procurador General un perfil diferente, al de los Secretarios de Estado.

El Procurador es designado por el titular del Ejecutivo con ratificación del Senado por mayoría simple, aunque puede ser removido libremente por el Presidente; asimismo, la reforma separa la función del Ministerio Público de la función del Consejero Jurídico de Gobierno. Este cambio constitucional que vino acompañado por la designación de un miembro de la oposición en esa función fue importante, pero no suficiente.

Actualmente, el Presidente de la República, todavía puede remover y sustituir libremente al Procurador, así como a los demás funcionarios del Ministerio Público.

Es nuestro deber pronunciarnos por una Procuraduría General de la República como órgano constitucional autónomo, si la institución permanece en el Ejecutivo, nunca logrará su independencia y sus criterios de actuación seguirán siendo políticos y no técnicos.

No debe estar adscrito al Poder Judicial, porque éste tendría poderes omnímodos; como juez y parte en las controversias se afectarían las garantías constitucional-procesal de las personas y todas las funciones, desde la persecución a la determinación de las responsabilidades, estarían ubicadas en un solo órgano.

La Procuraduría, como órgano constitucional autónomo, tendría las siguientes características:

Un titular designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una amplia auscultación de candidatos entre la sociedad, autonomía financiera y de gestión, funcionarios con garantías de inamovilidad e independencia y con obligaciones de transparencia sobre sus actos, duraría en su encargo por un período de siete años con posibilidad de ser reelecto; asimismo, un órgano de este perfil haría mucho para desterrar el clima de corrupción y de impunidad que existe en el país.

Ha llegado la hora de revisar nuestra decimonónica División de Poderes fortaleciéndola y haciéndola operar como fue concebida históricamente y dar cabida a otros órganos que hagan viable el funcionamiento democrático del Estado contemporáneo, órganos que institucionalmente impidan la manipulación política o la presión coyuntural o el juego de los partidos políticos, órganos que sean técnicos cuyos miembros gocen de garantías de inamovilidad durante el período que la misma ley de la materia imponga y cuyo actuar sea imparcial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de procuración de justicia.

Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 21, la fracción II del artículo 76, el apartado "A" del artículo 102, se adiciona la fracción X al artículo 76 y la vigente pasa a ser XI y se deroga la fracción IX del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 21. "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público como organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios con autonomía de gestión y presupuestaria".

Fracción X. "... designar por las dos terceras partes de sus miembros al Procurador General de la República".

Artículo 102, apartado "A". "...la ley organizará al Ministerio Público de la Federación como organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica propia y patrimonios propios con autonomía de gestión y presupuestaria. El Ministerio público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República designado por dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso con la misma votación calificada.

La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de propuestas por la propia Cámara de Senadores, a partir de una amplia auscultación entre la sociedad para candidatos que cumplan los requisitos para el cargo.

El Procurador permanecerá en su encargo durante un período de siete años con posibilidad de ser reelegido una sola vez y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión; solamente podrá ser removido por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el título cuarto de esta Constitución y por las causas graves que señala la ley correspondiente".

Párrafo segundo. "...las Constituciones de los estados garantizarán que sus procuradurías cuenten con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios de la misma manera en la que se contempla en este Constitución para la Procuraduría General de la República".

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

Tenemos en galerías a alumnos de la Facultad de Derecho del Instituto Universitario del Estado de México y del Colegio "Westminster". Bienvenidos.

El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto por el que se reforman y adicionan...

Efectivamente, está registrado el señor diputado don Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que reforma la fracción VI del Artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y el Artículo 363 del Código de Comercio, se le concede el uso de la palabra.

-EL C. DIPUTADO ANGEL PASTA MUÑUZURI: Gracias presidente, con su venia. Con fundamento en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio del derecho que se concede a los artículos anteriormente citados, presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del Artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y el 363 del Código de Comercio.

La presente iniciativa busca evitar abusos por parte de las instituciones bancarias al momento de firmar contratos de apertura de crédito, el contexto financiero del crédito bancario diseñado y definido por las instituciones crediticias como crédito adicional o refinanciamiento de intereses que se otorga mediante contrato de apertura simple entre otros.

También precisan el significado real de este concepto, es decir, el acto simulado que encierra un pacto de anatocismo, que al estar prohibido por la ley está afectando de nulidad, así pues es muy lamentable que las instituciones de crédito abusando de la extrema necesidad de los usuarios de este servicio, no expliquen de manera clara los avances y las consecuencias de cada una de las cláusulas contenidas en los contratos respectivos incluidos en lo relativo a los intereses.

Debemos de tomar en cuenta que el 98% de estos contratos, son contratos de adhesión disfrazados de contratos bilaterales, ya que las cláusulas no son negociadas por las partes y si unilateralmente por las instituciones de crédito, ocasionando que a los particulares no les quede otra alternativa más que aceptar sus condiciones.

En el Código de Comercio en el Artículo 363 establece primero la prohibición y dice: "Los intereses vencidos y no pagados, no devengan intereses", pero a renglón seguido disponen: "los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos".

Como en este Código es del Siglo XIX en el período del presidente Porfirio Díaz se agregó el término "de antemano", y se entiende que el pacto puede ser en el momento mismo de la celebración del acto jurídico generado de obligación de pagos.

Durante mucho tiempo hubo en México estabilidad política, económica y los bancos fueron instituciones si no queridas al menos respetadas por la ciudadanía, pero vino la crisis económica, nuestros gobernantes tomaron decisiones apresuradas y frívolas respecto a los bancos. Primero, los expropiaron sin muchos miramientos y después los regresaron a la iniciativa privada, con reglas poco claras y quienes no tenían, en muchos casos, el oficio de banqueros y los antiguos contratos de crédito a los que el deudor sabía con precisión cuánto tenía que pagar y por cuánto tiempo, quedaron realmente en la historia.

Con la inflación y por la variación internacional de los tipos de interés, los banqueros mexicanos tuvieron que inventar fórmulas para capitalizar intereses en los contratos claramente mercantiles, tenían ya la autorización del Artículo 363 del Código de Comercio.

El alza desmesurada de los intereses en los últimos años, provocó que los deudores de los bancos sintieran como una grave injusticia dos hechos: uno, que se les vinieran cargando intereses sobre intereses y desempolvaron entonces el término anatocismo y dos, que fueron aquéllos los únicos pagado en la crisis económica.

Los magistrados tuvieron que resistir presiones públicas y evidentes de los deudores y según se dice, otras no tan públicas de los banqueros. En su resolución final se dividieron pero la mayoría optó por reconocer la validez del acto del anatocismo.

Lo que se debate en este asunto del anatocismo que desde el punto de vista formal y judicial fue pues resuelto por la Corte, pero que socialmente sigue vivo, es si aceptamos como algo fatal nuestra inserción sin regreso al sistema liberal capitalista o a la llamada mundialización o si reconocemos como lo que hace el derecho social que existen desigualdades verdaderas e injusticias reales en lo relativo entre los integrantes de la sociedad y que en un imperativo a encontrarles soluciones basadas no sólo en la justicia formal, sino que en los principios más profundos de justicia distributiva, que reconozca y que es social y moralmente indebido, que unos cuantos tengan todo y pasen pantanos en las crisis, sin manchar sus alas mientras que otros tienen que luchar a brazo partido por medio de sobrevivir dentro de ella.

En este marco es indispensable corregir en la ley las anomalías que se producen y se traducen en desventajas en que se encuentran en términos generales los deudores y en especial los deudores en los bancos, en los contratos que celebran para obtener créditos. Entre las anomalía a corregir se haya el sistema de capitalización anticipada de intereses, comisiones y demás cargos pactados en cláusulas oscuras escritas con un lenguaje técnico que los particulares en ocasiones no entienden y no pueden cumplir con su cabalidad.

Y sobre todo por la incertidumbre respecto a lo que los deudores pagan en cada abono y ver que en el mismo no pueden efectuar al capital sino a los intereses que aumentan de una manera por demás desmedida, proceso que culmina generalmente con la pérdida de los propios bienes de los deudores por equívoco del legislador cuando estableció la norma en flagelante violación a la justicia.

Decreto que reforma la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 363 del Código Comercio.

Artículo 1o. Se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 46 en la Ley de Instituciones de Crédito, para que pueda quedar como sigue:

Artículo 46. Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

Fracción VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos. En estas operaciones no podrán pactarse al momento de la celebración de la operación, el cobro de los intereses vencidos y no pagados oportunamente, y de hacerlo, la cláusula o contrato en este sentido serán nulos.

Artículo 2o. Se adiciona el párrafo al artículo 363 del Código Comercio, para que se quede de la siguiente manera:

Artículo 3633. Los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intereses. Los contratantes podrán sin embargo capitalizarlos siempre y cuando lo pacten en convenio posterior al acto jurídico que se origine en el adeudo. Por lo tanto serán nulas las cláusulas o contratos en que simultáneamente a la celebración del contrato inicial, se pacten intereses de que no pagarse causará a su vez interés.

Transitorio. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor presidente, solicito se integre el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Como lo solicita, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el diario de los debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicada.

Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Subsidios para Empresas de Aviación.

Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley sobre el Destino de los Bonos del Enemigo.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 aniversario del encuentro de dos culturas.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 5 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México.

Con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, párrafo segundo, 55 y se adiciona una parte final al artículo 64 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Gobernación relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Juan Pablo Santana Valdez, Alicia Margarita de la Fuente Cruz, Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benitez, Sihomara Zúñiga León, Jackeline Itzel Solís González y Natalia Swirski Roldan para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Luis Carlos Astiazarán Orcí, como cónsul honorario de la República de Finlandia.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de primera lectura.

Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes negativos a discusión.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativ., (VOTACION)

EL MISMO C. SECRETARIO: De la Comisión de Hacienda y Crédito Público el resolutivo que declara que no se aprueban las iniciativas materia de este dictamen.

Segundo. Se archiva el expediente. Palacio legislativo. Salón de Sesiones, 3 de febrero, 2004.

EL MISMO C. SECRETARIO: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

EL C. PRESIDENTE: Aprobado. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 75 y 79 de la Ley Agraria.

EL MISMO C. PRESIDENTE: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE: Aprobado. Archívese el expediente como asuntos totalmente concluido.

Tiene el uso de la palabra la diputada Marisol Urrea Camarena, dl grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar Proposición con Punto de Acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que lleve a cabo las verificaciones necesarias al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo, y en caso de que no se cumplan por parte de del grupo concesionario las obligaciones de conservación y mantenimiento en este aeropuerto, y se le sancione o en su caso revoque la concesión conforme a derecho.

- LA C. DIP. MARISOL URREA CAMARENA: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: La que suscribe, diputada federal por el estado de Jalisco, Marisol Urrea Camarena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente

Para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que lleve a cabo las verificaciones necesarias al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo, y en caso de que no se cumplan las obligaciones de conservación y mantenimiento de dicho aeropuerto por parte del grupo concesionario, se sancione o revoque la concesión conforme a derecho bajo la siguiente

Con la Ley de Aeropuertos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 1995, inició la participación de la inversión privada en el Sistema Aeroportuario Mexicano.

En esta Ley se establece que para la administración, operación y explotación de aeropuertos, se requiere de la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conforme a los lineamientos generales para la apertura a la inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano.

El Gobierno Federal abrió este sector a la inversión privada mediante el esquema de concesiones, con los objetivos de conservar, modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria, elevar los niveles de seguridad y eficiencia y mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.

Esta fue la razón por la cual se le otorgó al Grupo Aeroportuario del Pacífico, la concesión de doce centrales aéreas del Centro Pacífico y Centro Norte, entre las cuales se encuentra el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, de Guadalajara.

En virtud de que los aeropuertos son de gran importancia para el desarrollo económico y turístico del país, es necesario que estos cuenten con infraestructura, tecnología y métodos de gestión y operación adecuados para elevar los niveles de eficiencia y operatividad acordes con los estándares internacionales.

En el caso del Aeropuerto de Guadalajara, uno de los más importantes del país, con un aforo promedio de 20 mil pasajeros diarios, existen serias deficiencias en la conservación y mantenimiento de sus instalaciones, así como una funcionalidad y operatividad poco eficaz.

Infraestructura insuficiente de carga dentro del área de operaciones del aeropuerto.

Escasez e ineficiencia de filtros de seguridad para el número de pasajeros que circulan dentro de dicho inmueble.

Adicionalmente, no se observan proyectos de ampliación del aeropuerto, lo que indica que en el corto plazo la capacidad instalada de la terminal será rebasada.

Con base en lo observable, puede determinarse que el concesionario, Grupo Aeroportuario del Pacífico, no está cumpliendo con los compromisos adquiridos mediante la concesión ni con las obligaciones que señala la Ley de Aeropuertos.

Es por estas consideraciones, siendo la Secretaría de Comunicaciones la autoridad responsable de vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar el funcionamiento del Sistema Aeroportuario Mexicano, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente

"Unico.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se lleven a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y en caso de que no se cumplan las obligaciones de conservación y mantenimiento de dicho aeropuerto por parte del grupo concesionario, se sancione o revoque la concesión conforme a derecho.

"Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados el 1º de abril de 2004".

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA (PRI): Gracias, diputada Marisol Urrea.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez.

- EL C. DIPUTADO SANTIAGO CORTÉS SANDOVAL (PRD): Con su permiso, señor Presidente.

- EL C. DIPUTADO SANTIAGO CORTÉS SANDOVAL (PRD): Con su permiso compañeros Diputados y Diputadas.

"El que suscribe, Santiago Cortés Sandoval, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, inciso f), 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, al tenor de los siguientes

"Que con fecha 30 de septiembre de 2003 los integrantes de la Junta de Coordinación Política presentaron ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura la propuesta de proyecto de acuerdo para la integración de las comisiones ordinarias, la cual se presentó al pleno y fue aprobada por mayoría, dando origen a las comisiones ordinarias conocidas hasta ahora conforme a las cuales funciona esta honorable Cámara de Diputados, dejando pendiente la constitución de comités y comisiones especiales.

"Que en el año de 1972 fue declarado por el Ejecutivo Federal Áño de Juárez, por motivo del 150 aniversario luctuoso del prócer benemérito, conmemorándolo con festejos, ediciones y emotivas ceremonias en todo el territorio nacional, cumpliendo los objetivos de arraigar e incrementar la figura y doctrina juarista, como una bandera de soberanía nacional y de fervor patrio.

"Que la historia de México fue construída por la unidad, el esfuerzo, el intelecto y la sangre de muchos mexicanos, quienes sin titubear con el valor y la entereza que caracteriza y debe caracterizar a los mexicanos, iniciaron una lucha libertaria. Ellos vivieron y se entregaron por heredarnos un país libre, democrático, republicano y soberano.

"Que estos hombres y mujeres, héroes de la más genuina entraña popular, no mueren para la historia; por el contrario, crecen ante nosotros como un ejemplo de grandeza y pensamiento que trasciende a las personas. Es Benito Juárez hombre de acción, de lucha, desde el gobierno de su estado Oaxaca, en la Suprema Corte de Justicia, en la Cámara de Diputados y en la Presidencia de la República.

"Que en el contexto nacional de los momentos actuales nos impulsa a retomar los principios de la doctrina juarista y sus ejemplares formas y prácticas de quehacer político para coadyuvar en el cumplimiento de las acciones legislativas de gobierno honestas que tanto clama nuestra sociedad, hoy más que nunca debe ser ejemplo para todos, especialmente para quienes aspiran y ocupamos un cargo publico para servir a México y no servirnos de él.

"Que el espíritu de las leyes de reforma y el Estado laico, consolidados por el prócer Benemérito de las Américas, son principios fundamentales vigentes que debemos defender como piedra angular que se construye la soberanía nacional. No olvidemos sus palabras al señalar: "Mexicanos: Encaminemos ahora nuestros esfuerzos a obtener y consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz".

"Que el próximo 21 de marzo del 2006 se cumplen 200 años del nacimiento del gran estadista mexicano Benito Juárez, quien fuera Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y es reconocido internacionalmente como Benemérito de las Américas.

"Por lo expuesto y mediante el presente, me permito someter a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

"Primero.- Se crea la Comisión Especial de los festejos del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas de la H. Cámara de Diputados.

"Segundo.- La Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del natalicio de Benito Juárez, estará integrada por 13 diputados y diputadas pertenecientes a los grupos parlamentarios que integran esta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con las siguientes funciones:

"b) Impulsar y proponer la realización de actos públicos, conferencias, publicaciones y eventos conmemorativos que se desarrollen durante el 2006.

"b) Convocar a los gobiernos de los estados, los ayuntamientos y a todas las entidades públicas a participar armónica o coordinadamente en todas las celebraciones alusivas al natalicio de Benito Juárez.

"c) Promover la conmemoración nacional en el año 2006 como Bicentenario del natalicio de Benito Juárez y ser el vínculo de la Cámara con los órganos de estados y asociaciones para el impulso de los festejos.

"Artículo Cuarto.- La Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del natalicio de Benito Juárez, contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones, de conformidad con la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados".

-PRESIDENTE, DIP. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA: Muchas gracias diputado Cortés Sandoval.

En el uso de la palabra el señor diputado Raúl Piña Horta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para recomendar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de sus órganos desconcentrados exista una mayor coordinación en el diseño, propuesta de instrumentos económicos, fiscales, financieros y del mercado, destinados a apoyar la internalización de daños ambientales.

-DIP. RAUL PIÑA HORTA.- "Compañeras y compañeros Legisladores: De conformidad al Plan Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001 y 2006, en uno de sus objetivos para la presente administración, es hacer que los agentes económicos incorporen en sus decisiones los costos ambientales de sus acciones, logrando así detener y revertir la pérdida del capital natural de una manera eficiente y descentralizada.

"Uno de los medios para lograr la protección ambiental es la creación de instrumentos económicos que contribuyan a un proceso de desarrollo sustentable como herramienta para una mejor gestión ambiental, vinculándolo con objetivos comunes para que integren efectivamente políticas económicas y ambientales, es decir, eliminación de subsidios, reestructuración de impuestos existentes e introducción de nuevos impuestos ambientales.

"El diseño e implementación de políticas ambientales es una condición importante para lograr un crecimiento económico sustentable junto con la protección del medio ambiente, principalmente en países que se encuentran en un proceso de desarrollo.

"La política ambiental debe reflejar las condiciones sociales, económicas y políticas del país, tomando en cuenta tanto al sector público como al privado y más allá. La política ambiental debe caracterizarse por consistente, estable y permanente en las instituciones.

"El éxito de la política se debe basar en una clara definición de objetivos y prioridades que pueden ser alcanzables y sujetas a medición, permitiendo con ello una planeación avanzada para dar soluciones cuantitativas en materia de depredación de recursos naturales, contaminación y concentración urbana.

"Bajo estas circunstancias, una estrategia de administración ambiental debe fortalecerse para incluir elementos esenciales en legislación, institucionalización, marco conceptual, herramientas de regulación ambiental, apuntalamiento, seguimiento y mejora continua.

"Un elemento indispensable para las instituciones es la coordinación y la comunicación, las cuales deben ser a nivel regional, local, nacional e internacional, para continuar creando una imagen ambiental sólida y consistente en las demandas de una economía abierta y de consumidores cada vez más educados.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de Ingresos, tiene entre otras la facultad para proponer la política de ingresos, incluyendo la política fiscal y aduanera, la de estímulos fiscales para el desarrollo de la economía nacional, la referente a productos, aprovechamientos, precios y tarifas de la Federación.

En coordinación con otras unidades administrativas competentes a la Secretaría y del Servicio Administrativo Tributario, así como de otras dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, en su caso con las entidades federastivas y municipios.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Instituto Nacional de Ecología está facultado, entre otros, para participar en el diseño de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado vinculados a la política ambiental con la finalidad de que las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los operen en el ámbito de su competencia así como crear metodologías y procedimientos para evaluar económicamente al capital natural a través de los bienes y servicios ambientales que prestan y cooperar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para desarrollar un sistema integrado de contabilidad ambiental y económico.

En este sentido, una política ambiental que integra los elementos descritos anteriormente será efectiva solamente si se toma en consideración el papel fundamental de la participación inter institucional entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, misma que, a través del Instituto Nacional de Ecología, cuenta con investigación realizada durante varios años que puede servir de base para la aplicación de instrumentos económicos mencionados.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo.

UNICO.- Se recomienda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de sus órganos desconcentrados, exista una mayor coordinación en el diseño de propuestas e instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado, destinados a apoyar la internalización de costos ambientales.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo a efecto de solicitar a la Junta de Coordinación Política, se integre una Comisión Especial de Seguimiento al caso del señor Cardenal Posadas Ocampo.

-EL C. DIPUTADO FERNANDO ANTONIO GUZMAN PEREZ PELAEZ.-Con su venia, Diputado Presidente. Los suscritos, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Germán Martínez Cázares y José Antonio de la Vega Asmitia, con fundamento en nuestra Ley Orgánica sometemos a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo.

Es de señalarse que con fecha 21 de Noviembre de 2003, la Conferencia del Episcopado Mexicano dirigió una petición a cada uno de los seis Coordinadores de los grupos Parlamentarios de esta Cámara de Diputados, para solicitar la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a las investigaciones del crimen del Cardenal Posadas Ocampo e incluso, de considerarse oportuno, de solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de revisar el proceso de las investigaciones con la finalidad de conocer la verdad y de que prevalezca en todo momento el estado de Derecho, demostrándonos así, el Episcopado Mexicano, la confianza que se tiene en que nosotros, los representantes populares, señores y señoras Legisladores, podamos contribuir eficazmente al esclarecimiento de este crimen y a levantar el velo de impunidad que se ha tendido sobre el mismo.

En tal virtud, el 15 de Diciembre del 2003 su servidor presentó en esta tribuna, con el respaldo de aproximadamente cien compañeros Legisladores, el 20% de esta Cámara, el mayor apoyo que se haya recibido para alguna de las Comisiones Especiales solicitadas, la proposición para crear esta Comisión.

La Junta de Coordinación Política ha dictaminado favorablemente la creación de diversas iniciativas para Comisiones Especiales solicitadas; sin embargo no dictaminó favorablemente la creación de la Comisión para el Seguimiento del caso Posadas, situación a nuestro juicio inexplicable, toda vez que es indudable la trascendencia de este caso y su esclarecimiento para la justicia de nuestro país además de que la averiguación previa y otras se encuentran abiertas y se han denunciado graves irregularidades en las mismas, que fundamentan precisamente la necesidad y la oportunidad de crear esta Comisión de Seguimiento y por otro lado también el asunto en los tribunales no ha sido resuelto en definitiva.

La negativa así a establecer una comisión especial en esta Cámara para el seguimiento del caso Posadas, puede dar la impresión compañeros, de que se quiere esconder el tema bajo la alfombra de este Congreso o en el archivo muerto de la Cámara, cuando existen precedentes importantes del ejercicio legislativo responsable de las facultades que tiene esta Cámara para la creación de comisiones especiales de seguimiento, siendo el más reciente caso el de la Comisión de Seguimiento de los Feminicidios de Ciudad Juárez.

Toda vez que la seguridad, la justicia y la transparencia constituyen algunas de las trascendentales obligaciones del Estado para con la sociedad mexicana, es necesario que nuestras instituciones encargadas de procurar justicia actúen con la debida responsabilidad y eficacia, hasta llegar al fondo de este asunto para conocer la verdad y el motivo real de este magnicidio.

Convencidos de la necesidad de coordinar esfuerzos en nuestros distintos ámbitos de competencia para esclarecer este asunto, insistimos en la imperiosa necesidad de crear esta Comisión especial.

Compañeros, debemos recordar la trascendencia de la justicia en el orden social pues como sostenían los autores del derecho romano, la justicia es un bien general antes que el pan, puesto que sin justicia el puedo no puede digerir el trigo; antes que el arte, puesto que sin justicia no puede apreciarse la belleza; y antes que éxito y los triunfos militares, porque sin justicia no puede haber orden.

Esperamos que pueda lograrse la voluntad política necesaria para la aprobación de esta comisión que no tiene otro objetivo que contribuir en el ámbito de nuestra competencia y con el respeto a las facultades constitucionales y otras instancias al esclarecimiento de este crimen.

Por ello insistimos en la proposición de este punto de acuerdo, para crear la Comisión especial y se solicita a la Mesa Directiva la inserción íntegra de este texto en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

- EL C. PRESIDENTE: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Tiene el uso de la palabra la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo a efecto de exhortar al Ejecutivo Federal para que retire las reservas impuestas al Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos.

Los derechos humanos constituyen uno de los temas de mayor relevancia hoy en día. El estado mexicano debe considerar que tiene hoy la obligación de cumplir con los compromisos contractuales y convencionales que tiene en materia de derechos humanos, como en el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumento jurídico de la mayor relevancia pues es importante recordar que se incluye dentro de la Carta de los Derechos Humanos.

El citado Pacto fue aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el día 18 de diciembre de 1980; el estado mexicano planteó reservas al pacto internacional de derechos civiles y políticos, a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros de 1928.

Las reservas mexicanas a estos tratados, contemplan que la expulsión de extranjeros se producirá de acuerdo a las leyes nacionales refiriéndose al artículo 33 de la Constitución que permite al Poder Ejecutivo Federal hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

Al hacerlo, el gobierno realiza una acción fundada en una norma constitucional que hoy en día carece de sustento y que vulnera principios elementales de justicia, además de que se contradice con las normas universalmente aceptadas en materia de protección y defensa de los derechos humanos.

La existencia en el cuerpo normativo constitucional del numeral 33, es abiertamente contradictorio con las garantías del debido proceso legal plasmadas en el derecho internacional de los derechos humanos, en particular de los instrumentos internacionales antes referidos.

Adicionalmente, estudiosos como Santiago Corcuera refieren, que es un caso extraordinario en el mundo, porque afecta los derechos de cualquier persona sin que tenga derecho a defenderse; es la legalización de la arbitrariedad o una arbitrariedad soportada en la ley. Una vez que un extranjero se encuentra legalmente en un país, puede ser expulsado, sin que se le permita ser oído o escuchado, porque ni siquiera se le brinda el básico derecho constitucional de la audiencia.

A pesar de que los tratados internacionales establezcan la posibilidad para cualquier persona de ser escuchada ante un órgano imparcial que conozca del caso, la reserva relacionada con el contenido del artículo 33 de la Constitución, resulta no sólo improcedente, sino plenamente contraria a las medidas garantizadas que deben prevalecer en todo proceso legal, es decir, el fundamental derecho del acusado a defenderse.

Además, como es el caso de los defensores de derechos humanos y los trabajadores sociales de diversas nacionalidades que han prestado sus servicios en el estado de Chiapas, tal disposición propicia distorsiones y arbitrariedades al conceder al Ejecutivo Federal facultades sumamente discrecionales para expulsar del país, con fundamento jurídico o sin él, a ciudadanos extranjeros.

La facultad del Ejecutivo Federal establecida en el artículo 33, es contraria a los derechos humanos, porque es totalmente discriminatoria y resulta contradictoria con el actual artículo 1° de la Constitución; de tal manera que resulta inaceptable e incongruente sostener la vigencia de una norma de cuyo sustento se trasgrede los derechos humanos de las personas que tienen la condición migratoria de extranjeros, además es insostenible una disposición como la que comentamos, dado el espíritu renovador de la Carta Magna, a la luz de las propuestas de reforma constitucional en materia de derechos humanos que ha enviado el Ejecutivo a esta Cámara.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 5 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo.

Primero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que se retiren todas las reservas hechas al artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Segundo.- De igual manera, se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que retire la excepción a la declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Por su atención, gracias.

-EL PRESIDENTE: Gracias, diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

El siguiente punto del orden del día ha sido retirado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y por su autor el señor diputado don Miguel Luna Hernández. Luego entonces, tiene el uso de la palabra el señor diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de los ingresos de Pronósticos Deportivos que se enteran a la Tesorería de la Federación, el 8% se destine para el fomento al deporte en los municipios del país.

EL DIP. JOSE MANUEL CARRILLO RUBIO: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso.

Nuevamente con fundamento en las disposiciones que nos marca tanto la Constitución como la Ley de nuestra Cámara, presento a la consideración de ustedes el siguiente punto, bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos:

Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica propia y patrimonio, creado mediante decreto presidencial expedido el día 24 de febrero de 1978. Su creación se justificó en el hecho de que ante el crecimiento demográfico del país era preciso recurrir a los medios que, sin elevar las cargas fiscales, se obtuvieran más recursos para una mayor y más amplia satisfacción de los requerimientos de las clases desamparadas, procurando sobre todo mejorar su salud, alimentación y educación, por lo que hacer frente a estas necesidades se resolvió con la conveniencia de establecer en México un sistema de pronósticos deportivos con base a concursos sobre resultados de las competencias, con premios en efectivo.

Actualmente el organismo contribuye a los programas de desarrollo social, de atención a grupos vulnerables, de salud y de seguridad social, de empleo y productividad. Es por ello que el deporte no puede ser tratado como algo secundario; el deporte trae consigo grandes oportunidades de desarrollo humano, económico para una gran nación como es México, y es importante que el Estado amplíe el flujo de financiamiento para el deporte nacional, sobre todo en la célula municipal, por lo que propongo incluir también un porcentaje para el Programa de Apoyos al Deporte, con el objetivo de fomentar e el deporte en sus municipios del país, apoyado en las siguientes consideraciones:

Primera. El decreto de creación de Pronósticos Deportivos, en su artículo 11º establece que de los recursos que se obtengan una vez deducidas las erogaciones e inversiones contenidas en su presupuesto anual y las cantidades que se destinan a formar la reserva de contingencia, así como las demás que se acuerde constituir su Consejo Directivo, se enterará a la Tesorería de la Federación a fin de que se destine a la asistencia pública a través de las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación que correspondan, para programas de desarrollo social.

Los argumentos iniciales para la creación de Pronósticos para la Asistencia Pública, fueron legalizar, ordenar, instrumentar, regular y controlar los juegos y sorteos clandestinos ya existentes en esa época y destinar los recursos generados a beneficio de la sociedad.

De los tres niveles de gobierno, los entes más olvidados son los municipios, siendo éstos los que menores recursos en materia del deporte y promoción del mismo, así como su desarrollo, tienen en su haber, al no contar con recursos e infraestructura necesaria. Le restamos prioridad e importancia al deporte, no obstante, son ellos los que más reclamos y demandas tienen de la ciudadanía que constantemente atrae.

Es de gran relevancia el brindar el apoyo necesario para que desde el municipio se incremente y se desarrolle el deporte, ya que si bien es cierto que los municipios cuentan con recursos para sus funciones, también lo que es que los mismos no cuentan con el presupuesto necesario para su promoción y desarrollo. Por ello, considero de suma importancia que brindemos cuando menos el 8% del presupuesto que se obtiene de Pronósticos Deportivos, al deporte en su escala municipal, ya que es esencial para su integración social, elemento indispensable en el desarrollo integral del individuo y generaría mayor inversión en una población tan exigencia en materia del deporte.

En el uso de la palabra, el señor diputado don Antonio Morales de la Peña, para presentar una proposición con punto de acuerdo para ordenar a la Auditoría Superior de la Federación, audite los fondos federalizados asignados al estado de Colima, con objeto de transparentar el ejercicio de su gasto y en especial a los destinados al pago electrónico de la nómina, suscrita por el propio diputado Morales de la Peña y por el señor diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (sigue turno 38)

Los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos con carácter de obvia y urgente resolución, a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Que la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos deben ser una constante en un estado que se precie de ser democrático. Como representantes populares e integrantes del Poder Legislativo, debemos poner atención en la fiscalización de dichos recursos, para vigilar la correcta aplicación de los mismos, y en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes de los mismos.

Los ciudadanos que representamos y a los cuales nos debemos, tienen el derecho de saber en qué se gasta cada peso de los impuestos que recauda el gobierno y qué beneficios públicos concretos trae consigo la inversión de dichos recursos.

Que el pasado 11 de marzo, elementos de la Policía Federal Preventiva, detuvieron en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, al ciudadano Manuel Mejía Rosas, quien traía consigo 82 tarjetas bancarias de pagomático internacional de Banamex, que utiliza el gobierno del Estado de Colima para el pago de la nómina de los trabajadores a su servicio.

Que el detenido Manuel Mejía Rosas, declaró ante los elementos de la Policía Federal Preventiva, que trabajaba en el Gobierno del Estado y que un empleado lo instruía o le ordenaba hacer retiros de aproximadamente 15 mil pesos quincenales de cada tarjeta, y que el monto total de los retiros ascendía a aproximadamente entre los 800 mil y el millón y medio de pesos quincenales, siendo que se trasladaba a Puerto Vallarta para realizar más retiros.

Que en la agencia del Ministerio Público de Puerto Vallarta, el indiciado declaró que la licenciada Concepción Yerenas Tejada, Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Colima y con quien laboraba, era quien le ordenaba sacar el dinero de las tarjetas que al reverso tenían con pluma el NIP para acceder a los cajeros automáticos donde sacaba el dinero, y quien le dijo, que no le pasaría nada ya que el Secretario de Finanzas y el Gobernador sabían de todo esto, realizando esto desde el mes de julio o agosto del año 2003.

Que sin duda, estas declaraciones demuestran que por lo menos desde a mediados del 2003, se han presentado serias irregularidades, desvíos de recursos públicos y hechos delictuosos que dañan gravemente las finanzas públicas del Estado de Colima.

Que el Gobierno del Estado de Colima funciona en mayor parte por los recursos recibidos de la Federación, por lo que no es válido que éstos sean sustraídos para destinarlos a fines no públicos y presupuestados o para favorecer a determinadas personas de manera ilegal.

Que ante estos acontecimientos, es urgente y necesario que la Auditoría Superior de la Federación, practique una revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Colima, poniendo especial atención a los utilizados en el pago electrónico de la nómina.

Por las anteriores consideraciones expuestas, es que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación, para que realice a la mayor brevedad posible, una auditoria de los recursos de origen federal otorgados al Estado de Colima, a fin de transparentar el gasto y fiscalizar el destino y la aplicación de dichos recursos públicos, sobre todo practicando una revisión exhaustiva a los recursos destinados al pago electrónico de la nómina y en su caso, se deslinden las responsabilidades que correspondan.

Suscribe, su servidor, el diputado Antonio Morales de la Peña y el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Compañeras y compañeros legisladores, ante estos hechos sin duda hay fundamento para suponer que nos encontramos ante un fuerte caso de corrupción, que debe ser investigado para que no quede impune, por lo menos estaríamos hablando de un desfalco a las arcas públicas de 36 millones de pesos al año.

Si bien es cierto que el gobernador Gustavo Vázquez ha declarado que ha dado órdenes precisas a la Procuraduría para investigar a fondo, con el ya clásico "caiga quien caiga", en los hechos vemos una actitud de encubrimiento por parte de la Procuraduría Estatal.

Por esto –termino, señor Presidente- es importante que una entidad ajena al gobierno del estado, pueda investigar este caso, como la Auditoría Superior de la Federación, como esperamos que también lo haga la Procuraduría General de la República ante una denuncia penal que presentaremos.

En virtud de que éste asunto está listado como de urgente y obvia resolución, rogamos a la Secretaría consulte a la Asamblea si así se considera.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO.- Con todo gusto, diputado Presidente.

En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Señor Presidente, como se trata de un punto de acuerdo que se requiere de las dos terceras partes, tengo duda en la votación. Si usted lo dispone, que pueda ser por medio de tablero electrónico.

EL C. DIP. WINTILO VEGA MURILLO, (desde su curul).- En términos del artículo 148, le solicito, a nombre propio y de los compañeros que están levantando la mano, pueda hacerse esta votación nominal.

Instruya la Secretaría, a efecto de que se abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO.- Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de la proposición, para saber si se considera de urgente resolución.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO.- Diputada Díaz del Campo.

EL C. DIP. MIGUEL ANGEL GARCIA DOMÍNGUEZ, (desde su curul).- Rectificación de voto a favor.

-LA MISMA C. SECRETARIA: Señor presidente, se emitieron 211 votos a favor y 182 en contra.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

En el uso de la palabra la diputada María Guadalupa Morales Rubio del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del programa de deportación lateral puesto en marcha por el gobierno de los Estados Unidos de América y que es violatorio de los derechos humanos los migrantes mexicanos según decir de la iniciante.

-LA C. DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO: Con el permiso de la presidencia. H. Asamblea. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de este órgano colegiado, la proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del programa de deportación lateral puesto en marcha por el gobierno de los Estados Unidos y que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes y las migrantes mexicanos y mexicanas, bajo las siguientes

Que el 8 de septiembre del 2003 de forma unilateral, el gobierno de Estados Unidos inició el programa de repatriación lateral, el cual consiste en un plan a gran escala, que incluye agentes, aviones y medidas de seguridad, como el uso de esposas en los migrantes y el traslado de Arizona a Texas, alejándolos de los puntos más cercanos para su deportación.

En aquel mes de septiembre el Senado de la república elevó un Punto de Acuerdo para reclamar las irregularidades de este programa así como las violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos.

Derivado de lo anterior y de diversas negociaciones entre el gobierno mexicano y estadunidense, se celebró la firma del Memorándum de Entendimiento entre las Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos.

A pesar de que en su momento se elogió este acto, hemos tenido conocimiento que en la práctica aun se sigue llevando a cabo, es el caso de José Oscar Orozco migrante de Zapopan, entre muchos otros, cuya deportación fue dada a conocer por los medios de comunicación en este mismo mes de marzo. Estamos preocupados por esta situación y estamos preocupados porque el documento a que he hecho mención, quede sólo en esto, en un simple papel.

Es importante para nuestros migrantes y para nosotros como legisladores conocer los alcances y los avances del memorándum de entendimiento sobre la repatriación digna, segura, ordenada y humana de nacionales mexicanos, del plan de acción entre México y Estados Unidos para la cooperación sobre seguridad fronteriza del 2004, especialmente en lo referente a

Urgimos a la parte mexicana de la Comisión Coordinadora, representada por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que se concluyan las tareas tendientes derivadas de la firma del memorándum de entendimiento, específicamente en la parte final del inciso c) del artículo 1, el inciso c) del artículo 3o. y el artículo 5o. y todas aquellas líneas de acción de este plan entre México y Estados Unidos para la cooperación sobre seguridad fronteriza.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Pleno el siguiente:

Primero. Que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informe a esta Soberanía si tienen conocimiento de los casos e incidentes que pudieran implicar maltrato o posibles violaciones a los derechos humanos de nuestros migrantes y que se investigue a fondo la continuación total o si es parcial, de este programa de deportación lateral de los Estados Unidos.

Segundo. Solicitamos a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores en su carácter de integrantes de la Comisión Coordinadora del Plan de Acción para la Seguridad Fronteriza, se den a conocer los avances de las negociaciones sobre el artículo 5o. del Memorándum de Entendimiento que refiere a los mecanismos de repatriación de nacionales a sus lugares de origen, mejor conocido como repatriación interna.

Túrnese a las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía, para que a través de la Comisión Reguladora, de acuerdo con sus facultades, establezca mecanismos de coordinación para prevenir accidentes de las compañías que tienen a su cargo la concesión de la distribución de gas natural en el Distrito Federal.

-DIP. FERNANDO PERDOMO BUENO: Con su venia diputado presidente; compañeras y compañeros:

Los que suscribimos diputados del grupo de Convergencia con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 de nuestro Reglamento Interior, presentamos ante esta soberanía la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora, a que de acuerdo a sus facultades, se establezcan los mecanismos de coordinación para prevenir accidentes por parte de las compañías que tienen a su cargo la concesión de la distribución de gas natural en el Distrito Federal, sobre la base de los siguientes antecedentes y consideraciones:

Primero. La Ley de Comisión Reguladora establece en su artículo 2o. que dicha comisión tendrá por objeto promover el desarrollo eficiente de la distribución del gas natural, así como la protección de los intereses de los usuarios, atendiendo a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

Segundo. Para el cumplimiento de su objetivo la Comisión Reguladora tiene la facultad de solicitar a las autoridades competentes de acuerdo a la fracción XVIII del artículo 3, la aplicación de medidas de seguridad cuando tenga noticia de un hecho que pueda poner en peligro la salud o la seguridad pública.

Tercero. Sin embargo, las empresas que tienen la concesión en las 16 delegaciones del D.F., no han instalado adecuadamente sus sistemas de distribución, ni tampoco han instalado las suficientes señalizaciones para evitar que otras empresas que operan otros sistemas de redes, no provoquen accidentes.

Esta falta de coordinación e información ha provocado problemas a la hora del desplazamiento de las tuberías. Asimismo las empresas telefónicas al utilizar herramientas cortantes han roto ductos de polietileno, sobreviniendo con ello fugas en las tuberías de gas natural.

Cuarto. Por otro lado, los propios trabajadores del Distrito Federal o de empresas contratadas que hacen reparaciones en el sistema hidráulico de la ciudad, han dañado otros sistemas de redes, incluidas también las de gas, provocando con ello fugas de líquido y alarmas en las zonas densamente pobladas.

De acuerdo a reportes del Gobierno del Distrito Federal, en el 2003 ocurrieron seis fugas y dos explosiones de gas natural y es de resaltar que en repetidas ocasiones los vecinos se han quejado porque las cepas permanecen abiertas durante días, sin contar estos lugares con los señalamientos respectivos.

Quinto. Las investigaciones que se han hecho de los accidentes por parte de la Comisión Reguladora de Energía no han convencido ni a las autoridades del D. F. ni a los afectados. Los resultados de la investigación sobre la fuga de gas en la colonia Tetepan de Xochimilco, por poner un ejemplo, han puesto en evidencia las probables componendas entre las empresas, inclusive con la misma propia Comisión, en virtud que los peritajes realizados no se han hecho con el suficiente profesionalismo.

Por principio, las irregularidades que se han detectado van desde instalaciones que no cumplen con la normatividad correspondiente, defectos en los ductos, la instalación de los mismos a profundidades no adecuadas y cercanos a otros sistemas de redes o estructuras, empaques mal hechos y desde luego la falta de señalización.

Esta situación obliga a que todas las dependencias involucradas en el sistema de protección civil tengan que coordinarse con la Comisión Reguladora y establecer, de manera conjunta, un sistema de información, colaboración y prevención que corten de raíz los riesgos fatales para los habitantes de la Ciudad de México.

No debemos escatimar esfuerzos en materia de prevención y seguridad en los capitalinos. Todos los que habitamos en esta Ciudad nos merecemos contar con sistemas de información eficaces y con la seguridad de que no están en riesgo nuestras familias ni nuestra integridad física.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convengencia propone el siguiente punto de acuerdo.

Unico. Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora que, de acuerdo a sus facultades, se establezcan mecanismos de coordinación necesarios a fin de prevenir accidentes por parte de las compañías que tienen a su cargo la concesión de la distribución del gas natural en el Distrito Federal.

En el uso de la palabra el señor diputado Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo gire sus instrucciones a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para que se establezcan nuevas tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua y se cree una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en el mismo estado.

Señor presidente, por respeto al tiempo de los diputados que integran esta soberanía y en razón de que la proposición que estoy presentando se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, procederé a leer un extracto de la misma, solicitando que se integre la proposición completa en el Diario de Debates.

Jorge Castillo Cabrera, diputado federal a 59 Legislatura por el estado de Chihuahua e integrante del grupo parlamentario del PRI de la H. Cámara de Diputados, los demás diputados integrantes de la coordinación del estado de Chihuahua del mismo grupo parlamentario y los diputados de los diversos grupos parlamentarios que suscriben, sometemos este documento con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Que de nueva cuenta el campo de Chihuahua se está convulsionando, dada la falta de cumplimiento del acuerdo para el campo y de la Ley de Energía para el campo;

que las autoridades federales han optado por proceder judicialmente antes de concluir las negociaciones para la solución de los problemas del campo chihuahuense;

que el sistema de tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad es un serio problema para el desarrollo del campo, ocasionando que una gran cantidad de campesinos se encuentren con enormes adeudos por este concepto, motivando el cierre de los pozos por parte de dicha Comisión.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someten a la consideración de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo:

Primero: Exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para que dé las instrucciones correspondientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para adoptar las medidas necesarias para establecer tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua y en cuanto sea aplicable, para todo el país, que constituyan un verdadero apoyo y estímulo para la realización de sus actividades en mejores condiciones de competitividad y rentabilidad, atendiendo a principios y objetivos establecidos en la Ley de Energía para el Campo. Consecuentemente las nuevas Reglas y Tarifas deben sustituir a las que se han venido aplicando hasta ahora, denominadas: 9C-1, 9-N9 y 9-N, así como la fórmula designada como límite de energía anualizada.

Segundo: Igualmente se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que instruya a las dependencias indicadas en el punto anterior a efecto de que se establezca y aplique una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en el estado de Chihuahua.

Tercer: Exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para que proceda con la colaboración que corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a abrogar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del 2003 y a la consecuente publicación, entrada en vigor y aplicación del Reglamento aprobado en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo.

Cuarto: Se solicita de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como de la Comisión Federal de Electricidad, de Luz y Fuerza del Centro, el que se establezca una mesa de diálogo y concertación para que dichas entidades con la participación de los representantes de las organizaciones y movimientos sociales, involucrados en el conflicto busquen una solución adecuada y equitativa al problema de las tarifas eléctricas en los pozos agrícolas de Chihuahua.

Quinto: De la Comisión Federal de Electricidad se solicita la supresión inmediata de los cortes de energía eléctrica y en su caso la inmediata reconexión de dicha energía a los pozos de uso agrícola.

Sexto: Exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que se sirva girar instrucciones a las autoridades mencionadas en el punto anterior y al Procurador General de la República, para que en la búsqueda de la solución del problema, materia de este Acuerdo, se privilegie el diálogo y los acuerdos que permitan el impulso a la productividad y rentabilidad de las actividades del campo, procediendo en consecuencia al cese inmediato de todo lo relacionado con denuncias o querellas en contra de usuarios de energía eléctrica que se han manifestado en contra de la aplicación de las tarifas de energía eléctrica en la entidad. Lo anterior incluye las órdenes de aprehensión y de presentación, pues ambas son medidas de intimidación que interfieren con el diálogo y la concertación.

Séptimo: Exhortar al Titular del Poder Ejecutivo y a las dependencias y entidades que se mencionan en estos Puntos de Acuerdo, para que den debida, cabal y oportuno cumplimiento a la Ley de Energía para el Campo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2002.

Octavo: Que las dependencias y entidades que se mencionan en el punto primero de este Acuerdo, informen a esta Cámara de Diputados sobre las propuestas que las Legislaturas Estatales y de... (Termino, señor Presidente) ...y de la Cámara de Diputados, los informes sobre las tarifas eléctricas.

Señoras y señores legisladores: A esta Presidencia ha llegado una petición de la Junta de Coordinación Política a efecto de adelantar el turno de la Proposición con punto de Acuerdo para la interposición de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la celebración de contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos, a cargo del señor diputado don Pablo Gómez Alvarez.

Luego entonces consulta la Secretaría a la Asamblea si se adelanta el turno que la Junta de Coordinación Política ha propuesto.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se autoriza que se adelante el turno respectivo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

- EL C. PRESIDENTE: Luego entonces tiene el uso de la palabra el señor diputado Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para la interposición de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la celebración de contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos.

- EL C. DIPUTADO PABLO GÓMEZ ALVAREZ (PRD): Agradezco a la asamblea se haya obsequiado esta posibilidad que solicité, debido a que el punto estaba agendado en el número 60 de la orden del día y probablemente hubiéramos tenido que esperar a que se instalara la Comisión Permanente del Congreso para poderla presentar. Pero hay un plazo fatal, que es el 15 de abril, para que la Cámara presente, si acaso lo considera conveniente, la controversia.

Le solicito que, habida cuenta que ha sido publicada la proposición con punto de acuerdo en la Gaceta del día de hoy, simplemente le dé curso a la Comisión de Puntos Constitucionales y la demos por conocida, y espero que la Comisión de Puntos Constitucionales dictamine a la brevedad esta proposición con punto de acuerdo para que la Cámara pueda tomar una decisión.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA (PRI): A usted diputado Gómez.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, habida cuenta que está publicado, como usted ya lo informó, en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para hacer un atento exhorto a las Secretarías de la Función Pública y de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría General de la República, a efecto de que en el ámbito de su competencia investiguen al Servicio Postal Mexicano por el presunto robo de cheques enviados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América a migrantes mexicanos por concepto de pensión y devolución de impuestos.

- EL C. DIPUTADO JOSÉ RAMÓN GALINDO NÁJERA (PAN): Ver a un mexicano migrar hacia otras tierras para conseguir el sustento familiar es algo que lastima a todos, pero verlo regresar para darse cuenta de que el producto de su esfuerzo enviado a su familia a través del Servicio Postal Mexicano nunca llegó, porque fue robado, eso es verdaderamente vergonzoso.

Hace algunas semanas ante diversas denuncias y hechos contundentes en cuanto a la sustracción de cheques enviados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vía SEPOMEX, por concepto de pensión o devolución de impuestos, decidí presentar este punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública una investigación a fondo sobre este asunto.

Como antecedentes ofrecí cifras del Consulado de Estados Unidos en Juárez, en las que se establece que durante el 2002 fueron robados alrededor de 2000 cheques del Seguro Social americano, cuya cantidad oscila entre 400 y 600 dólares cada uno, dando un total aproximado de seis millones de dólares.

Dado que en México radican más de 66 mil beneficiarios del Seguro Social estadounidense, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se vio obligado a buscar un convenio bancario para hacer la entrega de los recursos ¡ante la poca confianza que se tiene en el correo público mexicano!

Al mismo tiempo, solicité informes tanto a la SCT como a la Secretaría de la Función Pública sobre el asunto, dependencias que me hicieron llegar oficios al respecto, donde en primer lugar establecen que efectivamente existe un seguimiento por parte de las autoridades en este caso, aunque nada comparado con la gravedad que esos mismos datos dan a conocer en cuanto a lo grande que resulta la red delictiva involucrada.

SEPOMEX aclaró que fueron 10 mil 167 los cheques robados en el 2002 y que en consecuencia 9 personas ajenas al organismo fueron detenidas, de las cuales 6 están bajo proceso. Además se comprometió a denunciar todas aquellas irregularidades que en materia postal ocurran ante las autoridades federales.

Más alarmante resulta el oficio de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Función Pública en el que establece que los robos se presentan desde 1998 y que solo fue hasta el 2000 que se pidió la colaboración del CISEN, AFI y UEDO.

Posteriormente, según informa, se detecta que la red de delincuencia organizada incluye a trabajadores de SEPOMEX, de la Policía Federal Preventiva, de la Policía Auxiliar de la Secretaría Pública del Distrito Federal, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Aeromexpress, servicios de apoyo en tierra, así como de líneas aéreas, seguridad privada y empleados de casas de cambio.

Además 8 personas fueron detenidas conforme a la averiguación y se proyecta la participación del Sistema de Administración Tributaria y el establecimiento de otros mecanismos para la identificación de más funcionarios involucrados.

"Evidentemente, amigos diputados, los informes recibidos hasta ahora son más preocupantes que la denuncia misma. Creo que nuestros connacionales e inclusive aquellos estadounidenses que reciben una vez que viven en México, una prestación similar vía SEPOMEX, tienen el derecho a saber con certeza que esos recursos estarán seguros y les llegarán a tiempo.

"Primero.- Que se haga un atento pero urgente exhorto a los Secretarios Pedro Cerisola, Eduardo Romero y Rafael Macedo de la Concha, para que a la brevedad posible amplíen e intensifiquen la investigación sobre el robo de cheques a migrantes en SEPOMEX que envía el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por concepto de pensión o devolución de impuestos.

"Segundo.- Se les fije un plazo prudente para enviarnos un informe sobre este asunto".

Señor Presidente, solicito atentamente que se publique íntegramente este punto de acuerdo. Y a todos ustedes amigos, les pido que le demos el tratamiento a este asunto como de urgente resolución por una razón. En este momento precisamente pueden estarse dando casos similares que afecten al os migrantes mexicanos y no puede esperar esta Cámara de Diputados para expresarse con energía, para que la investigación siga adelante y se amplíe hasta donde corresponda para sacar a la luz pública un hecho que nos llena a todos de vergüenza.

-PRESIDENTE, DIP. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en virtud de que está listado como de urgente y obvia resolución, consulte la Secretaría a la asamblea si así se considera.

-SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución al proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

No habiendo registro de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la proposición que nos ocupa.

-MISMA SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse la proposición con Punto de Acuerdo para hacer un atento exhorto a la Secretaría de la Función Pública y de Comunicaciones y Transportes, y a la Procuraduría General de la República, a efecto de que en el ámbito de su competencia investiguen al Servicio Postal Mexicano por el presunto robo de cheques enviados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, a migrantes mexicanos por concepto de pensión y devolución de impuestos.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

En el uso de la palabra el señor diputado don Víctor Suárez Carrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al pleno de la Cámara de Diputados a honrar la memoria de las víctimas de los atentados de Madrid y de la invasión a Irak, así como a exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que se adopte una política exterior activa, que contribuya al fin de la ocupación norteamericana y evite las guerras en el mundo.

-DIP. VICTOR SUAREZ CARRERA: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente.

"Compañeras Legisladoras; compañeros Diputados: El pasado 20 de marzo se cumplió un año de la invasión y ocupación del Ejército Estadounidense y sus aliados contra Irak. Dicha invasión se llevó a cabo violando flagrantemente el derecho internacional con la oposición explícita del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y el rechazo de la comunidad mundial.

"Esta intervención unilateral representó uno de los acontecimientos más negros en la situación política internacional de las últimas décadas, el gobierno del Presidente George Bush emprendió una nueva invasión en forma ilegal e injusta contra un país soberano, Miembro de la Comunidad Internacional en el marco de una nueva estrategia de seguridad preventiva y de unilateralismo neo imperial. Para ello utilizó como pretexto la existencia de armas -de destrucción masiva en manos de la dictadura de Sadam Hussein y los supuestos vínculos entre dicho régimen y el grupo terrorista de Al Kaeda .

Sin disponer de información creíble al respecto, el Gobierno del Presidente Bush y sus aliados emprendieron una campaña de mentiras y manipulación de proporciones globales con la complicidad de los grandes consorcios de comunicación masiva para engañar a sus pueblos, a sus Congresos y a la opinión pública. La invasión norteamericana en realidad buscaba el control del petróleo iraquí, fortalecer a su aliado israelí frente a Pulea (?) palestino árabe así como a implantar su dominio político y militar directo en el corazón de una de las regiones más estratégicas en el actual consenso de disputa por la hegemonía mundial debilitando de paso la influencia en dicha región de la Unión Europea y de Rusia.

La guerra de Irak ha significado la muerte de aproximadamente 10 mil civiles iraquíes, ha destruido la economía de un país y buena parte de su patrimonio cultural y ha impuesto el control de las reservas y las exportaciones petroleras en manos de los Estados Unidos.

Irak se encuentra en una inestabilidad política en resistencia creciente y violenta contra las tropas invasoras y la población civil sufriendo en forma brutal las consecuencias de una dictadura sangrienta a la par de una ocupación no menos ofensiva.

El mundo no es mas seguro ahora, al contrario, la doctrina de Bush de guerra preventiva y de unilateralismo estadounidense han contribuido a empeorar la estabilidad mundial creando nuevos obstáculos para alcanzar los acuerdos políticos necesarios en muchas regiones del mundo. Con estos acontecimientos, el terrorismo la carrera armamentista, la proliferación de armas nucleares han recibido un nuevo impulso, los atentados en Madrid del pasado 11 de Marzo constituyen una terrible constatación de ello.

Esta Cámara de Diputados debería guardar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas españolas del terrorismo, así como también debería hacerlo por las víctimas iraquíes de la guerra, debemos reconocer que el Gobierno Mexicano actuó correctamente para oponerse a la invasión estadounidense en Irak, no importa que lo hiciera bajo la presión de la opinión pública y de las fuerzas políticas del país, después de ello, sin embargo, el Gobierno del Presidente Fox ha adoptado una posición de culpa de su misión extrema a la política de Bush y de completa pasividad y complacencia respecto a la permanencia de las tropas de ocupación en Irak y frente a la continua violación de los Derechos Humanos y de la población, así como violación del Derecho Internacional.

Por ello, la Política Exterior de México debería proponerse una estrategia para lograr el combate al terrorismo que sea llevado a cabo mediante acuerdos multilaterales alcanzados a partir de la discusión serena, desinteresada, crítica y profesional de las opciones disponibles.

Por todo lo anterior, me permito poner a consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo y de urgente y obvia resolución.

Primera: Se propone a esta Soberanía expresar su pesar y solidaridad por las víctimas de los atentados terroristas de Madrid, del 11 de Marzo pasado, guardando un minuto de silencio y al mismo tiempo, hacerlo también por las víctimas iraquíes de la invasión norteamericana.

Segunda:- Apoyamos las enérgicas manifestaciones en contra de la invasión norteamericana en Irak expresadas por la sociedad civil en todos los países del mundo.

Tercera:- La Cámara de Diputados expresa su condena a la invasión estadounidense en Irak y exhorta al Gobierno de dicho país que para que proceda al restablecimiento de la legalidad internacional, desocupe Irak, permita a ese pueblo ejercer su inalienable derecho a la Auto Determinación y se abstenga de nuevas agresiones en el mundo. Y último,

Cuarta:- SE exhorta al Ejecutivo Federal para que emprenda una política exterior activa a favor del retiro de todas las fuerzas extranjeras de Irak y proponga nuevas fórmulas de combate al terrorismo basadas en acuerdos multilaterales en el marco de una reforma democrática de la Organización de las Naciones Unidas

-EL C. PRESIDENTE. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se considera el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

Los ciudadanos Diputadas y Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Gracias. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

- EL C. DIP. VICTOR SUAREZ HERRERA: (desde su curul) Señor Presidente, pido que se haga a una votación nominal para verificar el voto. Fue claro la mayoría afirmativa, por lo que pido que se haga la votación nominal.

- EL C. PRESIDENTE: ¿quiénes lo respaldan, señor diputado? Abrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para obsequiar la petición del señor diputado iniciante.

- LA C. SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Abrase el sistema electrónico de conformidad con el artículo 161 del Reglamento del Congreso de la Unión. Hágase los avisos respectivos. Por cinco minutos.

- EL C. PRESIDENTE: Esta Presidencia ratifica el turno a la Comisión de Relaciones Exteriores.

En el uso de la palabra el señor diputado don Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación aplique una auditoría técnica y de desempeño a la investigación desarrollada por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República en el caso Colosio.

-EL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS: El pasado 23 de marzo al conmemorar el X Aniversario Luctuoso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, la sociedad mexicana reiteró su demanda de justicia ante el cobarde y artero crimen que hace una década impacto la vida política de México.

Quizás la más importante reflexión que hoy podemos hacer, es destacar la inconformidad de una sociedad agraviada por los resultados de una investigación, que desde el primer momento anticipó conclusiones cuando ni siquiera se había iniciado y agotado las diversas líneas de investigación.

De todos son conocidas las conclusiones emitidas por la Subprocuraduría Especial de la Procuraduría General de la República, acerca de la investigación del homicidio de Colosio. Un extenso y detallado informe que al día de hoy, continúa generando dudas en la sociedad, puesto que no ha logrado prevalecer la verdad histórica por sobre la verdad jurídica.

Vale la pena recordarle desde esta tribuna al Presidente Vicente Fox, que en campaña ofreció esclarecer lo que él mismo calificó como un crimen de Estado; compromiso que hoy se contrapone con la posición asumida por las dependencias competentes de su gobierno, que han expresado su negativa a reabrir el expediente de una investigación errática en sus métodos y en sus procedimientos.

Y es que no basta honrar la memoria de Luis Donaldo Colosio con la develación de bustos de bronce en los jardines de la residencia oficial de Los Pinos; se requiere de acciones determinantes que contribuyan a esclarecer su asesinato por el bien de México y de las futuras generaciones de mexicanos.

Para Convergencia llegar al fondo de la investigación del homicidio de Colosio, es el paso indispensable para forjar un México diferente en el que no prevalezca la impunidad y la violación sistemática de nuestro estado de derecho.

De ahí, que con fundamento en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, demandemos que se practique una auditoría técnica y de desempeño a la investigación desarrollada por la Fiscal Especial del caso Colosio, a través del órgano de fiscalización con que cuenta el Poder Legislativo.

Asimismo, que en el ámbito de sus respectivas competencias la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría Interna de la Procuraduría General de la República, practiquen en paralelo la auditoría de desempeño a la multicitada investigación. El resultado de las auditorías propuestas, nos darán los elementos suficientes para constatar que la investigación se haya apegado estrictamente a la ley, así como a determinar con criterios técnicos, si los métodos y procedimientos aplicados por los subsecuentes fiscales del caso Colosio, son los exigibles y pertinentes y en caso contrario, nos proporcionara los elementos jurídicos indispensables para exigir la reapertura del caso.

Con base en lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente punto de acuerdo.

Único.- Que esta soberanía mediante la Auditoría Superior de la Federación, con la acción concurrente de la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría de la Procuraduría General de la República, en sus respectivos ámbitos de competencia, apliquen una auditoría técnica y de desempeño a la investigación desarrollada por la Fiscalía Especial del caso Colosio y emitan el dictamen e informe procedente. Es cuanto, señor Presidente.

-EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado Luis Maldonado Venegas. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

En el uso de la palabra el señor diputado don Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la instalación de plantas regasificadoras en Baja California.

Integrantes de esta Cámara de Diputados: El que suscribe, diputado federal Raúl Pompa Victoria, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a este pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

Baja California es la entidad federativa que se encuentra en la parte más septentrional del territorio nacional, con características geográficas estratégicas y económicas que la sitúan como una excelente opción para los negocios multinacionales, además, en los litorales de ambos lados de su territorio se encuentra con flora y fauna marina única en el mundo. Entre muchas especies, es el tránsito de las ballenas que en los meses de octubre y noviembre viajan del Pacífico Norte hacia la parte media de la península y en los meses de marzo y abril utilizan la misma ruta para regresar Hacia el norte. Asimismo, se cuenta con un corredor turístico que abarca la costa del Pacífico entre las ciudades de Tijuana y Ensenada.

Baja California ha sido uno de los estados mexicanos elegidos para el establecimiento de empresas extranjeras dedicadas a la actividad de ensamblar productos que surten la gran demanda del mercado del vecino país del norte y particularmente de estado de California, y por empresas nacional que son orgullo del desarrollo y derrama económica local, con lo que se ha mantenido un bajo desempleo, pero siempre cuidando que la contaminación del medio ambiente, los riesgos de inseguridad y el impacto ecológico no sean factores que afecten al desmedido crecimiento poblacional.

Recientemente, por esas ventajas que ofrece la ubicación geográfica de esta entidad, se han interesado en esa zona empresas trasnacionales regasificadoras de gas natural para surtir ese producto desde ahí al estado de California, ya que en esa entidad no se les permite su instalación por las consecuencias ecológicas y riesgos propios del manejo y almacenamiento del combustible mencionado.

Los argumentos de beneficio a favor de la zona costa del estado no han convencido a los pobladores de la región, lo que provoca conflictos de interés y prioridades que no logran conciliarse. Recientemente el Gobierno del estado de Baja California envió una invitación a la comunidad internacional, mismo documento que se anexa, para que todas las empresas que lo deseen se establezcan en el territorio estatal para realizar actividades de regasificación de gas natural para satisfacer las necesidades del estado de California, sin tomar en cuenta lo establecido en los artículos 27 y 28 de nuestra Carta Magna ni de la opinión de los pobladores de la zona en cuestión.

Tomando en cuenta que los mandantes de cualquier gobierno son los habitantes del territorio que se deslinda constitucionalmente, los que, por el poder que ejerce en lo anteriormente expuesto por el Ejecutivo del estado, están en desventaja. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Unico. Se forme comisión especial de diputados integrantes de comisiones afines a este propósito, para investigar la viabilidad del establecimiento de empresas regasificadoras en la costa de Baja California con el Océano Pacífico, apegándose a las disposiciones constitucionales, ecológicas y de riesgo para los habitantes de esa región.

Solicito a la Presidencia se me incluya en dicha comisión y que este punto de acuerdo se turne para su integración, a la Junta de Coordinación Política y ruego también, no se someta a la urgente resolución como se menciona en el orden del día.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., 1° de abril del 2004, diputado Raúl Pompa Victoria y diputados firmantes que cumplen con el 25% de la LIX Legislatura que requiere el artículo 93.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado don Raúl Pompa, y como lo solicita, túrnese al a Junta de Coordinación Política.

Esta Presidencia informa a la asamblea, que el punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, a efecto de que se destinen los recursos necesarios para que se realicen los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y los Zapotes del Estado de Puebla, ha sido pospuesto por su iniciante.

A esta Presidencia ha llegado una comunicación de la Junta de Coordinación Política, a efecto de que se adelante el turno en el orden del día, del punto de acuerdo respecto al caso que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya, por la situación de 52 mexicanos sentenciados a la pena de muerte en los Estados Unidos de América.

Por lo tanto, se ruega a la Secretaría, consulte en votación económica, si se es de obsequiarse el adelanto de turno de este asunto planteado.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si es de obsequiarse el adelanto del turno del punto referido.

EL PRESIDENTE: Luego entonces tiene el uso de la palabra la diputada Adriana González Carrillo, para presentar una proposición con punto de acuerdo respecto al caso que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por la situación de 52 mexicanos sentenciados a la pena de muerte en los Estados Unidos de América, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Primero que nada quisiera agradecer a los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política para que este punto pudiera ser presentado el día de hoy.

Primero.- Que la Cámara de Diputados salude el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena y otros nacionales mexicanos contra los Estados Unidos de América, donde se pronunció a favor de la argumentación mexicana al respecto de que en 51 de los 52 casos presentados por México, se violaron los derechos consulares de los detenidos, y por tanto, sus sentencias a pena de muerte fueron el resultado de un juicio injusto.

Segundo.- Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se pronuncie a favor de la tesis de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena y otros nacionales mexicanos en contra de los Estados Unidos de América, según la cual, un estado debe revisar y reconsiderar un proceso penal en contra de un ciudadano extranjero, especialmente cuando su resultado es la pena capital, cada vez que en su desahogo viole la norma que emana el artículo 36 de la Convención de Viena, sobre relaciones consulares.

Tercero.- Que se extienda un reconocimiento al equipo defensor de nuestros connacionales ante la Corte Internacional de Justicia, por su extraordinario desempeño en este juicio.

La Honorable Cámara de Diputados desea extender un digno reconocimiento y sus más sinceras felicitaciones al equipo defensor de nuestros connacionales encabezado por los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo la dirección del Embajador Juan Manuel Gómez Robledo y el personal de la Embajada de México en los países bajos, y por el equipo de abogados lidereados por Carlos Bernal Verea, don Aldonoban, Piel Maridupi (?) y Sandra María Babco (?), quienes han demostrado un profesionalismo y dedicación sin precedentes en el desarrollo de tan relevante asunto que deberá sentar un precedente de inmensa importancia para México.

Cuarto.- Que esta soberanía se manifieste a favor de la iniciativa del Gobierno Mexicano, de acudir a la máxima instancia internacional en materia judicial, para la resolución de una controversia trascendental en apoyo de nuestros connacionales en el exterior.

Quinto.- Los diputados de esta Legislatura, reconocemos la importancia que sienta este precedente como hecho histórico de suma relevancia, en beneficio de la protección de los derechos de nuestros ciudadanos migrantes en los Estados Unidos de América, de la protección consular de toda la comunidad internacional en Estados Unidos y como una substancial aportación de México al derecho internacional.

Sexto.- Esta Honorable Cámara de Diputados, insta a las autoridades federales de Estados Unidos a respetar, como la propia Corte lo ha pedido, en lo sucesivo, los derechos consulares de todos los extranjeros migrantes en ese país y reitera su inconformidad ante la falta de observancia de dichos derechos en los procesos judiciales a los que han sido sujetos nuestros connacionales.

Séptimo. Esta Honorable Cámara de Diputados, solicita a nuestros homólogos del Congreso de los Estados Unidos de América, a los gobernadores de los estados de ese país y en general a las distintas instancias del gobierno federal y local en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo Estadounidense, que acaten y soliciten respetar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en el sentido de hacer una revisión y reconsideración efectiva de estos juicios y sus sentencias, a fin de que se tome en cuenta el importante impacto que en la mayoría de los casos causó la violación de los derechos consulares de nuestros connacionales sobre la severidad de las sentencias que recibieron.

Octavo. Esta Honorable Cámara de Diputados, reprueba enérgicamente las declaraciones hechas por los gobernadores del estado de Texas, señor Rich Terry (¿) y el gobernador del estado de Oklahoma, señor Brad Henry, en relación a su intención de no acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia y solicita al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, que observe el estricto cumplimiento de las jurisdicciones internas, con fundamento en los artículos 3º., sección segunda y 6º. de la Constitución de los Estados Unidos de América para que su país cumpla con las disposiciones del fallo.

Noveno. En congruencia con lo antes expuesto, esta Honorable Cámara de Diputados se manifiesta en contra de la pena de muerte en México como en cualquier lugar del mundo.

El asunto está listado como de urgente y obvia resolución, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera como tal.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES.- En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación)

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Tiene la palabra el señor diputado don Victor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que cumpla plena y oportunamente diversos aspectos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

En uso de sus facultades constitucionales, esta Honorable Cámara de Diputados debe de velar por el pleno y oportuno cumplimiento de los mandatos establecidos en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación por parte del Ejecutivo Federal; en este sentido, está facultada para citar a comparecer ante el pleno de la H. Cámara de Diputados o ante comisiones legislativas, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante "La Secretaría", para informar y explicar respecto al cumplimiento del PEF, entre otros mandatos de ley.

"La Secretaría", con la colaboración de la Secretaría de la Función Pública, tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal las disposiciones del PEF y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

En el PEF 2004, se establecen una serie de mandatos respecto al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que observamos con preocupación que están siendo incumplidas por el Ejecutivo Federal y que es imperativo que el titular de "La Secretaría" esclarezca con claridad, entre otros, los siguientes puntos:

El Presupuesto de ACERCA 2004, está siendo recortado cuando hay un mandato explícito en el programa de egresos de la federación, para que no se recorte el presupuesto destinado al campo, particularmente a programas de apoyo a la comercialización de frijol, maíz, sorgo y arroz correspondiente a productores de diversas entidades federativas.

Otro de los problemas centrales es la correcta y oportuna distribución y asignación por parte de la Secretaría de Hacienda del presupuesto especial concurrente a dependencias, organismos y entidades federativas, a estas alturas tenemos mucha duda de que está siendo asignado oportunamente el presupuesto a entidades federativas hacia dependencias del Ejecutivo Federal.

Por otro lado, no se han publicado las reglas de operación, como lo manda el presupuesto de egresos de la federación ni las modificaciones pertinentes, es otro incumplimiento. Y hay una serie de incumplimientos adicionales que es menester que se dé cuenta ante esta soberanía.

Otro aspecto relevante del CEPS (¿?) 2004, que es importante queesta soberanía conozca a través de las Comisiones legislativas correspondientes, se refiere al cumplimiento por parte del Ejecutivo Federal de las disposiciones establecidas en el Artículo 31 relativo a los recursos presupuestales para las actividades relacionadas con la comunicación social a través de la radio y la televisión, y que competen en la parte establecida en el PEP a la Secretaría de Hacienda.

Por otro lado, es importante que el Secretario explique el incremento del peso promedio de la mezcla mexicana de petróleo respecto al presupuestado para 2004, respecto a las estimaciones de los excedentes de los derivados de este hecho y acerca del cumplimiento de los destinos de dichos excedentes establecidos en el PRP en el 2004.

1º.- Que se pronuncie este pleno de la H. Cámara de Diputados, para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que cumpla, plena y oportunamente, diversos aspectos del decreto de presupuesto de egresos de la federación 2004 antes señalado. Y,

2º.- Se propone al pleno de la H. Cámara de Diputados acuerde citar a la brevedad posible al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una reunión de trabajo con las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Vigilancia y Comisiones Unidas del Sector Rural, para informar respecto al cumplimiento de diversos aspectos relevantes del decreto de presupuesto de egresos de la federación 2004 antes señalados.

-LA C. SECRETARIA AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Está a discusión la proposición. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

-LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

En el uso de la palabra el señor diputado don Lázaro Arias Martínez para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, investigue y proceda legalmente en el caso de importación de azúcar al país, imponiendo las sanciones que resulten aplicables a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

-EL C. DIPUTADO LAZARO ARIAS MARTIENZ: Buenas tardes. Con su permiso diputado presidente. Propuesta con punto de Acuerdo que presenta un servidor y a nombre de la Comisión de Agricultura y con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la propuesta de Punto de Acuerdo, bajo los siguientes:

Primero. Como es de todos conocido la actividad de la industria azucarera está declarada como de interés público y constituye una parte importante en la vida económica nacional, pues depende ella aproximadamente 2 millones de personas. Además de ser un indispensable alimento en la dieta de los mexicanos.

Segundo. También es público y notorio que actualmente esta actividad atraviesa por una difícil etapa ya que no obstante que nuestro país es superavitario en su producción endulzante, los precios en el mercado internacional son inferiores a los del mercado nacional y a los costos de producción internos, por lo que la importación de nuestros excedentes afectan negativamente la liquidez y redituabilidad tanto del sector productivo agrícola como industrial.

Tercero. Por si lo anterior fuera poco, durante el periodo de enero del 99 a enero del 2004, se han introducido a nuestro país mediante contrabando técnico o documentado, 68 mil 677 toneladas de azúcar en las calidades de estándar, blanca y refinada, procedentes principalmente de Guatemala, Brasil y Colombia. Esta importación ha sido especialmente agresiva durante los meses de noviembre del 2003 a enero de 2004 en el que se ha introducido el 85% del total; lo que agrava la crítica situación de la industria azucarera nacional, pues este azúcar incrementa la existencia de inventarios en México; promueve un mercado especulativo y deprime los precios del mercado nacional.

Según tenemos conocimiento que esta práctica de importación se realiza con apoyo de amparos otorgados por autoridades judiciales federales, sin apego, sin pago de aranceles al fisco federal, sino sólo garantizándolos a través de fianzas y sin cumplir la Norma Oficial Mexicana de etiquetado e incurriendo en el reenvase y redistribución de azúcar importada en sacos de ingenios nacionales y falsificación de documentación oficial.

Como puede observarse esta práctica desleal del comercio constituye un daño a la economía nacional, pues para el fisco federal la internación de esta producción sin pago de aranceles representa un monto de 271 millones de pesos y por otra parte en forma directa ha quebrantado la industria azucarera mexicana por 1 mil 200 millones de pesos durante el último cuatrimestre y provocando desequilibrios en el mercado nacional, baja de los precios y riesgos de cierre de fuentes de trabajo de las zonas cañeras del país y por ende, resulta perjudicial para la agroindustria de azúcar, así como para los más de 2 millones 500 mil dependientes económicos.

El día 14 de marzo personal de la Agencia Federal de Investigaciones en coordinación con elementos de la Procuraduría General de la República , de la economía nacional. Asimismo el día 16 de marzo en Monterrey 400 toneladas.

Se consideran estas acciones, que están involucradas 11 agencias aduanales, 10 empresas importadoras, 8 juzgados de distrito; para que con ello la economía nacional, mientras que el Poder Judicial y el Ejecutivo mantienen a dirigentes sociales presos por delitos como el del sabotaje, fundados en daño de la economía nacional; sin duda y los criminales que hacen los daños más fuertes, se encuentran libres.

Por lo anteriormente expuesto yo solicito que sea considerada como de obvia y urgente resolución esta propuesta de Punto de Acuerdo, para que se exhorte al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para que lleven a cabo una minuciosa investigación e informen a este Pleno de la Cámara de Diputados acerca de la importación de azúcares que causan daño a la economía nacional y procedan legalmente ante las instancias correspondientes, para que se impongan las sanciones que resulten aplicables, y a la colegisladora para que dictamine la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo y el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, presentado en su pleno en la sesión del día 9 de diciembre del 2003 por los senadores Dulce María Sauri Riancho y Fauzi Hamdam Amad, turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.,

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto, señor presidente.

En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

EL C. PRESIDENTE: Luego entonces, está a discusión la proposición. A esta presidencia ha llegado el registro de los diputados Rogelio Franco Castán, del Partido de la Revolución Democrática, y Diego Palmero Andrade, del Partido Acción Nacional.

Con ello se cierra la lista de oradores en virtud de lo dispuesto por el artículo 122 de nuestro reglamento.

Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro, el señor diputado Rogelio Franco Castán.

EL C. DIPUTADO ROGELIO FRANCO CASTAN: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: las y los diputados del grupo parlamentario de la Revolución Democrática lo hacemos una vez más en defensa de los productores de la caña de azúcar, sumándonos y adhiriéndonos a la proposición presentada por el diputado Lázaro Arias Martínez y lo hacemos porque estamos convencidos no sólo de la oportunidad y pertinencia del punto de acuerdo sino además porque tenemos la convicción de que ningún legislador o legisladora puede estar en contra de tomar todas las medidas que sean necesarias para impedir que continúe el largo y destructivo proceso que desde distintos flancos y por distintos medios afectan el desarrollo de la agroindustria azucarera y que es resultado de acciones u omisiones del Ejecutivo Federal, de las que también en otros y diversos momentos y circunstancias en esta tribuna se ha dado cuenta y hecho puntual recuento.

Frenar las criminales importaciones de azúcar que se hacen al amparo del derecho, utilizando hábil pero dolosamente un resquicio legal en la Ley de Amparo, en contra de los productores mexicanos de azúcar, es una necesidad y un deber inexcusable del gobierno federal, que no puede y no debe seguir eludiendo el cumplimiento de ser garante del desarrollo económico, social y humano, con equidad y justicia para todos los que nacen, viven y trabajan en nuestro suelo.

De igual manera lo es prevenir y combatir enérgicamente y decididamente el contrabando propiamente dicho de azúcar que al día de hoy representa un 50 por ciento de la producción anual de un ingenio mediano.

Es mucha la información y son muchas las explicaciones debidas por parte del Ejecutivo federal a esta soberanía y por nuestro conducto a los productores y empresarios mexicanos del sector cañero.

Bien se ha dicho que quienes desde el gobierno federal proponen una reforma estructural dejando intactas las causas de la problemática de este sistema, deben voltear los ojos a las inconsistentes políticas públicas y de ajuste, al incumplimiento por parte de Estados Unidos de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de compra de excedentes de azúcar mexicana, a la falta de financiamiento para producir y a la inexistencia de instrumentos indispensables para darle orden y certidumbre al mercado.

Por eso es que se requiere con verdadera urgencia el diseño y ejecución de una política integral de atención y de una verdadera estrategia de solución a los problemas que afectan a la producción, industrialización y al mercado del azúcar a partir de su carácter de industria estratégica y de interés público.

No nos engañemos. Si bien la aprobación de este punto de acuerdo es necesaria, mal haríamos en darnos por satisfechos con su eventual aprobación y no señalar que la Comisión Especial para atender la problemática de la caña de azúcar tiene ante sí el reto de lograr los consensos legislativos necesarios para presentar a la brevedad la Ley de la Industria de la Caña de Azúcar que entre otras disposiciones plantea la modernización del sector, la obligación del Poder Ejecutivo de asumir una efectiva rectoría económica en materia azucarera, la libre asociación de los productores de caña, la uniformidad de los contratos de compra-venta, de crédito y del precio, así como la prevalencia del interés público de la actividad, reconociendo su profundo impacto social.

Finalmente invito a todos los compañeros y compañeras legisladoras a brindar este apoyo a favor de este Punto de Acuerdo. Y también los invito a conocer de cerca, lo más cerca que les sea posible, la amargura social, la desesperanza que aqueja y prevalece entre los productores e industriales de azúcar que a merced del contrabando e importaciones ilegales, ven con impotencia cómo el fruto de su esfuerzo honrado se deprecia y no llega a los mercados del país ni a los mercados extranjeros que están violando el cumplimiento de los tratados internacionales firmados con México.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Diego Palmero Andrade, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Quiero sumarme a este Punto de Acuerdo del compañero Lázaro Arias Martínez, en el cual el posicionamiento del grupo parlamentario de Acción Nacional, referente al contrabando de azúcar.

Está por demás decir que la industria azucarera mexicana es un pilar importante para la economía del país, viéndose reflejada en la dieta de los mexicanos.

De octubre a diciembre de 2003, han entrado cerca de 110 mil toneladas adicionales al cupo de importación autorizado en septiembre del 2003, por la Secretaría de Economía, abriéndose un exceso de endulzante que ha provocado que en los precios se registre una baja de hasta el 7 %.

Aunado a ello, los actos ilícitos del día 14 de marzo, del presente año donde se aseguraron 2 mil 700 toneladas de azúcar en la ciudad de México y los decomisos del día 16 del mes pasado del año en curso, de 400 toneladas en la ciudad de Monterrey, ponen a prueba a las instituciones de nuestro país al ser tolerantes con el contrabando.

No debemos seguir solapando estos actos que vulneran nuestra soberanía, pues en sí la producción de azúcar desde la materia prima hasta su transformación, resulta costosa.

El contrabando en cambio, no reporta beneficio alguno para nuestra nación y sí para quienes lo realizan.

Nosotros como legisladores tenemos la obligación de salvaguardar y velar por los intereses de todos los mexicanos.

Compañeros diputados: No permitamos que cualquier persona por intereses personales no respete los acuerdos internacionales, pues como país México deja de recaudar alrededor de 272 millones de pesos debido al incumplimiento de los aranceles establecidos legalmente.

La patria, la honestidad, no están fuera de nosotros, nos trascienden. Es por ello que rechazamos cualquier acto tendiente a defraudar el patrimonio nacional, ya sea por prácticas ilegales de comercio o por contrabando de cualquier tipo.

No podemos dejar que estas prácticas de la vieja escuela política sigan en perjuicio de nosotros mismos.

Debemos hacer que nuestras instituciones sean tan claras, tan limpias, tan armoniosas, tan justas, en donde no quede rastro de alguna corrupción.

¡Es por eso que quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional exhortamos al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, para que investiguen el contrabando técnico y bronco que sufre la agroindustria mexicana!

¡Los diputados federales de Acción Nacional reprobamos tajantemente todo acto de contrabando, porque éste afecta no solo a la estabilidad del Estado, sino además violenta y lesiona la integridad y dignidad de la persona humana! ¡Nosotros somos un partido que profesa la solidaridad y la subsidiaridad en la integración de las cadenas productivas del país, en beneficio de la sociedad!

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA (PRI): Muchas gracias, Diputado.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

En virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión, que dispone el artículo 1º del Acuerdo Parlamentario que establece los lineamientos para acreditar las asistencias a las sesiones plenarias aprobado por el pleno el 9 de octubre de 2003, proceda la Secretaría a dar lectura a el orden del día de la siguiente sesión, la cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.

- EL C. PRESIDENTE: Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por cinco minutos para verificar asistencia.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Denle sonido a la curul 20 para que el diputado Rafael Candela Salinas registre asistencia.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Por favor sonido a la curul del diputado Velasco Coello.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Señor Presidente: Hay una asistencia de 384 diputadas y diputados..

- EL C. PRESIDENTE (A las 15:51 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el lunes 5 de abril, a las 10:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 08:30 horas.