130404

SESION DEL MARTES 13 DE ABRIL DE 2004

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de Coahuila, de Tabasco y de Tlaxcala.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política, en relación con los grupos de amistad.

Minutas

Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley del Registro Público Vehicular. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla Agrícola que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Carlos Pascual Monsiváis para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Argentina. (Dispensa de trámites, discusión y votación)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano General Brigadier DEM Gilberto Hernández Andreu para aceptar y usar la condecoración Legión al Mérito, que le confiere el Ejército de Estados Unidos de América. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Capitán de Fragata CG DEM Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez para aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa, que le confiere dicha Junta. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Ejecutivo

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Congreso de Baja California

Que reforma el párrafo quinto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al proceso presupuestal, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el párrafo segundo del apartado A del artículo 102 y adiciona un párrafo segundo a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Agrario, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

De Ley General para el Ejercicio de las Profesiones, Reglamentaria de los Artículos 5° y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VI y adiciona la fracción VIII al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con objeto de que la Cofetel pueda sancionar directamente a quienes infrinjan la norma correspondiente, a cargo del diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

De Ley para la Inscripción y Regularización de Vehículos Automotores de Carga de Procedencia Extranjera, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el inciso e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Sigona Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 225 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y adiciona la fracción XV al artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 201 Bis y 205 del Código Penal Federal, para incluir en los medios de comisión del ilícito tipificado como corrupción de menores e incapaces el uso de las redes de información electrónica abiertas y otros sucedáneos que se instrumenten al efecto, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo tercero al artículo 21 y un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73; y reforma el párrafo segundo del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción V del artículo 28; y deroga la fracción VII del artículo 111 y el artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la Ley General de Educación, a fin de vincular los contenidos de la enseñanza con la educación para la salud y evitar la discriminación de los menores en el ámbito escolar, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 12 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista y Orlando Ramos Guerrero para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Pablo Santana Valdez y Alicia Margarita de la Fuente Cruz para prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benítez, Sihomara Zúñiga León, Jacqueline Itzel Solís González y Natania Swirski Roldán para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas; en el Consulado y en la Embajada de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco, y en México; y en la Embajada de Australia en México, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para que se practique una auditoría ambiental al complejo termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos de la Comisión Federal de Electricidad, situado en el municipio de Tuxpan, Veracruz.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo en relación con la proposición para que se exhorte al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a destinar un mayor porcentaje a la creación e instrumentación de nuevas plazas de investigación científica.

De las Comisiones Unidas de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al ayuntamiento de Tultitlán, México, a efecto de que se instale un módulo de servicios médicos y químicos clínicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación de cromato hexavalente en la región de Lechería.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue el asunto de discriminación racial que vienen sufriendo indígenas del estado de Hidalgo por el uso del parque Rubén Darío, en la colonia Providencia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que informe si tiene bajo su cargo y responsabilidad las investigaciones ministeriales relacionadas con el homicidio del diputado yucateco profesor Pánfilo Novelo Martín, su hijo y su asistente.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con puntos de acuerdo para exhortar al gobierno de Baja California y a la Procuraduría General de Justicia de la entidad a cumplir la recomendación 18/2000, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el caso de Paulina Ramírez Jacinto.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma, adiciona y deroga los artículos 324, 325 y 333 de la Ley General de Salud.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para el esclarecimiento del asesinato de la defensora de derechos humanos de los indígenas en el estado de Puebla Griselda Tirado Evangelio, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Poder Ejecutivo federal retire las reservas al pacto de derechos económicos, sociales y culturales para que se respete el derecho a la libertad sindical en México, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, respecto al buque chileno Esmeralda, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, que exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes, a la asociación Rafael Flores Canelo y a los miembros del Ballet Independiente a resolver los conflictos laborales, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer, en coordinación con los gobiernos estatales y los municipales de Quintana Roo y de Baja California, normas y lineamientos para el desarrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena (Rincodon typus), así como con objeto de crear acuerdos de coordinación en los tres niveles de gobierno para el manejo, la conservación y la protección de su hábitat, a cargo del diputado Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a declarar zona de monumentos históricos y artísticos el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a instalar una mesa de trabajo que realice una revisión integral de las tarifas eléctricas aplicadas en el estado de Baja California, a cargo del diputado Narciso Agúndez Montaño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Procuraduría General de la República a realizar, en coordinación con la Profepa, las acciones necesarias para reubicar los asentamientos irregulares de la reserva de la biosfera de Montes Azules, Chiapas; y a la Secretaría de Gobernación, a verificar y tomar medidas contra extranjeros que participen en actos ilícitos como la invasión de áreas naturales, dotando el Gobierno Federal de los recursos requeridos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas locales a agilizar la discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de reformas constitucionales que amplía el segundo periodo ordinario de sesiones del H. Congreso de la Unión, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a exigir la aplicación irrestricta de la normatividad ambiental en las diversas instalaciones petroleras y el cumplimiento puntual de los compromisos asumidos por Pemex en el programa de auditorías ambientales, a cargo del diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a eliminar de las ceremonias civiles matrimoniales la Epístola de Melchor Ocampo, ya que se atenta contra los derechos y la dignidad de las mujeres, a cargo del diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a reestructurar las tarifas en favor de los usuarios del estado de Chiapas, a cargo del diputado Gerardo Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia, por separado, de los secretarios de Educación Pública, y de Salud, ante las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, a efecto de conocer y responder respecto a las denuncias de padres de familia sobre la inducción para la medicación de drogas a menores que realizan algunos servidores públicos del sistema escolar, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al director general del IMSS a ratificar y respetar el acuerdo 773/2000, celebrado el 22 de noviembre de 2000 por el Consejo Técnico de esa institución, a cargo del diputado José Sigona Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la solicitud de Estados Unidos de América a fin de celebrar consultas con el gobierno mexicano en el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio respecto a las medidas fiscales de nuestro país referentes a refrescos y otras bebidas para los que se utiliza cualquier edulcorante distinto del azúcar de caña, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal el cierre definitivo de la unidad administrativa de la Presidencia de la República denominada Oficina de Representación para la Promoción de los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear la comisión especial de la cuenca de Burgos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para realizar los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte a las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales en beneficio de los damnificados por las lluvias registradas el 3 de abril de 2004 en Ciudad Acuña, Jiménez y Piedras Negras, Coahuila, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al titular del Ejecutivo federal que instruya, con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, para fijar tarifa especial 1F que considere las altas temperaturas que se registran durante el verano en el estado de Chihuahua y diversas regiones del país, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, referente a la invasión de extranjeros que ocurre en el estado de Chiapas, quienes violan la Ley General de Población, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Semarnat que declare área natural protegida el Parque Ecológico Estatal de Omiltemi, Guerrero, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia del secretario de Economía para que informe del estado que guardan los procedimientos administrativos en materia de cuotas compensatorias y arancelarias, así como de los juicios que se desprendan de éstos, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las directivas de las organizaciones sindicales del país, mediante sus respectivas federaciones o confederaciones registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que, con absoluto respeto del principio de libertad y democracia sindical, se abstengan de incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a determinado partido político o voten en favor de cierto candidato a un encargo público de elección popular, a cargo del diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el proyecto de planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en Chapantongo, Hidalgo, a cargo del diputado José Luis Cabrera Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se cite a comparecer al director general de Pemex-Refinación para que rinda un informe ante la Comisión de Energía, presidentes municipales y miembros de la comunidad sobre el estado que guardan las acciones emprendidas a efecto de reparar el daño ocasionado en Nogales, Ciudad Mendoza y Río Blanco por la ruptura de ductos y la explosión en el poblado de Balastrera, acaecidos el 5 de junio de 2003 en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a evitar que las empresas importadoras sigan introduciendo todo tipo de contrabando en el país; y al Consejo de la Judicatura Federal, a supervisar la actuación de los jueces de distrito que otorgan amparos para importar mercancías mediante el denominado "contrabando técnico", a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Salud cite a comparecer al doctor José Ignacio Santos Preciado, director general del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se reduzcan las tarifas eléctricas en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Energía que entregue información específica sobre Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús E. Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que, en función de sus facultades y atribuciones, el secretario de Economía vuelva a incluir el azúcar en el acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, devolviéndole así la característica de producto sensible, coadyuvando al fortalecimiento de esta cadena productiva, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a las dependencias responsables del sector de comunicaciones a fijar las tarifas de telefonía celular de acuerdo con los estándares internacionales que rigen la telefonía móvil, a cargo del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar un proceso que permita descentralizar los trámites relacionados con la administración de la zona federal marítimo-terrestre a los estados y los municipios, a cargo del diputado Zeferino Torreblanca Galindo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Salud y de Seguridad Social, de Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Smutny, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, a solicitud del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal, a solicitud del diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Agenda política

Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre los resultados de la reunión de la Cepal que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la Ley 151, aprobada por el estado de Sonora, en relación con la reforma del Código Electoral del estado, para la asignación de 50% de las candidaturas para cada género, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre la construcción de la terminal norte de Toluca, a cargo del diputado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios en torno de la decisión del Gobierno de Canadá, sobre la matanza masiva de focas en su territorio, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Efeméride

Sobre el aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata, a cargo del diputado Manuel García Corpus, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto, señor Presidente.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

EL PRESIDENTE: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría ponerla a discusión.

LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

EL PRESIDENTE: Un momento, Secretario. Don Gilberto, por favor, sonido en la curul de don Gilberto Ensástiga.

EL DIP. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO (Desde su curul): Diputado Presidente, quiero hacerle una solicitud antes de que desahoguemos el orden del día y desde luego apelar a su sensibilidad.

Me han comentado, algunos fotógrafos, que se retiraron las sillas o los cuasi curules, podríamos señalar. Y yo quiero solicitarle de la manera más atenta, por eso le decía que apelo a su sensibilidad, de que se pongan esas sillas; estamos en este recinto alrededor de cinco o seis horas y ellos han comentado que al estar esas sillas en el lugar en donde están los fotógrafos, pues les permite en algunos momentos reposar.

Yo le solicitaría que se regresaran esas sillas y que en su momento usted lo considerara. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Lo tomamos en consideración en su momento, don Gilberto. Gracias.

Señoras y señores legisladores, esta Presidencia participa a la asamblea, que el pasado miércoles 7 de abril falleció el señor Norberto Corella Gil Samaniego, diputado federal en la LIV Legislatura y senador de la República en la LVI y LVII Legislaturas.

Se pide a los presentes ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio en su memoria.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES.- Con gusto, señor Presidente.

(Oficio del Congreso del estado de Tabasco, que remite decreto por el que comunica que se declara al año 2004 como "el Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano").

(Oficio del Congreso del estado de Tabasco con punto de acuerdo exhortando a la Cámara de Diputados para auditar manejo y aplicación de recursos ejercidos durante 2003 por la Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique)

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.

(Oficio del Congreso del estado de Tlaxcala con acuerdo solicitando se respeten los consensos absolutos de trabajadores del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos).

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Educación y Servicios Educativos.

(Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura con punto de acuerdo para modificaciones al artículo 11 constitucional).

(Oficio de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con el que remite informe de resultados de la Cuenta Pública Federal, ejercicio 2002).

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- Con su permiso, señor Presidente.

(Oficio de la Junta de Coordinación Política referente al oficio signado por el diputado Francisco J. Barrios Terrazas, relacionado a la solicitud de baja de la diputada Marisol Vargas Bárcenas en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias).

Un momento secretaria. Se hace del conocimiento de todos los señores diputados están en el palco de invitados los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, a quienes se les da la bienvenida. (Aplausos)

Un momento secretaria. Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico e instruya el cierre del sistema.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 435 diputadas y diputados.

(Oficio de la Cámara de Senadores que remite Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al C. Carlos Pascual Monsiváis para aceptar y usar condecoración de la Orden de Mayo que le confiere el gobierno de la República de Argentina)

-PRESIDENTE: De conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la secretaría a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

-MISMA SECRETARIA: Por instrucciones de la presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor.

En consecuencia proceda la secretaría a poner a discusión el proyecto de decreto.

ARTICULO UNICO. Se concede permiso al ciudadano Carlos Pascual Monsiváis, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Argentina.

-PRESIDENTE: Está a discusión el proyecto de decreto, no habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la secretaría se abra el sistema electrónico de votación por 6 minutos, para proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto en un solo acto.

-MISMA SECRETARIA: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto en un solo acto.

Abrase el sistema electrónico por 6 minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

-PRESIDENTE: Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto 399 votos.

EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Señoras y señores legisladores: el siguiente punto del orden del día es iniciativas de ciudadanos diputados.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativa al proceso presupuestal.

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS PEREZ GONGORA: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, diputados y diputadas. La reforma que ahora pongo a su consideración se refiere a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la aprobación de las finanzas públicas nacionales, esto es, los ingresos del gobierno federal, así como el gasto público.

Lo hago a nombre del grupo parlamentario del PRI. El contenido de esta iniciativa representa, en términos generales, una inquietud unánime a la que no son ajenos los otros grupos parlamentarios de esta Cámara y seguramente los del Senado de la República.

Considero que todos coincidimos en la convicción de la impostergable necesidad de reformar en diversos aspectos la fracción IV del artículo 74 constitucional.

Esta reforma es tan trascendente como lo son las tan comentadas reformas tributaria y energética e incluso la reforma laboral, y al igual que éstas se enmarca en la emprendida reforma estructural del Estado en la que, por cierto, hay que avanzar más rápidamente.

Ahora que tenemos la ocasión, impulsemos y concretemos la reforma que les planteo, que no plantea tantos ni tan complejos problemas políticos; más bien viene a resolver las graves dificultades que entraña el quehacer parlamentario de nuestra Cámara y, por ende, la de Senadores.

Como dice un proverbio chino: para lograr algo debemos dar el primer paso. Así es que demos el primer paso en esta reforma estructural del Estado.

Es claro que el contenido actual del artículo 74 constitucional en su fracción IV es contrario a la tendencia internacional y a nuestra trascendencia histórica.

Las circunstancias que hoy prevalecen en México, no sólo con la composición multipartidista de las cámaras, dificulta el logro de consensos inmediatos; más aún, con la enorme y creciente complejidad que implica todo presupuesto, hacen necesarias nuevas reglas para su aprobación.

No debe pasar inadvertido que este tema ha sido motivo de múltiples propuestas, pues tan solo en la Legislatura pasada en esta Cámara se presentaron 10 proyectos de reforma de dicho artículo y desafortunadamente ninguno fructificó.

La reforma que les propongo recoge el espíritu de todas ellas y resume en puntos medulares las dificultades que el Presupuesto representa.

Con esta reforma al interior del Congreso, no sólo se obtendrá una más eficiente y oportuna aprobación del Presupuesto, en su doble faceta de ingresos y gastos, sino también incidirá sin duda alguna, en las tareas que nos son propias como cuerpo legislativo, pudiendo programa y atender otros asuntos especialmente en el periodo de sesiones ordinarias que se inicia en el mes de septiembre.

Pocas reformas parlamentarias son tan importantes para este efecto como la que hoy les presento.

El primero es el que presentó mi compañero el diputado Luis Antonio Ramírez, el cual anticipa la fecha de presentación del Proyecto de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos por el Ejecutivo a la Cámara, que será a más tardar el 5 de septiembre de cada año.

Lo anterior amplía el plazo de análisis de aprobación legislativos tanto de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos, de 55 y 70 días respectivamente, contando con un tiempo prudente de 15 días entre la aprobación de los ingresos y de los gastos que se dan el 31 de octubre para los primeros y el 15 de noviembre para los segundos.

Con esto se considera que el sector productivo y los contribuyentes conocerán con dos meses de anticipación las nuevas reglas tributarias que aplicarán el siguiente año, podrán planear sus actividades productivas con pleno conocimiento de las obligaciones que ello significa. Y de la manera en que estas repercutirán en sus costos.

Para los diferentes órdenes de gobierno, podrán programar sus erogaciones un mes y medio antes de iniciado el año fiscal, lo que le dará, además de certidumbre, el no subejercicio de los recursos.

La segunda es la que faculta a la Cámara para programar presupuestos plurianuales o multianuales en materia de inversión pública e infraestructura, dando certeza al gobierno. Esto beneficiará con mejores precios ya que los proveedores tendrán seguridad que concluirán con las obras públicas.

El tercero, hacer explícita la facultad de modificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a favor de la instancia legislativa correspondiente.

La cuarta, una modificación muy importante, la prohibición absoluta de partidas secretas en el Presupuesto, tal como en la actualidad se prevé en nuestra Constitución, y

La quinta, la aplicación de la reconducción presupuestal para la aplicación del Presupuesto anterior, si no estuviere por cualquier motivo, concluido el proceso de aprobación del Presupuesto anual que corresponda.

Todo lo anterior posibilita una mayor interacción entre el Legislativo y el Ejecutivo, según su competencia para evitar errores en contenido de este tema.

Al margen de lo anterior es indiscutible que con tal reforma se obtendrá una mayor y mejor intercomunicación entre los miembros y comisiones de esta Cámara en materia de gasto público, así como de los senadores y sus comisiones para la aprobación de la Ley de Ingresos y la Reforma Fiscal.

No pasemos por alto que el estado actual quebranta el equilibrio constitucional deseable entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo en relación al ámbito presupuestario, ya que de la desproporción entre los plazos que respectivamente poseen el Ejecutivo para presentar los proyectos y el Legislativo para examinarlos y aprobarlos, constriñen al Congreso a un análisis precipitado donde deben prevalecer la decisiones financieras y de política económica instrumentadas y determinadas por el Ejecutivo.

Tampoco debe de pasar inadvertido que la tendencia en diversos países es la de racionalizar y constitucionalizar los ciclos presupuestarios que permitan la toma meditada y reflexiva de las decisiones de las decisiones de política económica implicadas en un presupuesto.

Así tenemos que en España se obliga al Ejecutivo a presentar su proyecto al menos 3 meses antes del inicio del año; en Italia éste debe presentarse a más tardar en julio del año precedente al ejercicio en Estados Unidos el Presupuesto debe ser aprobado 7 meses antes de iniciado el ejercicio.

En los últimos años la aprobación del Legislativo al Presupuesto se ha realizado en la madrugada del último día del año y del primer día del año de su aplicación, como sucedió en primero de enero del año 2002.

"Con esta reforma lograremos evitar que estemos discutiendo de manera acelerada por menores tanto de los ingresos y de los gastos, cuyo grado de precisión e importancia requieren de un profundo análisis y reflexión. Impediremos también que los acuerdos a los que lleguemos no sean producto de la premura y de la presión que el tiempo impone.

"Nuestras posturas estarán firmemente fundadas en los principios y convicciones que perseguimos como legisladores, representantes de los intereses de los ciudadanos, o como miembros de partidos con una sólida plataforma política que defender y sobre todo como mexicanos, convencidos que la decisión que tomemos es la mejor para este país y para su gente, que tan necesitada está de decisiones que sean analizadas y consensuadas de una manera seria y responsable que contribuyan a la estabilidad de largo plazo de la nación.

"Todos nosotros ya hemos sufrido en carne propia las angustias que este panorama implica. Resolvamos de una vez por todas estos graves problemas, redefinamos el papel ejercido por las cámaras y su interacción con el Poder Ejecutivo en relación a las finanzas públicas.

"Asumamos nuestra responsabilidad histórica. No defraudemos a quienes confiaron en nosotros".

Con esto solicito, señor Presidente, se turne esta iniciativa a Comisiones Unidas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Puntos Constitucionales.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (PAN): Gracias, Diputado.

En virtud de que esta Presidencia ha turnado iniciativas que proponen reformar el artículo 74 constitucional solamente a la Comisión de Puntos Constitucionales, se ordena el turno de la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el párrafo segundo del apartado A del artículo 102, adiciona un párrafo segundo a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

- LA C. DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN MENDOZA FLORES (PAN): Gracias, diputado Presidente. Con su permiso.

"La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución Política y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto bajo la siguiente

"En las últimas décadas el flagelo de las drogas se ha venido redimensionando de manera vertiginosa, hoy en día nos enfrentamos ante un problema que se manifiesta de grandes dimensiones y con una mayor escala de violencia, al grado de llegar a constituir un problema de seguridad nacional por atentar en todo momento contra la salud de las personas, la integridad de nuestras instituciones y la conformación del tejido social sobre el cual descansa la estructura y organización del Estado. El uso y abuso de drogas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y la estabilidad social.

"Luego de haber sido mucho tiempo México solo un país de paso de drogas, en los últimos años ha pasado a ser un país consumidor de ellas. Esta situación ha propiciado que diversas organizaciones delictivas existentes en nuestro país hayan dirigido y reforzado sus acciones contra la formación de mercados locales a lo largo y ancho de toda la República, mereciendo especial atención la salud pública, la cual se ha visto seriamente afectada por la proliferación del consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en todo el territorio nacional.

"Cabe resaltar que la Secretaría de Salud ha resaltado que los niños son los más afectados al respecto. En las últimas estadísticas que señalan que el consumo en el año 2003 se incrementó en un 22 por ciento en el renglón del número de niños menores de 16 años que consumen algún tipo de droga prohibida, constituyendo esto un fenómeno social complejo como también complejas son sus soluciones.

"No podemos ni debemos permitir que las organizaciones criminales se apoderen del destino de nuestra sociedad, en especial de nuestros niños, niñas y jóvenes.

"En este contexto cabe señalar que desafortunadamente los esfuerzos realizados por las autoridades federales para combatir este tipo de conductas delictivas, se han visto limitados ante la dinámica actual que envuelve el problema del narcotráfico, el cual trae aparejado una serie de factores y situaciones que han venido a dificultar el accionar de los ministerios públicos federales en sus labores de investigación y persecución de estos delitos.

"Entre dichos factores podemos encontrar los siguientes: El redimensionamiento de las estructuras de venta y distribución de drogas, la ampliación geográfica de los mercados de consumo, los grandes recursos con los que cuentan las diversas organizaciones delictivas, la persistencia de elevados niveles de consumo de substancias ilícitas, la diversificación del tipo de drogas consumibles en el mercado, entre otros.

"Asimismo, a estos múltiples factores debemos aunarle el hecho de que el llamado fenómeno narco-menudeo, ha llegado a constituir una actividad hacia la cual se han orientado los nuevos esquemas de distribución y venta de drogas en nuestro país, al grado de llegarse a perfilar como una de las principales modalidades de venta de substancias ilícitas en México.

"En diversos foros donde participan presidentes de colonia, es común encontrar la queja constante del aumento de las narco-tienditas, que además señalan las narco-tienditas continuamente cambian de ubicación. Tan sólo el día de ayer el jefe delegacional de la Gustavo A. Madero señaló que vecinos de la colonia Guadalupe Proletaria, denunciaron que hay distribuidores de droga que están pintando las guarniciones de las banquetas de color azul claro, para decirle a la gente que en ese lugar se distribuye la droga.

"Desafortunadamente este nuevo esquema delictivo implementado para la distribución y venta de drogas, es adoptado con mayor frecuencia por las diversas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, toda vez que en este modus operandi es un sistema delictivo de difícil combate por parte de la autoridad, dada la naturaleza sui géneris que éste encierra.

"En tal sentido, el combate eficaz al narcotráfico y particularmente al llamado narco-menudeo, constituye una asignatura de importancia fundamental para la procuración de justicia en México, motivo por el cual se hace necesario la conjunción, concurrencia y articulación de los esfuerzos.

"Es por eso que se presenta esta iniciativa, que pretende emprender una colaboración entre las entidades federativas y la Federación, que se justifica porque los delitos contra la salud, especialmente los denominados de narco-menudeo, afectan directamente a la población, cuya salud y seguridad corresponde también resguardar a las entidades federativas.

"Esta situación nos obliga a crear esquemas de investigación y persecución de estos delitos e impulsar reformas legislativas que nos permitan otorgar a nivel constitucional, facultades concurrentes en la persecución de este tipo de conductas delictivas, vinculando el trabajo de las procuradurías a nivel federal, estatal y el Distrito Federal en el combate y prevención de estos delitos.

"Este nuevo esquema de competencia propiciará una verdadera corresponsabilidad entre las autoridades federales y locales y no sólo una situación de mera coordinación o auxilio, tal como actualmente sucede. Además y congruentemente con lo anterior, es necesario plantear una reforma a la Ley General de Salud, para regular el control sanitario de productos, servicios, importación y exportación, donde se autorice expresamente a autoridades federales y locales, para que coadyuven en la prevención y erradicación de las actividades de posesión, comercio o suministro de estupefacientes o substancias psicotrópicas.

Estamos convencidos que vencer al crimen requiere de voluntad y de decisión, pero también de cambios estructurales sobre todo cuando se trata de salvaguardar la seguridad y la salud de los mexicanos.

Es por ello que con la presente propuesta legislativa se logrará consensializar los recursos con que cuentan los órganos de procuración de justicia existentes en el país garantizando una efectiva concurrencia entre los distintos ámbitos de gobierno en la lucha contra el narco menudeo.

En base a lo anterior, es que ahora presento la Iniciativa para reformar el párrafo 2º.del Apartado A) del Artículo 102 así como adicionar un párrafo 2º a las fracciones XI del Artículo 73, ambos de nuestra Constitución Política para quedar como sigue:-

"Las autoridades federales de las Entidades Federativas y del Distrito Federal concurrirán en la investigación y persecución de los delitos contra la salud en los términos que establezcan las normas que para tal efecto expedirá el Congreso de la Unión" y el párrafo que se integra al Artículo 102 incumbe al Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º de la fracción XXI , el Artículo 73 de esta Constitución, la persecución ante los Tribunales de todos los delitos de orden federal y por lo mismo a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de estos, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita , pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

Se adiciona así también un segundo párrafo al Artículo 204 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: "Las autoridades de seguridad pública tanto en los Estados como de la Federación, participarán en el combate a la posesión, comercio o suministro de estupefacientes y sicotrópicos, siempre que dichas actividades se realicen en lugares públicos en el marco de sus atribuciones".

Tiene la palabra el Diputado Abraham Bagdadi Estrella, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Inicitiva que Reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las Responsabilidades del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL C. DIPUTADO ABRAHAM BAGDADI ESTRELLA.-Con su permiso señor Presidente. Venimos a presentar hoy, una Iniciativa que reforma el párrafo 1º. Del Artículo 84 de la Constitución, el párrafo 1º. Del Artículo 108 y los párrafos 1º y 4º del Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexcianos.

La democracia es una forma de Gobierno en la que el pueblo es el origen, els ostén y la justificación del poder público. Un estado democrático está cimentado sobre las bases de la credibilidad en sus instituciones legalmente instituidas y dotadas de la legitimación de sus gobernados en las mismas. Legalidad y legitimación en los órganos emanados del Estado son elementos fundamentales en la consolidación del contrato Estado-Ciudadano.

Compañeros Legisladores, el día de hoy vengo a solicitar ante esta soberanía, replantear el tema de la responsabilidad de los servidores públicos y en particular la del Presidente de la República, lo hago para dar una muestra clara a la soberanía, del compromiso del Parlamento Mexicano en la lucha contra la corrupción y a favor de la rendición de cuentas, a través de una reforma constitucional que permita que el Titular del Poder Ejecutivo de nuestro país, pueda ser sujeto de juicio político por el manejo indebido de fondos y recursos federales durante el tiempo que dure en su encargo.

El fuero constitucional es definido como el derecho que tienen los altos funcionarios de la Federación para que, antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, resolviera sobre la procedencia del proceso peal.

Esta prerrogativa tiende a la protección de la autonomía e independencia de un poder frente a los otros. Es decir, esta figura jurídica se instituye para garantizar el equilibrio de poderes.

En cuanto a la materia de responsabilidades de los funcionarios o servidores públicos, nuestros diversos órdenes constitucionales tenían sus propios enfoques en cuanto a los alcances de las normas y las limitaciones en virtud de su aplicabilidad, dependiendo de la investidura del titular responsable.

Es así que en lo referente a la responsabilidad del Presidente de la República, nuestro orden constitucional más que avanzar hacia un marco jurídico que garantice la igualdad y equilibrio de poderes, ha evolucionado hacia un proteccionismo excesivo en cuanto a las responsabilidades del titular del Poder Ejecutivo de nuestro país colocándolo hoy día como un nivel de protección propio de un régimen totalitario y monárquico.

En la Constitución de 1824, cualquiera de las Cámara podría conocer –en calidad de gran jurado- sobre las acusaciones al Presidente de la Federación por delitos de traición contra la independencia nacional o la forma establecida de gobierno o por cohecho o soborno cometidos durante el tiempo de su empleo.

Posteriormente, en la Constitución de 1857, se podía acusar al Presidente por traición a la patria, delitos graves del orden común y por ataques a la libertad electoral.

Finalmente, a partir de la Constitución de 1917, sólo se puede acusar al Presidente de la República durante el tiempo de su encargo, por traición a la patria y delitos graves del orden común; esto se justificó entonces para garantizar el equilibrio de poderes y así conservar la investidura presidencial.

Es necesario aclarar que a partir de 1917, el fuero mexicano tiene tres vertientes: en primera instancia está el fuero de los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el Consejero Presidente, los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, encuentran su limitante por los actos u omisiones de tipo delictivo en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

En segunda instancia, tenemos el fuero de los gobernadores de los Estados, los diputados a las Legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, estos limitan su fuero en el momento en que incurran en violaciones a la Constitución y a las leyes federales así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Por último, tenemos el fuero presidencial el cual únicamente es responsable durante el tiempo de su encargo por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Es claro que a partir de la última Constitución, el Presidente de la República de nuestro país se ha convertido en un gobernante inalcanzable por la ley de todos los mexicanos.

Compañeros legisladores, la sociedad mexicana reclama de todos los funcionarios públicos, rectitud y transparencia durante el ejercicio de sus funciones gubernamentales, así como rendición de cuentas por el uso indebido de los recursos públicos.

En los últimos días, la clase política nacional ha sido sacudida por escándalos de corrupción que ofenden a la ciudadanía, por eso es que los diputados del PRD hacemos eco de las voces que se pronuncien a favor de combatir la corrupción. Hoy he venido ante esta Asamblea a pedir que se creen reglas de rendición de cuentas del mismo titular del Poder Ejecutivo Federal, porque en el PRD, compañeras y compañeros legisladores, estamos convencidos que la corrupción es un mal que debe ser combatido a fondo.

Estoy convencido, como lo han estado compañeros de diversos grupos parlamentarios a través de las diferentes legislaturas, de que el Presidente de la República no debe ser un sujeto intocable, muy por el contrario, el Presidente de la República debe ser quien predique con el ejemplo, llevando a cabo sus actos con honradez, sometiéndose a los más exhaustivos filtros anticorrupción.

Exentar al Presidente de responsabilidad por la comisión de actos delictivos, no es símbolo de gobernabilidad, esta prerrogativa es más bien reflejo de un régimen que otorga impunidad a funcionarios públicos de alto nivel. Esta prerrogativa, de la cual hoy goza el titular del Ejecutivo de nuestro país, no es sinónimo de división y equilibrio de poderes, ya que hoy día las legislaciones de avanzada en el mundo, permiten investigar al Presidente de la República como mecanismo de control de la función presidencial.

Es por lo anterior que propongo ante esta Honorable Asamblea que se reforme el párrafo 1° del artículo 84, el párrafo 1° del artículo 108 y los párrafos 1° y 4° del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el proyecto de decreto que reforma el párrafo 1° del artículo 84, el párrafo 1° del artículo 108 y los párrafos 1° y 4° del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

En el caso del artículo 84, sólo se agregaría la palabra "destitución", todo lo demás quedaría exactamente igual.

En el artículo 108, se le agregaría:..." al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos", todo lo demás quedaría exactamente igual.

El artículo 110, se le agregaría también, ..."al Presidente de los Estados Unidos mexicanos" y se le agregaría al final, un párrafo que diría lo siguiente: "En el caso del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dicha declaración deberá ser aprobada por las dos terceras partes del total de los miembros de la Cámara de Diputados.

Y un artículo Transitorio que dice: "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Es cuanto, señor Presidente y le pido se publique íntegra en la Gaceta y en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias.

-EL PRESIDENTE: Gracias diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Les damos una cordial bienvenida y una felicitación a las 51 quinceañeras de la Delegación Gustavo A. Madero, que nos acompañan en las galerías de este recinto.

La iniciativa de reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Agrario, que registro el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se pospone.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley de Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores y a los Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión:

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley al Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

El horario de verano establecido en México a partir de 1996, consiste en adelantar simultáneamente una hora en el reloj en todo el territorio nacional; esta medida es aplicable desde el primer domingo de abril, hasta el último domingo de octubre de cada año.

El llamado horario de verano, en realidad tiene aplicación de dos terceras partes de la primavera y la mitad del otoño, con ésta se incluyen 30 semanas, es decir, más de medio año. Como sabemos en nuestro país se utilizan tres horarios distintos de acuerdo con los nuevos horarios establecidos a nivel mundial; la mayor parte del territorio se rige por el horario de meridiano de 90°, los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit por el meridiano de los 105° y únicamente Baja California por el de 120°.

Hasta ahora los beneficios que tanto han pregonado las autoridades de la materia, tanto la Secretaría de Energía como la Comisión Federal de Electricidad además de la Secretaría de Economía, no han sido del todo satisfactorios para la mayoría de la población, ni como consumidores de energía eléctrica ni por ser los principales afectados con los cambios del horario.

Al respecto compararemos sólo algunas de las multicitadas ventajas mencionadas por las autoridades, ya tan trilladas y poco convincentes: Se dice también que se ahorra energía eléctrica por el equivalente al 1% del consumo anual de electricidad en el país, lo cual supera el consumo anual de Colima o Tlaxcala, así como el 10% del consumo del Distrito Federal.

Con el cambio de horario lo que se provoca es que en los estados ubicados en el centro del país tengan horario de verano todo el año: uno el que de manera natural tienen por su ubicación respecto a los rayos solares y otro, el que se crea artificialmente con el cambio de horario.

Asimismo, se insiste en que el ahorro en el consumo de energía primaria, que son los combustibles asociados a la generación de electricidad, es equivalente a 2 millones de barriles de petróleo al año. Lo que nos queda claro es, suponiendo que dichos ahorros fueran verdaderos, en cuánto se beneficia a los consumidores cuando sabemos que los cobros no disminuyen, incluso siguen aumentando independientemente de la temporada del año de que se trate.

Por otra parte se dice que se disminuyen las diferencias constantes de horario existentes durante todo el año, con los países con los que se mantienen importantes relaciones comerciales. En la actualidad sabemos que con los adelantos tecnológicos en las comunicaciones, los horarios que marcan las actividades en los distintos países no tienen influencia en las relaciones comerciales o financieras, por lo tanto es un argumento de muy poco peso.

Hasta ahora las autoridades energéticas han concluido que el horario de verano muestra que es alcanzaron los beneficios esperados y que se contó con la aceptación mayoritaria de la población. Esta aseveración es totalmente falsa; hasta ahora se tienen evidencias de que los cambios en el horario conllevan un proceso de adaptación en que muchas ocasiones es muy complicado y perjudicial para la salud. La manipulación reiterada de los biorritmos, está demostrado científicamente, conlleva a trastornos de diverso orden: alimenticios, nerviosos, musculares y otros que van lesionando la salud de las personas y que en determinadas circunstancias las expone a accidentes laborales y domésticos. Dicho de otra forma, se manipula la vida de las personas sin que los ciudadanos tengan la posibilidad de incidir en esta decisión, que ahora se encuentra en ordenamientos que tienen rango de ley. Estos procedimientos son más propios de la época feudal y de la colonia de la Nueva España.

El 4 de septiembre de 2001, al resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional promovida por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en contra del Presidente de la República por la imposición del horario de verano, nuestro más alto tribunal determinó que con fundamento en la fracción 18 del artículo 73 de la Constitución Federal, únicamente el Congreso de la Unión tiene competencia para adoptar un sistema general de pesos y medidas, en el que se incluye la medición del tiempo. De esta forma, el pleno de la Corte estableció que ninguna otra autoridad federal, local o del Distrito Federal, está autorizada para regular la aplicación de horarios.

La LVIII Legislatura del Congreso de la Unión aprobó la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2001 y primero de marzo de 2002, respectivamente.

El propósito de la iniciativa que hoy sometemos a consideración contiene la derogación de los artículos 4º, 5º, 6º y 7º de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, mantiene la vigencia del artículo 3º, en la que se establecen las zonas y se reconocen los meridianos que les corresponden 90, 105 y 120; todos ellos, al oeste del meridiano de Greenwich, que son los que históricamente le han correspondido a nuestro país por su ubicación en el planeta, desde el siglo XIX, cuando en el año de 1884 se realizó la Conferencia Internacional de Meridianos, con sede en la ciudad de Washington D.C.

Asimismo, proponemos la abrogación del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos y en cuyo párrafo primero se establece la aplicación del horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril, terminando las dos horas el último domingo de octubre de cada año.

Compañeras y compañeros diputados: con las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se derogan los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: artículo del 1° al 3° como está; 4°, 5° y 7° derogado.

Artículo Segundo.- Se abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1° de marzo de 2002.

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de abril de 2004.

Insértese el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene la palabra el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar una iniciativa de Ley General para el Ejercicio de las Profesiones Reglamentaria de los artículos 5° y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Habida cuenta de que tanto la fundamentación como el texto de la legislación que propongo, han sido objeto de publicación en la Gaceta Parlamentaria, por cierto con algunas imprecisiones que se subsanan en el documento que me permitiré entregar a usted a través de la Secretaría, señor Presidente, solicitándole atentamente sea el mismo documento que se publique en el Diario de los Debates.

Así pues, me concretaré a someter a la mejor reflexión de ustedes, algunas de las reflexiones que explican el por qué se hace no sólo necesaria sino urgente una nueva ley que, respetuosa de nuestro Estado Federal, regule eficazmente el ejercicio profesional en nuestro país.

Al amparo de la legislación vigente, hoy por hoy, cualesquiera de nosotros o de nuestros seres queridos, puede caer en manos de un profesionista, de un médico, que hubiese obtenido con mención honorífica su título hace 40 años. Y que por razón de abrazar una actividad por próspera que le hubiese parecido, abandonara la bata a lo largo de ese tiempo.

La semana pasada pudo haber decido retomar la profesión y en sus manos estaría la salud e incluso la vida, de cualesquiera de sus pacientes.

¿Dónde la actualización del profesionista? ¿Dónde la facultad revisora, controladora de la autoridad? ¿Dónde queda la facultad de los pares, de determinar si efectivamente tal o cual profesionista, en cualquier rama, se encuentra o no actualizado técnica, científica, prácticamente y por ende, capacitado para poder ejercer su profesión?

De ahí que la propuesta de iniciativa, contemple la figura del refrendo periódico de la cédula profesional. Es menester que este refrendo sea trianual, que lo haga la autoridad a solicitud del interesado y como un acto totalmente desvinculado del registro del título profesional de que se trate.

Veamos. La Ley de Profesiones, reglamentaria del artículo 5º. constitucional vigente para el Distrito federal desde 1945 y con dos reformas que se le han practicado: una en 1974 y otra en 1993, acusa una verdadera imposibilidad reguladora frente a la realidad social y a la realidad de las profesiones en México.

Todos sabemos que en el artículo 5º. constitucional, se consagra la libertad de trabajo y una de sus manifestaciones específicas es la libertad del ejercicio profesional; esta libertad solamente puede estar limitada en los términos en que señale el propio artículo constitucional o alguno otro de nuestra Carta Magna.

En este precepto se determina que solamente se requiere título para ejercer una profesión, no se determina la necesidad de una cédula profesional. El artículo 25 de la ley vigente, dice que además de título se requiere una cédula a manera de patente, para hacer posible el ejercicio de una profesión. Como se podrá ver hasta aquí, en el mejor de los casos, está severamente cuestionada la solidez constitucional de la cédula profesional.

Para evitar esto, se propone que todo título rea registrado como requisito previo a su expedición; así se hace una congruencia plena entre las limitaciones que establece la Constitución y lo que debe establecer una ley reglamentaria que, por el alcance del ejercicio profesional, es menester que tenga una regulación federal; esto es, que sea reglamentaria esta ley, como se propone, de los artículos 5º., pero también del 121 en su fracción V, que establece que, todo título profesional que sea expedido en una entidad federativa, podrá ser y deberá ser reconocido en cualquier otra entidad federativa.

Hay, pues, necesidad de homologar un catálogo general de las profesiones que requieren título para su ejercicio; estas profesiones, hoy por hoy, solamente son 23 jurídicamente hablando. El artículo segundo transitorio del decreto que reforma el artículo 2º. de la reforma del 74, solamente enlista 23 profesiones que supuestamente requieren título para su ejercicio. Hoy por hoy, en la Dirección General de Profesiones existen más de mil 500 de ellas registradas.

¡Y adviértase!: un técnico especializado en el análisis clínico, que emita un acto con deficiencia profesional, puede fincar un diagnóstico inadecuado en un médico que a su vez se refleje en la pérdida de la salud e incluso del costo de la vida de un paciente. Estos no son detalles menores, compañeras y compañeros.

Por otro lado, en la iniciativa que se propone, se intenta también proscribir aquel añejo debate de la obligatoriedad de la colegiación, es un viejo debate y se proscribe como volviendo la colegiación atractiva y por ende conveniente, ¿cómo? Los Colegios de Profesionistas deben mostrar su constitución seria y sólida, su profusión numérica, si, pero también se le aumentan las facultades de expedir las constancias de actualización, que sirvan como requisito para que la autoridad administrativa de orden federal pueda emitir el refrendo periódico de la cédula a la que hemos aludido.

También los Colegios de Profesionistas se propone, han de emitir la constancia de que el profesionista ha cumplido con el servicio social obligatorio que prescribe la parte infine del párrafo cuarto del Artículo 5º. Constitucional, distinguiéndole del servicio social de estudiantes que implica un requisito de titulación, lo cual es muy diferente. Como se ve, se propone pues un estímulo importante a la colegiación.

Se propone también la reordenación del Registro Nacional para el Ejercicio Profesional, adecuando todas sus secciones a efecto de permitir información, transparencia, confianza, y por ende protección a la sociedad, que es a la que nos debe importar proteger frente al ejercicio profesional.

Pero también, solidez y seguridad para el profesionista. Aquel que pueda mostrar su cédula profesional debidamente refrendada, tendrá ventaja frente a quien no la tenga.

Y, por último, se proponen recursos, en congruencia plena con lo que prescribe en materia de la garantía de audencia nuestro Artículo 14 Constitucional.

Estas son simplemente algunas de las consideraciones que impulsan esta iniciativa y que en el breve lapso de diez minutos, simplemente me permito en esta forma pues deshilvanada someter a la mejor consideración de quienes integran esta H. Asamblea, y sabiendo que se deberá enriquecer por mis colegas dictaminadores este propio documento.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Moreno Garavilla. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene la palabra el diputado René Meza Cabrera del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa que reforma la fracción VI y adiciona la fracción VIII al Artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL C. DIPUTADO RENE MEZA CABRERA: Con su permiso señor presidente. H. Asamblea. En razón al límite de tiempo solicito a esta presidencia sea publicada íntegramente la presente iniciativa en el Diario de Debates y la Gaceta Legislativa.

Esta iniciativa de reformas al Artículo 82 Constitucional la presenté para su inclusión en el Orden del Día durante el primer período ordinario de sesiones el 9 de octubre del 2003, pero por alguna razón que no se me explicó quedó congelada, motivo por el cual le doy lectura seis meses después y por la razón fundamental de estar a mi consideración más completa de las dos posteriores.

El proyecto que propongo se divide fundamentalmente en dos partes: la primera destaca la necesidad de actualizar la fracción VI que hace una relación de los funcionarios públicos que para ser presidente de la república, deben separarse de sus puestos, seis meses antes del día de la elección.

Esta fracción VI en su penúltima reforma de diciembre de 1942, publicada el día 8 de enero siguiente, agregó a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y de manera poca clara al Jefe o Secretario General del Departamento Administrativo, lo cual ha dado motivo a equivocaciones, porque se le ha confundido con un jefe o secretario único, cuando la limitación constitucional se refiere genéricamente a jefe o secretario general de cualquier secretaría de Estado, un puesto similar al oficial mayor o su equivalente lo cual se aclara si leemos los artículos 90, 92, 93, 110 y 111 constitucionales.

Aun así la fracción VI ya está incompleta porque falta agregar a la relación al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y a los titulares de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y fideicomisos públicos.

La objetividad, equidad y legitimidad que requiere la celebración de la elección presidencial debe tener como primer requisito que los candidatos contendientes lo hagan en igualdad de condiciones, sin ninguna ventaja o desventaja. Por eso se establece que ningún participante ocupe una posición que lo favorezca en detrimento de los otros, lo que ocurriría si alguno de los funcionarios que no están impedidos en la fracción vigente se presenta como candidato en la próxima elección del año 2006.

De ahí la necesidad de adicionar esta fracción VI del artículo 82 constitucional como lo propongo en mi proyecto, actualizando la relación de funcionarios que deben separarse de sus puestos.

La segunda parte se refiere a la reciente intención de algunos familiares de funcionarios que ocupan puestos de elección popular, de sucederlos en el cargo. Esta aspiración es lógica y es explicable, desafortunadamente la historia está repleta de ejemplos en que el procedimiento sucesorio o hereditario ha sido funesto para los pueblos que gobernó el descendiente de un gran soberano. Pocas son las excepciones, por esto las naciones al evolucionar al proyecto y a la modernidad, optan por los sistemas democráticos en donde se elige a los mejores para ejercer los puestos ejecutivos desechando regímenes dinásticos o hereditarios.

En los sistemas democráticos la popularidad es un elemento determinante para ascender a los puestos directivos. La popularidad es una característica que le da al pueblo, mejor dicho, que se gana por el favor del pueblo y la cual obtiene el funcionario público que en realidad sirve a la comunidad que se desempeña.

La popularidad es inherente a los cargos públicos, más aún cuanto más importante es la posición del gobernante, el clásico desde luego es el puesto del Presidente de la República, cuya popularidad se refleja en las personas que lo rodean, entre ellas sus familiares. Pero esta popularidad no es propia, es decir, no se adquiere por actividades que merecieran el reconocimiento de la población sino que es ficticia y al mismo tiempo engañosa.

Ante la hipótesis de que un familiar de un funcionario de la elección popular en el caso concreto del Presidente de la República, quiera sucederlo basándose en la popularidad que recibe por reflejo y en la contienda electoral alcanza el triunfo sobre sus adversarios, su victoria podrá ser legal si cumplió con las reglas preestablecidas, pero no será legítima porque compitió con un atributo que no es propio. Dicho de otra manera la popularidad la llevó al triunfo, no es suya.

Estas dos razones, la igualdad de los contendientes al no tener cargo público que pudiera favorecerlos y el establecer como impedimento de elegibilidad la relación familiar quien ocupa el puesto en la elección para suceder al Presidente de la República, me motivaron fundamentalmente para proponer la iniciativa que hoy presento a la consideración de esta Soberanía, consistente en reforma de la fracción VI y la adición de la fracción VIII al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Me permití redactar la fracción VIII en términos enumerativos, para no disentir con el estilo de las demás fracciones de este numeral.

Le agradeceré, señor presidente, disponga la publicación de la iniciativa y esta explicación en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado, Intégrese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria si esto no se ha hecho y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EL C. DIPUTADO ENRIQUE TAMBORREL SUAREZ: Con el permiso de la presidencia. Los avances tecnológicos en muchos campos del saber hoy son verdaderamente sorprendentes.

La velocidad con que se generan y duplican los conocimientos que posee el ser humano prácticamente en todos los ámbitos es extraordinariamente veloz, razón por la cual el desarrollo del conocimiento, la innovación y el proceso tecnológico, así como el uso que se puede dar a dichos conocimientos deben ser certeramente responsables, sobre todo cuando el sujeto de investigación es el hombre mismo.

Es cierto que hoy la investigación científica debe tener un único límite, una frontera y sin duda alguna esta debe ser, tiene que ser, la dignidad del ser humano, ya que finalmente es acertada la premisa de que no todo lo que es científicamente posible es socialmente responsable, como se ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad.

En el campo de la medicina y la biología los avances científicos y tecnológicos, inimaginables hasta hace muy poco tiempo, han sido particularmente extraordinarios, sobre todo en el campo de la genética, donde el descubrimiento de la estructura molecular, los fenómenos de duplicación y transmisión de caracteres genéticos hoy nos permiten descifrar la afiliación o identidad genética de una persona.

Hoy es posible detectar enfermedades, inclinaciones o proclividades a padecer determinados males, preclasificar facultades físicas, etcétera. Descubrimientos y aplicaciones que si no son manejados y acotados responsablemente pudiesen permitir a terceros desarrollar conductas discriminatorias y violatorias de los derechos fundamentales de todo ser humano, como serían, entre otras muchas, negarle el derecho a la educación; al determinar sus capacidades se pudiera restringir el acceso a oportunidades educativas y de formación.

Negarle el derecho a un empleo digno. Dadas las capacidades y proclividades de cualquier persona, a ésta se le pudiese negar oportunidades de empleo y capacitación. Negarle la contratación o la adquisición de bienes y servicios, como pudiesen ser créditos, seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores o bien el de cobrarle primas más altas a cambio de dichas contrataciones, por mencionar sólo algunas acciones discriminatorias.

Negarle el derecho a la salud. Al conocer la proclividad o padecer un determinado mal alguien pudiese optar por considerar la no conveniencia de aplicar un tratamiento de salud costoso al asumir la no cura de una determinada enfermedad o el surgimiento de otro mal.

Dado lo anterior y dado que cada mujer y cada hombre es un ser indivisible, corporal y espiritualmente, un ser único, singular, irrepetible, con identidad propia y con una dignidad intrínseca, es menester reconocer y garantizar que su identidad genética sea exclusivamente suya y para ser utilizada únicamente en su beneficio.

Por ello todo ser humano tiene derecho a conocer su filiación o identidad genética y a que tal filiación sea protegida por las leyes que tutelan la privacidad, la intimidad, la no discriminación.

Por otra parte, es conveniente recordar que la tradición constitucional mexicana desde el Siglo XIX, siguió la idea de que los derechos del hombre son derechos naturales, anteriores y superiores al Estado, el cual solamente los reconoce y garantiza y por ello en el artículo 1º., original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, encontramos, de manera implícita, el importantísimo principio de igualdad de todos los individuos que se encuentren en territorio nacional, sin distinciones de ninguna clase.

Hoy el principio de igualdad que algunos autores consideran el fundamento mismo de los derechos humanos, se concibe como un principio de no discriminación. En este sentido la igualdad no consiste en que se puedan hacer distinciones entre las personas, concediéndoles diversos derechos o privilegios, sino que las distinciones o diferencias de trato no pueden estar motivadas en lo esencial, por criterios tales como la raza, la religión, el sexo, por mencionar algunas.

Asimismo tenemos que nuestro país ha firmado y ratificado Declaraciones y Convenios, como el Convenio 111 de la Organización Internacional del trabajo, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del 62 la Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 1975; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, publicada también en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 198; la declaración Universal Sobre el Genoma y Derechos Humanos, Declaración que claramente implica el compromiso de establecer en nuestro máximo ordenamiento jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prohibición de la discriminación por razones de caracteres genéticos y con ello, además, dar sustento a la aprobación que esta Cámara de Diputados ha otorgado en la Ley General de Salud.

Amén de considerar la obligación que implica la congruencia en el campo de lo jurídico, tenemos que el asunto de la filiación o identidad genética, no es cualquier otro motivo ni cosa menor, como el estado civil, las preferencias, las opiniones, el género o la edad ni que éste se pueda valorar como asunto de la salud por razones elementales y que saltan a la vista.

El asumir el tema de la no discriminación por caracteres genéticos, como tema de la salud, implicaría el considerar a una determinada capacidad o incapacidad o a una propensión o a una proclividad como una enfermedad cuando en la realidad no lo es.

En este sentido es fundamental que atajemos contundentemente el peligro real y presente de caer en el determinismo genético que básicamente consiste en la creencia de que los genes determinan quiénes somos, incluyendo características de nuestro comportamiento o bien el riesgo, también presente, de caer en el reduccionismo genético que se basa en el hecho de que entendiendo la composición molecular de un ser humano, podremos determinar cómo será dicho ser humano en el futuro, educiéndolo a una mera consecuencia genética.

Compañeras y compañeros diputados: Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la humanidad se encuentra en el umbral de una nueva y promisoria época, una época en donde las repercusiones de los descubrimientos de la ciencia genómica y sus aplicaciones, serán mayores en la medida que estos últimos se acrecienten.

No hay duda que el impacto de los avances genómicos en la vida del país y del mundo será cada día mayor.

Trabajemos porque dichos descubrimientos y sus aplicaciones, se impacten favorablemente en el desarrollo integral de todas y todos los mexicanos.

Por lo anterior, se hace necesario garantizar plenamente el que las personas no sean discriminadas por sus caracteres o identidad genética de manera clara y contundente desde nuestro máximo ordenamiento jurídico: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo aquí expuesto y por todo aquello que no logré plasmar pero que estoy cierto que ustedes habrán de aportar en aras de abatir la discriminación por caracteres genéticos, respetuosamente me permito someter a la consideración de esta soberanía popular, la presente iniciativa de ley que reforma el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al añadir la prohibición expresa de la discriminación por motivo de los mencionados caracteres genéticos.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (PAN): Gracias, Diputado.

Tiene la palabra el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

"Los Estados nacionales acostumbran ponerse de acuerdo mediante pactos y tratados. Es así como los países regulan sus relaciones por medio de acuerdos que les crean obligaciones mutuas. Como resultado natural de la proliferación de convenios internacionales el derecho de los tratados ha sido una de las disciplinas que más se han desarrollado en los últimos años.

En la ciencia del Derecho el internacional ha pasado a de ser mero derecho consuetudinario a ser Derecho codificado, a partir de la celebración de los Convenios de Viena de 1969 sobre derecho de los tratados y la de 1986 sobre tratados celebrados entre organismos internacionales o entre organismos internacionales y Estados.

Sin embargo, la idea general que tenemos de un contrato nos remite a crear que las partes son iguales o que negocian en igualdad de condiciones, pero la realidad es muy diferente. Las relaciones de poder impregnan todas las acciones que llevan a cabo los países entre sí. México desde el inicio de su vida independiente ha suscrito innumerables tratados internacionales, los cuales han producido efectos internos. Es por ello que la ley sobre la celebración de tratados que deviene de nuestra Carta Magna, tuvo al inicio el objetivo primordial de hacer referencia a los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales. Creyó oportuno incorporar los acuerdos administrativos denominados Acuerdos Interinstitucionales, haciéndose así explícita su presencia en la legislación mexicana.

No obstante lo anterior se critica que la ley no se haya ocupado del lugar jerárquico que ocupan los tratados y los acuerdos, ejecutivos en la legislación vigente. Además se afirma que la ley en comento contradice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal cuando autoriza a las dependencias a firmar Acuerdos Interinstitucionales sobre asuntos de su competencia.

Por ello es necesario revisar o prever las consecuencias legales que produciría si alguna dependencia u organismo de la administración pública federal, estatal o municipal se negara a acogerse al dictamen que en su oportunidad emitiera la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la procedencia de suscribir un Acuerdo Interinstitucional y finalmente decidiera celebrarlo.

Es obvio que la ley es omisa al respecto. Por ello un comentario sobre un hipotético caso de esta naturaleza se imponía. El hecho de que una situación como la descrita no se haya dado en la práctica no es óbice para contar con alguna orientación al respecto.

Asimismo son manifiestas las limitaciones en que se encuentra el Senado de la República para poder participar en el proceso de elaboración y firma de un tratado, situación que merece especial atención para concretar un sistema de aprobación de los tratados eficaz y acorde a la proliferación de los mismos, en esta era globalizada y que por supuesto será norma jerárquica superior, según la propia Constitución.

La participación de la Cámara de Senadores en el proceso de aprobación de los tratados internacionales se limita exclusivamente al acto de ratificación de los mismos, al artículo 76 de la Constitución señala en su fracción I, que es facultad exclusiva del Senado aprobar los Tratados Internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión, sin que dicha facultad pueda de ningún modo entenderse extendida a las funciones de asesoría y consejo al Presidente en el proceso de negociación de los mismos, ya que dicha facultad en México, al igual que en muchos países es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo.

"Sin embargo, en la práctica lo que ha sucedido con frecuencia, es que al remitirse al Senado los tratados negociados y celebrados por el Ejecutivo con las instancias gubernamentales respectivas de otros estados, el Senado no tiene los elementos necesarios para comprender cabalmente el sentido del tratado o la convención, para hacer observaciones de relevancia, para proponer modificaciones ni para justificar a cabalidad la aprobación o, en su caso, el rechazo del tratado o convención respectivo.

"En gran medida lo anterior se debe a que el Senado no tiene ninguna participación en el proceso de negociación del tratado o de la convención diplomática. En este proceso se generan los estudios relativos al tema, en donde se produce, se distribuye la información detallada sobre la materia respectiva y en donde se intercambian puntos de vista distintos que resaltan o enfatizan las cualidades o defectos del instrumento que se negocia.

"Si el Senado no tiene una presencia asegurada dentro de este proceso de negociación, es evidente que llega en un estado de absoluta desventaja al momento que se remite el tratado o convención que tiene que aprobar o, en su caso, rechazar.

"Por esta razón se propone garantizar al Senado una participación activa, no nada más en los procesos de negociación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas, sino también en todo aquel instrumento en que el Ejecutivo Federal obligue al gobierno mexicano.

"La globalización e interdependencia que caracterizan al entorno mundial en la actualidad, ha propiciado que la mayor parte de las decisiones económicas en el presente, y creemos que políticas y sociales en el futuro, dependan fundamentalmente de las relaciones internacionales.

"Es por ello que el Partido Verde Ecologista de México considera necesario garantizar los compromisos que se adquieren en esta materia sean profundamente meditados y se adquieran con el mayor consenso posible. Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 6 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados y se adiciona un numeral segundo al artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos".

Por la limitante del tiempo, pido a la mesa directiva se integre íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene la palabra el diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el objeto de que la COFETEL pueda sancionar directamente a quienes infrinjan la norma correspondiente.

-DIP. JESUS EMILIO MARTINEZ ALVAREZ (Convergencia): Con su permiso, señor Presidente.

"Compañeras y compañeros: Como todos sabemos, la Ley Federal de Telecomunicaciones es el instrumento legal que permite al Estado Mexicano promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, así como el establecimiento de las reglas que permitan a los diferentes prestadores de servicios concurrir en una sana competencia, a fin de que cada una de las empresas presten una mejor calidad y diversidad en el servicio, con los mejores precios y tarifas para el público usuario.

"Actualmente la Ley Federal de Telecomunicaciones, como lo establece en su artículo 1º, es una norma de orden público y tiene por objeto regular el uso y aprovechamiento de la explotación , del espectro radioeléctrico de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación via satélite.

En correspondencia el Estado debe ejercer la rectoría en esta materia a cuyo efecto protegerá la seguridad y la soberanía de la nación.

La evolución de las telecomunicaciones en nuestro país, sin duda alguna es el reflejo de los avances tecnológicos en el ámbito internacional, los retos no han sido fáciles de superar, donde el Estado ha jugado un papel protagónico para el desarrollo de los servicios del sector. La importancia económica de las telecomunicaciones ha sido fundamental en el desenvolvimiento de la economía nacional, representando para el año 2002 el 3.18 del Producto Interno Bruto generando ingresos del sector público por un porcentaje de 12.7% y alcanzando un crecimiento anual del 8.7%.

La expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la correspondiente anulación de las disposiciones de prácticas monopólicas ha permitido contar con un nuevo esquema pro competitivo que fomenta la sana competencia entre las empresas; sin embargo en la realidad se siguen presentando situaciones que violentan el espíritu de una competencia con equidad que la Ley establece expresamente.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones dicta disposiciones administrativas en materia de telecomunicaciones a fin de regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. Todo ello con la finalidad de hacer frente a las necesidades de una industria dinámica por excelencia que permita alcanzar altos niveles de convergencia tecnológica y el aseguramiento de mejores servicios de calidad.

Tenemos conocimiento de que actualmente la Comisión de Comunicaciones ha venido realizando un importante esfuerzo con el objeto de adecuar la actual Ley de Telecomunicaciones; han sido citados, especialistas, el propio Director de la COFETEL, académicos e investigadores, con el objeto de que la actual Ley de telecomunicaciones sea un instrumento moderno y que verdaderamente permita la libre competencia entre las empresas prestadoras de servicio.

Sin embargo hemos notado que han sido ya presentadas en diversas ocasiones, iniciativas para actualizar esta Ley encontrándose con la confrontación de los intereses creados dentro del propio ámbito de las telecomunicaciones. Hoy, lo que se pretende en esta Comisión con la información que tenemos de nuestra participación a través de nuestro compañero González Schmal, es de que se van a hacer los esfuerzos necesarios a fin de no hacer una nueva Ley de Telecomunicaciones, sino simplemente y sencillamente hacerla acorde a las necesidades actuales.

Sin embargo, esta Ley que fue creada en Agosto de 1995, perdón en el año de 1995 y la COFETEL fue creada en Agosto de 1996, se encuentra regulada actualmente a través de los Artículos Transitorios de la propia Ley, siendo un órgano desconcentrado, carece de la total autonomía que requiere este tipo de instituciones. Por ello es de suma importancia que por lo menos, de una manera gradual, se le vaya dando a la COFETEL ciertas facultades que son indispensables y fundamentales para su buen funcionamiento y una de ellas es precisamente que tenga la facultad de poder sancionar directamente.

De tal manera y de acuerdo con el marco jurídico actual, me permito presentar ante esta soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue:-----

"Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se sancionarán por la Comisión Federal de Telecomunicaciones". Y en el Transitorio, en el Artículo 1º. Quedaría de la siguiente manera: "Se transfieren las facultades a la Comisión Federal de Telecomunicaciones en materia de Sanciones que actualmente tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la asignación de recursos humanos y materiales para el buen ejercicio de sus nuevas responsabilidadess".

Artículo Segundo.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Por lo tanto pido señor Presidente, que sea publicada en la forma y de acuerdo al texto que estoy presentando en este momento. Muchas gracias.

---- Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria si es que no se ha hecho; y,

El diputado Roberto Antonio Marrufo Torres ha intercambiado su turno con el diputado Francisco Javier Guizar Macías, por lo cual se le concede el uso de la palabra para presentar una iniciativa que reforma la fracción V del artículo 28 y deroga la fracción VII del artículo 111 y el artículo 115 bis, del Código Fiscal de la Federación.

De acuerdo a las facultades que me otorga la Constitución General de la República, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a ustedes, compañeras y compañeros diputados, la siguiente iniciativa que reforma y adiciona la fracción V del artículo 28; deroga la fracción VII del artículo 111 y también deroga el 115 bis, del Código Fiscal de la Federación y expongo para esto los siguientes motivos:

Primeramente, el Código Fiscal de la Federación define las formas, las maneras para recaudar y también para ordenar esta recaudación sin embargo, la reforma que se hizo a este artículo lastimó a más de siete mil gasolineros en el país, ellos han estado asistiendo a este Congreso y al Senado también, pidiendo también (sic) su apoyo para que esta reforma pueda ser planteada en este Congreso y lo han estado también haciendo con las autoridades de Hacienda.

El numeral 28 del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos 111 y 115 bis del Código Fiscal de la Federación, está demostrado que la reforma no se llevó a cabo atendiendo los preceptos de equidad que marca también nuestra Constitución.

La última parte de la fracción V deja una serie de dudas, toda vez que no es lo suficientemente clara, no indica la clase de equipos volumétricos a instalar, en qué procesos del manejo de combustibles su capacidad, sus funciones, su certificación de certeza volumétrica y entre otras lagunas que propicia realizar algunos planteamientos jurídicos en contra de esta disposición.

Lo peor para esta reforma que afecta a los más de siete mil gasolineros en el país es que cuando se modificaron los numerales 111 en su fracción VII y 115 bis del mismo ordenamiento legal, que contemplan las sanciones de pena corporal a quienes no cuenten con controles volumétricos contemplados en la fracción V del artículo 28, es lamentable que el Código en comento no es claro y prevé una serie de sospechas sobre la discrecionalidad que tiene el Sistema de Administración Tributaria para las funciones que desempeña, siendo las que más me preocupan, las facultades que contempla la de inspección y de vigilancia.

Como resultado de todo esto, la reacción inmediata de un grupo de más de 500 empresarios gasolineros se presentaron ante el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Director General de Pemex-Refinación el día 12 de marzo del próximo pasado (sic) y presentaron su inconformidad por las normas aprobadas por este Congreso y publicadas por el Ejecutivo el día 5 de enero del presente año, mediante el cual se impone pena de prisión a los empresarios que no cumplan con dichas reglas de controles volumétricos.

Además de lo anterior, continúan diciendo en su escrito:..."consideramos que lo ya publicado en el Diario Oficial de la Federación al borrador de las reglas que por algún medio no llegaron, son decisiones radicales, represoras, que ponen en peligro toda la red de distribución de combustibles en el país, ante la amenaza latente de tiempos y reglas inoperantes"

Además de la falta de técnica legislativa, también aquí podemos encontrar falta de técnica en los controles volumétricos, porque no se especifican las nuevas marcas; no se respetan los equipos ya actuales, puesto que los gasolineros están reponiendo sus equipos cada diez años y muchos tienen apenas un año o dos o incluso meses, que tienen equipos nuevos volumétricos.

Y por otra parte, también nada más especifican que esto se hará específicamente a aquellos que tengan venta al público, no hay equidad en aquellos refresqueros, cerveceros, etcétera, que también tienen este tipo de equipos.

Se supone que esto es, una iniciativa que buscamos reformar para que los prestadores de este servicio puedan generar los controles adecuados que pide la Secretaría de Hacienda y que hacer un compromiso conjunto, incluso para generar un consejo regulador de combustibles, que eso sería cuestión de otra iniciativa, pero que podría ayudar también para fortalecer la propuesta de los compañeros gasolineros y también de las inquietudes de la Secretaría de Hacienda.

Estoy tratando de resumir y de explicar a detalle de manera general, la propuesta que presento ante ustedes, señores diputados, ya está en la Gaceta Parlamentaria. Sin embargo, quiero pedirles su apoyo para que puédamos buscar que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 fracción V, el 111 fracción VII y el 115-bis del Código Fiscal de la Federación, quede de la siguiente forma:

Se reforma el artículo 28 en su fracción V y se deroga la fracción VII del 111; así como la derogación del 115-bis del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 28.- Las personas que de acuerdo con las disposiciones estén obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas: la fracción I, II, III, IV, quedan como están y la fracción V queda de la siguiente manera:..." tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos en general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. Para tales efectos, el control volumétrico deberá llevarse con los equipos ya instalados, en los diferentes establecimientos y tendrán que instalarse en los que no cuenten con ellos..."

Y por otra parte, el artículo 111 fracción VII, se deroga, el artículo 115-bis, también se deroga y propongo dos transitorios.

Primero, el artículo 1° "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación" y el artículo Segundo Transitorio" Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto."

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de abril del 2004.

Y solicito señor Presidente también, de manera atenta y respetuosa a usted, para que se sirva ordenar publicar íntegramente la presente iniciativa, tanto en la Gaceta como en el Diario de los Debates. Dejó a usted, el turno a la comisión respectiva, para efectos de poder trabajar en lo sucesivo con ellos, junto con los propios interesado. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

-EL PRESIDENTE: Gracias diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado José Sigona Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el inciso E de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Honorable asamblea: El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura, José Sigona Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido por los artículos 46 numeral II de la Ley Orgánica, 58 y 60 del Reglamento Interior, ambos para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de la asamblea lo siguiente:

Iniciativa de decreto por el que se reforma el Inciso E de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de las siguientes consideraciones:

Que desde 1928 el Distrito Federal fue despojado del régimen municipal, los habitantes de la Ciudad de México fueron privados del derecho de elegir a sus autoridades locales. En 1988 se logró la creación de la Asamblea de Representantes como órgano plural de representación, con facultades sólo reglamentarias y de supervisión de la Administración Pública local.

Hasta 1997 los habitantes del Distrito Federal pudieron elegir democráticamente a sus diputados y a su Jefe de Gobierno, obteniendo facultades legislativas de presupuestación y fiscalización, así como la participación en la ratificación de algunos funcionarios locales.

Las reformas más importantes en esta entidad son las que se refieren al Poder Ejecutivo y Legislativo local. La inédita elección del Jefe del Gobierno del Distrito Federal, así como la Asamblea Legislativa, celebradas el 6 de julio de 1997 por decreto de fecha 20 de octubre de 1993 y publicado el 25 del mismo mes y año, por el que se reforma el artículo 122 de nuestra Carta Magna, es quizá el proceso electoral más significativo de los últimos años en la historia de México, debido a la expectativa de apertura democratizadora que implicó.

Por lo anterior, la Asamblea de Representantes de convirtió en 1997 en Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrada por 40 diputados de mayoría relativa y 26 de representación proporcional. Esto significa que la Asamblea Legislativa está facultada para legislar en todo lo que se refiere al Distrito Federal en cuanto su régimen interno, incluida la materia electoral, lo que se ha visto reflejado en la composición de los diputados que integran el Congreso, lo que ha manifestado un claro reflejo de la voluntad del ciudadano en el quehacer diario de las instituciones democráticas del gobierno.

Ahora bien, derivado de lo anterior el mundo jurídico está en proceso de una evaluación constante, a diferencia de otras ramas de la ciencia, en la que los axiomas fijados se mantienen sin cambios en el tiempo, donde nuevas normas se agregan al sistema y otras más renuncian a pertenecer a él.

Si bien es cierto que la legislación es una de las fuentes más importantes de este cambio, porque consiste en la introducción de normas en el sistema jurídico mediante la creación normativa, lo que ha sido acatado no sólo al interior de la Cámara, sino también hacia la sociedad, también es cierto que la adecuación del derecho a la realidad supone necesariamente una revisión periódica de los ordenamientos legales, independientemente del proceso evolutivo de todo texto normativo.

La técnica legislativa convierte el contenido y los propósitos del derecho en palabras, frases y normas a las cuales da una arquitectura sistemática. El estudio científico y la política sólo dan la materia prima y la norma; la técnica la moldea, la adapta y transforma para lograr la realización práctica de sus propósitos. Es obligación del legislador mejorar y readaptar las leyes, puesto que éstas deben someterse a las exigencias de adecuación, claridad y exigibilidad.

Luego entonces, es importante que vayamos adecuando las normas a la realidad de los acontecimientos; por lo que me permito proponer esta misma adecuación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de los hechos señalados en los párrafos iniciales de esta propuesta, ya que como lo es del conocimiento de todos, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, lograda en 1988 dejó de ser tal para tomar el nombre de Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En esa revisión, necesaria y periódica del marco jurídico, nos encontramos que en el inciso e) de la fracción II del artículo 105 de nuestra Carta Magna, se establece:

"e) El equivalente al 33% de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de las leyes expedidas por la propia asamblea".

Esta parte de la Constitución no ha tenido la adecuación a la que he venido haciendo referencia, por lo que me permito proponer a esta asamblea, la correcta redacción del inciso mencionado, aludiendo a la adecuación del derecho a la realidad de los acontecimientos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea lo siguiente:

Iniciativa de Decreto por lo que se reforma el inciso e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"e) El equivalente al 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en contra de las leyes expedidas por la propia Asamblea".

Es todo, señor Presidente, solicito se inscriba en el Diario de Debates esta propuesta.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La iniciativa registrada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de reforma a la Ley de Ingresos, ha sido retirada.

En consecuencia tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar una iniciativa que adiciona los artículos 201 bis y 205 del Código Penal Federal, para incluir en los medios de comisión el ilícito tipificado como corrupción de menores incapaces, el uso de las redes de información electrónica abiertas y otros sucedáneos que se instrumenten al efecto.

El suscrito diputado Jesús González Schmal, miembro de la Comisión de Comunicaciones de esta Cámara e integrante del grupo parlamentario de Convergencia, solicita en términos del artículo 70 y 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos, y con fundamento en el artículo 55 fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de reformas a los artículos 201 Bis y 205 del Código Penal Federal, para efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma para lo que procedo en los siguientes términos:

El derecho penal, como la obra cultural de la sociedad para preservar la convivencia humana en el respeto de los derechos individuales y sociales, castigando o sancionando a quienes los transgredan como medida disuasiva para los autores de la conducta antisocial, es y será siempre el arma de la civilización contra quienes rompen el orden y alteran la paz social necesaria para la realización humana en plenitud.

No obstante esta defensa de la sociedad para evitar el mal hasta donde sea posible, la creatividad humana en sentido negativo sigue avanzando para sus fines destructivos, al grado de que logros indiscutibles como son los desarrollos en la tecnología que deben servir al hombre y a su elevado destino, son por el contrario perversamente desviados a la producción de daños morales y materiales que inexplicablemente encuentran adeptos que realicen comportamientos no sólo antisociales, por sí mismos, sino de la máxima relevancia en sus monstruosos fines y finalidades, dada la debilidad de las víctimas a los que se dirigen para infringir la ofensa moral y jurídica a la sociedad.

Es el caso de la nueva especie de corrupción de menores que se despliega a través de las modernas técnicas informativas en las redes de transmisión electrónica, por las que se induce al menor a desenvolvimientos anormales que van transformando y hasta aniquilando referentes de valor, para precipitarlo a actuaciones estimuladas por instrumentos visuales y acústicos que le restan autocrítica y lo inclinan a prácticas sexuales precipitadas que son de adultos, con proclividad a la degradación, al extremo de hacerle apetecible el uso de drogas y estupefacientes para supuestas experiencias hedonistas.

La minoría de edad en todas las culturas del mundo, es la etapa de la vida merecedora de todas las consideraciones y protección, en tanto es no sólo inerme ante los atentados a su integridad humana, sino es, sobre todo, el momento en el que las pautas y modelos de referencia, se fijan como orientadoras de conductas futuras en su sentido social, tanto positivo como el indeseado antagónico, al bien general común.

De ahí, la imprescindible responsabilidad de las generaciones adultas, para atender con mayor acuciosidad la protección al menor y no se cesar en la persecución y sanción en el grado extremo de severidad que merecen, quienes, valiéndose de la condición indefensa de la víctima, en tanto es menor de edad, descargan la sevicia y el torvo afán de lucrar, corrompiendo al niño o al joven para dar desahogo a sus pasiones malsanas y/o para hacerlo cautivo como cliente del potencial negocio ilícito relacionado con la pornografía, la prostitución, la droga y los consumos relacionados con esas prácticas.

En la actualidad, el desarrollo de la tecnología informática, ha promovido el aumento en la transmisión de información dentro de la red conocida como "internet", situación que ha permitido un gran desarrollo dentro del ámbito social y económico; sin embargo, ha creado situaciones que no se encuentran reguladas dentro de la legislación y que afectan gravemente a los habitantes de nuestra Nación.

El objetivo primordial de esta reforma, es el de establecer un control dentro de la información que circula por internet, persiguiendo los hechos delictivos que se generan por el mal uso de estos medios electrónicos, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la sociedad.

Asimismo, pretende colocar a nuestro país al nivel de la demanda internacional, donde cada día más estados, más países, emiten nuevas leyes a fin de perseguir a las personas que utilizan los medios electrónicos para delinquir.

En este sentido, la presente reforma, solicitada en el plenario de la Comisión de Comunicaciones de esta representación para su inminente presentación y trámite, pretende combatir la pornografía infantil que circula por la internet, ampliando el tipo penal que actualmente se establece en el Código Penal Federal, con la finalidad de proporcionar herramientas efectivas a las autoridades judiciales investigadoras correspondientes, para una eficaz persecución y sanción del delito que se menciona y de esta forma, terminar con esta conducta lesiva para la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente adición a los artículos 201 bis y 205 del Código Penal Federal en los siguientes términos:

Título Octavo, Capítulo Segundo. Corrupción de menores e incapaces, pornografía infantil, prostitución sexual de menores y el uso de las redes de información electrónica abiertas y otros sucedáneos que se instrumenten al efecto.

Artículo 201 bis. "... al que procure o facilite, por cualquier medio, el que uno o más menores de 18 años, con o sin su consentimiento, lo o los obligue o induzca a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, con el objeto y fin de videograbarlos, fotografiarlos o exhibirlos mediante anuncios, impresos, electrónicos, o por medio de un sistema de redes informáticas y sucedáneas, con o sin el fin de obtener un lucro se les impondrá de 5 a 10 años de prisión y de mil a dos mil de multa.

Al que fije, grabe, imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en que participan uno o más menos de 18 años, se le impondrá la pena de 10 a 14 años de prisión y de 500 a tres mil días multa.

La misma pena se impondrá a quienes confines de lucro o sin él, elabore, reproduzca, venda, arrienda, exponga, exhiba, publicite otras mita por cualquier medio, el material que se refieren las acciones anteriores.

Se impondrá prisión de 8 a 16 años y de tres mil a 10 mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, a quien por si o a través de terceros, dirija, administre o supervise las conductas previstas en los dos párrafos anteriores con menores de 18 años.

Para los efectos de este artículo se entiende por pornografía infantil la representación sexualmente explícita de imágenes de menores de 18 años, así como su exhibición por cualquier medio.

Artículo 205.- Al que promueva por cualquier medio, facilite, consiga o entregue a una persona para que ejerza la prostitución, dentro o fuera del territorio nacional, se le impondrá prisión de 5 a 12 años y de 100 a mil días de multa.

Si se emplease violencia o el agente se valiese de la función pública que tuviere la pena se aumentará hasta una mitad.

ARTICULO TRANSITORIO: Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, D.F., a los 15 días del mes de abril de 2004.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Tiene la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL C. DIPUTADO HELIODOR DIAZ ESCARRAGA: Con su permiso señor presidente. Los Artículos 51 y 57 de la Constitución Federal establecen que por cada diputado y por cada senador propietario se eligirá un suplente. La suplencia es una institución que surgió bajo una concepción ya superada, de que el diputado representa a su distrito, de suerte que cuando éste falta el distrito queda sin representación.

La teoría constitucional de nuestros días no sigue esta tesis, en la actualidad es unánimemente admitido que el diputado representa a toda la nación y no aisladamente a sus distritos, en el caso de los senadores ocurre lo mismo, por ello, hoy en día, la suplencia ha perdido su sustento original y por tanto su razón de ser.

Actualmente, luego de casi 180 años de instituida, plantea más desventajas que conveniencias, ya no es la suplencia una institución constitucional necesaria ni siquiera es útil para la moderna democracia, es más, la contradice y afecta negativamente.

La mayoría de países, sobre todo los desarrollados, no la consideran en sus constituciones o en sus leyes electorales y parlamentarias. En México la suplencia no existe para los Poderes Ejecutivo y Judicial, el Presidente de la República, los secretarios de despacho, los ministros y magistrados no tienen suplente; cuando éstos faltan ni se paralizan las instituciones ni se detiene la marcha del país, simplemente se les destituye bajo el procedimiento o bajo los procedimientos previamente establecidos.

Por si fuera poco la suplencia en los últimos años ha sido señoras y señores diputados, pervertida por la práctica política. En efecto ésta provoca que se limite la participación democrática de la población en la designación de sus representantes ya que al darse vacantes en el Congreso, está imposibilitada para votar nuevamente por el sustituto y decidir si ratifica o revoca el mandato al partido postulante.

Que se confunda el elector en el caso de coaliciones en la que es común se postule a un propietario y a un suplente de partidos distintos y en varios casos con ideologías diametralmente opuestas sólo para cubrir cuotas de poder.

Que contra la corriente que propugna por la profesionalización del Congreso que lleva implícita la permanencia en el cargo, se dé una movilidad innecesaria de sus integrantes.

Que dé lugar a pactos antidemocráticos como el de que un propietario y suplente con o sin el aval de su partido, se repartan el ejercicio del cargo conforme a tiempos oficiosamente preestablecidos.

Que en demérito de la ciudadanía los partidos oculten con un candidato popularmente aceptado, sus intenciones de impulsar al ejercicio real del cargo a un suplente desconocido o sin trayectoria política que por si mismo no ganaría las elecciones, pero que pudiera resultar afin a intereses cupulares o coyunturales.

Que los partidos desvirtúen el cumplimiento de las cuotas de género establecidas en la ley, postulando a mujeres como suplentes, las que sólo por un golpe de fortuna pueden ser propietarias.

Si no existiera la suplencia esta Cámara tendría al menos 167 diputadas y no sólo las 89 registradas en la LVIII Legislatura o las 110 que se reportan en el presente.

Sin razón teórica ni práctica que justifique la existencia de la suplencia, no le quedan a ésta más que dos ventajas: una, que apunta el constitucionalista Tena Ramírez, que en el remoto caso de que faltaran en forma absoluta los diputados y senadores necesarios para dar quórum, los suplentes fueran llamados para integrar las Cámaras. Y otra, que cuando falta el propietario no se requiera convocar a elecciones.

Se requiere decidir si ante la falta de diputados y senadores electos o en ejercicio, es recomendable dejar la decisión en la ciudadanía de cada distrito o entidad federativa, de elegir a los sustitutos bajo determinadas condiciones.

Hace falta resolver si los individuos que practicamos activamente la política, realmente queremos cumplir con el mandato de nuestros electores, por los tiempos fijados en la ley. En esta virtud, propongo la desaparición de esa institución constitucional tanto en lo referente a los legisladores de mayoría relativa como a los de representación proporcional.

Para este efecto también propongo lo siguiente: Primero, que ante la ausencia definitiva de sus titulares, las curules o escaños queden vacantes siempre y cuando éstas no excedan del 10% del total de diputados o senadores de mayoría relativa y primera minoría. Segundo, que en caso de que las vacantes excedan el porcentaje indicado en el punto anterior, se convoque a elecciones extraordinarias en los términos previstos en la legislación electoral, en cada distrito o entidad federativa en donde se haya producido la ausencia de representantes populares o en su caso, llamar al que siga en la lista de senadores de primera minoría.

Tercero. Que en tratándose de diputaciones o senadurías por representación proporcional éstas no sean cubiertas pues aun en la casi imposible eventualidad de que las 200 diputaciones o las 32 senadurías de este tipo quedaran acéfalas, ambas cámaras podrían funcionar adecuadamente.

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en el artículo 135 de la Constitución federal, formulo la iniciativa de reforma y derogación de los artículos constitucionales descritos al inicio de mi intervención y cuyo texto, por limitaciones de tiempo para esta exposición verbal, solicito se transcriban íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, si ésta no ha sido publicada y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 21, un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 y reforma el párrafo segundo del apartado A del artículo 102, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EL C. DIPUTADO SERGIO VAZQUEZ GARCIA: Con el permiso de la presidencia. Señor presidente, por obvio de tiempo leeré solamente los puntos generales de la iniciativa que presento ante este pleno y le solicito, de conformidad con el Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se inserte el contenido íntegro de la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria.

Iniciativa de decreto por la cual se adiciona un párrafo tercero al artículo 21 y un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 y se reforma el párrafo segundo del apartado A del artículo 102, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El combate a la inseguridad es un asunto que actualmente preocupa sobremanera a los gobiernos federal y estatal y por supuesto a la sociedad mexicana en su conjunto.

Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en la administración pública somos sensibles a la realidad que actualmente vive el país y ahora, en el quehacer legislativo, nace la responsabilidad de dar herramientas a los estados para que, dentro de sus facultades, puedan combatir aquellos delitos que por estar fuera de su competencia no se encuentran en posibilidad de atacarlos frontalmente, por lo que el objetivo de la presente iniciativa es otorgar herramientas jurídicas y facultades a los estados para que puedan investigar y perseguir aquellos delitos que afectan la integridad de las personas, la salud, la pérdida de empleos, la evasión fiscal y que en conjunto causan un daño a la economía nacional.

A manera de ejemplo y con el fin de señalar los problemas tan grandes que representan a la federación, estados y municipios el combate frontal de los delitos federales, mencionaré a tres de ellos en lo particular.

En materia de piratería México, junto con Argentina, encabeza la lista de países de occidente con mayor consumo de productos falsificados. Algunos reportes basados en estadísticas de comercio exterior de Estados Unidos y China dan una idea del mercado que alcanza la piratería.

Durante el año 2000 el país dejó de percibir cerca de ocho mil millones de dólares por evasión al impuesto al valor agregado y al impuesto de importación.

En cuestión de contrabando, estadísticas obtenidas del INEGI indican que alrededor de nueve millones de personas generan 12.5 por ciento del producto interno bruto, algo así como 700 mil millones de pesos anuales, pero ninguna paga impuestos. La evasión al IVA es de unos 105 mil millones de pesos.

Asimismo, la Procuraduría General de la República en materia de narcotráfico ha tenido avances significativos en el combate de los delitos que se encuentran dentro del ámbito de su competencia.

No es de óbice comentario señalar que en este año ha realizado, sólo en los últimos cinco meses en diversos operativos, un decomiso de 123 toneladas de prendas, de bisutería, lentes y bolsas, un millón de discos piratas, 255 toneladas de tenis chinos, doce toneladas de ropa deportiva. Se han realizado 453 cateos y se han detenido mil 057 personas, de las cuales 330 tenían órdenes de aprehensión por delitos federales, principalmente narcotráfico y violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Asimismo han sido asegurados 1,444 vehículos, esto en el año de 2003.

En materia de fuero común y en el marco del Convenio de Colaboración en materia de Seguridad Pública señalado en el artículo 73, fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalo que en el año del 2003 todos los estados que integran la Federación se han adherido a dicho documento y pese a sus bondades, la aplicación del mismo ha quedado a criterio del y de los gobiernos estatales; de ellos sólo Jalisco y Nuevo León han tenido resultados tangibles al reducir de manera significativa la incidencia de delitos federales y por ejemplo en Jalisco en los años 2002 y 2003, se han detenido a 1,393 delincuentes. De ellos son 751 compradores, 642 vendedores; se aseguraron 14 mil 235 toneladas de cocaína, 30 mil 312 de mariguana, 68 mil 208 de tonzol (?), un millón 760 mil pastillas psicotrópicas, 697 toneladas de anfetaminas y 1,440 de seudofebrina (?).

En el mismo periodo ocupó el primer lugar en aseguramiento de drogas con 131 operativos, en 20 municipios y asimismo han sido destruidas más de 8 millones de plantas de mariguana. Esto en los delitos contra la salud.

Estos resultados aunque alentadores, no han sido suficientes y prueba de ello es que en las reuniones de la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara de Diputados, de forma reiterada nos han solicitado a los diputados federales a través de los Secretarios de Seguridad y Procuradores de los estados, herramientas jurídicas dentro de la Constitución y el Código Penal Federal, para atacar de lleno y sin cortapisas la delincuencia organizada, que valiéndose de dichos impedimentos legales han extendido sus redes en todos los rincones del país y en los lugares más recónditos que pudiésemos imaginar, provocando graves daños a la sociedad y a la economía del país.

Es así que una vez analizada esta problemática en materia de seguridad pública y procuración de justicia y tratando de dar respuesta a la petición de diversos estados del país, presento esta iniciativa en la que se pretenden reformar los artículos 21, 73 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ser concurrentes las facultades de persecución e investigación de los delitos federales a los estados y a la federación según establezcan las leyes federales respectivas, dejando a las mismas los casos en que la concurrencia deba operar. Es decir, que la concurrencia en los artículos ya mencionados quedará abierta para que el Código Penal Federal, Código Fiscal. Ley Federal de Salud, Ley General de Salud o aquellas que el legislador crea prudente y así puedan tener los estados facultades de investigación y persecución de los delitos, como narcomenudeo, piratería, contrabando, portación de armas de fuego o todo aquel delito que por circunstancias especiales, sea necesaria dicha concurrencia.

Por lo tanto, señor Presidente, con los antecedentes de la presente iniciativa que hice mención con anterioridad hago llegar a esta Mesa Directiva la iniciativa en comento para que turne a las comisiones correspondientes para su estudio y dictaminación.

Túrnese la iniciativa de referencia, a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de ley para la inscripción y regularización de vehículos automotores d carga de procedencia extranjera.

Los suscritos diputados jaliscienses integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Honorable Congreso de la Unión, ponemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la ley para que se inscriban y regularicen los vehículos automotores de carga y pasaje de procedencia extranjera, misma que se fundamenta y motiva en la siguiente

"Circulan en el país un gran número de vehículos automotores de procedencia extranjera, cuya condición irregular propicia actos de corrupción por parte de las diferentes autoridades federales, estatales e inclusive municipales, además del riesgo inminente de verse privados de su propiedad quienes los poseen y los conducen.

"Esta situación permite que juntos con quienes de buena fe y por las necesidades de su actividad productiva se ven en la apremiante necesidad de adquirir estas unidades en razón de su capacidad adquisitiva. Existen otras personas que utilizan estas circunstancias para realizar actividades delictivas al amparo de la dificultad que existe para identificar de manera oportuna y eficaz a los responsables de realizar ilícitos en este tipo de vehículos.

"La situación económica que impera en el país y marcadamente en el campo obliga a reconocer estas herramientas de producción como bienes de capital a los campesinos mexicanos y a quienes deben facilitársele los medios indispensables para realizar su cometido en la producción primaria.

"La depreciación acelerada a que se someten los vehículos nuevos transitando por los caminos de las áreas rurales del territorio nacional, cualquiera que sea el origen de su fabricación, elevan considerablemente los costos de producción agropecuaria, por lo que resulta prohibitivo la utilización de unidades nuevas nacionales o importadas.

"A pesar de los múltiples intentos de terminar con esta situación de irregularidad, no ha sido posible por las diferentes limitaciones en el nivel operativo por parte de quienes tienen esa encomienda de ejecutar las disposiciones emanadas por la autoridad correspondiente.

"Como ya se mencionó, la estancia irregular de estos vehículos provoca actos de corrupción de funcionarios de los diferentes niveles de gobierno y seguridad para todos los ciudadanos, por lo que se hace necesario generar las disposiciones legales que propicien la incorporación de todos estos vehículos al régimen de derecho al que estamos obligados todos los mexicanos y a dar certidumbre y estabilidad al patrimonio familiar de todos los compañeros que se encuentran en esta situación.

"Bien sabida es la preocupación de la Confederación Nacional Campesina para que de una vez por todas se den las facilidades sin restricciones para subsanar esta situación en que por necesidad incurren nuestros compañeros campesinos.

"En las diferentes acciones que se han tomado se han excluido vehículos que cumplen con las características para ser utilizados en las actividades agropecuarias y la única diferencia ha sido la capacidad de carga o el número de plazas, como es el caso de la denominada pick-up y ocho birlos, que de ninguna manera puede ser considerada como de lujo o deportiva.

"Por la resistencia de algunos funcionarios de los gobiernos estatales para cumplir cabalmente con los ordenamientos de esta soberanía y específicamente el decreto del 27 de diciembre del año 2000, fueron rechazados miles de solicitudes de inscripción, a pesar de haber cumplido en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la disposición aludida, haciendo así ineficaz la intención de resolver el problema de que se trata.

"En algunos casos se les negó el beneficio pretendido por falta de licencia para conducir, cuando es conocido que muchos campesinos por discapacidades propias de la edad o habilidades no adquiridas no cuentan ni contarán nunca con este documento, pero se entiende que será algún familiar quien lo conduzca. En otros casos se negó ese derecho sin ninguna justificación, dejando en total estado de indefensión.

"Una gran cantidad de estos vehículos son adquiridos por la vía de la donación, motivada por vínculos familiares entre los que radican en los Estados Unidos de Norteamérica y sus padres o hermanos arraigados en su parcela.

"Es necesario propiciar la capitalización del sector agropecuario y garantizar el transporte oportuno de los insumos y productos de esta actividad, así como de los mismos proveedores de mano de obra en un marco de seguridad y de legalidad.

"Por lo antes expuesto pongo a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados para su aprobación el proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Inscripción y Regularización de Vehículos Automotores de Carga de Procedencia Extranjera:

"Artículo 1o. Para efectos de esta ley serán considerados propietarios de vehículos automotores de procedencia extranjera las personas que acrediten con título de propiedad este derecho, acta testimonial ante un juzgado de primera instancia o acta notarial certificada.

"Artículo 2º.- Serán objeto de inscripción los vehículos automotores con las siguientes características: los vehículos automotores pick-up en todas sus modalidades, vagoneta con capacidad hasta de 12 pasajeros, camionetas doble rodada, rabones, quinta rueda y otros automotores destinados a la actividad de transporte de pasajeros, de gasolina o diesel.

"Los vehículos incluidos en el inciso anterior, serán considerados siempre y cuando hayan sido internados al país hasta el 31 de diciembre del año 2003.

"Todas las marcas y modelos correspondientes hasta 1997, con excepción de los considerados deportivos y de lujo.

"Artículo 3º.- Las organizaciones del Congreso Agrario Permanente presentan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el listado de unidades empadronadas en un plazo no mayor de 180 días naturales posterior a la fecha de la publicación de esta ley, con la finalidad de que se tramite pedimento de importación dentro del plazo establecido, por conducto de agencia aduanal y por la aduana que elija el interesado.

"El padrón de vehículos inscritos deberá contener los siguientes datos: nombre completo del solicitante, marca, año, modelo, tipo y número de serie.

"Artículo 4º.- No podrán ser objeto de inscripción ante las organizaciones del Consejo Agrario Permanente, los vehículos de 1998 en adelante, ni los vehículos de 1974 y anteriores, los considerados de lujo y deportivos, los introducidos al país a partir del 1º de enero del año 2004, los que se encuentren en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país.

"Artículo 5º.- Los interesados en inscribir los vehículos deberán pagar el Impuesto Sobre Tenencia o uso de vehículos que corresponda de acuerdo al modelo del automotor.

"Artículo 6º.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se coordinará con la Secretaría de Economía, para en un plazo no mayor a 30 días después de publicada la presente ley en el Diario Oficial de la Federación, establezcan los mecanismos de recaudación y tramitación aduanera, quienes deberán informar oportunamente a las organizaciones del Congreso Agrario Permanente, sobre las formas, plazos y documentación necesaria para el fiel cumplimiento de esta ley.

"a) Si no se cumple con la acreditación de la propiedad del automotor o se falsea la información respecto al modelo y tipo de vehículo, requisitos señalados en esta ley, el pago de impuesto de los automotores que no hayan sido inscritos, será devuelto al interesado previa presentación del original del recibo de pago.

"Artículo 7º.- Los impuestos que deberán cubrirse con motivo de la importación definitiva de la unidad, serán conforme al siguiente tabulador, cuyo origen fue la regla 3.5.25 de la resolución de la Miscelánea de Comercio Exterior para el año 2000, que especifica el valor de la unidad en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo al año y modelo del vehículo".

Se presenta el tabulador, pero por obviedad lo dejo pendiente y pido sea inscrito en el Diario de Debates.

"Sobre estos vehículos se determinará y pagará el 20 por ciento de arancel, 15 por ciento de IVA y 8 por ciento al millar del trámite aduanero, conforme a la tarifa del Impuesto General de Importación.

"Primero.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia será hasta la conclusión de los trámites inscritos en el padrón presentado por las organizaciones del Congreso Agrario Permanente.

"Segundo.- Los vehículos no podrán ser objeto de inscripción y contarán con un plazo señalado en el artículo anterior para sacarlos del país y borrarlos al fisco federal, entidades federativas o municipios. En todo caso el interesado quedará liberado de la responsabilidad relacionada con el pago de las contribuciones y la ausencia del permiso de importación.

"Tercero.- Procedencia. La inscripción de vehículos embargados, cuando esta medida corresponda a créditos fiscales vinculados en función directa en su internación al país y en cuyo caso se levantará el embargo para que el propietario pueda llevar a cabo el trámite de inscripción, quedará cancelado el crédito fiscal de referencia y por ende levantado definitivamente el embargo, devolviendo el autor el automotor a su propietario".

-PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias diputado don Roberto Antonio Marrufo Torres.

Túrnese la iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

Tiene el uso de la palabra la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma la Ley General de Educación, para vincular los contenidos de la educación con la educación de la salud y para evitar la discriminación de los menores en el ámbito educativo.

"El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita diputada, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 Constitucional y la Fracción II del Artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto bajo la siguiente Exposición de Motivos.

La igualdad, ante la Ley y la no discriminación, son prerrogativas garantizadas por nuestra Constitución Política, estos principios generales deben expresarse en forma clara y precisa en disposiciones jurídicas que prohiban y sancionen conductas y a la vez quien le obligue a las autoridades a emprender acciones que garanticen un acceso pleno a la oportunidad de desarrollo personal y social.

En este marco, es indispensable el cumplimiento al derecho a la protección de la salud contenido en el Artículo 4º. de la Carta Magna. Esta disposición considera no sólo la atención médica y la restauración de la salud sino también la prevención de las enfermedades. La mejor manera de proteger la salud es evitando que esta se deteriore, es ahí que la prevención y el auto cuidado de la salud, constituyen elementos básicos de su protección.

En los últimos 20 años se ha demostrado que la salud puede mejorarse actuando sobre los determinantes de la salud de las personas, mucho antes de que las enfermedades y sus factores de riesgo aparezcan, la promoción y fortalecimiento de hábitos y valores en la niñez y la juventud disminuyen la probabilidad de contraer enfermedades y padecer futuros trastornos y padecimientos al tiempo que favorecen una mejor calidad de vida.

En estas etapas, se delinea nuestro futuro no sólo en términos del carácter o preparación para enfrentar la vida adulta sino también en el desarrollo de conductas que ens u momento inciden favorablemente en nuestra salud, o bien afectan, de manera grave, arraigando factores de riesgos que se manifiestan en enfermedades crónico degenerativas en la etapa adulta, la pérdida de valores y un desconocimiento por parte de niños y jóvenes sobre los efectos de las adicciones, el ejercicio desinformado e irresponsable de la sexualidad, el sedentarismo y una alimentación desequilibrada, entre otros factores, han aumentado el riesgo de padecer algunas enfermedades de las llamadas emergentes. En este sentido, en concordancia con la filosofía de mi partido y hacer de la educación un proceso sustentado de valores que ayuden a las personas no sólo a adquirir conocimientos académicos sino de que las forme para enfrentar los problemas individuales y colectivos que fomenten la responsabilidad personal, que promuevan hábitos de vida saludable y que generen actitudes de auto cuidado de salud, se propone establecer en la Ley General de Educación, la promoción de la Educación para la Salud como parte de las finalidades de la Educación que imparte el Estado en los términos que establece la Ley General de Salud.

Con ello, esperamos proveer de certidumbre y continuidad a los contenidos y programas en materia de Educación para la Salud; además, se fortalece el marco legal que sustenta la coordinación y colaboración de las autoridades de Educación y de Salud en la promoción de la salud de la población en las escuelas y los centros de reunión.

Por otro lado, parte de nuestra labor como Legisladores, consiste en estaablecer disposiciones claras y armónicas en el marco jurídico que norman las relaciones y conductas de todos los mexicanos; por ello es que resultan inadmisibles las violaciones al derecho de acceso libre e igualitario a la educación en los casos de niños contagiados con SIDA sin que exista una justificación relacionada con riesgos a la salud de las personas con las que se convive en clase. La presencia de actos discriminatorios en el acceso a los servicios de educación de estos niños, en parte por una ignorancia sobre los mecanismos de transmisión del virus y la falta de claridad en la ley que norma la materia, motivan establecer la prohibición de discriminación en el acceso, goce y permanencia en el ejercicio del Derecho a la Educación.

De ahí que se propone establecer de manera específica nuestra Legislación Secundaria, los derechos consagrados en nuestra Carta Magna para quienes padecen una enfermedad, la igualdad ante la Ley y no discriminación consagrada en el Artículo 1º de nuestra Constitución, deben ser de plena vigencia y observancia en todos los ámbitos de la vida social y productiva.

Alentemos la formación de personas responsables de sus acciones, conscientes de los problemas individuales y colectivos que tengan la capacidad de superarlos en interacción con autoridades respetuosas de los derechos de los ciudadanos.

Para Acción Nacional, el ejercicio consciente y responsable de la libertad en la democracia, conducirá a la justicia y a la igualdad de oportunidades.

Las leyes que emitamos en este órgano colegiado que ordenan la convivencia social y que definan la relación de los individuos con la comunidad, deben estar orientadas a la consecución del bien común y a una efectiva protección de los derechos humanos.

En consideración de lo expuesto, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito someter a la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación.

UNICO.- Se reforma la fracción X del artículo séptimo y se adiciona un párrafo al artículo segundo de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: …

Artículo Segundo.- Ningún estudiante será objeto de discriminación, sanción o expulsión motivada por su origen étnico, género, condición social, religión, capacidades diferentes, afecciones físicas o condiciones de salud, preferencias o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Artículo Séptimo.- La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validad (sic) oficial de estudios tendrá además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: ….

Fracción X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y así como promover la educación para la salud en los términos del capítulo segundo del título séptimo de la Ley General de Salud.

Transitorios.- Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Tiene el uso de la palabra el diputado don Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado.

- EL C. DIP. RAMON GALINDO NORIEGA: No voy a leer toda la iniciativa por su extensión, solamente haré algunos comentarios relativos y le pido al Presidente que sea publicada íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates.

Honorables diputados y diputadas. Insisto, los municipios son la base del ordenamiento y del desarrollo y todo lo que se pretenda lograr desde fuera de ellos resultará menos eficiente, o sea con menores resultados y aprecios más altos.

Buena parte de las respuestas que este país espera no se encuentran exclusivamente en los grandes núcleos públicos, ni se encuentran necesariamente en las grandes instituciones políticas sino se encuentran principalísimamente en poblados y en ciudades pequeñas.

Para efectos prácticos, no existe vida federal ni existe vida en los Estados; la vida se da como convivencia cotidiana entre seres humanos, en las localidades.

Las respuestas que México requiere están en la voluntad personal de más de cien millones de ciudadanos que viven en municipios, están en el coraje individual y en el cariño por la tierra y por las familias. Las respuestas se encuentran en la iniciativa personal de los habitantes de Fresnillo, Zacatecas; en la inventiva local de la gente de Tehuacán, Puebla; en la creatividad de los habitantes de Quiroga, Michoacán; en la pasión y en la fe de los ciudadanos de San Luis Potosí.

Una vez que hemos avanzado en el reconocimiento del poder electoral de los mexicanos, ahora debemos regresarles también el poder para decidir integralmente sobre su futuro y su estilo de vida; debemos devolverle el poder a la gente por una razón muy sencilla: no podemos, quienes vivimos fuera de Nacozari, Sonora, tener más interés en ése lugar que la gente que vive en ése histórico y hermoso municipio minero.

Los municipios que por alguna razón se encuentran muy atrasados, con muy bajo nivel de empleo, con pocas inversiones y con bajo nivel en la calidad de los servicios, generalmente dependen en más de un 80% de las participaciones federales y se consideran municipios muy humildes.

Sin embargo, cuando uno de estos municipios y cada vez son más en el país, se atreve a realizar un esfuerzo extraordinario para incrementar el tamaño de su economía y para ello invierte en infraestructura, promueve nuevas inversiones y con ello genera más empleos; entonces se enfrenta a otros problemas mucho mayores; se incrementa el número de habitantes a atender, se incrementa el circulante en manos privadas, pero no se incrementa el gasto público per cápita.

Al contar los municipios con menos recursos per cápita, entonces sus problemas se convierten en la existencia de una mayor población y un espacio más extenso que atender, un sector comercial e industrial que exige mayor vigilancia y un mayor nivel de delincuencia, ante la incapacidad de equipar a la policía local y es que, los municipios donde se incrementa la derrama económica no sólo atraen a gente trabajadora, sino también a criminales y delincuentes que prefieren delinquir donde hay dinero y vida comercial, que donde no la hay.

Mientras no modifiquemos este modelo de federalismo, tendremos como consecuencia que los municipios pobres, seguirán siendo pobres y los municipios considerados como ricos, también seguirán siendo pobres.

Repito, existen colonias en municipios considerados como pudientes, como Monterrey, Tijuana, Guadalajara y sin duda, la ciudad de México, en donde la gente vive en peores condiciones que muchos lugares de estados considerados pobres, como Oaxaca o el estado de Chiapas.

En materia de seguridad pública no sólo los municipios pequeños son víctimas de los delincuentes organizados, sino también en los grandes, como Juárez, como Torreón, como Naucalpan o Puebla, la verdad es, que la delincuencia organizada supera las fuerzas de seguridad pública locales en todo, en recursos económicos, en equipo de operación, en capacitación de personal y sobre todo, en armamento. Enviar a nuestros cuerpos de policía local a enfrentar al narco y a otras bandas de delincuentes en las actuales condiciones, es enviarlos al suicidio o a la corrupción.

El Constituyente en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció una restricción para que las armas destinadas para las fuerzas armadas, no fueran usadas por particulares. En la actualidad tal disposición está totalmente divorciada de la realidad, pues existen muchos particulares que ilegalmente poseen este tipo de armamentos, sin embargo, los cuerpos de seguridad pública constitucionalmente no pueden portar el equipo en mención, razón por la cual el propósito de la presente iniciativa es precisamente, eliminar esta limitante constitucional para que los cuerpos de seguridad pública en las localidades, puedan portar algunas de las armas reservadas para las fuerzas armadas.

Decía César Lambroso, Marqués de Becaria en el siglo XVIII, "...falsa idea de utilidad es la que sacrifica miles de ventajas reales por un inconveniente imaginario o de poca importancia, la que quitaría a los hombres el fuego porque incendia y el agua, porque anega". Las leyes que prohíben llevar armas, son leyes de esta naturaleza, sólo desarman a los inclinados o no decididos a delinquir; estas leyes empeoran la condición de los asaltados, mejorando la de los asaltadores, no disminuyen los homicidios, sino que los aumentan, porque es mayor la confianza al asaltar a hombres desarmados que a los desarmados.

Sin embargo, ni siquiera estamos hablando aquí de los ciudadanos en general; estamos hablando de los cuerpos de seguridad pública que tienen la responsabilidad de brindarnos protección. No lo pueden hacer en estas condiciones y los delincuentes lo saben y sin que sea la única variable que genera protección eficaz, sí es una que determina la decisión del criminal a enfrentar a la policía sin ningún miramiento.

Por todo lo anterior y a nombre de la diputación de Acción Nacional y seguramente en coincidencia con muchos de ustedes, damas y caballeros, someto a la consideración de esta soberanía, el presente decreto.

Se reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

"Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y cuerpos de seguridad pública. La Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes a la portación".

Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 12 Bis a la Ley Federal del Trabajo.

Es trabajo cotidiano de los diputados federales actualizar las leyes y las normas que permitan la convivencia pacífica de los mexicanos. Es obligación del Poder Legislativo adecuar las leyes acorde al desenvolvimiento de la sociedad. Es por ello que desde sus inicios, el derecho del trabajo ha intentado eliminar las injusticias y desigualdades sociales, lamentablemente esto no ha sido posible a cabalidad. Tampoco se han podido obtener los niveles de mejoría y bienestar a los que aspiraron los constituyentes.

Como ejemplo de lo anterior tenemos el campo de la intermediación, en el que son comunes los casos en que las empresas contratantes enfrentan obligaciones laborales trasladadas y son violados los derechos de los trabajadores por intermediarios que carecen de la capacidad legal y económica para cumplir con ambas partes.

Indiscutiblemente la intermediación o subcontratación es un campo que debe ser regulado tratando de armonizar los intereses tanto de los trabajadores como de los intermediarios y contratantes, a fin de que se logre mejorar la competitividad de la planta productiva nacional y que garantice los derechos de los trabajadores.

Consideramos oportuna la intención de regular el campo de la intermediación en el mundo del trabajo, el padrón de intermediarios considerado en esta iniciativa-propuesta sin duda va en este sentido y aun cuando no resuelve toda la problemática ni logra alinear completamente los intereses de los trabajadores, intermediarios y patrones, contribuye a perfeccionar la regulación de esta práctica.

En razón de lo anterior, me permito presentar la siguiente iniciativa que adiciona un artículo 12 Bis a la Ley Federal del Trabajo. Con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General relativos, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un artículo 12 Bis a la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente exposición de motivos:

El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo señala: "Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón".

En la actualidad resulta casi imposible pensar en una empresa suficientemente capaz de realizar por sí sola las actividades que no sean para las que fueron legalmente constituidas y como resultado, vemos empresas que contratan los servicios de intermediarios, ya sea para prestación de servicios, mano de obra o personal, entre otros.

La figura de la intermediación es hoy por hoy una práctica frecuente en las relaciones comerciales y laborales. El tema ha sido discutido en diversos foros, ya que resulta complejo crear una definición que comprenda las tan variadas formas de la intermediación, también llamada por algunos doctrinarios régimen de subcontratación, pero más allá de ser un problema conceptual tiene repercusiones graves sobre las relaciones laborales. Es por ello, que para efectos prácticos, consideramos que la creación de un registro de empresas que se dediquen a la intermediación, dotaría de certeza y confianza tanto al trabajador como a la empresa que contrate los servicios de un intermediario, traduciéndose, naturalmente, en seguridad laboral.

No se pretende que se resulte ocioso y por el contrario sí de mucha utilidad la creación de este registro, con el fin último de tener la seguridad de que dichas empresas intermediarias están legalmente constituidas, que cuentan con capacidad económica propia y tecnológica suficiente en su caso. La empresa que solicite los servicios de un intermediario, contaría con elementos suficientes para valorar si es conveniente o no contratar con éste.

Por otro lado, el propio trabajador estaría en posibilidad de consultar este registro y conocer, antes de iniciar una relación laboral, qué empresas cuentan con elementos suficientes para cumplir con sus obligaciones laborales. Si una vez realizada una búsqueda, dentro del registro, el trabajador o en su caso la empresa, decide de manera libre contratar los servicios de un intermediario no registrado, éste deberá apegarse al precepto legal que rige la materia.

A pesar de que esto podría parecer fuera de la esfera del derecho laboral, la dinámica actual nos muestra que una empresa intermediaria que cuente con determinadas características, tendrá mayores posibilidades de cumplir con las obligaciones que derivan de una relación de trabajo.

En ese momento es cuando entra el ámbito del derecho laboral para dar confianza y seguridad suficiente a las personas que colaboran dentro de esta empresa, así como aquellas que requieren de sus servicios.

La creación de este registro, quedaría a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con la obligación de hacerlo público, a efecto de que como señala la iniciativa, cualquier persona pueda verificarlo, ya sea, acudiendo a las instalaciones de la Secretaría por medio de su página de Internet o por las diversas publicaciones que realiza la Secretaría en mención.

La empresa intermediaria, tendrá la obligación de presentar ante la Secretaría los documentos que avalen que está constituida legalmente y con este trámite será incluida dentro del registro de intermediarios.

En vista de los anteriores argumentos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo, un artículo 12 Bis a la Ley Federal del Trabajo, Título Primero, Principios Generales.

"Artículo 12.- Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras, para que presten servicios a un patrón, para quedar de la siguiente forma:

"Artículo 12 Bis.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tendrá a su cargo la creación de un registro en el cual toda empresa que preste servicios de intermediación en los términos de la presente ley, tendrá la obligación de inscribirse en él, esto como requisito para ser sujeto de contratación.

"La Secretaría establecerá en el Reglamento correspondiente, los requisitos para obtener este registro, mismo que será público a efecto de que cualquier persona pueda verificarlo. La Secretaría deberá actualizarlo anualmente".

Primero.- El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, contará con 45 días a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, para expedir un Reglamento en el que se establezcan los requisitos para obtener la autorización para desempeñarse como presa de intermediación, de conformidad con lo señalado en el presente.

EL PRESIDENTE: Gracias diputado don Salvador Márquez Lozornio. Túrnese la iniciativa de referencia a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El siguiente punto del orden del día es dictamen de Primera Lectura, y es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación relativo a la solicitud de permiso de los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista y Orlando Ramos Guerrero, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUER ELIAS.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Tiene la palabra el señor diputado don Gustavo Enrique Madero Muñoz por la Comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

Como no está el señor diputado don Gustavo Enrique Madero Muñoz, se concede el uso de la palabra para fijar posiciones de sus respectivos partidos, en primer término, al señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de CONVERGENCIA.

EL C. DIPUTADO JESUS EMILIO MARTINEZ ALVAREZ.- Con su permiso, señor Presidente.

Efectivamente, ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria un dictamen de reformas y adiciones a diversos artículos, con el objeto de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuente con mayores facultes y precisión de responsabilidades, para poder cumplir con sus objetivos.

En resumen, se trata de proteger los intereses del público ahorrador, detectar de manera preventiva posibles deterioros de estabilidad financiera de las instituciones de banca múltiple y por último, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pueda regular, de manera preventiva y correctiva, particularmente los índices de capitalización de las instituciones de banca múltiple, previniendo con ello el ejercicio discrecional de facultades.

Sin embargo, debemos recordar que en el pasado, las instituciones de crédito y ahorro, eran reguladas, por un lado, por la Comisión Nacional Bancaria y por otro, por la Comisión Nacional de Valores, las cuales se transformaron el 1º. de mayo de 1995, lo que hoy conocemos como Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Hemos manifestado, ya en diversas ocasiones, que este país requiere, más que de nuevas leyes o adiciones, el cumplimiento de las ya existentes y desde luego, del castigo ejemplar a los responsables, encargados de no hacerlo, como es el caso concreto de quienes se desempeñaron en el sexenio pasado al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el señor Eduardo Fernández, quien en coordinación con el licenciado Pedro Zamora -inexplicablemente libres- fueron cómplices del mayor daño que se le haya hecho a este país en su historia, como lo fue el famoso rescate bancario, conocido como "FOBAPROA", todo esto con la complacencia y con el conocimiento del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Porque si bien es cierto que hoy estamos haciendo adiciones y reformas para el mejor funcionamiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cierto es que siempre tuvieron, de acuerdo con la propia ley, las facultades legales, para evitar el mayor saqueo de la historia de este país y el despojo de decenas de miles de mexicanos de sus bienes y de sus propiedades.

Como caso concreto de discrecionalidad con que actuaron estos funcionarios que he mencionado anteriormente, solamente mencionaré el caso de la Banca Serfín. Este banco que estuvo actuando durante más de dos años con un capital negativo y que de acuerdo con estos propios funcionarios presentaban estados financieros alterados, de tal manera que los usuarios de esta Banca Serfín, no tuvieron el conocimiento a tiempo de que estaban trabajando con un banco que no contaba con las garantías suficientes.

Hoy, el dictamen aprobado, pretende y esperamos su estricta aprobación, dotar de mayores facultades a esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para tomar las medidas de alerta temprana, que den mayor certeza a los usuarios de los bancos y particularmente homologar nuestras disposiciones legales con las de otros países, para un mejor funcionamiento de nuestro sistema financiero en este país.

Por ello, el Partido Convergencia manifiesta su aprobación a este dictamen, como una de las primeras medidas que se requieren para un mayor control y regulación sobre el sistema financiero en México.

El reto que hoy tenemos los legisladores, no solamente que la banca de México, que se encuentra en manos de extranjeras cobre comisiones por servicios prestados sino que el ahorro interno de todos los mexicanos sea utilizado en nuestro país, para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado don Jesús Martínez Alvarez. Tiene el uso de la palabra para fijar la posición de su grupo parlamentario el señor diputado don Pedro Vázquez González del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

-EL C. DIPUTADO PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ: Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Las consecuencias de la crisis financiera de 1995 no tuvieron precedente alguno en nuestro país, el colapso fue de tal magnitud que todavía hoy se siguen pagando sus secuelas, baste mencionar el costo fiscal del rescate bancario como prueba de ello.

Con el paso de los años el gobierno federal ha buscado mecanismos para fortalecer el sistema financiero y bancario, en aras de minimizar hasta donde sea posible, el impacto negativo de una crisis económica.

Es una realidad que los bancos han logrado salir del colapso de casi una década y ahora tienen altos niveles de rentabilidad, mucho de ello es producto del jugoso subsidio estatal que recibem por los pagarés del Fobaproa e IPAB.

No obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal, por conducto de las autoridades hacendarias y de supervisión financiera, han considerado necesario implementar una serie de mecanismos de alerta y de corrección, para cuando alguna institución bancaria presente problemas de capitalización y con ello pudiera poner en riesgo los depósitos de los ahorradores, esta modificación central es la que presenta el dictamen que hoy se está discutiendo.

Con esta reforma se persiguen los siguientes objetivos: proteger los intereses del público ahorrador, detectar y resolver de manera preventiva posibles deteriores en la estabilidad financiera de las instituciones de banca múltiple y subsanar algunas lagunas y deficiencias en la legislación vigente.

De aprobarse la reforma propuesta a la Ley de Instituciones de Crédito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se clasificaría a las instituciones de banca múltiple, tomando como base el índice de capitalización que determine la autoridad competente, de conformidad con lo que se dispone en el Artículo 50 de la propia ley.

Una vez establecida dicha clasificación, la autoridad puede, entre comillas, monitorear el desempeño del índice de capitalización de cada institución y si llegare a estar en alguno de los rangos de riesgo, proponer una serie de medidas correctivas con el fin de mejorar la salud financiera del Banco y así prevenir cualquier crisis.

Es preciso resaltar que una detección temprana de deterioro en el índice de capitalización, permite su corrección oportuna y redunda en importantes beneficios para los usuarios y para el Estado.

Asimismo se establece la necesidad de presentar un programa de restauración de capital como una medida central frente a un problema de capitalización de la institución bancaria. Enunciaremos a continuación las medidas que a nuestro juicio nos parecen las más importantes, cuando una institución no cumple con los requerimientos mínimos del índice de capitalización.

Un programa de mejora de eficiencia operativa; racionalización de gastos e incremento en la rentabilidad; la realización de aportaciones al capital social y límites a las operaciones de la institución de Banca Múltiple o a los riesgos derivados de dichas operaciones. Suspender el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la institución, así como cualquier mecanismo que implique una transferencia de beneficios patrimoniales. Suspender los programas de recompra de acciones del Banco. Suspender el pago de intereses y diferir el pago del principal y/o en su caso convertir anticipadamente en acciones las obligaciones subordinadas que se encuentran en circulación, hasta por la cantidad que sea necesaria para cubrir el faltante del capital. Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del director general y de los funcionarios en los dos niveles jerárquicos inmediatos; así como no otorgar nuevas compensaciones hasta que se cumpla con el ICAP requerido.

Como puede verse ésta es una reforma positiva en materia de regulación bancaria y financiera. Es uno de los pasos para avanzar en la construcción de instituciones bancarias sanas y con niveles de capitalización adecuadas que minimicen el impacto en una crisis.

Reconocemos que se haga un esfuerzo por fortalecer la regulación a las instituciones bancarias, pero no podemos dejar de reconocer que en México ha habido amargas experiencias donde la ley no se respeta y lo que ha generado esto son costos financieros, altos costos en los rescates financieros y que paga el pueblo de México.

No podemos olvidar que las instituciones bancarias por ley, tienen una serie de prohibiciones para evitar malos manejos de los recursos que reciben del público ahorrador. La imposibilidad de girar préstamos cruzados es un ejemplo de una disposición de ley que no fue respetada y que abultó el problema del rescate bancario.

Ante esta situación esta Cámara de Diputados a través de la Comisión de Hacienda, debe de estar muy pendiente de que las reformas que aprobemos sean ejecutadas a cabalidad por las instituciones bancarias y por las entidades gubernamentales que regulan su accionar.

Compañeros diputados; compañeras diputadas: Por las consideraciones anteriormente expuestas, el grupo legislativo del Partido del Trabajo, votará a favor de est dictamen que discutimos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para fijar la posición de su grupo parlamentario.

Con la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, se busca reforzar las atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de detención, prevención y corrección de situaciones de baja capitalización de los bancos.

Las adecuaciones incluidas en la iniciativa se consideran en general pertinentes y acordes con la etapa de transición que está viviendo el sistema bancario.

Es importante recordar que la crisis bancaria de 1995 que generó el terrible problema del Fobaproa imponiendo un elevado costo fiscal, tuvo como origen, entre otros factores, una inadecuada vigilancia y supervisión de instituciones, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Si hace 10 años se hubieran tenido leyes como la que hoy nos ocupa, probablemente la crisis bancaria no hubiera sido de la magnitud que se tuvo. Podría haberse contenido en sus inicios y el costo fiscal del rescate bancario habría sido mucho menor.

Por ello es importante recordar algunos antecedentes para situar correctamente las adecuaciones legales que ahora estamos efectuando.

Durante décadas el gobierno federal mantuvo un sistema de garantía tácita a todos los pasivos bancarios. La regla conocida era que en México ningún banco podría quebrar jamás debido a esas garantías. Ese mecanismo tuvo sentido debido a que el Banco de México ejercía entonces una regulación de los bancos extrema, determinando los niveles de tasa de interés y la canalización de buena parte del crédito en un ambiente de economía cerrada hacia competencias con el exterior.

A partir de 1992 el gobierno decidió privatizar los bancos e impulsar una desregulación bancaria y apertura hacia el exterior. Con estas medidas se buscaba generar una mayor intermediación de los recursos, un abaratamiento del crédito mediante la disminución de los márgenes de intermediación bancaria y una canalización más eficiente de los recursos hacia los sectores que lo necesitaban, generando mayores niveles de actividad económica.

Esta política debió completarse con un acotamiento explícito de las obligaciones garantizadas y con un reforzamiento de las instituciones encargadas de vigilar los bancos. Por desgracia esto no sucedió, manteniéndose la garantía a todos los pasivos.

Además, instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mantuvieron atribuciones limitadas y sus directivos continuaron con las viejas prácticas permisivas y con la costumbre de enfrentar las situaciones que se presentaban de manera discrecional y casuística.

Aun así, una política que podría tener muchos rasgos positivos se impuso como defectos tan graves que la condenaban de antemano al fracaso. La razón de ello fue que estas medidas de gran impacto en la economía nacional se llevaron a cabo en un ambiente autoritario, sin una verdadera discusión por parte del Poder Legislativo, entonces dominado por un solo partido.

La ausencia de prácticas democráticas llevó a que se impusiera una reforma con graves defectos que condujo pocos años después a una fuerte crisis.

Los nuevos banqueros actuaron en un ambiente que les permitía hacer prácticamente lo que quisieran, con un agravante: la posibilidad de cargar al erario público los costos de los posibles errores.

Sin una vigilancia adecuada y con la garantía gubernamental al total de los pasivos bancarios los banqueros podían tomar riesgos excesivos sin preocuparse de las consecuencias. Así, con un comportamiento totalmente irresponsable, sólo buscaron hacer buenos negocios, buscando recuperar su inversión lo más rápido posible.

El resultado total fue diferente al esperado por los tecnócratas. Habían diseñado una reforma. Los niveles de intermediación no sólo no crecieron sino que mostraron una tendencia descendente. A finales de 1994 se tornó alarmante al verse los bancos como un mecanismo para canalizar recursos provenientes del exterior y no de mayores niveles de ahorro interno.

El costo de los recursos no disminuyó como se esperaba; en su lugar se observó un encarecimiento del crédito sin precedentes, alcanzando los márgenes de intermediación bancaria niveles superiores al 50 por ciento.

La canalización de los recursos tampoco resultó ser la más eficiente. El crédito se dirigió a actividades que parecían más rentables para los banqueros, propiciando un sobreendeudamiento de la economía, sin que se generara, como contraparte, un nivel mayor de ahorro.

Esta situación insostenible condujo a un tipo de abusos, registrándose toda clase de créditos relacionados e incluso los banqueros se otorgaron muchos autopréstamos sin preocuparse por pagarlos, ya que contaban con la garantía gubernamental.

Cuando la crisis bancaria hizo su aparición en 1995 y el sistema de pagos estuvo en riesgo de verse interrumpido las instituciones de vigilar los bancos reaccionaron de manera discrecional, es decir, sin reglas generales. Este hecho generó la aparición de incentivos perversos que indujo a un comportamiento de los bancos orientado a sacar las mayores ventajas de ese ambiente institucional inadecuado, como resultado del costo fiscal de un rescate inevitable, se incremento de manera exagerada, imponiendo al pueblo mexicano una carga muy elevada.

Las medidas incluidas en la iniciativa enviada por el Ejecutivo son acordes con la conclusión de esta etapa de transición, dotando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de más facultades de vigilancia y actuación para garantizar de manera eficaz y oportuna la corrección de cualquier problema de capitalización bancaria antes de que pueda convertirse en un problema sistémico.

Sin embargo hubo un aspecto que requirió ser corregido antes de ser dictaminada la iniciativa. Este aspecto se refiere a una posible vulneración de los derechos laborales de los empleados bancarios. Si bien la facultad de otorgar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el sentido de suspender pagos de compensaciones a los directivos, sólo cuando se detectan problemas de capitalización, es correcta, no se vio la justificación de hacerlas extensivas, estas medidas, hacia los empleados de los bancos, llegando al extremo de ordenar que esta prevención deberá conectarse en los contratos y demás documentos que regulen las condiciones de trabajo.

Esta iniciativa que hoy votaremos, debe generar también un compromiso de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para actuar de manera expedita y eficaz cuando se requiera. Se debe terminar con el miedo a intervenir oportunamente a instituciones.

Hay que recordar que en el Informe Mackey se dan muchos ejemplos de la tardanza con la que actuó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, apoya esta iniciativa en el entendido de que es sólo el inicio de una serie de reformas en materia de legislación bancaria que debemos alcanzar.

Tenemos que revisar qué adecuar nuestra legislación a la nueva realidad bancaria mexicana. Es importante recordar que la extranjerización del sistema bancario es más el resultado de una crisis que el producto de una política acorde con los objetivos del desarrollo nacional.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Felipe Puelles Espina, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Cuando por falta de previsión se desatan crisis que atentan contra el bien común y la dignidad del ser humano, obligando al mismo a recurrir en actos de desesperación, pagando altos costos tanto en lo humano como en lo económico, es necesario hacer un alto y reflexionar sobre cuál ha sido la verdadera causa de las mismas.

Al hacer un ejercicio como éste, es muy fácil llegar a la conclusión de que durante mucho tiempo no se han tomado las precauciones necesarias para prevenir eventos que desaten de manera irreversible, consecuencias que dañan a los ciudadanos y a México.

Falta de previsión, negligencia, ignorancia, cualquiera que sea la razón, es tiempo de actuar desde el lugar donde se deben tomar las medidas necesarias, y ese lugar es éste.

Compañeras y compañeros diputados: El tema que en este momento nos ocupa, es de carácter económico-financiero y tiene que ver con medidas precisamente de prevención para proteger a los que utilizan los servicios de alguna institución bancaria y al sistema financiero nacional.

Acción Nacional considera fundamental desarrollar un adecuado marco jurídico para evitar que la especulación en los mercados financieros dañe a nuestro país y que éste permita regular las relaciones con los demás países.

Debemos ser capaces de diseñar mecanismos que nos permitan asegurar un desarrollo equilibrado, entre todas las regiones del país, de modo que los beneficios se repartan equitativamente y México se desarrolle plenamente.

En México necesitamos adecuar y modernizar nuestro sistema financiero para establecer condiciones de competitividad con el entorno mundial, así como para dar certeza jurídica a quienes lo utilizan.

Esta iniciativa considera el fenómeno de la globalización y sugiere medidas encaminadas para que nuestro país enfrente con mayor fortaleza la gran competencia que se establece a nivel mundial. Esto nos indica que se trata de un proyecto que contempla la tendencia internacional actual, por lo que su propuesta es útil para proteger y ofrecer alternativas efectivas a nuestro sistema financiero.

Hoy, aprobando este dictamen, se pondrán reglas para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueda intervenir de manera directa a los bancos que presenten alertas, amarillas o rojas, de acuerdo a los índices de capitalización en las mismas referidos.

Coincidimos totalmente en la necesidad plasmada en esta iniciativa en el sentido de incrementar la seguridad jurídica en el mercado, asegurar condiciones efectivas de supervisión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre todo en el establecimiento de la regulación prudencial y en la protección de los intereses del público ahorrador.

Para el Partido Acción Nacional la protección de los ahorros de los mexicanos es una prioridad. Es reciente la amarga experiencia derivada de la insolvencia y los quebrantos bancarios que provocaron la crisis financiera de finales de los ´90. En su momento se utilizaron esquemas poco populares, aunque necesarios, como el Fobaproa para solucionar la crisis.

Esta iniciativa pretende detectar y resolver de manera preventiva posibles deterioros que se podrían generar en las instituciones de banca múltiple, mismos que afectarían la estabilidad financiera y por ende los intereses de los ahorradores. De tal forma que reconocemos el esfuerzo y nos sumamos a la misma, porque estamos convencidos de que contiene mecanismos propicios y efectivos para garantizar un correcto desempeño de nuestras instituciones financieras.

Asimismo compartimos la necesidad de transparentar la actividad financiera y coincidimos con la propuesta de regular la actuación preventiva y correctiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con relación al índice de capitalización de una institución de banca múltiple.

Sin lugar a dudas, esta medida logrará prevenir el ejercicio discrecional de facultades, a la par de que contaremos con más y mejores herramientas para regular y supervisar la actividad financiera y sus instituciones.

Consideramos que la propuesta es integral y así como ofrece mecanismos específicos para regular y corregir la actividad financiera y a sus instituciones, también es una propuesta que subsana lagunas y deficiencias que encontramos en la legislación vigente y además establece parámetros objetivos para normar la actuación preventiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los invito a que votemos todos el dictamen a favor, para mandar señales de seguridad y compromiso a los ciudadanos que nos dieron un voto de confianza y que pudieran estar el día de mañana, si no lo prevenimos, nuevamente en problemas.

Hemos de urgir todas las actividades adecuadas para la firmeza y la prosperidad de la economía. Hemos de ordenar esas actividades para que concurran a ser estable y fecunda la vida económica.

Debemos evitar o reprimir los actos negativos o destructores que comprometan o debiliten el porvenir o la estructura económica de la nación. Estamos obligados a crear los medios indispensables para dar agilidad, eficacia y orientación a la economía, a procurar la concurrencia de toda labor económica al cumplimiento de los fines de la nación.

Debemos, especialmente, velar por evitar la consideración del hombre como instrumento de la economía y garantizar al contrario que la estructura y el resultado de las actividades económicas queden siempre subordinadas y al servicio de los valores humanos que son superiores.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias diputado don José Felipe Puelles Espina

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Adolfo Murat Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Honorable Asamblea: La responsabilidad en materia económica y social no puede recaer de manera unitaria en el Poder Ejecutivo. Esta responsabilidad es cada día más una responsabilidad propia de nosotros los legisladores, sobre todo en cuanto al fortalecimiento de las instituciones.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI entendemos nuestro papel y nuestras responsabilidades de frente a la nación, comprendemos así la responsabilidad de tomar decisiones para el hoy y para el mañana, por ello hemos trabajado una serie de reformas al marco legal financiero, que permitan el desarrollo de un México estable, tanto en lo económico como en lo político.

No existe ninguna reforma que de un día para otro nos lleve a ser otro país. No hay recetas milagrosas ni reformas que contengan fórmulas mágicas. Hay en cambio una serie de reformas, algunas en apariencia modestas, que transforman de fondo problemas estructurales del pasado.

El dictamen presentado ante el pleno de esta honorable asamblea es una de esas reformas, una reforma que por su trascendencia fue aprobada de manera unánime en su respectiva comisión y que en su sencillez lleva un gran avance en la modernización del sistema financiero nacional.

El rol del sector financiero a lo largo de la historia, se ha caracterizado por su papel integral en el desarrollo nacional. Por muchos años este sector se encauzó hacia el desarrollo económico y el combate a la pobreza. Sin embargo, la inestabilidad financiera y macroeconómica de diciembre del ’94 destruyó ese papel de intermediación del sector, afectándose la promoción de los ahorros y la distribución de los recursos financieros.

Pero eso fue lo de menos, los costos fiscales de las crisis llevaron un retroceso en el desarrollo nacional y los esfuerzos de reducción de la pobreza. Los costos de la crisis bancaria del ’94 disminuyó drásticamente el gasto social y nos ha llevado a una explosiva tasa de deuda interna en comparación al PIB.

Las medidas de emergencia implementadas por el gobierno en turno, parecieron lograr una estabilidad económica y un crecimiento aparente a pesar de las crisis bancarias. La privatización bancaria se dio sin que se hubiera establecido un marco regulatorio de supervisión constante, prudente y eficaz, donde los derechos y obligaciones estuvieran claramente definidos.

La reforma presentada ante este pleno, pretende establecer medidas de alerta temprana, que fortalezcan el sistema bancario nacional, protejan al público ahorrador y lleven a prevenir situaciones de crisis de los bancos en lo individual.

No es una reforma definitiva, pero sí es un gran avance en materia de regulación financiera. Su objetivo primordial es la reducción del costo fiscal ante un escenario como el que vivimos en 1995.

Es importante hacer aquí una aclaración. Los bancos, como instituciones de crédito que son, tienen la función primordial de intermediar el uso del crédito, es decir, captar en forma onerosa recursos del público para colocarlos rentablemente entre quienes requieren de ellos. Esta actividad desarrollada masivamente, lleva implícitamente la delicada misión para el banquero de ser custodio y administrador del ahorro público, del ahorro de los mexicanos y así lleva también la responsabilidad de hacer la derrama de esos recursos en la economía del país.

En 1995 los bancos dejaron de cumplir con su función primordial y pusieron el ahorro de sus cuentahabientes en riesgo. Por ello, los programas de capitalización y los famosos rescates bancarios, tuvieron como objetivo resguardar el ahorro de todos los mexicanos.

La iniciativa aquí presentada, subsana deficiencias de la legislación vigente, fortaleciendo las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para determinar de manera oportuna las medidas necesarias y correctivas para evitar el quebranto de los bancos.

Para garantizar la transparencia del órgano regulador y la no discrecionalidad de éste, se ha recomendado el uso de un indicador de alerta, que es un indicador común y ampliamente aceptado en el mundo, el famoso índice de capitalización. Este índice establece la relación entre el capital y los activos, no es el único índice que existe, pero es un índice objetivo, medible y conocido.

El sistema nacional tiene hoy en día en promedio un índice de capitalización del 14 por ciento. Por ello, a partir de estas medidas no se pone en riesgo la estabilidad de ningún banco, al contrario, este indicador nos lleva a una certeza jurídica, nos lleva a estar en estándares internacionales ampliamente aceptados.

Las medidas correctivas tienen diversos niveles, pero la de mayor relevancia señalada en esta reforma es la que regula las actividades que se dieron en el pasado, aquella denominada como foco rojo y que aparece cuando el índice está por debajo del 8 por ciento de capitalización.

En esta Reforma se establecen mejoras en la eficiencia operativa de os bancos,la nacionalización de los gastos y el incremento real en la rentabilidad de estos, así como el establecimiento de la realización de aportaciones de capital social y la fijación de límites a las operaciones que el banco puede realizar cuando se encuentra en riesgo.

De igual manera, se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para aplicar las medidas especiales adicionales que se consideren. Esta reforma tiene trascendencia en su género, los Diputados del PRI entienden que esta Ley debe de mantener ciertos principios, que esta Ley debe de llevar a que las acciones de la Comisión sean de orden público y de interés social, agotándose así los recursos de amparo por parte de los banqueros.

De igual manera se resguardó la no afectación de los derechos laborales previamente convenidos con los trabajadores ante situaciones bancarias de foco rojo y se le dieron facultades a la Comisión para el uso de otros indicadores financieros que lleven a resumir la situación real de estabilidad y solvencia del banco.

Esta Iniciativa , apoyada unánimemente en la Comisión de Hacienda, es una respuesta a las deficiencias que hemos venido cargando en materia de vigilancia desde 1995, se refuerza el poder de la autoridad frente a los bancos dando certeza jurídica en la limitación a la discrecionalidad. Se establecen mecanismos que salvaguardan el ahorro en los mexicanos ante posibles crisis bancarias y se reduce así, con la simple prevención, cualquier costo fiscal futuro. Es el inicio de un largo camino, nos queda pendiente la generación de incentivos que nos lleven poco a poco a la re activación del crédito.

Tiene el uso de la palabra, por la Comisión, el señor Diputado don Gustavo Enrique Madero Muñoz.

-EL C. DIPUTADO GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ.- Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores. Me permito someter a la consideración de esta soberanía, el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de acienda y Crédito Público.

Este Dictamen parte de la Iniciativa presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a esta Cámara de Diputados, con el fin de establecer un marco normativo para determinar las acciones correctivas que habrán de impulsar las autoridades a efecto de salvaguardar la estabilidad financiera de las instituciones bancarias y los depósitos del público ahorrador.

En la actualidad, los llamados esquemas de acciones correctivas temprana, son relativamente comunes a nivel internacional en los países desarrollados. Además del caso de Estados Unidos existen sistemas de esta clase en Japón, España, Austria y Dinamarca , por mencionar solo algunos, mientras que en América Latina en los países que cuentan con un orden jurídico de esta índole, encontramos a Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela.

El objetivo de esta Iniciativa es subsanar lagunas y deficiencias en la Legislación vigente fortaleciendo las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar, de manera oportuna, medidas preventivas y correctivas cuando se presente un deterioro en la situación financiera de las instituciones bancarias a partir de los parámetros , objetivos y determinados por la propia Ley.

El principal indicador de alerta temprana es el índice de capitalización que se refiere a la relación de capital a activos en riesgo y que es reconocido a nivel internacional como un parámetro medible, conocido y objetivo.

La Iniciativa propone clasificar a cada institución bancaria de acuerdo a tres categorías; cuando el índice de capitalización esté por arriba del 10%, en este caso no se contemplará ninguna medida correctiva.

Cuando se encuentre entre el 8 y el 10% se implementarán medidas correctivas mínimas como la obligación de informar al Consejo de Administración del Banco, así como abstenerse a celebrar operaciones que puedan deteriorar su índice de capitalización.

Cuando esté por debajo del 8% se implementarán medidas adicionales más severas tales como elaborar un plan de restauración del capital, suspender a los accionistas bancarios el pago de dividendos, suspender el programa de compra de acciones del banco; diferir el pago de intereses y el pago del principal; convertir acciones, las obligaciones subordinadas, así como suspender el pago de compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario a funcionarios, directivos y ejecutivos.

Esta regla de capitalización busca que las instituciones cuenten con recursos propios, es decir de sus accionistas que les permitan cubrir pérdidas potenciales por riesgo de crédito y por riesgo de mercado.

Las instituciones contarán con un plazo de nueve meses prorrogable hasta a tres meses más para el cumplimiento del plan de restauración del capital, el cual deberá incluir mejoras en la eficiencia operativa, la racionalización del gasto, la realización de aportaciones al capital social y la fijación de límites a las operaciones que el banco pueda realizar.

Cabe mencionar que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía consideró oportuno modificar la iniciativa en algunos aspectos específicos con el fin de clarificar ciertas disposiciones entre las cuales destacan las siguientes:

Establecer un plazo perentorio de hasta 60 días naturales para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se pronuncie sobre el Plan de Restauración del capital que le haya sido presentado, enfatizar que las acciones correctivas tienen por objeto proteger los intereses del público ahorrador, por lo que deben considerarse de orden público e interés social y, en consecuencia, no procederá en su contra medida suspensiva alguna; y, por último, precisar que el informe que las instituciones presenten a su consejo de administración, contenga información más detallada de su situación financiera.

En suma, esta Comisión considera que la iniciativa de ley que se dictamina incorpora a la Ley de Instituciones de Crédito nuevos instrumentos que fortalecen la acción correctiva de las autoridades financieras en el caso de que alguna institución se encuentre por debajo de los requerimientos de capitalización que exige la ley.

En consecuencia, de aprobarse las propuestas de reforma descritas, se contará con mayores herramientas para regular y supervisar a las instituciones financieras en beneficio del público ahorrador.

No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.

- LA C. SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

- EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.

- LA MISMA C. SECRETARIA: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.

Señor Presidente, se emitieron 431 votos en pro; cero en contra y dos abstenciones.

- EL C. PRESIDENTE, DIP. FRANCISCO AGUSTIN ARROYO VIEYRA: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 431 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.

---- En virtud de lo establecido por el artículo 72 de la Constitución, inciso a), pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benitez, Sihomara Zúñiga León, Jacqueline Itzel Solís González, Natania Swirski Roldán, para prestar servicios a gobiernos extranjeros y a Luis Carlos Astiazarán Orcí, como Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la lectura a los dictamenes.

-EL DIP. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Gracias. Las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados que estén por la negativa.

-EL PRESIDENTE: Se le dispensa la lectura. En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

-EL MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, se pone a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Pablo Santana Valdez y Alicia Margarita de la Fuente Cruz, para prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto

Esta a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos, Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benitez, Sihomara Zúñiga León, Jacqueline Itzel Solís González y Natani Swirski Roldán, para prestar servicio en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en el Consulado y en la Embajada de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco y en México y en la Embajada de Australia en México, respectivamente. Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra y para los efectos reglamentarios, esta Presidencia pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva también para su votación nominal en conjunto

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana con circunscripción consular en el estado de Baja California. Está a discusión el dictamen.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se ruega a la Secretaría, se abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de este proyecto de decreto y los dos anteriormente reservados.

-EL MISMO SECRETARIO: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

-EL MISMO SECRETARIO: De viva voz la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, curul 449, denle sonido, por favor.

-EL MISMO SECRETARIO: De viva voz, el diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, curul 169, denle sonido, por favor.

-EL DIP. CARLOS NOEL TISCAREÑO RODRÍGUEZ(desde su curul): Carlos Tiscareño a favor.

-EL MISMO SECRETARIO: El diputado Manuel Pérez Cárdenas, de viva voz, por favor.

-EL MISMO SECRETARIO: Señor Presidente, se emitieron 411 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión relativos a puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa su lectura.

LA SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

LA MISMA SECRETARIA: Dictamen con puntos de acuerdo en relación a la proposición para que se practique una auditoría ambiental al Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos, de la Comisión Federal de Electricidad, situado en el municipio de Tuxpan, Veracruz.

Punto de acuerdo. Primero. Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, con base a las atribuciones que le otorgan los artículos 4 y 5 fracción VIII, XVIII y VI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la auditoría ambiental al Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos de la Comisión Federal de Electricidad, situado en el municipio de Tuxpan, Veracruz.

Se sugiere que la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional realicen el estudio, toda vez que son las instituciones más representativas y calificadas, independientemente que una institución del estado de Veracruz lo realice de manera paralela y por lo tanto sus resultados sean cotejables y se determine en definitiva las afectaciones al medio ambiente que desde su construcción en 1985 ha provocado, según denuncias públicas de los habitantes y vecinos afectados que residen en los diferentes municipios aledaños a este complejo industrial eléctrico.

Segundo. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haga llegar los resultados de la auditoría a esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los afectados, así como a la Comisión Federal de Electricidad y se realicen las acciones correspondientes de restauración del ambiente y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realice acciones para que sean resarcidas las afectaciones resultantes y se apliquen las sanciones correspondientes, informando de ello de la misma forma.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de marzo de 2004.

A esta Presidencia han llegado los registros previos de la diputada Lorena Torres Ramos, del Partido Acción Nacional y del señor diputado Maximino Fernández Avila, del Partido Verde Ecologista de México.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Torres Ramos, del Partido Acción Nacional.

Somos seres que como todos los seres vivos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, sin embargo y a diferencia de los demás seres, los humanos tenemos conciencia de nuestra vida y deseamos vivir. Este interés por la vida no sólo es biológico, como sería el instinto de conservación; se trata de un interés por vivir de manera plena, con bienestar y salud, también, por qué no, para divertirnos y descansar.

Para lograr todo esto tomamos de la naturaleza lo que nos hace falta, y si no podemos obtenerlo directamente, somos capaces de transformarla, enriquecerla y mejorarla. Sin embargo, también la podemos violentar y desorganizar cuando no la aprovechamos con prudencia, respeto y responsabilidad; cuando tomamos de ella más de lo que necesitamos. No somos sus dueños; es un bien común que pertenece a todos los hombres y las mujeres, a los presentes y los que están por venir.

La naturaleza, la madre naturaleza existe antes que nosotros y sólo si la cuidamos seguirá aquí, ofreciéndonos a nosotros y a quienes viven detrás, los frutos necesarios para vivir con bienestar.

Hemos de replantearnos nuestra relación con la naturaleza, solidarizarnos con ella y pensar en cambiar nuestro estilo de vida. En otras palabras, debemos tener conciencia de que somos seres que pertenecemos a un sistema ecológico que forma parte indisoluble de nosotros y sin el cual estamos condenados a desparecer.

En todos los tiempos, el ser humano ha consumido los bienes de la tierra. Por tanto, ha tenido que ocupar el medio ambiente.

En el Partido Acción Nacional, el medio ambiente, la ecología y el desarrollo sustentable y la protección de éstos, es un compromiso permanente que precisa el deber y la responsabilidad del grupo legislativo, en defensa de nuestros recursos renovables como no renovables.

Es por ello, que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, impulsaremos el cumplimiento y la exacta aplicación de las distintas leyes y competencias que la materia ambiental tiene, para eficientar la labor de protección de la biosfera. De esta manera me permito señalar que en este punto de acuerdo, el Partido Acción Nacional, votaremos a favor, únicamente que no compartimos algunos considerandos y los juicios de valor, pues en nuestro partido la confianza que se deposita en la autoridad y sus atribuciones así como de sus procedimientos administrativos que coadyuven a demostrar la responsabilidad o no de la actividad económica, que son pilares del estado democrático.

Por último, reafirmamos como partido, que las leyes deberán fortalecer el marco legal que vincule estratégicamente a la biodiversidad con las actividades económicas que pongan en riesgo la sustentabilidad.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Maximino Fernández Ávila, del Partido Verde Ecologista de México.

Nuestro país se encuentra inmerso en un avance de la economía global y de la tecnología que lo acompaña. Es por eso que esta nación tiene que velar por encontrar medios para prevenir y reducir que tal avance del desarrollo destruya tanto a los componentes naturales de los ecosistemas, como a la salud de los mexicanos.

La política de desarrollo sustentable, promueve la inversión y el uso de tecnología limpia, que debe evitar y minimizar el impacto ambiental causado por el crecimiento económico. La generación de energía eléctrica como servicio público, es una facultad del Estado Mexicano y debe ser una industria limpia y por ello está sujeta a la inspección y verificación por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como evaluaciones de impacto ambiental por parte de la SEMARNAT y para ser eficaz, es necesario que cuente con estudios científicos que sirvan de instrumentos objetivos para tal evaluación.

La termoeléctrica Adolfo López Mateos, es una planta generadora de energía eléctrica con base en la combustión de combustóleo y sus efectos al medio ambiente son mayores que los de las actuales plantas termoeléctricas de ciclo combinado a base de gas natural.

Se han presentado accidentes de derrames de combustóleo en la planta que han sido atendidos por la propia empresa y se han realizado visitas de inspección y verificación por parte de las autoridades competentes como dicta la normatividad en tales situaciones.

Además, existen los efectos de la lluvia ácida, provocada por la combustión con sus consiguientes efectos negativos en la vegetación y el suelo, se desata que el año pasado se reportó la muerte de 2 mil 400 árboles de mangle, cuyas raíces tienen como característica la capacidad de absorción de contaminantes, todos éstos ubicados a 200 metros de la termoeléctrica lo que provocó una considerable afectación al ecosistema.

Existen estudios científicos referentes a parámetros físicos y biológicos de poblaciones animales en el área, anteriores a la instalación de la termoeléctrica, que servirán de parámetros para evaluar la condición actual del desequilibrio del ecosistema en la zona, a través de la realización de estudio propuesto por un punto de acuerdo.

Existen instituciones mexicanas con reconocido prestigio internacional, que pueden proveer un estudio integral de las condiciones ambientales y aportar un valioso insumo para evaluar el impacto de la termoeléctrica, el cual será un elemento adicional en la evaluación que deba realizar la SEMARNAT.

La aprobación de este dictamen proporcionará a la región de Tuxpan, a los pescadores y pobladores de la zona, la certidumbre de ser atendidos en el derecho de la denuncia pública, refrendada en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y contar con acciones para establecer, de forma objetiva, la situación ambiental.

EL C. PRESIDENTE.- Consulte la Secretaría a la Asamblea si la proposición está suficientemente discutida.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO.- En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación)

EL C. PRESIDENTE.- Consulte la Secretaría a la Asamblea, si son de aprobarse los puntos de acuerdo puestos a su consideración.

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación)

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- Dictamen con punto de acuerdo en relación a la proposición para que se exhorte al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, a destinar un mayor porcentaje a la creación de instrumentación de nuevas plazas de investigación científica.

LA MISMA C. SECRETARIA.- Unico. Se exhorta al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, para que, en uso de las facultades que le confiere el artículo 6º. de la Ley de Ciencia y Tecnología, al momento de definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología, canalice un mayor porcentaje a la creación e instrumentación de nuevas plazas, destinadas a la investigación científica.

En esta Presidencia obra el registro de los diputados Julio César Córdova Martínez, del Partido Revolucionario Institucional y Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, en pro, con lo que se colma la exigencia del 122 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que dice que cuando sólo se pidiere la palabra en pro, podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara.

En su momento, preguntaremos a la Asamblea si se le otorga el uso de la palabra a quienes también la han solicitado: el señor diputado Omar Ortega Alvarez, del PRD y la diputada María del Consuelo Camarena Gómez, del Partido Acción Nacional.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Julio César Córdova Martínez, del PRI, hasta por tres minutos.

EL C. DIPUTADO JULIO CESAR CORDOVA MARTINEZ.- Con el permiso de la Presidencia.

En la última sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, efectuada el 31 de marzo del año en curso, se sometió a consideración del pleno el dictamen de un punto de acuerdo presentado por el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, en el sentido de exhortar al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, para que se considere como una prioridad del gasto público el destinar un mayor porcentaje de recursos a la creación e instrumentación de nuevas plazas destinadas a la investigación científica.

Este Punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Ciencia y Tecnología, entre otros, en los siguientes argumentos fundamentándose.

Que la formación de recursos humanos altamente calificados es una de las prioridades de toda nación, sin embargo, para arraigarlos en su patria es necesario contar con un conjunto de incentivos que faciliten su permanencia y les permitan incorporarse a las tareas productivas de investigación y de tecnologías aplicadas.

Que la Ley de Ciencia y Tecnología establece en su Artículo 5º., la creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Debemos reconocer que la capacidad de los investigadores nacionales es tal, que muchos mexicanos y mexicanas, se han hecho acreedores a premios nacionales e internacionales, por sus destacadas investigaciones y trabajos en pro de la ciencia. Dichos mexicanos han sobresalido por su desempeño durante sus estancias en laboratorios e institutos de investigación y educación superior en el extranjero, lo cual les ha valido la invitación a participar en equipos de primera calidad en las diversas disciplinas en diferentes centros de investigación del mundo.

Taiwán y España son buenos ejemplos de política de repatriación de científicos y tecnológos, así como de incentivos para arraigar a sus investigadores. Cuando a principios de los 79 Taiwán decidió concentrarse en la producción de más y mejores productos, lo primero que hizo fue recuperar la masa crítica que estaba fuera de sus fronteras. Las autoridades y los empresarios taiwaneses sabían que eso era vital para avanzar hacia el progreso.

Por su parte, España tiene un programa que les garantiza a sus investigadores su reincorporación, con la oferta de una plaza de investigación por cinco años como mínimo.

El Punto de Acuerdo en comento tiene como objetivo que el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, al momento de definir prioridades y criterios para la asignación del gasto pública federal en ciencia y tecnología, destine un mayor porcentaje a la creación e instrumentación de nuevas plazas destinadas a la investigación científica.

Compañeras y compañeros diputados, debemos considerar que los recursos destinados para la ciencia y la tecnología no son un gasto sino una inversión, la mejor inversión que puede hacer un país, es la inversión en su capital humano, por el contrario el costo de la ignorancia es aun mayor, ya que se refleja en el atraso, subdesarrollo y pobreza de las naciones.

Por lo anteriormente expuesto y a nombre del Partido Revolucionario Institucional, solicito a esta H. Asamblea su voto a favor del dictamen.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Legorreta Ordorica del Partido Verde Ecologista de México hasta por tres minutos.

-EL C. DIPUTADO JORGE LEGORRETA ORDORICA: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El presupuesto destinado al desarrollo científico y tecnológico, ha permitido un escueto crecimiento y es evidente la necesidad de aumentar esta suma a la brevedad, por eso a pesar de nuestras limitaciones económicas tenemos que seguir avanzando.

El fenómeno de fuga de cerebros es probablemente el ejemplo más descriptivo de cómo los escasos recursos se pueden desvanecer. Un total de 1,678 mexicanos se doctoraron en universidades estadunidenses entre 1980 y 1988, de éstos apenas el 21% se incorporaron a la actividad científica mexicana, debido principalmente a falta de plazas de trabajo en el Sistema Nacional de Investigadores.

Conscientes de la importancia que tiene la actividad científica en el desarrollo económico de un país y conscientes también de las limitaciones presupuestales, creemos que es necesario priorizar y aumentar con creatividad y voluntad los escasos recursos, con la mira en que éstos sean mayores cada año y con la determinación de ir creando más plazas para la investigación y el desarrollo de los centros públicos de investigación, en temas relacionados con el desarrollo nacional, como lo son: elevar la competividad y la innovación de la micra, pequeña y mediana industria, creación de nuevos programas y mejoramiento de los existentes, que tengan por objeto la incorporación de científicos a la investigación en contacto con las necesidades de nuestro país, acelerar la tecnologización de las industrias e instituciones del Estado para mejorar su competitividad.

Por todo esto a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, agradecemos a la Comisión de Ciencia y Tecnología y a todos sus integrantes, por la pronta respuesta a este Punto de Acuerdo y esperamos que esto sensibilice un poco a todos los legisladores para considerar un mayor presupuesto en esta área tan importante.

Señoras y señores legisladores: Tengo la solicitud de registro del señor diputado Mario Ortega Alvarez y de María del Consuelo Camarena Gómez.

Consulte la secretaría a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido, en el entendido de que si no está suficientemente discutido, procederemos a darles el uso de la voz al diputado y a la diputada que han solicitado el uso de la palabra.

-DIP. SRIA. AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-PRESIDENTE: Vamos a rogarle a la secretaría que repitamos esta votación. Y vamos a cambiar el sentido si a ustedes les parece correcto. Vamos a preguntar si es de autorizar el uso de la palabra para los dos compañeros que la han solicitado. ¿Les parece correcto? Adelante la secretaría por favor.

-MISMA SECRETARIA: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si se le da el uso de la palabra a los diputados que la han solicitado. El diputado Omar Ortega Alvarez, del PRD y la diputada Consuelo Camarena Gómez, del PAN.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

-PRESIDENTE: En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Mario Ortega Alvarez, del PRD, hasta por 3 minutos

Con el permiso de la Asamblea: Para el Partido de la Revolución Democrática es indispensable una política de Estado en el ámbito científico y tecnológico. Una política de Estado que articule y fomente los esfuerzos del sector público y privado. Una política de Estado que fortalezca a las instituciones públicas de educación superior y a los centros de investigación. Una política de Estado que difunda y promueva los productos generados por la comunidad científica. Una política de Estado que promueva el trabajo de los investigadores y les permita desarrollar el potencial intelectual humano para innovar, crear y aplicar los conocimientos que demanda la revolución científica y tecnológica mundial. Una política de Estado que asuma a la ciencia y a la tecnología como elemento fundamental para el desarrollo económico y social del país.

Se requiere una política de Estado en ciencia y tecnología pues está ampliamente documentado que uno de los problemas más agudos que enfrenta México en la materia llamada fuga de cerebros, debido a la incapacidad financiera de las instituciones de educación superior y de los centros de investigación para retener a los investigadores de alto nivel formados tanto en nuestro país como en el extranjero.

Esa debilidad tiene que ser atendida con diversas acciones, pero sin duda la apertura de más plazas académicas destinadas a la investigación científica y tecnológica, contribuirá a evitar que los científicos e investigadores mexicanos se vean obligados a emigrar, a laborar en instituciones educativas del extranjero o en el sector privado de otros países o bien que no retornen a México, en detrimento del desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.

Asimismo es urgente renovar la planta académica de investigadores de nuestras instituciones educativos y centros de investigación, ya que de un número significativo de ellos están ya en edad de jubilarse o muchos rebasan los 45 años de edad. Esta situación impide que accedan los jóvenes investigadores al quehacer científico.

Por ello, si incrementamos el número de plazas para los investigadores estaríamos dando un primer paso para renovar la planta académica de nuestras instituciones educativas y las dedicadas a la investigación.

El apoyo a la ciencia y la tecnología ha sido uno de los planteamientos fundamentales que el Partido de la Revolución Democrática ha sostenido e impulsado en diversas legislaturas, como la propuesta de destinar a esta actividad el uno por ciento del producto interno bruto, así como el fortalecimiento de los organismos encargados de la conducción de las políticas públicas en materia científica y tecnológica.

Celebramos la voluntad de los distintos grupos parlamentarios dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología de haber otorgado su voto favorable al proyecto de dictamen en comento y que esperamos el día de hoy se apruebe.

EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, diputado Omar. Tiene el uso de la palabra la señora diputada doña Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos, para hablar en pro del dictamen.

LA C. DIPUTADA CONSUELO CAMARENA GOMEZ: Con su venia, ciudadano presidente. Amigas diputadas y amigos diputados: hoy día la mundialización lleva a un intenso intercambio en distintas áreas del conocimiento y una de las vertientes más incluyentes es el desarrollo científico y tecnológico que estimula el avance económico, social y político de todo el orbe.

Acción Nacional postula en sus principios que la libertad de investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico son indispensables para procurar el bien común de la sociedad.

El ser humano, como parte de su naturaleza creativa, genera conocimientos y desarrolla tecnologías que sirven a su bienestar.

La ciencia y la tecnología son instrumentos al servicio de la vida, de las personas y de la comunidad.

Aunado a ello México requiere fortalecer su política firme y constante para lograr que su capital humano eche raíces en nuestro territorio y no tenga que emigrar a otras latitudes en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida.

Esta fuga de cerebros ha erosionado paulatina y pertinazmente nuestra capacidad interna para competir con nuestros socios comerciales, lo cual limita y disminuye nuestras probabilidades de éxito.

Es necesario, pues, que las autoridades responsables de la conducción de la política y coordinación en materia de ciencia y tecnología dirijan sus esfuerzos y acciones hacia el futuro del desarrollo nacional, de tal suerte que en la Ley de Ciencia y Tecnología se dispone que el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico es el órgano colegiado que dará coherencia y brindará la coordinación necesaria entre las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, de manera que actúen conforme a una política de Estado en materia científica y tecnológica.

Por todo ello el grupo parlamentario de Acción Nacional, del cual son integrante, estima que el dictamen sujeto a aprobación de este pleno apunta en la dirección correcta en cuanto a la previsión de las necesidades del sector científico y recoge una parte sustantiva de las demandas de este sector, por lo cual recibirá nuestro completo apoyo.

EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, diputada María del Consuelo Camarena Gómez.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES: Se cuenta con un resolutivo de las Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno del Ejecutivo del Estado de México y al Honorable Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, para que se apeguen o en su caso adecuen los ordenamientos necesarios a efecto de que se instale coordinada y permanentemente personal médico, ingenieros químicos y clínicos con equipos especializados en cada área, para que diagnostiquen, otorguen tratamiento y realicen programas preventivos y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación y personas afectadas por el tóxico de cromato hexavalente de la región de Lechería, Municipio de Tultitlán, Estado de México.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que formulen, gestionen y expidan las circulares necesarias en que se declare a la región de Lechería, Municipio de Tultitlán, Estado de México, como zona de emergencia ambiental.

Tercero.- En plazo de 90 días naturales la Secretaría de Salud del Gobierno estatal deberá de dar un informe por escrito al Honorable Congreso de la Unión, del estado que guarda la salud de la población de Lechería, conforme al punto primero.

Esta Presidencia tiene registrados a nombre de las Comisiones, al señor diputado Córdova Villalobos, a nombre de las Comisiones, y posteriormente, a los diputados Santiago Cortés Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática, Raúl Rogelio Echavarría Salas, del Partido Acción Nacional y Jacqueline Angüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, en cuyo caso se consultará a la Asamblea.

- EL C. DIP. JOSE ANGEL CORDOVA VILLALOBOS: Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.

La Empresa Cromatos de México se constituyó en 1958 en la Colonia Lechería, Municipio de Tultitlán, Estado de México.

En el año del 82, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México confirman mediante un estudio, muestra en 160 adultos y niños, los altos niveles de cromo en pelo y orina.

En 1983 la empresa construyó un contenedor de concreto de 16 mil metros cuadrados para cubrir 120 mil toneladas de cromo hexavalente y fue a partir del 99 cuando el contenedor sufrió fisuras en su estructura, dejando escapar el contaminante en forma aeróbica permitiendo que en el subsuelo y en el suelo se filtraran por las lluvias los contaminantes precipitados que dañan mantos acuíferos y afectan zonas urbanas, agrícolas e industriales.

Este cromato hexavalente es un metal que se encuentra espontáneamente en el agua, en el suelo y en las rocas, también en los cultivos como elemento remanente en los suelos agrícolas.

El cromo se presenta comúnmente en forma trivalente y hexavalente. En la primera al átomo de cromo le faltan tres electrones, mientras que en la hexavalente le faltan seis.

Si bien en la forma trivalente representa muy baja toxicidad, estudios científicos han determinado que el cromo hexavalente es un metal cancerígeno, debido a las propiedades carcinógenas de algunos compuestos de cromo.

Igualmente se ha establecido que el agua potable o debe de contener más de 50 microgramos de cromo por litro

Los efectos potenciales del cromo sobre la salud, dependen de una diversidad de factores tales como la forma química en que se presente la cantidad, el tiempo de exposición y la forma de incorporación al organismo que puede ser por inhalación o a través de la piel.

Las reacciones y los efectos potenciales también dependen en gran medida de otros factores. La utilización industrial que el hombre le ha dado al cromo y a sus compuestos, ha generado un aumento de la contaminación en la atmósfera, en el agua y en los alimentos, especialmente en aquellas industrias relacionadas con procesos metalúrgicos, galvanizados y textiles.

Como ya mencioné anteriormente, el cromo en cantidades optimas es esencial para los mamíferos para mantener el metabolismo de glucosa, lípidos y proteínas. Sin embargo el hexavalente se considera como mutagénico y carcinógeno.

Es por ello que las comisiones Unidas de Salud y de Medio ambiente y recursos Naturales, coincidimos en que es de imperiosa necesidad el realizar un estudio a los habitantes de Lechería en el Estado de México, así como al medio ambiente, a efecto de verificar si existen o no daños que pongan en riesgo la integridad física de los habitantes y de su entorno.

Sin embargo, por no ser de nuestra competencia solicitamos se retire el tercer punto resolutivo al punto de acuerdo señalado.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA (PRI): En virtud de que de la intervención del señor diputado José Angel Córdova Villalobos se desprende la propuesta de eliminar el tercer resolutivo, pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES (PRD): En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite la modificación propuesta.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA (PRI): Luego entonces se ruega a la Secretaría le dé lectura a los dos primeros puntos de acuerdo con el objeto de ilustrar a la asamblea de como quedarían los resolutivos propuestos.

"Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno del Ejecutivo del estado de México y al honorable ayuntamiento de Tultitlán, estado de México, para que se apeguen o, en su caso, adecuen los ordenamientos necesarios a efecto de que se instale coordinada y permanentemente personal médico, ingenieros químicos y clínicos con equipos especializados en cada área para que diagnostiquen, otorguen tratamiento y realicen programas preventivos y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación y personas afectadas por el tóxico de cromato hexavalente de la región de Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México.

"Segundo.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que formulen, gestionen y expidan las circulares necesarias en que se declare a la región de Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México, como zona de emergencia ambiental".

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA (PRI): Muchas gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro hasta por tres minutos.

- EL C. DIPUTADO SANTIAGO CORTÉS SANDOVAL (PRD): Con su permiso, diputado Presidente.

El cromo elevado a cromo hexavalente que intoxica gravemente a los seres vivos se encuentra desde hace más de 30 años en la región de Lechería, Tultitlán estado de México, en un contenedor de 120 mil toneladas y que sobre una superficie de 16 mil 500 metros cuadrados ha contaminado excesivamente los mantos acuíferos de esta región, ocasionando daños irreversibles a la salud humana.

A esta demanda del pueblo sumamos los esfuerzos de legisladores federales del Congreso de la Unión y de otros luchadores sociales dispuestos a agotar las instancias para lograr que las autoridades correspondientes ejecutoríen la solución definitiva de este grave problema.

Nuestro planteamiento y propuesta consiste en exhortar a las autoridades federales y estatales de salud a que proporcionen a los habitantes de la región de Lechería servicios de atención médica, diagnósticos, tratamientos y en casos necesarios canalizar los habitantes a los hospitales especializados, a las personas afectadas por esta contaminación y a las de ecología a que declaren zona de emergencia ambiental a Lechería.

Ante las consideraciones de que esta lucha fue iniciada hace 30 años, tiempo en que cada vez más me he solidarizado en unión con mi familia al dolor del pueblo para buscar afanosamente la aplicación de las más adecuadas y favorables respuestas.

Ahora incremento mi fuerza de voluntad, ya que con esta representación popular que honrosamente ostento como diputado federal me permito con mayor confianza continuar tocando puertas de todos los niveles.

Señalo de una vez por todas que los obstáculos políticos los derribaremos con la fuerza de la movilización ciudadana, hasta lograr los consensos suficientes en que confluyan criterios que por su peso específico se les obligue a las autoridades a ejecutoriar la solución definitiva de este grave problema ambiental.

Ante los obstáculos económicos, señalo que para resolver la falta de presupuesto tocaremos las puertas de las instituciones nacionales e internacionales de asistencia pública, privada o social que sean necesarias, hasta encontrar a quienes nos ayuden con la solución definitiva de este problema.

Por lo antes expuesto, advierto que si las autoridades no asumen responsabilidades y resuelven este grave problema de deterioro ambiental, nos veremos en la necesidad de organizar manifestaciones ciudadanas y marcharemos codo con codo y brazo con brazo hasta que los responsables de la solución nos garanticen mayor calidad de la atmósfera y el agua y que cumplan con garantizar la salud del medio ambiente y que sea más viable el desarrollo y el progreso de esta región municipal, ejemplo de trabajo y de lucha en el Estado de México y en nuestro país en general.

-PRESIDENTE. DIP. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA: Gracias a usted diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Raúl Rogelio Echavarría Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Diputadas y diputados: La humanidad prácticamente desde su inicio ha transformado el medio natural en un intento por apropiarse de los recursos que la naturaleza le brinda. Lo que no tiene precedente es la magnitud de su influencia sobre el ambiente.

Los ecosistemas de nuestro país se han alterado a tal grado que se ha puesto en peligro la capacidad misma de nuestro planeta para mantener la vida en condiciones propicias para el desarrollo de las sociedades humanas.

La empresa Cromatos de México, que operó durante veinte años en el periodo de 1958 a 1978 en la localidad de Lechería, municipio de Tultitlán, Estado de México, en 1975 se evidenciaron una serie de problemas de salud e inconformidades por parte de los habitantes. La empresa fue clausurada en 1978 instrumentándose medidas complementarias de saneamiento, tales como el traslado de los residuos a un confinamiento que resultó ineficaz, en virtud de que con el tiempo se observaron rupturas aflorando el cromo hexavalente a cielo abierto, generándose escurrimientos al subsuelo y contaminación.

Se obtuvieron análisis químicos del suelo, agua potable y paredes de la zona en cuestión. El estudio reveló concentraciones de cromo total que rebasaron la Norma Oficial Mexicana.

En estos suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados para cualquier tipo de actividad.

En vista de lo anterior, los diputados de Acción Nacional estamos a favor de exhortar a la Secretaría de Salud, al Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, a efecto de que se instale un módulo de servicios médicos y análisis clínicos, para que diagnostiquen, otorguen tratamiento, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación del cromato en la región de Lechería, municipio de Tultitlán.

Para Acción Nacional es importante que se cumplen las disposiciones que garanticen la protección del medio ambiente y en particular la salud de la población, así como la calidad de vida.

-MISMO PRESIDENTE: En virtud de que han hablado dos diputados en pro, pregunte la Secretaría a la asamblea si se le otorga el uso de la palabra a la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México.

-SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se le concede el uso de la palabra a la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

-MISMO PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro del dictamen hasta por tres minutos.

Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados. Este Dictamen fue aprobado en las Comisiones de Salud y Medio Ambiente porque consideramos como urgente el que se tomen medidas inmediatas a fin de que los habitantes del Municipio de Lecheria tengan garantizados servicios médicos después de que su entorno se viera seriamente afectado por el establecimiento de la empresa Cromatos de México, S.A. de C. V. Ubicada en la localidad de Lechería, Municipio del Tultitlán del Estado de México, en la década de los años 50.

A partir de estudios científicos se conoce que el cromo exavalente es un compuesto cancerígeno por inhalación, los riesgos potenciales de este en la actividad industrial han sido ampliamente documentados. Muchos estudios han revelado cáncer de pulmón en operarios expuestos a la inhalación del mismo.

De acuerdo a los datos que presenta el Diputado promovente, se han detectado la presencia de cromo exavalente en los subsuelos, lo cual puede dañar severamente los mantos freáticos incluyendo las tierras de propiedad privada en donde se extrae el agua de los pozos de agua potable.

Acorde con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala en su Artículo 4º párrafo 5º , que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y considerando que los residuos de cromo exavalente depositados en Lechería, Municipio de Tultitlán, Estado de México, son residuos peligros, los cuales en función de sus características de toxicidad pueden presentar riesgos a la salud pública o causar efectos adversos al ambiente, los integrantes de Comisiones Unidas de Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura, ocurrimos a esta tribuna a solicitar votemos a favor de este Dictamen para que se considere como urgente el que se tomen medidas de remediación a corto plazo, ya que se tiene conocimiento de mil 17 casos de personas afectadas incluyendo padecimientos registrados de 1979 al año 2001.

Por otro lado es importante remarcar que se cuenta con estudios realizados por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en los que se determina que existe contaminación química en los mantos freáticos de Lechería en el Municipio de Tultitlán. Debido a las patologías presentadas por los habitantes del área a consecuencia de la contaminación por cromo exavalente, se considera conveniente designarlo como zona de emergencia ambiental.

Por todo lo anterior, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Salud y de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitamos respetuosamente que el presente Dictamen sea aprobado por esta soberanía.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los Puntos de Acuerdo.

-EL C. SECRETARIO DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los Puntos de Acuerdo.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo , por favor.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Dictamen con Puntos de Acuerdo en relación a la proposición , para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, investigue el asunto de Discriminación Racial que vienen sufriendo indígenas del Estado de Hidalgo, por el uso del Parque Rubén Darío, en la Colonia Providencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Punto de Acuerdo. UNICO.- Respetuosamente se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que investigue si lo considera de su competencia el asunto de Discriminación Racial que vienen sufriendo indígenas del Estado de Hidalgo, por el uso del Parque Rubén Darío, ubicado en la Colonia Providencia de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por parte de la Policía Municipal, así como del Presidente Municipal.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 24 de Marzo de 2004. Firman los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos:

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores registrados, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.

- LA C. SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la sírvanse manifestarlo por favor:

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señora Secretaria. Se ruega preguntar a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

- LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:

- LA C. SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Dictamen con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República informe si tiene bajo su cargo y responsabilidad las investigaciones ministeriales relacionadas con el homicidio del diputado yucateco, profesor Pánfilo Novelo Martín, su hijo y su asistente.

RESOLUTIVO: Unico.- Solicítese con absoluto respeto al principio constitucional de división de poderes, al Procurador General de la República, informe a esta soberanía si tiene bajo su cargo y responsabilidad las investigaciones ministeriales relacionadas con el homicidio del diputado yucateco, profesor Pánfilo Novelo Martín, su hijo Miguel Angel Novelo Burgos y su asistente, Pedro Yang Pech y de ser posible, jurídicamente informe al Estado en qué se encuentran dichas investigaciones.

No habiendo registro de oradores, pregunte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.

- L A MISMA C. SECRETARIA: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

- EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

- LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

- EL C. SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Son dos artículos del punto de acuerdo:

El primero.- Se crea la subcomisión especial para hacer el seguimiento al presente caso, la cual estará integrada por representantes de cada uno de los grupos parlamentarios y que son los siguientes:

Segundo.- Se solicita de manera respetuosa, al gobierno del Estado de Baja California y a la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, cumplan con la recomendación 18/2000 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto al caso de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo.

Obra en poder de esta Presidencia el registro de la diputada Ruth Hernández Martínez, del Partido Acción Nacional, quien tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos. … ¿La diputada?… Pregunte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.

-EL DIP. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: En votación económica se pregunta a la asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Gracias. Las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados que estén por la negativa.

-EL PRESIDENTE: Suficientemente discutidos. Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo puestos a su consideración.

-EL MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Gracias. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.

-LA DIP. SECRETARIA MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Dictamenes negativos.

Punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 1°.- No es de aprobarse la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán, el 30 de septiembre de 2003, por haber quedado sin materia.

Artículo 2°.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F. a los 15 días del mes de marzo del 2004. Firma la Comisión de Gobernación.

-LA MISMA SECRETARIA: No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

-EL PRESIDENTE: Aprobado. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Continué la Secretaría.

-LA MISMA SECRETARIA: Punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes.

Único.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 314, 33, 343, 344 y 345 de la Ley General de Salud, debido a que el espíritu de la misma, ha sido contemplado en recientes reformas al ordenamiento mencionado, las cuales han sido aprobadas por el pleno de la Honorable Cámara de Diputados, publicados en la Gaceta Parlamentaria y se encuentran en proceso legislativo.

Salón de Sesiones de la Comisión de Salud. Palacio Legislativo de San Lázaro a los 24 días del mes de marzo de 2004. Firman los integrantes de la comisión.

-LA MISMA SECRETARIA: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

-EL PRESIDENTE: Aprobado. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

-LA DIP. SECRETARIA AMALIN YABUR ELIAS: Punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma, adiciona y deroga los artículos 324, 325, y 333 de la Ley General de Salud.

Artículo Único.- Se desecha la iniciativa presentada para reformar los artículos 324 y la derogación de los artículos 325 y 333 a la Ley General de Salud, debido a que el espíritu de la misma, ha sido contemplado en las recientes reformas al ordenamiento mencionado, las cuales han sido aprobadas por el pleno de la H. Cámara de Diputados, publicadas en la Gaceta Parlamentaria y se encuentra en proceso legislativo.

Salón de sesiones de la Comisión de Salud. Palacio Legislativo de San Lázaro a los 24 días del mes de marzo 2004. Firma Comisión de Salud.

-LA MISMA SECRETARIA: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

-EL PRESIDENTE: Aprobado. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

El diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó a esta Presidencia una proposición con punto de acuerdo, respecto a la solicitud de Estados Unidos de América, para la celebración de consultas con el Gobierno Mexicano, en el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, respecto a las medidas fiscales de México sobre los refrescos y otras bebidas, para lo que se utiliza cualquier edulcorante distinto a la azúcar de caña. Túrnese a la Comisión de Economía con opinión de la Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.

Igualmente, la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó a esta Presidencia una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República en coordinación con la PROFEPA, a llevar a cabo las acciones necesarias, para reubicar los asentamientos irregulares ubicados en la reserva de la biosfera de Montes Azules, Chiapas, así como a la Secretaría de Gobernación para verificar y tomar acciones en contra de extranjeros que participen en acciones ilícitas, como la invasión de áreas naturales, dotando el Gobierno Federal de los recursos necesarios.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobernación.

En iguales circunstancias, la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó una proposición con punto de acuerdo para el esclarecimiento del asesinato de la defensora de derechos humanos de los indígenas en el estado de Puebla, Griselda Tirado Evangelio.

Señoras y señores legisladores: Obra en poder de esta Presidencia ocurso de la Junta de Coordinación Política signado por todos sus integrantes, en el sentido de solicitar sea adelantado el turno de la proposición con punto de acuerdo para solicitar se esclarezcan los hechos ocurridos durante los últimos días en el estado de Morelos, que presentan diversos diputados de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD, considerándose como de urgente y obvia resolución.

En consecuencia se ruega a la Secretaría consultar a la asamblea si es de modificarse el orden del día.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si es de modificarse el orden del día, según lo ha propuesto la Presidencia.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

EL PRESIDENTE: En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor diputado don Guillermo del Valle, para presentar el punto de acuerdo, hasta por 3 minutos.

Punto de acuerdo que presentan los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar se esclarezcan los hechos ocurridos en los últimos días en el estado de Morelos.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea para su aprobación, el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones:

Primera. En los últimos años en el estado de Morelos no ha podido superar la situación de inseguridad pública que ha provocado la ineficiente actuación del titular del Poder Ejecutivo en el estado. Nos fue impuesto por el Ejecutivo estatal al C. Agustín Montiel López como Director de la Policía Ministerial, el cual tiene antecedentes delictivos en otros estados de la República, específicamente en el estado de Guerrero, según una investigación que realizó la anterior legislatura local.

Hoy, producto de su detención por la AFI el pasado martes 6 de abril vinculándolo con actividades del narcotráfico, específicamente con el denominado Cartel de Juárez y describiendo actividades de apoyo para la recepción de droga procedente por vía aérea, de Colombia y posteriormente distribuida al estado de México, es que se encuentra en calidad de indiciado por la Procuraduría General de la República en el penal de alta seguridad de La Palma.

Hoy advertimos que en el Gobierno Federal actitudes de servidores públicos del más alto nivel, que podrían configurar delitos de encubrimiento a servidores públicos o el ocultamiento de información relacionado con las actividades ilícitas del multicitado ex servidor público.

El tema es la impunidad, el tráfico de influencia, el autoritarismo con sesgos mediáticos de ingenuidad por parte del Ejecutivo del estado en el nombramiento de quien dirigía las acciones de la Policía Ministerial en el estado; el tema es su vínculo con el crimen organizado y sus relaciones operativas con el narcotráfico; el tema es su participación en el asesinato de otro servidor público coludido con estas acciones; el tema es el grado de complicidad con sus jefes inmediatos: el Gobernador del estado, el Secretario de Gobierno y el Procurador de Justicia; el tema es la responsabilidad jurídica y política de estos servidores públicos.

La sociedad morelense está indignada y desconfía con razón de sus autoridades y demanda con todo derecho, por conducto de éste, el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La información completa y detallada a esta soberanía, sobre el motivo de la detención de Agustín Montiel.

Segundo. La profundización hasta sus últimas consecuencias, de la investigación judicial e investigar la relación y la responsabilidad de Sergio Alberto Estrada Cagigal y sus funcionarios más cercanos.

Tercero. Solicitar... (toca la campanilla del tiempo)... término, señor Presidente.

Tercero. Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación realice a la brevedad posible una auditoría al Estado de Morelos desde el inicio de esta gestión de Sergio Alberto Cajigal.

Cuarto. Se exhorta a esta soberanía para crear una Comisión Especial que dé seguimiento a los hechos de corrupción e involucramiento de funcionarios públicos en el Estado de Morelos con el narcotráfico.

Quinto y último. Solicitar al Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, nos explique a esta soberanía los argumentos que tomó en consideración para exoneración al vapor del gobernador del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento de la vida que rige la vida interna de nuestra Cámara, solicitamos a los integrantes de esta Honorable Asamblea, se considere el presente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.

Lo firma su servidor Guillermo Del Valle y la diputada Lizbeth Eugenia Rosas, del PRD.

EL PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor

EL PRESIDENTE: En consecuencia tiene el uso de la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.

El involucramiento en hechos delictivos por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado de Morelos, no es una cosa menor y es un asunto que compete al combate del crimen organizado.

El pasado martes 6 de abril, la Procuraduría General de la República giró órdenes de aprehensión en contra de José Agustín Montiel, Jefe de la Policía Ministerial del Estado de Morelos y de sus colaboradores más cercanos, debidos a que se encontraron pruebas suficientes para declararlos culpables de narcotráfico y delincuencia organizada.

Pese a que la PGR comprobó que estos dos exfuncionarios tenían vínculos y negocios con el narcotraficante José Esparragoza Moreno, alias el "Azul", esto no es suficiente pues existen pruebas contundentes como las declaraciones que se han hecho públicas en los distintos medios de comunicación de las que la PGR no ha llegado a fondo en la red de complicidades y corruptelas en el Gobierno del Estado de Morelos.

No es ninguna coincidencia que en el gobierno del cambio que encabeza el actual gobernador Sergio Estrada, por acción u omisión del mismo, haya florecido de manera visible la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad en el estado.

Hace poco más de dos años la PGR y el entonces Procurador de Justicia, José Luis Urióstegui, notificaron al gobernador sobre estos antecedentes obscuros del dicho funcionario y sin embargo, pudieron más y prevaleció el influyentismo y los intereses de grupo que llevaron al gobernador a ratificar a dicho funcionario.

Dicen que cuando el río suena, es que agua lleva, y es por eso que la PRG no debe pasar por alto las declaraciones de los testigos protegidos sobre la presunta relación sentimental del gobernador con la hija de un probable narcotraficante conocido en el estado como lo es José Esparragoza Moreno.

Si la PGR no profundiza en sus investigaciones, tal pareciera que le estamos dejando la mano a los organismos internacionales de investigación, como en el caso de DEA a que éstos sean quienes les tengan que pedir a los gobiernos, en el caso del Gobierno Mexicano que actúe en consecuencia contra funcionarios corruptos.

A mí me parece que es una vergüenza que cuando el Procurador nos dice que él pidió y solicitó la investigación, esté faltando a la verdad; esta investigación se hizo por parte de Estados Unidos y si no hubiera sido así, a la mejor probablemente después, vayan a surgir más responsables.

Por eso es que el PRD pide a esta soberanía se considere como de urgente y obvia resolución, para transparentar y exigimos se audite la cuenta pública del estado de Morelos.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada; ya está considerada la urgente resolución.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Sigona Torres, del Partido Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO JOSE SIGONA TORRES.- En el Partido Acción Nacional, históricamente hemos luchado por la transparencia, la limpieza, la anticorrupción y el buen manejo de sus gobiernos; por lo tanto, no dudamos en adherirnos a un punto de acuerdo que marcara estas finalidades y no que tuviera, como lo han venido a presentar en esta tribuna, una serie de mentiras, una serie de frivolidades.

Nosotros no le tenemos miedo a las auditorías ni a las revisiones cuando tengan la finalidad de llevar a la verdad a nuestros gobiernos, pero no hagamos de esto, otro escándalo, otro circo mediático que sólo confunde a la población.

Y vale la pena mencionar: en el estado de Morelos, el gobierno, el gobierno panista, fue el primero en solicitar a la Procuraduría General de la República, que el caso del asesinato del Comandante Pano, fuera atraído por la misma PGR, quedando en silencio más de dos años que duró esta investigación y que logró la detención, precisamente, de funcionarios corruptos y no como en otras entidades, que los funcionarios corruptos, se la pasan tomando el sol y burlándose de los mexicanos.

Finalmente, cuando hablamos de militantes, finalmente cuando hablamos de militantes del PRD, cuando vienen aquí a decir en tribuna que un tal Urióstegui, militante del PRD fue el primero que le dijo al gobernador que renunciara Montiel, es muy falso y yo creo que vale la pena mencionar que este señor fue subprocurador en la época negra de Carrillo Olea. Estas son las personas en las que confían en sus declaraciones, pues me parece maravilloso.

EL C. PRESIDENTE.- Se decreta un receso por dos minutos, mientras se reestablecen las condiciones...

Así es, compañeros, para finalizar, yo quisiera comentarles y decirles que el Partido Acción Nacional, estará a favor de acuerdos que busquen la transparencia de sus gobiernos, que busquen el buen manejo de ello, no puntos de acuerdo en los que se crean más subcomisiones con tal de salir en la foto, con tal de salir...

¿Con qué objeto, señor diputado? Sonido en la curul del señor diputado Medina Lizalde.

EL C. DIP. JOSE LUIS MEDINA LIZALDE, (desde su curul).- Señor Presidente, que le preguntara al señor diputado si acepta una pregunta.

EL C. DIPUTADO JOSE SIGONA TORRES.- Normalmente son preguntas que no vienen al caso y menos de alguien que ni siquiera vive en Morelos.

Bueno, pues para finalizar, quisiera decirles, compañeros, que el Partido Acción Nacional, estaría muy a favor de que se investigue y que la Procuraduría la entregue cuentas a esta soberanía, de la investigación, pero nunca estará de acuerdo en principio en crear subcomisiones, en segunda en tener y en juzgar a personas como este punto de acuerdo ya las prejuzgó con anticipación, como es el caso de que prejuzga que el Procurador Macedo de la Concha, al vapor exonera al gobernador, cuando la investigación tenía desde noviembre del 2002 a la fecha.

Siendo congruentes con el criterio aplicado por esta Presidencia, en relación al contenido del artículo 122 se ruega a la Secretaría a la Asamblea si es de concederse el uso de la palabra a los diputados Manuel Velasco Coello y Jesús González Schmall.

Señor diputado, vamos a preguntarle a la Asamblea, si permite el uso de la palabra de estos dos diputados y de usted mismo, el señor diputado Medina.

-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la presidencia se pregunta a la Asamblea si se le concede la palabra a los diputados Velasco Coello, Gonzpalez Schmall y Medina.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Velasco Coello, en el entendido de que en esta presidencia obra el registro del señor diputado Sergio Alvarez Mata del Partido Acción Nacional en contra.

Luego entonces le daremos el uso de la palabra al señor diputado Velasco Coello e inmediatamente después al señor diputado Alvarez Mata del Partido Acción Nacional.

-EL C. DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO: Con el permiso de lapresidencia. Compañeras y compañeros diputados. La detención del Coordinador de la Policía Ministerial en el Estado de Morelos, José Agustín Montiel López y del Director Operativo de esa corporación policíaca Raúl Cortés por nexos con el narcotráfico, deja en evidencia la relación de subordinación y amistad entre narcotraficantes y miembros del gobierno de esa entidad.

Lo que está ocurriendo en Morelos no sólo es inaceptable sino preocupante, ya que el presunto vínculo de mandos judiciales de alto rango con narcotraficantes vulnera el estado de derecho en esa entidad.

El cese momentáneo de 552 elementos de la policía ministerial, mientras se deslindan responsabilidades, no es un asunto menor, estamos hablando de 552 personas, sujetas a investigación, ¿acaso es probable que el gobernador del estado no se haya entrado de una situación de tal magnitud, que posiblemente involucra a tantas personas de una corporación?

¿El gobernador cree que mediante su decisión de medir con el mismo raseo de la desconfianza y la presunción de delincuencia y corrupción a todo una corporación encargada de la seguridad, que supuestamente era evaluada y supervisada permanentemente debido a su papel destacado y a sus funciones va a remediar el problema?

Desde el 2003 se ha registrado un crecimiento explosivo en Morelos por posesión y comercio de drogas, esto lo revelan las cifras de la Procuraduría General de la República, incluso las cifras en la entidad gobernada por el mandatario panista Sergio Estrada, superan por mucho la media nacional.

Una investigación realizada por la Procuraduría General de la República iniciada en el 2001, encontró que la red de narcotráfico en la que se han visto involucrados hasta ahora los dos altos mandos de la policía ministerial de Morelos, operó una ruta de transporta de droga que cubría Guatemala, Chiapas, Salina Cruz, Chilpancingo, Cuernavaca, Piedras Negras, además de que se habilitaron casas de seguridad y bodegas en las colonias Barona, Las Brisas, Atlacomulco y Otilio Montaño entre otras.

Compañeras y compañeros diputados, por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista apoya el presente Punto de Acuerdo y exige que se establezca un verdadero estado de derecho en Morelos y se llegue a las últimas consecuencias en esta investigación.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Sergio Alvarez Mata, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra.

Antes quiero dejar muy en claro a esta Asamblea, que cuando la Junta de Coordinación Política tomó la determinación de agendar este Punto de Acuerdo, asumimos en el grupo parlamentario, la anuencia de que se presentara y que por supuesto se llevara a cabo una investigación a fondo y que la PGR deslindara las responsabilidades topara con quien topara; siempre y cuando se aportaran las pruebas fehacientes de la culpabilidad de los funcionarios públicos, del delito que hoy se imputa.

Esta fue la parte esencial del acuerdo que en la Junta de Coordinación Política las fuerzas políticas aceptaron que así se presentara. Hoy con sorpresa escuchamos del diputado Guillermo del Valle, un punto de acuerdo que va más allá de las consideraciones y de los motivos que se expusieron en la Junta de Coordinación Política.

En este punto de acuerdo no sólo se prejuzga la actitud del gobierno del Estado de Morelos, sino se prejuzga de una manera poco aceptable, la actuación del Gobierno Federal, cuando hemos visto nosotros con mucha claridad que a petición expresa del Gobernador del Estado, se llevó a cabo una investigación sobre el policía ministerial que dirigía la corporación en la Procuraduría del Estado de Morelos y que derivada de esta petición y aunada a la averiguación previa que el señor Graco Ramírez había presentado ante la Procuraduría, se llegó a la determinación de consignar a Agustín Montiel por los presuntos delitos y ahora se encuentra sujeto a proceso.

Y en este punto de acuerdo se está pretendiendo prejuzgar que la autoridad federal está coludida, y está coludida con el narcotráfico. Y esto es inadmisible puesto que estamos apostando en Acción Nacional y estamos apostando en el Estado de Morelos, a que el esclarecimiento de este asunto corre por la vía jurídica a través de la Procuraduría.

No vayamos a caer en la tentación de politizar lo que es judicial. No vayamos a caer en la tentación de caer en una especie de argumento político para pretender desde ahora crear condiciones con más propósitos electorales del Estado de Morelos que esclarecer verdaderamente esta situación que nos agravia a todos los morelenses.

Y lo digo, y lo digo con la fuerza con que cuando fuimos diputados locales, nos pronunciamos en contra de este policía ministerial y nos atuvimos al desahogo de la averiguación previa que estaba en curso. Y hoy demandamos y exigimos de la Procuraduría, que se llegue hasta las últimas consecuencias tópese con quien se tope.

No estamos protegiendo a nadie. Pero no podemos aceptar los diputados del Estado de Morelos, 4 diputados de Acción Nacional del Estado de Morelos, no podemos aceptar …

-DIP. GUILLERMO ALVAREZ MATA: … un punto de acuerdo en estos términos, que va más allá de lo que hoy en la mañana en la Junta de Coordinación Política se había aprobado.

Por eso nuestra posición en contra de este Punto de Acuerdo, porque rebasa en mucho las consideraciones que se tuvieron hoy en la mañana.

Don Guillermo del Valle, por favor. Sonido en la curul de don Guillermo del Valle.

-DIP. GUILLERMO DEL VALLE (desde la curul) En términos del artículo 102, fui aludido personalmente por el diputado.

-PRESIDENTE: En términos del artículo 102 lamento decirle señor diputado, que tratándose de debates sobre puntos de acuerdos, no concede la presidencia el uso de la palabra para hecho o para alusiones personales. Si es para alusiones personales, se la concedo después de que termine la votación. Si es para hechos, no ha lugar.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, en pro.

EL C. DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMALL: Con su anuencia, señor presidente. Nada más faltaba que esta representación, como lo sugirió el orador que me antecedió en el uso de la palabra, guardara silencio, se abstuviera por complicidad en la denuncia que debe hacerse de las gravísimas condiciones que privan en la gobernabilidad del importantísimo estado de Morelos.

Sería faltar a nuestra mínima condición de representantes nacionales el no verter, el no deliberar en esta tribuna acerca de las condiciones, prácticamente condiciones de excepción de gobierno que están ahora lamentablemente padeciendo en el estado vecino a esta capital de la República.

Ya había signos inocultables de la degradación, incluso del concepto de gobierno que Estrada Cajigal demostraba cuando fue capaz de arteramente destruir las obras pictóricas del Casino de la Selva, todo para construir un gran moll, una gran cadena de tiendas de origen extranjero para también quitarle la identidad y la belleza a ese gran recinto que ya era patrimonio de los morelenses.

Y de ahí evidentemente la consecuente degradación; de ahí la frivolidad, el cinismo, la desfachatez de ver como una diversión, como un juego, la gravísima e importantísima función de gobernar, de preservar la paz social, de ordenar la función pública para la consecución de los objetivos generales.

Sabemos que Estrada Cajigal no tiene pues esa inclinación y esa vocación para llevar el gobierno a sus mejores objetivos, a sus propósitos de darle tranquilidad, paz y desarrollo al estado de Morelos.

Por eso estamos no sólo obligados sino imprescindiblemente decididos a intervenir en el estado de Morelos, a ser nosotros, como representantes y como opinión pública calificada quienes estén viendo lo que ocurre en ese estado y preocupados hondamente porque hoy mismo está sin policía judicial, hoy mismo están sin autoridades ministeriales, hoy mismo hay desgobierno flagrante y esto no puede pasarnos desapercibido, no puede dejarnos de sacudir la conciencia el interés y la responsabilidad de nuestro cargo representativo.

Así pues Convergencia estará de acuerdo en que esta representación se interese, en que eta representación profundice en lo ocurrido en Morelos y desde luego se tomen las medidas pertinentes de orden político para que se supere esta gravísima situación que lamentablemente asuela al bello estado vecino de nuestra capital.

Señoras y señores legisladores: en virtud de que queda satisfecho el número de oradores que marca el artículo 115, consulte la secretaría a la asamblea…

EL C. DIPUTADO WINTILO VEGA: Señor presidente, con mucho respeto, yo creo que…

EL C. PRESIDENTE: Me está aclarando el señor vicepresidente en este momento que no obstante que se agotó el número de oradores registrados la asamblea votó por concederle el uso de la palabra al señor diputado don José Luis Medina Lizalde.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra, en pro, al señor diputado José Luis Medina Lizalde.

EL C. DIPUTADO SERGIO ALVAREZ: Solicitarle el uso de la palabra por alusión personal del anterior orador.

EL C. PRESIDENTE: Para alusiones, señor diputado, le concedo el uso de la palabra después de votado.

EL C. DIPUTADO JOSE LUIS MEDINA LIZALDE: Con su permiso, señor presidente. Dice la sabiduría popular que más pronto cae un hablador que un cojo.

Los que hace poco tiempo se presentaban ante la opinión pública como adalides de la honestidad, como caballeros andantes en contra de la corrupción, ahora que en su propio campo aparece un hecho tan evidente, un caso que en estos momentos es motivo de grave deterioro de la imagen de nuestro país en el extranjero, y uno de los factores que más desalientan la inversión, ahora esas mismas personas están reclamando que se ofrezcan pruebas, cuando nadie está condenando a ninguna autoridad, sólo estamos reclamando que funcionen las instituciones.

Desde luego que tenemos una sólida razón para desconfiar de un Procurador que ha recibido reiteradamente una vocación facciosa. El Procurador General de la República ha sido incapaz de asumir una conducta institucional y no mide con la misma vara los casos que se le presentan, distingue muy claramente cuando el caso es azul, tricolor o amarillo y en función de esto no de la interpretación de la ley, son sus decisiones.

Es evidente que en el estado de Morelos, entrañable rincón de nuestra patria del que vamos a hablar cada vez que queramos, aunque aquellos de talante autoritario pretendan exigirnos haber nacido ahí para tocar el tema, en el estado de Morelos ha venido produciéndose una descomposición a la vista de todos.

Por ello es necesario que todas las fracciones reconozcamos que la lucha contra la corrupción es principio y no táctica, que si verdaderamente queremos una revaloración de la política en este país, admitamos que no hay una institución política a salvo de que elementos descompuestos en sus filas, terminen por poner en entredicho a esas instituciones, sólo que hay una diferencia: Cuando la instituciones reacciona encubriendo, la institución hace suyas las culpas de los individuos. En cambio cuando la institución da el ejemplo de que el buen juez por su casa empieza, entonces se eleva la credibilidad. Por eso nosotros no le tenemos miedo a votar por el desafuero de nuestros propios compañeros...

- EL C. DIP. JOSE LUIS MEDINA LIZALDE (Continúa):...cuando los elementos se produzcan.

- EL C. DIP. JOSE LUIS MEDINA LIZALDE (Continúa): Voy a terminar, Presidente. Sólo un tip al Procurador: El diputado Sigona sabe donde se encuentra Gustavo Ponce, dado que dice que se encuentra tomando el sol, ojalá le ayudara a la nación dando el lugar y el momento para su aprehensión.

- EL C. PRESIDENTE: Señoras y señores legisladores: Esta Presidencia tiene registrados, para alusiones personales, al señor diputado don Guillermo del Valle Reyes, en primer término; a la diputada doña Lizbet Rosas Montero y al señor diputado don Sergio Alvarez Mata.

Instruyo a la Secretaría si se considera suficientemente discutido para pasar después a votación y en seguida dar el uso de la palabra para alusiones personales

- EL C. DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Aprobada la proposición.

A continuación y en los términos que establece el artículo 102 del Reglamento, se concede el uso de la palabra al señor diputado don Guillermo del Valle Reyes, para alusiones personales, hasta por tres minutos.

- EL C. DIPUTADO GUILLERMO DEL VALLE REYES (PRI): Gracias, señor Presidente.

La pregunta hoy aquí es: ¿Cómo defender lo indefendible? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder escuchar en esta tribuna que diputados que se comprometieron con una sociedad que confió en ellos, vengan aquí a decir que no pasa nada en Morelos?

Vengan aquí a decir, como aludo personalmente a Sergio Alvarez Mata y a José Sigona, paisanos míos a los que respeto, que fueron mis compañeros diputados locales y que nos tocó, nos tocó, y particularmente a uno de ellos, ir al estado de Guerrero a corroborar los antecedentes negros de Agustín Montiel y regresar a decirle a Sergio Estrada, hace dos años, ¡que no debería nombrarse a una persona que tenía tantas investigaciones y tantas recomendaciones de derechos humanos! ¡Que no debería permitirse que en Morelos, con una cicatriz abierta aún por el caso recientemente vivido de secuestros, se nombrara a un agente con tan negro historial!

¿Cómo venir aquí a este micrófono, a esta soberanía, a esta representación de la nación, a no estar de acuerdo con que investiguemos a fondo? ¿Quién no puede estar de acuerdo en eso? ¡A no estar de acuerdo con que la PGR nos explique a esta soberanía qué está pasando!

¿Cómo no estar de acuerdo en pedirle al señor Macedo de la Concha, quien tiene la obligación de procurar la justicia en este país, como inmediatamente exonera al gobernador del estado? ¿En base a qué?

¿Cómo no estar de acuerdo en solicitar al gobierno, en solicitar que se realice una profunda auditoría al gobierno del estado de Morelos?

Quiero que vengan aquí mis compañeros y que digan -porque vas a subir después de mi Sergio-, y que aquí digas si no estás de acuerdo en esto. ¿Cómo defender lo indefendible? Ya lo dijo la PGR. Se lo dijimos como diputados locales: ¡que no nombrara a este personaje y lo hizo! ¡Hoy existe un solo responsable de lo que pasa en Morelos, se llama Sergio Estrada Cagigal y tiene que pagar, tiene que pagar porque la responsabilidad es del gobernador del estado!

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Diputado.

Para alusiones personales se concede el uso de la palabra al señor diputado don Sergio Alvarez Mata, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.

- EL C. DIPUTADO SERGIO ALVAREZ MATA (PAN): Muchas gracias, señor Presidente.

En primer término quiero dejar muy en claro y exhortar a mi compañero Del Valle a no confundir las posiciones, en particular las mías, que las conoce de hace tres años y que sido muy puntual en señalar este asunto desde mi función como representante popular en la cámara de diputados local.

¡Nadie ha subido en esta tribuna a defender a Agustín Montiel! Se equivoca si piensa que hemos subido a esta tribuna a defender a algún funcionario público que esté mezclado en esta actividad delictiva, que hoy la PGR en una averiguación previa ha determinado ya que en el estado existe, en algunos funcionarios públicos, de los cuales dos o quizás ya tres están en la cárcel!

¡No venimos a defender a nadie, venimos nosotros a fijar una posición muy puntual! ¡Este punto de acuerdo no fue en sus términos lo que llevó a coincidir en la Junta de Coordinación Política que aprobaríamos esta tarde!

¡Esa es la posición que estamos nosotros señalando, no estamos nosotros defendiendo a nadie ni mucho menos cuando de por medio existe una averiguación previa, existe un procedimiento agotado por la PGR en la fase inicial y hoy se encuentra en los juzgados penales llevándose a cabo la fase del proceso penal!

¡Estamos nosotros dejando en claro que no podemos nosotros permitir un albazo como este documento, en el cual se pretende ir más allá de lo que en un momento fue el origen de este acuerdo de que se investigara y se llegara a las últimas consecuencias, por supuesto, pero este punto de acuerdo excede en su pretensión y eso se lo que hoy hemos venido a marcar!

Y por último quisiera yo señalar que si bien es cierto pesa sobre el estado de Morelos la sospecha, no se han deslindado todavía todas las responsabilidades ni se han exonerado a todos los funcionarios y lo que queremos es que no se politice la justicia.

Ya nos habían reclamado en Morelos que no se judicializara la política, hoy reclamamos que no se politice la justicia, sino que se permita que por los cauces legales se llegue hasta sus últimas consecuencias.

Y por supuesto, Agustín Montiel está donde tiene que estar y donde supusimos que debería estar desde el principio. Pero no podemos nosotros caer en este garlito de una actitud política, cuando se tiene un proceso penal en curso y este está caminando y está dando resultados.

Es por ello que aclaro, que no se confunda esta asamblea que nuestra posición es venir a defender a funcionario alguno. Y aquí ha quedado constancia de actitudes de bancadas y de diputados que han defendido a ultranza a sus propios funcionarios públicos y no han permitido que se aprueben esos puntos de acuerdo.

-PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Tiene el uso de la palabra, para alusiones personales, la diputada doña Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-DIP. LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO (PRD): Señor diputado, me causa mucha risa lo que usted nos viene a decir aquí a la tribuna, sobre todo en razón, cuando el Partido de la Revolución Democrática ha sido el primero en pedir que se actúe conforme a derecho y se dé con los responsables en cualquier acto ilícito y aquí queda muestra, en las versiones estenográficas, de cada una de las formas en las que hemos votado.

Por otra parte, comentarles que es vergonzoso que además escuchemos de gobernadores la defensa a ultranza que sí hizo éste durante los primeros cuatro días después de la detención de Montiel.

Yo quiero preguntarle a la bancada del PAN en lo particular: ¿Quién contrató a Montiel para que siguiera trabajando en el gobierno de Estrada Cagigal, con los antecedentes obscuros? ¿Quién lo contrató? Porque no creo que se haya contratado solo.

Segunda parte de la pregunta: ¿Cómo es posible que aquí se esté tapando toda una red de complicidades? La segunda pregunta es: ¿Quién lo recomendó señores diputados? ¡Lo recomendó Eduardo Becerra, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos!

Aquí no podemos venir a decir cosas que no son y les pido esa responsabilidad porque estamos en la máxima tribuna de México.

Asimismo, dejar muy claro que además de todo la irresponsabilidad por actos de omisión, por estar paseándose ...

-DIP. FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO (desde la curul): Quiero hacer una pregunta a la diputada.

-DIP. FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO (desde la curul): Quiero mencionarle en primer lugar, que como diputado de Chiapas desconozco lo que pasa en Morelos. No hay que generalizar diputada.

Número uno. Para venir hablar aquí hay que tener conciencia y claridad. Detrás de ustedes hay una gran corrupción ...

-DIP. FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO (desde la curul): ¿Quién contrató a Ponce?

-DIP. LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO: Le agradezco la falta de inteligencia y creatividad que tiene para hacer una pregunta, pero voy a contestar.

Finalmente aquí nosotros como legisladores tenemos una responsabilidad y si el gobernador incurrió en una responsabilidad eso se tiene que investigar aquí y aquí se tienen que desahogar las pruebas, si hay presunción de que una instancia como la Procuraduría General de la República no está cumpliendo con su trabajo o está partidizando como institución del gobierno un asunto que no es de carácter político; eso yo creo que nos tiene que quedar muy claro a todos.

Pero otra situación son pedirle y exigirle al gobernador que si tiene vergüenza renuncie y que renuncie por las omisiones, arbitrariedades y abusos contra los pobladores del estado de Morelos y esto precisamente en razón de todos los actos de omisión que ha cometido el señor , tal parece que prefiere estar de romance porque siempre que pasan asuntos prioritarios en su Estado, el señor nunca se encuentra.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputada. Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Francisco Javier Saucedo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para que el Poder Ejecutivo Federal retire las reservas al Pacto de Derechos Ecoómicos, Sociales y Culturales, para que se respete el Derecho a la Libertad Sindical en México. Adelante Diputado.

-EL C. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER SAUCEDO_ Con el permiso de la Presidencia. En - audiencia celebrada el 3 de Marzo en la ciudad de Washington de este año, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se trató el tema de la situación actual del Derecho a la Asociación Sindical en México.

En particular se hizo énfasis sobre la práctica del Estado Mexicano a través de distintos órganos de Gobierno, de limitar el pleno ejercicio de la Libertad Sindical a través de la presentación de casos específicos así como de señalar las deficiencias y omisiones de la Legislación vigente para el eficaz respeto y protección de este derecho a cargo del Estado Mexicano.

El diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que se presentó en Diciembre al Titular del Poder Ejecutivo Federal, señala cómo se obstaculiza la libertad de asociación en materia laboral en el país y cito lo que la Oficina del Alto Comisionado dice al respecto.

Que en cuanto a la libertad de asociación, este se encuentra en serios obstáculos en México con relación a su ejercicio para hacer valer los derechos de los trabajadores. El derecho a la Libertad Sindical, pese a que está reconocido en los Artículos 9 y 123 de la Constitución, así como con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la actual Administración del Gobierno Federal se han mantenido las imitaciones de orden normativo para que se haga efectivo este derecho, sin que dicha Administración tutele, garantice y dé satisfacción plena a este derecho.

El Gobierno Mexicano, al mantener la reserva en relación al Artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales, en vigor para México desde el año 1981, rechaza un elemento de exigibilidad para el cumplimiento de los derechos de Libertad Sindical y Huelga y sigue retrasando la adecuación de la Legislación Laboral en la materia.

Primero.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, promueva el retiro de las reservas al Artículo 8º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativo a la Libertad Sindical.

Segundo.- Se exhorta a la Cámara de Senadores retire las reservas al Artículo 8º. Del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativo a la Libertad Sindical , y

Tercero y Ultimo.-El Estado Mexicano, a través de las instituciones del Poder Ejecutivo Federal como la Procuraduría Federal del Trabajo realice las acciones conducentes a la protección del derecho a la libertad sindical de los trabajadores mexicanos.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene el uso de la palabra la Diputada doña Eliana García Laguna, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una Proposición con Punto de Acuerdo en relación al Buque Chileno "Esmeralda".

Hace aproximadamente dos semanas inscribí un punto de acuerdo pero nuestro rezago pues nos trae hasta que… era sobre el buque escuela "Esmeralda" que ha sido reconocido por el Senado Norteamericano en el ’86; por amnistía internacional en el ’80; por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el ’74; y por la misma Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de Chile, como uno de los centros de tortura que utilizó el dictador Pinochet en el período de la dictadura.

Nuestro punto de acuerdo era para exhortar al Ejecutivo a que no se permitiera la entrada del buque a las aguas nacionales. Como legisladores, no nos dejamos llevar por rumores, está bien sustentado que este buque fue un centro de tortura, así como usaron estadios, usaron otros buques de la Armada Chilena pero este era un buque escuela.

En el ’74, cuando fue su primera salida después del golpe militar, en California, en San Diego, las prostitutas se declararon en huelga y decidieron no dar servicio a los marineros por ser éste un centro de tortura; en el ’86 en Nueva York, en el 2002 en Canadá; en el 2003 en Holanda, Estocolmo, Suecia, Reino Unido, han impedido la entrada de este buque por lo que representa en términos de la lucha por los derechos humanos a nivel mundial y por lo que ha significado la necesidad de que el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos reconozca aquellos delitos de lesa humanidad que deben ser castigados.

Nosotros quisimos hacer un punto de acuerdo para que no se permitiera la entrada derivado de que ya entró, ya llegó, el sábado pasado se hizo una recepción a la que por cierto no asistieron ni el Gobierno Federal ni la representación del Gobierno Federal ni el estatal, seguramente porque consideró que éste había sido un buque de tortura, nuestra proposición con punto de acuerdo va en el siguiente sentido:

Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que en congruencia con su denominada política de estado a favor de los derechos humanos se abstenga en el futuro de dar entrada a territorio y/o a aguas nacionales, de símbolos mundiales de violaciones graves a los derechos humanos como sucedió al permitir la entrada del buque escuela "Esmeralda".

Firman este punto de acuerdo, se adhirieron a este punto de acuerdo, la mayoría de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática; por el Partido Acción Nacional, el diputado Manuel Pérez Cárdenas, Miguel Angel Llera Bello; a nombre de todo el grupo parlamentario de Convergencia, el diputado Jesús González Schmal; por… a nombre, se adhirieron a este punto de acuerdo por el PRI, la diputada Rebeca Godínez… (interrupción)…

El diputado Enrique Burgos, la diputada Leticia Gutiérrez y a nombre de todo el grupo parlamentario del PT, el diputado Oscar González y el diputado Alejandro González.

- EL C. PRESIDENTE: Un momento, diputada. Aunque ya concluyó, señor diputado… sonido en la curul del diputado Tamborrel.

- EL C. DIP. GUILLERMO ENRIQUE MARCOS TAMBORREL SUAREZ: (desde su curul) Gracias diputado Presidente.

Por su conducto solicitar una respuesta a una pregunta a la oradora, si es tan amable.

- EL C. DIP. GUILLERMO ENRIQUE MARCOS TAMBORREL SUAREZ: (desde su curul) Gracias compañera.

Preguntarle que si no le parece que para el pueblo chileno ya fue suficiente el haber padecido en ése buque todas las torturas a las cuales usted hizo mención y que hoy, que ya existe un gobierno democrático, ¿no le parece que esta posición es precisamente un insulto y una ofensa al pueblo chileno que ya padeció en el pasado, precisamente esas torturas?

- EL C. DIP. GUILLERMO ENRIQUE MARCOS TAMBORREL SUAREZ: (desde su curul)… el día sábado, en esa ceremonia que usted menciona y a la cual le comento si asistieron autoridades federales, entre ellas un servidor.

- LA C. DIP. ELIANA GARCÍA LAGUNA: Pues yo le agradezco al diputado que me dé la oportunidad de extenderme.

Yo le quiero decir que a mí me da pena, y se lo quiero decir incluso a raíz del punto anterior. Yo estuve en la cárcel de Acapulco cuando Montiel fue el director y sé perfectamente lo que él hizo y esto fue en el ’83. …(interrupción)…

- EL C. PRESIDENTE: Por favor diputada, céntrese a contestar la pregunta formulada. Está fuera de tema.

- LA C. DIP. ELIANA GARCÍA LAGUNA: Voy… me voy a centrar… No, no estoy fuera de tema porque el tema es el tema de los derechos humanos y a mí me da pena que los gobiernos democráticos y por eso yo saludo que el presidente Fox esté haciendo una propuesta en materia de derechos humanos para elevar a rango constitucional los derechos humanos.

En materia de derechos humanos nada pasa, los delitos de lesa humanidad que están siendo incluso juzgados ya, a través de una corte penal internacional, a la cual por cierto estamos nosotros en proceso de hacer una ratificación en esta Cámara, no son de olvido, los pueblos tienen que saber la verdad y los pueblos tienen necesidad de que se castiguen aquellos delitos que violentaron de manera grave los derechos humanos.

Y es convicción de cada persona, de acuerdo a su propia vida, a sus propias experiencias, a qué actividades protocolarias asiste; yo no quiero ofender a nadie y mucho menos, al pueblo chileno. Yo creo que el pueblo chileno, al igual que cualquier pueblo que haya sufrido la represión y guerra sucia, requiere que se sepa la verdad, que se castigue a los responsables y yo le quisiera decir que Pinochet sigue sin castigo y que seguramente los chilenos estarían agradecidos con la historia y con su propia realidad, si todos los responsables de los crímenes de la guerra sucia fueran sancionados.

-EL DIP. GUILLERMO TAMBORREL SUAREZ(desde su curul):Perdón, antes de que se retire la oradora, si fuera tan gentil, me parece que no fue respondida en la totalidad y quisiera clarificarlo.

-EL PRESIDENTE: No ha lugar diputado, no estamos en un debate del punto de acuerdo. Tendrá todo el derecho de hacerlo, cuando se toque en comisiones.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes, a la Asociación Rafael Flores Canelo y a los miembros del Ballet Independiente, a resolver los conflictos laborales. Diputada Eliana.

-LA DIP. ELIANA GARCIA LAGUNES(desde su curul) Yo quisiera solicitarle a usted respetuosamente, si también pudiera turnar a la Comisión de Derechos Humanos este punto de acuerdo.

-EL PRESIDENTE: Se turna también a la Comisión de Derechos Humanos, aparte de las Comisiones a que fue turnado.

Me informan que el punto de acuerdo del señor diputado Inti Muñoz Santini, se retira del orden del día. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que con los gobiernos estatales y municipales de Quintana Roo y Baja California, establezca las normas y lineamientos para el desarrollo de actividades y observación y nado con tiburón ballena, así como para crear acuerdos de coordinación en los tres niveles de gobierno, para el manejo, conservación y protección de su hábitat.

La observación y el nado con tiburones ballena, es una actividad nueva que está tomando gran auge entre turistas que visitan las comunidades del estado de Quintana Roo y de los países de Belice y Honduras.

Lo anterior, debido al contraste entre el tamaño de esta especie y su docilidad, lo que lo ha convertido en un fuerte atractivo generador de divisas y oportunidades para los pobladores costeros o ribereños de estas regiones, que van encontrando una alternativa de ingresos más rentable, fácil y educativa.

En años anteriores el tiburón ballena era algo exclusivo, sus apariciones solo se presentaban en otras regiones como Filipinas, Pakistán, Australia y Japón. El tiburón ballena considerado el pez más grande que existe en el planeta hoy en día, puede crecer hasta los 15 metros de longitud, prefiere el agua superficial cálida en aquellas áreas donde hay brotes de agua más fría, rica en nutrientes como el plancton del cual se alimenta.

Actualmente se encuentra en la categoría de amenazado en la lista de especies de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, en el Apéndice 2 de la Convención de Especies Migratorias, que numera las especies vulnerables compartidas por varios países y el Apéndice 2 de la Convención Internacional de Especies en Peligro, que regula su comercio internacional.

Ahora se sabe que son pocos los sitios en el mundo donde el tiburón ballena es un visitante frecuente, como es el caso de nuestro país, donde permanece desde junio hasta principios de diciembre en los estados de Quintana Roo y Baja California. Sin embargo, el número de personas que tienen como actividad principal la observación del tiburón ballena va en incremento, sin un control aparente y cada vez mayor probabilidad de daño.

Debido a que esta actividad recreativa y el negocio en sí podrían representar un peligro para esta singular especie, durante el año 2003 se analizó con anteproyecto de Norma Oficial Mexicana relativa a la protección, manejo y conservación de su hábitat, sin que hasta la fecha se haya terminado de procesar o se planteen alternativas.

Dado el interés comercial que suscita la presencia de esta especie, comienzan a surgir diferencias entre prestadores de servicios turísticos de origen diverso, por acaparar y obtener mayores visitantes, lo que amerita el establecimiento de acuerdos entre autoridades y organismos para el otorgamiento de permisos que regulen la presencia de visitantes en el área donde ocurre la especie mencionada.
Por todo lo anterior, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Unico. Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordinación con los gobiernos estatales y los municipales de Quintana Roo y de Baja California, establezcan las normas y los lineamientos para el desarrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena, así como para crear acuerdos de coordinación en los tres niveles de gobierno para el manejo, conservación y protección de su hábitat.

Al mismo tiempo, solicito a esta Presidencia que el texto íntegro de esta proposición se registre en el Diario de Debates y se inserte en la Gaceta Parlamentaria de esta H. Cámara de Diputados.

Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo que declare zona de monumentos históricos y artísticos al Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

EL DIP. JOSE ANTONIO CABELLO GIL: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hago uso de esta tribuna para poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo declare zona de monumentos históricos y artísticos al Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, al tenor de los siguientes considerandos:

Que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la política cultural del Gobierno Federal se orientará, entre otros objetivos, a encontrar un nuevo equilibrio entre el país y sus regiones, en el cual éstas tengan mayores posibilidades para desplegarse y expresarse y ser así los principales artífices de su desarrollo.

Que Guadalajara, por si rico legado histórico es una referencia en la vida nacional, pues entre otros hechos podemos citar dos de gran relevancia: Ahí, en esa ciudad el Cura Hidalgo abolió la esclavitud y además se editó "El Despertador Americano", primer periódico que propagó las ideas de independencia.

Que Guadalajara cuenta con grandes obras artísticas y arquitectónicas, como son los murales del maestro José Clemente Orozco localizados en el Palacio de Gobierno, en la Capilla del Instituto Cultural Cabañas y en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara; los murales de David Alfaro Siqueiros en el edificio de la antigua Universidad de Guadalajara; de Guillermo Chávez Vega en el Palacio de Justicia, en la Biblioteca Pública del estado, en el Auditorio Salvador Allende y en el Centro de la Amistad Internacional; de Gabriel Flores en el Palacio Municipal y en el Hospital de Belén y el relieve de Rafael Zamarripa en el Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, entre otros.

Que de los monumentos arquitectónicos podemos enlistar la Catedral de Guadalajara, el Templo Expiatorio, el Palacio de Gobierno, el Instituto Cultural Cabañas, el Teatro Degollado, la Plaza de Armas, el Palacio de Justicia, el Hospital y el Panteón de Belén, entre otros.

Que a lo largo de su historia la Ciudad de Guadalajara ha sufrido modificaciones que en muchas de las ocasiones se han hecho para modernizar a la ciudad, pero a costa de la destrucción o modificación del rico patrimonio artístico y arquitectónico.

Por lo anterior y para atender convenientemente a la preservación del legado histórico en esta zona sin alterar o lesionar su armonía urbana, es conveniente incorporarla al régimen previsto por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricos, la cual dispone que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos y zonas arqueológicas y artísticas de la nación.

Primero.- Que esta Cámara exhorte al Titular del Ejecutivo, declare zona de monumentos artísticos e históricos al Centro del Municipio de Guadalajara, con el perímetro y características señaladas en el anexo de este punto de acuerdo...

Segundo.- Que esta Cámara exhorte al Ejecutivo Federal para que inscriba esta declaratoria en el registro correspondiente de acuerdo a la legislación vigente.

Solicito a la Presidencia se instruya para que se publique el texto íntegro de esta Proposición.

EL PRESIDENTE: Gracias. Como lo solicita el señor diputado don José Antonio Cabello, publíquese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no se haya publicado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Narciso Agúndez Montaño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, a instalar una mesa de trabajo que realice una revisión integral de las tarifas eléctricas aplicadas en el Estado de Baja California.

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del PRD, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, conforme a las siguientes consideraciones:

En los estados del norte y sureste del país, como son Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Baja California Norte, Baja California Sur y otros estados de la República, el alto consumo de energía eléctrica, resultado de un clima extremoso, poco benigno para la vida humana, hace que el subsidio a las tarifas eléctricas sea fundamental para la economía familiar.

El dinero que se invierte para el uso de ventiladores, enfriadores y además electrodomésticos que permiten una vida cotidiana más llevadera, termina poniendo en riesgo la alimentación, la salud, la educación de las familias de bajos ingresos de Baja California Sur. Está por entrar el verano, los altos pagos derivados del alto consumo de la energía eléctrica también están por llegar.

En este difícil contexto, bajo la coordinación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con la participación del Gobierno del Estado, el Instituto Tecnológico Superior de la Paz y la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua, se realizó un estudio de las tarifas eléctricas vigentes, tras el decreto que modificó las mismas en febrero del 2002.

De acuerdo con este estudio, los estratos sociales más afectados negativamente son los que consumen entre 351 y 900 kilowatt-hora. Esto representa el 64% de la población del estado y está constituido por familias de ingresos bajos a medios.

Ejemplo del resultado de esta falta de ponderación, es que los municipios de La Paz, de Los Cabos, de Mulegé, de Comundú y Loreto, la mayoría de los usuarios se ven incluidos en la tarifa doméstica de alto consumo, situación que ha llegado a aumentar hasta en un 500% el importe en los recibos de electricidad.

Es necesario detener el incremento de las tarifas eléctricas, adoptar criterios adicionales para definir la temperatura promedio mensual y simplificar el sistema tarifario que es sumamente complejo, lo que obstaculiza su comprensión y aplicación.

El estudio fue realizado debido a la gran inconformidad social que existe entre las familias más pobres de Baja California Sur, por el excesivo incremento en las tarifas eléctricas y con la finalidad de que tengamos elementos de peso para solicitar que se reconsideren las tarifas eléctricas.

EL C. DIPUTADO NARCISO AGUNDEZ MONTAÑO.- Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.

Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad, a instalar una mesa de trabajo para la revisión integral de las tarifas eléctricas que se apliquen en el estado de Baja California Sur, con la participación del gobierno de la entidad y de la Cámara de Diputados.

EL C. DIP. PEDRO AVILA NEVAREZ, (desde su curul).- Pido la palabra, señor Presidente.

EL C. DIP. PEDRO AVILA NEVAREZ, (desde su curul).- Yo quería, señor Presidente, con todo respeto, decir lo siguiente: que hemos estado escuchando el otro día proposiciones y ahorita otra proposición para que las tarifas eléctricas se bajen en el estado de Baja California, en el estado de Guerrero, en Chiapas; esto no es un asunto de unos cuantos estados, es un asunto de toda la República desde que el Presidente Fox quitó, sin autorización del Congreso de la Unión, el subsidio que el gran Presidente Adolfo López Mateos, había dado...

EL C. PRESIDENTE.- Señor diputado, ¿qué pedimento le hace usted a la Presidencia?

EL C. DIP. PEDRO AVILA NEVAREZ, (desde su curul).- ... quiero, quiero decirle a usted que, de ser posible, se cite a una mesa de trabajo de los legisladores y que se invite al señor Presidente y al Director de la Comisión Federal de Electricidad, para que ahí, de una vez por todas, se busque dar solución al asunto de las tarifas eléctricas, que es un asunto de seguridad nacional, podemos decirlo, porque en todos lados de la República, al pueblo humilde se le pisotea con el alza de las tarifas eléctricas.

EL C. PRESIDENTE.- Señor diputado, está sometida a consideración de la Asamblea la proposición, en los términos que lo hizo el proponente; si hay modificaciones a esta proposición, yo le ruego que plantee en su oportunidad una nueva proposición con las modificaciones, es lo que permite el Reglamento.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO.- En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro de la proposición, al señor diputado don Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y al señor diputado don Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Joel Padilla Peña, hasta por tres minutos.

En los estados del norte del país, la población enfrenta los estragos de un clima extremoso, altas temperaturas que hacen la vida todavía más difícil en épocas de primavera y verano, mientras que en el invierno se producen temperaturas muy bajas que conducen a un mayor consumo de energía eléctrica.

El resultado de este mayor gasto en el pago de energía eléctrica, produce una merma en los ingresos de la población y por consiguiente se ve afectado su nivel de vida. Esta situación la viven de manera concreta los habitantes de Baja California, Sur, quienes no sólo han tenido que enfrentarse a fenómenos meteorológicos que han azotado la entidad y destruido parte del patrimonio de las familias, sino que también tienen que pagar los estragos que producen en sus economías las altas tarifas eléctricas aplicadas en esa región.

Los altos costos del consumo de energía eléctrica, ya está demostrado que también afecta a todos los productores de la entidad, en particular al turismo, que es la fuente fundamental de ingresos para los habitantes de Baja California, Sur.

Sobre todo, nos preocupa la suerte que corren los habitantes de los estratos sociales bajos, que son los más afectados y vulnerables al costo de las tarifas eléctricas que entraron en vigor el 7 de febrero del 2002, porque en sentido contrario, los hogares con mayores ingresos no tienen el nivel de afectación conforme a la estructura tarifaria vigente.

El estudio que realizó sobre el particular la Universidad Autónoma de Baja California Sur da cuenta de lo que aquí afirmamos, en el sentido de que tanto las altas temperaturas ocasionan un mayor gasto por consumo de energía eléctrica, por el uso de enfriadores o ventiladores, para atenuar los efectos de estas temperaturas, así como la densidad de calefactores en épocas de invierno.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, votará a favor para que se apruebe la proposición con Punto de Acuerdo en comento, para que se haga una revisión integral de las tarifas eléctricas aplicadas a la entidad y que esto beneficie a la población y a las actividades productivas.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Tiene el uso de la palabra para hablar en pro el señor diputado don Rafael García Tinajero Pérez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-EL C. DIPUTADO RAFAEL GARCIA TINAJERO PEREZ: Con su venia señor presidente. Los diputados que provenimos de zonas húmedas y calurosas de nuestro país, no podemos hacer menos que apoyar la propuesta de este Punto de Acuerdo, tal posición es una manifestación de plena solidaridad, no sólo con quien lo propone sino sobre todo con aquellos que nos eligieron.

Durante mi campaña y ahora como legislador, una de las quejas recurrentes que he recogido de los ciudadanos de mi distrito, es aquella que se refiere a las altas tarifas eléctricas que todo el año, pero sobre todo en épocas de calor, significan un grave golpe contra la economía de las familias.

Al igual que muchas regiones del país, la que represento, Lázaro Cárdenas, Mich., y toda la costa michoacana sufren graves problemas económicas, cierre de las principales industrias que daban vida al a región, las que subsisten lo hacen con graves dificultades, desempleo en alza y los pocos trabajadores que conservan el trabajo tienen salarios raquíticos.

El calor es agobiante en la primavera y el verano y representa un problema, no sólo para una estancia medianamente agradable sino inclusive un riesgo para la salud. Disminuir los efectos del calor con un simple ventilador de pedestal o conservar los alimentos con las tarifas eléctricas actuales, significa para muchas familias privarse de satisfactores básicos.

La situación, aunque muchos no lo crean, amenazan con desbordarse. Hay enojo fácilmente perceptible entre la población, sobre todo entre la población más pobre, y las protestas hasta ahora pacíficas para exigir tarifas eléctricas justas, amenazan con tornasen violentas. Lo que allí pasa en muchas regiones del país, en Baja California, en Michoacán, en Durango, en el Sureste, por eso esto es urgente que este Congreso de pasos para crear un nuevo marco legal, que evite la discrecionalidad del Ejecutivo para fijar el monto de las tarifas eléctricas.

-EL C. PRESIDENTE: Consulta la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

-LA C. SECRETARIA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficient .
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

-LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Maldonado Venegas del grupo parlamentario de Convergencia para presentar proposición para exhortar a las Legislaturas de los Estados de la Federación a efecto de agilizar la discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de reformas constitucionales que amplían el segundo período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

-EL C. DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS: Con su permiso señor presidente. El día 15 de diciembre del año 2002 se presentó ante el pleno de la pasada Legislatura el proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del Artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como objeto ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones del Honorable Congreso de la Unión, adelantándolo del 15 de marzo al lo. de febrero, habiendo sido votado favorablemente.

Asimismo la Colegisladora con 95 votos en pro y 3 abstenciones, el pasado 15 de diciembre aprobó la reforma propuesta, por lo cual se envió la iniciativa a los congresos locales para someterla a su respectiva consideración.

A la fecha se tiene conocimiento de que las legislaturas de los estados de Baja California, Colima, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, han emitido su aprobación al Resolutivo propuesto. Sin embargo, aún son insuficientes para satisfacer el requisito establecido para el Constituyente Permanente a efecto de reformar la Carta Magna.

Recordemos que la sociedad mexicana demanda de sus diputados y senadores un trabajo de mayor calidad e intensidad, ya que frente al rezago de la labor parlamentaria, los periodo legislativos actualmente son insuficientes para desahogar la agenda de trabajo propuesta por los diversos grupos parlamentarios, lo que repercute en que muchas de las determinaciones que espera la sociedad de nosotros, se vea postergadas.

Sabemos que los electores quieren que sus legisladores actúen con responsabilidad pero también con oportunidad. Por ello es necesario que a la brevedad se logre la ampliación del segundo periodo ordinario de sesiones, independientemente de la posibilidad de convocar a los periodos extraordinarios que se requieran, cuando la urgencia de los asuntos de la nación, así lo demanden.

Derivado de lo antes expuesto es que desde esta tribuna el grupo parlamentario de Convergencia, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo:

UNICO. Se exhorta a las legislaturas de los estados de la Federación que aún no lo han hecho, a efecto de agilizar la discusión y en su caso aprobación, de la iniciativa de reformas constitucionales que amplía el segundo periodo ordinario de sesiones del Honorable Congreso de la Unión.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la SEMARNAT exija la aplicación irrestricta de la normatividad ambiental en las diversas instalaciones petroleras y el cumplimiento puntual de los compromisos asumidos por PEMEX en el programa de auditorías ambientales.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el que suscribe diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, someto al Pleno de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo, bajo los siguientes

CONSIDERANDOS. El desempeño ambiental en México apunta avances sustanciales en materia de infraestructura ambiental en lo que concierne al control de la calidad del medio ambiente, la preservación de la biodiversidad y el aprovechamiento de los recursos naturales, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

El informe revela también la necesidad de incrementar el gasto público y privado a efecto de solventar al menos, 61 recomendaciones detectadas, lo que es motivo de preocupación a la luz de la reducción presupuestal de hasta el 14% propuesta por el gobierno foxista.

Destacan las inversiones aplicadas en el sector energético en especial la industria petrolera, para la que se indica que más de la mitad de sus instalaciones operan con certificados de industria limpia, emitidos por la PROFEPA, pero que las refinerías en particular la elevada incidencia de accidentes en todas las instalaciones en general, demandan todavía mayores esfuerzos.

A pesar de la inversión que se ha realizado en el sector petrolero en materia de protección ambiental, el escaso seguimiento del cumplimiento de la legislación en la materia se expresa continuos accidentes, con el consecuente efecto de daño al ambiente, como lo prueban los eventos ocurridos en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y el estado de Campeche.

De acuerdo con lo expresado por el titular de la Semarnat en la pasada comparecencia ante esta soberanía, Pemex ha invertido 71 mil millones de pesos en protección ambiental, con lo que ha incorporado 505 instalaciones al Programa de Industria Limpia.

Lo anterior nos conduce a la conclusión de que no es suficiente para Pemex destinar enormes cantidades de dinero para la protección ambiental si ésta no se refleja en una real protección al medio ambiente.

Es imperativo que la Semarnat, por conducto de la Profepa, garantice el cumplimiento de las condicionantes, las recomendaciones y la normatividad ambiental en cada una de las instalaciones petroleras a través de actuaciones más enérgicas que incidan en la reducción de accidentes y daños ambientales.

EL C. DIPUTADO Por lo antes expuesto –concluyo, diputado presidente—me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que haga cumplir de manera irrestricta a Pemex las disposiciones ambientales en sus diversas instalaciones petroleras, tanto las preventivas como las correctivas.

Segundo. Se incrementen los esfuerzos de seguimiento y verificación del cumplimiento puntual de los compromisos asumidos por Pemex en los procesos de auditorías ambientales e informe a esta honorable Cámara de Diputados sobre el estado actual que guardan las instalaciones incorporadas al Programa Nacional de Auditorías Ambientales.

Tercero. Formule y aplique un programa de vigilancia y monitoreo ambiental en las instalaciones industriales no incluidas en el Programa de Auditorías Ambientales. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Se ruega a los señores legisladores intervinientes en este capítulo de puntos de acuerdo que traten de ajustarse al tiempo incluyendo en la lectura del punto de acuerdo. Ese es el espíritu y la letra de lo acordado por el pleno.

Tiene la palabra el diputado don Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las entidades federativas y a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se elimine de las ceremonias civiles matrimoniales la epístola de Melchor Ocampo, ya que se atenta sobre los derechos y la dignidad de la mujer.

Antes de que empiece, diputado, turno el anterior punto de acuerdo a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía. Adelante.

EL C. DIPUTADO CARLOS MANUEL ROVIROSA RAMIREZ: DIPUTADO ANGEL PASTA MUÑUZURI: Con el permiso de la presidencia. Por respeto al tiempo, expondré un resumen de este punto de acuerdo y solicito que el texto original se integre en el Diario de los Debates.

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas, a los congresos locales, a la Asamblea del Distrito Federal a efecto de que se elimine de las ceremonias civiles matrimoniales la epístola de Melchor Ocampo al tenor de las siguientes consideraciones:

Propongo con este punto de acuerdo que se elimine la epístola de Melchor Ocampo, que data del Siglo XIX, en las ceremonias civiles matrimoniales ya que atenta contra los derechos y la dignidad de la mujer.

El anacronismo de la epístola de Melchor Ocampo atenta contra la Carta Magna en frases inscritas como "la mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la comprensión, la perspicacia y la ternura deben dar y darán al marido obediencia, agrado, asistencia, tratando siempre con la veneración que se debe.". De esta forma se debe de rechazar una posición hacia la mujer de subordinación y opresión como objeto de mercancía e intercambio, y responsabilizando a los hombres del control de sus actos y sus afectos.

Punto Unico: Exhortar respetuosamente a las entidades federativas y a los Congresos Locales y a la Asamblea del Distrito Federal, a efecto de eliminar de las ceremonias civiles matrimoniales la epístola de Melchor Ocampo.

Por lo anterior, por si solo no es suficiente, sensible al tiempo que vivimos cuando la mirada de nuestro entorno nos produce desazón, al advertir el deterioro de nuestras formas de convivencia, sentimos que requerimos de la consistencia en los matrimonios para que den los valores suficientes para mejor vivir, en un ambiente de cordialidad, de armonía y de respeto; los que ignoran y los que lo niegan, quedarán condenados a vivir en un mundo amorfo y sin relieve, como un ser indiferente, como una nada para las conciencias.

Compañeras y compañeros diputados: Nunca, y repito, nunca más el maltrato a la mujer. Es cuanto, Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Como lo solicita don Angel Pasta Muñuzuri, transcríbase en el Diario de los Debates el texto íntegro del documento, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene el uso de la palabra la diputada doma Jazmín Elena Zepeda Burgos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,, para una proposición en la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, para que se reestructuren las tarifas a favor de los usuarios del estado de Chiapas.

Compañeras diputadas y compañeros diputados: Con fundamento en los artículos 23 numeral 1 incisos f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía a nombre del diputado Gerardo Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, una proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente:

El estado de Chiapas es una de las entidades que mayores recursos naturales aporta a la Federación, gracias a la biodiversidad en sus micro-regiones, su variedad de climas y sus litorales que hacen de él un estado de gran potencial productivo, pero en el que por desgracia persisten la marginación y la pobreza de la mayoría de sus habitantes.

Las condiciones de atraso que padece Chiapas no son ajenas al empecinado manejo centralista de los gobiernos que lejos de propiciar que el estado se beneficie ampliamente de sus vastos recursos naturales, terminan por instaurar en la entidad, meros sectores de enclave, tal es el caso del sector eléctrico. En efecto, las cuatro plantas hidroeléctricas instaladas en el Río Grijalva, generan el 40 % de la energía hidroeléctrica de la que dispone la Comisión Federal de Electricidad y el 10 % de la energía total del país.

Es por ello que queremos subrayar ante esta soberanía que ante las asignaturas pendientes para la definición de un nuevo federalismo, se encuentra sin duda el tema de una justa redistribución para los estados en donde se localizan las centrales hidroeléctricas.

La indiferencia de la Federación ante la situación que ahora viven los usuarios de esas regiones, es preocupante. Los mecanismos de cobro y los criterios aplicados por la CFE para realizarlos, han sido inadecuados.

En zonas marginadas los pobladores reciben facturas muy elevadas que no corresponden a su realidad.

No de los problemas centrales estriba en el hecho de que la CFE realiza cobros or lecturas estimadas más n por lecturas tomadas, lo que ha causado el malestar general de los usuarios, quienes se han negado a liquidar grandes sumas de dinero, producto de las inconsistencias recurrentes ene este tipo de cobros y al maltrato que padecen por parte de funcionarios de la CFE.

Por lo antes expuesto, me permito proponer a esta soberanía con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Primero.- Se solicita a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Reguladora de Energía, llevar a cabo un análisis e investigación sobre el impacto que han tenido las tarifas eléctricas en los núcleos sociales desprotegidos, con miras a realizar una reestructuración integral y equitativa de la clasificación de las tarifas eléctricas.

"Segundo.- Se solicita a la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad que atienda a las peticiones de las organizaciones en resistencia civil de las comunidades indígenas para buscar alternativas de solución a dicho problema de carácter social".

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Diputada.

Como lo solicita, publíquese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición en la que solicita la comparecencia por separado de los Secretarios de Educación Pública y de Salud ante las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, para conocer y responder a las denuncias de padres de familia sobre la inducción para la medicación de drogas a menores que realizan algunos servidores públicos del sistema escolar.

El pasado 22 de marzo recibimos en esta Cámara a un grupo de padres de familia encabezados por el Comité Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, quienes desde hace años vienen buscando y apoyando la solución de diversos problemas, en especial algunos relacionados con la educación y la salud de los niños.

En la citada reunión escuchamos con mucha precaución denuncia de padres de familia que han sido obligados, incluso coaccionados, por maestros y directores de escuelas en distintos puntos del país con la amenaza de que sus hijos no serán recibidos nuevamente a clases si estos no son atendidos por un siquiatra, sicólogo o neurólogo y sean obligatoriamente medicados porque supuestamente algunos maestros diagnostican que los niños tienen problemas de conductas que afectan al resto de los alumnos.

De esta denuncia que hoy someto a su consideración se desprenden las siguientes interrogantes:

¿Basados en qué legislación, norma o disposición oficial, escuelas o maestros señalados en las denuncias determina la suspensión de un niño, en tanto es sometido a la evaluación de un siquiatra? O peor aún: ¿Con que base legal solicitan el consentimiento de los padres para que obligatoriamente el niño sea medicado o solamente así pueda ser nuevamente recibido en la escuela?

Los padres y nosotros también debemos preguntarnos ¿por qué estas denuncias no han sido puntualmente entendidas por las autoridades educativas cuando los medicamentos prescritos oscilan en la franja de los tranquilizantes, antidepresivos, sedantes y medidamentos para la interactividad, algunos de ellos considerados estupefacientes en la Ley General de Salud.

Hay que precisar que en el artículo 234, capítulo cinco, denominado Estupefacientes de la Ley General de Salud, determina claramente esta acción.

En virtud de lo expuesto, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

"Unico.- Que se exhorte al Titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los Secretarios de Educación Pública y de Salud para acudir a esta honorable Cámara a comparecer, por separado, ante las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Servicios Educativos y de Salud, con el propósito de conocer las denuncias señaladas y que los Secretarios expongan cuáles serán las medidas que habrán de instrumentar a fin de evitar de forma definitiva la repetición de estos hechos y a su vez en el marco de la Ley de Responsabilidad de Servicios Públicos cuáles serán las investigaciones o sanciones que habrá de aplicar la Secretaría a quien tiene su responsabilidad y que comprueben dichas prácticas en contra de los infantes y padres de familia que presentan la denuncia".

Le pido, señor Presidente, sea insertado el texto íntegro en el Diario de los Debates.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, señor Diputado.

Como lo pide, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Sigona Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con punto de acuerdo para exhortar al director del Instituto Mexicano del Seguro Social para que ratifique y respete el acuerdo 773/2000, celebrado el día 22 de noviembre de 2000, por el Consejo Técnico de esa institución.

"En el mes de noviembre del año próximo pasado se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo 279/2003, mediante el cual el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, dejó sin efectos el Acuerdo número 773/2000, emitido por ese mismo órgano y publicado el 22 de noviembre del año 2000, en el cual establecía que las instituciones educativas que contrataran maestros con jornadas menores a 18 horas a la semana, podrían quedar exceptuadas de la obligación de inscribirlos, siempre y cuando: a) la docencia no fuera su principal fuente de ingresos; b), cuando los ingresos provenientes de dicha actividad no fueran fuente única y principal, y c) que fueran derechohabientes de algún sistema de seguridad social.

"El dejar sin vigencia el acuerdo anterior afecta drásticamente a la educación pública y privada, al incrementar en muchos casos hasta en un 50 por ciento los gastos de operación, generando despidos de maestros, frenando la inversión privada en educación, así como desequilibrando los presupuestos gubernamentales y finalmente, aunque parezca increíble, reduciendo la recaudación fiscal neta.

"Es importante insistir que una institución educativa tiene a su cargo un importante número de docentes que laboran sólo pocas horas a la semana y esta disposición provocará el despido de más del 40 por ciento de la plantilla laboral, en virtud de que las instituciones educativas preferirán mantener a 1 ó 2 catedráticos que impartan más de 18 horas e inscribirlos en el Instituto y no a 10 maestros que les representan menor erogación al Seguro Social.

"Admitir que el Seguro Social obligue a las escuelas, tanto públicas como privadas, a sustituir los contratos de prestación de servicios profesionales por contratos de índole laboral, es permitir que en un periodo no lejano el Instituto exija la incorporación al mismo de todos aquellos profesionistas independientes, como lo son: abogados, contadores, médicos y cualquier otro prestador de servicios, quienes actualmente adquieren su ingreso por honorarios.

"Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea, el siguiente

"Único.- Se gire atento exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social, con objeto de que ratifique y respete el Acuerdo número 773/2000, de fecha 22 de noviembre del 2000 y deje sin efecto el Acuerdo 279/2003, publicado el 4 de noviembre del 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

Y en virtud de este corto tiempo, solicito a la Presidencia publique el texto íntegro de este acuerdo en el Diario de Debates.

Como lo solicita el señor diputado José Sigona Torres, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Javier Bravo Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal el cierre definitivo de la Unidad Administrativa de la Presidencia de la República, denominada Oficina de Representación para la Promoción de los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad.

-DIP. FRANCISCO JAVIER BRAVO CARBAJAL (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.

En virtud del tiempo, solicito su inserción total en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

"El Presidente de la República, con fundamento en las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creó la Unidad Administrativa llamada Oficina de Representación para la Promoción de los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad, asignándole como funciones las de planeación, promoción, coordinación, colaboración y apoyo a las personas con discapacidad.

"Debo señalar que su creación generó preguntas que continúan aún sin respuesta, como el hecho de que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social, otorgan facultades y atribuciones al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para la Atención de las Personas con Discapacidad, contando con la rectoría del Programa Nacional para Personas con Discapacidad y es en esta Cámara, donde aprobamos el presupuesto para dicho Programa

Lo anterior, evidencia que el Gobierno Federal creó una unidad administrativa sin facultades y atribuciones previstas por la Ley, acordes al reto de su objetivo político social y en cambio sí duplicó responsabilidades políticas y administrastivas considerando que el DIF Nacional, conforme lo establece la Ley, debería ser el responsable del tema.

Es importante señalar que del análisis realizado al único Informe presentado en tres años por esta Oficina, se observa más como la elaboración de un recuento y ordenamiento de acciones que desde 1995 son materia de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y una serie de instituciones públicas que el desarrollo de políticas públicas tendientes a reducir las condiciones de marginalidad , pobreza y discriminación hacia las personas con discapacidad.

Esta Oficina ha costado al país poco más de 47 millones de pesos desde su creación en el año 2000 a la fecha, Presupuesto Federal en Gasto Corriente.

Por lo anterior, proponemos la cancelación de la citada Oficina presentando una alternativa seria, responsable de nuestra parte, que consiste en que se oriente la política de Estado a favor.de la población con discapacidad que sea el DIF Nacional institución dotada de facultades y atribuciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la encargada de continuar con esta tarea.

En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo con Punto de Acuerdo lo siguiente:

UNICO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, ejecute las acciones necesarias para la desaparición de la Unidad Administrativa de la Presidencia de la República, denominada Oficina para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad e instruir al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con base en lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley sobre el Sistema de Asistencia Social y los propios Estatutos del DIF Nacional, sea la institución responsable y coordinadora de la ¨Política Nacional y Políticas Públicas de Atención a las Personas con Discapacidad y que el presupuesto asignado a la Oficina para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad para el Ejercicio Fiscal 2004, sea transferido al DIF Nacional. Es cuanto Diputado Presidente.

-EL C. PRESIDENTE. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y como lo solicita, transcribase íntegro el documento en el Diario de los Debates.

Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Humberto Cervantes Vega, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una Proposición con Punto de Acuerdo para crear la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

-EL C. DIPUTADO HUMBERTO CERVANTES VEGA.- Con su venia señor Presidente.Compañeras y compañeros Legisladores. El yacimiento de gas natural más importante de nuestro país se encuentra ubicado en la Cuenca deBurgos en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

Es deber del Poder Legislativo cuidar del beneficio social y económico de nuestro país así como del cumplimiento de las normas. Debemos recordar que somos los representantes de los ciudadanos mexicanos que ellos nos exigieron para vigilar su bienestar.

Es por esta razón fundamental que se propone la creación de una Comisión Especial para la Cuenca de Burgos, esta Comisión Especial será la encargada en el seno de esta Cámara de Diputados, de proponer a su pleno para su aprobación, acciones legislativas específicas tendientes a garantizar el Estado Mexicano el óptimo aprovechamiento del gas natural en la Cuenca de Burgos, a precios internacionales competitivos sobre todo respecto del que se está importando del Estado de Texas. El establecimiento y operación de programas regionales para elevar el nivel de vida de los habitantes de la región y que en el marco constitucional vigente, dé certeza jurídica.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica, 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta honorable soberanía proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO: Unico.- Se crea la comisión especial de la Cuenca de Burgos cuyo objetivo será dar seguimiento al proyecto integral de la Cuenca de Burgos para el desarrollo de Petróleos Mexicanos a través de la subsidiaria PEMEX-Exploración y Producción, para la aportación de los yacimientos de energéticos de esta región, detectar la problemática que dicha explotación genera en los municipios que se encuentra localizada, así como su impacto ambiental para manifestarlo oportunamente, realizando las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado en la zona que beneficie directamente a la comunidad nacional.

Por lo anterior expuesto, respetuosamente solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turne este punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias por su atención. (aplausos)

- EL C. PRESIDENTE: Como lo solicita el señor diputado, se turna a la Junta de Coordinación Política.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, a que se destinen los recursos necesarios para que se realicen los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla.

Me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones:

Los proyectos de riego conocidos como el de San Vicente Boquerón, ubicados en el municipio de Acatlán de Osorio y el de Los Zapotes, ubicado en el municipio de Petlalcingo, ambos localizados al sur del estado de Puebla, han sido evaluados y analizados por el gobierno de este estado desde hace ya nueve años.

El proyecto de riego de San Vicente Boquerón, surge por la inmensa necesidad de los campesinos de la zona para poder cultivar sus parcelas y obtener bajo condiciones óptimas su riego, redimensionando máximos en su cultivo y esto se traduciría en beneficios económicos y sociales para la población.

La construcción de esta obra hidráulica consiste en la realización de una presa de almacenamiento y zona de riego, ambos proyectos beneficiarán a un total de 779 familias que se dedican a la agricultura. El costo de este proyecto asciende a un total aproximado de 125 millones de pesos.

De igual forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua, así como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Alimentación, también ya desde hace varios meses están viendo al respecto de este proyecto.

Los legisladores de Acción Nacional por el estado de Puebla hemos estado al pendiente de los proyectos y así el senador de la república, Francisco Fraile García, presentó una proposición similar para que se presentara a la brevedad el dictamen definitivo y se considerara el presupuesto correspondiente para la realización de dichas obras.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Que la Cámara de Diputados exhorte al Gobierno del Estado de Puebla, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión del Agua, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la SAGARPA y a la Procuraduría Agraria a efecto de que emitan el dictamen definitivo sobre la evaluación y análisis de la realización de los proyectos de riego de Los Zapotes y de San Vicente Boquerón.

Segundo.- Que la Cámara de Diputados por conducto de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos, solicite al Ejecutivo Federal considerar dentro del presupuesto de la SAGARPA, para el ejercicio fiscal 2005, una partida presupuestaria para canaliza recursos a los proyectos mencionados siempre y cuando el dictamen previo valide su pertinencia.

---- Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos.

Señoras y señores legisladores, en virtud de que se ha agotado el tiempo destinado para la duración máxima de esta sesión, se instruye a la Secretaría a que dé lectura al orden del día de la próxima sesión.

- LA C. SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión… (interrupción)…

- EL C. PRESIDENTE: Un momento secretaria. Por favor, sonido en la curul del diputado don Wintilo.

-EL DIP. WINTILO VEGA MURILLO(desde su curul): Señor Presidente, una consulta. El acuerdo que votamos en la sesión anterior, implicaba que se prolongaría la sesión por tres horas y el criterio que usted ha estado siguiendo en todas las sesiones es que, se termina la sesión si dura cinco horas y usted inicia a las diez de la mañana, por ejemplo, termina a las cuatro de la tarde, tres de la tarde; si inicia a las once, lo termina a las tres, a las cuatro. La pregunta mía es, si hoy iniciamos a las 11:25, ¿por qué ahora no siguió el mismo criterio?, pregunta, señor Presidente.

-EL PRESIDENTE: Se lo contesto, señor diputado. Mire usted, el exceso cuando empezamos después de la hora de inicio si se cita a las diez o a las once, efectivamente hemos prolongado el exceso después de la hora que concluye, porque fue el acuerdo del pleno, votado por el pleno de cinco horas. Este exceso en las últimas sesiones, perdóneme no ha sido votado por el pleno, los coordinadores señalaron extender tres horas el término de finalización de la sesión y no es la primera vez que lo hago; la semana anterior a pesar de que, empezamos con 20 minutos de anticipación, el jueves terminó a las 2 de la tarde, porque esa hora marcó el acuerdo de coordinadores. Entonces, lo siento, a menos de que usted me pida que lo consulte a la asamblea.

-EL DIP. WINTILO VEGA MURILLO(desde su curul): Señor Presidente, nosotros traemos un asunto que es vital por los procesos desastrosos que sucedieron en Piedras Negras, Coahuila, es el siguiente punto que está agendado en el orden del día. Yo le rogaría, pudiera poner a consideración de la asamblea...

-EL PRESIDENTE: Señor diputado, todos los asuntos para los diputados que los proponen son vitales y el tema que, un momentito; el tema que usted me está señalando ya lo trató, pero no se preocupe, la asamblea decide. Instruyo a la Secretaría para que consulte a la asamblea si se toca un punto más a solicitud del diputado Wintilo.

-LA DIP. SECRETARIA AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición del diputado Wintilo.

Los ciudadanos diputas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

-EL PRESIDENTE: Tiene en consecuencia, se concede el uso de la palabra al señor diputado don Jesús Zúñiga Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se exhorte a la Secretaría de Gobernación que declare como zonas de desastre a los municipios de Ciudad Acuña, Jiménez y Piedras Negras, en el estado de Coahuila, debido a las fuertes lluvias registradas el pasado 3 de abril del presente año. Adelante diputado.

Los suscritos, diputados federales que integramos las diversas fracciones parlamentarias de esta Honorable Cámara, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías correspondientes, para que ante la declaratoria de zona de desastre de los municipios de Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Zaragoza y Sabinas, del estado de Coahuila, se pueda acceder a la brevedad posible, a los recursos económicos y materiales necesarios, a efecto de auxiliar a los damnificados del desastre natural acontecido el pasado 3 de abril del 2004, solicitando que el trámite sea de urgente y obvia resolución.

El pasado 3 de abril del año en curso, los municipios de Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Zaragoza y Sabinas, fueron azotados por una tromba que tuvo duración de siete horas, dejando como resultado incuantificables pérdidas materiales, arrasando el patrimonio de cientos de familias y rebasando por completo la capacidad de respuesta de las autoridades locales en lo que respecta a la atención de las víctimas.

Desafortunadamente en el transcurso del fenómeno se perdieron vidas humanas, además dejando en la indefensión a miles de familias, sumando a ello colonias de los municipios en cuestión inundadas, incomunicadas y sin los más elementales servicios públicos que les permitan reconstruir su patrimonio. Para las familias que perdieron a sus seres queridos, nos unimos a la pena que los embarga; para los miles de ciudadanos que perdieron sus bienes logrados por su esfuerzo aplicado en años, nos solidarizamos con ellos.

Debemos estar conscientes de la problemática que enfrentan los habitantes de las entidades de nuestro país cuando son víctimas de algún desastre natural, por lo que hacemos votos para que, a diferencia de otras ocasiones, se haga presente la acción expedita del Gobierno Federal y que de inmediato responda a la tragedia, a efecto de que fluyan los recursos con oportunidad para mitigar el sufrimiento que padece la población afectada.

Por lo anterior, se somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Solicitamos la pronta y eficaz aplicación de los recursos económicos y materiales para el rápido suministro de comida, medicinas, ropa, calzado, etc., en virtud de la declaratoria de zona de desastre emitida por el Presidente de la República para Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Zaragoza y Sabinas, en el estado de Coahuila.

Segundo. Que el Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Salud y Desarrollo Social, intervengan con la finalidad de apoyar a la población afectada en lo siguiente: proporcionar maquinaria pesada para remoción de escombros e intensificar las campañas de asistencia médica para la población damnificada; otorgar los materiales necesarios para que la población de escasos recursos pueda estar en condiciones de iniciar la reconstrucción de su patrimonio mínimo, y

Tercero. Apelamos a la sensibilidad de los integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias representadas en este recinto, para que se solidaricen a este acuerdo.

Firman los representantes de las diferentes fracciones que integran la LIX Legislatura de este Congreso.

LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica, se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Esta Presidencia tiene registrado para intervenir en pro, al señor diputado don Manuel López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al que se le concede el uso de la palabra.

Honorable Asamblea: Tomo la palabra ante este pleno a nombre de los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional del estado de Coahuila, para apoyar este punto de acuerdo.

Como diputados federales del estado de Coahuila, no somos ajenos a la tragedia que están viviendo las personas de las localidades de Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Zaragoza y Sabinas. Los últimos datos señalan que como resultado de las inundaciones, 38 personas murieron, 3000 personas fueron desalojadas, 2000 personas se encuentran en albergues y 2500 casas resultaron afectadas, de las cuales 120 se consideran como pérdida total. Ante este desastre es indudable que necesitamos del apoyo y cooperación de todos, tanto de la ciudadanía como de las autoridades.

Nuestro país en innumerables ocasiones ha demostrado su solidaridad con la tragedia de otros. De nueva cuenta es momento de actuar. Afortunadamente ya se emitió la declaratoria de emergencia y de desastre natural para los municipios afectados de Coahuila, pero es menester que se liberen lo antes posible los recursos del Fondo Nacional para el Desastre Natural, el FONDEN.

Pero también es preciso que las autoridades tanto municipales como estatales, comprometan recursos económicos y humanos para atemperar esta tragedia, impulsando de esta manera un acción coordinada con los tres niveles de gobierno, con el objetivo de apoyar a las personas y a las empresas que en algunos casos lo perdieron todo.

Compañeras y compañeros legisladores, aprobemos este punto de acuerdo para apoyar a los coahuilenses que ahora están en desgracia.

Se instruye a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

EL PRESIDENTE: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se aprueba.

LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por cinco minutos para verificar la asistencia.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

MISMO SECRETARIO: Darle Sonido a la curul 195, del diputado Alfonso Ramírez Cuellar.

MISMO SECRETARIO: Por favor darle sonido a la curul 192, del diputado José Agustín Ortiz Pinchetti

MISMO SECRETARIO: Por favor darle sonido a la curul de la diputada Consuelo Muro.

MISMO SECRETARIO: Favor de darle sonido a la curul de la diputada Lilia Aragón. ¡Ah! Ya está, bueno.

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 15 de abril a las 10:00 Horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 Horas.