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SESION DEL JUEVES 15 DE ABRIL DE 2004

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Cámara de Senadores.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

- Con proyecto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo a enviar nota diplomática al gobernador de Oklahoma, Estados Unidos de América, para detener la ejecución de un ciudadano mexicano.

- Con proyecto de acuerdo, en relación con los grupos de amistad.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe sobre los objetivos y logros de la visita de trabajo del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a Crawford, Texas, en Estados Unidos de América. (Turno a Comisión)

Dos, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Araceli Minerva Fabián Vargas y Juan Esteban Andreu Mendoza puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Griselda López Saldaña, José Luis Almazán Robles, José Manuel Hernández Colín, Francisca Benteño Medina, Shuji Ando Ashijara, María del Carmen Blanco Peña, Fermín Vásquez Ortiz, Rubén Barrera Salcedo, Martha Lilia Muñiz Colunga, Cecilia López Alonso y Enrique Huerta Alvarado puedan prestar servicios en la Embajada de Japón en México. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma la fracción XXVII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el primer y segundo párrafos del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de cambiar la fecha de clausura del segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión y sobre la facultad de resolver el término de las sesiones del Congreso, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Agrario, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

De Ley Federal de Presupuesto, a cargo del diputado Francisco Rojas Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversos artículos de Ley Federal del Trabajo y adiciona a ésta el Capítulo denominado "Subcontratación de Personal", a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguelángel García-Domínguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 294 y 296 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción XXII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 3 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 126 y 127 del Capítulo IV de la Ley de Navegación, en materia de contaminación, a cargo del diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona un artículo 213 Ter al Código Penal Federal y reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VII del artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 76 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 47 y 51; y adiciona la fracción XII al artículo 133 y la fracción XI al artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Leticia Socorro Userralde Gordillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De Ley para la Inscripción de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, a cargo de la diputada Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 76 bis, fracción V, y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Concepción Cruz García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eugenio Mier y Concha Campos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, relacionadas con el régimen fiscal de pequeños contribuyentes, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV y se reforma el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla Agrícola, que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Hernández Andreu y Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ejército de Estados Unidos de América y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para que se respalden las acciones del Ejecutivo federal encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba y rechazar toda acción que ponga en riesgo la seguridad de nuestra nación inmediata y nuestra integridad soberana.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a concluir el trámite de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluidos varios tratados internacionales.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo para exhortar a la Conapesca a implementar una política pesquera nacional integral que involucre a los pescadores y sus demandas, así como a la revisión de los procedimientos llevados a cabo para el ordenamiento pesquero en el estado de Sinaloa y en el golfo de California.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista y Orlando Ramos Guerrero para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Turismo.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa por la que se crea la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al titular del Ejecutivo federal que instruya, con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, para fijar tarifa especial 1F que considere las altas temperaturas que se registran durante el verano en el estado de Chihuahua y diversas regiones del país, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, referente a la invasión de extranjeros que ocurre en el estado de Chiapas, quienes violan la Ley General de Población, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Semarnat que declare área natural protegida el Parque Ecológico Estatal de Omiltemi, Guerrero, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia del secretario de Economía para que informe del estado que guardan los procedimientos administrativos en materia de cuotas compensatorias y arancelarias, así como de los juicios que se desprendan de éstos, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las directivas de las organizaciones sindicales del país, mediante sus respectivas federaciones o confederaciones registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que, con absoluto respeto del principio de libertad y democracia sindicales, se abstengan de incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a determinado partido político o voten en favor de cierto candidato a un encargo público de elección popular, a cargo del diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, respecto al proyecto de planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, Hidalgo, a cargo del diputado José Luis Cabrera Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se cite a comparecer al director general de Pemex-Refinación para que rinda informe ante la Comisión de Energía, presidentes municipales y miembros de la comunidad sobre el estado que guardan las acciones emprendidas a efecto de reparar el daño ocasionado en los municipios de Nogales, Ciudad Mendoza y Río Blanco por la ruptura de ductos y la explosión en el poblado de Balastrera acaecida el 5 de junio de 2003 en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a evitar que las empresas importadoras sigan introduciendo todo tipo de contrabando en el país; y al Consejo de la Judicatura Federal, a supervisar la actuación de jueces de distrito que otorgan amparos para importar mercancías mediante el denominado "contrabando técnico", a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Salud cite a comparecer al doctor José Ignacio Santos Preciado, director general del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se reduzcan las tarifas eléctricas en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Energía que entregue información específica sobre Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús E. Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que, en función de sus facultades y atribuciones, el secretario de Economía vuelva a incluir el azúcar en el acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, devolviéndole así la característica de producto sensible, coadyuvando al fortalecimiento de esta cadena productiva, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a las dependencias responsables del sector de comunicaciones a fijar las tarifas de telefonía celular, de acuerdo con los estándares internacionales que rigen la telefonía móvil, a cargo del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar un proceso que permita descentralizar los trámites relacionados con la administración de la zona federal marítimo-terrestre a los estados y a los municipios, a cargo del diputado Zeferino Torreblanca Galindo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al titular del Ejecutivo federal que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público a efecto de transferir o reasignar recursos financieros al gobierno del estado de México, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la elaboración de los estudios de factibilidad técnico-financieros y el proyecto ejecutivo correspondientes a cuatro líneas de transporte masivo en la zona oriente de dicha entidad, a cargo del diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a no reducir los proyectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se establece la formación de la subcomisión para la evaluación de programas de desarrollo rural sustentable sujetos a reglas de operación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a actualizar y, en su caso, llevar a cabo los programas faltantes de manejo de las áreas naturales protegidas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para requerir al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos que explique por qué no se toman medidas de alivio en las casetas de cobro con motivo de los congestionamientos kilométricos, con efectos contaminantes, de costo, daños a la salud y al bienestar anímico del usuario, que reduce la velocidad promedio a menos de una tercera parte de la que debe tener ese tipo de carreteras, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que mediante la SEP y la Semarnat se incorpore obligatoriamente en los programas de enseñanza pública y privada la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y la diversidad de cada una de las regiones y de los contextos naturales del país, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Tijuana, General Abelardo L. Rodríguez; y, de no cumplirse en éste las obligaciones que la Ley de Aeropuertos señala, se sancione al grupo concesionario y se revoque la concesión conforme a derecho, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir para que se adopten las medidas necesarias a efecto de que se suspenda y, en su caso, reintegre el cobro que por la expedición de credencial de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se está llevando a cabo, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Querétaro durante los ejercicios de 2000, 2001, 2002 y 2003, a cargo del diputado Lino Celaya Luría, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte al Gobierno Federal a apoyar el proyecto del Canal de la Cortadura, en Tampico, Tamaulipas, a cargo del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y a la Fiscalía Especial correspondiente a realizar acciones para informar y establecer mecanismos que hagan efectivas las investigaciones sobre la guerra sucia, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Yucatán durante los ejercicios de 2002 y 2003, a cargo del diputado Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, respecto a la seguridad vial, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Morelos durante los ejercicios de 2001 a 2003, a cargo del diputado Guillermo del Valle Reyes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Aguascalientes durante los ejercicios de 2000 a 2003, a cargo de la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Nayarit durante los ejercicios de 2000 a 2003, a cargo del diputado Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Jalisco durante los ejercicios de 2000 a 2003, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Baja California durante los ejercicios de 2000 a 2003, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Guanajuato durante los ejercicios de 2000 a 2003, a cargo de la diputada Kenny Denisse Arroyo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respete el presupuesto asignado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Marcelo Tecolapa Tixteco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Salud y de Seguridad Social, de Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Smutny, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, a solicitud del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal, a solicitud del diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Agenda política

Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre los resultados de la reunión de la Cepal que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la Ley 151, aprobada por el estado de Sonora, en relación con la reforma del Código Electoral de esa entidad para la asignación de 50% de las candidaturas para cada género, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre la construcción de la terminal norte de Toluca, a cargo del diputado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios en torno de la decisión del Gobierno de Canadá sobre la matanza masiva de focas en su territorio, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO.- Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 309 diputadas y diputados, por lo tanto, señor Presidente, hay quórum.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUER ELIAS.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

El siguiente punto del orden del día, es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUER ELIAS.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUER ELIAS.- Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

-EL C. PRESIDENTE: De conformidad con lo que establece el Artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Energía, para que emita el dictamen correspondiente.

-LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica, se pregunta si se aprueba la Proposición.

Las ciudadanas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Losas ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería y al promovente para su conocimiento.

(Contestación de la Sría. de la Reforma Agraria, en relación al Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, que informa las acciones realizadas en relación a la problemática de la reubicación y el pago a que tienen derecho los ciudadanos de los pueblos afectados por la construcción de la presa "Belisario Domínguez")

-PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria y al promovente para su conocimiento.

(La Sría. de Gobernación solicita permiso constitucional para que los CC. Araceli Minerva Fabián Vargas y Juan Esteban Andreu Mendoza, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en su consulado general en Ciudad Juárez, Chih.)

(La Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional para que los CC. Griselda López Saldaña, José Luis Almazán Robles, José Manuel Hernández Colín, Francisca Benteño Medina, Shuji Ando Ashijara, María del Carmen Blanco Peña, Fermín Vásquez Ortiz, Rubén Barrera Salcedo, Martha Lilia Muñiz Colunga, Cecilia López Alonso y Enrique Huerta Alvarado, puedan prestar servicios en la Embajada de Japón en México)

de los Estados Unidos de América en México y en el consulado General en Ciudad Juárez, Chih.)

(La Secretaría de Gobernación solicita permiso para que los CC. Griselda López Saldaña, José Luis Almazán Robles, José Manuel Hernández Colín, Francisca Benteño Medina, Shuji Ando Ashijara, Ma. del Carmen Blanco Peña, Fermín Vázquez Ortiz, Rubén Barrera Salcedo, Martha Lilia Muñiz Colunga, Cecilia López Alonso y Enrique Huerta Alvarado, puedan prestar servicios en la Embajada de Japón, en México)

EL C. PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es iniciativas de ciudadanos diputados.

Tiene el uso de la palabra el diputado don Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma la fracción XXVII del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

EL C. DIPUTADO FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNANDEZ: Con el permiso de la mesa directiva. Su servidor, diputado federal Fernando Donato de las Fuentes Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 59 Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expongo ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 109, fracción XXVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo a exención del impuesto sobre la renta hasta por 40 salarios mínimos del área geográfica de contribuyentes elevado al año para la actividad artesanal, de conformidad con la siguiente exposición de motivos.

En el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideran diversos beneficios que otorga la ley a grupos de contribuyentes que realizan actividades que por su naturaleza demandan dichos apoyos, sin menoscabo de los ingresos que requiere el país para su cabal funcionamiento.

Es así como en la fracción XXVII del artículo 109 de dicha ley se considera la exención de este impuesto a los ingresos de las actividades agrícola, ganadera, silvícola o pesquera que no excedan a 40 veces el salario mínimo general del contribuyente elevado al año.

Esta disposición beneficia particularmente a pequeñas cooperativas de producción, sociedades ejidales y pequeñas empresas familiares que forman parte de la cadena productiva de primera necesidad y cuya actividad representa su única fuente de recursos para el mantenimiento de sus familias.

Por su parte, los artesanos del país, quienes con sus manos y utilizando técnicas tradicionales transforman las arcillas, la madera, la tela, el algodón, el vidrio para sobrevivir con múltiples dificultades económicas, considerados bajo el régimen de pequeños contribuyentes, mantuvieron hasta el ejercicio fiscal del 2002 algunas exenciones establecidas en el artículo 119 A, 119 C y 119 I, mismos que fueron derogados en las reformas de dicha ley que fue aprobada en el 2002.

En la actualidad la gran mayoría de las empresas artesanales no sólo enfrentan los embates del estancamiento de la economía nacional, sino que además están gravados, desde el año 2002, como si fueran empresarios normales, lo que agudiza su posición en el mercado y pone en riesgo miles de empleos en este sector.

El trato fiscal que la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente imparte en la actualidad a los diversos sectores productivos artesanales es abiertamente discriminatorio. Actividades con niveles de rentabilidad análogas a las que componen el sector artesanal son beneficiadas de la exención; en cambio, la industria artesanal, a pesar de su importancia económica y trascendencia social y cultural, no recibe el mismo trato, pero la necesita apremiantemente.

En consecuencia, equiparar a la actividad artesanal con las otras actividades exentas en una cuestión de paridad elemental y de justicia equitativa.

La actividad artesanal en sí misma considerada requiere la exención bajo condiciones obvias de capacidad contributiva. Es una lamentable realidad que la recesión y estancamiento en que ha estado inmersa la economía del país, aunada al descontrolado flujo de importaciones extranjeras y la expansión alarmante de la economía informal, han expuesto a la industria artesanal nacional, otra hora floreciente, a condiciones dramáticas.

Sirvan de ejemplo los productores de losetas cerámicas de mi ciudad capital, Saltillo, estado de Coahuila, en donde están en riesgo de perder su fuente de empleo más de cinco mil trabajadores que de forma directa y tres mil más de manera indirecta se dedican a la producción de losetas conocidas como Saltillo Type y cuya calidad alcanza fama internacional.

En el año 2002 estos artesanos realizaron un gran esfuerzo para sustituir el tradicional sistema de quemado del producto con llantas de desecho con la combustión de gas, lo que si bien contribuyó a la limpieza del ambiente eliminando así la entrada del 25 por ciento del total de las llantas de desecho del país, desafortunadamente esto elevó sus costos de producción y redujo aún más su estrecho margen de beneficio.

Las difíciles condiciones que enfrentan estas actividades artesanales en Coahuila se repiten en todo el país en un sinnúmero de unidades productivas de esta índole.

La disposición fiscal que grava el sector artesanal no sólo desalienta al contribuyente al pago correcto y oportuno de sus impuestos, sino que está poniendo en riesgo el sustento de cientos de miles de hombres y mujeres dedicados a la producción artesanal en nuestro país.

Para aportar medidas de alivio a esta situación que afecta la economía de miles de familias trabajadoras. Es urgente que esta representación nacional retome los argumentos de equidad fiscal previstos en nuestra Constitución en beneficio de nuestros artesanos.

Por todo lo anteriormente expuesto y con el propósito de conservar primordialmente las fuentes de sustento familiar, existentes en el sector artesanal y coadyuvar al fomento de esta actividad que se traduzca en la creación de nuevos empleos, se somete a esta elevada consideración del Poder Legislativo de la Unión, el siguiente Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 109 fracción XXVII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo Unico.- Se reforma y adiciona el artículo 109 en su fracción XXVII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue. Artículo 109:

"No se pagará el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de los siguientes ingresos: Fracción XXVII: "Los provenientes de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesquera y artesanal, siempre que en el año de calendario de los mismos no exceda a 40 veces el Salario Mínimo General correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año; por los excedentes se pagará el impuesto en los términos de esta Ley".

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Fernando de las Fuentes Hernández.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, par presentar una iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo.

En la actualidad el entorno político, económico y social dominante en la vida nacional, aunado a los efectos generados por el fenómeno de la globalización, han generado una serie de repercusiones en diversos sectores del país, incluyendo, de manera natural, el aspecto laboral, el cual se ha visto en la necesidad de plantear nuevas disposiciones legales.

Una de las mayores demandas en materia laboral, ha sido la implementación de medidas tendientes a lograr una mayor expeditez en la resolución de las controversias de esta naturaleza.

En razón de lo anterior me permito presentar la siguiente iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, con el fundamento en lo dispuesto para el efecto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso General y con base en la siguiente

Nuestra Constitución en su artículo 17 señala que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

Sin embargo el proceso del derecho del trabajo está muy lejos de alcanzar uno de los fines primordiales que encierra este precepto constitucional: la celeridad del procedimiento.

Y por el contrario se distingue por ser un procedimiento dilatado, burocrático, extremadamente lento y en el cual se tolera la corrupción, a pesar de que los términos procesales dentro de la Ley que rige esta materia son muy claros, siendo afectados los trabajadores, los empleadores y quienes acuden a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

El prolongar el procedimiento por años sólo genera gastos para ambas partes, sin que esto dé como resultado una mayor y mejor aplicación de la ley o que contribuya al perfeccionamiento de la administración de justicia.

Sabemos certeza que los únicos beneficiarios beneficiados con esto son los abogados y seudoabogados, así como la burocracia que existe dentro de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quienes en algunas ocasiones prolongan el procedimiento con la intención de obtener beneficios económicos.

Según los términos procesales expresados en la Ley Federal del Trabajo, ningún procedimiento tendría por qué prolongarse más de seis meses, sin embargo es una práctica común que los litigios se prolonguen durante años.

Con esta adición se pretende evitar que se haga uso indebido y se abuse del derecho procesal. No creemos que exista ninguna pugna con las consideraciones clásicas del derecho procesal laboral y por el contrario consideramos que es una contribución al desarrollo del proceso.

En vista de los anteriores argumentos someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo segundo al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo:

"Titulo Cuarto Derecho Procesal del Trabajo. Capítulo Primero. Principios Generales Procesales.

Segundo párrafo. "Todo procedimiento laboral que se desahogue ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberá, sin excepción alguna, resolverse en un término no mayor de 12 meses, contados a partir de la fecha de presentación de la demanda. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta en cuanto que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta en el momento de admitir la demanda subsanará ésta.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (PAN): Gracias, Diputado.

Tiene la palabra el diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el primero y segundo párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de cambiar la fecha de clausura del segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión y sobre la facultad de resolver el término de las sesiones del Congreso.

- EL C. DIPUTADO JUAN JOSE GARCÍA OCHOA (PRD): Muchas gracias, diputado Presidente.

El sentido de la actual limitación de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión a solo cinco meses del año tiene su raíz en una de las decisiones políticas fundamentales del Constituyente del 16 y 17, que era reducir las facultades constitucionales y el poder político del Legislativo frente al Poder Ejecutivo. Esto contrasta con el periodo previo de nuestra historia nacional en la época conocida como de la República Restaurada.

Particularmente a partir de la reforma constitucional de 1874 el Congreso disponía anualmente de seis meses de sesiones ordinarias, prorrogables hasta mes y medio, lo cual ocurría con mucha frecuencia por lo que en la práctica dichas sesiones abarcaban siete y medio meses del año. Estos son datos que reflejan el vigor de nuestro Congreso que vivió momentos de gran relevancia para nuestro país, no como simple testigo del acontecer nacional sino como actor del mismo.

El argumento central de quienes con toda intención debilitaron al Congreso fue evitar la excesiva fecundidad legislativa, pero sobre todo moderar con el acotamiento del tiempo legislativo las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo que ocurrían cotidianamente en la República Restaurada.

"La trágica prueba de lo erróneo del diagnóstico de nuestros constituyentes, pero sobre todo del autor del proyecto original de Constitución, también se refleja en el remedio que nos lleva al resultante desequilibrio constitucional entre Congreso y Presidente, en el que el exceso de facultades constitucionales que éste condujo, en concurrencia con otros factores al desarrollo de esa degeneración del sistema presidencial post-revolucionario.

"En el caso concreto de los periodos de sesiones ordinarias, el giro presidencialista tuvo desde luego su impacto en el objetivo general de debilitar al Legislativo. La drástica reducción temporal de la capacidad de legislar del Congreso prevista en el proyecto de Carranza y aprobada por el Constituyente, de 7 meses y medio a escasos 4 meses, resultó en la práctica un acotamiento de las facultades del Congreso, ya que la disminución del tiempo para ejercer éstas impone necesariamente una disminución de su ejercicio mismo.

"Confrontado con nuevos y más complejos deberes, obligado a representar a una sociedad incomparablemente más compleja que la de principios del siglo XX, obligado a ejercer su capacidad de control y fiscalización sobre una administración pública también mucho más compleja y extensa de aquella implícita en el espíritu del Constituyente, obligado a ejercer una función legislativa mucho más diversificada y tecnificada, mediante procedimientos de estudio, consulta, debates democráticos y pluralistas, el Congreso tiene sin embargo que cargar el pesado lastre de un régimen constitucional diseñado para darle funcionalidad a una realidad diferente, que limita notablemente su capacidad de cumplir con sus obligaciones y que comienza por hacerse evidente en el poco tiempo disponible para legislar.

"Nuestro Congreso dispone de menos tiempo para legislar que la mayor parte de sus pares en el continente. Argentina, por ejemplo, legisla durante 9 meses, Brasil 9 y medio meses, Canadá 10 meses, Colombia 9 meses y medio, Estados Unidos en promedio 10 meses, República Dominicana mínimo 6 meses y prorrogables hasta 10, Guatemala de acuerdo con su Constitución todo el tiempo necesario, Honduras 9 y medio meses, Panamá 8 meses, Paraguay 9 y medio meses y Uruguay 10 meses.

"Tomando en cuenta esta realidad, el Constituyente Permanente está en curso de aprobar ya en las próximas semanas, a través de sendas iniciativas que fueron aprobadas por ambas Cámaras, aumentar la duración del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias de cada año legislativo del Congreso de 1 mes y medio a 3 meses, para comenzar el 1º de febrero, por efecto del cual las sesiones ordinarias del Poder Legislativo Federal se extenderían cada año un total de 6 y medio meses, cuando no aconteciere la transmisión regular del Poder Ejecutivo, en sustitución de los 5 meses que dura el año legislativo ordinario en la actualidad.

"Hoy prácticamente nadie niega la necesidad de fortalecer integralmente al Poder Legislativo Federal. Resulta evidente que el Congreso debe asumir un papel mucho más activo en la vida nacional, ya que sólo en su seno es posible armonizar la pluralidad política y social del México actual.

"A partir de esta reforma que adelanta el inicio del Segundo Periodo de Sesiones, se pretendió darle más tiempo a los periodos de sesiones para analizar todas las iniciativas presentadas y para atender sus responsabilidades relacionadas con el control de los actos del Ejecutivo; la fiscalización del gasto público, la aprobación del Presupuesto, la atención de los asuntos políticos que son motivos de deliberaciones cotidianas. Sin embargo el tiempo sigue siendo insuficiente y es necesario complementar esta reforma en curso con la modificación de la fecha de clausura del Segundo Periodo de Sesiones.

"Proponemos entonces modificar el artículo 66 de la Constitución, a efecto de que los periodos de sesiones cuenten con un tiempo adicional para tratar sus asuntos, en la inteligencia de que se impulsa esta reforma para que sea aprovechado con racionalidad y responsabilidad. Así, el Segundo Periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de junio del mismo año.

"De esta manera complementaria a esta propuesta, creemos necesario resolver una contradicción del marco jurídico que rige el Congreso, en lo que se refiere a la facultad arbitral que otorga al Presidente de la República de resolver sobre el término de las sesiones al Congreso en caso de desacuerdo entre sus Cámaras. Aquí se debe conservar la hipótesis que está planteada, es decir, la posibilidad de que pudieran concluir sus sesiones de manera anticipada. Pero no estamos de acuerdo en su solución, siendo un acto que formalmente corresponde al Legislativo, no se atiende que sea el Ejecutivo el mediador.

"Por ello, consideramos la madurez y responsabilidad del Congreso, creemos que podrán poner término a sus sesiones ordinarias antes de las fechas previstas por acuerdo de ambas Cámaras exclusivamente. Debemos tener presente que la obligación histórica más importante que en este momento tiene el Congreso Mexicano, es la de llevar a cabo una de las reformas estructurales más importantes dentro de la Reforma del Estado que es la propia Reforma del Congreso y dentro de esta, la ampliación de su tiempo legislativo para deliberar y decidir.

Por las anteriores consideraciones, sometemos a esta soberanía el siguiente Proyecto de Decreto.

UNICO.- Se modifican los párrafos 1º y 2º.. del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 66º.- Cada período de sesiones durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados ene l artículo anterior.

El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de Diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo enla fecha prevista por el Artículo 83º en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de Diciembre de este mismo año.

El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de Junio del mismo año. El Congreso podrá poner término a sus sesiones ordinarias antes de las fechas arriba indicadas por acuerdo de ambas Cámaras.

TRANSITORIOS.- Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Posteriormente a la aprobación de la presente Reforma por el constituyente permanente y a la entrada en vigor del presente Decreto, se promoverán las Reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de realizar las modificaciones correspondientes.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los 12 días del mes de Abril de 2004. Diputado Juan José García Ochoa, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática".

La Iniciativa de Reforma al Artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Agrario, ha sido pospuesto por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra, al Diputado Francisco Rojas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa de Ley Federal de Presupuesto.

-EL C. DIPUTADO FRANCISCO ROJAS GUTIERREZ.- Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Diputados: La actual Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público expedida en 1976, se encuentra rebasada por las exigencias de un México distinto.

La presente Iniciativa de Ley Federal de Presupuesto, re toma las propuestas realizadas por diversos Legisladores en varias Legislaturas, así como algunos aspectos de la Reforma presentada por el Ejecutivo Federal.

La sociedad, necesita contar con procedimientos que den seguridad jurídica y promueva la estabilidad en el proceso presupuestario con el objeto de evitar la.tensión política institucional al final de cada año en la aprobación de dichas iniciativas. Esto exige una revisión a fondo del Sistema de Planeación y Presupuesto que desregule el exceso de controles, incorpore elementos que propicien una mejor calidad del gasto y promueva la estabilidad económica.

La actual Ley, aún contiene principios que orientan el proceso presupuestario hacia un enfoque más cuantitativo que cualitativo enfocándose principalmente en la presupuestación sin incluir principios específicos para la planeación y programación del gasto público federal con lo que se descuida la vinculación integral de la planeación, programación y presupuesto.

La presente Iniciativa de Ley Federal de Presupuesto, tiene como principales objetivos: adecuar el marco legal al papel que juega actualmente el gasto público en la economía nacional y como un instrumento de la Política Económica y de Desarrollo Social del país, regular los procesos de elaboración, aprobación, ejercicio, rendición de cuentas, en un marco claro de una mejor distribución de las responsabilidades entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, adecuar el procedimiento presupuestario a las necesidades de una sociedad más abierta y participativa, así como prever los mecanismos de información y transparencia necesarios para que la sociedad juzgue el desempeño del gasto público en función de los resultados y estos a su vez resulten creíbles.

Por ello, la presente iniciativa propone establecer reglas claras que rijan el proceso para la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Actualmente, el plazo contemplado en la Constitución para que el Congreso de la Unión examine, discuta y apruebe la Ley de Ingresos y para que la Cámara de Diputados haga lo propio respecto del presupuesto de egresos de la Federación, se estima insuficiente.

Es factible establecer un procedimiento para adelantar la presentación y la negociación de dichas iniciativas al preverse que el Ejecutivo Federal presente, a principios de septiembre, propuestas de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, el marco macro económico contenido en los criterios generales de política económica y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal.

Diversos legisladores han propuesto mecanismos en caso de que las iniciativas de ingresos y gastos no se encuentren aprobadas al inicio de un ejercicio fiscal, mecanismos conocidos en la doctrina jurídica como reconducción presupuestaria. Lo anterior, a fin de resolver la laguna constitucional que en la actualidad padece el procedimiento institucional y evitar la parálisis del Estado.

Se propone que por regla general, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación se encuentre en el equilibrio presupuestario y no exista necesidad de cubrir gastos con financiamiento, sin embargo también se reconoce que el país puede pasar por coyunturas económicas excepcionales en las cuales no es factible guardar este equilibrio y tiene que incurrirse en déficit presupuestario.

Se plantea también fortalecer los principios de universalidad y unidad del gasto público, el primero de estos principios prevé que todo el gasto público debe ejercerse a través de un presupuesto aprobado por el Poder Legislativo; el segundo principio establece que el gasto público debe aprobarse por el Legislativo en un solo ordenamiento, a efecto de que pueda ser conocido en su conjunto.

Con el fin de promover una planeación económica de mediano plazo, se prevé que las iniciativas de ingresos y gastos incluyan proyecciones acerca de las principales variables económicas. De esta forma, se establecen estimaciones que sirven como referencia para contribuir a la certidumbre y estabilidad económica de mediano plazo.

En la iniciativa, se propone que el precio internacional de la mezcla de petróleo mexicana se fije con bases técnicas y prudentes a fin de evitar que su determinación se convierta en parte del debate político.

Se prevé la obligatoriedad para el Ejecutivo Federal de realizar evaluaciones de impacto presupuestario en las iniciativas de ley y decreto que presenten.

Se precisan las reglas de ingresos excedentes del presupuesto de egresos de la Federación y se fijan destinos en la ley.

Se propone institucionalizar el principio de responsabilidad fiscal previsto desde el presupuesto de egresos de la Federación de 1986, relativo al ajuste del gasto público en caso de presentarse una disminución de los ingresos durante el año fiscal.

Se propone asimismo que los proyectos de presupuesto de los poderes y entes autónomos que envíen al Ejecutivo para su integración en el presupuesto de egresos de la Federación, deberán guardar congruencia con la política económica y no podrán presentar incrementos desproporcionados.

Se prevé que los proyectos preliminares y definitivos de ingresos y egresos revelen contingencias fiscales, ingresos recurrentes o no recurrentes, estímulos fiscales, gastos recurrentes y no recurrentes, gastos de operación, de inversión y deuda directa y contingente.

En esta iniciativa se propone sentar las bases institucionales para pasar en definitiva a un presupuesto por programas, con una visión de planeación estratégica que abarque el corto y mediano plazo; promover una programación y presupuestación orientada hacia resultados y con base en costos, así como alentar que la ejecución de recursos públicos se realice con un enfoque de resultados y con base en indicadores de desempeño.

Para fortalecer la autonomía de gestión de las entidades paraestatales, se estipulan medidas que se detallan en el cuerpo de la iniciativa; conforme al diseño institucional previsto en nuestra Constitución, existen órganos del Estado que cuentan con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración respecto de los Poderes de la Unión, por ejemplo el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sin embargo, el marco jurídico presupuestario vigente no define el alcance de dicha atribución, por lo que es necesario establecer una regulación que uniforme las normas aplicables a dichos órganos en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación, de los recursos públicos federales.

El proyecto de Ley Federal de Presupuesto incluye diversos requisitos de información sobre el ejercicio del presupuesto al Honorable Congreso de la Unión y a la sociedad en general, con el objeto de promover la transparencia en la función pública y fortalecer la rendición de cuentas. Asimismo, se vincula esta iniciativa con la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental .

Las autorizaciones en materia presupuestaria estarán sometidas a un régimen casuístico de afirmativa ficta, en virtud del cual los trámites que al efecto se determinen se considerarán resueltos en sentido afirmativo, para que los ejecutores de gastos correspondientes, una vez que transcurra el plazo con el que se cuenta para emitir respuesta a las solicitudes respectivas.

Un apartado que reviste suma importancia, es el referente al gasto en servicios personales, por lo que en la iniciativa se contemplan disposiciones para ordenar y racionalizar las erogaciones de los ejecutores de gasto en dicho rubro, garantizando que los servidores públicos reciban una justa retribución por sus servicios prestados.

El proyecto de Ley Federal de Presupuesto, establece un apartado especial de conductas que serán sancionables en adición a las establecidas por la ley en materia de responsabilidades. Finalmente, se señala expresamente la participación que en el ámbito de responsabilidades en materia presupuestaria tiene la Auditoría Superior de la Federación.

Estas son, algunas de las principales características que contiene la iniciativa de Ley Federal de Presupuesto que un grupo de diputados nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea. Esperamos que la misma sea enriquecida con las opiniones y sugerencias de todas las diputadas y diputados, a fin de que contemos con un instrumento moderno que nos permita mejorar notablemente el proceso de presupuestación.

El gasto público es la contraparte de las contribuciones de la sociedad; es el instrumento fundamental de la distribución del ingreso, en la medida que el proceso de elaboración, discusión, aprobación, ejercicio y rendición de cuenta sea claro, transparente y apegado a reglas, responderemos a los reclamos de la sociedad.

Este proyecto, en caso de merecer su aprobación coadyuvara a mayor confianza de la sociedad, en la utilización de sus contribuciones. Muchas gracias. Es todo, señor Presidente.

-EL PRESIDENTE: Gracias diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y adiciona un capítulo denominado: " "Subcontratación de Personal", al mismo ordenamiento.

-LA DIP. MARIA DEL CARMEN MENDOZA FLORES: Gracias diputado Presidente, con el permiso.

La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución Política Mexicana y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, someto a su consideración la siguiente iniciativa de decreto bajo la siguiente:

Nuestra Constitución es precursora de los derechos sociales, desde sus orígenes el derecho del trabajo buscó eliminar las irritantes injusticias y desigualdades sociales; de esta manera la Ley Federal del Trabajo es tutelar y protectora de los derechos de los trabajadores, ensalzando como principios, la estabilidad en el empleo y la duración indeterminada de las relaciones de trabajo.

Sin embargo, en México el marco jurídico nacional en materia de trabajo, se ha tornado insuficiente para responder a las demandas actuales. Las dificultades laborales y sociales han ido en aumento, el desempleo, los bajos niveles salariales, el trabajo precario, la falta de seguridad, el rezago en la creación de nuevas plazas, son en parte, resultado de una falta de actualización de nuestro marco jurídico.

Por otro lado, la inserción de México a las corrientes económicas del mundo globalizado, el avance tecnológico, la mayor productividad que exige la competencia externa y el incremento de la población en edad productiva, han conformado un mercado laboral estrecho, con una oferta de puestos de ocupación insuficiente para satisfacer la creciente demanda de empleo por parte de la población.

Al lado de esto se enarbola como bandera para la competitividad de las empresas la llamada flexibilización, que en un concepto erróneo se entiende como la eliminación de la seguridad en el empleo, disimulando la sobreexplotación de la mano de obra.

Por otra parte, en el mercado mundial países como el nuestro tienen que competir con otras naciones en donde el salario que se les paga a sus trabajadores está por debajo de lo que en México reciben. Así, según informes de la Secretaría de Economía, actualmente 5000 empresas extranjeras que operan en México podrían emigrar hacia China utilizando como pretexto altos costos de la mano de obra en nuestro país.

En este marco debemos estar conscientes de que es imposible, cuando menos imprudente, ignorar lo que está pasando a nivel mundial en el marco de la competitividad, sin embargo, creemos que la globalización no debe dar como resultado el crecimiento de la marginación ni el abandono de la responsabilidad social del Estado, así, debemos aprovechar las oportunidades que trae por sí y disminuir las acciones negativas que se puedan presentar. Este proceso al integrarnos mundialmente nos obliga a competir, pero no se resuelve con niveles de pobreza salarial, sino a través de calidad y productividad.

En este contexto, la estabilidad debe tener a establecer un equilibrio entre las necesidades productivas y entre aquellos trabajadores que las cumplan dentro del marco legal que para tal efecto se cree, el cual estamos convencidos, no debe menoscabar los derechos de los trabajadores y debe permitir adoptar modalidades para precisamente lograr la competitividad.

Bajo esta premisa, presentamos esta iniciativa que pretende regular las empresas de subcontratación de personal. Partimos de la base que la subcontratación es un concepto amplio que abarca tanto la subcontratación de procesos como la de personal. Estamos conscientes de que la subcontratación de procesos permite mayor flexibilidad a las empresas, ya que coadyuva a disminuir los gastos operativos en tares que adicionalmente se requieren para la elaboración de un producto final y que este mecanismo está regulado por lo señalado en el artículo 15 de nuestra Ley Federal del Trabajo, sin embargo consideramos que para impedir que esta situación se utilice únicamente para eludir responsabilidades laborales, se debe reformar dicho numeral y se propone que en el caso de que la empresa servidora realice de manera exclusiva obras o servicios para la empresa beneficiaria, los trabajadores empleados en aquélla tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionales a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria.

Respecto a la subcontratación de personal, estamos ciertos de que existe, que es una necesidad real. Esto resulta evidente ante la existencia de actividades esporádicas en las empresas, tales como actividades que no constituyen el objeto principal de las mismas, que pueden ser limpieza, vigilancia o trabajos de tiempo determinado o por obra determinada. Sin embargo, consideramos que es necesario legalizar a este sector a efecto de evitar abusos y simulaciones contra los trabajadores.

La iniciativa que ahora se presenta a esta soberanía permitirá que las empresas puedan contratar con entidades reguladas en la ley, y sobre todo evitará que los trabajadores sean objeto de abusos.

En base a lo anterior y en obvio de tiempo, hago entrega a la Mesa Directiva el documento que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y crea un capítulo denominado Subcontratación de personal.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico e instruya al cierre del sistema.

LA SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 421 diputadas y diputados.

Quines hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula.

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Domínguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma fundamentalmente el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y complementariamente los artículos 76, 78, 89, 102 y 110 de la propia Carta Magna.

Como ya fue publicada la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, sólo leeré su justificación.

A los órganos de procuración de justicia penal en México, les aquejan graves males: burocratismo, ineficiencia y corrupción; además se les acusa con justicia de constante violación de derechos humanos.

En el Tercer Informe del Presidente Vicente Fox, se dice literalmente: "...la cantidad de delitos sin castigo es enorme, resulta lamentable que sólo se denuncie 30% de ellos, porque no existe confianza suficiente en el sistema de procuración y administración de justicia. Más grave aún, es que sólo 5% terminen en consignación y sentencia..."

De ahí, que es de un 95% la impunidad en relación con los delitos denunciados, más la impunidad por la cifra negra. Tal impunidad es sin discusión la causa fundamental de los niveles de delincuencia y de inseguridad que hay en el país, y se debe a deficiencias de la Procuración de Justicia Penal.

El artículo 21 constitucional establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.

La policía, concepto que sustituyó al de policía judicial, no significa una corporación sino la función de policía de investigación que es la esencia del órgano de procuración de justicia.

Por otra parte, investigar un delito es buscar las pruebas que acrediten los elementos del tipo y la responsabilidad del inculpado para presentarlas al juez, y pruebas es un concepto fundamental de derecho procesal.

En las procuradurías de justicia en los estados, así como en la General de la República, existe en su estructura una corporación de policía que es inconstitucional, porque sus integrantes no están bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, sino que la relación se encuentra mediatizada por una estructura paralela a la del Ministerio Público y las policías que la integran sólo están subordinadas al director o coordinador de dicha corporación y no lo están al Ministerio Público; pero además, la autonomía real de esa policía y la falta de trabajo institucional, ha dado como consecuencia que una gran cantidad de tiempos muertos lo dedique a actividades ilegales.

Por lo anterior, la Policía Ministerial de Investigación Criminal o AFI como corporación paralela al ministerio público, además de que es inconstitucional, es una de las causas de la ineficiencia de la procuración de justicia.

En relación con cada delito, el órgano de procuración de justicia penal debe ser quien realice la investigación, pero no lo hace; en efecto, el Ministerio Público se ha convertido en un mero burócrata levanta acta y manda oficios a la policía para que ésta sea la que investigue a su leal saber y entender y como no se obtienen resultados, el ministerio público envía las averiguaciones a las reservas. Adicionalmente, algunas veces la ineficacia y la impunidad, derivan de las decisiones políticas que tome el Ejecutivo y pone en práctica la Procuraduría.

Es tal el desprestigio, que debe cambiarse hasta el nombre de los órganos de procuración de justicia penal; para ese efecto debe crearse también el servicio civil de carrera.

Primero. Crear nuevos órganos de procuración de justicia penal que sustituyan a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de cada entidad federativa. Estas instituciones serán organismos constitucionales con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, con una estructura y una forma de designación similares a las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Como consecuencia, el nombramiento del Fiscal General de la Nación lo haría el Senado, a partir de la terna que formule la comisión correspondiente de dicho órgano. En el caso del Fiscal General de cada entidad federativa, lo hará el Congreso Local también a partir de la terna que formule la comisión correspondiente.

Se modificará la estructura orgánica del órgano acusador, el que conservará solamente a la policía científica, es decir, a lo que ahora se denomina "servicios periciales", pero la policía ministerial o la AFI, deben pasar a formar parte de lo que ahora se denominan "secretarías de seguridad pública", porque un órgano constitucional autónomo no debe tener mando de fuerza. Sin embargo, la policía deberá auxiliar al órgano persecutor en lo que éste le pida específicamente.

A fin de combatir el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción y la impunidad, el órgano de procuración de justicia, al recibir una querella o denuncia, estará obligado a hacer el análisis, diagnóstico y prognosis de cada caso, lo que se hará constar en el expediente.

Igualmente deberá llevar una agenda y una bitácora en relación con cada delito. Programar las acciones de investigación en la agenda del caso y registrar las acciones que realice en cada bitácora.

Desaparecerá el monopolio del ejercicio de la acción penal del ámbito de facultades de los órganos de procuración de justicia penal, para el efecto de que en el caso de delitos patrimoniales, que se siguen por querella, sea el propio ofendido el que ejercite la acción penal directamente ante el juez, supuesto en el que el proceso podrá concluir por convenio judicial.

Los órganos de procuración de justicia penal quedarán impedidos, para desahogar pruebas ante sí, por lo que en adelante sólo estarán facultados para ofrecer y desahogar pruebas ante la autoridad judicial. Igualmente se eliminan las demás facultades jurisdiccionales que indebidamente se le habían ido asignando al Ministerio Público, como la de conceder al imputado libertad bajo caución y nombrarle defensor de oficio.

Esto engarzará con otra iniciativa de reforma constitucional, que en breve habremos de presentar, para que el proceso penal inquisitorio se transforme en acusatorio.

Señor presidente, en atención a que existe una iniciativa del presidente de la república presentada en la Cámara de Senadores que entre otras trata este tema, solicito que esta iniciativa sea trabajada en Conferencia con la Cámara Alta. Gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La iniciativa que reforma el Código Penal de Procedimientos Penales a petición del grupo parlamentario del Partido Verde ha sido pospuesto.

Tiene la palabra el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma la fracción X del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción XXII del Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Artículo 3º. De la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

-EL C. DIPUTADO FRANCISCO ASTIAZARAN GUTIERREZ: Gracias. Con su venia señor presidente. México vive hoy una nueva etapa, son tiempos de una legítima exigencia ciudadana con contar con gobiernos más eficientes a quienes podemos y exigirle resultados. Sin embargo, para todos es muy claro que las demandas populares requieren de gobiernos más fuertes, con mayores recursos y más autónomos, no es casualidad entonces que esta tribuna haya sido testigo de múltiples debates, iniciativas y propuestas en la búsqueda de mayores recursos para los estados y los municipios.

El fortalecimiento del Estado Mexicano si requiere de una mayor recaudación tributario, tenemos claro que podemos y debemos encontrar mecanismos que busquen mayor eficiencia en el gasto público y que al mismo tiempo fortalezca nuestro sistema tributario.

Esto se está discutiendo en la Convención Nacional Hacendaria, se busca llegar a acuerdos que modifiquen de fondo las reglas del juego. Ante ello, los diputados del PRI estaremos participando en la búsqueda de enriquecer sus conclusiones que fortalezcan a los estados y los municipios.

Sin embargo, tenemos claro también, que nuestro reto es simplificar, acercar cada vez más las facultades tributarias a los estados y municipios para que éstos se fortalezcan. Reconocer que el estado centralista y paternalista es ahora ineficiente, ante la exigencia ciudadana, y que necesitamos dotarles a las entidades federativas y al Distrito Federal de otras prerrogativas que les permitan obtener recursos adicionales.

La iniciativa que hoy presento a consideración de H. Asamblea, busca precisamente otorgar a los estados una facultad que hasta hoy es competencia exclusiva de la federación. Mediante ella se busca que los estados de la república y el Distrito Federal compartan con la federación la facultad de organizar, legislar y crear loterías estatales que les permitan el fortalecimiento de sus finanzas públicas.

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ha sido por más de 233 años una auténtica tradición mexicana. Su operación ha sido sin lugar a dudas una fuente muy importante de ingresos para la Federación. Desde e1920 dicha Institución cuenta con su propio marco jurídico basado en la facultad constitucional de este Congreso para legislar sobre sorteos, prevista en la fracción X del artículo 73 consagrado en la Carta Magna. Actualmente le rige una Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, promulgada en 1984.

No obstante lo anterior y a pesar de que su objetivo es apoyar las actividades del Ejecutivo en el ámbito de la asistencia pública, son cada vez más distantes los beneficios tangibles en este renglón. Esto a pesar de que en el ejercicio fiscal del 2004, la Ley de Ingresos contempla ingresos superiores a los1885 millones de pesos por concepto de los productos provenientes de la Lotería Nacional y de Pronósticos para la Asistencia Pública.

Sin embargo, esta propuesta no busca la eliminación de toda una tradición mexicana; tampoco pretende etiquetar a las entidades federativas para que adopten su esquema de sorteos específicos, lo que busca en cambio, es compartir dicha facultad con los estados de la Federación y el Distrito Federal.

Con estas reformas pretendemos que en materia de loterías y sorteos, las entidades federativas y el Distrito Federal, puedan construir organismos públicos descentralizados que les permitan obtener recursos adicionales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 25, 40 y 73 fracción XXIX inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone la reforma y adición al tenor del siguiente Proyecto de Decreto:

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 73 constitucional a la fracción XXII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 3o. de la Ley General de Juegos y Sorteos para queda de la siguiente manera:

Artículo 1o. Se reforma a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Fracción X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juego con apuestas y sorteos de índole nacional, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

Sin perjuicio de lo anterior y en el marco de sus respectivas jurisdicciones, las entidades federativas y el Distrito Federal, podrán legislar para crear, organizar, operar y vigilar la celebración de sorteos y loterías públicas de carácter estatal.

Artículo 2o. Se reforma la fracción XXII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Fracción XXII. Regular, autorizar y vigilar el juego, las apuestas, así como los sorteos, loterías y rifas de índole nacional en los términos de las leyes relativas.

Artículo 3o. Se reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos, cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase, así como los sorteos de índole nacional con excepción de la Lotería Nacional, que se regirá por su propia ley.

Para los efectos de la presente ley se entenderá por loterías y sorteos, aquéllas que se realicen en la totalidad del territorio nacional.

ARTÍCULO UNO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En el uso de la palabra el diputado don Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 126 y 127 del capítulo cuarto de la Ley de Navegación en materia de contaminación.

EL C. DIPUTADO ANGEL PASTA MUÑUZURI: Con el permiso de la presidencia solicito se integre el texto íntegro en el Diario de los Debates, ya que por el tiempo daré una síntesis de esta iniciativa.

Diputadas y diputados: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, 72, fracción I y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este cuerpo colegiado la presente iniciativa al artículo 126 y 127, donde se reforma la Ley de Navegación, de conformidad con lo siguiente.

Exposición de motivos. Doy una breve historia de lo difícil que ha sido combatir la contaminación y más aún en los mares. Debemos de ver y tomar conciencia de la importancia de lo urgente de legislar en la Ley de Navegación para poder combatir, desde el fondo y con las medidas concretas, en el tiempo breve.

Hasta la fecha muy reciente, esto se ha considerado como un problema sin importancia y es de exceptuarse algunas áreas localizadas en puertos, y más en Acapulco, siendo un destino turístico de gran importancia y donde se realiza la pesca.

Vemos que las embarcaciones que son inservibles son abandonadas en las playas y a la larga se convierten en un problema de extrema seriedad. Se debe destacar que en las playas existen embarcaciones que producen contaminación, ya que aun varadas existe el peligro de explotar o de incendiarse por las sustancias que emanan, como gasolinas, aceites, entre otros.

Por lo anterior, la contaminación impide toda propiedad útil, perjudicando a los organismos que las habitan.

La Organización de las Naciones Unidas ha dado para la contaminación marina la siguiente definición: "Es la introducción de sustancias que pueden ocasionar consecuencias nefastas, tales como el daño a los recursos biológicos y por consiguiente a la salud humana, trabas a las actividades marítimas incluidas la pesca, la disminución en la calidad de aguas del mar desde el punto de vista de su utilización y reducción de las posibilidades ofrecidas paras el descanso".

Por lo anterior, es indispensable que los encargados de prever y controlar la contaminación del medio oceánico tomen en consideración las siguientes causas planetarias y cósmica,: animales y vegetales y humanas.

Debe haber conciencia de la grave contaminación que las embarcaciones varadas en los puertos han ocasionado. La falta de cuidado, la falta de limpieza, el mantenimiento escaso en sus embarcaciones han contribuido a dar mala imagen a los puertos y a la contaminación de las playas, presas y lagunas.

La triste y preocupante y breve reseña de la gran problemática sobre la contaminación de los mares por la falta de conciencia y de cuidado de nuestra naturaleza debe detener la contaminación para no ser parte de las cifras alarmantes de otros países.

Debemos de dar solución inmediata. Por eso propongo la modificación a la Ley de Navegación de los plazos para extraer de un año reducirlo a seis meses para poder remover las embarcaciones, aeronaves, artefactos navales o carga que se encuentran a la deriva, en peligro o varados y que verdaderamente son un peligro para el medio ambiente, ya que son parte preocupante de la contaminación.

Que la Secretaría de Marina Vigile y que le dé seguimiento a los compromisos de ley, junto con las autoridades portuarias.

Decreto que reforma el artículo 126 y 126 del capítulo IV que se refiere a hundimiento y remoción, de la Ley de Navegación, para quedar como sigue:. Capítulo Cuarto:

Artículo 126: "Cuando una embarcación, aeronave, artefacto naval o carga se encuentre a la deriva, en peligro de hundimiento, hundido o varado y a juicio de la autoridad marítima constituya un peligro o un obstáculo para la negación, la operación portuaria, la pesca y las otras actividades marítimas relacionadas con las vías navegables o para la preservación del medio ambiente, así como riesgo de contaminación en playas, dichas autoridades ordenarán al propietario o naviero que tome las medidas necesarias a su costa para iniciar de inmediato o concluir dentro del plazo que se le fije, la señalización, remoción, reparación o su hundimiento si fuera necesario, en donde no perjudique la actividad portuaria, la navegación o la pesca.

"De no cumplirse tal requerimiento, la autoridad marítima podrá removerlo o hundirlo a costa del propietario o naviero".

Artículo 127: "La persona autorizada en los términos del párrafo anterior dispondrá, atendiendo de las dificultades del caso en particular, de un plazo de seis meses a partir de la fecha del siniestro para efectuar al remoción misma que deberá realizarse en los términos que señala la autoridad marítima".

Primero.- "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado Angel Pasta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Esta Presidencia corrige el turno de la iniciativa del señor diputado Francisco Astiazarán Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Turismo.

Tiene la palabra el señor diputado don Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona un artículo 213 ter al Código Penal Federal y reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Quiero antes que nada aclarar que la iniciativa la presento y así me lo pidió el grupo parlamentario del PRD, en carácter estrictamente personal.

Para entender el carácter y los alcances de las propuestas de reformas que hacemos en la presente iniciativa, es menester entender tanto el concepto de fuero y sus orígenes en nuestra vida institucional.

El fuero ha sido históricamente una situación de privilegio, ya sea por razón de rango o del linaje de las personas.

En una época del virreinato se otorgaban una serie de privilegios a determinadas capas sociales que iban desde la exención de impuestos, el otorgamiento de gracias, mercedes o inmunidades transitorias o definitivas para la persona o los bienes del beneficiario.

Estos privilegios daban la posibilidad y de hecho obligaban a sus beneficiarios a aplicar el derecho derivado de su categoría social para llevar sus pleitos al conocimiento de tribunales exprofesamente creados para conocer este género de negocios.

Así se llegaron a reconocer hasta 35 fueros distintos. Su proliferación creó una gran confusión por lo cual se hacía imposible aplicar las normas y dictar resoluciones e inclusive distinguir los procedimientos especiales que vendrían al caso.

Le existencia en nuestro país de los fueros, fue quizás el origen de la desigualdad social que estableció una sociedad dividida por estancos, teniendo por un lado unos pocos privilegiados y por otra una inmensa mayoría que no gozaba de ningún privilegio.

Llegando a nuestra vida independiente, aunque fueron conservados varios de ellos, entre los que se cuenta el privilegio de la inmunidad legislativa, ya existencia la tendencia a su acotamiento o desaparición, lo cual es significativo puesto que la transición política que se llevó a cabo producto de la Independencia, reconoció en los fueros uno de los vestigios más claros del orden colonial que debía de ser eliminado dando paso al principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, principio fundamental de las proclamas de Hidalgo y Morelos, así como de innumerables pensadores y libertadores.

El mantenimiento del fuero de los servidores públicos en nuestra historia independiente y en nuestro sistema constitucional fue concebido como una salvaguarda jurídica para preservar la independencia y la libertad de acción de los funcionarios públicos, tratando con ello de mantenerlos a salvo de presiones políticas, acusaciones infundadas o detenciones arbitrarias, sin que tuvieran más motivación que menoscabar su función pública para influir en sus decisiones.

El fuero constitucional fue fundado con toda razón en la necesidad de garantizar los poderes públicos del libre ejercicio de funciones que intenta al mismo tiempo salvaguardar tanto el buen desempeño del servicio público que podría estar amenazado, así como también los derechos de los servidores públicos, su integridad física y moral.

En la medida que el principio democrático se ha tornado, poco a poco en realidad, la extensión de los fueros en cuanto a la persona y en cuanto a la materia deben hoy más que nunca mudar su carácter de privilegio o de inmunidad por el freno jurídico a la conducta de los servidores públicos, confirmando con ello que no se debe considerar una inmunidad a la persona sino más bien una protección inherente a la función pública.

El principio que consagra el artículo 61 de la Constitución, que se refiere a la inviolabilidad del fuero constitucional, debe considerarse estrictamente como un instrumento de protección a la función del legislador para que en ejercicio de ésta puedan expresarse y desempeñar su cargo con libertad y que la inmunidad que el fuero confiere se limite a su función constitucional.

Desafortunadamente en nuestro país esto no ha sido así. La concentración del poder político y el autoritarismo han hecho equivalentes en no pocos casos la inmunidad con la impunidad, puesto que se ha desvirtuado por las inercias políticas el concepto mismo del fuero constitucional.

Lo cierto es que en las últimas décadas el fuero constitucional ha dejado de ser una protección para garantizar el equilibrio de poderes para convertirse en una excepción jurídica que permita el quebranto del principio de igualdad jurídica que fomenta la impunidad desde la función pública. Esto ha generalizado entre los ciudadanos una actitud de condena y de rechazo al ejercicio del fuero por lo que hoy su existencia antes de fortalecer el servicio público lo debilita. Esto es particularmente grave en el caso de los legisladores que en la actual transición política que vivimos estamos llamados al fortalecimiento de nuestra institución que es el propio Congreso de la Unión.

Un argumento contundente a favor de la eliminación del acotamiento del fuero constitucional es que los legisladores sean los primeros en desconfiar de la justicia y siguen por tanto manteniendo su fuero como garantía de independencia y libertad. Si los propios legisladores no confían en las leyes que ellos mismos hacen, si no confían en la aplicación imparcial y objetiva de esas leyes, ¿qué le espera al ciudadano común?

No tiene sentido entonces sujetarse a procedimientos especiales, que por cierto casi nunca han dado como resultado la acción penal y lo único que hacen es generar impunidad e indignación ciudadana, debilitando la imagen del Congreso.

Lo que estamos proponiendo es que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 108 y 111, en lo que se refiere al procedimiento de Declaración de Procedencia que se aplica a los servidores públicos desde gobernadores de los estados, diputados a las legislaturas locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales sean responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como también por las violaciones a las leyes locales y que en estos casos dichos funcionarios respondan de manera directa ante las autoridades competentes, con relación a lo dispuesto en el artículo 111 de esta Constitución, en el cual se propone que el fuero constitucional del que gozan los servidores públicos respondan ante las autoridades competentes sin que se requiera Declaración de Procedencia en los casos de violaciones o delitos graves del fuero federal o común o se dañe el patrimonio del Estado o de particulares de conformidad con la ley respectiva.

Para los efectos de esta reforma, propuesta en el artículo 111, proponemos que se adiciones un artículo 213 Ter al Código Penal Fedeal para que se consideren delitos cometidos por servidores públicos que no requieran declaración de procedencia de la Cámara de Diputados, los siguientes:

Traición a la patria, terrorismo, tráfico de armas, asociación delictuosa, delincuencia organizada, narcotráfico en todas sus modalidades, tráfico de personas, lenocidio, peculado, robo con violencia, homicidio doloso, genocidio, violación, privación de la libertad, secuestro, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

También, para los efectos de esta iniciativa, se propone una modificación del primer párrafo y una adición al cuarto párrafo, recorriéndose los párrafos primero, segundo y tercero del 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para establecer igualmente la misma precisión.

Por las anteriores consideraciones, proponemos el siguiente Proyecto de Decreto, que para efecto de tiempo, toda vez que he resumido la propuesta, pediría que se obviara esto y que se pudiera publicar.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado Maximino Fernández Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma la fracción VII del artículo 5º de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

-DIP. MAXIMINO ALEJANDRO FERNÁNDEZ AVILA (PVEM): Con su venia, señor Presidente.

"Compañeras y compañeros diputados: Los productos alimenticios mexicanos han alcanzado altos niveles de calidad y han obtenido el reconocimiento tanto del mercado nacional como internacional, sin embargo enfrentan el reto de constituirse como alimentos saludables, nutritivos y de buen sabor, pero sobre todo inocuos y capaces de competir en el mercado extranjero.

"Lograr lo anterior, requiere que las personas involucradas en la cadena alimentaria, desde la explotación hasta el consumidor final, se responsabilicen del manejo de sus productos mediante la aplicación de buenas prácticas de producción.

"El incremento en las relaciones comerciales internacionales se ha acompañado de un aumento en el nivel de exigencia del os consumidores. Anteriormente se hablaba siempre de alimentos de buena calidad, pero el desarrollo de epidemias ocasionadas por productos alimenticios portadores de agentes patógenos, han provocado la búsqueda de mecanismos que permitan mantener niveles de inocuidad aceptables en dichos productos.

"Todos los alimentos son susceptibles de contaminación y la ingestión de un producto contaminado con substancias venenosas o microorganismos, puede ser causa de enfermedades que tienen un considerable impacto socioeconómico. Identificar y controlar las causas que producen estas enfermedades no siempre es sencillo, pero tristemente muchas veces radica en la falta de prevención.

"En el sector pecuario nuestro país tiene una producción elevada, somos productores y en ocasiones exportadores de materias primas agropecuarias y productos elaborados de porcinos, ovinos, bovinos, caprinos, aves y abejas, y la preservación de la calidad del producto obtenida en la fase de manufactura o industrialización, es imperante.

"En nuestro país desafortunadamente la mayor parte de los animales son sacrificados en rastros ilegales, que no cuentan con las medidas de seguridad e higiene necesarias, ni con la supervisión veterinaria, a fin de verificar si el animal estaba enfermo o si el producto final está contaminado.

"A pesar de que existe la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual contiene el capítulo, el trato humanitario y la normatividad correspondiente, frecuentemente esta legislación no se aplica debidamente, dando lugar al sufrimiento innecesario de los animales en los procesos de sacrificio.

"Resulta inconcebible que a pesar de contar con las técnicas modernas para sacrificar animales, aún se utilicen métodos rudimentarios y crueles con consecuencias graves desde el punto de vista ético, sanitario y económico, ya que el trato cruel a los animales repercute en menor calidad y cantidad de los productos obtenidos, además de que no es justificable provocarles un dolor y traumatismo que podría ser evitado.

"El mejor lugar para sacrificar a los animales y garantizar la calidad del proceso y del producto, es mediante un rastro Tipo Inspección Federal, TIF, en los cuales ya se implementan las buenas prácticas de manufactura, que incluyen entre otras: la forma del sacrificio, la inspección antes y post-mortem, la conservación de productos cárnicos y la aplicación de programas tendientes a fomentar la higiene y la seguridad del personal que ahí labora.

"Es importante mencionar que en estos rastros se verifica el estado general del animal desde el momento del arribo y se analiza la presencia de contaminantes, lo cual permite identificar enfermedades o agentes dañinos y retirar el producto oportunamente.

"En el sector pecuario existe todavía un número elevado de rastros que no cuentan con el sello TIF, debido en muchas ocasiones a los elevados costos y a la resistencia de productores y trabajadores ya que se requiere de un mayor control de los procesos. El reto dentro del sector es obtener el sello RTIF a fin de un mayor número de productores mexicanos, logren productos de calidad y puedan incursionar en el mercado internacional.

Actualmente el sello RTIF es aceptado a nivel internacional como garantía de inocuidad de productos cárnicos. La Ley de Organizaciones Ganaderas tiene por objeto promover y fomentar entre sus asociados la adopción de tecnologías adecuadas para el desarrollo sustentable y sostenible en la explotación de las diversas especies ganaderas.

También promover la integración de la cadena producción, proceso, comercialización y el abastecimiento de los mercados y fomentar el consumo de los productos de origen animal de producción nacional, así como introducir la participación en el comercio exterior, además de garantizar la oferta de productos ganaderos de calidad e identificar y difundir las opciones que beneficien a sus asociados, entre otras.

El Artículo 5º de la mencionada Ley en su Fracción VII nos menciona la instalación de plantas empacadoras, pasteurizadoras, refrigeradoras, lavadoras, que son necesarias para la industrialización, conservación y comercialización de los productos ganaderos y no obstante que la Ley dice:- ""…. y todas aquellas que sean necesarias, consideramos que es necesario que dentro de este artículo se incluya textualmente a la matanza como parte del proceso, pero en un rastro DIG ya que este cumple con los estándares de calidad reconocidos nacional e internacionalmente.

Por lo antes expuesto, queremos mencionar que para la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país: por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente Iniciativa de Decreto, por el que se reforma la Fracción VII del Artículo 5º. De la Ley de Organizaciones Ganaderas.

Artículo Unico.- Se reforma la Fracción VII del Artículo 5º. De la Ley de Organizaciones Ganaderas, para quedar como sigue:

Artículo 5º.- Las organizaciones ganaderas a que se refiere esta Ley, tendrán por objeto, Fracción VII: propugnar por la instalación, en los lugares que crean convenientes, los Rastros Tipo Inspección Federal, TIF, plantas empacadoras, pasteurizadoras, refrigeradoras, lavadoras y todas aquellas que sean necesarias para la realización, conservación y comercialización de los productos ganaderos.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Le pido al a Presidencia que sea incluido el texto íntegro de esta Iniciativa. Es cuanto, señor Presidente. (aplausos)

Insértese el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates y Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Tiene la palabra el Diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa que reforma el primer párrafo de la Fracción II del Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 76 de la Ley de Amparo reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL C. DIPUTADO JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA.-Con su permiso señor Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados, honorable Asamblea:- Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de Diputado Federal del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 71 Fracción II y 72 de la Constitución General de la República, 55º Fracción II, 66º y 62º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el primer párrafo de la Fracción II del Artículo 107º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el que se reforma el Artículo 76º de la Ley de Amparo, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En nuestro sistema jurídico, todo acto de autoridad goza de una presunción juris tantum de constitucionalidad; es decir, todo acto de autoridad se presume dictado en apego a la ley fundamental y por tanto las autoridades están obligadas a cumplirlos, tal y como lo señala el artículo 128 del pacto federal, el cual reza: "Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen".

El juicio de garantías, como también se le conoce, cumple una doble función: la primera, como medio de protección a la Constitución y la segunda como vía de control de actuaciones de las autoridades.

Además de ser una institución jurídica que ha dado a México prestigio y reconocimiento internacionales, sin duda y sin embargo hoy día, este instrumento jurídico se encuentra inmerso en una crisis de credibilidad; en el ámbito federal su antecedente proviene del político y jurista yucateco Manuel Crescencio Rejón y posteriormente del acta de reformas de 1847, obra de don Mariano Otero, quien instaura la figura del juicio constitucional de garantías, cuyo artículo 25 a la letra estableció:

"Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceden esta Constitución y las leyes constitucionales contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer una declaración general respecto de la ley o del acto que la motivare".

Esta disposición se conoce como "fórmula Otero", rescatada por el artículo 107, fracción II, constitucional. El juicio de amparo se caracteriza por la peculiaridad de sus sentencias, las cuales sólo tienen efectos relativos, es decir se limitan sólo a amparar a la persona que invocó la protección de la justicia de la Unión

Existen dos corrientes de opinión: en primer lugar, los que estiman a la fórmula Otero como el soporte, la condición de subsistencia del juicio del amparo y que el Poder Legislativo quedaría supeditado al Judicial, lo que provocaría un desequilibrio entre los Poderes del Estado; y en segundo lugar, los que reconocen el valor que tiene y ha tenido la formula Otero señalan que debe permanecer en el amparo contra actos pero que con relación al amparo contra leyes pretenden cambiarlo para establecer los efectos erga-homnes, de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes.

Ahora bien, conforme a la fracción II del artículo 107 constitucional, la Justicia Federal concederá el amparo al quejoso o agraviado que haya promovido el juicio de amparo, pero no se anulará la ley en relación con los demás gobernados, es decir que la ley seguirá viva, actuante, vigente y aplicable.

De acuerdo con nuestro sistema, el amparo contra leyes es un juicio para la desaplicación de las leyes, más que un medio de impugnación por el cual se logra su anulación; se limita a hacer una declaración particular ordenando la desaplicación en los casos de leyes hetero aplicativas o no aplicación en el caso de leyes auto aplicativas, lo cual pareciera conceder un privilegio a algunos ciudadanos de la República.

En principio, el principio de relatividad de los efectos de sentencia de amparo o formula Otero, ha sido muy criticado en tratándose del amparo contra leyes pues se considera que la ley que no se aplica en contra del quejoso que ha obtenido una sentencia favorable, pierde su característica de general ya que su vigencia y efectos persisten para los demás gobernados. Lo grave e injusto e la desigualdad ante la ley pues la norma declarada inconstitucional se sigue aplicando a todos aquellos que no promueven el juicio de garantías.

El más importante argumento para eliminar de la Constitución el principio de relatividad de las sentencias de amparo en los casos de una ley que haya sido declarada inconstitucional, es que el conservarla se pone en duda el principio de supremacía constitucional ya que se condiciona la superioridad de la ley fundamental al hecho de promover y ganar un juicio de amparo.

Para la eficacia de esta proposición, es necesario se dé a conocer por todos los medios esta jurisprudencia firme y se cuente con un precepto para obligar a las autoridades a acatar dicha interpretación normativa, que es derecho vigente de estricto cumplimiento y de observancia general.

Es por eso, que la iniciativa que propongo posee la ventaja de proyectar en cada uno de los juicios cuyas sentencias sienten jurisprudencia definida que declare la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, se respete la supremacía constitucional al declarar su invalidez y por otra parte, que la Formula Otero, siga teniendo subsistencia.

Es necesario establecer una solución que termine con la incertidumbre jurídica, la cual se resolvería al conceder efectos generales a la jurisprudencia firme de la Corte, en el caso de que una ley sea declarada inconstitucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y por el que se reforma el artículo 76 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.

Artículo 1°.- Se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución General de la República para quedar como sigue:

"Artículo 107 fracción II.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, con excepción de aquellas leyes federales o locales, tratados internacionales o cualquier norma jurídica de carácter general que sea declarada inconstitucional por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso tendrá efectos generales"

Artículo 2°.- Se reforma el artículo 76 de la Ley de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para quedar como sigue:

"Artículo 76.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, sólo se ocuparan de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, con excepción de aquellas leyes federales o locales, tratados internaciones o cualquier norma jurídica de carácter general que sea declarada inconstitucional por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso tendrá efectos generales".

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se deroga las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 15 días del mes de abril del año 2004. Atentamente. Diputado Licenciado Jorge Leonel Sandoval Figueroa. Es cuanto, señor Presidente.

-EL PRESIDENTE.: Gracias diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra la diputada Leticia Socorro Userralde Gordillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que reforma los artículos 47 y 51 y adiciona la fracción XII al artículo 133 y la fracción XI al artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita, diputada Leticia Socorro Userralde Gordillo perteneciente a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y demás relativos del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de hostigamiento sexual, bajo la siguiente:

El crecimiento de la participación de las mujeres en la actividad productiva y su permanencia en ella, constituyen un cambio importante en el mercado de trabajo durante los últimos años. Una de las razones de esta tendencia es el rápido incremento de la escolaridad de las mujeres, la cual modifica patrones culturales, ampl’ia las oportunidades de participación económica y el costo de oportunidad de actividades alternativas al trabajo extra doméstico.

Sin embargo, esta mayor participación de la mujer en el ámbito laboral representa el riesgo de que se incrementen los casos de violencia en su contra. Acosar sexualmente en el lugar de trabajo es una forma de violencia de género donde se vincula, tanto la violencia sexual como la laboral, un delito contra la libertad sexual y la dignidad del ser humano y una discriminación por género en ésos y otros ámbitos.

Esta conducta tiene efectos graves sobre todas las partes en la relación laboral. El asunto del hostigamiento sexual en el trabajo afecta en grado extremo a la persona que se lo sufre, entre sus relaciones laborales tanto entre iguales como con los superiores y también en sus relaciones personales, así como en su salud, en la marcha natural de sus asuntos y en el desarrollo del propio trabajo.

Especialistas concuerdan que el hostigamiento sexual no sólo responde a diferencias de poder, sino culturales. La mayoría de las víctimas de hostigamiento son mujeres, aunque también las hay de mujeres u homosexuales, particularmente cuando son superiores jerárquicos. En los hostigadores esta conducta puede costarles el empleo o una medida disciplinaria, además de crearles problemas en su hogar con su cónyuge y dañarle su reputación.

Los efectos en las empresas son mayores de lo que mucha gente se imagina: baja productividad, baja moral, pérdida de buenos empleados y pérdida de recursos y se le obliga a pagar salarios caídos, indemnizaciones, entre otros.

De acuerdo a datos de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, a finales del 2002 se levantaron únicamente 106 denuncias por hostigamiento sexual, a pesar de que el 80% de las mujeres que trabajan son hostigadas, 4 de cada 10 renuncian y sólo el 3% de los casos siguen un juicio. Lo cierto es que nadie sale ganando con esta conducta, es por eso que resulta importante erradicarla de los lugares de trabajo y la prevención es la mejor herramienta para ello.

Las empresas deben tomar medidas enérgicas, como establecer una política por escrito; establecer normas y procedimientos contra el asedio sexual; facilitar la formulación de quejas y capacitar a sus empleados respecto a este problema social. Los hostigadores deben tomar conciencia de que están violando los derechos humanos y que pueden llegar a generar todos los efectos adversos mencionados.

Frente a este problema, los legisladores de Acción Nacional en concordancia con nuestros principios de doctrina, estamos convencidos de que toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, étnica, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, deben ser rechazadas, corregidas y en su caso sancionadas, en especial la discriminación que se refleja en el hostigamiento sexual.

Muchas mujeres desconocen lo que es el acoso y el hostigamiento sexual, algunas lo sufren, pero no lo identifican como tal y si lo identifican, no lo denuncian por temor a represalias o porque desconocen sus derechos.

A pesar de que este comportamiento también puede darse de parte de una mujer hacia un hombre, en el 95% de los casos se trata de un hombre que acosa a una mujer, de ahí la importancia de establecer en la ley de la materia la definición de hostigamiento sexual y los derechos que tienen las trabajadoras y trabajadores al ser víctimas de dicha conducta por parte del acosador.

El hostigamiento sexual se puede producir entre personas de todo el escalafón laboral, tanto en el personal calificado como entre trabajadores de menor calificación y puede afectar a ambos sexos, ya sea una persona de 20 años como una de 40. No se puede definir una víctima tipo, sin embargo algunas mujeres son más vulnerables que otras. En ese sentido, los incidentes de acoso pueden tener como protagonista a una trabajadora sin contrato o, en su caso, las víctimas están separadas o divorciadas. Lo anterior sugiere que una pareja estable genera un cierto respeto que inhibe a los acosadores.

Por todo ello, proponemos modificar la legislación laboral buscando que sea causa de recesión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, cometer hostigamiento sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Asimismo, que sea causa de recesión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, incurrir el patrón, sus familiares o su personal directo o administrativo dentro del servicio, en hostigamiento sexual en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Además, prohibir a los patrones y trabajadores realizar en el centro de trabajo, cualquier acto de hostigamiento sexual en contra de los trabajadores y del patrón, respectivamente.

Compañeras y compañeros legisladores: Los invito a sumarse a este esfuerzo por la disminución de la discriminación en el campo laboral. La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente.

Toda persona apta para el trabajo debe tener oportunidad constante de realizarlo sin discriminación alguna. El acceso a las oportunidades laborales y el disfrute de su compensación debe de ser igual para la mujer y para el hombre.

Con base en lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente Proyecto de Decreto que reforma los artículos 47 y 51 y adiciona la fracción XII del artículo 133 y la fracción XI del 135 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 1°.- Se reforman los artículos 47 y 51 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón:

8. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo.

Para los efectos de esta ley se entenderá por hostigamiento sexual, la conducta que constituya una asedio o acoso de manera reiterada con fines de naturaleza erótico o sexual hacia una persona de cualquier sexo para sí o para un tercero en el lugar de trabajo.

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador:

Incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento sexual, malos tratamiento u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos.

Artículos 2°.- Se adiciona la fracción XII al artículo 133 y la fracción XI al artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones realizar en el centro de trabajo cualquier acto de hostigamiento sexual en contra de los trabajadores o de cualquier otra persona.

Fracción XI. Realizar en el centro de trabajo cualquier acto de hostigamiento sexual en contra de sus compañeros de trabajo o del patrón.

Único.- Este decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tiene la palabra la diputada Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de ley para la inscripción de vehículos usados de procedencia extranjera.

Los suscritos diputados, integrantes de diversas fracciones parlamentarias de la Honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad constitucional que nos confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía el proyecto de decreto que crea la nueva ley de inscripción de vehículos usados de procedencia extranjera, que propone dar respuesta a una constante problemática de legalidad y a la demanda de múltiples sectores de la sociedad.

En la LVIII Legislatura, el Honorable Congreso de la Unión aprobó el 27 de diciembre del 2000, la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera. Esta Cámara de Diputados actuó como Cámara Revisora respecto de la Minuta turnada por la Colegisladora, en donde después de un intenso debate, todas las fuerzas políticas aquí representadas, coincidieron en la enorme necesidad que representaba el dar solución jurídica al grave problema social, como continúa siéndolo, el referente a la regularización de vehículos, cuya estancia en el país es irregular, por no haber cumplido con el requisito previo de importación que la ley de la materia señala.

Sin embargo, es importante señalar que dicha ley no contempló en su aplicación varios ordenamientos que establece la ley en la materia para comprobar la legal estancia en el país.

El problema de la ilegal internación de vehículos al país, como todos sabemos, continúa siendo un fenómeno que existe en todos los estados de la República, provocando que de ser un asunto de nivel federal y éste no haber podido ser solventado por las autoridades competentes en la materia y sin embargo, sí ha provocado un creciente problema de índole social y de seguridad para las entidades federativas, que si bien es cierto, son coadyuvantes de la estancia federal, solamente participan a petición de la misma.

Los integrantes de esta Legislatura estamos conscientes de las innumerables consecuencias que este creciente problema ocasiona a los diversos sectores del país, así como también conocemos las graves limitaciones económicas por las que atraviesa la gran mayoría de nuestros connacionales.

Asimismo, reconocemos nuestra disponibilidad de coadyuvar con las autoridades en el combate al contrabando, razón por la cual debemos proporcionar mayores herramientas que permitan establecer el orden y permitan dar certeza jurídica a los ciudadanos.

Primera. El esfuerzo realizado por parte del Ejecutivo y del Legislativo con la publicación de diversos ordenamientos que regulan la materia, no ha sido suficiente y mucho menos eficiente para mantener el estado de derecho.

Segunda. No podemos negar que la demanda de estos vehículos ha sobrepasado no solamente los ordenamientos legales, sino también la efectividad de la autoridad en la aplicación de las mismas.

Tercera. El estado legal de los vehículos a evidenciado, de manera flagrante, la práctica de corrupción en la que participan autoridades de los tres niveles de Gobierno, donde abundan las prácticas de extorsión, abuso de autoridad y en muchos de los casos, contubernio y asociación delictuosa con organizaciones que han hecho, de esta ilegal práctica su modus vivendi.

La aprobación de esta nueva ley, permitirá solucionar el creciente problema de ilegalidad que representa el internamiento, tenencia y uso de vehículos usados de procedencia extranjera que ingresaron al país sin cumplir con los lineamientos que establecen las leyes de la materia; además consideramos que la presente iniciativa contempla las siguientes ventajas como producto de la inscripción:

a). Habrá identificación de los propietarios de la titularidad de los vehículos.

b). Se obtendrán los ingresos adicionales que hasta el momento se consideran como evasión, tanto federales como estatales, por lo que respecta a los primeros en los Impuestos de Valor Agregado y General de Importación; y en cuanto a los segundos lo que corresponde a placas y tenencias.

c). Se contribuirá a las garantías mínimas de seguridad pública, toda vez que la identidad del propietario del vehículo inhibe la realización de actividades ilícitas a través de este medio.

d). Descienden los índices de corrupción y evita la realización de más delitos por organizaciones que por muchos años han logrado, a costa de la necesidad que representa, la adquisición de un vehículo a precios más económicos.

Por lo anterior mencionado y con base en las diversas leyes que han versado en la materia, sometemos a su consideración el decreto por el que se crea la nueva Ley para la Inscripción de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, en la que se incluye marca, modelo, tarifas, para quedar como sigue:

En virtud de que es muy amplia la ley y tiene varios considerados y varios artículos al respecto y está publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicitaría a la Mesa Directiva que se inscriba en el Diario de los Debates de manera íntegra.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

Tiene la palabra el diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

EL C. DIPUTADO ROBERTO COLIN GAMBOA.- Muchas gracias, con su venia, señor Presidente.

EL C. DIPUTADO ROBERTO COLIN GAMBOA.- En atención al Acuerdo Parlamentario que regula el tiempo de las intervenciones en tribuna, me permito leer un resumen, tanto de la exposición de motivos como de la propia iniciativa, por lo que solicito respetuosamente a la Presidencia que el texto íntegro de la presente se inserte en el Diario de los Debates.

En ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados de esta LIX Legislatura, me permito presentar iniciativa de reforma y adición al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

Las últimas reformas tendientes a la democratización del Distrito Federal, se han enfocado básicamente a la definición de atribuciones entre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respecto con el Presidente de la República y el Congreso de la Unión, sin establecer reglas claras para la relación entre el Jefe de Gobierno y los jefes delegacionales.

Sin embargo, aún cuando en el Congreso se ha pensado en la creación de las bases para que en un futuro las delegaciones se conviertan en municipios, no se ha plasmado de manera precisa ni en la Constitución ni en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que tanto el Gobierno del D.F., como las delegaciones representan niveles diferentes de gobierno.

Adicionalmente, la denominación de delegaciones a los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales, ha contribuido a la invasión de competencia entre estos dos niveles de gobierno.

En el Artículo 122 de la Constitución se establece, que será el Estatuto de Gobierno quien fijará la competencia de los órganos jurídico-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

La anterior cita no menciona de ninguna manera subordinación de las actualmente denominadas delegaciones con la Jefatura de Gobierno de la ciudad.

Con base en lo dispuesto en el Artículo 122 que señala que el Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, determinamos que su organización administrativa respecto de los órganos político-administrativos, no encuentran en ninguna de las tres formas de organización de la administración pública del Distrito Federal que establece el Estatuto de Gobierno.

No son centralizados, pues no mantienen una relación de subordinación respecto del Jefe de Gobierno, no podemos considerarlos organismos descentralizados, porque no cuentan con un patrimonio y personalidad jurídica propios; y, finalmente, si quisiéramos encuadrarlos como organismos desconcentrados como lo señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F., no encontramos disposición alguna en nuestra Constitución que así lo establezca.

Además, ¿cómo pueden existir órganos desconcentrados, cuya principal característica, es la dependencia órganica con la entidad que los crea y que son parte integrante de la administración, cuando los titulares de dichos órganos son electos por el voto universal de los ciudadanos? Es decir, los jefes delegacionales le responden a sus electores y no al Jefe de Gobierno.

Por otra parte, la insuficiencia sistemática de recursos y simultáneamente la diversificación de necesidades y problemas sociales por resolver, someten a los gobiernos y a sus respectivas administraciones a crecientes presiones financieras.

El delegado político en el pasado y el jefe delegacional en el presente, constituyen el nivel de gobierno y administración pública más próximo al lugar donde se presentan las necesidades y los problemas sociales. El titular de ese orden de gobierno, es asumido por la población, como el principal conocedor y al mismo tiempo responsable de satisfacer tales necesidades y resolver los problemas.

Un punto e inicio en el proceso de municipalización del Distrito Federal, está en el hecho de brindar cierta autonomía en las decisiones que pueden tomar los órganos políticos administrativos. Lo anterior hará realidad el deseo de los ciudadanos de esta capital, por tener autoridades que puedan resolver cabalmente las necesidades de servicios más apremiantes que actualmente padecemos.

La falta de personalidad jurídica de las ahora llamadas delegaciones, ha llegado a generar conflictos en cuanto a la operación de las mismas, ya que no tienen posibilidad de realizar actos tan sencillos o elementales como pudiera ser la compra de hojas de papel para el trabajo diario y muchas otras actividades específicas, tienen que ser contratadas directamente por el Gobierno de la ciudad.

La descentralización administrativa en la ciudad de México y la disminución de los costos de operación del aparato administrativo del Gobierno del Distrito Federal, deben atenderse de manera urgente. Existe una gran duplicidad en cuanto a diversas estructuras administrativas que ejercen el control y el gasto a nivel central y delegacional.

Adicionalmente, muy a menudo el gobierno central invade el ámbito de competencia de las delegaciones. Tenemos dos ejemplos claros de esta invasión de competencia, los cuales han sido resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de una de las delegaciones.

El otorgar personalidad jurídica a las hoy llamadas delegaciones, supone que éstas se hagan cargo de la administración en sus territorios, desprovistas del grado actual de dependencia financiera respecto del gobierno central en la entidad.

Al mantenerse el Distrito Federal bajo un estatuto jurídico político especial y sui géneris, debemos buscar formas novedosas y eficaces que permitan mejorar las relaciones entre los dos niveles de gobierno que concurren en la ciudad.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 122 el titular de una demarcación es electo por una comunidad de ciudadanos determinada, con el objeto de que dicha persona desempeñe las competencias conferidas en la ley al órgano al que es electo.

Que estimar lo contrario, sería tanto como abrir la posibilidad de que mediante un acto arbitrario, el gobierno central pudiera desahogar en cada una de las competencias y que no pudiera plantearse recurso alguno, quedando en un absurdo estado de indefensión. Ello incluye, dado el caso, la legitimidad democrática y representativa de su titular, en pro de una reivindicación del orden constitucional violentado y de las competencias gubernamentales para las que fue electo.

Que en respuesta a un recurso de reclamación deducido de la controversia constitucional promovida por la Delegación Miguel Hidalgo, el máximo tribunal del país reconoce que los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, representan un nivel diferente de gobierno en el D.F., aun cuando no se precise de manera expresa en nuestra Carta Magna ni en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y que sí están legitimadas para promover controversias constitucionales que aun cuando se establece en el párrafo segundo de la fracción II de la base tercera del artículo 122 constitucional.

Que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal fijará para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político-administrativos correspondientes la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, no se plasmó en el citado estatuto de manera clara y precisa la competencia ni la relación entre dichos órganos que la base tercera del artículo 122 constitucional señala en sus fracciones I y II una clara diferencia entre los órganos que son jerárquicamente subordinados al Jefe de Gobierno y los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace una mención solamente de los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial y no utiliza el término "Delegación".

Que la denominación de delegaciones establecida en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, contribuye a la confusión en las atribuciones y jerarquía que guardan el Gobierno del Distrito Federal y los órganos político-administrativos.

Que la nueva denominación de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, será simplemente el de "Demarcación", como lo establece la Constitución.

Que el cambio de denominación de "Delegación" a "Demarcación", sumado al reconocimiento de la personalidad jurídica, a las ahora llamadas delegaciones, permitirá la autonomía funcional indispensable para un buen funcionamiento de esas instancias de gobierno ante los ciudadanos del Distrito Federal.

Es obligación de este Congreso el mejorar y readaptar el marco legal, de acuerdo con las necesidades presentes que se dan en un contexto diferente al que se tuvo en el momento de su elaboración.

A tres años de vivir la experiencia de gobierno en el Distrito Federal con autoridades de dos niveles de gobierno electas por la ciudadanía, en las cuales gobiernas autoridades emanadas de diferentes partidos políticos, es decir, con proyectos específicos diferentes, debemos iniciar una segunda etapa en el proyecto de cambio que deseamos los habitantes de la Ciudad de México.

Las reformas que se proponen contribuirán adicionalmente a tener una mayor transparencia y mejor rendición de cuentas tanto del Gobierno del Distrito Federal, como de las demarcaciones territoriales.

En resumen, en lo que corresponde a esta Soberanía adecuar el marco normativo en la materia, redundará entre otros aspectos, en propiciar una sana participación, competencia y coordinación de los diferentes actores que concurren en el Gobierno del Distrito Federal y apoyar mediante diversas reformas, los procesos de desarrollo democrático y funcional de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la atribución que establece el artículo 122 inciso a), fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados suscritos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, nos permitimos presentar a la consideración de esta Soberanía, el siguiente

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Les damos la más cordial bienvenida a los representantes de los medios de comunicación de la zona Córdoba-Orizaba, del Estado de Veracruz, que nos acompañan en las galerías de este Recinto Parlamentario.

Tiene la palabra la diputada Rosalina Mazarilla Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 76 bis fracción V y 91 fracción VI de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-DIP. MAZARILLA ESPIN: Con su permiso señor presidente; compañeras diputadas y diputados: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 765 bis, fracción V y 91 fracción VI de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de amparo, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente exposición de motivos.

El juicio de amparo es la institución jurídica que garantiza al gobernado el respeto a sus derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución federal de la República.

El éxito de la Ley de Amparo depende de contener en el procedimiento los derechos que hagan posible acceder a la protección de la justicia de la unión.

Nuestra legislación actual establece supuestos concretos para suplir las deficiencias en los conceptos de violación señalados en la demanda de amparo y en los agravios formulados en los recursos establecidos en esta Ley.

El hecho de que los jueces federales, magistrados de tribunales colegiados de circuito y ministros de la Corte en juicio de amparo puedan suplir las deficiencias cometidas por el quejoso en su demanda o agravios es un beneficio. Ejemplos: en materia penal existe a favor del reo; en materia agraria para los ejidos o núcleos de población que guarden el estado comunal; en materia laboral para el trabajador y también se prevé a favor de los menores de edad o incapaces.

La reforma que propongo es precisamente que los adultos mayores y discapacitados permanentes también reciban este beneficio procesal de suplir sus deficiencias en los conceptos de violación establecidos en su demanda de amparo o agravios, ya que el amparo es la última instancia que un individuo tiene para salvar su libertad, patrimonio y dignidad.

Tenemos que hacer realidad la certeza jurídica que señala la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, aprobada en la anterior legislatura para ayudar al adulto mayor, el cual, por cuestión natural, tiene enfermedades crónicas y su ingreso económico es reducido. No pueden pagar abogados y el quedar en manos de cualquier pasante o profesionista litigante sin el dominio de la técnica de amparo los podemos dejar en estado de indefensión con grave afectación jurídica.

Esto se puede disminuir si la autoridad jurisdiccional está en posibilidad de suplir las deficiencias en los casos de no ser bien planteados los conceptos de violación en la demanda de amparo o agravios.

La equidad y certeza jurídica estaría bien garantizada y no representa mayor recurso público al gobierno. Además, los tribunales federales radican en las capitales de los estados o zonas urbanas, lo que hace más costoso y difícil el acceder a la justicia federal.

Las personas con discapacidad permanente, de acuerdo con el XII censo general de población y vivienda 2000, existen cerca de 1.8 millones de personas con discapacidad permanente o de largo plazo.

Nuestra legislación de amparo menciona a los incapaces y se entiende en la mayoría de casos a los individuos sujetos al estado de interdicción que cuentan con tutores y curadores conforme la legislación civil, quienes están representados plenamente por un tercero y además la autoridad suple sus deficiencias de conceptos de violación en amparo y recursos.

Señores legisladores: beneficiemos también a los adultos mayores y discapacitados permanentes que lo necesitan. Por discapacitado permanente se entiende la limitación física, intelectual o sensorial de personas que no están en estado de interdicción o bajo la patria potestad, como el menor de edad.

Ellos se enfrentan a una realidad con más dureza, el desempleo, marginación, maltrato y pobreza. Realmente necesitan recibir el beneficio de que cualquier error en su demanda de amparo y agravios que sus abogados formulen la autoridad jurisdiccional pueda ayudarlos, aunado a que los adultos mayores y discapacitados por la madurez de la vida, la condición física enferma o limitada y la edad evitan entrar a litigios.

El aprobar esta reforma no representa en ningún sentido una carga procesal a la autoridad o una desventaja para terceras personas, ya que sólo suple los conceptos de violación y agravios, sin afectar la seguridad jurídica y equidad en los juicios ventilados ante los tribunales.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 bis, fracción V, y 91 fracción VI de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal de la República para quedar como sigue:

Artículo único. Se reforman los artículos 76 bis, fracción V, y 91 fracción VI de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal de la República para quedar como sigue:

Artículo 76 bis: "Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta Ley establece conforme lo siguiente:

Facción V: "A favor de menores de edad, incapaces, adultos mayores y discapacitados permanentes"

Artículo 91: "El Tribunal en pleno, las salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

Fracción VI: "Tratándose de amparos n que los recurrentes sean menores de edad, incapaces, adultos mayores y discapacitados permanentes, examinarán sus agravios y podrán suplir de sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78.

UNICO.- "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra la diputada Concepción Cruz García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción LV, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, como sigue:

Diputados y diputadas: Hoy en día la mujer mexicana sigue manteniendo una condición social que limita sus derechos como ser humano, circunstancias tales como las diferencias económicas y educativas, la residencia urbana, la edad y su situación de salud, y su condición laboral entre otras, han configurado diversos esquemas que la excluyen y discriminan de diversos ámbitos del desarrollo nacional.

En el ámbito laboral, las garantías sociales protegen y tutelan los derechos de las mujeres trabajadoras tales como la maternidad, la crianza de los hijos y la atención a la familia, de acuerdo con las costumbres del medio social, tal como señala el artículo 5º., de la Ley Federal del Trabajo, refiere al trabajo de las mujeres la igualdad de oportunidades implica sin tomar en cuenta el sexo, la edad, el estado civil, la gestión o las responsabilidades.

Las mujeres trabajadoras ejercen sus derechos entre los que se encuentran ocupar una vacante y sea ascendida y promovida dentro de su empresa o centro de trabajo, a disfrutar de una beca dentro del Sistema Nacional de Empleo, a ser capacitada, adiestrada o a tener formación profesional, a participar en las comisiones mixtas que establecen las leyes y sindicalizarse y ocupar cargos en sus mesas directivas y a gozar de todas y cada una de las prestaciones laborales y de seguridad social, entre otras.

En el Partido Acción Nacional hemos sostenido ya por mucho tiempo el impulso del trabajo legislativo en la materia que permita a las mujeres trabajadoras hacer realidad el acceso pleno a dichos derechos, que les permitan incursionar en el mercado laboral en condiciones igualitarias.

En una sociedad que su marco jurídico confiere iguales derechos al hombre y a la mujer, es inaceptable la desigualdad educativa. La inequidad en esta materia contribuye a favorecer y a transmisión intergeneracional de la pobreza y la marginación, dado el papel que desempeña la madre en la educación, la asistencia a la escuela y el aprovechamiento escolar, así como la salud y bienestar de los hijos. Es por ello que la inversión en educación y capacitación de la mujer repercute no solo en su propio provecho, sino también en el de su descendencia y su familia, y en el de la sociedad en conjunto.

A lo anterior habría que sumar el segundo en la encuesta nacional del empleo elaborado por el INEGI. Para el 2002 la población económicamente activa de nuestro país se ubica en alrededor de 41 millones de personas, de las cuales más de 14 millones eran mujeres. De éstas últimas casi 1 millón 200 mil no cuentan con ningún tipo de instrucción. Más de 1 millón 230 cuentan de uno a tres años de primaria, casi 700 mil cursaron entre 4 y 5 años de primaria y 2 millones 800 mil tienen la primaria terminada.

En el caso de la secundaria existen alrededor de 520 mil mujeres que solo cursaron entre 1 y 2 años de este nivel educativo y 2 millones 400 mil cursaron la secundaria completa.

Lo anterior da cuenta de un profundo rezago educativo que viven las mujeres trabajadoras en nuestro país. Por ello esta iniciativa busca establecer como una obligación del patrón el cobrar con las autoridades del trabajo y de educación para que de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos las trabajadoras y los trabajadores reciban la educación obligatoria. Ello contribuirá a que la mujer fortalezca su papel cada vez mayor importancia en el mercado laboral, máxime cuando vivimos grandes desafíos producto de las nuevas exigencias de los procesos productivos y que buscan alcanzar altos niveles de productividad y calidad, competitividad que detone el desarrollo local nacional.

Esta iniciativa propone que en la obligación que tienen los patrones de otorgar becas a sus trabajadores, éstas se distribuyan de manera proporcional al número de hombres y mujeres contratados por el patrón. Estas medidas fortalecen la presencia de la mujer en la actividad económica y le permite alcanzar un mayor grado de autonomía personal y participación en la toma de decisiones en los diversos ámbitos donde participa, que finalmente repercute en el desarrollo de nuestro país.

Por otro lado, esta iniciativa busca que en la integración de las comisiones mixtas de capacitación y de adiestramiento la representación de los trabajadores sea proporcional entre hombres y mujeres, y que de acuerdo con la cantidad de empleados y empleadas con que cuente la empresa, lo que permite una mayor equidad en la instrumentación, operación del sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento de las trabajadoras y trabajadores resulta un imperativo impostergable asegurar el acceso equitativo de las mujeres al empleo y a la capacitación y al adiestramiento en igualdad de condiciones y oportunidades con el varón.

Por ello se atiende urgentemente la necesidad de establecer mecanismos para asegurar el respeto de los derechos de las mujeres trabajadoras y vigilando el cumplimiento de las normas laborales para evitar la discriminación de cualquier tipo.

Se reconoce también que una sociedad verdaderamente democrática debe asegurar la igualdad de oportunidades de los mismos derechos de participación a todos sus ciudadanos, por lo que se busca de la equidad la justicia social y la dignidad para todas y todos los mexicanos. Ha sido el principio rector que orienta esta iniciativa, la cual parte también de reconocer los derechos de todas aquellas mujeres trabajadoras que en el proceso histórico se han convertido en seres vulnerables. Por ello se reitera en la iniciativa el principio expresado en el sentido que las mujeres deberán disfrutar de los mismos derechos y compartir las mismas obligaciones que los hombres.

Por lo anterior expuesto, me permito someter a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto por el que se reforma y adicionan las diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo:

"Artículo único.- Se reforma la fracción XIII y se adiciona la fracción XIV del artículo 132 y se adiciona con un segundo párrafo en el artículo 153-1o. de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

"Fracción XIII. Colaborar con las autoridades del trabajo y de la educación, de conformidad con las leyes y reglamentos, a fin de que los trabajadores reciban la educción obligatoria.

"XIV.- El acceso a las becas de capacitación deberá ser proporcional en el número de hombres y mujeres contratados por el patrón.

"El artículo 153-I.- La representación de los trabajadores y trabajadoras, deberán integrarse en número proporcional a la cantidad de hombres y mujeres empleados con los que cuente la empresa.

"Unico.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los quince días del mes de abril del dos mil cuatro".

Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Equidad y Género.

Tiene la palabra el diputado Eugenio Mier y Concha Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El suscrito diputado federal, Eugenio Mier y Concha Campos, miembro de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, el proyecto de reforma constitucional que adiciona el párrafo sexto del artículo 27, bajo la siguiente

"Nuestro país se caracteriza por su amplia riqueza en recursos naturales, recursos que en ocasiones no hemos aprovechado al máximo, entre otras cosas por la imposibilidad derivada de innumerables trámites administrativos en la excesiva centralización del Estado que hoy resulta obsoleta y frena asimismo el desarrollo sustentable, derramas tan importantes para la economía de México como es la pesca. Es en este sector donde existe uno de los mayores rezagos en materia administrativa.

"Es imperante fortalecer el federalismo y lograr descentralizar a las entidades federativas, atribuciones específicas en la toma de decisiones a favor de grupos socialmente vulnerables, ya que de no ser así lo que se lograría, entre otras muchas consecuencias más, es perder el todavía existente aunque debilitado espíritu emprendedor característico de los mexicanos.

"Se tienen registradas alrededor de 5 mil 655 organizaciones sociales que constituyen aproximadamente el 73 por ciento de la población dedicada a la pesa. Los grupos sociales que actualmente usufructúan la actividad pesquera, atraviesan una difícil situación de organización, debido en gran medida al hartazgo que acompaña al burocratismo, lo que conduce a un desmembramiento de sus organizaciones, falta de orden y deterioro del ambiente, donde se realizan sus actividades productivas. Lo anterior ha generado problemas en el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos.

"Es necesario revisar el marco jurídico que incide en el sector, dar seguimiento a las regulaciones, legislar con responsabilidad para en verdad tener impacto en el desarrollo del sector, para asegurar su consistencia con las orientaciones de política pesquera que contribuyan a lograr los objetivos necesarios y dar certeza jurídica a los productores del sector; promover modificaciones al marco legal que permitan una mayor participación de los estados en la administración y manejo de los recursos pesqueros y acuícolas en embalses y aguas continentales, así como la creación y fortalecimiento de las instituciones encargadas de estas funciones en los Estados. Hoy, el otorgamiento de los permisos de especie de escama está concentrado en los Delegados Federales de la SAGARPA, situación que si bien acerca a los grupos sociales a la explotación racional y sustentable de los recursos pesqueros de escama, también los limita al reconocimiento de las actividades que desarrollan por parte de estas autoridades y os gobiernos estatales no cuentan con la capacidad de respuesta que les permita orientar de manera pronta y expedita, la generación de actividades económicas alternativas dirigidas al sector social cooperativo, impulsar el establecimiento o consolidación de estructuras orgánicas que permitan la participación estatal directa en la administración de los recursos y fomento de la actividad, es nuestra obligación , así como la desconcentración de atribuciones y recursos que conduzcan a una actuación pública más eficiente, eficaz y con mejor atención a las necesidades de la ciudadanía, asunto de verdad urgente para el desarrollo de la economía de nuestro país.

Es por eso que me permito presentar en esta tribuna la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona el Artículo 27Constituciona, párrafo 6º para queda de la siguiente forma: "En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes

Sin embargo, en materia de Pesca y Acuacultura podrán descentralizarse a los Gobiernos de los Estados las atribuciones para el otorgamiento de permisos y el aprovechamiento de las diversas especies en cada entidad federativa conforme a lo que establezca la Legislación de la materia.

Diputado Presidente, solicito sea insertado en el Diario de los Debates el texto completo de esta Iniciativa y turnado a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Pesca. Muchas gracias. (aplausos)

-EL C. PRESIDENTE.- Insértese el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el Diputado Norberto Enrique Corella Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Iniciativa que reforma el Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL C. DIPUTADO NORBERTO ENRIQUE CORELLA TORRES.- Con su venia señor Presidente. En obvio de tiempo leeré una versión sintetizada de esta Iniciativa pero le solicito su publicación íntegra tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria.

El suscrito, Diputado de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II del Artículo71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Fracción II del Artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete la siguiente Iniciativa con Proyecto de Reforma del Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la siguiente Exposición de Motivos.

El avance tecnológico y científico ocurrido en los últimos años, abrió un sin fin de posibilidades no imaginadas con anterioridad, distancias de cientos de kilómetros que se recorren en pocos minutos, medios de transporte capaces de atravesar océanos en unas cuantas horas, comunicación inalámbrica y satelital con una cobertura mundial y ante todo la seguridad y las posibilidades de hacer un trabajo más eficiente que estos avances conllevan.

Tenemos también que en estas circunstancias de cambio permanente e innovación tecnológica, las naciones de todo el mundo han extendido sus lazos a los mercados mundiales en un intercambio cultural constante.

Se han celebrado Tratados de Libre Comercio o Asistencia recíproca que hermanan a las naciones en un proceso cada vez más acelerado de construcción de un mundo global.

En este contexto, los viajes presidenciales al extranjero se han vuelto un punto de discusión frecuente e importante dentro de la Agenda Política nacional, sin embargo muchas de las veces han sido analizados bajo un enfoque partidista o de intereses personales y no por una utilidad pública de los mismos y además, debemos de reconocer que las demandas que los recientes titulares han enfrentado, son muy diferentes a las que sus antecesores pues los nuevos retos que el fenómeno global presenta sólo se resuelven negociando en la arena internacional.

A nadie escapa el hecho de que las circunstancias tecnológicas que prevalecían en 1917, cuando se redactó y aprobó el artículo 88 constitucional son diametralmente opuestas a las de ahora, la transformación es mayor si tomamos como referencia a la Constitución de 1824,que prohibió terminantemente que el Presidente de la República saliera del país.

Los medios de transporte del siglo XXI mexicano, hacían pensar que cualquier salida del Presidente de la República tendría que hacer forzosamente una larga duración. Con los medios actuales de transporte, se puede viajar a Europa y a cualquier otro confín del mundo y estar de regreso en un poco más de 24 horas; también, a diferencia de antaño, en la actualidad la tecnología moderna facilita la comunicación de las personas sin importar las distancias que medien entre ellas.

Las facilidades con las que hoy en día cuenta el Presidente de la República para trasladarse de forma inmediata de un lugar a otro, así como el acceso a los medios de comunicación de enlace inmediato, garantizan la gobernabilidad del país para que ésta no se vea amenazada por la ausencia temporal del Ejecutivo.

Y más aún, los viajes al extranjero que realiza un Presidente en su carácter de representante del Estado Mexicano, obligan a actualizar el marco normativo para que esté acorde con las circunstancias y con las exigencias actuales.

Además de todo esto, el proceso de globalización y sus perspectivas a futuro hacen pensar que va a ser cada vez más necesario y más frecuente que el Ejecutivo Federal esté presente en el extranjero; al mismo tiempo, es preciso que el Poder Legislativo cumpla con su debe de participar en el análisis de la política exterior del Gobierno de México.

Así pues, la dinámica económica, política, social y predominante en nuestro país obliga a que el artículo 88 de nuestra Carta Magna permita la salida del Presidente de la República sin la necesidad de solicitar permiso al Poder Legislativo por un lapso de tiempo razonable, lo cual no significa que desatenderá sus obligaciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, presento la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que quede de la siguiente manera:

"Artículo 88.- El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso, por más de quince días. En los casos en que las ausencias sean hasta por un máximo de quince días, el Presidente de la República no necesitará permiso alguno para salir del territorio nacional siempre y cuando éstas no excedan del límite de una vez por mes.

Transitorio.- Artículo único.- El presente decreto entrará en vigor a los treinta días después de su publicación".

En el uso de la palabra el señor diputado don Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, relacionadas con el régimen fiscal de pequeños contribuyentes.

El régimen de pequeños contribuyentes es aplicable a personas físicas que realizan actividades empresariales con el público en general exclusivamente, y que sus ingresos del año anterior no hubieran excedido de un millón, 750 mil pesos.

Los expertos en materia fiscal saben que uno de los graves problemas que nuestro país enfrenta es justo la escasez de participación de los posibles contribuyentes del sistema tributario, principalmente quienes se encuentran en el sector informal, asunto que no puede minimizarse ya que en la actualidad generan el 12.5% del Producto Interno Bruto Nacional y el 17% de las ganancias de la economía mexicana y además concentra el 61% de la población económicamente activa. Así pues, contamos con más de 24 millones de personas en esta economía y que en la actualidad la mayoría no han sido incorporadas al Sistema Tributario.

Hace algunos días, el pasado 5 de abril, el Ejecutivo Federal emitió un decreto mediante el cual, en forma por demás engañosa, acota la disposición de la Cámara de Diputados del pasado diciembre, en el que los recursos que se obtuvieran por el cobro del Impuesto al Valor Agregado de estas personas físicas del régimen de pequeños contribuyentes, repecos, eran destinados al Sistema de Protección Social, sin establecer claramente quiénes y cómo serán los beneficiarios de este programa.

Con este decreto el Ejecutivo pretende que las entidades decidan el destino de los recursos que se obtendrán por el cobro del Impuesto al Valor Agregado, sin otorgar beneficios directos y claros. Con estas modificaciones, además de excederse en sus facultades, contribuye a que gran parte de la población continué trabajando en la informalidad.

Está en nuestras manos mejorar las condiciones de vida de más de 24 millones de personas que desempeñan una actividad honorable, pero que están fuera de cualquier sistema de seguridad social integral. El decreto presentado por el Ejecutivo establece, de manera unilateral, que los recursos obtenidos sean destinados al seguro popular, sin ofrecer como nosotros los establecimos, que el beneficio será para cada uno de los propios contribuyentes. Adicionalmente deja fuera de cualquier protección de invalidez, fondo de ahorro para el retiro y vivienda.

Nosotros, como legisladores, no podemos permitir que esta población quede desprotegida, ya que ésta es una medida aventurada que sólo pretende resolver en forma parcial el problema.

En relación a la propuesta del Ejecutivo de establecer un seguro popular administrado por los estados, esto significa un gasto adicional por persona para ellos, lo que significa una cantidad cercada a los 4 mil 800 pesos anuales; sin embargo, con la propuesta que les presento, existe una ventaja adicional para los estados, ya que tendría un costo de 0 al no erogar en la recaudación para este efecto ni para el seguro popular. Con esta propuesta pueden dar un Sistema de Seguridad Social Integral, sin costos de administración para el mismo.

Es por ello, que la propuesta que hoy les presentó, tiene como objetivos el otorgar una mayor certidumbre y seguridad jurídica a los ciudadanos que se encuentran activos bajo el régimen de pequeños contribuyentes, ya que con los recursos que se recaben por el IVA, por el Impuesto al Valor Agregado que este régimen genere, se destinará a su propio beneficio a través de un sistema de protección social integral que abarque el ahorro para el retiro, salud y pensión por invalidez, así como la recuperación de las aportación que se hayan hecho al IMSS y al Infonavit en el caso de que haya cotizado anteriormente, ya sea en forma voluntaria o como trabajadores.

Este régimen mantendrá las facilidades que fueron otorgadas en la reforma pasada, ya que tendrá cuotas fijas en pagos mensuales estimados sobre lo declarado por el propio contribuyente, ahorrando así los gastos de cálculo mensuales.

En cuanto al Sistema de Seguridad Social con las modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio del 2004, se establece un esquema que permite que los recursos obtenidos por este concepto se deberán destinar a un programa de gasto social para los propios contribuyentes, donde las entidades federativas podrán celebrar convenio con el Seguro Social, incluyendo el fondo de pensiones por medio de las AFORES y ahorro para vivienda.

Lo anterior resulta muy atractivo para quienes perdieron su empleo en el sector formal de la economía, ya que les permite recuperar los ahorros generados en el pasado que son parte de su patrimonio. Asimismo, se busca tener un Sistema Único de Seguridad Social, para él que teniendo su propio negocio, posteriormente pase a una relación laboral.

Establecer con claridad que el IVA recaudado se destinará al programa de Protección Social, cubriendo primero la cuota de seguro voluntario y el resto al fondo de retiro y de vivienda.

Establecer tanto en el Impuesto al Valor Agregado, como en el Impuesto sobre la Renta que únicamente se van a modificar las cuotas cuando los ingresos que declaró el contribuyente superen el 20% a lo manifestado.

Todos conocemos los problemas que el Sistema de Pensiones representa hoy, para nuestro país. Es necesario generar una red de acciones que contribuyan al fortalecimiento de nuestras instituciones y de los servicios sociales.

Además, esta iniciativa contempla dotar a los pequeños contribuyentes de un Sistema de Seguridad Social Integral, la cual asegura la transparencia en la asignación de los recursos obtenidos del IVA, de los repecos, promoviendo con ello la equidad al ampliar los beneficios sociales. Asimismo, contribuye a fortalecer el federalismo y ampliar la base de contribuyentes en beneficio de nuestra nación.

Compañeros legisladores: Apelo a su sensibilidad y sentido de compromiso para nuestros electores al valorar la presente iniciativa, ya que somos responsables de garantizar una mejor calidad de vida para todos los mexicanos.

Señoras y señores legisladores, obra en poder de esta Presidencia dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, por lo que se ruega a la Secretaría dar cuenta.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Punto de acuerdo relativo a la Junta de Coordinación Política para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal envíe nota diplomática al Gobernador de Oklahoma, Estados Unidos, para detener la ejecución de un ciudadano mexicano.

La Junta de Coordinación Política, en los términos del artículo 14º del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, somete a la consideración del pleno el siguiente proyecto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

El pasado 31 de marzo la Corte Internacional de Justicia determinó que Estados Unidos violó en 51 casos las obligaciones establecidas en el artículo 36 de la Convención de Viena de 1963, en lo que se refiere al derecho de los detenidos a tener acceso a información y protección consular inmediatamente después de su detención, mas aún cuando la sentencia resultó en pena de muerte.

La Corte consideró que la justicia de Estados Unidos debe permitir una revisión de los cargos contra los ciudadanos mexicanos condenados a la pena capital, así como de las sentencias mismas. En el caso de Osvaldo Torres, la Corte Internacional de Justicia había solicitado que el proceso judicial se detuviera y la justicia estadounidense debía esperar el pronunciamiento del Tribunal, sin embargo, desoyendo esta solicitud el juicio continuó, violando no sólo los derechos consulares del señor Torres, sino sentenciándolo a la pena capital que está programada para ejecutarse el 17 de mayo. Todo esto quebranta las salvaguardas internacionales aplicables en los casos de pena de muerte.

La Junta de Indultos de Oklahoma presentará el próximo 7 de mayo al Gobernador, Brad Henry, de dicha entidad federativa, su recomendación de indulto para Osvaldo Torres y pese a que la Corte Internacional de Justicia considera el indulto como un método insuficiente para el examen efectivo de los casos de ciudadanos extranjeros cuyos derechos consulares se han violado, es necesario considerarlo como un recurso jurídico y moral extremo que permite salvar una vida humana en circunstancias límite, en la cual una decisión de un estado ha determinado suprimir esa vida.

Primero. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal al envío de una nota diplomática al Gobernador de Oklahoma, Brad Henry, en el que se solicite aceptar la propuesta de indulto de la Junta de Oklahoma en el caso de Osvaldo Torres Aguilera.

Segundo. Solicitar urgentemente a la Secretaría de Relaciones Exteriores brinde a Osvaldo Torres Aguilera todos los recursos materiales, financieros y humanos para lograr la preservación de su vida.

Con las firmas de los diputados: Emilio Chuayffet Chemor, Presidente, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Francisco Barrio Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con la firma de PA del diputado González Roldán; diputado Alejandro González Yánez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.

EL PRESIDENTE, DIP. FRANCISCO A. ARROYO VIEYRA: Sométalo a la consideración de la Asamblea, señor Secretario, si es usted tan gentil.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Con todo gusto, señor Presidente.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Continúe la Secretaría con la Segunda Comunicación de la Junta de Coordinación Política.

LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto, señor Presidente.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de grupos de amistad.

Esta Junta con fundamento en el numeral 4 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comunica, para los efectos legales y reglamentarios procedentes, la designación de los diputados de la LIX Legislatura que integrarán los grupos de amistad, según el siguiente acuerdo:

Primero.- Cada Grupo de Amistad se integrará con 10 miembros designados por la Junta de Coordinación Política, con el auxilio de la Comisión de Relaciones Exteriores en la siguiente proporción: 4 del Partido Revolucionario Institucional, 3 del Partido Acción Nacional, 2 del Partido de la Revolución Democrática y un representante de cada uno de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido de Convergencia. Su mesa Directiva se formará con un Presidente y un Secretario.

Juan Nazar Morales, Secretario, del PRI; Lázaro Arias Martínez, PRI; Eviel Pérez Magaña, PRI; Laura Elena Martínez Rivera, PRI; Marko Cortés Mendoza, del PAN; Felipe Díaz González, del PAN; Margarita Chávez Murguía, del PAN; Edgar Torres Baltasar, Presidente, del PRD; Agustín Miguel Alonso Raya, PRD; Alejandra Méndez Salorio, Partido Verde.

Adrián Villagómez García, Secretario, del PRI; Graciela Larios Rivas, PRI; Abel Echeverría Pineda, del PRI; Amalyn Yabur Elías, PRI; Salvador Márquez Losornio, Presidente, del PAN; Armando Rangel Hernández, PAN; Blanca Eppen Canales, PAN; Rosa María Avilés Nájera, PRD; Antonio Mejía Haro, PRD; Alejandro Agundis Arias, Partido Verde.

Jesús María Ramón Valdez, Presidente, del PRI; Eduardo Olmos Castro, PRI; Victor Ernesto González Huerta, PRI; Carlos de Jesús Vizcarra Calderón, PRI; Leticia Socorro Userralde Gordillo, Secretaria, del PAN; Rogelio Flores Mejía, PAN; Norberto Enrique Corella Torres, PAN; Emilio Zebadúa González, PRD; Angélica de la Peña Gómez, PRD; Oscar González Yánez, del PT.

Armando Leyson Castro, Presidente, del PRI; Gonzalo Guizar Valladares, PRI; Sergio Arturo Posadas Lara, PRI; Arturo Osornio Sánchez, PRI; Isidro Camarillo Zavala, Secretario, del PAN; Francisco Javier Salazar Diez De Sollano, PAN; Norma Patricia Saucedo Moreno, PAN; Dolores Gutiérrez Zurita, PRD; Pascual Sigala Páez, PRD; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Partido Verde.

Armando Neyra Chávez, Secretario, PRI; José Adolfo Murat Macías, PRI; Carlos Manuel Rovirosa Martínez, PRI; José Porfirio Alarcón Hernández, PRI; Bernardo Loera Carrillo, PAN; José Juan Bárcenas González, PAN; Margarita Zavala Gómez, PAN; Tomás Cruz Martínez, Presidente, PRD; Margarito Fierros Tano, PRD; Pedro Vázquez González, Partido del Trabajo.

Alfredo Gómez Sánchez, del PRI; Guillermo Martínez Nolasco, PRI; Ivonne Araceli Ortega Pacheco, PRI; Fermín Trujillo Fuentes, PRI; Eloísa Talavera Hernández, del PAN; Baruch Alberto Barrera Zurita, del PAN; Manuel Pérez Cárdenas, PAN; José Luis Naranjo y Quintana, Presidente, del PRD; Marcos Morales Torres, del PRD; Pedro Vázquez González, Secretario, Partido del Trabajo.

Esteban Valenzuela García, Presidente, PRI; Sofía Castro Ríos, PRI; Raúl Pompa Victoria, PRI; José Carmen Arturo Alcántara Rojas, PRI; Rodolfo Esquivel Landa, Secretario, PAN; Julián Angulo Góngora, PAN; Miriam Arabian Couttolenc, PAN; Santiago Cortés Sandoval, PRD; Héctor Bautista López, PRD; Félix Adrián Fuentes, Partido Verde.

Jorge Valdemar Ultrilla Robles, PRI; María de Jesús Aguirre Maldonado, PRI; María Sara Rocha Medina, PRI; María Elena Orantes López, PRI; Alfonso Moreno Morán, Presidente, PAN; María Guadalupe Suárez Ponce, PAN; Fernando Guzmán Pérez Peláez, PAN; Reynaldo Valdez, PRD; Gelasio Montiel Fuentes, PRD; Jacqueline Argüelles Guzmán, Secretaria, Partido Verde.

Ricardo Rodríguez Rocha, Secretario, PRI; Carlos Osvaldo Pano Becerra, PRI; Gaspar Avila Rodríguez, PRI; José Guzmán Santos, PRI; Pablo Alejo López Núñez, PAN; José Francisco Landero Gutiérrez, PAN; Gabriela Ruiz del Rincón, PAN; Francisco Chavarría Valdeolivar, PRD; Salvador Martínez Della Roca, PRD; Alejandro González Yánez, Presidente, PT.

Jacobo Sánchez López, Secretario, PRI; Jorge Castillo Cabrera, PRI; José Lamberto Díaz Nieblas, PRI; Gerardo Montenegro Ibarra, PRI; Juan Carlos Núñez Armas, PAN; Jorge Triana Tena PAN , Regina Vázquez Saut PAN, Angélica Díaz del Campo presidenta PRD, Javier Manzano Salazar PRD, Juan Fernando Perdomo Bueno Convergencia

Portugal. Estela de >Jesús Ponce Beltrán, secretaria, PRI, Pablo Bedolla López, PRI; Norma Elizabet Sotelo Ochoa, PRI; Rafael Moreno Rosas, PRI; Alejandro Higuera Osuna, PAN; Manuel Gómez Morín Martínez, PAN; Blanca Gámez Gutiérrez, PAN; Lizbeth Rosas Montero, presidenta, PRD; Minerva Hernández Ramos, PRD; Luis Antonio González Roldán, Partido Verde.

Reino Unido de la Gran Bretaña. Carlos Blackaller Ayala, Presidente, PRI; Pablo Anaya Rivera, PRI; Víctor Hugo Islas Hernández, PRI; Francisco Antonio Atiazarán Gutiérrez, PRI; Ramón Galindo Noriega, PAN; Alberto Urcino Méndez, PAN; María del Carmen Mendoza Flores, PAN; Horacio Martínez Meza, secretario, PRD; Guadalupe Morales Rubio, PRD; Jaime Moreno Garavilla, Convergencia.

República Dominicana. Eugenio Mier y Concha Campos, presidente, PRI; Alfredo Villegas Arreola, PRI; Marco Antonio Torres Hernández, PRI; Gonzalo Rodríguez Anaya, PRI; María Guadalupe García Velasco, secretaria, PAN; José Isabel Trejo Reyes, PAN; Salvador Vega Casillas, PAN; Francisco Saucedo Pérez, PRD; Valentín González Bautista, PRD; Javier Orozco Gómez, Partido Verde.

Rumanía. Francisco Arroyo Vieyra, PRI; María Cristina Díaz Salazar, PRI; José Uscanga Escobar, PRI; Jesús Lomelí Rosas, PRI; Rocío Guzmán de Paz, presidenta, PAN; José Julián Sacramento Garza, PAN; Rubén Maximiliano Alexander Rábago, PAN; David Ferreira Martínez, secretario, PRD; Adrián Chávez Ruiz, PRD; Oscar González Yañez, PT.

Rusia. Marco Antonio García Ayala, presidente, PRI; Hugo Rodríguez Díaz, PRI; Jesús Tolentino Román Bojorquez, PRI; Lilia Isabel Aragón del Rivero, PRI; Hidalgo Contreras Cobarrubias, secretario, PAN; Sergio Alvarez Mata, PAN; Elizabet Yáñez Robles, PAN; Marcela González Salas Petricoli, PRD; Víctor Suárez Carrera, PAR; Julio Lujambio Moreno, Partido Verde.

Sudáfrica. Francisco Alberto Jiménez Merino, presidente, PRI; Jesús Angel Ortega, PRI; Blanca Estela Gómez Carmona, PRI; Francisco Suárez Dávila, PRI, Sergio Penagos García, PAN; José Luis Preciado Rodríguez, PAN; Patricia Elisa Durán Reveles, PAN; Francisco Mora Ciprés, secretario, PRD; Martha Lucía Michel Camarena, PRD; Raúl Piña Horta, Partido Verde.

Turquía. Martín Vidaña Pérez, secretario, PRI; Rogelio Rodríguez Javier, PRI; María Isabel Maya Pineda, PRI; Fernando Vega Carlos, PRI; Sebastián Calderón Centeno, PAN; Sergio García Vázquez, PAN; Ramón González González, PAN; Elpidio Tovar de la Cruz, presidente, PRD; Clara Burgada Molina, PRD; Luis Maldonado Venegas, Convergencia.

Ucrania. Eduardo Alonso Bailey Elizondo, PRI; José Manuel Carrillo Rubio, PRI; Lino Celaya Nuria, PRI; Rafael Galindo Jaime, PRI; Homero Ríos Murrieta, presidente, PAN; Ricardo Alejo Bojórquez, PAN; Edelmira Gutiérrez Río, PAN; Marco Morales Torres, PRD; Cristina Portillo Ayala, PRD; Juan Fernando Perdomo Bueno, secretario, Convergencia.

Uruguay. Alfonso Sánchez Hernández, secretario, PRI; Juan Antonio Gordillo Reyes, PRI; Luis Felipe Madrigal Hernández, PRI; Oscar Martínez Ramos Salinas, PRI; Sheyla Aragón Cortés, presidenta, PAN; Francisco Valdez de Anda, PAN; Irene Blanco Becerra, PAN; Francisco Carrillo Soberón, PRD; Eduardo Espinosa Pérez, PRD; Alejandro Agundis Arias, Partido Verde.

Venezuela. Guillermo del Valle Reyes, presidente, PRI; Guillermo Zorrilla Fernández, PRI; Consuelo Muro Urista, PRI; Roger David Alcocer García, PRI; José Antonio Cabello Gil, PAN; Marisol Vargas Bárcena, PAN; Francisco Javier Lara Arano, PAN; Juan García Costilla, secretario, PRD; José Luis Cabrera Padilla, PRD; Joel Padilla Peña, PT.

Firman: diputado Emilio Chuayffet Chemor, presidente, coordinador del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Francisco Barrios Terraza, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El diputado Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El diputado Alejandro González Yañez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. El diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Convergencia.

- EL C. PRESIDENTE: Proceda la Secretaria a recabar, en votación económica, la decisión de la Asamblea en relación con este Proyecto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- LA C. SECRETARIA DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto, señor Presidente.

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

El siguiente punto del día es la Primera lectura de los dictámenes: de la Comisión de Puntos Constitucionales con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV y se reforma el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona una fracción XXIX Quincuagésima al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se corrige: XXIX Letra "L".

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, con Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de Primera Lectura.

- EL C. DIP. WINTILO VEGA (Desde su curul): Señor Presidente: En términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior y del artículo 21 y 22 del Acuerdo en el término de discusiones que establece los lineamientos para acreditar existencia de diputadas y diputados a las sesiones plenarias, así como la justificación de las inasistencias y ... Del Acuerdo de la Conferencia par ala dirección y programación de los trabajos legislativos relativos al orden del día de la sesión, la discusión de los dictámenes y la operación del sistema eléctrico de votación, le solicitaríamos la dispensa de la segunda lectura y la urgencia y obvia resolución para que pueda ser puesto a discusión y votación de inmediato.

- EL C. PRESIDENTE: Como lo pide muy bien el diputado, consultaré a la Asamblea.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura a los dictámenes y se someten a discusión y votación de inmediato.

- LA C. SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura a los dictámenes y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN: Secretaria: Nada más por un prurito de carácter reglamentario y para evitar que pudiera haber alguna objeción, ya se le dispensó la lectura pero consulte a la asamblea si se consideran de urgente y obvia resolución.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMALÍN YABUR ELÍAS (PRI): Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se consideran los dictámenes de obvia y pronta resolución.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Se consideran de urgente resolución.

Tiene el uso de la palabra, por la Comisión, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso el señor diputado don Manuel Camacho Solís, hasta por diez minutos.

- EL C. DIPUTADO MANUEL CAMACHO SOLIS (Por la Comisión): Con su venia, señor Presidente.

"Con su voto, el del Senado y el de las legislaturas de los estados la Suprema Corte de Justicia tendrá una nueva facultad, es una facultad importante: se adicionará una fracción al artículo 71 de la Constitución para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga derecho a iniciar leyes en materias relativas al ejercicio de las funciones del Poder Judicial de la Federación.

"A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales resumo a ustedes los contenidos del dictamen que fue aprobado por unanimidad en la Comisión:

"Como es de su conocimiento, la Comisión de Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También que hay diversas iniciativas que buscan el mismo propósito: de la diputada Yadira Ivette Tamayo Herrera, del PAN; de José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional; de Martí Batres, del PRD; de Luis Miguel Barbosa, del PRD; de la diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional.

"El dictamen valoró estas iniciativas y la minuta del Senado en los siguientes términos:

"Uno de los principios fundamentales de la construcción del Estado como una estructura de poder limitada es el principio de división de poderes. Este principio concretado filosóficamente por los pensadores más preclaros del comienzo del constitucionalismo contemporáneo de John Lock y de Montesquieu, es uno de los paradigmas del Estado constitucional y del constitucionalismo moderno. Así fue consagrado en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, toda sociedad dentro de la cual la garantía de los derechos no se encuentre asegurada ni la separación de poderes establecida, carece de Constitución.

"La separación de los distintos órganos del Estado se estableció en el libro del Espíritu de las Leyes, de 1748, Montesquieu, solamente para después enfatizar la relación funcional de los mismos. Los órganos del Estado no se dividen para aislarse, sino que se dividen para poder establecer los pesos y contrapesos necesarios entre las funciones que realizan.

"A este principio original de división de poderes y como ha quedado establecido de división de funciones se le agregó posteriormente un elemento que terminó de consolidar los elementos estructurales del Estado constitucional moderno, el control de la constitucionalidad, lo que transformó de manera definitiva la supremacía política de la Constitución en supremacía jurídica.

"En nuestro caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha seguido un proceso de transformaciones desde un tribunal supremo de legalidad con algunas funciones constitucionales, hasta el robusto tribunal constitucional de hoy en día con funciones plenas de determinación de las cuestiones jurídicas de mayor importancia y trascendencia en nuestro orden jurídico.

"La Suprema Corte de Justicia se ha consolidado como un órgano colegiado independiente y autónomo, que ha logrado ser el punto de balance entre los órganos políticos y entre los diversos niveles de gobierno en el largo proceso de transición política de nuestro país.

"La necesidad de continuos ajustes queda manifiesta en la larga historia de transformaciones del Poder Judicial y en específico en las reformas de ´96 y ´99 al Poder Judicial, en donde se reelaboraron y se afinaron aspectos de la reforma del ´94.

"Las reformas que establecieron la nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia, tuvieron como una de sus finalidades principales, lograr una institución sólida, impermeable a las eventuales presiones políticas de órganos cuyos conflictos debía resolver y capaz de ser el fiel de la balanza de fuertes conflictos políticos, sin politizarse ella misma, posibilitando la resolución objetiva de los mismos.

"La Comisión Dictaminadora estima pertinente modificar la minuta de la Colegisladora, otorgándole la facultad contenida en el artículo 71 de la Constitución al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El otorgar la facultad de iniciativa al pleno de nuestro máximo tribunal, tiene como finalidad lograr que el órgano que se encuentra más cerca de los problemas de la justicia, que tiene la capacidad técnica para la elaboración de soluciones y la independencia política, tenga la posibilidad de participar directamente mediante la formación de iniciativas en el proceso legislativo.

"Lo anterior de ningún modo significa que la Suprema Corte de Justicia se convierta en legislador, como tampoco lo son el Ejecutivo Federal o las Legislaturas de los Estados en materia federal, sólo significa abrir la posibilidad para que el órgano con mayor conocimiento técnico de la función jurisdiccional, pueda proponer iniciativas para que sean examinadas por el cuerpo político del Estado.

"Los eventuales resultados legislativos de estas iniciativas no son el producto de la voluntad de un solo órgano, sino de un proceso de discusión y aprobación por parte de los órganos que componen el Poder Legislativo, de revisión y sanción por parte del Poder Ejecutivo y, en último término, producto del legislador como el órgano complejo diseñado constitucionalmente.

"La facultad de iniciativa será entendida como la posibilidad de iniciar leyes de naturaleza orgánica y procesal y no las que conciernen a los aspectos sustantivos. Cumple entonces con la necesidad fundamental de que un órgano jurisdiccional autónomo independiente pueda participar, si bien parcialmente, en el mejoramiento de una actividad esencial del Estado constitucional democrático moderno: la administración de justicia plena, pronta, expedita e imparcial.

"Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen la importancia y el esfuerzo de la Colegisladora. Este órgano colegiado estima que la facultad de iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo por lo que concierne a su Ley Orgánica, sino que debiera ir más allá, facultándola para presentar iniciativas sobre cualquier modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a las normas adjetivas que regulan las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

"Motivados en los argumentos expuestos y con fundamento en lo establecido en el artículo 72, los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales coincidimos en someter a la consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona una fracción IV y se reforma el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que de aquí en adelante, el derecho a iniciar leyes, decretos, no sólo corresponda al Presidente, los diputados y senadores y a las Legislaturas de los Estados, sino a partir de ahora al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materias relativas al ejercicio de las funciones del Poder Judicial de la Federación.

"Ciudadanos Legisladores: Esta es una reforma que fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estado de derecho, es una reforma que honra a esta Cámara de Diputados".

Como no tiene la Presidencia registrados oradores para la fase de discusión, se instruye a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutido este proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción cuarta al artículo 71 de la Constitución, primero. Y el proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona una Fracción IV al Artículo 71 nada más.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el Proyecto de Decreto , en lo general y en lo particular.

Los ciudadanos Diputadas y Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos Diputadas y Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-EL C. PRESIDENTE. Se instruye a la Secretaría recabe o consulte a la Asamblea si se aprueba el Proyecto de Decreto, toda vez que ha sido declarado suficientemente discutido, en votación nominal, abriendo el sistema electrónico por cinco minutoss.

-LA MISMA C. SECRETARIA. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.

(Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del Proyecto de Decreto). (a las14:12 hrs).

Señor Presidente, se emitieron 395 votos en pro, cero en contra y 5 abstenciones.

-EL C. PRESIDENTE. Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por 395 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se adiciona una Fracción IV y se reforma el último párrafo del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se devuelve al Senado para los efectos del Inciso e) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Procedemos ahora a la discusión del Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona una Fracción XXIX Apartado L) al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se concede el uso de la palabra por la Comisión, al señor Diputado don Enrique Ariel Escalante Arceo, para fundamentar el Dictamen en los términos del Artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, hasta por diez minutos.

-EL C. DIPUTADO ENRIQUE ARIEL ESCALANTE ARCEO.- Con la autorización de la Presidencia, compañeras y compañeros Legisladores, a nombre de la Comisión de Puntos constitucionales hago uso de esta tribuna.

Nuestra labor legislativa incluye revisar el marco constitucional que sustenta las funciones de cada una de las esferas de gobierno, la dinámica en la que nuestro país está inmerso nos conmina a imprimir una fuerte dosis de federalismo a toda resolución que avalemos con miras a enriquecer el texto de nuestra Ley Fundamental.

El Dictamen que nos ocupa, parte de una Minuta enviada por el Senado de la República, que propone la concurrencia del Gobierno Federal, las entidades federativas y municipios en materia de Pesca y Acuacultura, en el que sobresale la participación de los sectores social y privado mediante la adición de una Fracción XXIX letra L) al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ineficiencia de los programas federales enfocados al desarrollo de la actividad pesquera y sus variantes, así como su ordenamiento parte de que las decisiones centrales distan de la realidad del sector y que son más perceptibles en la circunstancia cotidiana que palpan los gobiernos de nivel inferior

La situación de esta actividad productiva varía en cada Estado de acuerdo a su potencial y al deterioro del ecosistema del mar adyacente en sus costas sobre la explotación de las aguas interiores. En los casos más alarmantes se encuentra que la explotación de otros recursos ha desplazado más no sustituido a la actividad natural de los pobladores de nuestros estados costeros.

Cierto es que el texto constitucional establece que las aguas del mar territorial y las internas son propiedad de la nación, sin embargo los que siempre hemos defendido una tesis federalista sostenemos que al formarse este país, los estados que concurrieron para su integración, cedieron generosamente sus recursos naturales para contribuir a la riqueza nacional; es decir que la riqueza de los mares adyacentes y aguas interiores, así como de la plataforma continental también constituyen un bien originario de los estados federados.

Con esta adición a la Carta Magna, se establece el propósito de impulsar la corresponsabilidad social, la solidaridad y la equidad dentro del marco del federalismo cooperativo que redunde en el bienestar general de los pescadores y habitantes de las comunidades ribereñas.

La propuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a la minuta del Senado de la República, adopta la tendencia de revisar las funciones de los gobiernos multinivel y dan un paso decisorio para el análisis ya urgente de las funciones residuales a las que la Constitución constriñe en su artículo 124 a las entidades federativas.

Consideramos que las facultades concurrentes sobre las materias de pesca y acuacultura, deben darse en diferentes intensidades. El Gobierno Federal continuará ostentando el dominio directo sobre la explotación, uso y aprovechamiento de los bienes de la nación, normando en lo general, sin incurrir en especificaciones que aten a los gobiernos estatales en la toma de decisiones a su situación particular, dejando la libertad a estos de concebir el diseño de su propia política interior de desarrollo.

Los municipios contarán y continuarán regulando el uso de suelo para las distintas actividades económicas que en todo caso podrían favorecer este sector, quedando como compromiso posterior revisar la ampliación de sus facultades en esta materia.

La participación de los sectores social y privado no puede ni debe omitirse en ninguno de los niveles de responsabilidad gubernativa al momento de establecer la normatividad, ya sea federal, estatal o municipal. La opinión de este sector es piedra fundamental que cimienta el éxito de los programas de desarrollo de esta actividad productiva.

La actividad pesquera requiere de mayor atención por nuestra parte. La mitad de los Estados integrantes de la Federación tiene costas y muchas familias que dependen de las pesquerías para garantizar su subsistencia. Las alternativas deben fluir en base a la situación particular que presente cada entidad federativa, pero al mismo tiempo deberá armonizarse con una política nacional que detone el resurgimiento del sector.

El Poder Legislativo Federal asume, con la presente adición, su compromiso de contribuir al desarrollo de la pesca nacional, más será tarea de los gobiernos estatales completar esta misión basándose en las facultades con las que ahora pretendemos investirlos.

El Congreso de la Unión no concluye su tarea con las acciones que adoptemos el día de hoy con el favor de su voto, por el contrario apenas inicia, seguirá siendo un compromiso de los integrantes de esta Legislatura que provenimos de tierras costeras a abonar alternativas viables para desarrollar una política eficiente que recoja las expectativas de los pescadores y sus familias.

Los que provienen de los Estados y distritos exentos de esta actividad productiva, deberán continuar receptivos y sensibles a los problemas de este importante sector para la vida productiva y económica del país.

De acuerdo al análisis de las cifras publicadas en el mas reciente anuario estadístico de pesca 2001-2002, las embarcaciones ribereñas se han incrementado en los litorales mexicanos en alrededor de 30 mil unidades desde 1996; sin embargo nuestra preocupación permanece centrada en que los verdaderos trabajadores del mar son los últimos beneficiados, ya que el incremento en el número de embarcaciones no soluciona el problema de fondo.

Nosotros creemos que es necesario invertir en infraestructura, programas de financiamiento, introducción de nuevas tecnologías y prácticas pesqueras, así como en la transformación de productos y el establecimiento de mecanismos de comercialización.

La flota camaronera mexicana, que antes fuera orgullo nacional, ha incrementado sus embarcaciones solo en el Litoral del Pacífico, desde su caída en 1996, contando ahora con 2,400 unidades, mientras que en el Golfo ha decrecido en forma alarmante y con una tendencia clara a desaparecer.

De acuerdo a la fuente antes citada, su decremento inicia en 1982, año en el que el número de embarcaciones ascendía a casi 2 mil, en la actualidad, sólo se registran 738. La industria acuícola va por buen camino, será tarea nuestra, crear los mecanismos necesarios para contribuir a su desarrollo y evolución tecnológica. Con la aprobación del decreto que la Comisión de Puntos Constitucionales propone, mediante dictamen consciente y razonado, estaríamos inaugurando una nueva época para la industria pesquera nacional.

La minuta del Senado de la que se desprende este dictamen, fue perfeccionada y modificada para hacerla todavía más clara y precisa, por lo que de aprobarse en sus términos, regresaría de nuevo a la Cámara de origen para cumplir el trámite constitucional al que se refiere el artículo 72 inciso e), de nuestra Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a los miembros de esta soberanía, su voto aprobatorio para este dictamen con proyecto de decreto. Muchas gracias.

Como esta Presidencia no tiene registrados más oradores en la fase de discusión, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.

-EL DIP. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Gracias. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.

-EL PRESIDENTE: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

-EL MISMO SECRETARIO: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

-EL DIP. JAIME FERNÁNDEZ SARACHO( desde su curul): Fernández Saracho, a favor, nada más para reconfirmar. Gracias.

-EL MISMO SECRETARIO: Señor Presidente, se emitieron 395 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones...

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXIX apartado L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se devuelve al Senado para los efectos del inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Procede ahora a la discusión del proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra al señor diputado don Luis Antonio Ramírez Pineda, por las Comisiones Unidas, para fundamentar el dictamen en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, hasta por 10 minutos.

Compañeras y compañeros legisladores: He pedido el uso de la palabra para manifestar nuestro aprecio al dictamen de una iniciativa que ha acercado y prácticamente unificado las opiniones y el compromiso de los legisladores, en un tema de la mayor importancia para la vida de nuestro país.

Las Comisiones Unidas, en un ejercicio democrática donde prevaleció el interés superior de México sobre cualquier posición partidista, examinaron con un profundo sentido de responsabilidad, la modificación a la fracción IV del artículo 74 constitucional, que promueve una reforma en el proceso presupuestario para dar certidumbre a la planeación financiera de los distintos agentes económicos y garantizar así la ejecución oportuna del gasto público, condición indispensable para impulsar el crecimiento y dar viabilidad a una reforma integral de la Hacienda Pública que demanda la nación.

Con esta voluntad de entendimiento de las diferentes fuerzas políticas que conforman esta Cámara, acreditamos en los hechos el compromiso con la ciudadanía y abrimos la puerta hacia nuevos acuerdos en este tema, que perfeccionen aún más nuestro marco jurídico y den certeza a la sociedad de que sus grandes causas siempre tendrán cabida en nuestros alegados y deliberaciones.

La propuesta que seguramente aprobaremos, implica un cambio conceptual del quehacer legislativo en el proceso de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación al explicitar la facultad de los diputados para modificar el contenido, la orientación y el monto de los recursos asignados a los programas y proyectos públicos y ampliar los tiempos de discusión del paquete económico enviado por el Ejecutivo. El cambio jurídico establece como fecha límite para la entrega del paquete económico el 8 de septiembre, el objetivo es que esta Cámara apruebe el Presupuesto de Egresos a más tardar el 15 de noviembre, durante el periodo ordinario de sesiones.

Esta modificación constitucional no es menor; promueve que los recursos públicos comiencen a ejercerse desde el primer día fiscal en todos los niveles de gobierno y da mayor certidumbre a los diferentes agentes económicos y sociales, que esperan conocer el Presupuesto de Egresos de la Federación para realizar su planeación financiera.

La profunda reforma económica que demanda la sociedad para enfrentar los retos de la desigualdad, abatir el desempleo y garantizar su acceso a los satisfactores básicos, comienza por ampliar los tiempos de discusión y los alcances del Poder Legislativo en el diseño de las políticas públicas y esto es lo que ahora estamos construyendo.

Los cambios a la fracción IV del artículo 74, permitirán generar un marco de certidumbre indispensable para modernizar el modelo fiscal y presupuestario que ya no responde a las necesidades sociales ni a las exigencias de una economía global e interdependiente.

Hoy, de cara a la nación, asumimos con seriedad nuestro compromiso de impulsar la modificación constitucional que le da mayor oportunidad y eficiencia a la administración pública e impide que los suberjecicios presupuestales sean botín destinados a dudosos fines.

Los nuevos tiempos demandan responsabilidad, imaginación y visión de futuro. Esos principios sustentan el dictamen que consensuado entre todas las fracciones parlamentarias, honra a esta Honorable Cámara de Diputados.

Saludamos con toda nuestra vehemencia este hecho legislativo que abre nuevas perspectivas al desarrollo de México. Con ello, esta Legislatura reitera su compromiso político y social con los objetivos superiores de nuestra gran nación.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, coincidimos en someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen con Proyecto de Decreto en el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- Se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación previo examen, discusión y en su caso modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

El Ejecutivo Federal, hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el Secretario de Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación, a más tardar el 15 del mes de diciembre".

Como esta Presidencia no tiene más oradores registrados en la fase de discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea si el Proyecto de Decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: En votación económica se pregunta a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutido el Proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.

LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO.- Señor Presidente, se emitieron 391 votos en pro y cinco abstenciones.

EL C. PRESIDENTE.- Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 391 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla Agrícola que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); al ciudadano Gilberto Hernández Andreu y Miguel Ildefonso Amézaga Ramírez, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren el Ejército de los Estados Unidos de América y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Esta Presidencia acaba de recibir oficios de la Cámara de Senadores. En virtud de que no se encuentran contenidos en el orden del día leído al inicio de la sesión, se instruye a la Secretaría para que consulta primero a la Asamblea si se incluye en el orden del día este punto.

LA C. DIP. MARIA DEL ROSARIO HERRERA ASCENCIO, (desde su curul).- Señor Presidente.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación...

LA C. DIP. MARIA DEL ROSARIO HERRERA ASCENCIO, (desde su curul).- Sí, ciudadano diputado Presidente, en virtud de que está por agotarse el tiempo de esta sesión y tengo registrado un punto en el orden del día de obvia y urgente resolución que es apoyado por compañeros diputados de distintos grupos parlamentarios, solicito a usted ponga a consideración del pleno, si se nos permite pasar a leer este punto de acuerdo y se nos resuelva ver si es posible cambiar el orden en que está registrado.

EL C. PRESIDENTE.- Diputada, tenemos muchísimos puntos de acuerdo y también varios de urgente y obvia resolución, por supuesto que pondré a consideración de la Asamblea en su oportunidad; todavía nos queda media hora de duración de la presente sesión.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se admiten los oficios de la Cámara de Senadores para incluirlos en esta participación de la sesión.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a dar cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores.

(Oficio 1-759 del Senado donde remite expediente con minuta de proyecto de decreto que concede permiso al senador Enrique Jackson Ramírez, para aceptar y usar la condecoración al Mérito de Chile en Grado de Gran Oficial).

-EL C. PRESIDENTE: De conformidad con los Artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.

-LA C. SECRETARIA AMALIN YABEL BURGOS: Por instrucciones de la presidencia con fundamento en los Artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato los documentos antes citados.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-EL C. PRESIDENTE: En consecuencia proceda la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al senador Enrique Jackson Ramírez para aceptar y usar la condecoración al Mérito de Chile en grado de Gran Oficial que le confiere el gobierno de la República de Chile.

No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto.

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al senador Fernando Margáin Berlanga para aceptar y usar la condecoración al Mérito de Chile en grado de Gran Oficial que le confiere el gobierno de la República de Chile.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un solo acto.

-LA MISMA C. SECRETARIA: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un solo acto.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

Señor presidente, se emitieron 367 votos en pro, uno en contra y 12 abstenciones.

Aprobados en lo general y en lo particular los Proyectos de Decreto por 367 votos.

Señoras y señores legisladores se recibieron en esta presidencia excitativas suscritas por los ciudadanos diputados… sonido en el curul de don Alejandro González Yáñez, por favor.

-EL C. DIPUTADO ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ (DESDE SUCURUL): Gracias diputado presidente. A nombre del grupo parlamentario del PRI, a nombre del grupo parlamentario del PRD, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, estamos solicitando formalmente tenga a bien incorporar a la Orden del Día de esta sesión un Punto de Acuerdo relacionado con el voto que ha emitido el día de hoy el gobierno mexicano en relación a Cuba.

Esta solicitud la fundamentamos en el Artículo XX de la Conferencia para los Acuerdos Parlamentarios que permite que a resolución del pleno se pueda incorporar dicho punto en esta Orden del Día. La solicitud es que ponga a votación de este pleno se incorpore esta propuesta de Punto de Acuerdo en este momento.

-EL C. PRESIDENTE: Muy bien, señor diputado. Como lo solicita y de acuerdo con el Artículo XX del Acuerdo Parlamentario relativo al Orden del Día de las sesiones, consulte la Secretaría. Quiero nada más antes de la consulta hacerle la aclaración al señor diputado don Alejandro González Yáñez.

Voy a poner a consideración de la Asamblea en este momento, la inclusión de ese punto del Orden del Día en virtud de que no está contenido en el que se dio a conocer al Pleno al inicio de la sesión. Pero como por el acuerdo mismo del Pleno esta sesión no puede durar más de 5 horas, al término del tiempo que es 3 y media de la tarde, pondré a consideración de la Asamblea si se amplía el término para el efecto no sólo de discutir este tema, sino también la solicitud de la ciudadana diputada doña Rosario Herrera, que también pidió lo mismo en relación con un punto de acuerdo porque eso extendería la sesión.

En este momento continuamos hasta las 3 y media de la tarde. Pero voy a poner a consideración que se incluya el punto en el Orden del Día.

Se instruye a la secretaría para el efecto de que la Asamblea determine si se incluye como punto de acuerdo en el Orden del Día, el que acaba de señalar el señor diputado don Alejandro González Yañez.

-DIP. SRIO. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta…

-PRESIDENTE: Un momento. Don Rodrigo Iván Cortés… por favor sonido en su curul.

-DIP. RODRIGO IVAN CORTES (desde su curul) Señor presidente solicitamos nominal la votación.

-PRESIDENTE: Bueno, como hay con exceso el número de 5 diputados aparte del suyo, por favor proceda la secretaría a abrir el sistema electrónico para el efecto de que se tome votación nominal por 3 minutos para con el propósito de si se incluye este punto en el Orden del Día.

-DIP. SRIO. MARCOS MORALES TORRES: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos.

Proceda a dar lectura a las excitativas la secretaría, la relación únicamente.

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Salud y de Seguridad Social, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong., del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Esmuti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Gobernación y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a solicitud del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, a solicitud del diputado Pablo Bedolla López, del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios.

EL C. PRESIDENTE: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones correspondientes para que emitan su dictamen.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCCOS MORALES TORRES: Señor presidente, hubo 250 votos a favor, 129 en contra y dos abstenciones. Ciérrese el sistema electrónico de votación.

EL C. PRESIDENTE: Por lo tanto, de acuerdo con la votación se incluye el punto que señala don Alejandro González Yañez en el orden del día.

Como está por agotarse el tiempo destinado a la duración de la presente sesión y tenemos dos temas que tendremos que poner a consideración, los dos con debate si así lo determina la asamblea, el que plantea la diputada doña Rosario Herrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el que plantea el diputado don Alejandro González Yañez, pondré a consideración primero si la asamblea determina que se amplíe la duración de la sesión para tocar estos dos puntos.

Proceda la secretaría a consultar a la asamblea si se acepta que la sesión se prolongue hasta tocar estos dos puntos que han señalado los diputados.

EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea…

EL C. PRESIDENTE: Un momento, secretario. Por favor sonido en la curul del señor diputado José Antonio de la Vega.

EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO DE LA VEGA: (Desde la curul). Diputado presidente, para solicitar que sea esta votación de manera nominal. Adelante. Se instruye a la secretaría disponga se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para que se prolongue la duración de la sesión hasta agotar estos dos puntos.

EL MISMO C. SECRETARIO: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES Denle sonido a la curul del diputado Lomelí Rosas.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Sonido en la curul del diputado Tamborrel.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Señor Presidente, se emitieron 238 en pro, 141 en contra y 6 abstenciones.

En virtud de que la mayoría de los miembros de la Asamblea han determinado que ésta se prolongue para tratar estos dos temas, tiene el uso de la palabra la diputada doña Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con Punto de Acuerdo por el que se establece la formación de la Subcomisión para la Evaluación de Programas de Desarrollo rural Sustentable Sujetos a Reglas de Operación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

- LA C. DIP. MARÍA DEL ROSARIO HERRERA ASCENCIO: Con su venia, ciudadano Presidente.

La que suscribe, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Rosario Herrera Ascencio, con fundamento en los artículos 23 inciso "f" de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo por el que se establece la formación de la Subcomisión para la Evaluación de programas de desarrollo rural sustentable sujetos a reglas de operación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, al tenor de los siguientes

Con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y transparente de los recursos públicos de los programas que deberán sujetarse a reglas de operación, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó establecer en el inciso "b" fracción IV del artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, la obligación de las dependencias y entidades a través de su correspondiente coordinadora sectorial a presentar los resultados de las evaluaciones de cada programa, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Función Pública, a más tardar el 15 de octubre de este ejercicio fiscal.

La siguiente Proposición con Punto de Acuerdo tiene como finalidad la creación y formación de las instancias que permitan la realización de las diferentes actividades necesarias para el cumplimiento de la nueva tarea encomendada siempre procurando que desde la formulación de las reglas de operación y la operación misma de los programas, exista plena concordancia con los objetivos delineados para estos, enmarcados en los documentos base de nuestra actual política de desarrollo sectorial, tales como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Acuerdo Nacional para el Campo, así como los Criterios Generales emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Función Pública.

Primero.- El pleno de la Cámara de Diputados instruye a los Presidentes de las Comisiones de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos, Medio ambiente y Recursos Naturales, Pesca, Asuntos Indígenas, Reforma Agraria, para que se instalen formalmente en las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural Sustentable.

"Segundo.- Que las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural Sustentable formen la Subcomisión para la Evaluación de Programas Gubernamentales Sujetos a Reglas de Operación, que debe estar integrada plural y proporcionalmente de conformidad con la representatividad de cada uno de los partidos de esta Legislatura.

"Tercero.- La Subcomisión para la Evaluación de Programas Gubernamentales Sujetos a Reglas de Operación presentará en el transcurso de diez días naturales, a partir de su constitución, la propuesta para la conformación de esta estructura operativa".

Por cuestión de tiempo le solicito, ciudadano Presidente, que el texto original sea publicado completo en el Diario de los Debates y se turne a la Junta de Coordinación.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Diputada.

Antes de ordenar la publicación del texto se instruye a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente y obvia resolución.

- LA C. DIPUTADA MARÍA DEL ROSARIO HERRERA ASCENCIO (PRD): Ciudadano Presidente: Estoy solicitando se turne a la Junta de Coordinación, por favor.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Como lo solicita, insértese el texto completo del documento del documento en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria, si no ha sido publicado y se turna a la Junta de Coordinación Política, toda vez que se trata de la formación de Subcomisión.

En el siguiente punto que la asamblea acordó se incluyera, por mayoría, la Presidencia va a seguir el siguiente procedimiento:

Primero, como lo ordenó la asamblea, concederé el uso de la palabra al señor diputado don Alejandro González Yánez.

Luego instruiré a la Secretaría para que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución. Si se considera de urgente resolución abriré el debate.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado don Alejandro González Yánez.

- EL C. DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁNEZ (PT): Con la venia de la Presidencia.

Punto de acuerdo sobre la política exterior de México después del voto en Ginebra sobre Cuba, el cual le solicitamos sea de urgente y obvia resolución.

"Los abajo suscritos, diputadas y diputados, proponemos el presente punto de acuerdo de extrañamiento al gobierno federal mexicano por las siguientes

"El día de hoy nos amanecimos con la confirmación del voto condenatorio de México contra Cuba en Ginebra. No importó que cinco partidos políticos hayamos recomendado la abstención. No fuimos atendidos ni siquiera con la cortesía de una respuesta puntual. No contaron los argumentos constitucionales. No importaron los planteamientos estratégicos sobre la seguridad de México y de la región. Tampoco el argumento de privilegiar las prioridades nacionales ni los reiterados mensajes de diálogo en relación del Congreso con el Ejecutivo Federal. Bastaron solo siete minutos de una llamada telefónica de la Casa Blanca a Los Pinos para que se tomara la decisión contraria a la que la inmensa mayoría de los mexicanos hubiésemos deseado.

"Ahora volvemos a confirmar de dónde provienen las prioridades de esta administración. Ahora volvemos a confirmar que por encima del interés general de la República se sobreponen las filias y las fobias del grupo en el poder. Esa es la congruencia a la que hace referencia este gobierno en su política exterior, poco digna, contradictoria y ambigua. No es la congruencia que quisiéramos ver, aquella que sigue los principios que son favorables a nuestro país.

"¡Que quede claro: el voto contra Cuba no es de México, es solo posición de quienes ocupan temporalmente la Presidencia de la República!

Que nadie se llame a engaño, aquí no se trata de derechos humanos, el tema es el intervensionismo a favor del bloqueo, el tema es el riesgo de la desestabilización de la paz en nuestra región inmediata. Me remito a los hechos.

La Comisión de Derechos Humanos en Ginebra evitó hablar de la situación de la población civil en Irak y Palestina, ...

-DIP. ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ: Atendiendo, ciudadano Presidente, que se ha terminado el tiempo y para ser respetuoso con la asamblea, sólo le voy a solicitar me permita leer el último párrafo con la propuesta del pleno.

"Unico.- Los legisladores abajo firmantes hacemos llegar al gobierno federal nuestro más enérgico extrañamiento, por hacer caso omiso de la opinión mayoritaria de esta Legislatura respecto del sentido de su voto en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra.

"Firman el Grupo Parlamentario del PRI, el Grupo Parlamentario del PRD, el Grupo Parlamentario del PEVM, el Grupo Parlamentario de Convergencia y el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo".

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación calificada de dos tercios, si se considera de urgente resolución.

Un momento. Don José Antonio de la Vega. Por favor sonido en la curul del señor diputado don José Antonio de la Vega.

-DIP. JOSE ANTONIO DE LA VEGA (desde la curul): Diputado Presidente, para solicitarle en términos del artículo 148, que la votación sea nominal.

Como lo solicita, proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se considera de urgente y obvia resolución en votación calificada de dos tercios, y para tal efecto instruya la apertura del sistema electrónico de votación por tres minutos.

-SECRETARIA, DIP. MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 ...

-DIP. WINTILO VEGA MURILLO (desde la curul): Le solicitaría nada más que pudiera clarificar muy bien el sentido del voto a la Secretaria, si es usted tan amable de darle instrucciones.

-PRESIDENTE: Este voto es nada más para ver si se considera de urgente y obvia resolución, nada más para eso.

-MISMA SECRETARIA: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para preguntar a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

La Diputada , por favor, ¿puede dar su nombre por favor Diputada? ahí tiene sonido Diputada

Está fallando el tablero, entonces en esta línea no se pusieron tampoco nuestros nombres.

-La C. Diputada María del Consuelo Rafaela Rodríguez del Alba: A favor y no apareció mi nombre en el tablero.

Señor Presidente: se emitieron 272 votos en pro, 124 en contra y 4 abstenciones. Hay mayoría calificada señor Presidente. (aplausos)

-EL C. PRESIDENTE. En virtud de la mayoría calificada votada por la Asamblea, esta Presidencia abre la fase de discusión con los siguientes oradores registrados:

Esta presidencia tiene también registrado en contra al señor diputado don Jorge Luis Preciado Rodríguez, pero él tendrá intervención sólo si la Asamblea aprueba una segunda ronda de oradores.

Tiene el uso de l apalabra por el contra, el señor diputado don Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.

El grupo parlamentario de Acción Nacional no admite la retórica de la comparación para justificar la falta de derechos en Cuba. Si otros países violan los derechos humanos, pues que se denuncien aquí y condenen aquí esas violaciones pero no deben silenciarse las denuncias de las violaciones en Cuba por causa de las violaciones de los derechos en otros o de otros países.

Eso sería globalizar la violación contra los derechos humanos. Acción Nacional más bien propone globalizar la defensa de los derechos humanos. Bush y quienes hacen este extrañamiento comparten la misma política exterior, señores, comparten la política exterior de la excepción convenenciera; Bush hace excepciones en Iraq, ustedes señores lo hacen en Cuba. (aplausos)

Se habla aquí de que tenemos que ser solidarios con Cuba, estamos de acuerdo. Se habla aquí de que tenemos que tener, como país, amistad con Cuba, estamos de acuerdo, pero ¿qué es la amistad, la auténtica amistad, como diría el filósofo griego Aristóteles? Se da cuando se comparten altitud de miras, comunión de ideales.

La complicidad en cambio, se da cuando se comparten bajezas, cuando se dan asociaciones para violar principios como son los principios de los derechos humanos en Cuba. (aplausos) La verdadera osadía de México en La Haya, la verdadera osadía de México en Ginebra, no es la cuestión de los derechos humanos en Cuba.

Señores, reconózcanlo, la revista "Proceso" el día mismo de hoy está sacando lo que es la verdadera osadía de México en Ginebra; que México está votando junto con Cuba, junto con Cuba… (interrupción)…

- EL C. DIP. RODRIGO IVAN CORTES JIMENEZ: Junto con Cuba y en contra de Estados Unidos por cuestiones de derechos humanos (desorden en el salón)… en Ghasa (?). Señores, hay que ser congruentes en todos lados… (interrupción)…

- EL C. DIP. RODRIGO IVAN CORTES JIMÉNEZ: El único instrumento vinculatorio… (interrupción)…

- EL C. PRESIDENTE: Señor diputado, no puede usted continuar porque se le ha agotado el tiempo y tengo que tomar esa decisión con todos los oradores.

- EL C. DIP. RODRIGO IVAN CORTES JIMENEZ: Hay que ser solidarios con la libertad y la democracia en Cuba. Gracias. …

-EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para hablar en pro. Adelante, diputado Martínez Alvarez.

-EL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ: Se ha querido presentar en esta Cámara de Diputados, si estamos o no a favor de los derechos humanos. Desde luego, que estamos a favor de los derechos humanos, pero lo que se les olvida a nuestros compañeros del Partido Acción Nacional, es que hoy, lo que está a discusión, no es la retórica que acabamos de escuchar; lo que está a discusión, en primer término, es que todos los aquí presentes somos los representantes de la nación, de acuerdo con el artículo 51 de nuestra Carta Magna y este pleno voto precisamente para pedirle al Ejecutivo Federal, de que se abstuviera de seguir las instrucciones de los Estados Unidos de América.

Por otra parte, se ha dicho que es el Ejecutivo Federal el responsable de la política exterior y eso es cierto, pero el artículo 89 en su fracción X, obliga al Ejecutivo Federal a sujetarse precisamente a nuestra Carta Magna, entre otras cosas trascendentes, habla con toda claridad que lo deberá hacer siempre, basado siempre en los principios históricos de nuestra política internacional, basados en la Política Estrada, de la no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos.

Por lo tanto, compañeras y compañeros diputados, no caigamos en el juego de presentar en blanco y negro a los que son los buenos o los malos de los derechos humanos; estamos defendiendo políticas de estado, las políticas que le dieron prestigio y que le dieron calidad a nuestro país ante todos los foros internacionales y que los hemos perdido lamentablemente, a partir de que tomó posesión el gobierno de Vicente Fox.

Por eso, este pleno de la Cámara de Diputados se suma a la petición del compañero Alejandro González Yánez, en el sentido de que el Ejecutivo Federal, nos dé una explicación en qué se basó y por qué violó el artículo 89 en su fracción X de nuestra Carta Magna. Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra.

-EL DIP. JOSE FRANCISCO LANDERO GUTIERREZ: Amistad entre gobiernos no es complicidad, que quede muy claro. Desde su fundación Acción Nacional ha luchado por la defensa de la dignidad de la persona en el ámbito nacional e internacional. No es una decisión de este momento, sino desde el año 39, velar por las personas más allá de nuestras fronteras, es una decisión de congruencia.

Señor legislador, la Doctrina Estrada, no debe ser usada como una tapadera para ocultar el tema de los derechos humanos, ese no es el verdadero espíritu de la Doctrina Estrada, también ...

-EL PRESIDENTE: Un momento, señor diputado. Por favor, como no está funcionando el sistema electrónico, ruego a los auxiliares, lleven un teléfono inalámbrico al señor diputado don Jesús Martínez Alvarez. ¿Con qué propósito)

-EL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ(desde su curul): Para hacerle una pregunta al orador...

-EL PRESIDENTE: Perdón, tiene razón, discúlpeme. Micrófono inalámbrico, "solo los tontos nunca se equivocan"...

Perdón, tiene razón, discúlpeme. Micrófono inalámbrico. Sólo los tontos nunca se equivocan.

EL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ: (desde la curul) De hacerle una pregunta en relación a lo que está manifestando el señor diputado.

EL DIP. JOSE FRANCISCO LANDERO GUTIERREZ: Los derechos humanos constituyen valores absolutos y universales, por lo que es una obligación de los Estados velar por su respeto.

Me da mucha lástima y tristeza ver aquí en este recinto a tantos que se dicen luchadores por los derechos humanos y que en el 68 solicitaban y gritaban por espacios de libertad, también querían participación y hoy en ninguno de sus discursos hablan sobre estos temas.

También se me hace muy triste que no se mencione sobre los presos políticos que se encuentran en la isla y que dan también fundamento al voto que emitió el Gobierno Mexicano. Aquí está la lista, señores, si por ignorancia u omisión no la conocen, de los 75 presos políticos, aquí está, se los puedo dar y de los que no se ha hablado nada. ¿Por qué no, señores?, ¿acaso es por complicidad?

En el tema de los derechos humanos también aquí nunca se ha tocado lo que muchas legisladoras hablan en este recinto y que hablan sobre la equidad de género y la libertad a la mujer. ¿Por qué no se habla de la gran prostitución a que el Gobierno Cubano ha llevado a la mujer, por qué no se habla de la falta de oportunidades?, de eso no; eso es complicidad señores.

También debe quedar muy claro que en la defensa de los derechos humanos no hay fronteras, no hay gobiernos, no hay países; está la persona humana y no hay personas a medias, no hay personas a las que se les intente dar por un lado algunas condiciones de mejoría en educación y salud y que por el otro se limita su libertad de expresión, de tránsito, de asociación, de privacidad, de propiedad, de profesión, de culto, de acceso a la comunicación, de acceso a la información.

...en todos estos hechos está fundamentado el voto que el Gobierno Mexicano emitió esta mañana y está fundamentado también en la congruencia que muchos de ustedes no logran tener.

Ya tenemos en funcionamiento el micrófono inalámbrico. ¿Con qué propósito, diputado don Jesús Martínez Alvarez?

Quisiera preguntarle nada más al señor diputado del Partido Acción Nacional, qué entiende él o sabe qué es la Doctrina Estrada y cómo se manifiesta ésta en el artículo 89 fracción X de nuestra Constitución.

Bueno, qué lastima que me hace esa pregunta y usted no lo sepa, pero con mucho gusto se lo voy a contestar.

La Doctrina Estrada es un fundamento que busca el respeto de la soberanía entre los pueblos y las naciones y precisamente busca que haya un respeto y no involucrarse en asuntos que muchas veces pueden considerarse internos, sin embargo, nunca la Doctrina Estrada señala que no se podrá hacer uso de los instrumentos multilaterales, de los temas que tienen que ver con los gobiernos de diferentes países y la defensa de los derechos humanos.

Si usted cree que la Doctrina Estrada limita el uso de la voz y le impide al gobierno de un país llevar a cabo los actos que lleven a la defensa de los derechos humanos...

Señoras y señores legisladores: algunos de ustedes en la respuesta a la interpelación señalaron tiempo, el riesgo de las interpelaciones es que le conceden tiempo extra al orador y es por decisión de quien hace la interpelación y la disposición del Reglamento.

Por otra parte ruego a todos los legisladores, tengan la bondad de guardar respeto al orador. Hay oradores en pro y oradores en contra, la frase de "pega pero escucha", sigue siendo válida en los debates de este Congreso.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pablo Gómez Álvarez, para hablar en pro.

EL DIP. JAIME MORENO GARAVILLA (Desde su curul): Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo para hacerle la súplica atenta de que esta minuciosidad en el respeto al uso del tiempo sea aplicado a todos por igual, sobre todo a los oradores cuando están haciendo uso de la palabra.

EL PRESIDENTE: Tiene usted razón en señalar eso, porque ha habido dos oradores del contra que han hecho caso omiso de las llamadas de atención de la Presidencia, y quiero señalarle que todavía nuestro Reglamento no da instrumentos a la Presidencia para poder hacer cumplir el Reglamento por medios coercitivos, estamos al honor de los diputados.

La política de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene dos partes fundamentales: combatir a Cuba y proteger a Israel. Esos son sus dos ángulos básicos.

El Gobierno de México, lamentablemente, ha tomado la decisión el día de hoy, de votar a favor de la condena por violación de derechos humanos contra Cuba y se abstuvo en la condena contra Israel.

Hizo exactamente lo que le pidió el Gobierno de Estados Unidos, perdón, ha votado en contra de la condena de Naciones Unidas en el caso de Israel. Se ha plegado totalmente, tengo aquí el cómputo de los votos de la Comisión...

Por favor sonido en la curul del señor diputado Cortés Jiménez. ¿Con qué propósito?

EL DIP. RODRIGO CORTES JIMÉNEZ (Desde su curul): Señor Presidente, si acepta el orador una interpelación.

EL DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ: Quiero, antes de la interpelación –me permite, Presidente- la afirmación que dije al principio en la abstención de México en el caso de Israel, es la correcta, es la correcta.

EL DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ: Antes de la interpelación, Presidente, quiero decirle... Estoy en el uso de la palabra.

EL PRESIDENTE: Sí, señor. Entonces vamos a esperar a que termine su intervención el diputado Pablo Gómez y le hace usted la pregunta. Continúe el tiempo y continúe.

EL DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ: ....han votado a favor 31 países, en contra 7, 15 se han abstenido, entre ellos México. Ese es el dato oficial.

El dato oficial de la votación de Cuba, sobre Cuba es, que México dio el voto a favor decisivo, de otra manera se hubiera empatado y no hubiera habido resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Esto es una cosa que da vergüenza, y da vergüenza porque el Senado y la Cámara de Diputados le pidieron al Presidente una política internacional digna de no subirse de cabús al tren de la política internacional de los Estados Unidos...

... de no subirse de cabús al tren de la política internacional de los Estados Unidos.

La posición de México no es una posición sobre los derechos humanos en Cuba, es una posición de desobedecer, de desacatar, la posición de las dos Cámaras del Congreso Mexicano; una posición antidemocrática, una posición que tuerce los principios internacionales en los cuales México reconoce al Estado Cubano, Estados Unidos no reconoce la existencia y los actos de soberanía del Estado Cubano.

Ese es el problema, no es el problema de las violaciones de derechos humanos en Cuba ni en ningún otro país; es la actitud sumisa, vergonzosa, de un gobierno en México frente a los dictados de la Casa Blanca y del Señor Bush. Ese es el problema y pido que se vote a favor de la resolución.

Por favor, señor diputado don Rodrigo Iván Cortés Jiménez, adelante con su interpelación.

EL C. DIPUTADO RODRIGO IVAN CORTES JIMENEZ.- Señor diputado, le pregunto, porque tengo aquí el documento de Naciones Unidas en donde está expresado el voto de México a favor y el voto, junto con el de Cuba, por cierto y el voto en contra de Estados Unidos en la cuestión que hacemos mención.

Señor diputado, la expresión aquí es muy concreta y muy clara: México está a favor de la resolución que condena a Israel, por la violación en esos territorios y en esto comparte el voto con Cuba y en contra de Estados Unidos.

EL C. DIPUTADO PABLO GOMEZ ALVAREZ.- Voy a darle lectura, en una traducción, así a "vuelo de pájaro", si usted quiere. Tengo aquí el documento, se lo mando en este momento.

Voto: la cuestión de la violación de derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluyendo Palestina.

Resultado: A favor 31 Estados: Armenia, Berain (¿), Bután, Brasil, Burquina Faso (¿), Chile, China, Congo, Cuba, Egipto, Eritrea, Gabón, India, Indonesia, Mauritania, Nepal, Nigeria, Pakistán, Catar, República de Corea, República de Corea, Federación Rusa, Arabia Saudita, Sierra Leona, Africa del Sur, Sri Lanka, Sudán, Swasilandia, Songo...

En contra: Australia, Alemania, Hungría, Italia, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos.

Abstenciones: Argentina, Austria, Costa Rica, Croacia, República Dominicana, Etiopía, Francia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Japón, México, Paraguay,, Perú y Suecia.

¿Qué dice, señor Presidente, qué dice la resolución? Es un poco larga, pero la parte fundamental dice: "...la Comisión también adoptó por 31 votos a favor, 7 en contra y 15 abstenciones, una resolución sobre la cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluyendo Palestina". Le doy el folio: ECN.4/2004/LC.

Ahora, ¿cuál es probablemente su confusión? México votó a favor de otros asuntos relacionados con el Oriente Cercano: uno, la desocupación de los territorios ocupados; dos, el regreso de las alturas del Golán a Siria. En estas dos votaciones, México votó a favor, cuestión que ya está resuelto por Asamblea General de Naciones Unidas desde hace aproximadamente 30 años...

… cuestión que ya está resuelta por la Asamblea General de Naciones Unidas desde hace aproximadamente 30 años.

Pero de los asuntos nuevos, de aquellas cosas que habla esta Resolución, se la mando ahorita mismo para que la lea, si puede… Se la mando ahorita mismo para que la lea si puede señor diputado, se refiere:

-EL C. DIPUTADO RODRIGO IVAN CORTES JIMENES (desde su curul): Señor presidente, en base al Artículo 113 que menciona, que cuando un individuo en la Cámara quisiera que se lea algún documento en relación con el debate para ilustrar la discusión, le pido que la Secretaría lea la Resolución de Naciones Unidas a este respecto que aquí está, con la lista de países de voto a favor, en contra, y que lo lea por favor la Secretaría.

-EL C. PRESIDENTE: El Artículo 113 dice lo siguiente: "Cuando algún individuo de la Cámara quisiera que se lea algún documento en relación con el debate para ilustrar la discusión, pedirá la palabra para el sólo efecto de hacer la moción correspondiente, y aceptada que sea aceptada por la Cámara la lectura del documento deberá hacerse por uno de los secretarios".

Momento, usted hizo ya la moción, yo instruyo a la Secretaría que consulte a la Asamblea si acepta que uno de los secretarios lo lea.

-LA C. SECRETARIA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la presidencia y en votación económica se consulta a la Asamblea si autoriza que se lea el documento a que hace mención el compañero diputado.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-EL C. PRESIDENTE: En atención a la decisión de la Asamblea no a lugar a solicitar a la Secretaría la lectura del documento, diputado. Entonces procedo a conceder el uso de la palabra al señor diputado don Juan Francisco Molinar Horcasitas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en contra.

-EL C. DIPUTADO JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS: Muchas gracias. Con su venia señor presidente. Primer punto que hay que dejar aquí muy claro es que el tema si es derechos humanos, el voto mexicano en Ginebra ha sido voto sobre una Resolución específica, materia de ese órgano garante del derecho internacional y que tiene que ver con derechos humanos.

Claro que quienes no están dispuestos a ser congruentes con la defensa de los derechos humanos en todo lugar y en todo momento, cambian el tema, y puede ser cualquier tema, preferentemente el de la obsesión antiamericana el que quiera reemplazarse por ésta, que es una Resolución que protege no solamente a los últimos 75 presos políticos cubanos, que es solamente la última horneada, la del año pasado, sino a todos aquellos que sufren opresión en sus derechos fundamentales en ese lugar y en cualquier otro del mundo.

Segundo punto que hay que señalar, aquí se ha dicho de una manera en verdad lamentable, que hay que hacerle un extrañamiento al Poder Ejecutivo por desobedecer a la Cámara de Diputados en un punto de acuerdo. No puede haber desobediencia donde no hay mandato. Y en ese terreno ¡no hay mandato, hay una opinión. Esa opinión ha sido escuchada y las razones se han dado!

Tengo dos solicitudes: A ver el diputado García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Sonido en su curul.

-DIP. RAFAEL GARCIA TINAJER (desde su curul) Quiero preguntarle al diputado Horcasita si acepta una pregunta.

-DIP. JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS: Con mucho gusto, al final de mi intervención.

Señor diputado Moreno Garavilla … por favor sonido en la curul del señor diputado.

-DIP. JAIME MIGUEL MORENO GARAVILLA (desde su curul) Gracias señor presidente. Para solicitar la anuencia por su conducto al señor orador, para ver si al final de su intervención se sirve aceptar una pregunta más.

-PRESIDENTE: Son dos intervenciones. Adelante, continúe con su intervención diputado Molinar. Un momento.

.DIP. ARTURO OSORNIO (desde su curul) Señor presidente, para pedirle por su conducto al orador si al término de su intervención acepta una pregunta.

Está claro que el tema sí es derechos humanos, sin duda alguna. Y está claro que no hay mandato del Ejecutivo para obedecer un punto de acuerdo en el cual se expresa una opinión. Hay intromisión de los legisladores que piensan que debe ser así; que piensan que desde aquí sin uso correcto de facultades se puede mandar a otro Poder.

Tercer tema. No solamente estamos hablando de derechos humanos en general, estamos hablando también de las leyes mexicanas que tienen que ser respetadas y de los tratados internacionales que forman parte de todo el aparato jurídico mexicano, como la Declaración para el Reconocimiento Contencioso a la Corte Interamericana y de Derechos Humanos, que México ha firmado y Cuba no.

Como la Convención contra la Tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanas o degradantes que México ha firmado y Cuba no.

Como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que México ha firmado y Cuba no.

Como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que México ha firmado y Cuba no.

Señoras y señores legisladores: tengo 3 legisladores para formular interpelaciones. La presidencia ha sido muy flexible en cuanto al tiempo. Ruego a los señores legisladores concretar las preguntas y al señor orador concretar la respuesta en el momento en que se dé.

Tiene el uso de la palabra para formular su interpelación, desde su curul el señor diputado don Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido

-DIP. RAFAEL GARCIA TINAJERO (desde su curul) Sí, la pregunta se refiere a lo siguiente: ¿La opinión del Congreso Mexicano no es digna de tomarse en cuenta por el señor Presidente Fox? La pregunta es: ¿Vale más un mandato de Bush que la opinión del Congreso de México?

-DIP. JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS: Son dos preguntas en su intervención, ambas retóricas, lo debo decir con claridad.

Desde luego que la opinión del Congreso es tomada en cuenta por el Ejecutivo. Y el Ejecutivo decide después qué hacer con lo que es propio de sus atribuciones.

En segundo lugar, se ha querido aquí hacer un juego verdaderamente absurdo sobre una llamada telefónica y la posición del Ejecutivo, cuando ustedes escucharon en esta tribuna la posición del Partido Acción Nacional sobre derechos humanos antes de cualquiera de esas llamadas a las que ustedes se refieren.

Y nuestra posición fue sumamente clara. Fue clara en defensa de los derechos humanos en esta tribuna y fue clara por el gobierno del PAN, este año y en el gobierno anterior y en cualquier año en que tengamos la responsabilidad, desde el gobierno o la oposición, de defender los derechos humanos.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado don Juan Francisco Molinar. Tiene el uso de la palabra, para formular su interpelación, el señor diputado don Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

EL C. DIPUTADO JAIME MIGUEL MORENO GARAVILLA: (Desde la curul) Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado Molinar Horcasitas ¿conoce usted el principio de supremacía constitucional? Primera pregunta. ¿En qué consiste?

Segundo. ¿Conoce usted el contenido de la fracción X del artículo 89 que obliga al presidente de la República, obliga al presidente de la República a conducirse con los principios que allí se señalan en tratándose de la política exterior de México?

Tercera. ¿Usted considera que una declaración política del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos no está fundada en la Constitución, en esos principios, y por ende lo debe acatar el presidente¡

EL C. DIPUTADO JUAN FRANCISCO MOLINAR: Muchas gracias, señor presidente. Seré muy concreto, en atención tanto a la hora como a la solicitud que me hizo tanto el presidente como usted mismo.

Respecto de la primera, sí la conozco. Respecto de la segunda, sí la conozco. Respecto de la tercera, las recomendaciones que hace el Poder Legislativo fundadas en la ley no son de obligación y no son de acatamiento obligatorio para el Poder Ejecutivo, son recomendaciones. Las hace fundadas en derecho y el Ejecutivo ejerce sus atribuciones fundado en derecho. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, para formular su interpelación, el señor diputado don Arturo Osornio Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL C. DIPUTADO ARTURO OSORNIO SANCHEZ: (Desde la curul) Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado Juan Molinar, hace muchos años leí un libro de usted que se llama El tiempo de la legalidad. Hoy estamos nosotros escuchando el absoluto desprecio que el régimen actual tiene por esta representación…

EL C. PRESIDENTE: Perdóneme, señor diputado Osornio. Le ruego que complete la pregunta. Su exposición ya es una intervención.

EL C. DIPUTADO ARTURO OSORNIO SANCHEZ: Sí, desde luego, señor presidente, la voy a concretar. El absoluto desprecio al artículo 51 –solamente estoy referenciando para hacer la pregunta.

En el 87 constitucional el presidente en su momento, en este mismo recinto, protestó guardar y hacer guardar la Constitución y así lo hizo, ante la nación, de frente a la nación.

Ahora quiero referirme al artículo 90 –y ésta es la pregunta. Perdón, a la fracción X. Dice: "Dirigir la política exterior. En la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos y la no intervención".

Yo le quiero preguntar a usted, que escribió El tiempo de la legalidad si el actual régimen o el actual presidente o el secretario de Relaciones Exteriores respetaron o no la Constitución. Muchas gracias por su respuesta.

EL C. DIPUTADO JUAN MOLINAR: Muchísimas gracias a usted por su pregunta y por la lectura de mi libro, que por cierto es El tiempo de la legitimidad, pero de cualquier manera hace mucho tiempo lo leyó; el olvido es completamente comprensible. Agradezco la lectura y con eso me quedo.

Respecto de la pregunta que me hace, la respuesta es evidentemente que ha cumplido la Constitución y ha ejercido a plenitud, de manera precisa, cabal y contenida, sus atribuciones en materia de conducción de política exterior y de cumplimiento de los instrumentos internacionales que México ha firmado y que obligan, pro lo tanto, al gobierno mexicano a cumplirlos en la protección de los derechos humanos y que son ley de este país. Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alberto Aguilar Iñarritu.del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

- EL C. DIP. ALBERTO AGUILAR IÑARRITU: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros: aquí venimos una vez más a escuchar un tema al cual nos tiene muy acostumbrados el gobierno en turno. Es el tema de presentar principios doctrinarios de su partido, cuando no protagonismos u ocurrencias, como políticas de Estado.

No es verdad que en el sentido político más elemental no exista la necesidad absoluta de una relación de respeto, de colaboración y de construcción entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

Los cinco partidos que nos manifestamos aquí por una política de Estado, lo estamos haciendo en nuestra calidad de representantes de partes de la nación, tan partes como la otra parte que votó a favor o que se pronunció a favor del proyecto del gobierno en turno. No estamos aquí para hacer demagogia, estamos aquí para fortalecer a la República. Bien que ideológicamente quieran pensar lo que consideren, sobre Cuba, sobre los derechos humanos o cualquier principio doctrinario. Aquí hay primero una responsabilidad para con la República, para con nuestros representados. Todos somos partes y todos tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en materia de Estado para hablar de México. México no es el Presidente de la República, somos todos.

Segundo punto: Sí estamos aquí tocando un elemento fundamental. El elemento fundamental se llama la paz en la región donde vive México. El elemento fundamental se llama cómo nuestras familias viven en paz en nuestro vecindario y acciones como las que México está desarrollando ahorita, no solamente limitan la posibilidad de alcanzar de nuevo el liderazgo que tenía, sino que pone en riesgo a posibilidad de una actividad conciliadora en un momento en donde la tensión de la región crece, los desequilibrios también, donde tenemos en Colombia un problema, en Venezuela otro problema y ahora con el elemento de Cuba, México queda subordinado sin tener capacidad de actuar a favor de la defensa de su soberanía nacional, de sus intereses nacionales, de su seguridad nacional. Esos no son asuntos que se resuelvan con principios doctrinarios o con planteamientos de cualquier orden ideológico. Son asuntos de política de Estado y a eso venimos a este Congreso, a hacer política de Estado.

Bienvenidas todas las apreciaciones ideológicas particulares, pero no subordinemos lo fundamental y lo fundamental es el interés, el bienestar de la República.

Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea si el asunto y el punto de acuerdo están suficientemente discutido.

- LA C. SECRETARIA DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la Asamblea si el punto está suficientemente discutido.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE: Proceda la Secretaría a consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

- LA C. SECRETARIA DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputaos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, toda vez que se ha agotado el tiempo destinado a la celebración de la presente y que incluya los asuntos no tratados en la presente sesión.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Secretaria.

La última votación nominal servirá de base para la asistencia final de los señores diputados.

(A las 16:37 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 20 de abril a las 11:00 horas. El sistema electrónico estará abierto a partir de las 09:30 horas.