200404

SESION DEL MARTES 20 DE ABRIL DE 2004

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de Chihuahua y de Jalisco.

De la Cámara de Senadores.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, por el que se exhorta a dar información sobre los motivos de la caída de las participaciones federales a los estados en febrero. (Turno a Comisión)

Con el que remite contestación de la Secretaría de Salud al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir, con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la norma oficial mexicana para la medición de plomo en polvo y suelos. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Seguridad Nacional y se reforma el artículo 50 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Congreso de Chihuahua

Que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que deroga el artículo 301 y reforma el 311 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, referente a la certificación de los prestadores de servicios de atención prehospitalaria, a cargo del diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Agrario, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un inciso c) al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que los municipios puedan aplicar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal a programas de apoyo a adultos mayores que se encuentren en condiciones de rezago social, a cargo del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y la Ley General de Salud, a fin de introducir la obligación de las instituciones de realizar acciones y establecer programas de promoción y educación para la salud dirigidos a los jóvenes, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 294 y 296 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del grupo parlamentario de Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, a fin de no causar agravio a los productores de recursos pétreos en zona federal de las costas de Baja California, a cargo del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma al artículo 2o. y adiciona un artículo 17 Bis a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el primer párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 39, numeral 2, fracción XIII, y 90, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de modificar el nombre de la Comisión de Equidad y Género, a cargo de la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas fracciones a los artículos 3, 4, 10 y 11; y crea la Sección Sexta en el Capítulo II, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 y adiciona un artículo 32 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la ampliación del término constitucional de los diputados federales como representantes de la nación, a cargo del diputado J. Jesús Lomelí Rosas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que deroga el artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Guillermo del Valle Reyes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, y los numerales 35 y 36 a la fracción I del artículo 194, en su Capítulo IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, relativas al dolor y a su tratamiento, a cargo del diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona dos párrafos al numeral 7 del artículo 58 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo al artículo 6o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y un párrafo al artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrita por los diputados Pablo Bedolla López, Rebeca Godínez y Bravo y José Adolfo Murat Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o., en su párrafo quinto, inciso a); y adiciona un párrafo a la fracción VI de dicho inciso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Araceli Minerva Fabián Vargas y Juan Esteban Andreu Mendoza para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Griselda López Saldaña, José Luis Almazán Robles, José Manuel Hernández Colín, Francisca Benteño Medina, Shuji Ando Ashijara, María del Carmen Blanco Peña, Fermín Vásquez Ortiz, Rubén Barrera Salcedo, Martha Lilia Muñiz Colunga, Cecilia López Alonso y Enrique Huerta Alvarado para prestar servicios en la Embajada de Japón en México.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para que se respalden las acciones del Ejecutivo federal encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba y para rechazar toda acción que ponga en riesgo la seguridad de nuestra nación inmediata y nuestra integridad soberana.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a concluir el trámite de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluyendo varios tratados internacionales.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo para exhortar a la Conapesca a implantar una política pesquera nacional integral que involucre a los pescadores y sus demandas, así como a la revisión de los procedimientos llevados a cabo para el ordenamiento pesquero en el estado de Sinaloa y en el golfo de California.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla Agrícola que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista y Orlando Ramos Guerrero para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Hernández Andreu y Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ejército de Estados Unidos de América y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Turismo.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa por la que se crea la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la proposición para que la Cámara de Diputados interponga controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo federal por la suscripción de contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al titular del Ejecutivo federal que instruya, con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, para fijar tarifa especial 1F que considere las altas temperaturas que se registran durante el verano en el estado de Chihuahua y diversas regiones del país, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, referente a la invasión de extranjeros que ocurre en el estado de Chiapas, quienes están violando la Ley General de Población, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Semarnat que declare área natural protegida el Parque Ecológico Estatal de Omiltemi, Guerrero, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia del secretario de Economía para que informe del estado que guardan los procedimientos administrativos en materia de cuotas compensatorias y arancelarias, así como de los juicios que se desprendan de éstos, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las directivas de las organizaciones sindicales del país, mediante sus respectivas federaciones o confederaciones registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que con absoluto respeto del principio de libertad y democracia sindicales, se abstengan de incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a determinado partido político o voten en favor de cierto candidato a un encargo público de elección popular, a cargo del diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el proyecto de planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, Hidalgo, a cargo del diputado José Luis Cabrera Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se cite a comparecer al director general de Pemex-Refinación para que rinda informe ante la Comisión de Energía, presidentes municipales y miembros de la comunidad sobre el estado que guardan las acciones emprendidas para reparar el daño ocasionado en los municipios de Nogales, Ciudad Mendoza y Río Blanco por la ruptura de ductos y la explosión en el poblado de Balastrera acaecida el 5 de junio de 2003 en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a evitar que las empresas importadoras sigan introduciendo todo tipo de contrabando en nuestro país; y al Consejo de la Judicatura Federal, a supervisar la actuación de algunos jueces de distrito que otorgan amparos para importar mercancías mediante el denominado "contrabando técnico", a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Salud cite a comparecer al doctor José Ignacio Santos Preciado, director general del Hospital Infantil de México Federico Gómez, a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se reduzcan las tarifas eléctricas en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Energía que entregue información específica sobre Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús E. Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que, en función de sus facultades y atribuciones, el secretario de Economía vuelva a incluir el azúcar en el acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, devolviéndole así la característica de producto sensible, coadyuvando al fortalecimiento de esta cadena productiva, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a las dependencias responsables del sector de comunicaciones a fijar las tarifas de telefonía celular de acuerdo con los estándares internacionales que rigen la telefonía móvil, a cargo del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar un proceso que permita descentralizar los trámites relacionados con la administración de la zona federal marítimo-terrestre a los estados y los municipios, a cargo del diputado Zeferino Torreblanca Galindo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al titular del Ejecutivo federal que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público a efecto de transferir o reasignar recursos financieros al gobierno del estado de México, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la elaboración de los estudios de factibilidad técnico-financieros y el proyecto ejecutivo correspondientes a cuatro líneas de transporte masivo en la zona oriente de dicha entidad, a cargo del diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a no reducir los proyectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a actualizar y, en su caso, llevar a cabo los programas faltantes de manejo de las áreas naturales protegidas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para requerir al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos que explique por qué no se toman las medidas de alivio en las casetas de cobro con motivo de los congestionamientos kilométricos, con los efectos contaminantes, de costo, daños a la salud y al bienestar anímico de los usuarios, que reduce la velocidad promedio a menos de una tercera parte de la que debe tener ese tipo de carreteras, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que mediante la SEP y la Semarnat se incorpore obligatoriamente en los programas de enseñanza pública y privada la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y la diversidad de cada una de las regiones y los contextos naturales del país, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Tijuana, Gral. Abelardo L. Rodríguez; y, en caso de que no se cumplan en éste las obligaciones que la Ley de Aeropuertos señala, se sancione al grupo concesionario y se revoque la concesión conforme a derecho, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir para que se adopten las medidas necesarias a efecto de que sea suspendido y, en su caso, reintegrado el cobro que por la expedición de credencial de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se está llevando a cabo, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Querétaro durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2003, a cargo del diputado Lino Celaya Luría, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte al Gobierno Federal a apoyar el proyecto del Canal de la Cortadura, en Tampico, Tamaulipas, a cargo del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y a la Fiscalía Especial a realizar diversas acciones para informar y establecer mecanismos que hagan efectivas las investigaciones de la guerra sucia, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Yucatán durante los ejercicios fiscales de 2002 y de 2003, a cargo del diputado Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, respecto a la seguridad vial, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Morelos durante los ejercicios fiscales de 2001 a 2003, a cargo del diputado Guillermo del Valle Reyes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Aguascalientes durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2003, a cargo de la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Nayarit durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2003, a cargo del diputado Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Jalisco durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2003, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Baja California durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2003, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Guanajuato durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2003, a cargo de la diputada Kenny Denisse Arroyo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respete el presupuesto asignado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Marcelo Tecolapa Tixteco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que realice una nueva medición de los predios cafetaleros de los 12 estados productores de café, con la finalidad de que se actualicen las medidas registradas en el Padrón Nacional Cafetalero, a cargo del diputado Miguel Angel Osorio Chong, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Estado involucradas en los flujos migratorios a informar a la Cámara de Diputados sobre las medidas que se toman y de qué manera se asegura el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes reglamentarias, a cargo del diputado Alfonso Moreno Morán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social, así como al director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, a respetar y cumplir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Edgar Torres Baltazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios que evalúen el impacto ambiental que causarían las actividades de explotación de Pemex en la zona aledaña al parque nacional marino Arrecife Alacranes, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la integración de una comisión especial para obtener información relacionada con la aplicación de programas y fondos federales durante el desarrollo de los procesos electorales del estado de Durango, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a abrogar el acuerdo que autoriza el ajuste, la modificación y la reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al honorable Congreso de Puebla a derogar los artículos 13, 14, 44, 57, 73, 74, 75, 82, fracción II, y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del estado de Puebla, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a decretar mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación una norma oficial mexicana para el aprovechamiento de la fauna de acompañamiento de la pesquería del camarón y especies de escama, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Salud que se realice un diagnóstico respecto al grave problema de salud motivado por la contaminación del río Santiago que padecen los habitantes del municipio de El Salto, Jalisco, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al jefe del Poder Ejecutivo federal a derogar el decreto que crea un cuerpo colegiado que se denominará Comisión de Fomento Deportivo del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 24 de enero de 1945, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sagarpa a llevar a cabo la medición de la superficie de los predios cafetaleros, a instaurar acciones para concluir la actualización del Padrón Nacional Cafetalero y a modificar las Reglas de Operación del programa Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, a efecto de establecer un mínimo en el monto de apoyo que se otorga a los productores, a cargo del diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el desempeño y la fusión de la extinta Unidad de Proyectos Especiales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo a efecto de que, mediante las instituciones del sector salud, se incorpore de manera permanente en los programas y las campañas de prevención, detección y atención del cáncer cérvico-uterino el estudio de colposcopia de manera gratuita a todas las mujeres del país; y de que se envíe a la Cámara de Diputados un proyecto piloto emergente en función del calendario del programa de acción de cáncer cérvico-uterino y, de manera anticipada, el proyecto de infraestructura requerido para que en el Presupuesto de Egresos de 2005 se impulsen los recursos económicos al sector salud, a cargo de la diputada Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de pedir al Ejecutivo federal que, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aplique de manera urgente un diferimiento para la inversión extranjera en nuestro país por lo que respecta al autotransporte, como medida de efecto equivalente ante el incumplimiento por parte de Estados Unidos de América de los acuerdos que sobre dicha actividad contiene el referido Tratado, a cargo del diputado Francisco Juan Avila Camberos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se constituya una comisión especial contra el contrabando y la piratería, cuyas funciones tendrán como objeto analizar, sistematizar, plantear acciones y supervisar su instrumentación y ejecución y todas las demás que en su plan de trabajo sean consideradas pertinentes para el combate de este grave mal, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para recomendar al Ejecutivo federal que modifique el decreto de creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con objeto de otorgarle mayores facultades, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Organo Interno de Control de la Cámara de Diputados a abrir una investigación por la publicación aparentemente errónea en la Gaceta Parlamentaria, año VII, con fecha de diciembre de 2003, sin precisar día, del anexo 21 del proyecto del PEF 2004 y se aplique la ley a quien o a quienes resulten responsables, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Solicitudes de excitativas

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

Agenda política

Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre los resultados de la reunión de la Cepal que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la Ley 151, aprobada por el estado de Sonora en relación con la reforma del Código Electoral de esa entidad, para la asignación de 50% de las candidaturas para cada género, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre la construcción de la terminal norte de Toluca, a cargo del diputado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios en torno de la decisión del Gobierno de Canadá sobre la matanza masiva de focas en su territorio, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN. Toca la campanilla y dice): Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMALÍN YABUR ELÍAS (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 285 diputadas y diputados.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

- LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

- LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

- LA MISMA C. SECRETARIA: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

posibilidad de que los recortes planeados para el programa Apoyo a la Palabra, se

apliquen con criterios basados en la productividad por hectáreas garantizadas entre

- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Desarrollo Social y de Agricultura y Ganadería para su conocimiento.

(El congreso del estado de Jalisco remite acuerdo por el que expresa su apoyo a la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a las reformas legales para que no

EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Equidad y Género, para su conocimiento.

(Da lectura al oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la comunicación

- EL C. P RESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

-SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Se da cuenta de los oficios de la Secretaría de Gobernación.

-PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y al promovente para su conocimiento.

-PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Salud y al promovente para su conocimiento.

-PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.

-PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Defensa Nacional y de Marina.

-SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Iniciativa del Decreto del Congreso de Chihuahua.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Hugo Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que deroga el artículo 301 y reforma el 311 del Código Penal Federal.

Se ruega muy respetuosamente a los integrantes de los medios masivos de comunicación ocupar sus lugares.

Compañeros Secretarios, compañeras y compañeros Diputados. El suscrito, Diputado Hugo Rodríguez Díaz, integrante de la LIX Legislatura Federal y en uso de las facultades conferidas por la Constitución Federal y la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, someto a su elevada consideración, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto bajo la siguiente Exposición de Motivos.

El tercer párrafo del Artículo 14 de la Constitución Federal prohibe imponer en los juicios penales por simple analogía y aún por mayoría de razón, en alguna que no esté decretada por Ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Así las cosas, no queda mayor explicación que la derivada de la lectura de la Garantía Constitucional aún y cuando por analogía, similitud, semejanza, comparación, relación entre hechos investigados y aún por mayoría de razón, esto es, que quede debida y plenamente comprobado, que el sujeto activo cometió un acto que dañe al sujeto pasivo, no se le sancionará si no existe una ley exactamente aplicable al ilícito de que se trate, criterio que desde siempre ha sido apoyado por la Suprema Corte, no obstante el Código Penal Federal vigente descuida la seguridad social al omitir la responsabilidad en caso de homicidio, ya que en su Artículo 301 indica de las lesiones que una persona cause algún animal bravío, será responsable el que con esta intención lo azuce o lo suelte o haga esto último por descuido.

-EL C. PRESIDENTE. un momento Diputado. Esta Presidencia ruega muy respetuosamente a los integrantes de los medios masivos de comunicación, tengan la gentileza de ocupar sus lugares para poder continuar el desarrollo de la sesión.

-EL C. DIPUTADO HUGO RODRIGUEZ DIAZ.- Luego de producirse por ejemplo un incidente en el cual alguna persona que tenga un perro lo azuza para sacar a otra persona y del incidente el animal causa lesiones de cualquier tipo al sujeto pasivo, en base en el Artículo 301 de la Norma Penal Federal, el Ministerio Público podrá ejercer acción penal contra la persona que azuzó al perro para lesionar al sujeto pasivo y al juzgador, de acreditarse los hechos, tendrá elementos legales para sancionar a quien lo hizo.

Sin embargo y aún así se escuche totalmente fuera de razón, si del mismo incidente que ponemos el ejemplo se causa la muerte a la persona atacada por el animal, quien lo azuzó no podrá ser sancionado por el homicidio ya que la Constitución Federal prohibe imponer por analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate y como vimos antes, el Artículo 301 del Código Penal Federal, sólo indica responsabilidad contra quien envió al animal y este causa lesiones sin mencionar absolutamente nada respecto a la responsabilidad de quien provoque que este mate a otra persona.

En atención a lo antes expuesto, quiero ejemplificarles más aún, compañeros Diputados, si ustedes leen el periódico Excelsior de hace dos días, un vecino con un perro lo azuza y lesiona de muerte a una vecina pero indudablemente ha sido una moda de todos los cholos, de todas las pandillas juveniles desde centros metropolitanos como en Los Angeles, como en México o como en Chicago, el usar animales como el ejemplo.

Por lo tanto, esta Iniciativa con proyecto de Decreto que deroga un artículo y reforma otro, ambos del Código Penal Federal con el fin de evitar la utilización de la Garantía Constitucional, de exacta aplicación de la Ley para la Comisión del Delito de Homicidio sin sanción alguna.

Pido señor Presidente, sea publicado en el Diario de los Debates íntegramente.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y comuníquese en la Gaceta Parlamentaria, en caso de que no haya s ido publicado y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Raúl Rogelio Chavarría Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, referente a la certificación de los prestadores de servicios de atención pre-hospitalaria.

A nombre del suscrito, Raúl Rogelio Chavarría Salas, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud referente a la certificación de los prestadores de los servicios de atención prehospitalaria.

El Programa Nacional de Salud considera a los accidentes un problema de salud pública, cuyo impacto es aún más fuerte si se toma en cuenta que ocupan el primer lugar como causa de muerte entre los escolares y la población en edad productiva.

El promedio de edad en que ocurren es a los 37 años y constituyen la segunda causa de orfandad en México.

La muerte no es el único producto de los accidentes pues también la discapacidad resultante arroja cifras preocupantes generando un incremento en el número de años de vida saludables perdidos.

Destacan por su frecuencia en primer término, los accidentes viales; subsecuentemente los que se presentan en el hogar, continuando los que ocurren en la escuela y el trabajo.

La atención prehospitalaria se entiende como los servicios de atención de enfermos o víctimas de accidentes fuera del servicio de un hospital; es decir, es una extensión del servicio de urgencias hospitalarias que comprende tanto la atención de salvamento, atención médica y transporte de los pacientes al servicio hospitalario o centro de trauma, dependiendo de las lesiones o patología presente.

El concepto de atención prehospitalaria nació aproximadamente en 1940, con los cuerpos de bomberos de los Estados Unidos quienes fueron los primeros en brindar atención médica a los enfermos o heridos mientras eran transportados.

En nuestro país, la atención prehospitalaria ha tenido un desarrollo limitado y ha estado orientado más al sector privado que al sector público. Los primeros organismos fueron diferentes grupos de socorro, con tripulantes voluntarios dentro de sus ambulancias y con niveles de entrenamiento –no formal- impartidos por las mismas instituciones de socorro.

Es importante destacar que la atención prehospitalaria debe constituirse en un servicio que no se limite sólo al traslado en ambulancia del paciente, sino que durante el transporte se realicen algunas intervenciones como maniobras de reanimación cardio-pulmonar, control de hemorragia, inmovilizaciones, estabilización de signos vitales, mantener las vías aéreas permeables, etc.

Dichas maniobras, aplicadas con técnica y profesionalismo, lograrían impactar en la morbi mortalidad de los accidentes, ya que actualmente –en muchos casos- la atención del paciente urgente en el área prehospitalaria se limita al traslado de la víctima, lo que pone en riesgo su vida pues al no tratar una lesión oportunamente puede originar la muerte, como los casos de infartos, hemorragias que conducen al shock hipovolémico (?), fracturas expuestas, traumatismo cráneo encefálico, fracturas de cervicales, entre otros tipos de lesiones, que la no dar el tratamiento adecuado, el paciente puede morir en pocos minutos y en caso de sobrevivir, quedará con secuelas muchas veces irreversibles, aumentando los costos de hospitalización, días cama, tiempo de rehabilitación, fisiatría, días hora-hombre, pérdida por falta de productividad e incorporación a la vida laboral, ausentismo laboral, desintegración familiar cuando el paciente es el sustento de la familia, pues las estadísticas muestran que más del 70% de los accidentes son en el sexo masculino.

Para lograr el desarrollo de un adecuado sistema de atención pre-hospitalaria, debemos partir de un proceso de educación y capacitación, del personal dedicado a brindar a la comunidad este tipo de servicios, a dicho personal se le ha denominado: "paramédicos".

Por las razones anteriormente expuestas, esta iniciativa contempla la exigencia de capacitación y entrenamiento del personal paramédico, con profesionalismos y con la acreditación académica correspondiente. El paramédico debe contar con los conocimientos apropiados para proporcionar los cuidados oportunos, dentro de los estándares internacionales de tiempo y también, conocimientos para determinar la naturaleza y extensión de la enfermedad o lesión, estableciendo prioridades con la finalidad de mejorar la integridad del paciente, ya sea traumatizado o con enfermedad súbita y transportarlo a una unidad médica en donde recibirá atención integral complementaria para la resolución de su problema.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, referente a la certificación de los prestadores de los servicios de atención pre hospitalaria.

Artículo Único.- se reforma el párrafo 2° del artículo 79 de la Ley General de Salud: "Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica, pre hospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología bioestadística, codificación, clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatológica y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes, hayan sido legalmente expedidos y registrados por la autoridad educativa competente".

Artículo 1°.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 2°.- La Secretaría de Salud, contará con 90 días después de la entrada en vigor de este decreto para expedir la reglamentación relativa a la atención médica pre hospitalaria.

-EL PRESIDENTE: Gracias señor diputado don Raúl Rogelio Chavarría Salas. Túrnese a la Comisión de Salud.

El siguiente punto del orden del día, ha sido retirado a petición del grupo parlamentario para posponerlo y se trate en sesión futura. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adicione inciso c) al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

-EL DIP. JORGE USCANGA ESCOBAR: Los suscritos, diputado federal Jorge Uscanga Escobar y senador licenciado Fidel Herrera Beltrán del estado de Veracruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 párrafos 1° y 2°, incisos c), d) y e), 38 párrafo 1°, inciso a), 39 y 45 párrafo seis, inciso f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General, numeral 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, numerales 2° y duodécimo del Acuerdo Parlamentario, relativo a la integración del orden del día, de las discusiones y las votaciones, me permito someter al pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa.

En México, el concepto de "adulto mayores", comprende a todas aquellas personas que tengan 60 años o más, de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2000. En nuestro país habitan 4 millones 750 mil adultos mayores, dividiéndose prácticamente en partes iguales entre hombres y mujeres, representando el 5% de la población total.

Aún cuando en México la población es mayoritariamente joven, los avances logrados en materia de salud y bienestar social han permitido incrementar la posibilidad de vida que en las últimas 7 décadas aumentó40 años, ya que en 1930 era de 36 años y actualmente la vida media de los mexicanos asciende cerca de los 75 años. Se estima que para el año 2010 el número de adultos mayores puede incrementar a 10 millones; para el 2015, 15 millones y para el 2050 sumarán 42 millones. Esta situación obliga a enriquecer las políticas asistenciales.

El paulatino envejecimiento de nuestra población implica una complejidad en la estructura social de México en un plazo relativamente corto, ya que mientras los países desarrollados les toma más de un siglo llegar a una situación de pleno envejecimiento demográfico, a México le tomará apenas medio siglo. Los adultos mayores es uno de los sectores más desamparados de México, ya que al llegar a la vejez sus capacidades físicas y mentales disminuyen, colocándolos en desventaja respecto de quienes aún no alcanzan esta edad, incrementándose en consecuencia su dependencia a la familia y a la comunidad, siendo discriminados, abandonados o incluso maltratados, por lo que es urgente la activación de programas y acciones que les garanticen una vida digna.

Las cifras del Consejo Nacional de Población son claras; en el caso de los hombres, a partir de los 65 años de edad se inicia una tendencia ascendente en su empobrecimiento hasta los 75 años; la pobreza femenina aumenta abruptamente en el grupo de 60 a 64 años, lo que pudiera asociarse a la pérdida de la pareja por viudez.

Sobre el derecho comparado en la materia, podemos citar que los gobiernos regionales españoles, como Castilla y León, han creado con recursos federales programas de ayuda de carácter individual con apoyos económicos para personas mayores de 65 años o jubilados de 60 años. En Argentina existen organismos gubernamentales como la Secretaría de Estado de la Tercera Edad, programadas como la cobertura médico asistencial y social, las cajas de ahorro y la articulación de vínculos e integración de objetivos comunes con organismos gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional, para la firma de convenios que promocionen y contemplen esta temática.

Nuestro país, congruente con el interés internacional, es miembro de la Federación Internacional de la Vejez, creada en 1982 por la Organización de las Naciones Unidas, misma que emitió la Declaración sobre Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, en la cual exhorta a los países a conjugar esfuerzos y voluntades políticas para lograr la independencia, participación, la autorrealización y dignidad de los adultos mayores.

Durante más de dos décadas, el Instituto Nacional de la Senectud, INSEN, protegió y atendió a las personas de 60 años y más, sin embargo, las necesidades de este sector fueron cada vez mayores, por lo que en el 2002 pasó a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social modificando su nombre por el de Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, no omitiendo al DIF que también maneja programas y servicios en apoyo a los adultos mayores.

El Instituto Mexicano del Seguro Social otorga aproximadamente a 500 mil mujeres de la tercera edad, pensión por viudez y a hombres de 60 años o más, que representa el 29% de los pensionados, oscilando entre los 900 y 1200 pesos al mes.

El último logro de la materia fue la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pero no es suficiente; en realidad estamos conscientes de que los esfuerzos destinados al apoyo de los adultos mayores son sobrepasados por la situación a la que se enfrentan diariamente. Nuestra labor como legisladores es seguir creando los medios jurídicos adecuados para que esta creciente problemática involucre a todos los niveles de gobierno y a la población en general, para poderle otorgar a los adultos mayores los derechos y prerrogativas que mejoren sus condiciones de vida.

Retomo lo que establece el artículo 4° constitucional: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Asimismo la Ley de los Derechos de las personas adulta mayores en su artículo 11, se establece que la Federación, las entidades federativas y los municipios, ejercerán sus atribuciones en la formulación y ejecución de las políticas públicas para las personas adultas mayores de conformidad con la concurrencia prevista en esta ley.

La importancia de aterrizar estos preceptos legales, debe ser un trabajo coordinado de los diversos poderes de los estados de los tres niveles del Gobierno, por lo que proponemos hacer uso de los recursos que otorga la Federación a los municipios en el llamado ramo 33, normado por la Ley de Coordinación Fiscal, para facultar a los municipios a que apliquen el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a programas de apoyos destinados a adultos mayores que se encuentren en condiciones de rezago social.

Esto fortalecerá la cultura de respeto a los derechos y dignidad de los adultos mayores, no sólo como un acto de congruencia y de elemental justicia, sino como un imperativo ético e incluyente que propicia un cambio efectivo en las condiciones de muchos mexicanos.

Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, los suscritos sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un inciso c) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, de que los municipios puedan aplicar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal a Programas de Apoyos Adultos Mayores.

"Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

c) Dentro de las acciones sociales básicas los municipios podrán aplicar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a Programas de Apoyo a Adultos Mayores que se encuentran en condiciones de rezago social".

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril del año 2004.

Atentamente, senador licenciado Fidel Herrera Beltrán; diputado licenciado Jorge Uscanga Escobar.

EL PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias, señor diputado don Jorge Uscanga Escobar.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para iniciativa que reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y la Ley General de Salud.

El grupo parlamentario, a través de la suscrita diputada, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto, con la siguiente

El Estado existe y fortalece su legitimidad en la medida que provea las condiciones y los servicios que faciliten el desarrollo de los individuos en la sociedad y protejan los derechos que el Pacto Social contempla.

El artículo 4° de nuestra Constitución, establece el derecho de protección de la salud, que considera no sólo la atención médica y la restauración de la salud, sino también la previsión de enfermedades.

Los jóvenes, constituyen el grupo de edad más sano en términos biomédicos en relación con los demás grupos de edad, presenta proporcionalmente menos enfermedades y muertes.

No obstante, consolidan hábitos de vida vinculados con prácticas sociales que los pone en riesgo de presentar padecimientos crónicodegenerativos y enfermedades emergentes.

De acuerdo al Programa Nacional de Juventud 2002-2006, el abuso de sustancias adictivas, el ejercicio de la sexualidad, los hábitos alimenticios, la morbo y mortalidad por accidentes y violencia, impactan negativamente en la salud de los jóvenes.

El ejercicio desinformado e irresponsable de la sexualidad, puede derivar en enfermedades de transmisión sexual; el VIH SIDA, constituye la cuarta causa de muerte de los hombres entre 25 y 34 años de edad. Por su parte, el uso y el abuso de sustancias psicoadictivas, generan trastornos mentales y aumentan el índice de accidentes y violencia que desembocan en discapacidad o muerte.

La educación y orientación en materia de nutrición, así como la práctica de la actividad física y el deporte, son aspectos que a la postre condicionan una buena o mala calidad de vida en la edad adulta y la vejez. La generación de valores y hábitos en torno a estos factores a edades tempranas, ayuda a que disminuya el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas.

De acuerdo al doceavo Censo General de Población y Vivienda, la población joven que comprende a las personas entre los 12 y 39 años de edad, asciende a 33.6 millones, lo que representa poco más de una tercera parte de la población, total proporción que se mantendrá estable en los próximos 30 años. Esta composición representa una ventana de oportunidad para el desarrollo nacional, ya que la población en edad laboral aumentará y la población de dependientes menores de 15 años disminuirá, a lo que se le ha dado por llamar "bono demográfico".

En este contexto, es una obligación social proteger este activo otorgándole los servicios de salud más rentables como son las acciones y programas de prevención de enfermedades y discapacidad; requerimos potenciar el capital social y cultural de los jóvenes a través de acciones de política pública que reviertan los circuitos de rezago y desigualdad que enfrentan miles de ellos; actuando de esta manera, se beneficia tanto el desarrollo económico, como la convivencia social, aumentando la productividad del factor trabajo y evitando males sociales como la delincuencia y el vandalismo.

El Programa Nacional de Juventud 2002-2006, reconoce que en la atención de los problemas de salud de este sector de población, se percibe la carencia de políticas de salud sensibles y adecuadas y una deficiente coordinación intersectorial. En este sentido, la propuesta que someto a esta soberanía, tiene como propósito establecer de forma permanente y vinculatoria la coordinación entre las instituciones públicas en las acciones y programas de prevención de los problemas de salud y los riesgos para la salud a que se enfrentan los jóvenes.

De esta forma, el Instituto Mexicano de la Juventud, estará obligado a elaborar, en coordinación con las dependencias y entidades federales, programas de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y salud reproductiva, sensibles a las necesidades de la juventud; además, buscando hacer congruente la reforma propuesta, se incluye en la Ley General de Salud como parte de la educación para la salud, la orientación y capacitación a la población en adicciones, educación sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual y SIDA.

Esta propuesta retoma el propósito de la primera estrategia del Programa de Acción, Fomento del Bienestar Juvenil del Programa Nacional de Juventud 2002-2006, el cual consiste en lograr una verdadera cultura de la salud integral, utilizando como herramienta principal la coordinación y colaboración interinstitucional.

En Acción Nacional estamos convencidos de que es necesario potenciar la actuación coordinada de las instituciones públicas de los diferentes órdenes de gobierno y promover la participación de las instancias privadas en la promoción y educación para la salud. Consideramos que para lograr mejores resultados en la salud y en la reducción de la desigualdad en el mediano y largo plazo, es preciso que dichas acciones se mantengan en el tiempo.

Vemos en los jóvenes un sector activo y estratégico del desarrollo nacional, desechamos la visión de que conforman un estrato vulnerable sujeto a los programas y acciones puramente asistenciales. La lucha desinteresada por el bien común, por cauces de honestidad y nobleza, acabará siendo más atractiva para la juventud que el acceso a bienes materiales o a prebendas políticas.

En consideración de lo expuesto, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, me permito someter a la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y la Ley General de Salud.

Artículo 1º. Se reforma la fracción IX del artículo 4º. de la Ley del Instituto Mexicano de Juventud para quedar como sigue:

Artículo 4º. "... para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

fracción IX.- Elaborar, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y salud reproductiva, así como de capacitación y desarrollo destinados a jóvenes. Y

Artículo 2º.- Se reforma la fracción III del Artículo 112 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

fracción III.- Orientar y capacitar a la población, preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, adicciones, educación sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual y sida, planificación familia, riesgos de la automedicación, prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades.

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario de la Federación.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Kahwagi Macari del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para iniciativa que reforma los Artículos 294 y 296 del Código Federal de Procedimientos Penales.

-EL C. DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Nuestro país así como la sociedad mexicana debe considerar de manera importante la atención prioritaria de los menores y sobre todo de aquellos que cuentan con 5 años o menos, que como grupo vulnerable debemos proporcionar mejores condiciones de vida, no sólo en cuanto a recursos materiales se refiere sino sobre todo de un adecuado entorno social propicio para su crecimiento y desarrollo.

Para poder dotar a la infancia mexicana de los elementos jurídicos que le permitan gozar a la protección de las leyes mexicanas y de su correcta aplicación, de bienes necesarios exponer lo que fundamenta y da certidumbre a la presente iniciativa.

Por un lado, se encuentra en un orden jerárquico, lo relativo al derecho que tendrán los niños y las niñas, en el párrafo sexto del Artículo 4º. Constitucional, donde se habla del desarrollo integral así como de la salud que debe ser satisfecho en plenitud.

El propio artículo Constitucional es claro, al imponer a los ascendientes, tutores o custodios, a preservar esos derechos inalienables.

Siguiendo con el orden jerárquico planteado, existe en la materia una Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, misma que fue ratificada por la Cámara de Senadores y publicada en el Diario Oficial de la Federación, para que surta todos sus efectos legales y tenga la validez plena en nuestro país.

Asimismo existe la necesidad de proporcionar al niño una protección especial, la cual ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño Adoptado por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus Artículos 23 y 24, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Artículo 10 en la Declaración de los Derechos del Niño, la cual establece que el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la vía protección legal, tanto antes como después de su nacimiento, particularmente la citada Convención en su artículo 3o. y 4o. establece que los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sea necesario para su bienestar. Con ese fin tomarán todas las medidas legislativas adecuadas.

Por ello, y como a últimas fechas hemos sido testigos de como se practica la violencia por parte de adultos en contra de quienes tenían la responsabilidad de cuidar, sin importar su condición indefensa y que se encuentran en total incapacidad para poder realizar denuncia verbal de las agresiones que sufren, presentamos la siguiente iniciativa, la cual radica en que si bien en pocos estados de la Federación se considera como grave el delito de lesiones a menores de edad, nosotros trataremos de unificar el criterio e incluirlo dentro del Código Federal de Procedimientos Penales, de lo contrario, se permitirá continuar con el criterio ahora sustentado y tan disperso que en cada entidad federativa se tiene.

Asimismo se establece un nuevo tipo penal para proteger a los menores de cualquier agresión, al imponer penas a las personas que se les haya depositado el menor por tiempo determinado, a causa de una relación laboral contraída para tal efecto. En este sentido destacamos que este delito no debe verse como una mera agravante de otro delito, sino como una conducta típica, antijurídica y culpable totalmente independiente, sin pasar por alto además, que se transgreden diversos bienes jurídicos tutelares, por la norma penal como son: la seguridad de la familia y la integridad personal, circunstancia que confirma su autonomía.

Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 294 y 296 del Código Penal Federal y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

"Artículo 1o. Se reforman los artículos 294 y 296 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 294. Al que infiera lesiones a menores de 6 años, las penas podrán aumentar hasta el doble sin perjuicio de la sanción que les corresponda conforme a este Código."

"Artículo 296. Al que infiera lesiones a menores de edad teniendo una relación laboral con los padres o tutores de éste y en que bajo su cuidado haya sido depositado, se le aumentará la sanción hasta en una mitad."

"Artículo 2o. Se reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que quede como sigue:

"Artículo 194. Se califica como delito grave para todos los efectos legales por afectar de manera importante valore fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

"Inciso 21. Lesiones previstas a los artículos 291, 292 y 293, cuando se comete en cualquier de las circunstancias previstas en los artículos 315 y 315 Bis y las lesiones del artículo 294, cuando éstas se realicen conforme al artículo 296."

Insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo.

EL C. DIPUTADO HUGO RODRIGUEZ DIAZ: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: el suscrito, diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con las atribuciones constitucionales y legales, presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

La libertad es uno de los actos más preciados del ser humano que ha sido consagrada en las cartas magnas de casi la totalidad de los Estados que conforman el concierto de las naciones.

En épocas pasadas fue sujeto de estudio y análisis por pensadores de la ciencia política clásica y contemporánea como Aristóteles, John Locke, Rousseau, Montesquieu, por mencionar sólo algunos.

Por lo que respecta a nuestro país, la Ley de Amparo establece los procedimientos para que el ciudadano tenga los medios de defensa posibles que consagran nuestra Constitución y dicho ordenamiento legal.

Sin embargo, es necesario que a los procesos del juicio de amparo deban dárseles celeridad en el estudio y fallo de casos que conozcan donde el quejoso esté privado de su libertad personal.

En otras palabras, que el juzgador le dé prioridad, ya sea amparado o no, a aquellos casos que tenga conocimiento donde el individuo se encuentra en la cárcel en espera de definir su situación legal.

Es, como por ejemplo, en el ejercicio de mi profesional, la prioridad de atención en un paciente con signos y síntomas de apendicitis aguda que necesita intervención quirúrgica de emergencia, en contraste con el paciente que acude por una gripa para ser medicamentado.

Por tanto, consideramos que el amparo de la persona que está privada de su libertad debe de ser tratada con la misma celeridad y sin demora alguna.

El propósito de esta iniciativa es con el fin de que la autoridad de amparo que conozca del juicio constitucional le dé preferencia para su estudio, resolución, engrose y publicación sobre todos los demás casos, en amparo directo e indirecto, en los procesos de revisión, queja, incidentes de competencia o acumulación en los casos en que el quejoso o recurrente esté detenido por razón de lo reclamado.

Por lo anterior, debidamente expuesto fundado y motivado, me permito presentar ante la honorable y elevada consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que pretende dar celeridad a los juicios de amparo y que se encuentra insertada en la Gaceta Parlamentaria de hoy. Es cuanto, presidente.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para iniciativa que adiciona el artículo 232, apartado C, de la Ley Federal de Derechos, a fin de no causar agravio a los productores de recursos pétreos en zona federal de las costas de Baja California.

EL C. DIPUTADO PABLO ALEJO LOPEZ NUÑEZ: Gracias, señor presidente. El que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 constitucional y por los artículos 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General, presento la siguiente iniciativa que adiciona el artículo 232 C de la Ley Federal de Derechos bajo los siguientes antecedentes.

En el Estado de Baja California el canto rodado, también llamado "piedra bola de mar" y demás recursos pétreos ubicados en los terrenos de jurisdicción federal que por su definición pueden ser zona federal, zona federal marítimo y terrestre o administradas por conducto de la Dirección General de Zona Federal Marítima y Terrestre y Ambientes Costeros y sus Unidades Administrativas y en las entidades federativas dependientes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tales recursos pétreos naturales, deben su yacimiento básicamente a los materiales de esta clase que son acarreados por las corrientes de los ríos y los arroyos, los que desembocan en el lecho marino, plataforma continental y al entrar en contacto con las fuerzas naturales del oleaje, en conjunto con la marea, dichas pucas clastos van puliendo sus aristas en un proceso abrasivo entre sí, lo que les da características de ser una roca visualmente atractiva para comercializarla y dejar importantes emolumentos a buena parte de la sociedad de los municipios del sur del estado de Baja California.

Razón a lo anterior es que en definición que en esta área que cubre y descubre el prisma de las mareas, para llevar a cabo la tarea de explotación de este recurso, es necesaria la presentación de mano de obra, ya que la selección de dichos pétreos es de forma artesanal, generándose con ello fuentes de empleo, las cuales han ido escaseando a nivel nacional en los últimos años.

En cuanto a lo que se refiere a la tributación fiscal, la actividad del canto rodado ha pasad por diferentes etapas, comenzando por el cobro realizado a los productores en base al traslado de productos en forma de guía individual o permiso para traslados de diferente manera del contenido del producto.

Para tal efecto, entraban el 10 % del valor del producto de la plaza, haciéndose tal contribución mediante el llenado de diferentes formatos fiscales ante una entidad bancaria determinada y exigiendo los comprobantes respectivos.

En el año 2000, la Dirección General de Zona Federal Marítimo y Terrestre, instruye a la Dirección de la Unidad Administrativa de la Zona Federal, a efecto de que los productores pudieran hacer sus contribuciones con base en el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, vigente, por concepto y uso de goce de zona federal, causando con ello un fuerte agravio a los productores, ya que en ninguno de los apartados se clasificó adecuadamente a quienes se dedican a la explotación de recursos pétreos marinos.

En el año del 2003 adicionalmente al artículo 232-C de la citada Ley, se incluyó, gravó la multicitada actividad mediante el artículo 232-D-1, cuyo concepto por volumen de explotación amplió y fue incongruente con los ingresos que se generan por la realización de la actividad en comento.

Finalmente, en este año, preserva tal situación tributaria, la cual genera un severo agravio a tal actividad para la explotación de canto rodado, ya que se utilizan playas con longitudes que sobrepasan las necesidades de quines han realizado esta permanente actividad comercial.

Por tal motivo se pretende que mediante la presente iniciativa al adicionar el artículo 232-C, se considera esta actividad de extracción de piedra de bola de mar, en equidad con otras actividades rurales que obtienen lucro en la zona federal, como son: La pesca, la acuacultura y la agricultura.

Como ejemplo comparativo, los productos de materiales para la construcción como es el caso de la empresa que explota la arena de los lechos de arroyos de Baja California, en donde dichos arroyos son zonas federales, pero cuya administración y expediente de concesiones, le pertenece a la Comisión Nacional del Agua.

En este caso los productores de arena extraída de los lechos de arroyo, no se les tasa para que paguen conforme al artículo 232-C, estando solamente obligados al tributo establecido en el artículo 232-D, siendo que ellos para su actividad extractiva utilizan maquinarias y bueno, maquinaria pesada que, bueno, no sucede con los extractores de piedra bola.

Por lo anteriormente expuesto el suscrito diputado federal y atendiendo a las necesidades de la sociedad, del marco jurisdiccional del distrito, Pablo Alejo López Núñez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Legislatura, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa:

"Están obligadas a pagar el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. El monto del derecho a pagar se determinará con los valores referidos en la tabla que se inserte en la iniciativa.

"Se considera como uso de protección el que se dé a aquellas superficies ocupadas que mantengan el estado natural de la superficie concesionada no realizando construcción alguna y donde no se realicen actividades de lucro. Se exceptúan las obras de protección con fenómenos naturales.

"Se considera como uso de ornato el que se dé a aquellas superficies ocupadas en las cuales se haya realizado obra de ingeniería civil, cuya construcción no requiera de trabajos de cimentación y que estén destinadas exclusivamente para el embellecimiento del lugar.

"Se considerará como uso general el que se dé a aquellas superficies ocupadas en las cuales se hayan realizado construcciones con cimentación o se llevan a cabo el embellecimiento del lugar para el esparcimiento del solicitante, siempre y cuando dichas áreas no estén vinculadas con actividades lucrativas. En aquellos casos en que las entidades federativas y municipios hayan celebrado convenios de colaboración administrativa en materia fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ingresos que se obtengan por el cobro a los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de los inmuebles ubicados en la zona federal marítima y terrestre y los terrenos ganados al mar, podrán destinarlos cuando así lo convengan expresamente con ésta a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza a la zona federal marítimo y terrestre.

"Por lo anteriormente expuesto a usted, señor Presidente, señores legisladores, solicito se incluya la presente iniciativa en el Diario de los Debates en los términos en que fue presentada y que sea turnada a las comisiones correspondientes.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias señor diputado don Pablo Alejo López Núñez.

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMALÍN YABUR ELÍAS (PRI): ¿Falta algún diputado o diputada para registrar asistencia?

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 443 diputadas y diputados.

Ciérrese el sistema electrónico por favor y quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula.

- EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Legorreta Ordoríca, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para iniciativa que reforma el artículo 2 y adiciona un artículo 17-Bis a la ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

- EL C. DIPUTADO JORGE LEGORRETA ORDORICA (PVEM): Con su permiso, señor Presidente.

Pese a los esfuerzos que se han realizado en nuestro país para tratar de combatir la delincuencia, éstos no han sido suficientes. Es sabido que gran parte de este problema se debe a que la readaptación social, finalidad base primordial de nuestro sistema penitenciario, no está siendo efectiva. Se sabe que muchos de los delincuentes que se encuentran realizando conductas antisociales son reincidentes.

El sistema penitenciario mexicano está integrado por un total de 447 centros penitenciarios, 5 de ellos dependen del gobierno federal, mientras los restantes 442 de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal.

"El reciente estudio del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C., se menciona que el sistema penitenciario mexicano se caracteriza por un alto índice de violaciones a los derechos humanos de los internos, tales como la sobrepoblación, los privilegios que tienen algunos internos, la inadecuada separación entre procesados y sentenciados, los grupos de poder entre internos que manejan varias actividades ilícitas, el tráfico de drogas, la prostitución, el consumo de bebidas alcohólicas, la repartición de espacios, el acceso a productos dentro del Centro Penitenciario por medio de pagos, la falta de servicios médicos adecuados, violaciones contra la dignidad humana de los presos, el acceso a la atención de salud física y mental, el derecho de la visita familiar y la visita íntima.

"Sin embargo, se ha dejado a un lado la eficiencia y la eficacia en cuanto al concepto de la readaptación social, considerada a la fecha como la reinserción del reo a la sociedad de una manera productiva sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.

"En nuestro país existe la duda sobre qué tan efectiva es ésta, al cabo de saber del gran número de reincidencias consideradas como un fracaso de ella, pues la finalidad es lograr que un delincuente, posterior a un tratamiento y purgación de una pena, sea integrado de nuevo como una persona de provecho y que se sienta de nuevo socialmente aceptado, lo cual no ocurre en la mayoría de los casos.

"Por ello, la presente iniciativa agrega un elemento más como base de la readaptación social, que será el elemento de tratamiento de atención psicológica, que trasciende al reo hasta su núcleo social familiar.

"Proponemos que dentro de las instituciones del sistema penitenciario de nuestro país, el tratamiento de atención psicológico sea obligatorio para los internos.

"Es cierto que en la readaptación social todos los internos tienen el derecho a la atención psicológica, sin embargo ésta es optativa y no obligatoria para el interno, pues sólo aquellos interesados en lograr algún beneficio como remisión parcial de la pena, visitas íntimas, etcétera, se someten a recibir apoyo de una terapia psicológica.

"Muchas de las conductas sociales son determinantes para que una persona realice actos ilícitos, tales como la violencia intrafamiliar, la crisis económica, la falta de empleo y oportunidades, la carencia de educación o preparación, las relaciones interpersonales con familias, socios o amigos, la falta de motivación de auto superarse, alguna cuestión emocional, incluso una mala ética o moral.

"Actualmente en nuestro sistema penitenciario estas conductas no son atendidas, a menos que el mismo interno esté conciente de su problemática y solicite ayuda profesional para atacar su problema desde el fondo. Es por eso que considero conveniente el volver obligatoria una obligación totalmente benéfica, como lo es un tratamiento de atención psicológica para todos los internos, bajo una idea de convicción y de condición.

"Toda vez que el tratamiento de readaptación social debe conceptualizarse según el maestro Antonio Sánchez Galindo, como el conjunto de elementos, normas y técnicas que se requieren para reestructurar la personalidad dañada del delincuente y hacerlo apto y productivo en su núcleo social, idea que concatenada con una definición en sentido criminológico-clínico, debemos entender el tratamiento de readaptación social como la acción individual sobre el delincuente para modelar su personalidad, con el fin de apartarla del delito.

"Autores como Alfred Adlher (?), sostienen que el delincuente es un enemigo de la sociedad y no lamenta su delito, le falta el interés social. El neurótico, por el contrario, sí tiene interés social, por lo que es más fácil regenerar a un criminal que a un neurótico. Por ello, propone que las cárceles dejen de ser universidades del crimen y se dé un mejor tratamiento a los internos, bajo la premisa de poner más interés en reconstruir en ellos los valores sociales.

"Partiendo de que la familia es la base social, es entendible la propuesta consistente en que de igual manera se procura el tratamiento de atención psicológica para el núcleo familiar del interno.

"Dadas las razones expuestas, consideramos viable y benéfico que al interno se le obligue a recibir apoyo psicológico por su propio bienestar emocional, como apoyo y mejoría a su autoestima, que también resulta afectada por esta situación, y como una medida más en para el éxito en la readaptación social del mismo. Y de igual manera la procuración de recibir apoyo psicológico a su núcleo familiar, para tratar de estabilizar situaciones que por sí mismas son grandes problemas o disfunciones en la familia mexicana.

"Sanar el golpe psicológico que este problema conlleva incluso ayudaría como otra manera preventiva en la comisión de delitos.

"Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país, por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente decreto por el que se reforma el artículo 2º y se adiciona un artículo 17 bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados.

"Artículo Único.- Se reforma el artículo 2 y se adiciona un artículo 17 bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

"Artículo 2º.- El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y el tratamiento de atención psicológica como medios para la readaptación social del delincuente.

Artículo 17-bis:- Dentro de todo el Sistema Penitenciario Varonil y Femenil, se considerará obligatorio el tratamiento de atención sicológica como un elemento para lograr un éxito en la re adaptación social para todos los intwernos y los menores infractores.

De igual manera se proporcionará tratamiento de atención sicológica al núcleo familiar del interno, considerándose como núcleo familiar para la presente Ley, la familia consanguínea más cercana o la que tenga contacto más directo con el interno, o bien, las personas que aún no siendo consanguíneas tengan un contacto muy cercano y directo con este

El tratamiento de atención sicológica se considerará obligatorio durante su tratamiento de internación , externación pre liberacional y pos penitenciaria: asimismo el seguimiento de tratamiento de atención sicológica para el interno y su núcleo familiar será consecuencia para que este goce de los beneficios que le otorga la presente Ley, tales como el contacto con personas del exterior autori<zadas, visitas íntimas y remisión parcial de la pena.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública. ¿Con qué objeto Diputado?

-EL C. DIPUTADO PEDRO AVILA NEVAREZ (desde su curul) Deseo hacer uso de la palabra para…(no se escuchó)

-EL C. PRESIDENTE. En este momento no se puede hacer uso de la palabra, cualquier opinión al respecto la podrá hacer en la Comisión respectiva, Diputado.

Tiene la palabra el Diputado Hugo Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa que adiciona una Fracción al Artículo 71 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL C. DIPUTADO HUGO RODRIGUEZ DIAZ.- Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores. Con las atribuciones legales que me otorga ser Miembro de esta LIX Legislatura, presento ante esta soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos.

En la sesión del pasado jueves 15 de Abril, se aprobó un Dictamen que reforma el Artículo 71 Constitucional, adicionándole una Fracción IV y en donde se le otorgan facultades al pleno de la Corte para presentar iniciativas en las materias relativas al ejercicio de sus funciones.

La aprobación del Dictamen anterior, es vista como un acto de justicia republicano al permitir que la Suprema Corte presente iniciativas pero la limita sólo al ámbito de sus atribuciones, lo cual nos parece una injusticia, toda ve que la Constitución no limita al Ejecutivo Federal ni a los Congresos Locales ni mucho menos a los Legisladores a presentar iniciativas en el área ejecutiva sino que su jurisdicción es de carácter general y en todas las áreas de la Administración Pública.

En ese sentido, lo correcto según mi criterio, es efectivamente darle facultades al pleno de la Corte de presentar iniciativas pero sin limitación de área ó materia alguna ya que el Poder Judicial de la Federación tiene una óptica diferente pero privilegiada toda vez que está en contacto diario con todas las materias del Derecho que le permiten discernir aquellas situaciones de la Ley, no tienen lógica, generalidad, abstracción o cualquier otro elemento constituyente de una ley que por tanto le daría opción de presentar iniciativas para mejorar el Sistema Jurídico Mexicano.

Además, en esta Iniciativa señalo como requisito sine quanon el que las iniciativas que envíe el pleno de la Corte deberán ser aprobadas con un mínimo de votación de ocho Magistrados a favor, lo cual le da mayor fortaleza al exigir el requisito de votación calificada a la iniciativa que en cualquier materia presente el pleno de la Corte.

Es, por tanto el objeto de esta Iniciativa, el proveer al pleno del máximo Tribunal de nuestro país, de las atribuciones necesarias para que pueda presentar iniciativas sin limitación de materia y con ello, como dije antes, perfeccionar el sistema jurídico mexicano, sin menoscabo de las facultades de los otros poderes y de los congresos locales.

También es objeto de esta iniciativa el dotar de facultades a este órgano soberano para presentar iniciativas en los congresos locales de las entidades federativas y con ello coadyuvar con su tarea legislativa.

Para lo anterior nos basamos en el principio de reciprocidad y que el Pleno de esta Cámara pueda aportar experiencia y visión nacional en las iniciativas presentadas en los congresos locales.

En mérito de lo anterior y debidamente expuesto, fundado y motivado, me permito presentar ante la honorable y elevada consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para otorgar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atribuciones amplias para presentar iniciativas y, por otra parte, para que el Congreso presente iniciativas en las legislaturas de las entidades federativas que se encuentra insertada ya en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Asimismo, tiene la palabra para presentar la iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 72 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la Constitución de 1917, encontramos que actualmente el artículo 72 de la Constitución Federal nos indica que la tramitación de las iniciativas que no sean facultad exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá observándose al Reglamento de Debates, sin embargo y como lo he indicado en mi anterior intervención, ése Reglamento de Debates no existe.

En efecto, actualmente la reglamentación de los debates en esta Cámara y en el Senado, se rige por la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual lo correcto es modificar el primer párrafo del artículo 72 a fin de que se indique que el seguimiento a las iniciativas de ley o decreto se regirá por lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y los Reglamentos que de estas se emitan.

En ése sentido, el suscrito diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta LIX Legislatura, pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica y actualiza el primer párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene la palabra la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 39, numeral 2, fracción XIII y el artículo 90 fracción XIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a fin de modificar el nombre de la Comisión de Equidad y Género.

- LA C. DIP. MARIA DEL CONSUELO RAFAELA RODRIGUEZ DE ALBA: Con su permiso señor Presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados.

Someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 numeral 2 fracción XIII y el artículo 90 fracción XIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de modificar el nombre de la Comisión de Equidad y Genero al tenor de la siguiente

La Comisión de Equidad y Genero, surge de una necesidad legítima de las mujeres de contar con un espacio al interior del Congreso de la Unión, acorde a los compromisos internacionales de los que México forma parte. Es por ello, que por primera vez en la historia del Congreso de la Unión en la LVII Legislatura, se creó con carácter de especial dicha, comisión, siendo constituida su Mesa Directiva por presidencias colegiadas que recayeron en diputadas de cada uno de los cinco grupos parlamentarios, que en esa Legislatura estaban representados en esta Cámara de Diputados, con un acuerdo de rotatividad semestral y una Secretaría de la Mesa Directiva por cada una de las tres principales fuerzas políticas y 22 integrantes de todos los grupos parlamentarios, de acuerdo a su proporcionalidad.

Con el objeto de homologar las comisiones ordinarias del Senado, de los congresos locales y de la Asamblea del Distrito Federal, a fin de asegurar la continuidad de los trabajos legislativos y políticos, en pro de lograr el reconocimiento del derecho irrestricto de las mujeres de nuestro país, por un trato justo y equitativo en relación con los varones y en virtud de que por su carácter de especial, no tenía facultades de dictamen, sólo de opinión y estaba sujeta a su disolución al concluir esa Legislatura, es que se presenta el 12 de diciembre de 1998, por las compañeras diputadas de esa Legislatura, una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para dar a la Comisión de Equidad y Genero en la Cámara de Diputados, el carácter de Comisión Ordinaria.

Es en la nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por ambas Cámaras en diciembre de 1999, donde se formaliza su carácter de Comisión Ordinaria, con todas las facultades y obligaciones que esto implica; fue uno de los grandes logros más trascendentales en la recta final del siglo XX.

Esta es una breve semblanza de cómo se dio la creación de la Comisión de Equidad y Genero, retomando el ánimo que motivó a las compañeras legisladares de LVII Legislatura. Podemos manifestar que mujeres y hombres debemos ser vistas y vistos, como actores sociales capaces de influir y participar de manera activa en la toma de decisiones de la vida nacional e internacional.

Una sociedad verdaderamente democrática, equitativa y respetuosa de todos los derechos de las personas, debe ofrecer igualdad de oportunidades a quienes forman parte de ella, toda vez, que democracia significa la coexistencia respetuosa de las diferencias, significa ser tolerante con quienes piensan de manera distinta, democracia entre mujeres y hombres es asumir que si bien, somos distintos, no por ello debemos ser desiguales.

Las diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios representados en este recinto legislativo, coincidimos en la necesidad de revisar el marco legal vigente en el país, así como la obligación de promover reformas y de ser necesario nuevas leyes.

Es por ello, que el grupo parlamentario al que represento en esta alta Tribuna, considera pertinente que sea modificado su nombre, en virtud de que al decir: "equidad y genero", se entiende como dos conceptos diferentes, ya que la letra "y" como conjunción copulativa, según el Diccionario de la Real Academia, se usa para unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo o para formar grupos de dos o más palabras. Por ejemplo, niñas y niños, ciudades, villas, lugares y aldeas, etcétera. Por lo que se propone sea cambiado el nombre a Comisión de Equidad de Géneros, ya que la proposición "de", según la Real Academia denota asunto o materia, por ejemplo, una clase de matemáticas.

Quizás en primera instancia, esto pudiera parecer un tanto frívola la propuesta, pero de ninguna manera lo es, ya que el correcto uso de las palabras nos garantiza una eficaz comunicación, es decir, el hablar de equidad de géneros, no indica que la comisión no sólo trata de los asuntos de la mujer, va más allá, implica el reconocimiento de que sí bien, hombres y mujeres somos distintos, no tenemos porqué ser desiguales, que la equidad no es genérica, sino generacional, por lo que las leyes políticas públicas y programas que se instrumenten deben garantizar condiciones favorables de desarrollo para las futuras generaciones de hombres y mujeres de este país. Estamos hablando en plural, es por ello que debemos decir géneros.

Las diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional queremos clarificar el nombre y con ello la materia de los temas que se abordan en la comisión a que hago referencia; queremos que la transversalidad de la perspectiva de género sea una realidad; que la equidad entre los géneros no sea una falacia, sino algo que podamos percibir de manera clara y contundente, que al encontrar las diferencias naturales entre los géneros podamos encontrar una afinidad y lograr la igualdad.

Por lo expuesto y fundado anteriormente, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 39 numeral II, fracción 13 y el artículo 90 fracción 13 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de modificar el nombre de la Comisión de Equidad y Género para que quede Equidad de Géneros.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Las dos siguientes iniciativas agendadas en el orden del día, por parte del diputado José Manuel Carrillo Rubio se posponen para otra ocasión. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al diputado J. Jesús Lomelí Rosas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la ampliación del término constitucional de los diputados federales como representantes de la nación.

EL DIP. J. JESÚS LOMELI ROSAS: Solicitándole muy atentamente insertar el texto íntegro de la presente en el Diario de los Debates.

Agradeciéndoles a todos ustedes su atención, someto a consideración de esta Honorable soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la base en la siguiente exposición de motivos:

En la próxima reforma política de fondo que urge al país, los mexicanos debemos superar mitos, entre otros el de los periodos constitucionales de los legisladores por elección popular. Elevado a rango constitucional, el principio intocable de la no reelección se ha convertido en un verdadero debate y obstáculo en ocasiones para la profesionalización legislativa del país y a convertido al Poder Legislativo en un aparato de rezago legislativo que impide el desarrollo político, social y económico de México.

Fue hasta 1934, después del magnicidio del general Alvaro Obregón, siendo éste presidente electo, que la clase política de aquel entonces hizo más rígido el precepto constitucional de no reelección. Quizá por el temor de haber violado ese principio revolucionario, se resolvió prohibir la reelección para periodos inmediatos tanto de legisladores federales como locales, e igualmente por lo que hace a miembros de los ayuntamientos.

La reforma constitucional de 1934 vino a debilitar al Congreso frente al Ejecutivo, así lo han demostrado varios autores que se han ocupado del tema. Es posible que en el fondo esa modificación haya sido la verdadera intención de dicha reforma, que convirtió a los legisladores en aficionados de la política durante varias décadas.

La No Reelección no ha evitado, como se quiere hacer suponer, que los políticos se eternicen en los cargos legislativos o como servidores públicos sin beneficio real para la sociedad.

Lo anterior ha propiciado que los legisladores pasen de una Cámara a otra y con ello no se llegue a la especialización o profesionalización del Poder Legislativo.

El tema de la presente iniciativa es el testimonio de la prohibición que en materia de reelección legislativa se constituyó en los preceptos constitucionales de 1934 y que da origen a varias observaciones.

¿Qué formas tiene la sociedad para evaluar y sancionar los trabajos legislativos? ¿Son o no son profesionales? ¿Por qué el rezago legislativo tan grande? ¿Contribuye este rezago al desprestigio de los legisladores?

Los diputados están muy limitados porque tienen que descartar numerosos proyectos durante el ejercicio de sus tareas legislativas, ya que su actividad como legislador se concreta a sólo tres años. Esto significa que nuestros legisladores no tienen grandes motivos para emprender proyectos de larga duración, desprendiéndose obligadamente de proyectos a largo plazo por falta de tiempo justo y correspondiente.

La profesionalización de los legisladores es un hecho que lleva su tiempo, es una necesidad inmediata de fortalecer los cuerpos legislativos para poder tomar decisiones y hacer leyes que beneficien a México; es el poder contar con un estado de derecho justo, equilibrado, maduro y juicioso que tome en cuenta los intereses de la nación, que los legisladores expidan leyes que fortalezcan el estado de derecho, que el Congreso Mexicano resulta insuficiente para producir decisiones eficaces en tan corto tiempo.

Estas son algunas de las razones para favorecer la propuesta de reforma al artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar de tres a seis años el período constitucional como representante de la nación, evitando en principio la reelección bajo las siguientes

La reelección genera una severa controversia política respecto a consecuencias que este cambio tendría.

Debemos evaluar la posibilidad de continuar con los trabajos legislativos y fundamentalmente consolidar el equilibrio de los tres poderes.

El período de tres años de un diputado federal lo limita a participar en las tareas legislativas, provoca rezago legislativo, daña decisiones importantes y las obstruye.

Al avanzar las necesidades política, económicas y sociales, es urgente tener un sistema legislativo profesional, moderno y práctico.

La profesionalización legislativa es parte del proceso de democratización, es inevitable, es un conjunto de cambios institucionales que vinculan de manera más transparente y más eficaz a la sociedad política con la sociedad civil.

Sobre este tema podemos afirmar que tanto los diputados como los senadores de la República, actúan en igualdad de circunstancias. Por ello, igualarlos en los tiempos, en tomar en cuenta que los diputados tendrían también seis años para apoyar las reforma urgentes que el país requiere.

El financiamiento y los tiempos de las campañas políticas han significado un alto costo para los ciudadanos; el ahorro considerable que se produciría por la no elección intermedia de cada tres años, así como la disminución de gastos de campañas y precampañas.

Es urgente una reforma constitucional para ampliar el período de tres a seis años de los diputados federales en períodos intermedios a los de senadores y Presidente de la República.

Entendamos que esta iniciativa es la respuesta a muchos debates, cuestionamientos e interrogantes, sobre todo, sobre principio de la profesionalización de los diputados y del principio de la profesionalización de los diputados y del principio de la no reelección; es una oportunidad para que el legislador tenga el tiempo para reconstruir y perfeccionar el marco jurídico de México.

Por lo anterior, someto a la suprema consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 51. "...la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación electos en su totalidad cada seis años en períodos intermedios a los de senadores y de Presidente de la República. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente".

Habrá un transitorio único.- El presente decreto de reforma entrará en vigor en el año 2009, para la integración de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados Federales, previa publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Guillermo del Valle Reyes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que deroga el artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO DEL VALLE REYES.- Gracias, señor Presidente, con su venia.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO DEL VALLE REYES.- Con su autorización, saludo con mucho respeto a nuestros amigos representantes del comercio organizado del país.

Iniciativa que deroga el artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el diputado Guillermo del Valle, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El suscrito, Guillermo del Valle Reyes, diputado de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que deroga el artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado al tenor de las siguientes consideraciones:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión en su artículo 73 fracción VII, para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto; asimismo en el artículo 31 de dicha Carta Magna, se establece que en las leyes fiscales existan los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad como bases generales del Sistema Tributario de la Nación.

En ejercicio de su facultad, esta soberanía aprobó en el pasado período de sesiones diversas reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre las que se incluyó la reforma al artículo 2-C, con lo que se estableció un sistema de pagos del IVA para quienes están sujetos al régimen de pequeños contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 4º., capítulo segundo, sección tercera de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mediante estimativa del valor de sus actividades, formulada por las autoridades fiscales aplicando a la misma un coeficiente de valor agregado sobre los ingresos reportados en la declaración del Impuesto Sobre la Renta, sin derecho de acreditamiento del impuesto señalado para quienes están sujetos a tal régimen fiscal.

Como ustedes saben, los causantes sujetos al régimen de pequeños contribuyentes, son fundamentalmente comerciantes de mercados públicos, tianguistas, ambulantes fijos y semifijos, así como diversos prestadores de servicios que realizan sus actividades prácticamente de manera personal y que constituyen un amplio número de ciudadanos con ingresos situados en los límites inferiores de la población y cuya actividad es básica para el desenvolvimiento económico, así como para pailar (¿), mediante el autoempleo, las graves consecuencias del estancamiento económico que sufre el país en estos últimos años.

Ante la falta de una reforma fiscal integral que retribuya la carga de las contribuciones, la reforma realizada afecta a los sectores económicos de menores ingresos, afectando seriamente su patrimonio así como las posibilidades mismas de continuar operando y obteniendo los medios para el sostenimiento de sus familias.

De esta manera el artículo mencionada de la Ley del IVA afecta a diversas garantías, como es la proporcionalidad, ya que es un principio de derecho fiscal que los individuos contribuyan a los gastos públicos en función de su capacidad económica, con una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos.

Por otro lado, se vulnera el principio de generalidad, al establecer un mecanismo de imposición que es diferente para cada contribuyente, además desnaturaliza el carácter mismo del impuesto de referencia, toda vez que la ley establece que el mismo será determinado con elementos distintos al objeto del tributo, tal como la estimativa del valor de las actividades, así como un coeficiente al IVA y los ingresos reportados, aclarando que el impuesto al valor agregado grava actos o actividades y no ingresos o estimativas, por lo que crea un trato descriminatorio para los pequeños contribuyentes, diferenciándolos del total de los contribuyentes, con lo que se establece un trato diverso para sujetos iguales.

Adicionalmente se presenta el caso de la doble tributación, toda vez que se genera el pago del IVA por la compra del producto y se da la obligación del entero con base de los ingresos del contribuyente, que crea un régimen de excepción fiscal.

Las repercusiones son fácilmente comprensibles, se genera incertidumbre jurídica y se corre el riesgo de obligar a miles de pequeñas empresas, la mayoría de ellas familiares a cerrar sus actividades, ante la imposibilidad de subsistir en este esquema tributario, si este cuerpo de representación popular no subsana esta inequidad, la corrección de este problema mediante la derogación del artículo mencionado, constituiría un apoyo muy importante para seguir impulsando al amplio sector que constituyen las pequeñas empresas y que son una fuente vital de empleos y de ingresos para todos los mexicanos.

Por ello, creemos que en lugar de complicar y sobrecargar la tributación de este sector, deberíamos de pensar en un verdadero sistema de estímulos fiscales, de facilidades de crédito, de regulaciones simplificadas y de fomento al empleo.

Los sistemas políticos y económicos con los que ha tocado vivir a este tipo de contribuyentes, han sido un obstáculo para su desarrollo, permanencia y crecimiento, sexenio que viene y sexenio que se va, sus programas de desarrollo han sido letra muerta para ellos, aunque representan cerca del 90% de la actualidad económica del país.

ARTICULO UNICO.- Se deroga el Artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Saludamos a los alumnos de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos visitan este día. (Aplausos)

Tiene la palabra el diputado René Meza Cabrera del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa que adiciona los Artículos 381 ter y 381 quáter del Código Federal de Procedimientos Penales.

-EL C. DIPUTADO RENE MEZA CABRERA: Con su permiso diputado presidente. Honorable Asamblea. El delito de robo en todas sus modalidades es el que más se comete en todo el país, según informes de las autoridades encargadas de combatirlo. Su frecuencia se ha extendido por todos los ámbitos de la sociedad y las iglesias no podían sustraerse a su voracidad, al comprobarse que el producto de esta actividad delictiva, es un negocio muy productivo.

En efecto, el robo de las imágenes y esculturas que por sus propiedades plásticas se consideran una rama de las bellas artes, denominado arte sacro, se está incrementando de manera alarmante, en especial en las regiones en donde existen iglesias que datan de los siglos XVI y XVII en donde se conservan pinturas y figuras que son verdaderas obras de arte muy codiciadas por su belleza o antigüedad.

A pesar de que el robo sacrílego que es una acción que ofende en sus creencias a las comunidades en nuestro derecho punitivo, no se considera una ofensa grave a las poblaciones, sino que se sanciona como robo simple, cuando la sustracción se realiza sin violencia u otro agravante.

Además, para su penalización sólo se toma en cuenta el valor intrínseco de la cosa robada, con el inconveniente de que a veces es difícil su valuación por no poderse precisar su antigüedad o autenticidad. Estas desventajas hacen que los delincuentes obtengan fácilmente su libertad.

Lo benigno de las penas está originado que cuando se logra sorprender al ladrón en el momento de hurtar un objeto de culto y es detenido por los vecinos de la iglesia, optan por castigarlo ellos mismos, ejerciendo unas acciones tan violentas que a veces llegan hasta a causarle la muerte. Este justo pero ilegal castigo, es perjudicial para la pacífica convivencia, altera el orden público y relaja el estado de derecho que debemos de preservar.

Estoy seguro de que si los feligreses de las iglesias robadas supieran que el ladrón recibirá el merecido castigo y que no saldrá de la cárcel por largo tiempo, desistirán de hacerse justicia por propia mano y entregarían al delincuente a las autoridades competentes.

Pero más peligroso son los comerciantes de este arte sacro robado; éstos son los verdaderos delincuentes porque si ellos no existieran tampoco habría quien se atrevería a entrar a los templos a sustraer sus reliquias.

Aquí quiero reconocer que el negocio de las bellas artes también hay compra venta de arte sacro legal y existen muchos anticuarios o marchantes, como también se les llama, de honradez y honorabilidad intachables.

Para combatir las actividades delictivas peligrosamente antisociales por los actos que generan al alterar la tranquilidad de los pueblos y afectarles en sus creencias, base de la cohesión de los conglomerados que integran a la Nación, es decir, el robo de los objetos considerados sagrados, de las iglesias, afecta la seguridad nacional, al dar origen a las acciones perturbadoras que agitan a los pueblos y que en algún momento pueden salir del control que deben conservar las fuerzas del orden público. Es necesario y hasta urgente, legislar para conservar la paz social.

Los habitantes de las poblaciones de lo que impropiamente llamamos "la provincia", son gentes bondadosas y amigables por tradición, dispuestas y serviciales con los visitantes; cualidades existentes en el pueblo mexicano. Estas mismas personas pueden volverse agresivas cuando se trata de causarles algún mal o atacar sus hábitos o costumbres que conservan muy celosamente.

Al mexicano no se le puede ofender en sus tradiciones, entre ellas las fiestas de carácter religioso, en las cuales se rinde culto a las imágenes y reliquias que conservan en sus templos y que en estas fiestas pasean por las calles en las procesiones. Esta forma de ser del mexicano, explica por qué tiene arraigada su fe en las figuras que representan al santo de cada pueblo y a las cuales están dispuestos a cuidad y defender a costa de cualquier sacrificio. Y también por esta razón cuando se los tratan de robar los defienden con un furor difícil de explicar pero muy peligroso.

Por eso, me estoy permitiendo proponer a esta Soberanía, crear la figura penal de robo de arte sacro, para proteger a los santos patronos de cada comunidad, para que aparte del valor sentimental que representa para sus devotos, son casi siempre verdaderas obras de arte que debemos proteger y conservar como parte del acervo cultural y artístico de México y considerarlo como un delito grave específicamente previsto en el Código Penal Federal, en un artículo que se adicione al capítulo vigesimosegundo, correspondiente a los delitos en contra de las personas en su patrimonio.

También anotarlo en el Código Federal de Procedimientos Penales, en su capítulo IV, para que quede incluido en la relación de delitos calificados como graves porque afecta de manera importante valores fundamentales de la sociedad, como lo estipula el instrumento adjetivo penal citado.

Asimismo, y con mayor penalidad, sancionar la conducta delictiva de los comerciantes en las bellas artes que trafiquen con los objetos de veneración religiosa robados de las iglesias.

Este comercio ilícito, cada vez más perfeccionado y extendido a otros países en donde las figuras y pinturas religiosas del arte colonial son muy apreciadas por su plasticidad y manufactura típica de la artesanía de los siglos XVI y XVII, requiere ser perseguido con el máximo rigor, imponiendo a los anticuarios que lo practiquen, además de las penas privativas de su libertad, la clausura de sus establecimientos y la prohibición judicial de dedicarse al comercio de obra de arte por lapsos prolongados, con lo que se evitaría que estos inescrupulosos marchantes puedan ejercer la actividad de pasar cualquier objeto considerado artístico, habida cuenta de que este oficio requiere de conocimientos especiales y experiencia difícil de adquirir en breve tiempo.

Sólo así se nulificaría el efecto dañino que puede causar en el comercio de arte en general y religioso en especial.

Señores diputados, espero que participen de mi preocupación referente a este fenómeno antisocial que constituye el robo de arte sacro y su tráfico y estén de acuerdo conmigo de que es urgente atacar este mal a través de una represión legal y consideremos como de pronta resolución la iniciativa que crea la figura penal de robo de arte sacro, para lo cual estoy entregando a la mesa directiva de esta Cámara de Diputados para su trámite reglamentario.

Le agradeceré, señor presidente, disponga la publicación de la iniciativa y esta explicación en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud relativas al dolor y a su tratamiento.

EL C. DIPUTADO JAIME FERNANDEZ SARACHO: Con su venia, señor presidente. "Señoras y señores diputados: dos horas hacía apenas que estaba yo a su lado cuando la opresión del corazón con que empezó se transformó en dolores agudísimos y repentinos, los que veía yo, más bien los que adivinaba en la palidez de su semblante. Aquel hombre debía estar sufriendo la angustia mortal del que busca aire para respirar y no lo encuentra, del que siente que huye del suelo en que se apoya y teme caer, del que, en fin, está probando a la vez lo que es morir y seguir viviendo".

De esa forma dejó testimonio el doctor Ignacio Alvarado, médico de cabecera del que es quizá el más grande estadista de nuestra historia patria: Don Benito Pablo Juárez García, al asistirlo en las últimas horas de su vida.

Así, señoras y señores legisladores, previo a referir el contenido de la iniciativa que presento, los invito a que brevemente reflexionen si alguna vez han padecido dolor o bien si han sentido la aflicción de ver a un miembro de su familia padecerlo.

Créanme, en situaciones extremas no sólo sufre quien padece la enfermedad sino también quienes se encuentran en su entorno.

Quizá por el arraigo cultural de la resignación, se ha vuelto tan cotidiano, a través de los años, y no obstante los avances científicos y el incremento en la infraestructura de los servicios médicos, que la mayoría de los mexicanos ha pasado desapercibido el derecho a no padecerlo.

Como legislador, me siento honrado en presentar este trabajo, producto del esfuerzo conjunto que durante los últimos meses han tenido a bien realizar abierta, propositiva y generosamente, organizaciones de investigadores, académicos de nuestra máxima casa de estudios y médicos responsables de las áreas del tratamiento del dolor de los centros médicos más importantes de nuestro país.

Además de la información que se ha generado en los diversos eventos organizados por la propia Comisión de Salud y realizados dentro del propio recinto legislativo, así como la vertida en otros foros donde tuvimos la oportunidad de comparar y equiparar nuestra situación con respecto a los demás países del mundo, en relación a este tema,

Asimismo recabamos la opinión y puntos de vista de los representantes de la industria farmacéutica en nuestro país, y desde luego consensamos la opinión de algunos compañeros legisladores cuya formación profesional es precisamente en algún área de la medicina.

Invariablemente en todos los casos encontramos la plena convicción de que la presente iniciativa contiene las bases y lineamientos que sin lugar a dudas redundarán en beneficio de la población de nuestro país.

Primero: Que se reconozca expresamente en el texto de la Ley que el dolor y su tratamiento constituyen materia de salubridad general; por consiguiente se debe implementar como servicio de atención médica el aspecto paliativo adicionándolo a los ya existentes que comprenden las actividades preventivas, curativas y de rehabilitación.

Segundo: Que con visión estratégica se faculte a la Secretaría de Salud para influir en a formación de los cuadros profesionales y técnicos de acuerdo a las tendencias de las enfermedades que se detecten como recurrentes, afectando al grueso de la población.

Del mismo modo se faculte para participar en la revisión y elaboración de contenidos curriculares en los Libros de Texto de educación básica, para incidir en la generación de la cultura y educación, con el propósito de influir en las nuevas generaciones de mexicanos para tratar de inhibir el avance de las enfermedades crónico-degenerativas.

Tercero: Establecer como derecho de los usuarios, la atención y cuidados paliativos en enfermedades de fase termina, así como el derecho de los pacientes a ser informados explícitamente de su padecimiento y el tratamiento explicado, precisando la obligación para que sea previsto el acceso a los fármacos necesarios que permitan inhibir el dolor y enfrentar dignamente y en mejores circunstancias su agonía.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 27 y la fracción III del artículo 112 y adiciona una fracción XVI bis al artículo 3º., una fracción IV al artículo 33, un segundo y tercer párrafo al artículo 50, un segundo párrafo al artículo 92 y una fracción IV al artículo 104, así como un segundo párrafo del artículo 133, todos de la Ley General de Salud relativos al dolor y su tratamiento".

Solicitándole, señor Presidente, sea publicado íntegramente el documento en la Gaceta Parlamentaria.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA (PRI): Insértese el texto íntegro, como lo solicita el promovente, en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Salud.

En el uso de la palabra el señor diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO ISLAS HERNÁNDEZ (PRI): El suscrito, diputado a la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

"El Constituyente de 1824 asumió una de las llamadas decisiones fundamentales que han estructurado el Estado moderno desde esa época. México optó por regirse bajo el sistema federal como forma de gobierno y de integración de las regiones del país y al día de hoy México continúa siendo una entidad nacional, contando con regiones bien diferenciadas que tienen especificidades económicas, sociales y culturales en un mosaico plural y diverso.

"La definición de México como República Federal ocurrió a la inversa de la formación de los estados federales más conocidos en el mundo. Las regiones se reúnen para delegar facultades a un órgano de gobierno central, dando origen al régimen federal. Este es caso de Estados Unidos, de Canadá o de Alemania y dentro de los sistemas federales más antiguos en México el gobierno central delegó a las provincias, bajo la necesidad política de unir a lo que estaba desunido, en franca competencia y conflicto, caracterizando sobre todo en el siglo XIX en una incesante sucesión de facciones en el poder en medio de una prolongada y dolorosa guerra civil.

"El Constituyente de 1824 tuvo el tino de reconocer en nuestra Carta Magna en los términos que hoy recoge el artículo 40 que el pueblo mexicano está constituido en una República, representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo relativo a su régimen interior, pero bajo la unidad de una sola federación desde una concepción clásica del federalismo. En este se une a dos soberanías en un sistema de pesos y contrapesos que hacen perdurable la formación de la voluntad nacional y la subsistencia de entidades autónomas.

"No obstante hemos vivido un prolongado proceso de centralización que ha llegado a situar a los gobiernos locales tanto estatales como municipales en una situación de franca exclusión. El resultado ha sido que en materia fiscal la distribución de recursos para hoy es del 95 por ciento para la federación, 3 por ciento para los estados y 2 por ciento para los municipios, cuando en los federalismos modernos contemporáneos se está alcanzando una proporción del 50 por ciento al 50, aproximadamente. También más del 40 por ciento del producto interno bruto se concentra en la región central del país.

"El Constituyente de 1917 reseñó un amplio catálogo de competencias claramente favorables al nivel federal, generando una estructura que prácticamente borra a los dos órdenes de gobierno, creando para las entidades el sistema que conocemos como de Competencias Residuales, establecido en el artículo 124 de nuestro texto fundamental, bajo la premisa de lo que no concedido expresamente a nivel federal se entiende reservado a los estados.

"Tan solo el análisis de los artículos 73, 74, 75, 76 y 89 constitucionales evidencian por sí solos la omnipresencia legislativa, administrativa y política del nivel central, sin demérito de las amplias competencias contenidas en muchos otros artículos de la Constitución.

"Desde la reforma constitucional de 1982 al artículo 115, hemos atestiguado un proceso gradual pero consistente de resurgimiento de los órdenes locales del gobierno que han dado cuerpo y sentido a la descentralización y a un proceso de discusión y propuestas para revisar y reformar nuestro sistema federal.

"Los proyectos de reforma del federalismo son compartidos ampliamente por todas las fuerzas políticas del país, las organizaciones económicas y sociales, las instituciones educativas y la ciudadanía en general, generando un peculiar e importante consenso que favorece dar un impulso sólido a ésta, que puede ser una de las más grandes definiciones del siglo XXI. Podemos aproximarnos incluso a una idea también de que a diferencia de los fenómenos descentralizadores que se viven en todo el mundo y que atraviesan por igual a sistemas unitarios o federales, en México la idea es no fragmentar al país ni descentralizar por descentralizar, buscamos revitalizar el federalismo, que es la convivencia entre pares, compartiendo las responsabilidades relativas al Estado y a la atención de nuestros principales retos y oportunidades del desarrollo económico, político y social. De ahí la proporción común de avanzar hacia un federalismo de tipo cooperativo, como una forma adecuada para México.

"Por lo anterior, consideramos que es tiempo de que desde el nivel constitucional sea posible generar la coordinación y la ampliación de competencias y la posibilidad de que los gobiernos locales generen disposiciones legales que faciliten su propia planeación económica y social, contando con los instrumentos jurídicos, administrativos y materiales que les permitan impulsar sus propias estructuras económicas y sociales, sin depender de la visión y muchas veces imposición del nivel central, por la amplia discrecionalidad de que éste goza.

"Los retos de la globalización y la competitividad pueden enfrentarse mejor desde un nuevo equilibrio de capacidades regionales.

"Creemos que los procesos de urbanización, aumento del número de ciudades, el saldo de un proceso descentralizador de más de 20 años, las exigencias de la competitividad económica internacional, la existencia de infraestructuras, sectores económicos en crecimiento en las regiones, la amplia demanda social y la madurez que han alcanzado las instituciones locales, permiten avanzar en esquemas de coordinación y de un federalismo revitalizado sobre la base de la igualdad y la cooperación.

"En tal virtud, se propone una nueva redacción al artículo 124 constitucional, para dar un tratamiento más flexible a lo que hasta hoy se ha señalado como ámbito exclusivo del nivel federal, dejando en segundo término a las entidades federativas. Lo hacemos considerando que las llamadas facultades exclusivas estén delimitadas en diversos artículos de nuestra Carta Magna, pero hay un amplio número de competencias que no son excluyentes y que pueden fundamentar a la coordinación como el basamento de un sistema federal cooperativo y como la fuente de instituciones y capacidades que realmente fortalezcan a las regiones cuya actividad económica, social y comercial prácticamente no pueden determinar, creando cuellos de botellas y vicios que degeneren el peso excesivo del centralismo en México y el atraso de las regiones y en un momento en el que lo peor que podría hacerse es no apoyar su fortalecimiento.

"Artículo Unico.- Se reforma y adiciona el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Con excepción de las facultades en materia de seguridad nacional, defensa, política exterior e hidrocarburos, las demás que expresamente se señalan en esta Constitución, las que competen al Constituyente Permanente, así como las relacionadas con la organización y funcionamiento de los Poderes de la Unión y sus entidades paraestatales y organismos autónomos. Las entidades federativas podrán legislar y administrar las que sean necesarias para su desarrollo económico, político y social, circunscribiéndose a su respectiva jurisdicción territorial y poblacional en amplias materias que por su naturaleza precisen de la colaboración entre la Federación y una entidad, entre la Federación o dos o más entidades, así como entre dos o más de estas mismas. Las propias leyes proveerán la celebración de convenios de coordinación para el diseño y operación de las políticas y programas correspondientes.

"Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación y estamos nosotros señalando tres cosas importantes, la reforma al artículo 124 constitucional, para ampliar las capacidades legislativas de los estados en materias que apoyen su desarrollo económico y social, establecer las bases para pasar de un federalismo autoritario y centralista a un tipo cooperativo, en donde haya igualdad entre las partes, y cambiar el tratamiento que se le da a los estados de competencias residuales por otro más equilibrado, para mejorar el fortalecimiento regional que lleve a más crecimiento, desarrollo, empleos y bienestar social.

"Firman esta iniciativa más de cien diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista". Esperemos hacer efectivo y real el tanto federalismo delq ue hablamos y del que nunca cumplimos.

-ELC. PRESIDENTE. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene el uso de la palabra el señor Diputado Roberto Antonio Marrufo Torres del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa que adiciona dos párrafos al Numeral 7 del Artículo 58 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

-EL C. DIPUTADO ROBERTO ANTONIO MARRUFO TORRES-- Con su venia, señor Presidente. Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona dos párrafos al Numeral 7 del Artículo 58 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Los suscritos, Diputados Jaliscienses integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Articulo 55 del Reglamento Interior del honorable Congreso de la Unión, ponemos a consideración de esta Soberania, la presente Iniciativa de Reforma que adiciona dos párrafos al Numeral 7 del Artículo 58 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que se fundamenta y motiva en la siguiente Exposición de Motivos.

El Instituto Federal Electoral ha sido un factor determinante para consolidar la democracia en nuestro país, su presencia ha permitido realizar procesos claros y transparentes con reglas nuevas ante un sistema electoral que no garantizaba la legitimación de quienes obtenían el triunfo, dando paso en muchas ocasiones a problemas pos electorales.

El Instituto Federal Electoral ha sido pieza clave en el difícil camino hacia la verdadera democracia, así como el ejercicio pleno de los derechos políticos ciudadanos, ha demostrado su efectividad institucional al suplir a la Comisión Federal Electoral quien actuaba en muchos casos como Juez y Parte al depender del Ejecutivo Federal.

El Instituto Federal Electoral se constituye a través de la Reforma Constitucional de 1990 sufriendo reformas en el 93 y 94 entre las que destacan: la creación de la figura de los Consejeros Ciudadanos que fueron elegidos por esta Soberanía; sin embargo, hasta 1996 se logra su autonomía total y ciudadanización a través del Consejo General que, de conformidad al Artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar por la observancia de los principios fundamentales que deben de regir en todo proceso electoral, como lo son: la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad en cada una de las actividades del Instituto Federal Electoral.

El trabajo realizado por el Instituto Federal Electoral normado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ha sido vital para que en un marco de pluralidad política impere no sólo la certeza, la legalidad, la credibilidad y legitimidad sino también la transparencia en los procesos electorales de 94, 97, 2000 y 2003.

No omito mencionar la creabilidad constitucional de la Reforma que se propone al Artículo 58 Numeral 7 toda vez que el Artículo 105 Constitucional en su Inciso F) párrafo 2º, .establece que las Leyes Electorales Federales y Locales deberán de promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie un proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrán realizarse modificaciones legales.

En el caso que nos ocupa, la adición de dos párrafos al Artículo 58 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no interviene de ningún modo en el desarrollo natural y pre establecido en los procesos electorales del 2006.

Se trata de una modificación que no altere sustancialmente los procesos electorales o la estructura administrativa del Consejo General, mucho menos la esfera de competencia ni las funciones del mismo, se trata en sí, de una modificación que incidirá en que se terminen lagunas legales y no que se aproveche la libertad de coaligarse a los partidos políticos una vez que los resultados les hayan sido adversos.

Los avances en materia de democracia que ha tenido nuestro país, obedece al gran interés de la sociedad de exigir leyes que garanticen que los procesos electorales sean limpios, equitativos y transparentes, sin la intromisión de los gobiernos federales, estatales o municipales, las excepciones como las leyes en materia electoral son perfectibles y es obligación de esta soberanía y los integrantes elaborar leyes, modificar, adicionar, hacer adaptaciones que cumplan con el objetivo facilitando siempre su aplicación.

Compañeras, compañeros diputados, por lo anterior someto a la consideración de este Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de reforma que adiciona dos párrafos al numeral 7 del artículo 58 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que dice:

"Artículo 58.- … numeral 7.- El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos".

Deberá decir: Artículo 58… numeral 7.- El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos.

Y las adiciones son: En el caso de elecciones extraordinarias decretadas por la última instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los nuevos comicios a desarrollarse, sólo podrán coaligarse aquellos partidos que en la elección ordinaria hayan sido registradas y aprobadas las coaliciones.

Y el segundo.- El listado numeral a utilizarse en las elecciones extraordinarias deberá ser el mismo que se utilizó en la elección ordinaria. Los ciudadanos que hayan actualizado su credencial o se registraron en fecha posterior a la elección ordinaria, podrán participar en la elección ordinaria siguiente.

Transitorios.- Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 16 días del mes de abril de 2004.

Firman los diputados jaliscienses de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional Roberto Antonio Marrufo Torres, Javier Guizar Macías, Quintín Vázquez García, María Esther Scherman Leaño, Lázaro Arias Martínez, Carlos Blackaller Ayala, Francisco Javier Bravo Carbajal, José Manuel Carrillo Rubio, Sergio Armando Chávez Dávalos, Enrique Guerrero Santana, José García Ortiz, Leticia Gutiérrez Corona, Jesús Lomelí Rosas, Gonzalo Moreno Arévalo, Hugo Rodríguez Díaz, Leonel Sandoval Figueroa, Evelia Sandoval Urbán y David Hernández Pérez.

---- Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana.

Se encuentran presentes los alumnos de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Campus "Libres". Les damos la más cordial bienvenida. (aplausos)

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Pablo Bedolla López, para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 6º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y un párrafo al artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrita por el propio diputado Pablo Bedolla, por la diputada Rebeca Godínez y Bravo y José Adolfo Murat Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los suscritos, diputados federales, Rebeca Godínez y Bravo, Pablo Bedolla López y José Adolfo Murat Macías, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55 fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración la iniciativa de decreto que reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica al adicionar un párrafo al artículo 6º y se reforma la Ley General de Asentamientos Humanos al adicionar un párrafo al artículo 52.

Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, hacemos a continuación la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: La Ley General de Asentamientos Humanos establece que el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural mediante la estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.

La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población forman parte del sistema nacional de planeación democrática como una política sectorial que coadyuva al logro de los objetivos de los planes nacional, estatales y municipales de desarrollo.

La planeación a que se refiere el párrafo anterior, está a cargo de manera concurrente de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de acuerdo a la competencia que le determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ,por lo que, para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, en materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio del derecho propiedad de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las provisiones, reservas, usos y destinos, que determinen las autoridades competentes en los planes o programas de desarrollo urbano aplicable.

También la Ley General de Asentamientos Humanos, dispone que la áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbano, dicten las autoridades conforme a dicho ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Para la ejecución de acciones de conservación y mejoramiento de los centros de población, se deja a los estados la facultad de legislar en materia de desarrollo urbano para establecer disposiciones respecto a la dotación de servicios, equipamiento o infraestructura urbana en áreas carentes de ellas.

En ese sentido, se torna indispensable que la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios, sobre todo el de energía eléctrica, sea vinculada con las estrategias de ordenamiento territorial y urbano ordenado y por tanto, es imperativo para las autoridades de la materia, que se consideren los programas federales, estatales y municipales, en materia de desarrollo urbano.

Es así, que la presente iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, así como un párrafo al artículo 6 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para establecer como obligatoria la anuencia por parte de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los municipios, cuando la Comisión Federal de Electricidad y todas las personas físicas o morales que intervengan en la prestación del servicio público de energía eléctrica, lleven a cabo obras nuevas para brindar este servicio.

El crecimiento desordenado de los polos de desarrollo industrial, comercial y habitacional, ha generado una mayor demanda de energía eléctrica, motivo por el que la infraestructura instalada ha sido rebasada para otorgar en calidad y cantidad suficiente este servicio. Asimismo, el dotar de energía eléctrica a asentamientos irregulares, ha propiciado que se dejen de atender los sectores que crecen ordenadamente, conforme a los planes de desarrollo urbano .

De aprobarse, por esta soberanía la iniciativa que somete a su consideración, se atacaría uno de los factores que contribuyen a la problemática de la insuficiente infraestructura para la distribución de energía eléctrica, ya que los recursos para la dotación de servicios se distribuyen entre los asentamientos humanos, regulares e irregulares, lo cual propicia un desequilibrio en el crecimiento urbano ordenado.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente decreto que reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, adicionando un párrafo a su artículo 6° y la Ley General de Asentamientos Humanos, adicionando un párrafo al artículo 52.

Primero.- Se reforma la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, adicionando un párrafo a su artículo 6°, para quedar como sigue:

"Artículo 6°.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 4°, la Comisión Federal de Electricidad y todas las personas físicas o morales que intervengan en la prestación del servicio público de energía, deberán cumplir y observar los planes estatales y municipales de desarrollo urbano, por lo que tratándose de nuevas obras para la prestación del servicio público de energía, deberán contar con la anuencia de los gobiernos estatal y municipal".

Segundo.- Se reforma la Ley General de Asentamientos Humanos adicionando un párrafo al artículo 52, para quedar como sigue:

"Artículo 52.- Para la prestación del servicio público de energía eléctrica, tratándose de la realización de nuevas obras, instalaciones, trabajos de operación, distribución, venta y mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y todas las personas físicas o morales que intervengan, deberán observar la Legislación y los planes en materia de desarrollo urbano, federales, estatales y municipales y deberá contar con la anuencia de los gobiernos respectivos, por lo que no podrán autorizarse operaciones contrarias a dichos planes y no se dotará del servicio público de energía eléctrica en asentamientos humanos irregulares".

Artículo 1°.- En el caso de los asentamientos humanos irregulares existentes, antes de la entrada en vigor del presente decreto, podrán solicitar la regularización del suministro de energía eléctrica ante las autoridades correspondientes.

Artículo 2°.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social.

Tiene el uso de la palabra la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 2º en su párrafo 5º inciso A y adiciona un párrafo a la fracción VI de dicho inciso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo previsto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II, ocurro ante esta alta representación a presentar la siguiente iniciativa para reformar el artículo 2º en su 5º párrafo, inciso A y que adiciona un párrafo a la fracción VI de dicho inciso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, basada en la siguiente exposición de motivos:

Primero. La situación de desigualdad y pobreza de la población indígena que representa el 12% de la población nacional, exige del país los mayores apoyos de todos los órdenes de la vida de la Nación Mexicana, que en el caso del aspecto legislativo es el reconocimiento pleno de sus derechos fundamentales a fin de asegurar la preservación de sus tierras, territorios y recursos, de conformidad con los avances que en la materia se han alcanzado en la legislación internacional, así como asegurar que reciban de forma directa, por la explotación, aprovechamiento de los recursos estratégicos localizados en su territorio y tierras por parte del Gobierno Mexicano para beneficio del país, una parte proporcional de los beneficios económicos que se obtengan por tal acción, para apoyar su desarrollo económico, social y cultural.

Segundo. A nivel nacional se reconocen avances que benefician a los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito de la legislación, como el reconocimiento que México es una nación pluricultural, el reconocimiento de sus derechos lingüísticos y culturales, así como el de una educación bilingüe intercultural, pero existen rezagos que impiden a los pueblos y comunidades indígenas tener voz para luchar contra la violación de sus derechos fundamentales, especialmente en el ámbito agrario y la falta de representación para el ejercicio de sus derechos políticos a nivel nacional, de cada entidad federativa y en los ámbitos locales.

Tercero. La desigualdad social, económica y política de las comunidades indígenas requiere espacios de derecho público, en el que puedan decidir su desarrollo, reclamar recursos para tal propósito, así como proponer y desarrollar acciones para elevar sus niveles de vida.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas empieza a abrir estos espacios, pero los avances aún siguen siendo insuficientes.

Cuatro. La falta de personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas los mantiene en un estado de indefensión ante los diversos poderes, que deciden por ellos respecto al ejercicio de los derechos de acceso y manejo de los recursos públicos destinados para su desarrollo, así como en el aprovechamiento de sus diversos recursos naturales, tierra y territorios, lo que se traduce en pérdida de sus condiciones de vida, en graves problemas ambientales como la deforestación, desertificación progresiva, erosión del suelo, destrucción ecológica en zonas costeras, robo, destrucción de recursos biogenéticos, en fin.

Quinto.- Los avances democráticos del país no pueden soslayar los rezagos que caracterizan a los pueblos y comunidades indígenas, sino crear condiciones de derecho con el que estos pueblos y comunidades puedan encontrar solución a la situación de completa desventaja que viven con respecto al resto de la población nacional.

Sexto.- Es un acto de justicia reconocer a los pueblos y comunidades indígenas los derechos fundamentales que le corresponden como parte de la nación mexicana, tales como el derecho de tener voz y representación como sujetos de derecho público dentro del marco de la nación mexicana.

Séptimo.- La filosofía jurídica y política, reconoce que todo sujeto capaz de designarse a sí mismo como responsable de su palabra y de su acción, merece estima y respeto, por lo mismo es sujeto de derecho pleno en los planos moral, jurídico y político.

Los pueblos y comunidades indígenas de México, reclaman su participación y lugar en la definición del Estado Mexicano, que ya se asume pluricultural y reclaman el reconocimiento de sus derechos económicos, sociales y políticos, culturales porque han hecho importantes aportes a la nación, a la Nación Mexicana contribuyendo con el territorio sus diversas culturas y lenguas, cosmovisiones y formas de vida y convivencia, así como también han regado con su sangre las luchas libertarias del país.

Por todo esto y porque son el sustento de la nación, como lo reconoce el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son por lo mismo sujetos derecho público y en consecuencia y con apoyo en las disposiciones constitucionales ya señaladas, elevo a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 2° en su quinto párrafo inciso a) y adiciona un párrafo en la fracción VI de dicho inciso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo Único.- Se reforma el artículo 2° quinto párrafo inciso a) y se adiciona un párrafo a la fracción VI del citado inciso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional; el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará también en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y asentamiento físico.

"a) Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y le garantiza el derecho a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para que en los mismos términos que los señala la fracción I, II, III, IV, V ".

Y en la fracción VI sólo pretendemos se agregue: "en el caso de la explotación y aprovechamiento por parte del Gobierno de México para beneficio de todos los mexicanos, los recursos naturales estratégicos localizados en lugares que habiten y ocupan los pueblos y comunidades indígenas de los beneficios económicos que genere tal acción, se destinará un 20% al desarrollo económico, cultural y social de los pueblos y comunidades indígenas del país".

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobernación, relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Araceli Minerva Fabián Vargas y Juan Esteban Andreu Mendoza, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua; Griselda López Saldaña, José Luis Almazán Robles, José Manuel Hernández Colín, Francisca Benteño Medina, Shuji Ando Ashijara, María del Carmen Blanco Peña, Fermín Vásquez Ortiz, Rubén Barrera Salcedo, Martha Lilia Muñiz Colunga, Cecilia López Alonso y Enrique Huerta Alvarado, para prestar servicios en la Embajada de Japón en México.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de primera lectura.

Los siguientes puntos del orden del día, son dictámenes a discusión relativos a puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo, en virtud que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES.- Sí, con todo gusto, diputado Presidente, en un momento.

Es de la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo para que se respalden las acciones del Ejecutivo Federal, encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba.

EL MISMO C. SECRETARIO.- De la Comisión de Relaciones Exteriores, dictamen con punto de acuerdo:

Unico. Respaldamos las acciones del Ejecutivo Federal, encaminadas a recompones las relaciones México-Cuba y rechazamos toda acción que ponga en riesgo la seguridad de nuestra región y nuestra integridad soberana.

Con las firmas de la diputada Adriana González Carrillo, Presidenta; del diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del diputado Carlos Jiménez Macías, Secretario; del diputado Arturo Robles Aguilar, Secretario; del diputado Jorge Martínez Ramos, Secretario y demás integrantes de la Comisión, diputado Presidente.

Está Presidencia tiene registrados para hablar sobre este dictamen a discusión en contra, al señor diputado don Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; en pro al señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del grupo de CONVERGENCIA; al señor diputado don Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y al señor diputado don Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

También se tiene registrada a la diputada doña Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México, quien intervendrá en el caso de que la Asamblea lo determine en su momento.

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra, el señor diputado don Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

-EL C. PRESIDENTE: En virtud de la declinación del señor diputado don Pedro Vázquez González, se le concede el uso de la palabra para hablar en pro al señor diputado don Jesús Martínez Alvarez del grupo parlamentario de Convergencia.

-EL C. DIPUTADO JESUS MARTINEZ ALVAREZ: Con su permiso señor presidente. La fracción parlamentaria de Convergencia se une a la promoción del dictamen de referencia, no solamente para apoyar con toda energía aquellas acciones del Ejecutivo encaminadas a recomponer las muy deterioradas relaciones entre México y Cuba sino además para reiterar, una vez más, nuestra posición respecto a la necesidad de contar con una política exterior de Estado que defina, con toda claridad, con parámetros, de nuestra relación con el resto del mundo deben medirse.

En el caso de la relación entre México y Cuba, es el más significativo a partir de los desencuentros que hemos tenido en estos tres últimos años, sin embargo, aun no existe una línea de acción clara respecto a la relación que queremos tener con nuestras regiones prioritarias, como son América Latina y Europa y más recientemente el continente asiático.

La única claridad que los ejecutores de la política exterior han dado en años recientes, es la prioridad exclusiva que conceden en los hechos a la relación de México con los Estados Unidos, relaciones que marcan como nunca grandes diferencias en la visión que en ambas fronteras tenemos, respecto de nuestros problemas comunes y de aquellos conflictos que, aunque exclusivos de la frontera norte, afectan el resto del país y de muchas maneras por sus repercusiones al orbe.

Estados Unidos exige, como sabemos, nuestro apoyo, como lo han evidenciado en diversos medios a decisiones políticas coyunturales, como la guerra de Irak, como el voto contra Cuba en Ginebra, sin embargo, respecto a la Resolución de la Corte Internacional de La Haya en relación a la integridad de nuestros connacionales, aun no tenemos una respuesta clara, salvo el evidente desinterés de los gobiernos estatales estadunidenses para cumplirla.

México en el ámbito internacional sirvió por décadas como palanca del desarrollo de una política exterior latinoamericana de bloque, que en diversas ocasiones frenó las intenciones de Estados Unidos de socavar la soberanía y dignidad de nuestras naciones.

Hoy, la respuesta de Estados Unidos a Cuba, sigue siendo reprobable. Cuando este pequeño país del Caribe vive la indefensión brutal de un bloqueo de más de 45 años ejercido por el vecino país del norte.

Tal como lo presenta el dictamen que hoy se pone a consideración de este pleno, las relaciones con nuestros vecinos nos obligan, hoy más que nunca, a fortalecer nuestra política en América Latina, de tal manera que en la próxima reunión que tendremos en el mes de mayo, llegue a América Latina debidamente unida, para poder hacer frente a los grandes retos que tenemos, hoy como nunca, con el vecino país del norte.

Y ante la ausencia de mecanismos, México, debe fijar una posición clara en su política exterior. Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro el señor diputado don Rodrigo Iván Cortés Jiménez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Desde luego que respaldamos las acciones del Ejecutivo Federal, encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba y sin duda rechazamos toda acción que ponga en riesgo la seguridad de nuestra región y nuestra integridad soberana.

El pasado 15 de abril se votó y aprobó en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, una resolución donde se insta al gobierno cubano para que coopere dentro del pleno ejercicio de su soberanía, con la representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, facilitándole el cumplimiento de su mandato, como otros estados soberanos deben hacerlo en cumplimiento de los propósitos y principios que presiden la Carta de las Naciones Unidas.

Así, la política de derechos humanos del Gobierno Federal, no responde a ningún país en lo particular, sino a una convicción de su importancia en todos los confines del orbe. México respondió respetando las bases de su política exterior señaladas en la Constitución, de no intromisión en los asuntos internos de otras naciones. Pero expresando su deseo porque Cuba debiera permitir la entrada de relatores de derechos humanos a su territorio tal y como lo hace México al permitir ya 13 visitas de relatores y la instalación de una oficina del Alto Comisionado de la ONU, en su territorio. El buen juez por su casa empieza.

Nuestra integridad soberana está resguardada ahí donde las decisiones que toma nuestro con respecto a su política hacia Cuba, México ha resguardado su integridad soberana como nunca antes. Nuestra integridad soberana implica no dejarnos chantajear por el gobierno cubano con el caso Ahumada; y tampoco conceder la razón a una violación abierta al Derecho Internacional y humanitario, como es el embargo económico de Estados Unidos contra la isla. Sin duda esta integridad soberana nos depara coincidencias y divergencias con muchos países en el mundo, a propósito de toda clase de temas.

Concluyo. En síntesis, el PAN como partido centro humanista, no puede dejar de creer en la democracia y los derechos humanos, en el multilateralismo y el Derecho Internacional, sobre cualquier otra consideración, así sea en Cuba o en cualquier otro país del mundo, y cree firmemente en la recomposición de las relaciones entre México y Cuba, en resguardo de la seguridad y la integridad soberana de México y la región.

Señoras y señores legisladores: Aunque teníamos registrado al señor diputado don Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en pro, en virtud de la declinación en contra, del señor diputado don Pedro Vázquez González, se han agotado los dos oradores que permite el artículo 122 del Reglamento.

Ruego a la secretaría consulte a la Asamblea si se considera el punto suficientemente discutido.

-DIP. SRIO. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a concluir el trámite de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo ¿Le dio lectura, secretaria?

LA MISMA C. SECRETARIA: Dictamen con punto de acuerdo. Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a efecto de que se sirva remitir a la brevedad posible el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes al Senado de la República para su ratificación.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, secretaria. En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.

Esta presidencia tiene registrados para hablar en pro a los siguientes señores legisladores: el señor diputado don Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia; el señor diputado don Fernando Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la diputada doña Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En virtud de que se han registrado los tres para hablar en pro, esta presidencia concederá el uso de la palabra, en primer término a los dos primeramente registrados y la asamblea resolverá, en su oportunidad, por cuanto al orador restante.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Convergencia, para hablar en pro.

EL C. DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL: Con su anuencia, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas: efectivamente, nuestra petición, nuestra solidaridad con esta excitativa que se formula ante el presidente de la República, ante el titular del Poder Ejecutivo para que México suscriba el Protocolo, mejor dicho, turne al Senado de la República la ratificación para la suscripción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes.

Desde el año de 1983 México suscribió los tratados internacionales promovidos por las Naciones Unidas para la erradicación de la tortura.

La firma y ratificación de estos acuerdos por la Cámara de Senadores generaron muy importantes y avanzadas reformas en nuestros ordenamientos penales, a fin de tipificar claramente el delito de tortura en forma específica y alrededor de ello, desde luego, proteger al detenido a fin de que no compareciese ante el Ministerio Público si no estaba acompañado de abogados o persona de su confianza que previamente también se certificara su estado físico por médico legista y sobre todo invalidar las comunes declaraciones emitidas o arrancadas ante la policía judicial que, en la práctica investigadora a la mexicana, eran las declaraciones en las que se sustentaría la integración de la averiguación previa y el proceso penal mismo.

También en esta corriente de modernización del ordenamiento penal mexicano se suprimió la sobrevaloración de la confesión del inculpado, generalmente obtenida con violencia policiaca, y se sumó a las pruebas que requieren adminiculación con otros medios probatorios para su final valoración objetiva por el juzgador.

Es en todo caso en este balance que, pese a la inclusión legislativa de censura y sanción a la práctica de la tortura, es evidente que ésta se sigue presentando como lo han denunciado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la de varios estados, incluyendo a la del Distrito Federal.

Por ello es imperdonable e inexplicable que el Ejecutivo Federal mantenga retenido el turno que debe darse al Senado respecto de la ratificación que este órgano legislativo debe dar a este Protocolo a fin de incluirnos e insertarnos en la corriente moderna del derecho practicado con un sentido humano y no inquisidor, acusador y violatorio de derechos humanos fundamentales.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el señor diputado don Fernando Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El 17 de marzo la Secretaría de Relaciones Exteriores envió al Senado el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas.

De esta manera México reitera su compromiso con la prevención, sanción y erradicación de la tortura. Sólo falta que este Protocolo sea ratificado, lo cual fortalecerá la vigilancia del cumplimiento de la Convención.

De acuerdo con este Protocolo, se prevé un sistema de visitas periódicas a lugares de detención por parte de órganos internacionales y nacionales independientes y el establecimiento de un Subcomité dependiente del Comité Contra la Tortura.

Además obliga a los estados parte a designar a más tardar un año después de su entrada en vigor o de su ratificación, o adhesión, uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional.

Esta labor idealmente será desempeñada en México por el Sistema de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Los derechos humanos han sido definidos en principio como derechos universales e indivisibles y existe un grupo de derechos humanos que hacen a la esencia de la persona humana; los derechos humanos esenciales han sido agrupados dentro de una categoría conocida como derechos básicos de la persona.

Son estos derechos los que conforman el núcleo irreductible de derechos de la persona humana, estos derechos son los que en principio no están ni pueden estar sujetos nunca, a suspensión alguna. Por lo tanto el Estado debe de garantizarlos y respetarlos en todo momento.

Hoy en día, la tortura subsiste en muchos países. Hay 150 países en el Informe de Amnistía Internacional del 2003, con casos graves de tortura y en 80 países en forma no ocasional.

A pesar del compromiso de nuestro gobierno todavía hemos sufrido la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 12 del 2002, por un caso de violación de derechos humanos por tortura en la persona de Guillermo Velez Mendoza, quien perdió la vida.

Por ello el Partido Acción Nacional se congratula de que el compromiso de este Gobierno de la República con los derechos humanos, dé un paso más con lo que pueda ser justamente con la acción pendiente en el Senado, la aprobación de este Protocolo. Por ello pedimos el voto favorable.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado don Fernando Guzmán Pérez Peláez.

En virtud de que se ha agotado el número de oradores que permite el artículo 122 del Reglamento, consulte la Secretaría si el Punto de Acuerdo se encuentra suficientemente discutido.

- LA C. SECRETARIA DIP, MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto, señor Presidente.

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

- LA C. SECRETARIA DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta si se aprueba el Punto de Acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Aprobado. Comuníquese.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): Punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se le da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluyendo varios tratados internacionales.

"Primero.- Que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas y violentando toda norma de ley, incluyendo varios tratados internacionales de los cuales ambos países son signados.

"Segundo.- Que exhortara al Ejecutivo para que a través de las instancias correspondientes eleve su enérgica protesta ante el trato de las autoridades migratorias de Estados Unidos que dan a nuestros connacionales como proceso de deportación a nuestro país, con el compromiso de una estricta observancia y protección de los derechos humanos que garantice la dignidad y la seguridad de los migrantes mediante los puntos en cruces fronterizos y aeropuertos.

Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro a los señores legisladores don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del grupo parlamentario de Convergencia; al señor diputado don Marco Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; y a la diputada doña Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta Presidencia otorgará el uso de la palabra a los dos primeros y al tercero en caso de que la asamblea lo determine en su momento.

- EL C. DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ALVAREZ (Convergencia): Con su permiso, señor Presidente.

La Comisión de Relaciones Exteriores de esta Legislatura ha dictaminado un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme rechazo al trato que se da a nuestros connacionales deportados en condiciones inhumanas. La inevitable expulsión de medio millón de mexicanos por año de Estados Unidos, hace que las condiciones en que se desarrolla la actividad migratoria entre ambos países sea no solo extraordinaria, sino inmanejable.

Requiere pues de una política binacional de migración que se adapte a las condiciones inevitables de nuestras relaciones fronterizas. Requiere además de sólidos mecanismos de solución de controversias que garanticen buena dosis de tolerancia, solidaridad, equidad y buena voluntad.

Por ello un punto de acuerdo de esta naturaleza siempre es indispensable. México debe rechazar de forma enérgica y mediante mecanismos diplomáticos adecuados, incluyendo el ejercicio en su caso de extrañamientos severos al desinterés que por parte del Ejecutivo de Estados Unidos se muestra en poner atención al ejercicio de políticas migratorias cuyos mecanismos de control son rebasadas por la xenofobia y el racismo.

Cabe recordar en este espacio el memorándum de entendimiento en contra de la violencia fronteriza firmado por ambos gobiernos en febrero de 1999 y que reiteraba la intención de nuestros países de procurar justicia en casos de queja por actos de violencia cometidos contra migrantes mexicanos, en particular de autoridades.

El número de quejas en contra de autoridades locales se ha incrementado considerablemente. Preocupa pues que la violencia ejercida contra los migrantes mexicanos tenga como motivación principal consideraciones de tipo racial que exacerban la saña y el maltrato sin brindar ninguna garantía a quienes son afectados.

La observancia de estos principios internacionales es fundamental para el desarrollo armónico en las relaciones entre países. Acuerdos para cumplirse y acciones de protección que sirvan a nuestras comunidades, son indispensables.

"La Cámara de Diputados con este dictamen pone el dedo en la llaga en un tema que a todos nos interesa, pero del que nuestras autoridades actualmente poco han logrado resolver".

Tiene el uso de la palabra para habar en pro, el señor diputado don Marco Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

"El Partido Acción Nacional se opone de manera tajante al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas. Es Acción Nacional uno de los más interesados en buscar mejores condiciones para la deportación de mexicanos desde Estados Unidos, luego de la aplicación del llamado Programa de Repatriación Lateral.

"El gobierno mexicano ha sido especialmente sensible a este reclamo y estuvo en desacuerdo con la unilateral campaña de repatriación que realizaron las autoridades migratorias de Estados Unidos y desplegó las acciones necesarias para que se programa se suspendiera como efectivamente sucedió posteriormente.

"Si bien el gobierno estadounidense tiene facultad soberana para determinar de manera unilateral sus políticas migratorias, el gobierno de México, a través de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, manifestó su desacuerdo con el programa a las autoridades migratorias estadounidenses. Producto de ello se firmó el memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, humana y digna de nacionales mexicanos.

"En su aplicación ambos gobiernos se han comprometido en tomar las medidas necesarias para que:

"Primero.- Los traslados se realicen en condiciones seguras y con pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes.

"Quinto.- Gozar de buen estado de salud y no trasladar a las nacionales mexicanas que se encuentren en estado de gravidez.

"Sexto.- Notificar oportunamente al Consulado de México correspondiente, sobre la detención de connacionales y previo al evento de una deportación, entregar a los consulados las listas de los nacionales mexicanos que serán repatriados; y

"Séptimo.- Coordinar adecuadamente las repatriaciones de grupos connacionales, definiendo horarios y frecuencia de las repatriaciones.

"A pesar de ello y de acuerdo con declaraciones de Susan Lubert, portavoz de la Subsecretaría de Seguridad y Transportación del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, podría ser reimplementado el Programa de Repatriación Lateral de indocumentados si fracasan negociaciones con México para regresar migrantes a ciudades en el interior del país.

"Ante estas declaraciones y en apoyo de la vigencia del memorándum de entendimiento para la repatriación legal, segura y ordenada, votamos a favor el punto de acuerdo presentado.

"Esta soberanía debe apoyar los importantes esfuerzos que el gobierno mexicano ha hecho en la materia y alzar una enérgica protesta contra las autoridades migratorias de Estados Unidos, que han puesto en duda la vigencia del memorándum".

Se instruye a la Secretaría para que consulte a la asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

-SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

-MISMA SECRETARIA: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Por ello, muchos de nuestros problemas étnicos, religiosos, sociales y políticos, se recrudecen en Chiapas; por ello Chiapas sigue siendo cuenta pendiente para el país.

¿Hasta cuándo el Gobierno Federal, en particular la Secretaría de Gobernación, tomará cartas en el asunto? ¿Hasta cuándo Pablo Salazar, asumirá con responsabilidad la obligación de gobernar a Chiapas, dándole certidumbre y obvia gobernabilidad?

Apelo al juicio de mis compañeros legisladores y los exhorto para que apoyen el punto de acuerdo presentado con carácter de urgente y obvia resolución por el compañero René Meza Cabrera.

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra la diputada doña Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra.

Este país, señores y señoras diputadas, ha sufrido cambios; nuestra generación conoce un México distinto al que muchos de ustedes vivieron en sus tiempos de juventud; un cambio que se ha construido con la participación de todos y cada uno de nosotros. No podemos negar que no sólo en Chiapas existen extranjeros inmiscuidos en nuestros problemas nacionales. Este cambio de que les he hablado, ha traído la democracia y por muchos, esta democracia ha sido abusada.

Los extranjeros, muchos de ellos, han abusado de la hospitalidad que México y Chiapas abre al mundo. No podemos negar que existen abusos en ese sentido, pero tampoco podemos negar que ahora en Chiapas no se expulsan extranjeros con fines de tintes políticos, en Chiapas y en México se da bienvenida a los extranjeros que buscan en este país una puerta para extender sus fronteras económicas que ante la globalización, señores, no podemos negar. Señores, no podemos cerrar nuestras fronteras.

Tenemos que tener especial cuidado en marcar las reglas de quienes serán los extranjeros que nos visiten en nuestros países, pero no podemos cerrar las fronteras de nuestro estado y Chiapas no será un estado que se cierra a esto.

Señores, si el asunto de fondo que nos ocupa es el asunto ambiental, vayamos a Chiapas a resolverlo; vayamos a Chiapas junto con las autoridades que se encargan de resolver de fondo el asunto y planteemos las soluciones reales ante las autoridades, ante las autoridades municipales, estatales y a nivel federal.

Nosotros no evadimos nuestra responsabilidad, pero tampoco utilizaremos de bandera política para expulsar extranjeros; no queremos, señores, que "paguen justos por pecadores".

Como lo he dicho, el cambio es lo único constante y Chiapas y México tienen abiertas sus fronteras para que la democracia siga en pos de la globalización.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

EL C. DIPUTADO ROBERTO AQUILES AGUILAR HERNÁNDEZ.- Con su permiso, señor Presidente.

EL C. DIPUTADO ROBERTO AQUILES AGUILAR HERNÁNDEZ.- Con el permiso de mis compañeras diputadas y diputados:

Es muy lamentable lo que pasa en nuestro estado, el estado de Chiapas, pero es más lamentable que hayan compañeros diputados que vengan a hablar en nombre de Chiapas, y más lamentable aun que haya compañeros diputados chiapanecos que vengan a hablar en un tono de cerrar fronteras. Aquí no se trata de señalar a los extranjeros que vienen a darle un sentido provechoso a nuestro estado, nos referimos a los extranjeros que han abusado de este estado por la situación multicultural que vivimos. A esos extranjeros que llegan nada más a abusar de nuestras culturas, de nuestros vestigios, es necesario que se tengan que sacar de ese estado, y si no que haga su informe la Comisión de Reforma Agraria.

El día viernes 16 y sábado 17 estuvimos en la zona de Montes Azules, estuvimos en la zona lacandona con los choles y con los tzeztales, y que de viva voz la Comisión de Reforma Agraria que nos transportamos hasta allá 10 diputados, que haga mención escrita a esta presidencia y comente que fue lo que nos dijeron los lacandones: los lacandones están cansados de que se les esté pisoteando la dignidad, ya no quieren más extranjeros que estén llegando a manipular a nuestros campesinos.

De ahí queremos entender que, tanto el gobierno federal como el gobierno del estado, están gozando de una gran alcahuetería en nuestro estado, no se vale que la dignidad de los chiapanecos nos lo pisoteen de esta manera.

No es posible que al ir rumbo a las ruinas de Yaquilán por el Usumacinta, por una lancha vayan las gentes que vamos a supervisar los destrozos que hay en la zona y por otro lanchas llenas de madera, lanchas llenas de palma camelor, que están siendo enviadas a Europa y a esa zona la están descabellando en ese sentido.

Es necesario pues que así tomemos conciencia de este Punto de Acuerdo, no queremos más extranjeros que lleguen a estar manipulando los grupos para estarlo asentando alrededor de Montes Azules, que están haciendo una depredación total de esta reserva natural.

De tal manera que pedimos a los compañeros diputados de esta Legislatura, que tomen conciencia y que sea de urgente resolución esta situación de los extranjeros en Chiapas, que lo han tomado a este estado como el patio de su casa. ¿Hasta dónde van a dejar llegar pues las autoridades, el gobierno federal y el gobierno estatal que creemos está siendo alcahuete de estos extranjeros que están haciéndole daño a nuestro estado? Muchas gracias.

Agotado el número de oradores registrados originalmente, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.

-LA C. SECRETARIA AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba.

-LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

-EL C. PRESIDENTE: Un momento secretaria. Por favor sonido en la curul del señor diputado.

-EL C. DIPUTADO BERNARDINO RAMOS ITURBIDE (desde su curul): Diputado presidente, para pedirle que sean nominal esta votación.

EL C. PRESIDENTE: ¿Quiénes lo apoyan diputado? Muy bien, como se satisface el requisito reglamentario de cinco más aparte del solicitante, se instruye a la Secretaría para el efecto de que recabe la votación nominal y para tal efecto disponga la apertura del sistema electrónico por cinco minutos.

-LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la presidencia se instruye a que háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento.

-MISMA SECRETARIA: Señor presidente, 209 en contra; 182 en pro y 2 abstenciones.

Tiene la palabra el señor diputado don Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial investigadora del daño ecológico y social generado por PEMEX

PEMEX es una institución inscrita desde su creación, en la búsqueda del desarrollo regional. El trabajo que desarrolla implica fundamentalmente actividades que necesariamente alteran las condiciones naturales existentes.

El fuerte impacto ambiental que general la actividad industrial de Petróleos Mexicanos con sus más de 600 establecimientos integrados por refinerías, plantas criogénicas, centros de ventas, terminales marítimas, campos petroleros que incluyen 4 mil 620 pozos, así como plataformas marinas, no cuentan a la fecha con medidas de seguridad ambientales por las normas internacionales.

A manera de ejemplo se sabe que en más de 15 entidades federativas hay residuos como solventes, plaguicidas, azufre, metales pesados, hidrocarburos y otras sustancias químicas; situación preocupante toda vez que éstas se encuentran en el medio ambiente provocando con ello el probable inicio de una reacción biológica infecciosa.

Independientemente de lo anterior, hay residuos peligrosos abandonados; entre otros se destacan materiales como el cromo, plomo, mercurio, arsénico, cianuro, grasas y aceites usados, solventes, químicos inorgánicos e hidrocarburos que también pueden llegar a ocasionar daños irreparables al medio ambiente.

No menos importante es la fuga de los ductos de gasolina de Pemex, como es el caso de la contaminación del manto acuífero de Las Encinas, en Saltillo, Coahuila, o los desequilibrios ecológicos y problemas sociales que la actividad petrolera ha generado en estados como Tabasco, Campeche, Veracruz.

No hay que olvidar de igual manera la contaminación ambiental que genera la planta nucleo eléctrica de Laguna Verde, pues en 1989 se registró la primera liberación inadvertida al ambiente de gases radioactivos por la descarga de las bombas mecánicas de vacío, así como por el derrame de aproximadamente 20 mil litros de ácido sulfúrico que provocó daños a bombas, conductos cables, cajas eléctricas, conectores, paredes y tanques.

Creemos que en nuestra mano está coadyuvar para el mejoramiento del medio ambiente.

En virtud de que esta proposición va a ser turnada a la Junta de Coordinación Política, de antemano pido que la misma se someta pronto a la consideración de sus integrantes y éstos emitan su voto aprobatorio por ser un tema de interés social y de impacto nacional.

Por lo antes expuesto las diputadas y diputados que suscriben la presente proposición con punto de acuerdo solicitamos a esta honorable Cámara la creación de la Comisión Especial Investigadora del Daño Ecológico y Social generado por Petróleos Mexicanos.

EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Herrera. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Mario Moreno Arcos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Semarnat que declara área natural protegida el parque ecológico estatal de Omitemi, Guerrero

EL C. DIPUTADO MARIO MORENO ARCOS: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: acudo ante esta tribuna para presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar que la Semarnat declare área natural protegida el parque ecológico estatal de Omitemi, Guerrero, al tenor de los siguientes considerandos.

El llamado parque ecológico estatal Omitemi, que se localiza en la parte central del estado de Guerrero, aproximadamente a 15 kilómetros de Chilpancingo, es uno de los lugares con mayor riqueza ambiental del país. De hecho es considerado como uno de los siete centros mundiales de diversidad y endemismo de flora existente en México.

Esta zona cuenta con un extenso bosque de aproximadamente tres mil 971 hectáreas. Es un sector de parteaguas de la Sierra Madre del Sur, es una región muy aislada de alto endemismo y riqueza en todos los grupos y presencia de especies de distribución restringida.

Posee un gran potencial hídrico, ya que su zona de captación acuífera provee de agua potable a la ciudad de Chilpancingo, dado que en esta zona existe gran cantidad de cuerpos de aguas temporales y permanentes.

No sólo por su amplia capacidad para abastecer de agua potable, sino por su diversidad en flora y fauna, la zona de Omitemi debe ser considerada por el gobierno federal como un área natural protegida.

El gobierno del estado de Guerrero ha desplegado múltiples esfuerzos para contribuir a la protección, conservación y manejo sustentable de sus recursos naturales.

Es así que hace un par de años el gobierno del estado declaró al parque Omitemi como reserva natural estatal; sin embargo, así como muchas de las áreas naturales protegidas, el gobierno federal las ha convertido en reservas naturales.

Solicito que este parque también lo sea, consiguiendo con ello un incremento considerable de recursos y de atención que permitan dar mayor énfasis a su conservación.

La petición que hago a esta soberanía está sustentada con elementos jurídicos y de tipo ambiental suficientes para que la zona de Omiltemi sea declarada área natural protegida.

Unico: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice las investigaciones y gestiones necesarias a fin de presentar al Titular del Poder Ejecutivo la propuesta para que se declare la zona de Omiltemi, Guerrero, también conocida como Parque Ecológico Estatal, como área natural protegida.

Solicito señor Presidente, que el texto íntegro de esta proposición se inserte en el Diario de los Debates.

- EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputado. Como lo solicita insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no haya sido publicado. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, con el propósito de que informe del estado que guardan los procedimientos administrativos en materia de cuotas compensatorias arancelarias.

- EL C. DIP. GONZALO MORENO ARÉVALO: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados; amigos de los medios que nos acompañan: Pongo a consideración el siguiente Punto de Acuerdo con las facultades que me concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición como Punto de Acuerdo: Se cite al Secretario de Economía para que rinda informe de la situación actual que guardan los procedimientos administrativos por concepto de cuotas compensatorias y arancelarias, así como juicios que se deriven de estos procedimientos conforme a los siguientes antecedentes:

Primero: El 30 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución definitiva de las investigaciones antidumping sobre las importaciones, determinándose las cuotas compensatorias.

Segundo: El 27 de enero de 1997 se emite resolución final que confirma todos los puntos.

Tercero: El 14 de febrero del 2002, convocó a todos los productores nacionales para presentar la solicitud de examen de cuotas compensatorias.

El 15 de noviembre del 2002 comparecen la Cámara Nacional de la Industria de Calzado y su representación en los estados de Guanajuato y Jalisco.

Y el 9 de diciembre del 2002 se publica el aviso de la presentación de solicitudes.

El 28 de julio del 2003 se declara el inicio del examen de las mercancías clasificadas.

Y el 7 de octubre del 2003 el juez noveno en materia administrativa en el Distrito Federal, dictó sentencia del juicio de amparo a favor de Nike de México, S. A de C. V., en contra de los actos reclamados por la Secretaría de Economía.

El 2 de febrero del 2004 determina la Secretaría se proceda a devolver a Nike de México,S. A., de C. V., los intereses correspondientes a las cantidades que a partir del 31 de diciembre del 2002 se hubieran enterado por concepto de cuotas compensatorias y en su caso devolver las fianzas entregadas para garantizar dicho pago.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público devolverá más de 30 mil dólares a la empresa Nike de México, S. A, de C. V. Con esta resolución obtiene que la empresa obtenga la excepción hasta finales del año 2007.

Por lo anteriormente expuesto, ha demostrado el titular de la Secretaría de Economía, la poca capacidad al frente de la misma, por actos tan irresponsables como los planteados, quedando en la suspicacia que guardar este tipo de simulaciones jurídicas cometidas en perjuicio de la sociedad con la venia de su Titular.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN. Suena la campanilla y dice): Se le agotó su tiempo, Diputado.

- EL C. DIPUTADO GONZALO MORENO ARÉVALO (PRI): "Primero.- Que la situación jurídica por parte de la Secretaría de Economía, así como el marco normativo y legislativo actual se sentó un precendente en materia de cuotas compensatorias.

"Segundo.- Que la Secretaría de Economía a través de la resolución, en conformidad con la fracción XV de la Ley Orgánica, y

"Tercero.- En consecuencia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se verá afectada en rubros Ingresos y Egresos al devolver a Nike de México, S.A. de C.V. los intereses correspondientes a partir del 31 de diciembre de 2002.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN. Suena la campanilla y dice): Señor Diputado: Se le ha agotado su tiempo.

- EL C. DIPUTADO GONZALO MORENO ARÉVALO (PRI): "Comparezca el Secretario de Economía para que informe oportunamente a esta honorable Legislatura el estado actual que guardan los procedimientos administrativos y juicios derivados por concepto de cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de calzado.

"Solicito en los términos del primer párrafo, para finalizar, del artículo 2º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos...

- EL C. PRESIDENTE JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Señor Diputado: ¡Se le agotó su tiempo!

- EL C. DIPUTADO GONZALO MORENO ARÉVALO (PRI): ...se dice que actualmente solo podrá dispensarse al requisito y pido que se comunique de urgente y obvia resolución".

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): El señor diputado ha solicitado este punto como de urgente y obvia resolución. No aparece esa solicitud en el orden del día, por lo tanto se turna a la Comisión de Economía.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las directivas de las organizaciones sindicales del país, a través de sus respectivas federaciones o confederaciones, para que con absoluto respeto al principio de libertad y democracia sindical se abstengan a incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a un determinado partido político o voten a favor de un determinado candidato a un cargo público de elección popular.

- EL C. DIPUTADO ANTONIO TRUEBA GRACIÁN (PAN): Con su permiso, diputado Presidente.

Hoy en día el sindicalismo tiene una enorme trascendencia en el ámbito de la transformación de instituciones en nuestro país, precisamente porque las organizaciones sindicales son lugares comunes de promoción y defensa de los intereses de los trabajadores, es decir, constituyen el lugar idóneo para incidir en la dignificación permanente de la persona humana que trabaja en el presente y futuro de la familia y de la nación.

En tal contexto los legisladores de Acción Nacional consideramos que derecho al trabajo constituye una prerrogativa de todos los hombres, porque en última instancia se funda en el derecho a la vida y a la libertad. Pese a estos importantes postulados que giran en torno a un verdadero y pleno sindicalismo, cabe señalar que desafortunadamente en nuestro país existe un número importante de dirigentes sindicales que utilizando su poder y ámbito de influencia sobre sus agremiados han desvirtuado el objetivo y los propósitos perseguidos por el sindicato al cual representan, consistente en el estudio, mejoramiento, promoción y defensa de los derechos de sus trabajadores sindicalizados, llegando a convertirse en medios de control político sobre sus agremiados.

En tal virtud, es necesario el establecimiento real de la democracia en las organizaciones sindicalizadas para que los trabajadores puedan manejar sus asuntos a través de dirigentes comprometidos en buscar las condiciones necesarias que garanticen el bienestar de todo agremiado, siendo necesario excluir de toda organización sindical a todo tipo de líder que ha utilizado su poder o ámbito de influencia dentro de este tipo de organizaciones.

"Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a las directivas de las organizaciones sindicales del país, a través de sus respectivas federaciones y confederaciones registradas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que con absoluto respeto al principio de libertad y democracia sindical que debe imperar en toda organización se abstengan de incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a un determinado partido político o voten a favor de un determinado candidato en un cargo público de elección popular".

Le pido, diputado Presidente, que sea puesto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Luis Cabrera Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con Punto de Acuerdo en relación con el proyecto de planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, estado de Hidalgo.

"Compañeras y compañeros diputados: El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

"El proyecto, consistente en la instalación de una planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, estado de Hidalgo, ha sido autorizado en una superficie aproximada de 110 hectáreas. Esta autorización se ha encontrado con la oposición de gran parte de ciudadanos que residen en el área a la ubicación de dicho proyecto. A estos cuestionamientos se agregan las opiniones adversas de instituciones públicas, tanto federales como locales, además de algunas académicas.

"La oposición se debe fundamentalmente a la posible contaminación de manantiales de los cuales se abastecen para su consumo 17 comunidades; no cumplir con los requisitos de distancias a centros de cause de cualquier corriente superficial, ya sea permanente o intermitente; no respetar la distancia mínima de 25 kilómetros al centro de población más cercano; contaminar el acuífero que suministra de agua potable al río Aljayucán (?).

"Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con Punto de Acuerdo.

"Primero.- Que la SEMARNAT nulifique o revoque la autorización otorgada, lo anterior basado en el principio de prevención, pues conforme a las opiniones expresadas por los habitantes de las comunidades aledañas al proyecto y algunas instituciones académicas, pueden llegar a existir riesgo al equilibrio ecológico con la instalación de esta planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, estado de Hidalgo; y

"Segundo.- Que la SEMARNAT, conforme a esta soberanía, como valoraron y evaluaron las recomendaciones y observaciones de los habitantes de las comunidades aledañas -concluyo señor Presidente- al proyecto, las instituciones académicas como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México, citadas en las consideraciones y la Comisión Nacional de Agua, institución del propio sector de la SEMARNAT, presentando para ello la información de detalle correspondiente como es si cuenta con nuevas opiniones de lo antes citado, que los lleven a concluir que avalen la viabilidad del proyecto de instalación de la misma".

Solicito a esta Presidencia sea publicado de manera íntegra el texto de esta proposición con Punto de Acuerdo en el Diario de los Debates.

-PRESIDENTE, DIP. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA: Como lo solicita el orador, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para que se cite a comparecer al Director General de Pemex Refinación, a efecto de que rinda un informe ante la Comisión de Energía, Presidentes Municipales y miembros de la comunidad, sobre el estado que guardan las acciones emprendidas para reparar el daño ocasionado en los Municipios de Nogales, Ciudad Mendoza y Rio Blanco por la ruptura de ductos y la explosión en el poblado de Balastrera, acaecido el 5 de Junio de 2003 en el estado de Veracruz.

-EL C. DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO:- Con su permiso, Diputados Federales del PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, PT y Convergencia, exponemos que el día 5 de Junio del 2003 en la Congregación de Cecilio Terán Balastrera del Municipio de Nogales, Veracruz, una barrancada del Rio Chiquito provocó la explosión de dos ductos de Petróleos Mexicanos haciendo también daños a Ciudad Mendoza y Rio Blanco, quienes registraron deterioros en sus propiedades por corrientes de agua contaminada por hidrocarburos.

Las afectaciones fueron, 88 personas lesionadas por quemaduras, 6 fallecimientos, lesiones y daños también a animales, 4 parcelas, 60 solares y casas habitación. El 5 de Junio del 2003 Pemex se comprometió a brindar apoyo a las comunidades afectadas y dejarlas en condiciones similares hasta antes del siniestro, lo mismo a reparar y atención a las personas con quemaduras.

Sin embargo, a la fecha que se presenta esta proposición, no se ha dado cumplimiento a las acciones e indeminizaciones que Pemex se comprometió. Ante el temor fundado de otro siniestro por la falta de respuestas de Pemex, los habitantes de los municipios afectados representados por el COCIPRES, en una carta reciente dirigida al Presidente Fox, señalan la omisión de Pemex en las labores de prevención o en su caso la realización de trabajos inadecuados.

En el mismo documento denuncian el silencio de Pemex y la falta de apoyos ofrecidos por la paraestatal. El Alcalde de Nogales, Veracruz también dirigió oficio al Director de Pemex externándole su preocupación.

1º.- Se solicite la comparecencia del Director General de Pemex- Refinación ante la Comisión de Energía de esta Cámara con los Alcaldes y Miembros de las comunidades de los Municipios afectados con el objeto de dar cuenta del estado que guardan las acciones ofrecidas por Pemex-Refinación para reparar los daños ocasionados.

2º.* Que el Director de Pemex-Refinación informe las acciones realizadas, planes y proyectos para garantizar la seguridad de las poblaciones afectadas.

3º.-Que Pemex-Refinación establezca un programa en colaboración con las autoridades de Protección Civil del Estado y de los Municipios, para resolver contingencias que puedan afectar la seguridad de la población.

4º.* Que el Director de Pemex-Refinación informe mensuakmente a los integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados así como a los Alcaldes de Rio Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza y a la sociedad civil, los avances y resultados del programa, hasta la total conclusión del conflicto.

Ruego que se inserte el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuando Diputado Presidente.

-EL C. PRESIDENTE. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria , en el caso de que no haya aparecido en el número del día de hoy.

Tiene el uso de la palabra, -discúlpeme- el siguiente punto del Orden del Día se difiere, que es el que tiene que ver con el señor Diputado Omar Bazán Flores.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Martha Leticia Rivera Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión de Salud cite a comparecer al Doctor José Ignacio Santos Preciado, Director General del Hospital Intantil de México "Federico Gómez"

Me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones:

1.- El cáncer es una de las tres primeras causas de mortalidad infantil. Según estadísticas del propio hospital infantil de México, "Federico Gómez", y del Registro Nacional de Transplantes, la cantidad de niños con estos padecimientos se ha elevado notablemente, es decir, hace diez años se diagnosticaban cerca de trescientos casos al año; actualmente se diagnostican tres mil nuevos casos cada año a escala nacional.

2.- Por otro lado, el servicio de oncología de dicho hospital cuenta con un total de quince camas para dar servicio aproximadamente a veinticinco pacientes por día, mismos que requieren de hospitalización al menos tres días continuos, con lo cual se genera un déficit considerable de camas lo que ocasiona un retraso en el tratamiento y a corto o mediano plazo recaída dentro del mismo, lo cual a su vez los convertirá en muy posibles prospectos para transplante de médula ósea.

Y así es como se va conformando un círculo vicioso donde el servicio y la atención para estos pacientes no es suficiente y oportuno como la misma enfermedad lo requiere.

3.- También es necesario advertir que los esfuerzos tanto del hospital infantil "Federico Gómez" como de las propias autoridades de salud, son rebasadas por la creciente demanda de esta enfermedad.

Compañeras y compañeros legisladores, lo que me trae el día de hoy a esta tribuna es el ser la portavoz de niños integrantes de familias mexicanas que sufren esta lamentable enfermedad y que se encuentran en la desesperanza al haber sido informados que el programa de transplante de médula ósea ha sido suspendido este año, por lo que estos niños, adolescentes y familias mexicanas necesitan nuestro apoyo para que este problema sea revisado y analizado con todo detenimiento y darles así nuevamente una esperanza de vida.

Primero.- Solicito se cite a comparecer ante la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias y la Comisión de Salud, al doctor José Ignacio Santos Preciado, Director General del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", para que exponga los alcances y limitaciones en el tratamiento de esta enfermedad.

Segundo.- Se solicita al Secretario de Salud, en conjunto con las organizaciones no gubernamentales y las instituciones que apoyan la lucha contra el cáncer, a que evalúe los programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad y evitar la suspensión de estos programas.

En el uso de a palabra, la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar se reduzcan las tarifas eléctricas en el estado de Guerrero.

LA C. DIP. IRMA FIGUEROA ROMERO: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

En todo el país se han presentado conflictos en torno al aumento en el costo de las tarifas eléctricas. La población de los estados de la república se han manifestado por una disminución en el cobro de las mismas.

En el caso concreto del Estado de Guerrero, los habitantes han denunciado los excesivos cobros de la Comisión Federal de Electricidad, la prepotencia y extorsión de que son objeto parte de los empleados de la misma. La población sobre todo de escasos recursos, requiere de mayo sensibilidad para que se les cobre de forma justa ya que afirman que les llegan recibos de hasta ocho mil pesos, los cuales están imposibilitados de pagar.

No existe una negativa pagar por parte de la ciudadanía, exigen tarifas justas de acuerdo a lo que consumen. Se manifiestan también a favor de una condonación en los pagos de las personas de la tercera edad. En las comunidades rurales del municipio de Acapulco, los recibos llegan con una tarifa de hasta dos pesos y para la población de escasos recursos representa el salario de hasta seis meses de trabajo.

Por lo tanto, como legisladores y como representantes populares, es necesario tener sensibilidad ante situaciones de injusticia con los más desprotegidos. Considero necesario emitir un exhorto al Ejecutivo Federal a fin de que las tarifas eléctricas aplicadas en el estado de Guerrero sean más justas.

Este sentir se suma a la propuesta con punto de acuerdo presentado por diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en noviembre del año pasado, en el sentido de aplicar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación.

Su reclasificación para uso doméstico, comercial, industrial y del campo para el Estado.

Dicho planteamiento se hace como respuesta a la decisión del Gobierno Federal de reducir el subsidio a las tarifas domésticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero del 2002, lo cual sólo dio como resultado un nuevo incremento de las tarifas eléctricas, sobre todo en las regiones cálidas de los distintos estados del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la que suscribe, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo.

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, a fin de que instruya a los Secretarios de Hacienda, Energía y Economía, para que de manera conjunta con la Comisión Federal de Electricidad, ajusten las tarifas eléctricas del estado de Guerrero, según la zona y las condiciones económicas de los sectores poblacionales, que redunde en el beneficio de los sectores de escasos recursos y el cobro sea de forma justa, según el consumo y la capacidad de pago.

Firman este punto de acuerdo los diputados, Francisco Chavarría, Juan García Costilla, Yadira Serrano, Javier Manzano, Zeferino Torreblanca, Rosario Herrera y su servidora, Irma Figueroa Romero. Es cuanto, señor Presidente.

-EL PRESIDENTE: Gracias diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que en función de sus facultades y atribuciones el titular de la Secretaría de Economía, vuelva a incluir al azúcar en el acuerdo, por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, devolviéndole así, la característica de producto sensible, coadyuvando al fortalecimiento de esta cadena productiva.

Dada la importancia social y económica que representa para nuestro país la actividad cañera y azucarera, esta agroindustria se considera como de interés público. Por lo anterior y por las particulares características del comercio mundial del azúcar por muchos años, este producto se venía considerando como un producto sensible dentro de la política comercial mexicana.

La propia Secretaría de Economía, considera que dada la importancia, que revisten en el país los productos agropecuarios, se requiere para ellos controles adicionales que comprueben el uso adecuado de los que se importan temporalmente y se evite su desvió a territorio nacional, con el consecuentemente daño a la economía e industria nacionales.

Sorpresivamente la Secretaría de Economía el día 30 de octubre del 2003, publica en el Diario Oficial de la Federación un nuevo acuerdo, por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías que abroga el publicado el 23 de octubre del 2002. Este nuevo acuerdo deja de considerar al azúcar como producto sensible y lo sujeta a regulación espots, ampliando el plazo de permanencia de 6 a 9 meses, planteando un supuesto monitoreo a partir de un cuestionario que a 5 meses de publicado el acuerdo, no ha sido presentado por las empresas en los programas de PITEX. Esta medida ha traído como consecuencia la imposibilidad de un verdadero control de las importaciones, que realizan las empresas inscritas en estos programas de PITEX.

No es admisible que un acuerdo que pretende desarrollar nuestra planta productiva y el empleo, muestre inconsistencias de este tamaño, fallando en el control que es su principal cometido. Estas inconsistencias promueven prácticas de comercio desleal y disimulan operaciones irregulares, que pudieran tipificarse como delictivas.

Por todo esto, es de extrema importancia que el Ejecutivo Federal atienda lo aquí expuesto y con base en lo anterior, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en función de sus facultades y atribuciones el titular de la Secretaría de Economía. Vuelva a incluir al azúcar en el acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, devolviéndole así, la característica de producto sensible, coadyuvando al fortalecimiento de esta cadena productiva.

Solicitándole, señor Presidente que el texto íntegro de esta proposición se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto.

EL PRESIDENTE: Como lo solicita el promovente, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Economía.

En el uso de la palabra el señor diputado don Carlos Noé Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a las dependencias responsables del sector de comunicaciones, tengan a bien fijar las tarifas de telefonía celular, de acuerdo con los estándares internacionales que rigen la telefonía móvil.

EL DIP. CARLOS NOE TISCAREÑO RODRÍGUEZ: Con su permiso de la Presidencia y por la brevedad del tiempo que se me permite para la exposición de este documento, le solicito se inserte el contenido íntegro de la presente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

La siguiente exposición de motivos hace un relato de cómo ha evolucionado la telefonía celular en nuestro país. En el año de 1996 se introdujo el uso de la tarjeta de prepago; en el 97 los esquemas de descuento se aplicaban a las llamadas entrantes. A partir del primero de mayo del 99, por falta de acuerdos y convenios entre operadoras celulares y Teléfonos de México, se introdujo la modalidad "el que llama paga", a partir de esa fecha han crecido de manera notable el número de usuarios en telefonía celular.

Un reciente estudio comparativo del costo de interconexión por minuto sin impuestos, muestra que Brasil cobra en un promedio $1.24, siendo el país de América Latina con la cuota más baja en comparación con México, que cobra $2.12

Cito algunos otros países: el caso de Perú, $1.99; Dinamarca, $1.65; Italia, 41.54. Lo anterior por mencionar algunas naciones. No es posible que en México existan tarifas superiores a las establecidas por los países de América Latina so pretexto de requerir capital para inversión. No es posible que actualmente se estén aplicando las tarifas máximas y que son las más altas o unas de las más altas en el mercado mundial.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Director de la COFETEL y a los responsables de las dependencias en el sector comunicación, a llevar a cabo un análisis comparativo internacional, para que las tarifas de telefonía móvil se ajusten con respecto al costo por minuto que actualmente se encuentran vigentes en Latinoamérica y Europa.

Segundo. Se exhorta al Director de la COFETEL a que elabore y entregue un informe detallado acerca de los costos por minuto que actualmente aplican en las empresas de telefonía móvil en México.

Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y como lo pide el promovente, insértese en texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya aparecido en el número correspondiente.

Tiene la palabra el señor diputado Zeferino Torreblanca Galindo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar un proceso que permita descentralizar los trámites relacionados con la administración de la zona federal marítimo-terreste, a los estados y municipios.

Día con día se torna más grave la situación por la que atraviesa la zona federal marítimo terrestre y en concreto las playas mexicanas con vocación turística.

En esta zona concurren los tres niveles de gobierno y ante la falta de coordinación y de elementos humanos, ésta se convierte en tierra de nadie.

En la Ley General de Bienes Nacionales, se establece que SEMARNAT podrá celebras convenios y/o acuerdos de coordinación con los estados y los municipios, con el objeto de que administren, conserven y vigilen dichos bienes, sobre todo en aquellos que tienen que ver con la expedición de concesiones, permisos o autorizaciones, además de sus prórrogas y modificaciones.

En la práctica estos mecanismos tienen un operar tortuoso que no corresponde a las necesidades reales, se convierte en burocrático y caótico, en tanto existe un alto riesgo en la resolución de los expedientes, las consecuencias son invasión, desorden y anarquía en las playas y en las zonas federales.

El esquema resulta poco eficiente para la dinámica municipal que exige soluciones prontas y oportunas en materia de vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal.

Los ayuntamientos terminan siendo convidados de piedra en una situación en la que los tres niveles de gobierno concurren sin mucha claridad en un mismo territorio.

El principal activo y atractivo turístico en el que se asientan cuantiosas inversiones de un municipio, se encuentra en la zona federal marítimo terrestre y éste escapa a su dominio regulatorio.

Si un fenómeno natural hace desaparecer las playas de un municipio, con ellas desaparecerá también el bienestar económico de sus pobladores y si un municipio permite la contaminación progresiva de sus playas, su fracaso en todas las actividades irá en proporción directa.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Primero.- Se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que impulse decididamente la celebración de acuerdos o convenios de coordinación para el uso y aprovechamiento sustentable de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, con el objeto de que los gobiernos y los municipios, en su caso, administren y vigilen y dichos bienes. Para ello deberá informar en un plazo no mayor de seis meses a esta soberanía, sobre las acciones que esté llevando a cabo sobre el particular.

Segundo.- Se solicite a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo no mayor a tres meses, un informe sobre el estado de rezago que guardan los trámites relacionados con los expedientes en materia de zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, así como propuestas para acabar con dicho rezago.

Tercero y último, señor Presidente. Se exhorte a la Secretaría de Turismo, para que a la brevedad posible, conforme al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, vías navegables de playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, emita los criterios con los que podrá otorgar, de ser procedente, permisos para ejercer el comercio ambulante en las playas y en la zona federal marítimo terrestre.

Tiene el uso de la palabra el señor diputados Jesús Tolentino Román Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de transferir o reasignar recursos financieros al Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la elaboración de los estudios de factibilidad técnico-financieros y el proyecto ejecutivo para cuatro líneas de transporte masivo en la zona oriente del Estado de México.

EL DIP. JESUS TOLENTINO ROMAN BOJORQUEZ: Con la venia de la Presidencia, compañeros y compañeras legisladores.

Durante los últimos 60 años, la población de la zona metropolitana del Valle de México se ha incrementado sensiblemente pasando de un millón 750 mil habitantes a 18 millones en la actualidad.

La expansión urbana se extiende del Distrito Federal hacia 17 municipios del Estado de México, entre ellos: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Iztapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco y Valle de Chalco, Solidaridad, que se ubican en la zona oriente de la entidad.

Sin dejar de ser sorprendente el crecimiento en términos cuantitativos lo realmente destacado es el origen del crecimiento, dejó poco a poco de ser el producto de la migración rural urbana para convertirse en un fenómeno de desplazamiento poblacional urbano-urbano, concretamente expulsión de población de la ciudad de México hacia la periferia.

Asimismo, la tendencia registrada indica que este crecimiento poblacional, tendrá una dinámica más acelerada en los municipios de la zona oriente en el corto, mediano y largo plazos.

Además de la aguda carencia en la dotación de servicios básicos, debe considerarse que los habitantes de la región oriente corresponden a los estratos sociales más débiles en materia de empleo, ingreso y seguridad social, baste decir que el 50% de los trabajadores perciben un ingreso entre cero y dos salarios mínimos, la gran mayoría gana un salario mínimo y en Chimalhuacán, por ejemplo, el 70% vive en la pobreza o peor aún, en la miseri8a extrema.

De acuerdo con estimaciones, la tercera parte del salario de los habitantes se emplea en transporte hacia sus centros de trabajo, ubicados principalmente en el Distrito Federal, Tlalnepantla y Naucalpan; el tiempo diario de recorrido promedia cuatro horas, consumiendo un tiempo valioso que podría ser dedicado al descanso y a la necesaria convivencia familiar. Para remate, 40 mil camiones, microbuses y combis del rumbo, agravan diariamente la contaminación del aire en el Valle de México.

Por todo lo anterior, constituye una imperiosa necesidad la introducción de cuatro líneas de transporte masivo en la zona oriente, estimándose una demanda diaria de 600 mil pasajeros y un beneficio a los 4 millones de habitantes de los ocho municipios ya mencionados; consecuentemente, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de transferir o reasignar recursos financieros al gobierno del Estado de México a través de la Secretaría –termino, señor Presidente- de Comunicaciones y Transportes para la elaboración de los estudios de factibilidad técnicos y financieros y el proyecto ejecutivo para las cuatro líneas de transporte masivo: Chimalhuacán-Pantitlán, La Paz-Texcoco, La Paz- Ixtapaluca y Xochiaca-Chalco.

Señor Presidente, con base en los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso y dada la naturaleza del problema, solicito se otorgue el trámite de urgente y obvia resolución.

Apoyan esta propuesta 158 firmas de diputados federales, 43 firmas de ediles de los ayuntamientos y 105 mil firmas de ciudadanos interesados.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación)

Esta Presidencia tiene el registro de los siguientes oradores, los señores diputados Francisco Juan Avila Camberos y Manuel Gómez Morín Martínez del Río, ambos del Partido Acción Nacional, con lo que queda cubierta la hipótesis del artículo 122 de nuestro Reglamento.

EL C. DIPUTADO FRANCISCO JUAN AVILA CAMBEROS.- Con su venia, señor Presidente.

EL C. DIPUTADO FRANCISCO JUAN AVILA CAMBEROS.- Señoras diputadas, señores diputados:

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional apoya de manera decisiva la transferencia o reasignación de recursos financieros que se destinen a la elaboración de proyectos ejecutivos y estudios de factibilidad técnicos financieros, correspondientes a cuatro líneas de transporte masivo en la zona oriente del Estado de México, tomando en cuenta que esta propuesta generará soluciones para varios millones de habitantes de la zona metropolitana, que actualmente sufren de las graves consecuencias y deficiencias acumuladas durante décadas en materia de transporte público, resultará de un gran beneficio que en esta administración federal se promuevan y continúen acciones, para resolver de fondo la problemática descrita.

Dado que para llevar a cabo la transferencia o reasignación señalada en el presente Punto de Acuerdo, se requiere contar, primero, precisamente con la disponibilidad de recursos, mismos que a la fecha no han aumentado de manera significativa por falta de una reforma fiscal, y que también hará falta destinar más dinero para cubrir el costo de los estudios y proyectos que ya también solicitan diputados de otros distritos y de diferentes estados, los cuales se requieren contratar y concluir en este año, para llevar a cabo muchas de las obras que se necesitan para el año 2005.

Hacemos un atento y respetuoso llamado a todos los legisladores, para que a la brevedad posible nos pongamos a trabajar en el diseño de una verdadera reforma fiscal, verdaderamente justa, equitativa, viable y promotora del desarrollo, que le permita al gobierno federal captar recursos suficientes, para atender satisfactoriamente las crecientes demandas del país.

De lo contrario corremos el riesgo de que Puntos de Acuerdo similares al arriba mencionado, se quedan simplemente en buenas intenciones, que no fructificarían por falta de dinero.

El país demanda no sólo buenas intenciones sino también buenos resultados, los legisladores, en este caso, tenemos un gran reto que atender y solucionar.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Gómez Morín Martínez del Río del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

-EL C. DIPUTADO MANUEL GOMEZ MORIN MARTINEZ DEL RIO: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Los acontecimientos en nuestro país y todo aquello que afecta a la sociedad mexicana debe ser de nuestro interés como legisladores y convertirse en objeto de análisis, estudio y discusión en esta Asamblea.

Es por eso que hoy, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, hago uso de esta tribuna para expresar nuestro posicionamiento en torno al Punto de Acuerdo que está a discusión.

No podemos permanecer ajenos al enorme problema que genera el crecimiento poblacional en nuestro país, particularmente en el Valle de México. El crecimiento demográfico ha sobrepasado por mucho el desarrollo y la infraestructura tanto del Distrito Federal como de los municipios conurbados del Estado de México.

El crecimiento demográfico y urbano ha ocurrido de manera caótica, ajeno a toda atención integral a las necesidades de la población, como lo señala el Punto de Acuerdo, tanto el crecimiento poblacional como el desarrollo en la infraestructura urbana, no son homogéneos ni equitativos en todas las regiones del Valle de México, normalmente resultan mayormente afectadas las zonas más marginadas, ya que son las que con mayor frecuencia enfrentan carencias de servicio en infraestructura públicos.

No podemos negar que gran parte de los problemas que actualmente se viven en el Valle de México como consecuencia del crecimiento poblacional, se deben a la falta de planeación para el crecimiento y desarrollo urbano que por varias administraciones no fueron tomadas en consideración.,

En la actualidad los gobiernos comienzan a tomar mayor conciencia del fenómeno poblacional y de los crecientes problemas que trae aparejado, si es que no se previenen mediante planeación con visión en mediano y largo plazo.

Problemas como el que plantea el Punto de Acuerdo deben atenderse, no con soluciones de corto plazo, menos aun con obras o acciones, que solamente benefician a sectores de la población con capacidad para adquirir vehículos automotores o pagar servicios de transporte público oneroso o a gremios de transportistas que cobran cuotas para muchos excesivas.

Se requieren soluciones de largo plazo, que impliquen obras y acciones que permitan contar con servicios de transporte público de gran capacidad, amplia cobertura y bajo costo para los usuarios, en beneficio de los sectores más marginados.

No podemos seguir enfrentando los problemas persiguiendo a las soluciones, es ya imperante enfrentar el crecimiento urbano mediante la previsión, se requiere desarrollar políticas públicas y urbanistas, que permitan planear a futuro y no sólo en aquellas que solucionan problemas generados por vicios o errores de pasado.

Es por los argumentos anteriores que Acción Nacional se posiciona a favor del punto de acuerdo que hoy se presenta. El tema es importante, temas coyunturales parecen indicar el rumbo y marcar el paso a la agenda nacional. Se torna en urgente y provocan que lo importante se desatienda.

Hagamos cuanto esté a nuestro alcance para atender prioritariamente lo importante, antes de que lo importante se convierta en urgente.

Consulte la secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la Proposición.

DIP. SRIO. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la Proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse sírvanse manifestarlo.

Consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la Proposición.

-MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la Proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Tiene la palabra el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que no reduzca los proyectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero.

DIP. JOSE ANTONIO CABELLO GIL: con su permiso diputado presidente; compañeras y compañeros diputados:

En uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, someto a la consideración de esta Asamblea, Proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a no reducir los proyectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero, mismo que presento con base en las consideraciones expuestas en el cuerpo de esta Proposición y cuya lectura omito.

Solicito a la presidencia se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Me limito a decir que existe una creciente preocupación por parte de la comunidad cultural en el sentido de que las acciones que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores en pro de la difusión y promoción de nuestra cultura en el exterior, se vean severamente afectadas por las disposiciones de austeridad y racionalidad presupuestaria establecidas en el Presupuesto de Egresos.

Primero. Se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que sin omitir las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria establecidas en el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal, no se sacrifiquen los proyectos culturales que realiza a través de la unidad de asuntos culturales de representaciones de México en el exterior y del Instituto de México.

Segundo. Se exhorta a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores a que en aras de compensar las posibles limitaciones en la realización de actividades culturales, derivadas de las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestarias establecidas en el Presupuesto de Egresos referido, se prioricen proyectos culturales en los cuales se tenga como principio básico la coordinación inter e intra institucional.así como la participación de las diversas organizaciones y grupos sociales y privados vinculados o interesados en el ámbito cultural, a fin de aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros con que cuentan.

Tercero. Esta Cámara de Diputados se une, en la medida de sus posibilidades, a coadyuvar para que la Secretaría de Relaciones Exteriores realice plenamente sus objetivos de vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México en el exterior, así como el de ampliar y profundizar las relaciones culturales con las distintas regiones del mundo.

-PRSIDENTE: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Cultura.

El siguiente punto agendado por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se pospone.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para requerir al director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y explique por qué no se toman las medidas de alivio en las casetas de cobro con motivo de los congestionamientos kilométricos, con los efectos contaminantes de costo, daños a la salud, al bienestar anímico del usuario que reduce su velocidad promedio a menos de una tercera parte de las que deben tener ese tipo de carreteras.

EL C. DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL: Con su anuencia, señor presidente. En el pasado período vacacional conocido como el de Semana Santa se volvió a poner en evidencia el más sofocante, costoso, contaminante y arbitrario congestionamiento de tránsito en las casetas de cobro de peaje a los usuarios de autopistas que en todas las carreteras de cuota, pero muy especialmente las que llegan o parten de la Ciudad de México, provocan en los usuarios molestias, costos, perjuicio en la salud y trastorno de todo tipo, solamente porque en el momento de efectuar el pago por parte del usuario el flujo es infinitamente superior a la capacidad de atención y cobranza de los cajeros situados en las casetas de cobro.

A manera de ejemplo, nos ubicamos a las 20 horas del domingo 11 de abril en el kilómetro 68 de la carretera número 57, en su tramo de Querétaro a la Ciudad de México. En ese momento se paralizó el tránsito, empezaron a moverse a vuelta de rueda los vehículos; en el acotamiento están cavando zanjas profundas sin señalamiento alguno. Caen algunos automóviles y quedan atrapados

Pero son mucho más los que por recalentamiento, falta de combustible u otra falla están estacionados obstruyendo el acotamiento que, cuando existe alta densidad de tránsito, se utiliza precisamente para aliviar el congestionamiento.

En resumen son 27 kilómetros en tres horas y media: siete y medio kilómetros por hora en la principal autopista del país. 200 kilómetros en cinco horas, haciendo un promedio de 37 kilómetros por hora, y todavía se pagan 110 pesos por ello.

Resulta entonces indispensable conocer si hay alguna autoridad que registre, estudie e intente evitar este daño nacional, si resulta conveniente que también las altas autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes utilicen el transporte público para que vivan el drama de esta molestia con su familia.

Hay que calcular, en términos de salud laboral, el efecto que causa en la capacidad productiva de quien se ve atrapado en este absurdo.

Es pues evidente que el director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos no ha pensado en la realización de un solo pago por parte del usuario que utiliza el tramo completo de México a Querétaro y viceversa.

Es, en fin, el punto de acuerdo que propongo el siguiente, solicitando que se inscriba el texto completo en el Diario de los Debates y en la Gaceta.

Unico. Se exhorta a que comparezca el ciudadano director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos para que explique el por qué no se han tomado las medidas de alivio en casetas de cobro que provocan congestionamientos kilométricos, con los efectos contaminantes de costo, daños a la salud y al bienestar anímico del usuario que reduce su velocidad promedio a menos de una tercera parte de las que deben tener este tipo de carreteras. Muchas gracias, señor presidente.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria si es que no ha sido así y túrnese a la Comisión de Transportes.

Tiene la palabra el diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que, a través de la SEP y la Semarnat se incorpore obligatoriamente en los programas de educación pública y privada la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y diversidad de cada una de las regiones y contextos naturales del país.

Le concedo el uso de la palabra al diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y transportes, a que se lleven a cabo las verificaciones necesarias al Aeropuerto Internacional de Tijuana, General Abelardo L. Rodríguez y en caso de que no se cumplan en este las obligaciones que la Ley de Aeropuertos señala, se sancione al grupo concesionario y se revoque la concesión conforme a derecho.

- EL C. DIP. MANUEL GONZALEZ REYES: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El que suscribe, diputado federal por el municipio de Tijuana, Baja California, Manuel González Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente Punto de Acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y transportes a que lleve a cabo las verificaciones necesarias al Aeropuerto Internacional de Tijuana, y en caso de que no se cumplan las obligaciones de conservación, mantenimiento, seguridad, así como las relaciones que existen entre el concesionario y los prestadores de servicios como son las líneas aéreas, autoridades, comerciantes, empleados y demás relativas a la Ley de Aeropuertos, en dicho aeropuerto, se sancione y revoque la concesión conforme a derecho bajo la siguiente

Con la Ley de Aeropuertos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 1995, inició la participación de la inversión privada en el sistema aeroportuario mexicano. Esta Ley establece que para la administración, operación y explotación de aeropuertos, se requiere de una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El Gobierno Federal abrió este sector a la inversión privada mediante el esquema de concesiones. Esta es la razón por la que se le otorga al Grupo Aeroportuario del Pacífico, la concesión del Aeropuerto de Tijuana, uno de los más importantes del país y con un aforo mensual promedio de 142 mil pasajeros. Sin embargo este aeropuerto cuenta con las siguientes deficiencias: Hay piratería, ambulantaje, falta de seguridad, instalaciones deterioradas; este aeropuerto tiene adeudos con el gobierno del estado por falta de pago en el consumo de agua, así como con el gobierno municipal por falta de pago en el Impuesto Predial. Asimismo ha sufrido la Asociación de Prestadores de Servicios de este aeropuerto, hostigamiento y falta a sus derechos humanos por parte de los concesionarios, además de que el administrador del mismo tiene en sí varias averiguaciones previas que se señalan en este punto de acuerdo.

Por estas consideraciones consideramos que no se ha cumplido con los compromisos adquiridos.

Por lo tanto, siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la autoridad responsable de verificar, vigilar y supervisar el buen funcionamiento de este aeropuerto, someto a la consideración el siguiente punto de acuerdo.

UNICO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que lleve a cabo las verificaciones necesarias al Aeropuerto de Tijuana y en caso de que no cumpla las obligaciones de conservación, mantenimiento y seguridad, así como las relaciones con los prestadores de servicios en dicho aeropuerto, se sancione y revoque la concesión conforme a derecho.

Señor Presidente, solicito a usted se publique el texto original en el Diario de Debates.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de abril del 2004.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado, insértese el texto íntegro de la proposición en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Transportes.

Tiene la palabra el diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición relacionada con los programas de educación pública y privada, en la materia de educación ambiental regional.

- EL C. DIP. MIGUEL AMEZCUA ALEJO. Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados, compañeras diputadas:

Pocos han sido los proyectos con desarrollo sustentable que cuentan con una eficiente aplicación de principios ecológicos. Se han creado leyes de protección al medio ambiente, se han impuesto sanciones económicas fuertes para quienes atentan contra su integridad, pero desgraciadamente los montos económicos que representan dichas adhesiones forman parte en algunos casos de los costos de producción de algunas industrias.

Según algunos expertos estamos a un paso de llegar a un punto sin retorno en lo que a la destrucción del planeta se refiere. Es necesario, además urgente, replantear de manera integral nuestros modelos de desarrollo y dejar que las leyes de protección al ambiente, las severas sanciones para quienes atentan en contra del mismo, serán suficientemente el protegernos.

La actualidad es un tema de actualidad pero como una moda solamente, como algo de lo que todos comentan, pero que al menos como sociedad no practicamos. Y no lo haremos de una manera efectiva si no ponemos una especial atención en el aspecto educativo.

Es prioritario en este momento diseñar un programa educativo en materia ambiental, adecuado a nuestras circunstancias actuales, el cual se ha desarrollado por expertos en materia ecológica y por pedagogos, basándonos en normas de calidad educativa para poder así conscientizar de una manera efectiva la importancia que tienen los recursos naturales para la preservación de la vida en el planeta.

Edifiquemos una nueva conciencia colectiva que permita a los individuos asumirse como parte de un todo en un conjunto con el resto de los seres vivos. Debemos darnos cuenta de que cada ser viviente es tan importante y necesario como todos los demás. Debemos crear programas basándonos en nuestras propias necesidades, analizando cuidadosamente los rasgos de cada región de nuestro país, ya que contamos con un complejo mosaico ético, cultural y geográfico.

Demos pues ese primer paso. Es un asunto que requiere de acciones urgentes y concretas. Se trata de la supervivencia de la vida en el planeta. El tiempo corre y se termina una de las que posiblemente sea nuestra última oportunidad para revertir el deterioro y la destrucción.

"Primero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Educación Pública y la Semarnat se incorpore obligatoriamente a los programas de educación pública y privada la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y diversidad de cada una de las regiones y contextos naturales del país.

"Segundo.- Que la materia de educación ambiental regional forme parte del contenido de los libros de texto gratuito".

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (PAN): Gracias, Diputado.

Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal instruya se adopten las medidas necesarias, a efecto de que sea suspendido y en su caso reintegrado el cobro que por la expedición de credencial de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se está llevando a cabo.

- EL C. DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ (PRD): Con su permiso, diputado Presidente.

Este punto de acuerdo está apoyado por más de 200, un poco más de 200 firmas de diputadas y diputados de las diferentes fracciones: Convergencia por la Democracia, del Partido del Trabajo, del Verde Ecologista, del PRD, del Partido Revolucionario Institucional y de algunas y algunos diputados del Partido Acción Nacional.

La solicitud es para que el Ejecutivo Federal instruya y se deje de cobrar 30 pesos por la expedición de la credencial del INAPAM, considerando que el INSEN durante muchos años otorgó esta credencial en forma gratuita. Aparte les cobran 5 pesos por inscribirlos en un libro de registro que no se sabe para qué es y también les cobran 5 pesos por darles un directorio de empresas privadas que se están publicitando en ese mismo folleto.

Creemos que no se vale que se haga negocio con los que menos tienen, considerando que los adultos mayores son uno de los grupos vulnerables de nuestra sociedad mexicana.

Solicitamos el apoyo de todos y todas ustedes, para que este punto de acuerdo sea aprobado por urgente y obvia resolución y de esta manera se suspenda este cobro indebido que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, contempla que el INAPAM debe de otorgar una afiliación a los adultos mayores. Y hay que considerar también que este año se le otorgó un incremento de presupuesto al INAPAM de 50 millones de pesos más.

Entonces, apelo a la buena disponibilidad y la conciencia de mis compañeras y compañeros diputados y aprobemos este punto de acuerdo por urgente y obvia resolución

-PRESIDENTE, DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA: Gracias diputado. Y con mucha pena diputado, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 4º de nuestro Acuerdo Parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, cuando se solicite que el punto sea de urgente y obvia resolución, deberá señalarse expresamente en el orden del día y como no se estableció así, entonces no procede que se ponga a consideración si es de urgente y obvia resolución, que ya se ha hecho en esta sesión por la Presidencia y no quiero establecer un mal precedente al respecto y ser equitativos con todos los diputados. Por lo cual, lo turno a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

-DIP. EMILIO SERRANO JIMÉNEZ: Ciudadano Presidente, consulté en la mañana al diputado Juan de Dios Castro, y me dijo que cuando se presentara este punto de acuerdo, se solicitara para que se pusiera a consideración de la asamblea, por lo cual le solicito a usted sea tan amable de ponerlo a consideración de la asamblea.

-MISMO PRESIDENTE: Yo le ruego su comprensión diputado, estaría sentando un mal precedente. Quiero ser equitativo con todos los diputados y reitero mi posición de que se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Tiene la palabra el diputado Lino Celaya Luria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Querétaro, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

"Proposición con Punto de Acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Querétaro, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

"Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de acuerdo a las siguientes

"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 75, que esta Honorable Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.

"La Ley de Fiscalización Superior de la Federación, señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización Superior de la Cuenta Pública, entre ellas las entidades fiscalizadoras en las que se comprende, de acuerdo con el Artículo 2º. Fracción VI de la citada Ley a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.

El uso de los fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de estos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio de series concedidos , debe cumplir todas las normas que conllevan a aceptación de tales fondos.

La Rendición de Cuentas que debe ser precisa , si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse más recursos, la soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron los fondos federales, el claro manejo de estos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales. El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.

La Cámara de Diputados a través de su entidad de Fiscalización está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente, si su aplicación correspondió un monto, tiempo y forma a lo aprobado.

Punto de Acuerdo. Unico.- Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al Artículo 74, Fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base igualmente en los Artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación practique auditoria a los Fondos Federales asignados al Estado de Querétaro durante los ejercicios fiscales de los años 200, 2001, 2002 y 2003. Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de Abril del 2004.

-E C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Tiene la palabra el Diputado Jesús Antonio Nader Masrallah, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para que se exhorte al Gobierno Federal a fin de que apoye el Proyecto de Canal de la Cortadura, en el Municipio de Tampico, Tamaulipas.

-EL C. DIPUTADO ANTONIO NADER MASRALLAH.- Con su venia señor Presidente. En el Municipio de Tampico, Tamaulipas, el Canal de la Cortadura es un cuerpo de agua que comunica al Rio Pánuco con la Laguna de Carpintero.

Actualmente en ese lugar se desarrolla un importante proyecto lidereado por el Presidente Municipal Arturo Elizondo Naranjo y apoyado por el Gobernador del Estado, Tomás Llarrington Rubalcava, el cual permitirá contar con un paseo navegable en el Golfo de México, el río Pánuco y la Laguna del Carpintero.

El proyecto del Canal de la Cortadura, significa beneficios ecológicos urbanísticos, turísticos y la creación de miles de empleos para nuestro Municipio y la zona conurbada del Sur del Estado de Tamaulipas y Norte de Veracruz. Es decir, es una obra clave que impactará positivamente en la economía de toda la región. Este Importante proyecto consiste principalmente en el rescate del Canal y hacerlo navegable para paseos turísticos, generar una nueva zona en os márgenes del Canal para su desarrollo turístico y de negocios, dragar el Canal para incrementar el flujo y reflujo de aguas y así tener un permanente saneamiento.

El proyecto necesita de una inversión de 150 millones de pesos, actualmente el Estado de Tamaulipas aporta 77.8 millones y el Municipio de Tampico 33.3 millones, en total suman una cantidad de 111 millones de pesos. Los 390 millones de pesos restantes desafortunadamente no se han podido reunir dada la negativa inexplicable del Congreso Local de aprobar dicho endeudamiento solicitado por el Municipio de Tampico cuando se cuenta con el visto bueno de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y la certificación de las calificadoras Fish y Mudis (?), que permiten al municipio no requerir de avales para la solicitud de créditos y tener un acceso a tasas preferenciales; incluso BANOBRAS está dispuesto a darnos un crédito de hasta por 200 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar a esta honorable Asamblea la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: Único.- Se exhorta al Presidente de la República, Vicente Fox, a que instruya a los Secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Alberto Cárdenas Jiménez; de Turismo, licenciado Rodolfo Elizondo Torres; y de Desarrollo Social, licenciada Josefina Vázquez Mota, a que implementen a la brevedad posible, con carácter de urgente, los programas que puedan ser aplicados al proyecto del Canal de Cortadura en el municipio de Tampico, Tamaulipas… (interrupción)…

Solicito a la Presidencia, que la versión íntegra de la presente proposición con punto de acuerdo, sea publicada en la Gaceta Parlamentaria e incluida en el Diario de los Debates.

---- Insértese el texto íntegro de la proposición en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de no haberse hecho; y,

---- Túrnese a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos.

Tiene la palabra el diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y a la Fiscalía Especial realicen diversas acciones para informar y establecer mecanismos que hagan efectivas las investigaciones de la guerra sucia.

- EL C. DIP. ABDALLAN GUZMAN CRUZ: Con su venia señor Presidente. En obviedad de tiempo, solicito se publique en el Diario de los Debates el texto íntegro.

Los suscritos, diputadas y diputados de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

El día 2 de abril del presente año, se efectuó el foro de análisis y evaluación de las acciones de investigación sobre la guerra sucia en México 2000-2003, organizado por el foro permanente por la Comisión de la Verdad.

En este foro se realizó un balance de la labor de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada para esclarecer los crímenes de la guerra sucia cuyo logro principal había sido la detención de Miguel Nasar Haro, uno de los principales articuladores de la represión política ejercida por el Estado Mexicano entre las décadas de los ‘60s y los ‘70s.

Aunque este primer resultado fue considerado por los participantes del foro como un paso importante en la búsqueda de la verdad y la justicia, se llegó a la conclusión de que resulta insuficiente pues existen claros señalamientos que apuntan hacia la responsabilidad de expresidentes y militares que también deben ser castigados, juzgados y sancionados, para que la labor de la Fiscalía sea creíble y eficaz en su objetivo, sobre todo a la luz que dio el giro el proceso que se sigue contra Miguel Nasar al considerar el juez de Nuevo León, que existen deficiencias en las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Nadie en este país, salvo sus abogados, considera a Miguel Nasar inocente; existen innumerables testimonios de víctimas directas de tortura y detenciones arbitrarias en las que participó el ex director de la Dirección Federal de Seguridad, pero la Fiscalía Especial no ha tenido la sensibilidad e inteligencia para articular adecuadamente todas las pruebas que existen en su contra.

Es necesario que la instancia creada por el Estado para investigar los crímenes del pasado, cumpla firmemente con la función que se le ha encomendado, esclarecer los crímenes contra cientos de ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de gobiernos autoritarios e intolerantes. Si no hay justicia la Fiscalía no sirve para nada.

Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía Especial, informe cuales son los avances de las indagatorias realizadas en los diversos casos que está investigando por los crímenes cometidos contra la guerra sucia, así como las acciones y adelantos que ha realizado en torno a la satisfacción del derecho a la verdad de los familiares, de detenidos, desaparecidos...

-EL DIP. ABDALLAN GUZMÁN CRUZ: ... Termino, señor Presidente. De igual manera, el grado de avance de sus objetivos en los que fue creada.

Segundo.-La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Presidente de la República para que como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, instruya al Secretario de la Defensa Nacional, con el objeto de que el destacamento militar se abstenga de intervenir en los actos de procuración de justicia y enjuiciamiento de los inculpados de las fuerzas armadas, que cometieron los delitos de lesa humanidad durante la guerra sucia.

-EL PRESIDENTE: Gracias diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Yucatán, durante los ejercicios fiscales de los años 2002 y 2003.

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación, señala que tiene la Auditoría Superior de la Federación --perdón, perdón, perdón, movieron la hoja-- proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Yucatán, durante los ejercicios fiscales de los años 2002-2003.

Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo fundada en las siguientes consideraciones.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus artículos 74 y 79, que esta Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación, señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación, respecto a los sujetos de fiscalización superior de la Cuenta Pública, entre ellos, las entidades federativas que ejercen recursos públicos federales.

El uso de fondos federales por las entidades federativas, presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos, para destinarlos a fines específicos y su ejercicio. De serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos y deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables. Por lo tanto, la rendición de cuentas debe ser precisa, en consecuencia la rendición de cuentas que no fuese trasparente no debe otorgarse más recursos.

Así, la Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de los recursos federales se cumplió puntualmente, si su aplicación correspondió en monto y tiempo y forma a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cumplir el fin determinado.

La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella, la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida para el fin que fue otorgado. Por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía, el ejercicio cuidadoso de los fondos que en cada instancia corresponde, se propone el siguiente punto de acuerdo.

Único.- Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74 fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente, en los artículos 2°, 4° y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Yucatán durante los ejercicios fiscales de los años 2002 y 2003.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2004. El grupo de diputados que al calce firman.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Tiene la palabra el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la seguridad vial.

En el reporte de la Policía Federal Preventiva del 2002, informa que en ese año hubieron en las carreteras federales mexicanas 42 mil 606 accidentes, en los que fallecieron 4 mil 864 personas y resultaron lesionadas 35 mil 454, con un monto de daños materiales cercano a los 1600 millones de pesos. Cifras de la Secretaría de Salud establecen que los accidentes de tráfico ocupan el lugar número 7 entre las 10 principales causas de mortalidad en México.

Cifras de la Organización Mundial de la Salud estiman que más de 1.2 millones de hombres, mujeres y niños murieron en todo el mundo en accidentes de tránsito y más de 50 millones se lesionaron o quedaron discapacitados en el 2002. México ocupa ya, según la Organización Panamericana de la Salud, junto con Estados Unidos, Brasil, Colombia y Venezuela, un lugar entre las 5 naciones de América con mayor número de muertes relacionadas con el tránsito.

Las anteriores cifras ponen de manifiesto que la seguridad vial no es un asunto de políticas de transporte solamente; representa en primer término un gigantesco problema de salud pública. Entenderlo así nos obliga a realizar un esfuerzo enérgico por comprender y prevenir los traumatismos causados por el tránsito, al igual que tratamos de comprender y prevenir muchas otras enfermedades. Comenzaríamos por no calificar como simples accidentes a estos hechos, que indudablemente se pueden prevenir y evitar.

De no iniciarse pronto acciones para la prevención de las muertes y traumatismos viales cuyo número sigue aumentando en forma persistente, aumentarán también los costos que como sociedad tendremos que pagar; en vidas, en bienes materiales, en presión presupuestal creciente sobre nuestro sistema de salud; en lucha contra la pobreza de las familias que pierden uno de sus sostenes o tienen que afrontar el gasto suplementario de atender a un miembro discapacitado.

Por esos motivos, el 7 de abril durante la celebración del Día Mundial de la Salud, bajo el lema "La Seguridad Vial no es Accidental", la Organización Mundial de la Salud recomendó como medidas urgentes para prevenir los accidentes de tránsito y sus consecuencias, integrar la seguridad vial en los programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades; recabar sistemáticamente datos sobre magnitud, características y consecuencias de los accidentes viales; investigación médica y presupuestaria; prestación oportuna de primeros auxilios en el lugar de accidente, así como atención y rehabilitación adecuada; dotar a los médicos de conocimientos especializados en traumatismos; promover la integración de la salud; políticas de transporte y una mayor atención a la seguridad vial, partiendo de sus efectos de la salud y sus costos, así como la creación de un organismo de seguridad vial que coordine a nivel nacional una política de seguridad vial bajo un enfoque científico, amplio y sistemático.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar como política nacional prioritaria la prevención de los accidentes de tránsito, así como instrumentar las medidas necesarias para brindar atención médica oportuna a las víctimas en el lugar del accidente y con posterioridad a éste. Lo anterior en coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, Economía y Turismo.

Segundo. Se hace un llamado al Congreso de la Unión, a gobiernos locales y del Distrito Federal, así como a la sociedad civil, para elaborar e impulsar las reformas legales para solucionar el grave problema de salud pública ante el descuido de la seguridad vial, dentro de las líneas que marca la Organización Mundial de la Salud.

Tiene la palabra el diputado Guillermo del Valle Reyes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Morelos durante los ejercicios fiscales de los años 2001, 2002 y 2003.

Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los Fondos federales asignados al Estado de Morelos, durante los ejercicios fiscales de los años 2001, 2002 y 2003.

Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus artículos 74 y 79 que esta H. Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de a Cuenta Pública, entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2° fracción VI de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.

El uso de Fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.

La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse más recursos, la soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgan fondos federales, el claro manejo de éstos.

No es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales. El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas como lo expresa el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.

La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente. Si su aplicación correspondió en monto y tiempo y forma a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cumplir el fin determinado.

La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones. Su actuación no puede estar fuera de ella, la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado.

Por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos de cada instancia corresponde propone el siguiente

Único.- Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74 fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2°, 4° y 16° de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los Fondos federales asignados al Estado de Morelos durante los ejercicios fiscales de los años 2001, 2002 y 2003.

EL PRESIDENTE: Gracias diputados, túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para que la Auditoria Superior de la Federación practique auditorías a los Fondos federales asignados al Estado de Aguascalientes durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

LA DIP. MA. DEL CONSUELO RODRÍGUEZ DE ALBA: Buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente.

Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoria Superior de la Federación practique auditoría a los Fondos federales asignados al Estado de Aguascalientes, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79, que esta Honorable Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y particulares.

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública, entre ellas las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2 fracción VI de la citada ley a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.

El uso de fondos federales por las entidades federativas, presupone un proceso que inicia con la solicitud de éstos, para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedido, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos. La rendición de cuentas debe ser precisa, si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse más recursos.

La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales, el claro manejo de éstos; no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales. El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.

La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente, si su aplicación correspondió en monto y tiempo y forma a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cumplir el fin determinado.

La legalidad fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ellas; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente punto de acuerdo:

Unico. –termino, señor Presidente- Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74 fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Aguascalientes durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Nayarit, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

EL C. DIPUTADO RAUL JOSE MEJIA GONZALEZ.- Con su permiso, diputado Presidente.

Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con las siguientes consideraciones:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en los artículos 74 y 79, que esta Honorable Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, entre ellas las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el Artículo 2 fracción VI de la citada ley a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.

Esta Cámara fue informada, mediante Acuerdo No. 60 del H. Congreso del Estado de Nayarit, que el gobernador del estado, mediante prácticas dilatorias, ha obstruido e impedido sistemáticamente al órgano de fiscalización superior del estado, la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales, ejercidos durante el ejercicio fiscal 2002 y 2003, ocho controversias constitucionales lo constatan.

Adicionalmente ha retenido de manera ilegal, los recursos autorizados por la Cámara de Diputados para el Programa de Fiscalización del Gasto Público Federalizado, autorizados en el Presupuesto de Egresos del 2003, impidiendo con ello dar cumplimiento a la fiscalización de los recursos federales ejercidos por el gobierno del estado, por lo que la Legislatura local ha solicitado, que sea la Auditoría Superior de la Federación, la que fiscalice la totalidad de los recursos federales ejercidos en los últimos ejercicios fiscales, para estar en condiciones de que la sociedad obtenga elementos de certidumbre respecto al destino de los recursos federales y no sentar precedente de privilegio e impunidad.

Por consiguiente y dadas las circunstancias de desprecio a la rendición de cuentas y a la transparencia el manejo de los recursos públicos en Nayarit, se propone el siguiente

UNICO.- Que la Auditoría Superior de la Federación de acuerdo al Artículo 74 fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los Artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Nayarit, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003. Muchas gracias por su atención.

-EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don David Hernández Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Jalisco, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

-EL C. DIPUTADO DAVID HERNANDEZ PEREZ: Con su permiso señor presidente. La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior respecto a los sujetos de fiscalización, de acuerdo con el Artículo 2 fracción VI de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.

La rendición de cuentas debe de ser precisa, el ejercicio de los recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.

La Cámara e Diputados a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales, se cumplió puntualmente, si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado por el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cumplir el fin determinado.

La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella, la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado, por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, se propone el siguiente

UNICO.- Que la Auditoría Superior de la Federación de acuerdo con el Artículo 74 fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los Artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Jalisco durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una Proposición con Punto de Acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación, practique auditorías a los Fondos Federales asignados al Estado de Baja California, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Por obvio de tiempo y dado que este Punto de Acuerdo lo tiene ya la secretaría, señor presidente solicito de usted ordenar se publique íntegro el texto de este punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de

-DIP. RAUL POMPA VICTORIA: Con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados y diputadas del grupo parlamentario del PRI, preocupados por el buen uso y destino de los fondos que los gobiernos de los estados usan para ser aplicados en monto, tiempo y forma, conforme el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación en su artículo 2 fracción VI, faculta a la Auditoría Superior de la Federación, fiscalizar a la entidad que utiliza recursos públicos federales.

Por lo antes expuesto y por la corresponsabilidad que debe existir las entidades gubernamentales en el ejercicio cuidadoso de los recursos públicos, proponemos el siguiente:

UNICO. Que la Auditoría Superior de la Federación de acuerdo con el artículo 74 fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al Estado de Baja California durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Como lo solicita transcríbase íntegro el documento en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Keny Dennise Arroyo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una Proposición con Punto de Acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al Estado de Guanajuato, ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, las siguientes:

CONSIDERACIONES: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79, que esta H. Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejercen las entidades federativas, los municipios y los particulares.

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación, respecto a los sujetos de fiscalización superior de la Cuenta Pública, entre ellas las entidades fiscalizadas en las que se comprende de acuerdo con el artículo 2 fracción VI de la citada ley a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.

El uso de fondos federales por las entidades federativas, presupone un proceso que inicia con la solicitud de éstos para destinarla a fines específicos y su ejercicio. De serles concedido debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.

La rendición de cuentas debe ser precisa, si no fuese transparente no deben otorgársele más recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales, el claro manejo de éstos. No es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.

El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.

La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente, si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cumplir el fin determinado.

La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones. Su actuación no puede estar fuera de ella. La corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado.

Por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponden, se propone el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 47, fracción IV, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practica auditorías a los fondos federales asignados al estado de Guanajuato durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Marcelo Tecolapa Tixteco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respete el presupuesto asignado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

EL C. DIPUTADO MARCELO TECOLAPA TIXTECO: Con su permiso, señor diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: en los últimos años, a través de diversas acciones se ha impulsado el desarrollo de los pueblos indígenas.

Es así que en el 2001 se aprobó la reforma constitucional dando cuerpo y significado pleno a la presencia viva de estos pueblos como herederos de las civilizaciones prehispánicas que tanto nos han enorgullecido a los mexicanos.

En este sentido esta Cámara, en pleno cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 constitucional, ha incrementado los recursos presupuestarios al desarrollo de los pueblos indígenas.

Tal es el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presenta año que, por consenso de todas las fuerzas políticas aquí representadas, autorizó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas un aumento superior al que proponía el Ejecutivo federal.

Es decir, de la propuesta de dos mil 485.8 millones de pesos no sólo la aprobamos sino que le autorizamos 505.7 millones de pesos adicionales, quedando un total de dos mil 991.5 millones de pesos.

Este incremento se hizo del conocimiento de los pueblos indígenas de la nación, lo que ha provocado una entusiasta participación en la elaboración de proyectos de inversión por parte de las comunidades indígenas.

No obstante este esfuerzo, nos hemos percatado que se mantienen mentalidades y prácticas burocráticas que condicionan y desvirtúan la transparencia que debe tener toda política presupuestal.

Ante esto nos cuestionamos qué sentido tiene que esta Cámara apruebe el presupuesto federal si la Secretaría de Hacienda no aplica lo que aquí se decide.

Por ello debemos buscar que haya equilibrio entre los poderes de la unión, un equilibrio sustentado en el respeto de las decisiones de esta Cámara porque aquí todos los legisladores estamos conscientes de las necesidades de nuestros representados.

Ante este escenario, en reunión de comisiones unidas de Comunicaciones y Asuntos Indígenas, en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, acordamos realizar el seguimiento en la aplicación de dichos recursos, a efecto de que se cumpla esta decisión presupuestal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición de urgente y obvia resolución.

Primero.- Exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el estricto cumplimiento del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, respecto al aumento presupuestal de 505.7 millones de pesos, como gastos de inversión de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas, presentado por los mismos pueblos y comunidades indígenas de la nación.

Segundo.- Por la naturaleza de ser un gasto de inversión para el cumplimiento de la justicia social de estos pueblos solicitamos...

- EL C. DIP. MARCELO TECOLAPA: ...se entreguen de manera inmediata. Ya termino, señor Presidente y firman los Presidentes de las Comisiones de Presupuesto y cuenta Pública, así como Comisiones Unidas de Desarrollo Rural. Muchas gracias, señor Presidente.

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados nidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Esta Presidencia tiene registrado para su discusión para hablar en pro al señor diputado don Javier Manzano Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a quien se le concede el uso de la palabra.

- EL C. DIP. JAVIER MANZANO SALAZAR: Compañeras y compañeros diputados: La situación de miseria y pobreza en que viven las comunidades indígenas hacen necesario el diálogo político. Un diálogo que contribuya, que oriente, que encamine.

En pleno siglo XXI en México seguimos debatiendo si nuestros pueblos originarios son parte esencial de la nación o si se mantiene la concepción neocolonial de verlos como un estorbo para el desarrollo de los grandes intereses.

Esta visión es una constante en nuestra historia. En los tres siglos de dominación española ser indio era pertenecer a una clase inferior, sin derecho a participar en los asuntos políticos y civiles.

Así encontramos en todo el proceso de la historia de México que el indio siempre, en cualquier movimiento social, va por delante, aportando su cuota de sangre para defender a nuestra patria. Así lo hizo en la independencia, así lo hizo en la guerra de Reforma y así lo hizo en la Revolución Mexicana.

Por lo anterior en el contexto de este punto de acuerdo, propuesto por las Comisiones que lo suscribimos, desde esta alta tribuna quiero llamar la atención del entorno social que guardan los pueblos y comunidades indígenas que habremos de reconocer son los más pobres entre los pobres.

Dicha proposición suscrita por tres Comisiones, la de Presupuesto y Cuenta Pública, la de Comunicaciones y la de Asuntos Indígenas, busca en el fondo hacer que el Ejecutivo Federal acate la decisión de esta soberanía respecto al presupuesto autorizado a los pueblos indígenas en su gasto sustantivo de 2,991.5 millones de pesos.

Por eso es necesario unificar criterios para introducir en el futuro reformas legales que nos lleven a terminar con la discrecionalidad en la aplicación de dichos recursos, favoreciendo en muchos casos a los circuitos de la corrupción y a los grupos de poder.

Es urgente un nuevo rediseño institucional alentando profundas reformas para fortalecer un organismo autónomo para que los pueblos indígenas definan una política de Estado.

No esperemos los vientos de la confrontación. Demos un paso adelante para trabajar por nuestros hermanos indígenas. Apoyemos esta proposición con punto de acuerdo, anteponiendo primero la nobleza por encima de los intereses partidarios.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Diputado.

Se instruye a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMALÍN YABUR ELÍAS (PAN): En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

- LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo que exhorta a la SAGARPA lleve a cabo la medición de la superficie de los predios cafetaleros, instrumente acciones para concluir la actualización del Padrón Nacional Cafetalero y modifique las reglas de operación del Programa Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura para establecer un mínimo en el monto de apoyo que se otorga a los productores.

- EL C. DIPUTADO GONZALO RODRÍGUEZ ANAYA (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.

"El que suscribe, diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el punto de acuerdo a efecto de solicitarle a la Secretaría de Agricultura, SAGARPA, realice una nueva medición de los predios cafetaleros del país y modifique las reglas de operación del Programa del Fondo de Estabilización y Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, al tenor de las siguientes

"Los recursos presupuestales de los programas aprobados por esta Cámara durante el ejercicio fiscal 2002 fueron aplicados de manera adecuada, ya que los criterios para su aplicación consideraron las estadísticas consignadas en los padrones de productores disponibles en cada entidad federativa.

"Sin embargo, con la finalidad de validar los datos contenidos en los referidos padrones se dispuso el levantamiento de un Padrón Nacional Cafetalero que precisara mayor información, como el nombre de los productores, la ubicación geográfica y la superficie de los predios y parcelas.

"A pesar del esfuerzo anteriormente señalado los resultados de las mediciones practicadas en los predios cafetaleros causaron que un gran número de productores estén solicitando que se les vuelva a medir sus predios, ya que los resultados preliminares presentados por ASERCA arrojaron grandes diferencias entre la superficie declarada por el productor y la superficie medida a través de la tecnología satelital, misma que fue considerada para que los productores recibieran los apoyos de los programas.

"En Hidalgo el uso de la nueva tecnología de medición satelital GFS, ha provocado que la superficie medida haya sido alarmantemente disminuida entre 45 y 50 por ciento respecto a la superficie declarada y medida por los propios productores y corroborada por el número de plantas cultivadas en los predios.

"Los cafeticultores denuncian una inadecuada aplicación de la tecnología satelital porque únicamente consideró los puntos extremos que limitan las parcelas y no tomaron en cuenta ningún factor de compensación respecto a las condiciones topográficas accidentadas con planos inclinados e inmersos entre montañas y cañadas, dando como resultado que las superficies medidas satelitalmente se redujeran considerablemente en perjuicio de los productores y ver disminuidos los montos de los apoyos que les correspondían.

"Un problema más que vienen enfrentando en un número muy importante de cafetaleros es el relativo a la obtención de utilización del documento denominado Comprobante de Ventas, como requisito para acceder a los beneficios del programa, pero que inexplicablemente no considera que en la realidad del campo mexicano no está generalizada esta práctica ni existen los sistemas de comercialización ni las facilidades de vías de comunicación y de transporte.

"Primero.- Exhortar a la SAGARPA para que lleve a cabo la correcta medición de la superficie de los predios cafetaleros y se incluya como factor de validación el número de plantas por hectárea y la topografía de los terrenos.

"Segundo.- Exhortar a la SAGARPA para que instrumente las acciones necesarias para concluir la actualización del Padrón Nacional Cafetalero y disponga de alternativas que sustituyan el uso del comprobante de venta en los casos en que los productores no logren obtenerlo y garantizar de esta manera el acceso a los apoyos estipulados en los programas; y

"Tercero.- Exhortar a la SAGARPA para que modifique las reglas de operación del Programa de Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, para que se establezca un mínimo en el monto de apoyo que se otorga a los productores, fijándose una cantidad que garantice al productor un ingreso equivalente al que se otorga al PROCAMPO, en tanto no se normaliza la operación del sistema de comercialización".

-PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión Especial del Café.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alfonso Moreno Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Estado involucradas en los flujos migratorios, para que informen a esta Cámara sobre las medidas que se toman y de qué manera se asegura el cumplimiento de la Constitución General de la República y leyes reglamentarias.

"Compañeras y compañeros diputados: La frontera sur de nuestro país es una franja de desconocimiento y violación de los derechos y de las garantías de las personas consagradas en nuestro derecho positivo y en instrumentos internacionales suscritos por México.

"Los trabajadores migrantes y sus familias, procedentes del Centro y Sudamérica, que entran en busca de trabajo o de paso hacia los Estados Unidos, son objeto de un trato indigno por parte de nuestras autoridades migratorias, policiales y laborales, por lo cual y considerando que en nuestra Constitución Política se establecen garantías individuales para todo habitante de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse.

"Que el artículo 123 del mismo cuerpo legal supremo, dispone el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil, medida para preservar un trato equitativo entre sujetos relacionados por un vínculo contractual.

"Que actualmente ingresan por la zona alrededor de 70 mil personas como visitantes agrícolas.

"Que los migrantes de sexo femenino que ingresan para trabajos agrícolas, domésticos, comerciales o de servicios y los menores de edad, son sometidos a un trato infamante, a explotación sexual, violando claramente la Convención de los Derechos de la Niñez ratificado por México en febrero del 2002.

"Que los migrantes mexicanos o extranjeros cuya intención es acceder a los Estados Unidos de América, son extorsionados, robados o puestos por los traficantes de personas, en transportes donde corren riesgo tanto su integridad como su vida.

"Que son responsables de estos delitos los integrantes de los tres niveles de gobierno, las autoridades judiciales y laborales, así como las bandas nacionales e internacionales que delinquen con toda impunidad

"Que la situación económica que presentan algunos países de Centroamérica, ha motivado una migración creciente ya sea hacia nuestro país o hacia Estados Unidos, en ocasiones por personas cuya conducta no es recomendable y que formando parte de grupos o pandillas, infringen nuestras leyes.

"Que la migración impacta a la economía y el desarrollo ordenado de la región de la frontera sur.

"Por las anteriores consideraciones, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente

"Primero.- Se exhorta a las Secretarías de Estado competentes en la atención y defensa de los derechos de los trabajadores migrantes, a proporcionar a esta Cámara de Diputados la información sobre las medidas que se toman y de qué manera se asegura el cumplimiento de las disposiciones en nuestra Constitución Política y leyes reglamentarias.

"Segundo.- Asimismo, solicitamos se informe a esta Cámara de Diputados de las medidas de supervisión y sanciones que se aplican a los empresarios, patrones, funcionarios, servidores públicos y agrupaciones delictivas de los delitos contra la población migrante en la frontera sur y si son presentadas denuncias al respecto ante la justicia".

Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Tiene el uso de la palabra, el señor Diputado don Roberto Pedraza Martínez, a nombre de los Diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Vivienda, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social y al Director del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares FONAPO, para que respeten y den cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2004

-EL C. DIPUTADO ROBERTO PEDRAZA MARTINEZ.- Con su permiso señor Presidente. El Artículo 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Federal de Vivienda y General de Asentamientos Humanos así como el Plan Nacional de Desarrollo, instituyen y reglamentan el llamado derecho que toda familia tiene de disfrutar una vivienda digna y decorosa.

Asimismo el Artículo 70 de la Constitución señala: que toda Resolución del Congreso tendrá carácter de ley. En ese sentido, el PEP tiene rango de ley ya que es aprobado mediante el ejercicio de la facultad que tiene la Cámara de Diputados según el Artículo 74 , Fracción IV de la Carta Magna.

Los Diputados de la LIX Legislatura al discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004, decretamos un incremento presupuestal asignándolo al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Fonapo, que ascendía a la cantidad de mil 117 millones de pesos, monto inicialmente definido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etiquetando dos partidas adicionales; la primera por 750 millones de pesos para financiamiento de vivienda popular a través de Fonapo. La segunda por 200 millones de pesos para adquisición de suelo, también para ser ejercidos por FONAPO, lo que da un total de 2 mil 67 millones de pesos, 85.05% más que la asignación original de la propuesta de la Secretaría de Hacienda.

Los días 28 de Enero, 18 de Febrero y 23 de Marzo todos del 2004, la Comisión de Vivienda de esta Cámara solicitó al director de FONAPO, de la Secretaría de Desarrollo Social y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, explicaran la razón de la determinación que ha tomado de manera unilateral, las razones de las

transferencias de los recursos del Fonapo a la Sedesol, respondiendo el Director de Fonapo que mediante un acuerdo entre dichas dependencias, los recursos serían ejercidos por la Sedesol en el Programa Habitat, violentando abiertamente una orden expresa de esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo. Unico.-Se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y al Director General del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares para que respeten y den cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2004 conforme a lo establecido por esta Honorable Cámara de Diputados y se ejerzan los recursos presupuestales de acuerdo al Anexo 21 en el renglón relativo al Ramo 20 Compra de Suelo para Vivienda.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a los 20 días del mes de Abril del 2004.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO. Con todo gusto señor Presidente.

En votación económica se pregunta a la Asamblea , con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas Diputadas y los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Esta Presidencia no tiene oradores registrados, pro lo que se considera suficientemente discutida.

-LA MISMA C. SECRETARIA. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas Diputadas y los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Señoras y señores legisladores, en virtud de que ha transcurrido el tiempo destinado a la duración de la presente sesión, de acuerdo con la resolución tomada por los señores coordinadores, se ruega a la Secretaría dé lectura al orden del día de la próxima sesión.

- EL C. SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Orden del día 22 de abril de 2004.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias secretario. Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por cinco minutos para verificar la asistencia.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para verificar la asistencia.

EL C. PRESIDENTE: Gracias secretario. Se levanta la sesión (19.06 horas) y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 22 de abril a las diez horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8.30 horas.