-El diputado Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos Diputados.

-El Secretario diputado Marcos Morales Torres. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 298 Diputadas y Diputados.

Por lo tanto, hay quórum señor Presidente.

-El Presidente: (a las 11:15 hrs.): Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

-El mismo Secretario: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al Orden del Día.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor,

(votación) Gracias.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

La mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.

-El Presidente: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del Orden del Día es la lectura del Acta de la Sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

-El mismo Secretario: Por instrucciones de la Presidencia , se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Acta de la Sesión Anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

(votación) Gracias.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.

-El Presidente: Se dispensa la lectura.

Proceda la Secretaría a ponerla a discusión.

-El mismo Secretario: Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el Acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

(votación) Gracias.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.

-El Presidente: Aprobada el Acta.

Continúe la Secretaría.

(Oficio del C. Diputado Guillermo Velasco Rodríguez, informando su reincorporación Como Diputado Federal, propietario, a partir del día 29 de Abril del presente año)

-El Presidente: De enterado.

(Oficio del Congreso del Estado de Coahuila, remitiendo Punto de Acuerdo informando su adhesión al del Congreso de Colima en su rechazo a la pena de muerte en los casos que se ventilen ante los Tribunales Penales)

-El Presidente: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

(Oficio del Congreso del Estado de Coahuila remitiendo Punto de Acuerdo por el que se adhiere al del Congreso de Tlaxcala, sobre la aprobación de la Reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada).

-El Presidente: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

(Del Congreso del Estado de Nayarit, solicitando al Congreso de la Unión la revisión del fondo de ahorro derivado del Convenio Binacional México-Estados Unidos de América )

-El Presidente: Túrnese a la Comisión Especial para darle Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, para su conocimiento.

(Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, remite informe sobre los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, en relación a las tareas de protección de la tortuga negra, golfina y laúd )

-El Presidente: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

-La misma Secretaria: De la Junta de Coordinación Política.

(Por el que se sustituye al diputado Máximino Fernández Avila, del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la Comisión de Vivienda, designando en su lugar al diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández)

-El Presidente: De enterado.

-La misma Secretaria: Una comunicación más de la Junta de Coordinación Política… (interrupción por el Presidente)…

-El Presidente: Un momento, Secretaria. Yo quisiera rogarle a los señores integrantes de los medios masivos de comunicación, tengan la gentileza de ocupar sus lugares para poder continuar el desarrollo de la sesión. Adelante Secretaria.

-La misma Secretaria: Con todo gusto, señor Presidente.

(Del Partido Verde Ecologista de México por el que da a conocer la designación del ciudadano diputado Javier Orozco Gómez, como representante suplente de ése

Grupo Parlamentario ante el Comité de comunicación Social)

-El Presidente: De enterado. Continúe la Secretaría.

-El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul): Señor Presidente, por favor.

-El Presidente: Por favor, sonido en la curul del señor diputado Moreno Garavilla.

-El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul): Una moción. Muchas gracias señor Presidente.

A la Presidencia de la Comisión de Participación ciudadana, se notificó oficialmente, quizás la versión preliminar de los acuerdos tomados por la Junta de Coordinación Política en el sentido de que, adoptado por consenso, se daría cuenta de un punto de acuerdo formulado, propuesto por uno de los distinguidos miembros de la Comisión a propósito de este importante evento del Parlamento de las Niñas y de los Niños.

Habida cuenta de que la participación de los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana fue soslayada en su oportunidad y amablemente rectificada por el señor Presidente en turno, quisiera yo rogar –señor Presidente- que conste en el acta de esta sesión que las integrantes y los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana que nos vimos de plácemes participando con los de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, queremos consignar este esfuerzo del diputado Fermín Trujillo por el punto de acuerdo que entiendo habrá de desahogarse en el punto del orden del día correspondiente pero sí quisiera rogarle que esto se asiente en el acta de la sesión.

-El Presidente: Señor diputado Moreno Garavilla, en el acta queda constancia de su intervención y quiero expresarle que hay todavía dos puntos de acuerdo que la Presidencia no ha recibido pero que se desahogarán en el transcurso de la sesión, de parte de la Junta de Coordinación Política.

Continúe la Secretaría.

(Comunicación del resultado de la revisión de la revisión de la distribución de los fondos relativos al Desarrollo Social, contenidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal)

-El Presidente: De enterado.

(Oficio del Director General del Instituto Mexicano del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitiendo el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto correspondiente al primer trimestre del 2004, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social.)

-El Presidente: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social.

(Comunicación del Instituto Mexicano del Seguro Social Oficio N�°952190500/0521 fechado el 16 de abril del 2004.)

-El Presidente: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía

(Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Informe de Evaluación, de la Secretaría de Economía, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de 2004)

-El Presidente: Un momento, Secretario. En relación con el anterior oficio que remite el informe de evaluación de la Secretaría de Economía, se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía y en relación con el que remite sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social y por la que acaba de leer, túrnese a la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros y al promovente para su conocimiento.

(Comunicación por la que se remite contestación de la Procuraduría General de la República, al punto de acuerdo Aprobado por la Cámara de Diputados, en relación a los Monitoreos en playas, mercados y lugares de venta de que lonios y derivados)

-El Presidente: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al promovente para su conocimiento.

( Iniciativa del Congreso del Estado de Querétaro que adiciona un párrafo segundo al artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-El Presidente: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. El siguiente

punto del orden del día es iniciativas de ciudadanos diputados.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una iniciativa que deroga el artículo 8�º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2004 y el artículo 2C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia fiscal.

-La diputada Rosalina Mazari Espin: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga de forma conjunta los artículos 8�º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004 y 2C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia fiscal, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente exposición de motivos:

Existe obligación de los gobernados de contribuir al gasto público que permita al Estado cumplir con sus compromisos económicos sociales en bien de la sociedad. La equidad tributaria se presenta cuando se cumplen dos principios básicos fiscales: la proporción que es la posibilidad real del contribuyente de pagar sin eliminar su propia actividad económica que lo hace tributar, y cuando se da la capacidad de recaudación del órgano de gobierno, posibilidad de pago y de recaudación crea relaciones sanas en materia de impuestos, aportaciones, aprovechamientos y derechos.

La duplicidad de contribuciones en los mismos conceptos hacen del régimen de pequeños contribuyentes una imposibilidad de pago y una circunstancia inmediata de caer en la informalidad del comercio, en perjuicio del Erario Público Federal, al perder gran parte los ingresos que otorgan al Estado Mexicano los 3.5 millones de repecos registrados que han contribuido mediante el pago de Impuesto Sobre la Renta a las finanzas públicas del país.

El régimen especial, repecos, que se basa en la estimativa de los ingresos y de la utilidad, en la práctica al aplicar la norma y su porcentaje se presenta un alto monto de pago que afecta de forma grave a los locatarios, establecimientos y microempresas que ponen en riesgo la subsistencia de miles de familias en el país. El comerciante de repeco paga y quiere seguir haciéndolo con proporción y equidad tributaria, como lo dispone la Constitución Federal de la República.

Los especialistas afirman que es cada vez más complicado cumplir con los requisitos de este régimen fiscal. Es tal, que los estados se niegan a firmar los convenios de coordinación fiscal, al no querer éstos la carga recaudatoria para destinar sólo el recurso a programas sociales de los repecos, como lo exige el artículo 8�º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004. Las entidades del país no firmarán los convenios por el argumento de imprecisión de las reglas, al no querer crear más problemas a los contribuyentes. Esto comprueba que el órgano recaudador no tiene la posibilidad de cobro del IVA a repecos.

Los comerciantes en pequeño no pueden pagar más porque no tienen más recursos que ofrecer al Sistema de Administración Tributaria, lo que hace aplicar un principio de derecho de que nadie está obligado a lo imposible. Ante este escenario real de inconformidad social y falta de efectividad de cobro, el Estado, a través de su Poder Legislativo tendremos en esta asamblea soberana que entrar al análisis que deroga el cobro del Impuesto al Valor Agregado sin acreditamiento, por ser contrario a la posibilidad económica y jurídica de los contribuyentes en pequeño de México.

Señores legisladores del país: Los comerciantes y locatarios de Morelos me han pedido hacer uso de esta alta tribuna de la nación para hacer de su conocimiento de que la pobreza y miseria de México los ha alcanzado. No tienen venta, el mínimo ingreso que obtienen les permite comer y bastantes de ellos han cerrado sus establecimientos y han cambiado de actividad. �¿Qué hacer ante ello? Considero que será modificar la norma fiscal que crea lesión jurídica al contribuyente, al hacerlo representaremos con certeza los intereses de la nación mexicana.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se derogan de forma conjunta los artículos 8�º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004 y 2C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo único. Se derogan de forma conjunta los artículos 8�º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004 y 2C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias diputada. Túnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Antonio de la Vega Asmitia, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

-El diputado José Antonio De La Vega Asmitia: Con su venia, diputado Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

El suscrito, diputado a esta LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso, someto a la consideración de este Pleno, la presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En los últimos años, en nuestro país, ha sido evidente el interés por el asunto de los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada por decreto presidencial, publicado el 6 de julio de 1990 como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, esa entidad sería la encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones que consagran los derechos humanos en nuestro país.

Casi 10 años después, primero la Cámara de Diputados, el 1�° de junio de 1999 y después la Cámara de Senadores, el 8 del mismo mes y año, aprobarían el decreto por el que se reformó y adicionó el artículo 102 apartado B de la Constitución, para dotar de autonomía a dicho órgano, autonomía que redundaría en los siguientes aciertos:

Asegurarle su independencia de cualquiera de los poderes públicos, partidos políticos o cualquier otro poder;

Dotaría de autonomía presupuestaria, lo cual implica que el proyecto de Presupuesto que presente, sólo puede ser modificado por la Cámara de Diputados y en su ejercicio goza de total independencia respecto al Poder Ejecutivo Federal;

Que las recomendaciones continúen sin tener carácter vinculatorio porque la Comisión no es un tribunal ni se siguen las formalidades procesales propias de una sentencia, y lo es también, que no haberla facultado para ejercitar acción penal respecto al delito de tortura en virtud de que no es Ministerio Público;

No haber ampliado sus facultades en materia jurisdiccional, electoral y laboral porque no le son propias, en razón de todos los argumentos que reiteradamente se han expuesto.

A los anteriores logros es posible, no obstante, añadir una serie de previsiones que vendrían a fortalecer sustancialmente la capacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para cumplir con su cometido, a saber, presentar iniciativas de ley en materias estrictamente vinculadas con el marco jurídico de protección a los Derechos Humanos;

Promover una cultura a favor de los derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha firmado en esta materia;

Hacer comparecer a funcionarios y servidores públicos para fines exclusivos de su competencia y adicionalmente y como una medida de control respecto de la actuación de este órgano, la iniciativa procura transparentar su gestión al establecer mecanismos para que se someta a una efectiva rendición de cuentas. En consecuencia se propone dar al Senado la facultad de exigir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, información sobre los asuntos de su competencia.

Establecer en la legislación la exigencia de que los informes periódicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluyan invariablemente la relación de todas las quejas recibidas y las causas que las originaron. Es preciso en este punto hacer una advertencia previa:

La iniciativa no pretende coartar la independencia ni la autonomía de la Comisión, en todo momento estamos conscientes de que la primera entraña una ausencia de vínculo jerárquico con cualquier autoridad o poder público y la segunda implica, como el propio texto constitucional lo señala, autonomía de gestión y presupuestaria; es decir, la facultad de gobierno de este órgano y su capacidad para decidir el alcance y contenido de sus actos de acuerdo a las normas que rigen su quehacer, así como la ausencia de injerencia de cualquier órgano de la administración pública o de los Poderes Legislativo o Judicial.

Conscientes pues, de dichas circunstancias, la iniciativa pretende al mismo tiempo fortalecer a dicho órgano, transparentar el ejercicio de su función y examinar su actuación a la luz de las disposiciones legales que la rigen, sin influir en el contenido de sus actos.

La iniciativa parte del supuesto de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituye un eficaz medio de protección y defensa de los derechos de los gobernados, pero asimismo, como un organismo desvinculado del poder público y como titular de una función del Estado, quizá una de las más significativas, la que garantiza proteger al ciudadano de los abusos del gobierno, es necesario establecer mecanismos que aseguren el adecuado ejercicio de sus atribuciones.

La propuesta es, y no pretende intervenir más allá de lo que resulta deseable en un esquema de control recíproco del poder público, procura solamente equilibrar y hallar un marco jurídico adecuado para esta relación entre órganos del Estado, que lejos de enfrentarse o competir entre sí de manera equilibrada, buscan el fin último de la organización estatal, a saber, facilitar la convivencia, armonizar las naturales diferencias entre los seres que integran una colectividad, alcanzar los fines trascendentes que sólo pueden realizarse cuando de un grupo de afanes, de conciencias, de voluntades, convergen en un mimo punto; en suma, lograr lo que constituye razón y esencia de vivir sociedad: lograr el bien común.

Es cuanto, diputado Presidente.

-El Presidente: Gracias, señor diputado don José Antonio de la Vega Asmitia.

Túrnese el documento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra al señor diputado don Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El señor diputado profesor don Santiago Cortés Sandoval, ha solicitado a la presidencia permita pasar al frente a un intérprete que auxiliará en la exposición al señor diputado. Esta Presidencia lo autoriza.

Adelante, diputado.

-El diputado Santiago Cortes Sandoval (PRD): Con su permiso, señor diputado Presidente.

Con su permiso, compañeros diputados y diputadas.

El suscrito, Santiago Cortés Sandoval, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática de esta Honorable LIX Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno de esta Honorable Soberanía, la presente iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente exposición de motivos:

La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico nacional en materia de discapacidad, el cual ya cuenta con preceptos en diferentes leyes federales y generales. Con esta iniciativa estamos poniendo a consideración de esta H. Soberanía, un conjunto de medidas que permitirán que las personas con discapacidad ejerzan plenamente su derecho de elegir a quienes serán sus gobernantes.

La Organización Mundial para la Salud estima que la población de personas con discapacidad en México representa entre el 7 y el 10%. El conjunto de medidas que someto a este acto, tiene por objetivo, como lo señala Luis Salazar y José Woldenberg en el Cuaderno Divulgación de la Cultura Democrática No. 1 titulado "Principios y valores de la democracia", integrar a la normatividad electoral nacional principios de toda democracia moderna, como el derecho de las minorías, derecho que permite distinguirnos de un régimen autoritario y garantiza el derecho a existir, organizarse y expresarse e incluso el status jurídico de éstas constituyen un indicador importante del desarrollo democrático: la igualdad.

La ley pretende universalizar derechos y obligaciones y ésta igualdad trasciende a diferencias de riqueza, propiedad, sexo, religión, condición física e ideológica, la participación. El régimen democrático fomento la participación ciudadana en la esfera política y la institucionalidad democrática, necesita que los ciudadanos participen en los asuntos que se ventilan en la esfera pública, los derechos individuales.

La democracia presupone una serie de derechos garantizados por el Estado para todos y cada uno de los ciudadanos, con derechos humanos, como la no discriminación, la libertad, el libre tránsito, etc., se encuentran mejor tutelados en un régimen democrático.

Proponemos en el Artículo 44 Numeral 1 la adición del párrafo, para que los partidos políticos introduzcan sus mensajes televisivos, un recuadro con un intérprete en lenguaje de señas mexicanas o subtítulos, que permita a las personas con capacidad auditiva, conocer las diferentes propuestas de los partidos políticos de México.

Las personas con discapacidad auditiva representan el 15.7% del total del sector, es decir, cerca de 1.5 millones de personas, de las cuales el 60% son

votantes potenciales.

Nuestra adición al Artículo 47 de aprobarse permitirá a las personas sordas conocer y formarse una opinión, sobre los candidatos de los diferentes partidos políticos, durante el desarrollo de las campañas electorales, a través de mensajes que podrán entender vía un intérprete o subtítulos en sus promocionales.

Con esta reforma los partidos políticos nacionales, deberán construir propuestas legislativas y de gobierno, para competir por este importante mercado electoral, que representan los electores con discapacidad, en general y de manera particular, las personas sordas.

En la televisión nacional ya se cuenta con antecedentes, en Televisa, hasta hace unos días, en el Noticiero Vespertino de la periodista Dolores Ayala, se podía ver a un intérprete traduciendo para las personas sordas el resumen que simultáneamente daba la periodista.

Nuestra iniciativa aspira a ser parte de la gran reforma electoral del México del Siglo XXI requiera. La democracia en nuestros tiempos reclama nuevas reglas electorales que sean incluyentes e integrales.

La adición al Artículo 141 del Cofipe estoy sometiendo a esta soberanía, propone que se agreguen …

-El Presidente: Un momento, señor diputado.

Señoras y señores legisladores, esta Presidencia ruega a todos los señores legisladores, tengan la bondad de prestarle la atención que la cortesía amerita, al señor diputado.

Adelante, diputado.

-El diputado Santiago Cortés Sandoval (PRD): … propone se agregue a la información básica de los mexicanos mayores de 18 años, que registra el IFE en la técnica censal casa por casa, si el solicitante tiene discapacidad y con esta información conformar un padrón electoral más eficiente, que no sólo indique cuántos son los electores, sino que sea una herramienta para que el IFE cumpla plenamente con la función que la Constitución le encomendó.

La información sobre la discapacidad del elector se actualizará constantemente al solicitarle al elector que informe al IFE, como lo hace actualmente con el cambio de domicilio, sobre cambios a sus condiciones físicas que se configuren como discapacidad; misma que deberá ser comprobada con una constancia expedida por una institución oficial de salud.

Además, proponemos que esta información, la de la discapacidad, se incluya en la credencial de elector convirtiéndola no sólo en un eficiente instrumento de identificación, sino también en una constancia para que sea beneficiario de diferentes programas sociales y asistenciales de los gobiernos de los 3 niveles.

El Instituto sabrá cuántos son los electores con discapacidad, dónde sufragarán, qué necesitarán para votar, etc. Para proporcionar mayor certeza y seguridad a las personas con discapacidad visual, que cabe acotar representa el 26% de la población con discapacidad y auditiva. Estamos proponiendo que éstos puedan hacerse acompañar de personas de su entera confianza para hacer todos sus trámites ante las autoridades electorales.

El acompañante podrá verificar los documentos que tendrá que firmar el electora con discapacidad; proporcionará al elector la información que oralmente los funcionarios de los módulos y oficinas del Instituto le brinden.

Reformamos el artículo 149 para sustituir el término "incapacitados físicos " por el de personas con discapacidad; entendida ésta como todo ser humano que representa temporal o permanentemente una disminución en sus facultades físicas e intelectuales o sensoriales ya sea múltiples o severas, que le limitan a realizar actividades normales.

En la elección para Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el año 2000, el Instituto Electoral local, implementó el uso de plantillas con el logotipo de los partidos políticos y las alianzas participantes en la jornada electoral. Nuestra iniciativa propone que el IFE edite las boletas para las jornadas electorales este mecanismo; mecanismos que permitirá el ejercicio pleno del derecho de sufragar por la opción que informadamente ha elegido el elector con discapacidad.

Finalmente la iniciativa que someto a su consideración, propone derogar el inciso f) del artículo 3, del artículo 241 del Cofipe, porque por un lado es innecesario señalar la edad para ser asistente electoral cuando las actividades de éste son por su naturaleza inadecuados para personas adultas mayores y porque la medida resulta violatoria de la Ley Federal Contra la Discriminación.

Las reformas y adiciones que aquí proponemos nos permiten necesariamente a buscar referentes jurídicos en códigos y leyes electorales en países de América Latina. Solamente quiero mencionar de forma rápida, de algunos países donde se ha tomado muy en cuenta en sus leyes, la discapacidad de los ciudadanos. En Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay, se ha tomado en cuenta la discapacidad ciudadana, para adoptar medidas que les permitan votar plenamente.

Muchas gracias.

-El Presidente: Gracias, señor diputado profesor don Santiago Cortés Sandoval. Damos las gracias también a la señorita intérprete que auxilió en la exposición de esta iniciativa.

Señoras y señores legisladores: queremos dar la bienvenida a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de México, así como también al Comité Directivo, Comités Regionales, presidentes de comisiones y presidentes de las cámaras de comercio del país que muy amablemente nos visitan el día de hoy.

A todos ustedes bienvenidos. (aplausos)

Por lo que se refiere a la iniciativa del señor profesor diputado Santiago Cortés Sandoval, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar una iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la intervención de comunicaciones privadas.

-El diputado Manuel Velasco Coello (PVEM): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el crimen organizado es un cáncer silencioso que amenaza seriamente a las instituciones y compromete el futuro de nuestra sociedad. Su capacidad para corromper rebasa fronteras, llega al país y echa raíces en el tejido social, descomponiendo todo a su caso como una enfermedad mortal.

México representa un puente natural para la delincuencia. Las rutas fronterizas son privilegiadas para bandas criminales de diversas nacionalidades. Por ello son asuntos prioritarios de seguridad nacional.

¿Tenemos los instrumentos suficientes para enfrentarlas? ¿Estamos a tiempo para actuar? Los senadores acaban de dar un paso significativo en este sentido. La nueva Ley de Seguridad Nacional responde a estas preguntas; sin embargo, quiero sumar una propuesta a manera de complemento.

La delincuencia organizada es un fenómeno de mil caras. Cada día surgen nuevos actores, nuevos métodos y nuevas conductas dificultando no sólo su combate sino su detección inmediata.

Asimismo, las realidades sociales en las fronteras aumentan su capacidad operativa. Por ejemplo, en el sureste, además del tráfico de drogas y personas, se suman las pandillas centroamericanas como una modalidad criminal.

Los Mara Salvatrucha son delincuentes juveniles que penetran a territorio nacional para cumplir un extraño código de odio y exterminio racial por el control y dominio de la región. Es un nuevo tipo de violencia que se extiende del sureste hacia el centro del país.

En estados como Chiapas invaden universidades y las normales rurales y escuelas, siendo los jóvenes los principales blancos.

En este sentido, los poderes públicos locales y la población quedan en estado de indefensión pues la respuesta de la autoridad federal es insuficiente ante el crecimiento alarmante de la violencia desatada por estas pandillas.

Estos criminales extranjeros constituyen una grave amenaza a la seguridad de las personas y al orden institucional en todos sus niveles, ya que su actividad se amplía al narcotráfico, al robo, al secuestro y al homicidio, quebrantando así la paz y la tranquilidad social.

Si esperamos a que violen el orden interno para actuar en consecuencia, mañana serán incontrolables. Es menester combatirlos de raíz con acciones preventivas, estableciendo además su probable vínculo con bandas organizadas que facilitan su introducción al país.

Por esta razón, la propuesta del Partido Verde Ecologista de México es como prioridad de seguridad nacional considerar la introducción ilegal de extranjeros a territorio nacional como una causal más para la intervención de comunicaciones privadas.

Con la medida anterior se garantizaría con absoluta transparencia un mejor cumplimiento del párrafo segundo del artículo 138 de la Ley General de Población, del artículo 2º, inciso III) y del Capítulo IV de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, así como los términos establecidos en la reciente Ley de Seguridad Nacional.

"Por todo lo anterior, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 Ter del Título Cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación referente a la intervención de comunicaciones privadas".

Solicito a la Presidencia publique el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.

-El Presidente diputado Juan De Dios Castro Lozano (PAN): Gracias, señor diputado don Manuel Velasco Coello.

Como lo solicita, publíquese e insértese íntegro el documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no se haya publicado y se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, para una iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

- El diputado Jesús Martínez Alvarez (Convergencia): Con su permiso, señor Presidente.

- El Presidente: Adelante, diputado.

- El diputado Jesús Martínez Alvarez (Convergencia): "Vamos a presentar una iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley Federal de Telecomunicaciones con el objeto de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones resuelva los recursos de revisión que se han interpuesto contra sus actos administrativos.

"Como ustedes recordarán, en la sesión antepasada tuvimos la oportunidad de presentar ya una iniciativa de reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Destacábamos en esa ocasión el trabajo intenso que viene realizando la propia Comisión de Comunicaciones que preside el diputado Angel Heladio Aguirre.

"Sin embargo, hoy esta Comisión viene trabajando, escuchando todas las voces de las partes interesadas con el objeto de poder aprobar una Ley de Telecomunicaciones acorde a los tiempos actuales.

"Sin embargo, no es una tarea fácil. El día de hoy precisamente esta Comisión, en una reunión con las personas que manejan el Cable, tuvieron la oportunidad de recibir las diferentes propuestas.

"Sin embargo, consideramos que independientemente de que va a salir finalmente esta nueva Ley de Telecomunicaciones acorde a los tiempos actuales, requerimos ir modificando gradualmente algunas de las disposiciones que le permitan a la Cofetel contar con mayor autonomía. Es por eso que estamos presentando pues esta reforma al artículo 74 en su fracción correspondiente con el objeto de que la Cofetel, como órgano regulador de telecomunicaciones, cuente con las facultades necesarias para resolver los recursos de revisión que se presenten en contra de los dictámenes del pleno de la misma.

"Es de suma importancia considerar que para declarar la revocación de las concesiones y permisos y la imposición de las sanciones previstas por la Ley de Telecomunicaciones, se considere el espíritu del artículo 28 constitucional, que establece la prohibición de las prácticas monopólicas y la necesidad de que éstas se sancionen conforme a derecho.

"Se trata, como lo establece el artículo 2 de la Ley Federal de Competencia Económica, de proteger el proceso de competencia y la libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

"Para la aplicación de este precepto se incluyen todos los agentes económicos sin distinción alguna, personas físicas o morales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, asociaciones, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la actividad económica.

"Sin embargo, y como lo hemos reiterado, la Cofetel nace después de que fue publicada esta Ley Federal de Telecomunicaciones y a diferencia por ejemplo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, conocida como Cofeco, tiene previsto resolver, ella sí, los recursos administrativos que se presentan en contra de las resoluciones de su pleno. Esto le permite, como le permitiría a la Cofetel, desde luego, una mayor autonomía en la toma de sus decisiones. Entonces así todo recurso de reconsideración tiene por objeto no sólo de revocar o de modificar, sino también de confirmar la resolución reclamada.

"La presente iniciativa busca con esto contribuir a que la Comisión Federal de Telecomunicaciones cuente con una más de las facultades que le permitan ejercer su mandato con mayor autonomía respecto de la Secretaría del ramo, sin que ello implique su autonomía plena en relación a las políticas determinadas por la propia Secretaría y el Estado mexicano.

"Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo al marco jurídico actual, me permito presentar ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para que se reforme el artículo 74 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

"Artículo 74.- Para declarar la revocación de las concesiones y permisos, la imposición de las sanciones previstas en esta ley, la Comisión Federal de Telecomunicaciones resolverá los recursos de revisión que sean interpuestos contra sus actos administrativos y se estará a lo previsto por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo".

"Transitorio.

"Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Por lo tanto, señor Presidente, pido que sea publicada en la forma en que lo voy a presentar. Le agradezco mucho su atención.

-El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña (PAN): Gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

En la siguiente iniciativa participarán dos diputados, en primer lugar el diputado Juan Guajardo Anzaldúa y, en segundo lugar, el diputado Emilio Badillo Ramírez, los dos por cinco minutos; la iniciativa que adiciona los artículos 5 y 14 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a fin de someterlos expresamente al pago de las contribuciones municipales que ocasiona la propiedad o uso inmobiliario, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

-El diputado Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (PT): Con su permiso, señor Presidente.

"Compañeras y compañeros Legisladores: Con 126 firmas de diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PRD, Partido Convergencia, Partido Verde y Partido del Trabajo, integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, así como integrantes de otras Comisiones de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de ley que consiste en un decreto por el que se adiciona el artículo 5º de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a fin de incorporarlos al pago de las contribuciones municipales que ocasiona la propiedad o su inmobiliario con base en las siguientes consideraciones;

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene en su parte orgánica el Catálogo de Asignación de Competencia de los Organos por los que se ejerce el Poder Supremo de la Federación, también la propiedad inmobiliaria tratándose de lo establecido por el artículo 5º. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, así como el artículo 14 de la misma ley.

Dichas disposiciones se contravienen cuando Pemex pretende litigar en contra de los municipios que actualmente se encuentran afectados en su patrimonio inmobiliario con los programas de exploración del denominado Proyecto cuenta de Burgos y otros.

Pemex argumenta que la costumbre en su reiterado ejercicio pretende darle el peso de la ley y con ello violenta los diferentes niveles de gobierno a través de acciones sin previo aviso, entre ellas: uso de inmuebles de propiedad privada o municipal rompiendo y trastocando planes municipales de desarrollo invadiendo en ausencia de planes proyectos o permisos, reservas territoriales , municipales, dañando brechas, contaminando arroyos y mantos acuíferos sin que nada ni nadie pueda oponerse.

Cabe destacar, que al menos en los municipios fronterizos en donde se localiza la cuenca de Burgos dichas actividades, nos consta, las realizan empresas privadas que aparentemente actúan por cuenta y orden de Pemex, exploración y producción, aún cuando a estos municipios les asiste la razón legal constitucional y reglamentaria para impedir el paso desordenado y arbitrario de líneas de conducción y maquinaria.

Se reconoce de manera irrestricta el papel violatorio que representa este sector para el desarrollo nacional, sin embargo también se debe salvaguardar el respeto a la autoridad municipal que pretende establecer un orden , respetar el Plan Municipal de Desarrollo y la captación de recursos vía derechos municipales de construcción.

Asimismo debemos cuidar que las autoridades jurisdiccional, administrativa, estatal, respete el orden municipal, dejar atrás las presiones y dádivas que Pemex ofrece a cambio de su actividad exploradora dejando a los municipios al margen de cualquier información cuando debiera tener conocimiento del número de ductos, pozos o mejoras que la paraestatal realice en sus localidades.

En tales condiciones, su actitud desafiante de la paraestatal no contribuye a un desarrollo coordinado, no toda la construcción de Pemex son bienes del dominio público de la Federación, por eso urge ordenar en forma coherente las actividades que realice el someterlas, como cualquier otro órgano de gobierno, al respecto a la Carta Magna, al cumplimiento de las obligaciones estatales y municipales en materia de propiedad e información inmobiliaria exhibiendo previamente planos, permisos y programas que pretenda realizar..

Por lo señalado anteriormente, se propone la presente iniciativa de ley que se someterá a su consideración y estudio, cuya finalidad es que Pemex cubra a los municipios los derechos de uso de suelo y construcción de las obras que realice , independientemente de que esas puedan estar exentas del pago de impuesto predial siempre y cuando exista la declaratoria correspondiente y necesaria cuando se trate de bienes del dominio público.

Por las razones aquí expuestas, se entrega por separado la versión íntegra de la iniciativa , por lo que se le solicita, señor Presidente, su publicación en el Diario de Debates de esta honorable Cámara de Diputados.

Es cuanto, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias. Tiene la palabra el diputado Emilio Badillo Ramírez.

-El diputado Emilio Badillo Ramírez (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

El documento que acaba de presentar el Presidente de la Comisión de Población, Frontera y Asuntos Migratorios, es de suma importancia para la actividad administrativa de los ayuntamientos pero también nos deja ver que la no observancia y la falta de respeto a las leyes protectoras del medio ambiente por parte de la paraestatal no es un asunto menor con actitud de esta naturaleza.

Petróleos Mexicanos irrumpe en algunas ocasiones en los municipios y provocan daños que en muchos casos se convierten en irreversibles al equilibrio ecológico al realizar trabajos de exploración, perforación e instalación de ductos, el deterioro ambiental no es consecuencia inevitable del desarrollo sino expresión de un mal desarrollo que lógicamente terminan por incidir sobre los sistemas naturales.

Llama la atención la actitud que en algunos municipios aplica la empresa petroquímica, cuando decide realizar trabajos de introducción de ductos sin informar a la autoridad municipal, provocando en muchos casos la inconformidad de las autoridades del ayuntamiento que si se respetaran las formas adecuadas, no debieran provocar conflictos ya que indudablemente este tipo de obras conlleva beneficios económicos para la población pero es necesario que Petróleos Mexicanos mantenga una actitud de colaboración y se muestre abierto al diálogo con los municipios cuando se provoquen daños a la propiedad inmobiliaria.

Se debe de crear los convenios de colaboración que implican responsabilidad de ambas partes con un marco de respeto y civilidad. Soy un convencido de que el concepto de municipio libre está vigente en nuestra Carta Magna, démosle la dimensión exacta como la célula principal de nuestro federalismo que merece respeto.

Mi fracción parlamentaria se une a este reclamo del diputado Juan Antonio Guajardo, no estamos en contra del desarrollo económico de nuestro país ni de la industria petroquímica sino en pro de un desarrollo armónico donde todas las partes salgamos beneficiados, sólo pedimos un trato igualitario para los municipios y su propiedad inmobiliaria, que se preserve su entorno ecológico, que se respeten los usos y costumbres de muchos de ellos, que se tiendan puentes de comunicación entre autoridades federales, estatales y municipales en la búsqueda de mejores alternativas de solución.

Todos sin excepción, tenemos la obligación de buscar siempre los canales de negociación adecuados, donde prevalezcan los consensos sobre los disensos, que no hay vencedor ni vencido, que impere en el ánimo de la negociación el bien común de los gobernados, a ellos nos debemos.

El municipio es el que mayor preocupación ha despertado siempre en el legislador, esto ha merecido la mayoría de las reformas buscando el equilibrio que le doten de mecanismos jurídicos que posibiliten su autonomía en la administración, gobierno y hacienda. En cada una de las modificaciones constitucionales que los han enriquecido en su vida jurídica se explica los múltiples capítulos que el municipio ha tenido que vivir.

El estatus municipal actual es el resultado de ajustes constitucionales que han acabado por colocarlo en el nivel donde se encuentran la Federación y las entidades federativas dotándolo de prerrogativas y derechos; una de ellas son las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

La cuestión al daño patrimonial y ambiental en los municipios, debe ejercerse con responsabilidad, por cada uno de nosotros en lo individual y en lo colectivo; el deterioro ecológico es la suma de acciones humanas que implican una actitud de indiferencia o ignorancia hacia nuestro entorno.

La eliminación de las posibilidades de calidad de vida y de futuro para nuestros hijos, nuestras acciones, pueden contribuir –si así lo queremos- a solucionar gran parte de la problemática.

Bajo este orden de ideas, el Congreso de la Unión tiene la obligación política que está debidamente sustentada en la Constitución, de coadyuvar y desplegar todos los recursos legales e institucionales a su alcance para realizar las adecuaciones que sean necesarias para darle certidumbre al desarrollo de los municipios, pero de parte de la paraestatal es necesario que asuma el compromiso firme de respetar el marco legal.

Finalmente, le solicito, señor Presiente, sea publicada íntegramente mi participación en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Muchas gracias.

-El Presidente: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Energía.

Tiene la palabra el diputado Filemón Arcos Suárez Peredo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 40 y 48 de la Ley General de Educación.

-El diputado Filemón Arcos Suárez Peredo (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

-El Presidente: Adelante.

-El Diputado Filemon Arcos Suarez Peredo: Compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en lo dispuesto a los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma a los artículos 40 y 48 párrafo tercero de la Ley General de Educación, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El nivel de educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, mental, afectivo y social de los menores; mientras que el nivel de educación básica tiene por objeto el desarrollo integral de los alumnos, principalmente en su aspecto físico, intelectual, estético, cívico y social, así como su preparación para la vida en cuanto a la formación de niñas y niños que habrán de ser adultos productivos y solidarios. Aunque permanece un pequeño rezago para que la cobertura de la población infantil en edad de cursar la educación primaria, puede considerarse que en este momento la prioridad ha pasado a ser la de elevar la calidad de la educación.

El plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública, pretende brindar a los estudiantes un aprendizaje permanente; sus principales características son: la prioridad, la lectura y las matemáticas, la enseñanza de las ciencias naturales y el aprendizaje de historia, geografía y educación cívica, además se reservan espacios para la educación física y artística como parte de la formación integral de los alumnos, toda vez que ambas deben ser no sólo en una práctica escolar, sino también un estímulo para enriquecer el juego de los niños y su uso del tiempo libre.

Lamentablemente, en la enseñanza solamente se dedican un promedio de 40 horas anuales a la educación artística. Si atendemos a lo anterior, podemos concluir que la enseñanza de las artes y la música en particular en el nivel de educación inicial, se encuentra sumamente limitado, ya que si la propia Secretaría de Educación Pública al regir su instrumentación en la educación primaria, les concede una importancia secundaria y el nivel de educación inicial, al no estar estipulada la obligatoriedad de su aplicación, su tiempo y calidad, no son acordes a las necesidades y potencial de los menores.

Las artes y la música juegan un papel esencial en el desarrollo y funcionamiento del cerebro al promover el movimiento de diferentes sistemas, ayudando así, el desarrollo de la coordinación fina y motora y propiciando habilidades estimulantes para el área del lenguaje. Las artes comprenden y estimulan las emociones del ser humano y por lo tanto, fomentan su interés y atención.

La música facilita el proceso de escucha y retención de la información, desarrolla las habilidades mentales sobre conceptos espaciales, fomenta la creatividad, es un catalizador para el aprendizaje de la lecto-escritura y tiene un efecto positivo en las emociones y comportamiento del ser humano. De la misma manera está demostrado que al seguir el ritmo de la música, la persona aprende a balancear su cuerpo, a coordinar sus movimientos y a mejor su comunicación, crear independencia en sus manos, en sus pies, como en el caso de la batería y los organistas. El hecho de escuchar música, también influye en el pulso, la presión arterial, la actividad de los músculos y refuerza las conexiones entre las células del sistema nervioso y la corteza cerebral.

Un estudio realizado por la Fundación Internacional de Investigaciones en Música, señala la importancia de la estimulación musical temprana, desde el nacimiento hasta los 5 años, pues se ha encontrado que estimula las conexiones entre las células y el cerebro y que interacción con la música es crítica para el desarrollo emocional y sicológico de niñas y niños

A nivel primaria se encontró que la interacción con la música, favorece las diferentes actitudes y habilidades, pues permite al estudiante visualizar su objeto desde diferentes perspectivas e incrementar sus habilidades especiales y su auto estima, aumenta la creatividad, mejora el aprendizaje de la lectura, la lengua, incluida las extranjeras; las matemáticas y el rendimiento académico en general.

La educación músico-instrumental desarrolla el sentido del ritmo, lo que incide en la formación física y motora del niño proporcionándole un mejor sentido de equilibrio, lateralidad y motricidad. El desarrollar el oído no sirve para el estudio de la música, sino para el resto de su formación intelectual. Una diferencia de vital importancia del aprendizaje de la música con otras materias y actividades, es en la forma como se llega a él.

La música es parte de nuestra vida cotidiana y se encuentra presente en todas las actividades de la cultura del hombre: en el juego, en las rondas, en las expresiones religiosas, en las expresiones emocionales, etc. Entonces acercarse al maravilloso mundo de la música es acercarse de manera más profunda al género humano. La música es una actividad que hay que vivir, fomentar la expresividad musical, no dar tanta importancia a los conocimientos técnicos musicales, sino dar posibilidad al niño de cantar, de bailar, de escuchar música y de hacer música a su manera y según sus necesidades expresivas.

No obstante, los estudios anteriores enfatizan que para obtener los beneficios señalados se debe de proporcionar una instrucción musical sistemática en un periodo no menor a dos años. En este sentido, las autoridades y los legisladores debemos concretar que la iniciación artística y musical no sean vistas como una materia más en el currículum o plan de estudios, sino que se incluyan de manera formal y continua a la Ley General de Educación, toda vez que es necesario integrar sus beneficios al aprendizaje continuo en las aulas.

Se debe asegurar que desde la educación inicial, las artes y la música encuentren el espacio que les corresponde dentro de la formación integral de la persona, ello mediante su estipulación legal en un método coherente y atractivo y realista.

Por otro lado, las artes y la música en particular son factores de entidad decisivos para las personas, las familias y los pueblos, preservar los valores artísticos y musicales de las regiones que tiene una gran importancia para el desarrollo de los individuos, ya que se constituye en un fuerza cohesiva en una época en que distintos valores se están debilitando ante la globalización de la cultura y cambios sociales que promueve.

Por esto, resulta indispensable que las autoridades locales cuenten con la libertad y la garantía legal para proponer a la Secretaría de Educación Pública planes educativos regionales, cuyos contenidos promuevan sus valores artísticos y musicales. El siglo XXI necesita de muy diversos talentos y personales además de individuos excepcionales, también esenciales en toda sociedad, así, los integrantes de la LIX Legislatura debemos garantizar que niños y jóvenes tengan todas las oportunidades de descubrimiento y experimentación artística y en particular musical, que fueron fundamentales en el pasado y lo siguen siendo en los países más avanzados.

Por las razones expuestas, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 48 párrafo III de la Ley General de Educación, en pro de la educación artística y musical:

Unico. Se reforman los artículos 40 y 48 párrafo III de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 40: La educación inicial tiene como propósito a favor el desarrollo físico, cognoscitivo, efectivo, de iniciación artística y musical y social de los menores de cuatro años de edad, incluye orientación a padres de familia o tutores para educación de sus hijos o pupilos.

Artículo 48: Las autoridades educativas locales propondrán para consideración, y en su caso autorización de la Secretaría, contenidos regionales que sin mengua del contenido nacional de los planes y programas citados, permitan que los educandos adquieran un conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas, el arte y música regionales y además aspectos propios de identidad y municipios respectivos.

Transitorios: Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría de Educación de los estados y los municipios de la Federación, presentarán sus programas y planes de estudio en materia de educación artística y musical, 90 días después de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Los institutos públicos, como el IMSS, el ISSSTE y otros que imparten la educación inicial, adecuarán sus programas a fin de cumplir con lo dispuesto en la presente reforma.

Cuarto. El Presupuesto de Egresos de la Federación inmediato posterior a la aprobación de este decreto, se incluirá de manera explícita el monto del gasto para el fortalecimiento de la educación inicial.

Señor Presidente: Solicito que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Educación con opinión de la Comisión de Cultura.

Es cuanto, señor Presidente.

-El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con la opinión de la Comisión de Cultura.

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

-La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Con todo gusto, señor Presidente.

¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia?

Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 455 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula.

Cumplida su encomienda, diputado Presidente.

-El Presidente: Gracias, Secretaria.

Tiene la palabra el diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 217 de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas.

-El diputado Angel Pasta Muñuzuri (PAN): Con el permiso de la Presidencia, diputadas y diputados:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 72, párrafo primero; y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este cuerpo colegiado, la presente iniciativa al artículo 217 donde se reforma y adiciona la Ley General de Salud, de conformidad con los siguientes:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en el artículo 117, último párrafo, que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.

De acuerdo con los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Adicciones, realizadas en 1998, por el Consejo Nacional Contra las Adicciones, hoy debemos de admitir que en nuestro país, en el que lo jóvenes entre 12 y 17 años se consideran bebedores fuertes, es decir, que cuenta con una tasa de prevalecencia de consumo de bebidas alcohólicas.

También es lastimoso constatar que según se señala en el Código Nacional Contra las Adicciones, a través del Sistema de Verificación de Adicciones del Año 2001, los accidentes son la tercera causa de muerte y la primera en menores de 20 años, así como también el 80% de los casos, los accidentes automovilísticos fatales están relacionados con el abuso en el consumo del alcohol.

En México, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Información Estadística y Geografía, existen poco más de 27 millones de personas entre 15 y 29 años, todos ellos potenciales consumidores de bebidas alcohólicas.

Dichas instituciones han encontrado que en el 42% de los homicidios, el 72% de las denuncias de violencia intrafamiliar y el 58.8% de los casi 74 mil personas arrestadas por los cuerpos de seguridad pública en un año, el abuso del alcohol forma parte de las causas que originan la conducta dañina.

No extraña por ello que exista un justificado clamor social acentuado entre padres y madres con hijos jóvenes, para que se establezcan medidas que ayuden a evitar o al menos a reducir estos fenómenos tristes y nocivos derivados del abuso del alcohol.

Al problema del alcoholismo que ataca a millones de mexicanos, se suma hoy los efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas de mala calidad o de procedencia clandestina, ya que este tipo de bebidas es, insisto, es veneno para el ser humano y son conocidas como "bebidas adulteradas".

Para lograr resultados de esta materia, no basta simplemente en establecer penas más graves a quienes cometen delito bajo la influencia de bebidas alcohólicas adulteradas, ni es suficiente la acción de las autoridades de procuración o impartición de justicia, se requiere del esfuerzo coherente y continuado de la sociedad entera, incluyendo a las autoridades estatales y municipales, de seguridad, de educación y de salud, los comerciantes, los padres de familia, los maestros y las instituciones de educación, particularmente las de educación superior y técnicas y decir que el alcoholismo a largo plazo causa daños en el hígado, al sistema nervioso incluyendo el cerebro, puede causar hipertensión arterial y daños al corazón, problemas digestivos como úlceras, problemas de los órganos y las funciones sexuales, senilidad prematura, cáncer y por supuesto hasta la muerte.

El abuso del alcohol también puede llevar a la violencia, a accidentes; cabe mencionar que más de la mitad de los accidentes automovilísticos se relacionan con el exceso en el consumo del alcohol, la segregación social y dificultades en el trabajo y en el hogar.

Conscientes de los desafortunados sucesos generados por las bebidas adulteradas que no sólo dañan la salud de los consumidores, sino que afecta considerablemente a una rama de la industria de México, propongo una reforma al artículo 217 de la Ley General de Salud, para que en su texto se incluya todo tipo de porcentaje de alcohol.

Por lo anterior expuesto, es que someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la iniciativa de la reforma de la Ley General de Salud del artículo 217 para quedar como sigue:

Artículo primero. Se reforma el artículo 217 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 217. "...para los efectos de esta ley, se considera bebida alcohólica aquella que contenga todo tipo de porcentaje de alcohol etílico".

Transitorios:

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,

Palacio Legislativo, a los 27 días del mes de abril del año 2004.

Compañeros y compañeras diputadas, tomemos real conciencia de que México sí tiene futuro y por supuesto, más legislando a favor de la salud por nuestros niños y por los jóvenes de México

Es cuanto, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que adiciona dos párrafos al artículo 194 de la Ley del Seguro Social.

-El diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD): Con su permiso, diputado Presidente.

También le solicito que el texto se publique íntegro en el Diario de los Debates y simplemente daré a conocer una síntesis de esta propuesta que hago a mis compañeras y compañeros diputados federales.

Uno de los temas más lastimosos, uno de los temas de más inquietud en este momento es el de las pensiones.

Considerando que hay trabajadores que durante 25, 30 años o más aportan de sus percepciones una parte para crear un fondo, un fondo de retiro para que cuando dejen de laborar puedan irse y gozar de una calidad de vida mejor. Sin embargo, hemos visto la cruda realidad y en México hay pensionados de primera, de segunda y de tercera. Y obviamente los más desprotegidos, los pobres, que son los más, son los que no se ven favorecidos con el trabajo legislativo de las Cámaras.

Sabemos que pensión en su concepción gramatical, quiere decir: se debe dar una cantidad periódica vitalicia a la persona que deja de trabajar. Así lo hacía el Seguro Social de acuerdo a la ley de 1973 que dejó de ser en 1997, a partir del 1º de julio de 1997 en que se crean las Afores, es cuando se ven más perjudicados los trabajadores.

Porque ahora solamente tienen derecho a decidir por jubilarse bajo dos conceptos: la renta vitalicia o el retiro programado. La renta vitalicia es por la que están pugnando todos, pero hay que comprar a una Aseguradora esa renta vitalicia. Y la única opción prácticamente que tienen, es la de retiros programados, que significa que la cuenta individual de cada persona, debe de hacerse las cuentas de acuerdo al número de años que se considere que va a vivir cada persona y es como se divide entre los meses que se va a entregar este fondo.

Pero si el cálculo no es del todo bien hecho, puede agotarse el recurso y quedarse desprotegido el trabajador o la persona que se jubila. Cuando más necesita de ese apoyo, de esa pensión, es cuando se le agotó su recurso. Es el porqué la Consar emitió dos circulares, para que el Seguro Social pueda considerar la pensión garantizada el gobierno federal.

Una pensión garantizada equivalente a un salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de hecho esta práctica ya se viene dando, a partir del 2002, pero la propuesta de su servidor es que no se quede al capricho de la Consar de que puede emitir otra circular y se desproteja a los que más necesitan: los jubilados y pensionados de México, los del salario mínimo.

Es el porqué hacemos esta propuesta, para que se adicionen dos párrafos al Artículo 194 de la Ley del Seguro Social, que dicen, como protección a estos trabajadores que han dejado los mejores años de su vida para la creación de este México moderno, del cual gozamos todos menos ellos:

Artículo 194.- En caso de que se agoten los recursos de la subcuenta de retiro programados de la cuenta individual, los pensionados por cesantía en edad avanzada y vejez, tendrán derecho a la pensión garantizada.

Las administradoras que se encuentren pagando retiros programados, deberán notificar al gobierno federal que están por agotarse los recursos de dicha subcuenta, a efecto de que se convoque y se provea los fondos necesarios, para que se continúe pagando al pensionado la pensión garantizada, por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social.

También deberá darse aviso al trabajador de este hecho con diez días de anticipación.

Transitorio

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días de abril del 2004."

Repito diputado presidente, solicito que este texto se incluya íntegro en el Diario de los Debates.

Es cuanto, Presidente.

-El Presidente: Gracias, diputado Serrano. Como lo solicita insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Tiene la palabra el diputado Alejando Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Agrario.

-El diputado Alejandro Agundis Arias (PVEM): Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Nuestra Carta Magna contempla dentro de sus garantías la de seguridad jurídica consagrada en su artículo 17 que prescribe que ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estará expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales, establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Esta garantía individual establece el principio que la procuración y administración de justicia debe ser a través de tribunales que estarán expeditos para impartirla, quienes actuarán con toda autonomía e independencia y sus resoluciones serán con carácter imparcial, de manera ágil y completa. Lo anterior con apego a la legalidad.

En un estado de derecho es menester que la división de poderes sea clara y transparente, todo aquello contribuye a un ambiente de gobernabilidad porque existe un sentido de respeto irrestricto a las instituciones que lo conforman. Visto así, en nuestro país existen órganos competentes para la procuración y administración de justicia con plena jurisdicción, tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las juntas de conciliación y arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la Suprema Corte de Justicia y sus Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados, los juzgados de distrito. Lo anterior en el ámbito federal.

En materia agraria contamos con el Tribunal Superior Agrario. Este tribunal agrario encuentra su fundamento constitucional en la fracción XI del artículo 27 de nuestra Carta Magna y fue creado por decreto en el año de 1994, gozando de autonomía y teniendo plena jurisdicción. Los tribunales agrarios imparten justicia en la materia del mismo nombre y tienen el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad.

Asimismo, apoyarán en la asesoría legal a los campesinos, son de jurisdicción federal y resuelven todas las controversias que atañen a los límites de terrenos ejidales y comunales, cualesquiera que sea el origen de éstos. De las controversias entre dos o más núcleos de población y en general para la administración de justicia agraria.

Los tribunales agrarios están integrados por magistrados cuyo nombramiento realizado por el Ejecutivo Federal y designados por el Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente.

En congruencia con la carta política el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, prescribe que los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente; durarán en su encargo 6 años. Si concluido dicho término fueran ratificados serán inamovibles.

La inamovilidad que gozan los magistrados del Tribunal Agrario acarrea dos situaciones a saber: Por un lado asegura la permanencia de sus funcionarios impartidores de justicia y con ello se perfecciona la función justicial y por el otro se crea un círculo vicioso, se crean cotos de poder. El ejercicio de la administración de justicia se vuelve oligárquico en virtud de esa permanencia por años, lustros o en su caso décadas, se coartan anhelos de jóvenes que tienen el deseo, las aspiraciones de poder ocupar algún día o en algún momento el cargo de magistrado.

La inamovilidad de los magistrados del Tribunal Agrario se asemeja a una dictadura en la impartición de justicia, ya que sólo pueden ser revocados en dos situaciones: por causas graves, sin que la Ley Agraria señale qué debemos entender como tales, y cuando los magistrados cumplan la edad de 75 años.

El espíritu de esta iniciativa tiene la finalidad de otorgarles permanencia a los magistrados del multicitado Tribunal para que, atendiendo a su experiencia y capacidad, puedan ser ratificados hasta por otros tres períodos, es decir, de acuerdo a la evaluación que se haga de su función juzgadora tengan la posibilidad a que se les ratifique por otros seis años, al término de los cuales por otro término de igual duración y por un último período por otro período de seis años, al término de los cuales no podrán ser ratificados.

En síntesis, los magistrados durarán en su encargo, siempre que sean ratificados por la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente, en total 24 años, al término de los cuales dejarán de ejercer la administración de justicia en materia agraria, independientemente que ocupen un cargo diverso dentro del Tribunal.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos al pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para quedar como sigue:

Artículo único. Se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios para quedar en los siguientes términos.

Artículo 17. Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en su encargo seis años. Concluido dicho término podrán ser ratificados por otros tres períodos de la misma duración, sin que en ningún caso se rebasen 24 años de servicio con la misma categoría.

Lo anterior sin perjuicio que al término de su gestión puedan ocupar otro cargo dentro del Tribunal.

Los magistrados únicamente podrán ser removidos en caso de falta grave en el desempeño de su cargo, conforme al procedimiento aplicable para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

Artículo transitorio.

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor presidente.

-El Presidente: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria.

Tiene la palabra el diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar una iniciativa de Ley Federal para el Manejo Ecológico Sustentable de los Envases y Embalajes de Material Plástico.

-El diputado Jesús Emilio Martínes Alvarez (Convergencia): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros: con fecha 6 de octubre del año 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Preservación y Gestión Integral de los Residuos, ésta entró en vigor a partir del 6 de enero del año en curso.

Esta ley establece diversas disposiciones que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en el territorio nacional.

Sin duda se trata de una ley importante, de una ley trascendente para preservar el medio ambiente y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención, de la generación, la valoración y la gestión integral de los residuos peligrosos y de los residuos sólidos urbanos.

Sin embargo, necesitamos contar con una ley específica que se refiera única y exclusivamente a los envases y embalajes, pues el impacto que estos productos tienen en el medio ambiente son verdaderamente peligrosos y que provocan incertidumbre en la calidad de vida de la tierra, el agua y el aire.

La propuesta que hoy estamos haciendo tiene por objeto precisamente precisar de manera puntual el correcto manejo adecuado de envases y embalajes por las razones siguientes:

En la última década el uso de envases y embalajes en las diversas presentaciones se ha incrementado exponencialmente, lo que es particularmente notorio en el consumo de agua y refrescos que se comercializan en botellas de plástico. Este incremento está ocasionando un serio problema en términos de medio ambiente y acumulación de basura. La falta de previsión de las autoridades, de los productores, envasadores, comerciantes y usuarios como porque la producción y uso sin control de estos envases ha provocado la saturación en nuestras calles, ríos, cuencas, presas, tiraderos de basura, basureros públicos y privados de ciudades, de pueblos enteros y comunidades.

El plástico es un material resistente a la degradación. Su proceso de descomposición libera sustancias tóxicas que pueden recorrer largas distancias a través del subsuelo, llegando a alterar la posibilidad del agua en toda su travesía. Al aire libre las botellas de plástico al transformarse pierden su tonicidad, se fragmentan y dispersan. Enterradas duran más. La mayoría está hecha de teretalato de polietileno, conocido mejor como PEP, un material duro de destruir. Los microorganismos no tienen mecanismos para atacarlos. Se dice que tardan de 100 a 1,000 años en degradarse.

Esas características de los plásticos hacen que su presencia masiva en los más diversos ambientes produzcan graves efectos nocivos que tienen, por ejemplo, una incidencia negativa en la vida marina que algunos animales los ingiere por error, como las tortugas marinas que confunden los plásticos con las medusas, componente fundamental de su dieta.

Nuestro país, lamentablemente, es el segundo consumidor de plástico en Latinoamérica. En 2002 se consumieron aproximadamente 3.4 millones de toneladas. Para el 2005 se prevé un consumo de 6.7 millones de toneladas, de acuerdo con cifras de la industria mexicana de envases plásticos.

Según datos oficiales cada año se dispersan en el ambiente 90 millones de botellas de PEP, que juntas llenan 25 veces el cócalo de la Ciudad de México. Como pasivo ambiental acumulado ensucian hasta los más remotos ecosistemas del país y afectan principalmente el paisaje y la infraestructura hidráulica de ciudades y campos, además de que componen un grave riesgo para la salud.

Según el INEGI en los últimos 5 años se produjeron en nuestro país 15 mil 876 millones de envase y cerca de 800 mil toneladas de bolsa. De estos totales, según el organismo privado Ecología y Compromiso Empresarial, anualmente se recicla únicamente el 1.4 por ciento de los envases.

Además algo que debemos de tomar en cuenta, los efectos del Tratado de Libre Comercio con sus dos vecinos del norte, debe hacer México un esfuerzo importante y urgente para legislar respecto de los residuos y envases y embalajes, con el fin de que México, nuestro país, se siga convirtiendo, si no es que está ya ocurriendo, en el tiradero de los envases y embalajes que no cumplen con las normas que se exigen en estos países.

Esa normatividad tiene por objeto frenar abusos en materia de desechos, forzando la búsqueda de soluciones para reducir el uso innecesario de materias primas, cuya destrucción genera problemas ecológicos, económicos y de convivencia social.

El grupo parlamentario de Convergencia, preocupado precisamente por el vacío legal existente y por la falta de compromiso y de responsabilidad en el manejo sustentable de plásticos en formas de envases y embalajes, así como por el creciente volumen de éstos, lo que pone en riesgo la conservación del equilibrio de los ecosistemas, presenta esta iniciativa que busca responsabilizar a todos los actores, productores, envasadores, usuarios y autoridades de cada uno de los niveles, para que cada uno cumpla con el grado de responsabilidad que nos corresponde.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto para que se expida la Ley Federal para el Manejo Ecológico Sustentable de los Envases y Embalajes, entre paréntesis (de material plástico).

Y a continuación viene el detalle de cada uno de los artículos y que vuelvo a insistir, tiene por objeto corresponsabilizar los diferentes niveles de gobierno, así como todos los actores que intervenimos. Y no sólo eso, en el artículo transitorio con toda precisión se fijan los plazos y las metas para poder cumplir con este cometido.

Por todo lo anterior, pido de la manera más atenta sea publicado en forma íntegra el documento que estamos presentando. Muchas gracias.

-El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias, diputado.

Intégrese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra el diputado Maximino Fernández Avila, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se convoca a una sesión solemne de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 7 de octubre de 2004, para conmemorar el trigésimo aniversario de la creación de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Gobernación.

-El diputado Maximino Alejandro Fernández Avila (PVEM): Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados: "Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se convoca a una sesión solemne de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 7 de octubre de 2004, para conmemorar el trigésimo aniversario de la creación de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo.

Antecedentes

Desde la creación de la República Mexicana en 1824 hasta el 8 de octubre de 1974, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, del decreto por el que se reforman el artículo 43 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los territorios federales de Baja California Sur y Quintana Roo, recibieron distintas formas de reconocimiento constitucional, sin que se les reconociera plenamente como partes integrantes de la Federación.

Con dicha resolución se atendió un reclamo histórico que los habitantes de los territorios habían planteado en innumerables ocasiones: adoptar la naturaleza jurídica y política del estado libre y soberano que los pondría en igualdad de circunstancias respecto al resto de los estados de la República Mexicana.

A lo largo de casi tres décadas, los estados de Baja California Sur y Quintana Roo han formado parte del pacto federal, con dinámicas propias y han contribuido al engrandecimiento de la nación mexicana con singulares esfuerzos y con un fuerte ímpetu democrático.

Antecedentes legislativos

El 21 de enero del año en curso fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen, la iniciativa de proyecto de decreto para que se declare el año 2004 trigésimo aniversario de la creación de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, presentada por el H. Congreso de Baja California Sur.

La iniciativa en términos generales busca conmemorar el aniversario de la promulgación del decreto por el que se crearon como entidades federativas los hasta entonces territorios de Baja California Sur y Quintana Roo.

La forma propuesta por el honorable Congreso de Baja California Sur para esta conmemoración, fue que el Congreso de la Unión expidiese un decreto donde se declare el año 2004 trigésimo aniversario de la creación de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo y ordenase la inclusión de esta leyenda en todos los documentos oficiales que se generan hasta el 31 de diciembre del 2004.

Sin embargo, tras el estudio y discusión al seno de la Comisión, los legisladores abajo firmantes y dada la importancia del hecho que nos conmemora, acordamos retomar el espíritu de la iniciativa presentada por el honorable Congreso de Baja California Sur y dar respuesta favorable a la misma, a través de la presentación de una nueva iniciativa de decreto más extensa en cuanto a sus efectos.

Si bien es cierto que el año 2004 ya ha iniciado, consideramos aún oportuno el resolver de manera favorable esta propuesta, que presenta la clara oportunidad de reafirmar el espíritu federalista de esta soberanía.

Consideramos que la manera más apropiada de celebrar este hecho que merece ser recordado como símbolo de unidad nacional, es la convocatoria de una sesión solemne de la Cámara de Diputados, manera habitual en que el Poder Legislativo Federal celebra un importante evento.

Se propone como fecha para la celebración de la sesión solemne el 7 de octubre, en razón de que el decreto por el que se suprimió la figura de territorio en el sistema jurídico mexicano y por el que se erigen las entidades federativas de Baja California Sur y Quintana Roo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 1974.

Por lo anteriormente expuesto y como conclusión de los trabajos de estudio y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto para que se declare el año 2004 Trigésimo Aniversario de la creación de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, presentada el 21 de enero del 2004 por el honorable Congreso de Baja California Sur y para ratificar nuestro compromiso con el pacto federal consagrado en el artículo 40 de nuestra Carta Magna, los que suscribimos, diputados miembros de la Quincuagésima Novena Legislatura, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto por el que se convoca a una sesión solemne de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 7 de octubre del 2004 para conmemorar el trigésimo aniversario de la creación de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo.

Artículo Primero.- Se convoca a una sesión solemne de la Cámara de Diputados el día 7 de octubre del 2004 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para conmemorr el trigésimo aniversario de la creación de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo.

Artículo Segundo.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados definirá el orden del día y protocolo de la sesión solemne referida en el artículo anterior y deberá invitar, de manera oficial, a los integrantes de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y de las Comisiones del Federalismo y Desarrollo Municipal, de Gobernación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, a los Gobernadores de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, así como a las mesas directivas de los Congresos de la entidades federativas mencionadas.

Transitorio.

Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a los 20 días del mes de Abril de 2004.

Es cuanto, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias diputado. Túrnese la Iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene la palabra el diputado Angel Paulino Canul Pacab, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , para presentar una iniciativa de Ley del Sistema de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas.

-El diputado Angel Paulino Canul Pacab (PRI): Con su permiso, diputado Presidente. (Habla en dialecto).

Nunca más un México donde no estemos nosotros, muchas gracias por escuchar la presentación de esta Iniciativa que este día les traemos.

Compañeras y compañeros Diputados: Los pueblos indígenas han hecho oír su voz una y otra vez, nunca más un México sin nosotros, por eso, desde el Congreso de la Unión tenemos que trabajar para y con los pueblos indígenas, con el propósito de acabar de una vez por todas con la marginación, la pobreza, la exclusión y la discriminación que padecen desde siempre.

Tenemos una deuda histórica con ellos que no permite más dilaciones. En el grupo parlamentario del PRI tenemos proyecto para hacer realidad una nueva relación en el Estado y los pueblos indígena, una nueva relación que no se agote en los enunciados teóricos sino que se traduzca en un conjunto de acciones y políticas públicas que permitan diseñar y ejecutar un amplio programa de desarrollo social integral y sustentable, encaminado a superar definitivamente los rezagos históricos de los pueblos indígenas, sacarlos de la miseria e insertarlos en el sistema económico en condiciones dignas, competitivas y de reconocimiento hacia sus identidades culturales; una nueva relación que permita construir y consolidar las condiciones jurídicas , económicas y sociales necesarias para que los pueblos indígenas puedan ejercer plenamente el derecho a la libre determinación y a la autonomía que tanto necesitan y exigen; una nueva relación con la sociedad nacional, con el Estado, con los recursos naturales y la biodiversidad existente en sus regiones; una nueva relación que permita, por fin, encontrar las fórmulas político legales necesarias para que los pueblos indígenas puedan acceder de manera efectiva y directa a la representación política en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales, así como los organismos públicos que impactan sustancialmente en su vida, una representación política acorde con su presencia poblacional y su vitalidad cultural.

Sólo así podremos construir el Estado multiétnico y reivindicar la nación pluricultural que los pueblos indígenas exigen y que la Constitución les reconoce; sólo así podremos establecer las bases para la práctica permanente de un diálogo intercultural donde las diversas culturas que conforman a la nación mexicana, puedan expresarse , convivir, enriquecerse y reproducirse.

El grupo parlamentario del PRI tiene proyecto para alcanzar estos objetivos estratégicos; tenemos propuestas para construir una política indígena de Estado que permita la concreción histórica de la nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad; una política indígena que no cambie discrecionalmente por motivos políticos o electorales; una política indígena con motivos en el corto, mediano y largo plazo.

En este sentido, es necesario dejarles bien claro que la idea del grupo parlamentario del PRI de que estamos fatalmente divididos es falsa. Nuestras diferencias internas no nos impiden ponernos de acuerdo en asuntos que conllevan un gran beneficio social. Con estas acciones en beneficio de los pueblos indígenas, demostramos que somos capaces de privilegiar las coincidencias a favor de los que menos tienen.

Nuestro proyecto es incluyente, abierto a la participación, a las aportaciones y propuestas de todas las fuerzas políticas y sociales. Nadie tiene la última palabra en el tema de los pueblos indígenas; nadie tiene la verdad absoluta y nadie puede denominarse representante único de ellos. Los pueblos indígenas ya no quieren más demagogia, ya no quieren que se utilice el juego del todo o nada en función de intereses partidistas o de grupo.

Lo que se puede y debe hacer de inmediato es crear condiciones para que los pueblos indígenas ejerzan al máximo sus derechos consagrados en la Constitución y en las leyes secundarias y con base en esa experiencia, visualizar los mejores caminos para nuevas formas legales.

Por estos motivos, desde el grupo parlamentario del PRI, presentamos el pasado 18 de febrero la iniciativa de Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas con el objetivo de ponerle fin al saqueo de que son objeto los pueblos y comunidades indígenas, quienes ven cómo las empresas transnacionales se llevan sus conocimientos y los materiales genéticos asociados a ellos; cómo actúan sin regulación alguna en la biodiversidad que habitan y ellos no obtienen ningún beneficio.

Con esta ley, este fenómeno quedará debidamente regulado; los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas serán protegidos y obtendrán beneficios que por la ley se encausarán hacia el desarrollo de sus propias comunidades.

De igual manera, promovemos la construcción del parlamento indígena como un mecanismo permanente de representación política y diálogo de los pueblos indígenas con el Poder Legislativo. El parlamento indígena se institucionalizará y expresará su palabra aquí, en la tribuna más alta de la Nación para proponer y demandar políticas públicas indigenistas y medidas legislativas concretas, para comprometer a los legisladores con sus causas y sus anhelos.

Tenemos que hacer una profunda revisión de la reforma institucional que permitió la transición del Instituto Nacional Indigenista hacia la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Indígenas. El espíritu de esta reforma ha sido que los pueblos indígenas participen en la definición y orientación de las políticas públicas que tienen impacto substancial en su vida.

En este caso, la experiencia nos va a decir si la reforma institucional ha sido suficiente o es necesario promover una nueva reforma para que la… (interrupción en la exposición)…

Tenemos que hacer una revisión institucional, el espíritu de esta reforma ha sido que los pueblos indígenas participen en la definición y orientación de las políticas públicas que tienen su impacto substancial en su vida. En este caso la experiencia nos dirá cuál será el camino que ha de seguirse para la institucionalización de esta nueva reforma en caso de ser necesario.

Muchas gracias. Es cuanto señor Presidente y le solicito que esta iniciativa se turne a la Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara.

-El Presidente: Gracias, diputado.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas.

Tiene la palabra el diputado Manuel Gómez Morín Martínez del Río, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Cinematografía.

-El diputado Manuel Gómez Morín Martínes del Río (PAN): Con su venia, señor Presidente.

-El Presidente: Adelante.

-El diputado Manuel Gómez Morín Martínez del Río: Compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a través del suscrito, perteneciente a la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Cinematografía, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El cine es una de las expresiones de la cultura contemporánea más importante, refleja la manera de pensar en un lugar y época determinada. Cuando vemos una película nos asomamos a una ventana que nos envuelve, para lograr este efecto el cine se alimenta de un libreto que cuenta una historia, con actores que con su interpretación hacen viva la producción, crea el entorno para su realización y la fotografía capaz de captar con su lente los paisajes, las emociones, los efectos y todo lo que visualmente se quiere transmitir al espectador.

El cine es también un fenómeno de comunicación en el que los creadores cinematográficos envían un mensaje, el público lo recibe y decodifica, puede influir en los comportamientos sociales e incidir en las conductas individuales. Respecto de esto último, los menores de edad requieren particular atención, a diferencia de los adultos que en su gran mayoría ven al cine para disfrutar, participar o experimentar una sensación lúdica o incluso para evadir la realidad por medio de la ficción, los niños y aún los adolescentes, si bien se divierten con la cinta, lo perciben como un medio para entrar en contacto con el mundo que los rodea y trata de entenderlo; mientras el adulto suspende su incredulidad para entretenerse con una ficción, los niños en cambio, a causa de su menor experiencia y menor desarrollo de su conciencia crítica, tienen más dificultad para separar los hechos de las ficciones.

La clasificación de películas cinematográficas es una práctica mundial, países como Francia, Canadá, Holanda, Brasil, Argentina y Estados Unidos, por mencionar algunos, son muestra de ello. Años atrás, afortunadamente cada vez más lejanos en México, la clasificación era instrumento para la censura en materia cinematográfica; implicaba modificación de guiones, corte de cintas y prohibición de exhibición pública o su enlatado como en el medio se le conoce y que se aplicó a películas como: La Sombra del Caudillo y la Rosa Blanca. Lograron escapar de él, Rojo Amanecer y más recientemente la Ley de Herodes, gracias a presiones ejercidas por promotores y defensores de la libertad de la expresión, como es el caso de la Sociedad General de Escritores de México.

Hoy día, gracias a que en nuestro país la libertad de expresión es una realidad innegable, la clasificación ya no es más instrumento de censura. Actualmente tiene dos funciones básicas y se basa en los efectos probables de una obra en los espectadores, fuera de simples criterios moralistas, ideológicos, artísticos o de otra índole.

La primera de dichas funciones es informar al espectador de cine sobre contenido de las películas, con esto se atiende al derecho de la información que está garantizado en el artículo 6° de nuestra Constitución; proporciona al espectador elementos para tomar una decisión sobre ver una película cinematográfica.

La segunda función de la clasificación es proteger los derechos de los niños, de los menores de edad y que persiguen su sano desarrollo, ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4° Constitucional, así como en tratados internacionales de los que México es parte.

Esta protección se da mediante la información que la clasificación proporciona a los padres de familia o a quienes ejercen la patria potestad o tutela, de tal suerte que sean ellos quienes asuman la decisión final u orienten a los menores en su decisión sobre ver o no ver una determinada película. Padres mejor informados para que los hijos puedan estar mejor formados.

La protección se da también mediante disposiciones que obligan a impedir el acceso de menores a películas en los supuestos previstos en Ley. Se insiste, la prioridad es proteger a los menores de edad, con el fin de no exponerlos a materiales que puedan afectarlos en su desarrollo integral.

La clasificación está regulada por la Ley Federal de Cinematografía, el Reglamento de esta Ley y el acuerdo mediante el cual se expiden los criterios para la clasificación de películas cinematográficas. Estas disposiciones como toda labor humana, son perfectibles, la reforma que ahora se propone persigue avanzar más en el tema.

En orden con lo anterior, la propuesta incluye categorías de clasificación adicionales a las actualmente establecidas en la ley: se incorpora la de mayores de 15 años ya prevista en el Reglamento, así como otra para mayores de 12 años acompañados de un adulto.

Asimismo, se abre la posibilidad de que la clasificación no se identifique exclusivamente mediante letras que nada indican al espectador, tal y como ahora la ley lo prevé, sino también por medio de la utilización de números, símbolos o figuras que provean de mayor información simbólica de la que puede proporcionar una simple letra.

Se agrega un párrafo para que en el reglamento de la ley se establezca la forma y reglas de integración y funcionamiento del grupo de personas que realiza la clasificación, esto con el propósito de que dicho grupo se integre de manera más plural y representativa del amplio mosaico que constituye a la sociedad mexicana.

La propuesta busca también mayor equidad y congruencia al extender la obligación de prohibir el acceso a materiales para menores de edad, a quienes venden o rentan películas y ya no sólo a los exhibidores. Asimismo, se establece la obligación de proporcionar información general sobre las categorías de clasificación y de los criterios correspondientes, tanto en los puntos de exhibición, venta o renta, como en las páginas de Internet mediante las que se publiciten películas.

Por último se proponen también cambios menores que responden a imprecisiones en el texto vigente.

El cine es acción y movimiento; pensamiento, palabra y pasión, es arte y poesía, denuncia social; expresión política, comedia, divertimento, risa, terror, erotismo y obra maestra, es todo cuanto el ser humano es. El cine no persigue enseñar, sin embargo, los menores aprenden. Los menores son nuestro futuro y se busca protegerlos en pro de un futuro mejor.

Con base en lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente artículo único:

Se reforman los artículos 24 primer párrafo, 25 y 45 primer párrafo, de la Ley Federal de Cinematografía.

En consideración a la restricción de tiempo, me permito solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva se incluya el texto íntegro de esta iniciativa de decreto en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias, diputado.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Tiene la palabra el diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley Integral Sustentable para la Cafeticultura Mexicana.

-El diputado Marcelo Herrera Herbert (PRD): Con su venia, señor diputado Presidente.

Compañeras y compañeros diputados: En esta ocasión vengo a hacer uso de la más alta tribuna de la nación con el propósito de someter a la consideración de ustedes la iniciativa de Ley Integral Sustentable para la Cafeticultura Mexicana.

Me presento de frente al sector más vulnerable de México, me refiero al sector campesino; me presento convencido de que se requiere avanzar en la definición de una ley para la cafeticultura, que establezca bases claras para el ordenamiento y renovación de esta noble e importante actividad.

Señoras y señores legisladores: Quisiera, si me lo permiten, hacer un recuento de algunos de los serios problemas que la actividad cafetícola enfrenta en estos tiempos. La actividad cafetícola en México se desarrolla desde hace más de 200 años, ésta cobra mayor auge durante la década de los 80. Hacia 1992 el padrón consideraba a 282 mil productores enmarcados en 12 estados de la República, mismos que cultivaron 762 mil hectáreas; para el presente año existen 480 mi productores, quienes suman alrededor de 700 mil hectáreas. El aumento de los productores se debe a una división de los predios para un manejo económico más familiar y de menor escala y en gran parte para tratar de obtener mayores apoyos fiscales.

Es necesario resaltar que de esta actividad dependen 5 millones de personas; 3.5 de manera directa, es decir productores, además de jornaleros, comercializadores, inversionistas e intermediarios de la bolsa de verde, transportistas, fabricantes de costales, distribuidores y detallistas.

En suma, pues, cinco millones de mexicanos enmarcados, como ya lo mencioné, en los 12 estados del país que son productores: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro y Tabasco.

La producción de café de calidad depende, en primer término, de que ello implique un mejoramiento de la calidad de vida de los productores, de los jornaleros y de todos los que viven de este producto, ya que los países productores no reciben todos los beneficios de la venta.

Por ejemplo, en el año 2000 éstos sólo recibieron 9 de los 65 mil millones de dólares que se obtuvieron ese año. Para el 2002, el valor superó los 70 mil millones de dólares, de los cuales los países exportadores recibieron cerca de 5 mil millones de dólares y los cultivadores sólo mil 400 millones.

Es necesario recordar que a partir de 1993 se forma el Consejo Mexicano del Café, que es una asociación civil con participación de los gobiernos federal y estatal y de organismos de productores comercializadores e industriales; desgraciadamente, su labor no ha sido suficiente, pues se requieren reformas de fondo que sólo el Poder Legislativo puede impulsar mediante una legislación específica.

Por otra parte, considero pertinente resaltar que existe el fenómeno del bajo consumo, originado por la desconfianza, por la baja calidad del café que se oferta.

Durante varios años, las organizaciones de productores han insistido en la eliminación de cafés dañados no aptos para el consumo humano obteniendo como resultado un bajo alcance.

En virtud de que México es productor en un 95% de cafés arábigos, suaves, debe privilegiarse toda política de consumo interno en función de su calidad.

La comercialización del café en su mayor monto ha pasado a ser manejada por filiales de empresas trasnacionales. A estas empresas les ha interesado más el manejo de volúmenes que el impulsar el mejoramiento de la calidad, no les ha interesado pagar mayores precios de café a los cafés de más calidad.

Por otra parte, han bloqueado cualquier medida de ordenamiento del mercado y de regulaciones. Los fuertes intereses económicos de las compañías extranjeras, comercializadoras y sublizadoras (?) de café, se han impuesto en el mercado mexicano lo que aunado a las significancias políticas implementadas por el gobierno, han colocado a la industria mexicana cafetalera al borde del colapso económico, lo que afecta a las personas que viven de este producto, fundamentalmente a los productores.

En los últimos años, las políticas públicas para la cafeticultura se han orientado principalmente a otorgar subsidios a los productores para compensar parcialmente las pérdidas por los bajos precios. No ha habido interés en impulsar medidas de ordenamiento del mercado que sin duda serían menos costosas.

En el ámbito internacional urge que México impulse una mayor colaboración con los países productores de café para llegar a acuerdos que protejan la actividad tales como promover el consumo del café en el mundo, establecer estándares internacionales de calidad y la obligatoriedad de certificarla; revisar los precios del café en el mercado e intentar incrementarlos atendiendo a la calidad; establecer reservas de café de calidad y promover entre los países productores la destrucción de parte de la producción de los cafés de baja calidad, todo ello encauzado a ordenar el mercado internacional y hacer frente a las políticas de las grandes compañías comercializadoras y sublizadoras que fomentan cultivos de café de baja calidad, los compran y los emplean.

Señores legisladores: resulta necesario hacer una minuciosa reflexión a fin de instrumentar nuevas políticas más eficientes, similares a las que se plantean en el ámbito internacional para ayudar a rescatar la actividad a la que se dedican muchos mexicanos.

Los daños económicos y sociales que está generando la caída de la industria mexicana del café, al seguir perdiendo precio en el mercado internacional, hace incosteable la actividad.

Ante el desplome de los precios del café, los recursos disminuyen y la cafeticultura ya no es rentable, lo que ocasiona que los productores abandonen el cultivo, migren al país del norte, sean presa fácil de los que promueven el cultivo de enervantes o bien se generen conflictos por la tenencia de la tierra.

Otro asunto muy importante o muy importante es la sustentabilidad que ofrece el cultivo a las regiones cafetaleras, la producción de agua, captura de carbono, producción de oxígeno, fijación de suelos, regulación de microclima, refugio de aves y protección de la biodiversidad, son servicios ambientales que prestan las 700 mil hectáreas de café en México suceda de manera similar.

Compañeros diputados, apelo al compromiso que todos tenemos con el campo; esta ley contribuiría a que todos los mexicanos que dependen de esta actividad, sean favorecidos, pues su objetivo es normar y fomentar la producción de café, así como su comercialización y consumo, considerando los parámetros de calidad de este grano y la adecuada distribución de los programas y presupuestos destinados al sector con criterios de competitividad técnica, factibilidad económica, desarrollo social y finalmente, no por eso menos importante, desarrollando la cultura de la sustentabilidad.

Ahora bien, no puedo dejar de mencionar que en esta ley se encuentran implícitas las conclusiones, necesidades e inquietudes recogidas en el marco del Encuentro Nacional de Productores, Industrializadores y Comercializadores de Café, celebrado en fechas pasadas, con una participación que podría calificarse como exitosa.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, a nombre de mi grupo parlamentario y del mío propio, presento ante esta soberanía la iniciativa de Ley Integral Sustentable para la Cafeticultura Mexicana.

Señor Presidente, en virtud de lo extenso que resultaría hacer la presentación de esta ley, solicito se publique de manera íntegra en el Diario de los Debates; para ello, en este mismo acto hago entrega a la Secretaría del documento.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias, diputado.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión Especial del Café.

La siguiente iniciativa, relacionada con la Ley General de Educación Ambiental, a petición del grupo parlamentario del Partido Verde, se pospone.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

¿Se encuentra el diputado Alcerreca?

-El diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

-El Presidente: Adelante.

-El diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez: Colegas diputadas y diputados:

En nuestro país, al igual que en cualquier parte del mundo, las personas con capacidades diferentes exigen, como es su derecho, un trato de igualdad en todos los ámbitos, ya sean social, cultural, jurídico o económico. Este sector de la población no quiere ser ni debe ser relegado de nuestra sociedad.

Según la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país existe un número cercano a 10 millones de personas con capacidades diferentes, es decir un 10% de la población nacional, por lo que es de suma importancia no sólo darles atención en el Sector Salud, sino que es necesario impulsar su crecimiento educativo y laboral, para evitar por todos los medios posibles, que se les excluya de esas actividades tan necesarias para alcanzar un nivel de vida mejor e independiente.

La sociedad mexicana vive y se integra con individuos de diferentes géneros, capacidades e ideologías y en reciprocidad, los individuos de capacidades diferentes, deben tener un espacio de equidad que los identifique y haga sentir parte de la sociedad.

Es precisamente en el sector laboral, donde las personas con capacidades diferentes encuentran mayores obstáculos para su integración, a pesar de lo que establece el artículo 5º de nuestra Constitución.

De cada 100 personas con capacidades diferentes en edad de participar económicamente, únicamente 25 lo hacen, de éstos la mayoría se encuentran laborando en negocios de familia o de manera independiente o en labores poco remunerables, como consecuencia, un número muy importante vive en condiciones de pobreza extrema y su potencial queda desperdiciado, al no tener perspectivas laborales favorables.

Las personas con capacidades diferentes a través del tiempo, han logrado que los gobiernos volteen la mirada hacia ellos, buscando su protección para evitar la marginación de la que han sido objeto y de los que han hecho vulnerables en nuestra sociedad.

Su esfuerzo ha sido recompensado y con la ayuda de diversas organizaciones no gubernamentales, en colaboración con el Gobierno de la República, se han aprobado leyes con las que se trata de garantizar el pleno respeto y el ejercicio de los derechos de quienes viven una discapacidad, evitando la discriminación y procurando una mayor inclusión a la sociedad de la que forman parte.

Ejemplos de lo anterior los encontramos en el Artículo 1º. párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

También se entenderá como discriminación, entre otras cosas, la xenofia, el antisemitismo, en cualquiera de sus manifestaciones.

En el ámbito internacional México ratificó el 11 de septiembre de 1961 el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo que trata el tema de la discriminación en materia de empleo y ocupación en los siguientes términos: "Cualquier distinción, exclusión o preferencia, basados en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, sentencia nacional, origen social que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el miembro interesado, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan y con otros organismos apropiados".

A los efectos de este Convenio, los términos: empleos y ocupación, incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo.

Todo miembro para el cual este Convenio se haya en vigor, se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.

También se ha afirmado y ratificado el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo que fue promulgado el 20 de julio de 1983, ratificado en México el 11 de diciembre de 1999, y que entró en vigor el 5 de abril de 2002, mismo que regula los derechos laborales para las personas con discapacidad, estipulando que los gobiernos que los adopten, deberán generar empleo para este sector de la población.

En la actualidad existe una nueva actitud social en relación a las personas de capacidades diferentes, se empieza a reconocer el gran valor de estas personas para la sociedad, porque tienen la firme determinación y la suficiente fuerza moral para lograr su superación. Han luchado y siguen luchando por conseguir tener respeto en sus derechos. Estamos en un período de transición, en el que pasamos de una etapa de olvido o de exclusión de las personas con capacidades diferentes a uno de inclusión, en el que se busca que dichas personas alcancen una mejor calidad de vida.

Nuestra Ley Federal de Trabajo se ha quedado rezagada en materia de discriminación y no hace mención de las personas con capacidades diferentes, como lo hace nuestra Constitución Política en el ya citado artículo 1º, ni regula por lo mismo, de manera y específica, la relación de estas personas con los patrones o empresarios, ni genera una conciencia entre estos últimos para su contratación, provocando una inequidad laboral, por lo que hace indispensable una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que esté acorde a las necesidades actuales de las personas con capacidades diferentes.

Así que la presente iniciativa tiene como objetivos primordiales, evitar y prevenir la discriminación contra las personas de capacidades diferentes, comentar su integración laboral en las empresas o establecimientos del sector privado que les permita: Primero, alcanzar su pleno desarrollo individual y un mejor nivel de vida y segundo, les permita contribuir para el desarrollo de la sociedad de las que son parte.

Así por lo expuesto y fundado someto a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa:

Decreto.

Artículo 1º. Se reforman los artículos 3; 5, fracción XI;133, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, los cuales sustancialmente incluyen en cada uno de ellos la precisión respecto a capacidades diferentes.

Y leo precisamente los artículos que se incluyen o se adicionan:

El artículo 2º. Se adiciona.

El artículo 7 Bis y la fracción XIX, al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

"Artículo 7 Bis. En toda empresa o establecimiento que tenga una plantilla laboral de 40 personas o más, el patrón deberá integrar a dicha plantilla un mínimo del 5% de trabajadores con capacidades diferentes, procurando su incorporación y sin menoscabo de que cubran el perfil que garantice el desempeño apropiado del o los empleados disponibles, debiendo por cada 20 trabajadores adicionales, incorporar uno más con capacidades diferentes."

"Artículo 132. Son obligaciones de los patrones proporcionar a las personas de capacidades diferentes un acceso seguro y sencillo a su lugar de trabajo y ya dentro del mismo tomar las medidas necesarias para su libre desplazamiento y seguridad."

"Como transitorio único. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

Suplico a usted señor presidente se inscriba el texto íntegro de esta iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

-El Presidente: Gracias, diputado.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Les damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Escuela de Derecho de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, quienes hoy nos visitan en las galerías.

Tiene la palabra la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 122 base primera fracción V, inciso B) tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 67 fracción XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

-La diputada Patricia Garduño Morales (PAN): Con su venia, señor Presidente; ciudadanas diputadas; ciudadanos diputados:

Los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este pleno la presente iniciativa de decreto que reforma los artículos 122, Base Primera, fracción V, inciso B, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 67 fracción XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La aprobación el pasado 15 de abril del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refleja el gran interés de los legisladores en adecuar el marco constitucional vigente a efecto de propiciar una más adecuada y eficiente comunicación del Legislativo con el Ejecutivo en el proceso presupuestario.

No podemos soslayar la coincidencia de los diversos grupos parlamentarios que conforman esta Soberanía, en la necesidad de cambiar la fecha en que el Ejecutivo Federal debe entregar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, así como en el establecimiento de una fecha para que los mismos sean aprobados por las cámaras.

La ampliación del plazo con que cuenta el Legislativo para estudiar y discutir las propuestas del Ejecutivo, así como el término para su eventual aprobación, pretenden generar un mayor grado de certidumbre que se traduzca en un adecuado desempeño de las variables económicas en beneficio del interés nacional.

En congruencia con tal iniciativa consideramos necesario modificar, en términos similares, la fecha establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal presente a la Asamblea Legislativa la Iniciativa de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, toda vez que el proceso presupuestario del Distrito Federal está íntimamente vinculado al proceso presupuestario federal, derivado de sus particularidades y su carácter de sede de los poderes de la unión y capital de la República, establecido en el artículo 44 constitucional.

El Distrito Federal tiene un régimen jurídico sui generis derivado del Pacto Federal, por lo que en materia presupuestaria el monto de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal para el financiamiento del Presupuesto de Egresos, a diferencia del resto de las entidades federativas, debe ser aprobado por el Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, base primera, fracción V, inciso B), segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quienes hemos tenido la oportunidad de participar en el análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal hemos sido testigos del escenario de tensión, incluso desinformación que se genera derivado de la cercanía del fin del proceso presupuestario con el término de sesiones ordinarias y del propio ejercicio fiscal, lo que se traduce en muchas ocasiones en normas fiscales con errores, deficiencias técnicas respecto a la sustentación financiera para su aplicación y cumplimiento y vacíos legales susceptibles de ser impugnados por los particulares.

Por lo anterior consideramos necesario modificar la fecha que la Constitución y el Estatuto de Gobierno otorgan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para la elaboración y remisión de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, debiéndolos presentar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a más tardar el 20 de septiembre para su análisis y discusión y la Asamblea Legislativa (sic)

Esto también es fundamental para lograr certidumbre y para concluir el proceso legislativo de aprobación a más tardar el 30 de noviembre.

Tratándose del caso en el que el Jefe de Gobierno inicie su encargo, éste deberá enviar su proyecto presupuestal a más tardar el 20 de diciembre.

La presente propuesta de ajustar la fecha de discusión presupuestal en el Distrito Federal se traduciría en un mayor margen de tiempo de los legisladores capitalinos para examinar la documentación que sustenta el paquete fiscal local en un marco de responsabilidad, disciplina y esfuerzo para lograr una asignación de los recursos públicos que refleje mejor las prioridades de los capitalinos y que a su vez contribuya a consolidar las condiciones de estabilidad que se requieren para el sano desarrollo de la actividad económica y la reducción de la vulnerabilidad de las finanzas capitalinas.

Un aspecto no menos importante es la posibilidad de ampliar y llevar a cabo un debate serio y técnicamente sustentable entre las distintas fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa que permitan lograr acuerdos entre ellas y por ende aprobar recursos acordes a las necesidades de la ciudad de una manera adecuada y oportuna.

Es evidente que la presente propuesta se suma a la exigencia de una discusión presupuestal seria, estudiada convenientemente y que responda a las necesidades de una ciudad que requiere instrumentos de gobierno interior que garanticen el desarrollo integral del Distrito Federal en un marco de certidumbre y confianza.

Señor presidente, por economía parlamentaria no daré lectura al decreto, por lo que le solicito respetuosamente que se publique en el Diario de los Debates el texto íntegro del mismo.

Suscriben la presente iniciativa la diputada Margarita Saldaña Hernández, el diputado Miguel Angel Toscano Velasco, el diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, el diputado Roberto Colín Gamboa, el diputado Jorge Triana Tena…

-El Presidente: Gracias Secretaria.

Como lo solicitan los integrantes de la Junta de Coordinación Política, túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Servicios Educativos.

Continúe la Secretaría con la siguiente comunicación.

-Secretaria, diputado Amalin Yabur Elias: Con su permiso, señor Presidente.

(Comunicación de la Junta de Coordinación Política, referente al punto de acuerdo para integrar una Comisión Especial para obtener información relacionada con la aplicación de programas y fondos federales durante el desarrollo de los procesos electorales del Estado de Durango)

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Gracias.

¿Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa?

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

-El Presidente: Aprobada.

Continúe la Secretaría.

-La misma Secretaria:

(Comunicación de la Junta de Coordinación Política con proposición con punto de acuerdo relativo a los cobros excesivos que con el concepto de bonos y compensaciones mensuales y trimestrales hicieron servidores y ex servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de México en las elecciones ordinarias y extraordinarias celebradas en el año próximo pasado)

-El Presidente: Un momento Secretaria.

-La misma Secretaria: Sí, señor Presidente.

-El Presidente: Señoras y señores Legisladores, esta Presidencia tiene información que están de visita en esta Cámara los integrantes del cabildo y el señor Presidente Municipal, ingeniero Ernesto Saro Warman, del municipio de Ramos Arizpe, del estado de Coahuila. Les damos la bienvenida.

(aplausos)

Antes de que la Secretaría consulte a la asamblea si se aprueba o no la proposición, esta Presidencia tiene registrado para hablar en pro de esta proposición de la Junta de la Coordinación Política, al señor diputado don Israel Gallardo Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a quien se le concede el uso de la palabra.

-Diputado Israel Raymundo Gallardo Sevilla (PAN): Con su permiso, señor Presidente.

-El Presidente: Adelante diputado.

-Diputado Israel Raymundo Gallardo Sevilla: Estos hechos en los que un grupo de consejeros del Instituto Electoral del Estado de México se autorizaron bonos por más de 2 millones y 3 millones de pesos, en los cuales se dice o dicen ellos que fue por la carga de trabajo del 9 de marzo en las elecciones del Estado de México y por unas extraordinarias del 12 de octubre, este hecho preocupa de verdad a los habitantes del Estado de México y preocupa de manera muy importante a cada una de las personas que vivimos en el Estado de México, porque si el órgano que se encarga de que las elecciones estén dentro de una democracia, este órgano es el que está autorizándose este tipo de bonos.

En el Estado de México el IEEM no solamente ha tenido la osadía de autorizarse 400 mil pesos por los trabajos del día 9 de Marzo a cada uno de los Consejeros, sino que continuamente, durante todo el año 2003 se estuvo autorizando bonos hasta completar más de 3 millones de pesos a cada uno de los Consejeros.

Esto no puede ni debe de quedar así, por eso el día de hoy, el Partido Acción Nacional está a favor de que la Secretaría de Hacienda investigue todos y cada uno de los ingresos porque además de autorizárselos, jamás dieron cuenta a los impuestos que marca la Ley de ISR.

También, por eso, le pedimos a la Contraloría del Estado de México del mismo Instituto, a que investigue a cada uno de los servidores públicos y funcionarios del IEM para que se investigue si fueron de verdad legalmente estos bonos y si no fueron, que se castigue a los culpables, porque al IEM, al IFE y a esta Cámara no se viene a obtener sino se viene a ver qué es lo mejor para México y nuestra democracia.

Muchas gracias. (aplausos)

-El Presidente: Gracias señor Diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la Proposición.

-La Secretaria diputada Amalin Yabur Elias. En votación económica se pregunta si se aprueba la Proposición.

Los ciudadanos Diputadas y Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación) Gracias.

Los ciudadanos Diputadas y Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

La mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.

-El Presidente: Aprobada.

Continuamos en el Orden del Día.

Tiene el uso de la palabra, el señor Diputado don Carlos Zeferino Torreblanca Galindo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para una Iniciativa que adiciona un numeral al Artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y reforma los Artículos 28 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

-El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo (PRD).- Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. México no puede ni debe seguir siendo un país de sueños malogrados, los cambios que se requieren deben ser una realidad, los acontecimientos recientes muestran una descomposición en el ámbito político nacional , no hace sino recrudecer lo que ya se venía presentando desde el pasado.

El Congreso Mexicano no ha respondido a los grandes retos de la democracia, si somos honestos, tenemos que reconocer que el Poder Legislativo en México no ha ejercido sus facultades a plenitud, durante años, se sostenía que las relaciones entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial deberían de ser armónicas, pero en la realidad, el Poder Legislativo se encontraba subordinado al Ejecutivo, el equilibrio de Poderes en nuestro país , en la práctica política era letra muerta. Nuestra constante fue que el único gran Legislador era el Ejecutivo, los Diputados, como nos catalogaba el pueblo, no eran mas que un grupo de levantaderos.

A partir del parte aguas histórico de este país, donde se da la normalidad democrática, el Congreso, en lugar de ser factor de avances se ha convertido en cuello de botella, no funciona como un verdadero Poder autónomo.

Si el concepto de Parlamento es, entre otros, el de la arena de la discusión y debate de las ideas políticas, entonces el nuestro es un Parlamento a medias. La regulación de las discusiones a través de acuerdos parlamentarios que regulan las sesiones y los debates, siendo esto una muestra de la falta de eficacia del marco normativo del Congreso y de la necesidad de su reforma para coordinarlo con la esencia de toda Asamblea Legislativa y deliberativa.

En el caso del Congreso Mexicano, se tiene una serie de reglas y acuerdos que contradicen lo establecido por las normas que regulan la vida orgánica de este; prueba de ello, son los distintos acuerdos que en la mayoría de los casos se hacen valer por sobre la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su Reglamento, haciendo que imperen una serie de usos y costumbres que desde hace ya varias legislaturas limitan el natural desarrollo del debate parlamentario, además de atentar contra la jerarquía reconocida constitucionalmente para cada tipo de normas, ello ha provocado que el Parlamento Mexicano haya perdido una de las características que deben distinguir a esta clase de órganos legislativos, que es la de producir normas que actualicen las normas (sic) que rigen a toda sociedad.

La situación actual de las Cámaras muestra múltiples y diversas contradicciones en su Ley Orgánica, tanto en contra de sí misma como del Reglamento Interior, mismo que adolece de incongruencias propias.

A su vez, esto ha provocado que sobre la marcha del ejercicio de cada Legislatura se adopten acuerdos parlamentarios que rigen sobre determinados actos en un tiempo determinado, perdiendo vigencia para otros aunque sean de la misma naturaleza y carácter pero en diferente tiempo y circunstancia, así se ha llegado al absurdo jurídico de que un acuerdo esté por encima de la Ley y su Reglamento, violando ostensiblemente el principio de legalidad y jerarquía normativa.

El debate de los temas nacionales está circunscrito a la exposición de diez minutos y la réplica y dúplica en su caso, de cinco minutos por cada legislador; ello desconoce la intención jurídica del artículo 103 del Reglamento que establece que los discursos de los individuos de las Cámaras sobre cualquier negocio (?) no podrán durar más de media hora sin permiso de la Cámara ya que interpretando a contrario sensu, significa que los discursos pueden durar hasta media hora.

Igual descomposición del espíritu de la norma se presenta en la calendarización de los trabajos del Pleno al establecer tener sólo dos sesiones por semana, pues el Reglamento hace mención a que las sesiones se llevarán a cabo durante los días hábiles de los períodos respectivos.

Lo anterior, derivado del análisis de lo dictado por el artículo 28 del Reglamento que a la letra señala: "Son ordinarias las sesiones que se celebran durante los días hábiles de los períodos constitucionales", siendo comúnmente los días lunes a viernes los reconocidos como hábiles, con las excepciones que la propia Ley establece, es decir que son los días lunes a viernes los acreditables hábiles para toda clase de negocios, ya sea jurídicos, políticos, sociales o económicos.

Siendo el caso que las sesiones de Cámara sólo se desarrollan los días martes y jueves e cada semana durante los períodos constitucionales, esto hace que el trabajo legislativo y parlamentario se atrase y se rezague una serie de resoluciones sobre estudios, iniciativas, dictámenes y diversos asuntos además de conllevar las repercusiones en los trabajos al seno de las comisiones ya que las reuniones de trabajo de éstas se programan exclusivamente tres días de cada semana y paradójicamente, en muchas ocasiones al mismo tiempo que se lleva a cabo la sesión del Pleno, ello merma la eficacia del trabajo de los legisladores exigiéndoles una ubicuidad imposible de realizar.

La falta de tiempos para los trabajos de las comisiones no es resultado del número de extensión de las sesiones en Pleno sino de la falta de organización y coordinación que en algunos casos se agrava por la falta de compromiso con las labores legislativas y con las responsabilidades adquiridas al aceptar nuestro encargo.

Nosotros nos quejamos de que la Secretaría de Hacienda legisla a través de circulares misceláneas, pero estamos haciendo exactamente lo mismo en este Congreso.

Hoy tenemos un cuerpo legislativo de 500 legisladores. Aún cuando en su conjunto el costo del Poder Legislativo representa una porción mínima del presupuesto federal, el costo per cápita por legislador es oneroso en función de los resultados.

Por otra parte, se ha dejado de tratar los asuntos económicos de la Cámara, siendo que no ha habido una sola sesión de información o de discusión de este tipo de asuntos durante esta LIX Legislatura, lo cual contraviene claramente el artículo 31 del Reglamento Interior que dispone que después de la sesión pública, los lunes de cada semana, habrá sesión secreta para despachar los asuntos económicos de la Cámara y otra que exija reserva, por lo que los legisladores estamos ignorantes del manejo administrativo y económico de la Cámara.

Existe un absoluto desconocimiento de los estados financieros y los reportes mensuales que la Secretaría General debería rendir ante el Pleno; esto hace que el ejercicio de los recursos de la Cámara, así como su supervisión, se encuentren fuera del control de los congresistas, dando pie, como en anteriores legislaturas, a sospechas, malas interpretaciones, rumores de todo tipo y la crítica de la opinión pública.

La iniciativa que se propone como objetivo de hacer corresponder la Ley Orgánica de sus Reglamento, así como hacer más ágil el proceso legislativo y parlamentario, reivindicar desde luego, el papel fundamental que tiene el Congreso en el debate de las ideas y de los temas de la agenda nacional, terminar con la hipertrofia legislativa que ha adolecido las últimas tres legislaturas, incluyendo la presente, incentivar y promover el debate político en tribuna, además se pretende establecer que los acuerdos parlamentarios tengan un plazo perentorio dentro del cual se obligue que sea presentada una iniciativa que reforme el marco jurídico que corresponde y en caso contrario, es decir, si dicha iniciativa no se presentara, termine su vigencia en el plazo establecido dentro del mismo acuerdo, sin que éste exceda de un año legislativo, contado a partir de su entrada en vigor.

Esto, considero que si dicha propuesta no ha sido considerada como una posible modificación permanente, es porque no ha correspondido a las exigencias y necesidades del trabajo parlamentario. El pueblo muchas veces tiene razón, tiene mucha razón en su molestia y en la visión que tiene de nosotros los congresistas del país, de más frivolidad y los grandes temas siguen atorados en lugar de asumir la tarea de ir a fondo en las reformas tan anunciadas, pero nunca concretadas.

Es tanto, señor Presidente. Quiero solicitar que la iniciativa se inserte en el Diario de los Debates de manera íntegra. Por su atención, muchas gracias.

-El Presidente: Gracias señor diputado Torre Blanca Galindo. Como lo solicita, insértese el documento íntegro en el Diario de los Debates, túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Señoras y señores legisladores, están en el recinto los alumnos del 8° semestre de la Carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, del Instituto Tecnológico de la Paz, Baja California Sur, a quienes damos la bienvenida.

( a p l a u s o s )

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

-El diputado Fernando Espino Arévalo (PVEM): Con su permiso, señor Presidente.

-El Presidente: Adelante.

-El Diputado Fernando Espino Arévalo: Señoras y señores diputados:

Para los gobiernos estatales y municipales debe resultar familiar decir, que la recolección, almacenamiento y compactado y residuos sólidos municipales, tiene un alto costo político, ambiental, económico y de salud pública.

Por tanto, reducir parcialmente estos costos apunta en dirección de solucionar un problema creciente característico de la civilización moderna. Para poder decir, estos costos derivado de la generación de basura, es necesario entender al menos someramente, cuáles son los orígenes de tales residuos, su composición, su potencial de re-uso y reciclaje, tiempo de degradación, volumen ocupado, el daño por contaminación en suelos, aire, visual y su evolución histórica.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social se ha modificado de manera sustancial la cantidad y composición de los residuos sólidos municipales, ya que su generación aumento de 300 gramos por habitante, por día, en la década de los cincuentas a más de 860 gramos en promedio en el año 2000.

Asimismo, la población se incrementó en el mismo periodo de 30 millones a más de 97 millones, estimándose para este año una generación nacional de 84 mil 200 toneladas diarias. Actualmente somos poco más de 100 millones de habitantes, mismos que generamos diariamente entre 95 y 99 mil toneladas de residuos sólidos municipales.

En el año 2002 la población aumentó en 1.28% y en este mismo periodo la generación de residuos sólidos se incrementó en 4.37%, dando como resultado que cada vez seamos más mexicanos y que generemos más basura por habitante.

En México se recolectaba en el año 2000 el 83% del total de los residuos generados, o sea 69 mil 886 toneladas, y quedaban dispersas diariamente 14 mil 314 toneladas. El 50% de la basura que queda dispersa en cauces de ríos, barrancas, lotes baldíos, patios y en todos lados son primordialmente botellas de plástico, la probabilidad de que generemos menos basura por habitante es prácticamente nula, sobre todo ante el escenario de crecimiento económico propio de un país en vías de desarrollo, además, es de creerse que el consumo de productos desechables en botellas de plástico seguirá en aumento.

Afortunadamente, se ha celebrado un convenio entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT y la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN para reciclar los envases en México. Con este convenio estamos dando el primer paso a nivel nacional para valorizar de nuevo los envases de refresco, de esta forma se espera inducir la recolección de las botellas tal y como sucede con las latas de aluminio. Mientras las botellas de plástico no tengan un valor atractivo que incentive su acopio, seguiremos viendo nuestras calles, playas, bosques y ríos infestados de envases de refrescos y agua. Se estima que cada año se dispersan en el ambiente 90millones de botellas, en varios convenios internacionales se ha mencionado el principio del que contamina paga, las compañías que comercialicen su producto contenido en envases de plástico deben ser legalmente corresponsables de su acopio, ya sea pagando por su recolección o retomando el concepto de los envases retornables.

Si los envases de plástico fueran retornables no los tiraríamos con tanta facilidad, ya que al hacerlo se pierde la posibilidad de recuperar el importe que pagamos, cediendo este derecho a aquel que lo recupere. De ese modo se cumple a cabalidad el principio de responsabilidad civil por ensuciar el ambiente, ya que pierde el dinero de su importe quien por irresponsabilidad ensucia, pasando ese recurso a manos de quien por conciencia ecológica o necesidad económica, recupere el envase.

Cuando los envases deban ser desechables, las compañías que ocupen estos contenedores para la venta de su producto deben ser responsables del acopio y reciclado de los mismos. En el convenio de SEMARNAT y CONCAMIN, para reciclar los envases en México se pretende para el año 2006, acopiar y reciclar 2 mil 610 millones de botellas cada año y que recicladas al 100% con fibra textil sirven para fabricar 475 millones de camisetas. Esta suma representa aproximadamente el 29% del total; esto sin duda es un buen paso y más plausible es el hecho de que haya sido de manera altruista, sin embargo hay mucho más por hacer.

El porcentaje de envases recuperados debe ser cada vez mayor y el reciclaje debe ser total y no deberíamos conformarnos con nada menos. Para lograr un acopio suficiente y un elevado porcentaje de reciclado es necesario incentivar la participación ciudadana, que es la otra parte responsable de que los envases se tiren por doquier.

El único modo para que el ciudadano participe del acopio de estos envases es, como ya dijimos, por dinero, por tanto creemos que el incentivo más eficiente es de carácter fiscal, dirigido a los recicladores del plástico para que de ese modo puedan destinar mayores recursos al acopio.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente establece en su artículo 21 que la Federación, los estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental y mediante los cuales se buscará promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, comerciales y de servicios.

De tal manera, que sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de protección ambiental y desarrollo sustentable. Por eso, la creación de empleo que pueda derivar esta ley por concepto de acopio y reciclado, podría ser capturada por los estados, que de manera autónoma incentiven la industria del reciclaje.

Sensibilizados por todo lo anteriormente expuesto y comprometidos con la conservación del medio ambiente, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un capítulo segundo denominado: "de los envases desechables y retornables al título 6° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos".

Así también, se adiciona el artículo 225 al título 7° que habla de los estímulos fiscales a Ley de Impuestos Sobre la Renta.

Finalmente, por economía procesal y parlamentaria, solicito al Presidente de la Mesa Directiva se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria, y que se turne a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Es cuanto, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias, señor diputado Espino Arévalo.

Como lo solicita, insértese íntegro el documento en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una iniciativa que reforma la fracción II del artículo 123; la fracción II y el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.

-La diputada Nora Elena Yu Hernández (PRI): Con el permiso de la Presidencia.

-El Presidente: Adelante, doña Nora Elena.

-La diputada Nora Elena Yu Hernández: Honorable Asamblea:

Los C. Diputados federales de las distintas fracciones parlamentarias, don fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 123, la fracción II y el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país ha sido dañado por el contrabando, derivado en el pasado de la corrupción y complicidad de las autoridades y hoy sustentado en el abuso de esquemas legales que van acabando poco a poco con la economía nacional.

Es tiempo que este Poder Legislativo Federal, reaccione y se ocupe en lugar de preocuparse de este gran problema nacional con modificaciones legislativas que pongan freno a estos abusos.

De brindar mayores mecanismos a las autoridades y de acotar los alcances de las leyes que han sido indebidamente empleadas para perjudicar a la planta productiva del país.

Por tal motivo, los diputados abajo firmantes hacemos un llamado a la unidad por la solución de uno de los más grandes problemas que aquejan a nuestro país, el contrabando y fraude aduanero.

Lamentablemente, las cifras que enmarcan este tema altamente sensible para la economía nacional, son alarmantes ya que se calcula que el contrabando en su conjunto, genera poco más de 8 mil millones de dólares que van a parar a unas cuantas manos, sin el consecuente pago de impuestos, cierre de empleos, de empresas y desempleo.

En este sentido, la información que hasta el momento se ha generado por el sector productivo nacional como lo es la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, de la Industria Textil, del Vestido, del Azúcar y Alcoholera, de la Cámara Nacional del Fríjol, de la Leche entre otras muchas tantas, han manifestado que las bandas que operan el contrabando técnico o documentado en México, han encontrado para nuestra desgracia, un esquema legal para hacer sus importaciones fraudulentas que van más allá de lesionar los intereses del fisco federal, un sin fin de efectos perniciosos para nuestra economía.

En efecto, diversos sectores industriales del país manifiestan haber detectado el modus operandi de estas organizaciones criminales, como lo es el acudir a la tan noble figura del juicio del amparo, valuarte de nuestro control de legalidad y tutor del orden constitucional.

El juicio de amparo, como todos ustedes saben, es una instancia que tiene por objeto respetar los imperativos constitucionales en beneficio del gobernado, es por tanto un medio de defensa que permite al gobernado a enfrentarse a esos abusos del poder público y obligarlo, a él también, que respete los mandatos que la ley fundamental dispone.

Una de las consecuencias de tramitar un juicio de amparo, es la obtención de la suspensión del acto reclamado, el cual consiste en evitar que el quejoso sufra los efectos o molestias de un acto de autoridad o ley que estando en estudio del tribunal correspondiente, no se determina aún si el acto o disposición legal en cuestión es o no constitucional.

En tal virtud, la suspensión para efectos del amparo, es la paralización o detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido no nazca y si ya inició no prosiga o continúe. En otras palabras, que se detenga temporalmente la ejecución de la afectación jurídica al gobernado, tal y como nos lo han denunciado diversas empresas dedicadas al contrabando y defraudación de la autoridad que han encontrado en la figura del juicio de amparo y la suspensión del acto reclamado, un esquema legal que les permite introducir mercancías sin pagar los impuestos al comercio exterior, las cuotas compensatorias o sin cumplir con los permisos o cupos que establece la autoridad competente, para protección de la economía nacional.

En efecto, los contrabandistas han diseñado un esquema que consiste básicamente en constituir sociedades mercantiles, utilizando identificaciones falsas para encubrir su identidad ante el fedatario público con el que la constituyen, solicitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente solicitan su incorporación a los padrones generales de importación y sectores específicos que controla el Servicio de Administración Tributaria.

Reunidos estos requisitos, se abocan a importar mercancías consistentes generalmente en bienes de consumo final como lo sería el azúcar, el frijol, maíz, telas, vestidos, calzado, juguetes, etcétera, sin el pago de impuestos ni cuotas compensatorias, en virtud de gozar con la suspensión de un juez federal, ya que diseñó su demanda de garantía a manera de que el juzgador no tenga otra opción que la de obsequiar la petición suspensoria del acto reclamado.

Por tal motivo, es imperativo que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se reforme en lo concerniente a la suspensión del acto reclamado visto en los artículos 123 fracción II y 124 segundo párrafo, con el objeto de acotar los beneficios de la suspensión de oficio o la petición de parte y excluir toda posibilidad de que los beneficios de dicha figura sigan dañando paradójicamente la economía nacional.

En esta tesitura, la seguridad nacional está siendo atentada con este esquema de abuso de importaciones que dañan a la economía nacional, de ahí que se apele a esta Cámara de Diputados, a fin de que comprendiendo las razones que imponen esta medida extraordinaria, se apruebe, en la conciencia que son su apoyo estaría abonando al perfeccionamiento de nuestras instituciones como lo es, indudablemente, el juicio de garantías.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes de la Comisión de Economía y distintas fracciones parlamentarias, suscribimos esta iniciativa de decreto por el que reforman la fracción II del artículo 123, la fracción II y el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 1. Se reforma la fracción II del artículo123, la fracción II y el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo para quedar como siguen:

Fracción II, artículo 123. "...cuando se trate de algún otro acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; no se otorgará la suspensión del acto reclamado, cuando con ello se persiga la importación de mercancías sin el pago que corresponda de las contribuciones o cuotas compensatorias o sin cumplir con las medidas, prohibiciones, restricciones o regulaciones no arancelarias que establezcan las leyes y acuerdos que emita el Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y siempre y cuando se trate de mercancías consideradas como sensibles. En este caso, el concepto sensible se define como aquella mercancía, que por su naturaleza sea susceptible de competir en el mercado nacional, bajo condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, su valuación, triangulación de países, afecten o puedan afectar la planta productiva nacional.

Artículo 124 fracción II.- Que no se siga en perjuicio al interés social de la economía nacional ni se contravengan disposiciones de orden público.

Segundo párrafo.- Se considerará, entre otros casos que se siguen, esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la comercialización y venta de mercancías extranjeras, sin acreditar la legal estancia en el territorio nacional.

La producción y comercio de drogas enervantes, se permite la consumación de delitos o sus efectos o el alza de precios, con relación a artículos de primera necesidad, o bien, de consumo necesario.

Se permite la importación de mercancías sin el pago que corresponda de las contribuciones o cuotas compensatorias o sin cumplir con las medidas, prohibiciones, restricciones o regulaciones no arancelarias, que establezcan las leyes y acuerdos que emita el Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 131 de la Constitución Federal, y siempre y cuando se trate de mercancías consideradas como sensibles.

Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o la campaña de alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza o se permita el incumplimiento de las órdenes militares.

A los 27 días de abril del año 2004. Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México. Muchas gracias.

-El Presidente: Gracias diputada Nora Elena Yu Hernández.

Túrnese el documento a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Francisco Javier Landero Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, para establecer en el objeto de la capacitación, el inicio, continuación o conclusión de la educación de los trabajadores.

-El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (PAN): Con su permiso diputado presidente. Vivimos en un contexto económico, político y social que anticipa la urgencia de una nueva dinámica en las relaciones laborales, en donde las mejores oportunidades de trabajo, son generadas por aquellas empresas y organizaciones que cuentan con el personal más capacitado, que tienen la mejor productividad, que otorgan un enfoque en el servicio y cuentan con la mejor tecnología.

La oportunidad de colaborar en estas organizaciones, será aprovechada por aquellas trabajadores más calificados y productivos y con mayor disposición para el trabajo en equipo.

Los países que logren impulsar la creación constante de nuevos y mejores empleos, para que trabajadores, empleadores y gobiernos colaboren en un marco de seguridad jurídica, de respeto a la dignidad humana del trabajador, de impulso a la actividad productiva y de distribución adecuada de los beneficios generados por el trabajo, serán líderes en el establecimiento de las condiciones para el desarrollo humano integral.

Prestar un servicio remunerado durante 40 horas semanales, y en las que muchas veces el trabajador voluntariamente o a petición de sus empleadores, decide permanecer más tiempo laborando, con el objetivo de alcanzar los objetivos organizacionales, hace difícil que el trabajador cuente con el tiempo suficiente para capacitarse, terminar o continuar sus estudios del sistema educativo.

Aunado a esto, es importante que el trabajador tenga el tiempo suficiente para atender y convivir con su familia. Esta situación se refleja en deserción escolar, principalmente por parte de los trabajadores que combinan sus estudios con el trabajo.

De acuerdo a diversos estudios realizados en la materia, se refleja que entre el 50 y 60% del abandono escolar, se produce en el transcurso de la secundaria. La deserción escolar, genera elevados costos sociales y privados, entre ellos, los derivados de disponer de una fuerza de trabajo no calificado y cuando no se han alcanzado ciertos niveles mínimos de educación necesarios para aprovechar los beneficios de programas de entrenamiento, ofrecidos por el Estado o por las empresas.

Los jóvenes que abandonaron la escuela generalmente quisieran volver a continuar con sus estudios. 68% de los jóvenes consultados en la Encuesta Nacional de Juventud 2000 con respecto del total, así lo manifiestan. De este 68% el 43.7 quisiera volver a estudiar fundamentalmente por el deseo de aprender más. El 13.5% por conseguir un trabajo y el 8.9 por ganar más dinero.

Por lo tanto las personas que dejaron truncos sus estudios quisieran en su gran mayoría continuarlos para lograr niveles educativos más altos. De ahí la necesidad de fomentar la continuidad de los estudios con la cooperación y corresponsabilidad del patrón y el empleado y lograr oportunidades de ascenso laboral en un esquema de equidad en donde se premie la voluntad, el interés y el esfuerzo del empleado por obtener conocimiento dentro de los programas de capacitación de la empresa u organización.

No sólo interesa el comportamiento ocupacional o los ingresos de los trabajadores, el incremento y la generalización de la formación escolar y capacitación entre la población en general y los jóvenes que trabajan, trae aparejadas una serie de ventajas en el ámbito personal y social. En lo demográfico, en la esperanza de vida al nacer, en el acceso a servicios de salud y en las condiciones laborales.

Por lo anterior se propone reformar el artículo 153 fracción f) de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de establecer como parte de los programas de capacitación para los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación, la continuidad y conclusión de los estudios en cualquier nivel educativo en que éstos se hayan detenido. Lo que significa sin duda que los empleadores actúen con generosidad y cedan parte del tiempo laboral para fomentar la continuidad de los estudios.

Esta iniciativa permitirá al trabajador estar mejor preparado y empleador contar con personas mejor capacitadas y con estudios certificados. Estos estudios podrán ser contabilizados en el registro de capacitación que lleven las empresas u organizaciones, lo que genera un doble beneficio: por un lado al trabajador le otorga conocimientos y le abre la oportunidad para alcanzar ascensos en razón de su preparación y no sólo de su antigüedad. Al empleador le permite contar con personal mejor calificado, más satisfecho y más comprometido en la organización.

Asimismo, con la obligación de los empleadores de capacitar y adiestrar a sus trabajadores que permite elevar el nivel de vida y la productividad; se incidirá en un mejor nivel educativo, competencia laboral y habilidades, por lo cual se reforma en este sentido la fracción a) y se adiciona la fracción f) bis, del artículo 153 de la citada ley.

Por otro lado esta iniciativa también propone modificar el artículo 154 con el objetivo de que se le otorguen derechos de preferencia para ocupar una vacante y preferir a los trabajadores capacitados sobre los que no lo sean. Esto genera oportunidades a los trabajadores que muestren mayor voluntad y deseos de superación; que deseen estar mejor preparados y actualizados, que busquen el desarrollo personal y que quieran mejorar su aportación para el funcionamiento de la organización en la cual prestan sus servicios.

Esta iniciativa favorece ampliamente al sector juvenil de nuestro país ya que desde el inicio laboral permite que los jóvenes que se preocupen por capacitarse, concluir sus estudios o cubrir los cursos, talleres, seminarios, diplomados o similares, que la empresa contemple en sus programas de capacitación, tengan la oportunidad de aspirar y de competir con equidad por puestos de nivel superior en la empresa u organización.

Con ello se busca fomentar la productividad, ya que a mayores conocimientos y preparación, la eficiencia en el trabajo se incrementa. También se busca reducir la apatía y el conformismo al darse la oportunidad, sobre todo a los jóvenes, de ocupar vacantes superiores en un menor tiempo y se logrará fomentar el espíritu de superación y de reto que posee la juventud.

Compañeras y compañeros legisladores: Es importante que el trabajo se organice en condiciones dignas que permitan una participación favorable de los trabajadores hacia su desarrollo personal y en provecho de la organización.

Es necesario fomentar las condiciones que permitan a la persona humana elevar su nivel educativo, su capacitación y adiestramiento, que les permita a los trabajadores encontrar mayores beneficios y ventajas en las diferentes dimensiones de la vida personal, familiar y social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma a los artículos 153, 154 y 159 de la Ley Federal del Trabajo. Es todo, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias, señor Diputado. Insértese íntegro el documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una iniciativa que adiciona el artículo 91 de la Ley del Seguro Social y el artículo 123 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

-El diputado don Rafael García Tinajero Pérez (PRD): Con su venia, señor Presidente.

-El Presidente: Adelante, Diputado.

-El diputado don Rafael García Tinajero Pérez: Trayendo a la memoria a nuestra Constitución Federal, diremos:

Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería, y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Así lo previene literalmente la fracción XXIX del artículo 123 apartado A de la Constitución General de la República, que no divide ni opone a los dos grupos de seguros centrales, semilla histórica de la seguridad social.

El seguro de enfermedades y maternidad, padecimientos y accidentes no profesionales y la maternidad y el seguro de riesgos de trabajo, enfermedades y accidentes surgidos en ejercicio o con motivo del trabajo.

Si no habla de ello, es como una unidad y no cabe duda que para preservar la vida y la salud de los trabajadores se debe de dar una atención integral y homogénea, sin diferencias esenciales, ya se deriven de los accidentes o las enfermedades, en razón del trabajo o no.

Ninguna justificación existen histórica ni jurídica ni social ni de salud ni moral ni mucho menos humana, para poner jerarquías a los padecimientos, estableciendo enfermedades de primera y de segunda, porque esto es precisamente el error que se comete en la Ley del Seguro Social, al establecer la siguiente diferencia en cuanto a las prestaciones en especie a que tienen derecho los asegurados:

Enfermedades y accidentes no profesionales. En apego al artículo 91 de la Ley del Seguro Social, en este caso los trabajadores tendrán derecho a: asistencia médico quirúrgica, asistencia farmacéutica, servicio de hospitalización, enfermedades y accidentes surgidos en ejercicio o con motivo del trabajo, asistencia médico quirúrgica, asistencia farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis, aparatos de ortopedia, rehabilitación.

Es obvio que la política de prevención de las enfermedades generales prevista en los artículo 110 y 111 de la Ley del Seguro Social deben necesaria y lógicamente completarse; primeramente, con el derecho a la rehabilitación, que no sólo permita que el individuo o víctima de una enfermedad o accidente no profesionales, en mayor o menor medida, recupere su salud, y por tanto, sus capacidades de trabajo, sino que evitará en lo posible al Instituto Mexicano del Seguro Social la prolongación del pago de subsidios y, llegado el caso, al otorgamiento de pensiones de invalidez o incluso en el ramo de vida, por lo que con una inversión mínima el Instituto se ahorrará desembolsos importantes, además de que cumplirá a plenitud sus fines de seguridad social, permitiendo que el individuo recobre su plenitud en la medida de lo posible, y no como sucede actualmente, en que la rehabilitación, si es que viene, debe producirse por milagro, conllevando eso sí la suspensión de la pensión otorgada.

Es más, en el Acuerdo del Consejo Técnico 385 / 2002 del 12 de agosto de 2002, se establece que el Instituto al emitir dictámenes de invalidez temporales podrá estar renovándolos cada dos años, todo con el afán de retrasar lo que más se puede en el tiempo, la carga económica que representan las sumas aseguradas para el Gobierno Federal, vía las pensiones definitivas por invalidez, ante la exigencia legal para su contratación ante las instituciones de seguros.

Aún cuando con el diferimiento de la determinación de la pensión de invalidez definitiva se ponga en riesgo la integridad del trabajador y sin que se diga una palabra sobre la necesidad de que el IMSS instrumente la rehabilitación a favor del trabajador como complemento indispensable a la ilegal renovación ya mencionada.

"Por otro lado, es obvio que la rehabilitación conlleva como medida complementaria el otorgamiento de los aparatos de prótesis y ortopedia para en muchos casos permitir hacer efectiva tal rehabilitación y alcanzar el máximo de salud en el individuo. Siempre será más barato sobre todo si se apoya la investigación patentes y producción nacionales, la entrega de aparatos de prótesis y ortopedia que otorgar subsidios y pensiones.

"Además hay que tomar en cuenta que los trabajadores que no cumplan con los requisitos para una pensión y por la otra se le nieguen los medios para restablecer sus funciones: rehabilitación, aparatos de prótesis y ortopedia, no le quedará otro camino que el de la desprotección total, la calle, la injusticia completa.

"Las pensiones por invalidez o el lanzar al asegurado a la desprotección debe ser una absoluta excepción. Ante la seguridad social debe operar con toda su fuerza a través de la prevención, la rehabilitación y el otorgamiento de aparatos de prótesis y ortopedia como los ejes centrales de la actividad del IMSS respecto de los seguros de enfermedades y maternidad y riesgos de trabajo.

"Apoyando nuestro punto de vista el IMSS en su último informe sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2002-2003 presentado al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión expresa: Idealmente se quisiera un sistema que reintegrara a discapacitados sus funciones o a nuevas tareas que le permitan una valoración social sin necesidad de subsidios.

"Sin embargo los sistemas del mundo se enfocaron en el siglo XX a hacer lo contrario, es decir, a retirar al trabajador discapacitado. La activación integración del trabajador con discapacidad es uno de los retos más importantes que se enfrentan al renovar la política de seguridad social. Para ello se requieren instalaciones médicas especializadas y fomentar intensamente la rehabilitación.

" C o n c l u s i o n e s:

"En unas páginas adelante en torno a las medidas que el IMSS debe tomar para solucionar sus problemas financieros se indica: fomentar la rehabilitación y la reincorporación de los trabajadores al trabajo.

"En consecuencia de lo expresado proponemos la reforma del artículo 91 de la Ley del Seguro Social, a efecto de que se hagan extensivos al seguro de enfermedades y maternidad las prestaciones en especie consistentes en rehabilitación, aparatos de prótesis y ortopedia.

" L e y G e n e r a l d e S a l u d :

"Lo anterior por la mayoría de razón si partimos de que la Ley General de Salud prevé en su artículo 3o. fracción XVII como materia de salubridad general la prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos.

"Por su parte el artículo 37 de la Ley General de Salud en relación con los artículos 32 y 33 del mismo ordenamiento apoyan expresamente nuestra posición, ya que por una parte el primer precepto establece que los servicios que las instituciones públicas de seguridad social, entre las cuales queda incluido el IMSS, prestan atención a sus derechohabientes serán comprensivos de la atención médica, la atención materno infantil, la planificación familiar, la salud mental, la promoción de la formación de recursos humanos, la salud ocupacional y la prevención y control de enfermedades no transmisibles y accidentes.

"Por su parte los mencionados artículos 32 y 33 respectivamente establecen que se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

"Las actividades de atención médica son:

"1. Preventivas que incluyen la promoción general y las de protección específica.

"2. Curativas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno, y

"3. De rehabilitación que incluyen acciones tendientes a corregir las invalideces físicas o mentales.

"Posteriormente el artículo 174 fracción V de la Ley General de Salud refiere en relación a la atención en materia de prevención de invalidez y rehabilitación de los inválidos, la atención integral de los inválidos incluyendo la adaptación de las prótesis, ortesis y ayudas funcionales que requieran.

"El artículo 177 de la Ley General de Salud marca que la Secretaría de Salud y las entidades federativas coordinadamente y en sus respectivos ámbitos de competencia promoverán el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, sicológica, social y ocupacional para las personas que sufran cualquier tipo de invalidez, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, ortesis y ayudas funcionales.

"El artículo 179 de la Ley General de Salud expresa: Las autoridades sanitarias y las educativas en el ámbito de sus respectivas competencias colaborarán para proporcionar atención rehabilitatoria cuando así se requiera.

"Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ley del ISSSTE.

"Por lo que hace a la Ley del ISSSTE en su artículo 23 fracción I en relación a las prestaciones en especie en el seguro de enfermedades y maternidad, se establece la atención médica de diagnóstico y odontológica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación que sea necesaria. Esta ley ya reconoce la diferencia de la Ley del Seguro Social la necesidad de la rehabilitación, sin embargo incoherentemente no consagra derecho a los aparatos de prótesis y ortopedia, complemento indispensable de la rehabilitación.

"La Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas al normar lo relativo a la atención médico quirúrgica, que incluye a los padecimientos profesionales o generales y a los militares y a sus familiares, señala en su artículo 145: "La atención médico-quirúrgica incluye además del servicio médico la asistencia hospitalaria y farmacéutica necesaria y, en su caso, obstetricia, prótesis y ortopedia y rehabilitación de los incapacitados".

"En el ámbito del derecho internacional, precisamente en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 130, relativo a la asistencia médica y a las prestaciones monetarias de enfermedad, se señala: "Enfermedad significa todo estado mórbido, cualquiera que sea su causa".

"En la parte conducente al artículo 8 se establece: "Todo miembro deberá garantizar a las personas protegidas el suministro de asistencia médica, curativa y preventiva".

"En relación al referido artículo 8, el artículo 13 previene: "La asistencia médica mencionada en el artículo 8, deberá comprender pro lo menos la asistencia médica general, la asistencia por especialistas prestada en hospitales, el suministro en los productos farmacéuticos necesarios, la hospitalización cuando fuese necesaria, la asistencia odontológica y la readaptación médica incluido el suministro, mantenimiento y renovación de aparatos de prótesis y de ortopedia, según fuera preescrita".

"En base a todo lo expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa.

"Artículo 1.- Iniciativa de decreto que adiciona el artículo 91 con un tercer párrafo de la Ley del Seguro Social.

"Artículo 91.- En caso de enfermedad no profesional, el instituto también otorgará rehabilitación y aparatos de prótesis y ortopedia.

"Artículo 2.- Iniciativa de decreto que adiciona el artículo 23 fracción I, con un segundo párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser tercero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Artículo 23.- I.- Igualmente a aparatos de prótesis y ortopedia.

"Transitorio.

"Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Muchas gracias.

(aplausos)

-El Presidente: Gracias diputado don Rafael García Tinajero.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una iniciativa que adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley de Nacionalidad.

-El diputado Omar Bazán Flores (PRI): "Iniciativa que adiciona una fracción del artículo 3º de la Ley de Nacionalidad, referente a la inclusión de la matrícula consular como documento probatorio de la nacionalidad mexicana.

"El de la voz, diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona una fracción al artículo 3º de la Ley de Nacionalidad.

"Exposición de Motivos

"Los movimientos migratorios tienen origen en la movilidad natural de los seres humanos en la búsqueda de mejores condiciones de vida y a través de la historia permitieron el asentamiento de comunidades en regiones que al concurrir el tiempo constituyeron el concepto de nación.

"Las naciones se constituyeron a través del siglo y generaciones de individuos que unidos por el concepto de pertenencia a un espacio de tierra forman lazos de raza, creencia, cultura, conocimiento, interés y valores, todos ellos permitieron la definición de ciudadanía, la cual formaron parte del territorio donde se establece la nacionalidad, creando corresponsabilidad entre ellos como un espíritu de solidaridad y fraternidad, estableciendo formas de gobierno que administra la riqueza y se encarga de justa distribución entre sus coterráneos.

"Esta corresponsabilidad es la responsabilidad por la sociedad al participar en el proceso productivo para generar los insumos necesarios para la subsistencia de todas las comunidades. Estos procesos permitieron satisfacer los niveles de vida que permitan la evolución hasta crear las diferentes clases para competencia de mosaico de la nación.

"Con la conformación de los estados o la nación, la migración, dejaron de tener un carácter condensador, se modificaron sus definiciones, categorías y conceptos, se crearon pasaportes y las visas para distinguir a los nacionales y a los extranjeros, se intentó controlar el flujo de personas a través de las fronteras nacionales y se consolidó la política y mecanismos para permitir a los extranjeros residir en el territorio de nuevos estados.

"Así las migraciones en esta etapa tiene caracterizaciones y condiciones de calidad diferentes, tanto en el origen de los estados expulsores como su destino, las causas que los motivan y la excepción de las sociedades receptoras entre otros factores, el surgimiento y la consolidación del capitalismo modificó paulatinamente pero sustancialmente las características de la migración y dio inicio a un proceso de conformación e integración de un mercado de trabajo internacional que no es ajeno al proceso de internacionalización y transnacionalización del sistema en su concepto o en su conjunto. La vocación internacionalista del capitalismo le permitió incorporar , canalizar y adecuar las transiciones y rutas migratorias internacionalmente es a la necesidad del proceso de acumulaciones de capitalismo a grandes centros geográficos.

Nuestro país ha sufrido de la miseria y de la pobreza heredadas desde la Conquista, pasado por el Imperio, Porfirista hasta el movimiento de masas que fueron los de la Revolución Mexicana. Este movimiento fue el punto culminante de una nación que nacía y se abría paso a un subdesarrollo hacia un Estado moderno que permitiría su construcción desde las más grandes demandas sociales, Tierra, Libertad y Justicia.

Los Gobiernos pos Revolucionarios como los define don Pablo González Casanova en la Historia de la Revolución Mexicana, permitieron la construcción del Estado Moderno; sin embargo, la centralización del Poder, la disminución de instrumentos de participación social y, sobre todo, las políticas neo liberales que se incrementaron en los últimos cuatro sexenios, sumieron al país desde los años 80 en una grave crisis económica que disminuyeron dramáticamente las expectativas de trabajo en nuestra sociedad y en nuestro territorio.

Los fenómenos migratorios en nuestro país tienen su origen a partir de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de Febrero de 1848 cuando perdimos más de la mitad de nuestro territorio y un gran número de familias fueron divididas, en 1850 con la fiebre del oro en California y la escasez de trabajo en el Oeste ó Sudoeste de los Estados Unidos se iniciaron los movimientos migratorios provenientes de México en 1870 los despresaron (?) comenzaron a ser más numerosos, después con sus acelerados por las contrataciones de contingentes de trabajadores para la construcción de las vías férreas que comunicaban al norte, al este de los Estados Unidos. Para estas fechas no se habían puesto restricciones legales en la entrada de ningún tipo de migrantes, la primera contratación fue la del Travle, es decir la vía, fuero empleados para colocar rieles, construir tenardientes (?) y dar mantenimientos a las líneas.

La presencia de los trabajadores mexicanos como un grupo importante de inmigrantes que apuntaron el fortalecimiento de la economía de esas regiones estadounidenses se explica y se observa que además se realizaron labores más penosas recibiendo los salarios más bajos.

La inmigración de documentados es un fenómeno que históricamente ha estado asociado a la inmigración documentada, sin embargo con la aparición de restricciones legales cautativamente por la política forma de inmigración de los Estados Unidos y con el aumento de las demandas de trabajadores agrícolas, se observó un incremento de la inmigración indocumentada, fenómeno que se conjunta concepto de finalización de programas de braceros a la población de la Ley de Migración de 1965, este fenómeno se agudiza a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando los Estados Unidos de Norteamérica necesitaban mano de obra, firmaron un acuerdo de contratación con nuestro país, gracias a este ejercicio de campesinos o ejército de campesinos se pudo recoger las cosechas de campo agrícola que alimentaron no sólo a los ciudadanos sino a las fuerzas armadas que combatían en Europa.

No hay que olvidar tampoco que fue principalmente la mano de obra mexicana la que construyó los ferrocarriles en los Estados Unidos de América a principios del siglo XX, la globalización económica también globalización de la economía, una economía sujeta a la economía externa, sufragía y gravemente cada crisis que sucedía a esta, pero tampoco fortaleció el aumento de los movimientos migratorios que tenían como objeto las fuentes laborales y mejores ingresos.

Todo lo anterior explica las condiciones de los mexicanos migrantes quienes en los últimos años han demandado mayor atención de parte de las autoridades gubernamentales y representantes populares, por lo que es importante reconocer que la Matrícula Consular se ha convertido en un documento que identifica para aquellos que no tienen algún tipo de identificación.

Este documento ha permitido a las autoridades mexicanas buscar acuerdos bilaterales que beneficien a los migrantes y lograr que muchas autoridades estadounidenses las reconozcan de manera oficial, por cierto para ciertos trámites. Si este documento sin identificación ha sido reconocido como tal, es hora de hacer lo mismo aquí en nuestro país, se requiere cumplir con lo que las demandas de reiteradas decenas de cientos de peticiones que hemos tenido por parte de grupos sociales así como de la FONABO y otros para lograr que esta identificación sea un documento oficial aceptado por nuestras autoridades para quienes lo aporten sean reconocidos como mexicanos, esto sería sólo una pequeña contribución al apoyo necesario y vital que requieren los mexicanos en el exterior.

Por lo anterior expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforma y adiciona una fracción del artículo tercero de la Ley de Nacionalidad:

Artículo Unico.- Se adiciona la fracción VI, nueve y se renueva la anterior fracción VI a la fracción séptima, quedando de la siguiente manera:

Artículo 3º.- Son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana, cualquiera de los siguientes: …

Fracción V.- no hay cambio…

Fracción VI.- La matrícula consular…

Fracción VII.- A falta de documento probatorio mencionados en las fracciones anteriores se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que de conformidad con la ley lleve la autoridad a los conocimientos y se comprueba las supuestas atribuciones de la nacionalidad mexicana.

Transitorio.- Artículo Primero.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente, diputado Omar Bazan. Muchas gracias. (aplausos)

- El Presidente: Gracias don Omar Bazán Flores

- Túrnese el documento a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Patricia Flores Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para una iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo.

- La diputada Patricia Flores Fuentes (PAN): Con su permiso, señor Presidente.

Con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a través de una servidora, presenta a esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo en materia de flexibilidad laboral para los jóvenes estudiantes y garantizar jornadas laborales máximas para todos los trabajadores, bajo la siguiente.

Estamos convencidos que el progreso humano y el de la nación están condicionados por el buen desarrollo y preparación de las personas.

En nuestro país y en el mundo entero, la educación es la base fundamental para mejora la vida estructural de un país y por lo tanto es el pilar para la subsistencia y la variable prioritaria de toda política pública y acción legislativa que busca detonar el desarrollo personal y social de cualquier país.

El problema es que las condiciones económicas de las familias, en diversas ocasiones provoca que los jóvenes no puedan dedicarse de tiempo completo a sus estudios y deban integrarse al mercado laboral antes de concluirlos con el fin de poder sufragar sus gastos o contribuir al ingreso familiar, algunos otros se ven en la necesidad de abandonar sus estudios para integrarse de tiempo completo al mercado laboral.

De acuerdo a la encuesta nacional de la juventud en el 2002, del total de jóvenes en México, poco más del 45% continúan estudiando; el resto de los estudiantes –entre los 12 y 19 años- dejan sus estudios por la falta de recursos y por la falta de necesidad de trabajo.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que para el cierre del 2003 la SEP estimaba que la deserción en la educación media superior era del 16%, lo cual no cambia mucho respecto al año de 1980 cuando ésta cifra era del orden del 15%; es decir que es un problema que persiste hasta nuestros días.

La situación a nivel superior es un poco diferente porque las cifras si bien son menores, es a partir de 1996 cuando se estabilizan en promedio en un 7.7%, destacando el año 2000 como el más alto en este período, con un reporte del 8.8%; por ello consideramos que es un grave problema que aqueja a nuestro país toda vez que la educación es uno de los elementos básicos en el desarrollo personal y por ende, de nuestro México.

Asimismo, es importante resaltar el hecho de que en promedio poco más del 60% de los jóvenes encuestados manifestaron su interés por regresar a estudiar con el fin de continuar aprendiendo. Esto es una premisa que debe llamar nuestra atención porque quiere decir que hay voluntad para ello pero en la mayoría de estos casos, no tienen los medios económicos ni necesarios. En este sentido, nuestro deber como legisladores es impulsar acciones que permitan vislumbrar soluciones a los problemas que aquejan a todos nuestros jóvenes.

Acción Nacional propone adecuar la legislación laboral para que se otorgue facilidades a todos los estudiantes que tienen la necesidad de trabajar, con el objetivo de establecer un mecanismo que les permita recorrer sus horarios cuando estén en periodo de exámenes.

Esta es una medida que no sólo beneficia a los jóvenes estudiantes, sino que también a los empleadores, toda vez, que mediante el otorgamiento de facilidades para que estudien, el trabajador estará mejor preparado y con ello contará con personal mejor capacitado y con estudios certificados, lo cual podrá traducirse en un aumento de la productividad.

En este sentido Acción Nacional manifiesta su interés, porque se hagan compatibles el estudio y el trabajo, con el objetivo de que aquellos que no puedan dedicarse exclusivamente al estudio por motivos económicos, tengan mayores oportunidades de alcanzar niveles de preparación que les permita superarse y ser más competitivos en el mercado laboral, por lo que se propone la flexibilidad en la jornada laboral para aquellos jóvenes que quieran estudiar.

Por otro lado, atendiendo el principio de que el trabajo humano no es una mercancía y que ante todo se debe velar por el respeto de la dignidad de la persona, proponemos limitar la jornada laboral máxima, toda vez que cualquier forma de explotación laboral atenta contra estos principios, aunado a ello, consideramos que de esta manera se puede fomentar la eficacia en el trabajo por ambas partes y así, potencializar las capacidades del individuo, es decir, aprovechar de manera más efectiva los recursos humanos y materiales.

En este sentido, diversos son los beneficios que pueden llegar a obtenerse con esta propuesta; por un lado, el que los trabajadores no se vean obligados a trabajar extensas jornadas permitirá que tengan un desarrollo integral en su vida, previendo tiempos para cultivar su vida personal y familiar, mayor tiempo de descanso, entre otras cosas más, situaciones que les permitan elevar su motivación y productividad. Así al generarse incentivos para optimizar las horas de trabajo, los empleadores pueden obtener a cambio ahorros por la reducción del tiempo de su capital físico.

Por ello, es que se puede considerar que esta propuesta ayudaría a generar incentivos para el mejor desarrollo de los trabajadores, por un lado y por el otro, eficientar las jornadas laborales que en su conjunto puede llegar a representar un aportación al desarrollo económico de nuestro país.

Por lo antes expuesto, el grupo parlamentario de Acción Nacional presenta esta iniciativa que busca apoyar por un lado, a los trabajadores y empleadores para que sea más eficiente la jornada laboral, estableciendo como máximo nueve horas diarias y por otro, consciente de la necesidad de los jóvenes por trabajar y estudiar al mismo tiempo, busca apoyarlos para que puedan repartir el tiempo de trabajo semanal, a fin de cubrir su periodo de exámenes, generando así, nuevas oportunidades día con día.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, sometemos a su consideración lo siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo en Materia de Flexibilidad Laboral para los jóvenes estudiantes y para establecer una jornada laboral máxima para todos los trabajadores.

Artículo Único.- Se adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo para que quede como se menciona.

" El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder de los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo de la semana, a fin de cubrir con el periodo de exámenes.

En ninguno de estos casos la jornada laboral podrá ser excesiva, de acuerdo a la naturaleza del trabajo ni podrá ser mayor de nueve horas por día, salvo que se obtenga la autorización de la inspección del trabajo".

Transitorio

Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 27 días del mes de abril 2004. Diputada Patricia Flores.

-El Presidente: Muchas gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo 9º al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer el derecho a la cultura.

-El diputado Inti Muñoz Santini (PRD): Con su venia, señor Presidente.

Compañeras, compañeros legisladores: Vengo a esta tribuna a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 9º y un 10º al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer con ello el derecho a la cultura para todas y todos los ciudadanos de este país.

México tiene una larga historia de debates, proyectos, tendencias e instituciones culturales. La persistencia de la nación mexicana a pesar de las severas dificultades que ha enfrentado a lo largo de su historia, puede atribuirse en parte a la constitución de un sólido debate sobre la naturaleza de la nación y la identidad de sus ciudadanos. La cultura mexicana ha sido un territorio de propuesta, crítica y a veces de reconciliación. Los proyectos nacionales más exitosos han surgido de un contexto cultural denso y que ha permitido la incorporación de ideas dispares en sistemas simbólicos, políticos y económicos novedosos que buscaron responder a la realidad cambiante del país.

Entendemos a la cultura como el repertorio de ideas, símbolos, valores, normas, obras artísticas, artefactos, formas de producción y dispositivos de la memoria que una comunidad crea y usa, es un recurso para que las personas y las comunidades definan su identidad, discutan sus problemas, resuelvan sus diferencias y puedan elegir sus alternativas. La cultura es una herramienta para el progreso moral, político y económico de las sociedades; la cultura no debe supeditarse a las ideologías políticas, pero su fomento es una condición para el afianzamiento y el mejoramiento de la democracia. La cultura no puede reducirse a una razón económica, pero el adelanto cultural favorece el progreso económico de las personas y de las sociedades.

La promoción estatal de la cultura es indispensable para garantizar la equidad en la creación y difusión cultural. La Constitución debe establecer la obligación del Estado en la promoción, la creación, el debate y la difusión de la cultura. Para hacer efectiva la libertad de expresión, creación y disfrute de la cultura y para garantizar la variedad de alternativas para los creadores y el público, el Estado debe ofrecer recursos materiales que promuevan de manera activa la difusión de los beneficios de la cultura.

Los medios masivos de comunicación se han vuelto actores centrales en la conformación cultural de las sociedades, el Estado debe tener la facultad de intervenir sin restringir la libertad de expresión, para que la promoción de la cultura ocupe un lugar en la televisión, la radio y la prensa. Esa facultad no implica que el Estado pueda definir que una manifestación determinada merezca el apelativo de cultural y otra no, hay que tenerlo claro; de lo que se trata es de garantizar la equidad entre propuestas culturales de distinta naturaleza, evitando que la capacidad económica y el interés comercial determinen la existencia de una sola cultura. En este sentido, la facultad de intervención del Estado se propone como garantía de la diversidad de propuestas, medios, estilos, formas y contenidos.

Las distintas etapas políticas, económicas y sociales por las que México ha atravesado se caracterizan por haber tenido una política cultural definida en cada momento, sin embargo, aún sigue sin reconocerse un derecho fundamental que debe ser incorporado en la Constitución: el derecho a la cultura.

La Administración del Presidente Vicente Fox generó una serie de expectativas con el Programa Nacional de Cultura 2001-2006, el cual fue denominado "La Cultura en tus Manos", el cual a su vez está sustentado en la relación entre las instituciones culturales y la sociedad mediante la ciudadanización de la política cultural. Del texto de "La Cultura en tus Manos, cito:

"En nuestra Constitución el derecho a la cultura no tiene reconocimiento, en lo relativo a reformas legales deberá promoverse una reforma constitucional para garantizar el derecho de todo mexicano al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la promulgación de una Ley General de Cultura que establezca el marco para la formulación de las políticas culturales y la distribución de competencias en cada uno de sus principales campos de acción", termina la cita.

Por otra parte, la evolución legislativa del derecho a la cultura tiene su origen y sustento en el ámbito internacional, así la declaración universal de los derechos humanos de 1948, la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, dimensionan a este derecho como un derecho humano.

En la Constitución Política, actualmente resulta insuficiente la regulación del derecho a la cultura en sus modalidades de acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, ya que en ninguno de los casos se está frente a un derecho fundamental, en donde la protección jurídica es más fuerte por tratarse de normas vinculantes y que a su vez garantizan derechos subjetivos definitivos a prestaciones, sino a derechos programáticos que se fundamentan en un mero deber del Estado en otorgar ciertas prestaciones ya que el ámbito mismo de las prestaciones culturales del Estado ha cambiado al abrirse nuevos capítulos en los Tratados de Libre Comercio.

Con medidas específicas para defender la creación cultural, el patrimonio histórico, los bienes tangibles e intangibles en la nueva economía y la sociedad globalizadas, las cosas han cambiado en el terreno de la política cultural.

Por ello, el Proyecto de Decreto que presentamos hoy ante esta soberanía, tiene la finalidad de regular el derecho a la cultura como un derecho fundamental para que deje de ser caracterizado como un derecho difuso, entendiéndose como tal aquél que pertenece a todos y cada uno de los que conforman una colectividad, que se particulariza en torno de un bien y que al ser lesionado carece de vías de tutela o protección por falta de interés jurídico del colectivo para hacer valer el interés particular.

La pertinencia de adicionar el artículo 4° y no el 3°, como ya ha sido propuesto en esta Cámara, ambos de la Ley Fundamental, estriba en que el derecho a la educación contenido en el segundo numeral del artículo mencionado, es una garantía social referida a las materias laboral y agraria y el derecho a la cultura es un derecho difuso, esto es, que se integrarían en un solo precepto constitucional, una obligación del Estado y un derecho subjetivo público.

La tendencia de nuestra Constitución es agrupar en el artículo 4° de la Constitución todos aquellos derechos difusos, colectivos y de tercera generación, tal y como sucede con el derecho a la salud, la vivienda, a un medio ambiente sano y los derechos de los niños y las niñas.

Por lo anteriormente expuesto y a nombre de las diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Marbella Casanova, Martha Lucía Micher, Elba Garfías, Rafael Flores y el de la voz, y agradeciendo las valiosas opiniones de especialistas en política cultural como el abogado Antonio Cabrera, Presidente de la Academia Mexicana para el derecho a la cultura y la educación, el doctor Renato González Melo, Benjamín González, Director del Faro de Oriente, Eduardo Vázquez, escritor y poeta y Ricardo Bautista, hoy presentamos la propuesta de adición de los párrafos 9° y 10° al artículo 4° constitucional para declarar a la cultura como un derecho fundamental.

El texto que proponemos es el siguiente: "toda persona tiene derecho a la cultura y a la creación cultural, el Estado garantizará, protegerá, respetará y promoverá ese derecho, atendiendo a la diversidad cultural prevista en el artículo 2° de la Constitución y con pleno respeto a la libertad creativa.

"El Estado garantizará que las personas gocen de libertad y medios para la creación, difusión, desarrollo y conocimiento de la cultura, los medios de comunicación masiva participarán en la producción y difusión de la cultura y por su parte el Estado impedirá la destrucción o pérdida de bienes culturales tangibles o intangibles.

"La ley establecerá los términos y modalidades de las obligaciones contenidas en este párrafo".

Solicito respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva, gire instrucciones para que se inserte en el Diario de Debates la iniciativa que hoy presento ante el Pleno y que la misma sea turnada para dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y Puntos Constitucionales.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

-El Presidente: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra el señor diputado don Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona los artículos 10 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El propio diputado don Jesús Morales Flores, ha invitado a esta sesión y esta Directiva le da la bienvenida, a un grupo de pirotécnicos provenientes de la Junta Auxiliar de Zacaola, del Estado de Puebla. (Aplausos)

-El diputado Jesús Morales Flores (PRI): Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados, paisanos de San Miguel Zacaola,

Señoras y señores:

Los diputados del Sector Agrario del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, consistente en una adición infine (¿) del artículo 10 y aumentar la fracción XXIX-M del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la expedición de una ley que reglamente y regule las actividades pirotécnicas en todo el país, solicitando, señor Presidente, que se inserte en el Diario de los Debates.

No existe festejo religioso, profano, de valor cívico o festivo, que el pueblo no celebre con emotividad y alegría acorde a sus costumbres y tradiciones y que las manifieste con luces multicolores. Es así como los juegos pirotécnicos y fuegos artificiales cobran esplendor, curiosidad y entretenimiento, constituyendo nuestra identidad real y cultural demostrando ingenio y creatividad.

La actividad artesanal de la pirotecnia es lícita y honesta que se ajusta al artículo 5º. constitucional, pues en el ejercicio de esta libertad, no se ofenden los derechos de la sociedad, por lo que a los artesanos se les debe garantizar seguridad, certeza jurídica y protección a productores, transportistas, almacenadores y comercializadores pirotécnicos, para no seguir siendo extorsionados y agredidos por autoridades de los tres niveles de gobierno.

Los reclamos constantes y generalizados que nos hacen individualmente y al través de sus organizaciones, los artesanos pirotécnicos, que suman más de 50 mil diseminados por el país, son en el sentido de no seguir enfrentando los riesgos de la clandestinidad con motivo del ejercicio de su ocupación habitual, carentes de un marco jurídico regulador que norme la expedición de permisos para la producción, transporte y compraventa de juegos pirotécnicos.

La regulación jurídica en el campo de la pirotecnia, debe contener con toda claridad y sencillez las reglas y preceptos que se deben observar, toda vez que la pirotecnia como actividad humana y económica en nuestra sociedad, también cambia y evoluciona.

Actualmente, para gestionar y obtener un permiso, la Secretaría de la Defensa Nacional, se vale de disposiciones complementarias que ni siquiera se relacionan con los bandos de policía y buen gobierno municipales, acuerdos administrativos, circulares o disposiciones de otras Secretarías de Estado que se relacionen con el medio ambiente, protección civil o procuración de justicia.

La secretaría de la Defensa Nacional otorga o niega un permiso con base a la inspección que realiza personal militar, lo que le permite disponer de amplia discrecionalidad que puede variar por razones de la subjetividad de la decisión y la convierte muchas veces en arbitrariedad, poniendo al gobernado o particular en estado de incertidumbre e indefensión.

Los criterios empleados por la SEDENA son poco precisos, ya que el otorgamiento de las autorizaciones, aún cubriendo los mismos requisitos y condiciones, pueden variar diametralmente.

El acto legislativo, desde el punto de vista material, es el que crea una situación jurídica general, impersonal y objetiva; así entendido, puede expresarse mediante la ley o el reglamento, pues ambos consignan una situación como la descrita, con la diferencia de que el reglamento hace referencia a una ley y es expedida por el Poder Ejecutivo.

Los actos propiamente legislativos suelen clasificarse en leyes orgánicas, leyes reglamentarias y en leyes ordinarias; las dos primeras tienen por objeto poner los medios para que pueda funcionar un precepto de la Constitución, en tanto que las ordinarias son simplemente el resultado de la actividad autorizada por la Constitución en ejercicio de sus respectivas facultades, leyes que no son reglamentarias por no hacer referencia a normaciones concretas de la Constitución, menos aún reglamentos que son exclusivos del Presidente de la República y que suponen siempre una ley del Congreso.

En este marco conceptual general, es pertinente apuntar que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es una ley reglamentaria, en correspondencia con la garantía individual que consagra el artículo 10 de la Constitución. El contenido de este precepto en su texto es específico, limitativo, no enunciativo y se circunscribe en su concepción y normatividad a la posesión y portación de armas, tratándose de dos figuras diferentes. Luego entonces, hipotéticamente es inconcebible, desde el punto de vista material, elaborar acto legislativo alguno, que cree una situación jurídica general, impersonal y objetiva, que pudiera denominarse Ley Federal sobre Pirotecnia, que reglamentara la actividad artesanal pirotécnica.

La viabilidad de la Ley Reglamentaria que se comenta, sólo es posible con una adición al precepto constitucional en su parte final alusiva a la reglamentación de la pirotecnia, entendida como el arte que trate de todo género de invenciones de fuego, para diversión y festejo, y como ocupación habitual de artesanos.

Ahora bien, la adición a insertar en el texto constitucional a que hago mención, mediante una técnica legislativa apropiada de hilación, coherencia y continuidad, cuantitativa y cualitativa, del texto que es lo que debe caracterizar al discurso constitucional, propongo a esta soberanía la aprobación de una adición al Artículo 10 Constitucional, considerando a la pirotecnia como una actividad conexa con las armas de fuego, con los explosivos, pólvora, etc., como materia prima para esta actividad lícita de la que viven miles de compatriotas mexicanos.

En referencia a la caracterización de una ley ordinaria, que es simplemente el resultado de una actividad autorizada por la Constitución, cuyas facultades de manera taxativa contiene el Artículo 73 Constitucional, propongo agregar la fracción 29 M para expedir una ley ordinaria, que regule en todo el país las actividades sobre pirotecnia, permisos, licencias, transporte y comercialización, para quedar como sigue:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el Artículo 10 in fine. Se aumenta la fracción 29 del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 10.- Después del texto actual, diría:

Se creara una ley federal que regule la pirotecnia, concebida ésta como el arte que persigue todo género de invenciones de fuego, para diversión y festejo, ancestralmente arraigada en el pueblo. Esta regulación obedece a que se trata de una actividad conexa a la referida en el texto de este artículo.

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad para

fracción XXIX M.- Legislar en materia de pirotecnia, estableciendo las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, así como para la organización y autorización para el trabajo de los artesanos pirotécnicos del país.

ARTICULO TRANSITORIO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. 27 de abril de 2004. Su servidor Jesús Morales Flores.

-El Presidente: Muchas gracias diputado Morales Flores.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

En cuanto a la iniciativa del señor diputado Inti Muñoz Santini presentada con anterioridad a este turno, esta presidencia corrige el turno:

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Cultura.

Tiene el uso de la palabra la diputada Consuelito Camarena Gómez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa de Ley de Educación Superior.

-La diputada Consuelo Camarena Gómez (PAN): Con su venia señor presidente. Amigas diputadas. Amigos diputados. Por disposición de tiempo presentaré una síntesis de la Exposición de Motivos y solicito al señor presidente se sirva ordenar la publicación íntegra de la presente iniciativa en el Diario de Debates.

En Acción Nacional consideramos a la educación un derecho fundamental de todas las personas, constituye el cimiento en el descansa el proyecto de desarrollo nacional y la edificación de una nación justa, solidaria, incluyente, democrática y exitosa.

La educación proporciona las herramientas, conocimientos, y a la vez, potencia las habilidades y destreza de los educandos, con el fin de brindarles todos los elementos necesarios para su formación individual y social. Es la educación la que permite la plena inserción en el desarrollo económico del país en beneficio personal de quien la recibe y de toda la sociedad en su conjunto.

Por ello la educación es la prioridad número uno en la agenda nacional. Los planes y programas que actualmente se tienen en educación superior, no basta con ello, es importante que también se legisle sobre los niveles, tipos y modalidades, su pertinencia, su calidad, su impacto y relevancia en la vida del educando y de la propia sociedad.

Actualmente los países del orbe están sujetos y son parte de un intenso proceso de intercambio y conectividad en distintas áreas del conocimiento y en consecuencia la competitividad entre las naciones se acentúa. Quien disponga de una población preparada para desempeñar eficazmente actividades productivas, accederá con mayor facilidad a un alto nivel de vida; con menos desigualdades entre las franjas sociales, lo cual naturalmente es un anhelo de cualquier país.

En este contexto la educación superior se puede concebir como el último eslabón de la educación escolarizada que concluye con el lanzamiento de los educandos hacia la vida social y productiva. La educación superior es entonces, un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la Nación y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos. Es una vía de acceso para enriquecer la cultura con las aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías. Y al mismo tiempo para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requerido en la economía basada en el conocimiento.

También es un factor para impulsar el crecimiento del producto nacional, la cohesión y la justicia social, la consolidación de la democracia y de la identidad nacional basada en nuestra diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la población.

Debemos buscar como nación tener un subsistema de educación superior de buena calidad, que esté orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y humano del país, que sea promotor de innovaciones y se encuentre abierto al cambio en entornos institucionales caracterizados por la argumentación nacional, la responsabilidad, la tolerancia, la creatividad y la libertad.

Es necesario no sólo ampliar y diversificar la oferta educativa, sino también acercarla a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso. Es decir, hay que acompañar simultáneamente ambos conceptos: buena calidad y cobertura con equidad. Si logramos contar con una cobertura suficiente y una oferta amplia y diversificada que atienda la demanda educativa con equidad, con solidez académica y eficiencia en la organización y utilización de sus recursos, estaremos en el camino indicado para que México desarrolle y explote sus capacidades plenamente a favor de sus habitantes.

A estos retos y ventajas de oportunidad, son a las que nos estamos enfrentando como legisladores cuando nos abocamos a realizar un ejercicio de modificación y reforma a las normas que regulan el subsistema educativo de nivel superior. Varias de estas metas no corresponden al ámbito jurídico del legislador. Por ello para alcanzar estas metas se requiere el concurso compromiso de los tres niveles de gobierno, de los académicos, trabajadores, directivos, estudiantes, egresados, las organizaciones profesionales, empresas y la sociedad en su conjunto.

Nuestro compromiso con la sociedad es preservar el carácter laico y gratuito de la educación pública, promover su constante calidad y pertinencia, permear sus contenidos, valores universales de libertad, tolerancia y respeto entre otros, los cuales hacen de las personas un ser social y lo dignifican.

Porque si bien la esfera de competencia legislativa no alcanza todo el proceso educativo, sí es sin duda la base de donde parten y se sostienen las políticas públicas que darán vida a los preceptos normativos y establecidos previstos por esta ley.

Permítaseme, entonces, resaltar algunas secciones del diseño que proponemos; entre los principales cambios y temas que atiende esta nueva propuesta de ley, se encuentra la regulación de la educación a distancia, que últimamente se ha convertido en un asunto que comienza a competir con planes y programas de estudio convencionales, que requieren la presencia física del educando.

Otro de los aspectos de esta iniciativa es dar la normatividad para la entrada de universidades extranjeras en nuestro territorio.

El Título Primero enuncia las disposiciones generales como las finalidades y los objetivos que orientará la educación superior, así como los actores y elementos que comprenden este subsistema educativo.

El Título Segundo detalla las atribuciones y obligaciones que le corresponden a la autoridad educativa federal, así como las normas a las que se sujetarán las universidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras, que se establezcan en el territorio nacional.

En el Título Tercero se definen las funciones sustantivas propias de educación superior, así como las denominaciones y tipologías, que se aplicarán a las universidades e institutos de educación superior.

Es importante señalar que en ningún precepto normativo de la propuesta de ley se presenta la modificación de intervenir en la independencia y en la autonomía académica de las universidades, pues éstas están facultadas para normar su vida interna académica de acuerdo con sus leyes y ordenamientos.

El Título Cuarto aborda la necesidad de incorporar a la cultura de transparencia y rendición de cuentas a las universidades e instituciones que reciben recursos públicos.

La razón detrás de ello, es que la fuente primigenia del presupuesto gubernamental son los impuestos y, por ende, son el punto de partida en el proceso democrático de la rendición de cuentas.

Consideramos que si las universidades e instituciones son el espacio por excelencia donde se forman los ciudadanos, éstas están compelidas a fomentar y llevar a cabo prácticas y valores que propicien el uso honesto y eficiente de los recursos públicos.

El Quinto y último Título, aborda la evaluación como el elemento crucial en la consecución del objetivo primordial que nos hemos planteado para la educación superior: la calidad. En él se establecen los objetivos que deberán perseguir la planeación y la evaluación que tengan las instituciones, así como los elementos que serán considerados en el proceso de evaluación.

A lo largo de nuestra historia, los legisladores del grupo parlamentario de Acción Nacional hemos luchado reiteradamente por el derecho de acceso que deben gozar todas las personas a la educación, a la cultura, a la creación del conocimiento y al desarrollo tecnológico.

De tal forma, el Poder Legislativo coadyuvará en el logro de la transformación educativa y de la sociedad que México requiere, a través de una participación constructiva, ecuánime y enfocada a construir las bases de una nueva política educativa superior, que atienda las necesidades y desafíos que hoy por hoy tiene nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

-El Presidente: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Cláusula de Conciencia y Secreto Profesional de los Periodistas.

-La diputada Cristina Portillo Ayala (PRD): Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Los medios masivos juegan un papel cada vez más determinante en los procesos judiciales, políticos, económicos y culturales de la comunidad, ellos forman y dirigen el pensamiento del colectivo y por eso la sociedad les reclama mayor confiabilidad y compromiso en la búsqueda y difusión de la verdad, que al fin y al cabo es donde el periodismo encuentra su justificación.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José consagra el derecho a la información al señalar que todo ser humano sin ninguna distinción tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole y que no puede estar sujeto a la censura previa, incluido en el texto constitucional el 4 de octubre de 1977 en el marco de lo que quiso llamarse la reforma política, entre nosotros el derecho a la información fue reconocido también como un derecho de doble vía: derecho del emisor y derecho del receptor.

En nuestro sistema jurídico el derecho a la información se configuró de esta manera como un complejo de libertades específicas que tienen relación tanto en el sujeto que informa, informador, como quien recibe dicha información, informado. Libertad de buscar, libertad de recibir y libertad de difundir, con una cobertura amplia y que protege la emisión o recepción de informaciones y opiniones por cualquier medio o procedimiento.

Es en este punto donde subyace el reconocimiento tácito de los derechos al secreto profesional de los periodistas y a la cláusula de conciencia como garantías componentes del derecho a la información, que consagra el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente como garantías con un doble ámbito de eficacia para la libertad de conciencia de los informadores y como instrumentos para fortalecer una opinión pública libre e informada

A 27 años de instrumentada su base constitucional urge ya desarrollar legislativamente las garantías específicas que integran el derecho a la información con relación a informantes e informados, entre ellas el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional de los periodistas.

De su pleno reconocimiento legislativo y eficaz ejercicio en el seno de las empresas de comunicación y frente a los poderes públicos, depende que el derecho a la información se configure como una auténtica salvaguarda de la opinión pública.

Con este propósito la iniciativa propone proteger el secreto profesional de los periodistas en atención al derecho a la información del público, que para hacerse efectivo es necesario que exista un ambiente propicio para el periodismo veraz e imparcial. Se preserva la fuente no el contenido de la información, que está destinado a ser divulgado como parezca al sujeto activo. Si se obligara a revelar la fuente se enfriaría el proceso de información y se acaban la investigación, búsqueda y difusión de hechos noticiosos.

De esta manera el secreto profesional de los periodistas adquiere su dimensión de garantía que beneficia no sólo al informador, sino también al ente social. Ello significa, y así se reconoce en este proyecto, que los informadores tienen el derecho jurídico y el deber ético de mantener en secreto la identidad de las fuentes que hayan facilitado informaciones bajo condición expresa o tácita de reserva.

La protección de las fuentes informativas constituye una garantía del derecho de los ciudadanos a recibir una información libre y veraz. Este derecho es oponible también a su empresario y a las autoridades públicas, incluidas las judiciales y no podrá ser sancionado por ello ni depararle ningún tipo de juicio.

Como necesaria consecuencia la autoridad pública debe respetar este derecho al informador, eximiéndolo de contestar sobre el origen de su fuente y no realizando requerimientos de aportar cualquier tipo de material que conduzca a descubrir la fuente de información, sin que tenga importancia la gravedad del delito investigado, es decir, el informador citado a declarar en una investigación prejudicial o en un procedimiento judicial podrá invocar su derecho al secreto profesional y negarse, en consecuencia, a identificar a sus fuentes y excusar cualquier respuesta que pudiera revelar la identidad de las fuentes reservadas.

El derecho al secreto alcanza las notas, documentos profesionales o soportes que pudieran manifestar la identidad de la fuente, documentos que no podrán ser aprehendidos policial ni judicialmente, resultando necesario aclarar que con el objeto de dar plena eficacia y amplitud al secreto profesional de los periodistas, en la iniciativa se entiende por informador a todo a quien materialmente cumple una función periodística entendida como la de dar información a la sociedad y carece de toda relevancia si el informador es remunerado, si se trata de su actividad principal, si es colegiado o agremiado y si es colaborador permanente u ocasional.

Por otra parte, con la figura de la cláusula de conciencia, la iniciativa persigue el propósito de salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista.

De acuerdo con el texto del proyecto, la cláusula de conciencia es la facultad que tiene el comunicador de rescindir su relación laboral con la empresa informativa y a recibir una indemnización cuando menos a la que equivale a un despido injustificado, cuando ocurre un cambio notable en la orientación ideológica de la empresa o ésta afecte su reputación o dignidad moral.

De esta manera, conforme a la extensión de su contenido, la cláusula de conciencia permitirá la rescisión de la relación jurídica con la empresa editora en los supuestos de cambio sustancial y objetivo, en la orientación informativa o línea ideológica o, en su caso, también de modificación de las condiciones de trabajo que suponga un perjuicio grave para la integridad profesional del informador o cuando la empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura patente con la orientación profesional del informador.

La interposición de la demanda correspondiente ante los órganos jurisdiccionales competentes, no deparará al periodista perjuicio alguno sin que pueda ser trasladado o modificado en sus condiciones laborales en tanto dure el procedimiento. Además de la demanda, el periodista podrá solicitar que de serle favorable la sentencia se difunda con suficiente relieve en los medios de difusión de la empresa demandada.

La iniciativa recoge también la garantía de negativa a elaborar informaciones contrarias a los principios éticos del periodismo y avala finalmente el respeto del contenido y la forma de información preparada por cada periodista, toda vez que en el artículo 24 del proyecto se establece que los profesionales de la información podrán negarse motivadamente a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio en su contra.

"Hoy nuestro país reclama una prensa libre y sin censura previa en la información que ellos pretenden dar a la población, para tener la verdadera información clara y precisa.

Es tiempo, compañeros diputados, que legislemos por salvaguardar los derechos de nuestros compañeros y amigos comunicadores.

Es cuanto, señor Presidente.

(aplausos)

-El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada.

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene la palabra el señor diputado don Eugenio Mier y Concha Campos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Pesca.

-El diputado Eugenio Mier y Concha Campos (PRI): Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Legisladores. El suscrito, diputado federal Eugenio Mier y Concha Campos, miembro de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el proyecto que reforma y adiciona los artículos 7, 11 y 22 de la Ley de Pesca, bajo la siguiente exposición de motivos.

La República Mexicana posee 11 mil 592 kilómetros de costa de los cuales 8 mil 475 corresponden al litoral del Pacífico y 3 mil 117 al del golfo de México y mar Caribe incluyendo islas, su plataforma continental es de aproximadamente 394 mil 603 kilómetros cuadrados, siendo mayor en el golfo de México, además, cuenta con 12 mil 500 kilómetros cuadrados de lagunas costeras y esteros y dispone de 6 mil 500 kilómetros cuadrados de aguas interiores como lagos, lagunas, de presas y ríos, por lo que las actividades relacionadas con esta porción de nuestro territorio tiene enorme trascendencia, entre ellas destaca la pesca comercial.

La pesca es considerada como una actividad para alcanzar el desarrollo de la nación a través de la explotación y distribución responsable de los recursos que provienen de la misma. La participación de las entidades federativas desde su ámbito de competencia para el control , vigilancia, explotación, otorgamiento de concesiones y comercialización de los productos pesqueros es fundamental para lograr una excelente estrategia de intervención sectorial público privada y descentralizada.

Por ello, compañeros diputados y diputadas, el objeto principal de cualquier iniciativa en beneficio del sector pesquero, sea cual sea su origen, debe tener como interés prioritario el garantizar la conservación, aprovechamiento, preservación y comercialización racional de los recursos pesqueros, así como garantizar una adecuada administración y distribución de los mismos.

Lo anterior, nos lleva a la idea de que cada una de las entidades federativas debe estar involucrada en el desarrollo y fomento de la actividad pesquera basada en la participación y consenso de todos sus actores para lo cual es indispensable llegar a pactos de coordinación con el Gobierno Federal tomando en cuenta las características regionales.

No podemos olvidar que el sector pesquero de nuestro país está reclamando conocimientos tecnológicos suficientes, mano de obra especializada de calidad, inversiones, infraestructura y, sobre todo, el apoyo federal que impulse su pleno desarrollo y que se refleje en una economía fuerte que cubra las necesidades de este sector y tenga un repercusión importante a favor de los pescadores y habitantes de cada una de las regiones pesqueras.

Las partes que intervienen en la actividad pesquera deben de tener un interés legítimo en la utilización y ordenación de los recursos, por lo que cada entidad federada debe tener la facultad para administrar y distribuir mayores recursos y mayores responsabilidades para la administración estatal.

Legisladoras y legisladores, no podemos pasar por alto lo que establece nuestra Carta Magna con respecto a que la Federación está obligada por norma superior a involucrar a los gobiernos locales en la planeación del desarrollo nacional, por lo que debemos comprometernos a promover e impulsar un desarrollo nacional sustentable en materia de pesca que contribuya a cada una de las entidades federativas que participen y se involucren en la adecuada administración, distribución y comercialización de las especies.

Las entidades federativas no son únicamente órganos de administración dentro de la división política, sino que son estados dotados de plena autonomía lo que los lleva a tener una perspectiva no limitativa por sus facultades.

El sector pesquero requiere la unión del poder federal y estatal para ejercer libremente su soberanía.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el presente proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7, 11 y 22 de la Ley de Pesca para quedar como sigue:

1º. Se adiciona el artículo 7 de la Ley de Pesca en su párrafo 1º, para quedar como sigue:

Artículo 7.- El otorgamiento de una concesión o permiso, quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y conservación del recurso de que se trate.

Sin embargo, en materia de pesca y acuacultura, los gobiernos de los estados que cuenten con convenio de descentralización celebrado con el Ejecutivo Federal y con un consejo estatal de pesca y acuacultura tendrán las atribuciones necesarias para el otorgamiento de permisos para el aprovechamiento de las especies propias de cada entidad federativa.

La Secretaría de Pesca en los términos que fija el reglamento, podrá concursar el otorgamiento de concesiones o permisos para el aprovechamiento por área, especie o grupo de especies para la pesca comercial.

Segundo.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 11 de la Ley de Pesca para quedar como sigue:

Párrafo Once.- Los permisos que otorgue la Secretaría de Pesca tendrán una vigencia que no podrá exceder de cuatro años y podrá ser transferido en los términos del artículo 8º de esta ley, con excepción de los que se otorguen para la realización de la pesca de fomento, la pesca deportivo-recreativa y los que se refieran a trabajos pesqueros necesarios para fundamentar la solicitud de las concesiones de pesca comercial.

Los gobiernos de los estados, en los términos del convenio de coordinación que al efecto celebren con el Ejecutivo Federal, otorgarán permisos para el aprovechamiento de las especies de manera racional y sustentable, según las condiciones que en el convenio se señalen.

Tercero.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 22 de la Ley de Pesca, para quedar como sigue:

Artículo 22.- La Secretaría de Pesca tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de esta ley y su reglamento, para lo cual realizará los actos de inspección y vigilancia, la ejecución de medidas de aseguramiento y la determinación de infracciones administrativas.

Las dependencias del Ejecutivo Federal en su esfera de competencia, contribuirán al cumplimiento de esta ley. En casos específicos, la Secretaría de Pesca podrá solicitar el auxilio de algunas de ellas.

Asimismo, los gobiernos de los estados podrán participar en la inspección y vigilancia de conformidad a las bases de operación que celebren con el Ejecutivo Federal.

Artículo Transitorio.

Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es todo ciudadano, Presidente.

- El Presidente: Muchas gracias, diputado Mier y Concha Campos. Túrnese a la Comisión de Pesca.

El siguiente punto del orden del día pasa al final del capítulo, por no encontrarse en el pleno el señor diputado Juan José Bárcenas González.

Tiene la palabra la diputada Rocío Sánchez Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 27, 73, 94, 97, 100, 101, 105, 110 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer al Poder Judicial.

- La diputada Rocío Sánchez Pérez (PRD): Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados.

Comparezco ante ustedes para presentar iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 73, 94, 96, 100, 101, 105, 110 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer al Poder Judicial.

Indudablemente que el fortalecimiento, autonomía e independencia del Poder Judicial y los sistemas de administración de justicia en los ámbitos federal y local son clave para consolidar una transición hacia la democracia, sin autonomía e independencia del Poder Judicial, las premisas básicas de la democracia carecerán de toda realidad, no habrá medios para exigir el cumplimiento del postulado de que las y los ciudadanos gozan de iguales derechos pues la igualdad ante la ley no podría llevarse a la práctica.

Tampoco habrá forma de exigir la subordinación del poder político a la soberanía popular pues no existirán mecanismos para sancionar las transgresiones al estado de derecho, ni para defender y proteger el derecho de rendición de cuentas y la obligación de los gobernantes a rendirlas.

Sólo poderes judiciales autónomos, a nivel federal y en las entidades federativas, podrán hacer efectiva la existencia de un verdadero estado de derecho y hacer que se respeten a cabalidad las limitaciones externas e internas del poder que se consagran tanto en la Constitución General de la República, como en las constituciones particulares.

Unicamente sistemas de administración de justicia independientes y eficaces estarán en capacidad de proteger las libertades y derechos individuales y colectivos y al asegurar la subordinación del poder político al imperio de la ley, que el ejercicio del poder sea percibido por los ciudadanos como legítimo.

En esta línea la iniciativa que se somete a la consideración de esta soberanía propone el fortalecimiento de los órganos de administración de justicia, mediante el desarrollo de tres ejes fundamentales.

A través del primer eje, se pretende consolidar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial de la Federación, al proponer que en el mismo texto de la Constitución General de la República, se le asigne un porcentaje mínimo del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con el segundo eje, persigue alcanzar la onicidad jurisdiccional al incorporar los Tribunales en Materia Agraria, Laboral y de lo Contencioso Administrativo, del ámbito federal al Poder Judicial de la Federación, en tanto que, el tercero tiene por objeto garantizar independencia y autonomía funcional y financiera a los poderes judiciales de las entidades federativas desde el mismo texto de la Constitución General de la República.

Como consecuencia, en primer término, en la iniciativa de reforma propone la creación de una previsión constitucional presupuestaria destinada al Poder Judicial de la Federación, como un apartado presupuestario mínimo permanente que deberá ser incluido anualmente en el Presupuesto de Egresos.

La creación de una previsión constitucional presupuestaria destinada al Poder Judicial de la Federación, tiene como virtud la de establecer un ingreso mínimo en relación con el presupuesto nacional, que debe ser invariablemente destinado a la rama judicial, por ende, asegura un monto suficiente de recursos financieros para que el Poder Judicial responda a la demanda social de justicia, logre sufragar su indeficiencia, los gastos de funcionamiento ordinario de la administración de justicia, mejore la calidad de la justicia como producto institucional, mediante programas de inversión y modernización judiciales y en general para dignificar la función jurisdiccional del Estado.

En la iniciativa la previsión constitucional presupuestaria destinada al Poder Judicial de la Federación, se fija en un mínimo de 2.5% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, que aún cuando sigue siendo un porcentaje moderado con respecto a las exigencias sociales de justicia, indudablemente que implicará un progreso significativo en la materia.

En un segundo aspecto, la iniciativa propone la incorporación de los Tribunales en Materia Agraria, Laboral y de lo Contencioso Administrativo, al Poder Judicial de la Federación. A través de la incorporación de los Tribunales en Materia Agraria, Contencioso Administrativo y Laboral, se evitarían duplicidades y disfuncionalidades en el ejercicio de la potestad jurisdiccional encomendado al Poder Judicial, no se violentarían o cuestionarían los principios de independencia, unidad y exclusividad de jurisdicción que requiere el Poder Judicial para desarrollarse en un verdadero estado de derecho, pues la resolución de controversias sería exclusiva de este Poder. Del mismo modo, con esta reforma el Consejo de la Judicatura Federal sería el único responsable de la vigilancia y disciplina de los juzgadores y del servicio de carrera judicial.

Finalmente, se proponen dos adiciones a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se consideran indispensables e imprescindibles para otorgar independencia y autonomía funcional y financiera al Poder Judicial de las entidades federativas y que indiscutiblemente serán definitorias para dar eficiencia a los sistemas locales de administración de justicia y hacerlos accesibles a la sociedad en su conjunto.

Con la primera adición se reconocería plena autonomía presupuestaria al Poder Judicial de los estados, al garantizarles en el mismo texto de la Constitución General de la República, la asignación de un porcentaje mínimo del Presupuesto de Egresos en cada entidad federativa que ejercería con absoluta independencia.

Con la segunda adición se aseguraría la independencia funcional de las judicaturas locales, las atribuciones administrativas, incluyendo las presupuestarias del Poder Judicial de los estados por disposición expresa de nuestra Carta Magna, se asignarían a consejos de judicaturas locales, órganos que además serían responsables de velar por la independencia de los jueces y magistrados y de aplicar los principios relativos a la carrera judicial.

Para justificar lo anterior es pertinente hacer la observación que la fecha sólo en 15 estados de la Unión existen consejos de la judicatura yv no todos ellos son homogéneos ni todos están provistos de dispositivos suficientes para asegurar la independencia, autonomía y eficacia de la función judicial en sus respectivos ámbitos, con la consecuencia negativa de que los Ejecutivos locales siguen interviniendo e influyendo de manera definitoria en el nombramiento, remoción, tiempo de permanencia, composición y el número de los miembros de las judicaturas estatales.

Corresponde pues reforzar y garantizar los principios de independencia y autonomía funcional y financiera del Poder Judicial de los estados desde la misma Constitución General de la República, aprovechando su doble aspecto de ley fundamental del Estado Federal y de estatuto nacional común a los estados que lo integran.

Señor Presidente, solicito instruya a la Secretaría para que el texto íntegro de la exposición de motivos y el contenido de la iniciativa se inserten en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

-El Presidente: En la Gaceta esta ya publicado, pero insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Gracias, diputada.

En el uso de la palabra el señor diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5 y 7 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.

-El diputado Quintín Vázquez García (PRI): Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados: El suscrito diputado federal por el distrito IX electoral, con cabecera en Guadalajara, Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad otorgado por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad por lo previsto en los artículos 55, fracción II;56; 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expone ante este pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre la Readaptación Social de Sentenciados, relativos a los cursos de formación y actualización, así como a los estudios de personalidad que se practican a los reos, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

El Sistema Penitenciario de nuestro país ha sufrido diversas modificaciones motivadas por la actualización permanente de las normas jurídicas y por la valiosa participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien de manera objetiva otorga un seguimiento puntual respecto a la actuación de los servidores públicos en los centros federales de readaptación social.

La Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados se ha quedado rezagada en virtud de los avances tecnológicos y administrativos y de los nuevos modelos basados en las experiencias que sobre esta materia se han tenido. Si bien es cierto, según los tiempos son las formas y criterios los que se aplican para el desarrollo de los programas y en el marco de las políticas públicas vigentes. La historia sobre la materia nos ubica en diferentes etapas donde la prevención social ha jugado un papel preponderante por las características propias de un programa que define también los principios de la readaptación social, y que además dicha área ha sido la encargada de realizar los estudios médicos, psiquiátrico y social de los reos.

Durante la gestión del Presidente Adolfo López Mateos se resaltan dos aportaciones a la innovación del sistema penal: la creación del Patronato de Reos Liberados y la iniciativa de reforma al artículo 18 constitucional, que consistía en proveer la adecuada organización del trabajo en reclusorios.

Durante la gestión del Presidente Gustavo Díaz Ordaz se aprueba por unanimidad una reforma en donde el Departamento de Prevención Social diversificó sus funciones, abarcando principalmente la ejecución de sanciones de reos sentenciados, el tratamiento de menores y el Gobierno de la Colonia Penal Federal Islas Marías, así como la ejecución de las sentencias de los reos federales en todas las entidades de la República y del fuero común para reos del Distrito Federal, territorios federales y entidades con las que hubiera suscito convenios.

Es durante la gestión del Presidente Luis Echeverría Alvarez, cuando se decreta la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social a Sentenciados, una ley que en su tiempo cumplía con las expectativas y las formas de atención de los sentenciados, la dinámica y los criterios establecidos que en su tiempo permitieron a la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y de Readaptación Social, aplicar y ver sus modelos y estudios como apoyo en la rehabilitación de los reos.

La responsabilidad de la Administración Pública Federal en este rubro ha quedado desfasada debido al desarrollo de técnicas e innovaciones en las áreas académicas y tecnológicas, por lo que resulta imperativo aplicar nuevas formas de trabajo que coadyuven a mejorar los sistemas de readaptación social de sentenciados.

La obligatoriedad para la formación y actualización de los miembros del personal penitenciario, se ha venido aplicando de acuerdo a los elementos pedagógicos y académicos del momento.

El Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública en su artículo 29 señala como atribución del titular de Prevención y Readaptación en su fracción VII, el de establecer en coordinación con la Oficialía Mayor los criterios tipo para la selección, capacitación, evaluación y promoción del personal que preste sus servicios en la prevención y readaptación social, así como brindar el apoyo técnico a las autoridades estatales del Distrito Federal y Municipales en la programación e impartición de cursos en la materia.

Por su parte, la Oficialía Mayor en el artículo 10, fracción VI, establece como atribuciones la coordinar y apoyar la ejecución de los programas de capacitación técnico-administrativa para el personal de la Secretaría.

Lo anteriormente señalado nos indica claramente que no existe método alguno y definido para preparar y actualizar al personal penitenciario. Nuestra realidad actual nos obliga a implementar los modelos exitosos en la formación y actualización del personal, sobre todo de quienes tienen bajo su responsabilidad el trato directo con los reos a veces considerados de alta peligrosidad.

La era moderna obliga a tomar en consideración, inclusive, grandes empresas privadas con amplia experiencia en la materia, llámense corporativos o universidades privadas sin desconocer el alto potencial existente en el ramo de las universidades públicas.

La responsabilidad actual, la vigilancia permanente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la obligatoriedad en el acceso a la transparencia, resultan factores que justifica nuestra iniciativa.

Por otra parte, el régimen penitenciario tiene como responsabilidad la aplicación del carácter progresivo y técnico que constan de períodos de estudio y diagnósticos y de tratamiento, este último en fases de tratamiento en clasificación y de tratamiento preliberacional.

Se establece además que el tratamiento se fundará en los resultados de los estudios de personalidad que se practiquen al reo, los que deberán ser actualizados periódicamente.

La discrecionalidad otorgada bajo el precepto periódicamente y la gran corrupción anterior y actual han dejando en estado de indefensión al reo, por las formas caprichosas de la actuación pública y en la mayoría de las veces por la falta de recursos económicos para entregar la dádiva y conseguir las pautas que le otorguen las garantías que a la propia ley y normas jurídicas señala.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso, la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicione los artículos 5 y 7 de la Ley que establece las normas mínimas sobre la readaptación social de sentenciados.

Artículo Único.- Se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de la ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados para quedar como sigue:

Artículo 5.- Los miembros del personal penitenciario quedan sujetos a la obligación de seguir antes de la asunción de su cargo y durante el desempeño de éste, los diplomados de formación y de actualización académica que se establezcan, así como de aprobar los exámenes de selección que se implante. Para ello, en los convenios se determinará la participación que este punto habrá de tener el servicio de selección, dichos cursos deberán de ser aplicados por universidades u organismos públicos o privados.

Articulo 7.- El régimen penitenciario tendrá carácter progresivo y técnico y constará por lo menos de períodos obligatorios de estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido este último en fases de tratamiento de clasificación y de tratamiento preliberacional; el tratamiento se fundará en los resultados de los estudios de personalidad que se practiquen al reo, los que deberán ser actualizados por lo menos una vez cada semestre.

Será obligatorio el estudio de personalidad del interno desde que éste quede sujeto a proceso en cuyo caso se turnará copia de dicho estudio a la autoridad jurisdiccional de la que aquél dependa.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 27 días del mes de abril del 2004.

El de la voz.

Señor Presidente, solicito a usted, se pueda anotar en el Diario de los Debates de manera íntegra.

Gracias.

-El Presidente: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

-El diputado Pedro Avila Nevárez, (desde su curul): Señor Presidente.

-El Presidente: Sonido en la curul del señor diputado don Pedro Avila.

Disculpen, corrijo el turno: túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

Sonido en la curul del señor diputado don Pedro Avila Nevárez.

-El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Señor Presidente, se han leído aquí muchas iniciativas de decreto sobre la Ley de Normas Mínimas, como la de ahorita que leyó un compañero de nuestro partido. Yo creo que aquí lo que hace falta es, de los estudios de personalidad, lo que hace falta aquí, es que el Congreso de la Unión haga un extrañamiento al señor Gertz Manero y al señor Carlos Tornero Díaz, porque las cárceles están llenas de presos federales, ya están a su máxima capacidad y la Ley de Normas Mínimas, aunque ellos hayan cumplido las tres cuartas partes de la sentencia que marca la mencionada ley, no los ponen en libertad, se están violentando sus derechos humanos.

Los Ceresos y Ceferesos de toda la República están al borde, al borde de motines que pueden ocasionar la vida de gentes inocentes.

(Escándalo en el salón de sesiones)

-El Presidente: Don Pedro Avila Nevárez, compañero diputado, esta Presidencia recibe su comentario, queda constancia en el Diario de los Debates. Entenderá usted que estamos en la fase de iniciativas, usted podrá hacer valer sus argumentos acercándose a la comisión respectiva.

Muchas gracias, don Pedro.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

-El diputado José Luis Hinojosa Moreno: Con su permiso, señor Presidente.

-El C. Presidente: Usted lo tiene, señor diputado.

-El diputado José Luis Hinojosa Moreno: Compañeras y compañeros diputados:

Con el objeto de optimizar el tiempo destinado a la presentación de la iniciativa, referiré a ustedes los elementos de mayor importancia que impulsaron la creación de esta propuesta, en el entendido de que el texto íntegro quedará publicado para cualquier consulta posterior en la Gaceta Parlamentaria.

El suscrito, apegado a los fundamentos legales vigentes en nuestro país, presenta el día de hoy una iniciativa con proyecto de decreto que tiene como fin optimizar y modernizar el trabajo de las comisiones de dictamen legislativo, reformando y adicionando la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciaré exponiendo las razones que motivan y fundamentan esta iniciativa:

El actual sistema político mexicano, después de transitar por un largo y difícil camino de aciertos y retrocesos, se encuentra ahora en una etapa que los teóricos y analistas denominan "consolidación de la democracia".

Es ésta una excelente oportunidad para vislumbrar con mayor optimismo el arribo de un verdadero equilibrio de Poderes y para lograr que todas las fuerzas económicas, políticas y sociales del país asuman de manera cada vez más clara y objetiva sus responsabilidades, para esto es preciso recordar que la pluralidad tomó posesión del escenario político en forma decisiva, a partir de las elecciones federales de 1988. Ha sido desde entonces que las relaciones entre los tres Poderes que rigen nuestra República han tomado un curso diferente.

Esta nueva realidad, también ha planteado en el Poder Legislativo una dinámica que mejora incipiente en la correlación de las distintas fuerzas políticas y en particular, de las Cámaras de Diputados.

Es así que si revisamos el acervo histórico parlamentario de forma retrospectiva, encontramos antecedentes de avances muy interesantes como el de la LVII Legislatura, en la que se lograron introducir elementos de mayor avance tecnológico como el tablero electrónico de votación, que fue fiel testigo de intensos momentos parlamentarios con diferencias en votaciones a favor o en contra, de uno o dos votos.

Fue en esta época de la vida legislativa del país, donde se realizó la última reforma importante a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En esa ocasión se aprobaron innovaciones a las normas internas de ambas Cámaras como la implementación del servicio civil de carrera, el funcionamiento de nuevos órganos de gobierno, así como la creación de los centros de estudios, entre otros logros.

Sin embargo, no se apreciaron los avances necesarios, en cuanto a la regulación del trabajo en comisiones. En comisiones de dictamen legislativo, por lo que este proyecto tiene como objetivo principal, contribuir al mejoramiento de nuestra legislación interna, aportando los elementos necesarios para actualizar el trabajo de los legisladores, facilitando de esta forma las oportunidades de productividad legislativa y el avance en el cabildeo interno, y como resultado lograr las reformas y modificaciones al marco jurídico que el país urgentemente necesita.

Por otro lado, vale la pena recapitular los conceptos más importantes de las comisiones al interior de cada una de las Cámaras, encontraremos que éstas se conforman como pequeños grupos de trabajo, constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.

Estas pueden ser ordinarias, cuando tienen a su cargo tarea de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio. Y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal. Existen también las comisiones especiales o de investigación.

El punto medular de esta propuesta, radica precisamente en reconocer la clara necesidad de fortalecer nuestras comisiones, toda vez que quedaron razonablemente en el pasado los tiempos que cumplían funciones ceremoniales o de reconocimiento y privilegio a unos cuantos diputados, que eran presidentes y secretarios, y donde se decidía fácilmente sobre el incremento de su número, para colocar más legisladores en mejores posiciones.

Es por todas estas razones, que decidimos proponer, se reforme y adicione nuestra normatividad interna, tomando debidamente en cuenta las siguientes consideraciones

1.- En el artículo 39 es necesario definir el motivo por el cual son constituidas las comisiones por el pleno, su correspondencia y su objeto; y por otro lado, resulta indispensable desglosar las tareas específicas que desarrollan las comisiones, ya que se aprecia una ambigüedad en la actual redacción, que no ayuda en el esclarecimiento de las principales acciones que se tienen que implementar, para que resulten más efectivas.

En este mismo artículo se pretende lograr una adecuada especificación de los tipos de dictámenes que se pueden emitir en las comisiones, esto con el propósito de orientar los trabajos inherentes a las mismas.

2.- En el artículo 44 estamos proponiendo el detalle de las obligaciones de los diputados en su trabajo en comisiones, ya que no existe hasta ahora una conciencia clara de la importancia de la labor que deben desempañar en las mismas, así como algunas responsabilidades adicionales para su mejor desempeño.

3.- Un aspecto muy importante en esta propuesta, se refiere a la posibilidad del descuento de un día de la dieta mensual de los legisladores, que falten de forma injustificada en tres ocasiones a reuniones de comisiones o de subcomisiones en un periodo de tres meses, o la sustitución temporal o definitiva, después de seis faltas consecutivas de dichas reuniones de forma injustificada.

Esto obedece a la observancia de la falta de quórum en las reuniones de muchas comisiones, situación que puede llegar a paralizar las actividades parlamentarias si no se modifica la estructura actual.

4.- Otro elemento que se está adicionando, es el de especificar que los secretarios deben contar con un espacio en las comisiones, toda vez que se aprecia una gran discrecionalidad en el reparto de cubículos para el despacho de los asuntos de los integrantes de la mesa directiva.

5.- Una mayor definición en el trabajo de las subcomisiones es ya imprescindible, muchos dictámenes que deben generarse de manera expedita e inmediata, no se logran actualmente por la inadecuada administración de las subcomisiones, que se ha convertido en últimas fechas en el último reducto de las actividades parlamentarias.

6.- Otro aspecto a destacar en el artículo 45, es el detalle de las tareas que tienen que desarrollar los presidentes de la comisión, no podemos dejar indefinidamente al azar o a la capacidad o experiencia de los presidentes la conducción de las comisiones, necesitamos ahora más que nunca, cuando el Poder Legislativo está funcionando como tal, que los titulares de esta importantes células de trabajo, funcionen como verdaderos expertos en el manejo y adecuada conducción de los trabajos legislativos. Y para lograrlo, es urgente definir hacia dónde se tienen que encaminar los esfuerzos.

En el mismo artículo se desglosan de una forma más completa los pasos que se tienen que seguir para emitir dictámenes o resoluciones, considerando a los principales actores que intervendrán en su definición, dentro de las propias comisiones.

7. Consideramos importante señalar por separado la adición que estamos sugiriendo en este mismo artículo 45, con respecto al quórum legal. Entendiéndose éste como el número mínimo de miembros presentes que se requiere para que las comisiones puedan sesionar con validez, para tomar los acuerdos y resoluciones, así como para que exista la representatividad en las decisiones que se adopten.

En este sentido la adición propone que si a la primera convocatoria no asistiere el suficiente número de diputados para considerar la reunión como quórum legal, se convocará por segunda vez con por lo menos 5 días hábiles de anticipación y podrá celebrarse en este caso con el número de diputados que concurran, siendo válidos los acuerdos y resoluciones que se tomen, aun para los ausentes.

8. De igual forma se especifican las atribuciones y responsabilidades de los secretarios, resaltando en este Apartado, la conducción que los miembros estarán realizando a las actividades entre sus compañeros de partidos, integrados a la propia comisión.

9. Finalmente, en el último párrafo de este artículo 45 estamos sugiriendo se agregue el vocablo de "mayoría simple" a la redacción existente, ya que en concordancia con lo propuesto en el cuerpo íntegro de la iniciativa, las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes en el momento en que el Pleno de la propia comisión lo decida.

Concluyo. Asegurando que con la aplicación de estas modificaciones y adiciones, se permitirá el incremento y calidad de la productividad legislativa, simultáneamente se logrará el reforzamiento del procedimiento legislativo.

Es cuanto señor presidente.

-El Presidente: Túrnese a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona el artículo 193 Bis, del Código Penal Federal a fin de tipificar como delito grave el uso de beta análogos en la engorda de animales que den origen a productos de consumo humano.

-El diputado Gonzalo Moreno Arévalo (PRI): Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados; amigos de los medios, que nos acompañan: Pongo a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, presentada por su servidor el diputado Gonzalo Moreno Arévalo, a fin de tipificar como delito grave el uso de beta análogos en la engordad de animales que den origen a productos de consumo humano.

Antes que otro razonamiento, es necesario reconocer que ninguna autoridad estatal o federal ha podido detener la utilización de beta análogos y sus derivados en la engorda de animales cuyos productos están destinados al consumo humano a pesar de ser una práctica que pone en riesgo latente la salud de los consumidores.

Antes que detenerla encontramos que su producción ha aumentado de forma desproporcionada, esto es, que aun cuando se han hecho las propuestas a las autoridades ejecutivas tanto estatal como federal, la utilización de estos productos ha rebasado y con mucho, a las autoridades entre cuyas obligaciones está el cuidado de la salud humana.

El círculo vicioso existente en el uso de los beta análogos y derivados que dañan la salud humana, formando desde el productor o proveedor de beta análogos y sus derivados, que tiene conocimiento que estos productos serán utilizados para la engorda de animales cuyos productos están destinados al consumo humano, quien transporta el producto, quien lo provee, el engordador, el introductor a rastro, quien hace la matanza, el carnicero o en su caso el restaurantero que a sabiendas de que el producto se encuentra contaminado, realizan una actividad encaminada a llevar a quien consume, los productos dañados.

Lo anterior ha llegado a tal extremo que actualmente a pesar de que las autoridades conocen los riesgos que representa para la salud humana la utilización de estos productos y que representan no ya tan solo un riesgo sino una realidad de daño de salud, el uso de aditivos alimenticios modificadores del metabolismo natural del animal, cuya carne será consumida por la sociedad en general, no ha sido ni tan sólo disminuida, cuando menos eliminada.

Por ello, las expectativas que la sociedad mexicana demanda hoy, es atender este problema por parte de la legislación federal, a fin de que califique este acto como un delito contra la salud, considerándolo como un delito grave, sin opción a libertad bajo fianza, a quien forme parte del círculo vicioso mencionado, con la idea de reducir con ánimo de hacerlo hasta terminar por completo con el uso de este tipo de actividades.

Como ejemplo de ello, tenemos que la Secretaría de Economía permita la importación de uno de los beta-análogos que más han causado contaminación en la engorda de animales, cuya carne será para consumo humanos, el clembuterol, que bien es cierto se tiene registrado como producto restringido por obvio de razones.

Los volúmenes se pueden justificar para uso terapéutico en pacientes, por ejemplo asmáticos y gente que tiene problemas de circulación, que en nada justifican los volúmenes de contrabando, y una acción que esta Secretaría no ha llevado a cabo eficientemente, es auditar a los importadores registrados a fin de identificar los canales de distribución de los beta-análogos.

Además, esta iniciativa propone un acto que actualmente no se encuentra señalado por ninguna otra ley o reglamento: qué hacer con los animales contaminados que se encuentran vivos o con las carnes encontradas como contaminadas.

En esta iniciativa se propone que de poder sanar los animales contaminados se pondrán a la venta al mejor postor y el producto será entregado por la autoridad que conozca del asunto, el ayuntamiento donde se encontró el animal o animales vivos; ello conduce a considerar que cuando sea posible este tipo de actos, beneficia a los ayuntamientos, que en general se encuentran con serios problemas económicos.

En conclusión, el suscrito diputado federal Gonzalo Moreno Arévalo, como integrante de esta LIX Legislatura, con base en lo señalado por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, a fin de tipificar como delito grave el uso de beta análogos en la engorda de animales de origen de producto para el consumo humano.

Artículo primero. Se crea el artículo 193 bis del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 193 bis.- Para los efectos de este artículo se extiende por mercancía los productos derivados de animales en cuya engorda se hayan utilizado beta análogos o sus derivados, las sanciones señaladas en este artículo. Se aplicarán independientemente de las que señalan esta u otra ley, a la persona que a sabiendas que serán utilizados para la elaboración de mercancías contaminada o que su trabajo o sus productos de compra-venta se encuentran elaborados con aquella, se impondrán de uno a nueve años de prisión y de 100 hasta 500 días de multa, cuando:

1°.- Introduzca al país o en este produzca o transporte beta análogos o sus derivados.

2°.- Realice la engorda, lleve a cabo el traslado, se dedica a la introducción o lleve a cabo la matanza con mercancía contaminada.

3°.- Se dedique a la venta para consumo humano en forma cruda o preparada de mercancía contaminada. De ser persona moral la que venda la mercancía contaminada, la acción penal y la reparación del daño se ejercitará en contra de la persona física que en calidad de representante legal llevó a cabo el acto de compra-venta de la mercancía contaminada.

4°.- Entregue, regale u obsequie en forma gratuita mercancía contaminada. De acreditarse la contaminación con beta análogos o sus derivados en animal o animales vivos, se procurará llevar a cabo sanarlos, para luego realizar su venta al mejor postor conforme a las normas comunes y cuyo producto será entregado por la autoridad que conozca del asunto, el ayuntamiento donde se encontró el animal o animales vivos.

De no ser posible sanar el animal se sacrificará y se incinerará y los cargos se harán a quien o quienes resulten responsables del delito o delitos que se les acrediten.

Artículo segundo. Se adiciona el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 194. Se calificarán como delitos graves para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

Primero del Código Penal Federal del 1 al 11. 12 contra la salud previsto en los artículos 193 bis, 194, 195 párrafo primero, 195 bis excepto cuando se trate de los casos previstos en las dos primeras líneas horizontales de las tablas contenidas en el apéndice 1. 196 bis.

Transitorios

Primero.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se deroga cualquier disposición contraria a lo establecido en este decreto.

Atentamente.

El de la voz: Diputado Gonzalo Moreno Arévalo.

Es cuanto, diputado Presidente.

-El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con opinión de la Comisión Especial de Ganadería.

Tiene la palabra el señor diputado Tomás Antonio Trueba Gracian, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de permitir la reelección inmediata de los integrantes de los ayuntamientos.

- El diputado Tomás Antonio Trueba Gracian (PAN): Con su permiso, diputado Presidente.

Someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de permitir la reelección inmediata de los integrantes de los ayuntamientos, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente

Exposición de Motivos:

Un buen gobierno es aquél que no le quita el tiempo a los ciudadanos. Los políticos buenos son los arquitectos de los sueños de un pueblo, son espejos de las mejores cualidades de los ciudadanos. El tema del municipio es el más hondo, entrañable y benéfico para la vida de México. No es más que una prolongación amplia de la vida del hombre, necesidad y anhelo, impulso incontenible de la elaboración de superación y cumplimiento de destinos.

En el PAN pretendemos rescatar al municipio como unidad de convivencia, como escuela de ciudadanía y como cédula de protección. Esto solo se logrará cuando los ayuntamientos de cada municipio sean verdaderamente expresión de su voluntad por la participación espontánea y abundante de sus habitantes. Autoridad y pueblo así tendrán objetivos comunes y unificarán esfuerzos para lograrlo.

El municipio debe ser para la familia escudo protector, atmósfera de libertad y providencia coadyuvante. Gracias a la reforma de 1999 los municipios son reconocidos como ámbitos de gobierno, se clarifica su facultad reglamentaria y se determinan sus facultades exclusivas.

Propongo que iniciemos un auténtico federalismo, que se sustente en el reconocimiento de la diversidad existente entre los municipios del país, que favorezca la rendición de cuentas y la toma de decisiones desde lo local y que permita la creación de órganos de representación popular más cercanos a la voluntad de la gente.

El objetivo específico de la reforma es flexibilizar el marco normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que sean los ayuntamientos y las legislaturas locales las que determinen si se permite la reelección inmediata de los integrantes de los ayuntamientos.

Desde 1993 los habitantes de los municipios quedaron sin la posibilidad de mantener a sus buenos gobernantes. La reforma del Constituyente Permanente del 33 para imponer la no reelección inmediata de todos los poderes ejecutivos y legislativos, eliminó la facultad soberana que tenían las legislaturas locales para decidir si tenía cabida la continuidad de los gobiernos.

Antes de la reforma había 11 estados en los que sí estaba prohibida la reelección de cualquiera de los miembros de los ayuntamientos. 8 en los que no se hacía mención, pero también estaban los casos de Guanajuato y Sinaloa en los que se hacía explícito el derecho de la reelección inmediata.

En los tiempos actuales, el sistema electoral mexicano garantiza el sufragio libre, este sistema ha costado mucho a los mexicanos, pero ha proporcionado la confianza de que los votos son emitidos en forma libre.

La demagogia política ha creado un temor infundado por los cacicazgos locales. No hay argumento más falso, ya que el ayuntamiento es la manifestación más democrática dentro de todas las instituciones políticas de este país.

Los municipios no son sólo una división administrativa de los estados, el municipio es la forma primera de la sociedad civil con autoridades propias y funciones específicas, cuya misión consiste en proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar a la comunidad los servicios básicos que la capacidad de las familias no alcanza a proporcionar.

El municipio es sinónimo de libertad, en ellos se desarrollan cuatro elementos básicos de desarrollo cívico y humano: participación ciudadana, democracia, solidaridad y subsidiaridad. Debemos fortalecer estos elementos, dando la libertad de decisión a cada habitante, para que con su sufragio exprese la voluntad para dar continuidad cuando existan buenas acciones de gobierno o para cambiar cuando las acciones de gobierno no satisfagan sus necesidades.

En caso de ser aprobada esta iniciativa, seguramente la gente votará nuevamente por los presidentes municipales en funciones, cuando éstos hayan hecho una buena labor ante su comunidad; cuando no lo hayan hecho, seguramente buscarán una mejor opción.

La posibilidad de reelección inmediata de los ayuntamientos o de los presidentes municipales, posibilitará premiar a los buenos gobiernos, permitirá que haya planeación a largo plazo y sentará los inicios para la profesionalización de los servidores públicos municipales.

Los tiempos de los gobiernos municipales se vuelven como un viaje de cometa, apenas inician los trabajos y ya se tiene que preparar la entrega, lo que ocasiona que cada tres años se reinvente el gobierno municipal.

La pérdida de continuidad origina más atraso, con el consecuente castigo al os ciudadanos de marginación y retraso en obras y servicios.

La reelección es determinación y madurez, es democracia y definición, es garantía de progreso y bien común. La reelección inmediata es una práctica democrática, es una evaluación de la ciudadanía, es una forma cívica de transparencia y rendición de cuentas, así como mecanismo para que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones.

En Latinoamérica la reelección inmediata únicamente está prohibida en México, Colombia y Paraguay, pero en estos últimos dos países el periodo de gobierno es de cinco años.

En Acción Nacional estamos en contra de la reelección del Presidente de la República, los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, pero sí estamos a favor de la reelección de ediles.

Con la aprobación de esta iniciativa fortalecemos el federalismo, ya que esta adición permitirá dar voz a los representantes de los municipios.

Las Constituciones locales tendrán que ser el marco normativo en el que se determinen los términos y condiciones para la elección de los ayuntamientos. Esto dará voz a los municipios, ya que cualquier reforma constitucional local deberá pasar por la aprobación de al menos la mayoría de los ayuntamientos.

Olvidemos cualquier noción lacerante que pensaba que los ayuntamientos y las Legislaturas de los estados no tienen la capacidad de decidir sobre sus formas de gobierno, cuáles son las mejores para su municipio o para su estado. El federalismo político nos exige cambios para tener gobiernos más cercanos a la gente. El federalismo político nos debe llevar a una mayor transparencia y rendición de cuentas, en la que los ciudadanos también participen con su voto.

Esperamos que nuestros compañeros legisladores de todos los partidos no permitan que esta iniciativa quede archivada. Agilicemos nuestro dictamen, nuestro país lo necesita".

Le pido señor Presidente se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y sea turnado a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo y Puntos Constitucionales.

Es cuanto, muchas gracias. (aplausos)

-El Presidente: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra el señor diputado don Abel Echeverría Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal para establecer el Fondo de Apoyos al Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

-El diputado Abel Echeverría Pineda (PRI): Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Con fundamento en lo dispuesto en la Fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal , de conformidad con la siguiente Exposición de Motivos.

Ante el reconocimiento pleno de los gobiernos de los estados que requieren de mayores recursos para lograr un crecimiento sano, debemos impulsar reformas legislativas que se traduzcan en un reconocimiento real y concreto para lo que los estados cuenten con los recursos para atender con eficiencia las demandas sociales.

Los retos que representa la diversidad regional no puede atenderse desde el centro del país con la eficiencia requerida, en esta disyuntiva, los estados deben contar con una mayor capacidad de decisión y con los recursos necesarios para responder a las necesidades ciudadanas.

En comparación con el Gobierno Federal, los Gobiernos de las entidades federativas son poderes directamente más vinculados a la ciudadanía, cuentan con una percepción más integral de los problemas de la población así como sobre todo las acciones necesarias para corregirlos a fondo En este sentido, la honorable Cámara de Diputados en Diciembre de 1999 aprobó la creación del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas PAFEF, dentro del Ramo General 23 denominado Provisiones Salariales y Económicas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000. Este Programa se destinó para el saneamiento financiero a mejorar la calidad del gasto educativo y apoyar la creación del empleo a escala regional.

Posteriormente, en el Presupuesto de Egresos de 2001 al igual que en el ejercicio de 2002, se incluyó en el PAFEF dentro del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas estableciendo que los recursos previstos para el Programa de Apoyos al Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinaran exclusivamente para el saneamiento financiero, Apoyo a los Sistemas de Pensiones de las Entidades Federativas pero proletariamente a las reservas actuariales, así como a la inversión de la infraestructura de las entidades federativas.

Por su parte en el Presupuesto de Egresos para 2003, se creó el Capítulo II denominado De los Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, destinado a través del Ramo General 39 estableciéndose en el artículo 10 el destino de los recursos.

En el Presupuesto de Egresos vigente, se establece un Capítulo III denominado Del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas incluyéndose un artículo 3º que define la aplicación de este Programa.

Como podemos constatar, esta LIX Legislatura decidió incluir como destino de los recursos asignados al PAFEF, también para la modernización de los Catastros y para la modernización de los Sistemas de Recaudación Locales.

Adicionalmente, de manera importante en el mismo artículo, se definió que para el total de los recursos de PAFEF podrían destinarse, al menos, el 20% para infraestructura de provisión hidroagrícola e incremento del temporal tecnificado en los términos y montos que establece el convenio suscrito por el Ejecutivo Federal y las entidades federativas.

Es importante mencionar que el establecimiento de este Programa es un logro de la Cámara de Diputados al reconocer que los recursos asignados son vitales para afrontar los problemas inherentes de las entidades federativas. Por ello, es necesario incluir en el cuerpo de la Ley de Coordinación Fiscal el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para que los recursos que se derivan del mismo, tengan fundamento legal y el carácter de aportaciones definitivas.

Esta iniciativa se presenta con la finalidad de otorgara certeza y certidumbre a los gobiernos estatales para evitar que el PAFEF esté condicionado a la disponibilidad presupuestal o a las negociaciones que suelen darse al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero aún más, debemos legislar para fortalecer las finanzas públicas de las entidades federativas.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta nueva (sic) Cámara de Diputados, la presente iniciativa que adiciona la fracción VIII al artículo 25 y adiciona los artículos 46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal con la finalidad de incluir en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Es cuanto, diputado Presidente.

Le ruego muy atentamente se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de esta iniciativa.

Muchas gracias diputado Presidente.

-El Presidente: Gracias a usted diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado Alvaro Elías Loredo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para adicionar una fracción que dote de facultad para iniciar leyes, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en lo relativo a su encomienda.

-El diputado Alvaro Elías Loredo (PAN): Señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

Con fundamento en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional venimos a presentar iniciativa de reforma constitucional al artículo 71 para adicionar una fracción que tiene por objeto dotar de iniciativa de ley a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las materias vinculadas con el marco jurídico de protección a los derechos humanos, bajo la siguiente exposición de motivos.

Por razones obvias, solamente me ocuparé de algunos párrafos de esta exposición.

Aún cuando en el siglo XIX, concretamente en San Luis Potosí encontramos en la Ley de la Procuraduría de los Pobres, que promoviera don Ponciano Arriaga el antecedente más lejano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es hasta finales del siglo pasado cuando cobra un especial auge el tema de los derechos humanos en México.

A partir de que fueron creados los organismos públicos no jurisdiccionales, de protección a los derechos humanos, se emitieron diversas críticas en torno a la naturaleza jurídica de los mismos y sobre el carácter de sus funciones.

En lo general, los cuestionamientos respondían a que dichos organismos no contaban con la fuerza e independencia necesaria para llevar a cabo adecuadamente sus labores.

Actualmente siguen existiendo ciertas críticas al funcionamiento de estos: el nombramiento de su presidente; la fiscalización a dichos organismos o bien la efectividad de los medios dispuestos para velar por los derechos humanos de los mexicanos.

Es así que al respecto se propone fortalecer la capacidad de la CNDH para cumplir con su cometido, a la vez de fortalecer la vigencia misma de los derechos humanos en nuestro país. En ése sentido, los diputados federales de Acción Nacional proponemos facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para presentar iniciativas de ley que se ubiquen en el marco jurídico de los derechos humanos.

Sin duda, la tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos no obstante, consideramos que de otorgar a la CNDH dicha facultad, se dará un paso importante.

En efecto, reconocimiento social, estatal, jurídico, de una superioridad moral e intelectual, así como la autonomía, son los principios que dan fuerza a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fortalecen y legitiman sus recomendaciones, pero es esa su naturaleza, la de emitir recomendaciones no vinculatorias o si se quiere no coercibles o de cumplimiento obligado para la autoridad.

Ahora bien, en este contexto abría que cuestionarnos si con el planteamiento de la iniciativa no se desnaturaliza a la CNDH, es decir, ¿se le estaría de alguna manera trastocando en sus principios? Dudo que el ombudsman en la mayoría de los casos como una figura vinculada al parlamento, que emite como ya dijimos recomendaciones y no ordenes, pero sugerimos que en este punto se discuta con mayor profundidad en el momento de emitir el dictamen correspondiente.

El respeto a los derechos humanos, se constituye como una exigencia ética y jurídica en el actuar de toda autoridad que se precia de ejercer el poder en un estado democrático de derecho. El grado de respeto a estas prerrogativas humanas, es un termómetro que nos permite medir el grado de desarrollo de una sociedad.

Es por ello que los legisladores, en tanto representantes populares, se encuentran en la necesidad y obligación de dotar de un marco jurídico que posibilite al real protección de los derechos humanos, más aún, desde luego los legisladores de Acción Nacional. Por ello, estamos convencidos de que con la presente iniciativa se dará un paso importante para consolidar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para Acción Nacional, el ser humano es persona con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus acciones y con derechos universales, inviolables e inalieanables, a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana, individual y social. La persona es meta y fin social, no instrumento o medio.

Por eso la responsabilidad social entiende la promoción de la dignidad humana, no como una actitud pasiva que aguarda el mero reconocimiento de prerrogativas personales, sino como un rumbo participativo para provocar espacios, donde el empeño individual y comunitario generen bienes públicos.

Es por eso, que dotarle de iniciativa de ley a la Comisión, le permite a este órgano autónomo contribuir activamente en la promoción de los derechos humanos, en el marco de las características de los mismos y que son universales, porque pertenecen a todas las personas, sin importar su sexo, edad, posición social, partido político, creencia religiosa, origen familiar o condición económica, es decir, pertenecen a todos los seres humanos, de todo tiempo y lugar, incondicionales, porque únicamente están supeditados a los lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos, es decir, los justos intereses de la comunidad. Inalieanables, porque no pueden perderse ni transferirse por propia voluntad, son inherentes a la idea de dignidad del hombre.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 y se le adiciona una fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 71 y se le adiciona una fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71: El derecho de iniciar leyes o decretos compete...fracción 1ª: al Presidente de la República...fracción 2ª: a los diputados y senadores al Congreso de la Unión...fracción 3ª: a las legislaturas de los estados y...fracción 4ª: a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las materias estrictamente vinculadas con el marco jurídico de protección a los derechos humanos.

Por su atención, señor Presidente y compañeras y compañeros diputados, muchas gracias.

-El Presidente: Gracias, diputado.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Alvaro Burgos Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos del Código Penal Federal en materia de protección a la niñez.

-El diputado Alvaro Burgos Barrera (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados: el suscrito, Alvaro Burgos Barrera, diputado federal por el II Distrito Electoral del estado de Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal en materia de protección de la niñez mexicana, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

Resulta preocupante el creciente índice de delitos que se cometen a diario en contra de los niños mexicanos. Resultaría interminable enumerar los diversos actos que diariamente se cometen en contra de su dignidad, de su persona, de su intimidad, de su privacidad, de su moral, de su libertad, de su salud e incluso de su vida, por lo que resulta impostergable la participación de este Congreso para tutelar los derechos más elementales de las niñas, los niños y los adolescentes.

Debemos ser garantes de la condición jurídica de los menores y adolescentes que para padre y madre es su más valioso tesoro: sus hijos. Es un tema que tiene que ver con la incertidumbre del futuro y con los destinatarios del mismo: los niños de México.

Una medida indispensable es el establecimiento adecuado de las normas jurídicas necesarias que protejan las condiciones de los menores, erradicando y sancionando de manera más severa las conductas que transgreden sus derechos más elementales que como seres humanos en condiciones especiales, les corresponden. Esos niños claman nuestra atención sin hablar, sin exigirlo porque no hacen marchas ni plantones ni bloquean vialidades, pero urgen de la decisión para darles protección y resguardo en el marco de nuestra competencia, que es la de legislar.

Basta afirmar en este sentido que un solo niño que sea vulnerado en su persona en cualquiera de las formas o modalidades de maltrato, en el seno de la familia o fuera de ella, siempre será causa más que justificada para que el Estado intervenga. No obstante lo anterior, muchos niños mexicanos viven en condiciones de sobrevivencia y son víctimas del desamor, de la violencia por parte de su propia familia, de la explotación sexual y del abuso laboral, todo lo cual influye negativamente en su salud, su rendimiento escolar, su crecimiento y su desarrollo físico, emocional e intelectual.

Contra lo que suele pensarse, la pobreza no es el único factor del desamparo y el abuso, lo son también las cuestiones culturales. Por ejemplo, dentro de la familia encontramos aquellos patrones de conducta de solución de conflictos mediante formas violentas. La normalidad con la que se encuentra matizada por la costumbre de dureza verbal, aunada al castigo corporal hacia los menores en aras de su educación, hacen de la disciplina un tenue límite entre maltrato y corrección, es decir, por regla general en nuestra sociedad corresponde a los padres la tarea de proveer y educar a las y los menores.

Sin embargo, en algunas ocasiones se les tramita esta función de tal forma que surgen fenómenos como la infancia maltratada y en grado agudo el fenómeno de la niñez de la calle.

El maltrato a menores es la agresión violenta física o emocional de forma intencional contra un menor. Por su forma de ejercerla se caracteriza en dos tipos de maltrato que son activo y pasivo. El primero tiene que ver con la coacción a través de castigos corporales o psicológicos que se ejercen contra el menor.

Aquí se encuentran golpes y otros tipos de afectaciones físicas, así como palabras ofensivas, repetitivas, que afectan la autoestima y salud de menores agredidos.

El segundo tiene que ver con la omisión de cuidados que requiere la niñez, es decir, privación de alimentos, aseo y cuidado del infante, descuidos que ponen en grave riesgo su salud.

Este tipo de maltrato limita y retrasa el desarrollo adecuado de la infancia, es decir, las capacidades físicas y mentales se ven restringidas por aquellos que deberían fomentarlas, en detrimento de la calidad de vida del menor afectado, pesa encontrarse tipificado como delito el maltrato a menores, es difícil que los agresores sean castigados, ya que es muy leve la línea que separa la disciplina educativa y el maltrato.

Los casos en los que se lleva a cabo acción legal, es cuando algún menor tiene que ser atendido en la sala de urgencias médicas. De ahí que organismos internacionales, centros de educación e investigación superior, organismo no gubernamentales e instancias de gobierno, han venido insistiendo desde hace varios años en que deben ponerse en marcha políticas públicas urgentes de atención a niñas, niños y adolescentes.

En México y que para que tales políticas sean exitosas, es necesario crear un marco jurídico que sustente y permita esa puesta en marcha con la participación en todo el país, tanto de los servidores públicos de todas las instancias en los tres órdenes de gobierno, como de las madres, los padres y otros familiares y de los demás integrantes de la sociedad civil.

Por ello, en el año 2000, este Congreso reformó el articulo 4° de la Constitución General de la República, para elevar a rango constitucional el derecho de los niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

De esta forma, en el mismo año fue aprobada la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual prevé principios rectores de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y persigue como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral.

Estas medidas han sido un paso fundamental en materia de los derechos de la niñez, principalmente porque introducen por primera vez el concepto de niña, niño y de sus derechos, aspectos que han permitido proteger a nuestra niñez pero el camino aún es largo y debemos seriamente trabajar en ello.

En congruencia con lo anterior, el cuidado de los menores no es solo una obligación moral de la sociedad, sino es principio esencial de cualquier estado, por lo que es urgente impulsar iniciativas en materia penal a fin de que se establezcan sanciones mayores a quienes incurran en las conductas delictivas en contra de los menores de edad, para revertir la tendencia que hace aumentar el maltrato infantil, el trastorno de menores, el abuso sexual, los suicidios de niños o el fracaso educativo.

Son múltiples los riesgos latentes que amenazan a nuestra niñez como ha sido el secuestro, la inducción al mundo de las drogas, el maltrato de cualquier forma en el hogar en la escuela; lo que ha resultado peor, ha sido la trata de niños, la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y el turismo infantil, siendo estas conductas las más aberrantes porque son cometidas en contra de los miembros más invdefensos que compone nuestra sociedad y por los estragos que le provocan en su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral y social.

Las niñas y niños mexicanos hablan con una voz muy clara y resonante, están demandando que esta Cámara mejore la calidad de las leyes que protegen a los niños. Sabemos que la ley no va a resolver todas las causas fundamentales de la violencia contra la niñez pero es un paso importante para determinar las prioridades nacionales y colocar a la niñez en los primeros lugares.

Mediante la presente iniciativa, propongo que se aumente hasta en una tercera parte las penas por la comisión de delitos en contra de los menores de edad, particularmente, de los delitos tipificados en los artículos 201, 201 Bis, 201 Bis-3, 202, 203 y 205, al capítulo segundo, denominado "Corrupción de menores e incapaces, pornografía infantil y prostitución sexual de menores". Asimismo se reforma en los artículos 264 y 366 Ter, del Título vigésimo primero, denominado "Privación ilegal de la libertad y de otras garantías".

Solicito, señor Presidente, que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.

Es cuanto, muchas gracias.

-El Presidente: Gracias, diputado.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado Fernando Antonio...

-El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde su curul): Señor Presidente.

-El Presidente: ¿Con qué objeto, compañero diputado?

Sonido, por favor.

-El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde su curul): Gracias, Presidente.

Nada más para hacer una petición: que el punto, la iniciativa que acaba de ser leída, también se turne a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por favor.

-El Presidente: Por la materia de la iniciativa, entonces túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y a la de Atención a Grupos Vulnerables.

Tiene la palabra el diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo.

-El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez: Con su venia, diputado Presidente.

El que suscribe, su servidor Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en esta Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política y de conformidad con la ley de la materia, presento a su consideración iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo.

En la sesión del pasado jueves 25 presenté en esta alta tribuna una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y a la Ley Contra la Delincuencia Organizada en materia precisamente de arraigo, porque como hemos señalado, es preciso pugnar día a día por lograr un adecuado equilibrio entre los derechos de la víctima u ofendido y los del propio inculpado, en pro de una debida y garantizada procuración e impartición de justicia, evitando así la práctica excesiva del arraigo que se está llevando a cabo desde hace algunos años.

Reiteramos que el arraigo debe ser implementado como una medida cautelar, que la práctica excesiva del arraigo entraña la privación injustificada del derecho de libertad de quien no sólo no ha sido sentenciado como culpable de un delito, sino de quien apenas es un indiciado y no hay elementos suficientes para considerarlo como un presunto responsable por la comisión de un delito.

Sin embargo, no podemos negar que la figura del arraigo, es un instrumento y una institución, que empleado con responsabilidad y con la firme convicción de no lesionar los derechos humanos del arraigado, resulta de gran trascendencia y utilidad para la persecución de los delitos, por lo que siendo una de las principales obligaciones del Estado el brindar seguridad pública y seguridad jurídica y para evitar que a quien ha cometido un delito se le otorgue el amparo de la justicia federal en contra de una orden de arraigo dictada por un juez, con base en la endeble legislación secundaria que carece de sustento constitucional preciso, es indispensable elevar a rango constitucional la figura del arraigo como medida cautelar.

Es por ello que hoy, compañeros legisladores, proponemos se inserte un párrafo quinto al artículo 16 de nuestra Carta Magna, a efecto de asentar a nivel constitucional los lineamientos aplicables al arraigo, obligando con ello a su observancia a todos y cada uno de los estados que integran la federación, evitando así que se llegue incluso a autorizar el arraigo por sola disposición del Ministerio Público, como ya ha sucedido en alguna legislación estatal.

Así en esta iniciativa se propone que el arraigo o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin autorización, sólo podrá ser decretados por un juez a petición del Ministerio Público. Que el arraigo deberá ser estrictamente domiciliario, es decir, que sólo se practicará en la casa del indiciado y no en hoteles ni en casas de seguridad. Que sólo será sujeto de arraigo la persona en contra de quien se prepara el ejercicio de la acción penal, descartando con ello que procede el arraigo para testigos, víctimas u ofendidos por el delito, que sólo tendrá lugar por la condición de un delito grave, y que sólo procederá cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia.

La prohibición de abandonar una demarcación geográfica, alternativa distinta al arraigo, en ningún caso podrá exceder de 60 días naturales y el arraigo no podrá exceder de 30 días naturales, salvo tratándose de delincuencia organizada, en cuyo caso podrá durar hasta 60 días. El tiempo que dure el arraigo, será computado para efectos de la pena privativa de libertad, si la hubiere.

Nos corresponde a nosotros, señoras y señores legisladores, en esta nueva etapa de la vida democrática de la nación, esforzarnos por velar intensa y eficazmente para que todo acto de autoridad y en particular el arraigo, se ejecute en pleno respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales.

Con esta iniciativa se pretende elevar a rango constitucional, la figura cautelar del arraigo y buscamos considerarlo como institución en pro de la persecución de los delitos, pero bajo la estricta observancia, defensa y respeto de los derechos humanos.

Por lo expuesto y convencido de la trascendencia de esta reforma, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo.

UNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 16, para quedar como sigue:

La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo domiciliario o imponer la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización, sólo a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de acción penal, con motivo de la comisión de un delito grave, siempre y cuando, exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia.

El arraigo se efectuará exclusivamente en el propio domicilio del indiciado y no podrá exceder de 30 días naturales, salvo en tratándose de delincuencia organizada, en cuyo caso podrá durar hasta 60 días.

La prohibición de abandonar una demarcación geográfica, en ningún caso podrá exceder de 60 días.

Si el indiciado resultare sentenciado con pena privativa de libertad, el tiempo que hubiere permanecido arraigado le será computado para estos efectos.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Es cuanto, diputado Presidente.

-El Presidente: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa que reforma los Artículos 97 fracción IV y 99 último párrafo de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-El diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Con su permiso, señor Presidente. Vengo a proponerles, señoras y señores diputados, reformas a los artículos 97, fracción IV; y 99, último párrafo de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Constitución.

Exposición de motivos

La existencia de los recursos dentro de nuestra legislación procesal, obedece a dos principios: uno, la falibilidad del juzgador que como humano puede cometer errores y otro, el derecho de defensa que tenemos los gobernados contra los actos de autoridad que pudieran afectarnos negativamente. Los recursos tienen una conformación íntegramente legal puesto que la ley previene su denominación, su procedencia, su trámite, su decisión y sus efectos.

En el juicio de amparo o de garantías se contemplan tres distintos recursos: el de revisión, el de queja y el de reclamación, amén de los innominados. De estos el de queja es un recurso heterogéneo, ya que su interposición por el quejoso, el tercero perjudicado, la autoridad responsable o el Ministerio Público procede en hipótesis y situaciones procesales, totalmente distintas entre sí. Este en términos generales se utiliza para impugnar resoluciones contra las cuales no es procedente el recurso de revisión.

Para lograr correcta ejecución de los mandatos dictados en el juicio de amparo y para precisar los excesos o defectos en el cumplimiento de la suspensión y de las sentencias que se dictan en el procedimiento de amparo. El artículo 95 de la ley de la materia contempla 11 diversos casos de procedencia del recurso de queja, de la cual pueden conocer, según se trate, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito o los jueces de distrito.

En la lectura del artículo 97 de la Ley de Amparo, se aprecia que existe un término de 5 días, uno de 24 horas, otro de un año y uno más en el que la queja puede interponerse en cualquier tiempo, independientemente del término que sea aplicable a cada supuesto normativo, el recurso debe ser promovido por escrito y presentarse ante la autoridad competente, la cual decidirá sobre su admisión o desechamiento y en su caso, lo tramitará y lo resolverá.

De las hipótesis descritas a la contemplada por la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, la doctrina la llama "queja de término". Esta tiene como objetivo facultar al órgano jurisdiccional superior para juzgar si el inferior al resolver sobre el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada por el quejoso, lo hizo ajustándose a la ley y con base en la demanda de amparo y las documentales acompañadas al escrito inicial y debe interponerse dentro de las 24 horas siguiente a la en que surta efectos la notificación de la Resolución recurrida. El cómputo para la interposición de este recurso se hace conforme al artículo 97, fracción IV, considerando la hora en que se notificó la resolución por recurrir, ya que en materia suspensional los términos se computan de momento a momento y no como en los casos de fondo del asunto, por días naturales.

No obstante, existe una grave discrepancia entre este artículo y el 99 último párrafo de la Ley de Amparo, ya que ambos establecen diversos modos de computar el término de la interposición del recurso. En esa virtud las partes litigantes a menudo cometen errores involuntarios al computar el término que tienen para recurrir la queja. Así, creyendo en que se aplicará el artículo 99 ocurre que se aplica el 97, con lo que de presentar el escrito de interposición del recurso conforme al primero, éste sería desechado por extemporáneo en detrimento de sus legítimos derechos de defensa.

Por tal motivo es necesario dar claridad al procedimiento en materia de recurso de queja de término, certeza jurídica al gobernado y claridad y definitividad adecuadas a la actividad que desarrolla el Poder Judicial de la Federación, mediante las reformas de los artículos 97 fracción IV y 99 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tal sentido se propone que para dar la posibilidad a las partes, de preparar en forma más adecuada su defensa, el término para interponer el recurso de queja, sea el señalado por el último párrafo del artículo 99, es decir, el de 14 horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que para la parte recurrente surta efectos la notificación de la resolución que conceda o niegue la suspensión provisional, el cual por razones de técnica legislativa se incluirá en el texto del artículo 97 fracción IV y se suprimiría del contenido actual del citado 99 de la Ley de Amparo, para evitar duplicidad o redundancia normativa.

Por lo anteriormente expuesto, formulo la iniciativa de reforma de los artículos indicados, cuyo texto íntegro por limitaciones de tiempo para esta exposición verbal, solicito se transcriba en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara. Es cuanto, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

-El diputado José Ángel Córdova Villalobos (PAN): Con su venia, señor Presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas.

A nombre de los suscritos, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa, por la que se reforma el artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Plasmado en el artículo noveno, nuestra Constitución Política nos menciona el derecho que tiene toda persona de asociarse con otras con cualquier objeto lícito, como es el caso de la creación de una persona que marca el artículo 25 del Código Civil Federal y que la denomina moral, sea de naturaleza civil y muy en especial la de naturaleza mercantil, reguladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, como son la sociedad en nombre colectivo; la sociedad en comandita simple; la sociedad de responsabilidad limitada; la sociedad anónima; la sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa.

La naturaleza jurídica de la sociedad anónima se ubica en distintos ordenamientos jurídicos; en la fracción II del artículo tercero del Código de Comercio, marca que la sociedad anónima es un comerciante y se reputan en derechos comerciantes las sociedades constituidas con arreglos a las leyes mercantiles.

Por otro lado, la sociedad anónima como persona moral, en términos del artículo 25 del Código Civil Federal, nos dice que es una persona incorpórea creada mediante un contrato formal, denominado Acta Constitutiva y su existencia para el derecho como una persona diferente a la de los socios es a partir de la inscripción en el Registro Público del Comercio. Asimismo, el Código Civil Federal nos menciona en su artículo 25 en su fracción III, que son personas morales las sociedades civiles o mercantiles.

Cabe enfatizar, el artículo segundo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual literalmente nos dice: "las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta a la de los socios."

La sociedad mercantil, como ya se mencionó, es una persona moral que se crea en virtud de un contrato formal y que atentos a lo dispuesto en el artículo 27 y 78 del Código de Comercio, en tanto no sea inscrito en el Registro Público de Comercio, sólo produce efectos entre las personas que lo celebraron y no puede producir efectos en contra de terceras personas, por lo que la sociedad no inscrita en el citado registro no es una persona distinta de las personas de sus socios.

Las sociedades mercantiles actúan y se obligan, por medio de los órganos que la representan, y dicho de esta forma, en términos del artículo décimo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, su representación corresponde al administrador o a los administradores.

Cabe decir que las sociedades mercantiles son personas diferentes a las personas de sus socios y tienen personalidad jurídica de patrimonio propio.

La principal característica de la sociedad anónima se refiere a su constitución y a la obligación de los socios, que es la que se constituye bajo una denominación y en la que los socios sólo se obligan al pago de sus acciones.

La administración de la sociedad anónima está a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, como lo son la asamblea general de accionistas, el consejo de administración o el administrador que podrán designar a uno o varios gerentes generales, sean o no accionistas.

En cuanto a la vigilancia de la sociedad, la sociedad anónima estará bajo la vigilancia de uno o varios comisarios temporales irrevocables que podrán o no ser socios. Dichas asambleas pueden ser ordinarias, extraordinarias y en estas últimas se reúnen para tratar prórroga y disolución de la sociedad, aumento y reducción del capital, cambio de objeto y nacionalidad, transformación y fusión de la sociedad, emisión de acciones privilegiadas, amortización de las acciones y modificación al contrato social.

Un punto muy importante y que ocupa en esencia esta iniciativa es la legitimación para convocar a la asamblea de socios. Las personas legitimadas por la Ley General de Sociedades Mercantiles para convocar a las asambleas son: el administrador, el consejo de administración y los comisarios.

La ley establece dos excepciones: la primera, faculta a los accionistas que representen al menos el 33 por ciento del capital social, en el caso del artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y a cualquier accionista en los casos previstos en el artículo 185 de la ley de referencia.

En este tenor los fundamentos jurídicos por los cuales se tiene que hacer valer los derechos del artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos imponen al Congreso de la Unión el deber de preservar los derechos que la misma establece a favor de todo individuo, entre ellos el derecho a elegir la actividad económica que le acomode siendo lícita.

Establecer los supuestos y procedimientos a los que pueden recurrir los particulares para defender sus derechos. Cabe destacar que este artículo 184 al tenor del tercer párrafo del artículo 1o. constitucional implica un riesgo para las minorías de accionistas que no representen como mínimo el 33 por ciento del capital social en una sociedad anónima.

Asimismo que se encuentran expuestos a riesgo de sufrir una anulación o menoscabo en sus derechos como accionistas. No están legitimados para solicitar en cualquier tiempo la convocatoria a una asamblea general de accionistas.

Por otro lado, corren el riesgo de quedar al arbitrio de los accionistas que representen más del 67 por ciento del capital de la sociedad anónima. Se propone entonces reformar el artículo 184 con la finalidad de otorgar una mayor protección a los accionistas que representan una minoría del capital social.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Artículo único.- Se reforma el artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para quedar como sigue: Los accionistas que representen por lo menos el 20 por ciento del capital social, podrán pedir por escrito en cualquier término al administrador o consejo de administración o a los comisarios la convocatoria de una asamblea general de accionistas para tratar los asuntos que indiquen en su petición. Si el administrador o consejo de administración o los comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria o no lo hicieren dentro del término de 15 días desde que haya recibido la solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad a solicitud de quienes representen el 20 por ciento del capital social, exhibiendo al efecto los títulos de las acciones.

Transitorios

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Es cuanto, señor Presidente.

- El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Muchas gracias don José Angel Córdova. Túrnese a la Comisión de Economía.

Tiene la palabra el diputado Moisés Jiménez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de Ley Federal de Protección al Maguey.

- El diputado Moisés Jiménez Sánchez (PRI): Con su venia, diputado Presidente.

- El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Adelante.

- El diputado Moisés Jiménez Sánchez (PRI):

Compañeras y compañeros Diputados:

"El suscrito diputado federal, Moisés Jiménez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa con Proyecto de Ley Federal de Protección al Maguey, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El maguey ha sido y es una planta nacional de importancia comercial y por su nula protección está desapareciendo de nuestro paisaje, baste analizar las estadísticas que señalaban hacia el año 1900 una existencia de 100 millones de plantas. En la actualidad sólo se conservan 20 millones aproximadamente, a ello agrego que es demandada en diferentes cadenas productivas como la pulquera, mezcalera, tequilera, artesanal y alimentaria.

El maguey también ha sido y es materia prima para la vivienda de un sector importante de mexicanos, es artesanía con el trabajo fino de sus fibras. El ixtle es fuente de vestido, el chimbó es parte de la dieta de muchos de nuestros pueblos, la cutícula la hemos probado en los mixiotes, sin embargo es muchas veces robada a los productores, incluso a mano armada.

Los campesinos se ven imposibilitados para defender su patrimonio, el que por años cultivaron y el que en una sola noche se los destruyen con el impacto económico y el daño a su salud al saberse afectados en lo que era la inversión de su vida.

Cuando en algún restaurante degustamos un mixiote, nos enorgullecemos de la riqueza culinaria del país, pero no tomamos en cuenta la manera de cómo llegó esa cutícula que da sabor al platillo. No digo que dejemos de saborearlo, exijo que se controle su comercialización en equilibrio a su producción.

La penca de la planta es altamente cotizada para la elaboración de la barbacoa y en temporada de jinicuiles y gusanos de maguey se derriban los mismos para su extracción indiscriminada.

Esta iniciativa, señoras y señores diputados, tiene el propósito de proteger mediante un marco normativo a la planta del maguey. Se permitiría con ello la explotación racional y la generación de empleos directos e indirectos que impactarían en el arraigo familiar y mejorarían las expectativas de desarrollo regional para estados como Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, Estado de México y Zacatecas.

Es el maguey una planta indispensable para la conservación de la fertilidad de las tierras de cultivo. Además de lo anterior la iniciativa no sólo se sustenta en aspectos relacionados con sus derivados, sino también en la visión de un desarrollo rural territorial, proponiendo la integración y competitividad de las cadenas productivas para fomentar la sustentabilidad de los recursos suelo y agua, que permitan prácticas de mejoramiento, rehabilitación y conservación de suelos, tecnificando la producción como política de inversión, capitalizando a las unidades productivas para apoyar la generación del valor agregado en beneficio de los productores primarios, aprovechando el potencial de las regiones y la alternativa que plantean los productores del maguey y el nopal, para reproducir la planta mediante la propagación in vitro, como se hace en otras especies técnicas agronómicas accesibles a corto plazo, que pueden conducir al manejo apropiado con indudable provecho del amplio sector que lo cultiva.

A pesar de que existen organizaciones de productores de maguey en cada una de las entidades mencionadas, la planta de maguey está en peligro de extinción, pues el 60% de la población magueyera ha desaparecido en los últimos 20 años y se redujo su explotación a sólo cinco productos de esta planta, como son la obtención del pulque a partir del aguamiel; extracción indiscriminada del mixiote o cutícula del maguey, recolección del gusano blanco y rojo del maguey y la producción del mezcal, actividades de las que se desprenden cadenas productivas como la alimentaria, la de artesanías, la mezcalera, las cuales aprovechan la piña de la planta, las pencas y raíz, generando ingresos a los productores que participan en las distintas cadenas productivas.

Sin embargo, señoras y señores, no existe equilibrio en la relación con los costos de cultivo, toda vez que una planta de maguey tarda para producir entre 3, 8 y 20 años y su vida útil es apenas de tres años, dependiente de la calidad de la tierra porque sólo florece una vez y muere, pero aporta grandes beneficios agronológicos.

Detiene la degradación de los suelos en zonas de escasa precipitación que afectan al mismo tiempo a la ganadería y que con un adecuado proyecto de reforestación permitiría a los productores temporaleros una actividad económica adicional, que iría más allá de los esfuerzos realizados desde la creación del Patronato del Maguey en 1960 que, entre otros objetivos, se dijo estudiaría nuevos usos del maguey; a estas fechas no se conocen.

El Patronato de 1977 perdió su autonomía y pasó a depender de la coordinación del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y grupos marginados. Tampoco dio a conocer resultados que beneficiaran al maguey y en consecuencia a los productores, plan que en 1980 se incorporó con otros organismos para constituir la Promotora del Maguey y el Nopal, hasta su integración a la Comisión Nacional de Zonas Áridas.

Compañeras y compañeros diputados: apoyemos la demanda de miles de campesinos cuya voz exige ser escuchada, protejamos su patrimonio a la vez que protegemos la riqueza nacional, porque ninguno de ustedes puede dudar que el campo a lo largo de la historia ha utilizado el maguey, no sólo como vivienda, vestido, alimento o bebida, sino ha sido una planta necesaria a los bordos en los límites de las parcelas, con el único fin de proteger sus tierras de la erosión.

Ese es un reclamo de miles de familias de diferentes estados de la República cuya economía se sustenta en nuestro campo.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo al marco jurídico actual, presento, compañeras y compañeros, esta iniciativa de ley federal de protección al maguey, para que sin menoscabo a lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se proteja esta planta en todas sus variedades y se constituya una Comisión Nacional del Maguey que efectivamente coadyuve con los productores, impulse la comercialización de sus derivados y preserve el paisaje nacional.

Por su atención y sensibilidad a las demandas de nuestro campo, señoras y señores diputados, muchísimas gracias.

-El Presidente: Gracias, diputado don Moisés Jiménez Sánchez. Túrnese el documento a la Comisión de Desarrollo Rural.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una iniciativa que expide el Reglamento Interno para el Funcionamiento de Comisiones en la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

-El diputado Hugo Rodríguez Díaz (PRI): Con su permiso señor Presidente.

El suscrito diputado, Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta LIX Legislatura Federal y en uso de las potestades conferidas por la Constitución Federal y el Reglamento Interno de este Poder Legislativo, someto a su elevada consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con la siguiente exposición de motivos:

Esta iniciativa tiene como base fundamental el ejercer el derecho encaminado a expedir la normatividad que regula la estructura y funcionamiento internos de esta Cámara, acorde a lo que señala el artículo 70 de la Constitución Federal y 3 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.

La especialización propia de las comisiones en los parlamentos del mundo democrático se refleja en nuestro país, con el progresivo fortalecimiento del trabajo en comisiones, actualmente reconocidas como el espacio natural donde se hace el trabajo y la política parlamentaria; sin embargo, en el ejercicio legislativo del de la voz, en las comisiones a las que fui asignado, he visto que el desarrollo de sesiones de subcomisiones y pleno de comisión no existe un ordenamiento sino antes el contrario, la falta de la normatividad en comisiones evita tener los mejores resultados en los debates derivados de la diversidad de ideas que predominan en nuestra sociedad y que se manifiesta en este órgano legislativo.

Desde el Pleno de la Cámara hasta el pleno de comisiones y subcomisiones, así el fortalecimiento de las comisiones busca que a través de ésta se asegure la idoneidad de futuras decisiones donde las comisiones tengan plenamente garantizado constituirse en la fase del hacer parlamentario que por sus especiales características permita llegar a negociaciones y acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en nuestro Congreso.

Para tener mayor nivel de profesionalismo parlamentario, es necesario que se fortalezca el actual trabajo en comisiones y se garantice el buen funcionamiento de ellas, basándose en el trabajo constante de sus integrantes que, como cualquier parlamento, ya forman parte básica de nuestro Congreso y que nos llevan a reconocer, sin lugar a dudas, la importancia y responsabilidad que actualmente lleva el trabajo en comisiones para lo cual es imprescindible contar con un reglamento interno para el funcionamiento de comisiones en la Cámara de Diputados.

Como único antecedente de la iniciativa que se propone, existió un acuerdo que funcionó en la LVII Legislatura titulado "Acuerdo parlamentario relativo a la organización y reuniones de comisiones y comités de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión", que como acuerdo parlamentario sólo rigió en esta legislatura.

De aprobarse este proyecto, los trabajos en comisiones se desarrollarían en condiciones de orden y conocimiento tanto de la mesa directiva como del total de sus integrantes de la mecánica de trabajo a la labor legislativa en estas células parlamentarias en donde surgen las leyes, reglamentos o modificaciones a los ordenamientos legales.

Así, el reglamento se sujetará a lo establecido tanto en la Constitución Federal como en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, todo ello encaminado a formar una cultura de trabajo, participación, estudio, debate y forma de obtener frutos de la diferencia de opiniones, todo ello encaminado a mejorar el trabajo parlamentario en comisiones.

No es por demás señalar que en los artículos 71 y 72 de Constitución Federal hoy vigente, nos hablan de un reglamento de debates que no existe, situación que ya ha sido mencionada por el suscrito en esta tribuna en otras iniciativas que pretenden actualizar luego de 87 años de olvido legislativo el texto constitucional en el sentido de manejar la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y reglamentos que de ella emanen.

En atención a lo antes expuesto, presento a su honorable consideración la iniciativa de proyecto de decreto que expide el Reglamento Interno para el funcionamiento de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso General.

Respetuosamente. Palacio Legislativo, a 27 de abril.

Es cuanto en cuanto a esta primera iniciativa, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias señor diputado.

Por lo que se refiere a esta iniciativa, túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Continué señor diputado.

-El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Con las mismas facultades legales comparezco ante ustedes compañeros, planteando otra iniciativa que tiene relación con ésta que acabo de mencionar.

Es parte de las obligaciones de cualquier autoridad como lo es una Comisión de la Cámara de Diputados o de Senadores, el dictaminar las iniciativas de decreto de ley que le sean enviadas por su Mesa Directiva, a fin de continuar con el proceso legislativo encaminado a darle vigencia a un decreto o ley, de tal forma que al publicarse en el Diario Oficial de la Federación e iniciar vigencia, pueda darse el caso que cause molestia a cualquier persona y que le de la opción, a que proceda al ejercicio de juicio de amparo, a fin de vetar la imposición del decreto o ley reclamados.

Por ejemplo, que el acto de autoridad que recurre no fue dictado en su origen por la autoridad competente esto es, la Comisión de la Cámara de Diputados o de Senadores. Luego, al hacer un análisis de la Ley Orgánica del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, encontramos en los artículos relativos a la organización y funcionamiento de ambas Cámaras, que del total de las comisiones, solamente le da facultades y por consecuencia competencia a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, del Distrito Federal, de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación y a la Jurisdiccional en las Cámaras de Diputados, por lo que ve a la de Senadores, solamente le da facultades y competencia a las Comisiones de Administración, Medalla Belisario Domínguez, Jurisdiccional y de Reglamentos y Prácticas Reglamentarias.

Sin embargo, del resto de comisiones de ambas Cámaras, nunca se dicen las facultades o competencia especifica que ordena la Constitución Federal como elemento esencial para llevar a cabo un acto de autoridad que cause molestia a quienes habitamos en este país, como lo es, un dictamen que de llegar a ser ley vigente, viola las garantías de respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y la legalidad, además de contradecir al principio general de derecho que indica: "mientras para el gobernado todo lo que no está prohibido está permitido, para el gobernante todo lo que no está permitido, está prohibido".

Así, en el caso que analizamos la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, no les da competencia definida a las comisiones, lo cual, hace violatorio de garantías algún dictamen que cause molestia a cualquier persona y que debe de ser eliminado desde el mismo origen de las leyes, como es el Congreso General.

En ese sentido, someto a la elevada consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto, que modifica, adiciona y deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de otorgar competencia definida a cada una de las Comisiones Ordinarias, de Investigaciones Especiales y Bicamarales y comités con que cuentan las Cámaras de Diputados y de Senadores. Es cuanto, Presidente.

-El Presidente: Gracias don Hugo Rodríguez Díaz. Túrnese el documento a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Continué, señor diputado con la tercera iniciativa.

-El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Gracias diputado Presidente.

Compañeros diputados:

Comparezco con esta iniciativa, dado que como médico he visto una problemática muy importante en lo relativo a las profesiones. Esta iniciativa tiene como base fundamental ejercitar el derecho encaminado a expedir la normatividad, que regula, estructura el funcionamiento interno...Perdón, Presidente, estoy equivocado.

Como lo señalé en las anteriores iniciativas, el artículo 14 de la Constitución Federal prohíbe imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. N hay más explicación que la misma lectura del texto de la garantía constitucional. Si por analogía, semejanza, comparación y aún por mayoría de razón, se acredita la ejecución de un hecho cometido por una persona que daña a otra, no es posible sancionarlo si no existe la ley exactamente aplicable al supuesto delito cometido, criterio apoyado siempre por la Suprema Corte, sin embargo, en la práctica profesional vemos que el Código Penal Federal deja abierta la posibilidad que una persona que no recibió título profesional por la universidad o escuela autorizada para hacerlo, pero que haya obtenido una autorización provisional como pasante y que a la fecha de la denuncia esa autorización se encuentra vencida, no podrá ser sancionado, evadiendo la acción de la justicia.

Por eso, compañeros diputados, comparezco ante ustedes con esta iniciativa de proyecto de decreto que modifica el artículo 250 del Código Penal Federal, a fin de que se proceda penalmente contra quien usurpe una profesión cuando no cuente con la autorización vigente para ejercerla.

Es cuanto, Presidente.

-El Presidente: Gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para iniciativa que reforma los artículos 7 y 14 de la Ley General de Educación.

-El diputado José Juan Barcenas González (PAN): Con su venia, diputado Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores: El suscrito, Juan Bárcenas González, diputado federal integrante el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a su consideración la iniciativa de decreto que reforma los artículos 7º y 14 de la Ley General de Educación.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.

Una cooperativa es una asociación autónoma, formada por personas unidas voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones: económicas, sociales y culturales mediante una empresa de propiedad compartida gobernada democráticamente. Esta es la definición de la Alianza Cooperativa Internacional.

El artículo 7º de la ley de la materia establece los fines de la educación y pretende esta iniciativa adicionar una fracción a dicho artículo, referente al fomento de los valores y principios del cooperativismo.

El artículo 14 se refiere a las atribuciones de las autoridades educativas federales y locales, por lo que es pertinente en dicho artículo adicionar una fracción que puntualice la promoción de prácticas cooperativas.

La cooperación surgió como una respuesta a necesidades reales y en tal sentido puede asegurarse que su historia es la misma del hombre.

El cooperativismo -afirma Carlos Guide- no brotó del cerebro de ningún genio esclarecido sino de la entraña misma del pueblo que lo ha adoptado como una respuesta válida para darse los bienes y los servicios de que carece.

En la Inglaterra del siglo XIX, con la organización de justos pioneros de Roskdell (?), se comienza a gestar el movimiento cooperativista moderno, que advirtió la importancia, la trascendencia y el condicionamiento que la educación representa en la expansión de este fenómeno social y económico de la cooperación.

En México se publica en 1938 la Ley General de Sociedades Cooperativas, tomando en cuenta que estas son asociaciones de personas y no de capitales. Por ello, la relevancia del papel de la escuela en esta materia, porque es el lugar en el que se contribuye a la formación de las personas y los principios que sustentan el cooperativismo: la solidaridad, la democracia, la ayuda mutua, el trabajo en equipo y la corresponsabilidad.

La Organización Internacional del Trabajo en su sesión plenaria del año 2000, aprobó la recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas, que reconoce fundamentalmente lo siguiente:

1.-La importancia de las cooperativas para la creación de empleos, la movilización de recursos y la generación de inversiones, así como su contribución a la economía.

2.-Las cooperativas en sus diversas formas promueven la más completa participación de toda la población en el desarrollo económico y social.

3.-La mundialización ha creado presiones, problemas, retos y oportunidades nuevas y diferentes para las cooperativas y se precisan formas más enérgicas de solidaridad humana en el plano nacional e internacional, para facilitar una distribución más equitativa de los beneficios de la globalización.

Esto lo establece la Organización Internacional del Trabajo.

En el ámbito de la educación recomienda que las políticas nacionales deban promover la educación y la formación en materia de principios y prácticas cooperativas en todos los niveles apropiados de los sistemas nacionales de enseñanza y formación y en la sociedad en general.

La niñez mexicana necesita contar con una preparación que apoye su desarrollo integral e integrado a la sociedad. Por tal motivo es necesario fomentarles principios y valores en su entorno escolar, que coadyuven a la solución de la problemática nacional, tales como la ayuda mutua, la solidaridad, el compromiso social y el trabajo en equipo, como preceptos que constituyen los pilares de la acción cooperativa.

Por lo tanto, es necesario reactivar la figura de las sociedades cooperativas escolares, con la finalidad de educar en el conocimiento y la práctica de los principios cooperativos e impulsar su participación activa y directa, estimular el ahorro destacando sus virtudes como sana costumbre de previsión para necesidades futuras y como factor esencial de progreso.

Promover la integración del alumnado a través de actividades de cooperación y ayuda mutua, facilitando la convivencia social entre educandos y la proyección de ambos conceptos hacia la comunidad.

Actualmente se está dictaminando en el Senado de la República, una Minuta de Ley General de Sociedades Cooperativas, la cual considera que la Secretaría de Educación Pública promoverá la educación cooperativa en los programas de estudio y en las actividades escolares de todos los niveles de la educación y se contempla su reglamentación.

Sin embargo, una forma de garantizar la aplicación de estas acciones, es mediante modificaciones a la Ley General de Educación. Es importante que se prevea en la Ley General de Educación, la obligación de fomentar los principios que inspiran las cooperativas y promover su utilización.

Por tanto, considero fundamental establecer en dicha ley que se fomenten los valores y principios del cooperativismo a través de la promoción de prácticas como la creación y el funcionamiento de cooperativas escolares que pueden ser de ahorro, producción y/o consumo.

La intención legislativa, es que tanto la minuta de Ley General de Sociedades Cooperativas que se encuentra en el Senado, como la Ley General de Educación Vigente con la iniciativa de reforma que aquí propongo, se complementen e identifiquen en el propósito que nos ocupa, la primera enfatizando los aspectos generales de carácter socioeconómico y la segunda desde el punto de vista educativo, ordenando a la Secretaría de Educación Pública a expedir un único Reglamento de Sociedades Cooperativas Escolares que vincule a ambas leyes.

En el México de las últimas décadas, el cooperativismo se alejó de su esencia, primero mediante la pérdida de su autonomía e independencia y después a través de la política de "ni los veo ni los oigo". Ambos extremos han ocasionado un daño al verdadero cooperativismo que afortunadamente y gracias a la enorme fortaleza de sus auténticos practicantes y de los principios y valores que lo sustentan, aún es posible, pero sobre todo necesario, impulsar desde los diferentes frentes legislativos, el fomento de este modelo socioeconómico y cultural de tan noble y generosa prosapia.

Quien afirme que el cooperativismo ha caducado o está muerto, no conoce las historias de éxito en campos tan amplios como la salud, la seguridad social, la educación, la vivienda, la agricultura, la producción industrial y el ahorro en naciones tan diversas como Alemania, España, Canadá, Puerto Rico, Argentina, Cuba y Colombia, entre muchas otras.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente decreto que adiciona a los artículos 7º. la fracción XIII y al 14º. la fracción X de la Ley General de Educación.

Fracción XIII. "...fomentar los valores y principios del cooperativismo".

Artículo 14, fracción X. "...promover prácticas cooperativas que puedan ser de ahorro, producción o consumo de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Sociedades Cooperativas Escolares que expida la Secretaría de Educación Pública".

Transitorio. La Secretaría de Educación Pública deberá expedir el reglamento a que se refiere la fracción X del artículo 14 de esta ley, dentro del plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de este decreto.

Por su atención, muchas gracias.

-El Presidente: Gracias, señor diputado don José Juan Bárcenas González.

Túrnese el documento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Agotado...

-El diputado José Juan Barcenas González (desde su curul).- Señor Presidente, solicito se turne también a la Comisión de Fomento Cooperativo.

-El Presidente: Como lo solicita, se amplía el turno a la Comisión de Fomento Cooperativo.

El siguiente punto del orden del día, es dictámenes de primera lectura.

Es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 3º., pasando la actual fracción XVII a ser XVIII, recorriéndose las siguientes de la Ley General de Salud.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74 fracción II y 75, se adicionan los artículos 74 fracciones III, IV y V, 75 un segundo párrafo, 111 fracción VI y 168 fracción X, todos de la Ley General de Salud.

Con proyecto de decreto que adiciona los artículos 130 bis y 136 bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39, 40, 89 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 117 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Equidad y Género con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria

Son de Primera Lectura.

Señores y señores legisladores. Esta presidencia ha recibido de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por favor sonido en la curul del señor diputado don Iván.

-El diputado Iván García Solís (desde su curul): Si, presidente, quisiera de manera muy atenta le pido que me aclare usted el siguiente punto, si es que no escuché bien, nosotros entendemos que los dictámenes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias están previstos con dispensa de trámite para ser votados, ¿es así?

-El Presidente: Un momento diputado, mientras me pasan la información.

Tengo la información ya, señor diputado. Tiene usted razón, pero no ha habido todavía una omisión de parte de la presidencia, quedaron de Primera Lectura, voy a continuar con el resto de los dictámenes de Primera Lectura, y en seguida se pondrá a consideración de la Asamblea si se le dispensan los trámites a los dictámenes a los que usted se refiere.

Señoras y señores legisladores, esta presidencia ha recibido de la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

En virtud de que se está distribuyendo entre los diputados el dictamen, se instruye a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se autoriza que se incluya en el Orden del Día toda vez que no está considerado.

-La Secretaria María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la presidencia y en votación económica se pregunta a la Asamblea incorporar en el Orden del Día los dictámenes a los que hace alusión el presidente, que son de la Comisión de Hacienda.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa diputado presidente.

-El Presidente: Gracias secretaria. Ahora consulte a la Asamblea si el segundo dictamen también recibido de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera, se incluyen en el Orden del Día.

-La misma Secretaria: Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se incluyen dentro del Orden del Día el dictamen de las Comisiones Unidas a que hizo referencia el diputado presidente en relación a la Ley Minera.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa diputado presidente.

-El Presidente: Ahora bien, incluidos ya en el Orden del Día, consulte la secretaría a la Asamblea si toda vez que se están distribuyendo esos dictámenes entre los señores legisladores, consulte la secretaría a la Asamblea si se les dispensa a los dos dictámenes la lectura.

Por instrucciones de la presidencia y en votación económica se pregunta a la Asamblea si se les dispensa a los dos dictámenes la lectura.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Las diputadas y diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa diputado presidente.

-El Presidente: Quedan de primera lectura.

Esta presidencia acaba de recibir de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Minuta proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V bis al artículo 5o. y un artículo 7 bis al capítulo I del Título Segundo de la Ley de Institutos Nacionales de Salud.

Consulte la secretaría a la Asamblea si se incluye en el Orden del Día.

-La misma Secretaria: Por instrucciones de la presidencia y en votación económica se pregunta a la Asamblea si se incluye dentro del Orden del Día la Minuta proyecto de decreto que se refiere a la Ley de Instituciones Nacionales de Salud.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa diputado presidente.

-El Presidente: Gracias secretaria.

Al quedar incluido en el Orden del Día, esta presidencia turna la Minuta de referencia a la Comisión de Salud.

Tenemos a continuación señoras y señores legisladores el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39, 40, 89 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

-La misma Secretaria: Por instrucciones de la presidencia con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa diputado presidente.

-El Presidente: Se les dispensa la segunda lectura.

Se abre la fase de discusión del dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados, consulte la secretaría a la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

-La misma Secretaria: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa diputado presidente.

-El Presidente: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría se abra el Sistema Electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

Un momento, ¿desea hacer uso de la palabra, Diputado?

Pido a la Secretaría abra el Sistema Electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

-La Secretaria María de Jesús Aguirre Maldonado: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el Sistema Electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(VOTACIÓN)

Señor Presidente, se emitieron 430 votos en pro; cero en contra y cero abstenciones.

-El Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 430 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39, 40, 89 y 90, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso e), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El siguiente punto del orden del día es el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 117 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

-La Secretaria Amalín Yabur Elías: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

Gracias.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa.

(VOTACIÓN)

La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

-El Presidente: Se le dispensa la Segunda Lectura. Se abre la fase de discusión.

En virtud de que esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutido el dictamen. Se pide a la Secretaría, se abra el Sistema Electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

-La Secretaria Amalín Yabur Elías: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el Sistema Electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(VOTACIÓN)

-La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías (PRI): De viva voz el diputado Francisco Barrio, por favor.

-El diputado Francisco Barrio Terrazas: Francisco Barrio a favor.

-La Secretaria: El diputado Sergio Vázquez, a favor.

-La diputada Patricia Durán: a favor.

-La diputada Patricia Durán Reveles: A favor.

-La Secretaria: ¿La diputada Díaz Delgado?

-La diputada Blanca Judith Díaz Delgado: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Osuna Millán?

-El diputado José Guadalupe Osuna Millán: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Raúl Chavarría?

-El diputado Raúl Chavarría Salas: A favor.

-El diputado Pablo Alejo López Núñez: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Cuauhtémoc Ochoa?

-El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado José Guzmán?

-El diputado José Guzmán Santos: A favor.

-La Secretaria: ¿La diputada Tamez?

-La diputada Tamez: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Manlio Favio Beltrones?

-El diputado Manlio Favio Beltrones Rivera: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Alfredo Villegas?

-El diputado Alfredo Villegas Arreola: A favor.

-La Secretaria: ¿La diputada Mayela Quiroga?

-La diputada Mayela Quiroga Tamez: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Jesús González Schmal?

-El diputado Jesús González Schmal: A favor.

-La Secretaria: ¿La diputada Esthela Ponce?

-La diputada Esthela Ponce Beltrán: Rectificación de voto: a favor, Esthela Ponce.

-La Secretaria: ¿La diputada Leticia Rivera?

-La diputada Leticia Rivera: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Fernández Saracho?

-El diputado Jaime Fernández Saracho: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Germán Martínez Castro?

-El diputado Germán Martínez Cázares: A favor.

-La Secretaria: ¿La diputada Angélica de la Peña?

-La diputada Angélica de la Peña Gómez: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Pascual Sigala?

-El diputado Pascual Sigala Páez: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Carrillo Soberón?

-El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Mario Zepahua?

-El diputado Mario Zepahua Valencia: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Bravo Carbajal?

-El diputado Francisco Javier Bravo Carbajal: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Ruiz Esparza?

-El diputado Roberto Ruiz Esparza: A favor.

-La Secretaria: ¿El diputado Herrera?

-El diputado Ernesto Herrera Tovar: A favor.

-La Secretaria: Señor Presidente: Se emitieron 428 votos en pro, 0 en contra.

-El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (PAN): Gracias Secretaria.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 428 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 117 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Señoras y señores Legisladores:

Los señores coordinadores han tomado el acuerdo de prolongar la duración de esta sesión hasta la conclusión de los dictámenes contenidos en el orden del día. Quiero hacer del conocimiento de los señores legisladores que hay varios dictámenes que ameritan votación nominal. Se dan cinco minutos para la votación nominal, que se considera razonablemente suficiente para emitir el sufragio.

Ruego a los señores legisladores que el voto de viva voz solamente se dé cuando en ese lapso de cinco minutos falle el sistema biométrico para emitir su voto.

El siguiente punto del orden del día es el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

-El Secretario Marcos Morales Torres (PRD): Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

-El Presidente: Se le dispensa la segunda lectura.

Se abre la fase de discusión. Como esta Presidencia no tiene oradores registrados se considera suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.

Por lo tanto se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo único del proyecto de decreto.

-El Secretario diputado Marcos Morales Torres (PRD): Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del articulo único.

-El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico.

Señor Presidente, se emitieron 414 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

-El Presidente: Gracias Secretario.

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por 414 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

-La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Muchas gracias.

¿Las diputadas y diputados que estén por la negativa?

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

-El Presidente: Se le dispensa la lectura.

Está a discusión el dictamen por el que se reforma este artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General.

Esta Presidencia tiene registrados para la discusión y fijar las posiciones de sus respectivos grupos parlamentarios, a los siguientes legisladores: el señor diputado don Jesús Gonzáles Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia; el señor diputado don Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el señor diputado don Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el señor diputado don Iván García Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el señor diputado don Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el señor diputado don Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado don Jesús González Schmal, por el Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia.

-El diputado Jesús González Schmal (Convergencia): Con su anuencia, señor Presidente.

Compañeros y compañeras diputadas: Es en verdad una ocasión importante, trascendente para este Congreso, el que podamos conocer este dictamen que constituye un largo, un muy distante anhelo que la República había acariciado y que no había podido conformar en una reforma legislativa como la que hoy se somete a nuestra consideración.

Es, efectivamente, también un acierto el que el dictamen llegue a coincidir en que la reforma a la Ley Orgánica de este Congreso era suficiente por sobre las innumerables iniciativas que involucraban reformas constitucionales que el Constituyente Permanente y el largo periodo que hubiera implicado en los Congresos estatales, hubiera postergado la consumación de la posibilidad que hoy tenemos cerca y que podemos ya concretamente lograr si este mismo día se aprueba esta reforma al artículo 7º de nuestra Ley Orgánica.

Es, efectivamente, el hecho de que el Presidente ya no será el monarca que llega al recinto de la representación popular, aclamado y vitoreado para dirigirse a una asamblea callada y obediente que sólo, salvo insubordinaciones casuales, armara la valla para que posteriormente saliera el Presidente de su soliloquio, sin escuchar las voces de la representación nacional que en esta Asamblea se encarnan constitucionalmente.

Hoy esos resabios monárquicos imperialistas están siendo superados cuando el un ejercicio claro y concreto de la división de Poderes, el Presidente de la República tendrá que escuchar personalmente la voz de los representantes de cada uno de los partidos políticos que en esta Cámara accionan con sus iniciativas, con su representación para darle vida a la continuidad constitucional de los Poderes de la Unión, tendrá que escuchar con atención estas consideraciones que los Diputados le hagamos y a ellas eventualmente tendrá que referirse en el momento de externar la del Presidente en su mensaje político.

Qué importante, pues entonces, que la República recobre esta calidad y esta condición de ser en este Recinto que alberga al Presidente, que lo hospeda, el que no sea tratada la Representación Nacional en condiciones de inferioridad, que se vea claramente que sí, bajo un marco de respeto , un marco de consideración no se inhiben las posiciones ni se ocultan ni se dan tratamientos privilegiados a un Presidente, que lo es, de una República y no de un régimen monárquico

Aquí se está sentando la base de lo que es evidentemente ya un primer paso a la Reforma Política de fondo donde en seguida, como todos lo sabemos, tendrá que ser la interpretación adecuada bajo constante principio de hermenéutica jurídica del juicio político que eventualmente a un Presidente le pueda someter o pueda ser sometido por esta Cámara.

Estos serían los avances republicanos de fondo que la República y que la Nación aspira, que la Nación anhela y de la cual en este momento este paso va a ser fundamental y va a abrir ese horizonte en donde podamos, sí, vivir una vida republicana auténtica, substancial en donde este Poder Legislativo pueda sí, en el futuro, levantar la cara a la nación y se la representación auténtica de la nación frente a un Ejecutivo que tendrá a su vez que considerarse sólo parte de uno de los Poderes de la Unión y no el jerarca, no el monarca absoluto como lo fuere en un pasado todavía no muy lejano.

Es todo, muchas gracias. (aplausos)

-El Presidente: Gracias señor Diputado don Jesús González Schmal.

Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Pedro Vázquez

González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

-El diputado Pedro Vázquez González (PT): Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados. El dictamen que hoy se discute y vota y es presentado por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, contiene una serie de aspectos interesantes que es necesario destacar.

En primer lugar, se va a disponer en una ley una demanda de los grupos parlamentarios de oposición, solamente para recordarles a ustedes, señores Diputados, señoras Diputadas, la primera Iniciativa presentada en la actual Legislatura que fue presentada por el suscrito a nombre del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo forma parte del Dictamen que hoy discutimos.

Para que el Presidente de la República esté presente en el Recinto del Congreso de la Unión para escuchar, de viva voz, los posicionamientos de los Diputados o Senadores Representantes de las distintas fuerzas políticas que actúan en el país.

Por disposición constitucional el Titular del Ejecutivo Federal está obligado a acudir cada año a la apertura del Período Ordinario de Sesiones y a presentar por escrito un Informe detallado del estado que guarda la Administración Pública del país. Sin embargo, durante muchos años, el Informe Presidencial fue convertido en todo un rito, el Día del Presidente, por supuesto que todo era loas y quema de incienso a quien comparecía ante el Congreso.

Este ceremonial ha ido perdiendo rigidez, sin embargo no ha logrado ser lo suficientemente flexible para hacer que el Ejecutivo Federal escuche a las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso; por supuesto que ningún partido político cuenta con mayoría absoluta en las Cámaras, que propicie que esto ocurra.

Han tenido que pasar seis años desde que el PRI perdió la mayoría absoluta en 1997 y de que el PAN no contó con ella en las elecciones de 2000 y 2003 para que por fin se pueda impulsar en la Ley Orgánica estas modificaciones que hará que el ejercicio de rendición de cuentas del Ejecutivo y que éste hace ante el Congreso sea una forma de fortalecer al sistema democrático.

No debemos de olvidar que el Informe no es sino un acto por medio del cual el Ejecutivo Federal informa al Congreso qué es lo que se ha hecho con los recursos presupuestales que la Cámara de Diputados le autorizó para el ejercicio fiscal determinado, con esto los legisladores contamos con elementos de análisis para saber si el Ejecutivo está realizando su labor adecuadamente.

Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy discutimos establece la obligatoriedad del Ejecutivo Federal para escuchar a los legisladores de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso; además, el Ejecutivo Federal se tiene que apegar a la disposición contenida en el artículo 69 constitucional de presentar un informe por escrito y si lo desea, el Presidente del Congreso le ofrecerá la palabra para que dirija un mensaje político a la Nación.

Se establece también la obligación del Presidente del Congreso, de dar una respuesta en términos institucionales y republicanos a lo dicho por el Ejecutivo Federal.

Sin lugar a dudas hubiéramos avanzado más en la modificación del formato del Informe y de su glosa para que el Ejecutivo en primer término estuviera presente en los posicionamientos y adicionalmente, al término de la glosa también estuviera presente para escuchar las conclusiones de los legisladores, sin embargo es pertinente destacar que la propuesta que hoy se discute es un paso importante en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y es un acto eminentemente republicano.

Con esto se demuestra que nuestra Constitución dispone un proceso de comunicación entre los titulares de los distintos poderes públicos, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo. Queda como asignatura pendiente el continuar los esfuerzos para avanzar en que el Ejecutivo Federal esté presente también en la glosa del Informe.

Debemos recordar que si bien es cierto la obligación del Ejecutivo de acudir a la Cámara de Diputados para presentar su Informe en la apertura del período de sesiones se encuentra prevista en la Constitución General de la República, la Ley Orgánica del Congreso General en su artículo 7, establece el formato de dicha ceremonia y que es la única ley que la propia Constitución establece en su artículo 70… término, señor Presidente… que el Presidente de la República no puede vetar ni sus reformas deben ser promulgadas por el propio Ejecutivo Federal.

Es cuanto, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias señor diputado don Pedro Vázquez González. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

-El diputado Luis Antonio González Roldán (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.

El día de hoy se somete al Pleno de esta Cámara el dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que reforma el artículo séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que en presencia del Presidente de la República, durante su Informe a esta soberanía, harán uso de la palabra los partidos políticos con representación en el Congreso.

Consideramos que este proyecto legislativo intenta otorgar cabalmente las facultades en las que están investidos los diputados y los senadores y no de manera limitada como sucede actualmente, en donde el Poder Ejecutivo no permite ni desea tener diálogo alguno con esta asamblea.

Al establecer un modelo legal capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades de la nación de una manera eficaz y responsable, logramos que nuestros representados puedan justipreciar la labor de los representantes populares y no la visión de que estamos discapacitados ante el poder del Ejecutivo Federal, sobre todo cuando existe una campaña artera y sistemática para denostar todo lo logrado por los congresistas nacionales.

Por ello, a pesar de los avances en la Legislación Federal y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminados a proporcionar un estado de derecho funcional, es necesario que el Presidente de la República sea constreñido a escuchar las posiciones de las distintas corrientes políticas, las cuales da representatividad a la sociedad mexicana, independientemente de la visión y proyecto de nación que realice el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Lo anterior deviene necesario, en virtud de que este acto protocolario donde el Presidente únicamente escucha el posicionamiento del Presidente del Congreso, haciendo caso omiso a los diputados y senadores de los distintos partidos políticos nacionales; hasta ahora se puede ver que sólo se busca cumplir con el requisito legal para presentar el informe ante el Congreso de la Unión, pero sólo como mero requisito, en el cual no trata de enriquecerse a través del dialogo con las diferentes fuerzas políticas del país.

El Congreso de la Unión ha sido colocado en condición de enemigo del actual gobierno de la República y de la gobernabilidad, se parte de un supuesto equivoco y falaz, que consiste en suponer que por no compartir sus desaciertos y falta de compromiso, tenemos la obligación incondicional de no buscar cambiar los mecanismos obsoletos de control y facultades de los Poderes de la Unión.

La gobernabilidad es la capacidad de una comunidad política para desarrollar las acciones pertinentes entre los sistemas económico, político y cultural, que permitan a su vez, conducir con relativa armonía, los asuntos públicos. Nuestro país se ha caracterizado por el excesivo ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, es quizá, principal factor que explica nuestros problemas nacionales, el nivel de abuso de poder o de falta de rendición de cuentas que vivimos, es directamente proporcional a la falta de controles democráticos en el país, el resultado ha sido que en México existe un gobierno todopoderoso y una sociedad débil e inmadura.

Entendemos por contrapesos, el ejercicio del poder de cada entidad que conforma al Estado, de manera responsable, madura, autónoma y en la práctica de la corresponsabilidad para que se cumplan las atribuciones conferidas al gobierno de la Federación. Enhorabuena que el Presidente de la República hará uso de su capacidad auditiva ante esta soberanía, esperamos que lo vertido en este próximo informe de gobierno sea plasmado en los programas y políticas públicas y no una mera concepción de ideas aisladas que sólo han beneficiado a su pequeño circulo de poder.

La reforma planteada y que nuestro grupo parlamentario votará afirmativamente, es necesaria y oportuna, es el primer paso para que el informe de gobierno sea un verdadero acto republicano y no una presentación vacía de cifras y resultados, que la realidad nacional aplasta y exige una respuesta ante los reclamos ciudadanos. Es cuanto, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias, señor diputado don Luis Antonio González Roldán.

Tiene el uso de la palabra, el señor diputado don Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-El diputado Iván García Solís (PRD): Ciudadano Presidente, ciudadanas y ciudadanos legisladores:

Dijo bien nuestro compañero diputado Jesús González Schmal, al afirmar que de aquí en delante y cada vez menos, el acto del informe presidencial no será una ceremonia monárquica, y dijo bien porque el origen de este formato del informe presidencial proviene de una etapa monárquica de la Constitución de Cádiz.

La República ensayó una forma similar y durante mucho tiempo fue el Presidente quien tuvo este Congreso como escenario privilegiado. Se dice incluso que este recinto, esta Cámara de Diputados fue construida, más que para alojar a parlamentarios libres unidos democráticamente por el intercambio de sus ideas, tuvo como finalidad rendir un homenaje arquitectónico a la figura presidencial.

Hoy vivimos un momento más en la evolución institucional de este país. En mayo de 1985, siendo diputado federal presenté una iniciativa de reforma constitucional al artículo 89, con el objeto de que se entablara un diálogo entre el Presidente y los diputados, eso no se logró y fui tildado incluso de un promotor de la invasión de poderes, porque no se concebía que el Legislativo y el Ejecutivo tuvieran un momento de diálogo y discusión directa. ¡Qué lejos estamos de esa posición cerrada!, hemos ido avanzando poco a poco.

El 14 de julio del 94 -no olvidemos que ya había ocurrido la insurgencia cívica del 88- hubo la modificación ligera que hoy es vigente todavía y que consiste en que el Presidente desde sus habitaciones o desde sus recintos, si quiere escucha y si no, no, la voz de unos diputados que están aquí hablando, que estaban aquí, supongo que ya no estarán más, hablando en ausencia del Presidente.

Hoy, abril de 2004, estamos en este recinto prefigurando un avance que queremos y estamos seguros que así ocurrirá, será avalado por el Senado de la República y que deseamos tenga vigencia para que el próximo informe presidencial se realice ya con el titular del Ejecutivo aquí, escuchando las intervenciones de las diputadas y diputados que representan a los grupos parlamentarios que integran esta Cámara.

Si esto es así y queremos y esperamos que sea así, estarán ya aquí en el recinto las dos partes necesarias para un diálogo, de tal manera que estaremos avanzando para etapas mejores y mayores de democracia, pero ese avance será significativo.

Quiero decir que en este momento es muy importante que nuestra Cámara apruebe esta iniciativa, no solamente por lo que vale en sí, sino como un gesto de que necesitamos dos cosas: reformas mayores, es decir ir hacia una reforma plena del Estado y mantener un diálogo constante, firme, serio, respetuoso, entre los Poderes Ejecutivo y este Poder Legislativo.

Gracias.

-El Presidente: Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

-El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN): "El Congreso General se reunirá todos los años el 1° de enero y a ésta asistirá el Presidente de la Federación, quien pronunciará un discurso análogo a este acto tan importante y el que presida el Congreso contestará en términos generales" –Artículo 68 de la Constitución de 1824.

Con su permiso ciudadano Presidente.

-El Presidente: El dictamen que el día de hoy es presentado por la Comisión de Reglamentos y Práctica Parlamentaria, pareciese un pequeño cambio de forma. Sin embargo, desde 1824 en el artículo 68 de esa Constitución, el Presidente sólo venía a este Congreso y daba un discurso.

Lo mismo hizo la reforma de 1857 y lo mismo se plasmó en la Constitución de 1917 y en la cual ya no se establecía que diera un discurso sino únicamente y exclusivamente que lo presentara por escrito.

Y fue apenas hace 10 años, el 29 de julio de 1994, cuando se estableció que los grupos parlamentarios darían un posicionamiento antes del arribo del Presidente de la República.

Por eso este dictamen contiene un pequeño cambio de forma pero un profundo cambio de fondo. La República es concebida para que el poder se divida en su ejercicio en tres órganos de Gobierno, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, para que uno le rinda cuentas al otro, para que el otro haga las leyes de la República y el tercero la interprete y las aplique.

Este dictamen viene a resolver un planteamiento de fondo, que el Presidente de la República escuche a cada uno de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, quienes podrán exponer, contraponer y aún contradecir, la visión del Ejecutivo.

Esta reforma nos dará la oportunidad de decirle al Ejecutivo cuál es la visión de país que tiene cada uno de nuestros organismos y cada uno de nuestros institutos políticos.

El contenido, la forma, el fondo y por supuesto la altura republicana de cada uno de estos posicionamientos, será responsabilidad de cada uno de los grupos parlamentarios.

A la Subcomisión de Rezago Legislativo que me toca presidir, con este dictamen resolvemos 16 iniciativas que fueron presentadas por compañeros diputados de distintas legislaturas, de distinta forma y de distintos planteamientos. Unas iban desde que hubiera réplica, que hubiese debate, que escuchara los comentarios de cada uno de los legisladores, pero finalmente nos dimos cuenta que la política es el límite de lo posible y no de lo deseable.

Consideramos que falta mucho por hacer, consideramos que el trabajo de una verdadera República se da cuando los poderes se rinden cuentas unos a los otros.

Hoy vamos por un sí a este dictamen, hoy vamos por un sí para decirle a la sociedad que el Congreso está trabajando y está modificando el sistema político.

Somos lo que hacemos, pero fundamentalmente, lo que hacemos para cambiar lo que somos.

(Aplausos)

-El Presidente: Gracias, diputado don Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

-El diputado Raúl José Mejía González: Gracias, diputado Presidente.

-El Presidente: Adelante.

-El diputado Raúl José Mejía González: Compañeras y compañeros diputados:

Nos encontramos comentando un dictamen aprobado por unanimidad en la comisión correspondiente, que tiene como propósito modificar el formato del Informe Anual que el Presidente de la República tiene la obligación de presentar, por disposición constitucional, ante el Congreso de la Unión.

Se parte de la premisa de equidad, es decir, que así como se permite la oralidad del Presidente –que no está prevista en la Constitución- se posibilite también el uso de la palabra de los grupos parlamentarios en presencia del Presidente de la República, pues resulta absurdo el precepto legal actual en el que se les da la facultad a los legisladores de fijar postura sobre el ejercicio de la administración pública sin la presencia del depositario del Ejecutivo Federal.

El PRI está comprometido con la consolidación democrática; ésta implica la evolución de un sistema con un presidencialismo autoritario, a uno en el que los Poderes de la Unión sean verdaderamente pares entre sí.

El Informe Presidencial, más que un ejercicio de rendición de cuentas ante la Nación, ha constituido una práctica de culto a la personalidad, caracterizada por excesos que superponen al ocupante de la Primera Magistratura, por sobre la institucionalidad que debe tener la Presidencia de la República.

Por ello, para avanzar en la democracia, es necesario establecer un formato más igualitario y que permita la equidad de las relaciones entre el Congreso y el Presidente.

Venimos de un sistema vertical y autoritario en donde el Presidente aglutina demasiados roles políticos y excesivas facultades: el Presidente es titular del Ejecutivo, Jefe de Estado, Jefe de las Fuerzas Armadas, muchas veces jefe de partido y además concentra múltiples facultades denominadas "metaconstitucionales".

El tránsito a una democracia moderna, plural y verdaderamente representativa, requiere formas que hagan posible que el ejercicio del poder presidencial se acote a sus límites constitucionales, para que sea capaz de interactuar con la diversidad que convive en este Congreso de la Unión.

El Informe Presidencial ha sido un evento unilateral, marcado por la falta de diálogo; tenemos establecida en la ley una ceremonia en la cual el titular del Ejecutivo ocupa la tribuna más alta de la Nación, pero no recibe ninguna respuesta ni se permite que reciba los puntos de vista de las diferentes fuerzas políticas sobre el estado que guarda la administración pública, en cuya integración, desarrollo y evaluación, el Congreso también tiene asignadas funciones por la Constitución.

Los legisladores somos verdaderos convidados de piedra en un evento que debe ser auténticamente republicano, nacional y democrático; de la misma manera que el Congreso escucha, también merece ser escuchado. La política es un verdadero desempeño de cultura democrática para toda la sociedad.

En sus términos actuales, el formato vigente del Informe Presidencial no le aporta mucho a la cultura política de los mexicanos, quienes atestiguan desde su hogar o lugar de trabajo, una sucesión de monólogos muchas veces expresados en lenguajes diferentes, sin que pueda identificar las coincidencias y los acuerdos en los que los Poderes de la Unión puedan trabajar para el mejoramiento de las condiciones de vida.

La interacción entre el Presidente y el Congreso contribuiría a enriquecer nuestra vida política, ayudaría a transparentar lo que acontece en las instituciones públicas frente a la ciudadanía, favorecería el logro de acuerdos políticos y de trabajo para la sociedad, que coadyuve a disminuir la imagen negativa que en los últimos tiempos pesa sobre las instituciones y sobre quienes las integran.

Buscamos una reforma que no sólo represente una disputa de poder político sino que abra caminos reales, para que los Poderes inicien un diálogo franco, abierto y verdaderamente constructivo, del que ha estado ayunas nuestra vida política.

Aun en las circunstancias actuales es difícil construir acuerdos y con el margen estrecho por la disposición constitucional hemos avanzado, no como hubiéramos querido, pero es un gran logro este nuevo formato, el presidente de la república escuchará al pueblo por medio de sus representantes. Muchas gracias.

-El Presidente: Gracias, diputado don Raúl Mejía González.

Agotados los oradores inscritos para fijar posiciones, se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea, si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido.

-La Secretaria Amalin Yabur Elías: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa diputado Presidente.

-El C. Presidente: Suficientemente discutido.

Se instruye a la Secretaría para que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

-La misma Secretaria: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a su votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

( V O T A C I O N )

Señor Presidente, se emitieron 421 votos en pro 1 en contra y 3 abstenciones.

-El Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 421 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

-La misma Secretaria: Por instrucciones de la presidencia con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa diputado presidente.

-El Presidente: Gracias, diputada.

Se le dispensa la segunda lectura.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada doña Diva Hadamira Gastélum Bajo por la comisión, para fundamental el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

-La diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La Comisión de Equidad y Género ha puesto a la consideración de esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. El dictamen es producto del análisis serio y responsable realizado sobre 4 iniciativas de reforma de ley, presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, dos, especialmente la de la diputada Estela Ponce Beltrán; del Partido Acción Nacional, por la diputada Blanca Eppen y del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Angélica de la Peña; iniciativas cuyas propuestas fueron concebidas como respuestas legislativas a la realidad que presenta actualmente el Instituto Nacional de las Mujeres.

A más de 3 años de la entrada en vigor de la ley y del inicio de las actividades del Inmujeres, es necesario la revisión de las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento legal, con el fin de adecuar formalmente la integración, atribuciones, organización y competencia del Instituto con sus propias necesidades de desarrollo y fortalecimiento.

Las iniciadoras en su diagnóstico observaron que sólo impulsando el desarrollo y fortalecimiento del Instituto mediante reformas a la ley que lo rige, es posible impulsar de mejor manera el desarrollo pleno de la potencialidad de las mujeres y generar condiciones favorables a su participación más amplia e igualitaria en la vida política, económica,. social y cultural del país.

Las coincidencias existentes entre las 4 iniciativas en cuanto a los artículos propuestos para su reforma, además de las coincidencias en los conceptos y en el propósito que plantean, dio lugar a la decisión de la comisión dictaminadora de conformar un grupo de trabajo integrado por legisladoras de diversos grupos parlamentarios encargadas del análisis de las iniciativas y de la elaboración del proyecto de dictamen.

También agradecemos la participación de Angélica de la Peña, del PRD; de Tatiana Clouthier y Marisol Vargas, del PAN; de Rebeca Godínez, Estela Ponce y una servidora, del Partido Revolucionario Institucional. Reconocemos en coincidencia con las iniciadoras que los avances logrados a favor de las mujeres, de la equidad y la igualdad de oportunidades y contra la discriminación hacia las mujeres, no son suficientes. De ahí la necesidad de reformar la ley del Inmujeres modificando sus disposiciones para reencausarlas hacia la erradicación de las injustas desigualdades que aún subsisten en nuestra sociedad en detrimento del nivel de vida de las mexicanas.

El proyecto de decreto contenido en el dictamen propone la reforma de los artículos del 26 al 35 que conforman la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres encaminado a definir expresamente que el objeto de la ley es establecer la integración, atribuciones, organización y competencia del Inmujeres.

Establecer que la presidencia de la Junta de Gobierno corresponde al Presidente de la República. Adecuar la estructura de la Junta de Gobierno, reduciendo a 27 el número de sus vocales titulares y elevando el nivel jerárquico de su presidencia, para con ello impulsar el cumplimiento de la Administración Pública Federal en la ejecución de las políticas, programas y acciones públicas con perspectiva de género.

Facultar a la Junta de Gobierno para solicitar información sobre los procesos y fallos de las licitaciones públicas que realiza el Instituto con las propuestas técnicas y económicas de los proyectos participantes y así estar en conocimiento detallado de los actos del Instituto para su evaluación y la toma de decisiones correspondiente.

Asimismo señor presidente las y el diputado integrante de la Comisión de Equidad y Género, hemos acordado por unanimidad mejorar el proyecto de decreto contenido en el dictamen que se somete a la consideración de este honorable pleno:

Primero. En el artículo 12 fracción III inciso a) se incorpora al titular de la Secretaría de Economía como vocal titular de la Junta de Gobierno del Inmujeres.

Segundo, Se modifica el antepenúltimo párrafo del artículo 12 para establecer: La Junta de Gobierno estará presidida por la o el Presidente de la República, quien será sustituido por el Secretario de Gobernación en caso de ausencia.

Tercero. Se modifica la fracción VIII del artículo 13, eliminando el inciso d) referido al titular del órgano interno de control.

Cuarto. Se modifica el artículo 14 para establecer que la Junta de Gobierno celebrará por lo menos 4 sesiones ordinarias al año.

Quinto. Se modifica el artículo 30 para eliminar el carácter vinculatorio de las opiniones y recomendaciones que emita el Instituto, dirigidas a los legisladores, autoridades y servidores públicos a que se refiere el artículo 28.

Sexto. Se modifica el artículo segundo transitorio para establecer un plazo de 90 días naturales a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, para que el Presidente de la República sustituya a la Presidencia de la Junta de Gobierno del Instituto a la Presidenta del Inmujeres.

Séptimo. Se modifica el artículo cuarto transitorio para quedar como sigue: Aquellas consejeras integrantes de los consejos consultivo y social, que se designen a partir de la entrada en vigor del presente decreto, durarán en su encargo hasta la conclusión del actual período de ejercicio constitucional del Presidente de la República.

Compañeras y compañeros diputados: el dictamen a discusión, con las modificaciones propuestas a que hemos hecho referencia, no sólo ha tenido el consenso de los diversos grupos parlamentarios al interior de la Comisión de Equidad y Género, sino que ha sido aprobado por unanimidad y contiene una propuesta legislativa congruente con las legítimas aspiraciones y demandas más sentidas de las mujeres de nuestro país.

Por ello, apelamos a la voluntad transformadora y a la convicción de los integrantes de este pleno camaral, para impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la discriminación hacia quienes hoy por hoy representamos más del 50% de la población total del país.

Confiamos en la sensibilidad de todas y todos, nosotros y nosotras, las y los legisladores federales; votar en pro del dictamen es promover el adelanto de las mujeres. Muchas gracias.

-El Presidente: Gracias, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Una pregunta, planteó usted modificaciones, diputada, ¿se entregaron a la Secretaría?

-La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo: Así es, por escrito.

-El Presidente: Gracias.

En virtud de que se han entregado modificaciones por escrito a la Secretaría en relación con el dictamen puesto a discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión.

-La Secretaria Amalin Yabur Elías: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

Gracias.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa.

(VOTACIÓN)

La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

-El Presidente: Se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión.

En consecuencia, está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la Asamblea. Para este efecto esta Presidencia tiene registrados para intervenir, fijando posiciones de sus grupos parlamentarios, a los siguientes señores legisladores:

Al señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia; a la diputada doña Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; a la diputada doña Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; a la diputada doña Margarita Zavala Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y a la diputada doña Rebeca Godínez y Bravo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús Martínez Alvarez.

-El diputado Jesús Martínez Alvarez Con su permiso, señor Presidente. compañeras y compañeros diputados:

El dictamen que hoy presenta la Comisión de Equidad y Género representa, sin duda alguna, importantes cambios para alcanzar una mejor labor del Instituto Nacional de las Mujeres.

El perfeccionamiento de los mecanismos gubernamentales para coordinar los esfuerzos a favor de la mujer mexicana es indispensable, pues responde a la tarea que durante décadas realizaron diferentes organizaciones y mujeres de todo el país a favor de la equidad.

Sin embargo, estas instituciones y estos esfuerzos aún no son suficientes. La situación de la mujer trabajadora está lejos de lograr las condiciones de igualdad que la ley establece y que su dignidad lo merece. La mujer trabajadora sigue padeciendo abusos, injusticias. Las instituciones encargadas de proporcionar la información adecuada y en su defensa siguen dando muestras de ineficacia y descoordinación.

Es frecuente ver cómo la mujer se incorpora a trabajos que implican una menor retribución y a menudo con jornadas más intensas. Entre el derecho y la realidad sigue existiendo un gran abismo. La equidad no solo debe ser un asunto legal, sino ante todo un asunto de realidades, de una cultura a favor de todos sin distinción alguna.

Tales circunstancias requieren de la presencia de una institución sólida que se encargue de orientar políticas nacionales de forma transparente, buscando otorgar dignidad a la participación social de la mujer en los asuntos nacionales que son de interés de todos los mexicanos.

Por ello el grupo parlamentario de Convergencia ve con simpatía y refrenda las reformas que hoy se presentan a este pleno, para que el Instituto Nacional de las mujeres ejerza su responsabilidad con toda pulcritud, eficiencia, imparcialidad y honestidad, como reflejo de las aspiraciones y compromiso de muchas mujeres mexicanas a favor de la igualdad y de la equidad.

Sin embargo, Convergencia quiere destacar en esta ocasión el trabajo que han realizado las diputadas de la Comisión de Equidad y Género. Ha sido ejemplo de la capacidad que se tiene para llegar a acuerdos entre partidos, permitiendo la conjunción de diversas iniciativas legislativas pero con un solo resultado. Este estilo de trabajar tan eficaz debemos de cuidarlo para todas las reformas, para poder entregar buenas cuentas de nuestro trabajo a los ciudadanos.

El grupo parlamentario de Convergencia felicita pues, en esta ocasión muy especial, a todas las integrantes de la Comisión y sus resultados alcanzados. Estamos seguros de que será una aportación fundamental y un reconocimiento tácito al esfuerzo que las mexicanas y los mexicanos venimos realizando a favor de una sociedad más armónica, solidaria y equitativa.

¡Muchas felicidades a todas las mujeres por este esfuerzo realizado!

Muchas gracias.

(Aplausos)

-El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Jesús Martínez Alvarez.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

-La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (PVEM): Con su permiso, diputado Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores: Gracias a la lucha por los derechos de las mujeres a la creciente participación en el mercado laboral, al derecho de voto y a la paulatina participación en la vida política, las mujeres hemos salido de la esfera privada y familiar a la que estábamos relegadas. Hemos roto el contrato social implícito que nos confinaba a las tareas domésticas y nos relegaba a la educación de los hijos.

Hoy en día las mujeres somos actores fundamentales de la vida de nuestro país, la plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural, en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia basadas en el sexo, son objetivos prioritarios en nuestra sociedad.

El Instituto Nacional de las Mujeres fue creado el 12 de enero de 2001 y su objetivo fue el de establecer, desarrollar y fomentar una cultura de igualdad y equidad libre de violencia y discriminación, capaz de propiciar el desarrollo integral de todas las mujeres mexicanas y permitir a hombres y mujeres ejercer plenamente todos sus derechos.

En la actualidad y a pesar de los progresos conseguidos, la igualdad entre mujeres y hombres está cerca de ser una realidad. La discriminación y violencia en contra de las mujeres sigue siendo una constante. La lucha por la igualdad de género y la posibilidad de la inserción de la mujer en todos los ámbitos continúa.

Creo firmemente que el Instituto Nacional de las Mujeres es un marco útil para hacer progresar esta igualdad. Fortalecer a este instituto significa seguir generando las condiciones necesarias para erradicar las injustas desigualdades que aún subsisten.

El combate a la exclusión, la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, siguen siendo demandas justas y legítimas, por ello se hace necesario redefinir los objetivos y plantear nuevos retos.

El Instituto Nacional de las Mujeres debe responder a las exigencias y necesidades de las mujeres mexicanas. La reforma a la ley de este organismo representa un avance más. El reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres constituye la base de los valores de una sociedad democrática; es responsabilidad de todos lograrla.

Por ello, la fracción del Partido Verde Ecologista de México en esta Honorable Cámara de Diputados, votará a favor del dictamen que nos presenta hoy la Comisión de Equidad y Género.

Por su atención, muchas gracias.

(aplausos)

-El Presidente: Gracias diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-La diputada Angélica de la Peña Gómez (PRD): Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso.

Apreciables diputadas y diputados de nuestra Cámara: El día de hoy estamos presentando ante ustedes un ejercicio que es muy importante reivindicar. Efectivamente, como lo mencionaron quienes me antecedieron en la palabra y de manera muy pertinente informó la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, se hizo un trabajo por parte de la Comisión en pleno, porque hubo una gran disposición de cada una de las legisladoras de todos los grupos parlamentarios y también el trabajo de arrastrar lápiz de la subcomisión dictaminadora integrada por seis legisladoras.

Cada una de las compañeras que trabajaron ahí, por supuesto excluyendo a la que ahora toma la palabra, yo desde aquí hago un gran reconocimiento a Tatiana, a Marisol, de Acción Nacional; a la compañera Presidenta de la Comisión, Diva Hadamira; a Rebeca Godínez, Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a Estela Ponce. Me parece que es muy importante que así como hay críticas a esta Cámara, también reivindiquemos cuando hacemos un gran esfuerzo y efectivamente las diputadas y los diputados de todos los grupos parlamentarios llegamos a un acuerdo por unanimidad, en este caso para fortalecer al Instituto Nacional de las Mujeres.

Pusimos por encima del interés de nuestros grupos parlamentarios el interés superior del Instituto Nacional de las Mujeres; eso es muy importante. Ojalá que el perfeccionamiento que haceos a esta ley que tiene tres años de aplicarse, efectivamente logre su cometido, porque mucho trabajo nos está costando en México pero también está costándole mucho trabajo a todos os gobiernos del mundo, a todos los países del mundo, sin excluir a ninguno, en el cometido de lograr la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, equidad entre los géneros y, sobre todo, que eliminemos las diversas formas de discriminación que todavía se siguen padeciendo en la sociedad mexicana especialmente aquellas que se derivan precisamente por la condición de género.

Las mujeres y las niñas de este país estuvieron presentes en nuestro trabajo, lograr que efectivamente pusiéramos en estas disposiciones que hoy reformamos en la ley actual para que garanticemos que la perspectiva de género , este mecanismo de que tanto hablamos aquí algunas de nosotras, pueda ser un mecanismo que tenga las condiciones desde la ley para que pueda transversalmente definir la política pública de cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal, me parece que ahora lo logramos al modificar esta ley.

Hicimos una serie de reformas, ya se mencionaron aquí algunas, fortalecemos el Instituto al determinar que el Presidente de la República, es decir, el titular del Poder Ejecutivo presida el órgano de gobierno y que cuando no pueda , sea el secretario de Gobernación quien asuma la conducción de la Junta.

No fue fácil y con esto quiero terminar, nos costó mucho trabajo, resolvimos en las secciones de la Subcomisión y todavía el día de hoy seguimos trabajando para dejar totalmente ningún cuestionamiento de ningún grupo para que estas reformas efectivamente tuvieran todo el consenso.

Nadie logró de manera unilateral lo que quería para sí, todas y todos los grupos parlamentarios tuvimos que ceder algo, pero repito y con esto concluyo, todas lo hicimos con una gran responsabilidad pero también teniendo presente el objetivo fundamental, fortalecer este mecanismo que es el Instituto Nacional de las Mujeres para bien de las mujeres y de las niñas mexicanas.

Muchas gracias por su atención y más agradeceremos su voto a favor . Gracias.

(aplausos)

-El Presidente: Gracias diputada doña Angélica de la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Margarita Zavala Gómez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

-La diputada Margarita Zavala Gómez: Con su aceptación señor Presidente. Diputadas y diputados. Los esfuerzos de las mujeres se han venido plasmando en diversas instituciones sociales y gubernamentales. En México podemos hablar de las Comisiones de Equidad y Género en el Congreso Federal en esta Cámara, muy bien presidida, en los Congresos locales, en México podemos hablar del Instituto Nacional de las Mujeres.

Impulsado especialmente , ciertamente por hombres pero especialmente por mujeres, mujeres políticas y mujeres de la sociedad civil. En diciembre pasado, la diputada Blanca Eppen, presentó a nombre del grupo parlamentario del PAN una iniciativa en la que se redefinen los derechos de las mujeres, una Iniciativa que busca consolidar presupuestos desagregados y que señala como fundamental la inclusión de la perspectiva de género en todos los ciclos de la vida de las mujeres.

Este dictamen tiene aspectos muy importantes, de avance dentro de la estructura orgánica y hasta lo que podríamos llamar de la parte dogmática. Pero no quiero dejar pasar y lo digo con toda franqueza y con todo respeto, lo que creo que es un error. Ciertamente el artículo 12 de esta ley dice, que el Presidente de la República preside la Junta de Gobierno del Instituto y eso es cierto, puede y es posible que fortalezca a la Junta de Gobierno, al Instituto Nacional de las Mujeres porque de algún modo se dice que el tema de las mujeres es un tema no de algunas mujeres sino del Presidente de la República y dicho sea de paso, creo que ha mostrado interés el actual Presidente.

Eso quiere decir que este tema de las mujeres es un asunto directo del Presidente de la República, pero la plataforma de Beijing señala en su párrafo 203, que los gobiernos deben adoptar mecanismos nacionales como éste, como el del Instituto, y dice: "Los mecanismo nacionales existentes deben fortalecerse para el adelanto de las mujeres en las instancias más altas de gobierno que sea posible; el mecanismo debe tener mandatos y atribuciones claramente definidos, responsabilidad y recursos suficientes".

Y yo creo que se ha hecho y se hizo el esfuerzo, que se trata de un órgano que procura tener atribuciones definidas, que tiene recursos no creo tan suficientes pero tiene recursos que le hemos dado el Congreso y competencia para influir en decisiones de políticas públicas que además creo que lo ha hecho.

Pero honestamente, creo que en términos del párrafo 203 no hicimos lo más posible para subir el Inmujeres a las instancias más altas y es que en ausencia del Presidente de la República, creemos que debió haber sido la Presidente del instituto quien llevara la Junta de Gobierno y la verdad es que en la práctica lo va a hacer y bueno, lo volveremos a pedir porque lo que queremos decir es que entre el Presidente de la República y el asunto y el tema de mujeres y el instituto no hay un órgano de autoridad intermedia

No lo vamos a reservar, pero que no se entienda esta no reserva como un desconocimiento al esfuerzo y al trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres que ha tenido durante estos dos años y medio.

Y hoy, queremos sobre todo resaltar los motivos por los que hay que votar a favor de este dictamen y que son muy importantes y que son fruto del trabajo, de mucho trabajo de mujeres de diferentes partidos que ya las han mencionado aquí, en especial pues a Tatiana y a Marisol.

Este dictamen redefine los derechos de las mujeres, busca la consolidación de los presupuestos desagregados, fortalece la conexión intergubernamental; clasifica la facultad de los consejeros que son órganos auxiliares de asesoría y de análisis y mejora la toma de decisiones en la Junta de Gobierno.

Mi reconocimiento a quienes trabajaron en este dictamen, esfuerzo de diputadas de diferentes partidos y que finalmente es un ejemplo de que los partidos políticos nos podemos poner de acuerdo. A lo mejor faltan mujeres. Gracias.

-El Presidente: Gracias, diputada doña Margarita Zavala Gómez.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Rebeca Godínez y Bravo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

-La diputada Rebeca Godínez Bravo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

Antes que nada, un reconocimiento a las mujeres y los hombres que trabajan y velan por el desarrollo de todas las mujeres. Hoy corresponde a los y las representantes populares cumplir su parte.

La discriminación contra las mujeres, viola los principios de la igualdad del derecho y del respeto a la dignidad humana dificultando la participación de las mismas en iguales condiciones con el hombre en la vida pública, política, social y económica.

Al mismo tiempo, constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de las mujeres para prestar servicios a su país.

Ante esta lamentable y también irrefutable realidad que viven una gran mayoría de mujeres en el mundo y en especial en nuestro país, los y las legisladoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional han sabido mantener un trato respetuoso y cercano a las mujeres, a quienes hemos escuchado en todo momento para conocer sus inquietudes, interpretar y dar respuesta a sus necesidades y demandas.

Por esta razón, mantuvimos nuestro interés y atención en las iniciativas presentadas para reformar algunos aspectos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, donde finalmente, tuvimos una participación activa para proponer y acordar las reformas a la misma.

No debo soslayar ni pasar por alto, nuestro reconocimiento al trabajo emprendido por las legisladoras, tanto de mi partido, el Revolucionario Institucional, como de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, quienes haciendo un lado posiciones ideológicas y doctrinarias, supimos ponernos de acuerdo para encontrar lo que estamos totalmente convencidas, es lo más conveniente y favorable para las mujeres mexicanas y para las políticas públicas de genero que lleva a cabo el Instituto Nacional de las Mujeres.

Particularmente, considero que los cambios en la ley que crea este instituto, eran necesarios para modificar la manera en que venía operando, así como para llenar algunos vacíos para acercarlo a las entidades federativas del país. Consideramos que la razón que le dio vida, sigue siendo válida y creemos que con estas reformas no sólo permanecen vigente sus objetivos y principios, sino que se fortalece para instalarse como institución democrática con la capacidad de dar cabida a las diferentes corrientes plurales de la sociedad civil, así como al abrirse a la participación de las entidades federativas. Todo ello, estamos seguras fortalecerá la participación e integración de las mujeres en los planes, programas, proyectos y presupuestos de genero en México.

Por todo lo anterior, las legisladoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos que la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Primero.- Favorecen la equidad de genero al reconocer los derechos de las mujeres al incorporarlos en el artículo 3 de la ley reformada.

Segundo.- Concretan y amplían sus ambiciones y expectativas al definir y especificar ampliamente los objetivos del instituto en el artículo 6 reformado, aseguran la participación de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, en sus niveles más altos, en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y acciones con perspectiva de genero, así como el fortalecimiento de los vínculos, no sólo con los Poderes Legislativo y Judicial, sino con las entidades federativas.

Un punto importante y sobresaliente, fue la reforma al artículo 6 relativo a las atribuciones del instituto, en el cual se especifica que deberá acordar los mecanismos de coordinación y coadyuvancia con las instancias de las mujeres en las entidades federativas, favoreciendo la apertura del instituto hacia todas estas instancias, que era un reclamo muy sentido de los mismos. Asimismo, los consejos consultivo y social, salen fortalecidos.

Estas son algunas de las reformas que presentamos ante este pleno, resultado de una labor, de verdad profunda y fructífera entre diversas corrientes aquí representadas, por ese motivo, hoy las mujeres estamos contentas; pero creo que las mujeres y los hombres, debemos celebrar esta reforma y debemos votar a favor de ella. Muchas gracias.

-El Presidente: Gracias, diputada. Agotado el número de oradores registrados para fijar posiciones, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

-La diputada Secretaria Amalin Yabur Elías: En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Gracias. Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa.

La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

-El Presidente: Suficientemente discutido en lo general.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutir en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la asamblea.

-La Secretaria diputada Amalin Yabur Elías: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con las modificaciones.

(VOTACIÓN)

-La misma Secretaria: De viva voz, diputado Wintilo.

El diputado Wintilo Vega, a favor.

El diputado José Manuel Carrillo Rubio, a favor.

El diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, a favor.

Señor Presidente, se emitieron 408 votos a favor, cero en contra y una abstención.

-El Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por 408 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

(desorden en el salón)

-El Presidente: Señoras y señores legisladores, les rogamos orden en la asamblea.

Por favor, sonido en la curul del señor diputado.

-El Presidente: Perdóneme diputado, pero ya está cerrada la votación.

Sonido en la curul del señor diputado.

-El diputado Isidoro Ruiz Argaiz: Señor Presidente, yo había ya votado y el sistema electrónico cambió mi voto por abstención. Lo cambio por afirmativo.

-El Presidente: Perdóneme diputado, ya no ha lugar a considerar el cambio de su voto, porque ha sido ya declarado el turno del proyecto de decreto. Además agrego, los votos a viva voz se realizan, no para cambiar el sentido del voto después de cerrado el sistema electrónico, sino antes por falla del sistema biométrico.

(desorden en el salón)

-El Presidente: Señoras y señores legisladores.

Sonido en la curul del señor diputado.

-El diputado Isidoro Ruiz Argaiz (desde la curul): Señor Presidente, no estoy cambiando el sentido del voto. Yo voté a favor y salí estando en verde y el sistema cambió eso a amarillo, por eso voté en oportunidad.

-El Presidente: Señor diputado, perdóneme. Dado el turno y aunque usted tenga la razón y sea un error, no es posible ya considerar su voto. Discúlpeme.

(desorden en el salón)

-El Presidente: Señoras y señores legisladores.

Por favor sonido en la curul del señor...

-El diputado Isidoro Ruiz Argaiz (desde su curul): Sólo que quede constancia, señor Presidente y se registre.

-El Presidente: Queda constancia y queda registrado en el acta, señor diputado.

Señoras y señores legisladores, el siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión. Y los señores coordinadores han solicitado a la Presidencia que se anticipe la discusión del dictamen emitido por la Comisión de Ciencia y Tecnología con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis a la Ley de Ciencia y Tecnología para su discusión y votación.

Se instruye a la Secretaría para que consulte a la asamblea si se anticipa la discusión del dictamen en cuestión.

-La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se anticipa el Dictamen de Proyecto de Decreto de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

(Votación)

Muchas gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

-El Presidente: Se anticipa la discusión.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

-La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

(Votación)

Muchas gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

-El Presidente: Se le dispensa la lectura.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Julio César Córdova Martínez, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento, hasta por cinco minutos.

-El diputado Julio César Córdova Martínez: Señor Presidente, en virtud de lo extenso del tema me permitiré solicitarle dos minutos adicionales.

-El Presidente: Señor diputado, está en su derecho pero yo debo consultar a la asamblea.

Se instruye a la Secretaría para que consulte a la asamblea si se le autoriza el tiempo adicional que menciona el señor diputado.

-El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se autoriza la solicitud del señor diputado.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor

(Votación)

Gracias.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa

(Votación)

Gracias.

Mayoría por la negativa, diputado Presidente.

-El Presidente: Tiene cinco minutos, señor diputado, adelante.

-El diputado Julio César Córdova Martínez: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Decía Luis Donaldo Colosio: "Este país no nos fue heredado por nuestros padres, nos ha sido prestado por nuestros hijos".

Hoy en la LIX Legislatura tenemos la responsabilidad de dejarle a nuestras futuras generaciones un mejor país que el que nosotros recibimos.

Tenemos el reto de atender la demanda educativa, científica y tecnológica de 33 millones de niños y jóvenes entre 5 y 24 años de edad, situación que no se va a volver a repetir y que será la próxima generación productiva de este país.

De cómo los preparemos para enfrentar el futuro, dependerá el destino del México de este siglo. Hemos caído en un círculo vicioso de la ignorancia por no invertirle a la ciencia y a la tecnología, eso le ha costado mucho a México.

Mientras tanto, gracias a su apuesta a la inversión en ciencia y tecnología, países que en el pasado tenían economías similares o inferiores a la nuestra, año con año nos han ido alcanzando y rebasando en competitividad, en productividad, en ingreso per cápita y por ende, en calidad de vida.

No es posible que siendo México la novena economía del mundo, ocupe el lugar número 41 en competitividad país y el sitio 51 en calidad de vida, pero se explica cuando nos damos cuenta que ocupamos también el último lugar en inversión, en investigación y desarrollo entre los países de la OCDE y el futuro nos sigue alcanzando.

Por ello, reconozco y felicito a los senadores de la República el haber aprobado por unanimidad la iniciativa mediante la cual se adiciona un artículo a la Ley de Ciencia y Tecnología, para asegurar que al menos el 1% del Producto Interno Bruto, se destine al gasto nacional en ciencia y tecnología, que en realidad, como ustedes saben, no es un gasto, es la mejor y la más rentable de las inversiones que un país puede hacer.

Tomamos en consideración todas las opiniones y las opiniones fueron favorables y su beneplácito con la iniciativa que mandata que se destine al menos el 1% del PIB, para la inversión en ciencia y tecnología.

Quiero aprovechar la ocasión para expresarle mi reconocimiento a mis compañeras y compañeros diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que opinaron favorablemente en tiempo y forma esta importante iniciativa y con quienes nos comprometemos a trabajar estrechamente, para que en el Presupuesto 2005 y 2006 refrendemos este compromiso con el futuro de México.

Agradezco también a la Comisión de Ciencia y Tecnología que el 21 de abril del 2004, aprobó por unanimidad este dictamen.

La iniciativa en comento propone adicionar un artículo 9 bis a la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

"El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

El monto anual que el Estado destine a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro, no podrá ser menor al 1% del Producto Interno Bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente ley".

Asimismo, dicha iniciativa propone incluir dos artículos transitorios: el primero, relativo al inicio de la vigencia de la iniciativa, la cual propone que entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el segundo que señala que para dar cabal cumplimiento a esta disposición y en atención al principio de subsidiaridad, los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Estado contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto que considera el presente decreto.

Compañeras y compañeros legisladores, la investigación científica nos permite identificar con claridad los problemas nacionales, locales y sectoriales; de este conocimiento se derivan propuestas de acción política que los gobiernos pueden aplicar para resolver problemas.

Compañeras y compañeros diputados, lo que votaremos en seguida es un dictamen que involucra el futuro de muchas generaciones; o pensamos con visión de futuro o nos quedamos anclados en el subdesarrollo, viendo pasar a los protagonistas de la historia contemporánea.

Agradezco su apoyo al Partido Verde Ecologista de México, al Partido de la Revolución Democrática, al Partido Acción Nacional y por supuesto, a mi partido, el Revolucionario Institucional y asimismo invito a mis amigos del Partido del Trabajo y de Convergencia, a apoyar este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias, señor diputado don Julio César Córdova Martínez.

Se han registrado para fijar posiciones en relación con este dictamen, por el grupo parlamentario del Partido de Convergencia, el diputado don Jesús González Schmal; por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, don Jorge Legorreta Ordorica; por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, don Omar Ortega Alvarez

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, doña María Eloísa Talavera Hernández.

Y por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, don Fernando Ulises Adame de León.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús González Schmall.

-El diputado Jesús González Schmall: Con su anuencia señor presidente. Efectivamente aunque se omitió a Convergencia en la suscripción de esta iniciativa, es evidente y creo que la conciencia nacional lo reclama, el que más vale tarde que nunca, se logre enmendar esa inercia fatal que se revelaba claramente en las políticas de Estado respecto del desprecio a la investigación tecnológica, al desarrollo tecnológico y consecuentemente en mucho a los mismos presupuestos para la educación superior del país.

¿Cómo no recordar esa gran proeza de la expropiación petrolera de 1938, cuando se sentenciaba a México a vivir postrado a expensas de las potencias extranjeras, porque no iba a tener capacidad, no iba a tener recursos humanos, no iba a tener mexicanos preparados para afrontar el gran reto de expander esa gran industria que a México le dio lustro por muchos años?

De ahí emergieron, precisamente en los Centros de Estudio Superior en el Instituto Politécnico Nacional los ingenieros petroleros, en la Universidad Nacional los ingenieros químicos-metalúrgicos, y cuántos físicos y estudiosos de las ciencias materiales pudieron dar impulso a esta gran industria y México supero esa etapa con gran éxito.

Pero, ¿qué vino después si no de veras un regresión respecto de esta política de Estado en comento de las instituciones de investigación tecnológica? Hoy, recuerdo como en el gobierno de Salinas y de Zedillo desaparecieron al Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, que había nacido auspiciado por el Banco de México para darle asesoría, apoyo y desarrollo en tecnología a las pequeñas y medianas empresas mexicanas, que no podían pagar la competencia de sus grandes empresas transnacionales que importaban esa tecnología, simplemente pagando lo royal y sin las patentes.

Cómo no recordar ese gran esfuerzo de técnicos y científicos mexicanos muy cabalmente preparados, que pudieron ser realmente estrellas y luminarias en otros países del mundo y que de un tachón le dieron en un decreto presidencial la cancelación de este Instituto y se perdieron los documentales, se perdió el acervo científico, se perdieron generaciones de desarrollo, de empeño y dedicación en el desarrollo de la tecnología mexicana.

Y cómo no ver también claramente que cuando nace el Conacyt todavía había el entusiasmo, todavía había el compromiso con el México del futuro, para crearlos, toda esa gran planta de científicos mexicanos, de hombres dedicados a la investigación y al desarrollo de ideas y de creatividad de mexicanos, y cómo este gran desarrollo y este gran logro del Conacyt poco a poco ha sido asfixiado a través de estarle reduciendo presupuestos, estarlo condicionando, estando depreciándolo frente a la propia opinión pública nacional o por lo menos haciendo desconocida su labor y su gran potencial de contribución al desarrollo nacional.

Por todos estos conceptos, es evidente que no puede ser más que esta respuesta la que podemos darle al pueblo de México, que por lo menos el 1% del producto interno bruto esté comprometido y dedicado a las investigaciones tecnológicas, al desarrollo de las ideas y de la creatividad de los mexicanos, para poder aspirar a lo que siempre hemos querido, a la plena soberanía, al ejercicio realmente de nuestra propia responsabilidad en el destino de México.

No seguir supeditados a las importaciones, siempre condicionadas, siempre de sometimiento de la tecnología extranjera y de las grandes empresas que a través de estos recursos tecnológicos avanzados, también nos someten y nos dan condicionamientos que después no podemos superar para tomar nuestras propias decisiones.

De tal manera que Convergencia aplaude esta iniciativa y sea para bien de México que ésta se aplique ya en el presupuesto del próximo año fiscal. Muchas gracias señor presidente.

-El Presidente: Gracias señor diputado don Jesús González Schmal.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

-El diputado Jorge Legorreta Ordorica: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados:

Existen suficientes evidencias que demuestran que el desarrollo económico de una nación es directamente proporcional a su actividad científica. El dictamen que hoy discutimos busca incluir en la Ley de Ciencia y Tecnología, un compromiso por alcanzar los niveles de inversión necesarios, tanto por aportaciones públicas como privadas, de modo que la actividad científica pueda contribuir de manera más significativa en el crecimiento de México.

Las inversiones destinadas a la investigación retornarán en beneficios para los mexicanos; el desarrollo tecnológico dirigido a temas prioritarios puede incentivar el crecimiento económico, minimizar el desempleo, mejorar el nivel y la calidad de vida, aumentar la seguridad pública, mejorar la educación cuantitativa y cualitativamente.

La modernización tecnológica puede redituar en importantes mejoras de eficiencia en sectores estratégicos como lo es el energético, permitiendo ahorros del orden de miles de millones de pesos al año.

Desafortunadamente el gasto nacional destinado al desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro país, ha sido históricamente el mínimo indispensable permitiendo un crecimiento pobre, insuficiente y lento. En otros lugares del mundo la labor científica ha permitido grandes avances y transformaciones positivas en la población. Sin embargo, la falta de esta labor por algunos países como es el caso de México, ha dado como resultado acentuar las desigualdades entre los pueblos.

Cuando un gobierno deja de invertir en desarrollo tecnológico o lo hace de manera muy escueta, se obliga a importar las tecnologías necesarias para alcanzar los niveles de competitividad exigidas por la globalización, dejando al país exportador de la tecnología el usufructo derivado de la creación de la misma.

Este país necesita tecnologías propias que permitan aumentar el Producto Interno Bruto, crear industrias y empleo, mejorar el sector salud y en general cualquier cosa que tenga por objeto beneficiar al pueblo mexicano.

La tendencia internacional apunta a inversiones en ciencia y tecnología del orden de entre 1 y 3% del Producto Interno Bruto. En el caso de México la inversión total equivale al 0.4% quedando en último lugar entre los países del OCEDE. Para lograr un aumento sostenido en la inversión destinada a ciencia y tecnología y así alcanzar niveles más competitivos ante los estándares internacionales, se requiere especificar en la Ley de Ciencia y Tecnología, el porcentaje mínimo del Producto Interno Bruto en gasto nacional que se debe invertir en este rubro.

Por esta razón el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, votará a favor de este dictamen.

Por su atención muchas gracias.

-El Presidente: Gracias diputado don Jorge Legorreta Ordorica.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-El diputado Omar Ortega Alvarez: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados:

Vengo a ésta, la más alta tribuna de la Nación, a exponer la posición del Partido de la Revolución Democrática en relación al dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que adiciona un artículo 9 Bis, a la Ley de Ciencia y Tecnología.

Es un hecho incuestionable que la revolución científica y tecnológica mundial está ejerciendo una enorme presión sobre los países para que aumenten su productividad y competitividad, a partir de la generación y adaptación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos.

Sin embargo, tal y como ha sido señalado y reconocido por importante número de científicos e investigadores nacionales, mientras se continúe con el afán de ignorar y menospreciar las ventajas que se obtendrían con el establecimiento de una política de Estado que promueva, incentive y refuerce la investigación, así como la innovación y la capacitación del recurso humano, se limitará el impulso en el desarrollo del país.

En nuestro país, como ya es por todos conocido, para el actual ejercicio fiscal el recurso asignado a la ciencia y a la tecnología estuvieron terriblemente por debajo de los requerimientos y necesidades presupuestales de todas las instituciones del ramo, ya que de los 10 mil millones de pesos solicitados, el Ejecutivo sólo asignó 26 mil 498 millones de pesos, que resulta ser una disminución de 950 millones de pesos, en relación con lo presupuestado por el año 2003.

Con ello, esta Cámara de Diputados sólo reasignó recursos adicionales por 335 millones de pesos, lo cual significó una reducción del 0.42% al 0.37% del Producto Interno Bruto para el presente año.

Bajo esa premisa, el dictamen por el que se adiciona el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y tecnología es fundamental, al menos por dos motivos: primero, porque se garantiza que se destinen recursos específicos al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, sin menoscabo del financiamiento que se debe asignar a las instituciones educativas de Educación Superior Públicas, que realizan también investigación científica y tecnológica.

De esta forma, es relevante que se establezca por separado y respectivamente un monto de cuando menos el 1% del Producto Interno Bruto, orientado a reforzar e incentivar la realización de investigación científica y tecnológica.

Este es un primer paso, pero sumamente estratégico para contribuir decididamente en el abatimiento de la brecha que el país enfrenta en este rubro.

Segundo, porque la modificación que establece el dictamen en comento promoverá por vías complementarias que se refuerce la atención y el desarrollo de diversas áreas del conocimiento de nuestro país y con ello, la formación de cuadros profesionales calificados en cada materia, dado que cuando los países intentan acelerar el ritmo del crecimiento científico y tecnológico uno de los requerimientos imprescindibles es la disponibilidad de capital humano capacitado.

Por ello, el Partido de la Revolución Democrática se congratula por el voto a favor de manera unánime que otorgaron los distintos grupos parlamentarios dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología al proyecto de dictamen que nos ocupa y que esperamos el día de hoy se apruebe.

De otorgar su voto favorable, esta Legislatura reivindicará la necesidad de rebasar el ámbito de los pronunciamientos y las buenas intenciones de destinar mayores recursos al desarrollo científico y al avance tecnológico.

Y no sólo eso, también su voto favorable reflejará congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, de considerar prioritarias ambas actividades y destinar recursos adecuados y suficientes.

Compañeros legisladores: con toda responsabilidad y reconociendo que la mejor inversión que puede hacer un país es la que realice en el desarrollo de su conocimiento y su base tecnológica, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática apostamos a un mejor futuro y nos comprometemos hoy con la aprobación del dictamen en comento, y en adelante, a continuar con la búsqueda de este importante objetivo nacional. Es cuanto, señor Presidente.

-El Presidente: Gracias, señor diputado don Omar Ortega Álvarez.

Tiene el uso de la palabra la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

-La diputada María Eloísa Talavera Hernández: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores:

En el siglo XXI la riqueza de las naciones no la determinará la dotación de recursos naturales sino la capacidad de sus recursos humanos para afrontar y resolver los desafíos sociales y económicos. Por ello la inversión en ciencia y tecnología son cruciales para alcanzar un desarrollo sustentable.

Las fronteras del conocimiento y del desarrollo tecnológico no solamente son dinámicas y diversas, al punto de que es crecientemente complejo identificar el estado y las tendencias del quehacer científico y de la innovación tecnológica. De tal manera que México está en constante competencia con los demás países de la orbe y la carrera por el descubrimiento y aprovechamiento de nuevos conocimientos impone al Estado mexicano la tarea de promover la investigación y desarrollo científico y tecnológico para no quedar a la zaga de nuestros socios comerciales.

Hoy en día existe el consenso en reconocer la relevancia de la investigación científica y tecnológica como factor determinante para satisfacer las crecientes necesidades colectivas del país. A los legisladores del Partido Acción Nacional nos queda claro que la ciencia y la tecnología son herramientas indispensables en la construcción de sociedades modernas e incluyentes y que para México resulta clave el fortalecimiento de la investigación científica y de la innovación tecnológica para apoyar el desarrollo del país y poder competir en un entorno cada vez más dominado por el conocimiento y la información.

México ha logrado establecer y ampliar su capacidad de investigación científica y tecnológica, en particular por medio de la formación de hombres y mujeres especializados en tareas docentes y de investigación. Simultáneamente ha desarrollado todo un sistema institucional integrado por los distintos centros de investigación y universidades de la administración pública federal.

No obstante el progreso de estas instituciones la celeridad con que ocurre el avance científico y tecnológico crea la necesidad de fomentar más eficazmente el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y así como canalizar mayores recursos a estas actividades. Sin duda, esta es la parte nodal en la consecución de objetivos y metas trazadas por esta administración. Los recursos canalizados a la promoción de actividades constituyen una inversión para el futuro de los mexicanos.

Compañeras y compañeros Legisladores:

La Cámara de Diputados detenta la facultad exclusiva para disponer de la asignación presupuestal. No hagamos del establecimiento de metas presupuestales en normas secundarias una práctica común, que mine nuestras propias facultades para determinar la asignación presupuestal de nuestro país, más aún cuando estas disposiciones no tienen marco de referencia económico.

Hecha esta aclaración el grupo parlamentario de Acción Nacional se manifiesta a favor del fomento, desarrollo e impulso a la ciencia y tecnología. Las acciones y decisiones que el PAN ha promovido en esta Cámara demuestran su interés por la materia y lo avalan. Para Acción Nacional el impulso a la ciencia constituye una prioridad nacional. La iniciativa en consideración expresa con claridad el consenso de los grupos en torno a la obligación de los distintos órdenes del sector público en concurrir al gasto nacional en ciencia y tecnología, igualmente establece la naturaleza del gasto nacional como una concurrencia del sector público, privado y social para alcanzar la meta del 1 por ciento.

La iniciativa en comento constituye un paso importante en esta dirección y celebramos el hecho de que en ella participen de manera consensual los distintos grupos parlamentarios. Acción Nacional reconoce su compromiso con la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico votando a favor de esta iniciativa, pero también asumiendo como propia la tarea de encontrar las alternativas y los consensos para resolver los grandes pendientes que en esta materia deberá de resolver esta soberanía.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

-El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Muchísimas gracias diputada doña María Eloísa Talavera Hernández.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Fernando Ulises Adame de León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

-El diputado Fernando Ulises Adame de León (PRD): Muchas gracias, caballero y amigo Presidente.

-El Presidente: Adelante diputado.

-El diputado Fernando Ulises Adame de León: Compañeros; compañeras, diputados: El grupo parlamentario del PRI manifiesta también su interés para que esta propuesta en el seno de este Congreso tenga la aprobación que merece.

Nosotros sabemos, estamos claros y lo hemos dicho, en el discurso los mexicanos estamos de acuerdo con incrementar el nivel de presupuesto para que haya un mejoramiento en la actividad científica y tecnológica.

Históricamente se ha propuesto en todos los foros, se ha comentado y se han autorizado incrementos en presupuesto. Ahora vivimos una oportunidad histórica, el pleno de la Comisión ha determinado aprobarlo favorablemente, nosotros lo festejamos igual que el resto de los mexicanos; esperamos tener la autorización de este Congreso.

Todos sabemos que hay países que han logrado, que tienen mucho, hay países como el nuestro que lo están buscando y hay otros que no tienen idea de cómo conseguirlo.

Hemos hecho referencia de que la mejor vía para concretarlo es invertir en las partes medulares del crecimiento, que es la investigación científica, tecnológica y la educación. Y hay países que lo han demostrado, España y Corea, por ejemplo, por no mencionar a los Estados Unidos.

Pero nosotros lo hemos hecho discurso, pero nosotros lo hemos abanderado y hasta este momento no lo hemos podido concretar. Esta es una oportunidad importante y sabemos claramente cuál es nuestra situación financiera en este momento en el país.

Sabemos con precisión qué nos está pasando en el sistema de pensiones, entendemos también cuáles son los problemas que existen con REPECOS y Pidiregas, incluso entendemos que tenemos problemas de insuficiencia en la recaudación y sin embargo es necesario decirlo. México demanda atender asuntos coyunturales y la investigación científica y tecnológica es uno de ellos. Junto con esto tendrá que venir una iniciativa que de manera profunda reforme el sistema educativo y tecnológico del país, porque de nada nos servirá tener recursos si nos falta una política que guíe, que medie la utilización de los mismos para el desarrollo nacional.

Nosotros no podemos ser expertos en todo, México no puede seguir teniendo expertos en todo, a la vez que pocos resultados. México tiene que definir cuáles son sus áreas prioritarias de investigación. Y quiero mencionar por ejemplo a la biotecnología, a la biodiversidad, a la minería, a la oceanografía, a las zonas áridas entre otros, como puntos importantes para el desarrollo tecnológico de México.

No podemos seguir gastando los recursos, pocos o muchos, tenemos que definir ambas situaciones a la vez. Por eso, a la vez que se está solicitando un incremento paulatino, que no recaiga fuertemente sobre las arcas de este país en cuestiones financieras, es necesario establecer compromisos y el Partido Revolucionario Institucional lo manifiesta claramente en su plataforma política. Se requiere una reforma profunda en el sistema educativo y en el sistema de mejoramiento y transferencia tecnológica.

No podemos seguir teniendo productores sin técnicos y técnicos sin productores. No podemos seguir generando científicos manejando taxis, no podemos permitirnos el lujo de generar durante 20 años un personal que finalmente no se ocupe.

Nosotros avalamos totalmente esta propuesta, la hacemos nuestra y hacemos la invitación para que el resto del país la haga suya también.

Es todo, señor Presidente.

(aplausos)

-El Presidente: Gracias señor diputado don Fernando Ulises Adame de León.

Se instruye a la Secretaría para que consulte a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

-La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: En votación económica se pregunta a la asamblea ...

-El Presidente: Sonido en la curul de don Héctor Gutiérrez de la Garza.

-El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Diputado Presidente, me hubiese gustado reservarme el Artículo 9-bis, más sin embargo siguiendo el procedimiento me sería imposible en este momento presentarle una redacción y no quisiera que los argumentos quedaran en el aire.

Por lo tanto, me veo en la necesidad de que me autorice a subir en contra de eset proyecto.

-El Presidente: Lo voy a considerar en su momento, después de considerar suficientemente discutido en lo particular, voy a preguntar si alguien reserva artículos en lo particular.

Se instruye a la Secretaría, consulte a la Asamblea si el Dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

-La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de Decreto en lo general.

Las ciudadanas Diputadas y los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

(votación) muchas gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.

-El Presidente: Suficientemente discutido en lo general.

Para los efectos del Artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Don Héctor Gutiérrez de la Vega, sonido en la curul. Perdón, perdóneme, don Héctor Gutiérrez de la Garza.

-El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Se vale después de diez horas y media de sesión Diputado Presidente.

-El Presidente: Se vale equivocarse, así es don Héctor.

-El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde su curul): El Artículo 9-bis Diputado Presidente.

-El Presidente: Artículo 9-bis. Sonido en la curul del señor Diputado José Antonio de la Vega

-El diputado José Antonio de la Vega (desde su curul): Señor Presidente, para reservarnos en lo particular la discusión del Artículo 2º. Transitorio.

-El Presidente: Sonido en la curul del señor Diputado don Hugo Rodríguez.

-El diputado Hugo Rodríguez (desde su curul): Señor Presidente, para reserva del 9-bis.

-El Presidente: Reservado el 9-bis. ¿Alguien más?. Señoras y señores Legisladores, si bien es cierto de que hay Artículo Unico que es el 9-bis, también lo es que este Dictamen tiene el Artículo Unico como 9-bis y tiene el Artículo Transitorio, de ahí la razón de que la Presidencia acepte la reserva de alguno de los artículos del Dictamen.

Dice el Artículo 120:- "Si algún artículo constare de varias proposiciones, se pondrá a discusión separadamente una después de otra, señalándolas previamente su autor o la Comisión que las presente." Ese es el fundamento de que esta Presidencia haya aceptado la reserva.

Se instruye a la Secretaría para que abra el sistema electrónico para recibir la votación en o general del Proyecto con excepción de los artículos reservados, por cinco minutos.

-La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder en la votación en lo general, con excepción de los artículos reservados.

( V O T A C I O N )

(interrupción al inicio de la votación)…

-El diputado Julio Boltvinik Kalinca: (desde su curul, sin micrófono) Señor Presidente se va a volver a votar el… se va a votar dos veces el mismo artículo?… Señor Presidente, pido sonido en la curul, por favor.

-El Presidente: Sonido en la curul del diputado Boltvinik.

-El diputado Julio Boltvinik Kalinca: (desde su curul) El decreto 100 tiene solamente un artículo único y dos transitorios; si se han reservado un transitorio y el artículo único, entonces en este momento vamos a votar nada más el primero transitorio. ¿De eso se trata, señor Presidente, de votar el primero transitorio?

-El Presidente: De eso se trata, de acuerdo con el reglamento señor diputado, no tengo otra manera de recibir la votación. Así lo dice el Reglamento.

-El C. Dip. Julio Boltvinik Kalinca: (desde su curul) Bueno, entonces aclárele usted a la Asamblea que vamos a votar el artículo primero transitorio.

-El Presidente: Vamos a votar todo el proyecto en lo general, con excepción de uno de los transitorios y del nueve bis. Aclarado señor diputado.

(continua la votación nominal)

-La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Ciérrese el sistema electrónico.

Señor Presidente, se emitieron 380 votos a favor; 3 en contra y 10 abstenciones.

-El Presidente: Aprobado en lo general el proyecto de decreto por 380 votos.

Se abre la discusión en lo particular, en relación con el artículo 9 bis.

Esta Presidencia tiene registrado al señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional y al señor diputado don Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.

Antes de conceder el uso de la palabra, se consulta a los dos legisladores, en primer término a don Héctor Gutiérrez de la Garza, sonido en su curul, nos indique si va a participar en pro o en contra.

-El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: (desde su curul) En contra.

-El Presidente: En contra. Don Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

-El diputado Hugo Rodríguez Díaz: (desde su curul) Es a favor pero con una aclaración.

-El Presidente: A favor. Tiene en primer término en contra, el uso de la palabra el señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional en contra del artículo 9 bis.

-El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI) Con su venia, diputado Presidente.

Quiero primeramente precisar que comparto plenamente la intención de fortalecer el conocimiento en ciencia y tecnología en este país. Sabemos que este asunto en lo particular no es del agrado del Ejecutivo Federal, inclusive y se ha escuchado, pudiera ser vetada esta reforma; por lo mismo, tenemos que ser sumamente cuidadosos en su contenido, sería muy lamentable para esta Cámara que el veto que en determinado momento presentase el Ejecutivo, estuviese debidamente fundado y motivado.

El tema es lo siguiente, el artículo 124 de nuestra Constitución prevé en forma expresa lo siguiente: "Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se encuentran reservadas a los Estados".

Si nos remitimos al artículo 73 de nuestra legislación, es decir de donde emanan las atribuciones de esta Cámara, podemos encontrar que efectivamente podemos legislar sobre la materia más sin embargo, al legislar en este caso, estamos incidiendo en el presupuesto de egresos de Estados y municipios, violentando la soberanía de los Estados.

Ese es el problema que tiene este punto en lo particular. Debemos constreñir este 9 bis al Ejecutivo Federal, no podemos de ninguna manera obligar y violentar la soberanía de Estados y en su momento, obligarlos a su vez a que legislen en lo particular sobre municipios. Ese es el punto en este artículo 9 bis.

Por lo tanto, la modificación que estamos proponiendo a este artículo, sería la siguiente: El Ejecutivo Federal, son sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico.

El monto anual que la Federación destine a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal, que el gasto nacional en este rubro, no podrá ser menor al 1% del Producto Interno Bruto del país, mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la ley. De esta manera, se cumple el objetivo primario; se cumple de fondo de esta propuesta que es muy loable, pero no le demos argumentos al Ejecutivo Federal para que vete fundamentando en violentar la soberanía de los estados en este tema.

Gracias, diputado Presidente y gracias compañeros diputados, por su atención.

-El Presidente: Gracias, señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

-El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

Lejos de tener una diferencia en el 9 bis, como lo plantea anteriormente mi compañero diputado Héctor, yo soy sígnante de este acuerdo en la Comisión, más tenemos con algún compañero más la duda en la redacción. Dice el 9 bis : "el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a la disposición..., etcétera", pero nunca señala con claridad: "el Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y el gobierno del Distrito Federal". ¿Por qué?, porque la propia Constitución señala claramente la diferencia, el gobierno del Distrito tiene un estatuto diferente, por eso tenemos congresos y por eso aquí hay asamblea. El artículo 116, a los gobiernos de los estados y el 122, al Gobierno Federal.

Si en realidad yo estuviera equivocado en este planteamiento y el D.F. claramente fuera entidad federativa, valdría la pena que lo pusiéramos con toda claridad, para que no hubiera duda. Mi petición concreta, que se incluya en la redacción "...y el Gobierno del Distrito Federal", para que no quede fuera en el apoyo del presupuesto a Ciencia y Tecnología. Es cuanto, Presidente.

-El Presidente: Señoras y señores legisladores, agotado el número de oradores inscritos en relación con el artículo 9 bis, en lo particular. Se instruye a la Secretaria consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 9 bis, en lo particular.

-La diputada Secretaria María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 9 bis, en lo particular.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(votación)

Muchas gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa.

(votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

-El Presidente: Gracias Secretaria. Se instruye a la Secretaría para que disponga se abra el sistema electrónico..., sonido en la curul de don Héctor Gutiérrez de la Garza.

-El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Diputado Presidente, toda vez que estamos en presencia única y exclusivamente de dos artículos reservados, de la manera más atenta yo le solicitaría que al final de la discusión del Segundo Transitorio, pasáramos a la votación en lo particular de cada uno de ellos.

-El Presidente: Por favor, sonido en la curul de don Wintilo Vega.

-El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Señor Presidente, comentando con el Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y comentando con los compañeros de diversos grupos parlamentarios, solicitaríamos fuera retirado el dictamen para que se regresara a la Comisión.

-El Presidente: Señor diputado don Wintilo Vega: me plantea usted un problema de muy difícil solución técnica de carácter reglamentario, porque este dictamen ya fue votado en lo general a favor.

Por favor, don Héctor Gutiérrez de la Garza, si es tan amable. Sonido en su curul.

-El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: (desde la curul) Gracias, diputado Presidente.

Con fundamento en los artículos 109 y 110, presento moción suspensiva sobre este tema en lo particular.

-El Presidente: Señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza. El 109 nos indica: "Ninguna discusión se podrá suspender sino por estas causas: Primera. Por ser la hora en que el Reglamento fija para hacerlo. Segunda, porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de mayor urgencia o gravedad. Tercera, por graves desórdenes. Cuarta, por falta de quórum. Quinta, por proposición suspensiva que presente alguno o algunos de los miembros de la Cámara y que ésta apruebe".

El artículo 110 dice: "En el caso de moción suspensiva se leerá la proposición y sin otro requisito que oir a su autor si la quiere fundar y algún impugnador, que si le hubiera, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente".

Tiene el uso de la palabra don Héctor Gutiérrez de la Garza.

Un momento don Héctor.

Sonido en la curul del señor diputado Pablo Gómez.

-El diputado Pablo Gómez Alvarez: (desde su curul) Yo solamente le recuerdo que no estamos ante la hipótesis de la suspensión de una discusión, puesto que la discusión ya finalizó. Usted ya dijo que ya no había más oradores, por lo tanto la discusión está terminada.

Yo creo que si se quiere devolver este dictamen a discusión, lo que podemos hacer es considerar que es demasiado tarde, que hemos rebasado la hora y que debemos seguir el próximo jueves a partir de este mismo punto. La Comisión se puede reunir mañana, puede hacer las consideraciones que estime pertinentes y si se modifica de manera parcial el texto ya aprobado en lo general, se podría considerar alguna modificación, de lo contrario continuaríamos en la votación en lo particular.

-El Presidente: Tomo en consideración, don Pablo Gómez, pero he concedido ya el uso de la palabra a don Héctor Gutiérrez de la Garza para escuchar las razones de su moción suspensiva. Adelante, don Héctor.

-El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputado Presidente.

Creo que nos queda a todos muy claro que estamos frente a una situación de carácter eminentemente técnico y que la disposición y participación de cada uno de los compañeros ha sido precisamente con la intención de solucionar el problema.

La propuesta del compañero Pablo Gómez me parece muy prudente, por lo tanto retiramos la moción y obviamente con la intención de lograr el contenido técnico básico de la reforma. Gracias.

-El Presidente: Quiero por un prurito, que consulte la Secretaría a la asamblea si se suspende la sesión y se continúa el próximo jueves, la misma sesión de hoy.

-La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si autorizan a que se suspenda la sesión y se continúe el próximo jueves.

Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

(Votación)

Muchísimas gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

-El Presidente: Señoras y señores legisladores, por decisión de la asamblea, se continuará la presente sesión el próximo jueves a las 10:00 horas, dejando a salvo el derecho de los señores legisladores y de la Comisión para hacer las promociones en la continuación de la sesión.

Se levanta la sesión

(A las 21:51 horas) Se decreta un receso hasta el próximo jueves a las 10:00 horas.

Receso

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (A las 10:43) horas: Señoras y señores legisladores, concluido el receso se reanuda la sesión.

Rogamos a los medios masivos de comunicación, con todo respeto, tengan la gentiliza de ocupar sus lugares.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (Desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente: Por favor en sonido en la curul. Sonido en la curul del señor diputado don Emilio Serrano.

Adelante, diputado.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (Desde su curul): Gracias, diputado Presidente.

Es para solicitarle con todo respeto, una aclaración y exigirle una disculpa pública a los niños que acudieron al Parlamento de las Niñas y Niños, el martes pasado en esta Cámara de Diputados, porque hay una confusión y no se vale que la opinión pública diga que 500 diputados somos tontos por una expresión que se dio en este recinto, la Bandera Nacional en forma oficial tiene 3 colores y máxime que al mochar el águila del Escudo Nacional, le quitaron el laguito.

Señor diputado, yo le pido, por favor, que haga esa disculpa pública y esa explicación a los niños de México. A nosotros no nos pasa nada, pero a los niños sí se les confunde, señor Presidente.

El Presidente: Le agradezco que me dé la oportunidad, señor diputado Serrano, no de aclarar pero tiene usted muchísima razón, debí haber sido extremadamente cuidadoso con mi expresión y deber sido muy preciso.

Quise señalar sin dolo, sin mala intención, sin segunda intención, la existencia del lago donde se encontraba el Islote. Nunca fue mi intención expresar que aparte de los tres colores nacionales, existía un cuarto color en la bandera nacional.

Para todos los 500 diputados de esta Asamblea, para toda la opinión pública, el Presidente de la Cámara reconoce que debió haber sido más cuidadoso en su expresión.

Satisfecho su pedimento. (aplausos)

Señoras y señores legisladores, el día de la sesión anterior el punto del orden del día en que nos quedamos fue el debate en lo particular del Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis a la Ley de Ciencia y Tecnología.

Se agotó el debate en lo particular por lo que se refiere el artículo 9 Bis y quedó pendiente una solicitud en el sentido de que antes de tomar la votación, se debatiera en lo particular el artículo segundo transitorio, y para tal efecto, la Presidencia accede a que se lleve a efecto el debate en lo particular del artículo segundo transitorio y posteriormente se consulte a la asamblea, en los términos del 118, si ha lugar a votar o se devuelve a Comisión.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Guadalupe Osuna Millán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el artículo segundo transitorio.

El diputado José Guadalupe Osuna Millán (PAN): Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente: Adelante, señor diputado.

El diputado José Guadalupe Osuna Millán.- Compañeras y compañeros legisladores:

El artículo único del decreto establece la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno: federación, estados y municipios, en la consecución de alcanzar un monto equivalente a un punto porcentual del Producto Interno Bruto, para las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. Es decir, conmina e invita a estos tres órdenes de gobierno, para que en conjunto se alcance dicha meta, mientras que por otro lado, el artículo segundo transitorio incurre en dos errores que a continuación señalaré:

El primero es que el Congreso de la Unión, en este caso la Honorable Cámara de Diputados, no detenta la facultad para obligar a las entidades federativas o a los ayuntamientos a aumentar el presupuesto para dar cumplimiento a un precepto establecido por esta Cámara; hacerlo implicaría intromisión de sus facultades y atribuciones y en consecuencia sería motivo de una acción de inconstitucionalidad por nuestra parte.

El siguiente yerro en que incurre el segundo transitorio del decreto, es que la redacción incorpora únicamente el gasto público en la obtención del objetivo trazado, mientras que el artículo 9 bis alude al gasto nacional para alcanzar el 1% del PIB. Esta diferencia entre lo que dispone el artículo principal y lo que presenta el artículo accesorio, liquida el propósito loable del decreto y soslaya la sinergia que debemos promover entre los distintos sectores de la sociedad, para hacer de la ciencia y la tecnología un verdadero motor del desarrollo económico y social en nuestro país.

Resulta pues, de capital importancia para nuestra labor como legisladores, ser acuciosos observadores de las esferas de competencia entre los distintos Poderes de la Unión, como de los distintos órdenes de gobierno.

México es una República Democrática y Federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, no lo olvidemos. Así lo estipula la Constitución y nosotros debemos de sujetarnos a ello.

Por todo ello, el grupo parlamentario de Acción Nacional, está de acuerdo en impulsar el incremento en la asignación de recursos para la ciencia y la tecnología con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y de la iniciativa privada, pero de ninguna manera en el imperativo de ejecutar estos recursos a través exclusivamente del Presupuesto Federal.

Debemos de aclarar también que el artículo 25 de la Ley General de Educación, dentro del 8% destinado a la educación, especifica que un punto porcentual del Producto Interno Bruto, deberá ser dedicado a la ciencia y la tecnología y aquí no se ha aclarado si este punto adicional que establecería la Ley de Ciencia y Tecnología, implicaría asignar dos puntos del Producto Interno Bruto.

Creemos pues, que esta discusión puede tener vigencia, que esta discusión podemos realizarla durante el mes de septiembre cuando estemos revisando el presupuesto y que ahora hacer un proyecto al cuarto para las doce, implicaría que pudiéramos tener que aprobar una cosa que perseguimos y que es loable para el país, pero que por las contradicciones implícitas que vienen de la Minuta en el Senado, podemos discutir ampliamente en el siguiente período ordinario o en su caso en el posible período extraordinario que esta Cámara abra.

Eso es todo.

El Presidente: Gracias, señor diputado Osuna Millán.

Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro de este artículo transitorio en los términos del dictamen, el señor diputado don Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (PRD): Ciudadanas y ciudadanos legisladores. El Segundo Transitorio del Proyecto de Decreto que presenta a la consideración de esta Asamblea la Comisión Dictaminadora y que proviene en su integridad del Senado de la República, habla del principio de subsidariedad, palabra fea por cierto pero que se entiende, como aquella en la cual para el logro de un objetivo, la federación debe garantizar los recursos necesarios a efecto de suplir las deficiencias de los estados.

Este principio se aplica en todo el gasto educativo, no solamente en ciencia y tecnología, los sistemas educativos de los estados son subsidiados por la federación, y esto va a continuar así durante mucho tiempo.

Habría que hacer una profunda reforma del sistema de ingreso-gasto, que me parece que ni siquiera está a la vista para poder resolver este problema, ¿de qué se trata?

Se trata de resolver un asunto de la mayor importancia nacional, en el mundo actual el país que no aumente su gasto en ciencia y tecnología está destinado al más absoluto fracaso. Es lo prioritario de lo prioritario, amarrado a esto está la lucha contra la pobreza, amarrado a esto está la lucha en general por el crecimiento de la economía y el desarrollo social. Este es hoy un núcleo fundamental, para el futuro de cualquier país, grandes o pequeño, mucho más para el futuro de 100 millones de habitantes, ¿cómo resolver este problema?

El gobierno federal se desatiende, los estados no tienen recursos, la iniciativa privada casi no invierte nada en investigación científica y técnica, tenemos que hacer algo, ¿no?, quedarnos con los brazos cruzados, diputado,, tenemos que hacer algo, y empecemos por algo.

Establezcamos la meta, 1% del producto interno bruto, y hagamos una especie de exhorto a las entidades a que ellas contribuyan, no tenemos un problema de constitucionalidad, tenemos un problema económica, pero no un problema constitucional.

El Congreso Mexicano tiene facultad para dictar las leyes encaminadas a establecer las aportaciones económicas correspondiente al servicio público de educación, entre federación

El Congreso puede decir, teóricamente, cuánto va a aportar la federación, cuánto los estados, cuánto los municipios. Según el Artículo 73 fracción XXV de la Constitución Política, puede que no lo haga, es otra cosa, pero de que puede, puede, y si puede eso pues también puede decir que todo mundo debe incrementar su gasto en ciencia y tecnología, no sólo la Federación sino también el resto del Estado nacional a través de sus órganos administrativos locales.

¿Podemos? sí podemos; la cuestión no está en si podemos o no, que desde luego podemos, de acuerdo con el principio de la primacía constitucional. El problema es cómo lo logramos en la práctica Ese es el punto. Por eso el transitorio que está a discusión plantea el principio de la subsidiariedad y le deja a la Federación la carga de la garantía económica para lograr la meta del 1% del Producto Interno Bruto en gasto de investigación científica y técnica.

Gracias.

El Presidente: Gracias señor diputado Pablo Gómez.

Consulte la secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo particular.

La diputada Secretaria María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la presidencia y en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo particular.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa diputado presidente.

El Presidente: Gracias secretaria.

Antes de continuar se pide a la secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema para poder recabar en su oportunidad la votación.

(Votación)

Se informa a la presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 394 diputadas y diputados, más el diputado Gabriel Escalante y la diputada Guadalupe Fonz, la diputada Sara Rocha, el diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, la diputada Socorro Díaz, el diputado Juan José García Ochoa, la diputada Leticia Gutiérrez, el diputado Francisco Landeros. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula.

En total señor presidente hay una asistencia de 402 diputadas y diputados.

El Presidente: Con esa asistencia se declara que hay quórum.

En virtud de que se ha declarado suficientemente discutidos en lo particular el artículo 9 Bis y el segundo transitorio de la Ley de Ciencia y Tecnología, de conformidad con el artículo 118 del Reglamento, se pide a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si ha lugar a votar.

La misma Secretaria: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si ha lugar.

El Presidente: Por favor sonido en la curul del don Héctor Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde su curul) Gracias diputado presidente.

Me gustaría que precisase a esta Asamblea que en el evento de que no se considere que el asunto esté sujeto a votación, los dos artículos reservados regresarían a la comisión, no el dictamen, pero sí los dos artículos, para efectos de modificar alguna particularidad. Gracias.

El Presidente: Como lo pide el señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, esta presidencia hace del conocimiento de la Asamblea en primer término el contenido del artículo 118 del Reglamento que dice lo siguiente:

"… asimismo cerrada la discusión de cada uno de los artículos en lo particular, se preguntará si ha lugar o no a votar. En el primer caso se procederá a la votación. En el segundo volverá el artículo a la comisión."

En consecuencia la secretaría consultará a la Asamblea si ha lugar a votar. Si la Asamblea vota que sí ha lugar a votar. Si la asamblea vota que sí ha lugar a votar, se procederá a recoger la votación nominal. Si la asamblea vota que no ha lugar a votar, no el dictamen sino los dos artículos, volverán a comisión para ser modificados.

Consulte la secretaría a la asamblea si ha lugar a votar. Un momento. Sonido en la curul de don Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega (Desde la curul): Le solicitaríamos pudiera ser la votación nominal en esta consulta.

El Presidente: Quién le apoya.

El diputado Wintilo Vega: (Desde la curul) Los compañeros diputados que están levantando la mano.

El Presidente: Correcto, don Wintilo. Satisfecho el requisito, haga la consulta en votación nominal la secretaría y para tal efecto ordene la apertura del sistema electrónico por cinco minutos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la consulta de si ha lugar a votar.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz el diputado Rafael Galindo Jaime.

El diputado Rafael Galindo Jaime: (Desde la curul) A favor.

La diputada Marcela Guerra: (Desde la curul) A favor.

El diputado Miguel Luna: (Desde la curul) A favor.

La misma Secretaria: Señor presidente, se emitieron 240 votos en pro, 147 en contra y 6 abstenciones.

El Presidente: Gracias, secretaria. La asamblea ha decidido que haya votación sobre el artículo 9 bis y sobre el artículo 2º. transitorio.

Se tomará, en primer término, la votación nominal del artículo 9 bis. Para tal efecto, se instruye a la secretaría para que se abra el sistema electrónico por cinco minutos para recibir la votación nominal del artículo 9 bis.

La misma Secretaria: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento…

El Presidente: Un momento, secretaria. Sonido en la cururl de don Héctor Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: (Desde la curul) Gracias, diputado presidente. Para solicitar de nueva cuenta ilustre a la asamblea qué es exactamente lo que está sometiendo a votación en el carácter de a favor o en contra con relación al dictamen toda vez que hubo una proposición presentada en la sesión del pasado martes.

Sería muy conveniente, presidente, que aclare perfectamente qué es lo que se está sometiendo a votación. Gracias.

El Presidente: Perdóneme, don Héctor, pero esta presidencia no tiene conocimiento de que se haya presentado absolutamente ninguna proposición ni se sometió a consideración de la asamblea para incluirse en el dictamen.

Lo que va a someter la presidencia a conocimiento de la asamblea, por conducto de la secretaría, es si se vota a favor o en contra del artículo 9 bis en sus términos. Aclarado.

Se instruye a la secretaría para el efecto de que abra el sistema electrónico por cinco minutos. Un momento.

Por favor sonido en la curul del señor diputado don Pablo Gómez

(El diputado Pablo Gómez, se abstiene de hacer intervención)

El C. Presidente: Sonido en la curul del señor diputado don Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega (Desde su curul): A ver, Presidente: entiendo que el voto a favor que vamos a iniciar, significaría que estamos a favor del artículo 9 bis como viene en la minuta que envió el Senado.

El C. Presidente: Así es, porque no hay ninguna proposición que lo modifique.

El diputado Wintilo Vega (Desde su curul): Bien, voto a favor significa en los términos.

El C. Presidente: Así es, don Wintilo.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 171 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 9 bis, en sus términos.

(Votación)

(En el transcurso de la votación el Presidente informa: Señoras y señores legisladores: En el área de Galerías se encuentran cien alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, del Estado de México, a quienes se les da la bienvenida)

(Aplausos)

(Continúa la votación)

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: De viva voz, el diputado Rafael Galindo Jaime.

El diputado Rafael Galindo Jaime: ¡A favor!

La misma Secretaria: La diputada Marcela Guerra, de viva voz.

La diputada Marcela Guerra: ¡A favor! diputada Secretaria.

La misma Secretaria: El diputado Fernando Espino.

El diputado Fernando Espino: ¡A favor! Secretaria diputada.

La misma Secretaria: Gracias, diputado.

El diputado López Mena.

El diputado Francisco Xavier López Mena: ¡En contra!

La misma Secretaria: Gracias, diputado.

Diputado Jesús Vizcarra.

El diputado Jesús Vizcarra: ¡A favor!

La misma Secretaria: Gracias, diputado.

Señor Presidente, se emitieron 236 votos en pro, 152 votos en contra y 10 abstenciones.

El C. Presidente: Aprobado en lo particular el artículo 9 bis en los términos del dictamen, por 236 votos.

Se instruye a la Secretaría para que proceda a recabar la votación nominal del artículo 2º., transitorio y para tal efecto se le instruye para que disponga se abra el sistema electrónico por cinco minutos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 2º., transitorio en sus términos.

(Votación)

La misma Secretaria: De viva voz la diputada Marcela Guerra.

La diputada Marcela Guerra: En abstención.

La misma Secretaria: Señor presidente se emitieron 227 votos en pro, 143 votos en contra y 15 abstenciones.

El C. Presidente: Aprobado en lo particular el artículo 2º., transitorio por 227 votos.

Aprobado en o general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 9 bis a la Ley de Ciencia y Tecnología.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Señoras y señores legisladores. En la sesión anterior esta Presidencia sometió a consideración de la Asamblea si se anticipaba en el debate la discusión del proyecto de decreto por el que se aprueba el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. La asamblea no se ha pronunciado todavía sobre la terminación de la sesión.

La Presidencia ha recibido una solicitud de la Junta de Coordinación Política, suscrita por todos los coordinadores, para que este punto sea el último que se toque en la sesión anterior y se convoque de inmediato a nueva sesión.

Instruyo a la Secretaría consulte a la asamblea si se da por concluida la sesión del día de antier, martes.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI): Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la asamblea si se concluye con este punto la sesión del pasado martes.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (PAN): Gracias, Secretaria.

(A las 11:32 horas) Se levanta la sesión iniciada el 27 de abril.