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SESION DEL JUEVES 18 DE MARZO DE 2004

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 198 aniversario del natalicio del Lic. Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, tendrá lugar el 21 de marzo, a las 10:00 horas, en el hemiciclo erigido en su memoria, en la Alameda Central, delegación Cuauhtémoc.

De la diputada Elba Esther Gordillo Morales.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

De la Cámara de Senadores.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política, con diversos proyectos de acuerdo para la constitución de comisiones especiales, bicamarales y comités.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Nueve, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Dos, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma el párrafo único del artículo 387 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 219 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Angel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma la denominación del Capítulo 1 del Título Primero; adiciona un párrafo cuarto al artículo 1° y los párrafos cuarto y quinto al artículo 17; reforma los artículos 29, 89, fracción X, y 103, fracción I; y adiciona un párrafo tercero al artículo 113 y un párrafo segundo al artículo 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1161, fracción V, párrafo segundo, y el primer párrafo del artículo 1934 del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley de Subsidios para Empresas de Aviación, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y modifica diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Juan Manuel Vega Rayet, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 116, 125, 137 y 143 de la Ley General de Población, así como la fracción III del artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; adiciona un Título Vigésimo Séptimo, denominado "Delitos en Materia Migratoria", así como los artículos 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 y 441 al Código Penal Federal, así como un inciso 35) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y deroga los artículos 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 138 y 139 de la Ley General de Población, así como la fracción V del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el párrafo tercero del artículo 14 y el párrafo primero y deroga el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73; y adiciona un párrafo tercero al artículo 102, apartado A, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la Base Primera, fracción V, inciso i), del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 42, fracción XIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a fin de facultar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en todo lo relativo a seguridad pública en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga la fracción II y el último párrafo del artículo 57 del Código de Justicia Militar, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, así como para reformar el artículo 215-A y derogar los artículos 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de Ley General de Bienes Nacionales.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 32, el segundo párrafo del artículo 33 y el artículo 36; y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, recorriéndose el orden de los subsecuentes, del artículo 32 de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción I del artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de adicciones.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 268 Bis y 268 Bis I; y reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud, para regular la elaboración de tatuajes permanentes, micropigmentación y perforaciones.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de declaratoria que adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para garantizar la aplicación de las normas ecológicas de la Semarnat en el plan de abandono y cierre del vertedero de desechos sólidos de Matatlán, municipio de Tonalá, Jalisco, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal que exponga ante el pleno de la Comisión del Distrito Federal de la H. Cámara de Diputados las acciones que está realizando con relación a los actos de corrupción en que han incurrido diversos servidores públicos del Gobierno de la Ciudad y de las delegaciones, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar información a la Secretaría de Educación Pública respecto de los cambios que están operando en la educación preescolar como consecuencia de la reforma constitucional de mayo de 2002, que hace obligatorio ese nivel educativo, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo federal a que, en conjunto con la Junta de Gobierno del organismo público Luz y Fuerza del Centro, implante un programa que establezca metas concretas de productividad y eficiencia con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con el fin de homologar indicadores de la industria eléctrica paraestatal, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de manifestar el rechazo a las medidas de bloqueo implantadas por el gobierno de Estados Unidos de América a la comunidad científica para impedir el libre intercambio y difusión de investigaciones desarrolladas por científicos cubanos o a participar en foros de ese carácter que tengan sede en territorio de Cuba, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de formular un atento exhorto al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, respetando su autonomía, para que deje sin efecto el decreto que reforma el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado el 15 de enero y el 11 de febrero de 2004, que violenta la autonomía municipal, a cargo del diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se saluda al pueblo español, particularmente a su Presidente electo, señor José Luis Rodríguez Zapatero, y al Partido Socialista Español por su triunfo en los comicios del 14 de marzo, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a la sociedad acerca del estado de contaminación que guardan las playas mexicanas, así como de las medidas de contingencia que se aplicarán durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al gobierno de México que se abstenga de votar contra una resolución en materia de derechos humanos en Cuba, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las verificaciones necesarias del aeropuerto internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y, en caso de que no cumpla el grupo concesionario las obligaciones de conservación y mantenimiento en esa central aérea, se le sancione o, en su caso, revoque la concesión conforme a derecho, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de crear la Comisión Especial para los festejos del Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para recomendar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público que, mediante sus órganos desconcentrados, haya mayor coordinación en el diseño y la propuesta de instrumentos económicos, fiscales, financieros y del mercado destinados a apoyar la internalización de daños ambientales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Junta de Coordinación Política que integre una comisión especial de seguimiento al caso del cardenal Posadas Ocampo, a cargo del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a retirar las reservas impuestas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dar trámite y respuesta a la petición de las comisiones relacionadas con el campo sobre la reasignación de 10 mil 800 millones de pesos de presupuesto para dicho sector, suscrita por integrantes de diversas comisiones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado J. Miguel Luna Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Salud y de Seguridad Social; Desarrollo Social y Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Sobre el LXVI aniversario de la expropiación petrolera, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Convergencia.

Sobre el aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, y de Convergencia.

EL PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos legisladores.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 298 ciudadanas diputadas y diputados, señor Presidente, por lo tanto hay quórum.

Ruego a los medios de comunicación tengan la gentileza de ocupar sus lugares; a los señores legisladores, ocupar sus lugares.

Esta Presidencia participa a esta asamblea que falleció el profesor Enrique Olivares Santana, quien fuera diputado en la XLIV Legislatura, senador de la República por el estado de Aguascalientes en la XLVIII y XLIX Legislaturas y Presidente de la Comisión Permanente.

Se pide a los ciudadanos diputados ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

EL MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

EL MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

(votación)

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

EL PRESIDENTE: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: diputado don Jorge Ortiz Alvarado, diputado don Ernesto Herrera Tovar, diputado don Santiago Cortés Sandoval.

EL PRESIDENTE: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Elba Esther Gordillo Morales, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la Cuarta Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Se cuenta con diferentes oficios de la Secretaría de Gobernación.

EL PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Economía y al promovente para su conocimiento.

EL PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Economía y al promovente para su conocimiento.

MISMO SECRETARIO: Se cuenta con otro oficio de la Secretaría de Gobernación

EL PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, y de Economía y al promovente para su conocimiento.

EL PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Energía y al promovente para su conocimiento.

EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Economía y al promovente para su conocimiento.

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al promovente, para su conocimiento.

(Oficio de la Secretaría de Gobernación que remite contestación al Secretario de Salud del estado de Nuevo León, en relación al punto de acuerdo relativo a brotes de conjuntivitis en el país).

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Comisión de Salud y al promovente, para su conocimiento.

(Oficio de la Secretaría de Gobernación que remite contestación de la PROFECO en relación al punto de acuerdo en el que se solicita información sobre medidas para evitar abusos derivados de la enfermedad de las vacas locas).

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a las Comisiones de Salud, de Agricultura y Ganadería, de Economía y al promovente, para su conocimiento.

(Oficio de la Secretaría de Gobernación que remite contestación de la Secretaría de Economía al punto de acuerdo aprobado sobre la importación de automóviles usados para la franja fronteriza del norte del país).

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Comisión de Economía y al promovente, para su conocimiento.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- Cumplida la encomienda, diputado Presidente.

El siguiente punto del orden del día, es el capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el párrafo único del artículo 387 del Código Federal de Procedimientos Penales.

EL C. DIPUTADO ROBERTO ANTONIO MARRUFO TORRES.- Con su permiso, señor Presidente.

El suscrito diputado federal Roberto Antonio Marrufo Torres, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo único del artículo 387 del Código Federal de Procedimientos Penales, cambiando la palabra "podrá" por "deberá", misma que se fundamenta y motiva en la siguiente:

Es evidente que en los últimos diez años, los índices de criminalidad en nuestro país han aumentado dramáticamente. Esto se debe a una diversidad de factores como lo son el desempleo, la pobreza, la marginación, sin embargo, uno de los que más influyen en esto, es sin duda la imprecisión de nuestros ordenamientos penales, así como la relativa laxitud de nuestro sistema de impartición de justicia, que permite abandonen los penales quienes no deben, pero tienen recursos económicos y quedándose quienes no los tienen y en consecuencia tuvieron una mala defensa.

Mucho se ha hablado de realizar un trabajo legislativo acorde a los tiempos actuales que garanticen mejorar los sistemas de impartición de justicia; todo ciudadano mexicano acusado de algún delito, tiene derechos inviolables que le deben garantizar un juicio justo, como lo señala el artículo 17 constitucional.

La sociedad exige mejor atención al sistema de impartición de justicia, penas más severas para delincuentes de alta peligrosidad y reincidentes; además se queja de quienes administran y procuran justicia con el supuesto que no cumplen debidamente con su deber.

El incremento de penas a delitos del orden federal, ocasiona que muchos acusados no alcancen el beneficio de la libertad bajo caución, motivando una excesiva sobrepoblación de los penales federales, estos reos en muchos casos podrán ser inocentes, que fueron atendidos por defensores de oficio o particulares en forma torpe o deficiente.

Existen circunstancias no muy claras que permiten que delincuentes de alta peligrosidad, pero con muchos recursos económicos abandonen los reclusorios sin purgar sus respectivas condenas, esto obedece principalmente a profesionales del derecho cinética, mediante argucias legales liberan a estos peligrosos delincuentes, descuidando asuntos donde no ven beneficio económico y en ocasiones traicionan a sus clientes, perjudicando con esto gravemente a toda una familia.

A todo esto podemos agregar que cuando alguien es detenido por alguna corporación policíaca del nivel que sea, son presionados a declararse culpables bajo torturas sicológicas, físicas o morales y se declaran culpables siendo en muchos casos inocentes.

En nuestra legislación penal y en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido reformada en algunos de sus artículos, para que todos los culpables puedan tener el derecho de una defensa adecuada, tal y como lo prevé el Artículo 14 y 20 Constitucional, pero considero debemos prever cuando el acusado es inocente y que continúa en los centros de readaptación, porque su defensor no atendió adecuadamente su caso. Esto permite que acusados inocentes permanezcan en prisión por años, causándole graves perjuicios al reo, a la sociedad y a sus familias.

Los legisladores somos corresponsables de que la impartición de justicia, sea justa y equitativa, y no sean perjudicados inculpados por errores a terceros.

La modificación que propongo cambiará la palabra podrá por "deberá" del párrafo único del Artículo 387 del Código Federal de Procedimientos Penales, cuyo contenido invoca lo siguiente:

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si el Tribunal de Apelaciones vota que hubo violación manifiesta del procedimiento, que haya dejado sin defensa al procesado y que sólo por torpeza o negligencia de su defensor y no fue combatida debidamente, podrá suplir la deficiencia y ordenar que se reponga dicho procedimiento.

Este artículo señala cuando el Tribunal de Alzada detecte una mala defensa, podrá reponer el procedimiento, pero la palabra "podrá" es una situación optativa y no impositiva, que violente el Artículo 17 Constitucional, mismo que establece equidad y justicia en la partición de la misma. No se ha tenido conocimiento de un caso por el cual se repita el procedimiento a juicio del Tribunal de Apelación, por lo tanto la potestad dada a los señores magistrados de que podrán reponer el procedimiento, es una función muerta, y esto afecta de manera grave a una gran cantidad de reos que han tenido una mala defensa.

Por ello, compañeras y compañeros diputados, es necesario plantear una serie de reformas legislativas, que permitan una mejor impartición de justicia, debiendo terminar con la ignominia del derecho para todos aquellos que no han tenido una defensa adecuada, en el que el Tribunal de Apelación esté obligado a reponer el procedimiento penal por una mala defensa, pues todo reo tiene derecho constitucional de ser defendido en forma adecuada.

Por ello, propongo a consideración de esta soberanía apruebe esta iniciativa de decreto que reforma el párrafo único del Artículo 387 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dice: "No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si el Tribunal de Apelaciones vota que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa al procesado y que sólo por torpeza o negligencia de su defensor, no podrá ser combatida debidamente, podrá suplir la deficiencia y ordenar que se reponga dicho procedimiento"

Y deberá decir, es mi propuesta: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, ei el Tribunal de Apelaciones vota que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa al procesado y que sólo por su torpeza o negligencia de su defensa, no podrá ser combatida debidamente deberá suplir la deficiencia y ordenar que se reponga dicho procedimiento".

Túrnese la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra don Miguel Angel Toscano Velasco del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional…

..-PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Miguel Angel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que reforma el artículo 219 de la Ley General de Salud.

Vengo a esta tribuna a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, 72 párrafo primero y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento Interior para el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a someter a consideración de este cuerpo colegiado la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente:

En México, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Información, Estadística y Geografía, existen poco más de 27 millones de personas entre 15 y 29 años, todos ellos potenciales consumidores de bebidas alcohólicas.

La medicalización del alcoholismo se inició a principios del siglo pasado cuando el doctor Esquirol, de nacional francesa, describió el delirio nervioso como consecuencia del abuso del alcohol. En el hospital San Andrés de México, se diagnosticaba y se trataba este delirio. Las estadísticas mostraban que la muerte violenta, el suicidio, el crimen y la patología mental, aumentaba rigurosamente en la misma proporción que el consumo del alcohol.

Las medidas para combatir el alcoholismo fueron del orden moral, administrativo y médico, las morales estaban orientadas a la creación de las sociedades de temperancia, mismas que se comprometían a tomar sólo bebidas higiénicas, naturales y prohibían el consumo de alcohol. Las medidas administrativas incluían el aumento del impuesto sobre el alcohol, la limitación del número de cantinas y la vigilancia de la pureza de los licores de acuerdo con el Código Sanitario.

En 1889 se propusieron en París las primeras medidas de orden judicial que fueron adoptadas de inmediato por México; éstas consideraban el internamiento de oficio a establecimientos especiales de las personas con embriaguez patológica y alcoholismo crónico en el Hospital de San Hipólito en Mëxico.

Hoy en día el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y sus efectos, con combativos desde distintos ámbitos: médico, administrativo e inclusive judiciales. Sin embargo el alcoholismo es un problema creciente principalmente entre los adolescentes y jóvenes mexicanos, llegando hasta cifras alarmantes. No obstante, el combate al alcoholismo se basa principalmente sobre la información y la prevención.

Al problema del alcoholismo que ataca a millones de mexicanos se suman hoy los efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas de mala calidad o de procedencia clandestina mejor conocidas como bebidas adulteradas. Conocidos son por todos los efectos en la salud y el sique de los llamados ebrios consuetudinarios o alcohólicos; ello sin mencionar las alarmantes cifras de violencia intrafamiliar, suicidios y en general toda la problemática que permea en la sociedad mexicana.

Sin embargo, muy poco difundidos son los efectos en el organismo por la ingestión de bebidas alcohólicas adulteradas que en el mejor de los casos producen vómito, náusea o pérdida temporal de la memoria. Pero que en casos extremos sus efectos pueden traducirse en ceguera e incluso la muerte. Pero menos difundido aun es que la primera causa de ingestión de bebidas alcohólicas adulteradas es el acceso a establecimientos mercantiles con el servicio de los comunmente se denomina "barra libre" o dicho de otro modo, estos bares, discotecas u hoteles, ofrecen al público en general el consumo ilimitado de bebidas alcohólicas a cambio de un pago único al momento de su acceso a estos establecimientos o le son suministrados a un precio ridículo, es decir un peso, incluso 50 centavos por bebida. Claro está que el consumidor nunca puede cerciorarse del nombre de la bebida que toma incluso, si el envase estaba sellado o fue rellenado.

Hoy en día, al no estar prohibida esta modalidad salvo en el Distrito Federal y el municipio de Zapopan en Jalisco, miles de jóvenes se ven expuestos a los efectos en la salud por la ingestión de bebidas alcohólicas, así como robos, violaciones, secuestros y cualquier tipo de delito que se pueda cometer cuando no se tiene conciencia sobre sus actos.

La "barra libre" ofrecida como modalidad comercial, no sólo induce al consume desmedido del alcohol con todas sus consecuencias nocivas, adicionalmente promueve la discriminación en la entrada a establecimientos pues al pago de esta "barra libre" podemos agregar que la compra de un botella es el paso de entrada inmediato al establecimiento e inclusive el acceso a una mesa; servicios que de otra forma no habrían podido conseguirse.

Conscientes de los desafortunados sucesos generados por las bebidas adulteradas que no sólo dañan la salud de los consumidores, sino que afectan considerablemente esta rama de la industria en México, propongo una reforma al artículo 219 de la Ley General de Salud, para que en su texto se incluya la prohibición de la mejor conocida como "barra libre" principal generadora de la venta y expedición de bebidas alcohólicas adulteradas para quedar como sigue:

Artículo 219. En ningún caso y en ninguna forma se podrá expender o suministrar bebidas alcohólicas, envasadas o en estado natural, mezcladas, preparadas, adicionadas o condimentadas bajo cualquier modalidad que pretenda por medio de un pago único, otorgar el consumo limitado o ilimitado de las mismas. Es tanto, señor presidente.

EL C. PRESIDENTE: Gracias. El diputado Miguel Angel Toscano Velasco es miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposición de la Constitución General de la República.

LA C. DIPUTADA ELIANA GARCIA LAGUNA: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, amigos y amigas de los medios de comunicación: mi partido, orgullosamente el de la Revolución Democrática, llega a este segundo período ordinario de sesiones de la LIX Legislatura en la situación más difícil y más desafiante de nuestra historia.

En las últimas dos semanas hemos vivido las y los militantes, simpatizantes y amigos y amigas a lo largo y ancho de nuestro país días de desasosiego, de crisis personal y colectiva, de imágenes que nos laceran y al mismo tiempo momentos de oportunidad porque las crisis son fundamentalmente oportunidad y requieren acciones de congruencia.

Estamos aquí ante ustedes y sobre todo ante la nación mexicana los y las legisladoras del Partido de la Revolución Democrática para decirles que nuestro partido representa la conjugación de las luchas y causas históricas de amplios sectores progresistas y de la izquierda mexicana.

En nuestro grupo parlamentario están compañeras y compañeros que formaron parte activa de los movimientos de 1968 y 1971, de la lucha revolucionaria de las décadas de los 70 y 80, compañeros y compañeras que por estas luchas sufrimos desaparición y cárcel.

Compartimos en la bancada perredista la experiencia de compañeros y compañeros comunistas, luchadores sociales y militantes políticos del magisterio, de la lucha urbana y campesina, de las batallas por la democratización e independencia de los sindicados, hombres y mujeres libres que hemos querido transformar, desde diferentes trincheras, este país plagado de inequidades, injusticias, impunidades y de corrupción.

Sí, de corrupción, porque la patente de corzo de la corrupción en este país, compañeros y compañeras legisladores, no la tiene nuestro partido ni la instauramos nosotros como mecanismo de control de Estado, aunque en las últimos semanas seamos la muestra mediática, no la única y evidentemente no la de mayor magnitud, de que el sistema corrupto ha impregnado todas las estructuras de nuestra sociedad, inclusive a nuestro partido.

Queremos reivindicar de ésta la máxima tribuna de nuestra nación que representamos un proyecto de país, una concepción de vida, una forma de hacer política. La trayectoria de cientos de miles de voluntades que, pese a sentirse lastimadas por la conducta reprochable de algunos de nuestros dirigentes, somos expresión de las más nobles causas de la izquierda y de los sectores democráticos de ésta nuestra casa nacional.

Hemos sido, compañeros y compañeras legisladores, junto con miles de mexicanas y mexicanos, algunos de los cuales se encuentran aquí el día de hoy, impulsores de las principales transformaciones democráticas y de justicia de nuestra nación.

Hemos enarbolado desde hace muchos años las causas por la defensa de los derechos humanos y el respeto pleno a las personas, y aquí estamos varias y varios de quienes formamos los primeros comités de defensa de los derechos humanos.

Hemos construido, junto con muchos y muchas compañeras del movimiento social, de los organismos sociales, de otros agrupamientos políticos, la todavía endeble democracia parlamentaria y electoral que actualmente disfrutamos y vemos que, pese a su importancia, es insuficiente debido al estado anómico que subyace en nuestra actual estructura política.

Desde hace algunas semanas hemos venido expresando nuestra preocupación de la pérdida de confianza en las instituciones de Estado y hoy, precisamente hoy que venimos a presentar una de las reformas estructurales que sí van a tener consenso entre los legisladores y las legisladoras de todas las fracciones parlamentarias, la reforma integral para elevar a rango constitucional la supremacía de los derechos humanos como eje primario de la justicia, nos hemos amanecido con una señal muy grave del enrarecimiento político que vivimos las y los mexicanos: el atentado en contra de la vida del gobernador del estado de Oaxaca, José Murat. Desde esta tribuna enviamos nuestra solidaridad a la familia y a los correligionarios del señor gobernador.

La carencia de un auténtico estado democrático de derecho y el incumplimiento de los procedimientos y canales institucionales que la misma Constitución establece, han ido vulnerando las instituciones mismas del Estado para convertirlas en frágiles, dependientes instrumentos de los intereses del poder en turno, lo que ha dado pauta para incrementar los niveles de inseguridad vital de nuestra aún incipiente y joven democracia.

Ello nos implica una responsabilidad mayor a todos los que estamos desde la función pública reivindicando la gobernabilidad y la dignificación de las instituciones del Estado.

El grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, va a presentar el día de hoy ante el pleno de esta Cámara de Diputados, una propuesta integral de reformas constitucionales en materia de derechos humanos.

Hemos trabajado intensamente y en un ejercicio colegiado porque estamos genuinamente interesados en contribuir a la reforma plena de las instituciones del Estado mexicano para hacerlas creíbles, viables y garantes de nuestra vida democrática.

Los derechos humanos son prerrogativa inherente a la dignidad de la persona humana, reconocida por el Estado a través de sus leyes y se constituyen en una de las dimensiones constitucionales del derecho internacional contemporáneo; su vigencia, promoción y respeto, es una responsabilidad intrínseca del Estado, no sólo hacia sus ciudadanas y ciudadanos, sino también ante la comunidad internacional que se ha comprometido, a través de la firma y ratificación de los tratados internacionales en la materia, a establecer pautas para garantizar una serie de derechos que son universales, inalienables, imprescriptibles e inderogables.

Es menester que los derechos humanos estén establecidos a nivel constitucional, no sólo en cuanto a su mención, sino en cuanto a su jerarquía, puesto que en ellos deben de estar basadas las políticas públicas que promueve el Ejecutivo.

En su contenido deben de estar los criterios reguladores que rigen el actuar del Poder Judicial y sus fundamentos deben de ser el eje rector de las leyes y normas que emita el Poder Legislativo.

La presente propuesta es producto de un amplio consenso y recomendaciones de diversas instituciones públicas y civiles de los derechos humanos: El alto comisionado de las Naciones Unidas, de manera destacada, los organismos no gubernamentales y programas de varias universidades en la materia. También expresa importantes observaciones y propuestas que han sido recuperados por el mismo Ejecutivo Federal. Todo ello da muestra de los consensos y la convicción de lograr avanzar conjuntamente en este objetivo.

Cuando ya aprobemos, compañeras y compañeros legisladores, estas reformas, porque tenemos la confianza de que así será, pondremos a nuestra Constitución al nivel de las más avanzadas y progresistas del mundo, dada la trascendencia, las implicaciones y los beneficios que la misma acarreara no sólo hacia los gobernados, sino también hacia el impulso de una nueva cultura de gobierno.

Las perredistas y también los perredistas sometemos a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el título del capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregar un párrafo cuarto al artículo 1º.; adicionar un párrafo cuarto y uno quinto al artículo 17; modificar el artículo 29; modificar la fracción X del artículo 89; modificar la fracción I del artículo 102; agregar un párrafo tercero al artículo 113 y agregar un párrafo segundo al artículo 133, todos ellos de nuestra Constitución Política.

Sabemos que en esta Cámara de Diputados existe la sensibilidad de quienes desde la directiva y las comisiones legislativas que conocerán del tema, tienen para insertar la justicia y los derechos humanos como parte integral de nuestra estructura política constitucional.

Quienes tenemos el privilegio de estar en este recinto queremos reivindicar la dignidad de la función pública y de nuestro quehacer como legisladores y legisladoras porque, parafraseando un autor español, queremos rozar la belleza de un país en el que nuestros e hijas y nosotros y nosotras todos podamos vivir con bienestar económico y social, y disfrutar el placer de ser ciudadanos de un país democrático en el que las leyes garanticen el respeto pleno a nuestros derechos humanos.

Muchas gracias por su atención, señores y señoras legisladoras. Dejo a la Secretaría la iniciativa y solicito se publique íntegra en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Diputada.

Como lo solicita la oradora, insértese íntegra en el Diario de los Debates la iniciativa de referencia. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicada y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo.

- EL C. DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO (PVEM): Con el permiso de la Presidencia.

El Estado en cualquier economía del mundo debe garantizar estabilidad y crecimiento económico sustentable mediante el uso adecuado de todos los instrumentos fiscales monetarios y financieros a su alcance. Las funciones básicas del Estado en el ambiente económico son: asignación de recursos, distribución, estabilidad, crecimiento y vigilancia de un perfil de desarrollo sustentable.

En este sentido la intervención que el Estado tiene en la economía debe ser con fines compensatorios, correctivos o contracíclicos ante la pérdida de actividad o ante el creciente deterioro ambiental. En este sentido, preocupados por los resultados de la operación del programa de apoyos directos al campo denominado Procampo y como resultado de que sus actividades se derivan de la responsabilidad constitucional que el Estado tiene de conducir el desarrollo nacional mediante la planeación, coordinación y orientación de la actividad económica, defendemos que el campo y todo lo que representa desde el punto de vista social, productivo y ambientalmente, debe seguir siendo considerado como estratégico y prioritario para el crecimiento y desarrollo sustentable presente y futuro del país.

El programa Procampo fue creado por decreto presidencial el 5 de julio de 1994, sus funciones se derivan de la responsabilidad constitucional que el Estado tiene de conducir el desarrollo nacional, mediante procesos de planeación, coordinación y orientación de la actividad económica.

Los resultados han sido ambientalmente pobres, el deterioro ambiental en el campo es evidente. Paralelamente a este proceso se observan grandes debilidades productivas como el poco crecimiento del sector, derivado del débil apoyo gubernamental para el fomento de las actividades agrícolas y el desarrollo del sector agropecuario.

Esta situación es paradójica, ya que a pesar de las reformas al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, así como su legislación reglamentaria, no han dado de ninguna manera los resultados esperados para el desarrollo del campo, ni en lo productivo ni mucho menos en la protección al ambiente.

Por lo anterior, consideramos apremiante tomar medidas que permitan modificar su operación y en consecuencia los resultados de impactos ambientales derivados de los sistemas de apoyo derivados de Procampo, los cuales además tienen como objetivo el fomento de una mayor participación en el campo de los sectores social y privado para mejorar la competitividad interna y externa, elevar el nivel de vida de las familias rurales y la modernización del sistema de comercialización. Todo ello con vistas al incremento de la capacidad de capitalización de las unidades de producción rural.

El Procampo debe tener muy en cuenta las actuales tendencias de la agricultura y el desarrollo rural en el mundo, encaminadas a lograr la sustentabilidad mediante la producción de alimentos de calidad en forma sostenible y así lograr la eficiencia alimentaria, sin dejar de facilitar la conversión de aquellas superficies en las que sea posible establecer actividades sustentables que no solo verifiquen mayor rentabilidad, dando certidumbre económica a los productores rurales y mayores capacidades para su adaptación al cambio que demanda la nueva política de desarrollo agropecuario en marcha y la aplicación de la política agraria contenida en la reforma al artículo 27 constitucional.

"El sistema de apoyos debe impulsar nuevas alianzas entre el mismo sector social con el sector privado en forma de asociaciones, organizaciones y sociedades capaces de enfrentar los retos de la competitividad mediante la adopción de tecnologías más avanzadas que representen al medio ambiente.

"Es necesario que los apoyos directos contribuyan sobre todo a la recuperación y conservación de bosques y selvas y a la reducción de la erosión de los suelos y la contaminación de las aguas, favoreciendo así el desarrollo de una cultura de conservación de los recursos naturales.

"Se reconoce que para alcanzar este escenario en los siguientes años, es necesario poner en marcha acciones que inician en os diversos aspectos relacionados con la puesta en marcha de esquemas de producción agrícola, que permitan un desarrollo rural sustentable, que tomen en cuenta no sólo indicadores de rentabilidad sino también de sustentabilidad ambiental, en un marco de respeto al conocimiento productivo tradicional de las comunidades rurales involucradas y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente.

"Por ser del más alto interés nacional apoyar el desarrollo sustentable de los productores del campo, mediante un programa que eleve las condiciones de vida, conserve los recursos naturales y fomente el desarrollo del sector rural, proponemos la siguiente iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del PROCAMPO, para quedar en los siguientes términos.

"Artículo 15.- Mediante la presente ley se apoyará a los productores a través de proyectos productivos que no sólo sean financiera y técnicamente viables, sino también ambientalmente sustentables, para lo cual la Secretaría proporcionará información sobre opciones técnicas que mejoren los procesos productivos acostumbrados y sobre otras actividades que presenten mejores condiciones productivas y de mercado, que les permita tomar las decisiones que convengan a sus intereses".

Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Roberto Antonio Marrufo Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal.

"El suscrito, diputado federal, Roberto Antonio Marrufo Torres, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona al Título Décimo Tercero Capítulo Quinto, artículo 247 del Código Penal Federal, falsedad de declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, adicionando la palabra prisión, misma que se fundamenta y motiva en la siguiente

"El día 10 de enero de 1994 y entrando en vigor el 1º de febrero del mismo año, se reformó el artículo 247 del Código Penal Federal, que sanciona el ilícito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, delito por el cual su transcripción legal establecía se impondrá de 2 a 6 años y de 100 a 300 días de multa.

"En efecto, la transcripción del citado artículo queda claro que en su párrafo se estipulan dos sanciones, una de naturaleza temporal pero no determinada, estableciéndose que se aplicarán de 2 a 6 años y otra de carácter económico inherente a la multa, pues se señala que se impondrá de 100 a 300 días de multa, por lo que se deduce que esta norma no es clara.

En esta tesitura cabe mencionar que la pena temporal aplicable a la comisión del delito que se trata,transgrede el Artículo 14 Constitucional, tercer párrafo, mismo que establece el principio de la exacta aplicación de la ley en materia penal y la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito antisocial que se le puede atribuir a un procesado.

Se ignora el hecho, no se ignora el hecho de que después de la publicación de la Reforma en cita, la Secretaría de Gobernación omitió una Fe de Erratas con fecha 1º de Febrero de 1994, corrección que carece de validez jurídica al realizarlo un órgano carente de las facultades legales para establecer delitos.

En los Artículos 50, 73 Fracción XXI, II y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deja en manifiesto que el único órgano facultado para la elaboración, modificación o reformas al texto de las leyes respecto de los delitos cometidos en la Federación, así como para determinar las sanciones a imponer, es de competencia única del Congreso de la Unión.

Lo que compete a la Secretaría de Gobernación, es publicar las modificaciones, adiciones o reformas en el Diario Oficial de la Federación, en consecuencia, la publicación de Fé de Erratas que realizó dicha Dependencia, constituye una invasión a las facultades que la Ley confiere a otro Poder del Estado, lo que concluye que el delito en comento, sólo se encuentra sancionado con pena pecuniaria.

Sustento lo anterior, con la Jurisprudencia P/J25/203 del Pleno de la suprema corte de Justicia de la Nación , visible en la página 18 del Tomo 18 correspondiente al mes de Julio del año del 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice:

"Falsedad de declaración rendida ante una autoridad distinta a la Judicial, el primer párrafo del Artículo 247 del Código Penal Federal, viola las garantías de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal, en su parte que señala; Se impondrá de 2 a 6 años, porque no especifica la naturaleza de la pena, .Diario Oficial de la Federación del 10 de Enero de 1994".

El Artículo 14 Constitucional , párrafo 3º., consigna como garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, el alcance de dicha garantía no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer, por simple analogía, por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trate.

Esto obliga a legislar normas claras en las que se precise la consecuencia jurídica de la comisión de un delito con el fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica delg gobernado y actuación arbitraria del juzgador.

Con esto deducimos que el párrafo del Artículo 147 del Código Penal Federal, con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de Enero de 1994, establece una de las sanciones privativas para el delito de falsedad en declaraciones ante una autoridad distinta a la Judicial, se impondrá de 2 a 6 años, sin especificar la naturaleza de la pena, resultando violatorio de la efectiva y exacta aplicación de la Ley Penal y por ende de la seguridad jurídica, al no precisar la naturaleza de una de las dos penas que corresponde a la conducta que describe el artículo en comento, mientras que la sanción pecuniaria se determina expresamente señalándose los días de multa correspondiente, la primera que de certidumbre para gobernados y juzgadores obligados a aplicar dicho precepto.

La inconstitucionalidad del párrafo del Artículo 247 del Código Penal Federal, acepta específicamente a la pena temporal aplicable a la comisión del delito descrito en este y no así la sanción económica prevista en el mismo, lo que deberá ser aplicable en los casos concretos, que deberán resolver los juzgadores , ene l entendido de que es solo la porción normativa precisada la que se estima viciada, subsistiendo válidamente tanto la de tipo penal como la sanción pecuniaria respectiva.

Dicho artículo en comento, no contiene prevista pena privativa de libertad como lo exige el ordinal 161 fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales según se advierte en su lectura, "…que esté comprobado el cuerpo de delito, que tenga señalando sanción privativa de la libertad".

Como se desprende del artículo 247 del Código Penal Federal, el delito analizado en este apartado no está sancionado al menos con una pena privativa de la libertad, quedando a la facultad del juzgador determinar que la ley al establecer tales parámetros de temporalidad se refiere a la pena privativa de la libertad pues tal determinación sería el resultado de un artículo emitido por mayoría de razón, prohibido por el artículo 14 constitucional y su uso violaría el principio que debe regir en la aplicación del derecho penal en un estado democrático.

Lo anterior, sin que se soslaye que el artículo 24 del Código Penal Federal establece un catálogo de sanciones que pueden ser aplicadas temporalmente, por lo que de 2 a 6 años puede sancionarse a alguien con prisión, tratamiento de libertad, semi libertad, trabajo a favor de la comunidad, internamiento o tratamiento de libertad de imputables y de quienes tengan el hábito o necesidad de consumir estupefacientes, confinamiento, privación de ir a un lugar determinado, suspensión o privación de derechos, inhabilitación, destitución o suspensión de funciones; por lo tanto, la fe de erratas emitida por la Secretaría de Gobernación carece de validez ya que ésta es una facultad solamente exclusiva del honorable Congreso de la Unión.

Hago la observación a dicho dispositivo en comento porque las autoridades que procuran y administran justicia lo han hecho por uso y costumbre, lo que conlleva a una incorrecta administración de la justicia por parte de las autoridades antes citadas.

La adición que propongo se haga al artículo 247, terminará con la incertidumbre jurídica en el delito señalado por dicho artículo, quien mediante una autoridad con el fin de beneficiar una causa va en contra de la correcta procuración e impartición de justicia ya que la sanción señalada en este artículo sería únicamente pecuniaria y no privativa de la libertad.

Por lo anterior, me permito poner a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que adiciona la palabra "prisión" al párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal que dice: "Se impondrá de 2 a 6 años y multa de 100 a 300 días de multa", debiendo decir: Se impondrá de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 días de multa.

----- Túrnese la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para una iniciativa que reforma los artículos 1161 fracción V, párrafo segundo; y el primer párrafo del artículo 1934 del Código Civil Federal.

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la legislación vigente, someto a la consideración de esta soberanía iniciativa de decreto que reforma el Código Civil Federal en sus artículo 1161 fracción V, párrafo segundo y artículo 1934, al tenor de la siguiente exposición de motivos y cuya lectura completa omitiré por cuestiones de tiempo.

Solicito a la Presidencia sea publicado el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates.

La presente iniciativa es producto de las pláticas que hemos tenido con la Asociación Mujeres por un Mundo Saludable, quienes en algunos de los casos que han denunciado han visto dificultades precisamente porque el texto del Código Civil no contempla la interrupción de la prescripción cuando interviene una instancia de arbitraje, conciliación o amigable composición de naturaleza administrativa, como es el caso de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Sin embargo, esta situación no aplica solamente para los casos de arbitraje médico, sino a todos los caos en donde se hace necesaria la intervención de una instancia como ya la referida; tanto para que ahí sea resuelto el asunto, cuando así fuera posible, como para poder contar con pruebas que en determinado momento puedan ser utilizadas dentro del proceso jurisdiccional correspondiente.

Primero.- Establecer la posibilidad legal de que el cómputo del plazo para la prescripción cuando se trate de responsabilidad civil, derivada de un acto ilícito que no constituye delito, se interrumpa en el caso de que el afectado recurra ante cualquier autoridad o instancia de arbitraje o amigable composición de naturaleza administrativa, hasta en tanto ésta no emita su recomendación o fallo, siempre y cuando el afectado recurra a estas instancias dentro del plazo para que opere la prescripción.

Segundo.- Otorgar mayor certeza jurídica a quienes acuden ante este tipo de instancias administrativas de conciliación, arbitraje o amigable composición, salvaguardando al mismo tiempo su derecho para exigir la reparación del daño ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, sin que este derecho prescriba, en tanto sea conocido por las referidas instancias administrativas, y

Tercero.- Favorecer los mecanismos de conciliación o arbitraje, constituyéndolos como una opción para la resolución de controversias entre particulares al ofrecer ciertas ventajas a las personas que recurran a éstas, rapidez en el procedimiento, menor costo, salvaguarda del derecho para exigir reparación del daño ante instancias jurisdiccionales entre otros.

Para esto y con las consideraciones expuestas en el cuerpo de la esta iniciativa, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, iniciativa de decreto que reforma el Código Civil Federal, en sus artículos 1161 fracción V, párrafo 2° y artículo 1934, para quedar como sigue:

Artículo 1161 fracción V, párrafo 2°.- La prescripción corre desde el día en que se verificaron los actos y se interrumpirá en el caso de que el afectado recurra ante cualquier autoridad o instancias de arbitraje o amigable composición de naturaleza administrativa, siempre y cuando lo hubiere realizado dentro del plazo legal previsto para que opere la prescripción.

Artículo 1934.- La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente capítulo, prescribe en dos años, contados a partir del día en que se haya causado el daño, conforme lo dispuesto en el artículo 1161 de este Código. Es cuanto, diputado Presidente.

-EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Como lo pide el señor diputado, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicada. Túrnese a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una iniciativa que reforma el artículo 33 de la Constitución General de la República.

Las diputadas y diputados federales, que integran el grupo parlamentario del PRD en la LIX Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguiente exposición de motivos:

La tradición garantista de nuestra Constitución ha tenido en el artículo 33 constitucional su principal cortapisa. Dicho precepto ha facultado al Presidente de la República para hacer expulsar del país sin necesidad de juicio previo, a todos aquellos extranjeros que juzgue inconvenientes. Lo anterior representa privar del derecho básico del debido proceso a toda persona no nacional que sea considerada non grata por el Ejecutivo Federal y limita las garantías judiciales que toda persona debe de tener para la determinación de su situación jurídica y legal.

Al respecto, es preciso señalar que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos establece en su artículo primero la obligación que tienen todos los Estados que la han ratificado, de respetar los derechos y libertades reconocidas por ella. Dentro de estos derechos que el Estado debe promover y proteger está el del debido proceso, establecidos en los artículos 8 y 25 de dicho ordenamiento, relativos a los derechos del debido proceso y a la existencia de recursos efectivos de protección, respectivamente.

Así, la mayoría de los Estados democráticos que anteriormente otorgaban facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para hacer abandonar sin necesidad de juicio previo, a cualquier extranjero que juzgara inconveniente, han reconocido la necesidad de hacer extensivas las garantías judiciales básicas a todas aquellas personas no nacionales que se encuentren sujetas a una determinación por parte de la autoridad.

Así, por ejemplo el Protocolo Séptimo de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, Convención Europea de los Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión arbitraria de un extranjero que se encuentra residiendo legalmente en un Estado determinado. El artículo primero de este Protocolo Séptimo establece que el extranjero tiene el derecho de presentar fundamentos para evitar su expulsión, de obtener una revisión del caso y de ser representado a tal efecto ante la autoridad competente.

El derecho de argumentar en contra de la deportación es incluso anterior al derecho de revisión de caso, por tal motivo, el individuo debe de contar con la oportunidad de reunir evidencias u otros materiales para fundar su caso ante la autoridad que lo ha privado de su libertad o al inicio del procedimiento.

Sobre la prevalencia del artículo 33 constitucional y su defecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estableció en el párrafo 141, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México, del 24 de septiembre de 1998, una recomendación en el siguiente sentido: "Que revise las denuncias de expulsiones arbitrarias en caso de extranjeros que residen legalmente en el territorio mexicano, a fin de adecuar tales decisiones estrictamente a las normas del debido proceso, previstas en la legislación interna y en los instrumentos internacionales vigentes". Por lo tanto, los mecanismos de protección y vigilancia a los que México se ha sometido en virtud de la ratificación de los diferentes pactos y convenciones regionales e internacionales de Derechos Humanos, han señalado la expresa necesidad de adecuar el artículo 33 a las garantías del debido proceso, establecidas tanto en la Constitución como en dicha normatividad internacional sobre la necesidad de reconocer las garantías judiciales en un proceso de cualquier índole, incluyendo aquellos de carácter administrativo, que es donde encuadraría la decisión del Ejecutivo de hacer expulsar a un ciudadano de otro país.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido su jurisprudencia en el sentido de señalar que en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el artículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace el numeral dos al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y por ende en este tipo de materias el individuo tiene también derecho al debido proceso que se aplica en materia penal.

Cabe señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento particular, su significación y su contexto en un sistema legal particular, son factores que fundamentan la determinación de si la representación legal es o no necesaria para el debido proceso.

De igual manera, juristas como el doctor Agustín Gordillo, han señalado que el principio de oir al interesado antes de decidir algo que lo va a afectar, no solamente es un principio de justicia; es también un principio de eficacia, porque indudablemente asegura un mejor conocimiento de los hechos y por lo tanto lo ayuda a una mejor administración además de una justa decisión.

Lo anterior, partiendo del hecho establecido de que las garantías judiciales son aquellos derechos que según el derecho internacional de los derechos humanos no son susceptibles a ser suspendidas y cuya efectividad debe ser garantizada por el estado independientemente de la situación política, social o económica del país.

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana ha apuntado que las garantías judiciales son derechos que no son susceptibles a la suspensión o a la limitación de cualquiera de ellas, así, en esta opinión del 6 de octubre del 87, se estableció jurisprudencia en el sentido de señalar, también de considerarse como garantías judiciales indispensables, que no pueden suspenderse aquellos procedimientos judiciales inherentes a la forma democrática, representativa de gobierno previstas por el artículo 29 de la Constitución como estados partes, como idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 27 de la Convención y cuya supresión o limitación comporta la indefensión de estos derechos.

Por lo tanto, la prevalencia del artículo 33 en su actual redacción, contrasta con la apertura democrática de los estados y restringe un derecho humano fundamental para el debido desarrollo del estado democrático que es obligación de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos del debido proceso.

Por otro lado, es de tomarse en consideración que la facultad discrecional que le otorga el Ejecutivo Federal para expulsar de un país a un extranjero, tiene su lógica y sustento en épocas pasadas, en donde su existencia obedecía a la necesidad de dotar a las autoridades de medidas inmediatas de ejercicio, de soberanía, en un contexto de intervensionismos extranjeros de los cuales México no estuvo a salvo.

Sin embargo, en la actualidad y habiéndose desarrollado con tanta amplitud los derechos humanos y el derecho humanitario y restringido, los actos de autoridad que pudiesen ser arbitrarios, el artículo 33 como en su redacción actual, no caben en ninguna legislación democrática de ningún país que se precie de serlo; mucho menos en un país que como México ha establecido la separación de poderes como método de control y en donde cualquier poder judicial debe verificar que todo acto, proveniente de cualquiera de los otros dos poderes, esté sujeto al escrutinio para hacer efectivo los derechos humanos básicos.

Por consiguiente, el artículo 33 no puede tener vigencia de un estado moderno, democrático y comprometido con los derechos humanos como debe de ser el mexicano.

En virtud de lo anterior, resulta necesario homologar el artículo 33 constitucional con los derechos humanos fundamentales, suprimiendo la facultad discrecional del Ejecutivo para hacer abandonar sin juicio previo a un extranjero que juzgue inconveniente y eliminando la restricción consistente en privar de los derechos básicos del debido proceso, que cualquier persona tiene por el simple hecho de estar en territorio mexicano.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con punto de acuerdo para el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo único en el cual se reforma el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos.

"Artículo 33.- Son extranjeros los que no posean calidades determinadas en el artículo 30, tienen derecho a las garantías y derechos humanos que otorga el capítulo 1 Título Primero de la presente Constitución".

Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de marzo del 2004.

Asimismo solicito al diputado Presidente de la Mesa Directiva, se publique íntegro en el Diario de Debates.

EL PRESIDENTE: Gracias, diputada; como lo solicita publíquese íntegro el documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Señoras y señores legisladores esta Presidencia recibió una iniciativa que abroga la Ley de Subsidios para Empresas de Aviación, suscrita por integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En virtud de que se encuentra publicado el documento en la Gaceta Parlamentaria, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se instruye a la Secretaría para que en cumplimiento con lo que dispone el artículo segundo del Acuerdo relativo a la asistencia a las sesiones, dé cuenta del registro electrónico e instruya el cierre del sistema.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- ¿Falta algún diputado o diputada para pasar asistencia?

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 414 diputadas y diputados.

Ciérrese el sistema electrónico y quienes hasta el momento no han sido registrados su asistencia, disponen de treinta minutos para realizarlo por cédulas.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan Manuel Vega Rayet, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y modifica diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Le solicito de la manera más atenta, que el texto íntegro de la iniciativa se publique en la Gaceta Parlamentaria del Diario de los Debates, señor Presidente.

En ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 70 fracción II, del artículo 71 de nuestra Constitución, con fundamento en la fracción II del artículo 55 y en el artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, por la cual se modifica el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que modifica diversos artículos del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales.

Los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia moderna, instituciones idóneas para canalizar pacíficamente la participación política de los ciudadanos, son espacios de discusión y debate, sus existencias y reconocimiento es indispensable en la democracia nacional. Como instituciones, cumplen funciones sociales de gran importancia para el sistema democrático, la socialización de ideas políticas y movilización política, la representación de intereses diversos, el reclutamiento y selección de elites, la composición de los principales órganos del Estado y sobre todo, la legitimación del sistema político.

El proceso electoral federal de 1988, produjo una situación inédita en el país, una de ellas consistió en una creciente impugnación hacia los resultados electorales como una desacreditación de las instituciones y normas electorales; por ello, el nuevo gobierno se vio en la necesidad de reformar nuestro marco electoral federal para dar la respuesta a los reclamos provenientes de diversos sectores sociales, como el de los propios partidos políticos.

Así, en agosto de 1990 se aprueba el COFIPE, con el cual se modifica sustancialmente a la estructura institucional del máximo órgano electoral, se introducen novedosos mecanismos y reglas electorales; una de las novedades de dicho Código lo constituye la reinstalación de la figura del registro condicionado y la desaparición de la asociación política.

El registro condicionado permanece hasta la reforma electoral de 1996, fecha en que desaparece en nuestro marco electoral federal, mientras que en ese mismo año, se reintroduce la denominación de "agrupaciones políticas nacionales".

En 1998, cuando por primera vez se aplican las reglas y requisitos vigentes para el registro de nuevos partidos, 23 organizaciones notifican al IFE su intención de alcanzar ese registro, de ellas seis cumplen los requisitos legales; es cierto que la proliferación de organizaciones reales o supuestas en búsqueda del registro como partidos políticos nacionales, no causan ningún perjuicio al IFE ni al erario, pero lo que está provocando es una reacción muy desfavorable en la opinión pública.

La conformación del registro ante el Instituto Federal Electoral de partidos políticos nuevos, implican mayor inversión y confusión para los electores; el país sostiene un pluripartidismo radical que provoca la polarización del voto, tener muchos partidos no indica necesariamente una mayor representatividad. No por ello debemos desalentar o inhibir la participación de estos nuevos partidos, pero debemos comenzar por iniciar una cultura del respeto por los recursos públicos, asimismo como la transparencia y rendición de cuentas, es decir, debemos alentar el financiamiento de partidos responsables y conscientes que son representantes de la sociedad. Es a ella a la que se debe de dar cuentas, pues de ella son los recursos que los hacen funcionar.

Por ejemplo, los partidos políticos registrados que no obtuvieron el 2% de las votaciones en el 2003 y perdieron su registro conservaron los recursos materiales que adquirieron, salvo algunas excepciones, es decir, se constituyeron en parásitos de nuestra democracia, pero hoy en día las fórmulas de financiamiento de los partidos se han desbordado y reciben montos muy altos que no se justifican.

En el 2003 compitieron 11 partidos, algunos de ellos con el respaldo de un financiamiento excesivo, aunque no representan a nadie, más aun en del 2004 financiar a los partidos costará 6 mil millones de pesos. El gasto en el subsidio al sistema de partidos es muy elevado para el grado de desarrollo en México.

Este lujo no se puede dar la sociedad que pretende ser democrática, más aun sin una legislación que fomente la transparencia y rendición de cuentas. La política es la actividad fundamental para cualquier sociedad y los partidos políticos son las instituciones necesarias para dar estabilidad a la democracia de un país, pues una de las finalidades es fungir como instrumento de educación política y cívica para la ciudadanía. Estas nuevas reglas y el mantenimiento de la gobernabilidad son, sin duda, condiciones indispensables de la transmisión democrática que se pueda llevar a cabo en el país.

Por ello, debemos ampliar las atribuciones del IFE para que pueda fiscalizar los recursos asignados a los partidos, se debe exigir a los partidos que pierdan su registro a que devuelvan los bienes muebles e inmuebles que adquirieron con recursos del erario público a través del financiamiento, además de exigir la devolución de los remanentes monetarios y financieros no ejercidos del financiamiento que se les fue otorgado.

En consecuencia de lo anterior, se propone la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se adiciona el inciso b) al Numeral 2 del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Inciso b) La ley establece los criterios y mecanismos para aquellos partidos que pierdan su registro regresen a la nación los bienes muebles e inmuebles que sean adquiridos con el financiamiento público, asimismo los remanentes monetarios y financieros no ejercidos de ese financiamiento.

Modificación al Artículo 38 en los incisos t) y u) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Inciso t) En caso de pérdida del registro, devolver a la nación los bienes muebles e inmuebles con financiamiento público, así como los remanentes monetarios y financieros no ejercidos del financiamiento público. Esta devolución será en un plazo no mayor a 180 días a partir de su notificación de pérdida del registro, la devolución expresada en este inciso se hará mediante los mecanismos descritos en el Artículo 49 de este Código.

Se adiciona el Artículo 49-D de este Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Inciso 1) El partido político que hubiese perdido su registro por razones expresadas en el Artículo 32 inciso 1) y 2) de esta ley y que haya recibido financiamiento del erario público, deberán restituir a la nación los bienes muebles e inmuebles adquiridos con dicho financiamiento, además de restituir los remanentes monetarios y financieros de dicho financiamiento público.

Para efecto de este artículo se consideran los siguientes mecanismos para la devolución de bienes e inmuebles:

Inciso a) Se deberá enajenar los bienes muebles e inmuebles devueltos a nombra de la Secretaría del Instituto Federal Electoral.

Inciso b) Asimismo los remanentes no ejercidos de dicho financiamiento, deberán ser endosados a nombre del Instituto Federal Electoral.

Inciso a) Los bienes muebles e inmuebles, una vez que los bienes muebles estén en posesión del Instituto Federal Electoral, éste convocará a subaste pública dichos muebles, para obtener su valor en moneda nacional.

Inciso 3) De los remanentes financieros y monetarios éstos deberán ser endosados a nombre del Instituto Federal Electora, para que legalmente ejerzan el uso de ellos y hacerlos efectivos en moneda nacional.

Inciso a) Del resultado de la subasta pública los recursos obtenidos se adicionarán los remanentes monetarios y financieros no ejercidos de los partidos políticos que pierdan su registro.

Inciso b) La suma resultante en efectivo pasará a formar parte de una bolsa especial destinada al financiamiento de nuevos partidos que obtuvieran su registro, siendo esta bolsa la primera en repartirse conforme a los mecanismos descritos en el artículo párrafo ocho inciso a) y b) de este Código.

Modificaciones al Artículo 89 en los incisos t) y u) adición de los incisos v) y w) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 89. Inciso t) Organizar, convocar, recabar fondos de la subasta pública de los bienes muebles e inmuebles de los partidos que perdieron su registro.

Inciso u) Ser administrador de la bolsa especial producto de la subasta pública de los bienes muebles e inmuebles, viendo que se cumplan los mecanismos de distribución descritos en el artículo 49-D de este Código.

w) Las demás que le encomiende el consejo general, su presidencia, la junta general ejecutiva de este Código.

Se adiciona el inciso 5 al artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos, para quedar como sigue:

Inciso 5) Cuando un partido pierda su registro y no devuelva a la nación los bienes muebles e inmuebles, así como los remanentes monetarios y financieros en los límites de tiempo fijados en el artículo 38 inciso t) de este código haciéndose acreedor a una multa del doble del valor estimado de la suma del valor comercial de los bienes muebles e inmuebles adquiridos con financiamiento público más los remanentes monetarios y financieros del financiamiento público no ejercido, cuyo monto deberá pagarse antes de 30 días naturales una vez determinado el monto de la multa.

UNICO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Como lo pide el señor diputado Vega Rayet, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña María Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

-DIP. MARIA GUADALUPE SUAREZ PONCE: con su venia diputado presidente; señoras y señores legisladores:

El propósito de mi intervención es someter ante esta autoridad colegiada una iniciativa que tiene por objeto colaborar y garantizar el perfeccionamiento de la técnica en el aspecto interno de las instituciones. Esta propuesta alberga el propósito medular de procurar una mejor coordinación de las instituciones y una decantada aplicación irrestricta de los principios que la sostienen y levantan.

También tiene una intención subyacente: delatar ante la opinión pública que al margen de los temas políticos que convierten asiduamente a este Recinto Legislativo en un escenario enmarcado por grescas y disputas por posiciones y ambiciones políticas, existe un ánimo de trascender y eliminar lo que significan los hechos descalificaciones mutuas que simplemente provocan desaliento y aflicción en la ciudadanía por la política.

En ejercicio del pleno derecho que me prodiga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la firma voluntad de cumplir con mi responsabilidad de diputada en el Congreso de la Unión, presento una iniciativa que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley General de Población, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, adicionar diversos artículos al Código Penal Federal y sus procedimientos.

Esta iniciativa nace fundamentalmente de dos exigencias reales y actuales: la primera, la necesidad de regular los fenómenos que afectan a la población, específicamente el fenómeno que ha acompañado al ser humano en su peregrinar a lo largo de la historia, los efectos negativos y perniciosos de la migración.

La segunda, atender el reclamo generalizado de una sociedad lastimada que exige medidas legislativas tendientes a combatir eficazmente los delitos de tráfico de personas.

Debido a la brevedad del tiempo para hacer uso de esta tribuna, me permitiré hacer únicamente sólo una breve exposición de la presente iniciativa. Inicialmente se propone retirar el cuerpo de la Ley General de Población los artículos que contienen tipos penales y trasladarlos al Código Penal Federal para crear un nuevo título que se denomina Delitos en Materia Migratoria.

Además, al eliminar cuestiones de apreciación subjetiva y de índole sintáctica, se clarifica y simplifica la redacción de estos tipos penales, lo que permitirá facilitar su aplicación y su sanción.

Lo anterior en consideración a que la dispercidad penal existente afecta directamente la eficacia de la ley penal y complica la labor de impartición de justicia, que se debilita frente a la seguridad e impunidad que incentiva la descodificación.

En síntesis, la propuesta es simplificar, ordenar y unificar en medio de la dispersión legislativa.

Se propone aumentar la penalidad del delito de tráfico de personas de 10 a 15 años; actualmente es de 6 a 12 años. También se propone ampliar el alcance del agravante cuando las víctimas sean mujeres embarazadas y adultos mayores.

Deseo aclarar que el Partido Acción Nacional se ha pronunciado contra la política de aumento de penas; sin embargo, en tratándose del bien jurídico tutelado y considerando que las mujeres embarazadas, los niños y las niñas y los adultos mayores constituyen un sector vulnerable cuya situación los ubica en un mayor grado de riesgo, justifica un reproche penal más severo.

Finalmente, a efecto de coordinar los diversos ordenamientos, se hacen ajustes al Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Señoras y señores legisladores: quiero insistir que esta iniciativa aborda una parte importante del problema de la migración, fenómeno internacional que se ha acentuado en las últimas décadas del Siglo XX.

La migración ha alcanzado una dimensión y complejidad que las convierte en uno de los temas nacionales más relevantes y dignos de atención. Por esta razón, una de las principales metas del presidente de la república en materia de política exterior es propugnar por el reconocimiento y respeto de los derechos de todos los mexicanos residentes fuera de nuestro territorio nacional.

Sin embargo, existe una necesidad apremiante de establecer mecanismos que permitan desalentar la migración y promover el arraigo de los mexicanos en nuestro territorio.

La migración no es sólo un problema de coordinación y equilibrios económicos, sino un problema político, social y cultural de gran envergadura. La situación de los migrantes mexicanos que arriesgan la vida para acceder a trabajos mejor remunerados en el país del norte y que se enfrentan a problemas de discriminación ración, a falta de servicios básicos e incluso a la violación de sus derechos humanos y laborales va más allá de la descripción económica del fenómeno migratorio.

Con esta iniciativa pretendo aportar una pequeña parte para colaborar en la protección de los migrantes y recordar que es necesario insistir en un acuerdo migratorio que proporcione respeto pleno a los derechos humanos y laborales de los trabajadores en el extranjero y no reducir simplemente este tema un asunto de seguridad nacional.

Diputado presidente, me permito solicitarle se incorpore íntegramente el texto de la iniciativa que entrego en la Gaceta Parlamentaria y el Diario de los Debates. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada. Como lo pide la diputada doña Ma. Guadalupe Suárez Ponce, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Tiene el uso de la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una iniciativa que reforma el párrafo tercero del artículo 14, reforma el párrafo primero y deroga el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 y adiciona un párrafo tercero al artículo 102, apartado A, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada.

LA C. DIPUTADA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Muchas gracias, señor presidente. Apreciables diputadas, diputados, el grupo parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados pone a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 14, 74 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual presento la siguiente exposición de motivos.

El Senado de la República, en función de lo que establece el artículo 133 constitucional, ha aprobado diversos tratados y convenciones en materia de derechos humanos, del derecho internacional humanitario y para prevenir el delito del genocidio, entre otros crímenes.

Muchos de estos instrumentos internacionales, establecen la prohibición expresa de conductas que signifiquen cualquier agravio contra la vida o la integridad física, psíquica y emocional de las personas o afecten la convivencia entre los pueblos o entre las naciones.

Estos ordenamientos establecen parámetros universales inscritos en los principios del derecho internacional incorporado en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos, de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de todos los estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que garantizan la protección de las personas, el desarrollo de la democracia y la paz entre los pueblos.

México al aprobar un tratado o convención, se compromete a adoptar todas las medidas necesarias e indispensables para garantizar la observancia, aplicación e interpretación de los mismos.

En este orden de ideas, ahora ante esta tribuna presentamos distintas reformas a la Constitución Política Federal tendientes precisamente a cumplir con estas vinculaciones.

Como un breve antecedente es necesario recordar el desarrollo del derecho penal internacional cuya aplicación inicia con la creación de los Tribunales de Niurenberg y Tokio, que juzgaron los crímenes contra la paz, contra la humanidad y de guerra ocurridos en la Segunda Guerra Mundial.

Cuarenta años después el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, decidió crear los tribunales ad-hoc para la antigua ex Yugoslavia y para Ruanda en 1993 y 1994 respectivamente, justamente para juzgar a los responsables del genocidio de los crímenes de guerra y los de lesa humanidad.

El actual derecho internacional penal tiene su principal expresión en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Esta normatividad, como ustedes saben, establece en el 5, 6, 7 y 8 de sus artículos, que aquellos crímenes que por su magnitud y agravio que genere no sólo a la persona o personas afectadas de manera directa, sino a la sociedad en general, son imprescriptibles y requieren ser prohibidos y sancionados. Esto deriva del principio de que los tribunales internacionales en materia penal cumplen una función subsidiaria en el ámbito de la impartición de justicia que únicamente es aplicable cuando los órganos de justicia de determinado estado o país, resultan inoperantes e incapaces de prevenir, investigar y sancionar a aquellas conductas que el derecho internacional ha calificado como incompatibles con el estado democrático.

Es así que en una primera obligación de los estados parte, es adecuar su legislación interna para prohibir la comisión de estos delitos, establecer su imprescriptibilidad e implementar adecuadas medidas de investigación que impidan que la comisión de estos crímenes queden en la impunidad y se garantice justicia hacia las víctimas.

En México la ausencia de una normatividad adecuada es la que ha generado que existan serios obstáculos para dotar de justicia a quienes han sido víctimas de diversos crímenes. Así ha sucedido con las investigaciones que el Estado mexicano ha venido realizando desde el 2001 para esclarecer los delitos cometidos durante el periodo que conocemos como: "Guerra Sucia": En este caso la ausencia de un adecuado marco normativo que establezca la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad o crímenes de Estado, ha obligado a las autoridades investigadoras a aplicar criterios jurídicos demasiado forzados que conllevan el riesgo de ser declarados inaplicables para situaciones en donde se está exigiendo la aplicación de justicia.

Es por ello que ahora presentamos la reforma del artículo 14 que a la letra diría:

"En los juicios del orden criminal..." Justamente sería en el párrafo tercero del 14 y diría: "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. El genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y por derecho internacional humanitario serán imprescriptibles". En ese sentido va la reforma.

De igual manera y siendo que los crímenes prohibidos por el derecho internacional son aquellas que afectan no solo a determinados individuos sino al carácter democrático de un Estado agraviando también a la comunidad universal, es preciso que nuestra Constitución clarifique la competencia de los órganos federales para investigar violaciones graves a los derechos humanos.

Yo de manera muy particular quiero mencionar que es importante que nosotros resolvamos en la Constitución, precisamente, la prevención de crímenes que conocemos, como los que se han cometido en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que tienen además una evidente discriminación por cuestiones de género y por condiciones sociales.

Por lo anterior, se pretende adicionar un párrafo tercero al artículo 102 apartado A de la Constitución, a fin de otorgar facultades al ministerio público de la federación para que además de investigar conductas delictivas del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, como ya lo dice la Constitución, además puedan investigar hechos que a pesar de estar establecidos en el ámbito de competencia de la procuración de justicia de las entidades federativas, por su gravedad y por su sentido sistémico impliquen graves violaciones a los derechos humanos.

Por lo anterior, estimadas diputadas y diputados, se hace necesario a su vez derogar el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73, para que lo que ahí se establece y que claramente corresponde a atribuciones de los órganos encargados de procuración de justicia se traslade al artículo correspondiente en el 102 apartado A de este mismo ordenamiento fundamental, a través de la inclusión, además de un párrafo tercero en el sentido como se ha argumentado y que quedaría como sigue:

"De igual forma podrá conocer de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o cuando se trate de delitos del fuero común en cuya persecución o averiguación las autoridades estatales cometan violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos, al derecho humanitario o a las garantías individuales" Algo en este sentido lo está preparando también la PGR, pero nos parece muy pertinente sacarlo del 73 y llevarlo a donde desde nuestro punto de vista debe de estar que es el 102"

En cuanto a la propuesta de reforma al párrafo primero de la fracción XXI del 73, es preciso modificar desde nuestro punto de vista el vocablo "castigos" por el de "sanciones", en razón de que la voz "castigo" además de simbolizar un lenguaje apartado a los derechos humanos contrasta con lo referido con otras disposiciones que hacen referencia directa a sanciones o penas.

Finalmente, quiero señalar que estas reformas atienden las recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Les agradezco a todos ustedes la atención a esta exposición y me permito pedirle, señor Presidente, entregarle este documento para que sea inscrito textualmente en la Gaceta Parlamentaria.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Como lo pide la diputada doña Angélica de la Peña Gómez, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una iniciativa que reforma la base primera, fracción V, inciso l) del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 42 fracción XIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para facultar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en todo lo relativo a la seguridad pública en el Distrito Federal.

-DIP. PATRICIA GARDUÑO MORALES: "Los suscritos, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este pleno al presente iniciativa de decreto que reforma los artículos 122 base primera, fracción V, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42 fracción XIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para facultar a la Asamblea Legislativa para legislar en materia de seguridad pública en el Distrito Federal.

"En la actualidad los problemas de inseguridad pública han rebasado los límites a los que tradicionalmente se encontraban sujetos, su complejidad es creciente e involucra un mayor número de factores y recursos en su manifestación, que hacen que las conductas antijurídicas no reconozcan fronteras temporales ni territoriales.

"En el Distrito Federal el problema de la inseguridad pública sigue siendo la principal preocupación de sus habitantes y visitantes, debido a que los altos índices delictivos la ubican entre las entidades federativas más peligrosas.

"Las políticas implementadas por el Gobierno del Distrito Federal para tratar de abatir los índices delictivos y los precarios resultados obtenidos en el combate a la inseguridad, han generado preocupación, incertidumbre y desconfianza, porque en lugar de librar la batalla contra la delincuencia en el terreno de la cobertura amplia, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública, así como en el de la prevención del delito, la vigilancia permanente, en el auxilio oportuno al ciudadano, en la disciplina, servicio e investigación científica, pero sobre todo en el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la legalidad, se está librando en el terreno mediático con la adopción de medidas coyunturales al margen de toda planeación y diseño estratégico e incluso de la ley.

"La inseguridad pública en el Distrito Federal no puede ser pretexto para la adopción de una política en materia de seguridad ciudadana, que privilegia medidas excesivas que a todas luces constituyen atropellos, tales como el uso de esposas, la implementación de retenes, gasto excesivo en asesorías, por mencionar sólo algunos.

"En este contexto es evidente la imperiosa necesidad de prestar un servicio de seguridad pública eficiente, orientado en normas que salvaguarden las garantías individuales y que sean acordes a la realidad de una ciudad con una composición social, económica, geopolítica, cultural y jurídica distinta al resto de las entidades federativas.

"Por ser la Asamblea Legislativa el órgano de representación ciudadana de los habitantes del Distrito Federal, consideramos que a ésta debe circunscribirse la atribución de dar cauce a las exigencias que en materia de seguridad pública tienen los capitalinos, a través de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y estableciendo las bases de un nuevo sistema de seguridad pública acorde a las reformas a la materia efectuadas en 1994 y a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de abordar los grandes pendientes en la materia que tienen que ver con el establecimiento de una policía delegacional, el fortalecimiento del Consejo de Seguridad Pública y del Consejo Ciudadano de Seguridad, la obligatoriedad del Ejecutivo de realizar y entregar oportunamente a la Asamblea Legislativa diagnósticos y programas de acción para abatir la problemática de la inseguridad y de entregarle trimestralmente los informes delictivos correspondientes, así como promover la participación ciudadana a través de mecanismos novedosos que contemplen el apoyo de los habitantes en tareas de vigilancia y prevención del delito.

"En Acción Nacional estamos convencidos de que sin efectivas garantías de los derechos fundamentales del ser humano, no cabe realización alguna del bien común, que es el que permite desplegar la fuerza de las personas y comunidades al máximo, con el fin de alcanzar su propia perfección en un marco de seguridad y justicia social. Por esta razón, en Acción Nacional participamos en este esfuerzo, a través de la propuesta de reorganización integral del aparato de seguridad pública del Distrito Federal.

"En síntesis, de aprobarse esta iniciativa se dará cauce a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que a través de la legislación establezca los mecanismos adecuados para dar los pasos en la transformación de la seguridad pública que el Distrito Federal demanda y que garantice a sus habitantes y visitantes el libre disfrute y tránsito sin miedo por su territorio.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Fracción II del Artículo 55 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente Iniciativa, que entrego a la Mesa Directiva, para que el señor Presidente pueda pedir su publicación en el Diario de los Debates.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias señora Diputada. Como lo pide la Diputada doña Patricia Garduño Morales, insértese el documento íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicada y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

Tiene el uso de la palabra, el señor Diputado don Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para una Iniciativa que reforma el Artículo 13º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga la Fracción II y el último párrafo del Artículo 57º del Código de Justicia Militar.

-EL C. DIPUTADO GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO.- Con su permiso Diputado Presidente. Diputadas y Diputados. Continuamente hemos conocido casos de violación de los derechos humanos fundamentales que son atraídos por su competencia por la Procuraduría General de Justicia Militar ó, en su defecto, enviado por las autoridades civiles a las castrenses implicando para las víctimas el no acceso a la justicia, pues el fuero militar, al establecer un proceso cerrado y carecer de independencia e imparcialidad como órganos encargados de investigar los delitos cometidos por sus propios miembros, genera impunidad en beneficio de sus agentes.

Lo anterior, se ejemplifica y acredita mediante diversos casos de violación a los derechos fundamentales que han sido denunciados pública y legalmente por diversas organizaciones de derechos humanos y que comprueban un afán doloso de las fuerzas armadas por encubrir a su personal de toda responsabilidad cuando se les señala como perpetradores de delitos y con ello de conculcar derechos fundamentales.

Ponemos por ejemplo la grave situación de violaciones sexuales de las que han sido objeto mujeres indígenas de diversas zonas rurales del país a manos de miembros del Ejército Mexicano, como la que sufrieron Francisca Santos y Victoriana Vázquez, de la comunidad mixteca de Barrionuevo San José, Guerrero, el 21 de Abril de 1999.

El agravio sexual del que fueron objeto tres hermanas tzeltales quienes el 4 de Junio de 1994 en un retén militar ubicado en el Municipio de Altamirano, Chiapas, fueron privadas ilegalmente de su libertad y abusadas sexualmente por personal castrense.

En realidad, también se está viviendo en los casos de desaparición forzada de la Guerra Sucia, en el que existe una clara responsabilidad por parte del Ejército y en donde las autoridades civiles dimitieron su competencia sobre la investigación de 143 casos de personas desaparecidas en el Estado de Guerrero, crímenes imputados a los Generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, presos actualmente por delitos contra la salud ya quienes se negó la jurisdicción civil para quedar bajo la protección de la Justicia Militar en donde no ha habido avance alguno en el proceso.

Es evidente que la impunidad que se genera en la comisión de delitos o violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, obedece al hecho de que se ha interpretado el Artículo 13º Constitucional en el sentido de dotar de jurisdicción a los órganos de justicia militares para investigar y sancionar aquellos delitos del fuero común que cometen los miembros del Ejército en relación con lo establecido en el artículo 57 del Código de Justicia Militar que establece que la Procuraduría de Justicia Militar investigue delitos del orden común, lo que implica una clara contradicción con las normas de derechos humanos derivados de los principales tratados y convenios en materia ratificados por nuestro país.

Cabe resaltar que sobre el tema de la necesaria delimitación de la justicia castrense existen múltiples recomendaciones emitidas al Estado Mexicano por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, que han expresado su preocupación por la aplicación extensiva del foro militar en México hacia civiles o paisanos, principalmente en casos de violaciones a los derechos humanos, a civiles y por consiguiente, han recomendado su delimitación.

Como un ejemplo de lo anterior está lo recomendado por el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura, quien visitó nuestro país en 1997 y como consecuencia de esto emitió en su informe y por consiguiente ha recomendado su delimitación.

Como un ejemplo de lo anterior está también lo relativo a que el hecho de que los órganos de justicia militar, quienes investigan las violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército Mexicano en perjuicio de civiles, violenta el principio de imparcialidad e independencia que todo órgano encargado de procurar o impartir justicia debe tener, en virtud de que el Ejército Mexicano se erige como juez y parte.

Cuando el Estado, en una de las recomendaciones que señala la Comisión Interamericana, señala que cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los organismos potencialmente implicados, la independencia e imparcialidad se ven claramente comprometidas en virtud de lo cual los procedimientos resultan incapaces de proporcionar la investigación, la información y el medio supuestamente disponibles y se verifica una impunidad de facto que supone la corrosión del imperio de la ley y viola los principios de la Convención Americana.

En particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en razón de su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad que impone el artículo 8.1 de la Convención Americana. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte Interamericana que en un estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de los intereses jurídicos especiales, vinculados con la función que la ley asigna a las fuerzas militares.

Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y solo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza afectan contra bienes jurídicos propios del orden militar.

Debido a sus características particulares, el fuero de guerra y la jurisdicción militar carecen de independencia pues es un órgano dependiente del Ejecutivo Federal y en concreto, de la Secretaría de la Defensa Nacional; pero más aún, un elemento indispensable de la garantía de independencia e imparcialidad es justamente que la autoridad encargada de la revisión, investigación, decisión y sanción en los casos no esté implicada con ninguna de las partes, lo que no se garantiza en el fuero militar ya que una de las partes pertenece a la institución, situando al paisano o civil que es una víctima de delito y de las violaciones a sus derechos fundamentales en una posición desventajosa.

Para evitar que el Pode Judicial Federal justifique las violaciones derivadas de la jurisdicción militar, es preciso reformar los preceptos mencionados para evitar y crear confusiones y sobre todo dudas que generen interpretaciones judiciales contrarias a los derechos humanos fundamentales.

De igual manera, esta propuesta tiene como objetivo hacer efectiva la limitación establecida en el artículo 129 constitucional que establece que en tiempos de paz, los órganos militares deben permanecer en sus cuarteles y establecimientos oficiales.

Por lo antes expuesto, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 13 constitucional y derogar la fracción II y el último párrafo del artículo 57 del Código de Justicia de Militar. Se solicita a la Presidencia que se publique de manera íntegra la presente, en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.

-EL PRESIDENTE: Gracias don Gilberto Ensastiga Santiago. Como lo pide el señor diputado, insértese el documento íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no se haya publicado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Defensa Nacional.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para iniciativa de Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, así como para reformar el artículo 215 apartado A y derogar los artículos 215 apartado B, 215 apartado C y 215 apartado D, del Código Penal Federal.

El grupo parlamentario del PRD, pone a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.

La desaparición forzada de personas es un delito que ha sido catalogado por el derecho internacional de los derechos humanos, como de lesa humanidad, cuya comisión debe ser prevenida, investigada y sancionada, por la comunidad internacional.

Desaparecer a una persona es un acto aberrante, con características infrahumanas. Consiste en secuestrar a alguien que se considera peligroso o peligrosa para las instituciones establecidas; llevarlos a un sitio de reclusión clandestino; negar la detención y mantenerlo total y absolutamente separado del mundo exterior, disponer de él o de ella al arbitrio de los captores, infiriéndole cualquier tipo de tortura física o sicológica, con el propósito de arrancarle información, una confesión o simplemente para atemorizar a la sociedad, todo ello, sin sujetarse a las normas vigentes en el país y en el ámbito internacional.

La desaparición forzada de personas, ha sido una práctica recurrente utilizada por regímenes autoritarios de todo el mundo como un medio de castigo ilegal para reprimir a los movimientos sociales o como medida de investigación y sanción criminal. México no ha sido la excepción, ya que este delito también ha sido utilizado como medio de sometimiento y castigo; su práctica se remonta al periodo que abarca la década de los sesentas, setentas y ochentas y que ha sido denominado "guerra sucia", en donde los órganos del Estado Mexicano utilizaron sistemáticamente esta violación para contrarrestar los numerosos movimientos sociales que se gestaron como respuesta a la ausencia de una apertura democrática en México.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado aproximadamente 536 desapariciones; a pesar de que este delito ha sido relacionado con la etapa de la guerra sucia, su práctica sigue vigente, ejemplo de ello, es el informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas de la Organización de las Naciones Unidas, que estableció que en el año de 1997, México ocupó el tercer lugar en casos de desapariciones forzadas e incluso, que entre los años 96 y 98, se recibió información sobre 115 personas desaparecidas.

Organismos intergubernamentales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han recomendado a nuestro país que adopte las medidas necesarias tendientes a legislar el delito de desaparición forzada de personas, así como que realice investigaciones serias, rápidas e imparciales en todos los casos de desaparición forzada y que actúe de manera seria y eficiente para asegurar que las denuncias sobre violaciones a los derechos de vida, por parte de la policía o fuerzas armadas mexicanas, sean investigadas de manera inmediata y de forma exhaustiva y en consecuencia sean debidamente sancionados los responsables.

Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos en México han denunciado y documentado casos recientes de desapariciones forzadas, y por poner un ejemplo, la Comisión Estatal de Derecho Humanos del estado de Guerrero documentó en este mismo año 9 casos en la entidad, mismos que fueron consecuencia de la recomendación 19/2002. Lo anterior pone de manifiesto que la práctica de la desaparición forzada no ha sido erradicada y por consiguiente fundamenta la necesidad de establecer pautas legislativas que, desde los más altos estándares de protección en materia de derechos humanos, establezcan el criterio normativo, métodos de investigación, sanciones y reparaciones en materia de desaparición forzada de personas.

El delito de desaparición forzada es considerado en la doctrina internacional como de lesa humanidad, porque se perpetra con todas las ventajas que da el poder y no se limita a combatir la insurgencia, sino que se propone aterrorizar a la población entera de una región o de una nación. Es un delito de Estado, planeado, ordenado, ejecutado y supervisado por funcionarios que debieran proteger a la población, por ello debe ser perseguido y castigado sin importar la jerarquía política ni la condición económica de quienes lo hayan cometido, penalizando tanto a los autores materiales como aquellos que lo ordenan.

Por lo tanto, para que los derechos fundamentales se observen cotidianamente es necesario que la autoridad competente desarrolle acciones a través del orden jurídico, mismo que debe consagrar medidas preventivas de la afectación de los bienes que se busca proteger y en ese sentido, establecer un tipo penal. Implica elevar el grado de repudio, una conducta y además otorgar a las y los ciudadanos recursos de defensa ante la adversidad que implica la desaparición forzada de personas.

Esta legislación debe darse en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, que es donde se han establecido los más altos estándares de protección en la materia. Estos estándares, emanados de órganos tan importantes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que la desaparición forzada de personas constituye una conducta ilícita continuada, que permanece en el tiempo en tanto no se establezca el paradero con vida o muerte de la víctima. Es imprescriptible, puesto que dada la multiplicidad de derechos violados, se ciñe como un delito de lesa humanidad y por lo tanto una conducta que no puede estar sujeta a la prescripción de la acción penal ni de la pena, dadas las consecuencias que para las víctimas y la sociedad en general significa el que no se sancione este delito y la gravedad que para todo Estado democrático implica el mantener impune un hecho como éste.

El derecho internacional de los derechos humanos también establece que la normatividad en materia de desaparición forzada es la inadmisibilidad de excluyentes de responsabilidad penal, como podría ser la obediencia debida a las instrucciones de superiores jerárquicos o que los responsables sean beneficiados con la amnistía como perdón y penalice el encubrimiento de la comisión de este delito.

La responsabilidad en el mando que establece que debe sancionarse el mando negligente que permite con conocimiento de causa, la comisión de crímenes. Es decir, se sanciona el incumplimiento de la obligación que tienen los superiores jerárquicos de impedir o hacer cesar las desapariciones forzadas, por lo que termina condenando la omisión del deber jurídico de actuar.

Por último, es necesario establecer en la legislación de la materia, la obligación del Estado, una vez esclarecida la responsabilidad de los agentes de gobierno, directa o indirectamente en la comisión de la desaparición forzada para que repare el daño, indemnice y reinserte socialmente a la víctima y a sus familiares.

La presente propuesta buscar retornar estos requisitos del derecho internacional para armonizar nuestro derecho penal mexicano con la evolución del derecho internacional en materia de los derechos humanos.

Así las cosas, el Estado Mexicano no puede ni debe permanecer ajeno a la imperiosa necesidad de utilizar todos los medios legales a su alcance para evitar que los perpetradores de la desaparición forzada queden impunes.

En razón de lo anterior, se propone la siguiente Ley Federal para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas que también responde a las necesidades legislativas que en materia planeó la oficinal del alto comisionado de Naciones Unidas para México en su reciente diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México.

En tal virtud, corresponde a esta soberanía contribuir desde su ámbito de competencia para que crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, no permanezcan en la impunidad, sean prevenidos, investigados, sancionados, erradicados como una forma de hacer vigentes los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, así como para reformar el artículo 215A del Código Penal Federal y derogar los artículos 215B, 215C y 215D del mismo ordenamiento legal.

Se solicita a la Presidencia que se publique de manera íntegra la presente propuesta en el Diario de los Debates.

Como lo solicita el señor diputado, publíquese el documento íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no haya sido publicado, y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Señores legisladores en galerías no acompañan alumnos del CBTIS de San Francisco del Rincón, Guanajuato, a los que les damos la bienvenida. (aplausos)

Señoras y señores legisladores, esta Presidencia ha recibido un documento suscrito por los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios representados en esta Cámara, solicitando a la Presidencia se plantea a consideración del Pleno, se incluya en el orden del día un pronunciamiento con respecto a los sucesos ocurridos en el Estado de Oaxaca.

Se instruye a la Secretaría consulte a la asamblea si se incluye el tema de referencia en el orden del día.

LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta el documento que envió la Junta de Coordinación Política con la petición mencionada por el Presidente.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

En consecuencia y dada la decisión del Pleno, se incluye en esta fase del orden del día el pronunciamiento de referencia y para tal efecto se concede el uso de la palabra al señor diputado don Heliodoro Carlos Díaz Escarraga.

Hace unas horas, José Murat, Gobernador del Estado de Oaxaca fue víctima de un atentado contra su vida.

Afortunadamente los autores de este repudiable hecho no lograron su objetivo, se dirigía a un desayuno de trabajo a los 8:20, personalmente manejaba una camioneta tipo Van y fue víctima de ese atentado, en donde quedó totalmente baleada la camioneta; su jefe de ayudantes está herido con dos balazos y otro ayudante más está herido de gravedad.

No obstante, ese suceso enrarece aún más el ya de suyo descompuesto ambiente político de nuestro país, los mexicanos creíamos que se había logrado superar esa perversa simbiosis de violencia y política que se presentó hace diez años, por ejemplo sin embargo, ésta parece retornar.

La violencia y la sin razón, como antítesis de la política, han vuelto a sentar sus reales en nuestro país; acciones de este tipo ponen en entredicho los valores de la civilidad, la tolerancia, la discusión serena de las ideas que tendrían que caracterizar a la política y a los políticos, nos llevan a la convicción de que tenemos todos que luchar por sentar bases sociales que permitan desterrar a la violencia de cualquier tipo como medio de solución de conflictos.

Los diferendos entre personas, entre grupos sociales, entre partidos, sólo pueden dirimirse en el marco del derecho de las instituciones y del debate civilizado. Ninguna afrenta, ninguna divergencia de conceptos y opiniones deberían castigarse con las balas, la política mexicana no puede más mancharse con el crimen. Nada justifica lo ocurrido, nada.

Los hechos deben investigarse a fondo y sancionarse con todo el rigor de la ley y la fuerza del Estado, no podemos darnos el lujo de permitir que queden impunes y que esa impunidad desemboque en actos similares en contra de otros políticos, de otros actores sociales y en otros lugares de nuestra República.

No podemos ceder ni intimidarnos, tenemos que hacer el esfuerzo por crear condiciones que inhiban a las mafias, a los caciques, a los grupos aspirantes al poder, a las fuerzas paramilitares, a los órganos de inteligencia de cualquier tipo y en donde estén, a los sicarios de los intereses ilegítimos, a detenerse.

El atentado contra José Murat, se da en un marco sui géneris de discrepancias con corrientes nacionales de opinión, en un contexto de agresiones repetidas, en un ambiente de revanchas por actitudes por él asumidas que pudieran haber afectado proyectos y fuertes intereses económicos y políticos e intereses de cualquier tipo.

Murat lo había señalado desde hace varios meses: "he sido víctima –lo dijo en varias ocasiones- de amenazas en contra de mi vida". Su hija, Lorena Murat, fue hace ocho meses víctima de un atentado. José Murat, también ha sido víctima de la animosidad de grupos políticos que han alentado juicios sumarios y descalificaciones en su contra y de campañas que pretenden generarle animadversiones de carácter personal.

El Gobierno Federal, que mucho ha contribuido en algunos de sus estratos a la contaminación del entorno político de este país, debe asumir su responsabilidad en la investigación, no debe lavarse las manos bajo el argumento de que se trata de hechos delictivos de la competencia del fuero común; en el atentado participaron, les recuerdo, delincuencia organizada; se usaron armas prohibidas, se cometió sobre una vía de comunicación federal, no se necesita ser experto para inferirlo.

La Federación debe aclarar a satisfacción de todos los mexicanos, los móviles del atentado y no sólo limitarse a lamentarlos; la Federación no debe cubrir a sus autores, debe descubrir a sus autores, procesarlos y castigarlos, está obligada a hacerlo para eliminar cualquier sospecha y desvirtuar toda índole de suspicacias.

Por lo expuesto, compañeras y compañeros diputados, y concluyo señor presidente, me pronuncio porque nos solidaricemos y nos manifestemos expresamente de manera enérgica en contra del atentado que este día fuera víctima el gobernador constitucional de estado de Oaxaca, y manifestemos nuestro total rechazo al uso de la violencia, como medio para dirimir cualquier tipo de controversia, en especial la política.

Se exhorta a que la Procuraduría General de la República proceda a la investigación de los hechos relacionados con el atentado perpetrado en contra del gobernador de mi estado. No más violencia, no más permitimos que se siga enrareciendo el ambiente político, social y de seguridad en nuestro país.

El siguiente punto del Orden del Día dictámenes de Primera Lectura, y es la Primera Lectura de los siguientes dictámenes.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo dfel Artículo 32. El segundo párrafo del Artículo 33 y el Artículo 36; y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, recorriéndose el orden de los subsecuentes del Artículo 32 de la Ley General de Protección Civil.

Con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción I del Artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del Artículo 112 y se adiciona un Artículo 184 Ter a la Ley General de Salud.

En virtud de que se encuentra publicado en la gaceta Parlamentaria, consulta la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

-LA C. SECRETARIA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

En consecuencia tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Angel Córdova Villalobos por la Comisión, para fundamental el dictamen de conformidad con el Artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL C. DIPUTADO JOSE ANGEL CORDOVA VILLALOBOS: Con su venia señor presidente. Honorable Asamblea. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud, me dirijo a ustedes para presentar la fundamentación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 112 y se adiciona el Artículo 184 Ter a la Ley General de Salud.

Probablemente uno de los peores males que flagela a nuestra sociedad, sea el creciente aumento en el consumo de sustancias que dañan a la salud, como las drogas, el tabaco y el alcohol, primordialmente en los jóvenes mexicanos.

Es evidente el aumento en el consumo de sustancias como la cocaína, mariguana y otras drogas, como la heroína y las metaantefaminas, pero no sólo son estas adicciones las que nos deben de inquietar, también se ha incrementado el consumo excesivo del alcohol así como el del tabaco.

Las cifras que publica el Consejo Nacional contra las adicciones son evidentes y alarmantes. Según encuestas publicadas por esta institución tan solo en el año 1997 al 2000, el consumo de sustancias sicoactivas en los jóvenes aumentó en un 3%; la gran mayoría son adolescentes de 14 años o menores y casi todos son estudiantes de tiempo completo, lo que nos da una muestra de la magnitud del problema al que nos enfrentamos.

Según el estudio, y ésta se una de las razones de nuestra zozobra, los adolescentes consideran que es sencillo conseguir las drogas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones en la República Mexicana había más de 3 millones y medio de personas que usaban drogas, durante el año de 2002. Es muy evidente que esta cifra aumenta cada año.

Sabemos que el problema de la adicción a las drogas no es privativo de las zona urbanas, aunque según los estudios la población urbana es la más propensa a caer en este tipo de problemática. El mayor índice de consumo de drogas se concentra en la población joven y la mayor parte se concentra en los varones de 18 a 35 años, lo que quiere decir que afecta a un grupo de población que está en la etapa más productiva de su vida. Probablemente el dato más abrumador que arroja la encuesta es que la mayoría de los consumidores de drogas ilegales, inician su consumo entre los 12 y los 17 años.

Nuestros jóvenes se encuentran expuestos a las drogas no sólo en las calles sino en las escuelas; éste es un problema de prioridad indudable. Siendo trascendental, desafortunadamente la adicción a las drogas no es el único reto que enfrenta nuestra sociedad, ya que el consumo excesivo de alcohol es un mal que padecen miles de familias mexicanas.

La cifra que emite el CONADIC al respecto, resulta perturbadora ya que según su estudio, en el año del 2002 había en México más de 32 millones de personas que consumían alcohol, entre los 12 y los 65 años. La cantidad de menores que se iniciaron en el consumo del alcohol entre los 12 y los 17 años, es de casi 4 millones, lo que representa el 25.7% de la población en este rango de edad.

El consumo de alcohol en adolescentes varones aumentó de 27% en 1998 a 35% en el 2002; en las mujeres también se vio incrementado este porcentaje del 18 al 25% respectivamente. Es imperativo tomar medidas más eficaces para combatir el incremento de las adicciones en todas sus formas, haciendo especial énfasis en el consumo de drogas, alcohol y tabaco.

Sabemos por los datos citados que la etapa más vulnerable para caer en las adicciones es precisamente la adolescencia. Es por esta razón que nuestros esfuerzos para combatir este problema tienen que estar enfocados primordialmente a esos grupos, sin desatender claro está, a los demás sectores de la población. Otro dato de suma importancia para el tema es el que indica que muy pocas personas que sufren de alguna adicción solicitan ayuda para combatirla.

Los miembros de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura, estamos comprometidos con nuestras responsabilidad con la Nación; somos conscientes de las necesidades de la población y nuestros esfuerzos están encaminados a tratar de solucionarlos. El trabajo en contra de las adicciones debe realizarse en varios frentes no sólo en el seno de la familia, también en las escuelas y los centros de trabajo, la solución tiene que ser integral. Es nuestra responsabilidad dotar a las instituciones de las directrices para coadyuvar a la erradicación de las adicciones. Sabemos que no es sencillo y es evidentemente un esfuerzo colectivo.

Es por eso que los diputados integrantes de la Comisión de Salud, cumplimos mediante la aprobación del presente dictamen, con la encomienda que México nos dio en las urnas. El mandato constitucional que se establece en el artículo 4o. párrafo tercero, compromete al Estado a proteger la salud de todos los mexicanos en cumplimiento de lo estipulado por dicho precepto, es deber del Estado preservar la salud de la población.

Nuestra concepción de salud es integral. Es por eso que consideramos como una prioridad el combate de las adicciones, ya que éstas constituyen un fenómeno que afecta todos los aspectos de la vida humana. El problema de las adicciones no es privativo de la juventud, pero desgraciadamente es este sector de la población el que se ve mayormente afectado. Tampoco constituye una preocupación singular de México. Sabemos de antemano que la situación mundial al respecto no es muy alentadora. Es por esta razón que la implementación de la reforma propuesta no sólo cumple con el fundamento constitucional; también cumple con diversos tratados internacionales como la Convención Unica sobre Estupefacientes, así como el Protocolo de Modificación de Dicha Convención, el cual fue firmado por México y que entró en vigor en 1977.

Es así que el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 y se adiciona el artículo 184 PER a la Ley General de Salud cumplen con lo que disponen la Constitución Política de los Estados Mexicanos y los acuerdos internacionales que México ha suscrito respecto a la protección a la salud.

Las reformas propuestas a la Ley General de Salud van orientadas a la educación en materia de salud, ya que es precisamente la educación la principal herramienta en la lucha contra las adicciones.

Por otra parte, y en este sentido, la visión del artículo 184 PER a este mismo ordenamiento indica que deberá existir coordinación en todos los niveles de gobierno para la prevención y tratamiento de las adicciones.

De este modo, los integrantes de la Comisión de Salud hemos coincidido en aprobar el presente dictamen, ya que creemos que el resultado de su aplicación se verá reflejado en acciones concretas dirigidas a combatir la adicción a todo tipo de sustancias nocivas para la salud.

Tenemos un compromiso con todos los mexicanos y es en aras de ese compromiso que los exhorto a aprobar el presente dictamen. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. En consecuencia, está a discusión el dictamen en lo general.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios los siguientes ciudadanos diputados: el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

Esta presidencia informa que se encuentran en las galerías de este recinto estudiantes de ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a los cuales les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia. (aplausos).

EL C. DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL: Con su anuencia, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas: es evidente que el flagelo de la drogadicción ha hecho presa ya a la nación, que los índices crecientes en el consumo de estos estupefacientes que alteran la conducta, el comportamiento, que limitan capacidades y que condicionan necesariamente la vida productiva, social y afectiva de los sujetos es ya una calamidad de la que México no puede apartarse.

Inicialmente, cuando veíamos que en países desarrollados esta costumbre, estos hábitos de recurrir a los estímulos artificiales para propiciar el hedonismo en la conducta humana, la falsa alegría, la creciente sensibilidad para propiciar los goces, entre paréntesis, más intensos era un hecho, era una amenaza que a México le quedaba muy lejos, le estaba muy distante.

Hoy las cifras son francamente impresionantes, son verdaderamente preocupantes. Los jóvenes mexicanos ya no tienen defensas para ser susceptibles a ser condicionados al uso de estas medidas, de estas drogas, de estas adicciones que condicionan ya su vida en el futuro.

Pero ¿qué hemos hecho nosotros para ello? En realidad hemos sido espectadores pasivos de un drama que absorbe, que acoge, que condiciona a la nación entera en su futuro.

Hoy qué bueno que esta nueva ley sale a la luz, que se da a la Secretaría de Salud condiciones, posiciones, facultades para ejercer una mucho más directa acción en términos de detener esta creciente adicción de los jóvenes a las drogas.

Sin embargo, tenemos también que ser sinceros, una autocrítica sería. Habíamos sido pasivos, por ejemplo, al no criticar debidamente lo que estaba ocurriendo en la Secretaría de Salud cuando precisamente en el cargo más delicado de esta función, en el de la Dirección Contra la Adicción, contra este flagelo mundial y muy precisamente nacional de las drogas, estaba situado un sujeto que después resultó ser un simple influyente colocado ahí por razones de sus preferencias en niveles primarios del Poder Ejecutivo y que fue sorprendido traficando con su poder en el cargo que detentaba. Era precisamente el doctor Guido Belsasso el que tenía esta responsabilidad con la nación. Y fuimos omisos porque todos quienes conocíamos de alguna manera o por lo menos parcialmente lo que podría suceder si este cargo no se desempeñaba con rectitud y por un hombre de vocación y probada trayectoria en el servicio público de salud, iba a ser un grave desenlace, como lo fue, donde registramos un retroceso en el combate a la adicción de los jóvenes a las drogas.

Yo creo que entonces vale la pena reconocer también que en el Poder Ejecutivo, aun con leyes propicias, se está dando una ligereza, una falta de conciencia y de interés por este tema crucial de nuestra vida nacional presente y futura.

Cómo no citar aquí que al mismo Congreso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del doctor José Luis Soberanes, hizo un informe detallado de lo que estaba pasando no sólo en este tema de las adicciones en los jóvenes, sino muy particularmente respecto de la Secretaría de Salud, las quejas, las verdaderas multitudes de usuarios de servicios públicos de salud, que están teniendo que acudir a las Comisiones de Derechos Humanos para presentar quejas por los servicios públicos de salud que van decayendo, que van degradándose en su insuficiencia numérica y desde luego, en la calidad y efectividad del servicio.

Es entonces esta área del Poder Ejecutivo del servicio público, el de la salud, que está adoleciendo de grandes deficiencias y que requiere no sólo entonces, de los apoyos, del soporte, de la infraestructura legislativa que evidentemente es nuestra responsabilidad propiciar, sino también necesariamente de acciones más responsables del Poder Ejecutivo en ello y de las que por cierto, no hemos visto con satisfacción que ello se lleve a cabo.

Ahora que ha quedado vacante esta función en la Secretaría de Salud Pública, en cuanto al combate, a la adicción como uno de los capítulos más graves y más sensibles en la vida futura de la nación respecto de la salud, esperamos que también haya una correspondencia del Poder Ejecutivo y que se nombre en esta responsabilidad a un mexicano con verdadera vocación y preparación para el efecto. Que no sea otra de las posiciones políticas que se comercian, que se negocian en las altas esferas del poder y que en cambio se dé a quien tenga todas las cualidades, el perfil, la actitud necesaria para desempeñarla con verdadero patriotismo, efectividad técnica y sobre todo, convicción humanista.

Desde luego entonces, para Convergencia esta iniciativa es por demás oportuna pero llevaría también, junto con la reforma y adiciones que aquí se han aprobado, el que se exhorte, se excite, al Poder Ejecutivo para que asuma con responsabilidad, frente al México del futuro, lo que significa el que la Secretaría de Salud en verdad se desempeñe esta tarea con efectividad, con profesionalismo, con honradez y con esmerada escrupulosidad.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (PAN): Gracias, Diputado.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- LA C. DIPUTADA IRMA FIGUEROA ROMERO (PRD): Con su venia, señor Presidente.

Especial interés representa para mi, como representante popular, el grupo de población que es más vulnerable a caer en las garras de la adicción. El Consejo Nacional Contra las Adicciones la define como el estado sicofísico provocado por la interacción de un organismo vivo con una droga que se caracteriza por cambios en el comportamiento y otras reacciones que incluyen siempre un impulso irreprimible por consumir el fármaco de manera continua o periódica, con el fin de experimentar sus efectos síquicos y en ocasiones para evitar el malestar si no se consume.

La norma oficial mexicana 028SSA2 de 1999 considera que el uso de sustancias que generan adicción representa una preocupación creciente tanto para el gobierno federal como para las entidades federativas y la sociedad en general.

Lo anterior hace necesario un esfuerzo coordinado para implementar estrategias y acciones de investigación, prevención, tratamiento, normatividad y legislación, que permitan reducir la incidencia y prevalencia del uso y abuso de sustancias que generan adicción.

Considero que el dictamen que emite la Comisión de Salud sintetiza de forma coherente el espíritu propuesto en primera instancia por su servidora.

Estoy consciente que la prevención de las adicciones tiene como componente básico un conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir el consumo de sustancias sicoactivas, lo cual permita disminuir situaciones de riesgo y limitar los daños asociados al consumo de sustancias de este tipo.

Entre las consideraciones del dictamen para que sea en sentido positivo encontramos la apremiante necesidad de abatir los índices de drogadicción en el país, además de manifestar que el problema de los adolescentes es especialmente preocupante, ya que en el año 2002 más de 200 mil adolescentes, entre las 12 y 17 años, han usado droga.

Asimismo concluye que para detener la problemática de las adicciones es imperativa la colaboración de todos los niveles de gobierno, la educación para prevención en contra de las adicciones es un elemento básico. No obstante deben fortalecerse los programas que incluyan el tratamiento y la rehabilitación de todas aquellas personas que lamentablemente encuentran sentido a su vida sólo a través del uso de alguna sustancia adictiva.

Como legisladores sabemos que es nuestro deber hacer propuestas que contribuyan a cubrir las lagunas legislativas existentes y con ello apoyar desde nuestro ámbito de competencia, a evitar que nuestros niños, adolescentes y nuestros jóvenes sigan consumiendo alguna sustancia adictiva.

El consumo de productos que generan la adicción en México es una preocupación que rebasa las posturas partidarias. De ahí que el día de hoy celebro con gusto la aprobación de la iniciativa que presenté en el mes de noviembre.

Por lo tanto y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos manifestamos a favor del dictamen emitido por la Comisión de Salud, en torno al Proyecto de Iniciativa que reforma la fracción III del artículo 112 y adiciona un artículo 184 Ter a la Ley General de Salud.

Tiene el uso de la palabra la diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Honorable asamblea: Millones de mexicanos son víctimas de la adicción, no sólo a las substancias ilegales como las drogas sino también a estimulantes permitidos como el alcohol o el tabaco. Es lamentable, pero cada día nos estamos aproximando a convertirnos en una sociedad de adictos.

Según cifras oficiales, el fenómeno de las adicciones se incrementa cada año, esta situación es alarmante y para combatirla es menester que el Estado trabaje con la sociedad para terminar con este mal.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones del 2002, 3.5 millones e personas entre los 12 y los 65 años han usado drogas. El consumo de cocaína ha mostrado un fuerte crecimiento en los últimos 15 años, sobre todo en la parte norte de nuestro país y en las áreas urbanas. Las cifras nos muestran que México aparte de ser considerado país de tránsito y productor de drogas, se está convirtiendo en país consumidor de ellas.

Sabemos que la prevalencia de tales adicciones afecta negativamente la salud, la economía y la convivencia social. El fenómeno de las adicciones es mundial, en la mayoría de los países existen instituciones públicas y privadas dedicadas al combate de este padecimiento, el cual se ha transformado en un problema de salud pública a nivel mundial.

La Organización Mundial de la Salud considera prioritaria la prevención en contra de las adicciones, no sólo de las substancias ilegales sino también de las legales, porque son aceptadas y promovidas por la sociedad, como por ejemplo el uso del tabaco.

Tan trascendente resulta el problema en el ámbito internacional, que la Organización Mundial de la Salud ha creado un departamento dedicado exclusivamente al abuso de substancias ilegales y a la salud mental. Según dicho organismo en el año 2000 las adicciones al alcohol, tabaco y drogas ilícitas, se encontraban entre los 10 factores de riesgo para contraer enfermedades en los países en desarrollo.

Además, la Organización Mundial de la Salud nos muestra cifras que reflejan la magnitud del problema. Por citar algunas, alrededor de 76.3 millones de personas han sido diagnosticadas con problemas de alcoholismo y por lo menos 15.3 millones de personas han sido adictas a las drogas en algún momento de su vida. Y de los 136 países en los que se reporta uso de droga inyectada, 96 de ellos presentan personas con VIH debido al uso de agujas infectadas.

En México contamos con instituciones dedicadas al combate de las adicciones, como el Consejo Nacional Contra las Adicciones y el Instituto Nacional de la Juventud, que cuentan con programas para tratar este padecimiento. Sin embargo el esfuerzo de todas las instituciones de salud tiene que estar coordinado en todos los niveles de gobierno, de forma tal que los gobiernos municipales, los estatales y el de la Federación, colaboren en esa tarea sin importar su bandera partidista.

Mis compañeros de Acción Nacional entendemos la labor legislativa como una acción que deriva de entender y atender la realidad social, conduciéndola siempre hacia el bien común.

Es precisamente derivado de este entendimiento de nuestra realidad como sociedad, que se desprende nuestro afán de reformar la Ley General de Salud, de modo que se considere a la prevención de las adicciones como un objetivo de la educación para la salud, ya que es justamente la educación nuestra arma para combatir a un enemigo cada vez más poderoso.

Para Acción Nacional la educación no sólo es capacitar al hombre para una función de utilidad sino hacer que el hombre sea todo lo que puede ser, hacer que el hombre se realice a sí mismo y precisamente con ese objetivo el de lograr que los mexicanos seamos todo lo que podemos ser, es que aprobamos las Reformas a la Ley General de Salud para la Prevención de las Adicciones, porque nuestra juventud necesitar estar libre de cualquier forma de esclavitud, de cualquier limitante y de cualquier obstáculo para su desarrollo.

Es deber y obligación del Estado proteger la salud de los mexicanos y es nuestro compromiso como Legisladores dotar a las instituciones de las facultades necesarias para garantizar dicha protección.

En Acción Nacional estamos convencidos que son los hechos, no los discursos ni las buenas intenciones lo que nos va a conducir a soluciones, en ese sentido los Legisladores del PAN manifestamos nuestro apoyo y adhesión al Dictamen de la Creación del Artículo 184-3 TER y en la Ley General de Salud que hoy presenta a la consideración de este pleno la Comisión de Salud.

Esta reforma es plenamente consistente con la postura de mi partido, de fortalecer la libertad personal, promoviendo la información y orientación adecuada para prevenir y tratar las adicciones.

La LIX Legislatura ha demostrado que es capaz de llegar a acuerdos en materia de salud; apelando a este principio y a la convicción de que así como a mi partido lo mueve únicamente el bien de México, ese mismo interés los mueva a ustedes para aprobar la reforma propuesta.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputada. Tiene el uso de la palabra el Diputado Hugo Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

-EL C. DIPUTADO HUGO RODRIGUEZ DIAZ.-Con su venia, señor Presidente. Compañeras, compañeros Diputados. Con relación al Proyecto de Decreto de la Comisión de Salud que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de Adicciones, es preciso señalar que ante el aumento de consumo de alcohol, drogas y estupefacientes en nuestro país, sobre todo en la etapa de la adolescencia y juventud, épocas de la vida que sí existe una mayor vulnerabilidad, el Decreto que se pretende aprobar sólo es una respuesta de este cuerpo legislativo para evitar que México, que aún no es considerado como uno de los países con mayor consumo de drogas en el mundo, pueda seguir siendo tomado como tal.

El 18 de Noviembre del 2003, la Diputada Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del PRD puso ante esta Asamblea la Iniciativa que hoy la Comisión ha discutido y aprobado.

Esto nos lleva a otorgar la posibilidad que la educación para la salud tenga también como objeto el orientar y capacitar a la población considerada de mayor peligro. Actualmente. Ya casi es histórico, los famosos Comités de ADEFAR que existían en cada uno de los estados, el trabajo que estos Comités en los diferentes Estados, en las Secretarías de Salud locales desarrolló, es el inicio de la lucha contra este fenómeno social que sin duda sería un error no abordarlo de frente en nuestro país, es una realidad lo que han comentado todos los anteriores Diputados pero especialmente lo que comentó don Jesús, "es increíble que las gentes que tienen que ver con esto dentro de la Secretaría de Salud, sean gentes que han sido señaladas de alguna u otra manera.

Por eso, hoy que la Comisión de Salud presenta y discute esta iniciativa de la diputada Irma Figueroa, decimos: Desde esta más alta tribuna, apoyamos y pedimos que todos nuestros compañeros en esta Cámara vayamos al trabajo que la Comisión ha estado presentando. Esta es una muestra de que sí los legisladores cumplimos con el pueblo.

Sin demagogias, vamos pidiendo que la Secretaría nombre a una persona ejemplar en este rubro para que los comités de ADEFAR (?) en los Estados no sean una mera figura decorativa sino que cumplan con disminuir el problema de drogadicción.

Todos los me dios dicen: No somos un país de transito de drogas, ya somos un país consumidor. Algo tenemos que hacer y es inevitable que aquí lo discutamos abiertamente. Vamos aprobando esto, compañeros. Es cuanto Presidente. (aplausos).

- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

- LA C. SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la sírvanse manifestarlo:

- EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.

- LA MISMA C. SECRETARIA: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

Ciérrese el sistema electrónico. Diputados que registran votación de viva voz.

En la curul 51 para rectificación de voto, el diputado Jorge Carlos Obregón Serrano… Sí, mi voto es afirmativo.

- EL C. PRESIDENTE: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 406 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 y se adiciona un artículo 184-Ter a la Ley General de Salud.

Saludamos y damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que se encuentran en las galerías de este Recinto Parlamentario. (aplausos)

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona los artículos 268-Bis, 268-Bis 1, al capítulo octavo del título décimo segundo y se reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

-EL DIP. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Gracias. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

En consecuencia tiene la palabra el diputado José Angel Córdova Villalobos por la Comisión de Salud para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito exponer la fundamentación del dictamen de iniciativa de ley para regular la elaboración de tatuajes permanentes, micropigmentación y perforaciones.

La estética en el cuerpo siempre ha sido una forma de expresión y personalidad. Por ello, la modificación corporal o el adornar el mismo de manera permanente siempre ha existido. El tatuaje y la perforación del cuerpo por algún material, llamado también persing(¿), llegaron a México en forma intempestiva. El fenómeno se difundió de manera especial entre la clase media y nació una cultura alternativa considerada por algunos como un arte y por otros como una extravagancia.

Sus defensores consideran a las modificaciones corporales como una propuesta cultural y una manera bella de decorar el cuerpo. Este tipo de situación se ha ido acrecentando en todas las edades, condiciones socioeconómicas y sexos. Por esta razón, se ha venido convirtiendo en un problema serio ya que repercute ampliamente en la salud.

La figura de los tatuajes y las perforaciones han venido dando un giro total con relación a su uso, ya que actualmente, un gran número de personas aplican este tipo de trabajo en su cuerpo por distintas causas, como elección estética, por diversión, por moda, como maquillaje permanente o como complemento de la cirugía reconstructiva al simular el pigmento natural, cuya duración puede ser temporal o permanente.

Como sabemos el tatuaje consiste en realizar, una cierta forma o dibujo elaborada por distintas tintas que son introducidas en la piel. Habitualmente la tintas empleadas contienen partículas de carbón o están formadas a base de compuestos metálicos más complejos. Es por esto, que se ha vuelto una preocupación que las enfermedades transmisibles que se pueden adquirir a través del material de punción que se utiliza para tatuar o bien realizar alguna perforación y que van desde una simple infección bacteriana, hasta una hepatitis b o c, o el mismo Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.

Hoy en día, el tatuaje puede presentar serios riesgos para la salud cuando se practica en condiciones desfavorables de higiene, es decir, sin el minucioso cuidado que va, desde la esterilización de las agujas utilizadas hasta los propios guantes de latex.

El riesgo del receptor del trabajo corporal es totalmente visible y palpable. El VIH es un virus muy delicado y el más propenso a transmitirse vía sanguínea por falta de desinfección o utilización de material desechable y falta de precaución en el material empleado.

En cuanto a los virus de la Hepatitis B y C, son muy virulentos y originan enfermedades graves como hepatitis crónica activa, en ocasiones con pocos síntomas iniciales y posteriormente cirrosis hepática y cáncer del hígado, enfermedades con alta mortalidad. Estos virus pueden sobrevivir largos periodos fuera del cuerpo humano y ser transmitidos por contactos pequeños y casuales.

Las complicaciones que puede tener el proceso de cicatrización y además el mostrar cuál es el proceso de esterilización y de gestión de los residuos que se utilizan, es parte también del proceso de este trabajo. ¿Qué hacen los perforadores con las agujas una vez que las han utilizado?, ¿cuál es el destino de esos desechos?, lo cual no es mencionado ni analizado por el propio prestador de ese servicio.

Las estadísticas en el 2001 señalan que en México había aproximadamente cerca de 150 mil personas dedicadas al ramo del tatuaje y perforación, 85% operaba clandestinamente, cifra a precisar en virtud de que no existe un registro sobre los establecimientos que realizan este tipo de trabajos. Si cada uno de éstos efectúan un trabajo diario y a la semana, se llevan a cabo 7 mil tatuajes y perforaciones aproximadamente y 28 mil al mes, y por ende provoca e incita a continuar realizándolos sin legalidad alguna.

Otros países contemplan ya una regulación, como la creación de un registro único de tatuadores y perforadores, a disposición de la propia autoridad sanitaria, así como las normas mínimas de higiene y seguridad para proteger, tanto a los trabajadores como a sus clientes.

Otro problema que engloba a este tema hoy en día, es la perforación, también conocida como piercing, en donde en cualquier parte del cuerpo se puede perforar e instalar una argolla o metal de distintos materiales, según la preferencia de las personas. Esto ha traído y puede seguir originando grandes complicaciones médicas, algunas de ellas pueden ser las infecciones, que son las más comunes; en algunos casos en la oreja, pudiendo producir hasta necrosis del cartílago.

La desaparición de un tatuaje en el cuerpo es un proceso doloroso que puede conllevar a tratamientos intensos y con un considerable gasto económico. A pesar de los avances en la tecnología láser, se puede llegar a hacer imposible la eliminación completa de un tatuaje sin producir una cicatriz.

En caso de las perforaciones, el problema se ubica también por la colocación de los metales, los cuales pueden provocar dermatitis por contacto.

En cualquier momento después de aplicarse un tatuaje, se pueden formar también queloides, los cuales son cicatrices que crecen más que la cicatrización normal y provocan una lesión severa en la piel, y de acuerdo a los dermatólogos, el tatuaje o la micropigmentación constituyen una forma de traumatismo.

Por esta razón es que se transmite la mayoría de las veces alguna enfermedad que puede comprometer las funciones vitales, principalmente en aquellos enfermos debilitados. Sabemos la preferencia de los jóvenes que tienen adicción a las drogas por realizarse estos tatuajes.

Cabe destacar que la Ley General de Salud determina los establecimientos que requieren licencia sanitaria y faculta a la Secretaría de Salud para señalar aquellos que sólo deberán dar aviso de funcionamiento y determina tres esquemas, los cuales son: La licencia sanitaria, para los de mayor riesgo; el aviso de funcionamiento, para los de menor riesgo y la liberación total de giros que no constituyan riesgos para la salud.

En este tenor, la Comisión de Salud ha considerado que como todo ordenamiento legal, debe tener también sanciones para quien infrinja el mismo, por lo tanto, para que este problema quede regulado legal y eficazmente, se proponen en el dictamen una sanción a quien infrinja las normas sanitarias que deben respetar los establecimientos que se dediquen a la elaboración y aplicación de tatuajes y perforaciones. Por lo tanto, nos encontramos en la necesidad de que en nuestro país se determinen estas normas sanitarias relacionadas con la elaboración de tatuajes y perforaciones, las cuales deberán cumplir, tanto como las personas encargadas de realizar estas actividades, los establecimientos donde se realizan estas prácticas, así como las personas que se someten a ello.

A fin de evitar que continúe este problema y poner en riesgo la salud, démosle una barrera legal a las consecuencias que actualmente se manifiestan en forma creciente por este tipo de prácticas.

En virtud de todo lo anterior, resulta fundamental que los legisladores apoyemos esta iniciativa que promueve en fin en pro de todos y cada uno de los ciudadanos que practican y ubican en este ámbito de la modificación corporal al igual que a todos nosotros, ya que es un problema total y fundamentalmente de salud pública.

EL PRESIDENTE: Gracias diputado. En consecuencia está a discusión el dictamen en lo general.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios los siguientes ciudadanos diputados:

El diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

La diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos, del Partido de la Revolución Democrática.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, el diputado Jesús González Schmal.

En efecto, creo que el día de hoy es un día productivo, un día en que este Congreso ha logrado concitar en respaldo de estas iniciativas tan oportunas, tan adecuada a nuestros tiempos y a nuestras necesidades, la voluntad unánime para afrontar estos problemas que evidentemente se dan en el ámbito de la salud de nuestro país.

Debemos, desde luego, celebrar esta acertada decisión de comprender entre las medidas ineludibles de prevención de la salud, el necesario registro de la actividad realizada hasta ahora empíricamente, relativa a la satisfacción de una demanda de tatuajes y perforaciones que por tradiciones, primero, y después, ahora por fenómenos de inculturación en esnobismos y modas de otros países, nos está llegando y se está multiplicando el deseo de recurrir a estos servicios de tipo personal y que por no estar evidentemente limitados en la ley, son legítimos.

Por lo mismo, cualquiera que sea el origen o la causa, las razones o simples inclinaciones a limitación, es evidente que la práctica de estos tatuajes o perforaciones, son fuente muy probable de infecciones desde leves hasta graves y muy graves e irreversibles.

Resulta entonces imperativo otorgar a la Secretaría de Salud las facultades y el respaldo necesario para la prevención de daños a la salud que potencialmente existen en esta costumbre, que como señalábamos, lamentablemente se multiplica cada día.

El registro obligado entonces, es obviamente la aplicación de la ley en sentido inmediato, pero también, otra vez dentro del sentido amplio de una política de convencimiento a los que ahora ejercen estos oficios, para que ellos mismos, por su propio interés, por incluso no incurrir en responsabilidades civiles en cuanto a que algún usuario de estas prácticas se le provoque un daño a la salud que después pueda ser reclamado por la vía judiciall; convencer a quienes, repito, ejercen esta práctica, este oficio, para que adopten las medidas profilácticas de higiene necesarias para que lo practiquen o lo lleven a cabo en condiciones de eliminar el riesgo de infecciones en el futuro y sobre todo, vuelvo a señalar, a las nuevas generaciones, que son las que más inciden o recurren a estas costumbres.

Luego entonces, para CONVERGENCIA, es evidentemente plausible el que haya esta iniciativa, el que se cree esta disposición en la Ley de Salud y que salvaguarde el derecho primario de los mexicanos a una salud plena.

Estamos, pues, celebrando este conjunto de iniciativas y desde luego, estamos también testimoniando nuestro voto aprobatorio a ellas y haciendo a su vez votos porque incida en el mejor nivel de salud nacional de todos los mexicanos.

Tiene el uso de la voz la diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

LA C. DIPUTADA JAZMÍN ELENA ZEPEDA BURGOS.- Con su permiso, diputado Presidente.

Hago uso de esta tribuna para ratificar el voto de aprobación que la fracción del Partido de la Revolución Democrática, emitirá para que el decreto que adiciona los artículos 268 bis y 268 bis-1 al capítulo octavo del título XII y se reforme el artículo 419 de la Ley General de Salud pueda ser aprobado .

El Partido de la Revolución Democrática, preocupado por velar y coadyuvar para que aquellas manifestaciones que se derivan en cualquier ámbito social, sean normadas, con ello hacemos un extenso reconocimiento a la Comisión de Salud de esta Honorable Cámara de Diputados, por dar apertura a una situación que es de todos conocida y que se encontraba sin legislar.

Que al retomar la iniciativa enviada por la diputada de la LVIII Legislatura, Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del PRD y que hoy, gracias a su esfuerzo, podemos contar con una mayor regulación, control y fomento sanitario de la elaboración de tatuajes, perforaciones y micropigmentaciones.

La práctica de las modificaciones corporales, data desde hace muchos años, los motivos de cada ser humano pueden ser diferentes; es un hecho que las personas de cualquier edad manifiestan su interés por adornar su cuerpo o modificarlo de manera permanente; los métodos empleados para hacer este tipo de trabajos varían de un lugar a otro, pero esa práctica se ha realizado de manera cotidiana en personas de todas las edades, condiciones económicas y sociales.

En la actualidad, las demandas sin control de tatuajes permanentes, perforaciones y micropigmentaciones va en aumento, lo cual pone en riesgo la salud de las personas y esto cobra especial relevancia cuando los usuarios son niños o adolescentes, influenciados en gran medida por la moda, otros por estética, por una historia; quien más o quien menos, lleva tatuado o decorada alguna parte de su cuerpo sin tener plena conciencia de los riesgos de salud que ello implica.

Cuando los equipos utilizados como instrumentos de estas actividades no son utilizados adecuadamente, pueden transmitir enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis "B", el VIH, sólo por citar algunos ejemplos. Es una realidad que no podemos eludir.

En tal virtud, la fracción del Partido de la Revolución Democrática, estamos de acuerdo en que las personas dedicadas a hacer tatuajes, perforaciones o micropigmentaciones, deban obtener previa autorización sanitaria en los términos de la Ley General de Salud. Asimismo, apoyamos la prohibición de que estos trabajos se realicen a las y los niños, así como a las y los jóvenes menores de 18 años y a quienes no gocen en plenitud de sus facultades mentales.

Finalmente, compartimos la intención de establecer sanciones administrativas o multas para las personas que actúen en franca violación a la Ley de Salud; así, para lograr que quienes se dediquen a este trabajo, lo realicen bajo la normatividad de la ley en comento.

Con la reforma que hoy aprobemos en esta LIX Legislatura, expresamos el compromiso con las y los jóvenes de nuestro país, quienes creemos que las normas de salud deben estar en concordancia con la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Lucio Galileo Lastra Marín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

-EL C. DIPUTADO LUCIO GALILEO LASTRA MARIN: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros. Diputadas y diputados. Jóvenes de San Luis Potosí. Tal vez si les solicito me concedan el beneficio de la duda, habrá quien se extrañe que hoy los integrantes de la Comisión de Salud de esta Honorable Cámara de Diputados, subamos a la tribuna para pedir una modificación a la Ley General de Salud, con el fin de regular la elaboración de tatuajes, la micropigmentación y las perforaciones corporales, de la cual es usuaria la población en general.

Pido a ustedes el apoyo a la iniciativa, y que no se considere el hecho como una exaltación a prácticas insustanciales, puesto que es una realidad que nos muestra como la sociedad rebasa el ámbito jurídico, cuando no es atendida e interpretada en sus demandas sociales.

Y si considerarámos las prácticas de las modificaciones corporales, como hechos relacionados con la vanidad, la delincuencia, la vagancia y otras condiciones humanas negativas, estaríamos cometiendo un grave error, pues con ello se impulsaría la desaprobación social, la discriminación y el aislamiento de un grupo de la sociedad al cual tenemos la obligación, no sólo de proteger sino también de comprender.

Cuántos años pasaron para que los movimientos sociales relacionados con la juventud tuvieran una interpretación y comprensión de parte de las autoridades, a cuántas generaciones condenó la humanidad por no admitir que el rock and roll no sólo era música o que el movimiento hippy no representó la nada.

Hoy sabemos que cada movimiento fue una respuesta de la juventud a un entorno específico, viene ahora a la memoria un poeta chiapaneco don Enocal Sino Casahonda, quien le escribe a un hippy diciéndole:

Nada mas preciso en el poema que esa parte final que nos invita a sentarnos a convivir y comprender a cada generación, a cada grupo social, a cada individuo, para impulsar lo que en Acción Nacional consideramos como el principio y fin de la vida política y social: el respeto a la inminente dignidad humana.

Por ello, en Acción Nacional, apoyamos el presente dictamen, porque no sólo regula el aspecto sanitario sino que también impulsa el respeto a la dignidad humana, y protege además a quienes lo necesitan, ya que prohibe que se practiquen modificaciones corporales en menores de 18 años o en personas que no se encuentren en el pleno goce de sus facultades mentales, salvo que esas modificaciones se hagan en presencia de los padres.

Cierto, no he subido a la tribuna para convencer ni para demostrar estadísticamente lo que representa para la salud la aprobación de esta modificación de la Ley General de Salud, eso lo sabemos todos. Y es por demás decir que lo que se pretende, es asegurarle condiciones higiénicas a las y los usuarios de este tipo de servicios.

Admito que la finalidad de esta intervención, es para impulsar un dictamen que, como dijimos al principio, puede generar muchas interrogantes, pero ello no significa que las modificaciones corporales no sean una realidad que requieren de una regulación sanitaria y cuya presencia es un llamado social que debe ser atendido.

"No quiero convencer a nadie de nada, tratar de convencer a otra persona es indecorosa, es atentar contra su libertad de pensar, de creer o de hacer lo que le dé la gana, yo quiero sólo enseñar, dar a conocer, mostrar no demostrar que cada uno llegue a la verdad por sus propios pasos y que no le llame equivocado o limitado. Quién es quién, para decirte eso es así, si la historia de la humanidad no es más que una historia de contradicciones y de tanteos y de búsquedas". Gracias, es cuanto, señor presidente.

-DIP. PABLO ANAYA RIVERA: Con su permiso diputado presidente; señores diputados; señoras diputadas:

Acudo ante esta alta tribuna para manifestar el posicionamiento que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional tiene en relación al proyecto de decreto que adiciona los artículos 268 Bis y 268 Bis 1, al capítulo octavo del Título doceavo y reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud, para quedar como fue señalado en el proyecto que se presentó.

En nuestra época los tatuajes y perforaciones han dado un giro con relación a su uso, ya que un gran número de personas se aplican tatuajes en el cuerpo por diversas causas, como una elección estética, por diversión, por moda, como maquillaje permanente.

En base al derecho universal que toda persona tiene de adornar su cuerpo o modificarlo de manera permanente y toda vez que los métodos para llevarlo a cabo varían de un lugar a otro y que se practican de manera cotidiana en personas de todas las edades, condiciones económicas, religiosas, sin distingo de sexo. Sin embargo, el incremento en la demanda de este tipo de actividades promovida masivamente por medio de comunicación y por recomendaciones personales, obliga a señalar que las personas que se dediquen a ello, así como las instituciones que presten estos servicios, deben tener un marco jurídico acorde para proteger los derechos del usuario y de los prestadores de servicios.

De acuerdo con especialistas en la materia, existen diversidad de instrumentos que se emplean para efectuar tatuajes o perforaciones que cuando no se tienen las condiciones sanitarias adecuadas, se transmiten diferentes microorganismos virales o bacterias que ponen en riesgo la salud del que se somete voluntariamente a dichos procedimientos.

Las enfermedades transmisibles a través de las agujas para tatuar o perforar, van desde una simple infección hasta transmisión del virus de la hepatitis C, del VIH-Sida, que pueden poner en peligro la vida de quienes se someten a este procedimiento.

En todo el país existen aproximadamente más de mil tatuadores y perforadores, sin que se pueda precisar dicha cifra, en virtud de que no existe un registro sobre los establecimientos que se dedican a esta actividad; amén de que se realizan en muchas ocasiones en la calle. A pesar de ello se tiene conocimiento de que por semana más de 7 mil procedimientos se realizan de tatuajes y perforaciones.

Por todo lo anterior el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se suma y apoya la presente iniciativa donde se contempla la creación de un registro único de tatuadores y perforadores bajo el control de la Secretaría de Salud, así como el de poder contar con las normas de sanidad general que protejan la salud de los que se someten a dichos procedimientos, así como la seguridad que tendrán los trabajadores que la practiquen.

Agotada la lista de oradores, consulte la secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

-DIP. SRIA AMELIN YABUR ELIAS: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

Señor presidente, se emitieron 384 votos en pro, cero en contra y 16 abstenciones.

EL C. PRESIDENTE: Aprobado en lo general y en lo particular por 184 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona los artículos 268 bis, 268 bis 1 al capítulo 8 del título XII y se reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de declaratoria que adiciona una fracción XXIX, apartado M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

EL C. PRESIDENTE: Se le dispensa la lectura. Proceda la secretaría a dar lectura a la declaratoria.

EL MISMO C. SECRETARIO: El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara adicionada la fracción XXIX M al artículo 73 y reformada la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se adiciona una fracción XXIX M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 73. Primero al XXIX L. XXIX M Para expedir leyes en materia de seguridad nacional estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. XXX.

Artículo 89, primero al V. VI. Preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación. VII a XX.

Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, secretario. En consecuencia, a fin de dar cumplimiento al artículo 135 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas al decreto que adiciona una fracción XXIX apartado M al artículo 73 y reforma a la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la Declaratoria.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba la Declaratoria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de las mayorías de las Honorables Legislaturas de los Estados, declara adicionada la fracción XXIX apartado M al artículo 73 y reformada la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasa al Ejecutivo para la promulgación respectiva y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El siguiente punto del orden del día es la presentación de las Proposiciones de la Junta de Coordinación Política con diversos proyectos de acuerdo para la constitución de comisiones especiales bicamerales y comités.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los Puntos de Acuerdo.

- LA C. SECRETARIA DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si autoriza que se dé lectura solamente a los Puntos de Acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

- EL C. PRESIDENTE. Aprobado que solamente se dé lectura a los Puntos de Acuerdo.

- LA C. SECRETARIA DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO. Palacio Legislativo, México, D. F., a 17 de marzo de 2004. Diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 numeral 1 inciso c), 41, 42, 46, 132 y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, anexo al presente, remito a usted los Acuerdos aprobados por la Junta de Coordinación Política en su sesión del día 9 del mes en curso, referentes a la forma de integración de las comisiones bicamarales y comités que se establecen en la Ley de la materia y del Comité de Comunicación Social que habrá de conformarse, así como de los Comités de los Centros de Estudios y asimismo de las Comisiones Especiales aprobadas con los titulares de las Presidencias y Secretarías como fueron aprobadas en cada caso y la integración que corresponde a cada grupo parlamentario con las propuestas de integrantes que han formulado hasta el día de hoy los mismos, con el señalamiento de algunas vacantes, mismas que se designarán por los respectivos grupos parlamentarios en su oportunidad.

Por último, también se presenta el Acuerdo de Conformación de la Comisión de Investigación, aprobada.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted mi consideración más distinguida.

Antes de continuar se informa a los legisladores que están en el salón de sesiones un grupo de líderes transportistas del Estado de Morelos, a quienes saludamos muy cordialmente. Les damos la bienvenida.

- LA C. SECRETARIA DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto, señor Presidente.

"Esta Junta en uso de las atribuciones que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del artículo 8 de la Ley para el Diálogo, la Concertación y la Paz Digna en Chiapas comunica a usted, para los efectos legales y reglamentarios procedentes, la designación de los diputados que representarán a la LXI Legislatura de esta Cámara en la Comisión de Concordia y Pacificación:

"Dado en el Palacio Legislativo México, Distrito Federal a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro".

Firman todos y cada uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

- LA C. SECRETARIA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): Segundo comunicado.

"Esta Junta en uso de las atribuciones que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del artículo 132 numeral dos y del artículo 134 numeral dos del mismo ordenamiento, comunica a usted para los efectos legales y reglamentarios procedentes la designación de los diputados que representarán a la LIX Legislatura de esta Cámara en las Comisiones Bicamarales del Canal de Televisión del Congreso de la Unión y del Sistema de Bibliotecas.

"Dado en el Palacio Legislativo. México, Distrito Federal a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil cuatro".

En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): "Acuerdo para la integración del Comité de Información, Gestoría y Quejas de la LIX Legislatura:

"Primero.- Se constituye el Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados del Congreso General para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 46 numeral dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

"Segundo.- El Comité de Información, Gestoría y Quejas funcionará hasta el término de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados. El Comité será presidido en forma rotatoria a partir de la fecha de su instalación durante los siguientes periodos:

"De la fecha de instalación al 30 de noviembre del 2004, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

"Del 1º de diciembre del 2004 al 15 de agosto del 2005, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

"Del 16 de agosto del 2005 al 30 de abril del 2006, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

"Tercero.- El Comité estará integrado por 30 miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: 13 del Partido Revolucionario Institucional, 9 del Partido Acción Nacional, 5 del Partido de la Revolución Democrática, 1 del Partido Verde Ecologista de México, 1 del Partido del Trabajo y 1 del Partido Convergencia.

"El Comité contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y 6 secretarios. La Presidencia del Comité será rotatoria a partir del momento de su instalación.

"Por el Grupo Parlamentario del PRI: Dip. Alfonso Rodríguez Ochoa, Secretario; Dip. Gonzalo Moreno Arévalo, Dip. Gema Martínez López, Dip. Gonzalo Ruiz Cerón, Dip. Ma. del Carmen Izaguirre Francos, Dip. Guillermo Zorrilla Fernández, Dip. Sergio Posadas Lara, Dip. Esteban Valenzuela García, Dip. Jorge Ortiz Alvarado, Dip. Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Dip. Benjamín Sagahon Medina, Dip. Pedro Ávila Nevarez, Dip. Kenny Denisse Arroyo González.

"Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: Dip. Carlos Tiscareño Rodríguez, Presidente; Dip. Concepción Cruz García, Dip. Guillermo Tamborrel Suárez, Dip. Isidro Camarillo Zavala, Dip. Manuel González Reyes, Dip. María Angélica Ramírez Luna, Dip. Miguel Ángel Rangel Ávila, Secretario; Dip. Yleana Baeza Estrella, Dip. Rubén Torres Zavala.

"Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: Dip. Santiago Cortés Sandoval, Secretario; Dip. David Ferreira Martínez, Dip. Héctor Miguel Bautista López, Dip. Omar Ortega Alvarez.

"Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Dip. Javier Alvarado Villazón, Secretario.

"Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: Dip. Joel Padilla Peña, Secretario.

"Por el Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia: Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno, Secretario.

"Cuarto.- El Comité podrá subdividirse en los Comités que se consideren necesarios según los asuntos y materias que deban atenderse. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento del Comité, serán aprobados por el Comité de Administración.

"Único.- Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado en la Gaceta Parlamentaria.

"Dado en el Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.

-MISMA SECRETARIA: "Acuerdo para la integración de los Comités de los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, Sociales y de Opinión Pública y de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Quincuagésima Novena Legislatura.

"Primero.- Se constituyen los Comités de los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, Sociales y de Opinión Pública y de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Congreso General.

2º.--Dichos Comités funcionarán hasta el término de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.

3º.- Cada uno de los Comités estarán integrados por 22 miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción:

4º.- La Mesa Directiva de la misma, estará compuesta de un Presidente y dos Secre

Por el grupo parlamentario del Partido Verde, diputado Jorge Legorreta Ordorica.

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Pedro Vázquez González.

SEXTO.- Los comités tomarán sus decisiones por consenso y en caso de no lograrse éste, operará el sistema del voto ponderado.

SEPTIMO.- El comité será el órgano de gobierno del Centro que corresponda y tendrá entre sus atribuciones:

Fijar las políticas y criterios para la elaboración del Programa Anual de Trabajo que les someta para su ratificación el Secretario General de la Cámara, atendiendo a los lineamientos del artículo 46 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Opinar sobre el nombramiento del Director General y de los demás servidores del Centro, a consulta que le haga el Secretario General de la Cámara.

Aprobar el reglamento interno que rija el trabajo técnico y científico encargado al centro.

Adoptar las medidas y decisiones relativas a la vinculación del centro con otras instituciones similares de órganos legislativos nacionales y extranjeros.

Fijar los criterios a los que deberá sujetarse el Consejo Directivo del Servicio de Carrera para ejecutar las atribuciones que le confieren el artículo 144 y demás del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Participar a través de su representación en las sesiones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos cuando se traten asuntos relacionados con el Centro.

Determinar las reglas técnicas para la articulación funcional del Centro de los Servicios de Bibliotecas, Comisiones y Comités y del archivo de la Cámara.

Vigilar el debido cumplimiento de las responsabilidades, funciones y tareas que asignan al Centro los artículos 35 al 37, y 42 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Gestionar ante la Junta de Coordinación Política la asignación del presupuesto del Centro para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

Transitorio.- Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro.

Hay una corrección al comunicado, son 22 integrantes: 9 del PRI, 6 del PAN, 4 del PRD, uno del Partido Verde, uno del Partido del Trabajo y uno del Partido de Convergencia.

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

- LA C. SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituye el Comité de Comunicación Social de la Cámara de Diputados.

ACUERDO.- Primero.- Se constituye el Comité de Comunicación Social de la Cámara de Diputados cuyo período de funcionamiento será hasta el término de la LIX Legislatura.

Segundo.- El Comité de Comunicación Social, con la finalidad de que los grupos parlamentarios puedan conocer y supervisar los asuntos relativos a la difusión de la información, así como los programas de publicaciones y en general la política de comunicación social de la Cámara de Diputados, tendrá por objeto establecer los lineamientos sobre el tema, mismos que se encaminarán a exhortar y facilitar a las diversas instituciones dedicadas a la difusión de información para que desarrollen sus actividades.

Dichos lineamientos deberán tener como base los siguientes criterios generales:

Que la información de la Cámara de Diputados, órganos e individuos sea proporcionada de manera veraz, oportuna, objetiva y suficiente.

.b).- Se debe velar como valor fundamental por el prestigio de la Cámara de Diputados y sus integrantes, promoviendo la más amplia divulgación de sus tareas, así como la cultura democrática del país.

c).- El carácter objetivo de la información proporcionada deberá reflejar con equidad la pluralidad de la Cámara y con oportunidad el quehacer legislativo.

Tercero.- El Comité de Comunicación Social estará integrado por dos diputados de cada grupo parlamentario designados por su coordinador. El primero con el carácter de titular, el segundo con el carácter de sustituto. Este último, podrá acudir a todas las reuniones con derecho de voz, pero sólo ejercerá el voto cuando asista el titular.

Cuarto.- El Comité de Comunicación Social tomará sus decisiones por consenso, en caso de no lograrse éste, el Comité adoptará sus decisiones por mayoría absoluta, mediante el sistema de voto ponderado, según el cual, uno de los diputados representando a su grupo parlamentario ejercerá tantos votos como integrantes tenga su correspondiente grupo. El quórum requerido será la presencia de la mayoría de los votos posibles.

Quinto.- El Comité de Comunicación Social será presidido de forma rotatoria a partir de la fecha de su instalación durante los siguientes periodos.

De la fecha de instalación al 30 de noviembre del 2004, grupo parlamentario del PRI.

Del 1° de diciembre del 2004 al 15 de agosto del 2005, grupo parlamentario del PRD.

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y será publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria. Dado en el Palacio Legislativo. México, D.F. a los 17 días del mes de marzo del 2004. Firman todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

-LA DIP. SECRETARIA AMALIN YABUR ELIAS: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea una Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidos en la República Mexicana y la procuración de justicia vinculada.

Primero.- Se constituye una Comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidos en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada. El objetivo de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.

Segundo.- Para el cumplimiento de sus objetivos dicha Comisión Especial, podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales, responsables de la investigación de estos ilícitos. Dicha comisión también podrá tener reuniones con organizaciones civiles, desempeñar cualquier otra acción para cumplir su objetivo.

Tercero.- La comisión estará integrada por 22 diputadas y diputados, propuesto por el grupo parlamentario en las siguientes proporciones:

Nueve del Partido Revolucionario Institucional, 6 del Partido Acción Nacional; 4 del Partido de la Revolución Democrática; 1 del Partido Verde Ecologista de México; 1 del Partido del Trabajo y 1 del Partido Convergencia.

La comisión contará con una Mesa Directiva que se conformará por una Presidencia y tres Secretarías. Las diputadas y diputados que integran la comisión son:

Por el grupo parlamentario del PRI: la diputada Carmen Guadalupe (¿) Sáenz, Secretaria; diputada Estela de Jesús Ponce Beltrán; la diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo; la diputada Blanca Estela Gómez Carmona; la diputada Flora Elena Yu Hernández; la diputada Rosario Sáenz López; la diputada Keni Dense Arroyo González; la diputada Sofía Castro Ríos; la diputada María Elena Orantes López.

Por el grupo parlamentario del PAN: la diputada Blanca Amelia Gaméz Gutiérrez, Secretaria; la diputada Blanca Judith Díaz Delgado; el diputado Fernando Alvarez Monje; la diputada Irene Blanco Becerra; la diputada Ruth Hernández Martínez; el diputado Sergio Vázquez García.

Por el grupo parlamentario del PRD: la diputada María Marcela Lagarde y de Ríos, Presidenta; la diputada María Angélica Díaz del Campo, Secretaria; el diputado René Arce y Salas; la diputada Eliana García Laguna.

Por el grupo parlamentario del PVM: la diputada María Avila Cerna.

Cuarto. La comisión especial estará vigente hasta el 30 de abril del 2006, para estos efectos, la comisión deberá mantener informado periódicamente al Pleno de la Cámara de Diputados o a la Comisión Permanente, según sea el caso.

Transitorio. Este acuerdo estará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo, México, D.F., a los 17 días del mes de marzo del año 2004.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

LA MISMA SECRETARIA: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea una comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste de México.

Primero. Se constituye una comisión especial con el objeto de coadyuvar y dar seguimiento en el ámbito de competencia de ese órgano Legislativo, a los programas y proyectos del desarrollo regional del Sur-Sureste de México.

Segundo. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables; organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo.

Tercero. La comisión estará integrada por 22 miembros propuestos por el grupo parlamentario en las siguientes proporciones: 9 del Partido Revolucionario Institucional; 6 del Partido Acción Nacional; 4 del Partido de la Revolución Democrática; 1 del Partido Verde Ecologista de México; 1 del Partido del Trabajo y 1 del Partido de Convergencia.

La comisión contará con una Mesa Directiva que se conformará por un Presidente y tres Secretarios. Las diputadas y diputados que integran la comisión son:

Por el grupo parlamentario del PRI: el diputado Francisco Herrera León, Secretario; el diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez; el diputado Juan Antonio Gordillo Reyes; el diputado Belisario Irám Herrera Solís; el diputado Roger David Alcocer García; el diputado Guillermo Zorrilla Fernández; el diputado Ernesto Alarcón Trujillo; el diputado Ubaldo Aguilar Flores; el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.

Por el grupo parlamentario del PAN: el diputado Alfredo Rodríguez y Pacheco; el diputado Angel Alonso Díaz-Caneja, Presidente; el diputado Ángel Pasta Muñuzuri; el diputado Francisco Rojas Toledo; el diputado Jesús Vázquez González, Secretario; el diputado José Orlando Pérez Moguel.

Por el grupo parlamentario del PRD: el diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, Secretario; la diputada Rosa María Avilés Nájera; el diputado Abraham Bagdadi Estrella.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista: el diputado Máximo Alejandro Fernández Ávila.

Para estos efectos, deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o en su caso ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Transitorio Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de México, Distrito Federal, a los 17 días del mes de marzo del año 2004.

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición, los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-LA C. SECRETARIA DIP. AMALÍN YABUR ELÍAS: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.

Acuerdo primero. Se constituye una Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, esta comisión tendrá por objeto encargarse del estudio de la problemática del Sistema Producto Caña-Azúcar, proponer alternativas y coadyuvar a la conciliación, integración y propuestas de soluciones entre las instancias del Ejecutivo Federa y los agentes productivos, en beneficio del desarrollo sustentable de las regiones, en aras de nuestra soberanía alimentaria.

Segundo. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales, municipales responsables, organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo.

Tercero. La comisión estará integrada por 22 miembros, propuesto por el grupo parlamentario, en la siguiente proporción:

Nueve del Partido Revolucionario Institucional; seis del Partido Acción Nacional; cuatro del Partido de la Revolución Democrática; uno del Partido Verde Ecologista de México; uno del Partido del Trabajo y uno del Partido de Convergencia.

La comisión contará con una Mesa Directiva que se conformará por un Presidente y tres secretarios.

Por el grupo parlamentario del PRI, el diputado Marco Antonio Torres Hernández, Presidente; el diputado Lázaro Arias Martínez, Secretario; el diputado Miguel Amezcua Alejo, el diputado Carlos Blackaller Ayala, el diputado Sami David, David, el diputado Rubén Figueroa Smutny, el diputado Enrique Guerrero Santana, la diputada Rosa Linda Mazari Espín, el diputado Eviel Pérez Magaña.

Por el grupo parlamentario del PAN: el diputado Alberto Urcino Méndez Gálvez, el diputado Alejandro Higuera Osuna, el diputado Diego Palmero Andrade, el diputado José María de la Vega Larraga, Secretario; la diputada María del Carmen Escudero Fabre; la diputada Rocía Guzmán de Paz.

Por el grupo parlamentario del PRD: el diputado Rogelio Franco Castán, Secretario; el diputado Marcelo Herrera Herbert.

Por el grupo parlamentario del Verde Ecologista: el diputado Francisco Javier Alvarado Villazón.

Para estos efectos, deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o en su caso ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Transitorio Unico. Este acuerdo estará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo, Distrito Federal, a los 17 días del mes de marzo del año 2004.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

EL C. PRESIDENTE.- ¿Quiere repetir la votación o cree que hay duda, Secretaria?

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALY YABUR ELIAS.- Sí, señor, sigo teniendo dudas.

EL C. PRESIDENTE.- Se instruye a la Secretaría, en virtud de que hay dudas en la votación, proceda a la votación nominal por vía electrónica y se instruye que se abra el sistema electrónico por cuatro minutos.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS.- Háganse los avisos a que se refiere el artículo 61 del Reglamento y ábrase el sistema electrónico por cuatro minutos.

LA C. DIP. MARIA BEATRIZ ZAVALA Peniche, (desde su curul).- Es para cambiar el sentido de la votación.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- Es nada más en votación, ya votó.

LA C. DIP. MARIA BEATRIZ ZAVALA PENICHE, (desde su curul).- Es por falla del equipo.

LA MISMA C. SECRETARIA.- Diputado Puentes, Adrián Puentes, gracias. A favor.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- El Diputado Martínez, a favor.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- ¿El diputado Antonio Gordillo?

LA C. DIP. MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, (desde su curul).- En favor Palafox Gutiérrez.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- ¿El diputado Jesús Lomelí?

EL C. DIP. J. JESUS LOMELI ROSAS, (desde su curul).- Jesús Lomelí, a favor.

LA C. DIP. MARIA BEATRIZ ZAVALA PENICHE, (desde su curul).- Perdone, Secretaria, hubo un problema...

LA C. DIP. MARIA BEATRIZ ZAVALA PNICHE, (desde su curul).- Lo que sucede es que salió abstención por falla del equipo.

-LA MISMA C. SECRETARIA: Señor presidente en pro 257 votos, en contra 124 y 12 abstenciones.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

PRIMERO.- Se constituye la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. Esta Comisión tendrá por objeto será garantizar la transversalidad

de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos.

SEGUNDO.- Para el cumplimiento de su objetivo dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales, municipales responsables, organizaciones civiles y sociales, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, acordes al objeto de su creación y desempeñar cualquier otra acción que contribuya a su cumplimiento.

TERCERO.- La Comisión estará integrada por 22 miembros propuesto por el grupo parlamentario en la siguiente proporción:

La Comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios. La diputada y diputados que integran la Comisión son:

Por el grupo parlamentario del PRI: La diputada Graciela Larios Rivas, secretaria.

Por el grupo parlamentario del PAB: La diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez; diputada Lorena Torres Ramos y la diputada María del Carmen Mendoza Flores; el diputado Marco Antonio Cortés Mendoza; la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros.

Por el grupo parlamentario del PRD: la diputada Angélica de la Peña Gómez, presidenta. El diputado Francisco Mora Ciprés, secretario; el diputado Rafael García Tinajero; el diputado Iván García Solís.

CUARTO.- La Comisión Especial estará vigente hasta el 30 de abril del 2006, para estos efectos deberá rendir de manera periódico un informe ante el pleno de la Cámara o en su caso ante la Comisión Permanente del Congreso General.

UNICO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo. México, D.F., a los 17 días del mes de marzo del año 2004. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-LA MISMA C. SECRETARIA: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea una Comisión Especial para el Campo.

PRIMERO.- Se constituye una Comisión Especial para el Campo, cuyo funcionamiento durará hasta el 30 de noviembre del 2004.

Segundo.- El objeto de la Comisión Especial será en general conocer de la problemática del campo y en particular dar seguimiento y evaluar el Acuerdo Nacional para el Campo. en concurrencia y con pleno respeto de los ámbitos competencias del Poder Ejecutivo Federal y de entidades federativas así comoanalizar de manera integral el funcionamiento de instituciones que tengan como finalidad el otorgamiento de medidas que propicien que el campo mexicano cuente con el apoyo indispensable que le permitan ser competitivo.

Tercero. La comisión estará integrada por 22 miembros propuestos por el grupo parlamentario en la siguiente proporción: 9 del Partido Revolucionario Institucional; 6 del Partido Acción Nacional; 4 del Partido de la Revolución Democrática; 1 del Partido Verde Ecologista de México; 1 del Partido del Trabajo y 1 del Partido Convergencia.

La comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y dos secretarios. Las diputadas y diputados que integran la comisión son: Por el grupo parlamentario del PRI, el diputado Rafael Galindo Jaime, presidente; por el grupo parlamentario del PAN, el diputado Armando Rangel Hernández; la diputada María Guadalupe García Velasco; la diputada Myrian Arabian Coutlenc; el diputado Raúl
Chavarría Salas; el diputado Rubén Torres Zavala; el diputado Rómulo Cárdenas Velez.

Por el grupo parlamentario del PRD, el diputado Victor Suárez Carrera, secretario; el diputado Miguel Luna Hernández; el diputado Pascual Cigala Páez.

Cuarto. La comisión especial deberá presentar ante el Pleno los resultados y conclusiones a los que llegue ante la conclusión del primer periodo de sesiones del segundo año del ejercicio de la LIX Legislatura.

UNICO: Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo, México, D.F., a los 17 días del mes de marzo del año 2004.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

.DIP. SRIO, MARCOS MORALES TORRES: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Primero. Se constituye la Comisión Especial para la Reforma del Estado, de la Quincuagésima Novena Legislatura, cuyo funcionamiento durará hasta el 30 de abril del 2006.

Segundo. La Comisión Especial tendrá como objeto organizar las bases para promover un diálogo político nacional sobre la Reforma del Estado a partir de la consideración del Congreso de la Unión y de esta Cámara, como el espacio institucional en el que deben confluir las opiniones provenientes de los diferentes órdenes de gobierno, grupos, partidos, sectores, organismos, instituciones diversas del país, así como de ciudadanos en lo particular, para conformar los acuerdos que sirvan de base para los proyectos, iniciativas y dictámenes legislativos procedentes, que deban conocer y aprobar en su caso las comisiones competentes y el Pleno de la Cámara.

Tercero. La Comisión Especial elaborará la agenda de temas que precisen el marco de las reflexiones, análisis y propuestas legislativas, de la Honorable Cámara de Diputados en los temas de reforma del Estado.

Cuarto. La Comisión Especial para la Reforma del Estado, formará las mesas de diálogo necesarias para la atención y desahogo de los temas que constituyan la agenda. En dichos foros podrán participar todos los diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura que así lo deseen.

Quinto. La Junta de Coordinación Política concertará los acuerdos conducentes con la Honorable Cámara de Senadores a efecto de que se establezcan los mecanismos idóneos que favorezcan una acción conjunta y coordinada, que asegure el logro de los objetivos plasmados en este acuerdo.

Sexto. La comisión estará integrada por 22 miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: 9 del Partido Revolucionario Institucional; 6 del Partido Acción Nacional; 4 del Partido de la Revolución Democrática; 1 del Partido Verde Ecologista de México; 1 del Partido del Trabajo y 1 del Partido Convergencia.

La comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y 6 secretarios. Para estos efectos la presidencia deberá ser rotatoria a partir de la fecha de su instalación durante los siguientes periodos: De la fecha de instalación al 30 de noviembre del 2004, grupo parlamentario del PRD; del 1º. de diciembre del 2004 al 15 de agosto del 2005, grupo parlamentario del PRI; del 16 de agosto del 2005 al 30 de abril del 2006, grupo parlamentario del PAN.

Las diputadas y diputados que integrarán la comisión son: por el grupo parlamentario del PRI, diputado José Alberto Aguilar Iñarritu, secretario; por el grupo parlamentario del PAN, diputado Ernesto Rueda Tovar, diputado Francisco Valdez de Anda, diputado Gustavo de Unanue Aguirre, diputado Jorge Triana Terra, secretario, diputado Manuel Ovalle Araiza, diputada Tatiana Clouthier Carrillo; por el grupo parlamentario del PRD, diputado Víctor Manuel Camacho Solís, presidente, diputada Socorro Díaz Palacios; por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Luis Antonio González Roldán, secretario; por el grupo parlamentario del PT, diputado Alejandro González Yañez, secretario; por el grupo parlamentario del Partido de Convergencia, diputado Luis Maldonado Venegas, secretario.

7º. La Junta de Coordinación Política proveerá a la Comisión Especial, por conducto del Comité de Administración, de los apoyos y recursos necesarios para el desempeño de su encargo.

8º. La Comisión rendirá informes parciales cada vez que sea referida por la Conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos y uno final ante la asamblea de la Cámara. Inmediatamente se hará la declaración de su extinción en los términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorio. Unico. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo a los 16 días del mes de marzo del año 2004, firmando todos los coordinadores de los grupos parlamentario por la Junta de Coordinación Política.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

1º. Se constituye la Comisión Especial de Ganadería. Esta Comisión tendrá por objeto dar seguimiento a los trabajos de la Comisión Especial de Ganadería de la LVIII Legislatura, así como de vigilar los recursos destinados para el programa y elaborar una propuesta que tenga como fin solucionar los problemas del sector lechero. Asimismo, que supervise y vigile lo relativo a la importación de cárnicos, combatiendo especialmente los contaminados con clembuterol y realice una revisión especial a la Ley Federal de Sanidad Animal.

2º. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo.

3º. La Comisión estará integrada por 30 miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: 13 del Partido Revolucionario Institucional; 9 del Partido Acción Nacional 5 del Partido de la Revolución Democrática; uno del Partido Verde Ecologista de México; uno del Partido del Trabajo y uno del Partido Convergencia.

La Comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y 4 secretarios. Las diputadas y diputados que integrarán la Comisión son:

Por el grupo parlamentario del PRI: diputado Gonzalo Alemán Migliolo, Presidente, diputada Ma. del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, secretaria; diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, diputado Adrián Villagómez García, diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, diputado José Lamberto Díaz Niebla, diputado Eugenio Miel y Concha, diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, diputado Fernando Ulises Adame de León, diputado Alfonso Sánchez Hernández, diputado José Nava Altamirano, diputado Guillermo del Valle Reyes, diputado Gonzalo Moreno Arévalo.

Por el grupo parlamentario del PAN: diputado Alfredo Fernández Moreno, diputado Lucio Galileo Lastra Marín, diputado Javier Castelo Parada, diputado Jesús Nader Nasrallah, diputado José Erandi Bermúdez Méndez, diputado José Luis Treviño Rodríguez, diputado José María de la Vega Lárraga, diputado Mario Ernesto Dávila, secretario, diputado Ramón González González.

Por el grupo parlamentario del PRD: diputado Reynaldo Francisco Valdez Manzo, secretario, diputado Narciso Agúndez Montaño y diputado Antonio Mejía Haro.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde, por el grupo parlamentario del PT, por el grupo parlamentario del Partido de Convergencia, diputado Juan Fernando Perdomo Bueno.

La Comisión Especial estará vigente hasta el 30 de abril de 2006. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados o en su caso ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Transitorio. Unico.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria con fecha a los 16 días del mes de marzo del año 2004, firmando por la Junta de Coordinación Política, todos los coordinadores de los grupos parlamentarios.

-EL C. DIP. FRANCISCO JAVIER GUIZAR MACIAS (Desde su curul): Señor Presidente...

- EL C. PRESIDENTE. Un momento, señor Secretario. Señor diputado Guizar, adelante.

- EL C. DIP. FRANCISCO JAVIER GUIZAR MACIAS (Desde su curul): Gracias, señor Presidente. Para informar, señor Presidente que en la bancada del PRI se acordó un cambio en los integrantes de esta Comisión. En lugar del diputado Ulises, ingresa el diputado Enrique Guerrero Santana, y en lugar del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, ingresaría el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos.

- EL C. PRESIDENTE: Como no hay objeción de parte del coordinador de la bancada del PRI, se toma debida nota y se incluyen esas modificaciones.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: En votación económica con las modificaciones señaladas se pregunta si se aprueba la presente proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES. Por la Junta de Coordinación Política, Acuerdo:

Primero.- Se constituye la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros.

Esta Comisión tendrá por objeto dar seguimiento al iniciado por la LVIII Legislatura en la recuperación de información necesaria acerca del destino de los fondos de depósito de los trabajadores mexicanos braceros entre 1942-1964 en los campos agrícolas y ferroviarios en los Estados Unidos.

Segundo.- Para el cumplimiento de su objetivo dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables y organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de sus objetivos.

Tercero.- La Comisión Especial estará integrada por 22 miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: Del Partido Revolucionario Institucional, 9; 6 del partido Acción Nacional; 4 del Partido de la Revolución Democrática; 1 del Partido Verde Ecologista de México y 1 del Partido Convergencia.

La Comisión contará con una Mesa Directiva que se conformará por un Presidente y dos Secretarios.

Las diputadas y diputados que integrarán la Comisión son, por el grupo Parlamentario del PRI: Diputado Mario Carlos Culebro Velasco, Secretario.

Por el grupo parlamentario del PAN: Diputado Alfonso Moreno Morán; diputado Carlos Tiscareño Rodríguez; diputada Gisela Lara Saldaña; diputado José Isabel Trejo Reyes, Secretario; diputado Marco Antonio Gama Basarte, Presidente; diputado Pablo Villanueva Ramírez.

Por el grupo parlamentario del PRD, diputado Valentín González Bautista, Secretario; diputado Juan José García Ochoa; diputada Ana Lilia Guillén Quiroz; diputado Elpidio Tovar de la Cruz.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Diputado Fernando Espino Arévalo.

Cuarto.- La Comisión Especial estará vigente hasta el 15 de noviembre de 2004. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados o en su caso ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Quinto.- Esta Junta de Coordinación Política solicita a la Mesa Directiva haga un exhorto a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para que dictaminen la iniciativa de ley presentada el día 9 de mayo del 2003 en esta Cámara, relativa a la posible creación de un fideicomiso que administrara el Fondo de Contingencia para el Apoyo de los Ex Braceros del periodo 1942-1946.

Transitorio. Unico.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Por la Junta de Coordinación Política todos los coordinadores de los grupos parlamentarios de esta honorable Cámara de Diputados.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES (PRD): Por la Junta de Coordinación Política se presenta el siguiente

"Primero.- Se constituye una Comisión Especial del Café. Esta Comisión tendrá por objeto interactuar con los productores, con los comercializadores e industriales, con los gobiernos federal y estatales, y ser un factor de apoyo en la definición e instrumentación de las medidas necesarias para el desarrollo de la cafeticultura mexicana.

"Segundo.- Para el cumplimiento de sus objetivos dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de sus objetivos.

"Tercero.- La Comisión estará integrada por 22 miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: 9 del Partido Revolucionario Institucional, 6 del Partido Acción Nacional, 4 del Partido de la Revolución Democrática, 1 del Partido Verde Ecologista de México, 1 del Partido del Trabajo y 1 del Partido de Convergencia.

"La Comisión contará con una mesa directiva y se conformará por un presidente y tres secretarios.

"Cuarto.- La Comisión Especial estará vigente hasta el 30 de abril de 2006. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.

"Unico.- Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria".

Con fecha 17 días del mes de marzo del año 2004 y firman por la Junta de Coordinación Política todos los coordinadores de los grupos parlamentarios de esta honorable Cámara de Diputados.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES (PRD): Por la Junta de Coordinación Política se presenta el siguiente

"Primero.- Se constituye una Comisión Especial para analizar la situación en la Cuenca Lerma-Chapala. Esta Comisión tendrá por objeto analizar la situación en la Cuenca Lerma-Chapala en específico la verificación de la calidad del agua, volúmenes, instalaciones y funcionamiento de las instalaciones hidrométicas.

"Segundo.- Para el cumplimiento de su objetivo dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo.

"La Comisión estará integrada por 22 miembros propuestos por los Grupos Parlamentarios en la siguiente proporción: 9 del Partido Revolucionario Institucional, 6 del Partido Acción Nacional, 4 del Partido de la Revolución Democrática, 1 del Partido Verde Ecologista de México, 1 del Partido del Trabajo y 1 del Partido de Convergencia.

"La Comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios. Las diputadas y diputados que integrarán la Comisión son:

"Diputada Carla Rochín Nieto, Dip. José Antonio Cabello Gil, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Marisol Urrea Camarena, Secretaria; Dip. Miguel Ángel Rangel Ávila, Dip. Ricardo Alegre Bojórquez.

"Por el Grupo Parlamentario del PRD: Dip. Enrique Torres Cuadros, Secretario; Dip. Tomás Cruz Martínez.

"Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán.

"Por el Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia: Dip. Jesús González Schmall.

"Cuarto.- La Comisión Especial estará vigente hasta el 30 de abril de 2006. Para estos efectos se deberá rendir de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.

"Único.- Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

"Dado en el Palacio Legislativo, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cuatro.

"Por la Junta de Coordinación Política, todos los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios de esta Honorable Cámara de Diputados".

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: "Por la Junta de Coordinación Política se presenta el siguiente

"Primero.- Se constituye una Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB. Esta Comisión tendrá por objeto el que se deriva de su denominación.

"Segundo.- La Comisión estará integrada por 22 miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: 9 del Partido Revolucionario Institucional, 6 del Partido Acción Nacional, 4 del Partido de la Revolución Democrática, 1 del Partido Verde Ecologista de México, 1 del Partido del Trabajo y 1 del Partido de Convergencia.

"La Comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

"Por el Grupo Parlamentario del PRI: Dip. Víctor Ernesto González Huerta, Secretario.

"Por el Grupo Parlamentario del PAN: Dip. Federico Döring Casar, Dip. Gustavo Madero Muñoz, Dip. Juan Molinar Horcasitas, Dip. Manuel Pérez Cárdenas, Presidente; Dip. Salvador Vega Casillas, Secretario; Dip. Rafael Sánchez Pérez.

"Por el Grupo Parlamentario del PRD: Dip. Alfonso Ramírez Cuellar, Secretario, y Dip. María Dolores Padierna Luna.

"Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Dip. Cuauhtémoc Ochoa García.

"Por el Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia: Dip. Jesús Martínez Alvarez.

"Único.- Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentario.

"Dado en el Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cuatro.

"Por la Junta de Coordinación Política, todos los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios de esta Honorable Cámara de Diputados".

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señoras y señores Legisladores, en virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión que dispone el artículo 1º del Acuerdo Parlamentario, que establece los lineamientos para acreditar las asistencias a las sesiones plenarias, aprobado por el Pleno el 9 de octubre de 2003, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, la cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.

La última votación nominal equivale a la asistencia final. Continúe la Secretaría.

-SECRETARIA, DIP. MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Con mucho gusto señor Presidente.

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 23 de marzo a las 11:00 horas. (A las 15:51 horas)

Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.