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SESION DEL MARTES 23 DE MARZO DE 2004

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de los Estados de Chihuahua, de Coahuila y de Quintana Roo.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

Del diputado Juan José García Ochoa, con el que remite informe de su participación en el Foro Social Mundial y el Foro Parlamentario Mundial celebrados en Mumbai, India, del 16 al 21 de enero de 2004.

De la Comisión Permanente.

De la Junta de Coordinación Política.

Protesta de ciudadanos diputados

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de que se autorice un subsidio al gas natural de uso doméstico para el periodo invernal diciembre de 2003-marzo de 2004 en el estado de Chihuahua. (Turno a Comisión)

Con el que remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, a fin de solicitar información sobre las medidas que se están tomando para evitar abusos y encarecimientos que puedan afectar los intereses de los consumidores nacionales, sobre la enfermedad de las vacas locas. (Turno a Comisión)

Con el que remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, para solicitar al Ejecutivo federal que envíe copias de los contratos de servicios múltiples que han sido firmados por Pemex hasta la fecha. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Pablo Santana Valdez y Alicia Margarita de la Fuente Cruz puedan prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente; y se comunica que el ciudadano Andrés Antonio Torres Scott ha dejado de prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California. (Turno a Comisión)

Iniciativas del Ejecutivo

De decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

De decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que adiciona el artículo 21 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para modificar los periodos pre y posnatal a efecto de que las madres disfruten de mayor tiempo con sus hijos recién nacidos, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Manuel Camacho Solís y Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 22, 22 Bis y 38 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que deroga la fracción II del artículo 222; reforma los artículos 222, 222 Bis, 223 y 224 del Código Penal Federal; y adiciona el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona la fracción VIII del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer un periodo de descanso a las trabajadoras que adopten a menores de edad, a cargo de la diputada Patricia Flores Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y adiciona el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Barbosa Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; reforma la Ley de Instituciones de Crédito; y adiciona el Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de Ley General de Bienes Nacionales.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 32, el segundo párrafo del artículo 33 y el artículo 36; y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, recorriéndose el orden de los subsecuentes, del artículo 32 de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción I del artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para garantizar la aplicación de las normas ecológicas de la Semarnat en el plan de abandono y cierre del vertedero de desechos sólidos de Matatlán, municipio de Tonalá, Jalisco, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal que exponga ante el Pleno de la Comisión del Distrito Federal de la H. Cámara de Diputados las acciones que está realizando con relación a los actos de corrupción en que han incurrido diversos servidores públicos del Gobierno de la Ciudad y de las delegaciones, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar información a la Secretaría de Educación Pública respecto de los cambios que están operando en la educación preescolar como consecuencia de la reforma constitucional de mayo de 2002 que hace obligatorio ese nivel educativo, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo federal a implantar, con la Junta de Gobierno del organismo público Luz y Fuerza del Centro, un programa que establezca metas concretas de productividad y eficiencia con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a fin de homologar indicadores de la industria eléctrica paraestatal, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de expresar el rechazo a las medidas de bloqueo implantadas por el gobierno de Estados Unidos de América a la comunidad científica para impedir el libre intercambio y difusión de investigaciones desarrolladas por científicos cubanos o a participar en foros de ese carácter que tengan sede en territorio de Cuba, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para hacer un atento exhorto al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, respetando su autonomía, a dejar sin efecto el decreto que reforma el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado el 15 de enero y el 11 de febrero de 2004, que violenta la autonomía municipal, a cargo del diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se saluda al pueblo español, particularmente a su Presidente electo, Señor José Luis Rodríguez Zapatero, y al Partido Socialista Obrero Español, por su triunfo en los comicios del 14 de marzo, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a la sociedad acerca del estado de contaminación que guardan las playas mexicanas, así como de las medidas de contingencia que se aplicarán durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al gobierno de México que se abstenga de votar contra una resolución en materia de derechos humanos en Cuba, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y, de no cumplir el grupo concesionario las obligaciones de conservación y mantenimiento en esa central aérea, se le sancione o, en su caso, revoque la concesión conforme a derecho, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de crear la comisión especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para recomendar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público que, mediante sus órganos desconcentrados, exista mayor coordinación en el diseño y propuesta de instrumentos económicos, fiscales, financieros y del mercado destinados a apoyar la internalización de daños ambientales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Junta de Coordinación Política que integre una comisión especial de seguimiento al caso del cardenal Posadas Ocampo, a cargo del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a retirar las reservas impuestas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dar trámite y respuesta a la petición de las comisiones relacionadas con el campo sobre la reasignación de 10 mil 800 millones de pesos de presupuesto para dicho sector, suscrita por integrantes de diversas comisiones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado J. Miguel Luna Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de los ingresos netos de Pronósticos Deportivos que se enteran a la Tesorería de la Federación, el 8% se destine al fomento del deporte en los municipios del país, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para ordenar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice los fondos federalizados asignados al estado de Colima, con objeto de transparentar el ejercicio de su gasto, y en especial a los destinados al pago electrónico de la nómina, suscrita por los diputados Antonio Morales de la Peña y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral, puesto en marcha por el gobierno de Estados Unidos de América, que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Energía a establecer, mediante la Comisión Reguladora, de acuerdo con sus facultades, mecanismos de coordinación para prevenir accidentes en las compañías que tienen a su cargo la concesión de la distribución de gas natural en el Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo a instruir a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para establecer nuevas tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua y crear una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en la misma entidad federativa, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para hacer un atento exhorto a las Secretarías de la Función Pública, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría General de la República, a investigar, en el ámbito de su competencia, el Servicio Postal Mexicano por el presunto robo de cheques enviados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América a migrantes mexicanos por concepto de pensión y devolución de impuestos, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Pleno de la Cámara de Diputados a honrar la memoria de las víctimas de los atentados de Madrid y de la invasión de Irak; y al titular del Ejecutivo federal, a adoptar una política exterior activa que contribuya al fin de la ocupación estadounidense y evite las guerras en el mundo, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que practique una auditoría técnica y de desempeño a la investigación desarrollada por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República del caso Colosio, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la instalación de plantas regasificadoras en Baja California, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a que se destinen los recursos necesarios para que se realicen los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a cumplir plena y oportunamente diversos aspectos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, mediante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, investigue y proceda legalmente en el caso de importación de azúcar al país, imponiendo las sanciones aplicables, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, en nombre de diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades educativas federales y a las locales que verifiquen que los centros educativos que imparten el nivel de preescolar cumplan la normatividad establecida en la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex a no deshacerse de capital humano y técnico con el argumento de la aplicación de los criterios de austeridad contenidos en el artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar oportunamente de los recursos a que se refiere el artículo 7, fracción XI, de la Ley de Ingresos, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados a suscribir un acuerdo nacional contra la corrupción y a trabajar con sujeción a su declaración de principios, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Transportes la realización de un foro nacional de consulta, análisis y discusión sobre el sector de los transportes, a fin de contar con elementos suficientes para la generación de una iniciativa de ley que rija en el sector, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los gobiernos federal, del estado de Tamaulipas y del municipio de Altamira a coordinarse a fin de impulsar el Proyecto Fénix en esta demarcación, a cargo del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso del estado de Guerrero a aprobar la propuesta de Ley de Desaparición Forzada de Personas, presentada por la sociedad civil, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, mediante el cual la Cámara de Diputados acuerda la comparecencia de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para explicar clara y puntualmente sus acciones frente a los casos de discriminación de que fueron objeto niños y niñas que viven con VIH/sida en escuelas de nivel básico, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Salud, y de Seguridad Social, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Smutny, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre los resultados de la reunión de la CEPAL, que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Sobre el LXVI aniversario de la expropiación petrolera, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Convergencia.

Sobre el aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, y de Convergencia.

Sobre el X aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

-EL C. DIP. PRESIDENTE, JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos Diputados.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 312 Diputadas y Diputados.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

-EL MISMO C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al Orden del Día.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la afirmaativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Las Ciudadanas Diputadas y Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

El siguiente punto del Orden del Día es la lectura del Acta de la Sesión Anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura,a tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

-EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Acta de la Sesión Anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si e aprueba.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, comunica:

- EL MISMO C. SECRETARIO: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, transcribe punto de acuerdo:

Esta Presidencia recibió del diputado don Juan José García Ochoa, informe de su participación en el Foro Social Mundial y el Foro Parlamentario Mundial, celebrados en Mumbia, India, del 16 al 21 de enero del año 2004.

----- Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las comisiones de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

Oficio de la Comisión Permanente con el que se remiten seis expedientes que contienen proposición con punto de acuerdo presentada por ciudadanos diputados que quedan pendientes de resolver en la Tercera Comisión de Trabajo.

- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Publico y de Agricultura y Ganadería.

EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones unidas del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería.

Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo. México, Distrito Federal, a 19 de marzo de 2004.

Por medio de la presente y en relación al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se constituye la Comisión Especial de Reforma del Estado aprobado en la sesión ordinaria del día jueves 18 de marzo del presente año, me permito precisar que la diputada Socorro Díaz Palacios es secretaria de dicha comisión por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con el acuerdo VI, párrafo tercero.

-LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Gracias. Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-EL PRESIDENTE: Por favor sonido en la curul del señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza.

-EL DIP. HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA (desde su curul): Gracias, diputado Presidente.

Con fundamento en el artículo 19 de nuestro Reglamento Interior, reclamo el trámite otorgado por esta Presidencia y solicito que pregunte a esta asamblea si hay diputados que se adhieran a la reclamación.

-EL PRESIDENTE: Se consulta qué diputados se adhieren a la reclamación hecha por el señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, en los términos del artículo 19 del Reglamento. Don Miguel Angel Yunes, don Tomás Ruíz, don José Angel Ibáñez.

En virtud de que el artículo 19 marca como requisito que se adhieran a la reclamación por lo menos dos de los individuos presentes, requisito que ha sido satisfecho cumplidamente; en los términos del artículo 19, indica se abre la discusión para reclamar el trámite de enterado que ha dado esta Presidencia.

¿Los que estén en contra de la reclamación? No hay diputados en contra de la reclamación.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza.

EL DIP. HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA: Con su venia, diputado Presidente.

Cabe hacer mención que esta solicitud de sustitución de integrantes de la Comisión Jurisdiccional, una vez más se pone a discusión desde el punto primeramente jurídico de debate. Volvemos a señalar que es precisamente este pleno el que aprueba la integración de las comisiones correspondientes, por lo tanto el reclamo del turno presentado por un servidor, o del trámite, no del turno.

No es posible que quede a criterio de cualesquier coordinador de grupo parlamentario la sustitución de integrantes de comisiones que fueron aprobados por el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados. Aquí el principio general de derecho del que puede lo más, puede lo menos, se contraviene en su totalidad, resulta de que el que puede lo menos, puede lo más y una decisión de un coordinador de un grupo parlamentario es superior inclusive a la designada por el pleno. Mas sin embargo, quisiera hacer una petición, diputado Presidente; que instruya a la Secretaría para que precise en el documento que se le dio lectura, cómo viene la firma del diputado Emilio Chuayffet Chemor en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política.

EL PRESIDENTE: Suspéndase el marcaje de tiempo y se instruye a la Secretaría obsequie el pedimento del señor diputado que hace uso de la palabra, con el documento a la vista.

LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: La firma, hay una rúbrica que dice: diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente, por ausencia. Rúbrica.

Suponiendo sin conceder que sea facultad de la coordinación de cualesquier grupo parlamentario, el solicitar la sustitución de integrantes de comisiones, no siendo aprobado por esos propios integrantes y que efectivamente la Junta de Coordinación Política tuviese facultades para ese efecto, el documento que se acaba de presentar señala, vea: "Por ausencia", y en ninguna parte de la Ley ni del Reglamento –y pueden verlo perfectamente en las atribuciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política- tienen facultades para delegar este tipo de atribuciones. Por lo tanto, este documento es nulo, no tiene ninguna eficacia jurídica, salvo que sea ratificado en este mismo acto por el propio Presidente de la Junta de Coordinación Política, pero es obligación de esta directiva el cuidar los trámites legales procedimentales.

Y aquí hay un punto que no tiene discusión: Este documento no puede tener validez alguna, porque en ninguna parte de la Ley o del Reglamento existen facultades para delegar las propias de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política.

Por tal motivo, diputado Presidente, yo le solicitaría que este asunto, en uso de las atribuciones que le corresponden a la Presidencia de esta Mesa Directiva, de vigilar el trámite oportuno de toda documentación, que se regrese a la Junta de Coordinación Política para en su momento la ratificación correspondiente.

Antes de concederle el uso de la palabra a don Miguel Ángel Yunes, que está registrado, hay un elemento que se deriva de la intervención del señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, relacionado con rúbrica que calza el documento enviado por la Junta de Coordinación Política a la Presidencia.

Yo pediría al señor diputado Chuayffet que se le dé sonido en su curul y nos indique si ratifica contenido de ese documento.

EL DIP. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR (Desde su curul): Ratifico, señor Presidente.

EL PRESIDENTE: Adelante, se concede el uso de la palabra al señor diputado don Miguel Ángel Yunes, en pro del pedimento de cambio de turno.

Señor Presidente, me extraña que conociendo los trámites parlamentarios y la formalidad de los mismos, la Presidencia de esta Mesa Directiva se conforme con una expresión verbal que ratifica un documento indebidamente tramitado ante el Pleno. Usted sabe, señor Presidente, que lo que la ley dispone es que se enviará una comunicación suscrita.

Yo le pido, reconsidere este trámite y en todo caso que el señor diputado Chuayffet, cuya voz por fin hemos tenido la oportunidad de escuchar en este Pleno, se sirva enviar una nueva comunicación.

Sin embargo voy al fondo del asunto. Estamos nuevamente en el debate de la legalidad y de la irracionalidad política; en un debate sobre la legalidad y sobre las atribuciones que puede tener por sobre el pleno de esta Cámara de Diputados, un coordinador de un grupo parlamentario. Y voy a ilustrar lo que digo, con algo que a todos consta.

Hace unos días apenas, se presentó a trámite una iniciativa de los miembros de la Junta de Coordinación Política para que se reforme la Ley Orgánica y se precise esta facultad que hoy no tienen los coordinadores parlamentarios. ¿Cómo es posible, señor Presidente, que conociendo este hecho, que sabiendo que apenas está en trámite esta iniciativa, hoy vengamos aquí nuevamente, a tratar de refrendar con un simple trámite, una facultad que no tiene el Presidente de la Junta de Coordinación, es obligación de la Presidencia conducir las sesiones conforme a la ley y no se está actuando en este asunto conforme a la ley?

Pero vamos también a la racionalidad política. ¿Cuál es la razón de la sustitución? La razón de la sustitución es la misma que ha prevalecido en el manejo de nuestro grupo parlamentario, se quiere la incondicionalidad, no se busca de ninguna manera el conocimiento, no se busca el compromiso con el país, no se busca el compromiso con la ley, no se busca el conocimiento, se quieren los votos, se quiere tener el control de los órganos, en este caso del órgano jurisdiccional porque se necesita en un proyecto político del cual Emilio Chuayffet es una parte importante desde la perspectiva de quien encabeza este proyecto político.

No es posible asumir que venga a esta Cámara Emilio Chuayffet, a plantear la sustitución de quiénes, como Héctor Gutiérrez y su servidor, dimos muestras de conocer las cuestiones que tienen que ver con responsabilidad constitucional de servidores públicos apenas en septiembre pasado, cuandose discutía el tema del senador Aldana; no es posible venir a sustituir, sin razón alguna, a quienes hemos dado muestras claras de compromiso con la legalidad y de compromiso con el respeto al estado de derecho.

Es también una nueva expresión del doble discurso que caracteriza a Chuayffet, del doble discurso que le ha caracterizado toda su vida, el mismo que le permite llamarse "demócrata" y al mismo tiempo, asumir los hechos de Acteal, como hechos que no eran de su responsabilidad; es el mismo discurso que le permite llamarse "parlamentario respetuoso" y al mismo tiempo, desde la Secretaría de Gobernación, tratar de impedir la instalación de la Cámara de Diputados.

Es ese doble discurso al que quiere que nos acostumbremos, es ese doble discurso que requiere de hombres mansos para aceptarse, es ese doble discurso que sólo se puede aceptar desde la indignidad que yo no estoy de ninguna manera dispuesto a asumir.

Puede Emilio Chuayffet, quitarme de la Comisión de Justicia, que es la única que me queda; pueda Emilio Chuayffet, hacer todo lo posible para sacarme del grupo parlamentario. Lo que nunca podrá Chuayffet, es quitarme la dignidad y el honor como mexicano y como parlamentario, lo que nunca podrá Chuayffet, es callarme, lo que nunca podrá Chuayffet, es evitar que en esta tribuna esté presente la voz digna y valiente de un mexicano que lo va a denunciar una y otra vez, como el día de hoy

Este es un trámite, señor Presidente, en contra de la ley; usted, señor Presidente...

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL YUNES LINARES.- Termino, señor Presidente y le pido se registre que hay un diputado que grita, para ver si cuando menos eso consta en el Diario de los Debates, porque no se atreven a subir a la tribuna.

Usted no puede, señor Presidente, dar trámite a un documento suscrito por un ausente.

Yo solicito, en atención a la intervención del diputado Gutiérrez de la Garza, que este trámite se devuelva a la Junta de Coordinación Política y se suscriba debidamente y posteriormente se someta a esta Cámara. Muchas gracias.

EL C. DIP. HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA, desde su curul).- Señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Dígame, don Héctor; por favor, sonido en la curul de don Héctor Gutiérrez de la Garza.

EL C. DIP. HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA, (desde su curul.- Si me permite el uso de la tribuna para alusiones personales, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Se le concede el uso de la palabra para alusiones personales.

EL C. DIPUTADO HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA.- Gracias, diputado Presidente.

EL C. DIPUTADO HECTOR HUBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA.- No cabe duda que es obligación de esta Presidencia el vigilar la legalidad de todos los actos que emanan de esta Cámara de Diputados.

El documento presentado por el diputado Chuayffet, obviamente no existe facultad, en este momento, alguna, para una ratificación expresa.

Suponiendo sin conceder, una vez más, que como coordinador del grupo parlamentario tenga facultades para mover a cuanto integrante del grupo parlamentario desee a donde él desee, que la Junta de Coordinación Política avale esto y que posteriormente, de una manera por demás frívola, se envíe un documento que implica el que un integrante o integrantes de comisiones, dejen de cumplir con una obligación que le fijó el pleno de la Cámara de Diputados, no un coordinador en lo particular.

Ahora bien, en la pasada sesión, se aprobaron en votación nominal, por mayoría, diversos cambios a comisiones; en ese sentido, Federico Barbosa Gutiérrez, llega a la Presidencia de la Comisión Jurisdiccional y Jorge Romero, integrante de la Comisión, pasa a ser, simple y llanamente, como integrante. A su vez, Consuelo Muro sustituye a Federico Barbosa en la secretaría de la Comisión.

Ahora nos encontramos con que Jorge Romero es sustituido, Miguel Angel Yunes y un servidor, pero sigue habiendo un espacio, la Comisión conforme al Artículo 40 Numeral 5, "la Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados".

Diputado presidente, ¿cómo es posible que usted pretenda darle trámite a un asunto que violenta la propia integración de la Comisión Jurisdiccional?, porque obviamente estaban más preocupados, porque Jorge Romero, Miguel Angel Yunes y Héctor Gutiérrez salieran de la Comisión Jurisdiccional y se les olvidó que están dejando una vacante y en consecuencia mal integrada la Comisión Jurisdiccional.

No sé con qué idea o con qué intención se deja mal integrada una Comisión Jurisdiccional, que en breve va a tener una función muy importante en esta Cámara de Diputados, derivado de los asuntos de todos conocidos.

Pero vuelvo a señalarle, diputado presidente, no precisamente adecuada a derecho, usted pretendió subsanar aquí mediante una ratificación verbal, un documento apócrifo, y por otra parte está aceptando dar curso a un trámite que violenta la propia integración de la Comisión Jurisdiccional.

Con esos argumentos, diputado presidente, y a fin de vigilar la legalidad de los actos emanados de esta Cámara de Diputados y en especial de la directiva, y espero que en esta ocasión no tratemos de soportar incongruencias jurídicas con el voto del pleno, sea devuelto este asunto a Coordinación Política, para que esté debidamente fundado y motivado, fundamentación es la parte de la rúbrica que legitima la actuación de cualesquier servidor público.

Y por otro lado, para que quede debidamente integrada esa Comisión Jurisdiccional y no vaya a ser éste una violación que pudiese generar posteriormente, la impunidad por la que todos debemos de estar luchando.

Antes de continuar con el procedimiento que marca el Artículo 19 esta presidencia quiere dejar constancia de las razones que motivan para el trámite y especial pronunciamiento que dio antes de continuar con la discusión.

Efectivamente es facultad, no de la presidencia sino de la Mesa Directiva el cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación.

Habiéndose objetado la rúbrica que aparece en el escrito enviado por la Junta de Coordinación Política, esta presidencia solicitó, de quien dice suscribir, la ratificación del contenido del comunicado, ratificación que fue otorgada y en opinión de esta presidencia queda convalidada la falla del escrito.

En segundo término, por cuanto a la facultad de la presidencia de poder valorar de la Junta de Coordinación Política para hacer la sustitución de miembros de una Comisión, quiero señalar que en el Acuerdo aprobado por esta Cámara en el Artículo 8º.: "No se someterá a discusión o votación del pleno una comunicación a excepción de aquella que verse sobre cambios en las mesas directivas de las Comisiones", esa fue la razón de que la presidencia haya dado turno de Enterado y no sometido a la discusión o votación del Pleno.

Por último, esta presidencia sostiene el trámite de Enterado con un agregado excitando a la Junta de Coordinación Política en el caso de que falta la integración de un miembro de la Junta de la Comisión Jurisdiccional para que en breve plazo lo haga. Pero esta presidencia tiene que someter a consideración del Pleno el turno que ha dado y si el Pleno apoya o no apoya el pedimento de cambio de turno.

Se instruye a la secretaría para que consulte al Pleno en votación económica … dígame señor diputado don Miguel Angel Yunes.

Señor presidente, para preguntarle acerca de los trámites en lo subsecuente. ¿Admitirá la presidencia de la Cámara que los trámites relevantes que se sometan a la consideración del Pleno, sean suscritos por ausencia de quien está facultado para suscribir los documentos donde estos trámites se propongan? Esa es la primera señor presidente.

La segunda, ¿está enterada la presidencia de la mesa directiva sí o no, de que está en trámite una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso, precisamente en el sentido de definir las facultades de los coordinadores de los grupos parlamentarios, para proponer estas sustituciones, sí o no?

-PRESIDENTE: Contesto a los dos planteamientos hechos por el señor diputado don Miguel Angel Yunes Linares.

Mire don Miguel Angel: Al primero le contesto que esta presidencia no aceptará en el futuro documento que no sean suscritos por el presidente de la Junta de Coordinación Política o por quien diga suscribirlos. En caso de que se le diera trámite alguno, inmediatamente esta presidencia haría lo que hizo ahora. Ante el desconocimiento de que tenía las siglas P/A o sea por ausencia, ordenar que el que lo suscriba lo ratifique, a menos de que la Junta de Coordinación Política desconozca el contenido del documento.

Por cuanto a lo segundo don Miguel Angel Yunes, sí esta presidencia tiene conocimiento de la iniciativa que está en trámite de Proceso Legislativo. Esa presidencia estima que no obsta ello para seguir el trámite que el Pleno en el artículo 8o. del Acuerdo que se aprobó en octubre por el Pleno, suple muchas de las deficiencias del Reglamento Interior del Congreso.

Y cuando esta presidencia dicte un trámite y alguno de los miembros estime que no está acorde con la normatividad vigente, está abierto el artículo 18 y 19 para objetarlo.

--DIP. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES (desde la curul) Señor presidente, con toda consideración y respeto.

No entiendo por qué en el futuro el trámite será distinto y se difiere el cumplimiento de la ley para el futuro. El trámite es un trámite equivocado no sólo por el hecho de que está firmado por ausencia y como bien lo dijo el diputado Gutiérrez de la Garza, son facultades no delegables. También por el hecho de que en todo caso se debiera consultar a los demás miembros de la Junta de Coordinación Política, si la persona que firmó Por Ausencia, estaba autorizada a hacerlo. Esto señor presidente, simple y sencillamente, se debe llevar a la Junta de Coordinación Política el día de mañana y que lo ratifique. Yo no tengo ninguna duda de que lo ratificarán. Pero señor presidente, no podemos seguir en el Pleno avalando los caprichos del diputado Chuayffet, no sólo al plantear a este Pleno cambios para los que no está facultados, cambios para los cuales hay una iniciativa que pretende darle facultades y que apenas la vamos a debatir; no sólo eso, sino hoy también se pretende que ante la irresponsabilidad y ante la ausencia, firme cualquier persona un asunto que puede ser no relevante para quien le da trámite, pero que es muy relevante para el sistema legal de nuestro país.

Yo lo exhorto, señor presidente, a que se cumpla con la ley no mañana; a que se cumpla con la ley hoy, que se devuelva esto a la Junta de Coordinación Política y el jueves con mucho gusto le damos trámite y lo volvemos a debatir.

EL C. PRESIDENTE: Señor diputado, yo quiero hacerle una rectificación. Un momento, señor diputado Pablo Gómez.

No dije que el procedimiento de hoy fuera distinto en el futuro. Dije que en el futuro seguiría actuando exactamente igual a como estoy actuando el día de hoy. Qué significa. Ante un hecho que es las iniciales PA antes de la rúbrica de don Emilio Chuayffet, hecho que la presidencia desconocía porque se turnó a la mesa directiva el documento, y probablemente por inadvertencia, al haberlo señalado don Héctor Gutiérrez de la Garza hice lo que seguiré haciendo en el futuro si se volviera a producir, que el que lo suscribe ratifique el contenido.

Así se ha hecho y así se seguirá haciendo. Si en el futuro se presenta una situación similar, al ser objetada se subsanará y se convalidará desde el punto de vista de la presidencia.

EL C. DIPUTADO PABLO GOMEZ: (Desde la curul) Diputado presidente: las tres comunicaciones publicadas hoy en Gaceta Parlamentaria, hoy martes 23 de marzo de 2004, dirigidas a usted desde la Junta de Coordinación Política notificando modificaciones de integrantes de comisiones de varios partidos son completamente auténticas; fueron tomadas en la Junta y no creo que haya ningún problema.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, don Pablo Gómez. Creo que eso quedó de manifiesto con la ratificación hecha por el señor diputado Chuayffet. Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea.

EL C. DIPUTADO LEONARDO ALVAREZ ROMO: (Desde la curul) Diputado presidente: la carrera política de diputados que con sudor y esfuerzo han llegado a esta soberanía no puede ni debe ser frenada por caprichos de coordinadores de fracciones parlamentarias.

En el PRI no está sucediendo nada más esa injusticia, sino también en mi fracción parlamentaria. Hoy yo estoy siendo removido de mis comisiones de Defensa Nacional, de Pesca y de Cultura por un simple capricho de mi coordinador, lo cual es una injusticia.

Apelo a toda esta soberanía, a los presidentes de mis comisiones que me conocen, a mis compañeros de comisión que me conocen y que juzguen si de alguna manera hay alguna razón para que yo salga de esas comisiones o es un simple capricho de alguien que no sabe coordinar esta fracción parlamentaria.

Es increíble que nuestra fracción haya votado en contra de lo que se pretendía hacer en el PRI y en su misma fracción ocurra lo mismo. Es una incongruencia. No es el Partido Verde, no son mis compañeros diputados; es simplemente una persona caprichosa que siempre se ha salido con la suya y que no sabe actuar en política. Es cuanto, diputado presidente, y lo hago por mi propia dignidad.

EL C. PRESIDENTE: Señor diputado, ese tema ha sido ya expuesto cuando se ha debatido el fondo del asunto. Yo quiero señalarle nada más que el artículo 44 de la Ley Orgánica indica, en su apartado dos, que el coordinador del grupo parlamentario al que pertenezcan los diputados miembros de las comisiones podrá solicitar su sustitución temporal o definitiva.

Esa sustitución, señor diputado, se plantea ante la Junta de Coordinación Política. La presidencia y la mesa directiva la única obligación que tienen es cerciorarse de que la Junta de Coordinación Política ha planteado el cambio o la sustitución de los miembros de integrantes de comisión.

No puedo someterlo al pleno porque, como ya dije, el artículo 8 del acuerdo tomado por el pleno indica que sólo se someten a discusión y votación del pleno los cambios de mesa directiva.

Las argumentaciones que usted ha señalado por cuanto a su grupo parlamentario o al interior de otros grupos parlamentarios, con todo respeto no son competencia de esta presidencia.

Continúe la secretaría para solicitar al pleno. Un momento. Don Miguel Angel Yunes, por favor. Primero don Héctor Gutiérrez de la Garza.

EL C. DIPUTADO GILBERTO ENSASTIGA: (Desde la curul) ¿nos vamos a pasar todo el día discutiendo esto, presidente?

EL C. DIPUTADO HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA: Gracias, diputado presidente. No es el primer oficio de la Junta de Coordinación Política que se ventila en esta asamblea y usted ha reconocido que era un documento que de ninguna manera tenía la legitimación para ser presentado a la directiva y que probablemente, por un descuido, pasó.

Usted lo presentó de manera muy a su estilo a ratificación de la persona que había suscrito…

EL C. DIPUTADO HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA: Me preocupa que los anteriores documentos de la Junta de Coordinación Política tengan el mismo vicio. De éste tengo conocimiento porque se me envió a mi oficina, pero los demás no sé si tengan el mismo vicio y es muy lamentable que la directiva esté pasando con este tipo de situaciones por una falta de atención.

Comparto plenamente lo manifestado por el diputado Yunes. Yo creo que es conveniente, diputado presidente, que evalúe qué va a pasar con los anteriores oficios de la Junta de Coordinación Política, que tenían esa pequeña falla; por lo visto no eran firmados por el único que tiene atribuciones para su presentación. Gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Una preocupación legítima, don Héctor, pero no se preocupe usted, al no haberse objetado el turno de la Presidencia, quedan convalidados.

Continúe la Secretaría solicitando a la Asamblea si apoya la solicitud de cambio de turno solicitada por don Héctor Gutiérrez de la Garza o no la apoya.

- LA C. SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta si se aprueba lo dicho por el Presidente...

- EL C. PRESIDENTE: ¡No! ¡No! ¡No! Pregunte si se aprueba la solicitud de cambio de turno hecha por don Héctor Gutiérrez de la Garza.

- EL C. DIP. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES: Había solicitado el uso de la palabra.

- EL C. PRESIDENTE: Ya no procede el uso de la palabra porque ya se agotaron los oradores, don Miguel Angel, perdóneme.

- EL C. PRESIDENTE: Antes de eso, para alusiones... Espéreme, no le he dado el uso de la palabra. Terminando el turno le doy el uso de la palabra.

- EL C. PRESIDENTE: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si aprueba la moción de don Héctor Gutiérrez de la Garza o no la aprueba.

- LA C. SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición de solicitud de cambio de turno como lo dio el diputado Gutiérrez de la Garza.

Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE: Ahora le concedo el uso de la palabra, para alusiones personales a don Miguel Angel Yunes Linares.

- EL C. DIP. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES: Gracias, señor Presidente, aunque debió habérmela concedido precisamente antes de la votación.

Voy a referirme, señor Presidente, a un hecho incontrovertible: El diputado Chuayffet, que le tiene pánico al debate, y que tiene ánimo de cómico, que ríe todo el día...

- EL C. PRESIDENTE: Un momento, señor diputado. Yo le llamo la atención para evitar expresiones que de alguna manera puedan constituir una injuria para uno de sus compañeros; céntrese al tema de las alusiones personales, con todo respeto.

- EL C. DIP. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES: Y yo le llamo la atención, señor Presidente, para que le pida al diputado Chuayffet, que preste atención al debate y que su presencia en la Asamblea sea una presencia que contribuya al debate...

Señor Presidente: Estamos en el debate de la irracionalidad. El señor diputado Chuayffet, ha venido a plantearle a este pleno la sustitución de un grupo de diputados de las comisiones, particularmente de la Comisión Jurisdiccional.

Hace apenas unos días el diputado Chuayffet decía lo siguiente: "Uno de los vacíos normativos que esta Legislatura ha tenido que enfrentar y solucionar, es el relativo al tema de los cambios y sustituciones de los diputados integrantes de las comisiones.

"El primero es que los diputados se separen del grupo parlamentario (Artículo 43).

"Por su parte el segundo, se limita a prescribir que el coordinador del grupo parlamentario al que pertenezcan los diputados, podrá solicitar su sustitución.

"Así pues, hay varios aspectos que quedan indefinidos. Por ejemplo: ¿Qué otras causales de sustitución pueden presentarse? ¿Cuál es el mecanismo para tramitarlas y la instancia competente para resolver el asunto? Así como ¿qué procedimiento debe seguirse durante los periodos de receso?

"En el ámbito estrictamente jurídico este vacío legal propicia falta de certeza en los actos que se llevan a cabo para desahogar dicho trámite y en el ámbito político resta legitimidad a la toma de la decisión, ya que en apariencia ésta queda sujeta a criterios discrecionales. Los coordinadores de las fracciones parlamentarias, desde el inicio de la legislatura, hemos manifestado nuestro interés de que prive la certeza jurídica y la transparencia"

Esto lo suscribió Emilio Chuayffet y lo envió al pleno de la Cámara de Diputados. Hoy viene a plantearnos exactamente lo contrario, viene a plantearnos la irracionalidad y la falta de transparencia. Y nuevamente, señor Presidente, y a usted como legislador y como abogado le debiera preocupar, nuevamente, la carencia de fundamentación y motivación en un documento proveniente de un órgano de autoridad.

¡No hay un solo elemento jurídico que sustente lo que hoy se ha planteado a este pleno!

¡No hay un solo argumento, no hay señor Presidente de esta Cámara, compañeros Diputados, nada, absolutamente nada, que sustente la decisión de sustituirnos; que no sea el capricho, que no sea la determinación, de separar del grupo a quienes hemos tenido el valor de enfrentar con la verdad esta decisión de oponerse a que el país avance!

¡No hay ningún otro argumento para separarnos de la comisión jurisdiccional que el hecho de que no seamos del agrado de Emilio Chuayffet! ¡No hay un solo argumento para separarnos de esta como de las demás comisiones que el hecho de que no compartamos su visión del país: una visión limitada, una visión que se opone al desarrollo del país, una visión sustentada en el doble discurso; en ese doble discurso que en diciembre se opuso a la Reforma Electoral por intereses limitados, por intereses de una candidatura presidencial! ¡ Ese mismo discurso que en diciembre se opuso a la Reforma Electoral y que hoy viene a decirnos que están de acuerdo con la reforma! ¡Ese discurso que en el mes de septiembre del año pasado aplaudía a quienes venimos a esta tribuna a defender la legalidad y hoy pretenden excluirlos!

¡La historia lo va a registrar, nuevamente señor Presidente, la violación a la Constitución, la violación a las garantías constitucionales de legalidad, la ausencia de fundamentación y motivación!

¡Nuevamente, señor Presidente, el espectáculo nacional de una Cámara de Diputados violentando el Estado de Derecho! ¡Qué lamentable!

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, señor Diputado.

Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Lilia Isabel Aragón del Rivero, diputada suplente electa en la cuarta circunscripción plurinominal.

Se designa en Comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes ciudadanos diputados:

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Si así no lo hiciera que la Nación se lo demande.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): Con todo gusto, señor Presidente. (Sigfue turno 12)

-SECRETARIA, DIP. MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto, señor Presidente.

-PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Energía, de Economía, de Hacienda y Crédito Público, y al promovente para su conocimiento.

-PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Salud y de Economía, y al promovente para su conocimiento.

-PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Energía y al promovente para su conocimiento.

-PRESIDENTE: Por lo que se refiere a la solicitud de permiso, recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación.

Por lo que se refiere al ciudadano que ha dejado de prestar sus servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

(Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite la iniciativa de

-PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

..-EL C. PRESIDENTE. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Francisco Javier Bravo Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa que adiciona el Artículo 21-bis, a la Ley Federal de Cinematografía.

-EL C. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER BRAVO CARBAJAL.Con el permiso de la Presidencia. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. Con las facultades que me confiere la Fracción II del Artículo 71 y las Fracciones X y XXX del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Fracción II del Artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, presento a la consideración de esta Soberania, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 21-bis, de la Ley General de Cinematografía, con la siguiente Exposición de Motivos.

Desde el punto de vista tradicional, la exhibición cinematográfica es el último peldaño del proceso productivo, en el cual la película adquiere el carácter de artículo de consumo. Hoy en día, sabemos que después de su exhibición comercia recorre el camino de la comercialización y después su difusión en televisión de paga y abierta.

En este orden de ideas, los cines constituyen el lugar en el que se efectúa dicho consumo, es decir, es en las salas de exhibición, lugares acondicionados a las necesidades del espectáculo cinematográfico donde se presentan las películas, ya sea en estreno, segunda corrida ó re-estreno.

Obtenemos así, que la exhibición representa el desenlace del complejo proceso de creación de una película, también llamado Cadena Cinematográfica compuesta por las etapas de Producción, Distribución y Exhibición. Esta etapa de la Cadena Productiva Cinematográfica se encuentra definida en el texto vigente de la Ley Federal de Cinematografía, como una de las formas en las que se lleva a cabo la explotación mercantil de películas, entendida esta última como la acción que reditúa un lucro o beneficio económico a su autor.

En este sentido, el Artículo 18 Fracción I de la Ley Federal de Cinematografía, dispone:

Artículo 18.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por explotación mercantil de películas la acción que reditúa un beneficio económico derivado de, Fracción I, la exhibición en salas cinematográficas , video salas, transportes públicos o cualquier otro lugar abierto o cerrado en que pueda efectuarse la misma, sin importar el soporte, formato o sistema conocido o por conocer y que la haga accesible al público.

De la lectura anterior, se obtiene con meridiana claridad, que la normatividad vigente en la materia reconoce que la exhibición pública de películas cinematográficas es, en sí misma, el acto de explotación mercantil que reditúa un beneficio económico a quienes desarrollan dicha actividad.

No obstante, es de todos conocido que las exhibidoras cinematográficas no sólo obtienen sus ganancias a partir del producto de la venta de boletos en taquilla, sino también de los contratos de publicidad que celebran con diversos anunciantes de bienes, productos y servicios, los cuales son ofertados al público asistente previamente a la exhibición de las películas.

Al respecto debe destacarse que no existe disposición legal o reglamentaria que prohiba a los exhibidores cinematográficos la inclusión de la propaganda comercial antes del inicio de la proyección de las películas y en tal virtud, de conformidad con el principio general de legalidad interpretado a contrario sensu, según el cual los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no les prohiba, dichos exhibidores se encuentran en posibilidad jurídica de efectuar tales actos de comercio.

Refuerza esta consideración el contenido del artículo 35 del Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía que dispone que la publicidad de tabaco y alcohol que se incluya en las exhibiciones cinematográficas se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Salud y en el Reglamento en materia de Control Sanitario en la Publicidad, de donde se infiere que la normatividad en la materia incluso contempla la posibilidad de que dicha publicidad se difunda.

Ahora bien, resultando indiscutible que las exhibidoras cinematográficas no sólo incluyen publicidad de tabaco y alcohol en las salas de proyección y con independencia de los contenidos de la publicidad cuya regulación corresponde a los ordenamientos legales antes citados, se hace necesario establecer expresamente en la Ley Federal de Cinematografía los lineamientos a que debe sujetarse la comercialización de bienes, productos y servicios que se realiza en las salas de exhibición pública, por cuanto hace a la duración de la misma, sobre todo, por el beneficio económico que representa para los exhibidores y por respeto a los asistentes.

Al efecto, es preciso destacar que en la mayoría de las ocasiones la duración de la publicidad previa a la exhibición de una película resulta excesiva e incluso incómoda para los asistentes a las salas cinematográficas, baste señalar que en muchos casos las películas inician hasta treinta minutos después de la hora anunciada para su exhibición, tiempo que es empleado en gran medida para la difusión de propaganda comercial, con lo que se prolonga injustificadamente el tiempo de permanencia de los asistentes a las salas de exhibición.

Es menester aclarar que la situación antes descrita se agrava por el hecho de que el espectador decide cubrir el precio de un boleto que le permite disfrutar de una obra cinematográfica, sin embargo nada la obliga a fungir como receptor del exceso publicitario del que suele ser objeto y que en muchas de las ocasiones representa para los asistentes, insisto, una falta de respeto a su tiempo y al propósito por el que acuden a las salas, que indiscutiblemente consiste en disfrutar de una película.

De este modo y considerando que el artículo 20 de la propia Ley Federal de Cinematografía, da a los exhibidores el derecho de fijar libremente los precios, puede afirmarse que el espectador paga por disfrutar una película y no por presenciar una considerable cantidad de anuncios publicitarios.

Finalmente, no debemos obviar la circunstancia de que la exhibición de obras cinematográficas constituye un espectáculo público cuya regulación y vigilancia compete a las autoridades locales de las entidades federativas y del Distrito Federal. En este sentido, cobra particular importancia la regulación contenida en la ley para la celebración de espectáculos públicos en el Distrito Federal, en la que se precisan las obligaciones que asumen los titulares de los permisos para la celebración de tales espectáculos, entre los que se encuentran las de vigilar que el espectáculo público se desarrolle de conformidad con el aviso presentado o el permiso otorgado y presentarlo en los términos y condiciones ofrecidos en la publicidad que de éste se haya difundido al público.

Por otra parte, es menester plasmar en el texto de la ley que los exhibidores cinematográficos no podrán incluir propaganda comercial en los intermedios que, en su caso, se haga de las películas cuya duración sea mayor de 150 minutos o que se encuentren establecidos de origen. La finalidad de esta disposición, consiste en garantizar la continuidad temática de la película, a efecto de que éta no sea vea desvirtuada con la inclusión de propaganda comercial.

De este modo y considerando que en términos del artículo 36 del Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía, la posibilidad de efectuar intermedios constituye el supuesto de excepción a la regla general que los prohíbe, no puede admitirse bajo ninguna circunstancia que dichos lapsos pudieran ser aprovechados por los exhibidores para obtener ganancias adicionales.

Por lo señalado, proponemos decreto por el que se adiciona el artículo 21 bis, a la Ley Federal de Cinematografía.

.. que incluya previamente a la exhibición pública de una película, en ningún caso podrá exceder de 3 minutos, tampoco podrá incluirse publicidad durante los intermedios que, en su caso se hagan a las películas cuyas duración sea mayor de 150 minutos o que se encuentren establecidos de origen".

Hago entrega de dicha iniciativa, solicitándole diputado Presidente, sea publicada en la Gaceta Parlamentaria totalmente.

-EL PRESIDENTE: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicada y túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

El grupo parlamentario de Acción Nacional, a través de su servidora y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto bajo la siguiente:

El Partido Acción Nacional a lo largo de su historia, ha tenido como una de sus principales preocupaciones el desarrollo de la mujer en los distintos ámbitos, así en el económico, político, cultural y social, propugnando porque las leyes sean cada vez más acordes con la realidad que vivimos, en donde la mujer juega un papel ganado a base de esfuerzos, pues no se nos ha obsequiado nada, por el contrario se ha sufrido discriminaciones y un trato desigual, pese a que la Constitución Política Mexicana otorga igualdad al hombre y a la mujer.

Con esta óptica los diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, hemos presentado diversas iniciativas tendientes a promover e implementar acciones que fomenten el desarrollo de la mujer en el ámbito laboral, evitando la discriminación de la que muchas veces es objeto.

Así, a presente iniciativa perfecciona una derecho materno ya existente, que es el periodo pre y post natal y tiene su antecedente en la iniciativa presentada por la diputada María Elena Alvarez de Vicencio.

En la legislación laboral vigente se contempla el apoyo a la mujer en los aspectos relacionados con su maternidad, otorgándole un periodo pre y post parto de seis semanas respectivamente, con percepción íntegra de su salario. Ahora gracias a los avances médicos es posible hacer un diagnostico preciso y saber si una mujer goza de salud física y emocional necesaria para seguir trabajando, días antes de que ocurra el parto.

Por lo que en muchas ocasiones las seis semanas que disfruta antes de este evento, no se utilizan en su totalidad, por lo que esta iniciativa busca que las futuras madres puedan transferir semanas de incapacidad para después del parto, beneficiándose tanto la madre como su hijo, ya que esto permite una mayor integración entre ellos al tener mayor tiempo de disfrute del periodo de incapacidad por parto, lo que contribuye al mejor desarrollo físico, psicológico y emocional de ambos, logrando también una mayor seguridad y confianza en los niños.

Así, en los casos que la mujer embarazada presente buenas condiciones de salud y pueda trabajar, incluso hasta 2 semanas antes del parto sin perjuicio de ella ni de su hijo y con el respaldo médico institucional, resulta totalmente conveniente el poder transferir los días laborados pre parto, para ampliar el periodo después del evento, situación que de hecho ya se hacen en diversas empresas.

Bajo esta premisa es que ahora se presenta la presente iniciativa de decreto que reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 170 fracción II de la Ley Federal del Trabajo:

Primero. Se reforma el párrafo V del artículo 123 del Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Las mujeres, durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación del trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.

"A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico que cuide de su embarazo y según convenga a sus intereses familiares, ella podrá transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto, para después del mismo".

Segundo. Se reforma el artículo 170 en la fracción II, de la Ley Federal del Trabajo en los mismos términos, para quedar como sigue:

"Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: Disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico que cuide de su embarazo y según convenga a sus intereses familiares, ella podrá transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto, para después del mismo".

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

En cumplimiento con lo que dispone el artículo 2º del Acuerdo Relativo a la Asistencia a las Sesiones, se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico e instruya el cierre del sistema.

LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 452 diputadas y diputados.

Ciérrese el sistema electrónico y quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos de hacerlo por cédula.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa ha sido suscrita por los señores diputados don Manuel Camacho Solís, don Emilio Zebadúa González, don Jesús Martínez Alvarez y el propio diputado don José Alberto Aguilar Iñárritu.

El sistema de financiamiento predominantemente público a los partidos políticos y campañas, que se adoptó a partir de las reformas a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de 1996, ha contribuido a mejorar la organización, competitividad y transparencia de las elecciones.

La mejor prueba de ello, es la aceptación de los resultados por los partidos políticos, los ciudadanos y la opinión pública. No obstante los avances registrados y reconocidos en estos tres procesos electorales que bajo su amparo se han realizado, se ha podido comprobar que hay deficiencias que corregir con urgencia para legitimar a la política y aumentar la participación de los ciudadanos. Es necesaria una nueva reforma electoral que contribuya a consolidar una democracia con altos niveles de participación, legitimidad y efectividad.

En los últimos procesos electorales se ha podido observar que aún con los avances por vía de las precampañas, se hicieron gastos enormes que condicionaron todo el proceso y expusieron la autonomía de las decisiones políticas; que los procesos de selección de candidatos, se prestaron a la utilización de métodos arcaicos y resultaron a tal punto inequitativos y onerosos que debilitaron a los partidos al momento de la competencia electoral; que el dinero se volvió un factor determinante de los resultados y que la competencia pasó a descansar crecientemente en la publicidad comercial, dejando de lado el debate político y el reconocimiento de los posicionamientos de los candidatos; que como ha quedado establecido con posterioridad en lo que toca al financiamiento de las campañas, se utilizaron recursos fuera de lo que estable la ley.

Pero aún sin considerar los casos de violaciones a la ley, en lo que toca al financiamiento de las campañas, la competencia para la selección de los candidatos, los márgenes estrechos entre la primera y segunda fuerza en prácticamente todas las elecciones federales y locales, la duración de las campañas y el alto costo de la publicidad comercial en televisión y la radio, han llevado a un verdadero círculo vicioso; no hay dinero que alcance, se acude a financiamientos privados que comprometen la futura autonomía de los gobernantes, donde al final la capacidad y el contenido de las decisiones públicas queda en mano de intereses privados que, incluso, pudieran llegar a ser ilegales o contarios al interés nacional.

Y se cae entonces en una paradoja, lo que la norma prohíbe para las campañas, es precisamente lo que se viola en las precampañas, como el financiamiento privado por encima de los límites, la utilización de dinero ilícito o la compra literal de candidatos.

Existe un marco de anarquía para las precampañas que alienta las peores prácticas. El alto costo de la política y aún los insuficientes controles al financiamiento requieren de una nueva reforma electoral que se guíe bajo los principios de austeridad, equidad, protección del interés público, transparencia y prevención de la corrupción y fortalecimiento de las prácticas democráticas y la rendición de cuentas en la vida de los partidos políticos.

Como parte de la nueva reforma electoral que reduzca el costo de la competencia y mejore sus condiciones de competencia, es indispensable revisar la fórmula de financiamiento a los partidos políticos, en particular la fórmula para la asignación del financiamiento público de los partidos políticos para que se considere únicamente el número de diputados de mayoría y de los senadores de mayoría y primera minoría a elegir.

Este cambio representaría por sí mismo, una reducción por este concepto del 40% del financiamiento en el primer caso y del 25% en el segundo caso. Se trata de reducciones significativas que obligarían a rediseñar las campañas porque forman parte de una reforma electoral amplia, contenido en el decreto porque el que se reforman varios incisos y fracciones que daré a conocer a la Secretaría.

Como parte de esta reforma electoral que busca contar el dinero que cuenta y reducir el costo de la política, se hace necesario distinguir el costo de una elección para Presidente de la República, senadores y diputados federales de una elección intermedia donde sólo se elige a los diputados federales.

Se considera que para una elección intermedia, el financiamiento público para las actividades mediante las cuales se obtiene el voto, debe reducirse en un 50% correspondiente al monto del financiamiento público que recibe cada partido por actividades ordinarias ese año.

Ambas reformas constitucionales para reducir el monto del financiamiento público y distinguir entre una elección donde se elige Presidente de la República, a los senadores y a los diputados de la elección intermedia que sólo compete a la Cámara de Diputados, son indispensables para dar pleno sustento a la reforma electoral que reducirá el costo de la política, protegerá el interés público y transparentará la vida de los partidos y las actividades que realizan antes y durante las elecciones.

Estas reformas han sido reclamadas por los ciudadanos que exigen una mayor austeridad y transparencia en la utilización de los recursos públicos en la política.

Asimismo, para considerar las tareas de fiscalización de la autoridad electoral, se propone adicionar un párrafo tercero al inciso C) de la fracción II del artículo 41 constitucional, para que el Instituto Federal Electoral acuerde con las autoridades locales mecanismos de coordinación, para fiscalizar los recursos de partidos políticos nacionales. Esta reforma se complementa con la adición de un inciso J) a la fracción IV del artículo 116 constitucional, para que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garanticen que las autoridades electorales locales puedan acordar con el IFE los mecanismos de coordinación correspondientes.

Si las reformas anteriores lograran el objetivo de aumentar la confianza de los ciudadanos en las elecciones, la reforma actual debe legitimar la vida pública de asegurar la independencia de la autoridad de los intereses económicos. Esta reforma es parte central de la necesaria reforma del Estado.

En tal sentido, se propone reformar el inciso A) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que en la fórmula de asignación del financiamiento público de los partidos, se considere únicamente el número de diputados de mayoría y los senadores de mayoría y primera minoría a elegir, es decir, se sustituyen los candidatos de representación proporcional.

Asimismo, se reforma el inciso B) de la fracción II del artículo 41 constitucional y se adiciona un segundo párrafo al mismo, para que se reduzca en un 50% el financiamiento público de los procesos electorales intermedios, es decir, cuando sean sólo para renovar únicamente la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Unico. Se reforman los incisos A) y B) de la fracción II del artículo 41, se adiciona un segundo párrafo en el inciso B) y un párrafo tercero al inciso C) de la fracción II del artículo 41 y un inciso J) a la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue, en el documento que entrego a la Secretaría.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 22, 22 Bis y 38 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

EL C. DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO.- Con el permiso del señor Presidente.

Durante mucho tiempo se ha visto al consumo como una simple satisfacción de necesidades y deseos, en donde el mercado nos ofrece los bienes y el público en general los adquiere, fijándose principalmente en el precio y no en la calidad; sin embargo, muchas personas en todo el mundo, hacen esfuerzos por adquirir productos y servicios menos dañinos para el medio ambiente local y mundial.

Estas actividades son parte de un movimiento más amplio hacia formas de producción y consumo sustentables, últimamente se ha generalizado una tendencia internacional sobre el consumo de productos y servicios ambientalmente amigables, mejor conocidos como consumo sustentable, cuyo objetivo final es concientizar sobre la importancia y consecuencias que tiene para el medio ambiente y la salud cada una de nuestras elecciones en el consumo.

Es importante enfatizar en el deterioro y la presión que se ejerce al medio natural no sólo en la fase de consumo final de mercancías,sino también en su producción y distribución, ya que una mercancía no sólo daña el ambiente cuando se desecha sino también por la cantidad de energía y materia prima empleadas en su producción, distribución y las estrategias para promover su consumo.

Aunado a lo anterior, existe el grave problema de la generación de basura por desechos sólidos, en México la basura es uno de los grandes problemas ambientales, ya que su generación se ha multiplicado en los últimos años, su compensación hace más difícil su adecuada manejo y cada vez existen menos lugares para su disposición final, creando impactos negativos sobre el aire, agua y suelos.

Es así que en respuesta al gran deterioro natural que se ha dado en las últimas décadas, una fuerte ola en pro de la ecología ha invadido la conciencia de la población mundial, ante esto resulta importante cambiar la forma de consumo y reorientar las modalidades de producción, creando conciencia en los consumidores sobre el efecto que los productos tienen sobre la salud y el medio ambiente, así reducir la generación de desechos.

Al respecto el Capítulo Cuarto de la Agenda 21 señala los principales objetivos en cuanto al consumo sustentable que la comunidad internacional se comprometió a cumplir y tener muy presente.

Como medidas concretas tendientes al consumo sustentable el grupo de países, entre ellos México, se comprometieron principalmente a fomentar la introducción de productos más racionales desde el punto de vista ecológico, brindar asistencia a personas y familias para que adopten decisiones de compra ecológicamente racionales, utilizar instrumentos económicos adecuados, con el fin de influir en el comportamiento del consumidor, como gravámenes e impuestos ambientales, sistemas de pago y reembolso de depósitos.

Tal actitud de la humanidad se ha extendido a todos los ámbitos y los negocios no han sido la excepción, pues la demanda de productos y servicios que preservan y son amigables con el ambiente, crece a pasos agigantados, lo que representa naturalmente una inmensa oportunidad y reto para los empresarios.

En México la demanda actual de productos se encuentra en una etapa incipiente, pues hoy los clientes potenciales sólo son la clase media alta, es decir, hasta el momento los productos ecológicos se catalogan más que como un lujo que como una necesidad, adicionalmente son pocas las empresas que están dedicadas a atender el mercado y las oportunidades son innumerables, ya que lo natural abarca todo tipo de negocio, desde alimentos hasta consultoría empresarial y servicios como el ecoturismo.

Sin embargo, el poder dar a las personas opciones de elección de consumo de bienes y servicios que actualmente en el mercado y que se consumen día con día, es una forma de incentivar a la conciencia ambiental.

Los consumidores podemos exigir y elegir productos como detergentes que no dañen el medio ambiente, alimentos que hayan sido cultivados sin fertilizantes químicos ni pesticidas, productos con poco envase o con envase reciclable, productos con certificación confiable que no dañen el medio ambiente, pero toda iniciativa debe estar acompañada por una decisiva acción del Estado que facilite y fomente estas iniciativas, y de una acción responsable por parte de los productores que mediante la utilización de tecnologías limpias, pongan en el mercado productos que sean ambientalmente menos dañinos.

Hoy, existe un mayor conocimiento y una prevaleciente voluntad política hacia ese horizonte, así la propia legislación ambiental de México establece los lineamientos que se deberán seguir en cuanto al fomento al consumo y producción ambiental, contemplados dentro de la sección de instrumentos económicos y del autorregulación y auditorías ambientales.

No obstante estas consideraciones son principalmente la delimitación de los instrumentos económicos, por los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generan sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente tales como los incentivos de mercado, en donde se consideran a las concesiones autorizaciones de licencias y permisos. Sin embargo, se dejan de lado las certificaciones, principalmente las voluntarias que promueve la misma LEGEPA en su artículo 38.

Algunos ensayos sobre el certificado de bienes y servicios, se han realizado en nuestro país. Sin embargo, son estos últimos los servicios, los que no están incluidos dentro de la propia ley.

Cabe enfatizar que el fomentar la autocertificación de procesos productivos, productos y servicios es, para la consecución de un mercado sustentable, una herramienta indispensable ya que es la forma por la cual los consumidores podrán discernir sobre los productos que van a comprar.

Así, el objetivo de esta reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es el de fomentar el consumo por parte de la sociedad civil de bienes y servicios ambientalmente amigables con el entorno, así como ir generando una conciencia de consumo sustentable por lo cual se debe considerar el fomento a la creación de un mercado verde, al etiquetado o certificación voluntaria, la diseminación de la información a la sociedad sobre los productos que cuentan con este certificado.

De esta forma se fomentará que los productos y prestadores de servicios modifiquen y mejoren sus productos y servicios y se incentivará el certificado voluntario de gran parte de los procesos que generan un consumo final de bienes y servicios.

El desarrollo sustentable y el fomento al consumo sustentable de bienes y servicios, requiere forzosamente de un uso más amplio de instrumentos económicos regulatorios, informativos y educativos y de incentivos claros que promuevan la sustentabilidad entre productores, inversionistas, consumidores y la sociedad en general.

En atención a lo anteriormente expuesto y observando los intereses del fomento a productos y servicios ambientalmente amigables, los suscritos diputados sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se modifiquen los artículos 22, 22 Bis y 38 de la Ley General de Equilibrio Ecológico.

Por la limitante de tiempo omitiré la lectura del articulado pero solicito a la mesa directiva se integre de forma íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

-PRESIDENTE: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no haya aparecido en el número del día de hoy.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del partido del Trabajo, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

-DIP. PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ: Con su venia diputado presidente: ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, presente:

Los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de adiciones y reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con base en la siguiente:

Recientemente los medios informativos publicaron que la policía preventiva en el marco de sus atribuciones y conforme a su organización y funcionamiento previsto en los artículos 4o. capítulo dos de la propia ley, interviene con la finalidad de prevenir la comisión de ilícitos que dañan la economía nacional, en la vigilancia, supervisión, despacho y transportación de diversos fluidos energéticos elaborados por algunas de las refinerías e instalaciones localizadas en diversos puntos geográficos del país, en los que Petróleos Mexicanos exporta, produce, refine y entrega a diversas empresas transportistas los energéticos necesarios para el consumo tanto en el país como fuera de él, entregándose los mismos a efecto de que se distribuyan entre sus consumidores.

La vigilancia y prevención de la Policía Federal Preventiva y que actualmente realiza se debe a que éste es un hecho público y notorio el daño que sufre Petróleos Mexicanos y consecuentemente nuestro país, y que ha propiciado la venta de gasolina adulterada por concesionarios o en puntos específicos, lo cual daña al particular, quien ajeno a la adquisición de energéticos adulterados sufre cuantiosos daños en sus vehículos, amén del que se produce con una competencia desigual entre quienes expenden gasolinas y diesel de procedencia lícita y quienes la adquieren de origen ilícito, por lo que es obvio que las conductas anteriores son objeto de intervención de más de tres personas que intervienen en la preparación, transportación y venta de gasolinas cuyo origen es ilícito y por ello, a efecto de proveer herramientas de carácter legal a las autoridades investigadores y jurisdiccionales, con la sana intención de que se sancione a quien daña la economía nacional y también al patrimonio de los particulares, a quienes a veces de buena fe adquieren a precio oficial gasolinas o diesel cuyo valor, calidad y octanaje no es el que se publicita y, por ende, ocurre un enriquecimiento en perjuicio del adquiriente de buena fe y la consumación de un ilícito que provoca la evasión fiscal del expendedor de mala fe y en perjuicio de la economía del país.

Actualmente, los artículos 367 y 368, fracción IÍ, del Código Penal Federal, en el título correspondiente a los delitos que se realizan en contra de las personas en su patrimonio, define como equiparable al robo y se castiga como tal a quien se apodere, use o aproveche cualquier fluido sin derecho y sin consentimiento de las personas que legalmente puedan disponer de los mismos.

Por otro lado, el artículo 14 del mismo Código Penal Federal establece como delitos contra el consumo y la riqueza nacional y sanciona a las personas que sin derecho realicen cualquier sustracción o alteración a equipos o instalaciones de la industria petrolera que se refiere a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo.

Dentro del catálogo de ilícitos contemplados por el Código Penal Federal en relación con los delitos cometidos contra la economía pública no existe una precisión respecto de las conductas delictivas que ahora se advierten en cuanto a las características que la delincuencia organizada adopta para dañar al país, en primer término, y a los consumidores de buena fe de energéticos adulterados, y si bien es cierto que los daños y perjuicios ocasionados por ambos supuestos pueden ser reclamados tanto por el Ministerio Público federal en representación de la parte ofendida en el proceso correspondiente, en la realidad el particular debe de seguir un difícil y a veces inútil proceso para reclamar los daños causados a los vehículos por la adquisición de gasolinas o diesel adulterados que provoca cuantiosos daños al particular de difícil recuperación.

Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que se dispone en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de adiciones y reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

Artículo 1º. Se adiciona una fracción VI al artículo 2 y se reforma el primer párrafo del artículo 3, ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2. fracción VI. Delitos contra el consumo y la riqueza nacional, particularmente el señalado en el artículo 253, inciso j), relacionado con la interrupción o interferir en la distribución de gas natural, artificial o licuado de petróleo".

Y fracción IV: "Alterar o reducir por cualquier medio, las propiedades que las mercancías o productos debieran tener", delito establecido en la fracción VII del artículo 254 del Código Penal Federal que se refiere a responsabilizar a quienes sin derecho realice cualquier sustracción o alteración a equipos o a instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo.

Artículo 3º.: "Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y VI".

Transitorio. Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de marzo del año 2004.

Atentamente, firma el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y le hago entrega a la Secretaría de la iniciativa en comento.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra el señor diputado don José Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que deroga la fracción II del artículo 222, reforma los artículos 222, 222 bis, 223 y 224 del Código Penal Federal, y adiciona el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados: Los suscritos diputados y diputadas federales de esta LIX Legislatura, acudimos a presentar una iniciativa de proyecto de decreto para derogar la fracción II del artículo 222, reformar los artículos 222, 222 bis, 223 y 224 del Código Penal Federal y adicionar el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el objeto de que el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito, sean considerados delitos graves, para quien incurra en la comisión de estos delitos no pueda obtener su libertad caucional y para que la inhabilitación contemplada en estos delitos, sea definitiva con base en la siguiente

La corrupción se presenta en varias formas: Como cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, etcétera, en todos los Códigos Penales de todo el país y del mundo.

De las formas de corrupción, es el cohecho el que más daño ha causado y causa a la sociedad. El peculado y el enriquecimiento ilícito, le siguen muy de cerca los pasos.

La corrupción asume muchas figuras, todas las cuales desafortunadamente tienen un impacto pernicioso en la gente.

La corrupción degrada la economía, socava el gobierno e impide el desarrollo sustentable, resta credibilidad al sistema democrático, distorsiona las funciones del Estado y pone en tela de juicio la eficiencia del funcionamiento de los tres Poderes.

Uno de los males que ha aquejado a las sociedades de todos los tiempos, es la corrupción o falta de probidad. Esta actitud de las conductas individuales debe verse desde diversos ángulos, ya que es un problema en el que inciden varios elementos: las costumbres, el sistema económico, la cosmovisión de cada nación, las leyes, el desarrollo económico, el tipo de gobierno, etcétera.

La corrupción es un fenómeno general y complejo del que participan activa y pasivamente funcionarios, gobiernos, dirigentes del sector privado e individuos. La corrupción es un fenómeno social, con graves consecuencias políticas y económicas que impiden el avance de los procesos de democratización de nuestras sociedades.

Es un grave problema social, político, económico, religioso y moral, que daña severamente a las instituciones, a las personas y a la nación. La corrupción ha estado presente en México, en tiempos de crisis pero también en tiempos de crecimiento económico. Los elementos de la corrupción, considerada como un fenómeno: son la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos, la concentración monopólica de las decisiones gubernamentales, la falta de un sistema eficaz de rendición de cuentas, la escasa supervisión o supervisión cómplice hacia los servidores públicos.

Por otra parte, el cohecho destruye los valores supremos del ser humano: la vida, la libertad, la justicia, la democracia, la paz. Daña también a todas las instituciones: las gubernamentales, las electorales, las militares, las religiosas y hasta las de asistencia social. Este grave delito, tan frecuente en todos lados, nulifica el principio de autoridad y sin éste estamos a un paso de la violencia social y por consecuencia de la anarquía.

Compra imagen, prestigio, respeto, legalidad y poder. El cohecho afecta mucho al erario federal, estatal y municipal. Este delito es la forma más frecuente de la corrupción gubernamental. Ningún gobierno, emanado de cualquier partido político, puede afirmar que esté libre de corrupción en especial del cohecho.

Todos los códigos penales del país y seguramente de todo el mundo disponen que comete el delito de cohecho toda persona encargada de un servicio público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente dinero, algún servicio o cualquier otra dádiva o acepte una promesa directa o indirectamente para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.,

El cohecho está tipificado y sancionado en el artículo 222 del Código Penal Federal en el que se establecen penas privativas de libertad, multa y destitución e inhabilitación.

La gran mayoría de los códigos penales del país, cuando se refiere a los particulares, señalan que incurre en este delito el particular que de manera espontánea dé ofrezca dinero o cualquier otra dé u ofrezca dinero o cualquiera otra dádiva a un servidor público para que haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Si consultamos cualquier diccionario o alguno de sinónimos nos señalan que espontáneo significa: "voluntario, por sí mismo, de motu propio, franco, libre, de buena gana, alegremente, con gusto".

En este contexto debemos tomar en cuenta la fracción II del artículo 222 del Código Penal, como lo hacen la gran mayoría de los códigos penales de la República, impone igual sanción al servidor público y al ciudadano en cuanto a lo que hace a la pena de prisión y a la multa. Lo que resulta absurdo, pues es como imponerle la misma pena al violador que a la persona violada, al ladrón que a su víctima. Es una blasfemia jurídica imponerle penas al gobernado, cuando sólo se deben de imponer a los servidores públicos cohechadores, pues estos tienen la facilidad, la oportunidad de engañar, coaccionar, amenazar, con un daño económico, legal o moral hacia el ciudadano. En cambio el ciudadano no tiene ninguna oportunidad de presionar u obligar a la autoridad para que ésta acepte el soborno.

"Si se les impone las mismas penas al servidor público y al ciudadano cuando éste quiera presentar alguna denuncia, lo que hará será ir con su abogado y éste al revisar el Código Penal advertirá e informará a su cliente que también va a ser procesado, que será sentenciado y tendrá antecedentes penales al igual que el servidor público, ¿y entonces presentará la denuncia?, por supuesto que no, pasaría lo mismo si acude ante el Agente del Ministerio Público.

"Porque no se da el cohecho de manera espontánea, proponemos que se derogue la fracción II del artículo 222 del Código Penal Federal.

"Por otra parte, respecto al peculado, el artículo 223 del propio Código Penal establece lo relativo a la propuesta que estamos haciendo en este momento.

"Que los delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito tipificados y sancionados en los artículos 222 bis, 223 y 224 del Código Penal Federal, sean considerados delitos graves.

"Que se derogue la fracción II del artículo 222 del Código Penal Federal, para que sólo sea sancionado el servidor público y no el ciudadano.

"Que sea adicionado el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, agregando a este catálogo de delitos graves, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito.

"Por lo antes expuesto, solicitamos a ustedes ciudadanos diputados, se les de a esta iniciativa el trámite correspondiente e igualmente estaría solicitando, señor Presidente, que esta iniciativa se incluya íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates".

-PRESIDENTE, DIP. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA: Gracias a usted diputado.

Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en caso de que no haya aparecido el día de hoy. Y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra la diputada Patricia Flores Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona la fracción VIII del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer un periodo de descanso a las mujeres trabajadoras que adopten a menores de edad.

"En ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento ante el pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa de decreto que reforma la fracción V del artículo 123 constitucional y adiciona la fracción VIII del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, fundamentándola en lo siguiente.

"Si bien es cierto que en los artículos 123 constitucional y 170 de la Ley Federal del Trabajo son reconocidos los derechos de la mujer durante el embarazo, manifestándose los cuidados durante la gestión, parto y posparto, es evidente que no se han incluido las diferentes formas en las cuales las mujeres adquieren responsabilidades familiares, como es el caso de la adopción, entre otros.

"En México hay un algo grado de mujeres con infertilidad o imposibilidad de concepción, aún existiendo métodos para ello como es la inseminación artificial o in vitro, pero también está la posibilidad de la adopción, a través de la cual las mujeres pueden desempeñar su papel de madres.

"En el Código Civil se regula la adopción como un formulario en donde se encuadran los requisitos y prerrogativas para realizarla, sin embargo no se establece ningún derecho para la madre que ha decidido atender a este derecho.

"En la Legislatura laboral y desde nuestra Constitución se menciona únicamente a las mujeres trabajadoras que se encuentran en estado de embarazo con derecho a descanso de seis semanas antes del parto y seis semanas posterior al parto.

Si bien es cierto que una mujer que ha decidido adoptar a un menor evidentemente no requiere de un período de recuperación como se establece en nuestra Legislación Laboral para las Madres Biológicas, sí tiene la responsabilidad de atender los cuidados maternos durante el período de lactancia, cuando el menor así lo requiere y contar con un tiempo para el proceso de re adaptación de la madre y el adoptado y viceversa.

No estamos hablando de que este período sea igual o mayor que una madre gestante, pero sí hablamos de un período prudente de adaptación a fin de proporcionar los cuidados necesarios para que tenga una vida sana y propia de cualquier menor como una mejor integración familiar.

Es por ello que el Partido Acción Nacional, atendiendo a todas aquellas mujeres que por diversas razones toman la decisión de adoptar a un menor, propone que seles otorgue a las mujeres trabajadoras, seis semanas posteriores a la adopción, en caso de que el niño o niña sea menor de seis meses de edad y tres semanas cuando sea mayor.

Lograr este derecho para las mujeres trabajadores que deciden adoptar, incidirá médicamente y socialmente en el desarrollo armónico de la personalidad del menor y en crear en el medio familiar un clima de integración, amor y comprensión.

Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone lo siguiente:

Iniciativa de Decreto que Reforma la Fracción Quinta del Artículo 123 Constitucional y la Adición a la Fracción Octava al Artículo 170 de la Ley Federal de Trabajo.

Artículo Primero.- Se reforma la Fracción V del Artículo 123 Apartado A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil, al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la Ley, el Congreso de la Unión sin contravenir a las Bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo , las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general, todo contrato de trabajo.

Las mujeres, durante el embarazo, no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifique un peligro para su salud en relación con la gestación, gozarán obligatoriamente de doce semanas de descanso por motivos de maternidad. Dicho período no podrá iniciarse antes de la sexta semana ni después de la segunda semana, previa a la fecha probable del parto, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiera adquirido por la relación de trabajo.

En el período de la lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por dia, de medio día media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Las mujeres que adopten a un menor de seis meses, disfrutarán de un descanso de seis semanas posteriores a la adopción y tres semanas posteriores a la adopción de un niño mayor de seis meses.

Artículo Segundo.- Se adiciona la Fracción VIII del Artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

Fracción VIII:- Disfrutarán de un descanso de seis semanas posteriores a la adopción si es un menor de seis meses y de tres semanas posteriores a la adopción, de un niño mayor de seis meses.

Artículo Transitorio.- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ya en Legislaturas pasadas se han presentado iniciativas con respecto al tema de las mujeres, es por eso que el Partido Acción Nacional ratifica su interés hacia las mujeres.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

A continuación tiene el uso de la palabra, el señor Diputado don Víctor Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que a nombre propio y a nombre de los señores Diputados Emilio Zebadúa González, José Alberto Aguilar Iñárritu y Jesús Martínez Alvarez, presente una Iniciativa que Reforma y Adiciona diversas Disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Me dirijo a ustedes con dos propósitos. El día de hoy ha aparecido publicada la iniciativa de reformas que hoy presentamos, está a su disposición para revisarla en detalle, por lo tanto quisiera sobre todo dar una explicación de qué es lo que está en el fondo de esta iniciativa. Y el segundo propósito es para hacer con ustedes una reflexión sobre el método político que me parece nos permitiría llegar a un acuerdo político mayor.

Conviene ubicar la reforma que se necesita y se propone. En 1977 se estableció el sistema electoral y de partidos políticos que hoy tenemos. Con las reformas electorales de ‘89 y sobre todo las de 1994 y 1996, se consolidó este sistema, se prestigiaron las elecciones y fue posible alcanzar la alternancia pacífica del poder en el año 2000.

Con este cambio se cierra un capítulo de la vida política del país. El régimen político que prevaleció durante la mayor parte del siglo XX llegó a su fin, por lo tanto la tarea mayor, la tarea de mayor profundidad política pasa a ser la construcción de un nuevo régimen político que asegure el control social del poder, la representación de la pluralidad política del país y la efectividad del gobierno para responder a las principales demandas de la sociedad.

La reforma electoral anterior, la de 1996, fue un pacto entre el gobierno y los partidos políticos para conseguir la plena independencia del IFE y garantizar elecciones confiables. Fue una reforma importante, bien negociada, para mérito de quienes la condujeron desde el gobierno y los liderazgos de los partidos políticos. La reforma ayudó a la democracia y a la estabilidad.

Hoy estamos en un momento diferente. El arreglo institucional anterior se ha agotado, se requiere de nuevos equilibrios para tener una democracia legítima, representativa y eficaz. En el terreno de las elecciones la necesidad más urgente es controlar el dinero. Permítanme explicarlo.

¿Cuál es la situación actual? Tenemos un muy alto costo de la política; la política está costando hoy en México más que en cualquier otro país del mundo, con excepción de los Estados Unidos. Este alto costo de la política además creciente, lleva a las fuerzas políticas y a los candidatos a conseguir dinero de grandes grupos económicos del exterior o incluso de organizaciones que actúan fuera de la ley.

Ese momento conduce a que quienes son elegidos producto de estos compromisos, cuando llegan a los cargos del gobierno o de la representación popular, no pueden defender el interés público por los compromisos que establecieron.

Pero también lleva a introducir un elemento de ilegalidad en el proceso político, todo lo cual se refleja en dos problemas de fondo: Se debilita la autoridad y el estado de derecho por una parte y por otra parte, se acaba con la credibilidad de los ciudadanos en la política.

El propósito de la iniciativa de reforma electoral que presentamos, busca romper este círculo vicioso. ¿Cómo? Mediante un acuerdo político mayor que permita cambiar el sistema de financiamiento bajando el costo y de esa manera relegitimando todo el proceso político.

¿Cuál es la manera como vamos a lograr ambos propósitos? La reducción del costo de la política se logrará mediante los siguientes caminos: El primero, que sea sólo el IFE el que contrate los tiempos en la radio y la televisión; este es un factor central. El segundo, reducir los tiempos de las campañas: a tres meses la de presidente, a seis semanas la de diputados y senadores. Tercero, cambiar la formula de financiamiento con una reducción gradual; y cuarto, distinguir las elecciones presidenciales de las elecciones intermedias para que las elecciones que solo sean de diputados tengan un ahorro del 50%.

Si bajamos el costo de la política, estaremos corrigiendo de fondo del problema pero no es suficiente, se necesita fortalecer la capacidad de fiscalización y para ello estamos proponiendo fortalecer las facultades del IFE, suprimiendo el secreto bancario, permitiendo que solicite información de carácter judicial y que pueda recurrir a las contralorías tanto federal como de los Estados para hacer auditorías en los casos que correspondan. De lo que se trata, es que no haya nadie que quede fuera de la posibilidad de control.

La otra parte fundamental de nuestra iniciativa, es una propuesta de transparencia para el régimen de partidos. Nos parece que frente a los hechos que hemos observado en los últimos años y en los últimos meses, no podemos dejar de actuar en lo que toca a la transparencia de los partidos y también a la posibilidad de que a solicitud de los partidos, éstos puedan solicitar la intervención del IFE para la realización de sus procesos de selección, de dirigencia y de candidatos, cuando ellos, insisto, así lo soliciten.

Se trata pues, de un paquete, de un nuevo sistema que está a la vanguardia, lo que hay hoy en el mundo y que corrige precisamente los puntos que nos han demostrado que son los que están arruinando la legitimidad del sistema electoral y del sistema democrático del país.

Finalmente, permítanme hacer con ustedes una reflexión sobre el método político que conviene seguir.

Tenemos por una parte una iniciativa que ha enviado el Ejecutivo de reforma electoral; tenemos otras iniciativas como la que presentaron diputados de la CNC y tenemos esta iniciativa que como ustedes saben fue trabajada por diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios y fuimos los que preparamos este proyecto y que por lo tanto, ya trae tras de sí, un alto nivel de consenso.

A mí me parece que es fundamental, que podamos colocar todas las iniciativas que hay, también las de Convergencia, en una situación en donde haya un análisis objetivo de cada uno de sus puntos para separar todo aquello en donde ya haya acuerdo que es la mayor parte de las propuestas, de aquellos grupos delicados como el de la contratación de tiempos, exclusiva para el IFE que es fundamental, pero que no queremos que tense la relación y la negociación política en este momento. Si logramos eso, me parece que estaremos dando un paso fundamental.

El otro punto central, compañeras y compañeros diputados y diputadas es, ¿quién se va a llevar los méritos de esta reforma? Lo quiero decir con toda claridad. El proyecto no es de ninguno de nosotros, ustedes saben que en él participaron muchos, están los otros proyectos del Ejecutivo y de los diputados y hay otros proyectos en el Senado. Este debe ser un triunfo de todos los grupos parlamentarios, no vamos a sacar la reforma si no nos comprometemos todos con ella y tiene que se también, creo yo, por generosidad, un triunfo en el que participe el Ejecutivo Federal.

Si no somos capaces de sumar toda esa energía y esas fuerzas, no vamos a llegar a un acuerdo político final, si lo hacemos; me parece que estaremos aprovechando una gran oportunidad, porque esta reforma tiene dos virtudes: la primera, es que toca asuntos de fondo, los más urgentes en el país para definir reglas que permitan dirimir los conflictos de aquí a la sucesión Presidencial y la segunda, que es un tema que es reclamado por los ciudadanos; pocas veces nos encontramos ante la coincidencia de asuntos de fondo que son al mismo tiempo, asuntos demandados, reclamados por los ciudadanos.

Hagamos nuestro trabajo, aprovechemos la oportunidad y mantengamos la prudencia para sacar adelante esta gran reforma electoral, que mucho va a prestigiar a esta asamblea y que mucho va a prestigiar a la democracia mexicana. Muchas gracias.

-EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

EL DIP. JAVIER OROZCO GOMEZ: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas:

Para nadie resulta desconocido que la piratería es un fenómeno cada vez más frecuente y que paulatinamente adquiere mayores dimensiones, ya que se extiende a una gran variedad de productos que se comercializan de manera ilegal en el mercado, lesionando los derechos de autor y de propiedad industrial. Sin embargo, la piratería en la industria de las películas referida al caso de la comercialización ilegal de los formatos conocidos como videogramas o DVDs, adquiere particular importancia sobre todo por la facilidad con la que se está llevando a cabo y por las repercusiones negativas que genera en la industria cinematográfica nacional.

Esos productos que se comercializan en el mercado negro amenazan seriamente a la industria cinematográfica, ya que por su calidad en imagen y audio, sobre todo en el formato DVD, es prácticamente idéntico al producto original y sus costos de producción son considerablemente inferiores.

La piratería es un problema que repercute en todas y cada una de las etapas de la industria cinematográfica, que tradicionalmente se entiende conformada por las actividades de producción, distribución y exhibición, sin embargo a éstas deben agregarse otras fases, tales como: la renta o venta a través de soportes de VHS o DVD, transmisión por televisión en pago por evento que se lleva a cabo mediante master digital difundido por ondas hertzianas codificadas; difusión en televisión restringida a través de master digital difundido por ondas hertzianas codificadas y la transmisión en televisión abierta mediante master digital difundido por ondas hertzianas no codificadas.

La problemática esencial se centra, de acuerdo a los especialistas, en la existencia de los centros de mercado negro y las redes de distribución para videoclubs, que comercializan productos piratas incluso antes del día de estreno de las obras cinematográficas, desalentando desde luego la adquisición de las copias legalmente reproducidas, que no pueden competir en los costos que son inferiores a las que legalmente son vendidas.

Baste señalar que entre 1997 y 2003 esta actividad ilícita generó pérdidas en nuestro país por la cantidad de 388 mil millones de dólares, de acuerdo a las empresas distribuidoras nacionales y de acuerdo con datos de la Unidad Especializada contra los Delitos de Derechos de Autor y Propiedad Industrial, de la Procuraduría General de la República, el 46% de la industria del videograma se encuentra en manos de las bandas de piratería y contrabando.

Considerando esta problemática, en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó en la Cámara de Senadores una iniciativa de reformas al Código Penal Federal, para que al efecto de que se estableciera la persecución oficiosa de los delitos en materia de derechos de autor. Los argumentos de dicha iniciativa tienen que ver con la protección a la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5º constitucional, el respeto irrestricto al estado de derecho; las complicaciones que entraña la persecución por querella de los delitos en materia de derechos de autor y las ventajas de sus repercusiones económicas, y por último la obligación de México de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de propiedad intelectual, entre ellos el combate adecuado al fenómeno de la piratería.

Se comparte plenamente en la presente iniciativa, la necesidad de que la legislación vigente disponga que los delitos en materia de derechos de autor deben perseguirse de oficio, no obstante, debe también preservarse que sus autores sean considerados como miembros de la delincuencia organizada y sancionados en los términos de normatividad aplicable.

En efecto, la piratería involucra en su ejecución, a un considerable número de individuos que realizan sus actividades ilícitas en verdaderos laboratorios, que no son otra cosa que espacios habilitados para reproducir hasta 100 mil copias ilegales al mes, proveyendo a los comerciantes mayoristas, quienes a su vez distribuyen los productos a los vendedores ambulantes.

Es evidente que la piratería no puede concebirse como una actividad que realizan individuos en lo particular, sino que conlleva necesariamente la participación de diversos sujetos organizados en forma permanente, cuyas conductas específicas tienen por objeto la comisión de dicho ilícito; desde la obtención del equipo técnico necesario para reproducir ilegalmente los materiales cinematográficos, hasta la distribución a los vendedores al menudeo.

La estructura funcional de estas organizaciones delictivas asume, por así decirlo, la forma de una pirámide, en cuya cúspide aparece la situada, la jefatura, desde la que se pasa a las personas con funciones sectoriales de decisión y se distiende luego a quienes se pueden denominar mandos medios bajo los cuales se encuentan los ejecutores.

La delincuencia organizada es uno de los problemas más grandes que atraviesa la comunidad mundial por las grandes ganancias generadas por estas actividades.

En México, el delito de delincuencia organizada es un tipo penal básico y autónomo previsto en el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuyas características consisten en el acuerdo de organización, con la finalidad de cometer los delitos que se consideran como de delincuencia organizada y la formación de un grupo organizado para cometer en forma permanente o reiterada, conductas que unidas o separadas, tengan como finalidad o resultado, cometer alguno de los delitos que se consideran de tal especie.

Otra de sus características esenciales, es la explotación simultánea de los mercados ilícitamente abiertos y mantenidos por ella y de giros ilícitos de actividad en la industria, la prestación de servicios, el comercio y las finanzas.

De este modo observamos que en el caso de los delitos en materia de derechos de autor, referidos a la comercialización ilegal de videogramas y DVDs, se actualizan los supuestos del tipo penal de delincuencia organizada en virtud de que, además de los centros de reproducción ilegal de productos cinematográficos, existen organizaciones comerciales y vendedores que en conjunto, integran a redes de delincuencia organizada y que son capaces de distribuir producto pirata en grandes cantidades y llevarlo a cualquier rincón del país.

Atendiendo a lo anterior, resulta indispensable realizar las reformas legales que permitan combatir eficazmente un problema que cada vez reviste mayores dimensiones. Es por ello que la presente iniciativa que presenta el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, tiene por objeto que la comúnmente llamada piratería, en este caso en materia de comercialización de películas, se tipifique como un delito que debe ser perseguido de oficio por la representación social y cuyos autores deben ser considerados y sancionados como miembros de la delincuencia organizada.

Finalmente, la presente iniciativa propone ampliar los tipos penales a que se refieren los artículos 424 bis, fracción I y 424 ter del Código Penal Federal, para el efecto de que no sólo se contempla el formato de videograma como posible medio para comisión de los delitos en materia de derechos de autor, sino que se extienda a cualquier otro soporte o formato conocido por conocer, que se emplee para la comercialización de películas, con el propósito de evitar que determinadas conductas no pudieran ser calificadas como delitos, al no cumplirse todos y cada uno de los extremos previstos por la norma.

Por las consideraciones mencionadas, sometemos a esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 424 bis fracción I, 424 ter y se adiciona un segundo párrafo al artículo 429, todos del Código Penal Federal, asimismo, por lo que se reforman las fracción IV y V y se adiciona la fracción VI del artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Finalmente solicito a est mesa, se publique la presente iniciativa en el Diario de los Debates y también en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor Presidente.

Como lo solicita el señor diputado, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no se haya publicado y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado, don Federico Barbosa Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución General de la República.

En México se destruye la presencia del pasado, el vandalismo se da en los sitios y obras que carecen de protección. La insensibilidad o la ignorancia de quienes tienen la obligación de protegerlo, contribuyen a su devastación.

Aquellos que los mexicanos producen con su ingenio agrupado en un acervo que se transmitirá a las generaciones, forman el patrimonio común. Es además la clave para distinguirnos de cualquier otro pueblo por su individualidad y autenticidad. Protegerlo, es cuidar los testimonios de nuestra identidad.

Los mexicanos somos afortunados al contar con un país inigualablemente rico en la esencia cultural, la que estamos obligados a proteger de cualesquiera que sean las formas de deterioro o en el peor de los casos, de su destrucción.

El patrimonio cultural apareció como lógica consecuencia cuando definimos nuestro ser como elemento esencial de identificación indivisible e inalienable, con la obligación de conservarlo y acrecentarlo para transmitirlo a las siguientes generaciones. El patrimonio cultural de nuestra Nación, se fundamenta en el género de Constitución Política que nos rige, en lo que toca a su concepto de propiedad, pues de él depende su defensa y su preservación.

Con el fin de que los mexicanos protejamos la herencia cultural, es menester recordar que el patrimonio cultural no está constituido solamente por los testimonios del pasado: majestuosas construcciones prehispánicas, coloniales, las del siglo XVIII o los objetos en desuso que se almacenan en los depósitos de colecciones de los museos que parecen condenados al olvido, sino que se incluye el patrimonio vivo, el de las manifestaciones contemporáneas tangibles e intangibles.

No sólo los bienes producidos por las clases en posibilidades hegemónicas de poder forman el patrimonio, sino también todos aquellos que nacen como floraciones auténticas y naturales que emanan de lo más hondo del pueblo, también son patrimonio cultural.

Dentro de los agentes que participan en la defensa, rescate, conservación, restauración, difusión y uso del patrimonio cultural, sobresale el papel del Estado que ha desempeñado en la creación y mantenimiento de museos, en la conservación del patrimonio en custodia, así como de los monumentos arqueológicos e históricos. A pesar de ello, no podemos dejar a un lado los innumerables abusos y atentados que nuestra cultura ha sufrido, basta recordar los lamentables casos de Tlaxcala, de Puebla, Teotihuacan, Ixcateopan, Chichén-itzá o del Tajín, Morelos, entre otros.

Es importantísimo que los mexicanos tengamos respeto por nuestro pasado, una conciencia sólida, clara de lo que somos y hemos sido a través de más de 30 mil años, sólo así podremos valorar nuestro presente y sentar las bases de nuestro futuro como Nación.

No necesitamos, no debemos adoptar culturas con las que jamás tendremos identificación alguna y que lejos de enriquecer la propia, la lacera y de paso, deja en el abandono nuestra invaluable riqueza histórica de más de 30 siglos, de la cual somos depositarios para entregarlo a las siguientes generaciones.

La importancia que el Estado Mexicano ha conferido a la preservación de monumentos arqueológicos y artísticos, se expresó desde los inicios del siglo IX, cuando apenas fundada la República, se legisla prohibiendo la exportación de dichos bienes.

Es necesario voltear la vista a nuestra riqueza, es importante no permitir caer en el falso egoísmo de solamente admirar, sin asumir la responsabilidad con quienes nos habrán de suceder, de proteger y valorizar su futura identidad nacionalista.

El patrimonio cultural y la soberanía, son elementos de la historia nacional, se retroalimentan y son elevados valores ideológicos, los que se constituyen en pilares sustantivos y continentes de nuestra identidad, de ahí que el menor esbozo de agravio o afectación en contra del patrimonio cultural de la Nación, se traduce en atentado contra de una de las fibras más sensibles de la sociedad: el nacionalismo mexicano.

Compañeros legisladores, la expresión de lo mexicano a través del tiempo, es un tema prioritario para nosotros; el rescate de los más altos valores que nos identifican, que nos unen, que nos enorgullecen, deben ser abordados en esta tribuna.

Nuestra identidad mexicana surge cuando se le da valor a lo interno, a lo más hondo y profundo de nuestro ser, lo mismo en arquitectura que en música, que en pintura o en literatura, lo que nos diferencia de otros pueblos, nos dan dignidad y nos dotan de elementos sustantivos para desarrollar la mexicanidad.

Hoy, desde este honorable recinto, expongo a ustedes no sólo razones jurídicas, expongo también anhelos, aspiraciones y sentimientos del pueblo de México, argumentos que cobran valor cuando observamos el esplendor de nuestra patria, cuando miramos la realidad y no podemos dejar de sentirnos orgullosamente mexicanos.

Cómo pensar en sustituir en la filosofía el sentido ideológico de nuestra realidad, cómo sustituir en la egregia pintura mexicana la de Diego, la pluma de Sor Juana, la inspiración de José María (?) Mora, el ideario de Zapata, Villa, Morelos, Vallarta, Juárez, Hidalgo, Guerrero y Leona Vicario. El colorido de las cajas de Olinalá, la originalidad de los títeres de Huamantla. Cómo callar el canto del tarasco, del mixteco, del huichol, del tarahuamara, cómo olvidar la Guelaguetza.

Cómo no vibrar a nuestra bandera y entonar el Himno Nacional, cómo demoler de nuestra memoria Teotihuacán, Chichén Itzá, Tulúm, Monte Albán, Cacaxtla, el edificio de Corres, la Victoria Alda, el esplendor colonial de los centros históricos de los estados.

Cómo desdeñar a Chávez Morado, Desiderio Hernández, Ochitiochi (?), Toledo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Arturo Dimet, Federico Silva, Frida Kahlo, Obregón, Pita Amor o Carlos Monsivais, entre otros mexicanos, dedfensores y promotores de la identidad nacional.

Compañeras y compañeros legisladores, no debemos olvidar que la cultura mexicana no es propiedad de un gobierno, es el pueblo mismo, por lo anteriormente expuesto es que me permito presentar a esta soberanía la presente iniciativa que reforma y adiciona el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional la preservación del patrimonio cultural de la nación, patrimonio colmado de exquisitez artística e histórica, que ya no solamente le pertenece a los mexicanos sino a la humanidad, y por ende mantenerlo y vigilarlo bajo circunstancias tangibles es nuestra obligación.

Así se propone adicionar un párrafo noveno al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:

El patrimonio cultural mexicano conformado por los monumentos y zonas arqueológicos, históricos y artísticos, así como diversas expresiones artísticas y culturales, tangibles e intangibles, serán considerados propiedad de la nación conforme lo determine la ley reglamentaria.

El Estado en todo momento hará lo conducente para rescatarlo, protegerlo, preservarlo y conservarlo en beneficio del pueblo de México.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma la fracicón XX del Artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

-LA C. DIPUTADA IRMA S. FIGUEROA ROMERO: Con su venia señor presidente. Compañeros y compañeras diputados. La suscita integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

Desde hace casi tres décadas hemos vividos en el país unas series de crisis económicas recurrentes, que han sido producto de diversas causas, tanto internas y estructurales como de origen internacional, lo que ha obligado a los sucesivos gobiernos al análisis permanente de sus políticas fiscales, con el objetivo por un lado de aumentar la base gravable y la recaudación de impuestos y por otro lado con el motivo extra de controlar y suprimir las situaciones que en los cobros hacendarios pudieran a considerarse de privilegio o susceptibles para la evasión de impuestos por algunos sectores de la sociedad.

Bajo la anterior premisa en el año de 1990 por iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta en su inciso IV del artículo 125, eliminando la entonces existente posibilidad de deducción de los consumos de alimentos en restaurantes, situación que permaneció vigente hasta el año 2002.

Como resultado directo de la aplicación de la normatividad señalada en la industria de restaurantes y alimentos condimentados, registró un impacto muy negativo en su productividad y ventas, lo que obligó en el periodo del tiempo señalado al cierre de miles de restaurantes en toda la República y a la consecuente pérdida de miles de empleos directos e indirectos como consecuencia de esa medida.

Ante la situación provocada por la eliminación de la deducibilidad en los gastos de alimentación en restaurantes, la cual por cierto no se aplicaba en el consumo de bebidas alcohólicas, ni en bares, ni salones de baile y la cual tuvo como principal argumento y motivo de aplicación, el combatir los supuestos abusos y excesos que algunos empresarios y otros grupos de contribuyentes hacían de esta deducción en beneficio propio, de sus familias e incluso, para ocultar eventos de índole social.

La industria restaurantera como ya se ha señalado, se vio obligada al cierre de miles de establecimientos con el consiguiente daño a los empleados, proveedores y vendedores de un gran número de insumos y la Secretaría de Hacienda no tan solo dejó de recaudar los impuestos por concepto de ventas, servicios, Impuesto al Valor Agregado y los relativos a las personas que perdieron sus empleos, sino que además se redujeron el número de las personas que solicitaban facturación en sus consumos de alimentos, dando lugar a que se evadiera el pago de impuestos respectivo.

El sector restaurantero vive hoy en día una subutilización de su capacidad instalada de entre 30 al 35% al respecto. Ellos han mencionado en diversos foros que cualquier política que coadyuvara a resolver esto y es el caso que nos ocupa, el de la deducibilidad, tendría como consecuencia casi inmediata, la generación de más de 100 mil empleos. Se requiere hacer en México y en todos los sectores, un país más competitivo, con reglas claras y específicas que le permitan contar con los elementos suficientes, con un régimen fiscal adecuado a la modernidad y a las necesidades contemporáneas.

El objetivo de la reforma de ley que hoy presentamos tienen como una de sus metas otorgar los elementos legislativos y normativos que permitan contribuir a hacer de la industria restaurantera un sector más competitivo y moderno que colabore como detonante para el desarrollo no sólo de este sector, sino de toda la economía y que constituya asimismo un impacto positivo en el equilibrio de los gastos del contribuyente, sin que por supuesto y de ninguna manera, se desequilibren las finanzas públicas, toda vez que los impactos por un mayor consumo en restaurantes, la consiguiente generación de empleos, el pago del Impuesto al Valor Agregado, la generación de empleos indirectos, la mayor facturación y otros factores positivos, aportarán mayores recursos al Estado, mejor fiscalización, fiscalización administrativa.

Por lo anterior los recursos que se dejarían de percibir por el incremento de un 25% de deducibilidad, tal y como pretendemos con esta iniciativa de ley, serían significativamente menores a los beneficios fiscales y económicos que recibiría el Estado.

Consideramos que las acciones derivadas de las propuestas resultantes de esta reforma, servirán para propiciar la inversión productiva nacional y extranjera y será generadora de empleos y que como objetivo primordial contribuirá a la ya urgente reactivación de la economía nacional. Estamos seguros que con la reactivación de esta importante industria, la restaurantera, y el consiguiente incremento en el padrón de contribuyentes, se ayudará a la reactivación global de trabajo y fomentará la captación de impuestos y evitará la informalidad de este importante sector, lo cual pudiera reforzarse con medidas en la ley tendientes al fomento del empleo y al incremento de la planta laboral, las nuevas inversiones al capital de trabajo y al capital extranjero que no sea de instrumentos financieros.

La deducibilidad ofrece un inmediato impacto favorable en la reactivación del mercado y en el desarrollo de cadenas productivas y, por ende, un incremento en los ingresos fiscales.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, ha expresado en los últimos años que si tan solo la mitad de los establecimientos contrataran un empleado más como resultado del incremento en sus ventas, al aceptarse una mayor deducibilidad, esto implicaría 110 mil nuevos empleos, a los que habría que sumar los indirectos resultantes de esta política, los cuales pagarían diversos impuestos no tan solo al IVA.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar de la siguiente forma.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el inciso 20 del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Unico. Se modifica el inciso 20 del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 32. Para los efectos de este título no serán deducibles del 1 al 19 y se modifica el inciso 20, quedando como: el 50 por ciento de los consumos de restaurantes.

Artículos transitorios. Primero. este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esta iniciativa, además de contar con la firma de su servidora, también cuenta con las firmas de los diputados y diputadas integrantes de la Subcomisión de Promoción Turística. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Fiscal de la Federación.

EL C. DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: En México se vive hoy una profunda crisis de la política y la credibilidad de los políticos.

Los escándalos, los hechos violentos y las evidencias de corrupción de algunos actores indignan a la sociedad y cancelan la credibilidad en las instituciones y los procesos de participación política.

El alto porcentaje de abstención que caracterizó al último proceso electoral y el rechazo abierto de la ciudadanía a confiar en las personas vinculadas a la actividad pública son signos preocupantes que ponen en riesgo la transformación democrática, única fuente de legitimidad de un gobierno.

En este contexto de desencanto ciudadano y hartazgo ante la desviación del ejercicio político es indispensable restablecer la confianza de la población en el poder de su sufragio. Tenemos que hacerlo fortaleciendo la legalidad y credibilidad de nuestras instituciones.

La iniciativa de reforma electoral que pongo a la consideración de esta soberanía no parte de la nada. La reforma electoral de 1996 concretó un esfuerzo de actualización de la normatividad que regula los procesos electorales, lo que llevó al fortalecimiento del sistema de partidos, a una mayor equidad en la contienda y a una notoria independencia y autonomía del organismo electoral.

Este esfuerzo, si bien sitúa a México como una democracia moderna y alentó la incorporación de nuevos actores y organismos interesados en la construcción de un país más democrático, es ya insuficiente para responder a las nuevas circunstancias en que se realiza el proselitismo político.

Necesitamos modificar sustancialmente los contenidos y formas de nuestro lenguaje político. Ante la complejidad de la vida política y social de México, se requiere fortalecer las bases de legitimidad de la actividad política.

Los ciudadanos demandan hoy, una mayor transparencia y honestidad en el ejercicio de los recursos públicos destinados a los partidos políticos; reclaman también que en un país con tantas carencias económicas como el nuestro, se reduzcan los recursos financieros destinados a las campañas electorales y se regule el gasto en los medios de comunicación para que el resultado no sea el triunfo de la mercadotecnia, sino el de las ideas contenidas en las propuestas electorales.

En ese sentido, la presente iniciativa de reforma electoral, tiene el propósito de fortalecer nuestro sistema democrático y legitimar el ejercicio de la política como una práctica útil que sea al servicio de la sociedad.

La corrupción de la actividad política y el dispendio de los recursos públicos en los procesos electorales, lastiman y agravian a la sociedad y llevan a planteamientos apresurados que proponen la desaparición del sistema de partidos, olvidando que los principios democráticos son el eje sobre el cual gira la vida de las sociedades modernas. Su cancelación nos lo muestra la historia, implica anarquía que se expresa en violencia, desolación e incertidumbre.

Los once apartados que conforman la iniciativa de reforma electoral que propongo a esta soberanía, contemplan: La reglamentación de las precampañas, la reducción del tiempo de la campaña presidencial y los gastos de la misma, las sanciones a los candidatos y/o partidos que rebasen los topes a los gastos de campaña, la restricción de la difusión de los programas gubernamentales y la regulación del gasto electoral en los medios de comunicación.

Se refiere asimismo, a la colocación de la propaganda electoral, los mecanismos para que los partidos que pierden su registro regresen los bienes adquiridos con dinero público, la rendición de cuentas de los partidos nacionales, la prohibición para que los Consejeros Electorales del IFE ocupen cargos de elección popular y partidistas, así como la Administración Pública Federal, en plazo determinado, la ampliación de las facultades fiscalizadoras de este Instituto y la revisión del marco jurídico que regule el funcionamiento de las agrupaciones políticas nacionales con objeto de hacerlas más útiles en el impulso de los valores y conductas democráticas.

Partimos del principio de que los procesos electorales deben de ser creíbles, transparentes y equitativos, con reglas claras que no dejen lugar a dudas sobre los resultados y, sobre todo, que sean instrumento fundamental para la transformación económica, política y social de México.

La incertidumbre y la confusión política deben encontrar una respuesta en el Congreso.

A las voces que se alzan demandando la cancelación de espacios y oportunidades políticas alegando el alto costo de la democracia, no podemos oponer la indiferencia. La incongruencia y el engaño han lesionado su confianza. Nos alcanzaron los tiempos del hartazgo en la política y en los políticos y no podemos simular que nada pasa.

Estamos en un momento crucial. Evitemos que la descalificación se convierta en fractura social y realicemos los cambios pertinentes a la normatividad electoral. Esto supone la definición e instrumentación de medidas que eliminen las sospechas en torno a la utilización de los recursos públicos y privados en las precampañas y campañas políticas. Implica también racionalizar los recursos financieros destinados a la actividad político-electoral, pues su dispendio resulta ofensivo para un país con tantas necesidades económicas como el nuestro.

De ahí que sea indispensable no sólo reducir los montos asignados como prerrogativas legales, sin incorporar mecanismos efectivos para el control de los gastos.

La credibilidad en los procesos electorales tiene que ver también con la revisión de cuentas de los partidos políticos. La sociedad tiene derecho a saber cómo se gastan los recursos públicos.

En esta iniciativa las sanciones efectivas a los candidatos y partidos políticos que rebasen los topes de campaña envían un mensaje a la sociedad en el sentido de que los triunfos electorales los deben determinar los proyectos, no los presupuestos.

Un aspecto esencial en este apartado tiene qué ver con el gasto electoral, el IFE reporta que en México los partidos políticos nacionales destinan el 50 por ciento de sus prerrogativas a la compra de espacios publicitarios para promover a sus candidatos, mientras estudios independientes señalan que ocupan hasta dos terceras partes de su presupuesto en este rubro. Esta circunstancia vulnera las condiciones de equidad y da ventaja a quienes tienen más recursos o más patrocinio.

Es importante también que evitemos que el patrimonio de un partido político nacional que pierde su registro quede a favor de una persona física o moral. De igual manera esta iniciativa contempla establecer, como obligación de los partidos políticos nacionales, publicar cada seis meses el informe financiero sobre el origen y destino de sus recursos, así como mostrar en su página de Internet, de manera permanente, sus documentos básicos.

La ampliación de las facultades fiscalizadoras del Instituto Federal Electoral y la certeza en el ejercicio de esta función, ¡implica eliminar el secreto bancario en la utilización de los recursos públicos realizado por los partidos políticos, agrupaciones y asociaciones de carácter político, con el objetivo de detectar posibles comisiones de ilícitos en el origen y destino de estos recursos!

La impunidad no puede seguir siendo el signo de estos tiempos, se requiere dar certeza al ejercicio de la función fiscalizadora de los órganos electorales. Por conveniencia, por principios, por simple racionalidad, es necesario rescatar los valores de la democracia y recuperar el sentido de dignidad del quehacer político.

Este es el espíritu de los principios de la iniciativa de reforma electoral que hoy ha presentado para su estudio, discusión y dictamen a esta honorable Cámara de Diputados. Espero que este esfuerzo coadyuve, como lo es la iniciativa presentada el día de hoy por el diputado José Alberto Aguillar Iñárritu, el diputado Emilio Zebadúa, el diputado Camacho Solís y otros más compañeros, a la que expreso mi simpatía, coadyuve a la perfección de los instrumentos democráticos que este país necesita para asegurar sus libertades y para garantizar su gobernabilidad como país libre, independiente y soberano.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, señor Diputado.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Proceda la Secretaría a dar lectura a las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

(Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a la baja

propuesta en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social del ciudadano

(Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a la

(Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a los siguientes cambios:

La ciudadana diputada Angélica de la Peña Gómez causa baja de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

El ciudadano diputado Tomás Cruz Martínez causa baja de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo y alta en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

El ciudadano diputado Abdallán Guzmán Cruz causa baja de la Comisión de Pesca)

(Oficio de la Junta de Coordinación Política, sobre la baja del C. Dip. Leonardo

Señoras y señores Legisladores: El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha solicitado se incluya en la orden del día un minuto de silencio en memoria del aniversario luctuoso del señor licenciado don Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Instruyo a la Secretaría consulte primero a la asamblea si se incluye en el orden del día, toda vez que no estaba marcada en la Primera Lectura.

-SECRETARIA, DIP. MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta la asamblea si es de aceptarse la proposición el Grupo Parlamentario del PRI.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

El siguiente punto del orden del día es el capítulo de dictámenes a discusión y es la discusión del dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Bienes Nacionales.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

-SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Julián Angulo Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre de la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Señoras y señores Legisladores: Mi intervención es para poner a consideración de esta honorable asamblea el dictamen con Proyecto de Ley General de Bienes Nacionales emitido por la Comisión de Gobernación.

El propósito de la Ley General de Bienes Nacionales es preservar, proteger y brindar seguridad jurídica a los bienes que integran el patrimonio nacional.

El dictamen que hoy se somete a su consideración abroga la vigente Ley General de Bienes Nacionales que data de hace más de dos décadas.

El 14 de diciembre del 2002 el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados iniciativa con Proyecto de Ley General de Bienes Nacionales, la cual es turnada en la misma fecha a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con opinión de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El 24 de abril del 2003, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por mayoría de 351 votos en pro, 1 en contra y 44 abstenciones.

El 29 de abril del 2003 la Cámara de Senadores recibe la Minuta y la turna para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Estudios Legislativos y de Educación y Cultura.

El 12 de diciembre del año 2003, el pleno del Senado aprobó el dictamen con 93 votos a favor y 1 en contra.

El 15 de diciembre del 2003 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Gobernación la Minuta para su estudio y dictamen.

El pasado 15 de marzo de este año, en sesión plenaria de la Comisión de Gobernación es aprobado por unanimidad el dictamen favorable con proyecto de Ley General de Bienes Nacionales, en el mismo sentido de la Minuta del Senado.

La regulación del patrimonio nacional se realiza con un enfoque integral, señalándose expresamente cuáles son los bienes nacionales y el régimen jurídico al que están sujetos.

Se precisan las atribuciones que corresponde ejercer a las dependencias administradoras del inmueble, lo cual evita vacíos de atención y duplicidad de acciones.

Se clarifican las normas a que se encuentra sujeto el patrimonio de las entidades paraestatales.

Se establece el reconocimiento como bienes nacionales, de los bienes inmuebles y muebles propiedad de los organismos constitucionalmente autónomos así como la precisión sobre la regulación a los que están sujetos. Destacan las facultades que se confieren a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación para adquirir, regular, administrar y enajenar inmuebles así como la creación de un sistema de administración y de un sistema de información sobre inmuebles de la Federación y de las Entidades Paraestatales.

La existencia del régimen de Dominio Público de la Federación, brinda sin duda una mayor protección a los bienes nacionales, ya que bajo este régimen los bienes son imprescriptibles e inembargables. Pueden recuperarse por la vía administrativa, sólo pueden enajenarse si ya no son útiles para el servicio público o no son de uso común, previo acuerdo administrativo.

Su aprovechamiento por particulares, cuando ello proceda y no esté prohibido por la propia Ley.

Tiene una regulación especial que tiende a protegerlos y darles un uso óptimo, las autoridades tienen la facultad para dictar disposiciones administrativas que demanden su conservación, protección, vigilancia y aprovechamiento.

Se regula de forma más completa diversos aspectos que tienen que ver con la protección y administración de los inmuebles federales, como lo relativo a su conservación y mantenimiento y al procedimiento administrativo para recuperarlos cuando estén ocupados indebidamente.

Cabe destacar las disposiciones que tienden a simplificar trámites en beneficio de la administración eficiente y oportuna de los bienes como aquellas relativas al uso de inmuebles federales por instituciones públicas a las que se les destinan y a los actos de disposición de muebles e inmuebles de la Federación.

En conclusión, señoras y señores Diputados, de aprobarse este Dictamen por el que se abroga la vigente Ley General de Bienes Nacionales, estaríamos modernizando el marco jurídico en lo relativo a la administración eficiente del patrimonio nacional y proporcionando mayor claridad conceptual para estar en condiciones de responder a la realidad que hoy presenta el país.

En virtud que no se han registrado oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si el Dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

-EL C. SECRETARIO DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea, si el Dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Para los efectos del Artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del Proyecto de Decreto en un solo acto.

-EL MISMO C. SECRETARIO. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

Ciérrese el sistema electrónico. Darle sonido a la curul 310 de la diputada Lilia Isabel Aragón del Rivero. Adelante diputada… Afirmativo.

Gracias. Señor Presidente. Se emitieron 427 votos en pro; uno en contra y una abstención.

- EL C. PRESIDENTE: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 427 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Bienes Nacionales. Pasa al ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 32; el segundo párrafo del artículo 33; y el artículo 36, y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, recorriéndose el orden de los subsecuentes, del artículo 32 de la Ley General de Protección Civil.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

- LA C. SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

Gracias. Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

- EL C. PRESIDENTE: Se le dispensa la lectura. Tiene la palabra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Hago uso de esta tribuna en representación de la Comisión de Gobernación, para fundamentar el dictamen a discusión, que se somete en este momento, mediante el cual se emite un proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 32; el segundo párrafo del artículo 33 y el artículo 36; y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, recorriéndose el orden de los subsecuentes, del artículo 32 de la Ley General de Protección Civil.

El dictamen que nos ocupa es de suma importancia para todos los compañeros diputados, proviene de una minuta del Senado de la República derivada de una iniciativa presentada con fecha primero de abril del 2003, por conducto de la senadora Leticia Burgos Ochoa, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Fue turnado a esta Comisión para su análisis y dictamen.

El tema consiste en reformas a la Ley General de Protección Civil para la agilización de recursos del Fondo de Desastres Naturales, coloquialmente denominado FONDEN.

Quiero señalar en primer término, que en este dictamen se recogieron las participaciones de varios compañeros diputados de esta Legislatura, me refiero a Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; Quintín Vázquez García, del Revolucionario Institucional; Marcos Morales Torres, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Antonio Ramírez Pineda, del Revolucionario Institucional; Alejandro Agundis Arias, del Verde Ecologista; Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional e Israel Tentory García, del Partido de la Revolución Democrática.

Cada uno de ellos ha externado en esta tribuna un común denominador: Agilización en la entrega de los recursos en caso de desastres naturales por parte del Ejecutivo Federal.

Este dictamen demuestra que sí podemos trabajar en conjunto, este dictamen recoge observaciones de CONAGO; observaciones de diputados de esta Legislatura, de senadores e inclusive en total coordinación con el Ejecutivo Federal; a quien le tocará cumplimentar este decreto.

El origen, la mística de este dictamen parte del principio de inmediatez, es un absurdo que ante la presencia de un desastre natural, la burocracia le gane a las necesidades que hay que solucionar de un pueblo o una entidad en desgracia.

Única y exclusivamente había reglas de operación interna, reglas de carácter administrativo, reglas emitidas por la Secretaría de Gobernación; ahora los plazos están previstos en una ley. Se disminuye de 45 días hábiles a 27 días hábiles el plazo para la entrega de los recursos; consiste a grandes rasgos de dos momentos:

El primero de 12 días naturales para que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre correspondiente. Quiero hacer mención que actualmente ese plazo oscila alrededor de los 30 días hábiles, se reduce de una manera muy significativa.

Por otra parte, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, tendrá la autoridad un plazo máximo de 30 días naturales para la entrega de los recursos correspondientes. Se prevé a su vez sanción a aquél servidor público que injustificadamente detenga esos recursos que son básicos, que son indispensables para la solución de un problema de emergencia de desastre natural.

Quiero por último hacer mención, un tema que es tarea pendiente de esta Cámara de Diputados, el fondo previsto para el 2004, es única y exclusivamente de 250 millones de pesos. Para que se den una idea en el 2001, hablábamos de cerca de 4 mil millones de pesos para este fondo.

Es un fondo que obviamente se va agotar, se señala la obligación para que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y atendiendo la Ley de Presupuesto de Egresos, emanado de este Órgano Legislativo, se transfieran los recursos de acuerdo a las necesidades, pero debemos de tener claro que es necesario incrementar el Fondo de Recursos de Desastres Naturales; son situaciones de emergencia y la sociedad requiere y reclama una atención de sus gobernantes.

Espero que este dictamen sea aprobado por unanimidad por esta Honorable Cámara de Diputados. Por su atención, muchas gracias.

-EL PRESIDENTE: Gracias diputado. En consecuencia está a discusión el dictamen en lo general.

En virtud de no registrarse oradores, consulte la Secretaria a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

-LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Gracias. Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-EL PRESIDENTE: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

De viva voz nos registrarán la votación, la diputada Lilia Isabel Aragón del Rivero.

Señor Presidente, se emitieron 429 votos en pro, cero en contra y 3 abstenciones.

EL PRESIDENTE: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por 429 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el Primer Párrafo del artículo 32, el Segundo Párrafo del artículo 33 y el artículo 36 y se adicionan los párrafos 2º, 3º, 4º y 5º, recorriéndose el orden de los subsecuentes del artículo 32 de la Ley General de Protección Civil.

Se devuelve al Senado para los efectos del inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se deroga la Fracción I del artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

LA SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESÚS AGUILAR MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

En consecuencia, tiene la palabra la diputada María Sara Rocha Medina, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Compañeras diputadas y diputados: En esta ocasión hago uso de esta tribuna para poner a consideración de ustedes el dictamen con proyecto de decreto que deroga la Fracción I del artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado por la Comisión de Gobernación por unanimidad.

El objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal.

El dictamen que hoy se somete a su consideración propone derogar la Fracción I del artículo 22 de la ley en comento, a fin de que sea necesario el consentimiento de los individuos para proporcionar datos personales como son: los estados de salud físicos o mentales.

El 19 de julio del 2003 el senador Xicoténcatl Marco Antonio Reinoso, del grupo parlamentario del PAN, presenta al pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de ley, por el que se deroga la Fracción I del artículo 22 de la Ley General de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

En esta fecha es turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. El 24 de abril del 2003, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó, de manera unánime, por 82 votos a favor, el dictamen emitido por las comisiones.

El 28 de abril de 2003, la Cámara de Diputados recibe el expediente que contiene la Minuta, turnándosele a la entonces Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

El 15 de marzo del 2004, en sesión plenaria de la Comisión de Gobernación, es aprobado por unanimidad el dictamen. En oposición de la dictadora no debe haberse publicado la información relacionada con los datos personales en materia de estados de salud físicos o mentales, sin el consentimiento de los individuos a que haga referencia, debido a que su publicación puede constituir una invasión a la privacidad, violentando el derecho a la intimidad de los pacientes.

Por ello, es que sometemos a su consideración y aprobación de que sea favorable el dictamen de referencia, en cual se derogue la fracción I del artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En consecuencia está discusión en lo general y en lo particular, el artículo único del Proyecto de Decreto.

En virtud de no registrarse oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del Proyecto de Decreto.

LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto, señor Presidente.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del Proyecto de Decreto.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo

En consecuencia se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.

LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.

Diputados que registraran de viva voz, la diputada Lilia Isabel Aragón del Rivero

LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: La diputada Concepción García.

LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: El diputado Gómez Morín.

LA SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Señor Presidente, se emitieron 414 votos en pro, cero en contra y 4 abstenciones.

EL PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO: Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto pro 414 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción I del artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Tiene el uso de la palabra al señor diputado don Eduardo Espinoza Pérez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

EL C. DIPUTADO LUIS EDUARDO ESPINOZA PEREZ.- Con su permiso, señor Presidente.

Paso a esta tribuna para presentar el dictamen proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, emitido por la Comisión de Gobernación.

El propósito de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas, es determinar las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado de aquellas personas que por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas que la misma establece.

Es imperativo reconocer la labor y el mérito de aquellos y aquellas que con su trabajo y actividades, signifiquen un ejemplo a seguir en las distintas áreas a las que se refiere esta ley.

El dictamen que hoy se somete a su consideración, tiene el objetivo, tanto de modernizar la ley vigente, así como de establecer nuevos premios y distinciones para otorgarlos.

El proceso legislativo que nos permitió arribar a la aprobación de esta iniciativa fue el siguiente:

El 29 de abril del 2002, los senadores Erick Luis Rubio Martell y el senador Ismael Hernández Meraz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a efecto de crear cuatro premios y distinciones. En esa misma fecha, fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos de el Senado de la República.

El día 24 de abril del 2003, el dictamen se puso a consideración del pleno de la Cámara de Senadores y fue aprobado de forma unánime por 80 votos a favor.

El 28 de abril del 2003, la Cámara de Diputados recibe la minuta, misma que fue turnada a la entonces Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para su estudio y dictamen; asimismo, la iniciativa presentada por el diputado Francisco Luis Treviño Cabello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que reforma diversos artículos de la misma ley.

El 11 de febrero del 2004, en sesión plenaria de la Comisión de Gobernación, los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Jesús González Shmall, del Partido CONVERGENCIA, presentaron propuestas para modificar esta minuta.

El 15 de marzo de ese mismo año, en sesión plenaria de la Comisión de Gobernación y en virtud de que la minuta y la iniciativa se relacionan con la misma ley, fue aprobado el dictamen por unanimidad.

La Minuta actualiza el marco jurídico al fin de cambiar la nomenclatura del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana por el Instituto Mexicano de la Juventud así como la nomenclatura del Instituto Nacional Indigenista por Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios.

Se establece que la edad para recibir el Premio Nacional de la Juventud quede comprendida entre los 12 y 29 años de edad.

Se establece que el Premio Nacional de la Juventud se otorgará en las siguientes distinciones:

Se va a sustituir el Consejo de Premiación en lo referente al Premio Nacional de la Juventud, a la Secretaría de la Reforma Agraria por la Secretaría de Desarrollo Social.

Por todo lo anterior, es que ponemos a su consideración el dictamen que ha sido aprobado por unanimidad en la sesión plenaria de la Comisión de Gobernación.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. En virtud de que no hay oradores registrados para la discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

-EL C. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

Para los efectos del Artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por seis minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.

-EL MISMO C. SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por seis minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

-EL C. PRESIDENTE: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 419 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El siguiente Capítulo del Orden del Día es proposiciones de los señores legisladores.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Quintín Vázquez García del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para una proposición con Punto de Acuerdo para garantizar la aplicación de las normas ecológicas de la SEMARNAT, en el plan de abandono y cierre del vertedero de desechos sólidos de Matatlán, municipio de Tonalá, Jalisco.

. DIP. QUINTIN VAZQUEZ GARCIA: Proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas ecológicas de la SEMARNAT, en el plan de abandono y cierre del vertedero de desechos sólidos de Matatlán, ubicado en el municipio de Tonalá, Jalisco, que presentamos a este Honorable Pleno, con el respaldo de la fracción parlamentaria del Estado de Jalisco, de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Jacqueline Arguelles.

Hago referencia a la información vertida por un grupo de ingenieros interesados en el tema y que presentaron bajo el título de Manejo de Residuos Sólidos Municipales en la Zona Metropolitana, donde se establecen algunas consideraciones que reflejan la gran problemática en el manejo de los residuos sólidos de Guadalajara.

Producimos en conjunto 5 mil 423 toneladas aproximadamente diarias de basura, 54% de Guadalajara; 31% de Zapopan; 9% de Tlaquepaque y 6% en Tonalá. Poco más de 4 mil de estas mismas toneladas se reparten entre el antiguo vertedero controlado de Coyula en Matatlán; el nuevo relleno sanitario Los Laureles; ambos ubicados en el municipio de Tonalá y el nuevo relleno sanitario metropolitano Los Picachos, en Zapopan, por cierto todo un fracaso y que si no se atiende a la brevedad, será un enorme foco de contaminación similar al de Matatlán.

La falta de atención a los compromisos suscritos y a la negligencia de las autoridades, han provocado un problema ecológico que requerirá de muchos recursos económicos para poder resarcir el daño.

Se han efectuado diversas visitas al vertedero donde se han constatado muchos problemas que son urgentes a atender. El subsuelo y el área que rodea al vertedero de Matatlán, presenta impactos de contaminación originados directamente por los residuos del tiradero. Debido a la ausencia de una legislación específica en la materia, ha ocasionado un sinnúmero de problemas; recordemos que Matatlán inició su función sin una normatividad; comenzó a recibir los desechos domésticos, pero ahora se están mezclando con diversos materiales pesados.

No se construyó una planta de tratamiento para conducir los lichiviados, ni cuenta con una superficie impermeable que reciba de manera adecuada los desechos. Lo lichiviados contaminan los mantos friáticos y principalmente el río Santiago.

Matatlán presenta dos daños principales: el primero es la contaminación al suelo y a los mantos friáticos por la infiltración de los lichiviados. El segundo es por la contaminación visual y de los olores, así como la afectación humana por no estar realmente los sitios como la normatividad obliga.

Catus (?) es una empresa que logra la concesión en 1994 iniciando operaciones en febrero de 1995, en un terreno con una extensión de 47 hectáreas, de las cuales 42 están cubiertas por residuos; recibe 1400 toneladas de basura y produce 1280 litros de lichiviados por hectárea por día aproximadamente.

Por el orden de 1200 familias dependen del trabajo de los pepenadores que laboran en el mismo, siendo uno de los puntos importantes a cuidar en la propuesta del plan de abandono.

Desde 1999 se acepta el cierre del vertedero sin resultados positivos a la fecha

Aun a pesar de las recomendaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, de cerrar al vertedero de Matatlán. Sin embargo, éste sigue operando sin expectativas claras de cuándo se iniciarán los trabajos del Plan de Abandono.

El secretario estatal fue enérgico y señaló que el vertedero tenía que cerrarse a la brevedad, reconociendo que hacen falta las obras de cierre como la preparación de una importante cantidad de pozos para el monitoreo de los lichiviados y otras serie de pozos para captar y ventilar el biogas que se genera al interior de los vertederos.

Qué incongruencia del funcionario quien en las últimas semanas manifiesta todo lo contrario y establece que al vertedero le quedan muchos meses más de operación. Es urgente tomar cartas en el asunto y obligar a Casus (?) la presentación presentación formal y oficial ante SEMARNAT del Plan de Abandono del vertedero y la canalización de los recursos económicos necesarios para su cumplimiento; que no siga corriendo la imaginación de muchos que se mantiene el vertedero por un solo interés económico.

Con base en los antecedentes antes mencionados, solicitamos a este Honorable Pleno, se autorice el turno a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y de Desarrollo Metropolitano, la siguiente propuesta con los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se solicite a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, elaboren un diagnóstico de las condiciones que guarda el vertedero de residuos sólidos de Matatlán, ubicado en el municipio de Tonalá, Jalisco.

Segundo. Se realice una visita por parte de las comisiones y las dependencias antes aludidas para constatar las condiciones que guarda dicho vertedero.

Tercero. Se solicite a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del estado de Jalisco el proyecto de plan de abandono que se dice integró para verificar si cumple con la normatividad y requerimientos necesarios para regenerar la zona dañada y además sea sancionado por la Semarnat.

Cuarto y último. Se notifique al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al ciudadano secretario de Salud, al ciudadano gobernador del Estado de Jalisco, a los presidentes municipales de Guadalajara y Tonalá de las medidas a tomar para su conocimiento y efectos correspondientes.

Atentamente. Salón de sesiones del Palacio Legislativo. Es cuanto. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal exponga ante el pleno de la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara de Diputados las acciones que está realizando con relación a los actos de corrupción en los que han incurrido diversos servidores públicos del Gobierno de la Ciudad y de las delegaciones.

Con el objeto de obviar tiempo leeré solamente un extracto del documento que fue entregado a la mesa directiva de esta asamblea y le solicito respetuosamente, diputado presidente, se publique íntegro en la Gaceta Parlamentaria.

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes antecedentes.

El 1º. de marzo de 2004 fue difundido a través de un noticiero televisivo un video que mostraba al exsecretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce, en el casino del hotel Bellagio de Las Vegas mientras apostaba jugando black jack en la zona VIP de este lujoso casino.

Tras conocerse la grabación, el procurador capitalino reveló que esa dependencia estaba realizando una investigación relacionada con el manejo de fondos de la Tesorería del Distrito Federal un presunto fraude por más de 31 millones de pesos y en el que están involucrados funcionarios públicos de la perredista delegación Gustavo A. Madero y colaboradores de Gustavo Ponce, así como empresas privadas.

El 10 de marzo el juez 11 en materia penal, con sede en el Reclusorio Norte, giró órdenes de aprehensión en contra de Gustavo Ponce y Carlos Ahumada por el delito de fraude genérico por más de 31 millones de pesos en la delegación Gustavo A. Madero.

También ordenó la detención de tres funcionarios de la delegación presuntos cómplices de este fraude y dos más ya que se encontraban detenidos por el mismo delito.

Dos días después de conocerse el video de Ponce es transmitido un nuevo video en el cual René Bejarano recibía sendas cantidades de dinero del empresario Carlos Ahumada.

Y el 8 de marzo fue difundido un tercer video en el que el jefe delegacional con licencia en Tlalpan, Carlos Imaz, aparece recibiendo dinero también del empresario Carlos Ahumada.

Hay que sumar a esta lista de servidores a los jefes delegacionales de Alvaro Obregón, Cuajimalpa, Coyoacán y el propio jefe delegacional con licencia en Gustavo A. Madero quienes, según el perredista Ramón Sosa Montes, también recibieron recursos de Carlos Ahumada.

Suman 15, 15 los servidores públicos que deben explicar de inmediato cuál es su relación con Carlos Ahumada. Si recibieron dinero de este empresario o si han contratado la realización de obras o servicios delegacionales con las empresas del mismo y, de ser éste el caso, también explicar la manera en que se realizaron las correspondientes licitaciones y agrego uno más: la contralora general del Gobierno del Distrito Federal, Bertha Luján Uranga, cuyo nombre incluso es mencionado por Bejarano en el video de éste con Ahumada.

Vaya expresión de la denigración de la función pública. La contralora, la responsable de fomentar la transparencia y la honestidad en el gobierno de la Ciudad a través de la perseveración de la vigilancia de los recursos y el combate a la corrupción presumiblemente está también involucrada en estos escandalosos actos de corrupción.

Y si esto se comprueba entonces es claro que estaríamos ante un problema de ingobernabilidad en la Ciudad de México.

Vaya paradoja también en el actuar del jefe de Gobierno. En unos cuantos días fue capaz de descifrar un complot internacional que la derecha, el CISEN, el innombrable y hasta la propia DEA le habían maquinado. Pero ni él ni su contralora fueron capaces, en más de tres años de gobierno, de darse cuenta de la podredumbre y la corrupción que desde las entrañas de las estructuras de su valiente gobierno están desgarrando cualquier expresión del bien común.

Por eso, por eso compañeros legisladores, y considerando que el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece que es a la Contralora a quien corresponde el despacho de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Distrito Federal, es imprescindible que su titular Bertha Luján nos explique inmediatamente cuáles han sido las acciones realizadas por su dependencia con relación a estos nauseabundos actos de corrupción.

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo. Unico: Se solicita a la Contralora General del Gobierno del Distrito Federal exponga ante el pleno de la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara de Diputados, las acciones que está realizando esta dependencia con relación a los actos de corrupción en los que han incurrido diversos servidores públicos del gobierno de la ciudad y de las delegaciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 23 días del mes de marzo del año 2004.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar información a la Secretaría de Educación Pública respecto de los cambios que están operando en la educación preescolar como consecuencia de la reforma constitucional de mayo de 2002, que hace obligatorio ese nivel educativo.

- EL C. DIP. IVAN GARCIA SOLIS: Ciudadanas legisladoras; ciudadanos legisladores: Ya que se pide transparencia, y aquí un nóbel diputado viene a hacerlo, rasgándose las vestiduras, en relación al Gobierno del Distrito Federal, voy a pedir transparencia para el oscuro gobierno panista que en el área de educación pública no da transparencia, sino está encabezado por un...

- EL C. PRESIDENTE: Un momento, señor diputado Iván García. Suspendan el marcaje del tiempo.

Señores legisladores: Se ruega, y la Presidencia ejercita el compromiso que tiene, de acuerdo con lo que dispone el Reglamento, permitan al señor orador expresarse con toda libertad. Les ruego guardar orden y respeto. Adelante, señor diputado.

- EL C. DIP. IVAN GARCIA SOLIS: Gracias, señor Presidente. Es una llamada oportuna.

Quiero aquí exigir esa transparencia que estos panistas están pidiendo, quiero exigirla para el oscurísimo y poco transparente Secretario de Educación Pública. Vamos a dar aquí algunos datos de ese mal desempeño, pésimo desempeño sobre el cual absolutamente no dicen nada:

En mayo del 2002 el Constituyente Permanente acordó hacer obligatorios tres años de educación preescolar; esta es una vieja demanda de maestros y padres de familia.

Sin embargo, esta Cámara de Diputados no está informada suficientemente de qué se hace en esa materia.

Por ejemplo: Al Congreso no se le ha informado con la seriedad que la reforma legal amerita, ni siquiera cuál es el costo probable del cumplimiento de esta obligación constitucional.

La Subsecretaría de Educación Básica y Normal, por ejemplo, señala una cifra necesaria de 90 mil millones de pesos. Sin embargo los gobiernos de los estados calculan que se requerirían 20 mil millones de pesos. Ahí hay una diferencia muy grande, casi de cinco veces. No hay transparencia, no hay claridad en este Gobierno Federal panista. Estamos demandando esa transparencia, esa claridad, esa precisión.

Hay una cosa peor todavía de este gobierno panista: Se trata de que quiere dar gato por liebre. La Ley dice claramente que debe darse educación preescolar obligatoria y ellos quieren proponer un modelo no escolarizado que obviamente no sería costoso pero no implicaría la formación que la Ley exige.

Entonces demandamos que este gobierno panista deje de engañar a la opinión pública,a los maestros y a los padres de familia, y en síntesis informe con claridad de por que no marcha ninguno de los métodos y medios que se acordaron en los transitorios de la ley para poner en acto esta educación preescolar obligatoria.

"Unico.- La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Educación información amplia en el sentido de la ley con sus transitorios y que dice así:

"A) Que informe qué hacen las Comisiones Técnicas y de Consulta, porque no informan nada. Que informe sobre el desarrollo de estas Comisiones para hacer obligatoria esta educación, para hacerla efectiva. También que informe de los avances respecto al artículo 2º de la Ley Reglamentaria del 5º para que los maestros tengan el nivel necesario. Y finalmente que diga qué ha hecho para construir y ampliar espacios educativos".

¡Como ven, este gobierno panista es oscuro! ¡Exigimos que sea transparente y que informe!

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Diputado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a que en conjunto con la junta de gobierno del organismo público Luz y Fuerza del Centro implemente un programa que establezca metas concretas de productividad y eficiencia.

- EL C. DIPUTADO CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ (PVEM): Con su venia, señor Presidente.

En los últimos años se ha suscitado un encendido debate en torno a la Reforma Energética. Mucho se ha dicho sobre aumentar la inversión privada en generación, pero poco se dice sobre como aumentar la eficiencia al interior del sector eléctrico paraestatal.

La participación privada implica competencia y si el Estado no está en posibilidad de competir por su ineficiencia, eventualmente irá perdiendo control sobre esta área estratégica, debiendo asumir las consecuencias que esto implique.

Para lograr una mejora sensible se requiere, en nuestra opinión, de al menos dos condiciones necesarias:

1º Inversiones económicas del orden de cientos de miles de millones de pesos en los próximos años, y

Para lograr las inversiones económicas, presumiblemente necesarias, se sugiere la participación privada en la fase de generación. Recordemos que a partir de las reformas de 1992 esto es posible, teniendo hasta hoy en manos de privados el 1.3 por ciento de la generación total.

Asimismo es relevante mencionar que el monto de recursos destinados para el desarrollo de estas empresas paraestatales es sumamente disparejo entre Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, dejando en desventaja esta última que a su vez tiene indicadores de productividad más desalentadores y por tanto requiere de más recursos para su modernización.

Luz y Fuerza del Centro es responsable de 21 por ciento del total de las ventas y un porcentaje semejante de usuarios. Se esperarían porcentajes semejantes en relación a la generación y al personal empleado. Sin embargo, lejos estamos de que eso ocurra, ya que genera tan solo el 0.63 por ciento con el 31 por ciento del personal y con una capacidad instalada en kilómetros de red, que equivale apenas al 4.5 por ciento del total, a través del cual se registra un 14 por ciento de pérdidas exclusivamente por robos.

El ingreso anual de CFE es de 141 mil 734 millones de pesos y el de Luz y Fuerza del Centro es de tan solo 1 mil 580 millones de pesos. Es decir, el 1.1 por ciento de CFE. De modo que si restamos lo que Luz y Fuerza del Centro aporta al Estado, de lo que el Estado le regresa tenemos una pérdida neta anual de 19 mil 430.9 millones de pesos; esto equivale al .29 por ciento del PIB, casi lo que se destina a la Secretaría de Salud, más que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el triple que a todo el Poder Legislativo, más de 30 veces lo que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 30 veces lo que a la PROFEPA y más de 100 veces lo que se destina al Instituto Nacional de Ecología. Con esta suma se podrían construir 39 mil viviendas, 7 mil 800 kilómetros de caminos rurales, comprar 78 mil patrullas o 78 mil computadoras para escuelas públicas.

"Para el 2004 se planea contar con 202 PIDIREGAS, de los cuales 166 corresponden a CFE y 36 a PEMEX, ninguno a Luz y Fuerza del Centro, posicionando a la paraestatal en un verdadero caos financiero, causado en gran medida por la poca o nula inversión histórica en generación eléctrica y por el paupérrimo presupuesto destinado al mantenimiento de sus instalaciones.

"Para el año 2004 nuevamente no se planea desarrollar ningún proyecto de infraestructura para Luz y Fuerza. Según la Secretaría de Energía se requieren 44 mil 500 millones de pesos de inversión en el sector eléctrico para el año 2004, sin embargo y a pesar de no haber alcanzado los niveles de crecimiento y demanda que se estimaba, se planea destinar este año 62 mil 137.5 millones, haciéndose evidente que no es económico el problema.

"La falta de un plan de trabajo integral por parte del gobierno federal es lo que a fondo impide el correcto crecimiento del sector energético paraestatal de nuestro país. Lejos de requerir cambios constitucionales que permitan la inversión privada en modalidades distintas a las que ya existen, lo que México necesita es ser más competitivo y eficiente y eso se logra mediante planes concretos con metas específicas, por lo que sometemos a su consideración el siguiente

"Único.- Se exhorta a la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo Federal, para que con la Junta de Gobierno descrita en el artículo 4º del decreto del cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, implemente un programa que establezca metas concretas de modernización, productividad y eficiencia a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con el fin de homologar indicadores en la industria eléctrica paraestatal".

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para externar el rechazo a las medidas de bloqueo implantadas por el gobierno de los Estados Unidos de América a la comunidad científica, para impedir el libre intercambio y difusión de investigaciones desarrolladas por científicos cubanos o a participar en foros de este carácter que tengan su sede en territorio de Cuba.

En un momento y en una circunstancia desoladora, en la que la seguridad y el equilibrio internacional son una vez más puestos a prueba ante la nueva acometida de actos terroristas, irracionales y arteros, perpetrados en contra de la vida y la integridad de ciudadanos libres, inocentes y ajenos a los intereses supranacionales que alentaron una política belicista erigida sobre los cimientos de la mentira y en franca violación del derecho internacional, sin mengua de la condena generalizada a toda forma de terrorismo, ya el pueblo español ha emitido un veredicto electoral en contra de los desvaríos de un tutelaje internacional que en nombre de la libertad y de la democracia se ha erigido en el perpetuo aliado de la ruina de los principios de independencia y de soberanía de las naciones, y en la base moral de muchas inmoralidades.

Evidencia de ello es el bloqueo económico y comercial impuesto desde hace 45 años por los Estados Unidos de Norteamérica al pueblo de Cuba, violatorio de los principios consagrados en la Carta de San Francisco y en el Acta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos.

No obstante la claridad y contundencia de estos Mandatos, para los afanes hegemónicos de Washington, no ha sido suficiente socavar los fundamentos de esta Declaración durante más de cuatro décadas, en las que literalmente y sin alegorías, Cuba ha sido reducida a la condición de una ínsula acosada por el bloqueo de sus adversarios y abandonada fatalmente por la inoperancia de los organismos multilaterales.

Ahora esa política, política de estrangulamiento, ha llegado al absurdo y a extremos de intolerancia que no tienen precedente en la Historia contemporánea al extender el bloqueo al ámbito cultural e imponer sanciones al libre intercambio y difusión de las investigaciones de carácter científico.

Las primeras disposiciones emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, se orientaron a prohibir la publicación en revistas científicas estadounidenses de trabajos de investigación de países a los que ha decretado embargo comercial incluida una investigación en co autoría con el mexicano Feliciano Sánchez del Instituto Politécnico Nacional. La sanción impuesta a los editores que incumplan con esta Norma sólo equiparable a las disposiciones inquisitorias del oscurantismo medieval, corresponde a una pena pecuniaria de 50 mil dólares y privación de la libertad hasta por diez años.

A este hecho se agregó en el curso de la primer semana de Marzo, la Resolución para impedir que 70 científicos académicos y médicos norteamericanos, participaran en la Conferencia Internacional sobre el Coma y la Muerte.

El Grupo Parlamentario de Convergencia, ante el llamado que formuló el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Cuba, Ismael Clark, se abocó a informar y promover ante las Academias de Ciencias de nuestro país, la condena irrestricta a estas medidas que atentan en contra del fundamento mismo de la ciencia e integró una Delegación con la representación del Cuerpo Académico de la Academia Nacional de Historia, Sociedad Mexicana de Geografía Estadística y de la Legión de Honor Nacional de México trasladándonos a La Habana, Cuba para solidarizarnos con esta causa.

Abordamos ahora esta tribuna para convocar a todas las fuerzas políticas, representadas en esta Cámara, a efecto de emitir un Punto de Acuerdo en el que quede de manifiesto el rechazo y la condena a esta acción unilateral excluyente e intolerante que agravia la libertad de expresión como fuente del conocimiento y como fundamento universal del libre intercambio, científico y tecnológico, bloqueo cultural que es violatorio de los Derechos Humanos y constituye en sí mismo una revisión de la sistemáticas amenazas a los principios de Auto Determinación y No Intervención, consagrados en los acuerdos y tratados internacionales y, desde luego señalado también por nuestra Constitución General de la República.

Señoras y señores Legisladores, en virtud de que se ha agotado el tiempo señalado en el Acuerdo de este Pleno para la duración de la sesión, se instruye a la Secretaría para que dé lectura al Orden del Día de la siguiente sesión.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO. Con todo gusto señor Presidente.

Proceda la Secretaría a recabar la asistencia final de esta sesión, instruyendo se abra el sistema electrónico por un máximo de cuatro minutos.

-LA MISMA C. SECRETARIA. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cuatro minutos para verificar la asistencia.

- EL C. PRESIDENTE: Se levanta la sesión (16.19 horas) y se cita para la que tendrá lugar el jueves 25 de marzo a las diez horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8.30 horas.