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SESION DEL JUEVES 25 DE MARZO DE 2004

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso de Tabasco.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política, con proyecto de acuerdo para la constitución de la Sección Instructora.

Minuta

Con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo al artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. (Turno a Comisión)

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación del subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación a los puntos de acuerdo, aprobados por la Comisión Permanente, referentes a los tiempos acumulados y los porcentajes de utilización de los tiempos sociales de ley en radio y televisión a partir del 1 de enero de 2004. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

De Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Franco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer el régimen federal de la República Mexicana, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 de la Ley de Planeación, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma tanto el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para una reforma electoral democrática, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentarias, a cargo del diputado Francisco Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 102, 103 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de obligar a diputados y a senadores a rendir un informe anual de actividades a sus representados, a cargo del diputado Miguel Angel Osorio Chong, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Titulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de servidores públicos, a cargo del diputado Miguel Angel Yunes Linares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Debate pactado

Sobre la reforma electoral.

Dictamen de primera lectura

De las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo en relación con la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a lograr niveles suficientes de bienestar con equidad en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo en relación con la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a facilitar la incorporación de personas con capacidades diferentes a los diversos programas que opera y, en particular, en los programas Oportunidades y Hábitat.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para formular un atento exhorto al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, respetando su autonomía, a dejar sin efecto el decreto que reforma el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado el 15 de enero y el 11 de febrero de 2004, que violenta la autonomía municipal, a cargo del diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se saluda al pueblo español, particularmente a su Presidente electo, señor José Luis Rodríguez Zapatero, y al Partido Socialista Obrero Español, por su triunfo en los comicios del 14 de marzo, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a la sociedad sobre el estado de contaminación que guardan las playas mexicanas, así como acerca de las medidas de contingencia que se aplicarán durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno de México que se abstenga de votar contra una resolución en materia de derechos humanos en Cuba, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y, de no cumplir el grupo concesionario las obligaciones de conservación y mantenimiento en esa central aérea, se le sancione o, en su caso, se le revoque la concesión conforme a derecho, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para recomendar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público que, mediante sus órganos desconcentrados, exista mayor coordinación en el diseño y la propuesta de instrumentos económicos fiscales, financieros y del mercado destinados a apoyar la internalización de daños ambientales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Junta de Coordinación Política que integre una comisión especial de seguimiento al caso del cardenal Posadas Ocampo, a cargo del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a retirar las reservas impuestas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dar trámite y respuesta a la petición de las comisiones relacionadas con el campo sobre la reasignación de 10 mil 800 millones de pesos de presupuesto para dicho sector, suscrita por integrantes de diversas comisiones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado J. Miguel Luna Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de los ingresos netos de Pronósticos Deportivos que se enteran a la Tesorería de la Federación, 8% se destine al fomento del deporte en los municipios del país, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para ordenar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice los fondos federalizados asignados al estado de Colima, con objeto de transparentar su ejercicio, y en especial los destinados al pago electrónico de la nómina, suscrita por los diputados Antonio Morales de la Peña y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral puesto en marcha por el Gobierno de Estados Unidos de América y que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Energía a establecer, mediante la Comisión Reguladora, de acuerdo con sus facultades, mecanismos de coordinación para prevenir accidentes en las compañías que tienen a su cargo la concesión de la distribución de gas natural en el Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo a instruir a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para establecer nuevas tarifas al suministro y la venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua y crear una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en la misma entidad federativa, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para formular un atento exhorto a las Secretarías de la Función Pública, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría General de la República, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, investiguen el Servicio Postal Mexicano por el presunto robo de cheques enviados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América a migrantes mexicanos por concepto de pensión y devolución de impuestos, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Pleno de la Cámara de Diputados a honrar la memoria de las víctimas de los atentados de Madrid y de la invasión de Irak; y al titular del Ejecutivo federal, a adoptar una política exterior activa que contribuya al fin de la ocupación estadounidense y evite las guerras en el mundo, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que practique una auditoría técnica y de desempeño a la investigación efectuada por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República del Caso Colosio, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la instalación de plantas regasificadoras en Baja California, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para que se realicen los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a cumplir plena y oportunamente diversos aspectos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, mediante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, investigue y proceda legalmente en el caso de importación de azúcar al país, imponiendo las sanciones aplicables, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, en nombre de diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades educativas federales y a las locales que verifiquen que las instituciones que imparten el nivel de preescolar cumplan lo establecido en la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex a no deshacerse de capital humano y técnico con el argumento de la aplicación de los criterios de austeridad contenidos en el artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar oportunamente acerca de los recursos a que se refiere el artículo 7, fracción XI, de la Ley de Ingresos, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados a suscribir un acuerdo nacional contra la corrupción y a trabajar con sujeción a su declaración de principios, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de solicitar a la Comisión de Transportes la realización de un foro nacional de consulta, análisis y discusión sobre este sector, a fin de contar con elementos suficientes para la generación de una iniciativa de ley que rija en el sector, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los gobiernos Federal, del estado de Tamaulipas y del municipio de Altamira a coordinarse a fin de impulsar el proyecto Fénix en esta demarcación, a cargo del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso del estado de Guerrero a aprobar la propuesta de Ley de Desaparición Forzada de Personas, presentada por la sociedad civil, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, mediante el cual la Cámara de Diputados acuerda la comparecencia de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para explicar clara y puntualmente sus acciones frente a los casos de discriminación de que fueron objeto niños y niñas que viven con VIH/sida en escuelas de nivel básico, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se establezca el programa de capacitación integral para la mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país, a cargo del diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regularizar la prestación del servicio público de transporte transfronterizo de pasajeros, a cargo del diputado Alfredo Fernández Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a atender a ex trabajadores de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán que realicen las acciones necesarias a efecto de evitar la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en dicha entidad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para citar a comparecer a los secretarios de Educación Pública, y de Salud ante las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a destinar 270 millones de pesos como subsidio para ayudar a los consumidores del municipio de Mexicali, Baja California, a pagar los recibos de energía eléctrica durante el próximo verano, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profepa y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para definir el futuro de México, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se reabra la investigación sobre el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Salud, y de Seguridad Social, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Smutny, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre los resultados de la reunión de la Cepal, que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la Ley 151, aprobada por el estado de Sonora, en relación con la reforma del Código Electoral del estado para la asignación de 50% de todas las candidaturas para cada género, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Sobre el LXVI aniversario de la expropiación petrolera, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Convergencia.

Sobre el aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, y de Convergencia.

Sobre el X aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el XCI aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, que se cumple el 26 de marzo, a cargo del diputado Jesús Zúñiga Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el Día Forestal Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Meteorológico Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

-EL PRESIDENTE: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados

-LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 275 diputadas y diputados, por lo tanto, señor Presidente hay quórum.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

LA MISMA SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura de la orden del día.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Gracias. Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-EL PRESIDENTE: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

-LA MISMA SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Gracias. Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-EL PRESIDENTE: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y

-EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al promovente

-EL PRESIDENTE: Gracias, Secretaria. El siguiente capítulo es el capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña María del Carmen Izaguirre Franco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas.

-LA DIP. MARIA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCO: Con su permiso, señor Presidente.

La que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que expide la Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas, al tenor de la siguiente:

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, se inicio una desgravación lineal...

Se ruega muy respetuosamente a l os medios masivos de comunicación tengan la bondad de ocupar sus lugares y a los señores legisladores prestar atención a la oradora. Continué, diputada.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se inició una desgravación lineal a diez años de los aranceles, al huevo, pollo y cerdo. Además de esta circunstancia existen otros factores que le restan competitividad a México y uno de ellos es la presencia de enfermedades en las granjas tecnificadas que reducen los parámetros productivos de los animales y se encarecen los costos de producción.

Aunado a esto, hay que agregar que los pequeños productores tienen un nulo control sanitario, que no se apegan a las campañas zoosanitaria. Los asentamientos humanos irregulares aledaños a las granjas también son un foco de contaminación, porque no cuentan con servicios sanitarios, drenaje y el manejo de la basura y generalmente tienen animales de traspatio que no se apegan a la normatividad de las campañas zoosanitaria, así como cernideros de gallinaza y cerdaza, tianguis de venta de animales, mataderos y rastros entre otros.

Hablando del aspecto sanitario, para que un animal pueda crecer libre de enfermedades, se tiene que dar varias condiciones: que provenga de una fuente sana; que las condiciones de limpieza dentro de la granja sean las adecuadas; contar con un programa de vacunación; tener una logística de flujo de vehículos personal correcta y que las condiciones del espacio aledaño a las granjas sea limpio y libre de contaminantes, para reducir el riesgo de infecciones en los animales.

Si los avicultores y porcicultores contaran con una legislación que les diera certidumbre sanitaria, podrían contrarrestar algunas de las desventajas competitivas que tienen con los países con los que nuestro país ha firmado tratados comerciales, con lo cual haríamos a México un centro atractivo para la inversión pecuaria. Esta legislación tendría que ofrecer además, un cinturón de protección sanitaria alrededor de las explotaciones existentes y de las explotaciones por establecerse.

La falta de una entidad del sector público, única, que coordine la actividad y opere la política agropecuaria en su conjunto.

Falta de estructura financiera nacional consecuente con el esquema de apertura que tenemos.

Falta de normas específicas y homologadas, así como su cumplimiento en materia sanitaria, de calidad y etiquetado para productos y subproductos, tanto nacionales como importados.

Falta de participación de los productores en el diseño e instrumentación de políticas públicas.

La actividad avícola genera 950 mil empleos, de los cuales 170 mil son directos y 790 mil son indirectos. Además, la tasa anual de los empleos generados por la avicultura es del 4%.

En el caso de la porcicultura se generan 205 mil empleos, de los cuales 35 mil son directos y 170 mil son indirectos.

El primer productor internacional de carne de cerdo es China, abasteciendo el 50% del mercado mundial. México ocupa el 10º lugar, aportando sólo el 1% de este mercado.

Sólo como un ejemplo, el estado de Puebla ocupa el 5º lugar a nivel nacional, contando con una población tecnificada de 40 mil vientres, produciendo 60 mil cerdos mensuales con un promedio de 90 kilogramos, que equivale a un total de 5 millones 400 mil kilogramos de carne, que a precio actual de $14.80 kilogramo, arroja un saldo mensual de 79 millones 920 mil.

Actualmente no existe una legislación que garantice a los productores que el medio ambiente alrededor de sus granjas esté libre de riesgos de infecciones para sus animales, solamente existen normas oficiales que no se cumplen ni se acatan por todos los que estén sujetos a estas disposiciones.

Es desmotivante para los avicultores y porcicultores, invertir en la construcción de granjas en lugares aislados, invirtiendo en instalación, equipo y animales sin ninguna garantía de que al lado se vaya a establecer otra pequeña granja, plantas procesadoras, a veces rastros o colonias habitacionales sin sistemas de drenaje y muchas veces con animales de traspatio que comprometen la bioseguridad de la granja.

El riesgo potencial al que se enfrenta nuestro país es que al desaparecer la planta productiva nacional, desaparece la competencia y como consiguiente, los precios al consumo estarán sujetos a los establecimientos de los bloquers del mercado internacional.

Sí México quieren mantenerse dentro de los primeros lugares del nivel mundial en calidad de sus productos en materia de avicultura y porcicultura, deberá establecer una legislación armónica y congruente, que por un lado exija la calidad de los productos y por otro ofrezca las condiciones para lograrlo.

Es por ello que presento ante esta Honorable Asamblea, la iniciativa de ley con el propósito de expedir la Ley General de Protección y Desarrollo de las explotaciones y granjas avícolas y porcicolas, la cual en vista de obviar el tiempo solicito al señor Presidente sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates y publicada en la Gaceta Parlamentaria.

EL PRESIDENTE: Gracias diputada. Como lo pide la diputada doña María del Carmen Izaguirre Franco, insértese el documento íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta en caso de que no se haya publicado y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Esta Presidencia da la bienvenida a los alumnos de la Escuela Primaria Miguel Salinas de Tlalquiltenango, Morelos y a las demás personas que nos escuchan en galerías, bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Minerva Hernández Ramos, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

LA DIP. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS: Muy buenos días. Con su permiso, señor Presidente.

Quienes suscribimos, diputados integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, miembros de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, presentamos a esta Cámara de Diputados, iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer el régimen federal de la República Mexicana bajo la siguiente exposición de motivos:

En la Constitución mexicana vigente existen diversos principios esenciales a los que algunos estudiosos de la ciencia constitucional y de la ciencia política, denominan decisiones políticas fundamentales, las cuales pueden ser entendidas como los elementos ideológicos y estructurales que determinan nuestros caracteres definitorios como Estado y como sistema político.

Entre estos elementos, ocupa un lugar indiscutible el régimen federal, el cual se identifica con el nacimiento de nuestra República soberana y en muchos sentidos también con las diversas etapas históricas del desarrollo de nuestro sistema constitucional y con innumerables luchas políticas promotoras de la democratización del poder y de la consolidación de las instituciones públicas de nuestro país.

A lo largo del Siglo XIX, como es de sobra sabido, el establecimiento y la preservación de la forma de gobierno federal se identificó con el avance y el desenvolvimiento político de nuestra nación, mientras que su sustitución por un régimen de centralización de las atribuciones constitucionales en los poderes públicos nacionales, siempre se consideró como sinónimo de retroceso y de imposición de estructuras contrarias a la voluntad mayoritaria del pueblo de México.

Este elemento de nuestro régimen político, se estableció también en la primera Constitución de contenido social de toda la historia promulgada en nuestro país en 1917, determinándose en sus normas un sistema de distribución del ejercicio del poder conforme al cual las competencias constitucionales de los órganos federales son expresas, mientras que las que ejercen las entidades federativas, sólo son implícitas.

Es indiscutible que el Estado Mexicano y su sistema republicano, no pueden entenderse histórica ni estructuralmente, sin hacer referencia a la forma de Gobierno Federal.

Ahora bien, es un hecho que nuestro sistema federal nació y se ha desarrollado del centro hacia la periferia, lo cual significa que tanto en el siglo IX como en el XX, la forma de Gobierno Federal del Estado Mexicano, ha estado asociada a la descentralización del poder político, aspecto que es necesario tomar en cuenta para entender la génesis y la problemática de este elemento estructural de nuestro régimen constitucional.

El federalismo mexicano, no obstante sus deficiencias estructurales y terminológicas, representó en el pasado y representa ahora, un elemento del régimen de gobierno compatible con un sistema político democrático, desde el momento en que su esencia consiste en la distribución del poder en un sentido territorial.

Sin embargo, uno de sus defectos congénitos consiste en que tanto las determinaciones jurídicas relativas a la asignación de competencias entre Estado y entidades federativas, como las decisiones políticas concernientes al fortalecimiento del federalismo, han provenido, en la mayoría de los casos, del propio nivel de Gobierno Federal; esto significa que en la construcción y en el desarrollo de este aspecto de nuestro régimen político, tradicionalmente han sido actores principales los órganos federales y actores secundarios las entidades federativas, lo cual se debe a diversas circunstancias entre las cuales destacan, tanto las inercias históricas centralizadoras, como las estructuras constitucionales y políticas en las que se basa el Régimen Federal Mexicano.

Lo paradójico de esta situación, consiste en que los niveles de gobierno local y municipal, que son los que requieren de un mayor fortalecimiento político, jurídico, económico y financiero del que depende en gran medida el ejercicio autónomo de sus atribuciones, son simultáneamente los que tienen menor capacidad constitucional y legal para promover los cambios estructurales que necesita nuestro sistema federal, en cual, entre otras razones, por ésta, sigue caracterizándose por sus normas y sus prácticas centralizadas.

En los últimos tiempos hemos sido testigos de importantes esfuerzos de organización política a favor del federalismo mexicano, de los cuales la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Convención Nacional Hacendaria, son dos ejemplos productivos, tangibles y genuinamente federalistas, cuyo éxito se debe en gran medida, precisamente a que provienen de las entidades federativas, revirtiendo la tendencia centralizadora tradicional de conformación de nuestro régimen federal y representando casos propios de un auténtico proceso federalista que se origina en las entidades locales que reclaman legítimamente la ampliación de su competencia autónoma y el fortalecimiento estructural de la que actualmente les asignan las normas constitucionales federales.

Es indispensable realizar modificaciones a las normas constitucionales y legales que regulan el sistema federal mexicano, con el propósito de ampliar la participación de algunos de los actores principales de este proceso de renovación federalista, cuya capacidad jurídica para proponer cambios y adiciones a la Constitución y a las leyes federales no existe o es muy limitada.

Como todos sabemos, tratándose de las entidades federativas, sólo uno de sus órganos puede presentar iniciativas de leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, a lo que debe agregarse que en el caso concreto del Distrito Federal, esta posibilidad está actualmente cancelada, a nuestro juicio, sin justificación alguna.

Consecuentemente, quienes suscribimos esta iniciativa de revisión constitucional, proponemos la modificación del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar el derecho de presentar iniciativas de leyes y decretos en materia legislativa federal y por extensión de reforma y adición constitucional, conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Constitución Federal, a los gobernadores de las entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el objeto de que los órganos legislativos y de gobierno de todas las entidades de nuestra República adquieran la capacidad jurídica de participar en el proceso de renovación y fortalecimiento del sistema federal mexicano, impulsando los cambios al orden jurídico federal que estimen convenientes para este propósito.

En tales condiciones se propone la modificación del Artículo 71 de la Constitución de la República, estableciéndose en su fracción II la atribución de los gobernadores de las entidades y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, determinándose en su fracción III la atribución de los miembros del Congreso General para los mismos efectos, la cual actualmente aparece en la fracción II de esta precepto y adicionándose con una fracción IV en la que se otorgue esta misma atribución a las Legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Igualmente se modifica el párrafo final de este precepto a la modificación anterior, estableciéndose que las iniciativas presentadas por los gobernadores de las entidades federativas, por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y por la Asamblea Legislativa del Distrito, se sujetarán al mismo trámite inicial que se determina para las que provienen del presidente de la república y de las Legislaturas locales.

Consideramos que de esta manera, tanto la totalidad de los órganos legislativos locales como los gobiernos de las entidades federativas, estarán en aptitud de actuar a favor de la construcción del auténtico régimen federal democrático que requiere nuestra nación, no sólo políticamente como lo han hecho exitosamente hasta ahora sino también legalmente, proponiendo la modificación de las normas constitucionales y de diversas leyes federales, sin la cual es imposible cumplir el objetivo que, sin duda, los anima a todos, sin distinciones partidarias, consistente en el diseño de un auténtico federalismo mexicano, en todos los órdenes del ejercicio del poder político.

Conforme a lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 71 fracción II de la Constitución Federal, proponemos a la consideración del H. Congreso de la Unión y en su momento a los HH. Congresos de las entidades federativas por conducto de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO UNICO.- Se reforma y adiciona el Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

fracción II.- A los gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

fracción IV.- A las Legislaturas de las entidades y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Las iniciativas de ley o decreto que hayan sido presentadas conforme al texto anterior del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seguirán tramitándose hasta su votación definitiva en los términos previstos por esta Constitución y por las leyes aplicables.

Esta presidencia da también la bienvenida a los integrantes de la Sociedad de Exalumnos del ITAM. Bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Kahwagi Macari del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar iniciativa que reforma el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 20 de la Ley de Planeación.

-EL C. DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Para dotar de un marco jurídico acorde a las necesidades del México actual con exigencias tan diversas, como lo es la conservación de los bosques y el agua, el combate ante la criminalidad y la delincuencia y el que todos los mexicanos tengan las mismas condiciones y oportunidades para prosperidad, debemos primordialmente plasmar estas directrices en el llamado Plan Nacional de Desarrollo.

Debemos mostrar ante los ojos de la sociedad el gran valor de la actividad del Congreso de la Unión, en el que no se legisla más al amparo de intereses particulares y mezquinos sino anteponiendo los de la nación, que debe constituir nuestra guía fundamental, debemos orientarnos a resolver en algunas medidas los problemas de nuestro país, creemos que los resultados hasta ahora no han sido suficientes, ya que nuestra actividad no debe limitarse sólo a resultados parciales sino profundizar en las causas de la problemática nacional, para dar por fin cauce y satisfacción a las legítimas aspiraciones de bienestar, seguridad, justicia y paz de los mexicanos.

El avance democrático ha sido importante pero permanece aún sujeto a condicionamientos y actitudes obtusas de los que todavía se niegan a aceptar el cambio que dio el país hacia una democracia plena. La búsqueda de consensos para hacer del sistema político un régimen plural en el que cada fuerza política participe en la toma de decisiones, empieza a perfilarse como el sistema que tendremos en este siglo.

Como lo hemos manifestado y realizado actividades, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ha sido intensa y enfocada a dar cauce precisamente a las aspiraciones legítimas de los mexicanos. Pero hay que reconocer que no se ha podido resolver los graves problemas que sufre nuestro país y esto es debido principalmente a la poca coordinación que existe entre los Poderes de la Unión.

Si bien sabemos que la responsabilidad en la administración del país no está depositada exclusivamente en una sola autoridad, también es cierto que las más grandes responsabilidades y facultades para la conducción de la Nación, recaen en el Presidente de la República.

La tarea de los legisladores no ha terminado aún; tampoco la del Ejecutivo Federal. La participación de unos y otros en la construcción de un México dinámico, plural y participativo, será lo que logre la transición democrática, el desarrollo sustentable y el crecimiento anhelado. Para esto se tendrán que abandonar las viejas prácticas excluyentes que todavía aparecen en diversas ocasiones.

En este sentido consideramos pertinente la participación real de los diputados y senadores en la vigilancia del Plan Nacional de Desarrollo, para poder así ser un auténtico contrapeso de las acciones del Ejecutivo Federal.

Por eso sometemos a esta Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 de la Ley de Planeación.

En virtud de la limitación en el tiempo omitiré la lectura del articulado, pero solicito atentamente a la presidencia ordene su inserción plena en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público. Y como lo solicita el señor diputado, transcríbase el documento íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-DIP. PEDRO VAZQUES GONZALEZ: Ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados:

Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 fracción II inciso a) y el párrafo cuarto fracción III de la Constitución Política de los

Desde que las reglas del juego político se transparentaron con la aprobación en 1990, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que mandató la creación del Instituto Federal Electoral, así como la reforma constitucional electoral de 1996, que otorgó autonomía al IFE, los procesos electorales cobraron credibilidad en nuestro país.

Sin embargo, es preciso señalar que la autonomía del IFE y la creación de las nuevas reglas del juego político fue el resultado de las transformaciones que se operaron en la sociedad mexicana desde los años 60 del Siglo XX.

Entre los factores de esta transformación se encuentra el proceso de concentración urbana y el mayor desarrollo cultural de nuestro pueblo, que se convirtieron en factores de peso para que la sociedad mexicana se volviera más crítica y participativa.

Por lo tanto, cuando arribamos al Siglo XXI el México moderno requiere de nuevas instituciones en todos los ámbitos, que se correspondan con el nivel alcanzado por su desarrollo industrial, urbano y cultural.

En este contexto, para poder cumplir con el papel que le asigna la Constitución a los partidos políticos, en correspondencia con las nuevas exigencias que plantea el desarrollo logrado por la sociedad mexicana, se requiere conformar un sistema político con reglas claras y equitativas, pero también con criterios de eficiencia y racionalidad.

En este sentido es de vital importancia modificar la fórmula de financiamiento a los partidos políticos que, conforme a la ley vigente, es de 30 y 70 por ciento, la cual consideramos que no refleja la equidad que debe de existir en toda competencia electoral, en un contexto caracterizado por la competitividad en todos los ámbitos de la realidad nacional.

En ese sentido proponemos que el nuevo esquema de financiamiento a los partidos políticos debe de ser igualitario en un 50 por ciento y el restante 50 por ciento en forma proporcional a su votación nacional emitida en la elección de diputados inmediata anterior.

Por otra parte, estamos a favor de que se prohiba por un tiempo determinado al consejero presidente y a los consejeros electorales en los diferentes niveles para que no puedan acceder a cargos públicos ni de representación popular para evitar la partidización de dichos consejeros y garantizar su total imparcialidad y reforzar la credibilidad de las instituciones electorales del país.

La nueva democracia que espera la sociedad mexicana exige cambios de fondo a las leyes electorales porque es la única manera de hacer corresponder el nivel de desarrollo que ha alcanzado su participación política y garantizar el respeto de sus decisiones.

Compañeras y compañeros diputados, por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41, fracción II, inciso a) y el párrafo 4, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1. Se reforma el artículo 41, fracción II, inciso a) y el párrafo 4, fracción III para quedar como sigue:

Artículo 41, fracción II, inciso a). El 50 por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 50 por ciento restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Fracción III. El consejero presidente y los consejeros electorales, al término de su gestión natural o anticipada durante seis años, no podrán desempeñar empleo, cargo o comisión en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial de la federación, así como en los órganos constitucionales autónomos previstos en esta Constitución.

Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de marzo de 2004.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, don Pedro Vázquez González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para una reforma electoral democrática.

Y esta Presidencia les da la bienvenida a los alumnos de la Universidad Toyansingo, del municipio de Tulancingo, Hidalgo. Bienvenidos.

Ciudadanos Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión:

Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 Fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, bajo la siguiente

La presente iniciativa busca transparentar las reglas del juego de los procesos electorales de nuestro país. Ha sido evidente que las reformas electorales de 1989, 1990, 1993, 1994 y la de 1996, han dejado vacíos legales que es necesario llenar para hacer más transparente y competitivo nuestro sistema electoral.

Uno de ellos tiene que ver con la exigencia de reformular la asignación de diputados de representación proporcional de tal manera que evite la sobre-representación y la sub-representación. Se trata de garantizar que la distribución proporcional de los representantes populares, debe de ser igual para todos los partidos que integran el Congreso de la Unión. Es decir, que cada partido represente su fuerza electoral ciudadana en función del porcentaje de votación que obtenga en cada elección.

También es necesario acotar la injerencia de los órganos electorales en la vida interna de los partidos y las organizaciones políticas; se trata de garantizar el respeto a la autonomía de estos entes de interés público para que sean ellos los que decidan su propia forma de organización y funcionamiento, sin que ello represente abandonar sus obligaciones establecidas en esta Ley.

Otro aspecto a modificar en la Ley vigente, es la prohibición expresa de la publicidad gubernamental de los tres niveles de gobierno en los tiempos de campañas electorales, para que no sea utilizada para promover la imagen del partido en el gobierno y con ello buscar la atracción del voto ciudadano hacia ese partido, porque pone en desventaja a los demás partidos contendientes.

Un nuevo elemento que debe incorporarse en la presente Ley Electoral, es la urgencia de incrementar el tiempo del Estado en los medios de comunicación a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, con el propósito de reivindicar el principio de igualdad y equidad entre todos los actores políticos.

Por otra parte, resulta necesario prohibir el financiamiento de origen privado a los partidos políticos, porque ha sido la fuerza para todos los casos como los que la opinión pública conoce y que han sido motivo de escándalos, porque además violan los topes de campaña al no haber forma de fiscalizar dichos recursos.

Con el fin de alentar la participación de la sociedad en los procesos electorales y en la conformación de la representación nacional, es de vital importancia recuperar la figura de las candidaturas comunes. En concordancia con lo anterior se debe incorporar la figura de Candidatos Independientes, para que los ciudadanos que cuenten con arraigo popular pero que no tienen partido participen en la competencia electoral y aspiren a puestos de elección popular.

En ese mismo tenor es importante flexibilizar la conformación de las coaliciones para que no haya ni un mínimo ni un máximo en el registro de fórmulas de candidatos, porque la ley vigente establece mínimos y máximos para la elección de senadores y diputados, y condiciona a una coalición para Presidente de la República a necesariamente ir coaligados en la de senadores y diputados.

También creemos en la necesidad de que en el Cofipe se establezcan sanciones más severas para quienes violen el tope de financiamiento de las campañas políticas durante los procesos electorales, con la invalidación de la candidatura en el curso del mismo proceso electoral, así como imponer sanciones en el mismo proceso electoral a quien violente los topes de campaña.

Nuestra propuesta de reforma constitucional al artículo 41 establece la prohibición expresa de que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales y Distritales desempeñen empleos, cargos o comisión en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación o en los órganos constitucionales autónomos previstos en nuestra Carta Magna, con el propósito de hacer compatible esta disposición con lo que se estipula en el Cofipe. También proponemos que esta disposición deba quedar asentada en dicho código.

Asimismo, en concordancia con la reforma constitucional que proponemos al artículo 41, fracción II, inciso a), proponemos la modificación a la fórmula de financiamiento a los partidos políticos para hacerla igualitaria en un 50 por ciento y el restante 50 por ciento en forma proporcional a su votación nacional emitida en la elección de diputados inmediata anterior.

Creemos que ha llegado la hora de avanzar en la construcción de nuevas reglas para centralizar, organizar y vigilar los procesos electorales y las elecciones federales, para convertir al IFE en un verdadero garante de la democracia en nuestra nación.

Por esa razón, las nuevas reglas electorales tienen que ser precisas en cuanto a regular los tiempos en precampañas políticas, que es una ausencia notable en la ley vigente. Lo cual permite que ahora estas precampañas sean las verdaderas campañas.

Nuestra propuesta establece plazos para las precampañas de 30 días, previos al inicio del registro de las candidaturas para diputados federales, 45 días para senadores y 60 días para Presidente de la República, así como la prohibición expresa para difundir mensajes de proselitismo en radio, televisión y prensa escrita durante estas precampañas y la cancelación del registro del aspirante y multa al partido político que viole estas disposiciones.

Otra ausencia en el Cofipe lo representa el debate obligatorio entre los candidatos a cargos de elección popular. Esto serviría para alentar la participación del pueblo en los procesos electorales, además de que permitiría conocer el fondo de las propuestas de los candidatos a cargos de elección popular para resolver los grandes problemas nacionales, estatales y regionales.

Para evitar que los partidos políticos rebasen los topes de campaña y que ello redunde en un mayor uso de los tiempos en medios de comunicación masivos, se propone que sea solo el IFE el que tenga el derecho exclusivo de contratar esos tiempos para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales y con ello evitar ventajas relativas a los partidos entre sí.

"En este mismo sentido, la competencia electoral exige en el contexto actual, garantizar en la ley que regula a los medios de comunicación, el acceso igualitario a todos los partidos políticos, para que junto con el gobierno federal dispongan de un porcentaje determinado del tiempo que los concesionarios de radio y televisión otorgan al Estado Mexicano, tal y como se establece en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión vigentes.

"Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ...

"... sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, como se detalla en nuestra iniciativa".

Señor Presidente, le solicito la publicación íntegra de esta iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Como lo pide el señor diputado don Amadeo Espinosa Ramos, publíquese íntegramente el documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que nos e haya publicado y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial de Reforma para el Estado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentaria.

Con las potestades que la Constitución y la ley me otorga, vengo hasta esta tribuna en el capítulo de iniciativas, para proponer una que reforma a los artículos 5, 11, 23, 46, 48, 67, 85, 90, 109 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentaria al tenor de las siguientes

"Los diferentes acontecimientos suscitados en los últimos años han generado un gran debate entre la sociedad, sobre la necesidad de acotar el fuero constitucional y el mandato político del que gozan los legisladores dentro de un marco legal de disciplina y ética parlamentaria.

"Si bien las mesas directivas de las Cámaras cuentan entre sus obligaciones las de velar por el fuero y la libre expresión de los legisladores en el desempeño de sus funciones, también es cierto que vigila por el orden de las sesiones precisamente para salvaguardar la libre expresión parlamentaria.

"La Directiva, pues, tiene la obligación de velar por la libre expresión de los legisladores y a la vez de guardar un sano equilibrio entre ésta, que es un valor fundamental que la práctica parlamentaria, y el respeto a los demás legisladores.

"Parafraseando a Jeremías Bentham, de los chispazos del debate parlamentario surge la luz que nos conduce a la verdad. No debemos de olvidar que hay quienes pensamos que el derecho es una norma de moral social provista de sanción política.

"Aunque el cargo de los diputados y senadores es un mandato popular, esto no implica que no sean responsables por sus actos y omisiones, aún cuando esto no constituya un delito penal.

"La disciplina y la ética son valores que deben de normar el accionar de los legisladores en todo momento, ya que son representantes de la sociedad y tienen un encargo que debe de llevarse con responsabilidad, con dignidad y con compromiso.

"La conducta de los diputados y senadores debe de sustentarse en estos valores que garantice la honorabilidad, credibilidad y profesionalismo, sin lacerar en ningún momento la imparcialidad, independencia e inviolabilidad de los legisladores.

"Los diputados de la nación y los senadores de la República estamos obligados a guardar la investidura que como tales nos ha otorgado el pueblo de México. Nuestra vida pública está sujeta al escrutinio de la ciudadanía, así es que los países normalmente democráticos y México no tiene por qué ser la excepción.

Tanto en el desarrollo de las sesiones como en el interior del Recinto Parlamentario, es necesario que los Legisladores se guarden respeto entre sí, a los miembros de los otros Poderes, a los funcionarios y servidores de las Cámaras, a los invitados que asistan a la sede del Congreso deben procurar llevar sus intervenciones con respeto , tanto en pleno como en reuniones de Comisión, evitar el insulto, la injuria, la amenaza, la descalificación contra sus compañeros o contra cualquier funcionario público.

Que el debate de las ideas sea la forma de dirimir las controversias, que gane pues quien tenga la razón y claro, el derecho de su lado.

En los debates y votaciones de las Cámaras, debe de privar el respeto, evitar los altercados, las disputas y las discusiones fuera de orden; para ello, es necesario dotar a los Presidentes de las Cámaras, de las facultades necesarias para poder imponer el orden y el respeto dentro de la Asamblea, así como establecer en ley las sanciones a las que puedan hacerse acreedores los Legisladores que incurran en falta.

Adicionalmente a lo anterior, para evitar conductas impropias de los Diputados y Senadores, fuera de sus respectivos recintos parlamentarios, es necesario establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mecanismos que ayuden a las Cámaras a normar la vida pública de sus integrantes para garantizar o tratar de conducir la imagen de los legisladores.

De esta manera se pretende establecer un órgano en cada Cámara que se centre en conocer sobre las faltas al comportamiento de sus integrantes en su vida, repito, pública y de haber faltas a los principios de honorabilidad , profesionalismo y en general a los valores de la ética y disciplina, aplicar las sanciones de acuerdo con un criterio previamente establecido.

Previendo esta situación y siguiendo la experiencia de otros Congresos. Asambleas y Parlamentos del mundo, sería apropiado establecer en las Cámaras del Congreso General, una Comisión para el caso del Senado de la República y un Comité para el caso de esta Cámara de Diputados de disciplina y de ética parlamentaria.

En las respectivas instancias, esta Comisión y Comité se abocarían a conocer de las faltas en las que incurran los Legisladores en su vida pública, estudiarlas y ens u caso proponer la sanción conducente al pleno de la Cámara de que se trate.

Para profundizar este marco de disciplina y ética parlamentaria es necesario que las Cámaras del Congreso General elaboren conjuntamente un Código de Conducta de los Legisladores que contenga las reglas generales del comportamiento que deben de guardar tanto Diputados como Senadores dentro y fuera del Recinto Parlamentario y deberán expedir separadamente un reglamento del Código de Conducta para los Diputados de la Cámara Baja y un Reglamento de Código de Conducta para los Senadores de la Cámara Alta,

De esta forma, los criterios de disciplina y ética para ambas Cámaras serán homogéneos en el Código de Conducta de los Legisladores y las formas de interpretación, de aplicación y las sanciones conducentes, estarán de acuerdo con las particularidades de cada Cámara en el Congreso.

Y concluyendo; un Comité y una Comisión, según el caso de ética y disciplina parlamentaria para cada una de las Cámaras del Congreso, no es sino una instancia interna para dar cauce al sano equilibrio entre dos valores que nos parecen fundamentales, la libertad y el respeto mínimo entre pares y compañeros.

No debemos de olvidar que la institución del fuero en sus momentos fundacionales guardan las instituciones parlamentarias en su conjunto y que los individuos que forman parte de estas, poseen como tales una garantía constitucional adicional pero a la vez como proyección de su sentido de pertenencia a estas.

En su conducta pública, el individuo potestado por el fuero no puede ir más allá de lo que la garantía exige para el buen funcionamiento de las instituciones, los individuos de las Cámaras pues, están obligados a una conducta pública que se corresponda a los altos fines de las instituciones de las que forman parte.

En virtud del tiempo, no daré lectura al texto normativo de la iniciativa, por lo que solicito, como siempre respetuosamente, a la Presidencia se sirva ordenar publicar el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, toda vez que en la Gaceta Parlamentaria está incluido en su número del día de hoy.

Asimismo solicito al señor Presidente, sea tan amable de turnar el presente proyecto a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, esperando que ésta y su homologa de la Cámara de Senadores puedan trabajar la iniciativa de manera conjunta en el mecanismo tradicional comúnmente llamado de comisiones.

Como lo solicita, publíquese íntegro el documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo segundo del acuerdo relativo a la asistencia a las sesiones, se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico e instruya el cierre del sistema.

- LA C. SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: ¿Falta algún diputado o diputada para registrar asistencia?… Adelante, diputado… ¿ya?… Bien.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 429 diputadas y diputados (11.19 horas). Ciérrese el sistema electrónico por favor y quienes al momento no han registrado su asistencia, disponen de treinta minutos para realizarlo por cédula.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada doña Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- LA C. DIP. ALEJANDRA MENDEZ SALORIO: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.

La globalización ha propiciado que las relaciones entre Estados se haya vuelto más intensas y estrechas, obligando con frecuencia al titular del Poder Ejecutivo a realizar –en su carácter de Jefe de Estado- viajes fuera del país a efecto de cumplir con las atribuciones que la propia Constitución le da en el ámbito de las relaciones exteriores.

El encuentro con otros jefes de estado, con directivos de organismos internacionales o simplemente con líderes políticos de otros países, forma parte cotidiana de la agenda presidencial, por razones plenamente justificadas, todas ellas relacionadas con el interés colectivo de la nación ya que en materia de política exterior el Poder Ejecutivo debe colmar las atribuciones que la Constitución y las leyes secundarias le otorgan y ampliarlas en la medida que ello abunde en la ruta de la transformación democrática.

No obstante, para poder ausentarse en cualquier caso del territorio nacional, el Ejecutivo debe, de conformidad con el artículo 88 constitucional, solicitar y obtener permiso previo de parte del Congreso de la Unión; no obstante y si bien esta disposición se justificó en sus orígenes, como vemos en la Constitución Federal de 1857, el supuesto fue regulado de manera más rígida, el presidente no puede separarse del lugar de la residencia de los poderes federales ni del ejercicio de sus funciones sin motivo grave calificado por el Congreso y en sus recesos, por la diputación (sic) Permanente para así impedir que el Gobierno se quedase sin su instancia máxima de decisión y que el Ejecutivo se mantuviese alejado del conocimiento de los problemas nacionales. Hoy en día, ante el impresionante avance de las telecomunicaciones, carece de sustento.

Puesto que la ausencia del territorio nacional del Presidentes de la República no implica que el Poder Ejecutivo Federal quede sin la instancia que es capaz de adoptar decisiones para afrontar problemas imprevistos o repentinos, la ausencia del territorio nacional de Presidente por períodos cortos se ha convertido en una actividad rutinaria que al realizarse no rompe los vínculos del titular del Ejecutivo con la Administración Pública Federal, ni con el conocimiento de lo que pasa en el país.

Sin duda, el asunto de los viajes al extranjero del Presidente de la República ha cobrado especial relevancia a partir de la alternancia en el Poder Ejecutivo y de la pluralidad en el Poder Legislativo, es por ello que proponemos reformar la disposición constitucional en comento para facilitar al Ejecutivo el desarrollo de una actividad que como ésta, se ha vuelto habitual además de adelgazar la de por sí ya abultada agenda de actividades del Poder Legislativo limitando la obligación del Presidente de la República de solicitar permiso para viajar al extranjero solamente en aquellos casos en que la ausencia deba prolongarse por más de 30 días, bastando –en el caso contrario- simplemente dar aviso al Congreso o a la Comisión Permanente, según corresponda.

No obstante para garantizar al pleno conocimiento por parte de los legisladores de la agenda y utilidad de los viajes que realiza el Ejecutivo, la propuesta establece la obligación del Presidente de hacer explicito en el documento de notificación de un viaje cuando éste sea menor a 30 días o en la solicitud de autorización para viajar al extranjero en ausencias mayores a 30 días, los beneficios que el mismo traerá aparejados para nuestro país.

Por lo tanto, en atención a l o anteriormente expuesto, los suscritos diputados del Partido Verde Ecologista de México, proponemos la siguiente reforma del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometiendo a esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto mediante la cual se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Artículo 88.- El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional por mas de 30 días, sin el permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente en su caso. En el supuesto de que la ausencia sea menor a 30 días, bastará que el Presidente dé aviso del mismo, según corresponda al Congreso o la Comisión Permanente.

En todo caso el Ejecutivo, al dar aviso al Congreso, deberá justificar su utilidad, así como posteriormente enviar un informe que contenga los logros alcanzados, como las actividades oficiales que realizó durante su ausencia del territorio nacional".

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

-EL PRESIDENTE: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Amalin Yabur Elias, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 102, 103, y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-LA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 102 apartado b, párrafo 2°, 3° y 5° y la adición del párrafo 9°, 103 fracción I y 105 fracción II, inciso g), en materia de otorgar la facultad de acciones de inconstitucionalidad y de amparo en contra de leyes y actos de autoridad que violen los derechos humanos, así como mecanismo de exigibilidad y defensa de los derechos humanos a los organismos públicos de protección de derechos humanos del país, que presenta una servidora del Partido Revolucionario Institucional de LIX Legislatura.

Sabiendo la importancia que tiene para nuestro país el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos, suscritos por México en materia de los derechos económicos, sociales, culturales y los derechos civiles y políticos,

Conociendo la necesidad de implementar mecanismos de exibilidad en el sistema no jurisdiccional en la defensa de los derechos humanos de manera progresiva para preservar la integridad de los mismos, en especial los derechos laborales consagrados en más de 182 convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT y así darle competencia a los organismos públicos de protección de los derechos humanos en materia de derechos laborales, en relación de generar mecanismo de justiciabilidad en el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, dándole competencia a los organismos públicos de protección de labor electorales y así dar cumplimiento a las propuestas normativas, emanadas del diagnostico sobre la situación de los derechos humanos en México, realizada por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos en México,

Para consolidar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas e incrementar los mecanismos, flexibilidad y justiciabilidad y hacer progresivo el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del Estado México y sabiendo la importancia que reviste que las leyes secundarias generales, así como las emanadas de las legislaturas locales, respeten los derechos humanos, se propone un mecanismo de protección para darle competencia a los tribunales federales de conocer sobre las controversias que susciten, cuando una ley o un acto de autoridad viole derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, ratificados por el Estado Mexicano.

Considerando que el Sistema de Ombudsman Mexicano, no lo representa una persona, sino que está integrado por todos los titulares de los organismos públicos de protección de derechos humanos del país y son estas autoridades los que tienen mayor sensibilidad y conocimiento acerca de la defensa y promoción de los Derechos Humanos, por lo que se hace indispensable otorgarle la facultad de promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, leyes y reglamentos federales y locales, indistintamente, reconociendo que el sistema de ombudsman mexicano tiene una representación social en materia de defensa y protección de los Derechos Humanos. Por ello se hace necesario establecer mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de colectivos.

En consecuencia, es indispensable otorgarle la facultad de presentar denuncias y quejas ante los organismos estatales, nacionales e internacionales, con el propósito de establecer un mecanismo constitucional que induzca la homologación de las leyes que regulan los organismos públicos de protección de los Derechos Humanos del país, otorgando un plazo razonable a las legislaturas locales para realizar las modificaciones correspondientes a las leyes-cumplimientos con los principios otorgados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y así, da la autonomía plena a los citados organismos públicos de las entidades federativas. Es decir, de gestión, presupuestal y la elección de sus titulares y consejeros, a propuesta de la sociedad civil, entre otros.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Primero. En el artículo 102, Apartado B, párrafos 2º, 3º y 5º y la adición del párrafo 9º, para quedar como sigue:

Artículo 102, Aparato B, párrafo 2º: " Los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán, ante las autoridades respectivas, recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades del ámbito local, nacional o internacional".

Párrafo 3º: "Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos jurisdiccionales".

Párrafo 5º: "La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un consejo consultivo integrado por 10 consejeros, los cuales deberán ser ciudadanos de la sociedad civil, propuestos por organizaciones de las mismas, que serán elegidos por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en su receso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Con la misma votación calificada, la ley determinará los procedimientos a seguir para presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo".

Párrafo 9º: "Las Constituciones locales y el Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, al establecer la regulación de los organismos de protección de los Derechos Humanos, garantizarán su autonomía plena, siguiendo las disposiciones y procedimientos que esta Constitución establece para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos".

Artículo 103, Fracción I: "Por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales o los Derechos Humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano".

Artículo 105, Fracción II , inciso G: "El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los titulares de los organismos públicos de protección de los Derechos Humanos de cada una de las entidades federativas, en contra de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, leyes o reglamentos federales o locales, que vulneren la protección constitucional de los Derechos Humanos".

Transcríbase el documento íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Miguel Ángel Osorio Chong, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una iniciativa que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Orgánica del Congrego General de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de obligar a diputados y senadores rindan un informe anual de actividades a sus representados.

Un estado democrático como el nuestro, no se puede concebir en la actualidad sin un valor fundamental, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un principio que constituye el ejercicio de una obligación democrática por parte de los que integramos el sistema político y de representación del Estado Mexicano.

Dicho principio, junto con el de la transparencia, son pilares en la construcción de un país donde se respetas las instituciones, donde se exija el cumplimiento de obligaciones y sobre todo, donde se actúe siempre con apego a la legalidad.

De esta forma, encontramos que uno de los elementos más importantes para los estados democráticos modernos es, sin lugar a dudas, el relacionado con la transparencia en su actuar y por otra parte, el relativo a la rendición de cuentas de los gobernantes hacia sus representados.

La transparencia es uno de los elementos que confiere la obligación que el poder público abra y ponga a disposición la información de las instituciones públicas a los ciudadanos. Esto, se puede lograr mediante sistemas que garanticen que los gobernados gozarán de la facultad de evaluar su desempeño, otorgándole lo necesario para formularse un juicio más razonado e informado y de esta manera, los destinatarios de dicha información podrán revisarla, analizarla y en su caso, usarla como un mecanismo para sancionar si es que se hayan anomalías en ésta.

En el proceso de reestructuración institucional en el que se encuentra inmerso nuestro país, la rendición de cuentas por parte de los legisladores, es un tema de suma importancia, puesto que una sociedad democrática supone la evaluación ciudadana sobre su gobierno. Y ésta, para que sea efectiva, requiere que el ciudadano tenga los elementos suficientes para hacer de su juicio un asunto razonado e informado.

En la medida en que los ciudadanos conozcan aspectos sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan sus representados, contarán con elementos para ejercer su derecho de evaluarla. De ahí, que la rendición de cuentas sea una condición necesaria para el pleno desarrollo democrático del Estado y para que los poderes públicos informen a la ciudadanía sobre su desempeño.

Por lo tanto, a más y mejor información que los órganos del Estado brinden al ciudadano, éste contará en mejores condiciones, se encontrará en mejores condiciones para valorar su gobierno y para tomar mejores decisiones.

Dentro de este contexto, es importante señalar que México tiene avances en cuanto al tema de transparencia y rendición de cuentas, destacando que se han suscrito distintos convenios y tratados internacionales en dicha materia, asimismo, se construyen cimientos más sólidos al haber aprobado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin embargo, la aprobación de una Ley de Acceso a la Información en México no es en sí misma suficiente para garantizar en la práctica y en los usos, a los sujetos obligados, sino que la ley debe concebirse como instrumento, desde luego imprescindible para la concepción de una verdadera política pública de transparencia y de rendición de cuentas que comprenda otras medidas complementarias y sobre todo, una auténtica voluntad política para impulsar el principio de transparencia.

De esta forma, realizar una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para imponer la obligación a los legisladores para que rindan o publiquen un informe anual acerca de sus actividades legislativas, tienen la finalidad de que al obligarse a rendir cuentas a su representados, fomenten el conocimiento veraz del actuar de sus representantes y esto conduzca necesariamente a legitimar su presencia en el Congreso de la Unión y así tener un vínculo más estrecho con los ciudadanos que los eligieron, presentando los avances y resultados.

La iniciativa que hoy presento, contribuirá a reformar al Congreso de la Unión, con el propósito de eficientar su trabajo y fortalecer su credibilidad de parte de la ciudadanía.

Compañeros diputados, no es posible pensar en temas como la reelección legislativa, cuando no informamos apropiadamente a nuestros electores; no podemos hablar de permanencia legislativa, cuando los ciudadanos no conocen el trabajo de sus representados. En efecto, tenemos que rendir cuentas y transparentar la política para apuntalar la dignificación de la acción pública.

Los legisladores tenemos una responsabilidad fundamental: venir a esta tribuna con el mandato que nos ha conferido el pueblo de México con la consigna de trabajar esforzadamente por representar la voluntad de quienes nos han electo; esto es una demanda de la ciudadanía en general que nos exige una mejor representación de sus intereses y sobre todo, una mayor credibilidad acerca de los trabajos parlamentarios.

Es momento de ser responsables con nuestros ciudadanos, es tiempo de darles la oportunidad de ser calificados por ellos y rendir cuentas de lo que hacemos en el Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto, por medio del cual se adiciona un artículo 11 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se adiciona un artículo 11 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 11 bis.- "Los diputados y senadores, estarán obligados a presentar un informe de actividades legislativas a los ciudadanos del distrito electoral o entidad federativa al cual representen, para cumplir con el principio de rendición de cuentas, sujetándose a los siguientes lineamientos:

d). Actividades en las comisiones y comités legislativos de las que sea integrante.

Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nos acompañan en galerías los alumnos del sexto semestre de preparatoria del Colegio Franciscano, Asociación Civil de Huamantla, Tlaxcala.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal.

LA C. DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO.- Con su venia, diputado Presidente.

Esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal, a fin de modificar la penalidad establecida para el homicidio en razón de parentesco o relación.

La suscrita diputada federal por el Estado de Nuevo León por el VIII Distrito Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIX Legislatura, fundamentándome en lo establecido por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución así como en los Artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Artículo 323 del Código Penal Federal.

Sin temor a equivocarme sostengo que la vida es lo más preciado que tenemos, así que las figuras delictivas contenidas en nuestros códigos relativas a las conductas que contra ella atentan merecen una especial atención, tratándose de delitos que traen como consecuencia la privación de la vida del ser humano, no debemos de ninguna manera dar marcha atrás a las penas que el Estado impone y mucho menos tratándose de la privación de la vida del padre, de la madre o de cualquier ascendiente consaguíneo en línea recta, descendientes, hermanos, cónyuges, concubinos, concubinario, adoptante o adoptado, tal y como lo señala el delito de homicidio, en razón de parentesco o relación.

La persona que llega a cometer este tipo de delito es un ser carente de conciencia, de especie para con el núcleo social más sólido e inmediato, como lo es la familia, esto es, cuando el delito es intencional.

Por lo anterior, encontramos que en la vida jurídica del Código Penal Federal al regular la privación de la vida en las distintas modificaciones, se ha incrementado la penalidad para el homicidio calificado y con las reformas del decreto fechado el 10 de enero de 1994, se derogaron los artículos que contemplaban al parricidio y al infanticidio, titulándose el Capítulo Cuarto del Título Decimonoveno del Código Penal Federal, homicidio en razón de parentesco o relación.

Al determinar la penalidad para la recién creada figura homicida en razón e parentesco o relación, en mi opinión no fueron debidamente valoradas las condiciones particulares, y se olvidaron de que se trataba de un delito especial de acuerdo a las condiciones personales existentes entre la víctima y el victimario.

En las precitadas reformas se estableció como penalidad aplicable al nuevo delito de homicidio en razón de parentesco o relación, prisión de 10 a 40 años, debo señalar que el delito de referencia así como el de homicidio genérico, puede cometerse en muy variadas formas, tal y como lo establece el Código Penal, penalizándose de acuerdo a su forma de ejecución, pudiendo ser homicidio atenuado, por estado de emoción violenta, por riña, por duelo, que se sanciona según el caso de 2 s 12 años de prisión, el homicidio simple intencional sancionable con una pena de 12 a 24 años de prisión, y el calificado cometido con algunas de las agravantes, premeditación, alevosía, ventaja, traición, que va de 30 a 60 años de prisión,

Al privar de la vida a una persona con la que tenemos un lazo de parentesco o de relación, se lesiona la fe o la seguridad expresa o tácita, surgida de las relaciones que inspiran confianza, verbigracia, entre ascendientes, descendientes o entre cónyuges.

En la descripción de la nueva figura delictiva, se incluyeron las conductas que configuraban el parricidio, privación de la vida de un ascendiente, el infanticidio, privación de la vida de un descendiente dentro de las 72 horas de su nacimiento, derogándose los artículos que lo contenían, pues dicho capítulo solamente consta de un artículo, el 323, que a la letra dice:

"Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consaguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado con conocimiento de esa relación, se le impondrá de 10 a 40 años, si faltare dicho conocimiento se estará la punilibilidad prevista en el Artículo 307 sin menoscabo de observar algunas circunstancias que agrave o atenúe la sanción que se refieren los Artículos 2 y 3 anteriores".

Ahora bien, refiriéndose mi propuesta a un bien protegido por el derecho, la vida, la misma normatividad establece que si con alguna conducta ese bien es dañado, prevé una reacción en manos del Estado, la aplicación de una determinada sanción como lo es la pena privativa de la libertad personal. Así la ley establece las penas que se aplicarán al cometerse alguno de los delitos que en la misma se contemplan, las que se modularán dependiendo de lo leve o grave de la conducta llevada a cabo y de las circunstancias particulares de los hechos.

Creo firmemente que todas las condiciones que acontecen para que el delito de homicidio sea atenuado, simple, intencional o calificado, se pueden presentar en el delito de homicidio en razón de parentezco o relación.

En los últimos años se ha lanzado una gran campaña contra la violencia hacia el seno de la familia; desgraciadamente nos damos cuenta que las conductas que se han presentado no quedan en simples lesiones, sino que van hasta la muerte de algún integrante de la misma, acontecimientos que tristemente han acaecido en los núcleos familiares a los que nos podemos sustraernos, pues en últimas fechas nos hemos enterado de hechos sangrientos en los que han participado cónyuges, concubinos, hijos, padres, madres; sucesos que han terminado en fatales consecuencias. Lo más lamenable es que se han presentado entre personas que se supone debe de haber convivencia armónica basada en el mutuo respeto.

Incluso es del conocimiento de todos, que también se integró en la codificación penal la figura de la violencia intrafamiliar, considerado que las leyes son expresiones tardías de la realidad, ya que la situación imperante en la sociedad fue de tal trascendencia requiriéndose que algunas conductas reiterativas en las familias fueran consideradas como delito, dado las graves consecuencias que estaban ocasionando en sus integrantes más débiles.

Tomando en cuenta que mi propuesta concretamente se refiere a la penalidad prevista para el delito de homicidio en razón de parentezco o relación, de tal forma que si el homicidio cometido en un desconocido es grave, la circunstancia de realizarse en el seno familiar esté formalizado o no, sea dentro de un matrimonio o concubinato, que para el caso es lo mismo, lo hace aún más grave, pues se da entre los integrantes de un núcleo en el que debe de existir mutua atención, respeto y buen trato; ya que si privar de la vida algún agravante, a un desconocido, está establecida una determinada que por las circunstancias particulares es de 30 a 60 años de prisión, el privar de la vida a una persona con la que se tiene un parentezco o una relación estrecha, como es el matrimonio o el concubinato, dicha conducta delictiva debe de ser sancionada con la misma severidad prevista para el homicidio calificado. Pero también con más humanidad cuando haya circunstancias que así lo ameriten; tratándose como el homicidio atenuado, figuras delictivas a las que me he referido en líneas anteriores.

En tal orden de ideas, propongo reformar el artículo 323 del Código Penal Federal, a fin de que la penalidad aplicable a la comisión del homicidio en razón de parentezco o relación, sea de 2 a 60 años de prisión.

Artículo 1o. Se reforma el artículo 323 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 323. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente, consaguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de 2 a 60 años. Y si faltare dicho conocimiento se estará a la punibilidad prevista en el artículo 307 sin menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los capítulos dos y tres anteriores.

Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor presidente, como esta iniciativa ya está dentro de la Gaceta Parlamentaria, solicito a usted atentamente sea publicado en el Diario de los Debates.

Por su atención compañeras legisladoras y compañeros legisladores, muchas gracias.

-PRESIDENTE: Gracias diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. Como lo solicita publíquese el documento íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

A continuación tiene el uso de la palabra el señor diputado don Miguel Angel Yunes Linares, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL YUNES LINARES: Con su permiso, señor presidente. Señor presidente, daré lectura sólo a la exposición de motivos y le rogaría ordene la publicación íntegra de la iniciativa tanto en la Gaceta Parlamentaria como en el Diario de los Debates.

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL YUNES LINARES: Honorable asamblea: un grupo de diputados federales militantes del Partido Revolucionario Institucional, comprometidos con las reformas que requiere México, hemos trabajado en la elaboración de una iniciativa para la revisión y, en su caso, reforma integral del título cuarto de la Constitución y al artículo 61 de la misma en materia de responsabilidad de servidores públicos.

Sostenemos que el avance democrático del país pasa necesariamente por la revisión de las normas que precisan los principios y valores a que debe sujetarse la actuación de los servidores públicos, así como de las leyes que regulan sus responsabilidades y determinan las guías para sancionarlos cuando incurren en una falta política administrativa o penal.

La reforma que impulsamos asume que los servidores públicos tenemos un compromiso mayor con la sociedad y que nuestro actuar debe ser ejemplar. Sostenemos también que la transición democrática se ha visto afectada por los abusos y la imposibilidad de sancionarlos en razón de una normatividad limitada y deficiente y que la misma es aplicada por órganos que no atienden sólo a lo jurídico sino fundamentalmente a lo político.

Es necesario, pues, modificar la ley para contribuir a transformar la realidad. Por ello proponemos una revisión integral al título cuarto de la Constitución en lo relativo a responsabilidad de los servidores públicos y a los procedimientos para sancionarlos, en caso de que se aparten de los principios y vulneren las normas que deben regular su actividad.

Hace más de dos décadas que se reformó de manera integral este título. Hoy es necesaria una nueva revisión de este apartado fundamental de nuestra carta magna para precisar el compromiso de los servidores públicos con los principios y valores.

Por ello se hace explícita en la iniciativa de reforma la obligación de los servidores públicos de desempeñar su función apegándose a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y se agrega el de equidad, que debe ser también norma sustantiva de su actuar.

La violación o el no apego a estos principios debe generar necesariamente una sanción, sin afectar la función de los órganos constitucionales. La protección constitucional a quienes tienen a su cargo estas funciones está hoy en el debate público.

Es incontrastable que algunas de las instituciones vigentes han perdido credibilidad y prestigio y aún más la sociedad les da una connotación negativa.

Es el caso del fuero constitucional que protege a los servidores de alto rango y en particular a los legisladores. El abuso y deformación de esta figura, indispensable sin duda para garantizar la integración y la autonomía del Parlamento, ha llevado a los ciudadanos a darle una valoración negativa y en muchas ocasiones de rechazo.

La confusión entre inviolabilidad y fuero, entre libertad plena de expresión y de voto de los parlamentarios y protección constitucional para que sólo se proceda en su contra previa autorización de esta Cámara afecta a ambas figuras constitucionales, por lo que es indispensable diferenciarlas para prestigiarlas.

En todo caso, el interés del Parlamento es su autonomía y la plena libertad de sus integrantes, su inviolabilidad, pero también debe interesarle la aplicación expedita y oportuna de la ley cuando alguno de ellos la quebrante.

El fuero no debe ser un obstáculo político insalvable para que la autoridad proceda en contra de quien presuntamente actuó fuera de la ley y cometió un delito. En todo caso, conviene al prestigio del propio Parlamento un actuar eficaz de la autoridad, en la medida en que no afecte las facultades constitucionales del órgano legislativo o su propia integración.

Es igualmente inconcuso que los procedimientos de desafuero ante este órgano legislativo necesariamente están condicionados por razones de carácter partidista y atienden a motivaciones que no siempre son las estrictamente legales.

Por ello se propone que sea un órgano ajeno el que analice la procedencia del desafuero desde una perspectiva estrictamente jurídica y que, en el caso del Congreso, las cámaras conserven una potestad final para actuar cuando se pudiera afectar su integridad.

Así, esta facultad quedaría en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que, previa querella de la Procuraduría General de la República y respetando la garantía de audiencia del inculpado y las reglas del debido proceso, emitiría una declaratoria analizando la existencia del delito, la probable responsabilidad del imputado así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita, que son los mismos elementos jurídicos que analizan los órganos instructores de esta Cámara en los procesos de desafuero.

Este procedimiento estrictamente jurídico, desarrollado ante un órgano jurisdiccional en un lapso no mayor de 30 días, generaría certidumbre y la plena convicción de imparcialidad.

Se propone también en la iniciativa, precisar en la Constitución que cuando el servidor público goce de licencia, no se requerirá declaratoria de desafuero para proceder en su contra.

Se presenta también una propuesta de adición al artículo 61 para abrir la posibilidad de que un legislador sea detenido si comete un delito grave y es sorprendido en flagrancia.

Igualmente se plantea precisar el lapso en que tiene vigencia la protección del fuero en el caso de los legisladores y al efecto se propone que éste se inicie desde el momento en que se expidan las correspondientes constancias de mayoría y validez o de asignación que les acrediten como tales.

En el caso de la responsabilidad penal del Presidente, se propone precisar que podrá ser encausado por traición a la patria y delitos graves del orden federal y del orden común para resolver el debate constitucional al respecto.

Se plantea también cambiar el proceso para la aplicación de sanciones penales de tal manera que éste no continúe a cargo de las Cámaras del Congreso, sino pase al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que al recibir la querella correspondiente, analizaría la procedencia de la misma y en su caso continuaría la tramitación del juicio hasta concluirlo.

El método de sustitución propuesto abre la posibilidad de que el Presidente del Senado de la República asuma el cargo de Presidente de la República mientras el Congreso hace uso de sus facultades de sustitución.

En cuanto al juicio político, se mantiene la potestad del Congreso para actuar como órgano de acusación y sentencia y se incorpora la posibilidad de instaurarlo contra el Presidente de la República, en el caso de que sus actos atenten de manera reiterada contra la Constitución, la soberanía nacional, la seguridad interna del país, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los demás poderes y el ejercicio de los derechos políticos individuales y sociales.

Con lo anterior nuestro país dejaría atrás una de las últimas expresiones del presidencialismo omnímodo para asumir que el Ejecutivo puede equivocarse y que su actuación negativa puede ser sometida a juicio por la representación nacional al extremo de poder removerlo del cargo. En prácticamente todos los países democráticos con régimen presidencial, existe esta figura. En caso de remoción sería sustituido temporalmente por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta en tanto el Congreso no hace uso de las facultades establecidas en los artículos 84 y 85.

Para prestigiar la política y dar esperanza a los ciudadanos, es preciso fortalecer valores, recuperar principios y apegar la conducta de todos a la legalidad.

Los fenómenos de corrupción, de abuso del fuero, la exposición pública de la arbitrariedad y la impunidad, han lastimado gravemente a la política. Hay una severa exigencia social en la dirección de asumir el servicio público como tal, alejado de visiones patrimonialistas y corruptas. Se exige apego a la ley y transparencia, en particular, en lo que se refiere a las cuestiones patrimoniales. Por esta razón en la iniciativa se propone precisar a nivel constitucional la obligación de los servidores públicos de presentar una declaración patrimonial juramentada como requisito previo para tomar posesión del cargo. Esta declaración contendría dos elementos adicionales: Sería pública y contendría la autorización expresa para dejar sin efecto el secreto bancario, fiduciario o fiscal que protege los bienes y derechos del declarante.

Hay también un severo reclamo social contra la confusión y el conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública. Por ello se propone regular en un artículo un régimen de incompatibilidades, de tal manera que el servidor público no pueda desempeñar otro cargo o empleo público o privado incompatibles ni gestionar en nombre propio o ajeno ante las entidades de la administración pública asuntos en los que tenga directa o indirectamente interés económico.

Se plantea considerar como causal de juicio político y por tanto de destitución del cargo el incurrir en alguna de estas conductas. Se propone adicionalmente hacer más estricto el régimen de sanciones, de tal manera que cuando se afecte intencionalmente el patrimonio del Estado los plazos de prescripción se dupliquen y no proceda ni el indulto ni la amnistía ni la conmutación de la pena.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Adelante, señor Diputado.

- EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL YUNES LINARES: La iniciativa pretende iniciar un debate a fondo sobre el sistema de responsabilidad de los servidores públicos para prestigiar la política, para fortalecer la democracia y para responder con eficacia al claro reclamo social.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y transcríbase íntegro el documento en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado.

En el siguiente punto del orden del día tenemos dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): Con todo gusto, señor Presidente.

(Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política, del 24 de marzo

El diputado Tomás Cruz Martínez causa alta en el Comité Centro de Estudios de

El diputado Miguel Agustín Alonso Raya causa alta en la Comisión Especial para a

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Secretaria.

(Da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se somete a la

consideración del pleno la integración de la Sección Instructora de la Cámara de

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Secretaria.

Este documento de la Junta de Coordinación Política tiene que ser sometido a discusión y votación del pleno, en virtud de que plantea integración de directiva de la Sección Instructora. Pero la Presidencia advierte que este acuerdo está constituido por cuatro apartados y que uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política lo ha suscrito con una nota que dice: "A favor de su instalación, en contra de la forma como se está integrando".

En esas condiciones, la Presidencia abrirá el debate, primero en lo general, y considera que sea apartado para debatir en lo particular el apartado segundo del acuerdo.

Entonces habrá dos registros de oradores: primero en lo general y luego en lo particular. Y habrá dos votaciones: la primera en lo general, sin el apartado segundo; y la segunda votación solo en relación con el apartado segundo.

Tengo registrado en contra al señor diputado José González Morfín, pero en virtud de la nota que aparece, lo considero registrado en la votación en lo particular del apartado segundo.

No habiendo oradores en lo general, se instruye a la Secretaría para el efecto de que consulte a la asamblea si está suficientemente discutido en lo general.

-SECRETARIA, DIP. MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Ahora se instruye a la Secretaría recabe en votación económica de la asamblea si se está de acuerdo con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, repito, sin tomar en consideración el acuerdo segundo, el segundo apartado del Acuerdo que está reservado para discutirlo en lo particular.

En votación económica se pregunta a la asamblea si está de acuerdo con el Acuerdo leído por parte de la Junta de Coordinación Política.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

-PRESIDENTE: Ahora bien, en los términos de los artículos 133 y 134, aplicados en forma supletoria a este punto, se abre la discusión en lo particular y esta Presidencia tiene registrado en contra al señor diputado José González Morfín, por lo que se refiere al apartado segundo del Acuerdo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José González Morfín, en contra del apartado segundo del Acuerdo.

-DIP. JOSE GONZALEZ MORFIN.- Compañeras y compañeros diputados: Voy a fundamentar aquí el voto en contra del Grupo Parlamentario del PAN, de la forma como se pretende integrar la Sección Instructora.

Desde el día de ayer en la Junta de Coordinación Política expresamos que en nuestra opinión, la Sección Instructora, que solamente se integra por cuatro diputados, debería de quedar integrada por un diputado de cada uno de los grupos parlamentarios, por lo que enseguida señalo.

Leo solamente el último párrafo del artículo 45 de nuestra Ley orgánica, porque me parece que es fundamental en esta decisión que habremos de tomar.

Ya sabemos todos que el artículo 88 del Reglamento establece que para que haya dictamen se requiere la mayoría de las firmas de los integrantes de una Comisión. Sin embargo, en la primera reforma que hizo esta Legislatura y que fue a nuestra Ley Orgánica, agregamos un último párrafo al artículo 45 de la Ley Orgánica, que establece lo siguiente:

"Los proyectos de dictamen del a Sección Instructora y los de las Comisiones encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia, sólo pasarán al pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos". Reitero, "... sólo pasarán al pleno si son votados por la mayoría de los integrantes".

Basta entonces, compañeras y compañeros diputados, con que dos diputados ni siquiera voten en contra, se abstengan de firmar el dictamen para que este pleno ya no pueda conocer de un juicio de procedencia sustanciado en la Sección Instructora.

Entonces, a mí me parece verdaderamente grave que dejemos en manos de un solo grupo parlamentario, de un solo partido político, una decisión tan importante, tan trascendente para esta Cámara de Diputados.

A mí me parece y quisiera entender, no entiendo realmente por qué el PRD acepta entregar esta decisión tan importante a un solo grupo parlamentario. Yo creo que hay ocasiones en que se requiere que la pluralidad de la Cámara quede perfectamente reflejada en la integración de algunos de sus órganos.

Este es tal vez uno de los más importantes, ¿de qué estamos hablando? y quisiera señor Presidente, para que no se me agotaran los dos minutos que me quedan, que instruyera a la Secretaría para que diera lectura sólo al primer párrafo del Artículo 111 Constitucional.

-EL C. PRESIDENTE. Se suspende el marcaje del tiempo, se instruye a la Secretaría para que dé lectura al primer párrafo del Artículo 111 Constitucional.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO- Con todo gusto, señor Presidente.

ARTICULO 111.- Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejo Presidente, los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por

mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias Secretaria. Continúe el marcaje de tiempo y continúe su intervención, Diputado.

-EL C. DIPUTADO JOSE GONZALEZ MORFIN. Quise que se leyera nomás para que se vea de qué estamos hablando, del tamaño de la responsabilidad.

La Constitución deja en anos sólo de la Cámara de Diputados, la responsabilidad de declarar por mayoría absoluta, cuándo se puede proceder contra todos esos funcionarios que se leyeron: Senadores, Diputados Federales, Diputados Locales, Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Ministros de la corte, etc. etc., todos, absolutamente todos, solamente en el caso de los Senadores, tiene esta decisión que ser ratificada por la propia Cámara de Senadores, todos los demás aquí se resuelven por mayoría absoluta.

Entonces estamos hablando de una Comisión llamada Sección Instructora que tiene una enorme responsabilidad en términos constitucionales y que tiene una enorme responsabilidad para nosotros como Diputados, en todo caso su integración.

-EL C. PRESIDENTE. Un momento Diputado González Morfín, suspéndase el marcaje del tiempo. La Diputada Sofía Castro, por favor sonido en su curul.

-LA C. DIPUTADA SOFIA CASTRO (desde su curul):- Muchas gracias señor Presidente.

-LA C. DIPUTADA SOFIA CASTRO (desde su curul):- Diputado Morfín, usted señala que el argumento para tener acreditados en la Comisión Instructora a dos Diputados del PRI es un acto que no permite la apertura democrática.

Pero, yo le pregunto a usted, ¿en la LVIII Legislatura el PAN sostuvo a dos de sus integrantes y ahora el argumento cuál sería?. Esta es mi pregunta

-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputada, proceda Diputado González Morfín y suspéndase el marcaje del tiempo.

-EL C. DIPUTADO JOSE GONZALEZ MORFIN.- Qué bueno que me hicieron esta pregunta; por eso comencé en mi intervención leyendo un precepto que nosotros aprobamos en nuestra primera sesión, donde a lo que establece el Artículo 88 del Reglamento, le hacemos todavía un agregado, un candado mayor, por llamarlo de alguna manera, que basta con que dos de los cuatro integrantes decidan no firmar un dictamen de la Sección Instructora para que el pleno no pueda conocer y resolver sobre él, eso es responsabilidad nuestra.

Pero independientemente de esto, compañera diputada y con todo respeto, yo creo que esta Legislatura va a responder por sus actos, nosotros vamos a responder ante la ciudadanía por lo que nosotros hagamos aquí en la LIX Legislatura y eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa. (aplausos)

- EL C. PRESIDENTE: Un momento diputado González Morfín. Diputado Romero Romero, por favor sonido en su curul.

EL C. PRESIDENTE: Don Jorge Romero Romero pretende hacerle una interpelación, una pregunta. ¿Acepta diputado González Morfín?

- EL C. DIP. JOSE GONZÁLEZ MORFIN: Si usted lo autoriza Presidente, con mucho gusto.

- EL C.DIP. JORGE ROMERO ROMERO: (desde su curul) ¿Cree usted que venir a argumentar que cuando se firmó el acuerdo, que fue efectivamente el primer acuerdo del que usted remite esta respuesta a la compañera Sofía, fue una inocentada que se cometió después de la osadía de haber avasallado la Sección Instructora en la LVIII Legislatura?

- EL C. DIP. JOSE GONZALEZ MORFIN: Gracias señor Presidente. Yo creo que cada quien tiene su responsabilidad, yo lo que señalo son hechos concretos diputado Romero. O sea, nosotros aprobamos –hasta donde yo entiendo- por unanimidad esa disposición, me parece que es un candado adiciona al que ya establecía el artículo 88 del Reglamento que es un artículo muy añejo, desde 1936; yo no quiero aquí juzgar si es necesario o no es necesario, yo me estoy refiriendo a la responsabilidad que nosotros asumimos en términos constitucionales y al riesgo que representa de acuerdo con la normatividad vigente, el que un solo grupo parlamentario y no me importa en este caso… digo, estaría en desacuerdo si fueran del PAN, si fueran del PRD, si fueran del PRI o si fueran de otro grupo parlamentario.

Yo lo señalé en su momento, que a mí me parece que por este dato que estoy dando y por la responsabilidad que tenemos como diputados de la LIX Legislatura… porque a la Sección Instructora seguramente…

- EL C. DIP. JOSE GONZALEZ MORFIN: Voy a terminar la respuesta, señor Presidente.

Seguramente van a llegar muchos casos que tengan que ver con diputados de todos los partidos políticos, incluyendo por supuesto al mío, me parece que lo mejor sería que se recogiera la pluralidad. Nada más.

Con esto concluyo la respuesta y si me lo permite termino también con mi intervención.

- EL C. DIP. JOSE GONZÁLEZ MORFIN: Me parece pues, como ya lo he dicho, que en un órgano tan importante que en términos de opinión pública tendrá tanto que ver con lo que la gente piense de esta Legislatura es muy importante la pluralidad.

Lamentablemente en la Sección Instructora sólo podrán ir cuatro y además a la Comisión Jurisdiccional solamente concurren cuatro de los grupos parlamentarios, por eso hicimos la propuesta de que se integrara con un diputado de cada uno de los grupos parlamentarios.

Reitero simplemente para concluir. Es la Comisión que va a substanciar todo el procedimiento, todo el procedimiento de todos los juicios de procedencia que aquí llegan. A mí me parece que como diputados de esta Legislatura tenemos una enorme responsabilidad y yo creo que no podemos votar el acuerdo en los términos en que viene, yo propondría que lo votáramos en contra y que diéramos oportunidad a la Junta de Coordinación Política a que mandara otro en términos como yo lo he señalado. Muchísimas gracias. (aplausos)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra para hablar también en contra de este apartado segundo, el señor diputado don Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

En efecto, creo que hoy México, los ojos de México, de los mexicanos, de la opinión pública están puestos en esta Cámara respecto de lo que es indudablemente un reto histórico, el que esta Cámara asuma su función jurisdiccional con toda pulcritud, con toda precisión y con toda imparcialidad para suscitar la confianza, la esperanza, las posibilidades del ejercicio y de la vigencia del régimen de derecho en el país.

Y si el año pasado cometimos un serio hierro para llamarlo indulgentemente, lo que fue la revocación de un acuerdo de esta Cámara para abrir justamente o para celebrar el juicio de procedencia que la Comisión Jurisdiccional de la anterior Legislatura, había dejado precisamente, dispuesto para desahogarse y sustanciarse en el Primer Periodo de Sesiones de esta Legislatura, hoy no podemos volver a incurrir en un error semejante.

El que se integren estas comisiones instructoras con clarisísima tendencia mayoritaria de los partidos afectados, respecto de las personas o de los individuos sujetos a esos juicios, es evidentemente violar un principio elemental de que nadie puede ser juez y parte en una causa.

Ello, compañeros diputados, nos obliga necesariamente a un introspección ética en serio. Todos lo sabemos, no creo que nadie lo ignoremos que en los estados democráticos del mundo más efectivos, más activos, son justamente estos principios de la equidad, de la integración plural y muy por sobre todo, también de la función más relevante de las minorías en los parlamentos, el que se integren estas instituciones, estas instancias jurisdiccionales con miembros, sobre todo de los partidos minoritarios que no tienen o que no están afectados por un interés en el caso concreto; ello para garantizar a la ciudadanía que se representa la objetividad, la legalidad y la imparcialidad en las resoluciones que ahí se adopten.

El volver a insistir como ahora, en que sea un partido el que predomine y que tenga por consiguiente, el peso específico para inclinar la balanza de su lado, es obviamente violentar el derecho, violentar el criterio más elemental de justicia. Por eso, nos tenemos que rebelar ante esta decisión, por eso tenemos que impugnar el que se adopte, este acuerdo que hoy se ha puesto a consideración de esta asamblea.

Ya ocurrió días antes y aquí también tengo que hacerle el cargo al PAN, cuando a mí me excluyeron de la Comisión de Examen Previo de la Subcomisión de Examen Previo, en la Comisión de Gobernación. Sabemos que solicité participar y ser parte de ella, porque había interés de Convergencia para estar justamente aportando lo mejor para el examen de los casos y para que el curso de la justicia se lleve a cabo hasta sus últimas consecuencias. No obstante, que se solicito en tiempo, se me excluyo y se le dio lugar a otro partido y en la Comisión de Examen Previo hay también ahí, mayoría del PRI y del PAN, que son justamente los partidos que se verán más afectados con estas denuncias que se están presentando cada vez con mayor inmediatez en nuestra vida política.

Es por ello, pues que nosotros anotamos aquí un voto firme, un voto definido en contra de una integración parcial y sectaria de una comisión tan trascendente, como es la Comisión Instructora en esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.

-EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea, si está el punto de acuerdo, el apartado segundo del punto de acuerdo, suficientemente discutido en lo particular. Un momento, Secretaria.

-EL PRESIDENTE: Perdón. Sonido en la curul del señor diputado don Pablo Alejo. Pablo Alejo López Núñez del partido Acción Nacional, sonido en su curul.

-EL DIP. PABLO ALEJO LOPEZ NÚÑEZ( desde su curul): Si, señor Presidente. Únicamente para solicitar con fundamento en el artículo 148, la votación nominal de este artículo reservado.

En virtud, de que está satisfecho los requisitos del artículo 148, porque ha sido apoyado en su solicitud, el señor diputado don Pablo Alejo Núñez, por más de 5 legisladores, proceda la Secretaría a primero, a consultar a la asamblea, si está suficientemente discutido en lo particular.

Perdón, un momentito. Señor diputado aclárenos, don Pablo Alejo López Núñez. La votación nominal la solicita usted para votar el Apartado Segundo o esta votación que está pidiendo que si está suficientemente discutido?

EL DIP. PABLO ALEJO LOPEZ NÚÑEZ: (Desde la curul) Es el Apartado Segundo, señor Presidente.

Entonces, en votación económica proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si está suficientemente discutido este Apartado Segundo del acuerdo.

LA SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto, señor Presidente.

En votación económica, se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutido el Apartado Segundo del punto de acuerdo reservado.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Ahora, satisfecho el requisito del artículo 148, y a solicitud del señor diputado don Pablo Alejo López Núñez, proceda la Secretaría a recabar la votación nominal y para tal efecto disponga se abra el sistema electrónico de recepción de votación por un lapso de 5 minutos.

EL DIP. WINTILO VEGA MURILLO: (desde la curul) Le pediría, de ser posible, Presidente, pudiera clarificar el sentido de la votación a favor y en contra.

El sentido de la votación será, a favor o en contra del Apartado Segundo del acuerdo que solicito a la Secretaría le dé lectura. A favor en sus términos, en contra, si es en contra de sus términos, pero para que quede claro, instruyo a la Secretaría le dé lectura únicamente al Apartado Segundo, que es lo que está sometiéndose a votación. Del acuerdo.

LA SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto, señor Presidente.

Acuerdo Segundo. Para los efectos del presente instrumento, la Sección Instructora quedará integrada por los siguientes diputados federales: Presidente, diputado Horacio Duarte Olivares; Secretaria, diputada Rebeca Godínez y Bravo; integrante, diputado Francisco Cuauhtémoc Frías Castro; integrante, diputado Alvaro Elías Loredo.

De acuerdo con la lectura que ha hecho la Secretaría, la votación sí, será a favor del acuerdo en sus términos, la votación no, por supuesto será en contra de cómo está el acuerdo.

Proceda la Secretaría por 5 minutos, a instruir la apertura del sistema electrónico.

LA MISMA SECRETARI: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación del Apartado Segundo del punto de acuerdo.

LA MISMA SECRETARIA: Señor Presidente, la votación es como sigue: 247 a favor, 143 en contra y 26 abstenciones.

EL PRESIDENTE: Aprobado el Apartado Segundo del punto de acuerdo y aprobado el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política.

Comuníquese después de la declaratoria de aprobados en lo general y en lo particular.

El siguiente punto del orden del día es el debate pactado sobre la Reforma Electoral. Se han inscrito para la primera ronda los siguientes ciudadanos diputados:

En consecuencia tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús Martínez Álvarez.

México viene avanzando con paso firme en la mejora constante en su legislación electoral. Esto viene desde diciembre de 1963, año en que se produce la constitucionalización semántica de los partidos políticos.

Desde entonces a la fecha, esta Cámara, este Congreso, con diferentes grados de consenso, se ha dado a la tarea de perfeccionar las reglas de la competencia electoral.

Esta soberanía ha discutido y aprobado adecuaciones a nuestro marco jurídico electoral en el año del 70, 73, 77, en 1980, 82, 86, 89, 90, 93 y finalmente en el año de 1996.

La autoridad electoral ha evolucionado desde aquella Comisión Federal de Vigilancia Electoral de la Ley Electoral Federal de 1946, pasando incluso por aquella Comisión Federal Electoral de los 80 que presidía el Secretario de Gobernación y en la que un solo partido tenía 16 de los 31 votos posibles, hasta llegar a la actual conformación del IFE, producto de las reformas constitucionales legales de 1996, cuyo órgano superior de dirección es completamente autónomo y ciudadanizado y en el que los partidos políticos tienen voz pero no voto.

A lo largo de todo este tiempo hemos podido ver cómo este Congreso ha ido concediendo mayores derechos y prerrogativas a los partidos políticos nacionales, pero también le ha impuesto mayores deberes y les ha otorgado a las autoridades mayores facultades para vigilar su apego a derecho.

En 1990 se aprobó el COFIPE que derogó al Código Federal Electoral y que fue votado a favor por cinco de los seis grupos parlamentarios que integraban esta Cámara de Diputados.

Sabemos que con la reforma de 1996, que son las que hoy nos rigen, hoy en día se modificó una vez más el texto constitucional, señalando entre otras muchas cosas, que la filiación a los partidos debía de ser en forma libre, individual; terminándose con esta forma con la afiliación colectiva, se suprimió la figura de registro condicionado, se dispuso que las agrupaciones políticas que aspiren a obtener su registro como partido político, deben formular una declaración de principios, programa de acción y estatutos, contar con determinado número de afiliados, de asambleas, porcentajes en distritos, en entidades federativas. Estos requisitos, por cierto, fueron modificados hace unos meses para hacer más difícil el acceso al sistema de partidos, sin embargo debemos aceptarlo y debemos reconocerlo. Los últimos problemas que se han presentado, han venido a poner de manifiesto aún las grandes deficiencias que tenemos en materia electoral.

Todos los mexicanos que desean una verdadera democracia participativa, reciben con entusiasmo todas las iniciativas que se han presentado por diputados de diferentes partidos, por partidos políticos en lo particular, pero sobre todo, también del Ejecutivo Federal.

Y creo, habiendo analizado cada una de estas propuestas, que afortunadamente la mayor parte de las propuestas permiten los consensos prácticamente de todos los partidos, porque en principio, estamos de acuerdo en que es necesario disminuir los costos de las campañas electorales, estamos de acuerdo, desde luego, en que se regulen las precampañas; estamos de acuerdo en disminuir sustancialmente los recursos públicos a los partidos políticos en la medida en que todos los partidos políticos tengamos acceso de manera equitativa a través de los medios de comunicación y solamente a través del Instituto Federal Electoral.

Estamos de acuerdo que el Instituto Federal Electoral tenga más facultades en materia de fiscalización, estamos de acuerdo en que se empaten los procesos electorales municipales, estatales y nacionales en dos, en cuatro o en seis procesos electorales. No podemos seguir permitiendo que en nuestro país tengamos más de sesenta y cuatro procesos electorales y que el país, este país de México, tenga una de las más costosas campañas electorales sumando las prerrogativas de los partidos y sobre todo, lo que propicia la desviación de los recursos de diversos gobiernos estatales, gobiernos municipales, pero particularmente, de la desviación que se hace de los programas sociales.

Nuestro Partido Convergencia, como ustedes lo saben, presentó una iniciativa sobre Ley de Partidos Políticos, donde estamos hablando de la actualización del sistema de partidos políticos en este país, porque no podemos permitir que actualmente varios de los partidos se encuentren capturados o secuestrados por grupos de interés por sus propias dirigencias; porque no podemos seguir permitiendo que los militantes de los partidos políticos no conozcan ni siquiera de manera clara cuáles son las reglas para poder acceder a los cargos de elección popular o poder ocupar un cargo dentro de la dirección de su partido político; y desde luego, algo muy importante: hoy, los partidos políticos, como entidades de interés público, no podemos rendirle solamente al IFE cómo se manejan los recursos públicos, necesitamos que los propios militantes tengan derecho a saber cómo se manejan los recursos en sus partidos políticos.

Necesitamos transparentar y rendir cuentas a la sociedad, quien es la que finalmente sostiene con sus impuestos la vida de los partidos políticos en este país.

Sin embargo, hoy como nunca, no se trata de competir cuál de todas las propuestas, incluyendo la del Ejecutivo, es la que debe imponerse. Convergencia acepta todas aquellas propuestas en las que coincidimos, y en este sentido podemos hablar de que en un 70% según el análisis general que hemos realizado, tenemos ya prácticamente consenso, pero creo que tenemos la capacidad de poder seguir avanzando con alteza de miras y pensando en los intereses superiores del país, en prácticamente llegar a un 80 o 90% de los consensos.

Y si lamentablemente no se diera el caso de algún porcentaje menor, en donde no nos pusiéramos de acuerdo habría que dejarlo a un lado, porque es preferible el 70, el 80% de un 100% que el 0% de nada.

En muchas ocasiones hemos visto como fracasan las buenas intenciones, cuando algún partido o el propio Poder Ejecutivo tratan de imponer su propia propuesta, aquí de lo que se trata es de que gane la democracia, aquí de lo que se trata es de que se fortalezcan las instituciones, aquí de lo que se trata es de que los partidos recuperemos la credibilidad que hemos venido perdiendo. Muchas gracias.

-EL C,. PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Alejandro González Yáñez del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

-EL C. DIPUTADO ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ: Gracias señor presidente. Legisladoras y Legisladores. Se convino un debate pactado sobre la reforma electoral y consideramos conveniente entrar directamente al debate, la propuesta del presidente Vicente Fox y del precandidato Santiago Creel, que empieza a establecer las bases para que las reglas jueguen a su favor, no resuelve los grandes problemas electorales de la lucha política contemporánea en México, los cuales son los siguientes:

1º.- La corrupción que impera sobre los dineros públicos que se destinan a los partidos políticos.

2º.- El financiamiento privado ilegal, tanto nacional como extranjero, que compra candidaturas, compra partidos, compra puestos públicos, se vive de facto la privatización de la política y la privatización del poder político.

3º.- Campañas que se han convertido en las verdaderas campañas, es decir, para algunos la estrategia es que la campaña constitucional sólo sea la última etapa de toda su campaña electoral, es decir, la precampaña como principal campaña electoral.

4º.- La inequidad en el acceso a los medios de comunicación y en general la inequidad en todo el proceso electoral.

5º.- La prevalencia de campañas de Estado que son tan ilegales como inequitativas.

Estos cinco son los que podemos considerar los grandes problemas contemporáneos que hay que resolver.

La iniciativa de Vicente Fox y del precandidato Creel, no toca el financiamiento privado verdadero problema de la perversión que han sufrido los procesos electorales en nuestro país y lo vamos a reiterar, el desencanto contemporáneo en los procesos comiciales es sobre todo por el escándalo de los Amigos de Fox; por el escándalo del PEMEXGATE; por el escándalo de los videos políticos. Es decir, éstos son los principales escándalos.

En relación al financiamiento público el más sonado es la corrupción del más recordado Partido de la Sociedad Nacionalista. De los cuatro grandes escándalos nacionales, tres se originan por el financiamiento privado, no necesariamente por el financiamiento público.

La propuesta de Vicente Fox y del precandidato Creel en relación a las precampañas, no garantiza ni asegura su control, es más, es una propuesta light que solamente esconde sus verdaderas intenciones. La propuesta de Fox, Creel, no resuelve las campañas mediáticas de Estado, sólo las toca por arriba.

Vamos a explicarnos lo siguiente: ¿Cómo es posible que Vicente Fox haya llegado al poder a través de una de las campañas más largas de la historia del país y ahora supuestamente propone una campaña corta? ¿cómo es que Vicente Fox llegó al poder a través de una de las campañas más caras de la Historia de México y ahora supuestamente propone una campaña barata?

Hay un giro en la estrategia y a esto los alertamos. La estrategia es que ahora son dueños del Poder Ejecutivo y se preparan a una campaña de Estado. Esa es la estrategia de Santiago Creel. Por eso estamos proponiendo y lo hemos hecho categóricamente este día a través de la iniciativa de reforma electoral integral y democrática del Partido del Trabajo, que no sólo se prohiba la propaganda gubernamental un mes antes de la jornada electoral; estamos proponiendo que la propaganda gubernamental se prohiba en todo el proceso electoral, para evitar una campaña mediática de Estado.

Además proponemos la prohibicíón total y completa del financiamiento privado porque esa ha sido la puerta para el financiamiento ilegal de las campañas. Proponemos no sólo la disminución de los tiempos de las precampañas, sino la prohibición completa del uso de los medios masivos de comunicación en dichas precampañas.

Proponemos que sea el Instituto Federal Electoral el único que tenga la posibilidad de contratar tiempos y espacios en los medios de comunicación. Proponemos la recuperación de la figura de las candidaturas comunes para que cada partido se haga valer en cada proceso electoral.

Proponemos flexibilizar las coaliciones, ahora es un absurdo; ahora nuestro marco jurídico realmente no contempla coaliciones; jurídicamente hablando son fusiones. ¿Cómo es posible que para hacer una coalición se deban de tener incluso los mismos documentos básicos? Es aberrante. Es urgente flexibilizar las coaliciones.

Proponemos la cancelación de las candidaturas en el mismo proceso electoral a quien violente los topes de campaña. A toro pasado no hay sanción.

Proponemos modificar la fórmula de asignación de los recursos a los partidos políticos para hacer más equitativas las campañas.

Proponemos, finalmente, que sean los partidos políticos los que dispongan de los tiempos oficiales del Estado mexicano para acceder a la propaganda en medios y hacemos una advertencia y alerta: ir a campañas cortas significa sólo ir a campañas mediáticas y las campañas mediáticas alejan más a los partidos del pueblo.

No se va a hacer una campaña de contacto directo, de compromiso con la población. Si ustedes avanzan en disminuir los tiempos de campaña tengan la certeza de que se va a incrementar la abstención, que es uno de los principales males de la contemporánea democracia mexicana.

Al revés, se debe de estimular a los partidos políticos a que hagan campaña territorial, de contacto directo con la población para escuchar a la comunidad y sus reclamos, para hacer compromisos directos.

Aparte de estas consideraciones es urgente que el debate se dé entre todas las iniciativas que se han presentado y de esa manera podamos construir una propuesta integral alternativa, de acuerdo a la actual coyuntura de la democracia en México. Muchas gracias.

A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

EL C. DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hace uso de esta tribuna para manifestar su posición a lo que han llamado la reforma electoral, reforma que no sólo es ni será la del Poder Ejecutivo ni tampoco la presentada por algunas fuerzas políticas con representación en este Congreso.

La reforma electoral es y será aquélla que logre las magnas demandas y necesidades de la sociedad sin condiciones de ninguna especie. Será también aquélla que conjunte las iniciativas presentadas en la materia en los últimos años, las cuales no pueden pasar desapercibidas por las comisiones dictaminadoras.

Será aquélla que plasme las demandas ciudadanas de conformidad con la realidad social imperante.

Y uno de los puntos torales que se deben tomar en cuenta para realizar una verdadera reforma electoral es que el sistema adoptado por nuestra Constitución permite que determinados cargos de importancia para la estructuración, diseño y ejecución del Estado y de sus políticas sean ocupados por personas a las que la ciudadanía deposita su confianza y que son postuladas por un determinado partido político, las cuales contribuyen a fijar las líneas de acción inmediatas más importantes en diversos cargos de elección popular.

Por ello deviene necesario actualizar el marco legal para que las autoridades ejecutoras conduzcan su actividad en un orden jurídico previamente determinado, evitando que se excedan en sus facultades y con ello afecten a la ciudadanía.

La dinámica actual del movimiento que se percibe en nuestras instituciones y sociedad mexicana, sobre todo en materia político electoral, permite que las instituciones públicas vayan perfeccionando su marco de actuación, el medio en el que se desarrollan así como los instrumentos necesarios para ese fin.

Sólo en la medida en que se descubre la necesidad de implementar soluciones a los nuevos requerimientos, podremos consolidar un sistema democrático, acorde a las necesidades de los mexicanos.

La Reforma Electoral que demandamos, es la que consolide la evolución de las instituciones políticas, así como de sus mecanismos y que estos sean los más equitativos y proporcionalmente posibles, para que en condiciones mejores que las actuales, los partidos puedan desarrollar su actividad política tanto en la forma ordinaria como durante los procesos electorales.

Para que la participación de todos los partidos políticos que intervienen en la contienda electoral sea igualitaria, resulta necesario que estos participen en igualdad de condiciones y oportunidades, que permitan desarrollar las actividades esenciales a sus finalidades y poder así cumplir con los compromisos que el partido político como tal asume.

Las reformas de 1977, 1990 y 1996, han tratado de solucionar muchos de los factores que habían incidido en una competencial desleal e inequitativa, situación que debemos seguir impulsando para completar este proceso de consolidación democrática en el que nuestros país está inmerso.

Las elecciones deben responder oportunamente a las expectativas que ha depositado la ciudadanía en los órganos encargados de vigilar y procurar el correcto desarrollo de los procesos electorales.

Así, para que los representantes populares realicen su actuación no sólo en un marco estricto de legalidad, sino que también se ocupen de llevar al campo de la política las diferencias ciudadanas, provocando con sus actitudes no una crisis como las que se han venido gestando.

Claro es que vamos a una reforma que defina y regule las precampañas, siempre y cuando sean equitativas y no desproporcionadas en relación con la intención del voto.

Vamos a una reforma que define y regule los bienes y activos de los partidos y agrupaciones políticas nacionales, que perdiendo su registro puedan ser resarcidos al Estado.

Apoyamos una fiscalización fehaciente, una ampliación a las facultades del árbitro, pero que las mismas contemplen todo y nada más que lo necesario.

Que se privilegie la ley y su exacta aplicación al caso concreto, evitando, inhibiendo e impidiendo el convertir al órgano en una estructura de filias y fobias, imposibilitándoles vendettas y revanchismos.

Vamos porque la contienda electoral se desenvuelva en plazos coherentes, pero que no se realice en perjuicio de inequidad; contendamos en las mismas circunstancias e igualdades.

Hagamos vigente el postulado constitucional y por el cual los partidos políticos promuevan la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos hagan posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, secreto, directo y libre.

Los comicios en diversas entidades del país en este año, deben manifestar y expresar que existe una verdadera competencia electoral, que se pueden realizar elecciones con beneficio directo para el ciudadano y no para intereses de grupos o sectores.

Seamos respetuosos de las soberanías estatales. El uso y abuso de los medios de comunicación y recursos por parte de los contendientes, es insultante para una sociedad cansada con el dispendio y el despilfarro de propaganda y de medios informativos coercionados por el poder económico y político.

Por lo antes señalado, el Partido Verde Ecologista de México y sus legisladores, exigimos a las diversas fuerzas políticas del país, al Gobierno Federal y a las instituciones encargadas de respetar y transmitir la voluntad popular, apegarse al marco legal y conducirse como lo establece la Constitución General de la República y las leyes electorales, ordenamientos que establecen derechos fundamentales que salvaguardan los límites de la actuación del Estado, límites que de ser excedidos deben traer sanciones para quien viola los derechos del pueblo de México.

Los exhorto a que el día de hoy, cuando existen tendencias en algunos sectores para ir revirtiendo las conquistas de la sociedad mexicana a favor de la democracia, reflexionemos acerca del precio que hemos tenido que pagar los mexicanos para que sus derechos políticos sean reconocidos y respetados en todos los municipios de México.

Por ello, las quejas por las violaciones electorales cometidas o aquellas violaciones que se presentan por omisión de la autoridad confirman una vez más, que si esta soberanía, los partidos políticos y la sociedad en general, queremos realmente un cambio debemos realizar una reforma electoral incluyente y severa, con las acciones que daña nuestra credibilidad.

La democracia de la que tanto hablamos está en nuestras manos, no coloquemos al país en condiciones de incertidumbre política, que lo posicione nuevamente en el autoritarismo y la antidemocracia.

Enhorabuena por una reforma electoral que satisfaga plenamente la justicia electoral, a la que el Partido Verde Ecologista de México apoyará indubitablemente, si se privilegia la equidad y los consensos.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (PAN): Gracias, Diputado.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- EL C. DIPUTADO EMILIO ZEBADÚA GONZÁLEZ (PRD): Con su permiso señor diputado Presidente.

Necesitamos hoy de una reforma electoral que tenga el acento en el control y la trasparencia del dinero en la política. Durante el periodo llamado de la transición democrática la ciudadanía depositó su confianza en un sistema electoral que ha tenido como vectores fundamentales, por una parte, a un sistema de partidos políticos, cuya finalidad es promover la participación en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso al ejercicio del poder público; y por otra, a autoridades independientes en sus decisiones y funcionamiento, encargadas de organizar las elecciones y vigilar el funcionamiento de los propios partidos.

Es necesario destacar que en el actual diseño institucional los partidos políticos sustentan su viabilidad, su desarrollo y oferta política en el financiamiento público, dentro de un sistema mixto de financiamiento, lo que les ha garantizado su funcionamiento y presencia en el ámbito del Estado nacional.

El país ha estado dispuesto durante estos años a invertir literalmente miles de millones de pesos, para darse a sí mismo en un plazo de menos de una década, un régimen plural de partidos competitivos que permitieran la alternancia democrática en los tres niveles de gobierno y dentro del marco de la legalidad.

Para ello se confirió en la fracción I del artículo 41 constitucional el carácter de entidades de interés público a los partidos políticos y los dotó además de recursos para participar en las campañas electorales y de dinero para sostenerse año con año como organizaciones permanentes, con el compromiso de trabajar en beneficio de la sociedad.

La ciudadanía también les entregó, según lo establecido en el artículo 41 del Cofipe, prerrogativas adicionales como franquicias postales y telegráficas y acceso permanente a los medios de comunicación. Y por si fuera poco, la ley les permite recaudar fondos privados con solo algunas restricciones en cuanto al origen y a los montos del financiamiento privado.

A la autoridad electoral, al IFE, no solo se le otorgaron personalidad jurídica y patrimonio propios, sino que se les dotó de autonomía presupuestal, misma que ha representado recursos en abundancia para administrarse a sí misma y para desarrollar los sistemas y programas más avanzados de credencialización, de validación del padrón electoral, de capacitación de funcionarios de casilla y en general para la organización de las elecciones.

El pacto político y el entendido implícito en este esquema y diseño institucional ha sido que el financiamiento mixto debe garantizar recursos suficientes para la viabilidad y funcionamiento de un sistema de partidos políticos competitivos, con un árbitro independiente.

En este diseño, el control del dinero público y privado en los circuitos de la competencia electoral se entendió, desde su origen en la reforma de 1996, como la clave para mantener la actuación y la competencia política dentro del marco de la ley. Para ello se creó la Comisión de Fiscalización del IFE y se establecieron controles al origen y destino de los recursos de los partidos.

Los instrumentos jurídicos de control se fueron afinando paulatinamente en estos años y se conocieron en ese proceso sus límites y sus alcances, principalmente en torno a los casos de PEMEX-Gate, Amigos de Fox y los partidos negocio. Sin embargo, el legislador no pudo prever en 1996 que los instrumentos de control serían insuficientes frente a los recursos creativos de quienes se proponen burlar la ley y obtener ventajas a toda costa, ni que las fórmulas legales para el cálculo del financiamiento tanto del IFE como de los partidos políticos, generaría, como lo ha hecho, una espiral de gasto desmedido, de dispendio y hasta de corrupción de quienes han abusado de la confianza de la ciudadanía.

En el año 2003, el presupuesto total autorizado al Instituto Federal Electoral rebasó los 11 mil millones de pesos, esto significó que el IFE contó con más de 5 mil millones de pesos para gastos de operación, mientras que los partidos políticos obtuvieron otro tanto para financiamiento público.

Tomando en cuenta sólo este financiamiento destinado a los partidos y considerando la participación ciudadana en el último proceso electoral federal, puede calcularse el costo del voto en casi 200 pesos por ciudadano, cifra indudablemente elevada.

Solamente los tres partidos que perdieron su registro en el 2003 utilizaron más de 275 millones de pesos durante el año. Con esto queda de manifiesto, por si fuera necesario, la necesidad de repensar y replantear el sistema electoral que queremos y necesitamos.

Hoy coinciden en esta Cámara y en este momento, por lo menos dos iniciativas muy amplias y ambiciosas, construidas a partir de la experiencia acumulada en los últimos años sobre el financiamiento y funcionamiento real del dinero en la política, así como de los límites y alcances del sistema de fiscalización en los procesos electorales.

Acabamos hoy mismo también de conocer de una nueva propuesta adicional por parte del Partido del Trabajo, a la que le damos la bienvenida y como nos recordó nuestro colega del Partido Verde Ecologista de México, hay en efecto ya presentadas en esta y anteriores Legislaturas, un número muy importante de iniciativas específicas en materia de reforma electoral que deberemos recoger.

Celebramos pues la existencia de las coincidencias entre todas estas iniciativas y por ende de un consenso potencial en torno a por lo menos cuatro grandes ejes que tienen como común denominador la relación entre el dinero y la política y el esfuerzo por hacer de este vínculo una relación más transparente y con mayores controles de parte de la autoridad electoral y, por consiguiente, de la ciudadanía.

Me refiero a las propuestas que bajo distintas fórmulas se establecen para la regulación de las precampañas, mismas que deberán regirse bajo reglas claras y límites expresamente acordados. También a la coincidencia sobre la necesidad de reducir los tiempos de campaña para los cargos de elección popular. Además, el dotar al Instituto Federal Electoral de mayores y más eficaces instrumentos para la fiscalización de los recursos de candidatos, partidos y particulares, incluyendo de manera destacada el acceso del IFE a la información financiera y hacendaria que requieren los procedimientos de fiscalización, para así establecer mejores sistemas de control sobre las aportaciones privadas de fuentes a veces dudosas.

Y, finalmente, la voluntad de disminuir sustancialmente el monto del dinero público que se destina al financiamiento de los partidos políticos y de la propia autoridad electoral federal.

En este sentido y obedeciendo a la lógica de una reforma completa e integral, es necesario trabajar conjuntamente con las distintas fracciones parlamentarias, para lograr un redimensionamiento de la autoridad electoral y del sistema de partidos en función de la realidad y del propio análisis que realice esta soberanía.

Pero este nuevo diseño para el funcionamiento de la democracia mexicana y de la relación entre el dinero y la política, requiere que como piedra angular de la misma se fijen nuevas reglas en cuanto a las atribuciones del IFE, en relación a la contratación de los medios de comunicación.

No es por lo mismo un exceso decir que para que esta reforma electoral sea viable, debemos reducir el financiamiento de los partidos y en forma paralela asegurarles a ellos, a los candidatos y a los programas políticos, acceso suficiente y equitativo en la radio y televisión, siendo éstos no sólo un vehículo fundamental de difusión de la cultura democrática en los sistemas desarrollados, sino cada vez más un actor con voz propia que, confiamos, comparte también esta misma voluntad general por introducir en estos momentos y en esta coyuntura en vísperas del proceso electoral del 2006, mayor racionalidad y eficiencia a nuestra democracia de partidos.

En los próximos días en las Comisiones Unidas a las que se han turnado estas y otras iniciativas en materia de Reforma Electoral, el Partido de la Revolución Democrática buscará alcanzar los acuerdos que aún se requieren para contar con una propuesta específica y detallada de reformas a la Constitución y a la Ley Electoral.

Nuestro objetivo, como ya se ha dicho, es racionalizar el uso del dinero en la política electoral, logrando con ello el futuro desarrollo de nuestra joven democracia y a la vez, la posibilidad de recuperar la confianza en los partidos , sus dirigentes y los representantes electos

A pesar de las grandes coincidencias y de los consensos previos ya construidos, debemos reconocer que el tramo final aún requiere de un esfuerzo técnico, jurídico y político que nos permita plasmar de manera congruente una nueva fórmula en la Constitución y en el COFIPE por medio de lo cual los partidos presenten sus ofertas políticas a los electores, realicen sus actividades ordinarias y lleven a cabo las campañas de quienes aspiran a un puesto de elección popular.

La nueva Reforma Electoral debe devolver la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en el Sistema de Partidos Políticos y en los procesos electorales. Para ello, se necesita que esta reforma logre transparentar a la vez y ejerza nuevos controles sobre el dinero en la política. Confiemos que se concluyan en estos días y en estas comisiones los acuerdos que restan.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Tiene el uso de la voz el Diputado Francisco Barrio Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

-EL C. DIPUTADO FRANCISCO BARRIO TERRAZAS. Con su venia, señor Presidente. Compañeras Diputadas y compañeros Diputados. La actual realidad democrática de México, no es producto de la casualidad ni concesión de gobierno alguno. Si hoy contamos con elecciones confiables, es por los esfuerzos que partidos políticos y organizaciones, respaldados por amplios segmentos de la sociedad civil, realizamos durante muchos años En esta materia, nadie nos ha regalado nada, hemos sido nosotros, los mexicanos, quienes día a día, luchando en distintos frentes hemos.conquistado la democracia como procedimiento que hiciera realidad la vieja demanda de Madero de hacer efectivo el sufragio, de hacer que el voto de cada ciudadano cuente y se cuente con apego absoluto a la ley.

En el marco venerable de esas luchas históricas los Legisladores de Acción Nacional queremos asumir con responsabilidad y con visión de Estado, la tarea de contribuir a que nuestras normas electorales respondan mejor a la realidad del México de hoy.

Hacemos nuestra la Iniciativa de Reforma Legal y Constitucional presentada por el Ejecutivo Federal y nos pronunciamos por concretar avances en tres ejes fundamentales:

Primero: abatir los costos de la democracia, los mexicanos ya tenemos elecciones confiables, necesitamos que ahora sean también eficientes, esto es, que garanticen esa confiabilidad y una plena transparencia al menor costo posible, la sociedad cree en la democracia pero no acepta procesos electorales que implican un derroche de recursos puesto que somos un país con una lista abrumadora de carencias y rezagos.

No es válido, pues, que sigamos erogando sumas exorbitantes de dinero en campañas políticas y por ello los Diputados del PAN proponemos reducir el financiamiento público a los partidos y el tiempo de las campañas, ya que su duración actual deriva en costos excesivos, en un desgaste político de los partidos y, lo peor de todo, en un hartazgo ciudadano.

En ésa misma línea de hacer menos oneroso nuestro sistema electoral, proponemos que los partidos que pierdan el registro reintegren al Estado los bienes adquiridos con dinero público y avanzar en la construcción de un esquema concurrente de elecciones que permita llevar a cabo elecciones federales y locales en la misma fecha, racionalizando así los costos de las mismas.

Segundo eje de nuestra propuesta.- Transparencia y rendición de cuentas. La política sufre en nuestro país de un desprestigio profundo, somos los actores políticos los primeros responsables de devolverle con nuestro trabajo, con nuestra conducta y con nuestras actitudes y expresiones su noble dignidad. Estamos hoy más que nunca obligados a fortalecer y reivindicar el espíritu republicano y democrático, a combatir con decisión toda posibilidad de que en su nombre se haga mal uso de los recursos del pueblo o se incurra en prácticas poco éticas.

Aunque no es el único factor que incide en las campañas, cada vez pareciera haber una mayor relación entre los recursos económicos invertido en ellas y los resultados obtenidos en las elecciones. No podemos permitir como país que el dinero sea el que nos gobierne y mucho menos tratándose de dinero ilícito.

Es pues, indispensable garantizar que los recursos que se gastan en las campañas procedan de fuentes legítimas, que estén adecuadamente regulados y que se apliquen correctamente; tenemos que dar a la sociedad una mayor certeza de que los mecanismos y procedimientos que utilizamos en los partidos políticos para obtener el voto se apegan a la ley pero no solo a la ley, sino también a la justicia y a los más sólidos principios de la ética social y garantizar a la ciudadanía que los recursos de los partidos se utilizan no para beneficiar intereses particulares o de grupos sino para consolidar nuestro marco democrático y fortalecer al sistema de partidos.

A eso queremos apostarle porque los partidos no son sólo escándalos, porque hay en todos ellos gente de bien, individuos honorables de los que la república puede sentir fundado orgullo; porque ha habido en los partidos gente como Heberto Castillo, como Luis Donaldo Colosio y como Manuel Clouthier… (aplausos).

Porque el PRD cuenta entre sus filas a un Carlos Payán y el PAN a un Luis Alvarez, y el PRI a un Enrique Burgos y porque como ellos, muchos, muchísimos otros hombres y mujeres realizan al interior de los partidos un trabajo político responsable, serio y honorable nos pronunciamos por imprimirle una mayor transparencia a la vida de los partidos poniéndolos más a la vista de los ciudadanos.

Proponemos para ello, reforzar las facultades de la autoridad electoral para fiscalizar el financiamiento y los gastos de las organizaciones políticas; obligar a instituciones financieras, autoridades y personas en general a dar información relacionada con esta fiscalización y regular las precampañas y los procesos internos de los partidos para la elección de sus candidatos.

El tercer eje de nuestra propuesta tiene que ver con la generación de condiciones que faciliten el diálogo y los acuerdos. Al respecto, proponemos ir estableciendo elecciones concurrentes que además de repercutir en un ahorro de recursos públicos y en un menor desgaste del quehacer político y de los ciudadanos, también facilitarían entablar negociaciones que dieran como resultado acuerdos substanciales puesto que las fuerzas políticas no estarían sometidas durante tanto tiempo al juego electoral. Estos son, en grandes líneas los aspectos más relevantes de la iniciativa presentada por el Ejecutivo y que nosotros asumimos como propia.

Al convocar a nuestros compañeros legisladores de todas las fracciones a analizarla con actitud receptiva, tomando de ella lo que tenga de positivo, quiero también expresar nuestro ánimo de escuchar nuestra disposición de considerar y valorar las distintas propuestas para quedarnos con lo mejor de cada una.

En ese ánimo, en ese ánimo de escuchar, de dialogar en forma constructiva, extiendo una invitación formal, para que uno o varios representantes de cada uno de los otros grupos nos acompañen en alguna de las reuniones plenarias de nuestro grupo parlamentario, a fin de que nos expongan sus propuestas y sus argumentos, a favor o en contra de los diversos temas y si nosotros somos invitados a sus reuniones internas, desde luego acudiremos.

Queremos con ello, poner nuestra parte para generar un ánimo conciliador, una ambiente de encuentros constructivos, de acuerdos que nos permitan entregar a la sociedad los resultados que está esperando de nosotros. Confio en que seremos capaces entre todos de catalizar nuestros esfuerzos y de armonizar nuestros puntos de vista en torno a estas iniciativas, no sólo en aras de una mayor eficiencia de nuestro quehacer legislativo, sino a efecto de configurar un marco legal, que refleje la pluralidad de nuestro país y al mismo tiempo la voluntad política de todos los que pese a nuestras diferencias, nos esforzamos sinceramente en alcanzar objetivos y en construir nuevos y más eficaces esquemas legales en beneficio de México. Es cuanto.

Se le concede el uso de la palabra al diputado José Alberto Aguilar Iñárritu del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El pueblo de México alcanzó la alternancia electoral después de un largo proceso, donde los partidos políticos tuvimos la capacidad para ponernos de acuerdo y abandonando lógicas maximalistas, entendimos que lo importante en la política es lograr avances y para ello, hay que tener claridad de lo posible y lo posible no borra nunca lo deseable, pero le da temporalidad a la negociación política.

De esta manera, nosotros logramos conformar un régimen electoral donde el voto cuenta y se cuenta; esto es una realidad que mucho nos prestigia y en la que descansamos la seguridad y la paz que disfrutamos en este país.

En el proceso de desarrollo de nuestra democracia, encontramos nosotros viejos factores que ya no funcionan y nuevos elementos que se incorporan y nos obligan a dar soluciones distintas, a construir nuevas salidas institucionales para seguir garantizando la fortaleza de la vida política de la nación.

Hoy por hoy el problema ya no es que los votos cuenten y se cuenten; hoy por hoy el problema es que necesitamos legitimar profundamente la política ante los ciudadanos, que son ellos a quienes nos debemos y los que nos dan sentido como partidos, como políticos y lo que le da sentido a la política.

En este contexto hemos sido testigos todos que existe una tendencia en los partidos políticos, a rebasar continuamente los topes de campaña. Hay quien plantea que esto es resultado de alguna especie de espíritu corruptor que anida en los políticos y en la política. A mí me parece que esos cuentos de brujas no nos van a solucionar el problema de fondo; a mí me parece que tenemos que ser objetivos. Me parece que tenemos que darnos cuenta que si la política electoral es cada día más cara es porque estamos haciendo un tipo de política que nos lleva a escaladas de precios y de costos, y esa política básicamente se relaciona con golpes de publicidad de 30 segundos que no solamente sustituyen el debate profundo de los problemas del país y la propuesta de soluciones a las causas ciudadanas, sino que comienzan a alterar profundamente el ámbito de lo político como un ámbito de lo público por excelencia, al subordinar permanentemente a intereses privados, el ejercicio de los partidos y de los políticos, y eso es un asunto que no podemos tolerar como nación.

Es en este sentido que nosotros, el Partido Revolucionario Institucional junto con el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Convergencia por la Democracia, propusimos una iniciativa que tiene por objeto bajar los costos de la política, bajar los costos de las elecciones.

Dos motores identificamos nosotros como los que animan la escalada de costos: uno, la contratación de medios por parte de candidatos y partidos, y dos, las precampañas eternas.

En ese sentido, nosotros nos propusimos transformar ese proceso de contratación para que solamente sea el IFE, en un ejercicio estratégico, con visión de largo plazo, aprovechando los mejores costos, quien haga la contratación y entregue los tiempos proporcionalmente a los partidos políticos.

Adicionalmente, proponemos nosotros que se reduzca el tiempo de campaña, pero que antes de esto haya una regulación de las precampañas, para que éstas inicien en el marco que marca la ley y de acuerdo con los estatutos de cada partido. Se habla de reducir los tiempos de campaña, de 3 meses para Presidente y 3 semanas para diputados y para senadores; separar las elecciones de Presidente y del Senado de las elecciones intermedias para diputados; generar una reducción del 50% cuando sólo sean de diputados y en consecuencia, al disminuir el costo de la política, estar en condiciones de cambiar la fórmula de cálculo del financiamiento.

Nosotros consideramos benéfico que existan muchas propuestas en torno a este tema; estamos dispuestos a sumarlas todas. Queremos hacerlo siguiendo la metodología que nos ha funcionado: el acuerdo entre los partidos políticos. Queremos hacerlo cuando todas las partes entendamos que la importancia de este momento está en ofrecerle a la sociedad una reforma fruto de un consenso que desafortunadamente no se ha podido lograr, muchas veces porque queremos lograr lo más y nos dejamos de un lado el logro concreto de lo que sí podemos.

Yo creo que ese espíritu es el que debemos destacar en este periodo ordinario de sesiones, debemos procurar que este periodo ordinario de sesiones en materia de reforma electoral concluya con un proceso exitoso de acuerdos, que sitúe la política electoral de este país en un nuevo contexto, en un contexto, como dije hace un momento, de protección de la política como el ámbito de lo público por excelencia, de legitimación de partidos políticos y de la política ante los ciudadanos.

Cada una de las propuestas que aquí se han presentado, está en ese tono. No vamos a poder lograr todo lo que cada uno de las partes propone, pero sí vamos a poder lograr si nos esforzamos y ese es el espíritu que quisiéramos nosotros subrayar, sí vamos a poder lograr un acuerdo significativo que nos ponga en un contexto diferente.

EL PRESIDENTE: Gracias, diputado. Está Presidencia informa que se encuentra en el Recinto estudiantes de derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de Ciencias de la Comunicación, del Tecnológico de Monterrey, Campus Córdoba, Veracruz, a quienes les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su presencia.

En consecuencia se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

EL DIP. JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO: Saludo con afecto a los jóvenes estudiantes de la Universidad de Nuevo León y del TEC de Monterrey, en Veracruz.

El grupo parlamentario de Convergencia, considera que los posicionamientos en los distintos grupos parlamentarios han sustentado en esta sesión, ponen de manifiesto que son las coincidencias que las divergencias para concretar una reforma amplia y sustantiva en materia electoral.

Para Convergencia, impulsar los consensos en esta materia no es circunstancial, ya que nuestros documentos básicos y en la plataforma política que sostuvimos durante el último proceso electoral, planteamos la necesidad de una reforma integral que hemos puntualizado en la iniciativa presentada ante la Comisión Permanente del Congreso el pasado mes de febrero.

En nuestro concepto, los ejes articuladores de una reforma sustentada en el consenso de todas las fuerzas políticas deberán considerar lo siguiente:

1° Ampliar y precisar el régimen de transparencia en el manejo de los recursos públicos que se destinan al financiamiento y operación de los partidos políticos.

2° Que cada partido dé cuenta de quiénes son sus militantes, regulando por la Ley de Afiliación y Desafiliación, así como sus derechos y obligaciones fundamentales.

3° Que los partidos tengan una vida interna democrática con reglas claras legalmente establecidas, en la que se representen sus derechos en la toma interna de decisiones en la postulación de sus candidatos y en la elección de sus dirigentes.

4° Que en su vida interna los partidos sean congruentes con el respeto a los derechos constitucionales, los derechos humanos y los procedimientos democráticos básicos.

5° Que los partidos tengan obligación de difundir con alcance nacional sus plataformas y programas, sus diagnósticos y sus propuestas.

6° Regular la organización de partidos con membresía de alcance estatal o regional.

7° Regular el proceso de liquidación patrimonio de los partidos que pierdan su registro o sean disueltos por acuerdo de su militancia.

8° Reducir sustancialmente el financiamiento público de los partidos y organizaciones y hasta cancelar ese financiamiento con fórmulas equitativas en el acceso a los medios de comunicación.

9° Compactar el número de los procesos electorales a los mínimos indispensables con el consecuente ahorro de recursos.

11° Precisar las modalidades de propaganda, con criterios de carácter ecológico.Compañeras y compañeros, ya tenemos los ejes fundamentales de la ley, pongamos manos a la obra; corresponderá ahora a las comisiones unidas, conocer y dictaminar el conjunto de las propuestas e iniciativas y establecer el método que permita conciliar y condensar las posiciones divergentes.

Bienvenidos los debates, bienvenidas las propuestas, pero siempre buscando el consenso y que se respalde en los hechos lo que hoy hemos dicho. Es ésta una nueva oportunidad para corroborar que, en la labor parlamentaria, es posible y deseable la convergencia de todas las fracciones y el consenso de todos los actores.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Oscar González Yánez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Una reforma electoral integral, insistimos y reiteramos, sólo será posible si desterramos el financiamiento privado e imponemos una verdadera transparencia en el uso de los recursos públicos en los procesos electorales. La regulación y supervisión del gasto público en nuestro país, es algo que todavía está distante y al cual aspiramos.

Con extremas dificultades hemos transparentado otras áreas de la vida pública del país, como es el caso de FOBAPROA e IPAB, como para todavía tener la necesidad de estar fiscalizando dineros privados; suficiente es el esfuerzo que se hace para transparentar los dineros públicos, como para todavía estar fiscalizando dineros de origen extraño.

Sin embargo, también es muy evidente que el soporte financiero de particulares a los institutos políticos, se ha convertido en una fuente de corrupción y de desaseo del quehacer político, que ha dado lugar a un sentimiento de creciente malestar e irritación por parte de la población; lo cierto es que esta fórmula, como cualquier otra, tenía que ponerse en práctica, pero los resultados han fallado. Debemos tener honestidad política para reconocer que éste no es el momento para seguir intentando algo que corrompe y vulnera nuestro sistema democrático.

No seremos el primer país que dependa únicamente de los recursos públicos para sostener y soportar la democracia, muchos más soportan su sistema político con fondos del erario pero con transparencia, con cuentas claras.

Si insistimos en mantener el financiamiento privado, seguimos siendo rehenes de la corrupción, la simulación y el cinismo de políticos que anteponen los intereses de quienes los patrocinaron, por encima de intereses del pueblo mexicano; los dichos populares son muy sabios: "nadie da paso sin guarache", "el interés tiene pies".

Compañeros, entendamos, no son aportaciones privadas, son inversiones privadas.

Una reforma electoral integral, debe de considerar la totalidad de los elementos; proponemos la prohibición expresa de la publicidad gubernamental de los tres niveles de gobierno en tiempos de campaña electoral, incrementar el tiempo del Estado en los medios de comunicación para los partidos políticos y prohibir el financiamiento de origen privado a los partidos políticos y sancionar con la pérdida de registro a los que reciben dinero del extranjero.

Coincidimos con el diputado Barrio, cuando dice que el dinero no nos gobierne, pero también no olvidemos y tengamos memoria que el Presidente Fox, compró la Presidencia; pero coincidimos, que no nos gobierne el dinero.

También recibimos con beneplácito la invitación de visitas recíprocas, vemos importante el compartir opiniones en este sentido, nosotros si aceptamos su propuesta. Pero también hay que decir una cosa, que los mayores fraudes electorales contemporáneos en nuestro país se dieron en los partidos tradicionales y no en los demás partidos, no es correcto generalizar y hay que decir en dónde se han dado esos fraudes, y también hay que decirlo, la medicina no esta correspondiendo con la enfermedad, hay que entender, quién ha encarecido los procesos electorales, ¿el financiamiento privado o el financiamiento público?, y está claro que lo ha sido el privado, está claro que el financiamiento público se puede fiscalizar y que el financiamiento todavía no tenemos los instrumentos suficientes para hacerlo.

Vemos con beneplácito la invitación del diputado Emilio Zebadúa y al diputado Alberto Aguilar para compartir estos espacios de concurrencia de las diferentes iniciativas que se han presentado aquí.

Los invitamos, compañeros, a que reflexionemos sobre este tema, pero no quitemos el dedo del renglón, lo que ha generado problemas en los procesos electorales, es el financiamiento privado, no le demos la vuelta a ese asunto, por eso proponemos enfáticamente, cero financiamiento privado y solamente financiamiento público.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Velasco Coello del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

-EL C. DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La oportunidad de una transición democrática pactada entre los principales actores de la vida política nacional, deberá ser congruente, equitativa y respetuosa.

Lo que parecía ser una convivencia civilizada entre el Poder Ejecutivo y los partidos políticos con el cambio de gobierno, se ha tornado otra vez en sin fin de acusaciones y posiciones encontradas que debemos erradicar. Si como se ha pronunciado en esta tribuna queremos una reforma electoral que de vida a un sistema electoral garante de la soberanía popular.

Largo ha sido el trecho avanzado en nuestro sistema político para perfeccionarse, sus postulados básicos, la efectividad del sufragio y la no reelección, han inspirado la revisión sistemática de una legislación electoral que juzgamos avanzada pero que consideramos perfectible.

México, en el ámbito de su pluralidad política y social ha establecido, clara y contundentemente, en el marco constitucional, que el poder público dimana del pueblo, por ello, hagamos que la voluntad popular sea plasmada en la ley y tenga cauce real y efectivo, la dinámica de los cambios legislativos en la materia, demuestra que las reformas han sido parciales, insatisfactorias y que no contamos con un modelo jurídico, acabado y moderno, que responda a las expectativas democráticas y a las necesidades nacionales.

Evitemos agredir a la ciudadanía con gastos injustificables en el desarrollo de las campañas, pero que se de certeza y equidad a los actores. El Partido Verde Ecologista de México y sus legisladores proponen llevar adelante la transformación social, para abrir amplios cauces al desenvolvimiento individual y colectivo, en un clima de confianza de respeto a la ley y de concordia nacional.

En las recientes contiendas electorales la población sufragante ha manifestado su inquietud por la trayectoria o compromiso que tiene el candidato que lo representa ante las Cámaras. Esta nueva realidad social requiere de una regulación adecuada, para que no se abuse de él o se establezcan nuevos cotos de poder.

La democracia, sólo se concibe cuando existe una efectiva integración del pueblo en el ejercicio del poder, y para que se mantenga viva la confianza de la corresponsabilidad en la dirección y en la acción; para que cada ciudadano, grupo o partido, tenga vigente la vigencia de sus derechos y sean exigibles sus obligaciones. De ahí que una serie de reformas resultan necesarias para renovar instituciones y aportar mejores instrumentos de progreso.

Debemos abocarnos a concretizar reformas a nuestra Carta Magna y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, para acelerar el desarrollo político que hasta ahora se ha venido dando. Hoy, lo que está en juego no es la presidencia de la República y el control del Poder Legislativo, sino la propia estabilidad política del país.

En el Partido Verde Ecologista de México, estamos convencidos de que sólo a través de la democracia podrán resolverse los grandes problemas nacionales. Para asegurar esto debemos perfeccionar las normas a través de los cambios que estuvieron ausentes en la última reforma electoral y los que deben introducirse adicionalmente para adecuar los ordenamientos a la nueva pluralidad política.

Tiene la palabra el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-DIP. RENE ARCE ISLAS: Con su permiso señor presidente: compañeras y compañeros legisladores:

Creo que no cuesta nada a nadie reconocer que la propuesta que ha enviado el Ejecutivo a este Congreso es una propuesta positiva, es una propuesta progresiva y es una propuesta que merece la atención de todos nosotros. Y creo que hacer el reconocimiento es parte también del nuevo tipo de relaciones que tenemos que generar entre los poderes de este país.

Y hacer el reconocimiento a diputados de los diferentes partidos políticos que han estado trabajando en este tema, como el diputado Alejo, Iñárritu, Zebadúa o Camacho, también es posible hacerlo entre todos porque han sido sumamente prudentes y cuidadosos de ir poco a poco trabajando una propuesta que pueda ser en su momento apoyada y aprobada por todos nosotros.

Eso habla de que es posible hacer de la política un instrumento de diálogo y razonamiento para construir propuestas comunes de beneficio para todo el país.

En ese marco, en esos procedimientos tenemos que buscarle salidas a problemas delicados que puedan ser sujetos de discusión y análisis y en su momento de aprobación en esta reforma.

La propuesta es buena pero también es perfectible y es posible de sumar nuevas propuestas. Hay un tema que hay que tocar con mucho cuidado pero hay que tocarlo; que no podemos hacer caso omiso o tratar de evitar los costos; si la tratamos entre todos quizás podamos buscarle salidas prudentes, es el asunto de los medios de comunicación.

Pocos se atreven a decir que uno de los principales problemas que tenemos es la gran cantidad de dinero que se va a los medios de comunicación, particularmente a los electrónicos. Y ese es un tema que hay que tratarlo sí con mucho cuidado, pero sí hay que hacer propuestas porque ahí está y mucho, el gasto impresionante de recursos que se hacen en las campañas electorales. Y esto no debe ser visto como un asunto de castigo a los medios de comunicación, sino tiene que ser visto como un asunto de responsabilidad de todos los mexicanos.

Yo preguntaría ¿qué acaso Azcárraga o Salinas Pliego no son mexicanos que también deben estar preocupados por la democracia y por un desarrollo adecuado de las relaciones en este país? Yo creo que si, yo creo que este Congreso, yo creo que el Ejecutivo tendría también que hablar con los grandes medios de comunicación para que ellos también participen de esta reforma tan necesaria a este país sin que se vea como un enfrentamiento entre el Ejecutivo o el Legislativo con estos medios, sino como la necesaria complementación de esfuerzos de todos para resolver un problema que se está tornando sumamente delicado para la democracia en este país.

Por eso creo que trabajando entre todos, sumando esfuerzos e ideas podemos llegar a esos acuerdos y podemos lograr que los partidos políticos y los políticos no se preocupen tanto por tener que hacer grandes inversiones en los horarios tiple A para poder, en un determinado momento, posicionarse.

Creo que hay mecanismos que podemos buscar que no lesionen de una manera radical el ingreso de esos medios, pero que tampoco lesionen a la democracia.

Y éste es el tema que también tenemos que discutir y al que yo invitaría a que todos nos sumáramos a discutir en un afán de construir las nuevas relaciones políticas de este país.

Felicito pues; va al reconocimiento para todos aquellos diputados que han contribuido a esto, para el propio Ejecutivo y por supuesto para que podamos seguir intercambiando puntos de vista, como lo ha planteado el diputado Barrio, y al cual estoy seguro nos sumaremos todos porque esa es la nueva forma en que tenemos que construir los grandes acuerdos. Muchas gracias.

Les damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de la carrera de Derecho del Tecnológico de Monterrey que se encuentran en las galerías. Bienvenidos a esta casa de la representación nacional. (aplausos)

Tiene la palabra el diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO PABLO ALEJO LOPEZ NUÑEZ: Con su venia, diputado presidente. Hoy aquí han sido expuestas las ideas, los posicionamientos de cada uno de los grupos parlamentarios que estamos integrados aquí en esta soberanía con la idea clara de dar respuesta al reclamo ciudadano de buscar procesos transformadores, procesos que consoliden la democracia, pero sobre todo para encontrar juntos la solución a la transformación, a la reforma jurídica que significa hoy en día ese proceso inacabado en materia electoral.

Y tan es un proceso inacabado porque definitivamente inacabada es la democracia. Nosotros, tal y como lo establece el artículo 3 constitucional, tenemos que hacer de la democracia un sistema de vida y como tal necesitamos conjuntas esfuerzos y trabajar para hacer de ese sistema de vida una transformación que logre esta transición en una consolidación de verdadera democracia.

Hoy aquí hemos presenciado la voluntad de los grupos parlamentarios de trabajar en conjunto, de darle respuesta a ese reclamo ciudadano, pero sobre todo de construir ese país que asegure esta transición democrática y que convierta esta transición democrática en una verdadera vida democrática para los mexicanos.

De tal tamaño es la responsabilidad que tenemos. Debemos buscar el perfeccionamiento, pues, de nuestro marco jurídico electoral para que éste a su vez permita el acceso a esa vida democrática por la que tantos mexicanos han luchado.

Hoy nosotros tenemos ese reto. Diputadas y diputados de esta máxima tribuna, yo hago un llamado a todos ustedes para decirles, como aquí se dijo, que nadie nos ha regalado nada en este camino de construcción a la democracia, que este camino de construcción a la democracia somos todos nosotros y en base a ello tenemos que conjuntar esfuerzos, saber que definitivamente no vamos a encontrar en un trabajo inicial todo lo que de acuerdo a lo que ideológicamente hemos propuesto, pero que si este paso y esta transición debe ser paulatina y debemos construir esa democracia hasta que la obtengamos plenamente.

Debemos asumir esa visión de Estado y desde luego trabajar con alturas de miras en beneficio de México, en beneficio de este país.

Ratificamos, pues, el llamado que ha hecho nuestro coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, a que de una buena vez por todas nos pongamos a construir ese consenso que está requiriendo la ciudadanía, que pongamos a trabajar todos nuestros esfuerzos y voluntades para dar resultados claros, contundentes y para lograr que nuestros procesos electorales cada vez sean más democráticos, cada vez sean más transparentes, cada vez se cumpla con la legalidad y desde luego demos respuesta a estas inquietudes ciudadanas.

Se he dicho aquí, el llamado es claro para todos los grupos parlamentarios y nuestro grupo de Acción Nacional será el primero que extienda la mano, haga la invitación a que continuemos trabajando juntos como lo hemos hecho en mesas de trabajo para construir esa reforma que requiere el país, sin necesidad de medallas ni de paternidades para nadie.

Vamos juntos, diputadas y diputados de esta soberanía, a construir la democracia que nos están exigiendo los ciudadanos.

Hago un llamado, yo los convoco a construir ese país que viva democráticamente, pletóricamente rumbo al camino y desarrollo que nos están exigiendo los ciudadanos.

Reiteramos, pues, el llamado a trabajar en conjunto, a encontrar un camino que consolide nuestra democracia y que logre que esta transición valga la pena.

Para cerrar la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Compañeras y compañeros legisladores: Iniciamos hoy un debate de enormes consecuencia para la vida de nuestro país. Se trata del tema que tiene que ver con la entraña misma de nuestro sistema político: La Reforma Electoral.

Nuestro partido se ha involucrado en las grandes transformaciones históricas de la sociedad mexicana.

Hoy ante el gran debate para la transformación democrática que se impulsa desde el Congreso, asume su responsabilidad de fuerza mayoritaria para proponer una nueva cultura política que por la vía de la reflexión y el diálogo con los distintos partidos, permita llegar a consensos y a acuerdos que garanticen la transparencia y honestidad en los procesos electorales.

Las iniciativas que ya se han presentado ante esta soberanía, responden no sólo a intereses partidarios, sino a una reiterada demanda de nuestra sociedad: Perfeccionar nuestra democracia y sentar las bases de legitimidad de la actividad política.

El alto grado de abstencionismo que resentimos en cada proceso electoral, es una respuesta de la sociedad a la crisis y a las contradicciones de los partidos políticos.

Los escándalos en el ámbito político, son un reflejo de orfandad ideológica y del olvido de la ética en el ejercicio de la política.

El autoritarismo, la arrogancia y el uso discrecional y a veces deshonesto de los recursos públicos utilizados en las precampañas y las campañas políticas, agravian la dignidad ciudadana y pone en entredicho el sistema de partidos.

Los tiempos actuales exigen, como nunca, sensibilidad y lucidez para interpretar el hartazgo ciudadano ante las desviaciones del ejercicio público. Por eso es de enorme trascendencia para la democracia y para el futuro de México el debate que hoy iniciamos en pos de una nueva reforma electoral.

En el PRI partimos del principio de que la legalidad y credibilidad deben seguir siendo los ejes rectores de las nuevas prácticas democráticas. Los dispendios y las prácticas ocultas indignan a la sociedad y alientan descalificaciones que promueven el fin de la gobernabilidad y la democracia. Necesitamos dar respuesta a ese desencanto ciudadano.

Las reformas electorales que han operado en nuestro país desde 1962 hasta la reforma de 1996, en donde se ciudadaniza el IFE, se pone énfasis en el financiamiento público de los partidos políticos, se fijan topes a los gastos de campaña, se incorporan trascendentes innovaciones en el ámbito de la justicia electoral y se cambia la forma de elegir a los consejeros electorales, han cumplido su cometido y nutren con la experiencia adquirida las nuevas iniciativas de reformas, como las que hemos presentado en esta Legislatura.

A los diputados del Partido de la Revolución Institucional nos importa la transparencia de los procesos y la certidumbre de los resultados, nos interesa la equidad en las contiendas y la honestidad en el manejo de los recursos públicos. Nos interesa también preservar un Estado de derecho que asegure un gobierno de leyes, fundado en la voluntad popular y en el respeto del sufragio.

En este contexto pugnamos por racionalizar los recursos financieros destinados a la actividad político-electoral, pues su dispendio resulta ofensivo para un país con tantas necesidades como el nuestro.

Requerimos fortalecer los mecanismos de revisión de cuentas de los partidos políticos nacionales y transparentar su vida interna, así como consolidar la autonomía e imparcialidad de la autoridad electoral y su capacidad de fiscalización, con el fin de contar con un árbitro ejemplar y firme que garantice equidad y certidumbre a todos los actores políticos.

La Reforma Electoral que con toda seguridad habremos de consensar por el bien del país, deberá enviar un mensaje a la sociedad en el sentido de que los triunfos electorales los deben determinar las ideas, los proyectos y no los presupuestos. ¡Nada vulnera más a la democracia que en la contienda electoral muchas veces asegura el éxito quien más dinero aporta, no quien más ideas o propuestas tiene!

Concluyo. El PRI muestra hoy su voluntad por avanzar en la discusión y aprobación de una Reforma Electoral que enriquezca la democracia y fortalezca las instituciones que con tanto esfuerzo hemos creado varias generaciones de mexicanos, de todas las ideologías. Creemos en la política como el arte de la conducción y confiamos para el bien de México que al ejercerla todos la honremos.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (PAN): El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.

Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión relativos a puntos de acuerdo turnados a Comisiones.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que solo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

- LA C. SECRETARIA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): Con todo gusto, diputado Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si autoriza que solamente dé lectura a los puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

-SECRETARIA, DIP. MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto, diputado Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

"Único.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incorporar en las zonas de atención prioritaria contempladas en la Ley General de Desarrollo Social, a la región de la Sierra Madre del Sur, que comprende los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil cuatro.

Esta Presidencia tiene registrado al señor diputado don Gerardo Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen.

-DIP. GERARDO ULLOA PEREZ: Señores diputados y diputadas: México no es un país pobre, es un país tremendamente desigual, no sólo en lo económico sino también en lo político, lo social, lo cultural y en el plano regional.

Las manifestaciones son evidentes, somos la novena economía a nivel mundial, al mismo tiempo que la mitad de la población vive en situación de pobreza y uno de cada cuatro mexicanos no tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación; esto según cifras oficiales.

A nivel regional las diferencias son manifiestas. La región norte del país tiene zonas con niveles de desarrollo que podemos comparar con los observados en los países del primer mundo, mientras que en la región sureste lo que priva es la pobreza y la marginación, en niveles similares a los existentes en países africanos.

Ejemplo de lo anterior es el hecho de que una proporción considerable de las localidades y de la población de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son de muy alta marginación. Sólo por mencionar una cifra, el 73.6 por ciento de las localidades en Chiapas se encuentran en situación de alta marginación, el 71 por ciento en Oaxaca y el 80.4 por ciento están en situación de pobreza extrema en Guerrero. Por otro lado, es en esas tres entidades que se concentra la población indígena, la cual padece con mayor rigor los problemas de pobreza y marginación.

La Secretaría de Desarrollo Social ha dejado de dar un trato privilegiado a las regiones más pobres, su enfoque da prioridad a las localidades y a las familias, sin reconocer que los problemas son regionales y las respuestas a nivel de política pública deben de ser también regionales.

La única manera de pensar que se puedan reducir las diferencias regionales ancestrales del país, es impulsar mecanismos para que zonas atrasadas como la Sierra Madre del Sur, sean atendidos de manera prioritaria por los programas sociales, pero asumiendo una visión regional, es la hora de regresar a la perspectiva global de los problemas.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD apoyamos el exhorto que la Comisión de Desarrollo Social hace a la SEDESOL para que se atienda como zona prioritaria a la región de la Sierra Madre del Sur, que comprende los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero además como representantes populares tenemos la obligación de hacer un seguimiento puntual de la evolución de estas regiones, porque no podemos permitir que sigan existiendo dos Méxicos, el de las regiones pobres y el de las regiones ricas del país.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el señor Diputado don Armando Rangel Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Como se ha agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

Las ciudadanas Diputadas y los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

-LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo.

Las Diputadas y Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

-EL C. SECRETARIO DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES:- Se cuenta con el siguiente Dictamen.

UNICO.-Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a facilitar la incorporación de personas con capacidades diferentes, a los diversos programas que opera y en particular en los programas OPORTUNIDADES Y HABITATS, de ser el caso, mediante la modificación de las reglas de operación de los mismos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 16 días del mes de Marzo de 2004, con la firma de la Diputada Presidenta de la Comisión, Beatriz Zavala Peniche;

Secretario, Diputado Carlos Flores Rico; Secretaria, Diputada Sonia Rincón Chanona; Diputado Secretario; Armando Rangel Hernández: Diputado Secretario, JulioBoltvinik Kalinka y las demás firmas de los integrantes de la Comisión, Diputado Presidente.

Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro del Dictamen a los siguientes Legisladores: el señor Diputado don Juan Fernando Perdomo Bueno, la Diputada doña María del Carmen Mendoza Flores, el Diputado don Quintín Vázquez García, el Diputado don Gelasio Montiel Fuentes.

En virtud de que solamente son oradores en pro, esta Presidencia concederá el uso de la palabra a los dos primeros registrados y posteriormente consultará a la Asamblea, si se concede el uso de la palabra a los dos restantes.

Se concede el uso de la palabra, al señor Diputado don Juan Fernando Perdomo Bueno, por la Comisión, para hablar en pro.

-EL C. DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO.- Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.

Hoy vengo a tribuna a pedirles, a nombre de la Comisión de Desarrollo Social, el respaldo para el Punto de Acuerdo aprobado por esta Comisión, para que se garantice la incorporación de las personas con capacidades diferentes a los programas sociales del Gobierno Federal.

La Organización Mundial de la Salud, señaló que en México, de los 14 millones de mexicanos con capacidades diferentes, el 43.74% viven en las zonas rurales, las más pobres, sumándose alrededor de 142 mil personas al año y no obstante que México ha suscrito en diversas convenciones instrumentos internacionales en materia de No discriminación como la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad ésta, la discriminación, se sigue dando.

En la Comisión de Desarrollo Social reconocemos el avance del gobierno federal al propiciar en el Plan Nacional de Desarrollo la igualdad de condiciones que aseguren a la población el goce y disfrute de sus derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución, refrendados ahora en la Ley General de Desarrollo Social aprobada por este Congreso y buscando elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos de manera prioritaria, disminuir la pobreza y la exclusión social.

Sin embargo, hasta ahora las medidas de los programas de desarrollo humano aplicado a las personas con capacidades diferentes prácticamente siguen siendo nulas. Hasta ahora, los principales apoyos que reciben los discapacitados están enfocados en el concepto de que son personas con alguna enfermedad pero si esto fuera cierto, no habría excelentes profesionistas, políticos, periodistas, profesores, atletas, artistas, con algún tipo de discapacidad.

Con este punto de acuerdo, estaremos logrando que, sin erogar recursos económicos adicionales, se atienda de manera prioritaria a los discapacitados y así, programas como OPORTUNIDADES, HÁBITAT y los diversos fondos de la Secretaría de Desarrollo Social, contemplarán aspectos específicos que beneficien a éste tipo de personas, que les evite el estado de indefensión que vulnera las garantías consagradas en la Constitución.

Compañeras y compañeros diputados, el Gobierno Federal debe incluir en sus programas sociales de desarrollo humano, a las personas con capacidades diferentes que por cualquier razón viven diariamente una situación en grado extremo de desigualdad y trabajo arduo, el cual no es con justicia reconocido.

Particularmente Convergencia, bajo los principios de la social democracia, reclama del Estado que cumpla con su función social, particularmente nos referimos a la atención de los grupos más vulnerables y víctimas de la discriminación. El Estado no debe delegar este tipo de tareas a las organizaciones de la sociedad civil, que por cierto realizan una estupenda labor; éstas coadyuvan y se solidarizan pero nunca podrán ni deberán sustituir la función del Estado.

Con la aceptación de este punto, estaremos avanzando en la atención –por el Estado- de los grupos más vulnerables de manera solidaria.

Por todo lo anterior, pido a ustedes su respaldo para la aprobación de este punto de acuerdo presentado por Convergencia que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a garantizar la incorporación prioritaria de las personas con capacidades diferentes a sus programas sociales.

Se concede el uso de la palabra para hablar en pro, a la diputada doña María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

- LA C. DIP. MARIA DEL CARMEN MENDOZA FLORES: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.

El dictamen de punto de acuerdo que hoy se presenta a esta soberanía, busca corresponder con un sentido de elemental justicia a los reclamos de apoyo del amplio grupo de personas con capacidades diferentes que habitan las zonas con mayor pobreza y marginación en nuestro país. Por ello, los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional convocamos al resto de los legisladores a aprobarlo en sus términos.

Como se reconoce en las consideraciones del texto original de la proposición, el gobierno del presidente Vicente Fox ha dado un nuevo y valioso impulso al papel que las personas con discapacidades diferentes juegan en nuestra sociedad y a la atención que es necesario brindarles. En este sentido, es oportuno destacar que este gobierno se ha comprometido con la incorporación plena a la vida social, laboral y política de aquellas mexicanas y mexicanos que cuentan con capacidades diferentes a las comunes del resto de la población.

En primer lugar, con el establecimiento de la promoción de la equidad y la igualdad de oportunidades como tema primordial del gobierno en materia de discapacidad, lo cual como se comentó por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, con el objetivo estratégico de promover y fortalecer el desarrollo de las personas con discapacidad, para equiparar y facilitar su integración en todos los ámbitos de la vida nacional.

En segundo lugar, con la creación y consolidación de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, con lo cual se eleva al más alto nivel decisorio las acciones a favor de las personas con discapacidad y con la finalidad de establecer políticas multisectoriales en coordinación con distintas Secretarías para atendérseles de manera integral.

En tercer lugar, con el fortalecimiento y consolidación de la estructura programática y de las políticas públicas y de atención a las personas con capacidades diferentes, a lo cual se suma el apoyo y compromiso de los sectores público, social y privado, la ayuda de los gobiernos estatales, de las organizaciones civiles, de las organizaciones no gubernamentales y la participación de toda la sociedad.

En este último aspecto resulta indudable el avance de los diversos programas que el Gobierno Federal ha puesto en marcha para la atención integral de este grupo, entre los cuales destaca el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, operado por el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, que se inserta en la vertiente de la asistencia social para beneficiar a la población más vulnerable de este país; el Programa de Prevención y Rehabilitación de Discapacidades, a cargo de la Secretaría de Salud; el Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 2001-2006, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial e Integración Educativa, a cargo de la Secretaría de Educación Pública; el Programa de Apoyo a las Personas con Discapacidad en el Medio Rural, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, entre otros.

En el caso de los servicios que otorga el DIF a la población discapacitada, estos representan más del 70% de los servicios de atención integral a la población que se presentan en el país, baste decir que se provee de atención integral a cerca de 1 millón 170 mil personas, mediante la prestación de 18 millones 720 mil servicios. De continuar con esta tendencia es factible lograr una cobertura nacional para el 2006.

Indudablemente no podemos estar satisfechos con lo hecho hasta ahora, pues sabemos que podemos lograr más y mejores resultados en la materia. Por ello, es que compartimos la propuesta de avanzar en la urgente necesidad de establecer y garantizar el acceso en igualdad de oportunidades de las personas con discapacidades diferentes a los programas de combate a la pobreza que implementa la Secretaría de Desarrollo Social.

...en aras de lograr mejores condiciones de bienestar para la población. Avancemos con responsabilidad en la construcción de un México más justo y solidario e igualitario para todas las mexicanas y mexicanos y aprobemos a este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado Presidente.

-EL PRESIDENTE: Gracias, diputada. Procedo se instruya a la Secretaría para consultar a la asamblea si el punto de acuerdo está suficientemente discutido, toda vez que faltan dos oradores registrados.

En caso de que la asamblea decida que no está suficientemente discutido, se procederá a desahogar el segundo turno de oradores.

-LA DIP. SECRETARIA AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Gracias. Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

EL SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

El siguiente punto del orden del día son dictámenes negativos. Proceda la Secretaría a dar lectura al primero de ellos.

LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación.

LA MISMA SECRETARIA: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

LA MISMA SECRETARIA: Punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reforma la Ley de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.

LA MISMA SECRETARIA: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Continuando con el orden del día, sigue el capítulo de proposiciones. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para hacer un atento exhorto al Gobernador Constitucional del estado libre y soberano de Sonora, respetando su autonomía, para que deje sin efecto el decreto que reforma al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado el 15 de enero y el 11 de febrero de 2004, mismo que en su opinión violenta la autonomía municipal.

En mi calidad de diputado federal integrante del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, para hacer un atento exhorto al Gobernador del estado de Sonora, Eduardo Bur (¿) Castelo, para que respete a los municipios del estado de Sonora y deje sin efecto el decreto que reforma el Consejo Estatal de Concertación Para la Obra Pública, publicado el 15 de enero y el 11 de febrero del 2004.

El Gobierno del estado de Sonora está implementando un programa denominado Programa de Participación Social Sonorense, PASOS, con esto busca establecer estructuras paralelas a los municipios para decidir y administrar los recursos para obras públicas, sin tomar en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal.

Mediante decreto publicado el 15 de enero y el 11 de febrero, se crean las Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal, que se integran por ciudadanos invitados sólo por el gobernador y un representante del gobierno municipal respectivo.

Estas Juntas municipales tienen funciones claras: promueven la participación social para realizar programas de gobierno y obra pública; presentan, ante el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, las propuestas municipales para el Programa Estatal de Obra Pública Concertada, es decir, estas Juntas propondrán las obras prioritarias de los municipios que tendrá que hacer el gobierno estatal, sin tomar en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal.

La Junta, tendrá la facultad de decisión para el manejo de recursos públicos al administrarlos y será el órgano de contacto entre el municipio del Estado. Estas Juntas también estarán facultadas, de acuerdo al decreto, para actuar de manera independiente, sin tomar en cuenta los planes municipales de desarrollo y de manera unilateral por la integración y el funcionamiento será operado y supervisado por el Gobierno Estatal. Y lo más grave, será a través de dichas Juntas como el municipio podrá acceder a los recursos que el Gobierno Estatal tiene asignados para la concertación, lo cual constituye un obstáculo directo.

El gobernador de Sonora, mediante estas simulaciones, está violando flagrantemente lo establecido por el artículo 115 constitucional, mismo que establece que no habrá autoridad intermedia alguna entre el municipio y el gobierno estatal.

El acto administrativo emanado del Ejecutivo Estatal con el Programa Pasos, evidentemente va en detrimento de la eficiencia de autonomía de la forma de ejercer los recursos y de plantear su desarrollo por parte de los ayuntamientos, lo cual violenta claramente su autonomía.

Este hecho no lo podemos ver como algo menor, lo que el gobernador de Sonora está ocasionando es muy grave para el verdadero federalismo que ha buscado este Congreso, para el que busca la Convención Nacional Hacendaria y para el mismo federalismo por el que se originó la CONAGO. Todos los partidos políticos en diferentes formas, hemos hablado de la defensa de la autonomía municipal.

El gran avance municipalista se dio en este recinto con la reforma artículo 115 constitucional y hoy en día, en Sonora, se pretende disfrazar un control sobre todos los municipios del estado, supeditándolos a pesar de ser electos democrática y libremente a unos consejos creados y supervisados por el gobernador del estado.

Los tiempos en que los gobernadores creaban figuras jurídicas para controlar todo y mandar en todo, deben ser cosa del pasado. Los avances municipalistas de este país son obra de muchos mexicanos de todos los partidos políticos que estuvieron convencidos que el municipio era la autoridad más cercana a los ciudadanos y que éste debería tener más facultades y más recursos para darles resultados a la gente.

Es tiempo de que en congruencia con lo dicho, haya congruencia en los hechos, este tipo de acciones las debemos defender todos, lo que pasa en Sonora es algo muy grave, y es un precedente del regreso al pasado que pretendemos dejar atrás los mexicanos y también es grave la laxa memoria del gobernador de Sonora, Eduardo Bur Castelo, quien hace unos meses protestó ante el Congreso del Estado de Sonora, guardar la Constitución y la leyes que de ella emanen. Guardar, señor Gobernador de Sonora, quiere decir vigilar, cumplir, hacer cumplir y defender y eso es lo que debe hacer por todos los municipios de Sonora.

La política debe de generar concordia y no discordia. Ojalá y el gobernador de Sonora deje sin efecto este decreto que divide a los alcaldes y a sus habitantes de sus municipios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados –concluyo, señor Presidente- la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución.

Único.- La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hace un atento exhorto al Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, respetando su autonomía para que deje sin efecto el decreto que reforma el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado el 15 de enero y el 11 de febrero del 2004, mismo que violenta la autonomía de los municipios del Estado de Sonora.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación)

EL C. PRESIDENTE.- No se considera de urgente resolución y por lo tanto, se turna a la Junta de Coordinación Política.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo por el que se saluda al pueblo español, particularmente a su Presidente electo, el señor José Luis Rodríguez Zapatero y al Partido Socialista Español, por su triunfo en los comicios del 14 de marzo.

Las y los legisladores suscritos integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido CONVERGENCIA, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución bajo las siguientes

A España y a México los unen fuertes lazos históricos, políticos, económicos y culturales, pero también de amistad y solidaridad entre sus pueblos.

El pueblo español, vivió la peor de sus tragedias en más de medio siglo con los recientes atentados terroristas perpetrados el pasado 11 de marzo, en los que más de 200 personas perdieran la vida,

Que es un atentado cuyas principales víctimas fueron jóvenes obreros, estudiantes y empleados; un atentado brutal y sanguinario, que bajo ningún concepto puede ser aceptado y menos justificado,

Que tres días después, el pueblo español, en un acto de madurez, debió ir a las urnas para emitir su voluntad soberana en medio del dolor,

Que el proceso electoral por el que hoy las verdaderas fuerzas amantes de la paz en el mundo, celebran la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno de España, se ha dado en el marco de la democracia que permite a su pueblo escoger libremente a sus gobernantes, dando base y sustento a lo que conocemos como principio de autodeterminación de los pueblos, valor de la política interna y externa de un país y una de las principales garantías para la democracia y la paz en el mundo,

Que el triunfo del candidato del Partido Socialista Obrero Español, es el resultado del absoluto y total repudio del pueblo español a la participación del gobierno en la guerra de los Estados Unidos contra Irak,

Que a pesar de la incesante manipulación informativa, el pueblo español hizo patente que guarda una concepción amplia del terrorismo al que el mundo, y particularmente ellos, recientemente se han enfrentado, asumiendo que se trata de un flagelo con múltiples causas, orígenes y formas de aplicación, todas ellas condenables,

Que el pueblo español, ha demostrado en esta jornada electoral su capacidad para hacer valer los principios y valores que mayoritariamente comparten, así como su poder para juzgar a sus gobiernos y remover a las opciones políticas que han traicionado la confianza que anteriormente se les depositara,

Que el nuevo gobierno ha manifestado que considera la lucha contra el terrorismo como una prioridad inmediata, así como su intención de combatirlo trabajando arduamente, a favor de la unidad y la paz de su pueblo; asimismo, ha manifestado su plena voluntad por el diálogo interno y externo.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta Honorable Asamblea el siguiente

Primero. Esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, expresa sus condolencias y solidaridad fraterna al hermano pueblo de España, por la muerte de civiles como consecuencia de los condenables actos terroristas perpetrados el pasado 11 de marzo.

Segundo. Esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, saluda al Presidente electo de España, el señor José Luis Rodríguez Zapatero y hace votos porque el nuevo gobierno sepa cumplir con los compromisos asumidos para lograr la paz y la unidad que reclama ese pueblo hermano.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2004, con las firmas de los respectivos representantes de los diferentes partidos.

Esta presidencia advierte que el señor orador solicita que este Punto de Acuerdo se tramite de urgente y obvia resolución, sin embargo, no fue planteado así por la Junta de Coordinación Política a la Mesa Directiva ni fue planteado así al darse a conocer al resto de los legisladores, por los cuales se dejaría a la Asamblea en estado de indefensión, en los términos del Artículo 4º. Apartado Cuarto que dice: "Cuando se requiere que algún asunto sea tramitado de obvia y urgente resolución, así deberá señalarse expresamente". Como no se satisface esta hipótesis se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

-EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Maximino Fernández Avila del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe a la sociedad sobre el estado de contaminación que guardan las playas mexicanas, así como de las medidas de contingencia que se aplicarán durante el próximo período vacacional de Semana Santa.

-EL C. DIPUTADO MAXIMINO FERNANDEZ AVILA: Gracias. Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Hace un año, poco antes del inicio de la Semana Santa, las autoridades federales del Medio Ambiente, Turismo, Marina y Salud divulgaron con anticipación, de forma clara y accesible, a toda la población la información sobre el grado de contaminación de las playas más frecuentadas por los turistas, de esta forma en febrero del 2003, la Profepa dio a conocer los resultados de un informe sobre 16 playas contaminadas, lo que ocasionó duras críticas, ya que se consideró que se trataba de una estrategia para favorecer a otros destinos turísticos.

Entre los compromisos de estas Secretarías, estuvo el de establecer un monitoreo de manera permanente y sistemática y de brindar información confiable y oportuna a los usuarios de las playas y a los principales centros urbanos e industriales costeros del país.

Lamentablemente lo que se prometió, que es una obligación legal y moral por parte de las autoridades, parece haber sido minimizado, y lo que parecía ser una programa innovador y protector de los derechos de los turistas, parece haber sido relegado.

Tal fue que la Semarnat suspendió la difusión de los resultados del monitoreo de la calidad de agua en las playas durante el mes de mayo, al argumentar que se realizaban ajustes a los métodos de medición. A estas fechas la información sobre los niveles de contaminación de algunas playas, es publicada dentro de la página de Internet de la Semarnat, la cual limita el acceso a un pequeño grupo de la sociedad civil que puede acceder a una computadora con Internet, siendo el grueso de la población relegada de dicha información.

Así cuando faltan algunas semanas para que el flujo de turistas se desborde en las playas del país, aun no se ha informado de manera masiva, sistemática y oportuna a la sociedad sobre el estado que guardan diversas playas el litoral mexicano.

Recientemente el Secretario del medio Ambiente, Alberto Cárdenas informó que un monitoreo de 235 playas sólo 8 resultaron con altos niveles de contaminantes, sin embargo, omitió el mencionar los nombres de éstas, señalando únicamente que algunas se encuentran en los estados de Veracruz, Guerrero y Nayarit. De igual forma, excluyó los niveles de toxicidad y materiales por los que se consideran contaminadas estas playas.

Es fundamental para la economía del país, el conservar e incrementar los niveles de turismo, ya que esta actividad representó en cifras estimadas en el año 2002 el 8.2% del BIP total y es considerada la tercera fuente de divisas para México.

Igualmente es importante que las autoridades federales tomen en sus manos un asunto que importa a todos, la información generalizada de cómo están muchas de nuestras playas, las cuales muestran un deterioro creciente.

La importancia de brindar información sobre la contaminación bacteriológica de las playas, obedece a la necesidad de propiciar que los ciudadanos adquieran una responsabilidad basada en la información confiable al desarrollar sus actividades recreativas en playas y zonas costeras. De tal forma que los beneficios que ciertamente supone el goce de estas actividades para la salud y el bienestar general sean mucho mayores,.

Por todo lo anterior el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a consideración la siguiente:

Primero. Exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con otras dependencias informe de forma veraz y accesible al público en general, de los niveles de contaminación de las playas mexicanas, principalmente de las con mayor afluencia turística, así como de las medidas de contingencia que se aplicarán durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Segundo. Exhortar a la Secretaría de Medio y Ambiente y Recursos Naturales, a que informe a la sociedad civil de manera sistemática, accesible y veraz, con por lo menos dos meses de antelación, sobre el estado de contaminación que guardan las playas mexicanas, para poder tomar medidas preventivas para los subsiguientes periodos vacacionales.

Tercero. Exhortar a la Secretaría de Salud para que despliegue una campaña de información generalizada y accesible a la población sobre los riesgos a la salud humana y exponerse al agua contaminada de playas, así como de las medidas y centros de atención en los puntos turísticos de mayor afluencia.

Consulte la secretaría a la Asamblea si se considera el asunto de urgente resolución, en votación calificada.

-DIP. SRIO. MARCOS MORALES TORRES: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la Proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Como la presidencia no tiene oradores registrados, considera suficientemente discutida la Proposición y consulte la secretaría a la Asamblea …

-DIP. RAUL PAREDES: Con su permiso diputado presidente; compañeros legisladores:

Los diputados del Partido Acción Nacional, consideramos a la protección del medio ambiente como un compromiso permanente que exige un alto sentido del deber y responsabilidad de todos los servidores públicos. Implica no sólo defender nuestros recursos tanto renovables como no renovables, sino también aprovecharlos de manera adecuada; optimizando así nuestras reservas y los productos que de ella podemos obtener, pugnado de esta manera por un medio ambiente limpio y sustentable.

Consideramos que la sociedad tiene derecho de esta informada sobre la contaminación existente en las playas y zonas costeras mexicanas, a fin de que puedan realizar sus actividades recreativas y de esparcimiento, con la certeza de que estos recursos les proporcionarán los beneficios esperados.

Por lo tanto, apoyamos el exhorto del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, pero es preciso reconocer lo que actualmente realiza el gobierno.

El Poder Ejecutivo Federal por medio de una coordinación interinstitucional y en colaboración con los tres ámbitos de gobierno, puso en marcha a partir del año pasado, el sistema Nacional de Información sobre la calidad del agua en las playas mexicanas, con la finalidad de proteger la salud de los usuarios y mejorar la calidad ambiental de las playas nacionales mediante un esfuerzo intersectorial en el que participan las secretarías de Marina, Medio Ambiente, Salud y Turismo.

En éste como en todos los demás temas ambientales no es posible avanzar sin el concurso activo de la sociedad, por lo que el sistema de información ha dado lugar a un programa integral de playas limpias en el que la mayor responsabilidad se ejerce a nivel local, a través de los comités locales de playas limpias, en los que participan los tres ámbitos de gobierno y los sectores académico, privado y social.

En este orden de ideas la coordinación de dependencias correspondientes juega un papel fundamental en función de sus respectivas competencias. Así, la Secretaría de Salud coordina y vigila los monitoreos y análisis bacteriológicos que realizan los laboratorios de salud de los 17 gobiernos estatales costeros.

La Secretaría de Marina contribuye con la vigilancia y monitoreo de las fuentes de contaminación en el mar. La Secretaría de Turismo y el Fondo Nacional de Turismo realizan programas de estímulos a prácticas ambientales adecuadas con los operadores turísticos, fomentando y colaborando con el mejoramiento de la infraestructura de servicios ecológicamente sustentables.

El sector ambiental, por su parte, desarrolla programas de saneamiento hidráulico,. de ordenamiento ecológico y de promoción de actividades de limpieza a nivel de cuencas, con énfasis en la zona costera marina y ribereña.

Como podemos observar, la responsabilidad no descansa en una sola autoridad, sino se trata de un esfuerzo compartido para lograr un objetivo común.

En este sentido resulta de toral importancia destacar las acciones que actualmente se encuentran desarrollando de manera coordinada no sólo la administración pública federal sino también los gobiernos locales y municipales, lo cual permite conocer el estado general del medio ambiente y dará de manera transparente la información que permita dar seguimiento a la dinámica de las distintas playas, así como las medidas tomadas para mejorar sus condiciones.

Por ello es importante que todos los diputados nos comprometamos en profundizar la conciencia social sobre la relación que guardan los asuntos ecológicos con base en la plataforma legislativa que caracteriza al Partido Acción Nacional.

A partir de ahora las leyes deberán reconocer los servicios ambientales que nuestros ecosistemas brindan al desarrollo nacional, evitando poner en riesgo la biodiversidad de la que somos herederos.

Es así que debemos de impulsar el ordenamiento y la homologación de las distintas leyes y competencias en materia ambiental para eficientar la labor de protección de la biósfera. Nuestros proyectos deben incorporar el planteamiento de protección y preservación del medio ambiente y que nadie puede hipotecar nuestro futuro ni el de nuestros hijos.

Como en otros ámbitos de la vida nacional, nuestra responsabilidad como representantes populares es otorgar su justa dimensión a la problemática ecológica que enfrenta la nación, sin desvirtuar la realidad que impera en nuestros atractivos turísticos que durante décadas han significado grandes beneficios a la economía local y nacional.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro el señor diputado don Jesús González Schmal.

EL C. DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL: Con su anuencia, señor presidente. Aprobamos el trámite de urgente y obvia resolución para abocarnos a retomar el asunto de primerísima importancia en el país, no sólo por la trascendencia económica en el ramo, en el rubro de turismo, sino por sobre todo por lo que ha significado y significará el que las playas, el que los litorales del territorio mexicano estén siendo avasallados cada día con mayor irresponsabiidad por los desechos contaminantes.

Quién no recuerda que la noticia del entonces secretario de Ecología del Medio Ambiente, de la Semarnat conmocionó al mundo no sólo en México, no sólo a la esfera del turismo, al sector turista, sino también a la opinión pública mundial respecto de la irresponsabilidad de los mexicanos con su riqueza más valiosa que es la riqueza de sus litorales.

De los países privilegiados en el mundo donde nos rodean litorales por el lado del Pacífico y por el lado del Atlántico, el Golfo, todos estos preciadísimos tesoros naturales los hemos estado depredando continuamente y los hemos hecho hoy ser calificados en el mundo como de la ecología marina más degradada.

Y cómo no recordar que cuando aquí se planteó precisamente este problema, se comentó que se trasladó el hecho a una decisión tan grave como la remoción del propio Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, del doctor Lichtinger.

Desde entonces hemos advertido que con el cambio de Titular de la Secretaría, con Alberto Cárdenas, las cosas no sólo se han mantenido en el estatus que estaban, han retrocedido.

Se han estado cambiando ahora a los delegados en los estados de la PROFEPA, sólo por razones de filiación política. Pero en cuanto a la encomienda tan delicada y trascendente que es la preservación del medio ambiente, que es el cuidado de nuestro capital natural, las cosas en realidad se han estado degradando en la República y esto hay que decirlo con todas las voces, si somos responsables frente al futuro, frente a la sucesión de generaciones que nos están esperando en la herencia que dejaremos en esta materia ecológica.

Es por lo tanto trascendental que asumamos como Congreso y como representación nacional por antonomasia, la responsabilidad de darle cuenta al pueblo de qué es lo que está pasando con las playas, qué pasó con los reportes de la contaminación que se expidieron con tanta efectividad; qué pasó, por ejemplo en Acapulco cuando el Delegado de la PROFEPA hizo la denuncia y en contra de haber sido felicitado por la valentía, por la civilidad, por el valor de hacerla, fue inmediatamente cesado de su empleo; qué pasó también con el Titular de la SEMARNAT que asumió esa responsabilidad y le dio respaldo a su Delegado en la PROFEPA y que en cambio igual que el propio Procurador del Medio Ambiente, fueron también relegados de su puesto y despedidos hasta por escarnio en una súbita decisión del Poder Ejecutivo.

Creo que esto hay que decirlo con todas sus letras. Hay una gran amenaza para el futuro de México, si se mantiene esta actitud de ligereza respecto a la dimensión de los graves trastornos que se están causando a nuestra esfera ecológica, a nuestro medio ambiente y muchos más, en específico, a la riqueza del medio marítimo.

Dejo, pues, aquí constancia de que para Convergencia es fundamental y urgente que nos aboquemos a conocer el grado de contaminación de nuestros litorales para que esta representación con conciencia de causa, tome las medidas que correspondan.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

- EL C. PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

- EL C. SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Aprobada. Comuníquese.

Como ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, la cual
incluirá los asuntos no abordados en la presente.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): Con todo gusto, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, Secretaria.
Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por cuatro minutos para verificar la asistencia.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO (PRI): Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

- EL C. PRESIDENTE (A las 15:26 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 30 de marzo a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 09:30 horas.