Crónica Parlamentaria, Cámara de Diputados

Sesion del martes 30 de marzo de 2004

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de los estados de Chihuahua y de Quintana Roo.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política, con proyecto de acuerdo sobre la integración de delegaciones de diputados ante organismos parlamentarios internacionales.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

En el que se transcribe punto de acuerdo por el que comunica que se declara 2004 como "Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano".

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, para solicitar al Ejecutivo federal promover nuevos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Natania Swirski Roldán pueda prestar servicios en la Embajada de Australia en México. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benítez, Sihomara Zúñiga León y Jacqueline Itzel Solís González puedan prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en el Consulado de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco, y en su Embajada, respectivamente; y se comunica que la ciudadana Claudia Patricia Cordero Fernández ha dejado de prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que adiciona un párrafo al artículo 94 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo noveno al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desplazados internos, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 58 y 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de participación infantil y juvenil, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona dos fracciones al artículo 10 y reforma el artículo 208 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar al Ejecutivo la facultad de presentar iniciativas de ley o decreto de carácter urgente, a cargo del diputado Alvaro Elías Loredo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para precisar los alcances de la labor de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, adelantar la fecha de presentación de éste y fijar una fecha límite para su aprobación, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y adiciona un párrafo al artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a fin de tipificar el delito de falsificación de tarjetas, títulos de crédito, cheques y otros documentos para el pago de bienes o servicios o disposición de efectivo, a cargo del diputado Manuel Ignacio López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para prohibir actos de discriminación laboral contra las mujeres, a cargo de la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo en relación con la proposición para apoyar una reforma fundamental de la Organización de las Naciones Unidas a fin de que el Consejo de Seguridad sea un órgano de mayor legitimación que ofrezca a los miembros de la Organización un marco de seguridad efectiva.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno de México que se abstenga de votar contra una resolución en materia de derechos humanos en Cuba, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y, de no cumplir el grupo concesionario las obligaciones de conservación y mantenimiento en esa central aérea, se le sancione o, en su caso, se le revoque la concesión conforme a derecho, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de crear la comisión especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para recomendar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público que, mediante sus órganos desconcentrados, haya mayor coordinación en el diseño y la propuesta de instrumentos económicos fiscales, financieros y del mercado destinados a apoyar la internalización de daños ambientales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Junta de Coordinación Política que integre una comisión especial de seguimiento al caso del cardenal Posadas Ocampo, a cargo del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a retirar las reservas impuestas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dar trámite y respuesta a la petición de las comisiones relacionadas con el campo, sobre la reasignación de 10 mil 800 millones de pesos de presupuesto para este sector, suscrita por integrantes de diversas comisiones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado J. Miguel Luna Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de los ingresos netos de Pronósticos Deportivos que se enteran a la Tesorería de la Federación, 8% se destine al fomento del deporte en los municipios del país, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para ordenar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice los fondos federalizados asignados al estado de Colima, con objeto de transparentar su ejercicio, y en especial los destinados al pago electrónico de la nómina, suscrita por los diputados Antonio Morales de la Peña y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral puesto en marcha por el Gobierno de Estados Unidos de América y que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Energía a establecer, mediante la Comisión Reguladora, de acuerdo con sus facultades, mecanismos de coordinación para prevenir accidentes en las compañías que tienen la concesión de la distribución de gas natural en el Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo a instruir a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para que se establezcan nuevas tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua y se cree una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en el mismo estado, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para hacer un atento exhorto a las Secretarías de la Función Pública, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría General de la República, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, investiguen el Servicio Postal Mexicano por el presunto robo de cheques enviados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América a migrantes mexicanos por concepto de pensión y devolución de impuestos, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Pleno de la Cámara de Diputados a honrar la memoria de las víctimas de los atentados de Madrid y de la invasión de Irak; y al titular del Ejecutivo federal, a adoptar una política exterior activa que contribuya al fin de la ocupación estadounidense y evite las guerras en el mundo, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que aplique una auditoría técnica y de desempeño a la investigación desarrollada por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República del Caso Colosio, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la instalación de plantas regasificadoras en Baja California, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para que se realicen los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a cumplir plena y oportunamente diversos aspectos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, mediante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, investigue y proceda legalmente en el caso de importación de azúcar al país, imponiendo las sanciones aplicables, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, en nombre de legisladores integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades educativas federales y a las locales que verifiquen que las instituciones que imparten el nivel de preescolar cumplan con lo establecido en la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex a no deshacerse de capital humano y técnico con el argumento de la aplicación de los criterios de austeridad contenidos en el artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar oportunamente de los recursos a que se refiere el artículo 7, fracción XI, de la Ley de Ingresos, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados a suscribir un acuerdo nacional contra la corrupción y a trabajar con sujeción a su declaración de principios, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Transportes la realización de un foro nacional de consulta, análisis y discusión sobre el sector de transportes, a fin de contar con los elementos suficientes para la generación de una iniciativa de ley que rija en el sector, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los gobiernos federal, del estado de Tamaulipas y del municipio de Altamira a coordinarse para impulsar el proyecto Fénix en esta demarcación, a cargo del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Guerrero a aprobar la propuesta de Ley de Desaparición Forzada de Personas, presentada por la sociedad civil, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se establezca el programa de capacitación integral para la mujer, en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país, a cargo del diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regularizar la prestación del servicio público de transporte transfronterizo de pasajeros, a cargo del diputado Alfredo Fernández Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a atender a ex trabajadores de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán que realicen las acciones necesarias a efecto de evitar la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en esa entidad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a destinar 270 millones de pesos como subsidio para ayudar a los consumidores del municipio de Musical, Baja California, a pagar los recibos de energía eléctrica durante el próximo verano, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profepa y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para definir el futuro de México, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se reabra la investigación sobre el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Pedro Avila Nevárez, de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Salud, y de Gobernación, así como a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a que apliquen puntualmente la normatividad en relación con la publicidad y comercialización de los llamados "medicamentos milagro", a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades y a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a encontrar un equilibrio que resuelva la situación que actualmente enfrenta el régimen de jubilaciones y pensiones de esta institución, a cargo del diputado Manuel Pérez Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al titular de la Comisión Federal de Electricidad el cambio de la División Centro Sur a la División Centro Occidente, de los municipios de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro, Tzitzio y Tuzantla, del estado de Michoacán, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordene que se lleve a cabo la sustitución, manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, así como de los equipos y materiales que los contienen, donde quiera que éstos se ubiquen, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía y a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad a que reclasifiquen la tarifa del servicio residencial de energía eléctrica en los municipios de Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Carrillo Puerto, Naranjal, Yanga, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Acayucan, en el estado de Veracruz, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a que no se apliquen las acciones administrativas para cancelar los pozos profundos en el estado de Chihuahua cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, propuesto al grupo parlamentario del PAN, por parte del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, para fortalecer las acciones en materia de lucha contra el contrabando, la piratería, la adulteración y el comercio ilegal a fin de contrarrestar este mal, a cargo del diputado Miguel Angel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, con la mayor brevedad, suspenda la transmisión de los spots publicitarios en radio y televisión que promueven la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el desprestigio de las sociedades cooperativas de ahorro y crédito que han manifestado inconformidad con dicho ordenamiento, a cargo del diputado David Ferreira Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a que implante un programa de mantenimiento y capacitación en todo el sector eléctrico paraestatal, así como de modernización para todas las unidades de generación que sean sujetas a mejoras tecnológicas durante los periodos que estén fuera de operación, con la finalidad de aumentar su eficiencia y competitividad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público que implanten de manera urgente programas y acciones para el combate del contrabando, la piratería y la mercancía robada en la industria textil, a cargo diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para aplicar a Estados Unidos de América medidas de efecto equivalente por las moratorias establecidas en ese país a la apertura acordada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrita por los diputados Federico Döring Casar y Francisco Juan Avila Camberos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Gobernación a que intervengan en la resolución de los hechos de agresión con armas de fuego a trabajadores petroleros de la sección 14 del STPRM, en Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, su pronta intervención ante la afectación del estero conocido como El Salado, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la agenda política del estado de México, a cargo del diputado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Pleno de la Cámara de Diputados exhorte a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a que detenga el canje de pagarés de Fobaproa hasta que no se observe el estricto cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, respecto al caso que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por la situación de 52 mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en torno de la situación que se vive en el municipio de Tetipac, Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, respecto de la entrada en territorio nacional de militares del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para realizar presuntamente prácticas militares en el estado de Puebla, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al informe anual 2003 presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a cargo del diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Batán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Salud y de Seguridad Social, de Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud de diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Smutny, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, a solicitud del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre los resultados de la reunión de la Cepal, que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la Ley 151, aprobada por el estado de Sonora, en relación con la reforma del Código Electoral del estado para la asignación de 50% de todas las candidaturas para cada género, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Sobre el LXVI aniversario de la Expropiación Petrolera, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Convergencia.

Sobre el aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, y de Convergencia.

Sobre el X aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el XCI aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, que se cumple el 26 de marzo, a cargo del diputado Jesús Zúñiga Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Sobre el Día Forestal Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Meteorológico Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

-PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

-SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto señor Presidente.

Le informo que existen registrados 303 diputados y diputadas. Por lo tanto, hay quórum señor Presidente.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

-MISMA SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

-MISMA SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

En votación económica, las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

-PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

-LA MISMA C. SECRETARIA. Disculpe señor Presidente, falta el siguiente documento:

El siguiente punto del Orden del Día es Iniciativas de los ciudadanos Diputados.

Tiene el uso de la palabra el señor Diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al Artículo 94 de la Ley Agraria.

- EL C. DIP. JESUS MORALES FLORES: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

El ejido ha sido, en forma sistemática, blanco de ataques por quienes desconocen a esta institución como una unidad económica de producción que tiene rentabilidad productiva a pesar de la falta de créditos, de organización y asistencia técnica. El ejido es producto de un movimiento nacional, con gran contenido social que cristaliza con la primera Ley Agraria del 6 de enero de 1915, de Venustiano Carranza.

Ni la contrarreforma llevada a cabo en 1992 al cambiar el sentido del artículo 27 constitucional y la Ley Agraria cuyo objetivo era la privatización del ejido, pudieron acabar con el. A doce años, hemos visto que el ejido se encuentra arraigado en la mente y el corazón de los campesinos de México.

La idea privatizadora de los tres últimos gobiernos no ha prosperado. Los diputados del sector agrario tenemos por lo tanto la obligación de revalorarlo con nuestra acción e impulsarlo para hacerlo productivo, debemos modernizarlo para que sea una palanca de desarrollo nacional.

Sostenemos los diputados del sector agrario que junto con la propiedad privada, el ejido coadyuva para no depender en materia alimentaria del exterior. Sostenemos que el ejido es garante de la soberanía alimentaria y por consecuencia garante también de la paz, de la tranquilidad social y de la estabilidad del país, por eso hoy presento esta iniciativa con proyecto de decreto que consiste en una adición al primer párrafo del artículo 94 de la Ley Agraria, solicitándole al señor Presidente se inserte en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

A saber: El programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares que se puso en marcha en el año de 1993, cuya finalidad consiste en que cada núcleo ejidal o comunal delimite conforme a la ley y su superficie, con base a las normas técnicas emitidas y publicadas por el Registro Agrario Nacional y aplicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se reconozca como propiedad privada a los solares de asentamientos humanos, la asamblea ejidal asigne las parcelas individualmente a los ejidatarios y posesionarios, así como los porcentajes de aprovechamiento que les corresponda a las tierras de uso común.

Concluido el proceso de regularización de la tenencia de la tierra bajo las bondades de este programa, el registro agrario nacional emite y entrega los certificados parcelarios y títulos correspondientes con los que el ejido queda certificado.

Se ha culminado la regularización de 24,792 núcleos agrarios equivalentes al 83% del total nacional, para los cuales se han expedido 7 millones, 768,267 certificados de derechos agrarios que benefician a 3 millones, 520,832 personas, así como la certificación y la titulación de 68.8 millones de hectáreas.

En sentido estricto, para poder sostener este proyecto de decreto en los términos planteados, es un requisito de procedibilidad que el ejido o comunidad a expropiar se encuentre formalmente parcelado y certificado para poder configurar la enajenación que contempla el artículo 80 de la Ley Agraria que sólo puede darse entre ejidatarios o avecindados del mismo núcleo ejidal, pues podría ser anulada la venta si para la validez de la enajenación no se cumple con los requisitos de ley.

Bajo esta perspectiva, la acción agraria de expropiación por causa de utilidad pública planteada por el o los promoventes ante la Secretaría de la Reforma Agraria, podría versar sobre parcelas en lo individual o sobre tierras de uso común; en ambos casos, el criterio debe prevalecer en la Comisión Nacional de Avalúos, que se trata de un ejido o comunidad ya certificado y por ende, el valor comercial debe ser calculado en base al derecho civil y no en base al derecho agrario.

En la práctica, los legisladores que conformamos el sector agrario hemos intervenido para mejorar el monto de las indemnizaciones y hemos mejorado las condiciones de los ejidos.

Por eso, esta intervención se hace generalmente al margen de los avalúos que practica la CAMIN, que generalmente son irreales e injustos, pues no toma en consideración que a través del tiempo esos terrenos ya no pueden permanecer en las mismas condiciones en cuanto a su vocación original; muchas veces por la dinámica del crecimiento de los centros de población y en muchas ocasiones generalizando el criterio y omitiendo fenómenos como la conurbación, la ubicación en áreas de crecimiento de los centros de población, etcétera.

La injusta aplicación de estos criterios provoca casi siempre estallidos sociales en los ejidos, cuando las causas de la utilidad públicas es para el establecimiento de servicios públicos. El más reciente caso fue de intento fallido en la construcción del aeropuerto en terrenos ejidales, desde Salvador Atenco en el Estado de México, en donde el avaluó por metro cuadrado era de 7 pesos, cuando el valor real era de aproximadamente 300.

Lo mismo sucede, cuando la causa es la creación de unidades de producción de bienes y servicios de indudables beneficios para la comunidad, como fábricas, maquiladoras, reservas territoriales para el crecimiento de los centros de población, centrales camioneras, corredores industriales, en donde invierte el sector privado para adquirir esos terrenos como propiedad privada, a precios que se cotizan en el mercado inmobiliario en el libre juego de la oferta y la demanda, en detrimento del ejido propietario de las tierras a expropiar.

Destacamos el hecho de que cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios la asamblea general es el órgano supremo del ejido, podrá resolver que los ejidatarios que así lo deseen, puedan a su vez, adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas.

La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales, se cambia al régimen legal del ejido, sujetándolos por ende, a la disposición del derecho común y se produce un desmembramiento legal de la parcela del régimen ejidal, en estas circunstancias, ya como propietarios sus titulares podrán incuestionablemente vender, hipotecar o ceder sus parcelas libremente, sin que el objeto de la presente iniciativa se aplique respecto a la propiedad privada, en cuyo caso es prioritaria la negociación sobre una compra venta; en otras circunstancias se optará por la expropiación como acto de autoridad por causa de autoridad pública como única opción constitucional.

La exposición de estas consideraciones, inspiradas en criterios de aplicación de la justicia distributiva a la sociedad rural, nos lleva a solicitar de esta soberanía su solidaridad institucional y legal para aprobar esta iniciativa con proyecto de decreto que contempla una adición al primer párrafo del artículo 94 de la Ley Agraria, considerando que el monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o el organismo competente, atendiendo al valor comercial de los bienes a expropiar, bajo el criterio legal de que se trata de una propiedad privada regulada por del derecho civil y no contemplarla como propiedad social.

Por las consideraciones expuestas, la diputación federal del Sector Agrario del grupo parlamentario del PRI, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y amplía el párrafo primero del artículo 94 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se adiciona el párrafo primero del artículo 94, para quedar en los siguientes términos:

La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria, deberá hacerse por decreto Presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización, será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados. Para la determinación del valor comercial se tomará en cuenta el destino final de los bienes expropiados, tratándose de ejidos ya certificados, la Comisión para los efectos del avaluó los considerará regulados por el derecho común.

Artículo Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación. Gracias.

-EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, transcríbase el documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para una iniciativa que reforma el último párrafo de la fracción III, del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

EL DIP. JOSE ANTONIO CABELLO GIL: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados:

El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que me otorga la legislación vigente someto a la consideración de esta soberanía iniciativa de decreto que reforma el último párrafo de la Fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor de la siguiente exposición de motivos y cuya lectura completa omitiré, solicitando a la Presidencia sea publicada la versión íntegra en el Diario de los Debates.

El proceso de transformación que México ha experimentado ha generado profundos cambios en las instituciones nacionales y entre ellas, particularmente las culturales. Desde el punto de vista cultural, México ha hecho frente a una serie de desafíos que lo han obligado a replantear su dinámica nacional. Este nuevo contexto, caracterizado por la globalización de la economía, de las comunicaciones y de la cultura, está orientado hacia la creación de la sociedad de la información y el conocimiento, en donde las empresas culturales tienen un rol preponderante, sin embargo, a pesar del potencial rol protagónico que pueden tener los pequeños productores culturales en este proceso, éste no siempre ha sido reconocido ni por el Estado ni por el sector privado, por ello es necesario analizar posibles vías de solución que desde un punto de vista normativo puedan plantearse a fin de permitir que el sector cultural pueda alcanzar mejores condiciones para su desarrollo.

Con la precisión que proponemos al texto de la ley, queremos destacar el rol que las empresas culturales, no importando su tamaño, pueden tener no sólo en el fortalecimiento de la entidad nacional, sino también en el mejoramiento de la competitividad, el empleo y el crecimiento económico nacional. Así, identificamos a las micro, pequeñas y medianas empresas culturales o MIPyMES culturales, como aquellos pequeños productores que si bien producen, reproducen, difunden y comercializan bienes y servicios culturales de acuerdo a criterios económicos, y siguiendo una estrategia comercial, cumplen un rol importante en la vida social tanto por el impacto mismo que generan los productos y servicios culturales, como por el que pueden tener en la vida económica nacional.

De esta manera, al referirnos a las MIPyMES culturales nos estamos refiriendo a los pequeños productores de la radio, televisión, el cine, la industria de la música, el libro, los periódicos, el teatro, el turismo cultural, la ópera, entre muchos otros de la misma naturaleza por cuanto en éstas es posible conjugar tanto el aspecto económico como el cultural.

La compleja relación entre cultura y mercado requiere de una definición jurídica, pues en caso contrario el Estado Mexicano verá cada vez más restringida su capacidad de establecer políticas públicas que favorezcan el crecimiento y desarrollo del sector cultural. Para lograr dicho objetivo se requiere que consideremos al sector cultural como un sector productivo de importancia para la economía nacional.

Hay que reconocer que el actual Gobierno Federal ha realizado importantes esfuerzos por fortalecer la cultura en México, sin embargo, desde el Poder Legislativo debemos apoyar y enriquecer decididamente esta estrategia para que los pequeños productores culturales tengan la oportunidad de desarrollarse y apuntalar, tanto la cultura nacional como la actividad económica.

En este orden de ideas, lo que nuestra iniciativa pretende es que este sector sea reconocido en el marco jurídico correspondiente, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y que pase a ser beneficiario del mismo a través de las diferentes medidas que se lleven a pago para la promoción de las MIPyMES, entre las que se pueden mencionar los mecanismos de financiamiento público, que pueden estar al alcance de los pequeños productores culturales que carezcan de los recursos económicos suficientes para concretar sus esfuerzos y que sean elegibles para aspirar a estos mecanismos.

Además, la iniciativa recoge el diagnóstico y las recomendaciones que recientemente hizo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México 2003.

Este documento plantea, en el rubro de los derechos económicos, sociales y culturales, una serie de recomendaciones hacia el Gobierno de México y en donde se enfatiza la importancia que representa el integrar de manera efectiva, objetivos sociales a las políticas y decisiones económicas para ajustarlas al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambiéntales.

Dentro de las propuestas que la Comisión de la ONU recomienda a México en el ámbito legislativo, se encuentran las de establecer un modelo participativo para un mayor impulso de los derechos culturales dentro del proceso democrático actual, crear incentivos fiscales para mejorar la protección y producción de las empresas culturales; actualizar y ampliar el marco jurídico de manera que se reconozca a las empresas culturales que promueven y/o comercializan bienes y servicios.

Esta iniciativa pretende también incidir sobre la actuación de las instituciones públicas para que pongan en práctica políticas tendientes a promover proyectos de pequeños productores culturales, ya que se pondrá al alcance de ellos mecanismos de capacitación, financiamiento, suministro de información sobre oportunidades de mercados, entre otros, así como la infraestructura que tiene la Secretaría de Economía, tendiente a apoyar las MIPyME’s.

Para concluir, es necesario considerar a las MIPyME’s culturales, no sólo como patrimonio histórico vivo, recurso que proporcione empleo e ingresos, actividad económica que produce retornos tributarios, sino también, como signos vivos de la gran diversidad y riqueza de las manifestaciones culturales que existen en nuestro país.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Artículo Único.- Se reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Último párrafo.- Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales.

ÚNICO.- El presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente, Palacio Legislativo de San Lázaro, México Distrito Federal a 30 de marzo de 2004.

Solicito, señor Presidente, que la iniciativa sea turnada a la Comisión de Economía para su dictamen y a la Comisión de Cultura, para su opinión.

EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado don José Antonio Cabello Gil. Como lo solicite, túrnese a la Comisión de Economía y solicítese opinión de la Comisión de Cultura.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para iniciativa que adiciona un párrafo noveno al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desplazados internos.

En la última década se ha desarrollado un marco jurídico, en el ámbito del derecho internacional, para establecer principios rectores que protegen a los desplazados internos.

La Organización de las Naciones Unidas ha establecido que se entenderá por desplazados internos, a aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

Cabe aclarar que esta categoría del derecho internacional humanitario, difiere del refugiado, ya que aunque en ambos casos las personas se ven forzadas a abandonar sus hogares, los desplazados no pueden acceder a la categoría de refugiados con derecho a la protección específica que les proporcionan los instrumentos internacionales de la materia, puesto que justamente no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida.

Los principios rectores de la ONU contemplan normas aplicables a los fenómenos del desplazamiento en su conjunto, dado que reconocen el abanico de posibilidades que van desde la protección contra desplazamientos arbitrarios, es decir, acciones preventivas para evitar dicho desplazamiento, a la situación concreta del desplazamiento cuando éste ya se ha manifestado, así como a las normas que se aplicarían al regreso y a la reintegración de los desplazados a sus comunidades de origen.

Es importante destacar que estos principios rectores representan un mínimo de normas aplicables a la materia como estándares reconocidos por el derecho internacional, que son declaraciones moralmente vinculantes que, sin embargo, los gobiernos nacionales deben reconocer como obligaciones que surgen del derecho internacional y que sirven de referencia para la necesaria armonización de las legislaciones nacionales a la letra y el espíritu del derecho internacional.

Cabe también hacer mención que ante la magnitud del problema que reviste en el mundo la situación de los desplazados internos, en 1992 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, requirió al Secretario General la designación de un representantes especial para los desplazados internos, recayendo dicha designación en el doctor Francis Deing (¿) que realizó una visita oficial a nuestro país entre el 18 y el 28 de agosto del 2002, por invitación del Gobierno Federal Mexicano.

De su informe se destacan algunos puntos que es necesario abordar en esta exposición de motivos, ya que el documento representa un punto de encuentro sobre la situación del fenómeno de desplazados internos en nuestro país.

En dicho documento se reconocen como causas de desplazamiento forzoso en México a lo largo de los últimos años el conflicto en Chiapas, así como las disputas por tierras, el tráfico de drogas, intolerancia religiosa, proyectos de desarrollo y desastres naturales que por aquel entonces se habían registrado en los estados de Oaxaca, Tabasco y Sinaloa, pero al mismo tiempo dicho informe reconoce que no existen estadísticas oficiales sobre el número, la ubicación y las necesidades de dichos desplazados internos.

En el informe igualmente se destaca de manera muy especial, la situación de extrema vulnerabilidad de los que además de ser desplazados, son mujeres y niños.

En el cuerpo del informe, destaca asimismo una serie de recomendaciones que tienen que ver con la adopción y aplicación de políticas por parte del gobierno para abordar efectivamente ésta problemática, la necesidad, entre otras cosas, de recabar datos para determinar su magnitud, seleccionar las necesidades especiales para atender a los desplazados con programas y proyectos, mecanismos de coordinación, protección y asistencia, asistencia para su retorno, reasentamiento o integración local, cooperación internacional y fortalecimiento de intervención de los distintos niveles de gobierno.

Por otra parte, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó en el año de 2003, un diagnóstico sobre los derechos humanos en nuestro país, en el cual se pretende o pretendió, identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos con base en un análisis no coyuntural.

En el diagnóstico de referencia se señaló que a raíz del conflicto armado de 1994, quedaron desplazadas más de doce mil personas, algunas de ellas recibieron ayuda del gobierno o de organizaciones humanitarias nacionales o internacionales, pero en general, se reconoce que sus condiciones de existencia han sido por lo general sumamente difíciles.

Por cuanto hace a las recomendaciones de dicho informe, se presenta para la atención de los desplazados internos, destacan las siguientes:

1. El Gobierno Federal debe adoptar medidas de protección legal para atender las necesidades identificadas por el relator especial de la ONU sobre desplazados internos, así como el establecimiento de áreas de especial vulnerabilidad de estos grupos.

Se recomienda igualmente al Poder Ejecutivo, analizar distintas opciones para coordinar el trabajo en esta materia, pudiendo facultar a una dependencia ya existente como la COMAR o crear un organismo descentralizado o autónomo intersecretarial.

Otro aspecto que destaca el informe de la ONU sobre desplazados internos, es la urgente necesidad de establecer mecanismos de resolución no violenta de los conflictos y se le recomienda al Gobierno Federal que se involucre directamente en buscar mecanismos de mediación, conciliación, negociación e intermediación, para que las partes en conflictos agrarios, religiosos, territoriales, políticos o étnicos, puedan resolver sus diferencias sin alterar el orden público.

Entre otras de las recomendaciones, destaca el que es necesario que el Poder Legislativo, en coordinación con instancias del Poder Ejecutivo como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, incorporen los lineamientos establecidos en los principios rectores aplicados a los desplazamientos internos de la ONU a la legislación nacional.

Los desplazados consultados a través del proceso de diagnósticos diversos que han realizado organizaciones no gubernamentales y distintos niveles de gobierno, enfatizan –reconoce la ONU- la importancia que tiene la relación tradicional que guardan con sus tierras los indígenas, quienes constituyen la mayor parte de esta población desplazada.

Es necesario que en los procesos de reforma legislativa y de política pública en materia de población, se conduzca al reconocimiento de los desplazados internos como sujetos de derecho y que se reconozcan explícitamente las necesidades territoriales de los desplazados indígenas.

Es con estos elementos que se propone la presente iniciativa de reforma constitucional, tomando en cuenta que ciertamente nuestro marco jurídico vigente cuenta con una serie de garantías individuales consagradas en la Carta Magna que inciden de manera directa en el fenómeno del desplazamiento interno, pero que no se cuenta en la misma con las herramientas institucionales para poder enfrentar en todas sus dimensiones y aristas esta problemática, debido fundamentalmente, a como lo reconoce el propio Informe del Representante Especial de la ONU para Desplazados Internos, que en México se carece de los elementos mínimos para propiciar una coordinación intergubernamental adecuada, integral y suficiente.

Por lo que de entrada estamos proponiendo introducir una nueva categoría del derecho internacional humanitario en nuestro sistema constitucional, una categoría que no está contempladas hasta ahora, puesto que trata de reconocer a la vez una situación de hecho y una responsabilidad jurídica del Estado, para atender las causas como las consecuencias del desplazamiento interno.

Se ha querido, como ya mencioné, confundir este tipo de desplazamiento con otros fenómenos de carácter jurídico distinto, por ello, se ha destacado la garantía constitucional de libre tránsito establecida en el Artículo 11, o bien, con obligaciones del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para atender los desplazamientos por causas naturales con programas de auxilio.

Y lo cierto es que ninguna de estos fenómenos o figuras, recogen en todas sus dimensiones y alcance, la figura de desplazado interno.

Por las anteriores consideraciones, es que se propone adicionar un párrafo noveno al Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desplazados internos, en los siguientes términos:

UNICO.- Es responsabilidad del Estado garantizar la atención, la seguridad así como la restitución de derechos de los desplazados internos, ya que de grupos o de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de un conflicto armado de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano dentro de sus fronteras, según lo disponga la ley en la materia, la cual establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Cuauhtémoc Ochoa Fernández del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para una iniciativa que reforma el Artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

-EL C. DIPUTADO CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Originariamente el concepto de funcionario público se fundamenta en un criterio orgánico de jerarquía y de potestad pública, que da origen al carácter de autoridad que reviste a los funcionarios públicos para distinguirlos de los demás empleados y personas que prestan sus servicios al Estado, bajo circunstancias opuestas, es decir, ejecutan órdenes de la superioridad y no tienen representatividad del órgano al que están adscritos.

Este concepto, desde el punto de vista administrativo, se adapta con mayor claridad al campo de lo propiamente administrativo y del ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere en la esfera administrativa, lo que excluye de esta situación a los demás funcionarios de los órganos constitucionales como el Congreso de la Unión, que accedan al servicio del Estado mediante elección popular.

En doctrina se ha subrayado la tajante distinción entre funcionarios y empleados públicos, esta distinción que recurre a ciertas características del trabajo que desempeñan unos y otros y a la legislación vigente, pone de relieve. Pone de relieve que para la naturaleza de sus funciones y debido a que la designación de los primeros por el titular del Ejecutivo Federal, pueden ser removidos por éste en cualquier tiempo y por lo tanto, el ejercicio de sus funciones no es permanente.

En cambio, tratándose de que los empleados que son meros auxiliares y que únicamente ejecutan el régimen jurídico de sus relaciones con el Estado, se les garantiza estabilidad en el empleo y su remoción o destitución se da en función de los supuestos de incumplimiento, a través de los cuales la ley considera que debe darse término en dicha relación y no de la confianza que se encuentra implícita en el acto del nombramiento.

La denominación del funcionario público en consecuencia, no proviene de la naturaleza misma de la función pública puesto que también está desempeñada por la otra categoría de servidor público llamado empleado.

La ausencia de los elementos que en la legislación mexicana impide integrar con facilidad el concepto de funcionario público por ejemplo, la Constitución Mexicana hace referencia a funcionarios y empleados, en los artículos 80, 89, 108 y 114, altos funcionarios y empleados, en los artículos 110 y 111 servidores públicos y cargos de confianza, en el artículo 123.

La ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, alude a servidores públicos federales; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo123 de la Constitución, divide a estos trabajadores de base y de confianza.

De conformidad con dichas disposiciones bajo la denominación de servidores públicos, se incluye al Presidente de la República ya todos los empleados y funcionarios de la Administración Pública Federal centralizada y descentralizada, a los diputados federales y senadores, a los miembros de los Poderes Judicial, Federal y del Distrito Federal, a todo empleado y funcionario del Distrito Federal, a los gobernadores, diputados y magistrados en los tribunales de justicia en los estados y finalmente a cualquier otro individuo que maneje o aplique recursos económicos federales.

Con todo, subsiste la duda de si en dicha enumeración no se incluye a los empleados de los Poderes Legislativo y Judicial Federal, ya que no están expresamente enumerados, salvo en el supuesto de que manejen o apliquen fondos federales.

El elemento categórico que de tal legislación se desprende para esbozar el régimen jurídico de la relación entre Estado y funcionario público, es la de la de confianza puesto que la aplicación de la Ley Federal para los Trabajadores del Servicio del Estado, no solamente los divide en trabajadores de base y de confianza sino en su artículo 8o. excluya a estos últimos de las disposiciones relativas a los trabajadores de base, en donde resulta que en principio el calificativo de trabajador de confianza coincide con la categoría de funcionario público.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que conoce de los conflictos individuales entre el Estado y sus trabajadores, se ha pronunciado ampliamente respecto de la situación de los empleados de confianza y algunos de sus laudos contienen elementos comparables con los del concepto en que en principio se adopta, de funcionario público.

Cito: "… empleados de confianza el principio general que rige el Estatuto Jurídico es el que los trabajadores al servicio del Estado deban ser protegidos por el mismo, de manera que los empleados de confianza que estén fuera de su protección constituyen la excepción dentro del principio general y consiguientemente los preceptos que determinan cuáles empleos de confianza son limitativos.

En tal virtud para que un empleo deba catalogarse como tal, debe estar perfectamente determinado en dichos preceptos con la designación que los presupuestos de egresos o las leyes y reglamentos que rigen a cada dependencia le hayan dado, pues de lo contrario deben estimarse como la base.

Por ello, la Cámara de Diputados al establecer en su ley orgánica las diferencias entre empleados de base y los llamados empleados de confianza, se deben catalogar a éstos últimos como funcionarios públicos.

De lo anterior deviene necesario puntualizar que muchos de estos trabajadores tienen a su encargo tareas que, por condición laboral pueden tener injerencia o facultad no expresa para usar u omitir la recesión de un acto o proyecto en deterioro de la Nación.

Si lo que buscamos como Poder Legislativo y particularmente como Cámara de Diputados, es transparentar todos y cada uno de nuestros procesos y acciones, entonces debemos procurar que los trabajadores al servicio de la misma deban informar a la ciudadanía su situación patrimonial antes y después de su encargo.

Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados de la 59 Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el artículo 5 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional.

En virtud de la limitación en el tiempo omitiré la lectura del articulado, pero solicito atentamente a la presidencia ordene su inserción plena al Diario de Debates y a la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado don Cuauhtémoc Ochoa Fernández. Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no haya sido publicado y túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y de Derechos Humanos.

Nos acompañan en las galerías miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Tlalnepantla y jóvenes alumnos de tercero de preparatoria del Instituto de la Juventud del Estado de México. Bienvenidos (aplausos).

Se pide a la secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS: ¿Falta algún ciudadano o ciudadana diputada de registrar asistencia?

Se informa a la presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 457 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula.

EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.

EL C. DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión:

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, bajo la siguiente exposición de motivos.

Por la forma como está estructurada y sus métodos de organización de la banca privada, es uno de los principales obstáculos al desarrollo económico de México. De manera más ostentosa, desde la crisis financiera de mediados de los 90 la banca en manos de particulares no cumple la función que la sociedad le asigna, esto es, canalizar crédito para actividades productivas o para mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas.

Esta disfuncionalidad social de la banca es un producto del fracaso de la reforma neoliberal y de la miopía de las autoridades bancario-financieras, que se han negado a reconocer el problema y lo han empeorado año con año.

Fue un error privatizar los bancos y beneficiarlos con un régimen de autorregulación; del mismo modo, fue un error rescatar a los accionistas de los bancos, sanearlos con altísimas pérdidas para el erario público. Pero sobre todo fue un grave error hacer del rescate bancario un negocio vitalicio para los accionistas nacionales y extranjeros, a costa del bienestar conjunto de la población.

Fue un error abrir las puertas indiscriminadamente al capital extranjero sin haber establecido normas para evitar la carterización de los bancos..

Desde mediados de los 90, se ha derrumbado el crédito a las actividades productivas y a la par ha despuntado la rentabilidad de los bancos para convertirlos en los más lucrativos del mundo.

Si en 1994, antes de la crisis financiera del crédito total de la banca comercial al sector privado representaba el 42 % del producto interno bruto (PIB), para 2003 representó el 15 %, lo que en sí es una catástrofe económica y social.

El rubro más afectado es el crédito a las actividades productivas o comerciales, que se redujo de 1994 a 2003, a menos de la mitad de su valor real.

Debido a la creciente desintermediación bancaria, en años de crecimientos, la falta de crédito para la producción significa un sacrificio del producto interno bruto anual equivalente del 1.5 al 2.5 del mismo.

Pero además de los perjuicios a la actividad económica, el nivel de vida de la población se ha visto afectado en la medida que los usuarios comunes de la banca comercial sobrellevan cargas excesivas por los servicios que reciben.

Los bancos sólo atienden a los sectores más rentables y que no ofrecen riesgos, como son: tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios. Han sido precisamente estos créditos los que han atenuado la caída del financiamiento total al sector privado, al que nos referimos anteriormente. En cambio la pequeña y mediana empresa está prácticamente marginada del sistema bancario y subsiste principalmente del crédito de proveedores y del agiotismo.

El Partido del Trabajo propone una iniciativa para que se restablezca la rectoría del Estado en la actividad bancaria bajo principios viables. La parte medular de la propuesta que sometemos a su consideración, es crear una banca de servicio público en la cual el accionista mayoritario sea el Gobierno Federal.

La banca de servicio público estaría constituída por dos tipos de entidades: La banca de desarrollo y nuevos bancos que compitan con la banca privada múltiple.

Proponemos que la banca de desarrollo se reorganice para que de la fusión de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, emane una institución líder. La función central de esa institución, será capitalizar a los bancos de servicio público que competirán con la banca privada.

Los bancos de servicio público que compitan con la banca privada, tendrán la función de arbitrar en el mercado para abatir las tasas activas y elevar las tasas pasivas de interés. En otras palabras, su función consiste en introducir condiciones reales de competencia para erradicar las situaciones de carterización y oligopolio que existen actualmente.

El abaratamiento del crédito promoverá la creación de empleos y al mismo tiempo, el fortalecimiento de mejores réditos a los ahorradores, fortalecerá al propio sector financiero, haciéndonos menos dependientes del endeudamiento externo.

Proponemos que los bancos que llevan la misión de la competencia, se sometan al mismo reordenamiento legal que los bancos privados, de manera que no se den situaciones que puedan calificarse de competencia desleal y debiliten el proyecto de servicio público.

La operación eficiente de los nuevos bancos es parte central de nuestra propuesta y representa un primer paso hacia la concreción de un nuevo paradigma estatal que ayude a erradicar los vicios de la fallida reforma neoliberal.

Para que México pueda aspirar a ser un país próspero, dinámico e igualitario, necesita una banca moderna y eficiente que brinde condiciones de acceso al crédito equivalentes a la de nuestros socios comerciales. Para lograr esta meta ha llegado el momento de fortalecer al sector público.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Instituciones de Crédito.

Solicitamos al Presidente de la mesa directiva se inserte íntegra la iniciativa in comento en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 30 días del mes de marzo de 2004.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PRD): Gracias, don Joel.

Como lo solicita el señor Diputado, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para iniciativa que reforma y adiciona los artículos 51 y 61 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

- EL C. DIPUTADO ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a este Congreso de la Unión en su artículo 73, fracción XXIX, inciso g), para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Es decir, el mandato constitucional señala con claridad la necesidad de que los tres niveles de gobierno concurran o compartan dicha facultad en el ámbito de sus respectivas competencias.

En base a dicho fundamento el 28 de enero de 1988 fue expedida la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que si bien es cierto persigue el aprovechamiento de nuestros recursos naturales dista mucho de atender el criterio federalista que demandan los tiempos actuales. Y es que de acuerdo a dicha normatividad las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción y en la que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas son sujetas a ser declaradas zonas naturales protegidas.

En consecuencia los propietarios poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades establecidas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Dicha legislación considera en su artículo 46 a las reservas de la biósfera, los parques naturales, los monumentos naturales, las áreas de protección de recursos naturales, las áreas de protección de flora y fauna, los santuarios, los parques y reservas estatales, así como las zonas de preservación ecológica de los centros de población como sujetas a ser declaradas áreas naturales protegidas.

Con excepción de los parques y reservas estatales y las zonas de preservación ecológica de los centros de población las otras áreas naturales protegidas ya señaladas son de competencia exclusiva de la federación, es decir, ni los de los gobiernos de los estados ni el del Distrito Federal tienen competencia alguna en materia de regulación ya que el establecimiento, administración y manejo de dichas áreas compete a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

NO hay duda del interés generalizado por conservar nuestros recursos naturales. Toda sociedad ha venido trabajando en sus mejores esfuerzos por el aprovechamiento sustentable de su flora y fauna.

"México no es la excepción, en 1994 el número de áreas naturales protegidas de competencia federal era de 99, con una superficie de 10 millones 581 mil hectáreas. Hoy en día, de acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas existen ya 149 áreas naturales protegidas reguladas por la Federación, con una superficie de 17 millones 849 mil 867 hectáreas. Dicho crecimiento representa un incremento del 50 por ciento de esas áreas, así como un 65 por ciento de incremento en la superficie de las mismas.

"Ahora bien, si bien es cierto que en materia de declaratoria de áreas naturales protegidas se busca proteger los entornos naturales y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos, también debe propiciar el desarrollo integral de la población, haciéndoles partícipes en el establecimiento, administración y manejo y de dichas superficies.

"Desafortunadamente el procedimiento actual no cumple con este propósito y contraviene al mandato constitucional, para hacer partícipes a las entidades federativas en la toma de decisiones.

"En efecto, el artículo 58 de la Ley del Equilibrio Ecológico señala, previa la declaratoria para el establecimiento de un área natural protegida, que: "... la Secretaría deberá solicitar la opinión de: 1.- Los gobiernos locales, en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate".

"Dicho en otros términos, la facultad de los gobiernos locales no limita la discrecionalidad del gobierno federal en esta materia, puesto que sólo lo obliga a solicitar su opinión, independientemente del acuerdo o desacuerdo por el manejo que se le quiera dar a dicha reserva.

"Esta facultad ha generado discrepancias en torno al tema entre los gobiernos federal y los estados. Sonora es una muestra de ello, en donde comunidades pesqueras se han visto afectadas ante la falta de certidumbre en su actividad.

"Por ello se propone una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que esté acorde al mandato constitucional y que promueva una participación más activa de las entidades federativas, así como del Congreso de la Unión, una reforma que busque y que dé certidumbre a las actividades económicas que dependen directa o indirectamente del aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales.

"Por lo anterior y con fundamento en los artículos 25, 40 y 73 fracción XXIX inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone la reforma y adición al tenor del siguiente

"Artículo Primero.- Se reforma el artículo 56 bis para quedar de la siguiente manera:

"Artículo Segundo.- Se adiciona el artículo 57 para quedar de la siguiente manera:

"Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los términos del presente Capítulo, mismos que deberán ser publicados en los diarios de circulación nacional, así como en los principales diarios locales de la región que está siendo afectada , 15 días naturales previos a la declaratoria.

Una vez publicados los estudios señalados en el párrafo anterior, los Gobiernos de los Estados y los Municipios cuyas jurisdicciones territoriales se localice el área de que se trate, podrán hacer valer las observaciones correspondientes en un plazo no mayor de 10 días naturales posteriores a la publicación.

Dichas observaciones deberán ser observadas por el Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas. Asimismo, la Secretaría deberá solicitar la opinión de:

Fracción 1.- Las dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones.

Fracción 2.-Las organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas y demás personas físicas o morales interesadas , y

Fracción 3.- Las universidades, centros de investigación , instituciones y organismos del sector público social y privado, interesados en el establecimiento, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas

Transitorio.- Artículo 1.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Como lo solicita, túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene el uso de la palabra, la Diputada doña Norma Patricia Saucedo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para una Iniciativa que Reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de Participación Infantil y Juvenil.

-LA C. DIPUTADA NORMA PATRICIA SAUCEDO MORENO:- Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, a través de la suscrita Diputada Federal Norma Patricia Saucedo Moreno, con fundamento en los Artículos 71 Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 55 Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometí a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona y Reforma los Artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sustentada en la siguiente Exposición de Motivos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 4º., establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, correspondiendo a los ascendientes tutores y custodios, el deber de preservar esos derechos y al Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de los mismos.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niños en vigor desde Septiembre de 1990, dicta que a los niños se les debe garantizar las condiciones para formarse un juicio propio y otorgarles la libertad de expresión , de pensamiento y de conciencia.

De igual forma, la Ley para la Protección de los Derechos de Niños. Niñas y Adolescentes vigentes a partir de Mayo del 2000 en el Capítulo XIII, otorga a los niños y adolescentes derechos como los de expresar libremente su opinión, ejercer sus capacidades de análisis y crítica y el derecho a recibir información.

Si consideramos que sólo aquellos que cumplan los requisitos del Artículo 34 Constitucional tienen el derecho y la obligación de emitir su voto y participar en decisiones que definen el rumbo de la nación y que en la actualidad las instituciones políticas se encuentran ante una crisis de credibilidad y confianza y que las estadísticas electorales evidencian cada vez mayores índices de abstencionismo, nos encontramos ante la imperiosa necesidad de formar una educación cívica y una cultura democrática en las niñas, niños y jóvenes de hoy, los futuros ciudadanos.

La Capacitación y Educación Cívica es por disposición constitucional responsabilidad del Instituto Federal Electoral, el cual considera a la Educación Cívica como un procedimiento de formación de los individuos que a la vez que alienta el desarrollo pleno de sus potencialidades en un contexto de libertad y respeto a la dignidad humana, promueve la solidaridad y la corresponsabilidad social para la construcción de un orden democrático.

Así pues, la educación cívica se concibe como un proceso integral de desarrollo humano que prepara ciudadanos conscientes, informados y preparativos, participativos, cuyo desempeño sea acorde con los valores, las instituciones y las prácticas democráticas.

Por tal motivo, en cumplimiento de esta tarea, el IFE ha desarrollado una diversidad de actividades a favor de la formación cívica destacando desde hace siete años las consultas cívico políticas para los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años de edad.

Los ejercicios de participación y expresión cívica para la población infantil y juvenil, incorporan con contenidos y condiciones para que estos grupos de población ejerzan sus derechos, conozcan y pongan en práctica procedimientos democráticos, reflexionen respecto de su entorno, desplieguen su juicio crítico, aprendan a formular propuestas de solución a problemas públicos y desarrollen un sentido de corresponsabilidad.

Estos procesos colocaron a México en la vanguardia en materia de promoción de la participación infantil y juvenil.

En un claro reconocimiento de este hecho, la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Carol Belamie, seleccionó a México para presentar el Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2003.

Con motivo del mismo, Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas declaró que solamente conseguiremos cambiar el mundo con los niños y solamente podremos construir un mundo apropiado para ellos si los gobiernos cumplen con la promesa de escuchar a los niños y los jóvenes cuando expresen sus opiniones en voz alta y clara si aseguramos la participación plena de los niños en la labor de construir un futuro mejor.

En tal virtud, Acción Nacional considera que este ejercicio cívico que ha tenido continuidad y resultados favorables en la formación de ciudadanos, debe quedar plasmado en la Ley Electoral a fin de que sea obligatorio realizar en cada elección federal la consulta cívico-política infantil y juvenil.

Este interés legítimo del Partido Acción Nacional está sustentado en su filosofía humanista.

Al respecto, en nuestra proyección de principios de doctrina, señalamos claramente que corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social con bases para el desarrollo de una comunidad democrática sustentable y solidaria.

La democracia, como sistema de vida y de gobierno, se funda en la igualdad de todos los seres humanos, condición esencial para responsabilizar a las personas del cuidado y procuración del bien común. Es la forma superior de organización del poder político y el sistema óptimo para respetar la dignidad humana.

El buen funcionamiento de la democracia requiere de instituciones y ciudadanos conscientes de sus obligaciones y de una sociedad organizada. Entre nuestras instituciones políticas debe privar el diálogo y la colaboración, a fin de que la responsabilidad social encuentre realidad y eficacia.

Los ciudadanos deben tener acceso al conocimiento cívico, político y económico necesario para el uso apropiado de los instrumentos y las instituciones que la democracia pone a su alcance.

Debemos fortalecer la iniciativa ciudadana, estimular el interés por los asuntos públicos y entusiasmar a la participación libre y ordenada en organismos intermedios.

Requerimos que los ciudadanos y sus representantes asuman un compromiso permanente con la conservación, profundación (sic) y ampliación de las actitudes, los valores y las destrezas políticas propias de la democracia.

Para dar cumplimiento cabal a estos postulados, se requiere que desde hoy se emprendan las acciones necesarias para formar desde la niñez los futuros ciudadanos. Por ello, una de nuestras propuestas para la niñez mexicana, punto fundamental de nuestra plataforma legislativa 2003, es que la infancia participe desde los primeros años en las cuestiones públicas para lo cual proponemos reformar el COFIPE a fin de que niñas y niños puedan participar en ejercicios de elección donde las opciones sean similares a las de los adultos.

Es importante destacar que la propuesta que hoy se presenta, no representaría un gasto adicional para el Instituto Federal Electoral puesto que es un ejercicio que se ha venido llevando a cabo desde 1997.

Como consecuencia de estos argumentos y en uso de las atribuciones a las que he hecho referencia, en aras del desarrollo democrático de nuestro país y buscando que este cuerpo legislativo sea garante de los derechos de la niñez, presentamos y sometemos a la aprobación de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo Único.- Se adiciona el inciso g) del numeral 1 del artículo 69; se reforma el artículo H (¿) y se recorre el actual inciso h) para ser el i), del artículo 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática de los ciudadanos, niños, niñas y adolescentes.

Artículo 96.- La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral de Educación Cívica, tiene las siguientes atribuciones:

h).- Realizar de manera simultanea a las elecciones federales, ejercicios de participación cívica, infantil y juvenil, orientados a formación de valores y prácticas de la democracia, derechos de la niñez y participación en la resolución de problemas locales y nacionales.

Primero.- Las presentes reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán aplicables en las elecciones federales inmediatas, posteriores y entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Instituto Federal Electoral acordará la regulación relativa a la instrumentación de las consultas cívico políticas, establecidas en este decreto con las autoridades federales y locales, para el efecto que considere conveniente.

-EL PRESIDENTE: Gracias, doña Norma Patricia Saucedo Moreno. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Gobernación.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para iniciativa que adiciona dos fracciones al artículo 10 y reforma el artículo 208 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL DIP. JORGE ANTONIO KAHWAGI MACARI: Compañeros y compañeras legisladores:

Un estado de derecho, no es aquél que tiene un sistema de leyes o un marco jurídico, sino aquél que reconoce y respeta los derechos y garantías del gobernado; aquél que contempla en su cuerpo jurídico mecanismos a través de los cuales, los ciudadanos tengan el derecho y la oportunidad de defenderse en contra de los actos de los funcionarios que ejercen el poder público. En ese sentido, el estado que tiene instituciones democráticas reales y respete las decisiones de sus electores, es en suma un estado de derecho.

El juicio de amparo es un medio extraordinario de defender a cualquier ciudadano, pueda invocar cuando un acto de autoridad se aparte de la constitucionalidad y de la legalidad. A contra censu, todo acto de autoridad debe ser emitido con acuerdo a la Constitución y a las leyes que de ella emanen.

Se ha calificado como garantías individuales los derechos y libertades del ser humano tales como: la vida, la libertad, el derecho al trabajo, la integridad física y la moral. Por lo tanto, la acción de amparo es el objetivo que tiene el gobernado de acudir ante las autoridades jurisdiccionales para reclamar o pedir la protección constitucional contra los actos de autoridad que le han vulnerado, una o varias garantías.

De la actuación ministerial están colmados los extremos del artículo 16 constitucional, es decir, que se acredita o comprueba el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, generando con ello, la impunidad y agravando todavía más la situación de las victimas o de sus familiares, lo cual es intolerable en un estado de derecho.

Ahora bien, en el año de 1993, se adiciono un párrafo en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, con el que se elevo a rango constitucional el derecho o facultad que tiene el ofendido o la victima del delito a que se le satisfaga la reparación del daño causado por la comisión de un delito.

En la última década, en nuestro país se han dado avances importantes respecto al tratamiento que debe darse a la víctima del delito, de tal manera que poco a poco ha surgido una nueva forma de ver y tratarlo, sin embargo, se reconoce que todavía falta mucho por hacer y por avanzar. Ciencias como la criminología, la sociología y recientemente la victimología han contribuido para normar el criterio del legislador, en el sentido de plasmar en la Carta Magna y las leyes que de ella emanen, garantías y derechos que le den seguridad jurídica al sujeto pasivo del delito y personas afectadas por él, en cuanto a la reparación del daño.

En síntesis, tenemos que a la víctima del delito se le ha puesto en el rango importante, pero insuficiente, por ello se propone que en el proceso penal cuando el juzgador instructor dicte un acto de sobreseimiento o cuando la resolución que se emita en el incidente de desvanecimiento de datos, sea en sentido de considerar que los datos que sirvieron para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso han quedado desvanecidos y por lo tanto otorguen la libertad personal del inculpado, las víctimas o los ofendidos puedan impugnar en la vía del amparo esa resolución.

La adición que se propone se fortifica y legitima atento a las reformas que en el año de 1999 se aplicaron al artículo 20 de la Constitución Federal, dividiéndose en los Apartados A y B. El primero de ellos reorganizó las garantías de seguridad jurídica del inculpado, tanto en la averiguación previa como en el proceso, en tanto el segundo establece un catálogo de derechos o garantías a favor de la víctima y del ofendido.

Consecuentemente, el derecho de la víctima y del ofendido en reclamar las determinaciones del no ejercicio de la acción penal o del desistimiento de ella por parte del Ministerio Público, son garantías individuales por estar contenidas en el artículo 20 y 21 de la Carta Política. De tal suerte que la adición de la Fracción IV y V del artículo 10 de la Ley de Amparo contienen el mismo espíritu, es decir se proyecta que la víctima y el ofendido del delito tenga la posibilidad de ejercer un mecanismo de defensa contra la resolución que emitan los jueces penales en los autos de sobreseimiento, así como contra las resoluciones que dejen en libertad a procesados en el incidente de desvanecimiento de datos.

Es pertinente aclarar que no se trata de que al inculpado se le coarte el derecho a la libertad cuando se emita a su favor el sobreseimiento del juicio penal o que se resuelva proceder el incidente de desvanecimiento de datos, sino que la víctima o el ofendido tengan la misma facultad de ejercitar su derecho constitucional.

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley precitada establece: "Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insiste en la repetición del acto reclamado o trata de eludir el cumplimiento de la sentencia de la autoridad federal, inmediatamente será separado de su cargo y consignado al Juez del distrito que corresponda, para que juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos del Código Penal aplicable en materia federal, señalada por el delito de abuso de autoridad".

Como se advierte en el campo del derecho mexicano, el órgano competente para designar a una persona ante el juez, es el Ministerio Público. De conformidad con el Segundo Párrafo del artículo 21 de nuestra Norma Suprema, de tal forma que la redacción actual del precepto aludido es erróneo e incongruente, porque en la realidad, se tiene que denunciar ante la representación social para que inicie una averiguación previa y posteriormente resuelva sobre el ejercicio o no, de la acción penal. En caso afirmativo, consigna al indiciado ante el Juez que deba conocer del asunto.

Finalmente, lo que esta iniciativa también procura, es dotar de una mejor redacción en el artículo 208 de la Ley en cita, para lograr una mejor congruencia y con precisión en su contenido.

Por respeto al tiempo permitido, se solicita que se publique íntegramente la presente iniciativa en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

EL DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL (Desde su curul): Señor Presidente, respetuosamente solicito se verifique el quórum de esta asamblea, porque es notoria la ausencia de los compañeros diputados.

EL PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría, para el efecto de que se verifique el quórum sin suspensión de la sesión, por cuatro minutos ábrase el sistema electrónico.

LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Háganse los avisos del artículo 161...

EL PRESIDENTE: Perdón, rectifico el tiempo en atención a lo que señala el Acuerdo Parlamentario. Se instruye se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos y se continúa el desahogo de la sesión.

LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión.

Ábrase el tablero electrónico por diez minutos para rectificación de quórum.

EL PRESIDENTE: Como lo solicita el señor diputado don Jorge Kahwagi Macari, insértese el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación, en materia de educación superior, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente:

Es preocupante para la sociedad entera, la calidad profesional de los egresados de las instituciones de educación superior. La población que contrata a los servicios profesionales espera encontrar un desempeño intelectual con la más alta calidad, con lealtad al cliente y con honradez en los juicios de opinión que emitan.

Es una lástima que ante los límites presupuestales que tiene la Universidad Pública, sea en la actualidad incapaz de albergar a los millares de jóvenes que exigen con legítimo derecho, prepararse a nivel superior o universitario para acceder al conocimiento y un mejor nivel económico en su vida.

Ante esta incapacidad, el Estado Mexicano abrió la posibilidad de que los particulares impartieran la educación superior con mayor flexibilidad para obtener la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios e integrarse al Sistema Educativo Nacional.

Nadie puede negar que en las entidades federativas que ustedes como legisladores de la República representan, han proliferado un sinnúmero de universidades privadas para atender la demanda educativa superior, muchas de ellas con un deplorable nivel de enseñanza que dañan de origen a la persona en su formación intelectual y, sobre todo, existe un grave costo a la sociedad porque se formarán profesionistas que serán un peligro para la población por su ineficiente nivel académico.

Todos estamos expuestos, voluntaria e involuntariamente, a recibir los servicios de abogados, contadores, arquitectos, economistas, doctores, administradores y de otras profesiones, de los cuales, como ciudadanos, esperamos el mejor trato y conocimiento de su profesión para nosotros, nuestra familia y población en general.

Si en la ley no existen los requisitos necesarios para que las instituciones privadas realicen una función educativa en sus tres grandes aspectos que son la enseñanza del conocimiento, la investigación que crea conocimiento y la difusión de la cultura en la sociedad, si lo anterior no lo realizan, estamos hablando de universidades pragmáticas, mercantilistas y maquiladoras de estudiantes, quienes son formados deficientemente en perjuicio de ellos, sus padres y de la ciudadanía.

Muchos de los aquí presentes, han sido o son académicos e investigadores en instituciones educativas y saben que muchas universidades de este país se limitan a la enseñanza, por ser la de menor costo y de más fácil recuperación de inversión, con facilidad se relega la investigación y la difusión de la cultura, que son de gran importancia y trascendencia en la formación del estudiante y en la solidez de sus conocimientos.

La sociedad espera recibir de las universidades excelentes profesionistas que sean profesionales y con aportación cultural que alcance a los distintos sectores de la población...

Les ruego a los señores legisladores tengan la bondad de prestar atención y guardar la cortesía debida a la oradora.

Compañeros legisladores, propongo en esta iniciativa adicionar una fracción al artículo 55 de la Ley General de Educación, para que la educación superior que impartan los particulares al momento de solicitar la autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios ante la autoridad otorgante, cumplan como requisito esencial el tener centros de investigación y de difusión de la cultura.

Con esta reforma en la ley secundaria, garantizará con exactitud los fines de educar, investigar y difundir la cultura que nuestra Constitución Federal de la República menciona para las universidades públicas o instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y que las universidades privadas del país no cumplen, al no ser un requisito para su inicio y funcionamiento.

Hacer esta reforma transformará y fortalecerá en grandes dimensiones al sistema educativo superior, porque las instituciones que se establezcan, desde su creación, ofrecerán mayor seriedad, calidad y prestigio del plantel educativo a la sociedad; permitirá concentrar a investigadores, mejorará el nivel docente del profesorado y el académico para los alumnos, la población obtendrá mayor cultura para la difusión que las instituciones realicen.

Las bondades de esta reforma son grandes y el mayor beneficio será a la población estudiantil y la ciudadanía.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo único. Se reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación para adicionar la fracción IV y quedar como sigue:

Artículo 55. "Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios, se otorgarán cuando los solicitantes cuenten...

Fracción IV. ... con censos de investigación por área de conocimiento que impartan y centro de difusión de la cultura en cada institución, por lo que concierne a la educación superior.

Los centros tendrán personal especializado, quienes deberán satisfacer los grados académicos y condiciones que la autoridad otorgante determine".

Primero. Se concede a las instituciones de educación superior en funciones, un término de seis meses para dar cumplimiento a la presente reforma.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.

Esta presidencia da la bienvenida a los estudiantes del CEDTIS 223 de Galeana, Mor. (Aplausos)

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alvaro Elías Loredo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para iniciativa que reforma que el Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL C. DIPUTADO ALVARO ELIAS LOREDO: Señor presidente. Integrantes de la Mesa Directiva. H. Asamblea. Con fundamento en el Artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el Artículo 55 fracción II de nuestro Reglamento, someto a la consideración del Constituyente Permanente la iniciativa para reformar el Artículo 71 Constitucional, a fin de dotar al Ejecutivo Federal de la facultad de iniciar leyes o decretos con carácter urgente o como dice el derecho comparado de urgente consideración.

El Artículo 71 de nuestra Carta Magna permanece intacto desde 1917, este artículo se refiere a la facultad de iniciar leyes o decretos y establece asimismo quienes están facultados…

-EL C. PRESIDENTE: Un momento señor diputado. Suspéndase el marcaje de tiempo.

Proceda la Secretaría a informar el resultado de la asistencia con motivo del recuento del quórum.

-LA C. SECRETARIA AMALIN YABUR ELIAS: Bien, señor presidente, se informa que el sistema registra una asistencia de 431 diputadas y diputados, con la última diputada.

-EL C. PRESIDENTE: Declarándose que hay quórum continúe el señor diputado Elías Loredo.

-EL C. DIPUTADO ALVARO ELIAS LOREDO: Muchas gracias señor presidente. Decía que el Artículo 71 Constitucional se refiere a la facultad de iniciar leyes o decretos, que es la primera etapa del proceso legislativo, asimismo este artículo faculta al presidente de la república, a los diputados y senadores, así como a las Legislaturas de los Estados para presentar iniciativas de ley o decreto.

A lo largo de nuestra historia constitucional, nuestras Constituciones siempre han reconocido esta facultad del presidente para iniciar leyes o decretos, y es que la Constitución Mexicana adoptó en su Artículo 49 la división de poderes, pero una división de poderes acotada, donde participa el Ejecutivo por ejemplo en el proceso legislativo.

La presente iniciativa tiene como propósito facultar al Ejecutivo Federal para presentar iniciativas de ley o decreto con carácter de urgente o como dice el Derecho Comparado de urgente consideración. Pero esto no implica que el Congreso de la Unión suprima la discusión y análisis de los proyectos de esta naturaleza, lo que significa es que en breve término las Cámaras del Congreso de la Unión, dictaminen la iniciativa presidencial.

Tampoco significa que el Congreso siempre deba decir sí a las iniciativas del Ejecutivo. Repito y reitero, se trata de que tengan estas iniciativas así marcadas por el Ejecutivo Federal, un trato preferente en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Esto no es nuevo; hay en el Derecho Comparado los ejemplos de Uruguay y de Paraguay, donde se faculta al Presidente de la República para presentar este tipo de iniciativas.

Por lo demás, en nuestro mismo sistema constitucional tenemos ejemplos de que en casos especiales de grave peligro o conflicto el Presidente de la República puede suspender garantías individuales, cumpliendo con los requisitos establecidos por el 29 constitucional y que el Congreso en esas condiciones faculta al Ejecutivo para hacer frente a la situación. Y las facultades del Congreso son facultades legislativas que repito, en casos de excepción se le otorgan al Presidente de la República.

Asimismo hay otra excepción al artículo 49 constitucional y tiene que ver con la facultad impositiva para el Presidente de la República en materia de importaciones y exportaciones. De manera que no es una novedad la propuesta que hoy pongo a su consideración.

En el Congreso Mexicano no podemos nosotros regresar a etapas de presidencialismo exacerbado cuando en unas cuantas horas o en unos cuantos días, se podían aprobar iniciativas del Presidente de la República.

Desde el año del 94 ningún grupo parlamentario tiene las dos terceras partes de los votos en el Congreso de la Unión. Desde el año del 97 ningún grupo parlamentario tiene mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Por todo lo antes expuesto someto a la consideración del Constituyente Permanente, esta iniciativa de reforma constitucional al artículo 71 para quedar como sigue:

"El derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados.

"Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los estados y por las diputaciones de los mismos pasarán desde luego a comisión, las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates y la adición: y las que presente el Presidente de la República con el carácter de trámite legislativo preferente serán votadas prioritariamente por las Cámaras del Congreso de la Unión en los términos de la ley respectiva."

"UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Y firma el de la voz y un grupo de diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

… EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado don Alvaro Elías Loredo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EL C. DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: México enfrenta hoy una situación particularmente compleja, caracterizada por un prolongado y costoso estancamiento económico y un cuestionamiento al sentido social de la actividad política.

La premisa de que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone se ha interpretado como una participación limitada del Congreso en la promoción de reformas estructurales que el país requiere para atender las demandas sociales, promover el crecimiento económico y darle viabilidad a nuestro proyecto de nación libre, democrática y soberana.

Los nuevos tiempos reclaman asumir las tareas pendientes y la necesidad de decirle a la sociedad que, por convicción y principios, el Legislativo también propone.

La crisis profunda de la economía mexicana que se expresa en desempleo, subempleo y desigualdad crecientes, pérdida de dinamismo del mercado interior y debilitamiento de la competitividad externa limitan la capacidad de respuesta del Estado y plantean la urgencia de que el Congreso realmente influya en la elaboración de las políticas públicas.

Para lograr este objetivo es importante adelantar la discusión del paquete económico y fomentar un entorno caracterizado por la certidumbre, ingrediente indispensable para propiciar políticas sólidas y creíbles en materia fiscal, monetaria y financiera.

Es indispensable, hoy como nunca, una mayor voluntad de coordinación del Ejecutivo con el Legislativo para impulsar reformas que lleven a transformar realidades y permitan a los agentes económicos conocer las bases con las que se formularon el presupuesto y la Ley de Ingresos.

En la era de la globalización y el libre mercado México no puede quedarse a la zaga de otros países que planean con oportunidad sus presupuestos y eficientan el ejercicio del gasto público, lo que les permite enviar señales claras de confianza a los diversos sectores sociales y a la comunidad financiera.

En ese sentido la iniciativa de reforma constitucional que hoy pongo a la consideración de esta soberanía contempla reformar la fracción IV del artículo 74 constitucional para adelantar al 5 de septiembre la presentación del paquete económico enviado por el Ejecutivo, para ampliar los plazos en el examen y discusión del paquete económico y precisar como fecha límite para aprobar la Ley de Ingresos el 31 de octubre y el presupuesto de egresos a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a su ejercicio.

Esto es así porque las agobiantes necesidades del país demandan eficientar el ejercicio del gasto público y dar certeza a la planeación del gobierno federal,. de estados y municipios, así como de los diferentes agentes que esperan la aprobación de la Ley de Ingresos y presupuesto de egresos.

La incertidumbre que genera la falta de acuerdos políticos para aprobar el presupuesto en el umbral del nuevo ejercicio fiscal tiene un alto costo económico y social. Las negociaciones apresuradas limitan la reflexión y el debate y dificultan realizar un trabajo legislativo que desemboque en planteamientos integrales, coherentes y viables.

Las modificaciones jurídicas contenidas en esta iniciativa, parten de la tesis de que las reformas estructurales deben pasar por una reforma presupuestaria de fondo. Para ello es necesario ampliar los plazos de discusión de las fuentes de ingreso, de las variables económicas que sirven como base para la elaboración del Presupuesto, así como del ejercicio de los recursos públicos asignados a la Federación, estados y municipios.

Esta iniciativa amplia los alcances del Poder Legislativo en el proceso de integración, revisión y aprobación del paquete económico que anualmente envía el Ejecutivo al Congreso y establece mecanismos de comunicación horizontal, con el Gobierno, para que no sólo participemos en la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, sino que con antelación contribuyamos a la integración de los programas, les demos seguimiento y evaluemos sus resultados para asignar recursos suficientes a los que sí estén cumpliendo su cometido.

Si queremos acreditarnos como fluidos interlocutores entre la población y el Estado, las líneas deben venir de la sociedad que demanda no legislar al vapor y discutir con suficiencia los delicados instrumentos de política económica que nos permitan superar desigualdades y rezagos, cancelar injusticias y abrir un horizonte más promisorio para la nación mexicana.

Demandamos un Estado que abdique de su papel como regulador, promotor y árbitro del desarrollo, pero también, un Poder Legislativo que en el marco de la división de poderes, asuma su responsabilidad de velar por los intereses de la sociedad y promueva los cambios que destinan con rasgos de equidad y justicia, un país donde nadie se sienta excluido.

El proceso de evolución democrática en que el Congreso ha adquirido una mayor autonomía e independencia y el hecho de que en la actualidad no hay fuerza hegemónica que pueda determinar por si sola el sentido de la mayoría, implica un arduo de trabajo de argumentación y negociación partidista en torno a temas sustantivos para la aprobación de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la revisión de la Cuenta Pública

Esta iniciativa busca corregir los desfases en el ejercicio del Presupuesto por parte de la Federación, los estados y los municipios que tradicionalmente no lo aplican a partir del primero de enero, como sería lo pertinente, sino meses después, incurriendo en subejercicios y afectando con ello la oportunidad y eficiencia de los programas sociales.

Pretende, también, construir el entramado jurídico para realizar una reforma fiscal que bien estructurada, impida perder juicios interpuestos por las empresas inconformes con el esquema tributario contemplado en la Ley de Ingresos y dé certeza jurídica.

La agenda legislativa del Congreso debe contemplar a mi juicio, una serie de temas que ya no pueden esperar. De las reformas estructurales pendientes, la Reforma Hacendara es indispensable para dar certidumbre e incentivar la inversión y con ello el empleo, el crecimientos sostenido, el desarrollo rural y la promoción de los servicios básicos para todos.

Esta iniciativa es el primer paso para avanzar en ese sentido y generar las condiciones que den certidumbre al proceso de planeación económica.

El pragmatismo que antaño ha definido la discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, lleva a suponer a la opinión pública que su aprobación es solo un trámite formal sin mayor contenido. Sabemos que no es así. Por ello mi interés de adecuar los tiempos al significado político de esta tarea y abrir la puerta a los análisis amplios y profundos, contando con el tiempo suficiente que nos permita dar seguridad y certeza a la sociedad de que sus intereses, sus demandas y sus esperanzas, tienen cabida en el Presupuesto autorizado por el Congreso.

Este es el espíritu de la iniciativa que hoy someto a la consideración de esta soberanía, a la que han sumado su simpatía compañeros diputados del PRD, del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, del Partido Convergencia Democrática y la solidaridad plena de mis compañeros diputados del PRI y que seguramente será analizada con toda atención e interés en las Comisiones respectivas.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Señor Diputado: Se le agotó el tiempo.

- EL C. DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA (PRI): Termino, señor Presidente.

Solicito a esta Presidencia que esta iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, así como se publique nuevamente en la Gaceta Parlamentaria ya que la iniciativa publicada presenta algunas modificaciones.

EL .C PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en caso de que no haya sido publicada, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se hace una atenta súplica a los señores legisladores que presenten iniciativas de ley, tengan la bondad de presentarlas para publicar en la Gaceta Parlamentaria y en esos términos darle lectura.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Margarita Saldaña Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, toda vez que el siguiente punto de la orden del día que seguía ha sido retirado por el grupo parlamentario promovente.

- LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ (PAN): Con su venia, señor Presidente.

"La suscrita, Margarita Saldaña Hernández, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de este Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros conforme a la siguiente

"La crisis bancaria genera gran interés de los Poderes Legislativo y Ejecutivo sobre el sector financiero en general y su modernización, lo cual se ha visto reflejado en el número de reformas que se han realizado a las leyes relacionadas con el mismo como son la Ley de Instituciones de Crédito, que a partir de 1994 se ha reformado 13 veces o la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que se ha reformado 10 veces o la Ley General de Organizaciones de Actividades Auxiliares de Crédito, que se ha reformado 10 veces. Inclusive se aprobó la denominada Miscelánea de Garantías a fin de facilitar a las instituciones financieras el cobro efectivo de las garantías que le otorgan los usuarios.

"Asimismo para responder a la irritación social derivada de esta crisis y la carencia de medios de defensa eficientes para resolver las controversias con las instituciones financieras la LVII Legislatura de este Congreso aprobó por unanimidad, el 12 de diciembre de 1998, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, misma que da origen a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros como organismo especializado que procure un mayor equilibrio en las relaciones de los usuarios con las instituciones financieras.

"A partir de la crisis de 1995 la imagen del sector financiero entre el público usuario se ha deteriorado consistentemente debido a la falta de credibilidad en las propias instituciones, tanto por una insatisfacción en el servicio que ofrecen como por la existencia de bajos rendimientos y altas en el cobro de diversos servicios frente al cuestionado y elevado costo del rescate bancario y en adición a esto sus clientes todavía no encuentran los conductos institucionales adecuados y suficientes para resolver sus dudas o controversias por más sencillas que éstas sean.

"Asimismo, es una realidad que los usuarios de los servicios financieros se enfrentan a problemas de certeza y seguridad jurídica respecto de los servicios que reciben, no sólo por la falta de información clara y objetiva sino por las limitadas medidas de carácter preventivo que hasta ahora se han adoptado por las instancias correspondientes.

"Sin embargo, en comparación con las reformas que se han hecho al sistema financiero, los esfuerzos del Congreso por equilibrar esta relación desigual entre usuarios e instituciones financieras, no han sido igual de consistentes. En distintos foros se ha señalado que a dicha entidad le faltan dientes y muslos, pero nadie se ha preocupado por dárselos.

"La entidad cuenta con 36 delegaciones en toda la República, insuficientes para atender a más de 40 millones de usuarios. Su presupuesto no ha crecido en los casi cinco años que tiene de existencia. Su estructura se ha visto reducida continuamente. Esta situación evita que la entidad cuente con el personal debidamente capacitado para realizar labores de prevención y de fomento de la cultura financiera. Asimismo se ha enfrentado a actitudes hostiles por parte de las instituciones financieras y de las propias autoridades.

"A pesar de éstas y otras condiciones adversas, el organismo ha demostrado en los hechos que su existencia no sólo es necesario, es primordial para un sano desarrollo del sector financiero, pero su labor aún no alcanza las expectativas originalmente planteadas por el Poder Legislativo.

"En tal virtud, me permito proponer a la consideración del Honorable Congreso, esta iniciativa de decreto, con el propósito fundamental de mantener en equilibrio las relaciones entre los usuarios de los servicios financieros y las instituciones financieras.

"A fin de proporcionar una visión general de las reformas y adiciones que se someten a consideración de esta soberanía, a continuación se describen las características generales de esta iniciativa, así como sus objetivos y alcances.

"Por lo que se refiere a la fracción IV del artículo 12, se proponen varias modificaciones. En primer lugar derogar el segundo párrafo, con el fin de evitar interpretaciones erróneos o confusión sobre el ámbito de aplicación de esta ley. En segundo, incluir aquellas entidades que actualmente existen en el sector financiero pero que no han sido previstas en esta ley, como son las sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión o las entidades de ahorro y crédito popular. Y finalmente, se da competencia al organismo para conocer de reclamaciones en contra de cualquier sociedad que ofrezca un producto o servicio financiero.

"Se propone modificar el citado artículo 9, a fin de ajustarlo a esta disposición constitucional.

"Existen casos en los cuales el quehacer de la CONDUCEF resulta insuficiente para brindar un adecuado apoyo al usuario cuando se patrimonio se ve afectado por un fraude perpetrado mediante cajeros automáticos, consumos o expedición de cheques, siendo necesario dotar a la Comisión de mayores atribuciones para coadyuvar con el Ministerio Público en la integración de la averiguación previa correspondiente, por lo que se propone adicionar al artículo 11 una fracción en los términos antes señalados.

"De conformidad con las disposiciones vigentes, las instituciones financieras pueden solicitar la condonación de una sanción, sin embargo el procedimiento resulta complejo, ya que se tiene que someter el asunto correspondiente a la aprobación de la Junta de Gobierno, órgano que por ser la máxima autoridad de la Comisión Nacional, no es el administrativamente adecuado para conocer a detalle y resolver sobre el particular. Al respecto se propone trasladar esta atribución al Presidente de la Comisión, lo que permitirá agilizar la atención a este tipo de solicitudes.

"De conformidad con lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Seguro, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dicho acto es de dos años a partir del acontecimiento que les dio origen, por lo que se propone dar el mismo tratamiento que en justicia corresponde a un usuario afectado por un problema vinculado con seguros respecto de otro usuario, cuya reclamación se enderece contra alguna institución financiera, modificando para tales efectos el artículo 65.

"De la misma forma se sugiere prever la posibilidad de realizar la conciliación vía telefónica por cualquier medio idóneo en aquellos casos que así lo permitan. Asimismo se faculta a la Comisión Nacional para que cuantifique la obligación contractual y en estos casos el dictamen que emita adquiera la naturaleza de título ejecutivo no negociable a favor del usuario, lo cual permitirá que sin resolver de manera vinculativa sobre el asunto, se proporcione al usuario un documento que le permita agilizar el procedimiento que habrá de entablar ante la autoridad jurisdiccional.

"Actualmente la ley exige que en el caso de no lograrse un acuerdo conciliatorio, la autoridad necesariamente deba ordenar el registro del pasivo contingente o la constitución de la reserva técnica correspondiente, circunstancia que se vuelve inequitativa cuando de las constancias que obran en el expediente de Méritos se desprende la improcedencia de la reclamación formulada por el usuario. En este caso procede en estricta justicia, admitir legalmente la posibilidad de no ordenar dichos actos por lo que se propone la modificación respectiva.

El proyecto también incorpora una disposición que pevé el carácter de Sentencia Ejecutoria que debe atribuirse a los convenios conciliatorios firmados ante la Comisión Nacional evitando así problemas de interpretación ya que la Ley vigente contempla esta circunstancia únicamente dentro del Apartado relativo al Arbitraje. Con la finalidad de otorgar más atribuciones a la Comisión Nacional para sancionar las instituciones financieras cuando reiteradamente han incurrido en violaciones a la Ley, se adiciona la facultad de ordenar la clausura de sucursales, matriz u oficinas de la infractora especificándose la gravedad de los casos que ameriten esta sanción.

Se plantea un procedimiento a partir del cual las multas se hagan efectivas cargando su importe en las cuentas de las instituciones financieras, lo cual también fortalece el presupuesto del organismo haciéndolo financieramente más viable. La misma fórmula se propone para el caso de ejecución de Sentencia.

Por lo que se refiere al recurso administrativo de Revisión, se propone establecer su carácter optativo, a fin de reconocer la posibilidad de que el afectado pueda demandar el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sin tener necesariamente que agotar este recurso.

Por otra parte, se establece también una nueva redacción, especificando la procedencia del recurso exclusivamente contra aquellas resoluciones que pongan fin al procedimiento o impongan una sanción con el propósito de evitar que este medio de defensa sea utilizado exclusivamente como táctica dilatoria que dificulte y de que efectúe el procedimiento conciliatorio respectivo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente:

Iniciativa de Decreto que Reforma, Deroga y Adiciona diversas Disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Señor Presidente, por autonomía legislativa le solicito se incluya la transcripción completa de esta Iniciativa en el Diario de los Debates concluyendo con esta la presentación.de la Iniciativa en comento,

-EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias doña Margarita Saldaña Hernández. Como lo pide, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en caso de que no haya sido publicada y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Tiene el uso de la palabra la Diputada doña Margarita Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Iniciativa que Reforma y Adiciona diversas Disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para prohibir Actos de Discriminación Laboral contra las Mujeres.

-LA C. DIPUTADA MARGARITA ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO.:- Con su permiso señor Presidente.

Diputados y Diputadas. Permítanme en primer lugar dedicar esta intervención del Grupo Parlamentario del PAN a Lisa Isabel Salas, una de las principales mujeres panistas que lucharon por la democracia de este país.

Impulsora de la organización de mujeres dentro del PAN, promotora de la participación de la mujer en la política y en la toma de decisiones.

Ella fue la primera mujer en formar parte del Comité Ejecutivo Nacional desde 1953, la recuerdo hablando con orgullo de su trabajo en el PAN y de su padre con el orgullo que habla una hija de un padre digno y congruente en el hacer y en el pensar.

Cuando celebramos los 50 años del Reconocimiento del Derecho al Voto de la Mujer aquí los panistas la recordaron, aún vivía, el domingo 28 de Marzo, ella murió. Por ella, va.

Acción Nacional ha sostenido que toda forma de discriminación debe ser rechazada, corregida y en su caso, sancionada. La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena , libre y responsablemente.

La discriminación existente contra la mujer en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales, es inaceptable: los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio y responsabilizarse el uno del otro compartiendo las tareas que les corresponde dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y obligaciones.

Cada vez somos más quienes hemos caído en la cuenta de la discriminación laboral hacia las mujeres, estoy segura que quienes formaron parte de esta Cámara de Diputados, todos tenemos una hermana, una tía, una mamá, una hija, una sobrina, que ha sido discriminada en la vida laboral de este país. Nos encontramos ante un asunto arraigado en la cultura y aunque ha habido esfuerzos por eliminarlo está ahí, como norma cultural.

Me atrevería a decir que la discriminación contra la mujer no siempre es conscientemente intencional, porque tratándose de asuntos culturales es mucho más difícil la erradicación y para ello están también las leyes, para contribuir, para crear las condiciones para que las personas, hombres y mujeres, puedan desarrollarse plenamente.

Se realizaron reformas en el ’74 a los artículos 132, 133 y 166, sobre todo por el marco de la Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada por la ONU en México, que fue en 1975.

Poco se ha reformado la Ley Federal del Trabajo que desde 1970 y del ’70 para acá mucho ha cambiado este país. El ingreso de las mujeres al mercado laboral, el ingreso de los jóvenes, nuevas industrias, incluso la industria como la computación no existía en ésa época y esa realidad no la tomó en cuenta la ley.

Muchos, muchos han sido los motivos y los pretextos para discriminar a las mujeres en materia laboral, desde ridículos y simples pretextos, hasta los más sofisticados: que si está embarazada, que si se va a casar, que si va a tener hijos… Es que en el caso de las mujeres, hay futurismos, suposiciones y hasta hace poco se oía decir como –Bueno, es por su bien… es por el bien de la familia… Son pretextos para no contratarlas, son pretextos para despedirlas.

Todos los que estamos aquí, conocemos a quienes dejando a un lado el currículum inicia una cadena de preguntas, varias de ellas escondiendo juicios calificativos. Frente a una mujer que solicita un trabajo le dicen: –Bueno y cuándo te casas… y cuándo vas a tener hijos… pero verdad que cuando tengas hijos te vas a salir… Porque es muy importante que la mamá esté con los hijos como si no fuera importante que los papás estuvieran.

No sé cuántas veces se le hacen esas preguntas a los hombres que solicitan un trabajo pero dudo mucho que sea con la misma frecuencia que se le hace a las mujeres.

Esta nueva realidad laboral en la que están inmersas las mujeres que trabajan fuera de su hogar, es una realidad que no está contemplada ni en la cultura de quienes contratan, ni de los contratados, ni en la ley que rige la vida laboral del país.

No es la primera vez que se presenta una iniciativa por parte del PAN en esta materia para eliminar la discriminación de las mujeres en la vida laboral. Los ordenamientos internacionales lo exigen, lo exige una larga lucha de mujeres que desde la sociedad civil ha señalado la importancia de que se plasme en la ley laboral disposiciones como ésta; hay propuestas innumerables en los parlamentos de mujeres y muchas otras que hemos presentado desde diversos partidos.

Porque es una exigencia de la realidad, presentamos esta iniciativa en la que se destaca el hecho de que la discriminación contra la mujer debe ser considerada como un ataque a los derechos de terceros y son muchos los motivos por los que se discriminan, particularmente la edad, el embarazo, el estado civil, especialmente en el caso de matrimonios.

Esta iniciativa por eso es tan enfática al prohibir a los empleadores la exigencia del certificado de ingravidez como parte de la solicitud de un empleo o bien para mantener el empleo o un motivo para despedirla.

Las mujeres se han integrado a la vida laboral del país no sólo por situación económica, sino porque el trabajo realiza a las personas. "Es el trabajo –dice Acción Nacional en sus principios de doctrina- una acción humana, creadora y transformadora. No puede, no debe haber discriminación alguna porque deja de ser una actividad de humanización de la sociedad; nos degrada como sociedad, nos degrada como humanidad.

La ley tiene como fin además de la justicia y la seguridad jurídica, lograr el bien común y el perfeccionamiento de la sociedad, por ello, además de esta iniciativa estaremos presentando muchas otras de flexibilización de horario, de prohibición al hostigamiento sexual, de discriminaciones, de acciones afirmativas.

Hemos presentado ya la semana pasada, los tiempos para que una mujer pueda optar para su descanso en el caso del parto y posparto, lo estamos haciendo en temas de genero, lo haremos en otros temas para llamar la atención a esta Cámara para que vuelva haber estos temas de jóvenes de mujeres en la vida laboral, unos temas que urgen al país que son de la vida diaria, de lo cotidiano, de lo simple, de la esencia de la vida del pueblo de México.

Le pido, señor Presidente que integre lo dicho aquí como parte de la exposición de motivos y lo que se presenta en el Diario de Debates y en mérito del tiempo y de que está publicado en el Diario de Debates, me permitiré únicamente leer lo conducente en la propuesta en los artículos correspondientes, en donde dice:

Además del artículo 5 al 133. Queda prohibido a los empleadores, negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, responsabilidades familiares, en general aduciendo cualquier distinción discriminatoria.

Queda prohibido a los empleadores. Fracción XII, exigir la presentación de certificados médicos de ingravidez a las mujeres que soliciten un empleo.

Fracción XIII.- Despedir una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, cambiar de estado civil o por tener a su cargo el cuidado de hijos menores.

El artículo 164, que señalaría las causas que se considera discriminación laboral contra la mujer. Exigirle el certificado médico de ingravidez para obtener o mantener un empleo, negarle la admisión por el hecho de ser mujer, estar embarazada o tener un estado civil determinado o tener al cuidado hijos menores.

Fracción III.- Despedirla de su empleo o coaccionarla para que renuncié a él, por estar embarazada, cambiar de estado civil o tener a su cuidado hijos menores y

Fracción IV.- Retribuirla con un salario inferior al que se pague a otros por trabajo de igual valor, realizar en su perjuicio cualquier otra distinción o exclusión por el hecho de ser mujer y que tenga por objeto del resultado, menoscabar, anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo. También se prevé en el artículo 164, las sanciones y las consecuencias.

-EL PRESIDENTE: Gracias diputada doña Margarita Zavala Gómez del Campo. Como lo solicita insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

¿Con qué propósito, diputada? Por favor, sonido en la curul de la diputada Micher.

-LA DIP. MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA (desde su curul): Para solicitarle de la manera más atenta, se sirva turnarse esta iniciativa también a la Comisión de Equidad y Genero. Muchas gracias.

-EL PRESIDENTE: Se turna también la iniciativa a la Comisión de Equidad y Genero, aparte de la Comisión de Trabajo.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión; es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

LA SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Teófilo Manuel García Corpus, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con lo que dispone el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia y Derechos Humanos, por mi conducto presentan la fundamentación del dictamen del proyecto de decreto que adiciona un Tercer Párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, bajo las siguientes consideraciones:

En sesión celebrada el 7 de octubre del 2003, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, la minuta de referencia. Durante los trabajos de análisis y estudio del proyecto se recibieron las opiniones y propuestas de diversos legisladores federales, se consultó a especialistas de la materia y funcionarios del sector, con base en las cuales se conformó el dictamen de las Comisiones.

El proyecto de decreto argumenta la necesidad de evitar que por causas injustificadas, las personas que han sido designadas para ejercer el cargo de Magistrados Agrarios y lo han hecho por el periodo que establece la ley, sean desplazadas de esa función sin un dictamen de evaluación de su desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional en la materia, que funde y motive la decisión de ratificarlo en tal ejercicio o la negativa para ello.

El dictamen que presentamos propone adicionar un Tercer Párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a efecto de establecer un mecanismo para la ratificación de los magistrados señalando que antes del término de su periodo en el cargo, deberán ser incluidos en la lista propuesta por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, en su caso.

Cabe señalar que el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios ya establece la posibilidad de ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior Agrario. De acuerdo al artículo vigente, el Ejecutivo puede o no considerar a los magistrados en funciones, es éste, hasta ahora, un acto discrecional. Con la propuesta se elimina esta discrecionalidad y se establece la obligatoriedad para el Ejecutivo de incluir en el proceso de selección a los magistrados en funciones próximos a concluir su encargo, excepto los casos en que a su juicio no proceda la propuesta de inclusión, los cuales deberá fundar y motivar en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien. La adición para asegurar la propuesta de ratificación de los magistrados sin duda fortalece el principio de profesionalización de la función jurisdiccional en materia agraria, la carrera judicial y la autonomía del Tribunal Superior Agrario, además una consecuencia fundamental, relevante del proyecto de decreto en comento, la constituye el hecho de que, tratándose de servidores públicos encargados de la función jurisdiccional en materia agraria, se fortalece el supremo principio constitucional de división de poderes, al restar intervención al Ejecutivo Federal en la conformación del Órgano Superior de Justicia Agraria y a través de ello, en la función jurisdiccional propia del Poder Judicial. Con esto, se contribuye a perfeccionar la estructura fundamental y el orden jurídico de nuestra República.

Sin embargo, los legisladores que integramos la Comisión de Reforma Agraria, sabemos y estamos conscientes de que esto es sólo un punto, una pequeña contribución que con esto no se resuelve ni mucho menos lo que está pendiente de resolverse en materia legislativa agraria.

El problema de fondo estructural, consiste en que a doce años de la reforma legislativa en materia agraria, que significó la modificación al artículo 27 constitucional y la creación de la Ley Agraria y de los Tribunales Agrarios, no se ha logrado su objetivo, más bien se han empeorado las condiciones en que viven los campesinos.

El campo mexicano vive hoy en peores condiciones de pobreza, se encuentra empantanado, sin desarrollo productivo ni crecimiento económico, lo que ha impedido la autosuficiencia, seguridad y soberanía alimentaria, que deben alcanzarse para reinsertar la participación del sector en el desarrollo económico del país y con ello, permitir el acceso de los campesinos a superiores estándares de vida y bienestar.

Por ello, en la Comisión de Reforma Agraria nos hemos propuesto realizar un diagnóstico certero del impacto de las reformas del 92 a la legislación agraria, así como de la situación actual del campo y las perspectivas de su desarrollo, con objeto de impulsar una reforma profunda e integral al marco jurídico vigente, con lo que además se pretende dar cumplimiento al reclamo de los campesinos, plasmados en el Acuerdo Nacional para el Campo.

Obviamente, al plasmarse esta iniciativa de ley, la Reforma Integral habrá que retomar a profundidad la situación integral del sector y dentro de ésta, plantear modificaciones de fondo al Sistema de Justicia Agraria, respecto de las cuales la reforma de hoy, aunque represente un avance, resultaría insuficiente.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia y Derechos Humanos, proponemos a consideración de esta soberanía, el proyecto de decreto que nos ocupa, solicitando su aprobación, pero invitando a los legisladores de la LIX Legislatura, a trabajar en la revisión integral y de fondo, al marco jurídico de este sector, que sigue siendo origen y esencia de nuestra historia, se encuentra abandonado a su suerte.

Después de fundamentar el dictamen por parte de la Comisión, se abre la discusión del dictamen, en lo general y en lo particular. Esta Presidencia tiene registrados para fijar posiciones, por parte de los grupos parlamentarios, al señor diputado don Jesús González Schmal, por parte del grupo de Convergencia; al señor diputado don Pedro Vázquez González, por parte del grupo del Partido del Trabajo; al señor diputado don Luis Antonio González Roldán, por parte del Partido Verde Ecologista de México; al señor diputado don Margarito Fierros Tano, por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; al señor diputado don Rubén Alfredo Torres Zavala, por parte del Partido Acción Nacional, y al señor diputado don José Lamberto Díaz Nieblas, por parte del Partido Revolucionario Institucional.

Y para hablar en pro, después de fijar posiciones, al señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza.

En consecuencia se concede el uso de la palabra, para fijar posición, al señor diputado don Jesús González Schmal.

EL C. DIPUTADO JESUS PORFIRIO GONZALEZ SCHMAL.- Con su anuencia, señor Presidente.

Es, en efecto, importante hacerlo, como lo hizo el compañero diputado de la Comisión de Reforma Agraria, evocar necesariamente en la materia agraria los antecedentes históricos que son imprescindibles; toda nuestra historia, desde la lucha insurgente por la independencia, hasta la reforma y la Revolución Mexicana de 1910, tienen en su esencia, en su móvil primario, el rescatar el derecho para la tierra de quienes la trabajan, de quienes de ella viven, de quienes con ella contribuyen al bienestar de la Nación al producir los alimentos, al producir los bienes consumibles que permiten la supervivencia y la pervivencia de la especie humana y en concreto de los mexicanos.

¡Cómo no recordar, ahora en efecto, esa ley independentista de Miguel Hidalgo, en Guadalajara, aboliendo la esclavitud y restituyéndole al trabajador de la tierra el concepto y la medida de dignidad en la que debería valorarse su trabajo y su esfuerzo!

¡Cómo no reconocer también ahora en la lucha reformista, el haber promulgado la ley de tierras en manos muertas que vivificó, que restauró para la Nación la capacidad de que cada día más mexicanos dejaran sus esfuerzos, dedicaran sus energías a la producción agrícola, al trabajo de las faenas laborales en la tierra!

¡Y cómo no traer aquí, ahora, muy frescamente a la memoria, a propósito de la conmemoración del Plan de Guadalupe, apenas el pasado 26 de marzo, la Ley Agraria de 1915 del Presidente Carranza, que sentó las bases, que fijó la línea, que abrió el camino para después hacer emerger en nuestro texto constitucional precisamente el artículo 27 que situó a México ante el mundo como el país más avanzado, de legislación más progresista, de sentido más justo y humano del desarrollo económico, contemplando en él como primer y fundamental eje el trabajo en la tierra y al hombre del campo dedicado a ella!

Es por eso que interesa ahora repasar y reconocer que en estos antecedentes históricos, se le dio al Ejecutivo de la Unión la potestad, la competencia, para que impartiera justicia, que asumiera las facultades jurisdiccionales en materia agraria, porque precisamente es un derecho que requiere de todo el interés nacional, de todo el empeño y de todo el poder y la fuerza de la ley para que esta justicia agraria se dé en el campo, se dé en la práctica cotidiana de nuestros ancestros y en nuestros días.

Por eso es que el Tribunal Agrario pertenece justamente a la esfera de competencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, pero no deja de ser efectivamente una función judicial primaria jurisdiccional que requiere de la mayor preparación, de la mayor dedicación y de la mejor vocación de los jueces que en esta materia y que en esta especialidad ejercen el derecho.

Y qué importante es, por lo tanto, esta iniciativa que da a los jueces más garantía en materia agraria, más garantía de la inamovilidad; del permanecer en el cargo, si es que están cumpliendo cabalmente con el cometido, con la misión altísima de impartir justicia en el campo mexicano en el medio rural y esta reforma, permite que no sea a capricho, que no sea a discreción del Poder Ejecutivo el eliminar entre las propuestas para la ratificación de los cargos en la Magistratura del Tribunal Agrario, a quienes han desempeñado este cargo después de seis años en que esta inmovilidad los ha protegido.

Y qué importante, pues, es que aprobemos esta reforma con la conciencia de que tenemos que contribuir a la inamovilidad de los jueces en materia agraria y hacerlo en una circunstancia muy concreta y muy real y vergonzosa que se nos presenta en estos momentos, justamente a quien hoy ejerce la Presidencia del Tribunal Agrario, al Magistrado Ricardo García Villalobos, se le está privando al no comprenderlo entre las ratificaciones que tiene que hacer el Senado respecto a la magistratura que le corresponde. Y ello porque el Poder Ejecutivo ha encontrado en la valoración terrible de la conducta del magistrado García Villalobos, que él asume conductas partidistas o las asumió en el pasado, que pertenece a uno de los partidos políticos de este país, y que conforme a sus convicciones actúa en consecuencia en la espera de su libertad personal infranqueable, como cualquier mexicano la tenemos en cualquier cargo o en cualquier encomienda pública que desempeñemos.

No puede ser que en estos tiempos se esté tachando el comportamiento, la posibilidad de la ratificación de un magistrado, porque éste ha tenido antecedentes en uno o en otro partido, no importa cual fuere. Pero esto significa, si, discriminación, significa represalia política, significa atentar contra el principio de la inamovilidad de los jueces y significa retraso en la impartición de la justicia agraria.

Por eso interesa que ahora sea obligatorio el que en las ratificaciones el Poder Ejecutivo proponga a los magistrados que han cumplido su función, y que sea el Senado el que dilucide y delibere respecto a la ratificación.

Y que en el extremo caso de que el Ejecutivo no tenga razones válidas para no ratificarlo o no proponer su permanencia, sean éstas sustentadas en derecho y perfectamente motivadas en los hechos que a su vez respaldan esa valoración jurídica.

Es por lo tanto, para Convergencia, importante aprobar, respaldar este esfuerzo y desde aquí también y en ocasión de esta propuesta, hacer un voto porque cesen las hostilidades, cese la recriminación por razones políticas y se respeten plenamente los derechos humanos en los jueces y muy específicamente en los que se refieren a la histórica, importantísima e imprescindible justicia agraria que nuestro país todavía espera con prontitud. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González del grupo parlamentario del PT.

-EL C. DIPUTADO PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que discutimos es producto de una Minuta enviada por el Senado de la república en la cual se propone la adición de un tercer párrafo al Artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

El propósito del cambio propuesto a dicha ley, tiene que ver con que los magistrados del Tribunal Agrario que estén próximos a concluir su encargo o que ya lo hayan concluido, puedan ser considerados en la terna que propone el titular del Poder Ejecutivo Federal, terna que el órgano legislativo competente ratificará si lo considera procedente.

La norma vigente establece que el titular del Ejecutivo Federal puede considerar o no a los magistrados en funciones que están por concluir su encargo de manera discrecional para integrar la terna.

Las motivaciones de los legisladores para impulsar este cambio, es la de propiciar seguridad jurídica aquellas personas que habiéndose dedicado a una rama tan específica, como el derecho agrario, puedan ser postulados nuevamente para permanecer como magistrados del Tribunal Agrario.

Asimismo el dictamen resalta la importancia de aprovechar el cúmulo de conocimiento y experiencias de las personas que han desempeñado el cargo de magistrados, ello beneficia de manera directa a la población campesina, que tiene que dirimir algún conflicto frente a la instancia judicial.

La adición, sin duda alguna, fortalece el principio de profesionalización de la función jurisdiccional y por lo tanto de la carrera judicial. Se precisa también en dicha adición que en el caso de que el titular del Poder Ejecutivo Federal considere que algunos de los magistrados que están por concluir su encargo, no debe de formar parte de la terna y por ende no deba ser ratificado en el cargo, debe señalar de manera fundada las razones o motivos que sustentan dicha decisión. Con ello no se pretende limitar la facultad del Poder Ejecutivo de proponer a los magistrados de dicho tribunal, sino por el contrario que se valores la experiencia y las aportaciones de los magistrados que ya han formado parte del tribunal en comento.

Lo anterior generará un ejercicio de corresponsabilidad entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo al buscar tener a las personas idóneas a cargos de alta responsabilidad como lo es de magistrados del Tribunal Agrario.

Por las consideraciones expuestas votaremos a favor del dictamen que hoy se está discutiendo.

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

-DIP. LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:

oy se somete a votación por este Pleno el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para los que se busca aplicar acciones concretas en el futuro inmediato; algunas encaminadas a obtener resultados a corto y otras a largo plazo.

Anhelo sublime lo es la justicia agraria expedita, justa, y la atención equitativa y oportuna a las demandas de seguridad jurídica en el agro; indispensables para obtener mejores niveles de vida para los hombres y las mujeres del campo, con quienes tiene un enorme adeudo la Nación Mexicana.

El verdadero crecimiento económico, estable y sostenido requiere de un sector agropecuario dinámico y productivo que garantice la alimentación de los mexicanos y que produzca los excedentes necesarios para una participación favorable en el mercado externo. Pero también un pleno desarrollo agrario en sus instancias jurisdiccionales evitando revanchismos o vendetas.

La legislación agraria debe garantizar a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, el pleno ejercicio de sus derechos como legítimos propietarios de la tierra, así como una impartición de justicia con altos niveles de profesionalización. Sólo con plena justicia jurídica, con plena seguridad jurídica sobre la tierra y el agua, con mejores condiciones para la producción con el compromiso decidido de las instituciones públicas y con la voluntad de progreso de los hombres y las mujeres del campo, sentaremos las bases para una nueva etapa de productividad y bienestar.

Las reformas del presente dictamen consisten fundamentalmente en hacer realidad los principios fundamentales de nuestra Constitución Política en materia de tenencia de la tierra y de certidumbre jurídica, constituye un acto legislativo que busca adecuar el orden jurídico supletorio con el principal o fundamental que otorga validez a todo lo que de él dimana.

Con ese ánimo de renovación y actualización se proyecta impulsar la Minuta de reforma a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios para conseguir que en nuestros ordenamientos jurídicos, se otorguen los instrumentos jurídicos y materiales para proporcionar constancia de transparencia al proceso por el cual se ratifica a los magistrados agrarios.

Por todo lo anterior el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, votará de manera afirmativa el dictamen en comento, otorgando nuestro voto para que este Congreso conduzca de manera eficaz los intereses de los campesinos del país hacia un México que imparta justicia en beneficio de sus representados. Es cuanto, señor presidente.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se le concede el uso de la palabra al diputado Margarito Fierros Tano.

EL C. DIPUTADO MARGARITO FIERROS TANO: Con su venia, señor diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: la función jurisdiccional agraria independiente y autónoma constituyó parte del ideario de Emiliano Zapata, quien conocedor de las injusticias en el campo mexicano, consignó en el punto 6 del Plan de Ayala que la justicia agraria se impartirá por tribunales especiales que establecerían al triunfo de la revolución mexicana.

Sin embargo, el conocimiento y las soluciones de litigio en esta materia se encomendaron, desde la expedición de la ley de enero de 1915 y hasta 1992, a diversos órganos de la administración pública federal y local, entre ellos al presidente de la República, a los ejecutivos de los estados, a la Comisión Nacional Agraria, a las comisiones nacionales agrarias, al cuerpo consultivo agrario y a las comisiones agrarias mixtas, siendo a partir del 6 de enero de 992 cuando se da cauce a la reforma del artículo 27 de nuestra ley suprema, misma que adiciona el párrafo segundo de la fracción XIX que dispuso el establecimiento de un órgano para la administración de la justicia agraria en el país.

La reforma constitucional señalada fue complementada con la promulgación de la Ley Agraria y de la Ley Agraria de los Tribunales Agrarios, ambas del 26 de febrero de 1992.

De esta manera fueron creados los tribunales agrarios que tienen por objeto el de dirimir todas las controversias que por límites de terrenos ejidales y comunales se presenten, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los mismos.

En este tenor, si bien las políticas gubernamentales tienen el propósito de terminar con el llamado rezago agrario, aún existen varios miles de expedientes instituidos con motivos de solicitudes de dotación de tierras, ampliación de ejidos, creación de nuevos centros de población ejidal, controversias por restitución de terrenos y conflictos de límite de terrenos comunales y ejidales que durante lustros se guardaron sin lograr una cabal integración en los anaqueles de los distintos órganos de la impartición de justicia agraria.

Lo anterior, no obstante a las atribuciones que el Congreso de la Unión otorgó a los tribunales agrarios como órganos jurisdiccionales especializados y facultados legalmente para conocer, substanciar y resolver juicios y procedimientos agrarios, gozando de total independencia y autonomía.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 constitucional y lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los tribunales superior y unitarios agrarios se conforman con magistrados propuestos por el Ejecutivo federal y designados por la Cámara de Senadores o por la Comisión Permanente.

Con ello el titular del Poder Ejecutivo federal cuenta con la facultad discrecional de considerar o no en la propuesta que envía a nuestra colegisladora o a la Comisión Permanente a los magistrados en funciones que están a punto de concluir su encargo.

Sin duda esta facultad discrecional debe eliminarse de la normatividad agraria, pues es obligación de este cuerpo colegiado dar seguridad jurídica y garantizar la posibilidad de ratificación a aquellos servidores públicos que se han desempeñado con profesionalismo, honradez, imparcialidad y excelencia en la importante labor de impartir justicia en el campo mexicano.

Por el dictamen de la minuta al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de la Reforma Agraria someten a la consideración de este Honorable Pleno, tiene por objeto que los magistrados que concluyan o estén próximos a concluir su encargo de seis años por el que fueron designados, sean incluidos de manera obligatoria en la lista de candidatos que el Ejecutivo Federal envíe a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, estableciendo de manera explícita que si bien a juicio del Ejecutivo Federal, fuera improcedente la ratificación de algunos de los magistrados, éste deberá expresar de manera fundada sus motivos, razones o circunstancias con base en lo que al respecto establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Con esta forma lo que se busca es acotar la facultad del Titular del Ejecutivo Federal estableciendo el procedimiento de la designación y en su caso la ratificación de los magistrados agrarios, evitando que en este último caso, por causas injustificadas o por cuestiones políticas o partidistas, se les imposibilite continuar con la labor de impartir justicia sin una evaluación seria de su desempeño profesional con estricto apego a la ley.

Además de aprobarse la reforma que hoy se promueve, fortaleceremos la profesionalización de la función jurisdiccional en materia agraria, para que aquellos que tienen la responsabilidad del conocimiento y la solución de los conflictos agrarios, sean hombres y mujeres con experiencia y profunda vocación social que les permita a través de su permanencia actuar de manera plena, independiente e imparcial en pro de la justicia agraria.

Pero no sería justo considerar que tal medida representa un avance determinante en la resolución de la problemática agraria. El objetivo fundamental se debe dirigir a impulsar una reforma agraria integral que atienda el desarrollo de la propiedad social en México y asegure la participación de los ejidos y las comunidades en los programas de desarrollo rural.

Para ello en un primer momento el Ejecutivo Federal debe cumplir y promover cabalmente la consecución de todos los compromisos suscritos en el Acuerdo Nacional para el Campo, documento que marca las directrices fundamentales para encaminar una política de fomento productivo y de desarrollo económico sustentable con orientación social, a fin de revertir los angustiosos años de política gubernamental que ha fomentado el abandono, pobreza y aislamiento de amplios núcleos de población rural.

Por lo tanto, no es ajeno comentar que la política agrícola del Ejecutivo Federal ha llevado a la sociedad rural mexicana en los últimos 24 años, a una de las crisis económicas, social y políticas más profundas del periodo post-revolucionario, políticas que han quedado sustentadas en reformas al marco jurídico, recortes presupuestales, privatizaciones y desaparición de empresas estatales, apertura comercial abrupta e indiscriminada que se concentra en la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

Todo esto lejos de reactivar la producción y el desarrollo del campo, solamente ha profundizado el deterioro de las conducciones de la producción rural y ha motivado los bajos niveles del crecimiento del sector agropecuario en promedio del 1 % en los últimos años, muy por abajo del crecimiento del conjunto de la economía y de la población, sumiendo al campo en la pobreza, la ingobernabilidad y la violencia como ha sucedido en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Se trata de apoyar el dictamen que hoy es objeto de discusión y análisis por parte de esta Honorable Asamblea, pero al mismo tiempo, de medir sus alcances y de establecer nuevos compromisos políticos para avanzar en la solución de los graves rezagos no tan sólo legales, sino de carácter económico, político y social.

Las modificaciones al marco jurídico agrario constituyen una prioridad nacional por ser el campo un sector estratégico para la economía del país y la base para alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia social.

Por ello su orientación debe comprender la protección del derecho, de aprovechamiento de tierras, bosques y aguas, como sustento para recobrar el desarrollo económico y la defensa del patrimonio de los pueblos y comunidades rurales.

Compañeras y compañeros diputados: Por las anteriores consideraciones, los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica en los Tribunales Agrarios con el firme propósito de coadyuvar a la mejor atención de los conflictos, conciliación y a la generación de acuerdos agrarios.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (PAN): Gracias, Diputado.

Tiene la palabra el diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Desde hace 75 años el Partido Acción Nacional ha luchado contra la discreción y los poderes metaconstitucionales de sus gobernantes y de los gobernantes en todos los rincones del país. Hemos luchado por décadas en el fortalecimiento de nuestras instituciones. Fuimos y seremos el primer partido en exigir la real división de poderes.

En congruencia con nuestra historia los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional apoyamos este proyecto que pretende, por una parte, desterrar para siempre la discrecionalidad en la ratificación de los magistrados agrarios, discrecionalidad que sin duda vulnera la independencia de los tribunales agrarios.

El proyecto también fortalece al Legislativo, espejo democrático de nuestra pluralidad al otorgarle a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, las facultades para que estos órganos resuelvan sobre la ratificación.

Además es un reclamo básico de justicia no es aceptable que sin un dictamen de evaluación de desempeño se motive la decisión de la ratificación o no de los magistrados, como ocurre actualmente.

Por lo anterior, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional apoyamos el presente proyecto, no sin notar que éste no alcanza las expectativas en cuanto al fortalecimiento de la división de poderes, puesto que los tribunales agrarios, instituciones jurisdiccionales, aún es encuentran dentro del Poder Ejecutivo y no dentro del Poder Judicial de la Federación. Reto al cual la presente Legislatura no puede, no debe, abstenerse.

Hemos escuchado y seguiremos escuchando discursos en la que en los ejidos y comunidades encabezan nuestra inspiración patriótica. Sin embargo, por otro lado ofrecemos en la justicia agraria una justicia de segunda a nuestros ejidatarios y a nuestros comuneros.

Es reto de la actual Legislatura el de entrar al debate y a la revisión de toda la legislación agraria. Reto, compañeros, a los que los invito se sumen con responsabilidad y con patriotismo.

- EL C. PRESIDENTE DPUTADO ANTONIO MORALES DE LA PEÑA (PAN): Gracias, diputado Torres Zavala.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI se le concede el uso de la voz al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

-DIP. HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA (PRI): Con su venia, diputado Presidente.

El día de hoy nos ocupa la reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Proviene de una minuta del Senado de la República, tal y como se ha manifestado en esta tribuna.

Deseo felicitar a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, así como a la de Reforma Agraria, por el dictamen a discusión.

Esta reforma parte de tres ejes fundamentales, el primero de ellos, limitar la facultad discrecional del Ejecutivo; el segundo, otorgar seguridad jurídica al servidor público y, el tercero, respetar la carrera, el trabajo del propio servidor público.

Por lo que corresponde a la primera parte, es incuestionable que para la designación de los Magistrados interviene el Poder Ejecutivo, pero interviene realizando una propuesta, una propuesta cuya designación corresponde a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente, es decir, al pleno de uno de los Poderes del Estado, de una de las Cámaras de los Poderes del Estado, es decir, ese magistrado fue designado por el pleno de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, al cumplir sus seis años pueden ser ratificados para adquirir la inamovilidad, por lo tanto no puede quedar a criterio de una persona, en este caso el Poder Ejecutivo, que cualesquier magistrado no pase a la revisión del órgano que lo designó, que fue el pleno de la Cámara de Senadores o, en su caso, la propia Comisión Permanente.

De esta manera se obliga al Ejecutivo Federal a que incluya a todos los magistrados, ¿para qué?, para qué exista un análisis serio del trabajo realizado por cada uno de ellos, para que de ninguna manera por una decisión de carácter político sean excluidos servidores públicos que han cumplido con una carrera en pro en este caso del tema agrario en el país.

Es conveniente en este punto detenernos a reflexionar un eje fundamental de esta reforma, el respeto a las garantías de cualesquier gobernado, fundamentación y motivación. ¿Qué se le solicita al Ejecutivo Federal? Se le solicita que toda vez que la determinación fue por el pleno de la Cámara de Senadores o, en su caso, por la Comisión Permanente, que en el evento de que no se solicite la ratificación de algún magistrado, sea necesario que ese acto de autoridad sea debidamente fundado y motivado; ahí es donde le brindamos la seguridad jurídica a aquellos servidores públicos que trabajan de una manera honesta, de una manera comprometida con la nación.

Este caso es del Ejecutivo Federal, acotamos facultad discrecional, le damos seguridad jurídica a esos magistrados y a su vez respetamos la carrera profesional del servidor público.

Por tal motivo, esta minuta del Senado de la República y, en consecuencia, el dictamen que nos ocupa, espero sea apoyado por unanimidad de todos los compañeros diputados y a su vez espero que en lo futuro seamos congruentes en este escenario. Hay que limitar la facultad discrecional de cualquier poder y a su vez el brindarle seguridad jurídica a todo servidor público, independientemente del poder al que pertenezca.

-PRESIDENTE, DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA: Gracias diputado Gutiérrez de la Garza.

Y una vez agotados los posicionamientos, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto y a favor del dictamen, los diputados José Lamberto Díaz Nieblas y la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para hablar en pro del dictamen, al diputado José Lamberto Díaz Nieblas.

-EL C. DIPUTADO JOSE LAMBERTO DIEZ NIEBLAS.- Con la venia de la Presidencia. Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor de que en relación al Dictamen del Proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo al Artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y mediante la Reforma al Artículo 27 Constitucional y a la Legislación Secundaria Agraria de 1992 que, como ustedes saben, se proponia entre otras cosas a la vez que descargaba al Estado de la obligación de repartir tierras, dotar al campesino posesionario de la propiedad social de un paquete de derechos sobre la tierra dentro de los cuales se contempló la posibilidad de enajenar los derechos de posesión e incluso adquirir el dominio pleno, es decir, adquirir la propiedad de las tierras.

Sin embargo, un primer paso en este sentido era el deslinde, la regularización y certificación de los derechos ejidales y comunales los que ha venido haciendo a través del PROCEDE, pero uno de los aspectos más importantes fue que al desaparecer el carácter de máxima autoridad agraria del Presidente de la República, la Reforma del 92 creó sendos órganos de justicia agraria en el campo, la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios, siendo estos últimos los encargados de resolver los conflictos agrarios de que está plagado el campo mexicano.

El órgano de justicia es, pues, una institución de primera instancia en el orden jurídico de nuestro país, es el encargado de impartir la justicia a nuestros campesinos. Por lo tanto, los Juzgadores, los Magistrados Agrarios no deben de prescindir de la vena social que los alimenta, deben conservarse como un Tribunal de Justicia Social Agraria con la capacidad y experiencia jurisdiccional, pero también con la necesaria sensibilidad para conocer y entender los asuntos del campo, pero, sobre todo, con la mayor autonomía e independencia respecto de los otros Poderes de la Unión.

Por eso, el Partido Revolucionario Institucional ha aprobado y apoya la decisión del tercer párrafo al Artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en virtud de que con esta, como ya se ha dicho, se profundiza y amplía la independencia del órgano de justicia y de la función jurisdiccional en materia agraria, lo que indudablemente contribuye también a fortalecer la división de Poderes, base de nuestro Sistema Constitucional.

Restar la Ejecutivo, aunque sea un poco de su posibilidad e injerencia en la cuestión jurisdiccional, es fortalecer la justicia agraria por el bien de los campesinos mexicanos.

También hay que recordar compañeras Diputados y Diputados, el 18 de Noviembre del 2003 presentamos a la consideración de esta soberanía, un Punto de Acuerdo que fue aprobado de urgente resolución, para exhortar al Poder Ejecutivo Federal que considerara una mayor justicia agraria en la participación de los ejidos y comunidades en los Programas de Desarrollo Rural, mediante una Reforma Agraria Integral que deberá comprender todas estas consideraciones y posiblemente también, de que estos organismos en un futuro vayan a depender del Poder Judicial de la Federación.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Para hablar a favor del Dictamen, se le concede el uso de la palabra a la Diputada María Hilaria Domínguez Arvizu.

-LA C. DIPUTADA MARIA HILARIA DOMINGUEZ ARVIZU.- Con la venia, señor Presidente.

-LA C. DIPUTADA MARIA HILARIA DOMINGUEZ ARVIZU.- Apreciables Diputadas y Diputados. Hablar de la impartición de la justicia de los mexicanos, es hablar de origen y presencia , esencia patriótica y nacionalista porque el pueblo de México nace y se construye precisamente en el suelo mexicano, en la tenencia y buscando el mejoramiento de la justicia social.

Y ante tanto reclamo y ante tanta injusticia, el 6 de enero de 1915 instituimos la Ley Agraria, la primera; se fue reformando el Código Agrario, la Ley Federal de Reforma Agraria.

En 1992 el artículo 27 constitucional en su ley reglamentaria, se desarrollan modificaciones sustantivas y que da origen precisamente a la Ley Orgánica de los Tribunales Unitarios Agrarios, en donde emerge lo que es el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, instancias que habrán de tener que ver en la impartición de la justicia, en la conciliación agraria para resolver los problemas torales que por muchos años ancestrales han venido padeciendo nuestros hombres y nuestras mujeres del campo.

Ahora el tema que nos ocupa es adicionar un tercer párrafo en el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Unitarios Agrarios, en donde acota precisamente al Ejecutivo para que haya la voluntad suprema y la incorporación en las ternas de los magistrados que han desarrollado un trabajo extraordinario y que tienen una carrera de servicio en la impartición de la justicia agraria.

A nosotros nos preocupa particularmente este tema y seguramente, en los próximos meses habremos de tenerles a ustedes en el período ordinario, en el siguiente período ordinario, habremos de traer a esta soberana Asamblea, un proyecto de iniciativa estructural en materia agraria que responda a cabalidad al sentimiento, a la impartición de la justicia y al reclamo nacional en donde creemos condiciones de darle seguridad a los hombres y las mujeres del campo en sus tres tenencias de la tierra: en comunal, en ejidal y en pequeña propiedad para elevar el segundo piso que debe de ser la organización, la producción y la productividad, el complemento integral para reactivar la economía de las y los mexicanos que sostenemos a este país los que nos dedicamos a sembrar nuestras parcelas y a hacerlas mejor cada día y sostener a este pueblo mexicano.

Compañeras y compañeros diputados. Por ello, solicito a cada uno de ustedes, hombres y mujeres legisladores, su voto a favor de esta propuesta, de este dictamen que ponemos a su consideración y que solicitamos su voto porque con ello estamos dándole solidez y fortaleza a las instituciones, seguridad y mejor servicio al pueblo de México.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputada Domínguez Arvizu. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

-LA SECRETARIA DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto, señor Presidente.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

-LA MISMA SECRETARIA: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

-EL PRESIDENTE: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 448 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Continuando con el orden del día, los siguientes puntos son dictámenes a discusión relativo a puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

-EL SECRETARIO DIP. MARCOS MORALES TORRES: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Gracias. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

-EL MISMO SECRETARIO: Se tiene un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y dice:

Único.- Para que la Honorable Cámara de Diputados, dé su respaldo a la propuesta del ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuente con el respaldo del Congreso para que México, promueva activamente el proceso de reforma fundamental de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo el del Consejo de Seguridad para ofrecer a los miembros de la Organización Mundial el marco en el que todos los países puedan aspirar a un desarrollo armónico y sostenido, tendiente a la obtención de una mayor seguridad, paz mundial y cooperación multilateral entre las naciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F. 11 de febrero de 2004. Con las firmas de la diputada Adriana González Carrillo, Presidenta, del diputado Gustavo Adolfo Unanué Aguirre, Secretario, del diputado Carlos Jiménez Macías, Secretario, del diputado Arturo Robles Aguilar, Secretario, del diputado Jorge Martínez Ramos, Secretario y de diferentes integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Presidente.

-EL PRESIDENTE: Gracias, diputado Secretario. En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.

Se han anotado para hablar en pro del dictamen cuatro oradores, la diputada Blanca Gamez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN; el diputado Jesús González Schmal del grupo parlamentario del Partido de Convergencia; el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario de Partido del Trabajo y el diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pero de conformidad con el artículo 122 de nuestro Reglamento Interno, al terminar los primeros dos oradores se preguntará a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos para hablar a favor del dictamen.

Los puntos centrales de la reforma real de la ONU deberán sustentarse en cinco criterios rectores en consonancia con nuestro sistema democrático y con la extensión de los valores democráticos en el mundo:

El fortalecimiento de seguridad colectiva para lograr una respuesta oportuna y un proceso transparente en la toma de decisiones.

Segundo. Garantizar el apoyo al avance económico y social de las naciones, especialmente de las menos desarrolladas.

Tercero. Asegurar el respeto a la soberanía e independencia de los Estados, al mismo tiempo que se otorga legitimidad y legalidad a la acción internacional en la lucha contra la impunidad.

En el caso del Consejo de Seguridad, se ha planteado la conveniencia de adecuar su forma e integración para que tenga mayor representatividad, limitar el veto al que tienen derecho sólo los cinco países con asiento permanente y reglamentarlo, así como pugnar por una mayor transparencia y una más equilibrada relación con los demás órganos del sistema de Naciones Unidas, en particular con la Asamblea General. México aboga por una reforma a las Naciones Unidas en general y al Consejo de Seguridad, en particular, para que éstos sean más eficientes y legítimos.

Esta reforma debe reflejar la pluralidad, la democracia y la igualdad soberana de los Estados en la toma de decisiones que afectan al globo. Es la reforma, pero es también la actualización de la ONU la que se busca en el planteamiento del Presiente Fox para que responda debidamente a las nuevas amenazas a la paz y a la seguridad internacionales.

Por ejemplo, para complementar su propuesta de reforma al sistema de Naciones Unidas, el Presidente Fox ha sostenido que en el proceso de paz internacional se deben de buscar también mecanismos de apoyo a las naciones en desarrollo y para el combate a la pobreza.

En términos de seguridad regional, la propuesta que hace México, que proviene de lo que fue el rechazo de México al Tratado del Río, es que no pueden considerarse como condiciones de seguridad únicamente acciones militares o policíacas y que tiene que ser extendido al mundo moderno a otros temas que son de la misma relevancia y que tienen que ser incluidos en un sistema de seguridad colectivo a nivel regional.

El tema de las enfermedades, de las amenazas contra la educación y la salud de las personas y el tema del desarrollo sustentable, deben ser incluidos en este renglón, ésta es la seguridad humana de la que deberá ocuparse la ONU y de la que sólo podrá ocuparse eficazmente después de su reforma.

Efectivamente, nuestra seguridad depende de que logremos enfrentar males como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y de personas; el terrorismo y en general el crimen trasnacional organizado. Sin embargo, depende sobre todo de que seamos capaces de detener y revertir los profundos niveles de iniquidad, de pobreza, de falta de desarrollo que aquejan a nuestras naciones, ahí se encuentra la causa principal de las amenazas a la estabilidad o gobernabilidad de nuestros países y de nuestras comunidades.

Con esta reforma se está intentando construir un sentido de comunidad democrática que no existió de manera efectiva durante el periodo de Guerra Fría. Esta comunidad se fundamenta en valores compartidos, también en el establecimiento de un marco político de valores y de ética global, sustentado en los valores universales, en especial la trilogía, la paz, democracia y desarrollo representa esta proyección.

Estos tres elementos redundan en un valor compartido esencial como es la paz, base esencial para todos los otros derechos.

Resulta también necesario que la agenda de desarrollo esté mejor vinculada a la prevención de conflictos y que las actividades de construcción de la paz conlleven siempre mecanismos para asegurar el desarrollo económico y social; por lo que creemos, que podríamos ayudar a constituir también el Consejo de Seguridad Económica y Social.

Adicionalmente la propuesta del Presidente actualiza a la ONU a nuevas realidades conceptuales de la política internacional que buscan transformar el sentido de la globalización hacia una mundialización.

El proceso de globalización que hoy vemos acelerado, sostenía Carlos Castillo Peraza, implica una concepción de globo basada en intercambios económicos entre entes de interés comercial.

En cambio, una globalización que tenga la persona human como su centro, supone una mundialización en donde se reconocen, no sólo el intercambio de entes económicos dentro de un mercado global, sino personas, comunidades y naciones con historia, cultura, necesidades y proyectos que se relacionen entre ellas con libertad y dignidad.

El espíritu de la carta de las Naciones Unidas no se trastocará, asegurar la vigencia de la ONU, es asegurar la reforma de la ONU. El organismo mundial se merece una reforma y una reflexión colectiva al respecto de hacerla más eficaz y combatir con el derecho internacional y la cooperación al unilateralismo de las grandes potencias.

Se le concede el uso de la voz al diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

Es en efecto, obligado, pronunciarnos respecto a esta propuesta con punto de acuerdo que constituye precisamente el dictamen que está a debate. Pero es importante también deslindar nuestra suma, nuestra aprobación en el fondo aún cuando nuestra clara discrepancia en la forma.

Para Convergencia es importante respaldar no al Presidente de la República ni al Secretario de Relaciones Exteriores en posiciones a veces congruentes, a veces ambiguas. Es importante, fundamental e imprescindible, en cambio, resaltar que el Presidente de la República en la posición que asumió en las Naciones Unidas respecto a la reorganización del Consejo de Seguridad, es acorde por primer vez, fiel a los postulados de nuestra política exterior consignados en el artículo 89 fracción X de nuestra Carta Magna.

Es ahí donde sí necesitamos insistir, pedirle al Ejecutivo de la Unión que relea, que compenetren plenamente de que estos postulados no son discrecionales, son posiciones obligatorias para México en su relación internacional.

Hablar justamente del multilateralismo, hablar del diálogo, de la cooperación, de desarrollo justo entre las naciones, de la distribución, de la riqueza internacional, es hablar de la fracción X del artículo 89 constitucional.

Qué bueno que Vicente Fox haya retomado esa posición, importante que la sostenga, que no la asume con titubeos sino que la reitere cada que sea necesaria porque es de los legados más significativos de nuestra historia diplomática, de nuestra historia y de nuestro comportamiento frente al concierto de las naciones.

Importante, pues, en este momento, hacer este señalamiento para que llegue al Ejecutivo y al Secretario de Relaciones Exteriores, perfectamente clara la posición de este Congreso; somos fieles, respaldamos la aplicación, la vigencia, el cumplimiento de la ley y no necesariamente a las posiciones circunstanciales que deben, en todo caso, acatar la ley, sin excepción de ninguna especie.

En esta tesitura, pues, que el dictamen en punto de acuerdo adquiere plena actualidad, en tanto reconoce la circunstancia que en el mismo se narra, es decir, la postura del Presidente de la República en las Naciones Unidas y a su vez, obliga en lo futuro a superar las ambigüedades y equívocos que han generado dudas respecto de la verdadera línea del Ejecutivo en la materia de relaciones internacionales.

Bien, aquí está el voto de apoyo y también la esperanza de que en lo sucesivo, la congruencia en la postura del Ejecutivo sea inequívoca y podamos ya confiadamente en pensar que nuestro Jefe de Estado está representando realmente la posición, la conciencia, el interés y las esperanzas de la comunidad nacional.

Recuerdo que hay otros dos oradores registrados, pero de conformidad con el artículo 122 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES.- En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

EL MISMO C. SECRETARIO. En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación)

Las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- Se dará lectura a punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reforma a la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Resolutivo primero. Se declara no aprobada la iniciativa materia de este dictamen.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUR ELIAS.- No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

EL C. PRESIDENTE.- Aprobado. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

LA MISMA C. SECRETARIA.- Punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reforma a la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

Resolutivo primero. Se declara no aprobadas las iniciativas en materia de este dictamen.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUER ELIAS.- No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a las diputadas y diputados si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

EL C. PRESIDENTE.- Aprobado. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Pasando al apartado del orden del día de proposiciones con punto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al gobierno de México se abstenga de votar en contra de una Resolución en materia de derechos humanos en Cuba.

-EL C. DIPUTADO JESUS MARTINEZ ALVAREZ: Con su permiso señor presidente. Quiero presentar esta proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar al gobierno de México se abstenga de votar una Resolución en contra de Cuba durante la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas.

Como todos sabemos, desde el pasado 15 de marzo, se encuentra sesionando la Comisión de Derechos Humanos que depende de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene como objetivo fundamental fortalecer instrumentos internacionales de derechos humanos y la responsabilidad, cada vez mayor asumida, por particulares y estados miembros para que esto se cumpla.

Sin embargo es importante que recordemos que en la declaración adoptada en la Conferencia de Viena en 1993, en relación con los derechos humanos que son legítima preocupación de todos los países que pertenecen a esta Comisión, México desde 1980, destaca algo que no debemos de perder de vista y es precisamente que los derechos humanos deben enmarcarse fundamentalmente en principio de objetividad no selectividad y universalidad, estos son los elementos centrales para cualquier tipo de decisión.

México siempre ha promovido el fortalecimiento del diálogo constructivo, con objeto de lograr una verdadera promoción y protección de los derechos humanos. Desgraciadamente ha imperado en algunos casos la politización en la consideración de casos nacionales, con intereses ajenos, a una genuina promoción y protección de los derechos humanos, haciendo en muchos casos, ineficiente la labor de esta importante Comisión.

Uno de los temas que está agendado precisamente para el próximo 16 o 17 de abril de esta sesión, son las Resoluciones condenatorias contra países que han violado sistemáticamente los derechos humanos. Así fue el caso en su momento de Serbia o de otras naciones, cuyas acciones de genocidio eran evidentes, hoy, como lo he dicho, está pendiente precisamente y agendado el caso de Cuba.

Por razones políticas el tema de la situación de los derechos humanos en Cuba, ha sido siempre tratado con énfasis en utilizar un lenguaje condenatorio, más allá de los procedimientos que la propia ONU decida realizar en coordinación con gobierno y pueblo cubanos.

Creo, compañeras y compañeros legisladores, que vale la pena que recordemos que México siempre ha participado en materia de política internacional, en las más diversas acciones diplomáticas, que nos ha venido dando crédito a nivel internacional, incluso logrando el propio reconocimiento del vecino país del norte, como son los casos del Tratado de Tlatelolco, del Grupo Contadora, de la Cumbre Iberoamericano, en el Diálogo Norte-Sur y otras muchas iniciativas mexicanas que permitieron que nuestro país adquiriera este prestigio.

Sin embargo, necesitamos recordar también que desde 1991 al 2001 México se abstuvo precisamente de votar en contra de esa Resolución, porque no se ajustaba a los principios de objetividad, no selectividad y de universalidad, por eso nos preocupa que en el 2002, 2001, 2002 y 2003, se haya votado en contra.

Creemos que no forzosamente, que por el hecho de que un partido en el poder, actualmente representado también en esta Cámara, considera que deba de aprobar y estar siempre en la misma línea que ha asumido el Ejecutivo Federal.

Creo que es tiempo compañeras y compañeros diputados, de que el Poder Legislativo se pronuncie para recobrar esos principios que le dieron el prestigio y el nombre internacional que México tuvo en esta materia de política internacional, de hombres que dedicaron su vida para darle luz a esta país y que pudiera ganarse el respeto del propio Estados Unidos.

Por esta razón me permito poner a la consideración de todos ustedes el siguiente:

Que esta Legislatura del Congreso de la Unión, solicite al gobierno de México que durante los trabajos que se realicen en el sexagésimo periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se abstenga de votar una resolución condenatoria en contra de Cuba respondiendo al espíritu humanitario, solidario y latinoamericanista de cooperación y diálogo que es paradigma del desempeño de la política exterior.

-DIP. SECRETARIA AMELIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la Proposición expuesta por el Punto de Acuerdo para solicitar al gobierno de México se abstenga de votar en contra de una resolución en materia de derechos humanos en Cuba.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Se han registrado para hablar a favor del Punto de Acuerdo, el diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del PRI; el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT y el diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

Y para hablar en contra del Punto de Acuerdo, se ha registrado el diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

En consecuencia se le concede la palabra hasta por 5 minutos al diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

A nombre de la fracción parlamentaria de mi partido el PRI, queremos manifestar ante esta soberanía, que estamos en absoluto de acuerdo con la propuesta que presentó el Partido Convergencia.

Hace un momento escuchamos aquí palabras sabias, palabras correctas, que nos referían la importancia de la seguridad como uno de los factores centrales para garantizar la paz, la cooperación y el desarrollo en el mundo global.

No pasa desapercibido que las arquitecturas de otras épocas en este momento requieren ser actualizadas y complementadas con nuevos elementos que permitan que las naciones tengan certidumbre en su relación internacional, frente a retos y frente a adversidades que producto del mismo proceso global hoy se presentan en formas inéditas.

Es así que en el mundo se ha puesto de manifiesto la importancia de generar una nueva agenda en materia de seguridad. Es para nosotros sorprendente que en México es agenda no se entienda en primer lugar como una agenda a favor de los intereses nacionales; como una agenda que tiene que ver con la definición de lo que se llamaría el primer círculo de seguridad de México; un círculo que tiene que ver con las fronteras de México: América Central, América del Norte, el Caribe y el Gran Caribe, lo cual involucra a Venezuela y a Colombia.

En este contexto hemos manifestado en muchísimas tribunas, la importancia de actualizar nuestra doctrina, de manifestar con toda precisión cuáles son los intereses en la materia y particularmente en lo que significa nuestra región inmediata.

Esta región inmediata es nuestro vecindario, un vecindario donde queremos vivir en paz, donde no estamos dispuestos a tolerar ningún elemento que ponga en riesgo la situación de nuestra nación y el derecho de nuestros compatriotas y de la región misma para vivir y desarrollarse adecuadamente.

Por esta razón nosotros observamos el bloqueo a Cuba no solamente como un acto injusto e inhumano sino como un acto antediluviano que responde a condiciones que no existen hoy.

Adicionalmente lo consideramos un foco de tensión que afecta la seguridad a que aspiramos en el primer círculo de seguridad de México.

Es por eso que nosotros observamos que las continuas condenas a Cuba en materia de derechos humanos se encuentran más en el tono de encontrar elementos para mantener un bloqueo que de todas luces, que a todos foros se encuentre una condena permanente para tratar de encontrar el último resquicio para poderlo mantener.

México, en una conciencia plena de sus intereses, no puede estar a favor de eso ni puede hacerle el juego a esos intereses. Aquí no estamos hablando de la legítima defensa de los derechos humanos; aquí de lo que estamos hablando es de la politización de los derechos humanos para hacer valer un proceso desgastado de mantener el bloque en Cuba.

Por eso nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que México debe de abstenerse de cualquier propuesta condenatoria en esa materia.

Adicionalmente debemos considerar que ya es momento de cambiar en nuestra relación bilateral con nuestros amigos, los Estados Unidos, un sesgo republicano en los procesos. La republicanización de nuestra relación en esos términos no va a dejar nada nuevo.

Contemplemos que hay cambios en la correlación de fuerza en los Estados Unidos, contemplemos que los Estados Unidos, como nosotros, son un país diverso. Atendamos a esa diversidad para comportarnos en una relación bilateral que justamente responda a esos términos.

Adicionalmente, no nos debe escapar que los cambios en América del Sur, en un acto condenatorio a los derechos humanos en Cuba, no harán más que México continúe con un proceso de pérdida de liderazgo y de aislacionismo en el marco de nuestra América Latina.

Es momento de evitarlo. Tomemos conciencia. Votemos por México. No permitamos el uso equivocado de nuestras facultades en función de intereses teóricos o de otro tipo que nos lleven a cometer más errores en esta materia. Muchas gracias. (aplausos)

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra.

EL C. DIPUTADO RODRIGO IVAN CORTES JIMENEZ: Con su venia, señor presidente. Cuando se habla de derechos humanos México vota a favor de una causa y no en contra de un país.

Señores, México ha promovido la defensa de los derechos humanos, política con la que ha sido congruente al ser signatario de la mayoría de los tratados internacionales que protegen los derechos inherentes del ser humano.

Además, y por primera vez en su historia por aquéllos que decían que desde 1971 al 2001 México se había abstenido en esta materia, México aceptó la mirada externa a través del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país como parte de la segunda fase del acuerdo de cooperación técnica entre el gobierno mexicano y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

¿Alguien considera esto una intromisión, una violación a la soberanía? ¿O hablar de los derechos humanos es un tema antediluviano?

Señores, hay que acabar con el doble discurso. Por un lado se habla de soberanía del paraíso en la tierra que es Cuba en lo que es socialismo. Pero en realidad hay un régimen autoritario, violador de derechos humanos y paraíso, sí, pero de corruptos.

No dan libertad a su gente de salir de su isla ni de tener propiedad privada. Pero eso sí, dejan que gente como Salinas o como Ahumada recientemente capturado por la INTERPOL y la PGR, en Cuba, laven dinero sucio y tengan propiedades, ellos sí, en la isla.

Señores: Hay que acabar con el doble discurso. ¿Están con los derechos humanos o con la dictadura? ¿Están con la honestidad que a veces dicen valiente, pero aquí no veo esa valentía, o con quien escondió por más de un mes a Carlos Ahumada?

- EL C. PRESIDENTE. Un momento, señor diputado. Tengan la bondad de suspender el marcaje del tiempo.

Señoras y señores legisladores: Tanto respeto merecen los señores oradores del contra como los señores oradores del pro. Se ha abierto el registro para externar toda la argumentación en uno u otro sentido. Ruego respeto a los oradores. Continúe, señor diputado y continué el marcaje del tiempo.

- EL C. DIP. RODRIGO IVAN CORTES: Este mes es el primer aniversario de la ola de opresión más dura de los últimos años en Cuba. Setenta y cinco luchadores por la democracia y derechos humanos, fueron encarcelados y sentenciados con penas que alcanzan los 28 años.

Hoy Cuba encabeza la lista de los países con más periodistas encarcelados del mundo, pues ha dejado a más de 32 de ellos condenados, hablando de condenas, de 14 a 27 años de prisión, por emitir una opinión discordante a la del régimen. Estos prisioneros de conciencia, cuyo único delito fue portar una pluma y una mente libre, deben tener el apoyo del pueblo mexicano y el repudio a aquellos que los llamaron "mercenarios" por ejercer el derecho de libre prensa.

Hoy estamos enfrentándonos a la pregunta que cada año nos aqueja con respecto a la posición de nuestro país en el caso Cuba y su desempeño de cuestiones de derechos humanos. Por ello la pregunta es: ¿De qué lado de la balanza nos vamos a inclinar? ¿Debemos de darle la espalda a la congruencia y a nuestra lucha por alcanzar instituciones democráticas y que promueven y defienden los derechos humanos?

Acción Nacional responde categóricamente, porque es un partido que se honra de ser centro humanista basados en la dignidad de la persona y los derechos humanos. Creemos firmemente en la democracia como el mejor camino para garantizar el bien común. Por eso condenamos el embargo económico que sufren los cubanos, pero también condenamos el embargo de las libertades fundamentales que infringe el dictador Castro a su pueblo.

Por ello y porque somos congruentes y porque no profesamos un doble discurso, les pedimos a los compañeros diputados aquí presentes, que se definan y no le den la espalda a los valores fundamentales de asociación, de manifestación de ideas, de escribir y de publicar.

Tiene el uso de la palabra el diputado don Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en pro del Punto de Acuerdo.

- EL C. DIP. PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Como ya se ha vuelto costumbre, en los últimos años el gobierno norteamericano y sus aliados, que se escuche bien y sus aliados, insisten en chantajear al gobierno cubano ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para lograr un voto de censura en contra de una propuesta distinta de organización política y social.

Debemos de recordarles a los panistas y al Presidente Fox que el contenido de la fracción X del artículo 89 constitucional establece los principios normativos de la política exterior de nuestro país y que el Presidente de la República está obligado a seguir, entre los que destacan: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.

Basados en estos principios de nuestra política exterior nos oponemos tajantemente a que el Presidente Bush se mantenga al acecho y persista en mantener la presión internacional en contra de Cuba. Pero no tan solo están presentes nuestros postulados en esta materia, sino que además cada vez está más claro que los halcones que hoy detentan el poder en el vecino país del norte, cada vez tienen menos credibilidad para erigirse como jueces en el mundo.

Como se dijo en el comunicado de los terroristas sobre los atentados recientes en España: ¿Dónde están los norteamericanos para defender al pueblo español? Es decir, no solo son mentirosos porque nunca se encontraron armas de destrucción masiva en Irak, sino que solo fueron justificaciones urdidas mañosamente para apoderarse del petróleo de esa nación.

El cinismo y las mentiras de Bush y de sus seguidores quedaron al descubierto, cuando en el mundo nos enteramos que la reconstrucción de Irak fue un botín para las empresas de los altos funcionarios de la Casa Blanca, incluso hasta a sus propios aliados como simples espectadores de esa rapiña.

Los aliados ponen los muertos, como es el caso de la tragedia española y la sospechosa muerte del Doctor Kelly en Inglaterra. Esto es tan solo una muestra de hechos recientes de la actitud y la política internacional de los Estados Unidos, pero que ilustra con suficiente fuerza su falta de respeto a las normas internacionales y a los derechos humanos de los habitantes del mundo.

Me pregunto: ¿Es posible secundar una política de tal naturaleza por nuestro gobierno? Me pregunto: ¿Es posible que México apoye a un gobierno que mata, veja y viola sistemáticamente los derechos humanos de nuestros compatriotas? Me pregunto: ¿Debe México apoyar un voto de censura contra el pueblo de Cuba ante la presión del Presidente Bush?

Ahora mismo el gobierno norteamericano se encuentra violando los derechos de su propio pueblo. La Ley Antiterrorismo que implementó después del pasado 11 de septiembre de 2001 faculta a las autoridades norteamericanas para hacer y deshacer lo que le dé en gana en contra de los ciudadanos norteamericanos.

Me pregunto: ¿Cómo una nación que hace estas cosas puede hablar de respeto a los derechos humanos? En todo caso revisemos juntos con el Presidente Bush qué se entiende por los derechos humanos. Porque si por respeto a los derechos humanos entiende que puede enviar fuerzas militares para invadir otros pueblos, como lo hizo recientemente en Haití, en aras de proteger sus intereses, entonces es un paladín de los derechos humanos.

Sin embargo, la realidad lo desmentiría de inmediato. Porque si repasamos en nuestras mentes la foto que recorrió al mundo del niño Alí, sin brazos y con la frustración de haber perdido a sus padres, gracias a los bombardeos enviados por Bush, entonces tendríamos que reconocer que el Presidente norteamericano es un criminal; o bien reconocer que nos hace falta una buena dosis de locura e insensibilidad ante el dolor humano.

Entonces queda claro que México no tiene por qué seguirle haciéndole el juego a un asesino y mentiroso que acusa a cualquier gobierno que no se pliegue a sus dictados y a sus caprichos.

Por lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del punto de acuerdo en el que se solicita al gobierno del Presidente Fox que nuestra representación en Ginebra, Suiza, se abstenga de votar en contra de la hermana República de Cuba.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, señor Diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra de la proposición el señor diputado don Juan Francisco Molinar Horcasitas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

-DIP. JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS (PAN): Con su venia, señor Presidente.

-DIP. JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS: Aquí se ha dicho que no estamos hablando de los derechos humanos, lo peor de todo es que esto es cierto. Tiene razón el orador que antes de mí señalaba que aquí no estamos hablando de los derechos humanos, al menos no todos. Estamos hablando y oyendo hablar de muchas cosas, menos de lo que verdaderamente importa.

Se ha hablado de geopolítica, se ha hablado de soberanía nacional, se ha hablado de poder ideológico, se ha hablado de seguridad nacional, de cualquier cosa, menos de las mujeres y de los hombres que viven oprimidos bajo un régimen dictatorial que cancela todas sus libertades y ese sí, cancela hasta sus esperanzas.

No es posible sostener principios como el primer círculo a la seguridad nacional, principios como la soberanía del pueblo, cuando no se está del lado de la única y verdadera encarnación con sentido del pueblo, cada hombre y cada mujer que lo forman y que tienen que padecer prisión por decir lo que piensan, que tienen que padecer prisión por escribir poesía y por decirla, que padecen prisión por cosas que en cualquier país medianamente libre no son más que la rutina que hace el día a día de la libertad y de los derechos humanos, que sólo se defienden cuando el sujeto de los derechos es precisamente un hombre y una mujer, cada hombre y cada mujer y no conceptos abstractos del pueblo que en realidad disfrazan doctrinas de soberanía nacional colectivas, que pasan sobre los derechos de las personas de carne y hueso.

Veo que en este debate retomamos aquella división que el gran Gette (?) decía que era la división verdadera de la política, por un lado los amigos del orden, por el otro los amigos de las libertades.

No deja de ser paradójico que las izquierdas se alineen hoy del lado del orden, del orden de una dictadura por encima de las libertades, del orden de la opresión de la libertad de expresión ...

Por favor, sonido en la curul del señor diputado Moreno Garavilla. ¿Con qué propósito diputado?

-DIP. JAIME MIGUEL MORENO GARAVILLA (desde la curul): Señor Presidente, para rogarle por su conducto al orador, se sirva aceptar un par de preguntas.

-DIP. JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS: Con mucho gusto señor Presidente, si usted las acepta.

Señor diputado Molinar Horcasitas, quisiera solicitarle muy respetuosamente se sirva ilustrarnos, dándonos a conocer su concepción sobre los derechos humanos. ¿Sabe usted cómo define nuestra Carta Magna lo que es un derecho humano?

Y, número dos, ¿cómo define usted el concepto de libertad en los términos de nuestra Ley Suprema? Para ver si lo que usted nos está señalando, atribuyéndolo a otro país, sea el que fuere, ocurre o no ocurre en nuestro propio país.

Mire estimado colega diputado Moreno Garavilla, desde luego que la única manera en que podemos entender los derechos humanos, es cuando los materializamos precisamente en las personas. Los discursos abstractos sobre derechos humanos, cuyo objeto son los pueblos, las naciones, son discursos que ocultan lo esencial y que es lo que este partido ha defendido siempre, la dignidad de la persona humana y la persona humana es, finalmente, eso, una identidad personalísima que se caracteriza fundamentalmente por su derecho inalienable a la libertad de otros..

Y la libertad, finalmente, es una capacidad de optar, una capacidad de optar que en este país se ha venido construyendo de una manera firme, de una manera yo diría que hasta heroica y en esa construcción de la capacidad de decidir de las personas en este país, han contribuído partidos de todas las orientaciones y han contribuido, debo decirlo, todos los partidos aquí presentes, incluido el suyo aunque es recién llegado a la arena política.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado Molinar, un momento Diputado ¿con qué propósito Diputado Moreno?

-EL C. DIPUTADO JAIME MIGUEL MORENO GARAVILLA (desde su curul):-Señor Presidente, para formular una tercera y última pregunta al señor Diputado-

-EL C. DIPUTADO JUAN MOLINAR HORCASITAS. Sí, a pesar de que la segunda era la última, con todo gusto.

-EL C. DIPUTADOJAIME MIGUEL MORENO GARAVILLA (desde su curul):- Mire usted, los derechos humanos es el contenido de un continente llamado garantías individuales que se esgrimen en los primeros 29 preceptos preferentemente de nuestra Carta Magna y que tienen el propósito de proteger cuatro esferas jurídicas fundamentales de todo gobernado , incluyéndolo a usted, que es la libertad en su más variada y múltiple acepción, la seguridad juridica, la igualdad y la propiedad.

Y. por otro lado, la libertad efectivamente implica la posibilidad de optar pero fundamentalmente no sólo es un concepto oponible de esclavitud, sino que se determina en libertad de pensamiento, de expresión, de tránsito, como la que esgrimen los artículos 8º, 9º. 10º y 11º.

-EL C. PESIDENTE. Señor Diputado, yo quisiera rogarle que concretara la pregunta.

sí, con mucho gusto señor Presidente. Nada más, no estamos hablando de conceptos abstractos, Diputado y cuando yo tuve el honor de participar en la LVII Legislatura usted creo que estaba en el IFE, yo no sé quién sea más nuevo si usted o su servidor (aplausos) y debo decirle respetuosamente, que la pregunta fue si conoce usted o que dice nuestra Constitución , no lo que piensa usted, sino lo que dice la Constitución sobre Derechos Humanos y sobre Libertad. Muchas gracias (aplausos).

-EL C. DIPUTADO JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS.- Muchas gracias señor Diputado Moreno Gavilla, a pesar de que no hubo tercera pregunta, trataré de responder lo que probablemente de su exposición se desprende y sobre todo, agradecer el recordatorio que le ha hecho a toda esta Cámara sobre el contenido de los Derechos Humanos, lamentando al mismo tiempo que su partido lo haya olvidado en el momento de la confección de este Punto de Acuerdo, porque es perfectamente contrario a todo lo que usted ha señalado (aplausos) y voy a continuar con mi intervención señor Presidente.

-EL C. DIPUTADO JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS. Con una votación como esta, con un Punto de Acuerdo como este, realmente me pregunto, quienes así lo proponen y quienes así lo apoyan ¿cómo van a exigir después, con qué congruencia van a exigir después comisiones de la verdad para revisar nuestro pasado cuando le niegan la libertad de decir su verdad a los oprimidos de hoy en un pueblo vecino y hermano ( aplausos) y cuando se lo niegan para buscarla mañana y para cuando se la seguirán negando en aras de interpretaciones fundamentalmente opuestas a la dignidad y la libertad de la persona?.

La verdad es, que apoyar a una dictadura escudándose en esas interpretaciones que por desgracia no son caducas sino parece que se renuevan una y otra vez como el pensamiento autoritario encuentra maneras de renacer en cualquier época, ustedes con ese apoyo se oponen a las libertades. Ustedes, con ese apoyo se oponen a los verdaderos integrantes de un pueblo que quiere ser libre, cada mujer y cada hombre que en esa isla es oprimido, ustedes forman.hoy el campo del orden, del orden dictatorial, Acción Nacional vota por los derechos humanos porque forma hoy y siempre, en el campo de las libertades. Muchas gracias. (aplausos)

Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro de la proposición, el señor diputado don Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- EL C. DIP. JORGE MARTINEZ RAMOS: con su venia señor Presidente. Antes que nada quiero entregar a la Secretaría una respuesta que pido que se traslade a la estenográfica como cuerpo de la respuesta, tiene que ver con los juicios de los 75 cubanos y no voy a perder tiempo en eso.

A ver, hay que empezar por decir que la discusión sobre los derechos humanos al interior de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha sido desvirtuada, contaminada y manipulada por parte de los Estados Unidos a partir de criterios por ellos mismos generados para condenar o exaltar los derechos humanos al interior de terceros países, según su albedrío, según su conveniencia y al auspicio y con el contubernio de la gusanera de Miami que tiene sus personeros en la derecha mexicana también.

Es clarísimo ejemplo de la política discriminatoria, de la política diferenciada, selectiva de la política exterior norteamericana, los casos que ya han sido citados y no repito de Afganistán, de Irak, de China, de Guantánamo, entre muchos otros. Este trato diferenciado les ha permitido, entre otras cosas, permitir el tema de los derechos humanos en divisa de cambio, son eso: divisa de cambio, desde la óptica hegemónica y como en la derecha todo tiene siempre un interés capital monetario, igualmente los convierten en divisa de cambio e igualmente están dispuestos a no condenar a China, a no hablar del tema de Guantánamo, a no hablar de la cantidad de familias afectadas por la guerra de Irak, eso no, eso se lo callan porque –insisto- se convierte en divisa de cambio para lo cual están siempre prestos y atentos.

Este trato diferenciado, decía, es particularmente cierto en el caso de Cuba. Hay que partir en el caso de Cuba, de que vive en un estado de excepción, un estado de excepción producto de un bloqueo conocido por todos nosotros pero que más que un bloqueo se trata de un verdadero sitio.

Es la nación del mundo que ha vivido el sitio más largo de la historia enfrentándose en condiciones de desventaja inigualables que sí vulneran los derechos humanos.

Hago una comparación sencilla: La nación más beligerante que ha habido sobre la faz de la tierra, con la economía más fuerte del planeta, con 280 millones de habitantes, tiene 30 veces más habitantes que la isla de Cuba a 90 millas de distancia.

Esto es como si México se confrontara contra la nación más poderosa del mundo con alrededor de 2,800 o 3 mil millones de habitantes. A ése abuso, a esa absoluta torpeza de Goliat, que es verdaderamente de circo romano, a eso, a esas letrinas que ensucia el tío Sam, es a lo que ustedes contribuyen a limpiar. (aplausos)

¿De qué países estamos hablando? El Producto Interno Bruto de Cuba y el Producto Interno Bruto de los norteamericanos tiene… es 500 veces distinto, esa es la comparación de la pelea que da el pueblo cubano pero vamos a hablar de cómo se vive en Cuba y de qué hacen los cubanos hablando de derechos humanos.

Cuba es un país que ofrece una expectativa de vida de 74 años, que es la más alta de América Latina o de las más altas; canaliza el 16% del PIB a la salud; emprende programas de capacitación y educación a jóvenes desempleados que reciben paga por aprender.

Hay que decir que mientras la condena hacia Cuba por parte ya dijimos de quien, ocurre y mientras enormes cantidades de cocaína producida por los mismos señores de la guerra aliados de los norteamericanos que producen en el Afganistán, que ellos llaman liberado y pasan por la antigua Yugoslavia –también por ellos destruida- para llegar a la Europa Occidental, al mismo tiempo en Cuba se atiende y se ha bajado la mortalidad infantil en medio de la crisis más grave que ha vivido cualquier país de América Latina de 11 a 6 por cada mil nacidos.

Hay que decir que los programas, por ejemplo, de VIH de lo cual ustedes se llenan la boca en hablar, en donde más avanzados del mundo están es en Cuba, es el mejor tratamiento que hay en el planeta, la medicina es gratuita, no como aquí que es de facto discriminatoria y que elimina a la mayor parte de la población; son enfermedades evitables y sufrimientos evitables. Ustedes se rasgan las vestiduras cuando oyen hablar del condón siquiera e impiden salvar vidas y sufrimiento, cuando en aquella isla acuden de todo el mundo a atenderse.

Y termino con la solidaridad cubana, hay 14 mil cubanos trabajando en la salud en América Latina, sólo en la Haití despreciada, vituperada y desdeñada por tres imperios, sólo en Haití hay 500 cubanos, que están trabajando ahí por el beneficio de América Latina, esos son derechos humanos, no dobles discursos ni doble moral. Gracias, señor Presidente.

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra de la proposición, el señor diputado don José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

-EL DIP. JOSE FRANCISCO LANDERO GUTIERREZ: Después de este elogio al fascismo, me dan la oportunidad de hablar y hacer un elogio a favor de la libertad y los derechos humanos. Acción Nacional cree en la mundialización, entendiendo por mundialización, teniendo como centro de este concepto a la persona humana y a su dignidad.

He tenido la oportunidad en dos ocasiones de viajar a ese hermoso país que es Cuba. Ahí no en calidad de turista o en las misiones diplomáticas que realizan muchos de nuestros compañeros para elogiar las acciones gubernamentales de la dictadura; he tenido la oportunidad de convivir con el pueblo cubano; de estar ahí en donde están las guaguas con sus autos viejos de los años cuarentas; ahí donde está la desnutrición de los niños que no tienen que comer, porque el régimen no da las oportunidades.

He estado ahí en ese país donde no se permite tener acceso a la información y al Internet, porque puede ser pecaminoso o puede traer otras ideas que no son propias de lo que piensa en señor Castro; ahí en ese país donde no se permite el tránsito ni dentro de ...

-EL DIP. RAFAEL GARCIA TINAJERO PEREZ (desde su curul): Para hacer una pregunta al orador, respecto al hambre de los niños en Cuba.

-EL PRESIDENTE: No acepta la interpelación, señor diputado. Continué diputado Landero.

-EL DIP. JOSE FRANCISCO LANDERO GUTIERREZ: Decía yo también, que en este país, no se les permite o no hay las oportunidades para que las personas se dediquen a la profesión que eligieron. En cambio por ejemplo, tenemos que en nuestro país y en muchos otros, podemos venir aquí a expresar libremente nuestras opiniones; allá en Cuba los parlamentarios pertenecen o los hacen pertenecer a una misma visión, a un mismo régimen, no hay la libertad de expresión.

También quiero dejar claro de una vez por todas, porque aquí se dijo una postura que no es la correcta. El gobierno del Presidente Fox, nunca en ningún momento avaló la invasión a Irak, como se mencionó; el gobierno del Presidente Fox condena el bloqueo que realiza el gobierno de Estados Unidos a la isla de Cuba, porque sabemos y estamos seguros que va también en contra del pueblo cubano.

Sin embargo, en el tema de los derechos humanos es muy claro que no hay fronteras. Los falsos argumentos que aquí se dicen de la soberanía y la abstención, no tienen en ningún momento ninguna fundamentación. Para el tema de los derechos humanos y la dignidad de la persona, no hay fronteras, no hay países, no hay gobiernos.

Por ello, el Gobierno del Presidente Fox y el grupo parlamentario de Acción Nacional estamos firmes en la convicción de que se debe realizar una condena, no al pueblo cubano sino a favor de lo derechos humanos, como se está proponiendo en Ginebra que se realice.

También se mencionaba aquí que Cuba y sus habitantes son de los pueblos que tienen mayor vida, se decía aquí que 74 años puede vivir gracias a las condiciones de salud. Pero yo les pregunto, señores legisladores: ¿para qué, para qué queremos 74 años de vida?, ¿para vivirlos en la cárcel, condenados por expresar las ideas, o para sobrevivir en mucha de la miseria en que vive el pueblo cubano por las políticas del Gobierno de Castro? ¿Para eso queremos 74 años de vida, para no poder tener la libertad en el propio país? No, señores, para empezar y hablar, antes de hablar de salud, de educación, de los logros del Gobierno Cubano, primero tenemos que hablar de la dignidad de la persona y de su libertad.

Señores legisladores: Les pido que seamos responsables y congruentes. Señores, no más tibiezas, no a la abstención que promueve el voto, a ver qué nos vamos, a qué sucede. Señores, en cuestión de derechos humanos no hay tibieza; hay firmeza, por eso les pido a todos que aprobemos un punto de acuerdo, pero un punto de acuerdo en donde se condene precisamente esta situación de los derechos humanos en la isla.

Señoras y señores legisladores: Primero haré la pregunta de si está suficientemente discutido, en los términos del artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior, que indica que en asuntos que sean económicos de cada Cámara, bastará que hablen tres en cada sentido, a no ser que ésta acuerde ampliar el debate.

Si la Cámara acuerda ampliar el debate, tomaré debido registro. Si se me pide la palabra para hechos o para alusiones personales, la concederé después de la votación.

Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.

LA SECRETARIA, DIP. AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno de México se abstenga de votar en contra de una resolución en materia de derechos humanos en Cuba.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

EL PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría, para que reciba en votación nominal la decisión de la asamblea de si se encuentra suficientemente discutido y se abra el sistema electrónico por 2 minutos.

LA MISMA SECRETARIA: Se solicita se abra el sistema electrónico, por el artículo 161 del Reglamento.

EL PRESIDENTE: En virtud de que la Secretaría me informa que hay un grupo numeroso de diputados que no han emitido todavía su voto, le solicite que se instruya para que permanezca abierto el registro electrónico por dos minutos más.

Me dicen que no se es posible técnicamente, entonces le ruego que tome de viva voz a los que no han votado.

LA MISMA C. SECRETARIA.- El diputado Sherman, digo, el diputado Schmal, perdón. ¿No? Ah, okey.

El diputado Omar Bazán. El diputado Omar Bazán, ¿es a favor o en contra? En contra.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA AMALYN YABUER ELIAS.- El diputado José Luis Naranjo.

EL C. DIPUTADO JAVIER MANZANO SALAZAR.- Javier, soy Javier Manzano. En contra.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputada. No se considera suficientemente discutido, de tal manera que la presidencia informa que hay un segundo registro de oradores, como nada más pueden hablar tres a favor de cada postura, daré lectura en el orden en que fueron registrados:

En el orden en que fueron registrados, daré el uso de la palabra a tres de cada una de las posturas y luego preguntaré a la Asamblea si está suficientemente discutido.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez en contra.

-EL C. DIPUTADO FERNANDO GUZMAN PEREZ PELAEZ: Con su venia diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. No hay duda alguna de que la amistad del pueblo de México con Cuba ha sido trascendente en nuestra identidad como país, nosotros fuimos los primeros, los primeros en reconocer el triunfo de Fidel Castro y la revolución cubana en el año de 1959, y hemos sido los únicos en Latinoamérica que no hemos roto relaciones con ellos, es por eso que hoy nos seguimos congratulando de tener relaciones bilaterales con el pueblo cubano, no sólo por su cercanía geográfica sino sobre todo por su cultura, su alto nivel educativo y su preocupación por los adelantos científicos y tecnológicos a pesar de las carencias con las que a veces se enfrentan.

Pero también nos entristece ver cómo su gobierno, el gobierno de Fidel Castro, no acepta que el sistema internacional ha cambiado y se ha comprometido antes que nada, antes que el desarrollo, antes que la ciencia, antes que los avances tecnológicos, con el respeto absoluto, firme, claro, a los derechos humanos. No puede haber avances científicos, salud, educación, construida a costa de la sangre del pueblo de Cuba.

Compañeros legisladores: El mundo global que hoy vivimos en este tercer milenio obliga a las naciones a un firme compromiso con los derechos humanos.

Actualmente en Cuba existen 400 prisioneros político de los que no se tiene información respecto de su situación. Estos prisioneros políticos cubanos cumplen largas condenas simplemente porque no se ha respetado el derecho esencial a la manifestación de sus ideas y a disentir. Esto no es posible que se dé sin el repudio de las naciones.

En marzo de este año 75 activistas fueron detenidos, juzgados y condenados a condenas de prisión de hasta 28 años por promover y defender el respeto a los derechos humanos. Nuestros conciudadanos de distintas generaciones han comentado en forma de chiste, puesto que el pueblo de México es alegre, que Cuba es el país más grande del mundo porque tiene su territorio en La Habana, su población en Miami y su gobierno en Moscú.

Ha acabado ya el periodo de la polarización y de la guerra fría. Pero debe ser desterrado de todo pueblo y de toda nación, la violación sistemática a los derechos humanos. Por ello no es posible votar a favor de un punto de acuerdo que sea por la abstención.

En materia de derechos humanos nuestra nación, nuestro gobierno debe estar en forma irrestricta a favor de los derechos humanos y por condenar las violaciones sistemáticas a los mismos. Esa es la posición que asumirá Acción Nacional y su grupo parlamentario. Nada por encima de los derechos humanos. Esto es el compromiso que llevaremos en nuestro voto.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro del Punto de Acuerdo el señor diputado don Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia.

-DIP. JAIME MIGUEL MORENO GRAVILLA: No se trata de advertir un debate sobre la consistencia y teleología de los derechos humanos; se trata simplemente de ver quién tiene la autoridad moral para hablar de ellos. Y antes que eso, si se vislumbra un compromiso para ir en pos de los derechos humanos, habrá que recordar que aquí, implicando un juramento que advierte un impacto a la conciencia, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Es un juramento, no es un buen deseo expedido en un acto protocolario. La Constitución ordena –y lo hace para el Ejecutivo federal, para el presidente de la República, en la fracción X del artículo 89—apegarse a los principios inveterados de la Doctrina Estrada, que es lo que le ha dado respetabilidad a nuestro país frente al concierto de las naciones.

Y esto implica, señores y señores –vea el que tenga ojos abiertos para ver y escuche el que tenga oídos abiertos para escuchar—esto implica el que se diriman por la vía pacífica y por las instancias jurídicas los conflictos entre las naciones.

Esto implica el respeto a la libre determinación de los pueblos. Esto implica tener la facultad moral de mirar a otras latitudes cuando se tiene el problema resuelto en casa. Esto implica no olvidar que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace unos días acaba de venir a dar cuenta a esta honorable Cámara de que desde su creación a la fecha hay más de 90 mil quejas en relación a violación con los derechos humanos.

Tenemos en México –y ahí va la pregunta con respeto al presidente de la República, a todos los integrantes del Congreso de la Unión, a los integrantes del órgano jurisdiccional en sus tres niveles-- ¿hay facultad moral en México para ir a exportar nuestras doctrinas sobre derechos humanos a otras latitudes?

¿No hay 50 millones de seres humanos que se debaten hoy en nuestro territorio ante el dilema de si comen o no comen al día siguiente?

EL C. PRESIDENTE: Un momento, señor diputado don Jaime Miguel, suspéndase el marcaje de tiempo.

EL C. DIPUTADO JUAN MOLINAR: (Desde la curul) Hacerle una pregunta al señor diputado, si es que él me la acepta.

EL C. DIPUTADO JAIME MIGUEL MORENO GARAVITO: Pero con enorme gusto, diputado.

EL C. DIPUTADO JUAN MOLINAR: Es muy simple mi pregunta, señor diputado Moreno Garavilla. Usted ha señalado que hay varios miles de quejas sobre derechos humanos siendo procesadas en México por la Comisión de Derechos Humanos. Habría que sumar también las comisiones estatales de derechos humanos y seguramente la cifra que usted indica sería mayor.

¿Puede usted decirme cuántas comisiones independientes del Estado en Cuba y del gobierno en Cuba existen? ¿Cuántas quejas de derechos humanos sobre violaciones de derechos humanos han procesado las instancias protectoras de los derechos humanos en Cuba? Y qué señalan los informes de visitadores de derechos humanos que hayan podido visitar Cuba, si es que lo han hecho. Muchas gracias.

EL C. DIPUTADO JAIME MIGUEL MORENO GARAVITO: Voy a dar respuesta, diputado, a su planteamiento. Mire usted, no sé cuántas haya en Cuba, no lo sé, no lo sé, diputado. Con esto contesto con honestidad intelectual a su pregunta.

EL C. DIPUTADO JAIME MIGUEL MORENO GARAVITO: La facultad moral es determinar si el hambre, si la miseria o la ignorancia no son tres proyectiles, a manera de darnos ardientes, a la conciencia de nuestro pueblo.

Eso no cuenta. Lo único que cuenta es estar mirando lo que hacen bien o mal los de afuera. Y qué hacemos nosotros. ¿Tenemos facultad moral para plantearnos en un organismo internacional como las Naciones Unidas, colocándonos en una posición a favor del unilateralismo exacerbado que denigra al andamiaje internacional en materia jurídica?

A propósito de este unilateralismo exacerbado, si Hobbes volviera a nacer, se volvería a morir del espanto.

No es posible, compañeras y compañeros, como lo dijimos alguna vez en esta tribuna, apuntar con el índice tratando de denunciar a los demás y olvidando que tres flamígeros apuntan hacia nuestra propia esencia.

Ese voto de México por respeto, por elemental respeto, por honestidad intelectual, tiene que ser en abstención, en el mejor de los casos, porque de otra manera no sólo rompemos la Doctrina Estrada, rompemos la rectitud de la conciencia. Y señoras y señores, la rectitud de la conciencia forma parte del patrimonio del alma y el patrimonio del alma ni se vende ni se alquila.

- EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, la diputada doña Blanca Judith Díaz Delgado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

- LA C. DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas; compañeros diputados: Vamos precisando el tema. Este es un asunto elemental de derechos humanos pero también de libertades. No es contra un pueblo, al contrario, es por solidaridad con el pueblo cubano que señalamos que no podemos guardar silencio frente a un régimen que viola constantemente elementales derechos humanos.

¿Cómo cuáles? Libertad de expresión, de reunión, de credo, de ejercicio libre de la profesión, de tránsito, de voto...

Por otro lado, compañeros, el desarrollo de un país no puede medirse única y exclusivamente por el dato de años de esperanza de vida, sino también por su calidad de vida.

¿Cómo viven los cubanos? ¿Con libertad o en la opresión? Y ¿qué de los presos políticos, de los ciudadanos, de esos seres humanos que buscando la libertad pierden la vida en el camino?

Por último, quisiera precisar que si tenemos autoridad moral para hablar de los temas de los derechos humanos, sí tenemos autoridad moral porque en este país, aunque los derechos humanos se violen, hemos sido abiertos para que tengamos visitadores y hemos sido además quienes impulsamos esas visitas de visitadores externos para que revisen nuestros procesos en derechos humanos. Además hemos ido en conjunto trabajando para que se crean precisamente estas organizaciones tanto las que están dentro de nuestro marco legal como aquellas autónomas en materia de derechos humanos.

Pero también quisiera hablar del procedimiento. Cómo es que estamos pidiendo o queremos exhortar al gobierno de México que se abstenga de votar algo en donde ni siquiera conocemos la propuesta. ¿o es que ya la conocen? ¿En dónde está el dictamen? ¡Conozcámoslo!

Pero lo que sí quiero dejar muy claro es que la libertad del pueblo cubano, de aquellos seres humanos que habitan en la isla de Cuba, está por encima de todos los discursos que vengamos aquí a exponer. Y que el Partido Acción Nacional luchará siempre por los derechos humanos de ese pueblo y de cualquier otro. Muchas gracias.

Se instruye a la Secretaría para que consulte a la asamblea si el tema está suficientemente discutido.

- LA C. SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS. En votación económica se pregunta...

- EL C. DIP. WINTILO VEGA: Señor Presidente: Puso a votación usted si estaba suficientemente discutido...

- EL C. DIP. WINTILO VEGA: Bajo la premisa de que hablarían tres oradores a favor y tres en contra. Cosa que no se ha terminado la ronda...

- EL C. DIPUTADO WINTILO VEGA MURILLO (PRI. Desde su curul): ...cuando termine la ronda, entonces sí estaría la disposición para preguntar si está suficientemente discutido.

- EL C. PRESIDENTE: No es así. La Presidencia ha sido muy liberal otorgando el uso de la palabra y debió con un solo orador haber repetido la pregunta. Le voy a citar lo que dice el artículo 115: "Cuando hubieren hablado todos los individuos que puedan hacer uso de la palabra el Presidente mandará preguntar si el asunto está o no suficientemente discutido. En el primer caso se procederá inmediatamente a la votación, en el segundo continuará la discusión, pero bastara que hable uno en pro y otro en contra para que se pueda repetir la pregunta".

La Presidencia se ha excedido y permitió hablar dos y dos. La pregunta se debió haber repetido con uno solo, pero no se preocupe la asamblea es la que decide.

Se instruye a la Secretaría consulte a la asamblea si está suficientemente discutido el tema.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMALIN YABUR ELÍAS (PRI): En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, se concede el uso de la palabra para hablar en contra al señor diputado don Germán Martínez Cázares, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

- EL C. DIPUTADO GERMAN MARTÍNEZ CÁZARES (PAN): Con su permiso, señor Presidente.

Acción Nacional viene a esta tribuna a solidarizarse, una vez más, con cada una de las ciudadanas cubanas y de los ciudadanos cubanos, como lo hizo Guadalupe Victoria en la primera mitad del siglo XIX y se solidarizó a Félix Varela para que Cuba lograra también, como lo habíamos logrado nosotros, la independencia del pueblo y del gobierno español.

Frente a la barbarie del terrorismo, frente a la barbarie del mercado, lo único que le queda a un pueblo que cree en la democracia, en la libertad y en su dignidad, es apostar por el orden y el derecho internacionales. Lo único que nos queda frente al imperio de los Estados Unidos es apostar justamente por el orden internacional y eso es lo que hoy viene a hacer congruente con su historia el Partido Acción Nacional.

- EL C. DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ (PRD. Desde su curul y sin micrófono): ¡Presidente!

- EL C. PRESIDENTE: Un momentito, don Germán. Suspéndase el marcaje de tiempo.

- EL C. DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ (PRD. Desde su curul): Si es tan amable de preguntarle al orador si me permite hacerle una pregunta.

- EL C. DIPUTADO GERMAN SERRANO JIMÉNEZ (PRD. Desde su curul): Diputado: Se ve que usted conoce Cuba, ha de haber visitado Cuba. Yo le pregunto: ¿Está usted de acuerdo con el criminal bloqueo que tiene Cuba desde hace años? Es la pregunta.

- EL C. DIPUTADO GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES (PAN): Sí, don Emilio, con todo gusto. Por supuesto, categóricamente, sin titubeos, sin duda, estamos en contra del bloqueo de Cuba. No hay duda. ¡Acción Nacional está en contra del bloqueo en Cuba! Por una razón: Porque cree en la mundialización, don Emilio. La mundialización...

- EL C. DIPUTADO GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES (PAN): La mundialización para nosotros, Diputado, es globalizar los valores fundamentales del hombre como los derechos humanos y la responsabilidad solidaria. ¡No creemos que los valores del hombre, no creemos que la responsabilidad solidaria tenga excepciones, por eso no creemos en el bloqueo comercial, pero tampoco creemos en el bloqueo al respeto a los derechos humanos que el propio régimen cubano le hace a sus propios ciudadanos.

¡En congruencia, porque estamos a favor de la mundialización, porque queremos derribar las fronteras también para el respeto a los derechos humanos y a la democracia en todos los países del planeta, estamos en contra de ese bloqueo, de ese embargo, de esa hipoteca que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de Cuba, de sus derechos humanos!

-DIP. EMILIO SERRANO JIMÉNEZ (desde la curul): No me contestó diputado si conoce Cuba, si ha visitado Cuba.

-DIP. EMILIO SERRANO JIMÉNEZ (desde la curul): Sí, perdón Presidente, si me permite hacerle otra pregunta el orador.

-DIP. EMILIO SERRANO JIMÉNEZ (desde la curul): No me contestó si conoce Cuba, si ha visitado Cuba y se ha dado cuenta de que en Cuba no hay desempleo, no hay comercio en vía pública, que la educación es gratuita, que el servicio médico es gratuito y no sé si se habrá dado cuenta diputado, que el pueblo de Cuba vive mejor que el pueblo de México. Es la pregunta que le hago.

-DIP. GERMAN MARTINEZ CÁZARES: Sí conozco Cuba, sí he visitado Cuba y lamento que la Cruz Roja Internacional no pueda visitar Cuba ni las cárceles cubanas para verificar, es el único país de la tierra y no necesitamos conocerlo, en el que la Cruz Roja Internacional no puede visitar las cárceles de Cuba, eso debe ser condenable.

¡No debe admitirse, señor Pablo Gómez, lo interpelo para que venga aquí a esta tribuna por alusiones personales, a que venga a fijar su posición!

-DIP. GERMAN MARTINEZ CÁZARES: ¡No hay un Poder Judicial independiente, hay una televisión única! ¡Desde enero pasado está prohibido el Internet! ¡El tema es la violación a los derechos humanos, no hay libertad de asociación, no hay libertad de reunión, no hay libertad de manifestación, no hay libertad de opinión, hay problemas para la libertad de credo de cualquier religión, no hay libertad de tránsito, no hay derechos políticos para votar y ser votado! ¡Eso es una locura, eso se llama despotismo, eso es dictadura aquí, en China y en Cuba!

-DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ (desde la curul): ¿Procede responder alusiones o no?

-PRESIDENTE: No don Pablo. Al término de la votación con todo gusto por los precedentes, le doy el uso de la palabra,

-DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ (desde la curul): No le estoy solicitando la palabra, nada más le hice una pregunta.

-DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ (desde la curul): No estoy en la lista. Bórreme de la lista.

-DIP. RENE ARCE ISLAS.- Compañeras y compañeros diputados: La peor manera de discutir el asunto de Cuba es cayendo en maniqueísmos. No puede haber aquí quienes desconozcan o traten de desconocer que el régimen político cubano es un régimen político alejado de las prácticas democráticas que los países occidentales y que muchos de los países quisiéramos ver en Cuba.

Por supuesto que también en Cuba hay violaciones a los derechos elementales de los seres humanos, por supuesto que también en Cuba hay problemas delicados en cuanto a libertades como la expresión y el derecho a poder elegir a sus gobernantes y en un determinado momento, también a través del voto, poderlos hacer a un lado.

Eso nadie lo puede ocultar porque es una verdad conocida, discutida, analizada en foros internacionales, nacionales y en una gran cantidad de artículos de analistas de todo tipo.

Sin embargo, esto que sucede e Cuba y que sucede en una gran cantidad de países del mundo todavía, debe de ser e motivo para irnos al otro extremo y dejar de reconocer que Cuba también está atravesando por un severo problema de bloqueo y que la mejor manera de no ayudar a que eso siga sucediendo, es precisamente no prestándonos a los ejercicios que atentan en contra del crecimiento y desarrollo de un pueblo como el cubano.

No es precisamente haciendo condenas contra ese pueblo, no es precisamente haciendo bloqueos contra ese pueblo, no es precisamente tomando ese tipo de posturas como podemos ayudar al desarrollo de la democracia y de os derechos humanos en esa Isla y para nadie es desconocido lo que significa para los gobernantes de Estados Unidos también jugar en este asunto, no olvidemos que una elección presidencial en los Estados Unidos se decidió precisamente por el voto de la gente de Miami, de los grupos más ultra derechistas que a través de la violencia incluso han querido cambiar el régimen político en Cuba.

No podemos dejar de desconocer que ha habido una sistemática agresión a este pueblo y entonces ¿cuál debe de ser la postura de nuestro Gobierno? ¿caer en esa simulación supuesta de apoyar la democracia y los derechos humanos en Cuba cuando una nación se ha encargado de ir a Irak y hacer lo que ha hecho y lo que está haciendo en otros países y estar de acuerdo con ellos y votar con ellos?

O en todo caso, lo que valdría la pena es que este Gobierno se abstuviera de apoyar este tipo de intentos que sí han golpeado la soberanía de esa nación, pero no ocultar de ninguna manera tampoco lo que sucede ahí, no se trata de ocultarlo porque ese es el maniqueísmo en el que no debemos de caer quienes estamos a favor de la democracia y del respeto a los derechos humanos porque si no, de lo contrario, a esta tribuna traeremos cada vez y así lo consideremos, resoluciones condenatorias algunos países , entonces algunos dirán, no, porque vamos a tener severos problemas con esos países si los condenamos por invadir o por hacer una serie de acciones en contra de otros países

¿Y es a lo que queremos entrarle aquí, compañeras y compañeros?, yo creo que no, creo que la postura de nuestro país tiene que ser una postura digna, una postura de ver a los intereses de grupos ultra derechistas que sí han querido golpear al pueblo cubano y a la soberanía cubana pero tampoco caer en el maniqueismo de defender a ultranza lo que sucede en ese país , creo que esa es la postura digna y por eso creo que hay que apoyar ese planteamiento de los compañeros de Convergencia, porque no están planteando aquí el apoyo al régimen cubano, están planteando una postura digna para el Gobierno de México.

-EL C. PRESIDENTE. Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Francisco Javier Guízar Macías, a quien le tocaba el turno después de la Diputada Blanca Judith Díaz Delgado y por inadvertencia de la Presidencia, por lo que se le da una disculpa de parte de la Presidencia, no se le mencionó. Adelante, Diputada.

-EL C. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER GUIZAR MACIAS.-Con su permiso señor Presidente.

-EL C. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER GUIZAR MACIAS. Con su permiso señor Presidente y acepto sus disculpas.

El falso dilema que ustedes proponen compañeros Diputados de Acción Nacional es un intervencionismo camuflageado que con el pretexto de los derechos humanos busca ser comparsa de una nación vecina de nuestro país que ha estado bloqueando durante casi 42 años a un pueblo que no merece eso. Muchos jóvenes cubanos, muchos niños cubanos tienen precisamente problemas por este bloqueo.

Yo les pregunto a ustedes ¿este bloqueo no será en contra de los derechos humanos? ¿Este bloqueo que el Gobierno de México también ha defendido –el actual, el del 2000 para acá- no será este bloqueo… no estará en contra de todos los derechos humanos? Yo les pregunto a la bancada de Acción Nacional: ustedes defienden los derechos humanos, luchan por los derechos humanos, ¿por qué no lucharon por los derechos humanos de las muertas de Juárez cuando su coordinador era gobernador?… (aplausos)

Aludo al coordinador de la bancada panista y también a mi compañero diputado de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, porque también ¿que acaso fue a defender los derechos humanos cuando a Maximiano Barbosa, líder de El Barzón se le golpeó indiscriminadamente cuando usted era Secretario General de Gobierno?… (interrupción)

- EL C. PRESIDENTE: Ruego al señor diputado en uso de la palabra, se concrete al tema. Adelante diputado, continúe.

- EL C. DIP. FRANCISCO JAVIER GUIZAR MACIAS: Yo quiero invitarlos compañeros diputados de Acción Nacional a que recuerden los principios de política exterior de nuestro país; a que aquí mismo en este Recinto, vean en este extremo una institución como El Heroico Colegio Militar y en el otro extremo, a La Heroica Escuela Naval Militar, dos instituciones –compañeros diputados- dos instituciones que nos recuerdan el intervencionismo… (interrupción)…

- EL C. PRESIDENTE: Un momento diputado. Don Fernando Guzmán, sonido en la curul de don Fernando Guzmán Pérez Peláez. ¿Con qué objeto, don Fernando?

- EL C. DIP. FERNANDO GUZMAN PEREZ PELAEZ: (desde su curul) De preguntarle al diputado Guizar si acepta una pregunta.

- EL C. DIP. FRANCISCO JAVIER GUIZAR MACIAS: Las que usted guste, señor diputado.

- EL C. DIP. FERNANDO GUZMAN PEREZ PELAEZ: (desde su curul) Y recordarle que precisamente cuando la Cumbre, en Guadalajara, y el señor Castro Ruz estuvo ahí presente, yo como ciudadano junto con varias centenas, nos apostamos al paso de la caravana de este señor Castro Ruz para manifestar desde ahí el repudio, el repudio a la conducta violatoria a los derechos humanos del dictador Castro Ruz.

- EL C. DIP. FERNANDO GUZMAN PEREZ PELAEZ: (desde su curul) Y la pregunta es para el diputado Guizar, si le parece conveniente el mantenerse en abstención como seguramente le gustaría también al gobernador del Estado de México que mete a la cárcel a las personas que lo increpan en la vía pública en un derecho de crítica. (desorden en el salón)...

- EL C. DIP. FRANCISCO JAVIER GUIZAR MACIAS: No me gustaría mantenerme en abstención porque yo sí tengo mis principios de política internacional bien fundamentados y mi bancada también.

- EL C. DIP. FRANCISCO JAVIER GUIZAR MACIAS: Yo los invitaría a que recordaran, compañeros, a estas dos instituciones que fueron objeto de intervención en nuestro país y que defendieron a nuestro país. Yo les invitaría a que leyeran un poquito más arriba pero, perdón, ahorita recuerdo que ustedes sacaron a Juárez de Los Pinos pero aquí lo tenemos todavía nosotros… (aplausos)

"Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz" Dejemos en paz al pueblo cubano y ayudémosles a quitar este bloqueo infernal que tienen desde hace 42 años. (aplausos)

-EL PRESIDENTE: Gracias diputado.Se instruye a la Secretaría consulte a la asamblea si el tema ha sido suficientemente discutido.

-LA DIP. SECRETARIA AMALIN YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

-EL PRESIDENTE: Gracias Secretaria. Antes de recabar la votación, esta Presidencia hace un planteamiento al grupo de Convergencia: si no tiene inconveniente en una corrección al punto único del acuerdo. El acuerdo como está planteado dice: " La LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión". Nosotros no constituimos, como Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión. La corrección sería: La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. De acuerdo.

En esos términos, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

-LA MISMA SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

En virtud de que ha transcurrido con exceso el tiempo correspondiente a la presente sesión, se instruye a la Secretaría dé lectura al orden del día de la próxima sesión, la cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.

-LA SECRETARIA DIP. MARIA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Con todo gusto, señor Presidente.

-EL PRESIDENTE: Gracias Secretaria. La última votación servirá de base para el registro de asistencia.

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 1° de abril a las diez horas. (16: 57 p.m.) Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a las 8:30 horas.