Comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
11 DE
FEBRERO DE 2004
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN. Toca la campanilla y dice): Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO MANUEL CAMACHO SOLIS (PRD):
(Pasa lista de asistencia)
Hay una asistencia de 32 legisladores.
Hay quórum, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE (A las 11:25 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se ha distribuido entre los ciudadanos legisladores.
- EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
- EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
- EL MISMO C. SECRETARIO: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Aprobada el acta.
Para el siguiente punto de la orden del día que es la comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el pleno de esta Comisión Permanente, se designa en comisión para recibir al Doctor José Luis Soberanes Fernández a los siguientes ciudadanos legisladores:
Senador Miguel Sadot Sánchez Carreño,
Senador don Jorge Zermeño Infante,
Diputada doña Eliana García Laguna,
Diputado don Luis Antonio González Roldán,
Diputado don Pedro Vázquez González, y
Diputado don Jesús Martínez Alvarez.
Se ruega a la comisión cumpla su cometido.
(La comisión cumple su cometido)
Se encuentra entre nosotros el señor Doctor don José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para presentar el Informe de Actividades correspondiente al año 2003.
Tiene el uso de la palabra el Doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
-DR. JOSE LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Señor diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión; señoras y señores Legisladores federales; señoras y señores integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; señoras y señores representantes de ONG’s; señoras y señores:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102 Apartado B de nuestra Carta Magna, comparezco hoy ante esta soberanía, para informar sobre las actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos correspondiente al año 2003.
La sociedad nacional, aún con sus contradicciones, avances y retrocesos, mostró en este lapso que la preocupación por los derechos fundamentales siguió abriéndose paso hasta convertirse en uno de los temas fundamentales en el país.
Con la perspectiva que da el tiempo hoy podemos ver cómo la lucha por la vigencia de los derechos humanos fortalece la vida democrática y cómo sus alcances han repercutido en una creciente conciencia, individual y colectiva, que juzga inadmisible la violación o incluso la negligencia en relación con el cumplimiento de los derechos básicos de las personas que habitan este país.
Hemos avanzado en una cultura y observancia de los derechos civiles y políticos que garantizan las libertades, incluso en aquellos que reafirman el derecho a la diferencia y el respeto esencial de la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración. Sin embargo aún son precarios los resultados en la realización de los derechos económicos y sociales, cuya satisfacción y ejercicio representan la única vía para erradicar el enorme abismo de desigualdades que operan en este momento en nuestra patria.
La desigualdad y la inequidad atañen directamente a la gobernabilidad democrática, toda vez que con su aumento crecen los riesgos de la ingobernabilidad.
La experiencia ciudadana de un gobierno democráticamente electo tendría per se una capacidad superior para responder pronta y eficazmente a los problemas de la vida social, particularmente con la disminución de la pobreza, la reducción del desempleo y la lucha contra la desigualdad como obstáculos al desarrollo; no se han concretado todavía y parece depender por una parte del curso que tomen la economía, la política fiscal y el empleo en estos próximos años y, por otra, de una voluntad para lograr la puesta en marcha de políticas públicas más equitativas.
Pensamos que aún es posible cumplir con estas esperanzas ciudadanas si reconocemos que se trata de exigir derechos y asumir responsabilidades. El Estado social, para hacerlo en verdad, debe de atender sus obligaciones con la sociedad. No creo que pueda prescindirse por lo mismo de un Estado solidario en una sociedad como la nuestra, aún con tantas desigualdades.
Junto con el fortalecimiento del Estado legal, que es capaz de dar orden a la sociedad y brindarle seguridad, la reforma del Estado democrático de derecho requiere responsabilidades objetivas de éste con el desarrollo. En ninguno de estos ámbitos centrales hemos encontrado todavía respuestas suficientes.
Un ejemplo de esta situación es el aumento en el número y en la gravedad de las quejas por deficiencia en la prestación de los servicios institucionales de salud pública. En este ámbito, al igual que en otros servicios en los que también se advierte demérito en su calidad, es indispensable encontrar respuestas de fondo y de largo plazo, a partir de una visión integral del financiamiento de la salud, que permita revertir los aspectos materiales de ese deterioro.
A partir de la experiencia del 2003, al atender quejas interpuestas ante el órgano constitucional que represento, reiteramos que el sistema de justicia demanda con urgencia una reforma integral que considere tanto los aspectos técnicos, punitivos y procesales, como la protección que el Estado debe a las víctimas del delito.
Aún observamos resistencia en los servidores públicos para reconocer plenamente el papel fundamental que corresponde a las víctimas en el drama penal. La indiferencia ante los derechos de las víctimas o la inacción para lograr la cabal restitución de estos puede agravar la pérdida de confianza en la procuración y en la administración de la Justicia.
Con la reforma de la justicia se requiere también una reforma a la seguridad que permita a los ciudadanos recuperar la tranquilidad y la confianza en los cuerpos policíacos. La inseguridad, la corrupción y la impunidad siguen siendo graves atentados a los derechos humanos básicos y factores perturbadores que atentan contra la viabilidad de cualquier proyecto de nación justa, equitativa y democrática.
En el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, es un extremo del punto al que puede llegar la violación de los derechos de las víctimas y del difícil tránsito que las acciones del Estado debe recorrer para poder superar esa vergüenza nacional hasta lograr que se haga justicia.
Otra situación extrema es la frecuencia de los casos de linchamiento entre particulares que se diluye la presencia del Estado en aras de inadmisibles visiones que como lo hemos dicho, representa la negación de la justicia y el triunfo de la venganza; de la mal llamada justicia popular en donde se anula la legalidad y el estado de derecho.
Los usos y costumbres de los pueblos indígenas son uno de los componentes fundamentales de su identidad y prácticas culturales. Esta Comisión Nacional considera sin embargo, que si las prácticas de algunas comunidades violentan la dignidad humana de alguno de sus integrantes, la prioridad es proteger los derechos humanos de la población, tal y como lo dispone nuestra Constitución Política y los instrumentos internacionales en la materia.
Otro de los focos rojos que reclaman la atención inmediata y sistemática, son las violaciones de derechos fundamentales de los migrantes. Las normas internacionales suscritas por México en esta materia se desconocen e incumplen con demasiada frecuencia por los representantes de la autoridad. La verificación de violaciones contra personas de este grupo vulnerable es compleja, sin embargo esta Comisión Nacional abrió en 2003, oficinas en atención a migrantes en Villahermosa, en Ciudad Juárez, en Nogales y en Tijuana y cuenta ahora con oficinas móviles en algunas de las regiones fronterizas más conflictivas del país para salvaguardar el cumplimiento de los derechos de este grupo.
En general, resulta indispensable continuar la difusión del respeto a los derechos humanos entre los servidores públicos en contacto con la problemática migratoria; velar por la estricta aplicación de las leyes laborales dentro y fuera del país; establecer una mayor comunicación con los consulados y con organismos que brindan apoyo a los migrantes, así como idear mecanismos efectivos que promuevan sus derechos adecuando nuestro marco legal a las disposiciones internacionales de esta materia.
Estoy convencido de que el gobierno de nuestro país tiene la autoridad moral y los argumentos para exigir un trato digno a los mexicanos en Estados Unidos. Esta autoridad moral se fortalece sobre la base del respeto a los derechos de los migrantes centro y sudamericanos que llegan a nuestro país.
Preocupa a la CNDH la situación detectada en los campos agrícolas del noreste del país. En visitas de trabajo hemos constatado las precarias condiciones en que se encuentran los jornaleros, en especial los menores de edad, que trabajan períodos excesivos, reciben pagos inferiores al mínimo legal y no tienen servicios educativos ni de salud.
Tema fundamental tanto de la agenda nacional como de la CNDH es el de los derechos de nuestros pueblos indígenas. La construcción del estado democrático que a todos nos compromete y la sociedad solidaria a la que aspiramos los mexicanos no serán plenos si no se fincan al mismo tiempo sobre bases sólidas para el desarrollo económico, político y cultural de los pueblos y comunidades indígenas garantizando el cabal disfrute de sus derechos y entre estos el de participar y ser consultados en el diseño de políticas públicas que les afecte.
Debemos reconocer que los problemas de desigualdad, rezago y discriminación que históricamente han afectado a este grupo vulnerable aún persisten y que las comunidades indígenas se encuentran entre las de mayor pobreza y marginalidad; por ello resulta impostergable la materialización de normas que hagan posible poner en práctica los derechos establecidos en esta materia por el Constituyente Permanente en el año 2001.
Es imprescindible que la atención gubernamental a los conflictos intra o intercomunitarios con incidencia de factores agrarios, eje atrás su carácter reactivo y adquiera un enfoque programático y una mejor base presupuestaria en el gasto público. El flagelo de la discriminación tiene sus raíces en un problema estructural que debe de ser atacado desde una perspectiva de igual naturaleza.
Las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes viven con el VIH SIDA, son otros de los grupos vulnerables sujetos a menudo a actos discriminatorios, tanto en la esfera laboral como en materia de salud y educación entre muchos otros. En este sentido, durante el 2003 la CNDH incrementó sus actividades encaminadas a promover y difundir los derechos de los grupos vulnerables y durante el presente año se propone mantener esa atención.
En materia de salud, durante el año 2003 se mantuvo al alza la incidencia de quejas por la deficiente atención en las instituciones públicas del Ramo, principalmente el Seguro Social y el ISSSTE; escasez de medicamentos, insuficiencia de equipo, la negligencia en la atención y en general la inadecuada prestación de los servicios de salud. En este renglón, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ocupó el cuarto lugar entre las autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violaciones a derechos y a él se dirigieron 10 de las 56 recomendaciones emitidas por el Ombudsman nacional en el año que se informa.
Es clara la tendencia al ascenso, tanto en el número como en la gravedad de los hechos enunciados. Contra autoridades del Sector Salud en el año 2000, se presentaron 470 quejas, que representaba el 12% del total, mientras que en el año 2003 el aumento de quejas ascendió a 589, es decir, el 16.65% del total. Asimismo en el año 2000, la CNDH emitió tres recomendaciones por violaciones a derechos humanos en este sector, mientras que en este año fueron ya 14.
Los mexicanos mantenemos la esperanza de que éste sea el año en que logremos todos, legisladores, autoridades, agrupaciones civiles y organismos públicos de defensa y protección, dar forma definitiva a un programa nacional, abierto y omnicomprensivo de los derechos humanos en el Estado Mexicano, que refleje su interdependencia e integralidad y estéenfocado al mismo tiempo, a enfrentar problemas concretos con medidas estructurales de fondo que impidan que se continué violentado los derechos fundamentales.
Es tiempo de que la preponderancia moral lograda por los derechos humanos se concrete ahora en políticas públicas y en conductas sociales. Un programa nacional en este campo debe ser capaz de dar respuesta a las carencias y necesidades detectas y señalar tiempos, acciones y recursos para enfrentar cada uno de estos apremios. En este sentido, cabe destacar el avance de las medidas de coordinación intergubernamental, encabezadas por la Secretaría de Gobernación.
Por otro parte, consideramos grave la falta de veracidad de los informes que algunas autoridades responsables, pretendiendo justificar su actuación, ntregan a la CNDH, lo que se traduce en un entorpecimiento de nuestra labor y peor aún,muestra de desprecio que aún tienen algunas autoridades por los derechos humanos. La recurrencia de esta práctica plantea la necesidad de establecer medidas legales, efectivas para corregirla y evitar su repetición.
Observamos también con preocupación la persistencia de casos relativos al inicio de procedimientos administrativo y de averiguaciones previas, en virtud de violaciones a derechos humanos que no culminan en una sanción, a pesar de estar claramente acreditada la falta o que conducen a sanciones mínimas en la que se evade dar vista correspondiente al Ministerio Público, no obstante que pueda haber delito que perseguir, sin que exista la posibilidad de que la CNDH pueda intervenir en los procedimientos administrativos o constituirse en coadyuvante en la indagatoria.
La autoridad debe de tener presente que todas las violaciones a los derechos humanos son graves y trastocan la vida social y el estado de derecho. Tal estado de cosas abonan la impunidad, genera entre los gobernados la percepción de que los procedimientos del ombudsman son un protocolo inconsistente y se convierte en valladar para un mejor impulso a una cultura de respeto a los derechos básicos.
Señalamos enfáticamente, ni la impunidad ni la simulación, serán impedimento para que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantenga en alto su exigencia de actuar con legalidad, es la primera condición para proteger y promover efectivamente los derechos fundamentales de las personas.
En el contexto de la Reforma del Estado, corregir esta anomalía debe ser un asunto que convoca la atención de este Poder Legislativo.
México debe dejar atrás de una vez y para siempre, los tiempos en que el respeto a los derechos humanos era una cuestión de imagen y establecer en cambio, la necesaria congruencia entre el reconocimiento constitucional de estos derechos y un ambiente social que favorezca el que todos los sectores de la población puedan ejercerlos.
La vinculación estrecha y permanente con los Poderes de la Unión y con la sociedad civil, sigue siendo la pauta para alcanzar un frente amplio e incluyente en la promoción y defensa de las libertades fundamentales.
Encaminemos hacia esta meta, la CNDH seguirá perseverando en mantener un diálogo permanente con sectores de la sociedad civil organizada de México, continuará impulsando redes de apoyo mutuo con la comunidad internacional, en particular con las instituciones promotoras y protectoras de los derechos humanos y sostendrá su política de vínculos de cooperación y respaldo con los organismos homólogos de las entidades federativas para lograr ese objetivo.
Señoras y señores legisladores: el derecho a la información que se ha acreditado como parte de los derechos y libertades fundamentales de los mexicanos, se conforma, como se sabe, de dos vertientes. El derecho de las personas a obtener información de la gestión pública y la obligación de las instituciones de rendir cuentas de su actuación, de oficio, periódicamente y a solicitud de parte.
El derecho a la información, su libre ejercicio es indispensable en la conformación de las modernas sociedades democrática y requisito para que la sociedad no sólo esté informada sino participe con conocimiento de causa de los asuntos que le afectan. Es instrumento fundamental para la rendición de cuentas y por es avía, para la formación de una opinión cada vez más consciente e involucrada en los asuntos públicos.
Como parte de este movimiento social hacia la transparencia y en consonancia con la Ley Federal de la Materia, el ombudsman nacional elaboró y estableció una normativa interna que permite a los interesados conocer sus actividades y acceder al conocimiento de ejercicio presupuestal de la Comisión Nacional, con excepción de aquella información considerada por la propia ley como confidencial o reservada y que se refiere al derecho de las personas, a la privacidad y a la seguridad.
Es mi convicción de que a la transparencia debe obligar para evitar simulaciones, tanto a los organismos públicos defensores de los derechos humanos como a los organismos no gubernamentales que reciben algún tipo de financiamiento público.
A continuación haré breve referencia al trabajo de cada una de las áreas de la CNDH.
Quejas e inconformidades: En el ejercicio de este programa se manifiesta la esencia de las tareas del ombudsman y comprende la recepción, calificación, registro, investigación y conclusión de los expedientes de queja por presuntas violaciones de los derechos fundamentales.
En el 2003, la Dirección de Quejas y Orientación registra un total de 3 mil 518 expedientes, que sumados a los 553 que se encontraban en trámite al 31 del 2002, de los cuales 3 mil 343 se concluyeron y 728 quedaron en trámite.
Los principales motivos de quejas señalados fueron: ejercicio indebido del cargo, amenazas, detención arbitraria, negación inadecuada, prestación del servicio público de salud, negativa al derecho de petición, cateos y visitas domiciliarias ilegales, trato cruel y/o degradante, dilación en los procedimientos administrativos e irregular integración de averiguaciones previas, todos ellos correspondientes a patrones ya conocidos por queja ante la CNDH.
No obstante y a diferencia de lo que ocurría hasta hace cuatro años, cuando la mayor tendencia de crecimiento de las quejas era por violaciones al derecho a la integridad física, ahora la mayor proporción se concentra en los señalamientos de actos violatorios por deficiencias en la prestación de servicios sociales básicos como el de salud, baste decir que las dos principales instituciones del Sector Salud: el Seguro Social y el ISSSTE acumularon 567 quejas en el 2003, es decir el 16.11%
Un elemento nuevo también es la significativa cantidad de quejas por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de electricidad, en su mayor parte provenientes de los estados de Chiapas y de Sonora.
Por otra parte, las autoridades señaladas con mayor frecuencia como presuntas responsables de actos y omisiones violatorias de derechos fundamentales fueron la Procuraduría General de la República con 586, la Comisión Federal de electricidad 518, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 458, el Instituto Mexicano del Seguro Social 440, la Secretaría de Seguridad Pública 333, de las cuales 249 corresponden a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y 84 a la Policía Federal Preventiva; la Secretaría de la Defensa Nacional 180, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 127, la Secretaría de Educación Pública 121 y el Instituto Nacional de Migración 115, respectivamente.
Asimismo, se calificaron 13 expedientes de queja por tortura en los que se señaló como probables responsables a servidores públicos de la Procuraduría General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, Instituto Nacional de Migración, ayuntamiento de Ciudad Juárez, ayuntamiento de Tijuana, Policía Judicial Federal y Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California, de los cuales 9 se encuentran en trámite y 4 fueron concluidos por acumulación.
Para situar las cosas en perspectiva, cabe señalar que entre 1990 y 1991, la tortura representaba el primer lugar de hechos violatorios denunciados ante la CNDH mientras que entre 2002 y 2003, esta violación ocupó los lugares 31 y 36, respectivamente. En tan solo 7 meses, de junio a diciembre de 1990, hubo 150 casos de tortura presentados ante la CNDH, mientras que en el 91 se presentaron 344 quejas por este motivo. Ahora en todo el 2002 hubo un total de 19 quejas por tortura y en el 2003 las quejas por tortura fueron 13 y representaron el 0.3% del total.
Aún cuando debemos enfrentar el juicio simplista y equivocado de quienes nos señalan como "defensores de delincuentes", esta Comisión Nacional seguirá reprobando severamente el uso de la tortura como supuesto método de investigación y actuará con energía, en el ámbito de sus facultades, ante cada caso comprobado de tortura del que tenga conocimiento.
Recomendaciones:
Desde mi toma de posesión como Ombudsman, asumí como compromiso central encontrar solución a las demandas de los agraviados; en esta perspectiva, las recomendaciones de la CNDH era y es el instrumento de fuerza moral más importante del Ombudsman y se utiliza por lo regular después de haber agotado el conjunto de recursos intermedios como la conciliación o el acuerdo entre las partes, siempre en favor del quejoso. Nos interesa resolver los problemas.
No nos interesa alcanzar una cuota determinada de recomendaciones emitidas, sino sólo aquellas que de acuerdo con la ley podamos fundar, de aquí que cuando la Comisión Nacional emite una recomendación, es porque ha comprobado, con sus propios medios, la gravedad de la queja presentada por los afectados y la imposibilidad de resolverla mediante alguna vía legalmente permitida.
Así, en el 2003 la Comisión Nacional emitió 52 recomendaciones, las cuales fueron dirigidas a 56 autoridades e instituciones: 10 a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 5 al gobierno del estado de Chiapas, 4 al ayuntamiento de Monterrey, 4 a la Dirección General del ISSSTE, 2 a cada uno de los gobiernos de los estados de Nuevo León, Guerrero y Veracruz, 2 a la Procuraduría General de Justicia Militar y 1 a cada una de las siguientes autoridades: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes, Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, Poder Legislativo del estado de Baja California, Congreso del estado de Nuevo León, gobierno del estado de Tlaxcala, gobierno del estado de Michoacán, gobierno del estado de Baja California, gobierno del estado de Yucatán, gobierno del estado de Colima, Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, Ayuntamiento de Tecate, Ayuntamiento de Chihuahua, de Ciudad Madero y Saucillo, y Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, de Chilpancingo de los Bravo, de Cuernavaca y Jiutepec y Tepoztlán, Mor., Hermosillo, Son., Apizaco, Tlax., Orizaba y Tepecán, Yuc. Respectivamente.
Por lo que respecta a recomendaciones no aceptadas, tenemos que señalar las siguientes autoridades: una autoridad federal que es la Procuraduría General de Justicia Militar; cuatro autoridades estatales, los Gobiernos de los Estados de Chiapas, Veracruz y Baja California, así como el Poder Legislativo del Estado de Baja California junto con los Ayuntamientos de Tecate, Hermosillo, Tepecán y Tepoztlán, Mor.
Señoras y señores legisladores. Señoras y señores. En esta cuarta ocasión en que como ombudsman nacional presento el Informe Anual de Labores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante esta soberanía, considero pertinente el intentar esbozar ante ustedes un balance de mi gestión y algunas consideraciones adicionales sobre el estado que guardan los derechos humanos en el país.
En estos cuatro años hemos sido testigos y activos, aunque modestos promotores, de algunos cambios en la vida política y social del país, asistimos a procesos de alternancia en el centro del poder político, que no suscitaron mayores desequilibrios ni roturas, pese a cualquier tipo de malos augurios.
Los cambios han demostrado la solidez esencial de un país, afianzado en sus instituciones, que sigue una ruta de transición democrática sin roturas ni traumatismos. En lo que a nuestra gestión compete creemos, sin alarde ni falsa modestia, que hemos acompañado el cambio democrático, mediante el fortalecimiento de la CNDH como un referente ético, legal, atento, pertinente, abierto y comprensivo, hemos buscado de hacer el ombudsman una institución que no menosprecia el valor de las operación institucional, pero capaz de anteponer su condición constitucional de autonomía, su vocación y su competencia en la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos.
Hemos señalado otras veces, y hoy lo reitero, que sin expectativas de desarrollo no se podrá satisfacer la plena vigencia de los derechos humanos en una sociedad notablemente marcada por la enorme inequidad en el acceso a las oportunidades y a los bienes materiales.
Nuestra democracia exige, por lo mismo, que el Estado oriente su interés y su acción hacia los sectores y grupos sociales que requieren atención prioritaria, pues la justicia social es componente inseparable de la salvaguarda de los derechos fundamentales.
En un año marcado por los clarooscuros, como lo fue el 2003, reitero hoy mi llamado a defender y reafirmar el apego a la legalidad, como condición indispensable de la convivencia social, de la libertad y de la vida democrática, desde el reconocimiento y respeto a las diferencias, la sociedad nacional debe nutrirse en el ejercicio de la tolerancia y de la capacidad de negociar y dirimir pacíficamente cualquier controversia.
Desde mi perspectiva que brinda la CNDH no podemos decir que nada ha cambiado ni tampoco que las cosas se mantienen en el terreno de los derechos humanos igual que antes, si bien algunos patrones de conducta antisocial y violatoria permanecen, debemos reconocer que los aspectos más aberrantes de las agresiones a los derechos humanos han disminuido, en algunos casos notablemente.
Ello es perceptible, no tanto por una reducción en el número pero si en el cambio de énfasis en las quejas recibidas, que ahora se localizan en aspectos como en la desatención en el desabasto de medicinas, que en las instituciones públicas de salud, en los derechos de las minorías religiosas o en las tarifas de electricidad y en la tortura, por mencionar lo más evidente.
Quiero dejar constancia de que hemos actuado sin ninguna presión del actual gobierno, para que la CNDH haga o resuelva un caso en uno u otro sentido. El Ejecutivo federal siempre ha mantenido las puertas abiertas para la presentación de nuestras quejas, reclamos o propuestas, como es el caso reciente de la Fiscalía Especial que propusimos para los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, a cuya titular manifestamos un voto de confianza.
El cambio se ha dado y se sigue generando por el movimiento social y por la respuesta institucional, el cambio se refleja en la situación de los derechos humanos que, teniendo aun mucho pendientes, no puede compararse con lo que ocurría en México antes de fundarse la CNDH en 1990, sin duda hemos avanzado.
Hoy, el énfasis del reclamo parece desplazarse de los derechos de primera generación a los de segunda y tercera generaciones. Pero no podemos cantar victoria ni caer en el optimismo infundado. Primero, porque México sigue siendo un país muy desigual con zonas marcadas por el atraso y la barbarie como lo refleja la matanza en zonas rurales o los feminicidios en Ciudad Juárez.
Segundo, porque subsisten fenómenos aberrantes que socavan el estado de derecho, como la presencia creciente de secuestradores y otras formas de delincuencia organizada que afectan el tejido social y corrompen a las instituciones. Si a esto añadimos la incapacidad y la corrupción policiaca y su contraparte en la impunidad, las debilidades en la procuración y administración de justicia, la inseguridad que tiene en vilo a las familias en tantas zonas del país; tenemos sin duda bastantes motivos de preocupación.
Hablar hoy de nuestros derechos humanos nos remite al campo de las libertades fundamentales de los mexicanos. Pero también a derechos constitucionales que permanecen como aspiraciones. Hablo del derecho a la seguridad personal, del derecho al empleo, a la vivienda, a la protección de la salud y a la vez digna, para no hablar del derecho a la educación, al ocio creativo, a la cultura; del respeto a la dignidad de las personas en todas las circunstancias, incluidas aquéllas que se derivan de nuestra inserción en un mundo globalizado.
Sostenemos que se deben y se puede armonizar seguridad y trato digno.
Por ello, más que desestimar los cambios ocurridos desde la trinchera de los derechos humanos decimos: Hay que asumir estos cambios con elementos para impulsar los nuevos cambios en las percepciones sociales y en las reformas de estado que faltan, para que México avance y se convierta en la patria segura, progresista, incluyente y justa que todos queremos.
En conclusión, se trata de poner fin a la pobreza que indigna, a la vulnerabilidad y desigualdad extremas; a la inseguridad y a la impunidad que padecen millones de mexicanos y hacerlo con decisión y acciones que aminoren sus desgracias; mejoren sus condiciones de vida y hagan que las personas se puedan sentir más contentas, más respetadas y asistidas.
Los derecho humanos establecidos, establecen el requisito de la justicia como un ideal. Son necesarios para lograr una vida cotidiana justa, lo que exige una actitud ética con la cual juega un papel decisivo la legalidad; por lo que el atinado ejercicio de la política y el buen gobierno, son los únicos recursos con los que cuentan los mexicanos para superar sus angustias, sufrimientos y humillaciones.
No creo definitivamente que podamos prescindir de un estado solidario en una democracia con tantas desigualdades como por desgracia es todavía la nuestra.
Muchas gracias.
-PRESIDENTE: Señor doctor don José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: La Comisión Permanente, órgano del Congreso integrada por senadores de la República y diputados de la Nación, se da por recibida de este valioso informe.
Y en su carácter de representantes populares se recuerda todavía la vinculación que los legisladores tenemos con el pueblo de México. Desde aquel mes de mayo de 1789, en el que Miraveau le contestaba al Marqués de Bresé que estaban ahí los legisladores por la voluntad popular. Seguimos manteniendo esa vinculación con la voluntad popular.
Muchas gracias señor doctor por este valiosísimo informe y es nuestro deseo que continúe la comisión que usted dignamente preside con el fructífero trabajo a favor de los derechos humanos de todos los habitantes del país.
Se pide a la comisión designada acompañar al doctor José Luis Soberanes Fernández, cuando él desee retirarse.
(La comisión cumple su cometido)
Y túrnese a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos este informa, de la Cámara de Diputados y Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Continuamos con el orden del día.
Continúe la Secretaría con el capítulo de comunicaciones.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO MANUEL CAMACHO SOLIS (PRD):
(Da lectura a la invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica que con motivo del 173 Aniversario Luctuoso del General Vicente Guerrero Saldaña, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de febrero de 2004, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia)
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario.
Para asistir en representación de esta Comisión Permanente se designa a los siguientes ciudadanos legisladores:
Diputado don Manuel Camacho Solís, y
Senadora doña Cecilia Romero Castillo.
Continúe la Secretaría.
- EL MISMO C. SECRETARIO: El Congreso del Estado remite acuerdo por el que solicita no se apruebe la iniciativa de reformas constitucionales en materia energética.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su cononcimiento.
- EL MISMO C. SECRETARIO: El Congreso del Estado de Guerrero remite acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal deje sin efecto la desincorporación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Colegio de Postgraduados y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua planteado en el artículo segundo transitorio del proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
- EL MISMO C. SECRETARIO: El Congreso del Estado de Oaxaca remite copia del periódico oficial número 41 de fecha 11 de octubre de 2003, en el que aparece publicado el acuerdo del Congreso relacionado con la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Esta Presidencia recibió de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, informe sobre la gira de trabajo en el estado de Quintana Roo, en relación al asunto del pederasta Jean Succar Kuri.
- EL C. PRESIDENTE: Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
Para presentar una iniciativa para que se declare el año 2004 como Año del Himno Nacional Mexicano, suscrita por la senadora Yolanda Eugenia González Hernández y Arely Madrid Tovilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra la senadora doña Arely Madrid Tovilla para ese efecto.
-SEN. ARELY MADRID TOVILLA: Gracias Presidente, con su venia.
Compañeros Legisladores: "Iniciativa con Punto de Acuerdo por el que se solicita se conmemore el año 2004 como Año del Himno Nacional Mexicano, suscrita por la senadora Yolanda Eugenia González Hernández y la de la voz, Arely Madrid Tovilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
"Haciendo uso de las facultades que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 58 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente propuesta con Punto de Acuerdo, bajo las siguientes
"Consideraciones
"Escrito por el ilustre potosino Francisco González Bocanegra y sometido a concurso previa convocatoria aparecida en noviembre de 1853, el Himno Nacional Mexicano es consagrado como canto patrio en dictamen de fecha 5 de febrero de 1854, suscrito por José Bernardo Cuoto, Manuel Carpio y Joaquín Pesado, integrantes del Jurado que eligió la obra de González Bocanegra como símbolo de unidad e identidad de los mexicanos.
"Nuestro Himno Nacional se cantó por primera vez musicalizado por Juan Botosini la noche del 15 de septiembre de 1854, con el acompañamiento musical de don Jaime Nunó, quien de igual manera por concurso dio vida a la entonación.
"En cada una de las estrofas del Himno Nacional ha quedado reflejado el ímpetu de lucha y sacrificio que ha costado la construcción de nuestro país y el acendrado sentimiento de identidad que nos unifica en la defensa de nuestra soberanía como un justo y merecido homenaje a los hombres y mujeres que han ofrendado su vida en aras de este legado.
"Las generaciones de mexicanos del último siglo y medio, hemos hecho propio como bien preciado el Himno Nacional, que nos llena de emociones y nos enorgullece ante las demás naciones. En la actualidad no podríamos entender nuestra historia y nuestro pasado reciente y futuro que anhelamos para nuestro país, sin su letra y música. El himno es complemento de nuestra enseñanza y de nuestra insignia patria y no podemos concebir al uno sin el otro como símbolos emblemáticos de nuestra nación.
"Nuestro Himno Nacional ha sido calificado como uno de los más bellos del mundo y comparado internacionalmente con La Marsellesa, el himno francés.
"El Himno Nacional Mexicano es la primera enseñanza cívica que hemos recibido los mexicanos en el nivel básico educativo y muchas veces desde la casa, antes de aprender a escribir o leer. Como tal es un reconocimiento básico que llevamos los mexicanos y que no conoce diferencias de edades, sexos, posiciones, tanto económicas como sociales; trabajos, ideologías, creencias y religiones.
"A lo largo de 150 años nuestro himno ha sido motivación de las grandes reformas del país, de movimientos sociales que han transformado la vida social y política de la patria. El himno ha impulsado a los grandes transformadores mexicanos a realizar y a idealizar una nación equilibrada y sustentada en la justicia social y en un régimen democrático que genere mejores condiciones de vida en igualdad para todos los mexicanos.A estas fechas, nuestro himno patrio merece más que nunca un reconocimiento y más que eso, el respeto y el amor de los mexicanos.
Las invasiones culturales, económicas y sociales que sufrimos paulatinamente los mexicanos encontrarán freno únicamente en el fortalecimiento de la cultura cívica que propicia el himno nacional como símbolo de pertenencia e identidad de nuestro país.
Es deber de las instituciones como Estado, reafirmar el valor de identidad y de amor por México, el reconocimiento y reiterado respeto que merece nuestro glorioso himno nacional, en razón de lo cual y en vísperas de conmemorar el 150 año de la primera entonación de nuestro himno nacional propongo a la consideración del Pleno de esta Comisión del H. Congreso de la Unión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO: Primero.- Se propone denominar al año 2004 como "Año del Himno Nacional Mexicano", símbolo de identidad y soberanía.
Segundo.- Convocar a todas las instancias de Gobierno y organismos públicos de la Federación, Estados y municipios a participar en la conmemoración del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano.
Tercero.- Impulsar el homenaje nacional al himno nacional mexicano en el sistema de educación primaria, secundaria, normal y de estudios técnicos y tecnológicos, así como en todas las universidades del país.
Cuarto.- Proponer a las Cámaras de Diputados y Senadores, a las Legislaturas de los Estados y a los cabildos municipales la realización de sesiones solemnes el día 15 de septiembre del año 2004 para conmemorar el 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano.
Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE, SEN JORGE ZERMEÑO INFANTE: Gracias senadora Arely Madrid Tovilla.
---- Túrnese a la Comisión de Gobernación del a Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que adiciona una fracción al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y reforma y adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal.
EL C. DIP. SERGIO VAZQUEZ GARCIA: Con su permiso señor Presidente.
Con el ánimo de obviar el tiempo que se me da para presentar la iniciativa, leeré solamente un extracto de la misma y le solicito que por favor se transcriba el texto completo en la Gaceta Parlamentaria.
El que suscribe, Sergio Vázquez García, diputado federal del Estado de Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y en ejercicio de la facultad que se me otorga en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este honorable Pleno, la siguiente iniciativa de decreto en la cual se adiciona una fracción XXXV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se modifica y adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal.
Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en la Administración Pública, estamos conscientes de la realidad que actualmente vive el país y ahora, en el quehacer legislativo nace la responsabilidad de legislar en materias que por ser sensibles a una sociedad de cambio exigen la transformación de las instituciones que rigen a la República.
Una imperante necesidad y principio rector del actual gobierno, es la eficiencia en el funcionamiento del Sector Público, mismo que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el cual se dedica un capítulo al combate a la corrupción, transparencia y desarrollo administrativo.
El citado plan señala que en el ámbito nacional el combate a la corrupción es una de las preocupaciones centrales de la ciudadanía, se propicia por la existencia de un marco normativo excesivamente regulatorio, que paradójicamente permite e incluso fomenta la discrecionalidad en la toma de decisiones del servidor público y por la falta de honestidad en la prestación de servicios públicos.
Esto ha creado en la ciudadanía una percepción negativa y adversa del quehacer gubernamental, que repercute de manera sustantiva en la imagen y el desempeño de las instituciones públicas en su conjunto. El mismo marco normativo e institucional, abrió espacios a la impunidad y a la proliferación de vicios que minaron la vigencia del estado de derecho y socavaron la credibilidad del gobierno y la confianza ciudadana por la incapacidad de respuesta de las instituciones.
lo cual ubica al país en una situación de vulnerabilidad en temas como seguridad pública, procuración de justicia, impartición de justicia, combate a la corrupción y a la impunidad, el respeto a los derechos humanos, equilibrio y sostenimiento del desarrollo. Por ello, las decisiones discrecionales deben reducirse al mínimo, acotarse y eficientar ese marco regulatorio, mediante normas claras de orden público con lo cual se evitaran las oportunidades de corrupción y se permitirá a la ciudadanía valorar la transparencia y honradez de los servidores públicos y en su caso, detectar desviaciones y anomalías en el ejercicio de la función pública.
El objetivo que se persigue es muy claro, se trata de lograr que el gobierno y la sociedad colaboren para erradicar de una vez por todas el mal que tanto daño ha hecho a nuestro país la corrupción.
Queda claro que la legislación actual es obsoleta y existe un rezago legal para castigar a los servidores públicos que en el uso de sus facultades distraen, valores, objetos, dinero, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado; utilizan indebidamente fondos públicos para su promoción personal o la de otros o bien, les da un uso distinto por el cual se les designó como lo han sido casos recientes en la historia del país.
Es el caso de aquellos delitos cometidos por servidores públicos y estipulados en el Código Penal Federal y específicamente el delito de peculado que ni siquiera se encuentra en el catálogo de delitos enumerados como graves en la Legislación Penal Federal y la penalidad del mismo además, es inferior a la del robo calificado; esto ha provocado que valiéndose de las prebendas que la misma ley otorga, no se castigue de manera ejemplar a los infractores de la misma. Por ello, es importante adecuar la Legislación Penal a la realidad que vive el país, quitando la protección legal que establece a los servidores públicos y que aprovechándose de su puesto defraudan a la nación. El objetivo que persigue la iniciativa en comento, es integrar al catálogo de delitos graves el peculado, en virtud de su naturaleza y bien jurídico que tutela.
Los doctrinistas como el maestro Carrara, comenta que existe un vínculo de fe quebrantado y utilizado como medio para el delito. La ofensa de un derecho social, una objetividad prevaleciente sobre la consideración de la cosa, un área de mayor peligro para la propiedad común y con ello constituimos la figura de peculado propio. Quien se limita a considerar la sustracción de la pecunia pública, la objetividad de la propiedad más o menos interesante, sólo se encontrará frente una forma de hurto. Para hacer del peculado una figura criminosa, enteramente especial y distinta, tendrá que reconocer en la objetividad de la fe pública, el criterio determinante de esta especie de delito.
Por lo tanto y por lo jurídicamente sustentado, no es un hurto cualquiera, ya que al estar hablando de interés general, la confianza pública obedece al bien común, mientras que un robo o abuso de confianza, daña intereses particulares que nunca deben de estar por encima del interés general. En el caso del abuso de confianza el daño patrimonial es a nivel particular; en el caso del peculado el daño es al Estado y a la sociedad, por consiguiente, en la pérdida de confianza es un nivel de colectividad.
Así pues, el bien jurídico que se lesiona al realizar la conducta ilícita en el delito de peculado, no sólo se refiere al daño patrimonial, sino que además de ellos se toma en consideración la confianza que le fue depositada al empleado o al funcionario público y la afectación, que por la ejecución de la conducta en comento, ha sufrido la sociedad.
Podemos concluir que el bien jurídico abarca diversos aspectos como es el patrimonio, la confianza y la alteración del orden público social. Esta iniciativa también busca incrementar la penalidad del delito equiparándolo en su especie al de mayor castigo social, en este caso el robo calificado.
Por las razones que precedentemente se han expuesto, no podemos concebir que el delito de peculado tenga una pena inferior del robo, siendo que en el primero no sólo se afecta al patrimonio del Estado, sino que además el funcionario o servidor público comete un abuso de confianza, aprovecha las modalidades y circunstancias que su función le permite para llevar a cabo la conducta antijurídica en contra del órgano por el cual labora.
Ahora bien, en el delito de robo, también se perjudica el patrimonio y se comete una conducta en contravención a la norma, aquí la diferencia estriba en que no se altera el orden público y no se comete en contra del Estado.
Así pues, consideramos, considero que este ilícito tratado en la presente iniciativa requiere de sanciones punitivas más escrupulosas y con ello conseguir resultados favorables en el combate a la corrupción, dándole por supuesto más armas al juzgador para poder dar una penalidad a los funcionarios corruptos de forma ejemplar.
Con lo expuesto anteriormente y por supuesto, como le comenté al señor Presidente, por obviedad del tiempo, simplemente quiero poner a su consideración esta iniciativa de decreto que adiciona al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para integrar al peculado al catálogo de delitos graves y modifica y adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal, incrementando la penalidad del delito antes mencionado.
Pido que se turne a las comisiones correspondientes.
Es cuanto señor.
EL PRESIDENTE: Gracias diputado Sergio Vázquez García.
Como lo ha solicitado el promovente, insértese íntegramente la exposición de motivos de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una iniciativa que adiciona una fracción VIII al artículo 82 y adición al inciso b) de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ: Con su permiso, señor Presidente.
En ejercicio de la facultad que me otorga la Constitución y los correspondientes del Reglamento Interior, voy a presentar la iniciativa con proyecto de decreto para que se establezca en el artículo 82 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que no pueden postularse a Presidentes de la República y/o según sea el caso, el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo de quien ejerce el puesto de elección respectivo o lo ha ejercido en el año precedente a la elección bajo el tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Nuestro país transita por un proceso institucional en el que las prácticas democráticas aún no se han consolidado. An cuando en lo fundamental ya se cuenta con procesos electorales que dan legitimidad y credibilidad a los gobernantes, todavía persisten irregularidades, deficiencias y limitaciones que impiden la plena vigencia de la democracia y la promoción de una nueva cultura cívica.
La ausencia de mejores y nuevas reglas para los procesos electorales en los que existe una cerrada competencia, puede provocar conflictos y desavenencias que obligadamente requerirán cuanto antes de un tratamiento político y legislativo.
La democracia exige no sólo claridad y transparencia en los procesos electorales, sino también un marco sano, general que permita la competencia para salvaguarda uno de sus principales valores: la equidad y la ética en la competencia política.
Para evitar confusiones en el electorado, abuso de poder y utilización para fines personales de las posiciones políticas, la mayoría de los países democráticos han establecido en sus Constituciones Políticas la prohibición de que un pariente consanguíneo o afines de la persona que se desempeña como titular del Ejecutivo, pueda postularse para el mismo cargo de manera inmediata.
Cuando el o la cónyuge, pariente o consanguíneo afín al Presidente de la República o a un gobernador se postula o pretende postularse al mismo cargo en la elección inmediatamente siguiente, se daña la vida de los partidos que, entre otros factores, sostienen su legitimidad y credibilidad a partir de la claridad de sus procesos internos de selección de candidatos. Se debilita la figura del gobernante que para bien de todos, debe contar con la fuerza institucional y personal para el ejercicio de su responsabilidad.
Se puede dar el abuso de poder o de una posición para obtener ventajas electorales, lo que incluso puede incidir en el diseño, ejecución u orientación de los programas y acciones de gobierno; se generan ataques personales que alteran la vida política y social del país o del estado y que daña los procesos de gobierno; se crea confusión en el electorado que percibe la intención familiar de perpetuarse en el poder, lo que es más parecido al régimen monárquico que al democrático; se baja el nivel de la discusión política hasta reducirse a una discusión personal y familiar que suele convertirse en intercambio de acusaciones y críticas, las más de las veces referidas a asuntos de carácter privado.
Los electores en las urnas y los mexicanos en general, mediante diversas expresiones de opinión pública y corrientes políticas, se han manifestado en contra de la práctica de que sea el titular el que elija al sucesor o al candidato a sucederlo; es una experiencia ya superada que, en el caso de la postulación de un candidato pariente consanguíneo o afín, puede resurgir o parecerlo, lo que en términos de competencia electoral es totalmente inaceptable.
Es importante destacar que el debate debe centrarse en los riesgos mencionados anteriormente y en el efecto social y político que puede provocar; no se trata de un problema de género o derecho constitucional, tampoco de si es legal o no que el o la cónyuge o pariente tengan derecho a ser Presidente, Presidenta, gobernador o gobernadora. El enfoque sobre este asunto debe ser más amplio, con la intención de salvaguardarlos de riesgos previsibles a la vida institucional del país y hacer más transparente y nítida la democracia en cada uno de los procesos.
Por todo lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea las iniciativas con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII en el artículo 82 y una adición al párrafo dos del inciso B) de la fracción I del artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos para quedar en la forma siguiente:
"No podrá ser Presidente el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo de quien ejerce la Presidencia de la República o lo ha ejercido en el año precedente a la elección.
Sólo podrá ser Gobernador Constitucional de une estado, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. No podrá ser Gobernador el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo de quien ejerce el puesto de Gobernador o lo ha ejercido en el ejercicio en el año precedente a la elección".
Esta propuesta de reforma y adición a nuestra Constitución, tiene como único objetivo el evitar seguir dañando la vida institucional de nuestro país, que impere la ética y la moral política en los procesos democráticos, un país como el nuestro, en donde se está dando una alternancia pero que requiere de una verdadera transformación de fondo, es indispensable que los actores políticos de este país, principalmente el Legislativo, contribuyamos con nuestras propuestas a perfeccionar nuestro sistema democrático.
Consideramos que estas adiciones a los respectivos artículos que se refieren al presidente de la república y a gobernadores de los estados, puede permitir que avancemos y profundicemos y le demos nivel a la política en este país, y no sigamos cayendo en descalificaciones personales y en desviar los temas fundamentales con temas que no deberían tener ninguna importancia en un país democrático, como suele ser o como solemos decir en este país, lo mexicanos.
Por todo lo anterior, solicito a los compañeros a los que compete y a los diferentes partidos, analizar con toda seriedad esta propuesta, porque no tengo la menor duda de que estamos contribuyendo, insisto, al perfeccionamiento de la democracia en este país. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Jesús Martínez Alvarez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Continúe la Secretaría.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA YOLANDA VALLADARES VALLE:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación remitiendo contestación de la Secretaría de Salud al Punto de Acuerdo de la Cámara de Diputados, solicitando
una prórroga para las empresas mexicanas exportadoras de alimentos)
-EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados y al promovente para su conocimiento.
-LA MISMA C. SECRETARIA:
Oficio de la Secretaría de Gobernación remitiendo
contestación de la Secretaría de Medio Ambiente al
Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Dipu-
tados relativa a la protección y conservación de las
tortugas marinas)
-EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, de la Cámara e Diputados, y al promovente para su conocimiento.
-LA MISMA C. SECRETARIA:
(Remitiendo contestación de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente en relación al Punto de –
Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, rela-
tivo a la empresa Metrogas, S.A. de C.V.)
-EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión e Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Cámara de Diputados, y al promovente para su conocimiento.
-LA MISMA C. SECRETARIA:
(Cinco oficios de la Secretaría de Gobernación sobre:
Lic. José Guzmán Montalvo,
Administrador General de Aduanas del Servicio de
Administración Tributaria.
C. Guillermo Haro Bélchez,
Titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones,
Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la
Secretaría de la Función Pública.
C. Roberto J. Sepúlveda Iguiniz,
Jefe de la Unidad para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
C. Dr. Mauro Loyo Varela,
Director General de Servicios de Salud del Gobierno
del Estado de Veracruz.
C. Guillermo Bernal Miranda,
Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)
PRESIDENTE: Remítanse a la Cámara de Senadores.
(DIP. SRIA. YOLANDA VALLADARES VALLE
(Oficio de la Secretaría de Gobernación que remite solicitud de autorización para que el Presidente Vicente Fox Quesada pueda ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de marzo de 2004)
-PRESIDENTE: Túrnese a la Segunda Comisión-
(Cinco oficios del Presidente de la República sobre los ciudadanos:
Calos Alberto de Icaza González,
Luis Alfonso de Alba Góngora
Juan José Bremer de Martino
Sandra Camila Antonia Fuentes Beráin Villenave
Fernando Estrada Sámano)
-PRESIDENTE: Túrnese a la Segunda Comisión.
-MISMA SECRETARIA:
( Oficio por el que comunica el nombramiento que el Presidente de la República hizo a favor del C. Carlos Pujalte Piñeiro)
-PRESIDENTE: Túrnese a la Segunda Comisión.
-SRIA.SEN. ARELY MADRID TOVILLA:
(Oficio por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el Lic. Vicente Fox Quesada pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica)
-PRESIDENTE: Túrnese a la Primera Comisión.
MISMA SECRETARIA:
(Cinco oficio por los que solicita permiso constitucional para que puedan aceptar y usar condecoraciones que les confiere el Gobierno de España los CC.
María Isabel Castillo González
Miren Carmele Pérez-Aguirre Salvarrey,
Rubén Hernández Aguilar
Rafael Abila Rosales
Ignacio Linares Zavala
-PRESIDENTE: Túrnese a la Primera Comisión.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR JORGE ZERMEÑO INFANTE (PAN): Túrnense a la Primera Comisión.
- LA C. SECRETARIA SENADORA ARELY MADRID TOVILLA (PRI):
(Cinco por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Francisco Nicolás González Díaz, Jorge Pulido Vázquez, Felipe de Jesús Rosete Vázquez, Gustavo Carvajal Moreno y Fernando Estrada Sámano puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros)
- EL C. PRESIDENTE: Túrnense a la Primera Comisión.
- LA MISMA C. SECRETARIA:
(Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Rangel de Alba Brunel pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Mongolia en la ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana)
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Primera Comisión.
- LA MISMA C. SECRETARIA:
(Quince oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se remiten las hojas de servicio de los ciudadanos Miguel Eduardo Hernández Velázquez, Germán Antonio Bautista, Ramón Trovar Caballero, Mauro Joaquín Santiago Ramírez, Héctor Aragón Zapata, Gustavo Nieto Navarro, Sergio Ricardo Martínez, Luis Javier Cruz Rivas, Ricardo Reyes Amador, Rigoberto García Cortés, Arturo Sánchez García, Filiberto Márquez Osorio, Gilberto Landeros Briceño, Héctor Aguilar Elizalde y Santiago Contreras Ojeda, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
- EL C. PRESIDENTE: Túrnense a la Segunda Comisión.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Carlos Mejía Tejeda, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros y los ciudadanos Mario de la O. Almazán y Miguel Alfredo Dutton Delorme, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario a gobiernos extranjeros.
- EL C. PRESIDENTE: Quedan de Primera Lectura.
Se pide a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
- LA C. SECRETARIA SENADORA ARELY MADRID TOVILLA (PRI):
(Da lectura al punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Cónsul General de México en Boston, Massachussets, Estados Unidos de América)
- EL C. PRESIDENTE SENADOR JORGE ZERMEÑO INFANTE (PAN): Está a discusión el punto de acuerdo.
- LA C. SECRETARIA SENADORA ARELY MADRID TOVILLA (PRI): No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentra a las puertas de este recinoto el ciudadano Profirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, cuyo nombramiento como Cónsul General de México en Boston,
Massachussets, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta asamblea.
-PRESIDENTE, SEN. JORGE ZERMEÑO INFANTE: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, cuyo nombramiento como Cónsul General de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en Comisión a los siguientes ciudadanos Legisladores:
SEN. SILVIA HERNÁNDEZ ENRIQUEZ
SEN. CECILIA ROMERO CASTILLO
SEN. RAFAEL MENDOZA RADILLO
DIP. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ ROLDÁN
DIP. PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ
DIP. JESÚS MARTÍNEZ ALVAREZ
(La Comisión cumple con su encargo)
-SECRETARIA, SEN. ARELY MADRID TOVILLA: Se invita a los presentes ponerse de pie.
-MISMO PRESIDENTE.- Ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Cónsul General de México en Boston, Massachusetts, Estados de América, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?
-C. PORFIRIO THIERRY MUÑOZ LEDO CHEVANNIER: ¡Sí, protesto!
-MISMO PRESIDENTE: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Mucho éxito en el cumplimiento de su función. Felicidades señor Embajador.
(aplausos)
Se ruega a la Comisión designada acompañar al Cónsul cuando desee retirarse.
(La Comisión cumple su encargo)
Continúe la Secretaría por favor.
-SECRETARIA, DIP. MARCELA GUERRA CASTILLO: Con gusto señor Presidente.
"Acuerdo
"Único.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América.
"Firma la Comisión".
-PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Está a discusión el Punto de Acuerdo.
-MISMA SECRETARIA: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarse en la forma acostumbrada.
(Votación)
¿Los Legisladores que estén por la negativa?
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
-PRESIDENTE: Aprobado el Punto de Acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.
Ciudadanos Legisladores: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano don Juan Marcos Gutiérrez González, cuyo nombramiento como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en Comisión a los siguientes ciudadanos legisladores:
DIP. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO
SEN. ALBERTO MIGUEL MARTINEZ MIRELES
SEN. CESAR JÁUREGUI ROBLES
SEN. DEMETRIO SODI DE LA TIJERA
DIP. LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDÁN
DIP. PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ
DIP. JESÚS MARTÍNEZ ALVAREZ
(La Comisión cumple con su encargo)
- LA C. SECRETARIA, DIP. MARCELA GUERRA CASTILLO: Se pide a los presentes ponerse de pie.
- EL C. PRESIDENTE: Ciudadano don Juan Marcos Gutiérrez González, ¿protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de cónsul general de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
- EL C. JUAN MARCOS GUTIERREZ GONZALEZ: Sí. Protesto.
- EL C. PRESIDENTE: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades señor Cónsul. (aplausos)
Se ruega a la comisión designada acompañar al Cónsul cuando desee retirarse.
Continúe la Secretaría.
- LA MISMA C. SECRETARIA: Con gusto señor Presidente.
Lectura de punto de acuerdo:
UNICO.- Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Augusto Moisés García Ocho.
Firma la Comisión.
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
Siguiente punto de acuerdo:
UNICO.- Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Roble Arturo Granados Gallardo.
Firma la Comisión.
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
Siguiente punto de acuerdo.
UNICO.- Se ratifica el grado de general de brigada de justicia militar y licenciado que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Roberto Vite Bandala.
Firma la comisión y está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
Siguiente punto de acuerdo:
UNICO.- Se ratifica el grado de general de brigada de transmisiones que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Leovigildo Muñoz Hernández.
Firma la Comisión y está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para la votación económica en su conjunto.
Siguiente punto de acuerdo:
UNICO.- Se ratifica el grado de general de brigada ingeniero constructor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Luis Hernández Becerril.
Firma la Comisión y está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
Siguiente punto de acuerdo:
UNICO.- Se ratifica el grado de general brigadier médico cirujano que el titular del Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Noé Esqueda Castillo.
Firma la Comisión y está a discusión el punto de acuerdo.
-LA SECRETARIA: DIP. MARCELA GUERRA CASTILLO: No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación económica en conjunto.
Ultimo punto de acuerdo.
Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del ciudadano Miguel Ahumada Rodríguez.
Firma la comisión y está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pregunta a esta asamblea, si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente leídos, que estuvieron reservados.
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada.
( v o t a c i ó n)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa.
( v o t a c i ó n )
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
-EL PRESIDENTE: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.
Se pide a la Secretaría poner a discusión los siguientes proyectos de decreto.
-EL SECRETARIO DIP. VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Está a discusión el siguiente proyecto de decreto.
Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano Sergio Arturo Hernández Salcedo para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia en Oaxaca, Oaxaca con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente. Firma la Mesa Directiva.
-EL SECRETARIO: No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto. Está a discusión el siguiente proyecto de decreto.
Proyecto de decreto, artículo 1°. Se concede permiso al ciudadano licenciado Fernando Jesús Canales Clarión para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado en Grado de Gran Cordón, que confiere el gobierno de Japón.
Artículo 2°.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Carlos Eduardo Represas de Almeida para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Bernardo Higings(¿), en grado de Oficial que le confiere el gobierno de la República de Chile. Firma la Mesa Directiva.
-EL PRESIDENTE: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea, si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un solo acto.
-EL SECRETARIO DIP. VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un solo acto.
Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
( v o t a c i ó n )
EL SECRETARIO: 33 votos por la afirmativa, señor Presidente.
-EL PRESIDENTE: Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto por 33 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos Constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es, proposiciones de los señores legisladores. Tiene el uso de la palabra el diputado don Carlos Flores Rico para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, establezcan la tarifa eléctrica 1E en los municipios fronterizos de ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo del Estado de Tamaulipas, suscrita por los diputados José Manuel Abdala de la Fuente y Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
EL DIP. CARLOS FLORES RICO: Gracias, señor Presidente.
Como saben los tamaulipecos y comparto hoy con ustedes, la frontera chica del Estado de Tamaulipas reúne a 6 municipios geográficamente en línea: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Alemán, Camargo, Díaz Ordaz.
Esos seis municipios se distancian uno de otro entre 10, 15 y hasta 20 kilómetros y forman una subregión del norte conocida como zona ribereña del Río Bravo, por lo que comparten su hábitat, su forma de ser, sus costumbres, su economía en su conjunto.
Por otra parte la Comisión Federal de Electricidad tiene un Reglamento que comparte con la compañía de luz, por cierto, en la que establece tarifas de acuerdo a las temperaturas imperantes durante cierto tiempo del año, durante por lo menos 3 años, y en este caso, en estos 6 municipios se les aplica tarifas indistintas tanto la 1D a unos como la 1E a otros.
Lo curioso del caso es que Nuevo Laredo que está seguido de Guerrero tiene 1E y luego el municipio de Guerrero tiene 1D, es decir, tiene una diferencia supuestamente de un grado entre una y otra que hace que las tarifas subsidiadas cambien enormemente y con ello la lesión a la economía de manera profunda; pero ocurre que luego de Guerrero sigue Mier y regresa entonces otra vez el grado de temperatura perdido y se vuelve a aplicar la tarifa 1E.
Entonces tenemos un tornillo y una tuerca, un tornillo y una tuerca en esta zona extraña en la que aparentemente varían de esa manera las temperaturas. Pero luego sigue Alemán y Camargo y regresa el grado perdido y regresa la tarifa de menor subsidio, que es la 1D, para finalmente cerrar el ciclo de la zona con otra vez el grado distinto y la tarifa de menor costo para los pobladores.
¿Qué pedimos? Que la Comisión revise con la Comisión Internacional de Límites y Aguas y con la CNA, con la Comisión Nacional de Agua, estos registros de temperatura para que puedan establecer la homogeneidad de tarifas en el caso de la 1E para los 6 municipios y se pueda dar equidad, trato justo y apoyo económico a las familias que curiosamente de los municipios que tienen la tarifa más cara, son los que registran mayor índice social de marginación.
Por lo tanto, señores senadores y diputados, proponemos a esta comisión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, para que en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, se proceda a revisar dichas temperaturas y registros y se fije la tarifa eléctrica 1E en los municipios de Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo del Norte de Tamaulipas.
Muchísimas gracias a nombre de José Manuel Abdala y Carlos Flores Rico. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Tercera Comisión.
Tiene el uso de la palabra el senador don Héctor Larios Córdoba, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Jefe del Gobierno del Distrito Federal a revertir el acuerdo publicado en la Gaceta del Distrito Federal el pasado 29 de enero, mediante el cual se establece como reservada y/o confidencial, toda la información sobre el distribuidor vial San Antonio y las demás obras que se llevan a cabo actualmente.
EL SEN. HECTOR LARIOS CORDOBA: Con el permiso de la Presidencia.
En la consolidación de la democracia existe un elemento que resulta indispensable, la transparencia y contrariamente al sentir general, la transparencia no es solamente una herramienta para combatir la corrupción, es ante todo, el mecanismo que posibilita la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la evaluación de sus autoridades.
Durante muchos años de autoritarismo, las autoridades gubernamentales se constituyeron en una "caja negra", prácticamente no era posible al ciudadano conocer ninguna información pública relevante; solamente hay que recordar que el Presidente de la República informaba cada año, una vez en su Informe, sobre el monto de las reservas internacionales. Hoy, cualquier ciudadano puede conocer esta información actualizada al día.
En el Distrito Federal, los trabajos por tener una ley y mecanismos que garantizaran a los ciudadanos de la ciudad el acceso a la información inició en diciembre de 2001, con la presentación de una iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; en diciembre del 2002, un año después, se aprobó el dictamen por unanimidad en el pleno de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el 28 de enero del 2003, el Jefe de Gobierno, vetó la promulgación de la Ley y la regresó a la Asamblea con observaciones, estas observaciones fundamentalmente restaban facultades al Consejo de Información Pública del Distrito Federal. La Asamblea consideró algunas de estas observaciones del Jefe de Gobierno y volvió a aprobar, ahora con mayoría calificada, un nuevo dictamen que fue remitido al jefe de Gobierno para su promulgación; sin embargo, de nueva cuenta, el Jefe de Gobierno, amante de la transparencia, presentó ante la Suprema Corte el 8 de mayo una controversia constitucional para la no instalación del Consejo de la Información y la designación de los consejeros. En aquel entonces afirmó que estaba en contra de que los integrantes del Consejo de la Información del Distrito Federal, percibieran sueldos y le costaran a la Ciudad, sueldos que iban del orden de 50 a 60 mil pesos.
Es claro hoy que su objetivo no eran los ahorros para la Ciudad, sino obstaculizar el acceso a la información Pública; hoy, hasta su chofer gana más que lo que gana un consejero del Consejo de Información del Distrito Federal y en conjunto, el Consejo representa menos erogaciones que las erogaciones que hace el Distrito Federal para la familia del chofer.
Para entonces, la Suprema Corte resolvió a final de cuentas en noviembre de 2003, que la suspensión, retraso o impedimento en la instalación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, contraviene las instituciones fundamentales del orden jurídico Mexicano, como lo es el derecho a la información y ordenó su instalación; sin embargo, para entonces ya había cambiado la composición de la Asamblea Legislativa y el PRD, en la Asamblea Legislativa, promovió una contrarreforma a la ley aprobada que nunca pudo entrar en vigor y ahora aprobaron un nuevo dictamen con esta contrarreforma y la ley finalmente fue publicada en diciembre del 2003.
De acuerdo con esta ley, ahora los entes públicos tienen que definir qué información, en base a la ley, se considera clasificada, que no puede darse acceso al ciudadano a esta información; y el pasado 29 de enero, entre otros de los entes públicos, la Secretaría de Obras y Servicios, emitió un acuerdo en el que establece que es información de acceso restringido por los próximos diez años, todo lo que se refiere a las actas y a los archivos del Comité de Obras, lo mismo del Subcomité de Adquisiciones.
Con estos acuerdos se vuelve prácticamente nugatorio el derecho de acceso a la información pública a los habitantes de la Ciudad de México; con estas trampas, por ejemplo, la Secretaría de Obras y Servicios, convierte en información reservada, casi confidencial, hasta el 2014, las actas de estos comités y subcomités. Esto, junto con el acuerdo que tomó la Contraloría respecto a la restricción de información, pues hace totalmente de la ley una figura decorativa que no va a operar.
¿Qué es lo que se pretende ocultar?, ¿los procesos mediante los cuales se adjudican las obras? Violando el Código Financiero, todos lo sabemos, se hizo el Distribuidor Vial de San Antonio, ni siquiera existía una manifestación de impacto ambiental como se establece en la ley. La obra ya se concluyó, ¿a quién se va a ocasionar daño y a quién se le va a dar ventaja si se sabe, con qué montos se asignaron los contratos?, ¿cuáles son los resultados de los peritajes cuando fallaron las varillas en las columnas?, ¿cuáles son los resultados de las pruebas de calidad que se hicieron a estas obras que se realizaron con mucha premura y que incluso la premura, la prisa, costó la vida de seres humanos?, ¿por qué la ciudadanía no puede conocer los resultados de todas estas informaciones o de las adquisiciones? El único argumento que presentan es que daría ventaja a otros ciudadanos, pues, claro, daría ventaja a la ciudadanía en general el que se supiera a cuánto asciende, sería fundamental conocer para que bajaran los costos de las obras.
En consecuencia, presento a consideración la siguiente propuesta con
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a revertir el Acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad el pasado 29 de enero, mediante el cual se establece como reservada toda la información sobre el distribuidor vial San Antonio y las demás obras viales, que se llevan a cabo actualmente y que impedirá que la ciudadanía conozca hasta el 2014 todo lo relativo a contratos, precios unitarios, estudios de seguridad y demás sobre esas importantes obras.
Asimismo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a circunscribir la clasificación e información a los casos que estipula la ley, en donde se afecta la seguridad de personas, la seguridad nacional, genere daños a la economía del país o de la ciudad o atente contra la privacidad de las personas.
Es cuanto señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor legislador.
Primero sigo diputada Dolores Padierna el procedimiento de urgente resolución.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA YOLANDA VALLADARES VALLE: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Se considera de urgente resolución, en consecuencia está a discusión la proposición.
Esta presidencia tiene registrados para hablar en el proceso de discusión en este tema al señor diputado don Luis Antonio González Roldán y a la diputada doña Dolores Padierna Luna.
¿En pro? Lo registramos señor diputado Döring.
¿Quiero preguntarle a la diputada Dolores Padierna, si su registro es en contra? ¿Es en pro?
Perdóneme, en los términos del 122 nada mas puedo conceder el uso de la palabra a los dos primeramente registrados.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Antonio González Roldán del Partido Verde Ecologista de México.
-EL C. DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. No obstante la existencia de leyes y reglamentos que obligan al gobierno central de la Ciudad de México a cumplir con la transparencia en el uso de los recursos y la información, la discrecionalidad y el ocultamiento vuelven hacerse evidentes.
Con el Acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno de la Ciudad de México el pasado 29 de enero, mediante el cual se establece como reservada y/o confidencial toda la información sobre las obras, es decir, sobre el distribuidor vial San Antonio y las demás obras viales que se llevan a cabo actualmente, se hace evidente que la transparencia y la rendición de cuentas son cualidades ajenas al gobierno populista e irreponsable que gobierna esta gran ciudad.
Este Acuerdo confirma la fiera oposición del Jefe de Gobierno a la Ley de Transparencia y genera dudas y suspicacias sobre el costo que tendrán que asumir los habitantes de la ciudad y sobre los criterios bajo los cuales fueron concesionadas estas obras.
No debemos olvidar que la deuda del Distrito Federal ha venido creciendo de manera preocupante, los datos indican que para finales del 2003 la adeuda ascendía a cerca de 42 mil millones de pesos, nivel insostenible que se convierte en un serio peligro para la sustentabilidad de las finanzas públicas del Distrito Federal, sin embargo, seguimos ocultando información donde se destinan diversos recursos públicos.
Adicional a lo anterior este acuerdo violenta de manera deliberada una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal demasiado cuestionada.
En lo particular, con relación a sus artículos 1o., 3o., 4o., 5o. y en especial el artículo 9o. que a la letra estatuye: "El libre acceso a la información debe contribuir a mejorar el nivel de vida de las personas, optimizar el
nivel de participación ciudadana en la vida comunitaria y en la toma de decisiones; garantizar el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno del Distrito Federal; favorecer la rendición de cuentas y contribuir a la democratización y plena vigencia del estado de derecho."
Por lo anterior el Partido Verde Ecologista de México, se suma al exhorto que hoy se hace desde esta Comisión Permanente para que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal dé marcha atrás y permita que la ciudadanía conozca todo lo relativo a licitaciones, contratos, estudios de seguridad y todo lo relacionado con los compromisos financieros adquiridos y el manejo de recursos derivados de estas importantes obras y que omita su irresponsabilidad en la conducción del Gobierno del Distrito Federal.
Por su atención muchas gracias.
-PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, la diputada doña Dolores Padierna Luna.
-DIP. DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias señor presidente.
El tema, el asunto que trajo a esta tribuna el Senador Larios, es de enorme importancia porque como él bien lo comenta, la transparencia es un derecho de los ciudadanos inalienable; la gente tiene el derecho de conocer toda la información pública.
Sin embargo, a la gaceta a la que hace mención el Senador, fue publicada por la Contraloría General del Distrito Federal y como él es un buen conocedor de la ley, sabrá que la Ley de Transparencia, la federal, la local y las poquitas que se han emitido en la República señalan con toda claridad que cada dependencia está obligada a publicar la información de su Dependencia. La Contraloría no hace obras, no hace obras públicas, no está obligada a informar de las obras públicas; quien lo debe de hacer es quien realiza la obra.
Lo que está diciendo la Gaceta de la Contraloría General es que está auditando, y mientras esté el procedimiento y no se termine la auditoría, no se podrá hacer la información pública. Una dependencia no puede informar lo de otra dependencia. La información que se genera en cada área debe de ser informada en el área correspondiente.
La Contraloría hace auditorías, hace estudios de legalidad, vigila que los procesos se apeguen a la norma, inhabilita a las empresas que incumplan o incurran en faltas, etc. Pero aquí lo que se está hablando de las obras del distribuidor vial y otras obras, han sido hiperpúblicas…
-PRESIDENTE: Un momento, suspendan el marcaje. Un momento diputada.
Señor Senador Larios, ¿con qué propósito?
-SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: (desde la curul) Con el propósito de solicitar autorización para hacer una interpelación a la oradora.
-PRESIDENTE: ¿Acepta diputada Dolores Padierna?
-DIP. DOLORES PADIERNA: Claro que sí señor presidente.
-PRESIDENTE: Adelante, la presidencia también lo acepta.
-SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA: (desde la curul) Diputada, simplemente preguntarle si está consciente de que en la Gaceta del 29 de enero no solamente se publica la restricción de información de la Contraloría, sino también y va en primer lugar, la Secretaría de Obras y Servicios, que es a la que me refirió la restricción de información sobre obras públicas.
-DIP. DOLORES PADIERNA LUNA: Mire, las obras a las que usted alude, que son el distribuidor vial, varias obras que ahí aparecen señaladas, las hace el llamado Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación. Este fideicomiso es de carácter público, y por ser de carácter público se tiene que vigilar y auditar incluso por auditores externos y debe de ser quien informe de todas las obras que va realizando.
Es un tema, senador Larios, que a lo largo de por lo menos dos años estuvo en los medios de comunicación todos los días. Al grado que cuando iba a comenzar la obra se pidió que los medios de comunicación estuvieran presentes desde el inicio hasta la apertura de los sobres para ver quién ganaba el contrato de la obra y han dado seguimiento puntual cada día los propios medios de comunicación, a los cuales se les invitó como observadores para cuidar y vigilar la transparencia y la legalidad de esta obra.
- EL C. PRESIDENTE: Continua el marcaje.
- LA C. DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA (PRD): Bien.
Entonces yo lo que quisiera comentarles es que ¡en el caso del Distrito Federal todas las licitaciones, de todas las obras públicas, son abiertas! ¡A los ciudadanos, contralores, si alguien aquí lo solicita puede estar presente y además se publican los resultados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal! ¡Pero además se informan en cada Informe Trimestral que se le entrega a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal! ¡Y además está detallada -si ustedes lo revisan- pero al detalle en la Cuenta Pública 2001, que es la que se revisa; la 2002 que ya se entregó y parte de la 2003 que también ya se adelantó!
¡Además como tiene como fiduciario a Banobras, también a Banobras -que gobierna el PAN-, también a Banobras se le entrega cada tres meses la información al detalle de todas y cada una de las obras que están referidas!
¡También quisiera comentar que cuando concluyan las obras de nueva cuenta tendrá que publicarse, como lo ordena la Ley de Transparencia, una vez más y dando puntual cuenta del resumen o la totalidad de la obra que ha lugar!
En el 2002, senador Larios, el PRI y el PAN todo el trienio pasado hicieron mayoría en la asamblea y solicitaron una auditoría al Distribuidor Vial y por ser un fideicomiso público lo hizo un auditor externo el despacho Galaz Yamasaki y ese resultado se publica, está publicado en la página de Internet y fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Y quiero decirles que el ocultamiento de información está en otras áreas, está en otras dependencias. Pero quisiera precisar un punto que decía el senador en el caso de la Ley de Transparencia dice que se reserva qué información sacar y qué información no sacar. Eso lo dice también la Ley de Transparencia Federal.
Aquí traigo la lista, hojas y hojas de lo que la SENER, Secretaría de Energía, no quiere hacer público.
Aquí traigo la lista de CONDUSEF, que también es federal, no quiere hacer públicas hojas y hojas de información.
Y también el INEGI, por considerar información privilegiada, etcétera, etcétera.
Entonces quiero volverles a decir ¡si buscan, no sé, influyentismo: ya se acabó en el Distrito Federal! ¡Las cuotas, los porcentajes que se recibían por cada obra pública que hacían los anteriores Regentes y que eran una desviación para el enriquecimiento personal, eso ya se acabó!
Apoyamos el punto de acuerdo del senador Larios porque se tiene que hacer público, lo público debe ser público.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Se le agotó el tiempo, diputada.
- LA C. DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA (PRD): Y simplemente terminaría diciendo que el propio Senador no ha querido entregar a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente un punto de acuerdo que aprobamos para su discusión y quiere seguir ocultando el rescate bancario.
¡Igual está el aeropuerto de Querétaro, que es un meganegocio de Diego Fernández de Cevallos!
En fin, hay una lista de Amigos de Fox, Vamos México. Ahí hay que buscar la discrecionalidad y el abuso...
- EL C. PRESIDENTE: Terminó el tiempo señor, pero haré una excepción si la diputada acepta la interpelación.
- LA C. DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA (PRD): Claro que sí.
- EL C. SENADOR JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS (PAN. Desde su escaño): Nada más ¿cuando se refiere a los anteriores Regentes es Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles?
- LA C. DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA (PRD): A los anteriores Regentes. Si usted sabe muy bien los términos, porque usted es un buen legislador, ¡Regente es la figura que nombraba el Presidente de la República de a dedazo! Pero en cuanto comienzan a ser Jefes de Gobierno del Distrito Federal es cuando los elige el pueblo, que es el caso del Ingeniero Cárdenas.
-PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
-SECRETARIA, DIP. YOLANDA VALLADARES VALLE: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la negativa.
-PRESIDENTE: Entonces se abre un segundo turno de oradores.
Tengo registrados al señor senador David Jiménez González y el señor diputado, perdón, antes de don David Jiménez González, al señor diputado Federico Döring Casar, para hablar en pro.
Tiene el uso de la palabra don Federico Döring.
-DIP. FEDERICO DÖRING CASAR (PAN): Con su venia, señor Presidente.
Yo me voy a referir al tema, porque para este tema sí tenemos argumentos y no necesitamos distraer la atención con otros temas.
Lo primero que hay que decir es que ciertamente el tema del distribuidor vial es un tema que se ventiló en la Asamblea Legislativa, de la cual fui integrante durante mucho tiempo. Tengo en mi poder un Punto de Acuerdo en el cual se requirió información al Gobierno del Distrito Federal de fecha 5 de febrero y otro de fecha 23 de abril del 2002, mismos que nunca fueron honrados por el Ejecutivo y nunca se remitió la información básica que detalla para una obra de esta naturaleza; el Código Financiero, la Ley de Obras, la Ley de Adquisiciones y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. Así que el asunto de la opacidad y la falta de información y transparencia en materia de obra pública en el Distrito Federal, no es algo nuevo, no es algo que date de la promulgación en la Gaceta.
Y el asunto que trae la diputada Padierna merece varias explicaciones. Primero, es falsa la transparencia, porque la Gaceta no sólo consigna los acuerdos de la Secretaría de Obras sino los e la Contraloría. Entre lo que no es público en términos de la información reservada que ha señalado la Contraloría, son los informes de resultados de las auditorías, aunque ella venga a esta tribuna a decir que es información pública, porque en el acuerdo de la Gaceta está como reservado.
Y entre otras cosas que contiene el acuerdo de la Gaceta, tiene información reservada con fundamento en la fracción VI del artículo 24. El artículo 24 que existía en la Gaceta del 8 de mayo del 2003, en la ley original que vetó el Jefe de Gobierno, pero que ya no existe en la Gaceta del 31 de diciembre del 2003, después de la contrarreforma que se dio en la Asamblea Legislativa; así es que hay una serie de inconsistencias, porque ni siquiera tuvieron la atingencia de fundar y motivar adecuadamente la materia que quisieron reservar.
Pero si analizamos la materia en discusión, el artículo 16 de la ley en vigor expresamente dice que toda la información relativa a las obras públicas es de naturaleza pública y detalla que tiene que consignar el monto, la obra, quién es la empresa ejecutora, la empresa revisora, si hay una auditoría, la obra cuál sea el informe, el importe de la obra, el plazo de ejecución y de ahí que haya un contrasentido en que se pretenda que sea reservada la información en materia de obra pública, cuando la propia ley tiene una disposición expresa que dice que es de naturaleza pública.
Y también pasa lo miso con el artículo 18 de la ley vigente, que dice que toda la información de los informes de resultados, valga la redundancia, de la Cuenta Pública, será de materia pública. Ella viene aquí a hablar de una auditoría externa que se le hizo al Fideicomiso para el Mejoramiento de Vialidades por parte de un auditor externo y esa información en términos del acuerdo también se consigna como reservada; así es que ese es el doble discurso.
También lo que hay que dejar muy claro, es que si esta obra se hizo a través de una fideicomiso en violación flagrante al artículo 1 de la Ley de Obras del D.F., que dice que no se puede hacer obra pública a través de un fideicomiso porque tendría por objeto éste el sustraerse a las disposiciones de la ley de la materia, fue precisamente porque el Secretario de Obras, César Buenrostro, nunca compartió el proyecto y el único recoveco administrativo que tuvieron para poder zanjar un proyecto que nació y se dio en la clandestinidad, fue la creación de un fideicomiso violatorio de la Ley de Obras. Y éste es el asunto al que hay que ...
-PRESIDENTE: Un momento señor diputado Döring. Suspendan el marcaje.
¿Con qué propósito diputado?
-DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ (desde la curul): Con el de consultar si puedo hacer una interpelación.
-PRESIDENTE: ¿Acepta diputado Döring?
-DIP. FEDERICO DÖRING CASAR: Por supuesto señor Presidente.
-PRESIDENTE: Adelante.
-DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ (desde la curul): Señor diputado, estamos hablando sobre la información que debe ser pública, los resultados, los análisis, pero usted está señalando que desde la elaboración de los proyectos que todo esto desde su origen dice usted "en la clandestinidad", ¿a qué se refiere usted con esa afirmación?
-PRESIDENTE: Adelante diputado Döring.
-DIP. FEDERICO DÖRING CASAR: Gracias señor Presidente.
Me refiero a la clandestinidad en la obra, porque como todos ustedes recordarán es una obra que no venía contenida en el proyecto original de Presupuesto para Egresos del 2002, es una obra que se dio a conocer en los medios de comunicación y que no era materia del presupuesto que estaba en deliberación en la Asamblea.
Para esta obra originalmente no había proyecto ejecutivo, no adquiría dictamen de cálculo estructural, a todos creo que nos recuerda que cuando había un dictamen de impacto ambiental que se hizo en cuatro días, en cuatro cortos días, éste no era accesible en términos de los ciudadanos porque se tenía que consultar insisto, en la Secretaría del Medio Ambiente y no se podían solicitar fotocopias del dictamen de impacto ambiental, es un proyecto que se dio sobre las rodillas porque originalmente valía dos mil millones de pesos según el Jefe de Gobierno y en la primer corrida de licitación, las más bajas ofertas económicas eran de ocho mil millones de pesos y eso es lo que lo vino a cancelar y a postergar, y a fragmentar porque se hizo sobre las rodillas, eso es la clandestinidad de un proyecto… (interrupción del Presidente)…
- EL C. PRESIDENTE: Continúe el marcaje de tiempo.
- EL C. DIP. FEDERICO DÖRING CASAR: Sí… que no tenía sustento ni programático ni técnico y que salió, que es lo que creemos que se está ocultando.
Hay un dolo al tratar de evitar que se sepa cómo es que se dio el proyecto, de dónde se hicieron las transferencias de recursos para financiarlo, cuáles fueron las empresas ejecutoras y revisoras de la obra; no hay información pública, aunque se diga aquí mentiras, de cuál fue el dictamen que se hizo cuando se doblaron las varillas del Distribuidor Vial y cuál fue la causal para que se doblaran las varillas, eso no es información pública.
Tampoco hay información publica sobre la resistencia sísmica al Distribuidor Vial después del incidente cuando "la ballena" chocó una de las principales columnas y que demoró, pero en el fondo del asunto la inconsistencia en el discurso del PRD y del Jefe de Gobierno porque hubo un capricho político en adelantar la obra y entregarla aunque todavía no estaba útil para los vehículos, para poder cumplir con los plazos del Código Electoral del DF y entregarla antes del plazo que señala la ley aunque no servía y se decía que era público y lo que antes era público, ahora es obscuro, ahora es opaco.
Y ya lo dijo el senador Larios, el Jefe de Gobierno es el único gobernante de este país que ha vetado una Ley de Transparencia y la vetó con el prurito del impacto presupuestal y ahora resulta que su chofer gana más que los garantes del acceso a la información en el DF, ahora resulta que su chofer es más garante de combate a la corrupción y de transparencia en el DF que el órgano que mandata la ley.
Es cuanto señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias. Para alusiones, sí le doy el uso de la palabra doña Dolores Padierna, adelante.
- LA C. DIP. DOLORES PADIERNA LUNA: Diputado Döring, usted era diputado local los tres años anteriores y lo que se nota de su intervención es de que no leía los informes trimestrales; que tampoco estudió la cuenta pública única que le tocó revisar a pesar de estar en esas comisiones; se desprende y es obvio que el diputado no leyó porque si algo se cuidó en detallar por todo el escándalo que armaron desde la Asamblea, justamente fue el Distribuidor Vial.
Entonces, ahí aparecen páginas y páginas donde a grado de centavos era… yo sí leí, aunque yo no era diputada y usted no entiendo porque no… o a lo mejor no les entiende bien a los datos.
Usted dice que no se entregó el resultado de la auditoría, pero dónde cree que no se va a entregar, se publicó en la página de Internet y salió publicado en la Gaceta Oficial; esos documentos no se pueden inventar, están a la vista. ¿cómo usted dice que nos e publicó? Bueno, el mentiroso es usted pero la realidad se impone, ahí está la gaceta, ahí está la pagina de Internet, léala, véala por favor.
Ahora decirle, quien hizo persecución fueron los diputados, no hay modo… todo lo ven político, todo lo quieren hacer ruido, solamente para esto… Sí, es que se comportaron como francotiradores, no como diputados y eso no creo que ocurra en ningún lado.
Pero usted dice que los proyectos ejecutivos no se conocieron, que el dictamen y peritaje de no sé qué y qué… Todo se puso a la vista pero además está a la vista y yo agregaría al punto de acuerdo del senador Larios, que se forme una comisión que vaya y revise todos los proyectos… que le sepan, que sean ingenieros, arquitectos, los que saben de eso y no Döring porque a lo mejor lo que él ve cree que está mal pero si no es ingeniero, si no es arquitecto, si no es técnico especializado en esas cosas pues no le va a entender.
Y vuelvo a decir, estuvieron presentes los medios de comunicación y al minuto en que se abrieron los sobres y salió cual fue la empresa que ganó, se supo a los dos minutos en que se hizo el concurso y salió publicado en todos los medios de comunicación, a lo mejor tampoco el periódico lee, y yo diría no es capricho hacer el distribuidor vial, es una necesidad de una megalópolis como la ciudad de México y además un compromiso del Jefe de Gobierno ante la ciudadanía de desarrollar obras viales y está cumpliendo con esa obligatoriedad.
Y a propósito de la Ley de Transparencia, el veto que hizo el Jefe de Gobierno a esta Ley, era por el procedimiento, ése sí oculto, discrecional, en lo oscurito, que hicieron sobre todo los diputados del PAN, los diputados locales de decidir de a dedazo, quienes iban a integrar el consejo. Bueno, dónde creen, creen que nacimos ayer o ¿qué les pasa?. Como que ustedes van a decidir quienes integran un consejo, pero además sí había salarios enormes para los que integrarían ese consejo.
Y vuelvo a decirles que Nicolás Mollinedo no es chofer, es coordinador de área, que a propósito de salarios, los coordinadores en la Presidencia y en el Gobierno Federal ganan 140 mil 808 pesos mensuales, a diferencia de lo que se reciben en el D.F., que son de 60 mil pesos, pero hay que ver lo que ganan en Querétaro, lo que ganan en Nuevo León y vamos a traer aquí, a propósito del Federalismo los datos de cada entidad. Estamos estudiando, así como ustedes ven lo del D.F., vamos a traer aquí, muchos ejemplos de verdadera discrecionalidad, cajas negras en entidades federativas, en municipios.
Simplemente, quisiera decirles que los entes públicos seleccionan la información, eso está en la ley aprobada por el Congreso de la Unión y de ahí se desprenden las leyes locales y han tomado como reserva nada más, lo que pueda afectar algún procedimiento. De ahí en fuera, en el caso del .D.F., no tenemos nada que ocultar, nada de que avergonzarnos y sí mucho de que presumir.
-EL PRESIDENTE: ¿Con qué propósito diputado Doring?
-EL DIP. FEDERICO DORING CASAR(desde su curul): Para alusiones.
-EL PRESIDENTE: Adelante, para alusiones.
-EL DIP. FEDERICO DORING CASAR: Con su venia, señor Presidente.
En primer término, habría que agradecer la cátedra de ingeniería civil que me prodiga, quien tampoco tiene un título en la materia, pero hay que hacer varias precisiones al respecto.
Primer asunto. Por supuesto, que fui diputado local y por supuesto que conozco el tema y cuando revisábamos las cuentas públicas descubrimos entre otras cosas, las irregularidades de Rosario Robles, que se consignaron en la cuenta pública y que se rasuraron en la casa de Carlos Ahumada con la connivencia del entonces Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, el perredista Armando Quintero y que fueron confirmadas con la inhabilitación por un año de Porfirio Barbosa y de otros funcionarios de primer nivel que después terminaron en el flamante gobierno de Michoacán. Así que sí, revisamos la cuenta pública.
Pero a propósito de la cuenta pública habría que revisar como se conduce hoy día la mayoría perredista en la Asamblea. Una de las primeras reformas que pasó la mayoría perredista en la Asamblea fue eliminar el informe previo que se rendía con la cuenta pública, para sólo dejar el informe de resultados, ¿para qué?, para que ahora sí puedan rasurar en lo oscurito a discreción todos los informes previos de la revisión de la cuenta pública.
Sobre lo que yo dije de la auditoría externa, yo no dije que no se había publicado. Lo que dije es que ese tipo de auditorías externas, están consignadas en el acuerdo de la Gaceta como materia reservada, eso fue lo que yo dije, habría que escuchar con mayor precisión lo que se viene a decir a la tribuna.
Y sobre el asunto de este jefe de unidad que trabaja como chofer, la realidad del asunto es que sigue ganando más que los garantes del acceso a la información, se les llame como se les llame. Sí ellos iban a tener una percepción de 62 mil pesos, es porque en términos de la ley estaban homologados a lo que es el salario del un magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la legislación local; que es el mismo símil que aplica en la legislación federal. No estamos inventado el agua tibia, estábamos retomando la figura de la legislación federal y por eso es, que ahora resulta por demás irónico y contradictorio que este jefe de unidad que trabaja como chofer todos los días, gane más que los magistrados del Contencioso Administrativo del Distrito Federal, si no se quiere equiparar con los garantes del acceso de la información en el Distrito Federal.
Y lo más importante, se dice que la ley se hizo en la clandestinidad. ¿Se les olvida acaso que fue los medios de comunicación los que expusieron, que el ministro de la Suprema Corte ponente, que estaba conociendo de la controversia, igual el único gobernante de este país que ha entablado una controversia constitucional para mantener la opacidad fue Andrés Manuel López Obrador y el ministro Molinete, en flagrante violación al artículo 15 de la ley reglamentaria a las fracciones I y II del 105 y a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial al reconocerse públicamente como amigo del Jefe de Gobierno, se dispensara en reuniones fuera de su oficina para tratar con el Jefe de Gobierno la materia de la controversia y esa fue la causal por la cual le fue retirada la suspensión al Gobierno del Distrito Federal y le fue retirado al Ministro ponente el conocimiento del caso que nos ocupa, así es que si alguien va a venir aquí a hablar de cómo en lo oscurito se hacen acuerdos, primero hay que revisar con quién desayuna y con quién come el Jefe de Gobierno y con qué amistades viola la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Muchas gracias, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra para alusiones personales, el señor diputado don Manuel Camacho Solís.
EL DIP. MANUEL CAMACHO SOLIS: Con su venia, señor Presidente.
Distinguidas y distinguidos legisladores:
Estoy a favor de la transparencia en todos los casos. La transparencia es o general o no existe. Es decir, es aplicable al D.F., al Gobierno Federal, a las obras del distribuidor, al FOBAPROA, a todo.
Hay un asunto de fondo que aquí se discute, que es el de la honestidad del actual Jefe del Gobierno de la Ciudad y el de la honestidad de quien fue entre en 1988 y 1993 Jefe del Departamento del Distrito Federal.
Ustedes saben que Andrés Manuel López Obrador es un hombre honesto y además saben que las obras que están haciendo cuentan con el apoyo de los ciudadanos.
Pero el punto que quiero aquí fijar es el que se refiere a mi persona. Quiero decirles que mi gobierno fue un gobierno honesto; no sólo en ese momento tengo una larga vida...
EL SEN. JUAN JOSE RODRÍGUEZ PRATS (Desde su curul): Me acepta una interpelación el orador.
EL DIP. MANUEL CAMACHO SOLIS: ... no acepto en este momento una interpelación.
EL PRESIDENTE: No la acepta, senador.
EL DIP. MANUEL CAMACHO SOLIS: Después, al final con mucho gusto.
EL PRESIDENTE: No se permiten diálogos.
EL DIP. MANUEL CAMACHO SOLIS: No sólo como Jefe del Gobierno de la Ciudad, sino que me ha tocado llevar una de las carreras políticas más largas de los que estamos aquí presentes. Y me ha tocado manejar los mayores presupuestos que ha habido en el país y puedo decirlo de manera muy clara, que no existe un empresario, un ciudadano y no ha existido un solo gobierno habiendo tenido a presidentes de enemigos políticos personales, que pueda haber sostenido, demostrado o siquiera dicho que alguna vez en mi vida recibí una comisión o que alguna vez en mi vida participé en algún negocio privado. Para mí la política y los negocios son cosas distintas y eso lo aprendí de joven y así me voy a morir.
Pero no sólo fue mi gobierno un gobierno honesto, sino que también fue un gobierno eficaz para beneficio de la ciudad y fue eficaz porque goberné con todas las fuerzas políticas del país, en acuerdos permanentes.
EL SEN. JUAN JOSE RODRÍGUEZ PRATS (Desde su curul): Para una moción, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: A ver, en qué consiste la moción.
EL SEN. JUAN JOSE RODRÍGUEZ PRATS (Desde su curul): Por las atribuciones que me concede la Ley Orgánica...
EL PRESIDENTE: 105 ¿cuál es el problema?
EL SEN. JUAN JOSE RODRÍGUEZ PRATS (Desde su curul): Yo le suplicaría que le señale al señor orador que se someta al tema que está a discusión.
EL PRESIDENTE: Perdóneme señor senador Rodríguez Prats, pero en opinión de la Presidencia está refiriéndose a las alusiones de que fue objeto, y en esos términos fue pedida y concedido el uso de la palabra.
Continúe señor diputado Camacho Solís.
EL DIP. MANUEL CAMACHO SOLIS: Fue un gobierno eficaz. Con el apoyo de todas las fuerzas políticas le dejamos a esta ciudad las finanzas públicas más sólidas que había en el país y dejamos a la ciudad sin deuda.
Hicimos grandes obras de infraestructura desde metro, drenajes profundos, Xochimilco, Zaragozas, pero también hubo un gran avance institucional. Y gracias a que se pudo hacer un trabajo con amplios respaldos ciudadanos y políticos, pudimos entre todos hacer una de las grandes reformas políticas que hubo en el país, que fue democratizar el Distrito Federal.
Yo espero que si estamos hablando de honestidad en este momento, quienes hoy somos diputados y senadores podamos antes de que dejemos de serlo, dejarle a la nación una contribución de fondo sobre el tema de la transparencia y la rendición de cuentas.
Por eso los invito a todos ustedes a que en su momento trabajemos, hablemos, propongamos y hagamos un trabajo legislativo que permita reformar el título cuarto de la Constitución "De las Responsabilidades de los Servidores Públicos", para que ya no estemos hablando de los detalles, sino que nos vayamos al fondo, de hacer a los gobiernos que tenemos verdaderamente responsables, porque todavía no lo son muchos de manera suficiente.
Muchas gracias, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señor diputado. ¿Acepta la interpelación una vez que ha terminado, señor diputado?
EL C. DIPUTADO VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS.- Sí, con mucho gusto, con mucho gusto.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante, senador Rodríguez Prats.
EL C. SEN. JUAN JOSE RODRÍGUEZ PRATS, (desde su curul).- Señor diputado, tal como lo dice usted, siendo usted partidario de la transparencia y la honestidad, conteste nada más sí o no: ¿en el mes de septiembre de 1992 le proporcionó usted 9 mil millones de pesos, de viejos pesos, 9 millones de pesos de ahora a Andrés Manuel López Obrador por desalojar el Zócalo en ese año, en el mes de septiembre del 92?
EL C. DIPUTADO VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS.- Señor senador, la respuesta "sí" y "no", están buenas para un reportero, pero no para un legislador que quiere conocer los hechos.
Le voy a decir las cosas, porque si puedo hablar con claridad sobre ese tema, puedo hablar sobre cualquiera, ese y el que usted quiera, aquí no hay problema, esa es una gran ventaja de no tener colas después de tener una larga vida pública.
No le entregué yo a Andrés Manuel López Obrador ningún recurso, lo que hizo el Gobierno de la República, fue cumplir con compromisos que estaban establecidos y eso sí, con el visto bueno del resto de las Secretarías que tenían intervención en esos asuntos. No fue una decisión del Jefe del Departamento del Distrito Federal, se cubrieron las indemnizaciones correspondientes a trabajadores que tenían derechos laborales y que PEMEX estaba obligada, de acuerdo con el criterio del Secretario del Trabajo, en esa época, Arsenio Farell, de cubrir.
Nunca en mi vida le di un centavo a López Obrador; y porque supe de su honestidad, ahora tengo con él una relación de cercanía política, si no, jamás la tendría, señor senador.
EL C. DIP. FEDERICO DÖRING CASAR , (desde su curul).- Señor Presidente, deseo hacer una interpelación al orador.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señor diputado, ha concluido, ¿acepta otra interpelación?
Adelante, diputado Döring.
EL C. DIP. FEDERICO DÖRING CASAR, (desde su curul).- Si, diputado Camacho, en otro tenor completamente, yo quisiera preguntarle, en su carácter de diputado federal del PRD por el D.F, recientemente el Gobierno del Distrito Federal contrató una compañía, cuya razón social es "Retrofiting" para que hiciera un estudio sobre la resistencia sísmica del Distribuidor Vial.
Yo quisiera preguntarle si usted cree que este tipo de información debiera ser pública y usted estaría de acuerdo en que éste tipo de estudios, de evaluación a la resistencia sísmica de los distribuidores puedan ser públicos, porque me parece que es el tema que buscaba el senador Larios, centrar en materia de lo que debe ser público, y no en cuanto a obra pública que realiza, con recursos federales, el Gobierno del Distrito Federal.
EL C. DIPUTADO VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS.- Yo pienso que toda la información debe ser pública, como lo dije al principio, diputado; y en el caso particular de información de esa naturaleza, hay que manejarla desde luego con prudencia, pero tiene que hacerse pública.
Ahora, no tengo elementos suficientes de información para contestarle técnicamente su pregunta, pero sí le puedo decir que desde luego, todo lo que podamos hacer en términos de aumentar la seguridad de las obras, de las estructuras de la Ciudad, es lo que se tiene que hacer.
LA C. SEN. CECILIA ROMERO, (desde su curul).- Señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Senadora Cecilia Romero.
LA C. SEN. CECILIA ROMERO, (desde su curul).- Deseo hacer una pregunta al orador.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta la interpelación de la senadora?
EL C. DIPUTADO VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS.- Con mucho gusto, encantado.
LA C. SEN. CECILIA ROMERO, (desde su curul).- Señor diputado, sólo una pregunta: en función de lo que usted acaba de decir, de que está de acuerdo en que toda la información debe ser pública, ¿quiere decir que usted votará a favor de este punto de acuerdo?
EL C. DIPUTADO VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS.- Desde luego que voy a votar a favor.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA YOLANDA GUADALUPE VALLADARES VALLE.- En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Suficientemente discutida.
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
LA MISMA C. SECRETARIA.- En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Aprobada. Comuníquese.
Tiene el uso de la palabra el señor senador don Rafael Melgoza Radillo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para una proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la metodología utilizada para la estimación de ingresos petroleros en el calendario trimestral de ingresos del sector público.
-EL C. SENADOR RAFAEL MELGOZA RADILLO: Gracias señor presidente. Señoras legisladoras. Señores legisladores. Este Punto de Acuerdo que proponemos por parte del Partido de la Revolución Democrática el día de hoy y que se contiene en la Gaceta Parlamentaria, tiene como propósito fundamental el que esta soberanía cumpla mejor con su obligación de vigilar y revisar al Poder Ejecutivo Federal en el ejercicio y aplicación de los instrumentos jurídicos que contienen los ingresos y los egresos de la federación aprobados por este Congreso.
Consideramos condición necesaria que para el proceso de revisión y dictaminación de las cuentas públicas rendidas por el Poder Ejecutivo Federal, se tomen como punto de partida los contenidos específicos de la Ley de Ingresos de la Federación así como del Presupuesto de Egresos, que los informes, las cuentas de ingresos y de egresos rendidas, así como la vigilancia y fiscalización se dé en los tiempos y con las formas que la Constitución y la ley prevén.
El pasado 30 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación emitió el Diario Oficial de la Federación el calendario trimestral de la estimación de ingresos para el ejercicio fiscal 2004, dentro de ese documento aparecen cifras que no guardan en nuestra opinión una razón transparente, específicamente en lo relativo a diversos rubros de los ingresos petroleros.
Los tres derechos: extracción, extraordinarios y adicionales, que paga Pemex por cada barril de petróleo, se establecen en la Ley de Ingresos con tasas fijas y se concretarán a partir de la altura que alcancen los precios de esa materia prima en el mercado internacional, de tal manera que la proporción de cada uno de ellos debe mantener una correlación homogénea en los promedios trimestrales que se calculen, sin embargo, el documento oficial de referencia presenta diferencias en los tres derechos, afectando entre otras las cantidades de recursos distribuibles a las entidades de la federación.
Los aprovechamientos de rendimientos excedentes, por su parte, se calculan sobre la fracción del precio que rebasa los 20 dolares por barril, establecido por el Congreso en la propia Ley de Ingresos. En las estimaciones publicadas por la Secretaría de Hacienda, se concentran los ingresos por este rubro hasta en 75% de su recaudación anual en el primer trimestre, lo que origina que en el último trimestre resulte una cifra negativa hasta por 760 millones de pesos.
Una de las conclusiones a que se pudiera llegar con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda, es que se está asumiendo un desplome de los precios del petróleo en el segundo semestre del año, pero tal fenómeno tendría que registrarse también en alguna magnitud sobre los ingresos por concepto de derechos de extracción, no obstante los derechos adicionales sobre extracción que son distribuibles a los estados, su recaudación está estimada en 19% para el primer trimestre y 23% en el último trimestre.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que sometemos a consideración y aprobación del pleno de esta Comisión Permanente el Punto de Acuerdo en los términos siguientes:
UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende una solicitud de información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que remita a esta soberanía el esquema metodológico utilizado para el cálculo de los ingresos públicos, derivados de la extracción y exportación de petróleo, que se presenta en el calendario trimestral de la estimación de ingresos del sector público para el año 2004 publicado en el Diario Oficial el 30 de enero de 2004.
Es todo señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor senador.
Túrnese a la Tercera Comisión.
-PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de que informe a esta Soberanía sobre el resultado y avance de las recomendaciones que se hicieron al Ejecutivo Federal en el caso de las muertas de Juárez.
DIP. LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN: Con su permiso señor presidente:
En atención a la comparecencia del señor Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a que se turnará a las comisiones respectivas, me permitiré única y exclusivamente dar lectura al Punto de Acuerdo que se somete Punto de Acuerdo.
"UNICO. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de que se informe al Pleno de esta Soberanía sobre el resultado y los avances de las recomendaciones que se hicieron al Ejecutivo Federal en el caso muertes de Juárez, así como las que se le formularon al Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de desabasto de medicamentos y negligencia médica."
Es cuanto señor presidente. Muchas gracias.
-PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para una Proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente se pronuncie a favor de la postura que el Ejecutivo Federal adoptó en la Asamblea General de la ONU, sobre la construcción del muro de seguridad que atraviesa Cisjordania.
-DIP. JESUS EMILIO MARTINEZ ALVAREZ: Con su permiso señor presidente:
Como todos sabemos la nación, el gobierno de Israel, ha decidido defender su postura en el tema del muro de seguridad que atraviesa Cisjordania.
Después del veredicto a la Asamblea General de la ONU, en la que se dictaminó que el tema fuera discutido en la Corte Internacional de Justicia, Israel argumenta que dicha barrera es necesaria para defenderse de los continuos atentados perpetrados por las organizaciones armadas palestinas.
Dentro de los votos a favor de la Resolución que indica la Corte Internacional de Justicia que atiende este tema, figuró el de México, hecho que generó desde luego no manifiesto oficialmente, de la diplomacia israelí.
El conflicto rebasa las circunstancias oficiales y se aproxima más a las viejas imágenes del Muro de Berlín, edificado en la década de los 60, que más allá de definir fronteras separa familias, amigos y formas de vida.
El Gobierno de México actualmente tiene dos asuntos en la Corte Internacional: uno con Estados Unidos que se refiere precisamente a los que fueron condenados a muerte por ser violentados sus derechos internacionales. El otro es precisamente éste que siguiendo la política internacional de este país, ha propuesto que sea precisamente en esta Corte, donde se trate este asunto.
Sucede por un lado también, que actualmente la Corte se encuentra vacante, no tenemos un representante porque no se tienen, hasta donde sabemos, la propuesta de quién va a ocupar este lugar y esta posición tan importante.
Hemos repartido un documento sobre este asunto para un mayor entendimiento. Se trata pues de un muro de más de 750 kilómetros y que no se está construyendo dentro de los terrenos que fueron pactados en los acuerdos previos entre ambos países. Es quizás la obra, la mayor construcción que ha hecho el gobierno de Israel en los últimos 56 años. Hay 500 buldozers.
El pueblo de Israel considera o por lo menos cree en un 60, 50 por ciento de que se trata de su seguridad, pero el propio pueblo israelita está convencido, como lo han hecho declaraciones los propios militares, de que esta confiscación de tierras que actualmente se está haciendo en terrenos palestinos se convierte en un acto de terrorismo y por lo tanto en una guerra latente.
Creemos que debemos ser congruentes con la política exterior de México, no permitir que queden emparedados más de 500 mil palestinos por esta situación y que se les quite de lo ya quitado más del 50 por ciento del territorio que ya ocupaban.
Este muro, que a dividido familias, ha propiciado entre otras cosas los toques de queda, lo que imposibilita que muchas veces madres que van a dar a luz de un lugar a otro pierdan a sus hijos precisamente por esta barda, por este muro de la vergüenza que se está instalando.
Ante esta situación proponemos como punto de acuerdo el siguiente:
Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie a favor de la postura que el Ejecutivo Federal adoptó al seno de la asamblea general de la ONU para que la Corte Internacional de Justicia resuelva la controversia que genera la construcción del muro de "seguridad" -entre comillas- que atraviesa Cisjordania.
Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, señor Diputado.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
Se turna a la Segunda Comisión.
Tiene el uso de la palabra el señor senador don David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo en relación con la tala ilegal de bosques.
- EL C. SENADOR DAVID JIMÉNEZ GONZÁLEZ (PRI): Muchas gracias, señor Presidente.
La semana pasada presenté un punto de acuerdo que fue aprobado por todos ustedes por unanimidad, para que la Semarnat nos rindiera un informe de la situación que guardan las zonas boscosas de los estados de Puebla, estado de México, Morelos y el Distrito Federal. Y una de las inquietudes que despertó alguno de nuestros compañeros legisladores fue en el sentido de que este tema no debería de circunscribirse única y exclusivamente a estas entidades, sino que debería de contemplar esta situación tan delicada y tan grave en todo el ámbito nacional.
Por esa razón nuevamente comparezco con ustedes ante este problema que tenemos forzosamente que atender, porque cierto es que el mismo no se está dando nada más en estas entidades que yo mencionaba la semana pasada. Aunque debido a la intervención de nosotros una organización como Greenpace apuntó la situación tan crítica que prevalece en las lagunas de Zempoala. Los que las conocen saben perfectamente bien que se encuentra ubicada en mi estado, con los límites del estado de Morelos, y ha sido la deforestación tan grande que no han respetado lo que se ha considerado como Parque Nacional y desde luego como zona protegida.
¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo esta actitud, pareciera ser, con la anuencia y por qué no decirlo con la complicidad de los servidores públicos de estas dependencias.
Por eso es tan importante poner el dedo en la llaga. Si nosotros no detenemos este deterioro ambiental, no detenemos esta destrucción por medio de la deforestación de nuestras zonas boscosas, nuestras zonas forestales, vamos a encontrarnos un verdadero problema dentro de pocos años a nivel nacional.
¿Qué es lo que está pasando en los estados como Michoacán, en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, por mencionar algunos?Pues que están acabando definitivamente con sus zonas boscosas.
Tan grave ese así que nada más en el estado de Michoacán, esa zona hermosísima en donde van a parar las mariposas monarcas, en ese precioso bosque de oyameles, que debido a la situación tan delicada y tan grave por la que atraviesan nuestros campesinos en lo general, pero fundamentalmente ellos, han tenido que acabar con estas zonas forestales, porque de marzo a octubre no tienen un medio cómo poder hacer frente a sus necesidades de carácter económico, es decir, para poder sobrevivir, y esto trae como consecuencia que tengan que acudir a la tala de montes, a la deforestación.
Además, en la zona sur de nuestro país fundamentalmente, en donde tenemos una variedad de maderas preciosas, se está llevando a cabo una explotación irracional y además también con la complicidad de las autoridades, respecto a la caoba, que es una de las maderas más codiciadas en los mercados internacionales y en el propio mercado nacional.
Pero basta dar un ejemplo. El costo de metro cúbico que sale de nuestra nación, de nuestro país, se considera que es de una manera legal, un metro cúbico, pero no son solamente éstos los que salen de una manera registrada que tienen controlada las autoridades federales, sino que el doble, es decir, dos metros cúbicos, son traficadas de una manera ilícita, de una manera ilegal.
¿Qué es lo que nos espera? Pues que nuestras cuencas, nuestras zonas se vayan agotando y el día de mañana tendremos problemas muy serios que afrontar, ya no solamente desde el punto de vista forestal sino también desde el punto de vista hidráulico y desde el punto de vista de la generación de energía, como sucede en la empresa de La Angostura, en Chicoasén, Mal Paso ...
-PRESIDENTE: Se le agotó el tiempo senador.
-SEN. DAVID JIMÉNEZ GONZÁLEZ: Termino con esto señor Presidente.
El Punto de acuerdo que someto a consideración de todos ustedes compañeros y que estoy seguro que me apoyarán, es el siguiente:
"Único.- Que comparezca ante la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Comisión Permanente, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que explique en forma detallada sobre las medidas que la dependencia a su cargo está tomando para combatir la tala ilegal de árboles y el tráfico de maderas preciosas".
Por su atención, muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTE: Gracias señor senador.
Túrnese a la Tercera Comisión.
-SEN. DAVID JIMÉNEZ GONZÁLEZ (desde la curul): Señor Presidente, le solicitaría que se hiciera extensiva la invitación a las demás Comisiones también.
-PRESIDENTE. Señor senador, la ley no establece competencia específica para cada una de las Comisiones de la Comisión Permanente. Por el tema y la denominación de la Comisión es por lo que señalé Tercera Comisión y naturalmente todos los señores legisladores de las otras Comisiones podrán acudir el día de la comparecencia si así lo desean.
Tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Laguna, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al gobierno federal el cabal cumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, en las asignaciones aprobadas por la Cámara de Diputados para los programas rurales, suscrita por las diputadas doña Minerva Hernández Ramos y doña Eliana García Laguna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-DIP. ELIANA GARCIA LAGUNA (PRD): Gracias señor Presidente.
La propuesta de Punto de Acuerdo que vamos a presentar, está firmada también por el diputado Miguel Luna Hernández, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, y por el diputado Javier Manzano Salazar, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y pretendía ser un Punto de Acuerdo propuesto por las Comisiones Unidas del sector rural.
El campo mexicano, como es de su conocimiento, vive una aguda crisis social y económica que obliga a tener una política de Estado hacia este sector, misma que se expresa en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y que se refrendó con el Acuerdo Nacional para el Campo y que se respaldó en la Cámara de Diputados con la asignación de recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2004.
Ante un proyecto deficiente presentado por el Ejecutivo para atender el campo en donde se consideraban reducciones del 16% en términos reales, los diputados de varios partidos asumimos el compromiso ante diferentes actores sociales y económicos de corregir dicho presupuesto, así se integró el trabajo de las comisiones unidas del sector rural con la integración de las Comisiones de Desarrollo Rural, Agricultura, Asuntos Indígenas, Recursos Hidráulicos, Pesca, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Reforma Agraria y se logró una propuesta de presupuesto para el programa especial concurrente que se expresó en un total de 119,641.6 millones de pesos que considera una ampliación de 10,800 millones de pesos que la Cámara reasignó a este sector y que se expresa en su totalidad en el anexo 17 del Presupuesto, lo cual manifestó una voluntad política por parte de los diputados de todos los partidos representados en esta soberanía de dar el apoyo al campo.
En le marco del consenso, el Pleno de la Cámara de Diputados eliminó el llamado "Segundo transitorio" del proyecto de presupuesto donde se proponía la liquidación, fusión o extinción de importantes instituciones del sector rural, entre ellas el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Colegio de Posgraduados; el Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Comisión de Zonas Aridas.
Recientemente, a diferentes organismos de los anteriormente mencionados y a otros como la Universidad Autónoma Chapingo, así como en versión de varios funcionarios, se está realizando una reducción presupuestal a varios programas por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con la autorización, según se expresa en los oficios remitidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación que violenta el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado por esta soberanía.
Por lo anterior, se propone el punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifieste un exhorto al Gobierno Federal para que realice un cabal cumplimiento de las asignaciones presupuestales para el campo expresadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004.
Y lo firman los diputados que anteriormente mencionamos.
Gracias señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted diputada Eliana García Laguna.
----- Túrnese a la Tercera Comisión.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para una proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal dé cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 en materia de difusión de publicidad en tiempos oficiales para los Poderes Federales y órganos constitucionales autónomos.
- EL C. DIP. CARLOS FLORES RICO: Gracias señor Presidente. Quizás todavía algunos se acuerden que en diciembre, al aprobar el Decreto de Egresos de la Federación, se le incorporó un artículo 31 que en el espíritu del artículo 30 establecía una nueva racionalidad del uso de tiempos oficiales en radio y televisión y una de las medidas que la Cámara de Diputados estableció y aprobó fue una nueva distribución de los tiempos oficiales.
Se acordarán que quedamos en 40% del Poder Ejecutivo, 30% al Congreso de la Unión; 15% a esta Cámara de Diputados; 15 al Senado; 10% al Poder Judicial y 20% a organismos autónomos constitucionales.
Como ustedes imaginarán, ha pasado casi mes y medio y dicha disposición no se sabe, no se ve, no se siente, no conocemos oficialmente que se haya establecido ni siquiera el inicio de la misma; no conocemos, no sabemos de que haya emitido la Secretaría de Gobernación que es la que tiene por ley la administración de estos tiempos, si ya estableció reglas de operación, si ya establecieron convenios de trabajo con las demás instancias involucradas, si ya se ha hablado con los concesionarios, si hay un cálculo de tiempos establecidos para las diferentes entidades y poderes involucrados, nada.
Lo que sí sabemos es que hay muchas dudas en el Gobierno Federal acerca de esta disposición puesto que incluida esta Cámara de Diputados que han solicitado estos avances, no tienen claridad acerca de qué tiempos estamos hablando; sí los tiempos llamados fiscales derivados de la Ley del 68 o si los tiempos de Estado del artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Y esta situación, aunada a la inactividad en materia de administración de tiempos, hace que surja la preocupación de si no será esto una medida maquinada para no cumplir con el mandato de la Cámara de Diputados en cuanto a esta nueva distribución de los tiempos de Estado.
Por esa razón, la idea es que esta Comisión Permanente pudiera aceptar la emisión de un punto de acuerdo en los siguientes términos:
Primero.- Que se exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que nos informe sobre el cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2004, en lo referente a la distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión y
Segundo.- Que se solicite a la propia Secretaría de Gobernación un informe a la Cámara de Diputados que emitió el Decreto de Presupuesto de Egresos en el que se nos diga, cuáles son los tiempos acumulados, utilizados de enero a la fecha, tanto en radio como en televisión, en los dos tiempos oficiales, tanto el llamado tiempo fiscal, que son ahora los 18 minutos en televisión y los 35 minutos en radio como en los 30 minutos de ley o de Estado, que establece el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Es cuanto, señor Presidente.
-EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado don Carlos Flores Rico. Túrnese a la Tercera Comisión.
Tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Laguna para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice y emita su opinión, sobre el contenido de los informes que por mandato del Decreto de Presupuesto de Egresos de 2004, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligada rendir, suscrita por las diputadas doña Minerva Hernández Ramos y doña Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-LA DIP. ELIANA GARCIA LAGUNA: Gracias, señor Presidente.
Nuevamente, voy a dar lectura a un documento de compañeros diputados y de la compañera diputada Minerva.
"La aplicación de los ingresos públicos tiene por objeto dotar al Estado de los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a sus múltiples responsabilidades como es la provisión de los bienes y servicios, educación, salud, seguridad pública, etcétera.
El Presupuesto de Egresos de la Federación es el instrumento más eficaz para lograr el ajuste de la economía general y que se constituye en instrumento en redistribución justa del ingreso en nuestro país.
Por ello, es necesario entre otras cosas, analizar detalladamente los elementos que nos permitan tener pleno conocimiento de las necesidades, los programas, las metas y los objetivos de cada uno de los órganos del Estado. No es válido que continuemos trabajando sin realizar un estudio a las normas, que lejos de eficientar la labor legislativa, ponen obstáculos para distribuir los recursos de la nación.
Basta realizar un análisis a la circular emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se público en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de este año, en donde se dan a conocer las dependencias y entidades de la administración pública, los calendarios de presupuesto asignados para el Ejercicio Fiscal 2004, en cuyo contenido no se toma en cuenta las reasignaciones del gasto neto total de cada dependencia gubernamental y aún no se aplica en forma detalla la distribución del gasto.
No debemos de estar a los tiempos y el ejercicio arbitrario, negligente e inoperante que marquen ninguna autoridad administrativa en materia presupuestaria. Es fundamental que se conozcan ya los calendarios y la propuesta en cuanto al recurso que se redistribuyó en el ejercicio presupuestal que se realizó en diciembre en esta Cámara.
Resulta conveniente el análisis del Decreto de Presupuesto de Egresos 2004, respecto a los informes que las Secretarías de despacho están obligadas a remitir a esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su análisis, discusión y evaluación derivada de los compromisos presupuestales, lo cual repercutirá en una adecuada planeación de gasto público al poder recabarse la información necesaria y por tanto conocerse oportunamente de los objetivos de quienes, con responsabilidad y compromiso ejercerán este gasto, pues son ellos quienes ejercen la función pública y conocen los problemas que aquejan día a día a los sectores sociales tratando de atender acorde con la naturaleza de sus funciones los reclamos de la sociedad y que en muchas ocasiones han sido eco de este Congreso de la Unión y en particular de la Cámara de Diputados.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos de la Constitución y del Reglamento para el Gobierno Interior, proponemos la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que analice y emita un informe respecto del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Decreto de Presupuesto 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación a su contenido y pertinencia.
Lo suscribimos la diputada Minerva y una servidora, muchas gracias, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la palabra el señor senador don Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las diferentes entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, a reestructurar la clasificación de tarifas eléctricas para uso industrial.
EL SEN. FERNANDO GOMEZ ESPARZA: Con el permiso de la Presidencia.
Honorable Asamblea:
El abastecimiento de electricidad al menor costo y con altos niveles de confiabilidad, debe ser un objetivo primordial de la política económica del gobierno; en particular por lo que hace al segmento de energía eléctrica industrial una política tarifaria y justa y acorde a las características del contexto económico, es un elemento que puede incentivar la producción, la competitividad y la rentabilidad de las empresas.
Es bien sabido que una buena parte de los costos de producción del sector industrial en ciertos casos estimados en alrededor del 40% del costo total, consiste en el pago por consumo de energía eléctrica.
Asimismo, se debe señalar que los industriales que son los grandes consumidores de energía eléctrica en el país, pagan tarifas más elevadas que la de nuestros principales socios comerciales.
Adicionalmente, la política tarifaria nacional para la industria establece diferenciaciones basadas en el horario en el cual se hace uso de la energía eléctrica. Dichas diferenciaciones quedan registradas en una clasificación de energía base, intermedia y punta. Es aquí, en sí, donde se presenta el problema, ya que la diferencia promedio entre el precio kilowatt-hora de la tarifa base que es la más baja y el precio kilowatt-hora de la tarifa punta, la más elevada tanto en media como en alta tensión, es aproximadamente de un 400%.
Esta situación está afectando la productividad y competitividad de las empresas nacionales que se ven en la disyuntiva de incrementar sus costos de producción a costa de la rentabilidad en la inversión o incluso de suspender las actividades productivas en los horarios punta, por el impacto que les representa las tarifas eléctricas.
Definitivamente estos son argumentos que justificarían la anulación de la tarifa denominada "punta", porque como ya se ha dicho en líneas anteriores, empresas están suspendiendo sus procesos productivos y otras tantas simplemente están cerrando.
El continuar con este esquema tarifario afecta no sólo el desempeño actual de las empresas con la consecuente pérdida de rentabilidad, sino también las decisiones de inversión a futuro.
Se considera que las señales que el Gobierno de la República debe enviar a los sectores productivos nacionales, deben operar justamente en el sentido inverso, es decir, alentar la generación de empleos, propiciar el aumento de las condiciones de competitividad a nivel nacional e internacional y favorecer la implementación de mecanismos que eleven la productividad.
Precisamente el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1992, y sin presentar a la fecha reforma o adición alguna, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de la Secretaría de Energía y Economía, a fijar a ajustar y reestructurar las tarifas eléctricas, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad.
Es así, por tanto, que la entidad paraestatal y las dependencias del Ejecutivo Federal ya señaladas, al poder hacer uso de estas facultades, pueden contribuir a mejorar las condiciones financieras de las empresas, la cual en este momento les es adversa.
Dicha reestructuración debe considerar la eliminación de la tarifa denominada "energía punta" del esquema tarifario industrial.
Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
UNICO. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a reestructurar la clasificación de las tarifas eléctricas industriales, de tal forma que la tarifa denominada "energía punta", quede eliminada del esquema tarifario industrial y sólo se conserven las tarifas "energía base" y "energía intermedia" y de dicha clasificación.
Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la debida participación de las Secretarías de Energía y Economía, a aceptar en su momento, la propuesta de reestructuración tarifaria.
Muy amables por su atención.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, senador.
Túrnese a la Tercera Comisión.
Tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal incluya la píldora de emergencia y el condón femenino en el cuadro básico de medicamentos.
LA C. DIPUTADA ELIANA GARCIA LAGUNA.- Ahora sí es mi tema, los otros eran temas de compañeros diputados.
Con su permiso, señor Presidente.
Compañeros y compañeras legisladores:
La angustia acerca del cuerpo, priva a la mujer de buena parte de su vida creativa y le impide prestar atención a otras cosas, nos dice la poetiza Clarisa Pincola; y este verso nos queda claro cuando tenemos las cifras de que en 1998, por abortos inducidos, murieron 145 mil 436 mujeres y el dato último que nos da el Subdirector del Instituto Nacional de Perinatología, el doctor Raúl López, de que en México mueren al año mil 500 mujeres, es decir 4 mujeres mueren al día por abortos inducidos.
Es alentador por ello que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, haya asumido su responsabilidad de Estado de otorgarles a las mujeres y a las parejas, dos opciones más para el ejercer el derecho a decidir sobre su vida reproductiva y que puedan ejercer una sexualidad segura y plena, y esto se hizo posible al poner a disposición de quien así lo deseen, las pastillas de anticoncepción de emergencia y el condón femenino, que han sido aprobados con base en los conocimientos y avances de la ciencia médica.
La norma oficial de los servicios de planeación familiar publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero, en la que se incluyen las pastillas de anticoncepción de emergencia, es un logro de las organizaciones no gubernamentales de mujeres que desde hace más de siete años habían solicitado que esta aprobación se diera.
La píldora postcoital es un anticonceptivo de emergencia, evita el embarazo en un alto porcentaje y se toma antes de que transcurran 72 horas de haber realizado un coito sin proteccción, permite bloquear, retrasar la ovulación o impedir la anidación en la pared del endometrio, en cualquier caso el método de concepción de emergencia es eficaz, únicamente antes de la implantación del óvulo secundado, si la usuaria ya estaba embarazada antes de tomar la píldora del día después, su embarazo continuará normalmente sin riesgo para el embrión, en ningún caso es abortivo, como su nombre lo dice es un anticonceptivo, es decir, antes de la concepción.
Ahora creemos que es necesario que se incluyan estos métodos de anticoncepción en el paquete básico de medicamentos del Sector Salud, a fin de que sean accesibles a todas las mujeres que así lo deseen, y que esta posibilidad se acompañe de una campaña informativa que oriente a las parejas sobre el uso de los diversos métodos anticonceptivos y de cuidado de su salud sexual.
Hablando del condón femenino, estamos hablando también de un método más para prevenir el sida.
Esta medida está recibiendo una fuerte andada de ataques de grupos como Provide y sus aliados conservadores y retrógradas, el Ejecutivo federal de este estado laico que es el Estado mexicano, yo creo que es importantísimo, vivimos en un estado laico, es el sistema que nos hemos dado para nuestra convivencia, no debe ceder a las presiones de ningún sector que se oponga al uso de este método anticonceptivo, ya que su inclusión en la norma oficial implica el cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos por el gobierno mexicano para atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
No permitamos que los grupos ultraconservadores, confundan y le mientan en cadena nacional a los jóvenes y a nuestros ciudadanos, digamos la verdad a la gente, lo que se actualizó es una forma oficial con dos métodos de anticoncepción.
Quisiera yo terminar esta propuesta con algunas palabras y antes de leer el Punto de Acuerdo, de un hombre de letras que nos dice; "Siento que nunca abusé, siempre acompañé, siempre experimenté, pero siempre en pareja, con derechos y obligaciones parejos, también con igual intensidad, igual certeza de que participábamos ella y yo en la búsqueda de sentimientos permanentes, aunque nuestras uniones fueran pasajeras", son palabras de Carlos Fuentes.
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Que la Secretaría de Salud emita las indicaciones necesarias para la introducción de la pastilla de anticoncepción de emergencia y el condón femenino al cuadro básico de medicamentos del Sector Salud.
SEGUNDO.- Que la Secretaría de Hacienda programe recursos suficientes para instrumentar esta medida.
Firmamos las diputadas Dolores Padierna, Martha Lucía Micher Camarena, Minerva Hernández Ramos, Eliana García Laguna y Marcela Lagarde y de los Ríos. Muchas gracias señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Salud y de Equidad y Género.
Tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Luna del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para una proposición para exhortar al Ejecutivo federal se instale de inmediata de trabajo para la elaboración de una propuesta conjunta con relación al voto de los mexicanos en el extranjero.
-DIP. ELIANA GARCIA LAGUNA: Por último, lo que voy a comentar ahorita es una propuesta que hace 8 días algunos diputados de cuando menos el PRI y el PRD, también estaba el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, tuvimos oportunidad de compartir después de la comparecencia del señor subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación el doctor José Francisco Paoli Bolio.
La comparecencia tuvo un formato que impidió por la misma forma de que se programó el tiempo, pues tener el tiempo adecuado para poder realizar un diálogo mucho más fructifero. La presentación del informe fue poco clara; no se habló de lo que se solicitó que se informara y la sesión de respuestas sobre todo la última, no satisfizo las inquietudes de los legisladores y las legisladoras que estábamos presentes.
Se planteó de manera mayoritaria en esa reunión, que se invitara a participar en dichos foros que se estaban realizando por la Secretaría de Gobernación, a diputados y diputadas y senadoras del Congreso de la Unión, para que pudiéramos escuchar las propuestas de manera directa que estaban haciendo los mexicanos que viven en el Exterior y se pudiera contribuir a la búsqueda de consensos que tendrían que ser procesados al interior de estas Cámaras, reconociendo en ellas la representación nacional para procesar las propuestas legislativas. Sin embargo la disposición a poder invitar al Congreso de la Unión no fue muy expresa, fue después de cierta insistencia que se comentó que podríamos ir como observadores.
Como se trata de un tema de primer orden, pues lo migratorio en este momento se está poniendo al día y millones de condicionales viven una situación de extrema desigualdad en cuanto a los derechos civiles y por ello es apremiante que encontremos fórmulas de consenso. La relevancia que este asunto tiene está ligado con la Reforma del Estado y con la relación bilateral que tiene nuestro país con Estados Unidos.
El Ejecutivo Federal por lo tanto, tendría que buscar conjuntamente con este órgano legislativo cómo en este interés prioritario del Estado encontrar los consensos más amplios que permitan que los Poderes de la Unión puedan ser copartícipes de una decisión tan importante.
La magnitud política, social y jurídica del tema implicaría que el Ejecutivo Federal se abstenga de cabildear de manera unilateral propuesta y pueda convocarse al Poder Legislativo a diseñar una propuesta única que permita que las organizaciones de mexicanos que vivan en el exterior puedan ser directamente consultados como se le planteó ahí. Incluso ya hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para realizar foros que está este acuerdo en las comisiones respectivas.
En razón de esto y porque tenemos la convicción de que la búsqueda de consenso significa el respeto entre los Poderes de la Unión y que estamos en la total disposición de contribuir en la creación de las condiciones para que se reconozcan los derechos plenos de los mexicanos en el exterior, se ha propuesto que se realicen estos foros y esperaríamos que de manera pronta las comisiones respectivas puedan buscar el acuerdo para que se hagan las consultas, con la presencia del Poder Legislativo y con la presencia del Poder Ejecutivo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno, sometemos a esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo. Exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que en la búsqueda de consensos sobre el voto de los mexicanos en el exterior se convoque a la participación del Congreso de la Unión para presentar una propuesta conjunta con carácter bilateral.
Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias compañeras y compañeros.
-PRESIDENTE: Gracias diputada.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
-DIP. SRIO. MANUEL CAMACHO SOLIS: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la Proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
No hay mayoría calificada, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): No se considera de urgente resolución. En consecuencia, túrnese a la Segunda Comisión.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría a la Oficina de la Presidencia de la República.
- EL C. DIPUTADO MANUEL CAMACHO SOLIS (PRD): Con su venia, señor Presidente.
Estimados Legisladores y Legisladoras:
Seré breve. En amplios sectores de la opinión pública existe la preocupación de que con recursos de la Presidencia de la República se ha venido apoyando de manera directa o indirecta actividades de la Fundación Vamos México.
Concluir que no es de interés del Congreso tener una respuesta a esa inquietud nacional sería tanto como aceptar que lo que importa a la gente no debe importar a los legisladores, es de interés del Congreso tener una respuesta, una que se apegue de manera estricta a las facultades que tiene este poder.
Por tanto, es necesario aclarar que el Congreso no tiene facultades para investigar las actividades de una fundación privada. Tiene el Congreso, sin embargo, la obligación de cuidar la aplicación estricta de los recursos públicos conforme a lo que establece en el presupuesto y las distintas normas.
Por lo tanto, se propone el siguiente
" P u n t o d e A c u e r d o :
"1º. Que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría exhaustiva de la aplicación de los recursos presupuestales que hace la Presidencia de la República para que a partir de ésta el Congreso tenga elementos suficientes de juicio sobre este asunto fundamental.
"2º. Que dicha auditoría tenga el propósito fundamental de recomendar al Congreso normas que permitan delimitar de manera estricta lo que son las funciones públicas de la Presidencia de las funciones privadas vinculadas a esta asociación. Un buen diagnóstico resultante de la auditoría y normas más precisas de la aplicación de los recursos de la Presidencia de la República aumentarán la certeza de la sociedad y del propio Ejecutivo en la aplicación transparente de los recursos".
Es todo, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
- LA C. SECRETARIA SENADORA ARELY MADRID TOVILLA (PRI): En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Se considera de urgente resolución. Por lo tanto está a discusión la proposición.
Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro al señor senador don Juan José Rodríguez Prats y a la diputada doña Dolores Padierna Luna.
Tiene el uso de la palabra don Juan José Rodríguez Prats.
-SEN. JUAN JOSE RODRÍGUEZ PRATS (PAN): Con su permiso, señor Presidente.
Desde luego, por la tradición del Partido Acción Nacional, por su desempeño en el Congreso Mexicano, estamos de acuerdo en que se practiquen estas auditorías; sería una incongruencia no hacerlo. Sin embargo sí deseo hacer algunas puntualizaciones.
Yo creo que lo más importante como asignatura pendiente para fortalecer un sistema político diferente, es hacer un Parlamento útil, un Parlamento que esté discutiendo los grandes temas nacionales y me parece que no estamos cumpliendo con esta tarea.
Uno de los grandes teóricos del Parlamento, Max Weber, hace consideraciones sobre las fallas de las instituciones políticas y escribe estos dos párrafos que sinceramente creo que no tienen desperdicio: "En un momento en que lo importante es la autoimagen y no la autoestima, la vida política desnaturaliza el debate de argumentos y se divide en dos objetivos: fletar un imagen en la opinión y lanzar ciertas claves a un adversario o aliado, con el que se mantiene un diálogo esotérico construido en torno a gestos y basado en la lógica del poder, al que permanece ajeno por completo el conjunto de la opinión. En un mundo en el que no se confrontan ideologías, el debate político se ha visto sustituido por el debate sobre trivialidades que hábilmente dirigido por expertos en comunicación, solemniza lo obvio, eleva a la categoría de fundamental lo banal y hace de la política un gigantesco mercado en el que se lucha por un poder que ha perdido toda coloración. Es el reino del marketing, donde la imagen se hace sustancia, en el que lo conveniente es no decir nada que signifique compromiso irrenunciable y donde un agujero en el zapato puede dar lugar a la pérdida de las elecciones".
A mí me parece que esta reflexión de Max Weber es correcta. Yo creo que no estamos, insisto, lo dije la semana pasada, no estamos haciendo nuestro trabajo con el debate que la nación espera de nosotros.
Sinceramente a mí me da la impresión de que Manuel Camacho Solís, Jesús Martínez, se han convertido en promotores del voto de Martha Sahagún. Hoy traen una iniciativa con dedicatoria que eso yo creo que corresponde a una mala técnica legislativa legislar para el caso. Y haría yo aquí un paréntesis y una respetuosísima sugerencia para el licenciado Manuel Camacho, porque usted y yo licenciado tenemos algo en común, somos conversos, trabajamos en un sistema político y nos gana la pasión a veces en el discurso.
Usted la semana pasada orilla a una votación diciendo que el PAN sería cortesano si no se votaba en un cierto sentido. Eso no me parece que esté a su nivel y a su altura. Yo creo que si algo nos enseña el ejercicio del pasado y de nuestra conducta y de nuestra vida política, es un ejercicio de tolerancia y no porque haya algo que nos asuste o algo que hayamos hecho deshonestamente. Pero yo sí exijo esa actitud de usted, porque quiero ver al pensador lúcido que sin duda alguna usted tiene esa característica. Por eso mis agresiones, porque hay que decir que usted abrió el fuego.
La actitud del PAN está clara, nos los dijo en declaraciones recientes nuestro Secretario General, Manuel Camacho, cuando dijo: "No tengo ningún interés en darle continuidad a un tema que le ha hecho inmerecidamente ... Perdón, Manuel Espino, ¿qué dije?
(Voces en el salón: ¡Manuel Camacho!)
¡Hombre, estaba yo obsesionado! Sí, caray. Doble alusión, personal y equívoca.
Manuel Espino, "... inmerecidamente sobre temas de mayor relevancia en este momento para la vida del país". Y yo creo que tiene razón Manuel Espino y debemos discutir sobre otras cosas.
El Punto de Acuerdo está muy mal hecho. Su segundo punto todavía es verdaderamente algo totalmente ilógico, ¡que dicha auditoría tenga el propósito fundamental de recomendar al Congreso! Oigan, ¿qué no sabemos lo que hay que hacer en materia de iniciativas para deslindar lo público y lo privado? ¡Desde luego que sí!, de una auditoría no se pueden desprender iniciativas o recomendaciones para modificar la ley.
Pero repito, nosotros estamos por esa congruencia, por esa transparencia a que se hagan las auditorías correspondientes. El Auditor Superior de la Federación tiene atribuciones, tiene que hacerlo, hay una Cuenta Pública, hay un presupuesto y desde luego, al contrario, insistimos que se vaya a fondo y si hay algo en contra de la asociación civil, que eso también quedó claro la semana pasada y no tiene obviamente las facultades el Congreso para formar una comisión, estudiar la asociación civil.
Ahí está el camino de la querella ante el Ministerio Público y que se investigue si hay desviación o se han cometido delitos. Por lo tanto el Partido Acción Nacional ratifica… (interrupción del Presidente)…
- EL C. PRESIDENTE: Se le agotó el tiempo, senador.
- EL C. SEN. JUAN JOSE RODRIGUEZ PRATS: Sí, señor Presidente. Ratifica su voto a favor. Muchísimas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra doña Dolores Padierna Luna, en pro.
- LA C. DIP. DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias señor Presidente.
Esta no es una trivialidad, es un asunto de legalidad y es que la sociedad tiene tres años ya solicitando que se haga una clara división entre lo público y lo privado justamente y es que la señora Martha Sahagún ha venido utilizando recursos públicos, lo digo tajantemente y está la página de Internet que ustedes pueden entrar en la Presidencia de la República, en particular en su secretaría particular, donde aparece una larga lista de funcionarios que trabajan para Martha Sahagún y primero hay que decir que Martha Sahagún no es funcionaria pública, por qué entonces tiene servidores públicos bajo su mando.
Está la señora Angela Georgina Morris Montalvo, con la plaza "KA-1", que gana 140,700 pesos como directora general de vinculación, y todos conocemos a Angela Georgina que anda siempre de la mano con Martha Sahagún.
Está Omar Saavedra Boddy, con la plaza "KA-1", que gana 14,700 pesos mensuales, que es secretario particular –fíjense ustedes- de la oficina de la esposa del Presidente de la República… lo estoy leyendo textual, cuando éste título, éste cargo no existe en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿De dónde inventaron que la esposa del Presidente sea un cargo al cual se le tengan que asignar recursos públicos?
Y está María Amparo Ríos Alvarez, con la plaza "NAI", que gana 30,800 pesos al mes como subdirectora administrativa de la esposa del Presidente de la República.
Está Irma Olivo Ortega con la plaza "OB-1", que gana 23,000 pesos al mes como jefe de departamento de la esposa del Presidente de la República, entre otros.
No es la primera vez que se hace esta denuncia y por eso es tan importante que se apruebe este punto de acuerdo que presenta el diputado Manuel Camacho Solís, porque en la Fundación "Vamos México", además todos lo hemos visto, se utiliza infraestructura del Gobierno Federal tan ostentosa a veces, que ofende ante la estrechez del gasto público.
Y, en cada acto público el propio Presidente promueve a la Fundación "Vamos México".
Bueno, si promueve a una que promueva a todas las ONG’s. Estas cosas son falta de transparencia y yo quisiera decir que un problema muy serio está en los donadores, los donantes a esta fundación… Estrella Blanca, por ejemplo: 27 millones de pesos ha donado a la fundación; BANORTE y otros… Primero están en el FOBAPROA, no pagan sus créditos pero sí andan donando millones de pesos a la Fundación "Vamos México".
Pero además, ojalá fuera una cuestión altruista, de humanidad, de bondad, pero estos señores no tienen nada que ver con las cosas de la caridad y lo que hacen es darle dinero a la Fundación "Vamos México" y luego van con el Secretario de Hacienda a que les bonifiquen estos impuestos; o sea, están evadiendo impuestos a través de esa fundación con un daño al Erario Público también muy serio. Nos piden que aprobemos el IVA en alimentos y medicinas pero hay millones que se deducen por andar de señores de la caridad.
Entonces yo diría que es un daño muy terrible el que se le está haciendo al Erario.
Como se me va a terminar el tiempo, quiero decir algo sumamente importante, que es evidente que hay un tráfico de influencias, los señores que están aportando recursos a la fundación, saben que la señora Martha Sahagún, es más que la esposa del Presidente, tiene incluso a veces más poder que el propio Presidente y saben que su gestión va a ser muy favorable para los donantes.
Y termino diciendo que la transparencia, el hecho de que no se desvíen recursos públicos es, no solamente algo que desee el Congreso, es un mandato de la Constitución y nosotros tenemos que supervisar que no se desvíen recursos y aquí el genero y las lágrimas de cocodrilo y los disfraces de la Madre Teresa, no tienen nada que ver con la honestidad, con la rectitud en que todos los servidores públicos estamos obligados a llevar.
-EL PRESIDENTE: Gracias, diputada.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.
-LA SECRETARIA SEN. ARELY MADRID TOVILLA: En votación económica se pregunta a la asamblea, si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n )
Gracias. Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
-EL PRESIDENTE: Perdón, Secretaria. ¿Consultó sobre la discusión o sobre la aprobación? Vuelva a preconsultar a la asamblea, si se encuentra primero suficientemente discutida.
-LA MISMA SECRETARIA: Se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n )
Gracias. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n )
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
-EL PRESIDENTE: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.
LA MISMA SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la asamblea, si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n )
Gracias. Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n )
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
-EL PRESIDENTE: Aprobada. Comuníquese.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el señor diputado don Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.
-LA SECRETARIA DIP. YOLANDA VALLADARES VALLE: Con fecha 30 de abril del 2003, el diputado Sergio Acosta Salazar, del partido de la Revolución Democrática presentó un proyecto de decreto que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Asistencia para los Ex-braceros del periodo 1942-1966, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Con fecha 9 de julio del 2003, el diputado José Carlos Luna Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa de ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Contingencia para el Apoyo de los Ex-braceros del periodo 1942-1946, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Único.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, numeral 6 inciso c), e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, le solicito señor Presidente, excite lo conducente a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para el efecto de que se dictaminen conforme a la ley las iniciativas antes descritas.
Para que las comisiones puedan concluir con este trabajo, la Secretaría de Gobernación debe entregarles el padrón de los mexicanos que fueron parte de los programas de trabajo en los Estados Unidos de 1942 a 1946. Dicha Secretaría había ofrecido entregar ese padrón hace tres meses.
Atentamente. Diputado Manuel Camacho Solís.
-EL PRESIDENTE: Gracias, Secretaria.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados para que emitan el dictamen correspondiente.
El siguiente punto del orden del día, ya en agenda política, es comentarios sobre la necesidad de conocer puntualmente los tiempos y modalidades para la ampliación de los recursos aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 2004 y la instrumentación de las reglas de operación para el campo y en general para los programas de desarrollo rural sustentable.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Minerva Hernández Ramos, del grupo... Se cancela.
Entonces tiene el uso de la palabra la diputada doña Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en comentarios sobre el rescate bancario.
LA DIP. DOLORES PADIERNA LUNA: Señoras y señores legisladores:
Quisiera conminarlos a ustedes, por eso lo metí en la agenda política, para que pudiéramos tener, aunque fuera en algún momento un encuentra, una plática, una conversación con las autoridades monetarias y bancarias para revisar las implicaciones que tendría la venta de Bancomer al Banco Bilbao Vizcaya Argentary.
Este banco ha dicho públicamente que Bancomer, en caso de ser comprado por BBVA, sería considerada una sucursal más de aquél banco español, lo cual significa que dejaría de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.
Esto es un asunto muy grave y muy delicado, porque si Bancomer deja de cotizar en la Bolsa de Valores ya no tendrá que rendir cuentas a la Comisión Nacional Bancaria, ya no estará obligado a rendir un informe trimestral de sus estados financieros ni hacerlos públicos como ahora lo obliga la ley, y lo peor, es de que se terminaría la facultad de la Comisión Nacional Bancaria para supervisar las operaciones de este banco. Si no fuera porque hay muchos recursos públicos implicados en ese banco, a través de los pagarés de capitalización y compra de cartera, no tendría nada que ver, el problema es de que se quiere vender en 4 mil 100 millones de dólares y ese banco tiene mas de 80 mil millones de dólares en un pagaré.
Un documento se vence el año próximo y equivale a 2 mil millones de dólares, más de lo que van a pagar por este banco, además de los efectos del proceso de extranjerización de la banca, mientras no se haga el quinto transitorio y se puedan auditar los pagarés, ese banco Bancomer tiene que seguir siendo supervisado por las autoridades.
Pero también se me hace muy injusto que se les exonere del pago del Impuesto Sobre la Renta...
EL PRESIDENTE: Perdón diputada Dolores Padierna, se le dio el uso de la palabra para hablar sobre el tema del rescate bancario que está registrado; usted también registró sobre la venta de Bancomer y al Banco Bilbao Vizcaya, lo único que le sugiere la Presidencia es que se sujete al tema para el cual se le dio el uso de la palabra.
LA DIP. DOLORES PADIERNA LUNA: Sí, señor Presidente, seguramente hay alguna confusión de parte de nosotros, los que tramitamos, solamente se iba a abordar un punto desde la vez pasada, que es Bancomer.
EL PRESIDENTE: Muy bien, continúe.
LA DIP. DOLORES PADIERNA LUNA: Les decía que es muy grave que se pretenda eludir del pago del impuesto a Bancomer; es cierto que la ley no es explícita en un pago de esta naturaleza, pero también es cierto que el gobierno puede obligarlos a pagar al fisco este impuesto.
Una ley, ojalá ustedes aprueben una ley que nosotros presentamos para gravar la enajenación de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Pero un asunto todavía más grave, es que BANCOMER debe 19 mil 995.5 millones de pesos de impuestos diferidos y debe de ponerse al corriente y pagar sus adeudos fiscales antes de ser vendido. Queremos que las autoridades bancarias nos demuestren que ya BANCOMER hizo este pago, porque en el 2001, la Comisión Bancaria hizo una normativa que establece que los bancos sólo pueden tener intereses moratorios a no más del 20% de su capital básico y BANCOMER tiene el 68.3% de intereses diferidos con respecto a su capital básico. Igual está BITAL, igual está... Bueno, BANAMEX no, ni BANORTE, ellos están en 19 y 13% y cubren la norma.
Desde mi punto de vista, esa norma no debería de existir, todas las empresas tienen que pagar su impuesto. ¿Por qué los bancos, además de pagarés, además de todo lo que se les da, encima no pagan impuestos? Se les difiere, lo anotan en su balance como activo para capitalizar al banco, con una pérdida fiscal en plena contingencia que nos piden pónganle el IVA a los alimentos, las medicinas y es una insistencia porque no hay recursos; lo que vemos es de que sí hay recursos, pero el gobierno no quiere cobrarle a determinados sectores privilegiados.
Hemos sabido que se pretende encorchetar las pizcachas que encontró el Auditor Superior de la Federación, como resultados de la Cuenta Pública 2001. Según el auditor, BANCOMER ya nada más debe mil 429 millones de pesos, cuando tan solo el Auditor Mackey, dijo que ni siquiera debió habérsele dado un solo pagaré de capitalización y compra de cartera, porque era un banco financieramente sano.
Además, el auditor quiere pasar por alto lo que es ilegal, que es inyectar recursos públicos a bancos con fortaleza financiera; también se pretende pasar por alto que Fortunato Alvarez, demostró que BANCOMER pasó intereses moratorios al FOBAPROA, lo cual también es ilegal, no se pueden contabilizar interese moratorios hasta su pago.
Se pretende también esconder todos los créditos relacionados; tan solo el Grupo Masón López, tiene 10 créditos y los Masón López, eran miembros del Consejo de Administración de BANCOMER, éstos fueron 23 mil 600 millones de pesos que pasaron al FOBAPROA; también Abraham Silvers Stentoip (¿), asesor del banco, propietario de 7 empresas muy significativas, sacó crédito del banco para capitalizar sus empresas, luego las declara en suspensión de pagos y pasan esos créditos al FOBAPROA; los Martínez Huitrón y más, o sea, el auditor Mackey, por obvio de tiempo, relata una serie de créditos relacionados que pasaron al FOBAPROA y que rebasan los 40 mil millones de pesos nada más en este banco.
Antes de vender BANCOMER a los extranjeros, debe aclararse todas las operaciones ilegales que amparan o que están abajo o adentro del pagaré de capitalización y compra de cartera, los créditos en suspensión de pago, la chatarra de créditos menores, los créditos relacionados, los créditos irrecuperables, los créditos moratorios, los créditos descontados a la Banca de Desarrollo, todo eso es ilegal y está en el pagaré. Deben de regresar ese pagaré y debe de venderse el banco, en todo caso, sin lo que implique ni impuestos ni el pagaré, porque esos son recursos públicos. Todos estos créditos violan las bases de capitalización firmadas por BANCOMER y por FOBAPROA.
Una vez más, les solicito se dé turno al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 13 de agosto del 2003, una vez más, solicito se forme la Comisión Investigadora del IPAB, que reúne ya todos los requisitos de la ley y con maniobras se ha evitado su conformación, una vez más, conmino a las y los legisladores para que apliquemos la legalidad en el caso del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, y hablemos con las autoridades competentes y juntos encontremos una solución a este problema latente, que va a seguir latente y no nos vamos a cansar de hablar de él hasta que no se haga lo que orden la ley. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputada.
Tiene el uso de la palabra para hablar sobre este mismo tema el señor senador don Héctor Larios Córdova.
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS COROVA: Gracias señor presidente. Estando en lo general de acuerdo con el planteamiento de la diputada Dolores Padierna me parece que es muy importante hacer algunas precisiones, una de las razones por las cuales se puede hablar tanto del tema de la crisis financiera, la crisis bancaria del 95, que en realidad arrancó desde el 92, es porque se hacen un conjunto de afirmaciones que muchas veces no encajan con la realidad, ciertamente comparto la idea de que no es sano de que un solo propietario sea el poseedor, en este caso una persona moral de todas las acciones de una institución bancaria, y no es sano porque las instituciones bancarias se cotizan en bolsa, además de la información y de la supervisión que hacen las autoridades, que no se va a cancelar, y me parece que esto es importante precisarlo, la Comisión Nacional Bancaria, tendrá y mantendrá la obligación de supervisar, de acuerdo con lo que establece la ley a la institución bancaria de referencia, lo único que pasaría es que las acciones son propiedad de una sola persona y en consecuencia no va a cotizar en bolsa seguramente, y al no cotizar en bolsa no tendrá que rendir los informes que todas las empresas públicas que cotizan en bolsa tienen que estar emitiendo de manera periódica y además de tener todas las auditorías, den garantía a los accionistas o a los compradores de acciones que concurren en la Bolsa de Valores, de que la información que se presenta es correcta.
Pero de ahí a deducir que ya no se va a ser supervisado este banco por las autoridades, me parece que es un error que vale la pena precisar.
También es importante decir, que no hay exoneración de impuesto alguno, en México no se grava las operaciones que se hacen en bolsa, sin embargo, el incremento patrimonial que tiene una persona física o moral por utilidades generadas, tiene que acumularlo a sus ingresos y desde luego estará sujeto al pago de impuestos, no es que tengan algún tratamiento preferencial por ser un banco, en el caso de cualquier empresa de cualquier transacción que se hace en la Bolsa de Valores no tiene la operación en la Bolsa de Valores no tiene un gravamen, pero las personas físicas o morales que tienen un incremento patrimonial o que tienen un decremento patrimonial, pues van a reflejarlo en su declaración de impuestos.
También el hecho que las acciones, que no me parece bien, que se transfieran a una sola persona, no significa que se pretende dejar de pagar impuestos diferidos, los impuestos diferidos son impuestos que están registrados en la contabilidad del banco por intereses que va a cobrar un día y que ya devengó pero que no ha cobrado, en el momento que los cobre actualizará la necesidad o la obligación de pagar sus impuestos y tiene una reserva para pagarlos.
Las obligaciones fiscales que tiene esta institución por el simple hecho de que los propietarios de las acciones pasen a otros propietarios o a un solo propietario, no cancela ninguna obligación fiscal que tenga en este caso BBVA.
Tampoco cancela ninguno de los compromisos que están establecidos en el artículo 5º. Transitario de la Ley del IPAB, me parece que estando de acuerdo en que no es sano para el país que deje de cotizar, porque es un mecanismo de vigilancia adicional, la vigilancia que tiene una empresa pública no puede sacarse tanto en conclusión, que hacen más confuso todo este terreno y que hacen posible que en este país se hable con tanta ligereza del tema del rescate financiero.
Es cuanto señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias senador Larios.
Tiene el uso de la palabra el senador Demetrio Sodi de la Tijera del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-DIP. DEMETRIO SODI DE LA TIJERA: En forma muy breve.
Yo creo que a todos nos preocupa no solamente en caso de que Bancomer acabe siendo ciento por ciento una empresa extranjera, un Banco extranjero, sino lo que valdría la pena es analizar y aprovechando el comentario que se ha hecho, lo que está sucediendo con la Banca mexicana.
Recientemente leía un artículo de una comparación, un alza internacional, en este libro nuevo de Stiglitz, sobre los explosivos 90 y habla de lo que ha pasado en el mundo en los países en vías de desarrollo, los países emergentes, con la extranjerización bancaria. Y es lo que está enfrentando México, una Banca que no le sirve al país. Yo creo que la tendencia más que promover que se siga extranjerizando la Banca, la tendencia debe ser cómo la empezamos a nacionalizar y no desde el punto de vista del Estado, sino el punto de mexicanizar.
Lo que es un hecho y Stiglitz analiza la actuación en varios países del mundo, la Banca extranjerizada abandona totalmente el crédito a la empresa nacional y únicamente presta a empresas trasnacionales, que es lo que está pasando en México, son empresas, son Bancos que están más allá de las fronteras y entonces su vínculo que lo tienen a nivel de empresa trasnacional e ignoran totalmente a la empresa mexicana que es lo que está pasando; la empresa mexicana no tiene acceso al crédito; no tiene acceso, fundamentalmente estos Bancos . ayer también salía una comparación, ayer o antier, en un periódico, en relación con las utilidades que tienen y tienen más del doble de rendimiento sobre la inversión, de lo que tienen en el país de origen. O sea, tanto el Banco Banamex o Bancomer, tienen el doble de rendimiento.
Y también hoy salía un comentario acerca del Banco de México, en función de que no están prestando, de que la empresa mexicana se está financiado fundamentalmente con proveedores. Por eso el punto es muy importante, porque la tendencia sería recuperar una Banca con mayor presencia nacional.
Bancomer finalmente quiere seguir lo mismo que hizo BanameX; una Banca totalmente extranjera. Pero una Banca que no le sirve al país. Yo creo que es el tema, lo que habría analizar y habría aquí que hacer una reunión con el gobierno, con el Banco de México, ¿qué Banca necesita México? Y obviamente no es una Banca extranjerizada, es una Banca que tiene mucho más vínculo y mucho más compromiso con las empresas nacionales y con la economía nacional (?).
México no tiene Banca. Es decir, ya la saneamos, ya justificada o no, se llevó a cabo el FOBAPROA; ya nos costó un dineral. Y bueno, si nos costó un dineral siquiera que le sirviera al país; siquiera que fuera una Banca que invirtiera en México, que prestara a la empresa mexicana, que financiera la pequeña y mediana industria, que financiara la vivienda. En vivienda la Banca mexicana creo que da 11 mil créditos al año, no sirve para nada. Una Banca con las tasas actuales debía estar dando 10 veces más.
Se comprometieron si hacíamos ciertos cambios para dar seguridad. Ustedes recuerdan, si dábamos seguridad en los créditos, a la vez de los fideicomisos y etc., se había comprometido a bajar intereses y a multiplicar por 4ó 5 veces los créditos hipotecarios. No han hecho nada. Es una Banca que finalmente está aquí y ahí sí es una sucursal. Si uno platica con los funcionarios de medio nivel, inclusive con los directores, no los meros dueños, no con los de hasta arriba de Bancomer o de Banamex, todos se quejan de que los ven como empleados de la sucursal México.
Yo creo que el problema sí es mucho más serio, no se trata de atacar una Banca en específico, una empresa. Pero México está enfrentando y tiene un verdadero problema. Si queremos que el país crezca y se desarrolle económicamente, no tenemos la Banca para el crecimiento económico, Más allá de que requiramos una reforma fiscal y reformas en otros sectores, que si energético, que si laboral, si no t enemos una Banca comprometida con el país, el país no va a crecer.
Y yo creo que el tema por eso hoy Bancomer nos debía hacer reflexionar e integrar a lo mejor un grupo de trabajo con el Banco de México, de diputados, de senadores, para ver el problema de la Banca nacional.
Los bancos extranjeros no tienen interés en desarrollar a la empresa nacional, tienen interés en prestarle a los que les prestan en el resto del mundo que son empresas trasnacionales.
Yo creo que el tema sí es muy importante y ojalá pudiéramos integrar en las comisiones de Hacienda, una comisión especial para ver el problema que enfrenta el país y que vamos a enfrentar en el futuro, sino recuperamos una Banca al servicio de México. Gracias.
-PRESIDENTE: Gracias.
Tiene el uso de la palabra el Senador don Fernando Gómez Esparza.
Perdón, quiero señalar que es el último orador de acuerdo con el tiempo que debe durar la sesión y perdónenme si hay más intervenciones voy a verme obligado, en virtud del acuerdo, a negarlas.
-SEN. FERNANDO GOMEZ ESPARZA (PRI): Con el permiso de la Presidencia.
Creo que este punto es sumamente importante. En el transcurso de la última década del siglo pasado, se dio una transformación del sistema financiero nacional.
Sin duda las reformas que se hicieron en la LVII Legislatura para que pudieran en un momento dado las acciones de los bancos ser cien por ciento extranjera, es el fundamento que da sustento a la extranjerización del sistema bancario nacional y esto sin duda es legítimo, pero de ello a que realmente se haya justificado y cumpla su función esencial de la banca, que es el de ser intermediario financiero entre el ahorro nacional, entre el ahorro de las empresas y de los particulares, para colocarse en manos de aquellos que pueden generar empleo o que en un momento dado puedan incrementar o dar la posibilidad de incrementar el patrimonio personal, está muy distante. Y esto fundamentalmente porque no ha cumplido su función de intermediario financiero y de colocador de los recursos de la banca nacional, pero fundamentalmente de los particulares.
Entonces yo creo que debemos de atender y hacer un llamado y un análisis en dos sentidos fundamentales. El primero de ellos es que prácticamente está culminando la extranjerización del sistema financiero de la banca mexicana en manos de extranjeros; ese es el primer tema, lo cual debe de llamar la atención.
En segundo lugar la legislación que existe para que efectivamente queden exentos del pago de los impuestos las transacciones que se hagan en la Bolsa de Valores. Yo creo que eso es inaudito en este momento y es importantísimo que tomemos nuestra función como legisladores para poder sanear este problema tan grande y este error que existe actualmente.
Y por último un punto muy importante. Creo que en este momento debemos de exigir a la banca extranjera y a la poca que queda nacionalmente o con capital nacional, para que se fortalezcan los instrumentos de financiamiento que detonen el desarrollo a nivel nacional, en aquellos puntos que efectivamente le puedan dar sustento al gobierno federal, a través de su política económica, a través de las diferentes dependencias y funciones que tiene que cumplir el Ejecutivo Federal, para que a través de la creación de infraestructura, de la creación de vivienda, de la construcción de diferentes obras públicas en los tres niveles de gobierno, pero también esencialmente como respaldo y apoyo a los empresarios mexicanos y aquellas personas que solicitan un crédito por mínimo que éste sea, para que se logre el crecimiento y el desarrollo de la nación.
Si no hay financiamiento en el país y si no cumplen la obligación y su función la banca nacional o extranjera dentro del sistema bancario nacional, difícilmente vamos a poder superar las condiciones de deterioro social y productivo que existe en la nación.
Muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTE: Gracias senador.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, la cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.
-SECRETARIO, DIP. VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
(LECTURA DEL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION)
-PRESIDENTE: Gracias Secretario.
(A las 15:22 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 18 de febrero de 2004, a las once horas.