El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (Toca la campanilla y dice): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
La Secretaria Graciela Larios Rivas (PRI): Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 400 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (A las 11:11 horas): Se abre la sesión.
Instruya la Secretaría el cierre del sistema de votación y asistencia.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Y se les recuerda a los ciudadanos diputados que tienen 15 minutos, aquellos compañeros que no hayan registrado su asistencia, para llenar su cédula.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura al acta de la sesión anterior.
Consulte también la Secretaría si se le dispensa la lectura.
El Secretario Marcos Morales Torres (PRD): Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura y en consecuencia proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría con las Comunicaciones.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Se da lectura a la solicitud de licencia del diputado Fernando Alberto García Cuevas)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, ruego a la Secretaría poner a discusión los Puntos de Acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero.- Se concede licencia por 60 días naturales al diputado Fernando Alberto García Cuevas, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Segundo distrito del Estado de México, a partir de esta fecha.
SEGUNDO.- Llámese al suplente.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobados.
El Secretario Antonio Morales de la Peña (PAN):
(Da lectura al oficio del diputado Rafael Moreno Valle Rosas por el que comunica que opta por el cargo de diputado local del estado de Puebla)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Da lectura a una comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura, con la que remite punto de acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión para que remita a ese órgano legislativo una evaluación del impacto presupuestario de las reformas al artículo 122 constitucional y a las entidades federativas que se benefician con las mismas)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política en la que se propone a las Comisiones de Cultura y de Turismo que integren un grupo de trabajo encargado de impulsar y dar seguimiento a proyectos y programas de fomento al turismo en ciudades coloniales de la República Mexicana)
En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada.
El diputado Federico Döring Casar (PAN Desde su curul): ¡Señor Presidente!
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sonido a la curul del señor diputado Döring.
El diputado Federico Döring Casar (PAN Desde su curul): Señor Presidente: He dado lectura al proyecto de orden del día que ha presentado la Mesa Directiva y a riesgo de ser reiterativo de nueva cuenta no hay ningún turno con respecto al veto que ha remitido la Presidencia de la República con motivo del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En la sesión anterior usted extendió su palabra ante el pleno el que haría una propuesta a la Mesa Directiva para tratar de dar cauce a las observaciones que ha remitido el Presidente de la República.
Yo quiero preguntarle ¿cuál fue su propuesta y cuál es el cauce que ha determinado la Mesa Directiva darle al veto que ha remitido la Presidencia de la República?
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, señor Diputado. No obstante que el orden del día ya fue votado favorablemente, pero considerando esto de la importancia superior como significa para todos nosotros y como a usted le consta, por haber asistido a la reunión de trabajo de la Mesa Directiva, el día de hoy se puso a discusión y aprobación el día en el cual daremos un trámite de carácter definitivo por parte de la Presidencia al documento con observaciones que el Presidente de la República remitió a esta soberanía y éste fue aprobado a recomendación de la Junta de Coordinación Política para que sea desahogado el próximo 14 de diciembre y así será.
Sonido a la curul del diputado Döring.
El diputado Federico Döring Casar (PAN Desde su curul): Si bien es cierto que se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política la cual cita la recomendada la fecha, también es cierto lo que yo le señalé que la facultad que le confiere el artículo 21 es una facultad personalísima de la Mesa Directiva en términos de determinar cuáles son los asuntos de interés general y que deban de ser considerados.
Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Partido Acción Nacional hemos seguido en los medios de comunicación la información que nos refiere el pronunciamiento se está trabajando en la mirada de la fé de erratas y que ya se advirtieron cierto número de situaciones, pero yo ayer hablé con el diputado Buendía y no hemos sido convocados siquiera a una reunión informal, por parte de la Comisión de Presupuesto, a analizar los errores que contiene el decreto y desde nuestro punto de vista no se le ha dado trámite ni trato alguno y pareciera que hay un caos ordenado, donde cada quien está haciendo lo que estima conveniente, pero no hay ninguna posición institucional de aquí al día 14.
Se lo digo por lo siguiente: si el fondo del asunto se resuelve hasta el día 14, según la recomendación de la Junta y según aprobó hoy por mayoría la Mesa Directiva, en el supuesto de que se apruebe, tendremos menos de un día para elaborar un dictamen con respecto al veto, en el supuesto de que no se admitiese también estaríamos en una fragilidad de menos de 48 horas para elaborar cualquiera que fuera el abono que haga la Cámara, y me parece que si en algo puede abonar la Cámara es en el trabajo técnico-económico de determinar cuales son los errores y cómo pueden ser subsanados y no simplemente ser un mero espectador de aquí al día 14 en una junta de la mayor trascendencia.
Yo creo que usted debería de ponderar que algo que tenemos que hacer de aquí al día 14 y que el día 14 se define el rumbo que se le dé a la enmienda del Presupuesto, ya sea que se admita o no el veto, pero las propuestas del punto de acuerdo a las que usted dio lectura el día de hoy, usted mismo lo dijo, son a reserva de recoger la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara.
En tanto no obtengamos un debate jurídico, cuando menos merecemos tener un trabajo técnico-económico y merecemos los diputados de Acción Nacional de ser copartícipes de esta invitación, no de estar viendo que no es un trabajo excepcional que sólo nos va a llevar a otra miriada de fe de erratas y de cifras inciertas que no habrán sido conocidas por el pleno antes de su discusión.
Entonces, yo le pido que en base a eso, usted nos diga cuál es el trámite que se va a dar al compromiso de la sesión anterior, de hacer una propuesta de la cual pudiera convocar el pleno, más allá de la fecha en la que se discuta el fondo del asunto que entiendo será el día 14.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Entiendo y además participo en buen parte de sus preocupaciones, de su intervención, señor diputado Döring; no obstante hay en la misma muchos elementos que exceden buena parte de las facultades de la Mesa.
También le comento que dentro de las facultades, como usted me lo dice, está el dar trámite a estos asuntos, sobre todo a aquellos que en particular encuentra la Mesa no son aplicables algunos aspectos del mismo Reglamento de la Ley Orgánica, con respecto a este documento en específico, que viene hecho en carácter de observaciones y fundamentado en el artículo 72-C, como es el que remitió la Presidencia de la República.
Por la trascendencia política del asunto, señor diputado, en que está de por medio al sana relación entre los dos Poderes de la Unión, el Legislativo y el Ejecutivo y sobre todo por la jerarquía política del órgano que envía ese documento, es como nosotros comentamos a la Mesa Directiva que se aconsejaba que una determinación de este tipo fuera tomada por la Mesa Directiva como cuerpo colegiado y fue así como procedimos y se decidió que el próximo día 14 con toda responsabilidad, este pleno conozca de los puntos de acuerdo que elabore la mesa de manera definitiva, y en este asunto sí quiero decir, la Presidencia de la Mesa Directiva, de la manera definitiva.
Sonido a la curul del diputado Döring.
El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Sí señor Presidente, creo que la sana convivencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo será una vez que se subsanen las inconsistencias y pifias que contiene lo que se remitió a la Presidencia de la República. Pero yo quisiera dejar el debate y simplemente pedirle que usted tome la inquietud del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y sí está en sus facultades exhortar al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que convoque a cuando menos analizar el documento, sin que constituya esto un trámite formal ni darle entrada al veto que mandó la Presidencia.
Lo menos que puede hacer la Presidencia de la Comisión de Presupuesto es convocar a sus pares a analizar la solución y en su momento se pueda plantear el asunto y eso sí está en sus facultades, y yo le pido que lo pondere, porque sería una buena señal de responsabilidad y de trabajo previo al día 14 de este mes.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí señor diputado. Le ofrezco los mejores y buenos oficios que pueda tener esta Presidencia dentro de sus facultades y confío enormemente que en las reuniones de la Junta de Coordinación Política a la que asisten todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, impere también un espíritu de concordia y búsqueda de un acuerdo que nos ayude a resolver de la mejor manera tan trascendente asunto.
Continúe la Secretaría.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Oficio del Congreso del Estado de Zacatecas)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Cámara de Senadores, en el que se transcribe Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a publicar de manera Urgente los lineamientos específicos del Subprograma de Apoyos al Ingreso Objetivo correspondiente a la cosecha de maíz del ciclo Primera-Verano 2004)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Oficios de la Secretaría de Gobernación.
(Catorce oficios con los que se remiten contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Minutas.
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que se devuelve el Proyecto de Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Economía.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Protección Civil)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria Graciela Larios Rivas
(Oficio de la Cámara de Senadores remitiendo Minuta Proyecto de Decreto de la Ley de Ahorro y Crédito Popular)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Sanidad Animal)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Se han agotado estos asuntos y pasamos a iniciativas de ciudadanos diputados.
Para el efecto tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona una fracción VIII Bis al Artículo 5 y un Artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
La diputada Maria Cristina Díaz Salazar (PRI): Gracias señor presidente. Señoras y señores diputados. La discapacidad constituye uno de los problemas emergentes de salud pública que en los últimos años se ha incrementado constantemente, siendo un problema de tendencia creciente, ya que conforme mejoran los recursos de diagnóstico y tratamiento, continuarán disminuyendo las tasas de mortalidad y aumentando la esperanza de vida.
Para el año 2050 se estima que la población total en México será de 145 millones y la población con discapacidad de 22 millones, el 15%. El Centro Nacional de Rehabilitación es una de las obras de salud más importantes de cuantas se han emprendido en los últimos años, siendo el complejo médico arquitectónico que ejemplifica los alcances, la calidad y los contenidos de los más modernos hospitales, su planeación, proyecto y realización forman parte del presente, pero se inscriben en los más sólidos anuncios del futuro.
En agosto de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación con la creación del Centro Nacional de Rehabilitación y se abrogaron los decretos de los Institutos Nacionales de Ortopedia, Comunicación Humana y Medicina de Rehabilitación. La creación de este Centro fue con el propósito de crear una institución de investigación, para enfrentar el problema emergente de salud pública de la discapacidad, complementar el sistema nacional de salud, dar cumplimiento a los compromisos contraídos con la Organización Mundial de la Salud.
El Centro Nacional de Rehabilitación cuenta con los siguiente recursos : 97 consultorios; 15 quirófanos; 228 camas censables; Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios; servicios de urgencias; auxiliares de diagnóstico con seis salas de rayos X; tomografía axial computarizada; resonancia magnética; ultrasonido; medicina nuclear, banco de sangre; disometría ósea; laboratorio clínico; anatomía patológica.
La atención del Centro tiene una importancia fundamental, no sólo porque se brinda a cualquier persona que lo demanda sino porque en ella se conjuga y cobra una trascendencia enorme para la realización de las actividades de enseñanza, como la investigación.
La organización de los servicios tiene una visión integral para los pacientes y ésta se inicia en el servicio de consulta externa, con la preconsulta, en ella se valora la condición de los pacientes y se selecciona los que deben ser atendidos en esta institución de tercer nivel como es el Centro.
En lo que va del año se han otorgado un total de 234,163 consultas, teniendo una cobertura a nivel nacional, ya que se reciben pacientes de todas las entidades del país y aun del extranjero. En terapias las áreas de tratamiento ocupan un lugar preponderante realizando lo siguiente; 337,229 sesiones de terapia física, 26,958 sesiones de terapia ocupacional, 82,663 de sesiones de terapia de lenguaje, en suma se proporcionaron un total de 446,850 sesiones de terapia durante el año 2003.
En cirugía el Centro cuenta con 15 quirófanos, 10 en ortopedia y cinco en comunicación humana, en lo que va del año se han realizado 4,862 intervenciones quirúrgicas, el Centro por otra parte realiza campañas de cirugía extramuros en cinco estados de la república mexicana, siendo éstos Chiapas, Guerrero, Jalisco, Durango y Campeche, realizaron un total de 270 cirugías realizadas por personal médico y paramédico altamente calificado de este centro. La suma de cirugías intramuro y extramuro nos da un total de 5132.
En el área de enseñanza el Centro realiza investigación en diferentes modalidades como básica, clínica, epidemiológica, socio-médica y tecnológica, contando con un total de 167 investigadores agrupados en el Sistema Interinstitucional de Investigadores y 10 investigadores avalados por el Sistema Nacional. Asimismo, 18 de ellos están realizando maestría y 8 están realizando su doctorado.
En la actualidad se están desarrollando 119 protocolos de investigación tanto en área clínica como básica y socio-médica. Las publicaciones de 2003 y 2004 se han publicado 152 artículos y en su formación profesional los recursos humanos constituyen el pilar fundamental en el que se puede forjar una actitud de servicio y compromiso, en una mejor preparación científica y humanista.
El Centro Nacional de Rehabilitación es sede de las especialidades médicas de medicina de rehabilitación, de ortopedia y traumatología, audiología, foneatría y comunicación humana, así como la de medicina de la actividad física y deportiva, todas ellas con reconocimiento en la UNAM.
En la enseñanza de pregrado, por lo que respecta, se enseñan en pregrado en el Centro Nacional de Rehabilitación participa en la licenciatura de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Universidad de La Salle y con la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional.
Considerandos:
Que en México tenemos grandes rezagos en el campo de la salud, que un segmento amplio de la población sufre de la discapacidad y que ésta afecta a las personas más pobres y desprotegidas.
Que deseamos un sistema de salud que alcance a todos, sin excepción.
Que la buena salud de la población es indispensable para la prosperidad económica, el bienestar social y la estabilidad política.
Que la discapacidad constituye uno de los problemas emergentes de salud pública que en los últimos años se ha incrementado considerablemente, como resultado de que los mejores recursos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y la mayor cobertura de los servicios de salud han permitido disminuir significativamente las tasas de mortalidad general e infantil.
Que el derecho de la protección de salud se consagra en nuestra Constitución y se hace efectivo.
Que el Centro Nacional de Rehabilitación presta servicios de atención médica de excelencia, para lo cual cuenta con las instalaciones y el equipo necesarios, así como un personal especializado y altamente calificado.
Que el Centro Nacional de Rehabilitación realiza importantes investigaciones para la búsqueda de mejores recursos para la prevención, rehabilitación de discapacidades tanto físicas, básicas, epidemiológicas, clínico, socio-médica y tecnológica.
Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el actualmente denominado Centro Nacional de Rehabilitación, dependiente de la Secretaría de Salud, cuenta con una infraestructura hospitalaria de tercer nivel, única en la República Mexicana, que los objetos de la entidad de rehabilitación a que se ha hecho mención son congruentes con las previsiones que establece el artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 7ª Bis al artículo 5º y una al artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
Transitorios.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará lo necesario para otorgar las previsiones de recursos y asignación de bienes para el establecimiento y operación del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Tercero. Una vez constituida la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Rehabilitación, ésta expedirá su estatuto orgánico en un plazo de 90 días.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 7 de diciembre del 2004.
Gracias señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el señor diputado Federico Doring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 6º, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Federico Döring Casar (PAN): Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
En nuestro país el perfeccionamiento de la vida democrática de la nación atraviesa por una etapa crucial y definitoria. Un reto fundamental ha sido asegurar la participación ciudadana en el escrutinio público, contribuir a esta tarea fue un compromiso de Acción Nacional y el primer Gobierno Federal que encabeza ha cumplido al establecer las bases congruentes y consistentes con esa demanda social.
Desde el inicio de su mandato el Presidente de la República envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, instrumento legal inédito que aprobó el Congreso de la Unión, lo que permite por primera vez asegurar la transparencia en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales y garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos para acceder a la información que da cuenta del mismo.
Por décadas México padeció de un sistema político cerrado y excluyente así como gobiernos que operaron con opacidad, márgenes amplísimos de discrecionalidad e impidiendo el escrutinio público acerca de su operación y desempeño.
Bajo el régimen del partido hegemónico predominó una visión patrimonialista de los bienes públicos y un diseño institucional del Estado incapaz de dar causa a la diversidad social y la pluralidad política de la nación.
Bajo ese modelo de comportamiento el Estado Mexicano, el Presidente de la República dictaba decisiones de gobierno e iniciativas legales en una mayoría monolítica de su propio partido, que simplemente las acataba en el Congreso de la Unión.
En ese contexto, tanto la representación política como la participación democrática de la ciudadanía fueron inhibidas, modificadas y perdieron su sentido.
Con la transición democrática y la primera alternancia política del país, México tiene ante sí el reto de hacer efectivo el ejercicio del derecho a la información pública, base del escrutinio público cuyo desarrollo debe tener lugar con apego a la ley y dentro de las instituciones democráticas.
El acceso a la información es un indicador real, concreto y medible del grado de transparencia con que funcionan las instituciones públicas y los servidores que se desempeñan en ellas.
En la medida en que el ciudadano conozca el funcionamiento y los órganos del Estado, estará en condiciones para evaluar la eficacia de los mismos, el desempeño de los servidores públicos y los resultados de la acción pública, que debe sujetarse a los principios de legalidad, celeridad, veracidad, publicidad, certeza, honradez e imparcialidad. Para hacer efectivo ese derecho a la información que se requiere de un órgano con capacidad efectiva de vigilancia de su ejercicio.
Por eso es imprescindible dotar de autonomía de decisión al órgano publico encargado de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública, de lo que depende la imparcialidad de sus decisiones y una operación técnica eficaz.
Estar sometido al escrutinio público no es una opción para ningún órgano estatal, sino una obligación que da sentido a la democracia. Por eso debemos promover que ese mismo criterio se establezca en el caso de todas las entidades federativas, para asegurar que el funcionamiento y los órganos estatales encargados de acceso a la información pública sea equiparable en términos de los niveles de eficacia e imparcialidad que son requeridos actualmente.
Más allá de la libre elección de quienes gobiernan representan a la sociedad, la democracia depende y comprende el derecho de la ciudadanía a evaluar la manera en que se desempeñan en el encargo.
La transparencia gubernamental da certeza a la inversión privada, nacional y extranjera, propicia una mayor y más informada participación de la ciudadanía en los asuntos públicos que le conciernen y afectan y así se contribuye al desarrollo nacional.
Las reformas a la Constitución Política que aquí se proponen se dirigen a garantizar la imparcialidad del órgano encargado de vigilar el acceso a la información pública al convertir al actual Instituto Federal de Acceso a la Información en un órgano autónomo constitucional.
Señor Presidente, por economía parlamentaria no daré lectura a toda la exposición de motivos pero le suplico que sea insertada de manera íntegra, así como el cuerpo del decreto de la iniciativa en el Diario de los Debates.
Hago entrega de la iniciativa.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Obséquiese la solicitud del diputado Döring e intégrese el texto en el Diario de los Debates de manera completa y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado Luis Eduardo Espinosa Pérez, para presentar iniciativa que firmada tanto por él como por el diputado Wintilo Vega y el diputado José Antonio de la Vega, reforma diversas disposiciones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Luis Eduardo Espinosa Pérez (PRD): Con su permiso, Presidente.
En sesión del 30 de junio del 2004, durante el segundo receso legislativo el Presidente de la Mesa Directiva declaró ante el Pleno de la Comisión Permanente, aprobado el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo proyecto recogía propuestas de diversas iniciativas de los diputados: José Luis Gutiérrez Cureño, José Adán Dennis Macías, Ismael Cantú Nájera, David Rodríguez Torres, Felipe Calderón Hinojosa, Martí Batres Guadarrama y Uuc-kib Espadas Ancona; todos ellos proponían ampliar el segundo período ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y del Congreso. En esa fecha fue turnado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El pasado 2 de agosto el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución para señalar que: "el Congreso se reunirá a partir del 1° de septiembre de cada año para celebrar un periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1° de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias".
Asimismo establece en el artículo 2° Transitorio que: "con la entrada en vigor del decreto, se deberá impulsar las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables a la materia".
La reforma aprobada por el Constituyente Permanente persigue dos objetivos.
El primero es que los legisladores dispongan de más tiempo de actividad legislativa para la discusión y en su caso aprobación del trabajo realizado en comisiones.
El segundo, adecuar la reforma prevista a la ley que regula la estructura y funcionamiento interno del Congreso de la Unión, para evitar una posible contradicción entre una norma de carácter secundario y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este caso, por supremacía constitucional y de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Carta Magna, dejaría sin efecto la observancia y vigencia, tanto del numeral 1° del artículo cuarto, como del numeral 1° del artículo sexto de nuestra Ley Orgánica, por resultar contrarios a los preceptos constitucionales.
Es responsabilidad de los legisladores federales adecuar las leyes secundarias a las normas que el Constituyente Permanente introduce a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Soslayar esto sólo introduce en el marco normativo lagunas o inconsistencias que derrotan una falta de cuidado de voluntada política.
Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la Ley Suprema de la nación, que da origen a leyes reglamentarias y las normas que se puedan crear en ellas. Es por eso que la fuerza normativa que éstas tengan, dependerá de que estén o no contempladas en su ordenamiento y de acuerdo a lo establecido en tesis jurisprudencial, sus normas transitorias forman parte de la propia ley fundamental que son obra del Constituyente y en su creación y modificación deben observarse los principios que establece su artículo 135, por lo que su obligatoriedad es de idéntico valor al del propio artículo constitucional.
La reforma que establece el artículo 2° Transitorio forma parte de la necesaria actualización del proceso legislativo y en su virtud deberá dralizarse a la Ley Orgánica General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente proyecto de decreto que reforma el numeral 1° del artículo cuarto y el numeral 1° del artículo sexto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único. Se reforma el numeral 1° del artículo cuarto y el numeral 1° del artículo sexto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, para quedar como sigue:
Artículo Cuarto numeral 1°. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1° de septiembre de cada año, para celebrar un periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1° de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.
Artículo Sexto. El 1° de septiembre a las 17 horas y el 1° de febrero a las 11 horas de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, para inaugurar su periodo de sesiones ordinarias.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Suscriben la presente iniciativa el diputado Wintilo Vega Murillo, el diputado Antonio de la Vega Asmitia y el diputado Eduardo Espinosa Pérez.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto para el final de esta sesión.
En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Luis Maldonado Venegas (CONVERGENCIA): Con su permiso, diputado Presidente.
Durante la administración del Presidente Vicente Fox, los mexicanos hemos sido testigos de los importantes esfuerzos desplegados por su gobierno, para que tanto los banqueros como los empresarios de diversos ramos, no sean afectados en sus intereses económicos.
Al propio tiempo, hemos podido percatarnos de la defensa que a toda costa se hace para mantener una amplia plantilla de servidores públicos de mandos medios y superiores que gozan de altos sueldos y ventajosas prestaciones.
Sin embargo, al cumplirse cuatro años de una administración que prometió un cambio para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país, advertimos que la base trabajadora del Servicio del Estado no ha sido valorada por este gobierno, sino por el contrario, los programas de separación voluntaria instrumentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se han enfocado fundamentalmente a ellos con el afán de eliminar al mayor número de burócratas posibles, olvidando que a través de los años han sido el sostén de las instituciones y el motor de la administración pública federal, con independencia de sus preferencias partidistas y del partido que presida el gobierno.
Es por ello que el grupo parlamentario de CONVERGENCIA insiste desde esta tribuna en la necesidad de plasmar en el texto de la ley todas aquellas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que contribuyan a beneficiar a los trabajadores; tal es el caso del pago de la prima vacacional a la que alude el artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cuyo texto se especifica, cito: "...los trabajadores que en los términos del artículo 30 de esta ley disfruten de uno o de los dos períodos de diez días hábiles de vacaciones, percibirán una prima adicional de un 30 por ciento sobre el sueldo o salario que les corresponda durante dichos períodos".
Cabe resaltar que el artículo 30 a su vez señala que los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicios, disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de diez días laborables cada uno de ellos.
De lo anterior, se desprende con claridad que anualmente los trabajadores al Servicio del Estado deben percibir un pago de veinte días de vacaciones en dos exhibiciones, cada una correspondiente a diez días, equivalente a un 30 por ciento sobre el sueldo o salario que les corresponda durante dichos períodos.
Sin embargo y a pesar de que anualmente se contempla en el Presupuesto de Egresos de la Federación el pago por dicho concepto, tanto para los trabajadores de base como de confianza, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina cubrir dicha prestación únicamente considerando el salario base que perciben los trabajadores y no el integrado, por lo que consideramos que hay una merma considerable en contra de los burócratas del país que debe resarcirse de manera generalizada y no necesariamente de manera individualizada por cada empleado federal que desee hacer valer su derecho ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del juicio de amparo, sino que es indispensable dejar plasmado en la legislación burocrática el criterio de los Tribunales Colegiados en materia de trabajo y de la Corte respectivamente, en beneficio de los trabajadores más leales del Gobierno Federal.
Dicho argumento, que es jurisprudencia, sostiene, para cuantificar la prima vacacional, debe tomarse como base el salario total que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, no el salario base, que quede claro.
Por lo tanto y considerando que la propia ley de la materia en su artículo 32 establece que el salario es el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, luego entonces lo legal y lo justo es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pague el 30 por ciento correspondiente a prima vacacional con base al sueldo integrado; esto es, considerando el concepto de compensación garantizada, quinquenio, despensa o cualquier otro que reciba el trabajador, sin menoscabo de los convenios que los sindicatos de las dependencias y entidades de la administración pública federal hayan celebrado de manera específica con las autoridades ni de los beneficios contenidos en las Condiciones Generales de Trabajo.
Esta iniciativa, ciertamente, tendrá que ser discutida, analizada y estudiada en la comisión correspondiente, para obtener un dictamen que sea sometido a la votación del pleno y de esta manera modificar el texto de la ley burocrática en los términos que hoy proponemos.
Sin embargo, por si mismo el criterio jurídico debería aplicarse de inmediato por las autoridades administrativas del Estado, ya que desde el año 2002 se pronunció en ese sentido el Poder Judicial Federal y al respecto de la jurisprudencia, sería argumento suficiente para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pague a los trabajadores la prima vacacional a la que tienen derecho, con base a la misma; es decir, conforme al salario íntegro y dado que han tenido un ahorro considerable por el tiempo en que han pagado al trabajador la prima vacacional, atendiendo al sueldo base exclusivamente y a los programas de separación voluntaria.
Sería deseable que los maestros, secretarias, choferes, personal administrativo y operativo, los soldados y marineros del país, los policías, personal de intendencia, en general los burócratas, reciban el segundo pago de la prima vacacional correspondiente al presente año, apegado a derecho.
Ese es el espíritu de justicia que la fracción parlamentaria de Convergencia invoca el día de hoy y que por los motivos y fundamentos expuestos, compañeras y compañeros legisladores, sometemos a la consideración de esta Soberanía la iniciativa siguiente con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional para quedar como sigue:
Artículo único, artículo 40, tercer párrafo. Los trabajadores que en los términos del artículo 30 de esta ley disfruten de uno o de los dos periodos de 10 días hábiles de vacaciones, percibirán una prima adicional de un 30% sobre el suelo o salario íntegro, que les corresponda durante dichos periodos.
Es cuanto señor presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado.
Túrnese a las Comisiones Unidas como lo ha solicitado el señor diputado Maldonado, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Esta presidencia saluda a un grupo de aguascalentenses integrado por estudiantes, invitados especiales, del diputado Jaime del Conde, y les desea una feliz estancia.
Tiene la palabra el señor diputado Julio César Córdova Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para establecer un premio de ciencia y tecnología y uno de cultura y las artes.
El diputado Julio Cesar Córdova Martínez (PRI): Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
La importancia que tiene para el país el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y la promoción de la cultura y las artes, es tal que el gobierno federal debe hacer un reconocimiento público diferenciado y con las instancias de premiación más adecuadas a las personas físicas que por actividad creadora e innovadora, producciones o trabajos docentes, contribuyan a enriquecer el avance científico y tecnológico.
Un reconocimiento de Estado a los científicos sirve para marcar los hitos de nuestros avances y triunfos a la posteridad. Con ese propósito la búsqueda de reconocimiento, ese factor que ha guiado a los individuos y a las naciones desde tiempos remotos, coadyuva a incentivar el trabajo tanto de los galardonados como de sus equipos e instituciones donde desarrollan su inteligencia.
Aristóteles ya identificaba la búsqueda de reconocimiento como una de las razones humanas fundamentales que explicaban la historia individual y colectiva.
En el siglo XXI la mayor relevancia para extender reconocimientos al México que crea e inventa; al México que descubre y transforma, es apoyar al futuro.
Las tendencias de la nueva economía pasan por áreas de oportunidad en las cuales los investigadores mexicanos están trabajando para hacer aportaciones significativas al desarrollo de esas disciplinas a escala mundial.
La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, tiene por objeto determinar las normas que regulan el reconocimiento público que hace el Estado a las personas que por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas que dicha ley establece.
Continuando con el contexto, dicha ley establece un solo premio para las disciplinas inherentes a las ciencias y a las artes. En materia de los órganos para el otorgamiento de los premios, estímulos y recompensas civiles, la ley vigente establece un mismo consejo de premiación para el Premio Nacional de Ciencias y Artes que es presidido por la Secretaría de Educación Pública.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que antes en CONACYT estaba sectorizado a esta Secretaría y por lo tanto la SEP presidía el Consejo del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología; más ahora, de acuerdo a las nuevas reformas legales para la ciencia y la tecnología, el CONACYT es una entidad del Ejecutivo Federal, no sectorizada, con las siguientes atribuciones:
La política de Estado y del Sistema nacional de Ciencia y Tecnología;
Ejercer la coordinación sectorial del sistema de centros públicos de investigación;
Establecer el ramo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación; y
Coordinar la ejecución del programa especial de ciencia y tecnología.
Por lo tanto, la Presidencia de la SEP en el Consejo del Premio Nacional ya no se justifica y es plenamente entendible que sumemos esfuerzos para integrar y reubicar los premios nacionales de ciencia y tecnología bajo la presidencia y coordinación del CONACYT.
Por estas razones y con el objeto de hacer congruente la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles con la Ley de Ciencia y Tecnología y la nueva Ley Orgánica del CONACYT, es que se propone establecer un premio para las disciplinas inherentes al ámbito propio de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la actuación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por lo cual se propone que el premio abarque los cinco campos siguientes:
Primero, ciencias exactas;
Segundo, ciencias naturales;
Tercero, ciencias sociales;
Cuarto, innovación y desarrollo tecnológico; y
Cinco, diseño industrial.
Por lo que hace a la composición del Consejo de Premiación, se propone que sea presidido por el Director General del CONACYT y que sea integrado por representantes de las dependencias estrechamente vinculadas con la ciencia y la tecnología como lo son la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Economía; las agrupaciones más representativas de los sectores vinculados al desarrollo científico y la innovación tecnológica previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología como lo son el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico que aglutina a los centros de investigación, academias, institutos nacionales de investigación y cámaras industriales.
También la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la instancia permanente de coordinación del CONACYT con las dependencias y entidades competentes en la materia de los gobiernos de las entidades federativas y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, además de la Academia Mexicana de Ciencias.
Atendiendo que con esta iniciativa se divide para su especialización por identidad propia el actual premio de ciencias y artes, por lo tanto es necesario modificar lo conducente también a las artes, para adecuar sus disposiciones respecto al premio que se otorgará sobre esta disciplina.
Por ello se propone que el CONACYT no forme parte del Consejo de Premiación del nuevo Premio Nacional de Cultura y las Artes y que se incorporen en dicho Consejo, el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y los directores generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes, por ser éstas las instituciones vinculadas directamente con los campos de este premio.
Por último, se sugiere que la Comisión de cultura de esta Cámara, emita su opinión correspondiente para este Premio Nacional de Cultura y las Artes.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2º, 6º, 44, 45, 46 y 120; y se adicionan los artículos 46-A y 46-B de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Compañeras y compañeros diputados, yo los invito a construir juntos un mejor futuro ya que tenemos el poder para moldearlo.
El mandato de esta soberanía cuando se vote la iniciativa en comento, se unirá a la capacidad de nuestros cuadros científicos y tecnológicos para incrementar nuestras habilidades y premiar con entusiasmo los logros y avances de los equipos de investigación y de los líderes que están ampliando los horizontes de la ciencia y de la innovación y el desarrollo tecnológico.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el señor diputado José Guadalupe Osuna Millán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos.
El diputado José Guadalupe Osuna Millán (PAN): Con su permiso, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que tiene como propósito principal modificar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, bajo la siguiente exposición de motivos.
El Ejecutivo federal presentó el día 8 de septiembre del año en curso a esta Cámara de Diputados una iniciativa que modificaba diversas disposiciones de la L ey del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, misma que fue aprobada tanto por esta Cámara de origen como por la de Senadores el día 5 y 12 de noviembre, respectivamente, sin sufrir modificaciones en su contenido.
Dicha iniciativa fue publicada el día 1º. de diciembre del 2004 en el Diario Oficial de la Federación.
La iniciativa en comento señalaba que las modificaciones propuestas tenían por objeto evitar que se cuestionara la constitucionalidad de la base del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, pero que en ningún momento se afectarían los ingresos que por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos les corresponde a las entidades federativas.
Además de lo anterior, la iniciativa del Ejecutivo federal proponía modificar la periodicidad de la actualización de las tarifas contenidas en la Ley en análisis; sin embargo, al modificar dicha periodicidad también se eliminó la disposición que actualiza la propia base del impuesto para los vehículos usados, es decir, el valor de dichos vehículos.
Lo anterior trae como consecuencia que al momento de calcular el impuesto a los vehículos usados, si se les aplica la depreciación que les corresponda dependiendo del año modelo, pero se pierda la actualización del valor total de dichos bienes, generando con ello una disminución considerable en la base del impuesto y, por consiguiente, se estima una disminución de hasta el 30 por ciento en los ingresos que por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos reciben las entidades federativas.
La disminución en la recaudación del impuesto en análisis impacta de manera significativa en los ingresos propios de las entidades federativas que, en algunos casos, representa una recaudación mayor a la que obtienen por los impuestos locales de predial y de nóminas.
Tomando en consideración que la intención del Ejecutivo federal fue la de no reducir los ingresos que reciben las entidades federativas por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el que suscribe propone modificar la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal y aprobada por este Congreso de la Unión para corregir el problema antes comentado.
Por todo lo expuesto considero que la necesidad es clara respecto a la modificación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, por lo que someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados esta iniciativa.
Artículo único. Se reforman los artículos 15 B, primer párrafo, excepto su tabla, y fracción II, artículo 15 C, primer párrafo, incisos D y 15 D, primer párrafo, inciso B. Se deroga el artículo 15 B, segundo párrafo, recorriéndose los demás en su orden y se adicionan los artículos 15 B con un penúltimo párrafo y 15 C con un penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:
Artículo 15 B. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados a que se refieren los artículos 5, fracción IV, y 14 B de esta Ley, así como de aeronaves y motocicletas, excepto automóviles destinados al transporte de hasta 15 pasajeros, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor de ajuste.
Dicho factor será el que resulte de multiplicar el factor de actualización por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con lo siguiente
Fracción II: La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere este artículo. El resultado obtenido se multiplicará por 0.245 %.
El factor de actualización a que se refiere este artículo será el correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año hasta el mes de noviembre inmediato anterior, a aquel por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de ajuste en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.
Artículo 15-C b): la cantidad obtenida conforme al inciso anterior se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 15-B de esta Ley. Al resultado se le aplicará la tarifa que hace referencia al artículo 5º. De esta Ley.
El factor de actualización a que se refiere este artículo, será el correspondiente al periodo comprendido desde el último mes del año inmediato anterior a aquel en el que se adquirió el automóvil de que se trate, hasta el último mes del año inmediato anterior a aquel por el que se debe efectuar el pago, mismo que s obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de ajuste en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.
Artículo 15-D, b): la cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 15-B de esta Ley. El resultado se le aplicará a la tasa a que hace referencia el artículo 13 de la misma.
Transitorio.
Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2005.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado Osuna.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.
La diputada Irma Figueroa Romero (PRD): Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
La suscrita diputada federal Irma Figueroa Romero, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, por la que se modifica el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las denominadas áreas naturales protegidas se conforman por diversos espacios de conservación ambiental en el territorio mexicano. En estas zonas se han logrado establecer y desarrollar gestión y corresponsabilidad tanto de instituciones públicas y privadas. Esto ha sido con el objeto primordial de una adecuada conservación y preservación de estas áreas ecológicas, por lo que se ha hecho indispensable además realizar un plan especial para cada una de estas, lo que también permite fomentar y permitir actividades e turismo ecológico, turismo cultural, educación medio ambiental y por supuesto la conservación de los ecosistemas en un marco de desarrollo sustentable.
Para llevar a cabo lo anterior, se requiere de manera importante de la participación y apoyo de los municipios, organizaciones civiles y de los individuos que viven dentro y alrededor de las reservas de ecosistemas, así como de los prestadores de servicios turísticos y eventualmente de inversionistas y empresarios que desarrollen proyectos ad-hoc en las llamadas áreas naturales.
Con la meta de apoyar tanto a las comunidades, los municipios y el desarrollo de ellos, he decidido proponer a esta Honorable Cámara la presente propuesta de modificación a la Ley Federal de Derechos con el propósito de otorgar y aplicar los mecanismos jurídicos que favorezcan la vinculación del ecoturismo con la condición de sustentabilidad, considerando que en el ámbito internacional se le está confiriendo una gran importancia para mantener los equilibrios ecológicos y la biodiversidad.
"Sobre el particular cabe mencionar que en el año 2002 fue declarado Año Internacional del Ecoturismo por la Organización de las Naciones Unidas, lo que hace ver la importancia de legislar en aras de conservar la riqueza ecológica, la conservación de los recursos naturales y la preservación de los ecosistemas patrimonio de la humanidad y de las generaciones futuras, por lo cual considero que se debe promocionar el crecimiento del ecoturismo, fomentar esta actividad y hacer las adaptaciones normativas que se requieren para responder a las circunstancias presentes y futuras.
"Para logra lo anteriormente señalado, se deben fomentar actividades de conservación, preservación y cuidado del ambiente, a través de instituciones de los tres niveles federal, estatal y municipal; promover y permitir la participación del sector privado, ya sea para el manejo de procesos y/o proyectos de turismo alternativo y del cuidado de la totalidad de un área natural.
"Asimismo, no solamente proporcionar recursos económicos sino ayudar a obtener recursos y financiamiento, a través de actividades de educación ambiental y adecuar el marco jurídico y legal; apoyar la capacitación de los habitantes de las áreas naturales; lograr convenios con universidades e instituciones de investigación y la formación de recursos especializados; lograr la certeza jurídica en la tenencia de las áreas de conservación; revisar los proyectos en legislación de los parques naturales o reservas de otros países y lograr las autonomías administrativa y financiera, considerando todo lo anterior como los factores que mejor inciden en la conservación y desarrollo de esas zonas.
"Debemos comprender que no se trata solamente de un compromiso social y/o político, sino que se debe entender como la mejor solución al problema tanto de financiamiento como de la conservación, mantenimiento y preservación de las áreas protegidas.
"Para que un proyecto ecoturístico y medio ambientalista tenga resultados favorables, se necesitan realizar todas las actividades anteriormente enunciadas, lo que dará como resultado el desarrollo sustentable de personas, comunidades y
empresas ecológicas en las áreas naturales protegidas.
"El objetivo central para quienes tenemos la posibilidad de contribuir desde el Congreso de la Unión es, por un lado, emitir las normas jurídicas que apoyen decididamente y sin limitaciones el desarrollo sustentable y la conservación y preservación del medio ambiente para las futuras generaciones, y lograr paralelamente que haya prácticas de búsqueda y obtención de fondos y recursos de manera sistemática para las áreas y sus proyectos individuales, lo que facilitará avanzar hacia un sistema consolidado que evite desigualdades e ineficiencias en el uso de los recursos generados en las áreas naturales protegidas, comprendiendo que la aportación de la biodiversidad está ligada a la conservación de los ecosistemas y las especies vegetales y animales, por lo que es importante, por lo que es importante designar los ingresos generados a las actividades relacionadas con la protección de la biodiversidad de cada área natural.
"El entorno natural que sustenta las actividades productivas y el desarrollo sustentable, puede entenderse como capital natural o capital ecológico que ofrece un flujo de servicios ambiéntales y ecológicos.
"Si el consumo de este capital natural supera su capacidad de renovación y mantenimiento, se provocará una dinámica de degradación, que dará como resultado un alto costo en la reinversión de recuperación de las áreas naturales marítimas. Este enfoque ya ha sido formulado por diversos autores y asociaciones destinadas a la investigación y preservación del medio ambiente, por lo que nuestra aportación tiene como único elemento novedoso la aplicación de los recursos financieros obtenidos en cada una de las áreas naturales, para mantener el acervo de riqueza natural y la biodiversidad; recordando que México es un país mega diverso, ocupando el cuarto sitio a nivel mundial y en la que la preservación de esa riqueza se logrará sólo si se permite una racional explotación de estas zonas y que una parte del capital generado por cada área natural sea para garantizar su aplicación en el cuidado de la propia zona, a través de un flujo de ingresos constantes; precisando que cada visitante o usuario, ya se investigador turista o académico de las áreas naturales, debe adoptar una conducta de conservación y preservación para el manejo de estas áreas.
"Los problemas asociados al manejo de las áreas naturales pertenecen a la esfera de lo público, ya que los beneficios que producen esta generación de agua y generación de oxígeno son de interés general, reiterando que la responsabilidad y la intervención coordinadora del Estado es indispensable y que una función ambiental es un proceso natural capaz de proporcionar bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas.
"En una estrategia viable de mantenimiento, preservación, educación ambiental y desarrollo sustentable en la aplicación del capital natural del país, resulta indispensable otorgar el valor económico generado en la medida en que esto sea posible.
"Por las consideraciones anteriormente expuestas y en ejercicio de las facultades constitucionales, la suscrita diputada federal, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, someto ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifica el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
"Artículo 198, fracción II.- Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a los que se refiere este artículo, se asignarán a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien deberá destinar al menos el 50 por ciento del recurso para acciones y proyectos de protección, manejo, restauración y gestión para la conservación y aprovechamiento sustentable de las áreas naturales protegidas marinas, generadoras del derecho conforme a lo establecido en su programa de manejo.
"Transitorios.
"Artículo Primero.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Artículo Segundo.- El Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de sesenta días, realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias"
Es cuanto señor Presidente.
Muchas gracias señores diputados.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted señora diputada Figueroa.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó iniciativa que reforma el artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre.
Se da turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto por su promovente.
En consecuencia, tiene la palabra la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona los artículos 36 bis y 36 ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez (PRD): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados: En virtud de que esta iniciativa ha sido publicada íntegra en la Gaceta Parlamentaria, me centraré en los aspectos esenciales.
El turismo es una actividad cuya importancia ha ido en aumento en las últimas décadas. La creciente competencia y demanda han obligado a diversificar la oferta, buscando que un destino se distinga sobre los demás, a partir de una característica o un recurso específico.
Un programa integral de desarrollo turístico implica la expansión de todos los sectores, incluyendo el turismo cultural. México no sólo es un país rico en playas, además ofrece costumbres, folklore, gastronomía, centros y zonas arqueológicas e históricas y monumentos, entre otros, por lo que el potencial para el desarrollo de este tipo de turismo es invaluable.
"El Programa de Fomento Específico para la Cultura debe reconocer los valores o aportaciones para esta actividad y poder capitalizar los efectos positivos, generar sinergias para el desarrollo tanto regional como del sector en su conjunto.
"En la posguerra la UNESCO comenzó a tomar medidas de protección y restauración a través de diversos convenios. En 1970 implementó acciones a través de la Convención para Preservar el Patrimonio Cultural de la Humanidad, de modo que se pueda respetar y salvaguardar la diversidad.
"La Comunidad Internacional ha elaborado convenios, recomendaciones y directrices para ayudar a los estados a reforzar su cooperación internacional y dotarse de un conjunto de leyes de prácticas administrativas y de políticas nacionales.
"El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO, ICOMOS, está conformado por numerosos expertos e instituciones que trabajan en la conservación de monumentos, conjuntos y sitios de interés arqueológico, histórico y artístico. Actualmente agrupa a más de 113 países de todos los continentes.
"En los países donde se han declarado monumentos o sitios que por su alta calidad tienen la distinción de ser patrimonio cultural de la humanidad, el ICOMOS ha estado presente, en algunas ocasiones coadyuvando a la elaboración de los expedientes y, en todos los casos, dictaminando sobre la procedencia de dicha inscripción. Asimismo el organismo tiene la responsabilidad de darle seguimiento a estos valores de carácter universal, estando vigilante en sus condiciones y conservación, en aquellos que así lo requieran, recomendando ocasiones que tiendan a mejorar dicho patrimonio.
Por su parte, México suscribió con la UNESCO, la Convención en 1984 sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, México es el tercer país con mayor número de ciudades inscritas, 9 en total. Dicha Convención define los criterios y las clases de sitios que puedan ser inscritos en la lista de patrimonio mundial y fija el deber de los estados de los posibles sitios, así como su protección y preservación.
Por su parte, las ciudades declaradas patrimonio mundial, tienen acceso a asistencia técnica internacional, a fondos de financiamiento así como a programas especializados de cooperación, formación profesional y educativa, con el uso óptimo que garantice la preservación de estas ciudades, se crea un vínculo recíproco, ya que los recursos económicos que generan dichos centros harán posible que sea más fácil, proteger y conservar debidamente el patrimonio, y esto a su vez se traducirá en crecimiento para la actividad turística.
La sustentabilidad cobra gran importancia en la preservación de las ciudades, patrimonio de nuestro país, ya que debe conjugar beneficios sociales y económicos, sin afectar el medio ambiente y evitando el deterioro del capital natural y cultural, además de garantizar su preservación para las futuras generaciones.
Las ciudades inscritas en el patrimonio mundial, presentan distintas problemáticas vinculadas muchas de ellas al propio crecimiento del lugar urbano, donde interactúa la población residente y los turistas.
El desarrollo de la actividad turística vincula la cultura, las ciudades coloniales y, por lo tanto, a las ciudades declaradas patrimonio mundial. Es un segmento poco explotado, el cual debe ser apoyado como una forma de conservación y mantenimiento de estas zonas y ciudades, con una riqueza histórica invaluable.
Un número considerable de turistas que viajan a México reconocen, estar interesados en el patrimonio cultural de nuestro país, al que existan cifras precisas de la captación del turismo cultural, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estima haber captado los espacios bajo su custodia, 16.4 millones de visitantes en el año 2002. Los visitantes nacionales representaron alrededor de las cuatro quintas partes, con un total de 13.2 millones de visitantes, y los internacionales una quinta parte, es decir, 3.2 millones.
De debe impulsar y promocionar estos destinos turísticas, ya que representan una fuente de divisas para la economía nacional, la cultura ocupa el cuarto lugar en cuanto a la motivación principal para el turismo internacional, por lo que en el afán de desarrollo del mismo, se deben priorizar a nivel de apoyo económico y de promoción.
En este marco se deben apoyar la diversificación de los productos y los mercados y consolidar los destinos turísticas. Se deben dirigir acciones para el rescate y puesta en valor del patrimonio, tanto para el uso y desarrollo de la actividad turística como para preservar nuestra historia.
La acción gubernamental debe enfocarse como una política de Estado, cuyo efecto multiplicador sea para el resto de la región, donde se encuentra la ciudad patrimonio, bajo esta lógica la adecuada utilización de los monumentos y el patrimonio, implica la coordinación de iniciativas y esfuerzos de carácter cultural y económico-turístico, siempre bajo la premisa que estas ciudades son museos a cielo abierto por el arte que atesoran.
Por lo anterior, es indispensable ampliar las acciones a favor de la promoción del turismo cultural y de programas que permitan la preservación y mantenimiento de las ciudades, patrimonio de México. Esta política debe ser impulsada desde los tres ámbitos de gobierno; el estatal, el municipal y el federal, junto con la población civil, y por supuesto el Poder Legislativo debe enfocar sus esfuerzos, para impulsar el crecimiento del turismo cultural, es decir, una política de Estado, cuya planeación, estructuración debe ser en forma integral.
Por lo antes expuesto, es que someto a consideración de esta Asamblea, la iniciativa por lo que se adicionan los Artículos 36 Bis y 36 Ter a la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, para quedar como sigue:
Artículo 36 Bis.- Son ciudades mexicanas patrimonio mundial las declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, de conformidad con la Convención Sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, las cuales son: Campeche, Ciudad de México y Xochimilco, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlacotalpan y Zacatecas y aquellas que se encuentran en la lista indicativa.
La Secretaría de Educación Pública en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Turismo, los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios y del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, impulsarán la conservación y preservación de la infraestructura que requieran las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial de la UNESCO.
Artículo 36 Ter: El Ejecutivo Federal otorgará financiamiento para la conservación, preservación, restauración y recuperación de las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial por la UNESCO y aquellas ciudades que estén en la lista indicativa, con sujeción a las disposiciones de ingreso y gastos público correspondientes.
El monto anual que la Cámara de Diputados destina al gasto para los fines señalados en el párrafo anterior, no podrá ser menor en términos reales al asignado en el ejercicio previo. Dicho monto será independiente de cualquier otro programa o fondo federal.
En el Presupuesto anual de Egresos de la Federación se establecerán asignaciones de recursos presupuestales específicas para tales propósitos y podrán destinarse a fines destinados.
Los apoyos a que se refiere esta ley serán otorgados siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la Convención Sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En el (¿) de que estos recursos se utilicen para fines distintos se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que proceda.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Muchas gracias diputada Nancy.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de periodistas corresponsales de distintos medios de comunicación oriundos de San Francisco del Rincón, Guanajuato, invitados del señor diputado don Juan Manuel Dávalos Padilla.
Tiene la palabra el señor diputado don Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario...esta pasa al final porque no está en la sala. Luego entonces, tiene la palabra la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 244 del Código Penal Federal, con relación a la falsificación de documentos cometida mediante publicaciones en algún medio de comunicación escrita.
La diputada Martha Laguette Lardizabal (PRI): Con su venia señor Presidente. Señores diputados, diputadas:
Es ésta una iniciativa con proyecto de decreto que pretende adicionar una fracción XI al artículo 244 del Código Penal Federal, con relación a la falsificación de documentos cometida mediante publicaciones en algún medio de comunicación escrito, facilitado para ello el nombre de otra persona sin su consentimiento.
El honor desde tiempos antiguos ha gozado de singular importancia, al ser un hecho que afecta la convivencia del hombre por su carácter social. La importancia que el honor de los individuos revista, cobra mayor relieve ya que el menoscabo que en él se sufre puede resultar de imposible reparación, pues en ocasiones no sólo se involucra al directamente ofendido sino a toda una familia, comprometiendo tanto su vida laboral como social.
Nuestra Carta Magna, en su artículo 6º, al garantizar la libre manifestación de ideas, conjuntamente impone una salvedad para salvaguardar el honor implícito en los derechos de las personas que con dicha expresión pueda llegar a vulnerarse. Del citado artículo podemos deducir que la manifestación de ideas se encuentra consagrada como garantía individual en la Constitución Federal, pero que no será extensiva cuando se ataquen los derechos de tercero o cuando con ella se cometa algún delito.
Pues bien, aún y cuando estas dos salvedades guardan un carácter independiente o una respecto de la otra, es decir, de acuerdo al precepto constitucional invocado no es necesario que concurran para imponer una limitante a la garantía de manifestación de ideas, estimamos necesario conformar en la normatividad penal federal, una adecuada correlación entre ambas para que cuando se facilite el nombre de una persona, sin que medie su aprobación para manifestar cualquier idea, mediante publicación en algún medio escrito de comunicación, dicha conducta sea considerada delito, esto es dentro del tipo de falsificación de documentos.
Lo anterior viene a colación en virtud de que las publicaciones realizadas en algún medio de comunicación escrito, pueden llegar a acarrear importantes daños, sobre todo de carácter moral.
En tal orden de ideas, el Código Penal Federal, en su artículo 244 contempla la falsificación de documentos, más sin embargo del análisis del mismo y las 10 fracciones que la componen, observamos que ninguna de dicha hipótesis contempla la falsificación de documentos en la modalidad que a través de la presente iniciativa estamos proponiendo.
Continuando con el razonamiento, pareciera que nuestra propuesta se ubica en el supuesto de la fracción I, esto es, al poner una huella digital o una firma o rúbrica falsas, aunque sea imaginaria o alterando una verdadera.
Sin embargo, existe una gran diferencia, la cual se desprende de las definiciones que nos brinda el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de firma y rúbrica que al fin y al cabo, se engloban en gran parte del contexto de este delito.
Concluyendo, observamos que las publicaciones escritas en medios de comunicación que se emiten a nombre de una persona sin su consentimiento, no se tipifican en el delito de falsificación de documentos en general ni en ningún otro tipo en los términos previstos por el Código Penal Federal.
Por su parte la Ley de Imprenta dispone lo relativo a la corresponsabilidad de los editores por delitos como la falsificación de documentos en sus artículos 17 y 24. Sin embargo, estas disposiciones no aplican para quien o quienes ordenan la publicación.
Con los argumentos antes vertidos, considero de suma importancia adicionar una nueva fracción al artículo 244 del Código Penal Federal, mediante la cual quede firmemente asentada la hipótesis de falsificación de documentos cometida mediante publicaciones en algún medio de comunicación escrito, facilitando o utilizando dolosamente, el nombre de otra persona sin su consentimiento señalándola como responsable de tal acción.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer a esta representación el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo Único.- Se adiciona una fracción XI al artículo 244 del Código Penal Federal para quedar redactado en los términos siguientes:
Artículo 244.- El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:
Fracción XI.- Proporcionando o utilizando dolosamente el nombre de otra persona sin su consentimiento para ser señalada como responsable o autor de cualquier publicación en algún medio de comunicación escrito.
Transitorios
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, D.F., a los 7 días del mes de diciembre del año 2004.
Esta, señor Presidente, fue una versión abreviada de la iniciativa en comento, por lo cual solicito respetuosamente sea publicada en sus términos en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias por su atención.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Así se hará, diputada.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Esta Presidencia recibió de parte de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona los artículos 46, 54, 57, 60 y 67 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y a la Protección del Ambiente, por lo que esta Presidencia turna también la misma a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra la diputada doña Diana Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La diputada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (PRD): Gracias señor Presidente y con su permiso.
Efectivamente el día de hoy, vengo a proponer ante esta soberanía una iniciativa para reformar el artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo con la siguiente:
Exposición de Motivos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en términos de la ley que lo rige, cuenta como todos sabemos con autonomía técnica y facultades ejecutivas y cuyo objeto es supervisar y regular a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en protección de los intereses del público ahorrador.
De conformidad junto con la ley relativa, el referido órgano desconcentrado, la Comisión, ejerce sus facultades a través de su junta de gobierno, de la presidencia, vicepresidencias, direcciones generales. Asimismo, en la citada ley se establecen las facultades de la Comisión, señalando las correspondientes a su junta de gobierno y a su presidente.
Es importante mencionar que las leyes que regulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión y regulación de la Comisión Nacional Bancaria, complementan todo el ámbito de competencia de este importante órgano.
En este orden de ideas cabe señalar que el artículo 4° fracción XV de la Ley de la Comisión Nacional, dispone que corresponde a esta comisión, intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades financieras, con el objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o bien aquellas violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven.
Esta facultad, esto es, la declaración de intervención de una institución financiera se ejerce a través de la Junta de Gobierno de la Comisión y corresponde a su Presidente, la designación del interventor en los casos previstos por las leyes. En estos casos a través de la intervención gerencial se sustituye a la administración de las entidades financieras sujetas a supervisión, situación que desde luego, resulta en una afectación trascendente e importante al funcionamiento y organización de la persona moral intervenida.
La experiencia ha demostrado que la adopción de resoluciones como la referida en los párrafos anteriores, puede motivar demandas, denuncias, quejas o querellas, en contra de las personas físicas, a través de las cuales se materializan las funciones de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional.
En atención a ello, consideramos necesario que para proteger el correcto ejercicio de las funciones de la Comisión en esta delicadísima materia de trascendencia nacional, se establezcan mecanismos que proporcionen a las personas competentes de ejercer la intervención, la seguridad y confianza que les permitan adoptar resoluciones verdaderamente fundadas en ley y ajenas a los intereses particulares de los accionistas o miembros de la institución financiera intervenida.
Es de señalarse que el Comité de Basilea en sus principios de supervisión, establece que los supervisores deben ser protegidos al enfrentar procesos legales, precisamente por acciones realizadas de buena fe, en cumplimiento de sus labores de intervención, la experiencia internacional asimisma, es consistente con este principio.
Estudios realizados por organismos internacionales indican que en general existen dos regímenes de protección legal para los supervisores financieros; el primero consiste en liberar de cualquier responsabilidad a las personas físicas que ejerzan de buena fe funciones de supervisión, relegando la responsabilidad en el organismo supervisor.
Por otra parte, el tipo de sistema de protección legal a las personas físicas que participen en el ejercicio de las facultades de supervisión, consiste en que estas personas son responsables del ejercicio de sus funciones, pudiendo el organismo en su caso, cubrir los gastos de asistencia legal que se generen a los interventores con motivo de las acciones legales que se inicien por los actos realizados con motivo de la intervención y administración ordenada.
En este orden de ideas, debe destacarse que la junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está conformada por el Presidente de la propia Comisión y dos Vicepresidentes, cinco Vocales designados por la Secretaría de Hacienda, tres designados por el banco de México, un Vocal designado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y uno más por la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Como puede apreciarse, diez de los trece miembros de la Junta de Gobierno, son servidores públicos que no guardan vínculo laboral alguno con la Comisión y que no obstante ello, participan de manera directa e importante en el ejercicio de las facultades legales.
Por otra parte, las personas que en su caso desempeñen la función de interventores, no necesariamente son servidores públicos de la Comisión; más aún, en el caso de las instituciones de crédito, el artículo 140 bis de la ley respectiva, establece que los interventores deberán reunir los requisitos previstos en el propio ordenamiento para el caso de Director General y funcionarios que ocupen cargos en las dos jerarquías inmediatas inferiores.
La evolución del mercado financiero, hace patente la necesidad de contar con un órgano supervisor que ejerza sus funciones con un alto grado de profesionalización y que al mismo tiempo cuente con las condiciones necesarias para su adecuado ejercicio.
La experiencia internacional referida, así como las recomendaciones de organismos internacionales, se deriva que el brindar asistencia legal a las personas físicas, interventores, gerentes, a través de las cuales se materializa el ejercicio de estas importantes funciones, constituye una práctica sana y vital para el desarrollo del sector financiero; lo anterior, con independencia del vínculo laboral que puede existir entre la persona física y el órgano supervisor.
Adicionalmente la posibilidad de que una persona física se encuentre expuesta a impugnaciones a título personal por el ejercicio de las facultades que por ley le corresponden al órgano supervisor, podría fomentar riesgos importantes con respecto a su objetividad e imparcialidad de las decisiones que en el ámbito de su competencia debe tomar, que es el bien jurídico al cual se debe tender; al tiempo que el no prestarles esta asistencia legal, puede debilitar la consecución de los objetivos fundamentales que busca la intervención.
Por lo tanto, la iniciativa que hoy presento busca establecer la posibilidad de que se brinde asistencia legal a los servidores públicos, tanto que integran la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como los miembros de su Junta de Gobierno, sea que éstos formen parte o no de la referida Comisión, así como a los interventores que la propia Comisión designe y a los funcionarios auxiliares de la intervención, los cuales no guardan vínculo laboral con ésta.
Asimismo, la presente iniciativa dispone que para efectos de que se brinde asistencia legal a las personas antes referidas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la propia Comisión, establecerá los mecanismos necesarios para cubrir los gastos que deriven de la asistencia y defensa legal de estos funcionarios y de los interventores que sean designados por la Comisión para el saneamiento de las instituciones financieras.
La presente iniciativa se adhiere a aquellos esquemas de protección de las funciones de supervisión que permiten hacer frente a la imputación de responsabilidades a la persona física que ejerza estas funciones, vinculadas con las del organismo supervisor, brindando a dicha persona física la posibilidad de que le proporcionen los medios necesarios para su adecuada defensa.
Es por esto que el día de hoy presento esta iniciativa de decreto para adicionar un artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos que se precisan en la iniciativa que presentamos y que pedimos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Muchas gracias a esta soberanía y a usted, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada Bernal Ladrón de Guevara.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado José Nava Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Mexicanos.
El diputado José Nava Altamirano (PRI): Gracias señor presidente; señoras diputadas; señores diputados:
La presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona en un párrafo el artículo 4o. de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Eduviges Nava Altamirano, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en términos de la facultado que me confiere la fracción II del artículo 71 y del 135 de la Constitución General de la República y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de eta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma y adiciona en un párrafo, el artículo 4o. de la Constitución General de la República, atendiendo a la siguiente:
Exposición de Motivos:
EL 16 de octubre de 2003 en este país se conmemoró el 50 aniversario del derecho al voto por parte de las mujeres. Para vergüenza de nosotros tuvimos que celebrar un derecho que por su propia naturaleza y desde que se instauró ese derecho en México para elegir a sus gobernantes, debían tener todos los mexicanos.
En estos tiempos de supuestos cambios vivimos en la incertidumbre y en la zozobra, sin que verdaderamente participemos todos como es nuestra obligación, para lograr un desarrollo más armónico y equitativo.
Para nadie es un secreto que se tiene una deuda histórica con las mujeres, que han sido base fundamental en el desarrollo social, económico, político y cultural del país.
Sabemos que en la mujer descansa la base fundamental de la sociedad que es la familia; y a pesar de que hay equidad pues ante la Ley Suprema todos somos iguales como individuos, no se le toma en cuenta y menos se ha reconocido su capacidad para participar en el desarrollo político de México.
Estimo que en este momento dadas las condiciones de todo género que se viven en el país, se dan las condiciones para la integración óptima de un proyecto legislativo que considera a la mujer, a efecto de que con su preparación, esfuerzo, lucha y voluntad, participe en el desarrollo de México incluyéndola también en los órganos de gobierno, entendiendo como tales, el derecho de la mujer a ocupar puestos que a partir del nivel de dirección o secretaría, existan en los tres niveles de gobierno.
Socialmente esta iniciativa se considera útil dado que se tiene que integrar de una vez por todas a la mujer en el desarrollo del país, reconociéndole su capacidad.
En materia política se estima que esta iniciativa es viable ya que no se beneficia a un sector de la sociedad, sino a quien es parte fundamental del desarrollo de nuestro país. Pero además nace de la convicción de un político que ante todo ejerce una responsabilidad pública.
La participación de la mujer es la herramienta fundamental para la construcción de una sociedad justa, solidaria e incluyente. La política debe propiciar la pluralidad y el debate honesto de ideas. Debemos tomar con decisión esta iniciativa que además es compromiso con la democracia y transformación del país.
El proyecto de nación que los mexicanos tenemos y queremos, no puede apartar de su visión a quien ha ayudado a construir este gran país. No podemos soslayar el hecho de que el Estado Mexicano con motivo de diversos factores internos y externos, enfrenta y enfrentará una serie de retos y desafíos que requieren la participación de todos y qué mejor oportunidad que los diputados de la LIX Legislatura, asuman esa responsabilidad y compromiso histórico, incorporando a la mujer plenamente y de una vez por todas, no sólo al aparato productivo, sino que se le otorguen facultades de decisión que seguro estoy, habrán de realizar con capacidad, eficacia y eficiencia, honradez y amor a la patria y a sus habitantes.
A nivel universal, las mujeres han dado muestra de su capacidad, liderazgo y grandeza, baste citar a Eva Perón, Indira Ghandi, Margaret Thatcher, entre otras. A nivel nacional y en diversos órdenes, también han contribuido a la grandeza de este país, como Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez y Antonia Nava, entre otras.
Por ello, es que no podemos ni debemos olvidar que las mujeres de este país y de otras naciones contribuyeron al engrandecimiento de la humanidad, y qué mejor oportunidad histórica que incorporar a todas las mexicanas constitucionalmente al aparato gubernamental, reconociéndoles sus capacidades pero además haciéndoles partícipes de los derechos, obligaciones y prerrogativas que se tienen como parte integral de una sociedad moderna, donde todos participan y contribuyen a su engrandecimiento.
Tenemos una deuda y no podemos fallarle a las mujeres. Ellas y México estarán atentos al resultado de esta iniciativa y de nuestro desempeño. Por eso, con un alto sentido de responsabilidad y congruencia pero además convencido de que en las mujeres encontraremos a mexicanas dispuestas y decididas a trabajar y dar todo por la patria, es por lo que se promueve esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona en un párrafo el artículo 4º de la Constitución General de la República, para quedar como sigue:
"En los cargos públicos que a nivel de mandos medios, altos, direcciones o secretarías se den en los niveles de gobierno municipal, estatal o federal, se tomará en cuenta la equidad de género que esta misma Constitución tutela".
Gracias señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene de nueva cuenta la palabra, la diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona la fracción III del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación.
La diputada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (PRD): De nueva cuenta, gracias señor Presidente.
Con su permiso y con el de esta soberanía, me permito proponer a su consideración una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción III al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación; ello de acuerdo con la siguiente:
Exposición de Motivos:
Como todos sabemos, las contribuciones tienen un papel fundamental en la existencia de cualquier nación; son esenciales en la obtención de recursos para con ello satisfacer las necesidades de sus habitantes.
La obligación de todos los mexicanos es la de contribuir al gasto público, de la forma establecida en las leyes aplicables.
Sin embargo, esta obligación tan importante, tan fundamental, en nuestro país no es por desgracia compartida de manera general y equitativa por todos los mexicanos y mexicanas. Existe en nuestra nación una cantidad importante de personas físicas y morales que no están cumpliendo de manera efectiva con la obligación constitucional de contribuir a los gastos públicos como lo dispone el artículo 31 fracción IV.
Así, los niveles recaudatorios del país son muy bajos ya que representan apenas el 11.2% en el Producto Interno Bruto, lo que nos obliga de manera inmediata a proporcionar instrumentos legales para incrementarlos.
Es una idea del dominio público general, el que por muchos esfuerzos que se hagan para incrementar los niveles recaudatorios, si no se logra antes el incremento efectivo del número de la base de contribuyentes, estos esfuerzos serán inútiles.
Efectivamente, frente a más de 120 millones de mexicanos nuestro registro federal de contribuyentes tiene registrados tan solo a poco menos de nueve millones, que son los que cumplen con el grueso de las obligaciones fiscales correspondientes a todos los mexicanos.
Este número de contribuyentes, no representa en realidad a la totalidad de los sujetos que se encuentran en los supuestos jurídicos que prevén las normas tributarias. Así pues, este grupo de personas físicas y morales cuya actividad, ingresos, situación, coincide con alguna de las hipótesis normativas previstas en las leyes fiscales y que sin embargo no están registrados en el Registro Federal de contribuyentes y no tributan; por lo tanto, son una de las causas fundamentales para que en México los niveles de recaudación no hayan podido aumentar.
Efectivamente, es imposible concebir que los ingresos obtenidos por la recaudación de contribuciones puedan incrementarse si las obligaciones fiscales las están cumpliendo siempre el mismo número y grupo de contribuyentes cautivos y además, por las últimas reformas que esta Legislatura ha aprobado, las tasas impositivas de las leyes fiscales sustantivas han disminuido y tienden a seguir disminuyendo.
Por lo tanto, es necesario y urgente la inscripción en el padrón de contribuyentes de nuevos sujetos que, estando obligados a tributar, no lo hacen efectivamente.
En este sentido es necesario fortalecer las facultades de las autoridades fiscales en nuestro régimen de derecho para consolidar las finanzas públicas a través de actos administrativos encauzados de manera directa a ampliar la base de contribuyentes, actualizarla e incorporar a nuevos contribuyentes al padrón.
Sin embargo, estamos conscientes de que el incumplimiento de las disposiciones fiscales no es un acto que implique únicamente la falta de disposición o de voluntad por parte de los contribuyentes sino que, en muchas ocasiones, tributar implica una obligación técnica que la mayoría de los contribuyentes, al tener desconocimiento sobre la misma, se ven impedidos para cumplir de manera adecuada con las obligaciones correlativas.
Por lo tanto, consideramos como una necesidad apremiante el que las autoridades fiscales, en el ámbito de sus facultades de asistencia, realicen actos o actividades tendientes a informar y a asistir a los contribuyentes para que, derivado de esto, cuenten estos contribuyentes con todos los elementos necesarios para dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias.
Asimismo, hay un gran número de contribuyentes que no tienen su datos actualizados en el padrón general y que requieren de asistencia y convocatoria para poder hacerlo.
Dentro de este contexto es como se presenta esta iniciativa de reformas al Código Fiscal que obliga a las autoridades fiscales, dentro del ámbito estricto y exclusivo de sus facultades de asistencia, a realizar recorridos, invitaciones y censos para asesorar e informar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras con el fin de incrementar y actualizar el padrón de contribuyentes. Se espera que con esto los niveles de recaudación aumenten.
Efectivamente, como antecedente se tiene que esta honorable Legislatura en pasada sesión aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y en el artículo 6 transitorio de la misma se faculta al servicio de administración tributaria para llevar a cabo recorridos de domicilios, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública o en cualquier otro lugar en donde se registre una actividad económica.
Ello con el fin expreso y específico de ampliar y actualizar el Registro Federal de Contribuyentes y las obligaciones relacionadas.
Ahora bien, para hacer efectivo este mandato dado por la Ley de Ingresos citado por esta honorable Legislatura y en el marco de nuestro estado de derecho, resulta imprescindible establecer en el Código Fiscal de la Federación, que es el que regula y compendia tanto los derechos y obligaciones de los contribuyentes como las facultades de las autoridades fiscales, entre ellos las facultades de asistencia, establecer, repito, en este Código Fiscal la atribución específica correlativa a las autoridades fiscales y correlativa al mandato previsto en la Ley de Ingresos.
Y es por estos motivos que me permito someter a la consideración de esta soberanía, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de nuestra carta magna la iniciativa de decreto que adiciona una fracción III al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación en los siguientes términos:
Artículo 33, fracción III. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de asistencia al contribuyente podrá realizar recorridos, invitaciones, censos, para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras, y promover su incorporación voluntaria o actualización de sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes.
No se considera que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando derivado de lo señalado en el párrafo que anteceden, soliciten a los particulares los datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el Registro Federal de Contribuyentes.
Estamos seguros de que con estas medidas daremos un paso más en el objetivo tan deseado por el Estado mexicano y en concreto por esta Legislatura, de poder incrementar la base de contribuyentes y lograr efectivamente que sea realidad la máxima constitucional de generalidad y equidad para todos los mexicanos y mexicanas en el pago de las contribuciones necesarias para los gastos públicos de nuestra nación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Diana Bernal Ladrón de Guevara.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 55 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
La diputada Alejandra Méndez Salorio (PVEM): Gracias. Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados: La legislación del servicio social en México se suscribe al artículo 5º., constitucional, a las diversas leyes de los estados, así como a una serie de normas y reglamentos de las instituciones de educación superior, lo que lleva a contar con una legislación diversa y en ocasiones redundante.
Por lo anterior, sin violentar el marco jurídico existente en materia de servicio social, se proponen diferentes escenarios como la modificación de las normas y reglamentos institucionales.
Una propuesta viable y recomendable, es que el servicio social se replantee a través de los órganos de decisión de la ANUIES, como lineamientos generales para su regulación y tengan el consenso de todas las instituciones, con el fin de lograr una legislación en materia de servicio social complementaria y consistente.
De acuerdo con especialistas en educación y su vinculación con el mundo laboral, se han identificado un conjunto de temas específicos para el mejoramiento del servicio social, los cuales son: el servicio social como una experiencia laboral y con valor curricular, estrategias e indicadores para la evaluación del Programa de Servicio Social y la legislación del servicio social.
Trabajar en estos temas es indispensable para contribuir a replantear el servicio social en México. Para ello se requiere poner en marcha políticas, estrategias generales y líneas de acción que contribuyan a la formación profesional y tengan impacto en el desarrollo del país, complementadas con mecanismos que fortalezcan la vinculación entre la academia y la sociedad y además con estrategias de evaluación que permitan conocer sus impactos y en su caso corregir el rumbo a seguir mediante la toma de decisiones sustentadas en información derivada de la misma evaluación.
No obstante se debe considerar que dichos planteamientos requieren de nuevos proyectos de investigación, con líneas de indagación hasta ahora poco trabajadas en el horizonte del servicio social en México.
Ello permitirá un mejor conocimiento sobre la dinámica y la proyección del servicio social en el contexto de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales del país, con la finalidad de lograr que los actores involucrados tengan las suficientes bases para orientar posibles alternativas de intervención en el servicio social comunitario a fin de contribuir a lograr objetivos de las instituciones y de la sociedad.
Con base en lo anterior se puede afirmar que el estudio y la discusión de los temas expuestos, se orientan, por un lado, a la búsqueda de la calidad, relevancia y realismo del servicio social, como parte fundamental de la vinculación entre las instituciones de educación superior y los diferentes sectores de la sociedad, para coadyuvar a la solución de problemas específicos y por otro lado se confirma que el servicio social es una estrategia educativa que debe sustentar y nutrir a las funciones de docencia e investigación.
En consecuencia, se propone establecer la inserción del Servicio Social en los currículos y su reconocimiento para los procesos de titulación y para la formación de los valores necesarios para la convivencia social en los prestadores de servicio social en las comunidades y en las instituciones de educación media superior y superior. Con ello se busca coadyuvar a superar los obstáculos académicos y administrativos que limitan el desarrollo de actividades en lo relativo a la vinculación de las instituciones de educación superior con su entorno inmediato.
Entre los problemas académicos se encuentran la desvinculación de los problemas de servicio social con las funciones de docencia e investigación. El alejamiento de los programas de servicio social de las comunidades marginadas de nuestro país.
Asimismo se pretende fomentar la formación integral de los estudiantes a través del principio de responsabilidad social. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias e instituciones para que no exista una duplicidad de acciones y se rescaten nuevas y variadas metodologías de intervención en las comunidades. Propiciar líneas de investigación con la finalidad de generar conocimiento y desarrollar tesis como opción de titulación y desarrollar proyectos de servicio social de carácter multidisciplinario. Además son necesarias modelo de servicio social vinculadas al desarrollo académico, orientadas a coadyuvar principalmente en la formación integral del estudiante y del desarrollo social para que sus propósitos, pertinencia y calidad, respondan a las realidades socioeconómicas, procurando que tales modelos articulen las funciones sustantivas en los planes y programas de estudio e integren las áreas de conocimiento que favorezcan la colaboración académica entre la comunidad institucional y la sociedad en general.
La situación del servicio social en México lo que pedimos es que los currículos representan una preocupación añeja de las instituciones de educación superior. Sin embargo, por diversos factores no ha existido una propuesta formal que considere la integración de los actores principales en este proceso como son los alumnos y los profesores y los responsables de los programas de servicio social.
De esta manera se considera que el valor del servicio y su correcta ubicación entre los quehaceres sustantivos de las instituciones de educación superior requieren de su incorporación en los currículos de diversas carreras.
Con base en lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se permite someter ante el pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, mediante la cual se reforma el primer párrafo del artículo 55 de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
"Artículo único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 55 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal para quedar como sigue: Artículo 55.- Los planes de preparación profesional, según la naturaleza de la profesión y las necesidades sociales que se trate de satisfacer, exigirán a los estudiantes de las profesiones a que se requiere esta ley como requisito previo para otorgarles el título que presten servicio social durante el tiempo no menor de seis meses ni mayor de dos años. El servicio social prestado será considerado como experiencia laboral con valor curricular.
"Transitorios:
"Artículo 1o.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de diciembre de 2004".
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Diputada Méndez Salorio.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Le damos la más cordial bienvenida a un grupo de mujeres del municipio de Huixquilucan, estado de México, invitados del señor diputado don Adrián Fuentes Villalobos.
(Aplausos)
Y le damos el uso de la palabra al señor diputado don Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 199 Bis del Código Penal Federal.
El diputado José Mario Wong Pérez (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Usted lo tiene.
El diputado José Mario Wong Pérez: Gracias, muy amable.
"El suscrito, diputado federal, José Mario Wong Pérez, en la Quincuagésima Novena Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 y 56, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto, a efecto de reformar el artículo 199 bis del Código Penal Federal, de conformidad con la siguiente
"Exposición de Motivos
"Compañeras y compañeros diputados: A través de la historia de la humanidad las enfermedades transmisibles se han propagado en los diversos continentes y países. Estas enfermedades han aumentado de manera considerable el índice de riesgo de transmisión de personas portadoras.
"Ahora bien, el objeto del derecho penal en específico, es establecer en los ordenamientos legales que rigen la materia, las conductas delictivas y sus sanciones, circunstancia que compete exclusivamente al Estado, con el fin de salvaguardar la esfera jurídica en la que el gobernado se desarrolla, brindándole protección y seguridad.
"Es recomendable orientar el proceso legislativo a los problemas actuales, a las realidades que por no estar debidamente tipificadas y sancionadas, no pueden ser punibles, como lo reclama la sociedad.
"Para que se pueda tipificar una conducta, es menester que exista una acción u omisión por parte de la gente, la cual será criminalmente punible por atentar contra el sujeto pasivo. En consecuencia, una persona al saber y estar consciente de ser portadora de una enfermedad que se transfiere por contagio y que pone en riesgo la salud y la vida del sujeto pasivo, indiscutiblemente realiza una conducta delictuosa, al poner en riesgo la salud y la vida de otro.
"Como representantes populares, es nuestro deber estar atentos a la problemática creciente que enfrenta la población y es el caso que diariamente vemos como aumenta el número de personas infectadas por enfermedades terribles y devastadoras.
"Es loable afirmar que en este delito el sujeto pasivo reciente una alteración de su integridad corporal, transitoria o permanentemente que ocasione un detrimento en su salud, mientras que la conducta del sujeto activo puede consistir en una acción o en una omisión que traiga como resultado producir en el ofendido una disminución de sus capacidades, pues si la salud es el estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones, cualquier modificación al mismo integrará una de las formas del delito en mención.
"Por lo demás, el elemento objetivo del delito consiste en que la persona ocasione una alternación en la salud de otra con dolo o con culpa, en forma imprudente, negligente o descuidada. El elemento objetivo lo constituye el conocimiento que tiene el sujeto activo que padece esta enfermedad y a título de dolo o culpa, pone en peligro de contagio al pasivo.
"En el caso específico de las enfermedades en periodos infectantes, debe considerarse como el momento consumativo del delito, cuando se altera el estado de la salud de la víctima u ofendido, bajo la circunstancia de que éste último desconoce la posibilidad de encontrarse en peligro de contagio por cualquier medio transmisible, pues se trata de un delito que transforma el mundo fenoménico, en virtud de que le pasivo, antes de la comisión del mismo, contaba con una corporalidad íntegra, pero que a consecuencia de la infección se lesiona su integridad, física, psicológica y moral.
"Actualmente el Código Penal Federal, artículo 199 bis, prevé una pena de prisión de tres días a tres años y el pago de una multa de hasta cuarenta días, al que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible.
"Consecuentemente, a fin de hacer congruente el régimen de punibilidad del delito en el cúmulo de argumentaciones que se dejan transcritas, se hace menester aumentar la pena corporal y pecuniaria, a fin de que ahora se sancione de seis meses a cuatro años de prisión y hasta cien días de multa.
"Con esta propuesta de reforma seguramente se dará un paso adelante en la precisión del Código Penal Federal, el cual exige la mayor claridad y puntualización en sus disposiciones. En este caso concreto las relativas a los delitos contra la salud.
Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto
Articulo Unico.- Se reforma el Artículo 199 Bis del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 199 Bis.- El que a sabiendas de que está enfermo de un mal remedio u otra enfermedad grave en período de infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio tangible, será sancionado de seis meses a cuatro años de prisión y hasta 100 días de multa.
Transitorio
Articulo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en el mes de noviembre del año 2004. El de la voz diputado federal José Mario Wong Pérez.
Es cuanto señor presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias señor diputado Wong.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el señor diputado don Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de decreto para que se adicione el apellido "De Vargas"a la inscripción en letras de oro del Benemérito de la Patria, General Hermenegildo Galeana, realizada en el año de 1823 en el Salón de Cortes.
El diputado Francisco Chavarría Valdeolivar (PRD): Con el permiso de la presidencia. Compañeras diputadas. Compañeros diputados. El suscrito diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en el Artículo 61 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Asamblea el presente proyecto de decreto bajo las siguientes
Consideraciones
Traigo a esta tribuna el anhelo del pueblo de Tecpan de Galeana, la pretensión de ampliar el reconocimiento del hasta ahora conocido únicamente como General Hermenegildo Galeana. El 19 de julio de 1823 que corresponde al segundo período federalista del Cuarto Congreso Constituyente, siendo presidente del Congreso don José Mariano Marín, se expidió el decreto por el cual se declara Benemérito de la Patria a don Hermenegildo Galeana, asimismo se instó se inscribiera con letras de oro en el Salón de Cortes el nombre de este héroe nacional.
En el desarrollo de los acontecimientos históricos de la guerra de independencia, Tecpan de Galeana tuvo el alto honor de ver nacer a uno de sus más destacados caudillos de esta gesta heroica, el ilustre General Hermenegildo Galeana de Vargas, quien junto con el resto de su familia, no sólo ofrendaron su vida a esta causa sino también su fortuna y bienes para el mantenimiento del movimiento libertador de nuestra querida patria.
Hasta esta fecha ningún historiador, había podido encontrar el segundo apellido del célebre insurgente, apareciendo únicamente su personalidad como hasta ahora se conoce con su nombre y su primer apelldo, investigaciones realizadas por el ciudadano profesor German Escamilla Ocampo, vecino de Tecpan de Galeana e investigador en historia, registrado en el Archivo General de la Nación con el registro 032113 muestra pruebas documentales, en donde se hace mención de la esposa del padre del General Hermenegildo Galeana de Vargas, y en base a esto se sostiene que es la madre de nuestro héroe nacional.
En el Archivo general de la Nación, en el grupo documental de tierras, en el Volúmen 2828 expediente 12 página 111 reverso, se encuentra una manifestación de don Antonio de Valdeolivar, sobre la posición de dos sitios y medio de ganado mayor en el paraje denominado Coyuquilla, en donde presenta como prueba testimonial la declaración que hace don Sebastián Galeana, padre de don Hermenegildo Galeana.
Dicha declaración menciona que el padre del general Hermenegildo Galeana de Vargas, don Sebastián Galeana, está casado con doña Francisca de Vargas.
Sobre la acreditación de la paternidad del general Hermenegildo Galeana de Vargas, el historiados quien vivió en Irapuato, Guanajuato, Eduardo M. Vargas Galeana, descendiente legítimo de los Galena, en sus investigaciones hace mención de que el padre de don Hermenegildo Galeana de Vargas es el señor Sebastián Galeana. Por lo tanto y en base a las investigaciones mencionadas, el nombre completo del caudillo de movimiento de Independencia es Hermenegildo Galeana de Vargas.
Por lo antes expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente decreto, por el que se solicita la adición del apellido de Vargas a la inscripción en letras de oro del Benemérito de la Patria, General Hermenegildo Galeana, realizada e el año de 1823 en el Salón de Cortes.
Artículo primero. Se adiciona al nombre inscrito con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, el segundo apellido al general Hermenegildo Galeana de Vargas.
Artículo segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conjuntamente con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la Sesión Solemne que se realizará para llevar a cabo la inscripción en letras de oro mencionada en el artículo primero.
Transitorio.
Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Anexo a este proyecto el documento que fundamenta las razones de este decreto.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado Valdeolivar.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el señor diputado don Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma los incisos I y J del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Hugo Rodríguez Díaz (PRI): Con su venia señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores: Uno de los temas que más ha trastornado y por consecuencia ha dejado alterada a nuestra sociedad y en especial a las clases política y jurídica, es determinar si el Ejecutivo Federal tiene o no tiene facultades para emitir observaciones y regresar a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En distintos países del mundo hay criterios diversos que dan cuenta del proceder acerca de esta misma situación. Ahora bien, existen diferencia de criterios entre si el Ejecutivo tiene o no tiene facultades para presentar observaciones en esta materia. Hay quienes dicen que efectivamente el Ejecutivo Federal tiene y quienes dicen que no tiene; en realidad es una cuestión que no está debidamente precisada y que sólo emitimos juicios de valor.
No es por demás señalar que incluso en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación, nos encontramos ante una resolución de la Cámara de Diputados sui géneris, esto es, especial, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación es una normatividad con órdenes directas, directas, repito, órdenes, no sugerencias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal, para que gaste, emplee o use los ingresos federales de tal o cual forma, órdenes que pueden ser con igual criterio que la iniciativa enviada por el Presidente, similar o distinta, pero que no admite observaciones conforme lo marca la Constitución federal.
Por consiguiente, el propósito de esta iniciativa es clarificar en cuáles casos el Ejecutivo Federal tiene el derecho para ejercer las observaciones que le concede la Constitución, esto es, precisar que no tendrá facultades para hacer observaciones al Presupuesto de Egresos que apruebe esta soberanía, entre otros.
En mérito de lo anterior y debidamente expuesto en el capítulo completo de esta iniciativa, como integrante de esta LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y con las facultades que me confiere nuestra Constitución y el Reglamento de este órgano soberano, me permito presentar a nombre propio ante esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el inciso j) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para señalar en cuáles resoluciones, proyectos de ley o decreto del Congreso de la Unión, de alguna de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, el Ejecutivo Federal no podrá hacer observaciones.
Por lo anterior y en economía de tiempo le solicito diputado Presidente, que incluya el texto completo de esta iniciativa en el Diario de Debates para su constancia.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Y así lo haremos don Hugo Rodríguez días.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Y tiene el uso de la palabra la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, en nombre propio y también de Eliana García Laguna y Rebeca Godínez y Bravo, para presentar iniciativa que adiciona el Libro Segundo del Código Penal Federal, el Título Vigésimo Octavo de los Delitos de Género y los artículos 432, 433 y 434 para tipificar el delito de feminicidio; se adiciona un numeral 35 al artículo 194 del Código Penal Federal de Procedimientos Penales y una fracción VI al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos (PRD): Gracias.
Diputadas y diputados:
Hoy la condena contra el feminicidio se extiende en nuestro país. Denuncias hechas en distintas entidades federativas nos traen ante esta tribunal; el caso emblemático desde luego, es el caso del feminicidio en Chihuahua y Ciudad Juárez, pero tenemos denuncias de otras entidades de la República.
En otros estados se está denunciando y la sociedad reconoce, las autoridades también, la existencia de un fenómeno necesario de ser enfrentado y de ser investigado y de ser solucionado.
Desde su creación, la Comisión ha estado recibiendo información que consideramos alarmante sobre el creciente número de homicidios, de mujeres en distintas entidades de la República.
Según datos de la Secretaria de Desarrollo Social, difundidos por su titular, Josefina Vázquez Mota, al año se registran 5 mil 243 defunciones de mujeres por homicidios, suicidios y accidentes.
Entre enero y mayo de 2004 han sido asesinadas 154 mujeres en la frontera sur, como fue denunciado ante el Secretario de Gobernación, por un grupo de legisladoras y legisladores del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por la Presidenta de la Fundación Colosio, Beatriz Paredes.
En Quintana Roo, el grupo plural de mujeres afirmó que desde 2002, 94 mujeres han sido asesinadas; 39 de esos casos fueron reportados directamente por las autoridades de la entidad.
En el Estado de Sonora se ha instalado ya una mesa interinstitucional de trabajo conformada por los Poderes Legislativo, Judicial, los grupos de mujeres de la sociedad civil y desde luego, por la Procuraduría del estado de Sonora, para enfrentar y dar seguimiento a más de 57 casos registrados y reconocidos desde 2002.
El diputado Maximiliano Alexander Rábago coordinador de los diputados y las diputadas panistas en el Estado de México, declaró que la entidad ocupa el primer lugar en homicidios dolosos de mujeres con una tasa de 707.47 mujeres por cada 100 mil, lo que representa 130% más que la media nacional.
En el Distrito Federal hay un registro de 147 mujeres asesinadas violentamente, entre octubre de 2002 y marzo de 2004, a estos homicidios deben sumarse las 19 mujeres asesinadas de junio y a la fecha y 2 cuerpos de mujer desollados que se encontraron el 2 de junio, el 19 de noviembre. Como un dato de 2002, la Procuraduría General de la República reportó 1 mil 383 mujeres asesinadas en todo el país, de éstas 445 en Oaxaca, 162 en Chiapas y 88 en Michoacán.
El feminicidio se ha extendido por otros países; hay denuncias en Guatemala, en Perú, en Chile, también en la actualidad en España. El feminicidio es un delito permanente o continuo ya que su consumación se prolonga en el tiempo y viola un conjunto de normas destinadas a garantizar la vigencia de los derechos humanos.
El delito permanente o continuo en el femenicidio, tipificar este delito contribuye a eliminar el silencio social y la falta de acciones concretas, permitirá también al Ministerio Público contar con instrumentos legales para realizar acciones eficaces y eficientes que se sancionen a los responsables de los hechos de la criminalidad, que hoy día más afectan a las mujeres.
La omisión de las autoridades responsables de investigar los asesinatos, los crímenes y la violencia contra las mujeres, crea un clima de impunidad que perpetúa la violencia e impone un terrible costo a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto, pues tiene efectos intergeneracionales y somete a las víctimas a una doble violencia.
Conforme a lo anterior y para atender la urgente necesidad de tipificar el delito de feminicidio, esta iniciativa con proyecto de decreto propone la adición al Código Penal Federal de un título Vigésimo Octavo, denominado: "Delitos de Genero", incorporarlo al Código Penal Federal, daría mayor amplitud a la esfera de seguridad jurídica de las mujeres en el territorio nacional.
También se propone adicionar el delito del feminicidio dentro del ámbito de delitos graves en el Código Federal de Procedimientos Penales, así como referirlo a la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, lo que les permitirá tanto a las autoridades de procuración como a las de impartición de justicia, realizar sus tareas con mejores instrumentos legales.
Los asesinatos y desapariciones de mujeres que ocurren en nuestro país, son manifestaciones extremas de violencia y discriminación de genero que la sociedad no puede seguir permitiendo, por lo que sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
En el artículo 1°. Se adiciona el título Vigésimo Octavo y los artículos 432, 33 y 434 al Código Penal Federal para quedar en lo que sigue:
Libro Segundo, Título Vigésimo Octavo, de los Delitos de Genero, del Delito de Feminicidio.
Artículo 432. A quién atente, sin importar la finalidad de la acción en contra de la vida, la dignidad, la integridad física o mental de mujeres, en una determinada comunidad o región, donde de manera recurrente se hubieran venido cometiendo estos delitos, se impondrá una pena de 20 a 40 años, además de las penas que correspondan por otros delitos cometidos.
Para los efectos del presente artículo se considera un atentado contra la vida, la dignidad o la integridad física o mental de las mujeres:
1. El homicidio la desaparición forzada, el secuestro, la violación, la mutilación, las lesiones graves, la trata (¿) de personas, el tráfico de personas, la tortura, el abuso sexual, la prostitución forzada, la esterilización forzada, la discriminación por orígenes étnicos raciales, preferencia sexual o por estado de gravidez y todas aquellas conductas prohibidas por los tratados internacionales en materia de derechos humanos y protección a la mujer.
Las penas señaladas en este artículo, se incrementarán hasta en una mitad cuando él o los responsables del delito sean los encargados de establecimientos de salud, educativos, de procuración de justicia o de administración de justicia o mantengan hacia las víctimas una posición de jerarquía institucional. De igual manera, se incrementarán las penas hasta en una mitad cuando las víctimas sean niñas o adolescentes menores de 18 años.
Artículo 433. "... serán agravantes y se aumentará hasta en una mitad la sanción establecida en el 432, cuando en la comisión del delito se realicen dos o más de las conductas establecidas en las fracciones de la I a la XIV".
Artículo 434. "... se impondrá una sanción de cinco a ocho años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, a la autoridad que teniendo la obligación de evitar o investigar la comisión del delito de feminicidio o cualquiera otro de los delitos señalados en las fracciones I a la XIV no lo hiciera o incurriere en acciones u omisiones que tengan como consecuencia la perpetuación de las condiciones que faciliten la comisión del delito".
Artículo 2º. Se reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
El 194 quedaría así: ". se clasifican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante los valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos siguientes:
Del Código Penal Federal, tales y cuales.
35. ". delitos de género previstos en los artículos 432, 433 y 434 que sancionan el delito de feminicidio".
"Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por este solo hecho como miembros de la delincuencia organizada".
6º. ... "feminicidio, previsto en los artículos mencionados".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada Lagarde; y en su nombre es que le doy la bienvenida a sus alumnos -estudiantes de la facultad y alumnas- estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, precisamente en el Seminario de Estudios de Género.
Bienvenidos y bienvenidas.
La diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos: Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Equidad y Género.
Tiene la palabra la diputada doña María Elena Orantes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 1916 del Código Civil Federal, para incorporar la obligatoriedad de la indemnización del daño material y moral, causado en los casos de violencia intrafamiliar.
La diputada María Elena Orantes López (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
Con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de reforma, al tenor de lo siguiente:
Sabemos que la violencia intrafamiliar es un problema grave, entre otras cosas, porque de allí se difunde al resto de la sociedad.
Sea cual sea la forma en que se manifiesta la violencia en la familia, siempre tiene consecuencias graves que repercuten en la salud física y mental de las víctimas en el bienestar y sobre todo, en la estabilidad de toda la familia y finalmente también en el desarrollo social.
La violencia en el interior del núcleo familiar es un asunto que nos compete a todos, ya que la familia es una institución básica de la sociedad; en ella no sólo tienen lugar una serie de procesos cruciales para la reproducción y la permanencia social, sino que constituye un medio importante para el crecimiento de desarrollo e integración de sus miembros, niños, mujeres, adolescentes, hombres y adultos de la tercera edad.
Todos los seres humanos, sin importar nuestra condición social, raza, sexo y creencias, tenemos derecho a vivir de manera digna y poder desarrollar nuestros talentos y potencialidades. La familia debe ser un contexto proveedor donde se establezcan límites y estímulos.
No debemos olvidar que los seres humanos que conformamos las familias mexicanas, gozamos de derechos irrenunciables. Los derechos individuales, familiares y sociales de las personas son innatos, absolutos y fundamentales. El derecho de la vida, a la libertad de acción, a la integridad física, al honor, a la seguridad y a la igualdad, son bienes fundamentales de las personas, que se contextualizan en los aspectos físicos y síquicos.
La violencia sicológica es el daño emocional y se detecta con mayor dificultad; es el tipo de abuso o violencia doméstica; ocurre mayormente en la privacidad del hogar. Generalmente pasa desapercibido; a veces inclusive por muchos años. Por añadidura generalmente la violencia verbal o sicológica, precede de la física.
La situación de violencia la sufren también los hijos. El vivir permanentemente en una atmósfera de miedo, tensión y terror, influirá negativamente en el desarrollo emocional, teniendo como resultados desórdenes sicológicos.
En los infantes los 5 primeros años de vida dejan una marca imborrable para toda su existencia. Privar a un niño de un ambiente sano y libre de violencia, es alterar su pleno desarrollo sicológico y emocional.
Las personas que han sido víctimas de violencia en su infancia por lo general repiten esa misma conducta sobre sus hijos y demás personas que están bajo su cargo y su protección.
En razón de lo anterior, con esa iniciativa se pretende que el miembro de la familia que ejerza violencia familiar en contra de uno o varios miembros de la misma, hombre o mujer, esté obligado al pago de la indemnización por el daño material y moral causado; el cual incluye el pago de los tratamientos curativos que como consecuencia del maltrato sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. Así también como los tratamientos sicoterapéuticos que puedan ser necesarios.
Con esta reforma compañeras y compañeros legisladores, se proporciona una alternativa para las víctimas de violencia, con la finalidad de que cuenten con mecanismos necesarios para su recuperación y un pleno desarrollo sicológico y emocional.
Bajo este orden de ideas y por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto.
UNICO. Se reforma y adiciona un párrafo tercero del artículo 1916 del Código Civil Federal, para quedar en los siguiente términos:
La indemnización del daño material y moral causado en los casos de violencia familiar por considerar que privan al normal desarrollo sicológico y de la libertad, incluirá el pago de los tratamientos curativos físicos y sicológicos como consecuencia del daño, sean necesarios para la recuperación de la salud integral de la víctima.
Dado en el Palacio Legislativo a 7 de diciembre de 2004.
Solicito a la presidencia se incluya el texto íntegro de la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Es cuanto señor presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Y así se hará diputada María Elena Orantes.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado profesor don Iván García Solís.
Se retira del Orden del Día.
Y la siguiente del diputado Omar Bazán, también me dicen que se pospone.
Tiene la palabra el diputado Tomás Cruz Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Tomás Cruz Martínez (PRD): Gracias diputado Presidente. Compañeros diputados integrantes de la Mesa Directiva.
Quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento a dos diputados, una diputada y un diputado que me antecedieron, presentando dos iniciativas relacionadas con la equidad de género. La del diputado José Eduviges Nava Altamirano, la de la compañera… y compañeras diputadas Marcela Lagarde, Eliana García y Rebeca Godínez, en un tema fundamental que sin lugar a dudas se convierte en una preocupación nacional, que es el tema del urgente avance en los problemas gravísimos de violencia en contra de las mujeres. No solo de la violencia física, sino de la violencia institucional, la violencia en el trabajo, la violencia en espacios fundamentales de la vida.
Me trae aquí un proyecto de reforma constitucional que tiene que ver con este asunto importantísimo, de lograr en nuestro país un equilibrio en las relaciones de hombres y mujeres; un freno a la violencia institucional y no un proyecto de reforma que tiene el propósito de lograr avances en la equidad, en la igualdad de hombres y mujeres en este país.
Y el planteamiento que quiero dejar a ustedes con la lectura de esta iniciativa de reforma constitucional, compañeras diputadas y diputados, se refiere a la importancia de lograr que en los espacios de decisión parlamentaria donde se construyen y manufacturan las leyes, las normas de este país, en el Congreso de la Unión, en los congresos de los estados, en los ayuntamientos, no exista ninguna razón para que haya inequidad en la representación popular.
Quiero señalar algunos datos que complementan los que los diputados Eduviges Nava y la compañera Marcela Lagarde el día de hoy han planteado a esta Asamblea.
Sólo por señalar algunos, quisiera comentar que en la Administración Pública Federal el número de plazas que ocupan las mujeres, es sólo la mitad de las que ocupan los hombres.
Quiero agregar que en las legislaturas de los estados y la federal, la proporción desde siempre, también ha sido una desproporción bastante importante.
El proyecto de reforma que presentó al Pleno de esta Cámara, en el artículo 40 de la Constitución, se refiere a la urgencia de que hombres y mujeres en los espacios de representación proporcional se representen de la misma manera, y las mujeres y los hombres sean la mitad en los espacios de representación proporcional de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los ayuntamientos, en virtud de en que nuestra opinión, en los espacios donde se decide con mayor discrecionalidad, no existe ninguna razón objetiva, justa, que plantee un desequilibrio entre los géneros.
Las razones por las que hago este planteamiento, son de orden social y de orden económico. Sin lugar a dudas la voz de las mujeres, la voz de algunos hombres pero fundamentalmente de las compañeras en las legislaturas, han aportado indudablemente una lucha fundamental para que problemas gravísimos relacionados con la sociedad en los temas como el empleo, en los temas como la violencia intrafamiliar, la salud y otros, sean mejor planteados por las mujeres de manera más oportuna incluso que los varones, desde luego.
Ese es el motivo de fondo. Que podamos tener en el Parlamento, la mayor equidad de la sociedad, que podamos tener en los parlamentos, en el federal, en el estatal y en los municipales, la voz de los hombres y de las mujeres en proporción de equidad: mitad y mitad en los cargos de representación proporcional.
Comparto el espíritu de la iniciativa del diputado del grupo parlamentario del PRI, José Eduviges Nava Altamirano; también en el que los cargos administrativos puedan ser ocupados con equidad.
No existe ni ha existido ninguna razón de orden, de capacidad intelectual, de preparación, de inteligencia, de patriotismo para que las mujeres no estén representadas ahí.
Me parece que, por el contrario, el no hacerlo coloca en una situación de desventaja, en una situación que no es tal la de la sociedad y que no refleja la opinión real al no estar en estos espacios, donde se diseñan las leyes, donde se debaten los problemas del país, donde se discuten y aprueban los presupuestos, las políticas sociales del país si no están representadas las mujeres en condición de equidad.
Por esta razón someto a consideración de este pleno la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
En lo relativo a la representatividad de la República se aplicará la equidad de género de la siguiente forma: en los espacios de representación popular del Congreso General, de los congresos estatales y ayuntamientos, la integración en la representación proporcional de las listas que presenten los partidos políticos para la representación proporcional obedecerá a ser asignada en un 50 por ciento a las mujeres y un 50 por ciento a los hombres.
De la misma manera, en aquellos distritos en donde, sin mediar procesos selectivos internos por cualquier razón las direcciones partidistas designaran a los candidatos y candidatas, el 50 por ciento de éstas será para hombres y el 50 por ciento será para las mujeres.
Someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto de reforma constitucional y pido atentamente, señor presidente, sea publicado íntegro el texto para los efectos legales correspondientes. Muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Así se hará. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tanto la iniciativa del señor diputado Velasco Coello como la de Luis Antonio González Roldán se posponen a petición de los mismos.
Continúe la secretaría con la lectura de una comunicación de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Comunicación Junta de Coordinación Política relativo a la conclusión del primer período de sesiones ordinarias)
Por lo anteriormente expuesto, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:
De las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
De las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley del Seguro Social.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede el permiso a los siguientes ciudadanos: Ricardo Villanueva Hallal, Mario Valencia Robledo, Pedro García Valerio, Alfredo Joskowics Bobrownicki, José Fernando del Campo Velasco, José Figueroa Cortés y Rubén Barraza Rodríguez para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Cristina Noguez Padilla, Karina María Elizalde Di Martino, Luz Yam Vázquez Villanueva, Xóchitl Valcazar Martínez y Jaime Romero Gamboa, para prestar servicios a gobiernos extranjeros; publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Son de Primera Lectura.
El siguiente punto del orden del día es el proyecto por el que se adiciona la Ley del Seguro Social.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la segunda lectura.
Tiene la palabra el señor diputado Miguel Alonso Raya, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y presentar también una fe de erratas, según lo ha anunciado a esta Presidencia.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD): Gracias, compañero Presidente.
Compañeras y compañeros: Tal vez hoy resulte a muchos lejana la idea de que la construcción del México actual es el resultado de una gran lucha reivindicativa que vino del medio rural, de las mujeres y hombres del México profundo.
El movimiento revolucionario de 11910 configuró las principales instituciones que han estado en vigor en el México del siglo XX y que todavía hoy sustentan a veces más como aspiración que como realidad, la justa distribución de la riqueza, el combate a la desigualdad social y la vigencia de los derechos sociales.
Durante décadas instituciones como el Seguro Social permitieron a la Nación no sólo velar por la salud de los trabajadores, de los pensionados y de sus familiares, sino que además dieron estabilidad política y social al desarrollo del país.
Estos elementos se olvidaron al reformar la Ley del Seguro Social en el 95; el nuevo régimen vigente de julio de 97. Al individualizar los fondos de pensión y entregar sus recursos a la banca privada, ahondó la brecha entre quienes tienen acceso a la seguridad social y quienes no, entre los trabajadores de mayores y menores ingresos, entre los géneros y entre los trabajadores del campo y de la ciudad.
Al momento de la reforma el número de asegurados en la actividad agropecuaria ascendían a 400 mil; a septiembre de 2004, estos sólo llegaban a 250 mil. La reforma entonces no sirvió para universalizar la cobertura. Al contrario, hoy día el 97 % de los trabajadores del campo carecen de acceso a la seguridad. social.
Lo anterior sin olvidar que la Nueva Ley del Seguro Social eliminó a ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios de régimen obligatorio y los ubicó en el régimen voluntario con una menor cobertura de derechos.
El dictamen que ahora presentamos, pretender corregir aunque sea mínimamente estos rezagos.
La situación actual de los trabajadores del campo, en especial de los jornaleros agrícolas, constituye uno de los más ominosos signos de atraso social en que vivimos.
De acuerdo a esta federación, a éste, la Federación Mexicana de Organismos Públicos, Derechos Humanos, los trabajadores transitorios del campo carecen de atención médica, servicios sanitarios y protección para evitar accidentes de trabajo, viven en condición de hacinamiento y precariedad y trabajan en condición de esclavitud. Estas condiciones requieren de un compromiso del Estado, de políticas públicas, e acciones inmediatas y de la corrección del modelo de desarrollo impuesto al campo mexicano.
Lo mismo debe emprenderse en el caso de la seguridad social; una reforma de fondo que dé, de la que resulte un sistema justo y equitativo de cobertura universal, viable financieramente con servicios suficientes y de la más alta calidad.
Al darles el mismo trato que a cualquier patrón, la Nueva Ley del Seguro social impuso mayores obligaciones a los patrones del campo, medida que tuvo que ser corregida mediante decreto presidencial del 29 de junio de 98, que establecía que los patrones del campo determinarían y cubrirían las cuotas a su cargo de manera gradual hasta el primero de julio del 2004.
El término del subsidio a estas cuotas ha puesto en riesgo la incorporación y permanencia de los trabajadores eventuales del campo a los servicios de seguridad social.
Con las adiciones a la fracción XIX del artículo 5-A y la inclusión de los artículos 237-A, 237 B, 237 C y 237 D a la Ley del Seguro Social se busca crear condiciones para ampliar la cobertura de la seguridad social en el campo a partir de esquemas que simplifican el cumplimiento de obligaciones patronales, al tiempo que se otorgan al IMSS mayores elementos de supervisión y vigilancia.
La adición contempla definir con mayor precisión al trabajador eventual, posibilidad de subrogar servicios médicos y de guardería. Con esto no se busca desconocer la obligación pública de proporcionar servicios médicos que tiene encomendados el IMSS sino atender con urgencia con los recursos disponibles la salud de estos trabajadores y sus familias.
El artículo 237 B se obliga al IMSS a disponer de la información del tipo de cultivo, superficie y estimación de jornadas probables a utilizar, a fin de verificar si tales jornadas corresponden al número de trabajadores que el patrón reporta al Instituto.
Considerando la expresión y lejanía de los centros de trabajo se contempla en el artículo 237 C ampliar el plazo para facilitar el padrón del campo, el cumplimiento de sus obligaciones en materia de comunicación de altas y bajas y reingresos, así como las modificaciones de su salario. En el mismo precepto se propone también que los patrones puedan excluir como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los pagos adicionales que realicen por concepto de productividad hasta por el 20 por ciento del salario base de cotización, el cual deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón y que contempla la posibilidad de que el Consejo Técnico del IMSS establezca reglas de carácter general que permitan el pago diferido de las cuotas con las actualizaciones respectivas. Pero sin la generación de recargos, dada la naturaleza de los ciclos productivos que no pueden ajustarse al esquema de pago bimestral comprendido en la ley vigente.
Finalmente, se propone en el artículo 237 D que la SAGARPA ponga a disposición del IMSS los padrones de productores que sean receptores de subsidios, apoyos o beneficios del gobierno federal. Esta medida permitirá al Instituto solicitar la suspensión de subsidios a apoyos o beneficios en los casos en los que los patrones del campo no hayan cumplido sus obligaciones ante el Instituto.
Honorable Asamblea:
El Seguro Social es pieza angular del desarrollo de México, por lo que es un deber de esta Legislatura propugnar por la ampliación de sus servicios a los sectores que aún teniendo derecho a ello no disfrutan de tal cobertura.
Pido su voto para una iniciativa que permite avanzar en el aseguramiento de los trabajadores eventuales, así como en el registro de patrones del campo, bajo la premisa de que el disfrute de la seguridad social contribuye a la superación de la pobreza, a reducir desigualdades económicas y sociales en el campo y a la generación de mejores condiciones para un desarrollo económico incluyente.
Y pongo a su consideración, señor Presidente, para efectos de este dictamen el que se hagan dos correcciones de fe de erratas. Una en el párrafo primero reformado del artículo 5 A fracción XIX que al final del párrafo dice: "En el presente Reglamento" Y debe decir: "En el Reglamento respectivo". Y una segunda en el Transitorio Segundo, que dice actualmente: "Por acuerdo del Consejo Técnico a propuesta del Director General". Y debe decir: "Por acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social y a propuesta del Director General del Instituto". Son las dos fe de erratas que se agregan al presente dictamen, señor Presidente.
Por su atención muchas gracias compañeras y compañeros diputados.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli (PRD): Se solicita a la Secretaría someter a consideración del pleno si se acepta la fé de erratas propuesta por el diputado Alonso Raya.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las dos fés de erratas propuestas por el diputado Miguel Alonso Raya.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Secretario.
En consecuencia está a discusión en lo general y con la fé de erratas el proyecto de decreto.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, con la fé de erratas incluida, aprobada en este momento por el pleno, en contra el diputado Roberto Vega Galina, del Partido Revolucionario Institucional y a favor el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, y el diputado Lucio Lastra Marín, del Partido Acción Nacional.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra para fundamentar en contra, el diputado Roberto Vega Galina.
El diputado Roberto Javier Vega y Galina (PRI): Con su permiso Presidenta, diputada.
Compañeras y compañeros diputados: Voy a resumir a ustedes las razones por las que este dictamen no puede ser aprobado.
Se propone en el artículo 5-A la adición de una fracción XIX, que defina al trabajador eventual del campo. En el mismo artículo 5-A, en la fracción VII, se define al trabajador eventual urbano y del campo en general, lo cual hace la propuesta de adición redundante sin ningún objetivo práctico, legal o útil.
Por otra parte, se trata de una copia de otro ordenamiento legal, sin mayor razonamiento ni cuidado, como se demuestra en la última frase de la adición propuesta, que dice textualmente: "Se trata a lo previsto en la ley y en el presente reglamento". ¿Cuál ley y cuál presente reglamento, si se trata de una adición a la ley? Así no se puede ni se debe legislar.
Estas son razones suficientes, por lo que no se puede ser aprobado el dictamen, aunque nada más sea para cuidar el prestigio de la Cámara de Diputados.
Aclaro que no se trata de una errata como de última hora se ha presentado, la iniciativa se presentó en esta tribuna y tiene el texto que he leído. El dictamen que se envió a todos los integrantes de la Comisión de Seguridad Social tiene el texto que he leído. El dictamen que se aprobó en una reunión extraordinaria tiene el texto que he leído y en los términos que se publicó el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria.
Se propone la adición del artículo 237-A para facultar al IMSS a celebrar convenios con los patrones del campo, para que éstos otorguen a sus trabajadores las prestaciones en especie en el seguro de enfermedades y maternidad. El artículo 89 de la Ley del Seguro Social vigente establece con claridad la forma en que el IMSS prestará los servicios que tienen encomendados y éstas son en forma directa con su personal y en sus instalaciones, en forma indirecta mediante convenios que el IMSS celebre con quienes tuvieran establecidos servicios médicos y hospitalarios o con instituciones y organismos de salud del sector público.
La figura que se trata de incluir en la Ley del Seguro Social es que el IMSS celebre convenios con los patrones, para que ellos otorguen a sus trabajadores las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, es decir, que los patrones otorguen la atención médica a sus trabajadores y a sus familiares derechohabientes como quieran y donde quieran.
El Seguro Social es un servicio público de carácter nacional y la prestación que otorga con su responsabilidad -así lo dice la ley vigente- no puede transferirla a patrones para que ellos la otorguen, ya que dejaría de ser un servicio público y menos aún transferirla para que esos patrones dejen de cubrir las cuotas correspondientes a esos seguros.
Sí puede el IMSS, de acuerdo con la ley vigente, convenir con otros prestadores de servicios públicos o privados de salud, el otorgamiento de la atención médica, que es su responsabilidad bajo el cumplimiento de los requisitos que la misma ley señala.
Esto dejará la seguridad social en manos de los patrones sin ninguna intervención del gobierno y condena a los trabajadores a recibir una atención médica cuya calidad y oportunidad nada va a garantizar. Es la desaparición de la seguridad social como mecanismo para garantizar la salud y asistencia médica, protección de medios de subsistencias y servicios sociales. Estas son también razones suficientes para no aprobar este dictamen.
En la propuesta de adición del artículo 237-C, se excluye como integrantes del salario base de cotización los pagos que se realicen por concepto de productividad hasta por un 20 por ciento del mismo salario base de cotización, lo cual hace una excepción de disposiciones de carácter general sin ninguna justificación real, como es la de disminuir a esos patrones y no a los trabajadores, la cuota que tiene que pagar para los seguros de guardería, invalidez, vida, retiros, cesantía en edad avanzada, vejez, colocándole a los patrones del campo en situaciones ventajosas. Además también se propone que las cuotas patronales puedan ser efectuadas en forma diferida o en plazos, sin la generación de recargos, olvidándose de que se tratan de créditos fiscales, que no pueden ser exceptuados de la generación de recargos.
Estas son también razones más que suficientes para que este dictamen no sea aprobado.
El Artículo 237 B se propone que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, suspenda la entrega a los patrones que no cumplan con las disposiciones de seguridad social, de los subsidios, apoyos o beneficios que, con cargo al presupuesto, que provengan del presupuesto de egresos de la federación, el incumplimiento de obligaciones de otras leyes, cualquiera que éstas sean, no pueden afectar las disposiciones del presupuesto de egresos de la federación, a menos que este ordenamiento se señalen en las condiciones de egresos aprobados a que se cumplan con otras disposiciones.
Esta también es una razón para que el dictamen no sea aprobado.
Con base a estos argumentos y razonamientos respetuosos, solicito a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, voten en contra de la aprobación de este dictamen, en beneficio de una seguridad social, que debe de ser preservada en su carácter público, solidario y redistributivo.
Muchas gracias. Agradezco a usted ordene se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de este documento que dejo en manos de la Secretaría.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: De acuerdo a su solicitud, con mucho gusto, diputado Vega Galina, a su solicitud, favor de insertar el texto íntegro en el Diario de Debates.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo para hablar a favor del dictamen.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT): Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La reforma de la Ley del Seguro Social que se presenta hoy ante este pleno, es de luces y de sombras, por una parte, le otorga derecho pleno a los trabajadores eventuales del campo, para que tengan servicios médicos y de maternidad, y el servicio de guardería para sus hijos a través de esta reforma, que antes estaba limitada a la eventualidad de la publicación de un decreto presidencial.
Por la otra, lamentablemente subroga la prestación de estos servicios a los patrones, en los casos que el Instituto Mexicano del Seguro Social no esté en posibilidad de prestarlos, eso abre la puerta a que se dé lugar a una privatización, que no obrará a favor de los trabajadores y que redunde en deficiencias y corruptelas en la prestación del servicio.
Atendiendo a esta consideración, nuestro grupo parlamentario, hará la reserva correspondiente, en la parte que consideramos benéfica para los trabajadores, es preciso recordar que el decreto presidencial que reglamentaba el otorgamiento de esos servicios a los trabajadores eventuales del campo, venció el pasado 30 de junio de 2004, y que en efecto esta reforma urge, para no dejar en el desamparo a trabajadores eventuales del campo, que de por sí sufren la enorme limitación de tener jornadas laborales fuera de todo orden.
En este sentido se entiende la premura por aprobar este dictamen de las Comisiones que participan en esta reforma, la iniciativa de ley fue presentada ante este pleno el día 23 de noviembre de 2004 y dictaminada en Comisiones Unidas el 2 de diciembre del mismo año.
Abundaremos con nuestro esfuerzo para que la reforma salga adelante en este aspecto, que es crucial, para que estos mexicanos tengan sus derechos a salvo. Como lo señala el dictamen, se trata de que la seguridad social llegue efectivamente a las mujeres y hombres del campo, que tienen en su mano de obra, la principal fuente de ingreso. El disfrute de la seguridad social, contribuye a la igualdad de oportunidades, a reducir las inequidades económicos y sociales en el campo y con ello la superación de la pobreza.
También nos parece loable que la reforma considere medidas de control para que los patrones cumplan con las responsabilidades que están consideradas en las adiciones en comento, so pena de no recibir los subsidios, apoyos o beneficios derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación que dichos patrones soliciten al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, si incumplen con dicha obligación contemplada en el artículo 237 D de la reforma en comento. Creemos que esta medida es positiva porque muestra la voluntad del legislador de que los apoyos gubernamentales no son una concesión graciosa, sino que se otorgan sólo a aquellos patrones que cumplan con sus obligaciones.
Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor en lo general y en lo particular se reserva el artículo 237 A del dictamen en comento, que efectivamente deja la iglesia en manos de Lutero, es decir deja en manos de los patrones a los trabajadores del campo, a los jornaleros a quienes están, de por sí ya en una situación de desigualdad, frente a sus patrones.
En ese sentido, el Partido del Trabajo votará en lo general a favor, pero en lo particular se reserva lo que ya nuestro compañero Vega Galinda, del Partido Revolucionario Institucional, considera negativo de esta iniciativa.
Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado.
A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Lucio Lastra Marín.
El diputado Lucio Galileo Lastra Marín (PAN): Con su permiso diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputadas y diputados:
Decía Alvin Tofler en su libro "La Tercera Ola", que los avances tecnológicos harán que la humanidad regrese al campo. En efecto, hay áreas del mundo cuyo campo cuenta con los avances que la ciencia y la tecnología han proporcionado ya a las áreas urbanas, lo cual marca la posibilidad de pensar en el regreso al campo, sin embargo, nuestra situación es contrastante en relación a ese mundo del desarrollo; nuestro campo, a diferencia del que plantea Tofler, aún se encuentra en la segunda ola, que corresponde a la migración del hombre a las ciudades. Es decir, aún no se han llevado al campo los satisfactores primarios que homologuen con los urbanos a las zonas rurales. Tal vez nos ha faltado sentir al campo no como un aspecto prioritario, pues esta calificación que históricamente se le ha otorgado, no ha dado los resultados que el campo merece.
Es tiempo de pensar en el campo como algo de todos, que tan solo de pensar en él tan nuestro, tenga un sabor de clorofila el pensamiento. Don José María Gurría Urgel, uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, mencionó: "Podemos suponer sin esfuerzo, la desaparición de todas las industrias sin que la humanidad perezca, menos la agricultura, pues faltando ésta todo estaría perdido". La agricultura es la base de toda la civilización y en este sentido, con respecto a todas las demás artes, es primigenia. Entonces, ¿por qué las regiones agrícolas son más pobres que las industrias?, ¿por qué los poseedores del arte milagroso no son los dueños del mundo, sino son los desheredados?
En este sentido es que debemos entender el dictamen que hoy se comenta, en virtud de que representa la protección social de los trabajadores eventuales del campo, los cuales suman casi 2 millones de personas quienes no tienen siquiera un empleo permanente, es decir, estamos ante una de las poblaciones de México que socialmente se encuentra más desprotegida y que, conjuntamente con sus familiares, alcanzan los 10 millones de mexicanos a los que la seguridad social con sus limitantes, no ha podido otorgar los beneficios que les corresponden.
El dictamen es un esfuerzo por encontrar un equilibrio entre la realidad imperante en el campo, los derechos de los trabajadores eventuales y la capacidad de atención y prestación de servicios en este sector de la población por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, esfuerzo que se fundamenta en el artículo 89 de la Ley del Seguro Social donde se determina que el Instituto prestará los servicios que tiene encomendados de manera directa e indirecta, destacándose en las fracciones 1 y 3, el establecimiento de convenios con otros organismos públicos o particulares a fin que se puedan otorgar los servicios y prestaciones a que se obliga el Instituto.
Es de mencionarse que la fracción III del mismo artículo 89 cita literalmente: que se podrán celebrar convenios incluso con patrones con obligación al seguro, pudiéndose convenir con ellos la reversión de la cuota patronal y obrera.
De esta manera las reformas que se proponen están fundamentadas en la propia ley y representan además una suma de voluntades entre los jornaleros, el Instituto y los patrones. Es un acto solidario y una sinergia supletoria donde la institución no puede responder a su obligación.
Contemplar esquemas simplificados para el cumplimiento de obligaciones patronales, es otro de los aciertos que incluye este dictamen, mismo que no debe considerarse como un acto de concesión, ya que se sustenta en el conocimiento del trabajo agrícola y de su lejanía con las áreas urbanas donde se encuentran las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El Partido Acción Nacional, históricamente ha respaldado el avance de la seguridad social, ha definido los derechos de los trabajadores del campo y ha promovido la iniciativa que hoy como dictamen respaldamos.
Para Acción Nacional la transformación social y económica del campo debe fundarse en el destino universal de los bienes, lo que obliga al respeto de la población integrante a quienes se les debe proporcionar seguridad, bienestar y oportunidades para acceder al conocimiento, la ocupación, la cultura, garantizando con ello un sustento digno y permanente.
Es cuanto, diputada Presidente.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Lastra Marín.
A continuación ha pedido el uso de la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Fernando Espino Arévalo (PVEM): Con su venia, señora Presidenta.
Señoras y señores diputados:
Uno de los principios de la seguridad social a la que aspira toda sociedad moderna, es la cualidad universal, que implica la necesidad de que toda persona miembro de la comunidad, sin importar su condición ideológica, edad, sexo, ocupación o posición que ocupe dentro de la actividad económica, debe tener acceso a los beneficios de la seguridad social.
Con base en este principio técnico, el Seguro Social mexicano de haber surgido como un mero régimen de previsión social dirigido a proteger la fuerza de trabajo asalariado, a través del tiempo fue ampliando su cobertura para proteger también a los familiares directos de los trabajadores y de los jubilados, a los no asalariados, a los deportistas profesionales, a los estudiantes, a ejidatarios y campesinos, a los patrones y sus familiares, entre otros.
Mediante estas medidas, nuestro seguro social ha pasado de ser un régimen de previsión social simple, a un régimen de previsión social ampliado y aunque todavía, con muchas limitaciones el régimen de seguridad social se encuentra en la ruta hacia un sistema de seguridad social como al que aspira y merece el pueblo de México, por esa razón, el Partido Verde Ecologista de México, ve con buenos ojos el dictamen con proyecto de decreto que ha recaído a la iniciativa presentada por legisladores de diversos grupos parlamentarios, por el que se adicionan diversos artículos a la Ley del Seguro Social, a efecto de incorporar legalmente las condiciones según las cuales se han de prestar los servicios asegurativos para los trabajadores agrícolas eventuales, resolviendo de esta manera las modalidades de inscripción, pago de cuotas y servicios a que tienen derecho esos trabajadores.
Un acierto del dictamen que se encuentra a la consideración de esta plenaria, es la posibilidad de que se le presenta al patrón del campo para que, en aquellos lugares en que no existan las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, para prestar los servicios de salud, esto es, los servicios médicos y hospitalarios para hacer efectivas las prestaciones del Seguro de Enfermedades y Maternidad, el patrón pueda contratar los servicios médicos de instituciones privadas, mediante el sistema de reversión de una parte de las cuotas obrero-patronales.
Lo mismo está previsto para que el servicio de guarderías, permitiéndose que opere la subrogación de las obligaciones del IMSS en esta materia, a través de instituciones privadas, mediante convenios suscritos por el Instituto con los patrones y los trabajadores del campo.
Por esta razón se prevé que el Instituto Mexicano del Seguro Social, suscriba un convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
En tal virtud el Partido Verde Ecologista de México, por mi conducto le otorga su voto a favor de este dictamen que, de aprobarse permitirá el acceso pleno a los beneficios de la seguridad social a un sector de la población que hace tiempo debió de haber recibido los apoyos necesarios para su desarrollo integral, al mismo ritmo que se ha logrado en el sector industrial.
Es todo, señora Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Espino Arévalo.
A continuación ha solicitado el uso de la palabra nuestra compañera Josefina Cota Cota, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Josefina Cota Cota (PRD): Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
El principal desafió de la seguridad social contemporánea es lograr sistemas de carácter universal para la prevención de riesgos sociales y económicos. La universalización de la seguridad social, significa que la prevención ante riesgos relacionados con enfermedades, la edad o la incapacidad para acceder a un ingreso, sea para toda la población, no sólo para un sector de la población; éste es un reto pendiente en nuestra sociedad.
De acuerdo a datos oficiales se estima que en México carecen de seguridad social el 43% de la población total, el 67% de la población económicamente activa y el 42% de los asalariados; esta situación es aún más grave en el medio rural.
Los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social en la actividad agropecuaria son 246 mil, pese a que de acuerdo con datos del INEGI, los trabajadores del campo ascienden a 3.7 millones; esto significa que el 93% de los trabajadores agrícolas están excluidos de la cobertura de la seguridad social, aunado a ello, existen otros factores que afectan la situación de los trabajadores de este sector.
1°. El bajo nivel de salario de los trabajadores agrícolas registrados ante el Instituto, que repercute en una disminución del subsidio recibido en caso de una incapacidad por accidente o enfermedad en el nivel de sus pensiones.
2°. Debido a que el salario sólo se percibe en promedio nueve meses del año, el lapso de cotización que se requiere para alcanzar el derecho de una pensión es mayor en comparación con trabajadores de otros sectores.
Tercero. Como consecuencia de la eventualidad de su trabajo, una porción del año los familiares y el asegurado quedan sin acceso a los servicios médicos del Instituto.
El dictamen que hoy se somete a votación pretende atender esta problemática; con las adiciones que hoy se discuten, se busca crear condiciones para ampliar la cobertura de la seguridad social en el campo a partir de esquemas que simplifiquen el cumplimiento de obligaciones patronales, al tiempo que se otorgan al Instituto Mexicano del Seguro Social mayores elementos de supervisión y vigilancia. La especificidad que impone que impone a este sector, justifica dar un tratamiento especial a trabajadores eventuales del campo.
El proyecto de decreto que presentan las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, propone medidas que buscan ajustarse a la compleja realidad de esos trabajadores.
Las adiciones buscan acotar al trabajador eventual del campo como una persona física contratada por períodos de hasta 27 semanas por patrón, para realizar labores de siembra, de saije (¿), cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza a cielo abierto o en invernaderos.
Se contempla la posibilidad de subrogar servicios médicos mediante convenios de revisión de una parte de la cuota obrero-patronal, así como la posibilidad de que el Instituto subrogue los servicios de guardería a patrones del campo o a organizaciones de trabajadores.
Se obliga al Instituto Mexicano del Seguro Social a disponer de la información del tipo de cultivo, superficie y estimación de jornadas probables a utilizar, a fin de verificar si tales jornadas corresponden al número de trabajadores que el patrón reporta al Instituto.
Considerando la dispersión y la lejanía de los centros de trabajo, se contempla ampliar el plazo para facilitar al patrón del campo el cumplimiento de sus obligaciones en materia de comunicación de altas, bajas y reingresos, así como las modificaciones de su salario.
Se establece también la obligación del patrón de entregar a los trabajadores constancias de días laborados y salarios totales devengados, para que puedan hacer valer sus derechos.
Se propone que los patrones puedan excluir como integrante del salario a base de cotización, dada su naturaleza, los pagos adicionales que realicen por concepto de productividad hasta por el 20 por ciento del salario base de cotización, el cual deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón.
Asimismo, se contempla la posibilidad del Consejo Técnico del Seguro Social, establezca reglas de carácter general que permitan el pago diferido de las cuotas con las actualización respectiva, pero sin la generación de recargo a éstos sin incluir el seguro de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez.
Se propone finalmente que la SAGARPA ponga en disposición del Instituto –ahorita termino, señora Presidenta- los padrones de productores que sean receptores de subsidio, apoyo y beneficios del Gobierno Federal.
Honorable Asamblea, como parte fundamental de su programa, el Partido de la Revolución Democrática, postula que la seguridad social debe ser un derecho universal en beneficio de toda mexicana y mexicano que por serlo o por residir en el territorio nacional, tenga acceso a una pensión que garantice un retiro digno a la cobertura (¿) de los riesgos (¿) económicos y sociales a que se ve expuesto.
Coincidimos en este sentido con la aprobación de este dictamen para que la seguridad social llegue efectivamente a mujeres y hombres del campo que tienen en su fuerza de trabajo su principal fuente de ingreso.
Nuestro voto será a favor de este dictamen y seguiremos pugnando porque este cuerpo legislativo emanen las propuestas que garanticen la seguridad social justa, equitativa, universal.
Es cuanto Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada Cota.
Se encuentran en el Salón de Sesiones alumnos y maestros de varias escuelas secundarias de Valle de Santiago, Guanajuato. Sean todos ustedes bienvenidos a acompañarnos a esta sesión.
Ellos han sido invitados por el diputado Miguel Luna Hernández. Gracias.
(Aplausos)
Finalmente, tiene el uso de la palabra nuestra compañera, diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Sara Rocha Medina (PRI): Gracias diputada presidenta: compañeras y compañeros legisladores: El día de hoy las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y con el apoyo de la Comisión de Agricultura y Ganadería, ponen a consideración de esta Soberanía, el dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción 19 al artículo 5o.A, a los artículos 237A, 237B, 237C y 237D, al capítulo X del Título Segundo, de la Ley del Seguro Social.
Desde su fundación el Partido Revolucionario Institucional ha asumido la defensa y la promoción de los derechos de los trabajadores ya sea de la ciudad o del campo, manuales o intelectuales. Y ha sido además cauce de participación política. Este rasgo constituye un elemento esencial de nuestra identidad y es expresión del postulado fundamental, del pensamiento político y expresión de la Revolución Mexicana, pues el trabajo es el origen y destino de los derechos sociales.
Por ello nos pronunciamos, el Partido Revolucionario Institucional, a favor del contenido del dictamen que eleva este cuerpo colegiado a su consideración.
Representa la posibilidad de encontrar un equilibrio entre la apabullante realidad del campo mexicano, los relegados derechos de muchos trabajadores eventuales del campo, el reconocimiento de una desregularización indispensable, el cumplimiento de las obligaciones patronales y finalmente la búsqueda de estrategias de la población, que el Instituto Mexicano del Seguro Social puede y debe brindar.
El campo mexicano constituye una realidad diversa y desigual tanto en lo social como en lo productivo. Uno de cada 4 mexicanos vive en y para el campo y se enfrenta todos los días a muy variados retos en medio rural que en muchos casos sigue siendo adverso e injusto.
Por ello la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el día de hoy nos pronunciamos a favor de este dictamen. Por las luchas, por la reivindicación agraria y las luchas históricas a las que nuestro partido ha defendido.
Las nuevas necesidades de la gente compartiendo su lucha y su esfuerzo por un mejor nivel de vida. Trabajadores eventuales del campo y patrones, encontrarán en esta reforma a la Ley del Seguro Social, un instrumento justo y equitativo para buscar y brindar mejore servicios. Que más trabajadores eventuales del campo ejerzan sus derechos:; que exista una mayor cobertura en la prestación; que cuenten con un acceso efectivo al sistema de pensiones; que los patrones cumplan con sus obligaciones laborales con los trabajadores eventuales. Y finalmente, que disminuya la competencia desleal entre productores que fomentan el pago inequitativo de cuotas al Seguro Social.
Compañeras y compañeros diputados: al apoyar con nuestro voto el presente proyecto de decreto, estamos cumpliendo con uno de los principales fundamentos de nuestro partido.
La representación de los intereses populares, la defensa de la democracia y la justicia social y el ejercicio del poder público, llevar adelante las mejores causas de la Nación Mexicana, así como cumplimos con uno de los objetivos de esta LIX Legislatura, impulsar con nuestro trabajo legislativo una nación equitativa, justa y que permita hacer llegar a todos los hogares de México, la salud, el bienestar que nuestras familias demandan.
Compañeros y compañeras diputadas: El día de hoy es uno de los temas más importantes y sentidos de este país. Por lo tanto las fracciones parlamentarias que nos hemos manifestado, debemos de estar felicitándonos porque en conjunto hemos sacado una nueva ley para los que menos tienen.
Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputada Rocha.
A continuación se solicita a la secretaría que consulte a la Asamblea si el dictamen se encuentras suficientemente discutido en lo general.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa:
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se encuentra suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar artículo alguno para discutirlo en lo particular.
Esta Presidencia tiene registrado al diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, que se reservó el artículo 237-A. Se solicita a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.
El Secretario Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación.
Presidenta, se emitieron en pro 415 votos; en contra, uno; abstenciones 7.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular, con los artículos no impugnados, por 415 votos.
Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular, el artículo 237-A; y se ha registrado el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, y para hablar del mismo artículo 327-A, el diputado Agustín Rodríguez Fuentes.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT): Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.
Con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos una nueva redacción de los dos primeros párrafos y la derogación del tercer párrafo del artículo 237-A del dictamen que presentan las Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social que pretende subrogar los servicios médicos y la atención de los bebés y de los infantes de los trabajadores del campo a los patrones, bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES:
Una vez más, en este Recinto estamos presenciando el embate del gran capital contra los trabajadores. Esta vez, dirigida hacia los trabajadores eventuales del campo, los que no tienen la fortuna de un empleo fijo y estable; o de aquellos que emigran en busca de un trabajo por la falta de oportunidades en sus lugares de origen.
El presente artículo representa una contra reforma a la Ley del Seguro Social y que demuestra una vez más el afán privatizador de algunos funcionarios de los servicios asistenciales al subrogar los servicios médicos y la atención de los bebés y de los infantes de los trabajadores a terceros.
Dejar la responsabilidad a los patrones de brindar estos servicios a las mujeres y a los hombres del campo, no es lo que mejor conviene a sus intereses y vulnera una vez más el principio de solidaridad del Estado que emergió de la lucha de los trabajadores a lo largo del siglo XX.
Abrir la puerta a que los patrones decidan quién o quiénes son los encargados de prestar los servicios de atención de la salud y el cuidado de los infantes de los trabajadores, es abrir la puerta a la corrupción. Quién garantiza que los patrones actuarán con honestidad y en estricto apego a los valores y derechos de los trabajadores. Ni el mejor reglamento ni la mejor supervisión lo garantizan.
Si en la actualidad y con base en la información oficial que disponemos el cumplimiento de las obligaciones patronales en esta materia están muy lejos de ser cumplidas, qué podemos esperar de esta contrarreforma que otorga manga ancha al patrón.
¿Buscará al mejor médico de la región o al que le pague menos? ¿Será honesto o se coludirá con él para beneficio de ambos? ¿O simplemente corromperán a las autoridades del IMSS encargadas de la supervisión y control de esos servicios?
Seamos claros. En este esquema privatizador el trabajador queda en estado de indefensión. La tutela del Estado, por más cuestionada que esté, siempre será mejor que dejar a la iglesia en manos de Lutero.
Además, so pretexto de que por la naturaleza estacional de las actividades agropecuarias se le concede un régimen particularmente favorable a los patrones para el cálculo de la prestación de los salarios base.
El beneplácito a la contrarreforma por parte de la cúpula de los empresarios, del Consejo Nacional Agropecuario es muy ilustrativo al respecto.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone la siguiente redacción del artículo 237 A para quedar como sigue:
El Instituto otorgará a los trabajadores a los que se refiere la fracción XIX del artículo 5 A las prestaciones en especie correspondientes al seguro de enfermedades y maternidad a que se refiere la sección segunda, capítulo 4º. del título II de esta ley relativa a servicios médicos y hospitalarios.
Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social no cuente con las instalaciones para prestar el servicio podrá subrogar el mismo con la Secretaría de Salud del gobierno federal o de los estados.
Asimismo, el Instituto otorgará los servicios que contempla el ramo de guarderías a que se refiere la sección primera, capítulo séptimo del título II de esta ley. Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Ramos.
Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta al artículo 237 A que presentó el diputado Espinosa Ramos.
Un momentito, diputado secretario.
El diputado Agustín Rodríguez Fuentes (Desde la curul): no se escuchó.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Usted no va a presentar por escrito propuesta? En consecuencia, tiene la palabra el diputado Agustín Rodríguez Fuentes.
El diputado Agustín Rodríguez Fuentes (PRD): Gracias, diputada presidenta. Yo quiero llamar a la consideración de ustedes el que pudiera hacerse una ponderación de lo que ha expresado nuestro compañero diputado Amadeo del Partido del Trabajo.
Desde luego que debemos saludar el hecho de que el sector campesino pueda integrarse al servicio de seguridad social que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Me parece que es de reconocerse, de justicia social el integrarlos a este sistema. Sin embargo uno de los más graves problemas que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, es que efectivamente muchos de los servicios que actualmente se proporcionan por una política incorrecta, una política de deterioro de lo que representa y lo que significa la seguridad social, los servicios médico-asistenciales de maternidad y de guardería, en una gran medida se han estado y se siguen subrogando. Este esquema d subrogación no es más que una fórmula de hacer, de cancelar el sistema de seguridad social solidario y trasladarnos al sistema de seguridad social privatizado. Y ahí es en donde está el planteamiento que ha presentado nuestro compañero diputado Amadeo, del Partido del Trabajo y que debiéramos de tomarlo en consideración.
En todo caso este artículo 237-A, si se mantiene en sus términos, está claro que no va a haber las condiciones del propio Instituto Mexicano del Seguro Social para poder dar la atención, porque hay una política de contención y de asfixia para el desarrollo de este Instituto, porque intentan seguir sometiendo a la organización sindical a las prácticas políticas de quien ahora es el director de esta Institución tan importante; prácticas políticas que está demostrado son contrarias al interés de los mexicanos, que no están siendo lo más benéficas para poder hacer y lograr el desarrollo de una institución tan importante.
Mantener este esquema, dejar la puerta abierta, tal y como lo establece el proyecto aprobado en las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo, es dejar abierta la puerta de manera oficial y formal para continuar con la privatización de los servicios a los que está responsabilizada de atender el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por eso llamar a la consideración de ustedes y a su reflexión, entendiendo que el planeamiento que se hace, puede poner un candado mínimo, pequeño, pero que permite generar la condición para que esto no pueda desarrollarse de manera total, prioritaria, como va a ser si nosotros lo dejamos en esos términos.
Agradezco su atención. Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Agustín Rodríguez.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se acepta la modificación propuesta por el diputado Amadeo Espinosa, del Partido del Trabajo, con el apoyo del diputado Agustín Rodríguez.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si es de admitirse la modificación propuesta al artículo 237-A realizada por el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos y apoyada por el diputado Agustín Rodríguez Fuentes.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
(Votación)
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Se desecha.
Por lo tanto consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo de referencia.
El Secretario Marcos Morales Torres. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 237 A en sus términos.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, Secretario.
En consecuencia suficientemente discutido.
Por lo tanto, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 237 A, en sus términos.
El Secretario Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del artículo 237 A, en sus términos.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Presidenta: Se emitieron en pro 361 votos, en contra 41 y abstenciones 11.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado el artículo 237 A por 361 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley del Seguro Social.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En esa virtud se le dispensa la lectura al dictamen.
Tiene la palabra la diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
(Aplausos)
La diputada Gisela Juliana Lara Saldaña (PAN):
Compañeros y compañeras Diputadas:
En apego al artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura la fundamentación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud.
Los problemas de alcoholismo e ingesta de alcohol de la mujer gestante no únicamente afecta a la persona que lo ingiere, sino también en forma directa al producto de la concepción o feto. La exposición intrauterina del feto al letanol produce un síndrome neurotóxico denomiando síndrome de alcoholismo fetal, lo que origina trastornos del neurodesarrollo relacionados por el consumo del alcohol durante el periodo de gravidez.
El consumo de fármacos, así como el alcohol durante el embarazo, ha demostrado que los cambios en la dinámica bioquímica de la madre y el feto repercuten directamente en el desarrollo durante el proceso gestacional. Los fármacos incluyendo el alcohol circulan de la madre hacia el feto por la misma vía que proporciona sustancias para el crecimiento y para el desarrollo. Se ha demostrado que los fármacos, incluyendo el alcohol, administrados durante el embarazo pueden afectar al feto por efecto directo sobre el embrión, el cual puede ser tóxico o teratogénico, igualmente puede afectar la placenta en el intercambio gaseoso y de nutrientes entre el feto y la madre.
La magnitud y la celeridad de los efectos de los fármacos y el alcohol en el desarrollo fetal sobre su reactividad están determinados principalmente por la edad fetal, la potencia y la dosis. Los fármacos administrados durante la fase de la órganoformación entre la tercera y octava semana gestacional resulta crítico respecto del efecto teratógeno, pues los conceptos que llegan al embrión en este momento pueden producir un efecto anatómico importante subletal o un defecto metabólico funcional permanente que puede manifestarse durante el desarrollo, lo que se conoce en medicina como embrioempatía encubierta.
"Se ha demostrado que la ingesta de productos toxicológicos administrados después de la organogénesis, es decir, durante el segundo o tercer trimestre de la gestación, es poco probable que sean peratógenos, pero pueden alterar el crecimiento y las funciones fisiológicas y bioquímicas de los órganos y tejidos fetales normales.
"El retraso de crecimiento intrauterino y las anomalías de crecimiento somático, tienen una relación directa con el consumo del alcohol durante el tercer trimestre del embarazo, mientras que la microcefalia se relaciona con el abuso del alcohol durante el embarazo y su incidencia disminuye al cesar el consumo posterior al segundo trimestre de la gestación, probablemente debido a que el final de la gestación es un periodo crítico para el crecimiento craneal.
"Es importante destacar que la principal anomalía neurológica detectada en el síndrome alcohólico fetal, es la disgenecia cerebral, además de otras anormalidades en el desarrollo cerebral, en los procesos de canalización, desarrollo prosencefálico, proliferación, migración y organización neuronal; igualmente se han demostrado alteraciones neurológicas como son la disminución del peso cerebral, presencia de neuronas eutópicas en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y cerebelosos, ausencia del cuerpo calloso y de la comisura anterior, deformidad o ausencia del ver micerebeloso, así como anomalías que repercuten en la función de las masas tanámicas.
"Como ya mencioné, el síndrome alcohólico fetal aparece en niños cuyas madres durante la gestación consumen alcohol. El síndrome consiste en retraso del crecimiento prenatal, microcefalia, fisuras palpedales reducidas, déficit mental límite y con menor frecuencia anomalías articulares, defectos cardiovasculares, mortalidad perinatal y falta de desarrollo.
"Estudios recientes indican que la ingestión mayor de 2.2 gramos por kilo por día de alcohol absoluto, aumenta la frecuencia del síndrome alcohólico fetal.
"De acuerdo a estudios realizados, se ha demostrado que el alcohol es el teratógeno químico más frecuentemente asociado a malformaciones y a retraso mental en humanos. Es por ello y considerando que el derecho a la salud es una garantía constitucional para todos los mexicanos y más aún de aquellos que se encuentran en el vientre materno, solicito a todos ustedes su valioso apoyo para garantizar la salud de las mujeres gestantes y de los futuros mexicanos".
Muchas gracias.
Señora diputada, también quisiera presentar una modificación a lo que aparece en la Gaceta el día de hoy, si me permite.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante diputada.
La diputada Gisela Juliana Lara Saldaña: Solicito muy atentamente, en nombre de los integrantes de la Comisión de Salud, la siguiente modificación al dictamen que se publica el día de hoy para su Segunda Lectura.
El texto propuesto en el proyecto de decreto, en donde se reforma el artículo 218 a la Ley General de Salud, en su artículo único del 218, deberá de decir: "Toda bebida alcohólica deberá ostentar en los envases la leyenda El abuso en el consumo de este producto, es nocivo para la salud y no se recomienda su ingestión en mujeres embarazadas, escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal".
Asimismo modificación en los transitorios.
En su artículo primero: "El presente decreto entrará en vigor a los veinticuatro meses posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Y en el artículo segundo: "En el caso de envases de cristal donde la leyenda tiene que ser grabada: El presente decreto surtirá efecto a los treinta y seis meses posteriores a su publicación.
El artículo tercero: "El Ejecutivo Federal realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias en un plazo no mayor de sesenta días".
Muchas gracias. Agradezco su votación. Esto es a favor de las mujeres gestantes de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a siete de diciembre del dos mil cuatro.
Muchas gracias, señora Presidenta.
(aplausos)
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted diputada Lara Saldaña.
Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si son de aceptarse las modificaciones propuestas por la Comisión.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea, si son de aprobarse las modificaciones propuestas por la Comisión y presentadas por la diputada Gisela Lara.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputada presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la Asamblea.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular con las modificaciones presentadas por la diputada Lara.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular con las modificaciones presentadas por la diputada Gisela Lara.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputada presidente.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se considera suficientemente discutido.
Se solicita a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con las modificaciones propuestas y aceptadas por esta Asamblea.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con las modificaciones propuestas y aprobadas presentadas por la diputada Gisela Lara.
(Votación)
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Diputada presidente 392 votos en pro y 3 abstenciones.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 392 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el Artículo 218 de la Ley General de Salud.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos:
Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos extranjeros.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la lectura.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputada presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Se les dispensa la lectura.
En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por 3 minutos para proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y del anteriormente reservado, en un solo acto.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por 3 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
Diputado Presidente, se emitieron 298 en pro, 66 en contra y 9 abstenciones.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados por 298 votos los proyectos de decreto. Pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza.
Continúe la Secretaría.
El Secretario Marcos Morales Torres: De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Punto de acuerdo.
Primero. Se exhorta al Gobierno del estado de Yucatán a agilizar los trámites para la creación del Programa de Ordenamiento Territorial de la Costa Yucateca, estableciendo si pueden ser compatibles la actividad petrolera con la turística y pesquera.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas a agilizar los trámites para decretar el Programa de Conservación y Manejo del Parque Marino Nacional Arrecife Alacranes.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo.
No habiendo oradores registrados, esta Presidencia considera que están los puntos de acuerdo suficientemente discutidos. Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse.
El Secretario Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Continúe la Secretaría.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura al dictamen de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, con punto de acuerdo para solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, informe a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social sobre los criterios de distribución presupuestal que utiliza para repartir los recursos del rubro de asistencia social del fondo de aportaciones múltiples del Ramo 33.
Dictamen: Unico. Se solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que continúe informando a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de esta Cámara, en relación a los criterios de distribución presupuestal que utiliza para repartir los recursos del rubro de asistencia social del fondo de aportaciones múltiples del Ramo 33.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de agosto de 2004.
Suscriben los integrantes de las Comisiones.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera que el asunto está suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación a la proposición para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lleve a cabo la sustitución, manejo y disposición final de los bifénilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen donde quiera que éstos se ubiquen.
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo, de inmediato, el manejo y disposición final de los bifénilos policlorados así como de los contendores, materiales y equipos que hayan estado o estén en contacto con los mismos en la República Mexicana, conminando a la Secretaría a verificar el cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 133-E Coul (?) E-2000, con la supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA.
Segundo.- Que la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales verifique el cumplimiento del artículo 152 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el caso de que los bifénilos policlorados sean transportados a su disposición final de forma segura y de manera sustentable.
Tercero.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Salud, a través de una institución académica o de investigación debidamente acreditadas, realicen las investigaciones y estudios necesarios a fin de establecer los niveles de contaminación existentes en los lugares donde se encontraban los materiales y equipos que contenían los BPC y se determine el impacto a las comunidades y al medio ambiente, entregando los resultados de los mismos a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dado en el Palacio Legislativo del San Lázaro, a los 17 días del mes de noviembre de 2004.
Firman por la Comisión del Medio Ambiente, la Comisión.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera el asunto suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen con los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.
Tiene la palabra el señor diputado José Mario Wong, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo porque el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, para que, a través del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, emita de manera inmediata las resoluciones correspondientes para complementar lo preceptuado por los artículos 56, 70 y 90 del Código Penal Federal en relación con el artículo 83 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, con el objeto de adecuar las penas de los sentenciados y que éstos gocen los beneficios que la ley les otorga.
El diputado José Mario Wong Pérez (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.
El suscrito diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI, en la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Como se menciona en la exposición de motivos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos del 24 de diciembre de 1998, las reformas básicamente son incrementar las penas a los delitos de portación y posesión de armas de fuego, reservadas para el uso exclusivo del Ejército, sosteniendo cómo el argumento principal los niveles alarmantes de inseguridad en el país, considerando que los altos índices de criminalidad eran consecuencia de la proliferación de armas de fuego, así como su posesión, acopio y tráfico.
Posteriormente, mediante decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2003, se reformaron algunos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego para reducir los mínimos de la punibilidad con la que se sanciona a los que sin el permiso correspondiente, porten y posean una arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana, con la finalidad de que la autoridad jurisdiccional, con un criterio más amplio a la luz de los hechos que dieron origen al delito, determinen si ha lugar o no a la sustitución de la pena privativa de la libertad corporal.
"A un año de haber entrado en vigor dicha disposición, se encuentran todavía en las cárceles del país un gran número de sentenciados por los delitos en comento que no han podido obtener su libertad, en virtud de que el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, no ha emitido las resoluciones haciendo la adecuación de las penas, lo que además impide obtener los beneficios señalados en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, referente a la sustitución de las penas y a la condena condicional.
"Compañeras y compañeros Legisladores: En virtud de lo expuesto y toda vez que es necesario cumplimentar cabalmente el mandato de la ley, así como objetivar los principios de la procuración e impartición de justicia, someto a esta Soberanía el siguiente
"Punto de Acuerdo
"Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, para que a través del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, realice de manera inmediata las acciones correspondientes, en aras de cumplimentar lo mandatado en el artículo 56 del Código Penal Federal, en relación a lo establecido por la Ley de Armas de Fuego y Explosivos en su artículo 83, a efecto de hacer la adecuación de las penas de los sentenciados y puedan además gozar de los beneficios que señalan los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, este noviembre de dos mil cuatro.
"Atentamente, el de la voz, diputado federal José Mario Wong Pérez, y el diputado José Manuel Abdala".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde la curul): ¡Señor Presidente!
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo don Pedro.
Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que inicie una revisión de las tarifas domésticas del suministro y venta de energía en el estado de Jalisco, a fin de homologarlas y beneficiar a la ciudadanía.
Antes de dar la palabra a don Jorge Leonel Sandoval Figueroa, sonido en la curul de don Pedro Avila Nevarez.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde la curul): Señor Presidente, con todo respeto, para apoyar la petición del compañero Mario Wong, sobre el asunto de la Ley de Armas de Fuego, que yo inclusive hace una semana presenté una modificación a esta ley, ya que como él dice, es cierto, hay infinidad de presos en todas los CERESO’s y CEFERESO’s de la República, hay comerciantes, hay indígenas, hay gente que por traer una pistola inclusive 25, 22, que eran del Ejército, se encuentran presos en los CERESO’s.
Yo le suplico a usted que se le dé el turno respectivo y que las Comisiones, no sólo los puntos de acuerdos o las iniciativas de decreto que se presentan para lo que le fijamos al sueño de los justos, sino que estas proposiciones se les de el trámite correspondiente, porque hay miles de presos en todos los CERESO’s y CEFERESO’s de la República esperando esta resolución.
Y que también se haga un extrañamiento al Secretario de Seguridad Pública y al Director del órgano desconcentrado de seguridad pública, para que le de la agilidad a todas las libertades de todos los presos federales que están en los CERESO’s y CEFERESO’s de toda la República.
Muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted don Pedro. Queda registrada la intención de su intervención, apenas es una propuesta esta turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos.
Usted como diputado puede asistir a las comisiones con voz, pero sin voto, en caso de que no sea integrante de éstas y podrá usted vigilar personalmente que no duerman el sueño de los justos.
Adelante señor diputado Sandoval Figueroa.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (PRI): Gracias, con su permiso señor Presidente.
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Jorge Leonel Sandoval Figueroa, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, preocupado, preocupado porque el servicio de energía eléctrica que se suministra en el estado de Jalisco sea proporcionado bajo los principios de justicia y equidad, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes considerandos:
Los altos costos de las tarifas eléctricas se han convertido en un problema para las familias de escasos recursos de Jalisco por la diferencia en los precios en cada región del estado, por lo que es necesario hacer un estudio basado en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.
Conforme al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Economía y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, modificar el costo de sus servicios domésticos.
Por ello es imprescindible homologar el costo por kilowat con base en la tarifa más baja del mercado para las familias más pobres, toda vez que existen factores que obligan a realizar ajustes mensuales a las tarifas eléctricas en épocas de verano, habida cuenta de que la Comisión Federal de Electricidad considera que en esta temporada aumenta el consumo debido al uso frecuente de sistemas de refrigeración y ventilación en época de calor y este no es un servicio suntuario como lo pretende hacer creer; es una necesidad, ya que las temperaturas en Jalisco llegan a alcanzar hasta los 40 grados centígrados.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se exhorte respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Energía y Economía, para que realicen una revisión a fondo de las tarifas eléctricas de uso doméstico en el estado de Jalisco y se homologuen con la tarifa más baja, en beneficio de los segmentos sociales económicamente desprotegidos.
Se mantenga informada a esta Cámara de Diputados sobre los avances de los estudios realizados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de diciembre del año 2004.
Solicito respetuosamente, señor Presidente, se inserte íntegro el presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Gustavo Moreno Ramos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo a efecto de crear una Comisión de Investigación de la Planta Núcleo Eléctrica de Laguna Verde, Veracruz.
El diputado Gustavo Moreno Ramos (PRI): Con su permiso, compañero Presidente.
Honorable Asamblea:
La Comisión Federal de Electricidad es una empresa paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos objetivos están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y su fin fundamental es de garantizar a todos los mexicanos la adecuada utilización de sus recursos.
La Comisión Federal de Electricidad cuenta con la Central Núcleo Eléctrica de Laguna Verde, localizada sobre la Costa del Golfo de México en el Municipio de Alto Lucero, estado de Veracruz. Esta Central, luego de quince años de operación y el 50 por ciento de su vida útil, podría constituirse en un peligro real para los habitantes de las localidades ubicadas en por lo menos un radio de 120 kilómetros, siendo Laguna Verde la única núcleo eléctrica en América Latina que usa en su proceso uranio enriquecido, elemento químico de muy alta peligrosidad, cuyo manejo requiere del cumplimiento de un estricto protocolo de operación técnica, que debe ser evaluado no sólo por los órganos competentes del Ejecutivo Federal, sino por la propia sociedad y organizaciones internacionales, a fin de prevenir tragedias como las suscitadas en otras partes del mundo.
Por lo anterior, el hecho de implementar la inspección en la zona de la central de Laguna Verde, es congruente con la responsabilidad de todo buen gobierno, de dotar a la sociedad de instrumentos que hagan efectivas las garantías constitucionales de respeto a la vida humana, a la fauna, a la ecología y a la seguridad en su conjunto.
No hay duda que los recursos naturales forman parte de la riqueza de una nación y que el medio ambiente sano debe ser una de las prioridades del gobierno para proporcionar la garantía establecida en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo.
Primero. Que se integre una comisión plural de investigación del funcionamiento de la central núcleo eléctrica de Laguna Verde, con el objetivo de analizar y evaluar su debida operación y proponer las acciones preventivas y correctivas que en su caso procedan, verificando que la Comisión Federal de Electricidad garantice la seguridad y tranquilidad a los habitantes.
Así como también salvaguardar el entorno ecológico en un radio de al menos 120 kilómetros a partir de la ubicación de la central de Laguna Verde, por eventuales efectos de contaminación radioactiva.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal compense a los habitantes incluidos en esa zona de mediano y alto riesgo, estableciendo programas de tarifas preferenciales al consumo electrodoméstico, incluyendo a la pequeña y mediana empresa e infraestructura agrícola.
Muchas gracias. Es cuanto señor presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputado Moreno Ramos.
Y teniendo como fundamento el inciso c) del artículo 34 de la ley, es que lo turno a la Junta de Coordinación Política.
El señor diputado don Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, entregó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a crear un programa federal de apoyo a la juventud, por lo que esta presidencia lo turna a la Comisión de Juventud y Deporte.
En virtud de que no se encuentra el señor diputado don Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, para solicitar al gobierno federal manifieste la preocupación por la aplicación de la Ley 200 al gobierno del Estado de Arizona, Estados Unidos de América, esta presidencia la turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República y de los gobiernos estatales, para que en el marco de sus respectivas competencias se coordinen a efecto de presentar una solución contundente al problema de inseguridad que representa el grupo conocido como la Mara Salvatrucha.
El diputado Francisco Rojas Toledo (PAN): Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
En atención a la brevedad del tiempo disponible, solicito que el presente documento se publique íntegro en el Diario de los Debates.
CONSIDERACIONES:
Como todos sabemos el grupo directivo formado por migrantes centroamericanos y del cual ya forman parte condicionales conocidos como mara salvatruchas, representa un riesgo inminente para el país, que de no ser combatido de manera contundente y definitiva, existe la posibilidad de que se convierte en un peligro para la seguridad nacional de México.
Esta pandilla cuenta con más de 25 mil miembros y se presume que controla la falsificación de documentos oficiales como micas de residencia, el tráfico de drogas y robo de tarjetas de crédito, además de la estela de violencia que los caracteriza, la cual incluye muertes, violaciones, vejaciones y robos.
Un ejemplo de la magnitud del problema es el episodio del temor colectivo relatado en la prensa nacional en el municipio de Tapachula, Chiapas, que experimentó el día 22 de noviembre durante el cual los habitantes cerraron sus comercios, sacaron a sus hijos de las 200 escuelas de la comunidad y se encerraron en sus casas ante el temor producido por el rumor de un posible ataque masivo de las maras.
Los habitantes de México están hartos de la inseguridad pública generada dentro de nuestras propias fronteras, por lo que con toda razón se niegan a seguir siendo víctimas de un cáncer violento, impune y desmesurado crecimiento, lo cual no solo amenaza la intranquilidad de las poblaciones limítrofes sino que puede convertirse en un problema de seguridad nacional.
Es por las consideraciones anteriormente expuestas, que me permito presentar el siguiente:
Punto de Acuerdo:
Primero.- Que el Pleno de esta honorable Cámara haga un atento exhorto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como al Procurador General de la República y a los gobernadores y autoridades estatales competentes, a que en ánimo de una colaboración eficaz y eficiente tome las medidas necesarias para detener el problema de inseguridad pública que representa para los habitantes del país las bandas criminales conocidas como "maras salvatruchas".
Segundo.- Que el Pleno de esta Cámara haga un atento exhorto al titular del Instituto Nacional de Emigración para que en el ámbito de su competencia realice colaboración con las demás autoridades competentes, las acciones necesarias para presentar y realizar un plan de trabajo de alcance nacional que contribuya a detener y erradicar el problema migratorio ocasionado por los miembros de la mara salvatrucha.
Tercero.-. Que el Pleno de esta Cámara haga un atento exhorto al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que establezca canales de comunicación y cooperación con sus homólogos centroamericanos, a efecto de presentar un frente común al grave problema que para la seguridad de los países representa la banda de mara salvatruchas.
Cuarto.- Se solicita que el presente punto de acuerdo sea considerado como de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de diciembre de 2004. Gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa:
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Está a discusión la propuesta. No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa:
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición con punto de acuerdo.
Comuníquese.
Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición con punto de acuerdo sobre la muerte de Yasser Arafat, Presidente de la autoridad nacional palestina.
El diputado Jorge Martínez Ramos (PRD): Con su permiso diputado Presidente.
Muhammad Abdel Rahman Abdel Rauf Al-Qudwa al Huseini, mejor conocido como Abu Ammar Yasser Arafat, fue el líder palestino que logró desde el terreno de la lucha político-diplomática, la validación mundial de la causa palestina, por la definición y reconocimiento de sus fronteras.
Después de un sinnúmero de avatares, en 1993 firmó con el entonces primer ministro israelí Yitzhak Rabín los llamados acuerdos de Oslo, permitiendo el establecimiento de un auto gobierno palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania, y el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP, hechos que les valieron el Premio Nobel de la Paz en 1994.
A partir de entonces Yasser Arafat fue electo como Presidente de la Autoridad Nacional Palestina y estableció su gobierno en Ramala, en Cisjordania.
A raíz del ascenso al gobierno israelí, el primer ministro Ariel Sharon, los acuerdos de paz fueron retrasados y el presidente Arafat fue confinado por la fuerza, a vivir entre los escombros de su Palacio de Gobierno "la Mukata, durante tres años.
Hace pocas semanas fue difundida la noticia de su delicado estado de salud y desde aquél momento comenzaron a circular en el mundo infundadas versiones acerca de los motivos de su muerte que pueden provenir de gobiernos enemigos con la intención de lastimar el ánimo del pueblo palestino y confundir a su opinión pública sobre posibles fracturas y pugnas de poder al interior de la dirigencia palestina.
El día jueves 11 de octubre a las 0.2.30 horas, Yasser Arafat dejó de existir en un hospital militar en París, Francia, y fue trasladado a El Cairo, Egipto, donde se llevó a cabo un funeral oficial.
Los rumores señalados han contribuido a enrarecer el clima político en Palestina y a generar un escollo más en el de por sí difícil proceso de transición de su dirigencia.
La ocupación israelí hace imposible que se lleven a cabo los censos de población y la organización de un proceso electoral como el que desea la comunidad internacional.
Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Primero. Esta Cámara de Diputados expresa al pueblo y a la Autoridad Nacional Palestina su más sentido pésame por la irreparable pérdida del presidente Yasser Arafat.
Segundo. Esta Cámara de Diputados hace votos porque se alcance una paz justa y duradera, con fronteras seguras y reconocidas entre el Estado de Israel y el Estado Palestino.
Tercero. Esta Cámara de Diputado hace un llamado al gobierno israelí para que dé cumplimiento a las resoluciones 242 de 1967 y 338 de 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, retirando sus tropas de los territorios ocupados, hecho que facilitaría enormemente que el pueblo palestino ejerza su derecho a expresarse soberanamente en el marco de un proceso electoral democrático.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Jorge Martínez Ramos.
Pregunte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia y de conformidad con el artículo 59 del Reglamento Interior, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Está a discusión la propuesta de don Jorge Martínez Ramos. No habiendo oradores registrados se considera suficientemente discutida.
Pregunte la secretaría a la asamblea si se aprueba.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día y que tiene que ver con la Universidad Tecnológica de Tlaxcala fue pospuesto por su promovente.
Tiene la palabra don Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que la comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Juárez, licenciada María Guadalupe Morfín Otero, reporte directamente al secretario de Gobernación.
El diputado Jesús González Schmal (CONVERGENCIA): Con su anuencia, señor presidente. La comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Juárez, licenciada María Guadalupe Morfín, ha desempeñado su misión con denuedo, eficacia e innegable patriotismo.
Su ardua labor requiere de la mayor comprensión y respeto de parte de los mexicanos, que no hemos querido conformarnos con las injusticia e impunidades en serie con las que se han encubierto los crímenes de mujeres en esta importante e histórica ciudad fronteriza.
A más de un año de su nombramiento como comisionada especial, la licenciada Morfín ha rendido elocuentes como espeluznantes informes de una cruda realidad de violación sistemática y crónica de los derechos humanos de las mujeres en esa ciudad y en el estado de Chihuahua, que le ha causado no pocas enemistades de quienes se han tenido que señalar como probables responsables, en su origen, del desencadenamiento de las decenas y centenas de femenicidios que injusta pero popularmente identifican en el mundo a nuestra patria y a nuestro antiguo Paso del Norte.
Por esta razón y en virtud de que el decreto que creó la Comisión Especial que preside la licenciada Morfín se adscribió a la dependencia de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, misma que a la fecha fue fusionada con la Dirección de Asuntos Jurídicos y se designó en ella al licenciado Arturo Chávez Chávez, quien fuera procurador del estado de Chihuahua, resulta de incompatibilidad manifiesta la subordinación respecto de quién en las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República, pudiera estar implicado en las responsabilidades por la comisión de delitos contra la administración de justicia en los feminicidios de Juárez.
Por tal motivo y por la trascendencia de su cometido, se hace indispensable ascender la dependencia de la Comisionada Especial de los Derechos Humanos, para reportar directamente al Secretario de Gobernación, toda vez que si el axioma administrativo que señala que a todo grado de responsabilidad debe corresponder el mismo de autoridad, es inconcuso que la Comisionada requiere de tal nivel de pertenencia para un respaldo verdadero para el cumplimiento de su elevado y humanitario encargo.
Por lo expuesto, solicito a esta asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
UNICO.- Se pide al ciudadano Presidente de la República a través de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, que acuerde la nueva adscripción de la Comisionada Especial, licenciada María Guadalupe Morfín Otero, directamente al Area de Responsabilidad del ciudadano Secretario de Gobernación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de diciembre del 2004.
Atentamente, diputado González Schmal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted, diputado González Schmal.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.
Tiene la palabra don José Guzmán Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a que conserve dentro de su estructura orgánica la Subsecretaría de educación es Investigación Tecnológica, así como para que revise los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato y tecnológico que se implantaron a partir del ciclo escolar 2004-2005.
El diputado José Guzmán Santos (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, dispone en el artículo 30 fracción I c), que como parte de las medidas de austeridad a las que el Ejecutivo Federal estará obligado, las dependencias y entidades deberán ajustar su estructura a tres Subsecretarías o niveles salariales equivalentes, como máximo, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública y se someta a la opinión de la Cámara por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Con fecha 9 de septiembre del 2004, la Secretaría de Educación Pública presentó ante la COFEMER el anteproyecto de reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública así como un adendum al mismo, el pasado 5 de octubre.
Entre las principales propuestas contenidas en ese documento, se encuentran la sustitución de la Secretaría de Educación e Investigación Tecnológicas por una nueva Subsecretaría denominada: "Educación Media Superior", quedando la Secretaría de educación Pública integrada con tres subsecretarías.
Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública, mediante el acuerdo número 345, por el que se determina que el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico implantó a partir del ciclo escolar 2004-2005, dicho plan de estudios, en el que se disminuyen los contenidos y las asignaturas de formación científica, desaparecen algunas humanísticas y quedan sin definirse las de especialidades y los programas de las actividades tecnológicas.
La educación tecnológica, compañeros, tiene como finalidad posibilitarle a los alumnos el aprendizaje del conocimiento tecnológico para su comprensión y práctica del saber y hacer humano. En la actualidad el Sistema Nacional de Educación Tecnológica tiene registrados a más de 2 mil planteles en sus diferentes niveles expansivos y una plantilla docente de más de 100 mil profesores. Se requiere por ello una instancia formal que organice, impulse, coordine y regule las tareas educativas referente a la formación profesional, la investigación y la difusión de la cultura tecnológica de todos los tipos y niveles que conforman el Sistema Nacional de Educación Tecnológica.
En tal sentido resulta contradictorio que en un proceso de reestructuración de la Secretaría de Educación Pública se opte por la desaparición de esta instancia y con ello la desarticulación y fragmentación del propio Sistema Nacional de Educación Tecnológica con los siguientes retos previsibles:
Sería un error histórico desarticular todos los esfuerzos realizados para consolidar el Sistema Nacional de Educación Tecnológica en virtud de las necesidades actuales y futuras de la globalización económica mundial.
Por lo anterior expuesto someto:
1o. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que se mantenga la articulación tecnológica del país, conservando dentro de su estructuración orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.
2o. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a revisar los nuevos planes y programas de estudio del bachillerato tecnológico que se implementaron a partir del ciclo 2004-2005, mediante el acuerdo número 345, de manera que permita conservar la formación integral de los estudiantes de bachillerato.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, Diputado.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: No se considera de urgente resolución.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a efecto de que modifique el rango de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios en Juárez, en el municipio de Juárez, Chihuahua.
La diputada Blanca Gámez Gutiérrez (PAN): Los diputados y diputadas integrantes de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a los Feminicidios de la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, sometemos a esta consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo y urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes consideraciones:
Según el diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en México, problemática y recomendación de grupos en situación de inseminación del año 2003 proporcionado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la serie de homicidios y desapariciones forzadas que han ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo menos desde el año 1993 ha sido considerada como un caso paradigmático de discriminación contra las mujeres. No existen cifras concluyentes respecto a las mujeres asesinadas y desaparecidas en ciudad Juárez.
Después de 11 años de impunidad y dado que el problema de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres ha trascendido del ámbito del estado de Chihuahua, a tener repercusiones para el Estado mexicano, la Procuraduría General de la República creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, cuya titular la Licenciada María López Urbina. Sin embargo, al crear esta fiscalía la adscribió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.
La Fiscalía Especial cuenta hasta hoy con posibilidades de realizar las investigaciones con autonomía al considerar, tal como lo señaló el propio Procurador, que los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez son asuntos de seguridad nacional y de Estado, y que requieren de acciones concretas, rápidas y sin intermediación.
Por ello consideramos que la Fiscalía Especial en comento debe contar con mayor independencia y autonomía dentro de las facultades que se le confirieron para el mejor desempeño de su trabajo.
Es de resaltar que la Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, depende directamente del Procurador General de la República, mientras que la Fiscalía Especial, a cargo de la Licenciada María López Urbina, se encuentra adscrita a.una Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.
"La motivación que da origen a la creación de ambas Fiscalías es semejante: Dar cumplimiento a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, combate a la impunidad, cumplir las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos y dar respuesta a las demandas de esclarecimiento de hechos y de justicia.
"Ambas Fiscalías están encargadas de investigar hechos que son de distinta naturaleza, pero que requieren ser resueltos con una visión de Estado. Es por ello que consideramos que no existe motivación para que la Fiscalía a cargo de la licenciada María López, no pueda depender directamente del Procurador General de la República.
"Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo.
"Unico.- Se exhorta al Procurador General de la República, para que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su reglamento interior, sea modificada la organización de la Procuraduría a su cargo, a efecto de que la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, deje de estar adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, con el objeto de que la Fiscalía Especial a la que en primera instancia se hace referencia, tenga el mismo rango que las demás Fiscalías especiales".
Agradezco su atención.
Muchas gracias señor Presidente y dejo el documento completo para que se integre al Diario de los Debates.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de urgente resolución.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En base al artículo 59 del Reglamento Interior y por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
¿Los que estén por la negativa?
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.
Está a discusión la propuesta.
No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutida.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
¿Los que estén por la negativa?
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.
Tiene le uso de la palabra el señor diputado don Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública y la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación, investiguen y procedan en consecuencia en relación a presentar irregularidades en la Secretaría de la Función Pública.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD): Muchas gracias. Con su venia, diputado Presidente.
Compañeras, compañeros diputados y quienes nos ven a través del monitor: Me permito presentar ante ustedes una proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de que las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, investiguen y procedan en consecuencia por no haberse cobrado 9 mil 122 millones de pesos en multas económicas, por concepto de sanciones a servidores públicos.
Asimismo, ambas comisiones procedan a investigar el destino y aplicación de los 1 mil 400 millones de pesos asignados a la Secretaría de la Función Pública, así como los 4 mil 500 millones de pesos que cubren las dependencias a las 240 Contralorías de la Función Pública.
Esta Cámara de Diputados se ha pronunciado todo el tiempo porque se termine con la corrupción, hace unos días el diputado Salvador Sánchez Vázquez, decía también que hay que terminar con la impunidad, y esto demuestra que la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda está actuando con impunidad, protegiendo a quienes han sido sancionados por la Secretaría de la Función Pública.
Se han dejado de cobrar 9,122 millones de pesos, que mucho hace falta para cubrir y responder a las necesidades de problemas de la población, yo les pido, compañeras y compañeros diputados, que votemos este Punto de Acuerdo por urgente y obvia resolución, y es el siguiente
Que esta soberanía instruya a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública así como a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, que de acuerdo a sus facultes investigan y procedan conforme a derecho, por no haberse cobrado 9,122 millones de pesos en multas económicas por concepto de sanciones a servidores públicos, así como ambas Comisiones investiguen el destino y aplicación de los 1,400 millones de pesos asignados a la Secretaría de la Función Pública como también de los 4,500 millones de pesos que cubren las diversas dependencias para las 240 Contralorías de la Función Pública.
Segundo.- En apoyo a las investigaciones solicitadas en el punto anterior, se llame a comparecer a los Secretarios de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público.
Es cuanto diputado presidente, le pido sea tan amable de instruir para que este texto se publique íntegramente y se inserte en el Diario de los Debates.
Hago entrega de este texto, con el oficio donde estoy solicitando el cambio de redacción, si es tan amable, diputado presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Señor diputado Wintilo Vega, ¿con qué objeto?
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Señor presidente, no tiene caso que la presidencia ponga el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, dado que el resolutivo del Punto de Acuerdo es turnarlo a varias Comisiones. El diputado que está en la tribuna…
El diputado Alfonso Ramírez Cuellar (desde su curul): Se llama Emilio Serrano.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): cuando necesite un apuntador, lo contrataré, porque ahorita no necesito ningún apuntador.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Señores diputados, les recuerdo que quedan prohibidos los diálogos.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Los resolutivos del Punto de Acuerdo es turnarlo a varias Comisiones.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: La Comisión de Hacienda, a la Comisión de Vigilancia.
Habría dos vertientes aquí, la primera, efectivamente es turnar directamente sin necesidad de votar, si no mal recuerdo de la redacción de la propuesta del diputado Emilio Serrano, dice que la Cámara instruya a las Comisiones, por eso es que esta presidencia a que accede a que se vote la urgente y obvia resolución, para efectos de que el pleno de la Asamblea instruya a las Comisiones a las que ha mencionado el señor diputado Emilio Serrano.
Luego entonces pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera a la Asamblea si se considera gente resolución, en tal caso abrimos a discusión la propuesta, y de aceptarse le damos el trámite que está pidiendo el diputado.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento Interior en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los que estén por la negativa.
(votación)
La mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Tiene la palabra don Jesús González Schmal, para presentar proposición con punto de acuerdo para salvaguardar la riqueza natural de la Laguna de Términos, amenazada con la perforación de nuevos pozos petroleros y el abandono de la PROFEPA en su responsabilidad de preservar el medio ambiente, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
El diputado Jesús González Schmal (CONVERGENCIA): Con su anuencia, diputado Presidente.
Ciudad del Carmen, Campeche, área natural protegida con la certificación del a Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, CONANP, en la denominación de Laguna de Términos, comprende una superficie de 707 mil hectáreas de vegetación tropical exuberante. El amplio territorio de Ciudad del Carmen está reconocido por Ramsa, Corporativo Mexicano en calidad internacional certificada, como uno de los humedales más importantes del globo terráqueo y santuario para la preservación del ecosistema de contenido diverso y único de especies de flora y fauna, donde predominan los manglares que producen la fuente de oxigenación de mayor relevancia en la región.
Este patrimonio natural de la República sufre hoy más que nunca la amenaza de ser destruido y hasta aniquilado, por la negligencia y la injuria de autoridades del medio ambiente, que parecen estar más entretenidas en sus intereses políticos electorales que en las responsabilidades irrenunciables de preservar para la nación y las generaciones futuras este capital natural irrecuperable, que constituye un pulmón de sobrevivencia para el futuro de la patria.
La depredación ha llegado al extremo de que PEMEX sigue avanzando en los permisos y obras para perforar y explotar 40 pozos, nada menos que dentro del área natural protegida de la Laguna de Términos. El poder de la empresa y los intereses de los contratistas interesados en la consumación del ecocidio no puede ser detenida, ni con los heroicos esfuerzos que la sociedad y una parte de las autoridades municipales despliegan para impedir el crimen que trascenderá para las generaciones del mañana.
Todavía antes de que el nuevo Secretario, Alberto Cárdenas, fuese nombrado, había más esperanzas porque Víctor Lichtinger tenía al menos conciencia del valor que en el inventario del capital natural de México tiene el área de la Laguna de Términos. Es previsible que a medida que crezca la euforia electoral y se ahogue en el ruido de la publicidad electoralista federal y local la verdadera realidad dramática que vive la isla del Carmen, redunde ello en el padecimiento y agravamiento de las enfermedades que hoy en la actualidad se sufren en silencio y desesperanza.
Un grito de auxilio ha llegado a esta Cámara con la esperanza de que esta representación influya en algo para hacer justicia en la calidad de vida que merecemos todos los mexicanos; salvar a la isla del Carmen es una obligación nacional irrenunciable. Por ello proponemos el siguiente punto de acuerdo:
Se solicita por parte de la Comisión del medio Ambiente de esta Honorable Cámara de Diputados se aboque a la investigación de los hechos denunciados, requiriendo a las autoridades de SEMARNAT, PROFEPA y CONAM la información correspondiente y en su caso la excitativa para asumir la responsabilidad que corresponda en el cumplimiento de las obligaciones legales y éticas.
Firman esta propuesta los diputados Enrique Ariel Escalante Arceo, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Oscar Rodríguez Cabrera, Sebastián Calderón Centeno y su servidor, Jesús González Schmal.
Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Investigación para el Daño Ecológico y Social generado por PEMEX, considere y tome las acciones pertinentes para atender la problemática social y ambiental ocasionada por Petróleos Mexicanos en el municipio de Reforma, estado de Chiapas.
La diputada María Elena Orantes López (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros:
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la proposición como punto de acuerdo para solicitar a la Comisión para el daño ecológico y social generado por PEMEX, sea tomada en cuenta la siguiente propuesta de trabajo para poder de esta manera atender la problemática social y ambiental ocasionada por PEMEX.
Esto sucede en el Municipio de Reforma, Estado de Chiapas, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
El artículo 115 constitucional establece con precisión que los estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.
En el Apartado 5° inciso c) de este mismo artículo, se indica que deben participar de la formulación de los planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia y que cuando la Federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional, puedan asegurar de alguna manera la participación de éstos.
En tanto el artículo 8 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señala que corresponde a los municipios la formulación, la conducción y la evaluación de la política ambiental municipal.
En el Municipio de Reforma, en particular, pero también en los otros cuatro municipios de la región donde se encuentra la infraestructura petrolera, hemos documentado puntualmente el daño de PEMEX; la contaminación atmosférica está causando enfermedades graves que padecen importantes sectores de la sociedad, especialmente la población infantil y las personas de la tercera edad.
Las alambradas para cercar los campos, así como las láminas de los techos de las casas, prácticamente se desboronan a causa de la lluvia ácida; el agua que se bebe el ganado y que sirve para el desarrollo de la acuacultura, tiene niveles de contaminación significativos, lo que provoca muerte y malformaciones genéticas, la acumulación de residuos peligrosos de tipo industrial manejados de manera inadecuada, tiene el riesgo permanente de todos los habitantes de la región.
Por último, quisiera mencionar que la pobreza, el rezago y la marginación social generalizada en la región, no corresponde con la visión que PEMEX nos muestra cuando se refiere a la importancia estratégica de su operación para el desarrollo de este país.
La solución a este conjunto de intrincados problemas requiere la articulación en principio de 5 ejes estratégicos.
Primero.- El acuerdo explícito de PEMEX, asumiendo su responsabilidad y actuando en consecuencia.
Segundo.- La coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, para que en el ámbito de sus respectivas competencia, se elabora un plan de acción social para atender la problemática social y ambiental del Municipio de Reforma.
Por eso, someto a consideración de este Pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Se turne a la Comisión de Investigación para el daño ecológico y social generado por PEMEX, a fin de que en el ejercicio de sus facultades, consideren la aplicación de la presente propuesta de trabajo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 2 del mes de diciembre.
Solicito a la Presidencia se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y tiene la palabra la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a estudiar las peticiones del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas.
La diputada María Antonia García Sanjines (PAN): Con su venia, diputado Presidente.
El Gobierno es servicio, servicio para todos y especialmente para los menos favorecidos.
El gobierno debe prestar los servicios públicos con eficacia y eficiencia. Mucho se ha discutido y se discutirá sobre lo que le corresponde a lo público, lo que es privado y lo qué es social.
Sin embargo, queda para todos claro que la prestación de servicio de transportes corresponde al gobierno ya sea directamente o a través de particulares.
Pero esta actividad no sólo debe verse como la prestación de un servicio público, sino como una forma de promover el desarrollo. El Gobierno debe de ser promotor del desarrollo; el desarrollo es la suma de todos los derechos sociales, su objetivo es que cada persona y cada comunidad sea el responsable de su propio crecimiento, sea el protagonista de su propio desarrollo.
Pero para ello necesita no sólo de los grupos intermedios de la sociedad, sino del gobierno; el gobierno debe ser aliado de las personas y las comunidades, no sólo prestando los servicios públicos que le corresponden, sino apoyando subsidiariamente a las personas o comunidades que no pueden valerse momentáneamente por sí mismas.
Los grupos intermedios Canacar, Coparmex, Aiztac, que forman el Consejo de Instituciones Empresariales del sur de Tamaulipas, solicitan a la autoridad correspondiente:
Primero. La suspensión de las infracciones o avisos de sus inspectores en el estado, en apego a lo señalado en el artículo 5.2 1.5 de la norma oficial mexicana NOM-012 STC 1995, sobre peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, en relación con el largo total máximo autorizado para la configuración de tracto-camión articulado TC; cuando éste sea mayor de 14.63 se autoriza su circulación bajo el cumplimiento de diversas disposiciones de seguridad.
La tipificación de la carretera en el tramo Ciudad Victoria-Matamoros de A2 a ET y,
Tercero. La autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que su carga pueda ser trasladada en caminos de menor clasificación.
Frente a los retos que nos presenta la globalización que debemos transformar en mundialización, esto es, darle a este proceso de integración un rostro humano, tenemos que apostarle al desarrollo regional, a la competitividad de nuestros municipios y de las regiones de México. No debemos engañarnos, cada país, cada entidad federativa, cada región y municipio, están en una competencia frente a las inversionistas tanto nacionales como internacionales.
Cada región debe presentar para elevar el nivel de vida de su población como la mejor alternativa para los emprendedores e inversionistas, para que éstos creen los empleos que tanto requiere nuestra gente. Los gobiernos deben proveer de la infraestructura básica del mejor modo posible, no sólo para elevar el nivel de competitividad de sus municipios, sino principal para el desarrollo de todos mexicanos,-termino.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Único. Que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, a que estudie las peticiones del Consejo de Instituciones Empresariales del sur de Tamaulipas.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.
El señor diputado don Salvador Martínez Della Rocca, nos pidió que esta proposición con punto de acuerdo, pase al final del capítulo.
Luego entonces, tiene la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el aniversario de la Revolución Mexicana de 1910, no pase inadvertido en el programa de efemérides de la Honorable Cámara de Diputados.
El diputado Jesús González Schmal (CONVERGENCIA): Con su anuencia, señor Presidente.
Probablemente desde 1911 a la fecha, salvo el aciago acontecimiento del asesinato del doctor Belisario Domínguez por el usurpador Victoriano Huerta y precisamente por la lealtad del senador chiapaneco a la revolución maderista de 1913, nunca las anteriores legislaturas al Congreso de la Unión, han dejado pasar desapercibido en su recuerdo y gratitud histórica, una fecha tan importante en el calendario nacional como el 20 de Noviembre, día en el que el Apóstol de la Democracia Francisco I. Madero, convocó al pueblo a la reivindicación de sus derechos políticos soberanos que la dictadura de Porfirio Díaz le había arrebatado.
Este mes de noviembre de 2004 la fecha paso de largo, la agobiante agenda de esta LIX Legislatura, no cedió un minuto de su espacio para encontrarnos en la conciencia de lo que somos a partir de lo que como pueblo hemos sido.
La Revolución de 1910, que culminó con la expedición de la Constitución más avanzada del mundo en su contenido social, no puede sernos un hecho irrelevante, porque nadie puede arrogarse la potestad para negarnos en lo mejor de nosotros mismos, pero mucho más grave es que en el seno de la representación nacional más amplia de nuestra patria, se exhiba una omisión de esta magnitud, que el más elementado sentido de dignidad nacional nos obliga a reparar en ello.
La autocrítica es la única vía por la que se pueden enmendar yerros y rectificar desvíos, aceptar humildemente que no es posible eludir el reproche colectivo, será el principio para retomar el camino que vincula y conforma una Nación que representamos y que deseamos fortalecida,. con el recuerdo respetuoso de sus hazañas y sus prohombres que nos ubican en el concierto universal con identidad propia.
La Revolución Mexicana de 1910, fue y seguirá siendo el valuarte de un despertar nacional vigoroso que cobró el impagable precio de más de un millón de mexicanos muertos, pero que dejó el legado de una Constitución que recoge la esencia de las aspiraciones de un movimiento social ejemplar, que encontró el puerto de arribo en el documento que resume en la prospectiva del estado de derecho y la Nación civilizada para todos los mexicanos, a lo que hemos protestado aquí representar y entregar lo mejor de nosotros mismos.
Por lo anterior, solicito la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
Unico. Se turne a la Junta de Coordinación Política la presente constancia de la omisión culposa, para que en el futuro no se incurra en esta conducta contraria a la responsabilidad de nuestra representación nacional y se dé puntual cumplimiento a lo estipulado en el artículo décimo séptimo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día para las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación para el sistema electrónico de votación, que obliga al desahogo del Calendario Cívico Anual de Efemérides.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano (PAN): Gracias, señor diputado don Jesús González Schmal.
Como lo ha solicitado en su intervención, túrnese el documento a la Junta de Coordinación Política.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición por la que se exhorta a la SEMARNAT a iniciar el procedimiento para que se declare a la Sierra Tarahumara como Area Natural Protegida.
El diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Jorge de Jesús.
El diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera: El punto de acuerdo que hoy presento a esta Asamblea, tiene su antecedente inmediato en el artículo 2º. constitucional fracción IV en materia de los pueblos y comunidades indígenas, la que de manera textual establece preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
La fracción V del mismo artículo establece en relación con los mismos pueblos, la necesidad de conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, en los términos establecidos por esta Constitución.
Desde el punto de vista hidrológico, constituye la divisoria de aguas de todo el estado, naciendo ahí la mayoría de ríos de Sonora y Sinaloa; es en la Sierra Tarahumara en donde tienen su origen los ríos y corrientes de agua que alimentan con su caudal los sistemas de riego.
El papel que juega la vegetación forestal en las montañas de la Sierra Tarahumara, aparte de los beneficios directos que a las obras materiales reporta su conservación por métodos silvícolas, desempeña una alta función biológica respecto a los pueblos que los valles asientan.
Aquellas áreas que por su configuración topográfica, belleza natural, valor histórico, científico y recreativo, como es el caso de la caída de agua que lleva por nombre "Vasaseachi" (¿) le ofrece a los visitantes un espectáculo que los impresiona gratamente al poseer uno de los altos clasificados entre los más importantes del mundo.
La agricultura y ganadería son las principales ocupaciones de la población serrana, junto con la explotación forestal. En la Sierra Tarahumara conviven dos sociedades muy diversas entre sí, la mestiza-"chavochi", la "pinahuarojío"-los tarahumares (¿).
Un antecedente importante es el hecho de que lo más importante es que se convierta en reserva de la biosfera y más adelante en patrimonio mixto, natural, cultural e histórico de la humanidad.
Hay un hecho importante en que la SEMARNAT ya está trabajando esto con el gobierno del estado, para convertir la Sierra Tarahumara en área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera.
Punto de Acuerdo:
Se exhorta a la SEMARNAT a que continúe y aporte trámite que conjuntamente con el gobierno del estado de Chihuahua ha venido realizando, para convertir a la Sierra Tarahumara en área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera.
Segunda. Exhortar a la SEMARNAT para que en su momento inicie la investigación para que la reserva de la biosfera Sierra Tarahumara, sea considerada como patrimonio mixto de la humanidad.
Tercero. Se exhorta a la SEMARNAT a que los trabajos se hagan de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se preserven los valores, usos y costumbres de los pueblos indígenas de la Sierra.
Cuarto. Se instruye a las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería, Asuntos Indígenas, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pesca y Reforma Agraria, para que en sus diversas áreas de competencia den seguimiento, impulsen, brinde apoyo y colaboren con el logro de los objetivos anteriores.
En función de tiempo señor presidente, solicito que se inserte completo este punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Jorge de Jesús Castillo Cabrera, como lo ha solicitado insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria para el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene l uso de la palabra la diputada doña Yadira Serrano Crespo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para proposición por la que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los titulares de los ejecutivos locales, a emprender acciones preventivas sobre el suicidio de niños y jóvenes.
La diputada Yadira Serrano Crespo (PRD): Con la venia de la presidencia.
Ruego a la presidencia se inserte íntegro el texto del presente en el Diario de los Debates.
El suicidio es una tragedia, un claro signo de descomposición social y un problema alarmante de salud pública. Pero también es un fenómeno prevenible.
La OMS estima que en el mundo se comete un suicidio cada 40 segundos, casi 800 mil al año y que para el 2020 los casos podrían ascender al millón y medio.
En México la situación no es menos grave. En el 2002 el INEGI registró 3 mil 160 suicidios y 304 tentativas. En los últimos 20 años casi se ha quintuplicado el número. El 82.8% son hombres y el 12.2% son mujeres, quienes en su mayor parte lo hicieron en su propia casa, pese a que tenían pareja y trabajo estable.
Peor aún, el 44.5% de los hombres y el 60.7% de las mujeres suicidas, tenían menos de 30 años y el suicidio estuvo entre las 3 primeras causas de muerte en mujeres de 11 a 20 años.
El problema es multifactorial y dinámico, involucra variedad de males relacionados con la salud mental, que deben de ser atacados por el Estado Mexicano, pues uno de los grandes pilares del desarrollo es la salud mental, al tenor del artículo 72 de la Ley General de Salud, que establece como prioritario su atención.
La incidencia del suicidio entre menores de edad y jóvenes, amerita que las autoridades sanitarias y educativas tomen acciones prontas al respecto. La OMS y los expertos nacionales, coinciden en que las acciones concretas que obran en la versión publicada del presente, obviadas en razón del tiempo, tienden a prevenir los suicidios y mejoran la salud síquica.
Con el propósito de impulsar una solución a la problemática expuesta, la suscrita formula ante esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
Punto de Acuerdo.
Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, emprendan acciones preventivas coordinadas e integrales, contra el suicidio de niños y jóvenes que sean por sí mismas medidas de protección a la salud mental de los mismos.
Segundo. Se exhorta a los ejecutivos estatales para que tomen las medidas relacionadas con el punto anterior en el ámbito de su competencia.
Tercero. Se exhorta a las autoridades citadas a considerar las recomendaciones contenidas en el cuerpo del presente punto de acuerdo y a consultar a los especialistas de la materia, en la elaboración y operación de estas medidas.
Es cuanto señor presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputada.
En las instrucciones que la presidencia ha recibido, este asunto debe tramitarse como de urgente resolución. Por lo tanto, se instruye a la secretaría para que consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa:
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición.
En virtud de que la presidencia no tiene registrados oradores para intervenir en la discusión, se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa:
(Votación)
Gracias.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada.
Comuníquese.
Tiene el uso de la palabra el señor don René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para proposición por la que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a presentar la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los años 2001 y 2002, para su discusión y votación.
El diputado Rene Meza Cabrera (PRI): Con su permiso ciudadano Presidente.
Gracias.
Presento proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, entregar la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los años 2001 y 2002, para su discusión y votación, de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES:
El artículo 47 constitucional, en su fracción IV faculta a la Cámara de Diputados a revisar la cuenta pública del año anterior, refiriéndose a la comprobación de que las cantidades aprobadas en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación de un determinado año, correspondan exactamente a los ingresos obtenidos con los gastos realizados y, de existir discrepancias, determinar las responsabilidades de acuerdo a la ley.
A la vez, en el artículo 79 constitucional, señala a la Cámara de Diputados las instrucciones para fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
Esta ley, la de Fiscalización Superior de la Federación, que regula las acciones de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo titular lo designa el Pleno de la Cámara de Diputados con la cual se comunica a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la que dictamina la cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Así tenemos que la cuenta pública del año anterior, debe ser presentada a la Cámara de Diputados dentro de los diez primeros días del mes de junio, según establece el artículo (sic) fracción IV, sexto del párrafo constitucional (sic), y tiene que ser entregado con su informe a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, según lo establece el artículo 79.
Según informe de la Dirección del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales 2001 y 2002, ya están dictaminadas pero aún no han sido aprobadas por este Pleno.
Por tal razón, presento el punto de acuerdo: UNICO.- Se exhorte a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presente al Pleno de esta Cámara de Diputados los dictámenes con proyecto de decreto relativos a la revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los años 2001 y 2002 para su discusión y votación.
Es todo, ciudadano Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don René Meza Cabrera. Como lo ha solicitado, túrnese el documento a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene el uso de la palabra, la diputada doña Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición que tiene por objeto que la Auditoría Superior de la Federación audite al Director General de Pemex-petroquímica.
La diputada Rosa María Aviles Nájera (PRD): Gracias, señor presidente. Solicito que se publique en el Diario de Debates el texto íntegro.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Así se hará, señora diputada.
La diputada Rosa María Aviles Nájera: Gracias, señor presidente. En 1982 Pemex Petroquímica era la quinta empresa petroquímica del mundo y ahora está situada en el lugar número 40.
En 1993 trabajaban 64 plantas productoras de diferentes petroquímicos primarios. Actualmente de estas plantas sólo 22 de ellas están en operación, algunas a baja carga.
Desde 1996 empieza un evidente descenso de producción y de ingresos contables, de tal manera que las importaciones de petroquímicos llegan a ser casi la misma cantidad que lo que exportamos en creudo.
Es en el año 2000 cuando al ingeniero Rafael Beberí de Oomelí se le asigna el cargo de director de Pemex Petroquímica con el propósito de mejorar los resultados. Estos han sido peores. Caso concreto Petroquímico Cosoleacaque.
Este complejo cuenta con 5 plantas productoras de amoniaco, la materia prima para producir fertilizantes en todo el país. La baja de producción ha originado que se tengan pérdidas millonarias.
Se ha denunciado al titular de la dirección, ingeniero Rafael Beberi de Lomelí en la Secretaría de la Función Pública, donde se le responsabiliza de graves fallas administrativas, siendo algunas de ellas que no ha gestionado la baja del precio del gas como insumo del complejo, pero sí lo ha hecho para beneficiar el proyecto Fenix, cuyo mayor porcentaje de inversión es de la iniciativa privada.
Se ha perjudicado al campo mexicano por la falta de producción de fertilizantes para los campesinos y en 4 años de su administración la producción de petroquímicos ha caído más del 150 por ciento.
Caso planta de clorados 3, cloruro de vinilo, del complejo petroquímico Pajaritos. Se hicieron del conocimiento de la Secretaría de Energía las irregularidades presentadas en la planta de clorados 3. Se mencionan algunas de ellas: la planta fue ampliada a su capacidad en un 100 por ciento con un costo de casi 115 millones de dólares; los equipos están dañados en un 85 por ciento por una mala selección de materiales.
Punto de acuerdo. Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo la revisión prevista por los artículos 36 a 44 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, al director general de Pemex Petroquímica por los ejercicios fiscales 2000 al 2004 por existir la presunción de un daño patrimonial al Estado en su hacienda ppública federal.
Segundo. Que el resultado de dicha revisión permita deslindar las responsabilidades que la misma establezca y en su caso aplicar la ley a quien o quienes resultaren responsables.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. México, D. F., a 2 de diciembre del 2004.
Lo suscribimos la de la voz por el grupo parlamentario del PRD, los diputados Francisco Javier Carrillo Soberón, la diputada Yadira Serrano Crespo por el Partido Revolucionario Institucional, los diputados José Adolfo Murat, Víctor Alcérreca, Carmen Guadalupe Fons, Enrique Escalante y por el grupo parlamentario del PT el diputado Pedro Vázquez González. Gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias a usted, doña Rosa María Avilés Nájera. Como está registrado por parte de la Junta de Coordinación Política, consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Hay duda, señor presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Si hay dudas procederemos, por economía procesal, a ordenar la votación nominal. Instruyo a la secretaría para el efecto de que disponga se abra el sistema electrónico hasta por seis minutos para recabar la votación nominal.
El Secretario Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
Abrase el sistema electrónico de votación por 6 minutos para recoger la votación de la propuesta.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Y le recuerdo que la votación es calificada.
(Votación nominal)
El Secretario Marcos Morales Torres: Señor Presidente se emitieron 247 votos en pro; en contra 119 y una abstención.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Ruego a la Secretaría me indique si quedó aprobado o no la urgente resolución por la votación calificada de dos tercios.
El Secretario Marcos Morales Torres: En un momento, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Sí, adelante, señor Secretarios. Tómese su tiempo.
El Secretario Marcos Morales Torres: Señor Presidente Es mayoría calificada.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor Secretario.
Se considera de urgente res...
En consecuencia está a discusión la proposición.
Como esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutida.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se aprueba.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, Secretario.
Aprobada. Comuníquese.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pablo Franco Hernández...
El promovente ha solicitado que este punto del orden del día se posponga para final del capítulo.
Por lo tanto tiene el uso de la palabra el señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para proposición por la que se solicita respetuosamente a la Cámara de Senadores, emita el dictamen correspondiente a la minuta que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción IV y se reforma el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI): Con su venia, señor Presidente.
Hago uso de la tribuna para solicitar el apoyo de todos los compañeros diputados en este Punto de Acuerdo que más que de urgente resolución, es de obvia resolución y así nos lo permite el artículo 59 de nuestro Reglamento.
¿Por qué obvia resolución? Porque esta Cámara de Diputados el pasado 15 de abril, aprobó por 395 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones, un dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados. Dictamen que se refiere al artículo 71 fracción IV de nuestra Constitución.
Quiero señalar que este dictamen proviene de una minuta del Senado de la República, emitida por el mes de abril del año pasado, del 2003, y se refiere a un tema trascendental en la vida y respeto entre los poderes del Estado, que es el derecho de iniciativa del Poder Judicial de la Federación.
Esta Cámara de Diputados ha pronunciado, en diversas ocasiones, el respeto a la autonomía de poderes, lo ha manifestado con hechos; ésta es una muestra más de un respeto al propio Poder Judicial de la Federación.
La propuesta aprobada por esta Cámara de Diputados señala que tendrán el derecho de iniciativa el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las materias relativas al ejercicio de las funciones del Poder Judicial de la Federación. Esta ha sido una lucha del Poder Judicial. Es momento oportuno para concretar esa lucha.
Por lo tanto, solicito que esta Cámara de Diputados, de manera respetuosa. le solicite a la Colegisladora emita el dictamen correspondiente, mismo que se encuentra turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.
Con el respeto con el que siempre nos hemos conducido entre Cámaras, solicitamos a la Cámara de Diputados -termino diputado Presidente- dictamine a la brevedad esta minuta de la Cámara de Diputados para otorgarle al Poder Judicial de la Federación algo que en derecho le corresponde.
Muchas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Héctor.
Como lo ha solicitado don Héctor Gutiérrez de la Garza y con el término que él ha solicitado que se utilice, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de obvia resolución.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente u obvia resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias Secretario.
Se considera de obvia resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.
Como esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutida y se instruye a la Secretaría para que consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada.
Con todo respeto comuníquese a la Cámara de Senadores.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para proposición por la que la Cámara de Diputados se congratula con la comunidad internacional por haber conseguido la liberación de algunos prisioneros de conciencia de cárceles cubanas y hace votos porque la medida se extienda a todo preso de opinión en la República de Cuba.
El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez (PAN): Con su venia, señor Presidente.
Durante la pasada oleada represiva en Cuba, ocurrida entre el 18 y el 26 de marzo del 2003, 75 luchadores por la democracia y los derechos humanos fueron encarcelados y sentenciados con penas de 28 años, sumadas estas condenas dan la friolera cantidad de 1,454 años en contra de la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de asociación.
"En esta cacería la policía cubana no incautó más que maquinas de escribir, manuscritos, libros y aparatos de fax, que de acuerdo con las leyes cubanas son peores que armas letales.
"Inmediatamente después de este acto atroz y a pesar de que la condena internacional crecía, el gobierno de Cuba enjuició sumariamente a los hombres y mujeres que habían secuestrado un barco en un fallido intento por escapar de la isla. Tres de ellos fueron ejecutados por un escuadrón de fusilamiento sin que mediara juicio alguno.
"El rechazo internacional a esta barbarie no se hizo esperar, la Unión Europea por ejemplo, decidió en junio del 2003, mediante una resolución unánime de sus miembros, limitar las visitas de alto nivel a Cuba, invitar a los disidentes a ceremonias nacionales, a fiestas y reexaminar la posición comunitaria hacia la isla en respuesta a estas flagrantes violaciones al derecho humanitario internacional.
"Ante este clamor de las naciones democráticas del mundo, Cuba nos da por fin una buena noticia, la excarcelación de algunos prisioneros de opinión, detenidos durante la segunda oleada represiva. Se trata entre ellos de un icono de la disidencia cubana, ganador del premio UNESCO a la libertad de expresión, el poeta y periodista Raúl Rivero y algunos más.
"Los presos fueron liberados, de acuerdo con fuentes oficiales, por motivos de salud, mediante un instrumento denominado licencia extra penal.
"Aunque se habla de más liberaciones, incluso el día de hoy se hace la más reciente de ellas, lo cierto es que no parece existir la decisión de dejar libres a los restantes, tal y como la comunidad internacional lo ha exigido al gobierno de Cuba.
"Por eso queremos que como punto de acuerdo, para que no haya más presos por pensar diferente, que suscribamos en congruencia con lo que son los derechos fundamentales, el siguiente
"Punto de Acuerdo
"Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se congratula con la comunidad internacional, por haber conseguido la liberación de algunos prisioneros de conciencia de cárceles cubanas y hace votos porque la medida se extienda a todo preso de opinión en Cuba.
"Segundo.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reconoce y felicita al gobierno español que encabeza un esfuerzo de la Unión Europea y la Comunidad de Naciones Democráticas, porque ha conseguido un gran triunfo para las libertades civiles en el país caribeño".
Muchas gracias.
(aplausos)
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Rodrigo Iván Cortés Jiménez.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
¿Los que estén por la negativa?
(Votación)
Gracias.
La mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Por lo tanto, no se considera de urgente resolución y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con Punto de Acuerdo, en referencia al problema del transporte en el área metropolitana de la Ciudad de México.
El diputado Javier Salinas Narváez (PRD): Con su venia, señor Presidente.
"Compañeras y compañeros: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes
"Consideraciones
"El día de hoy quiero distraer su atención sobre un asunto preocupante para los habitantes del Valle de México, una problemática que no es exclusiva del Distrito Federal sino de las ciudades que comparten territorio con otras entidades federativas o municipios, me refiero al problema del transporte y sus manifestaciones metropolitanas.
En días recientes diversas movilizaciones sociales desembocaron en el exterior de este recinto legislativo, reclamando la extensión del Sistema de Transporte Colectivo Metro hacia el Estado de México, se ha hecho patente así, más allá de las motivaciones políticas y la identidad partidista de esos grupos, el reclamo de muchos ciudadanos que habitan en la periferia del Distrito Federal, debido a una creciente necesidad de transporte, para trasladarse de sus áreas de origen hacia sus centros de trabajo o de estudio.
Se calcula que todos los días, entre 3.5 y 4 millones de personas, que tienen como lugar de residencia el Estado de México, deben trasladarse al Distrito Federal y regresar al cabo del trabajo a sus lugares de origen, provenientes de Ecatepec, Naucalpan, Tlanepantla, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Cuatitlán y Tultitlán, principalmente, esos millones de personas asumen riesgos para llegar hasta sus centros de trabajo y volver a sus hogares por las noches.
Para quienes como un servidor, somos representantes del Estado de México, es como un escuchar las peticiones y demandas de grupos de colonos y de personas que quieren más y mejor transporte, para llegar seguros y a tiempo hacia sus lugares de trabajo y de vuelta hacia sus hogares.
Es una demanda sentida, si calculamos que en ocasiones el tiempo de traslado de un viaje redondo, puede llevarse en promedio entre dos y media y tres horas todos los días. Es el tiempo y son los recursos que los mexiquenses gastan diariamente, por la insuficiencia de un sistema de transporte colectivo, económico y de bajo impacto ambiental, accesible y suficiente.
Se debe considerar también que cada día la transportación hacia la periferia de la ciudad de México, se ha vuelto una circunstancia de riesgo por la creciente atmósfera, inseguridad y criminalidad.
Compañeros y compañeros, necesitamos encontrar los instrumentos presupuestales, tecnológicos y de estructura para ayudar a vivir a la creciente problemática de transporte metropolitano, en virtud de todo lo anterior, me permito someter a la consideración de este honorable pleno, una proposición como
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- Que con pleno respeto a la soberanía del Estado de México, el Distrito Federal se solicita respetuosamente a los gobiernos estatales señalados, para que en marco de sus atribuciones, realicen los estudios técnicos y financieros necesarios, que busquen alternativas para la resolución a la problemática del transporte metropolitano y del Valle de México.
TERCERO.- Que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y el Distrito Federal y de Transportes de la Cámara de la Unión, nombren a una Subcomisión, a efecto de que se entrevisten con los gobiernos citados y puedan cambiar puntos de vista para solucionar este problema.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Javier Salinas Narváez.
Como está comunicado se instruye a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia y con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento Interior en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión la proposición.
En virtud de que esta presidencia no tiene oradores registrados, se considera la proposición suficientemente discutida y se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada.-
Comuníquese.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rómulo Cárdenas Vélez, integrante de la Comisión Especial para el Campo, para una proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión Especial para el Campo tenga vigencia hasta concluir la LIX Legislatura.
El diputado Rómulo Cárdenas Vélez (PAN): Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante señor diputado don Rómulo Cárdenas.
El diputado Rómulo Cárdenas Vélez: Compañeras y compañeros diputados:
Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados Rafael Galindo Jaime, Miriam Arabián, Valentín González, Presidente, Secretarios y el suscrito, Rómulo Cárdenas Vélez, integrantes de la Comisión Especial para el Campo, nos permitimos someter a la consideración el presente punto de acuerdo de conformidad con la siguiente exposición de motivos:
El campo mexicano se caracteriza por una amplia heterogeneiddad productiva, una grave dispersión social con una economía en peligro de generar estallidos sociales, marcado deterioro de los recursos naturales. Aunado a lo anterior, se suma el arraigado mininfudismo de la tierra ejidal, amplias regiones en pobreza extrema y niveles vergonzantes de desnutrición. Para transformar estas condiciones se requiere de un Estado activo en la economía fundamentalmente como promotor, encabezando los esfuerzos y corrigiendo los desequilibrios del mercado, con una visión integral de largo plazo que contribuya al desarrollo rural integral y sustentable, con especial atención en las regiones marginadas y exclusivas donde sobreviven los mexicanos con pobreza extrema.
Del año 200 a la fecha, los acontecimientos más importantes para el campo lo han sido la publicación de la Ley de Desarrollo Rural y el Acuerdo Nacional para el Campo. La primera es el marco jurídico para iniciar un proceso para mejorar las condiciones económicas y sociales del campo, el segundo se concibe como el instrumento que comprende las acciones sustantivas para contar con políticas del campo. Es por ello que esta comisión desempeña una tarea muy importante de evaluación sobre los numerales y su permanencia resulta necesaria, bajo las siguientes consideraciones:
Primera. Que el Acuerdo nacional Para el Campo es producto del diálogo de las organizaciones campesinas y de productores con el Gobierno Federal, su vigencia se estableció durante toda la administración del Presidente Vicente Fox.
Segunda. Que los avances en el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo son parte de las dependencias federales. Aún son muy limitadas.
Tercera. Que la problemática general del campo mexicano requiere de un requerimiento puntual establecidas en dicho acuerdo, a fin de asegurar el bienestar de los productores mexicanos.
Cuarta. Que debe existir una instancia de la H. Cámara de Diputados que se encargue de la evaluación del cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Se solicita al pleno de la H. Cámara de Diputados apruebe la continuación de los trabajos de la Comisión Especial para el Campo, toda vez que no se han cumplido plenamente los objetivos encomendados.
Es cuanto señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Rómulo Cárdenas Vélez.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Rebeca Godínez y Bravo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición que tiene por objeto que en la sesión del día 9 de diciembre de 2004, un integrante de cada grupo parlamentario de esta Cámara de Diputados emita un posicionamiento sobre la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
La diputada Rebeca Godínez y Bravo (PRI): Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
En 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró que el día 10 de diciembre se instituyera como el Día Internacional de los Derechos Humanos. El fortalecimiento de los derechos humanos es uno de los principales compromisos internacionales adquiridos a lo largo de los años, entre otros, mediante la ratificación de diversos instrumentos vinculantes. En este sentido, el Estado Mexicano requiere de dinamismo en la esfera legislativa, pues ésta afecta cada uno de los actos de la vida de las personas y de las instituciones.
En el Siglo XXI tenemos que aprender a cumplir la promesa de que los derechos humanos son universales e indivisibles, por ello es fundamental que fortalezcamos nuestra lucha de manera simultánea en todos los frentes contra todas las formas de opresión, violencia y tortura, contra la pobreza, contra la restricción de los derechos políticos, contra todas las formas de discriminación.
Los adultos mayores, las mujeres y los hombres indígenas, los niños, niñas y adolescentes, los migrantes, los que viven con capacidades diferentes entre otros grupos en situación de vulnerabilidad, precisan de políticas públicas e instrumentos jurídicos que garanticen su vida con pleno respeto a los derechos humanos.
El Congreso de la Unión es una de las instituciones democráticas y plurales que tiene la obligación y compromiso ineludibles de perfeccionar nuestro marco jurídico nacional.
Dadas las facultades que tiene la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Honorable Cámara de Diputados, para organizar todos aquellos actos que impulsen y promuevan la cultura de los derechos humanos entre los mexicanos y mexicanas y fundamentalmente, porque en estos momentos estamos dictaminando en conferencia con el Senado de la República, una serie de iniciativas para elevar a rango constitucional los derechos humanos, es que tenemos la responsabilidad de que el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se constituya una reflexión comprometida con el derecho internacional de los derechos humanos en nuestro país.
Por lo anterior proponemos el siguiente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.
Único.- Que en la sesión del día 9 de diciembre de 2004, un integrante de cada grupo parlamentario de esta Honorable Cámara de Diputados, emita un posicionamiento sobre la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
La firman la diputada Eliana García Laguna, la diputada Leticia Gutiérrez Corona, la diputada Rebeca Godínez y Bravo y el diputado Francisco Valdez de Anda.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, doña Rebeca Godínez y Bravo.
Como lo ha solicitado, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgentes resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión.
Como esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutida y por lo tanto se instruye a la Secretaría para que consulte a la asamblea en votación si se aprueba.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias Secretario, aprobada.
Comuníquese.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña María Antonia García Sanjines, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición por las que se exhorta a las autoridades de los tres órganos de gobierno a promover la producción de biogas y la lombricultura siguiendo el ejemplo el ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas.
La diputada María Antonia García Sanjines (PAN): Con su venia diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante doña María Antonia.
La diputada María Antonia García Sanjines: Los recursos naturales están confiadas a la administración común de la humanidad para que tenga cuidado de ellos, los domine mediante su trabajo y se beneficie de sus frutos.
Este principio se conoce como el destino universal de los bienes. Estos bienes están destinados a todo el género humano, no exclusivamente a los de una sola época.
Es por ello que se hace imperativo el cuidado de los recursos naturales a efecto de que mediante esta solidaridad entre generaciones, nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de estos bienes como nosotros lo hemos hecho.
Por esta razón, es importante que las autoridades de los tres órdenes de gobierno promuevan los proyectos tecnológicos que sean respetuosos de los recursos naturales, que sean fieles a este principio como es el caso de la producción de biogas y la lombricultura que está siendo implementado por el ayuntamiento panista de la ciudad de Tampico, Tamaulipas.
El objetivo del proyecto de biogas es utilizar desechos orgánicos como rumen, estiércol de res y cerdo, desperdicios orgánicos domésticos de mercados, etcétera, para generar este producto.
De este modo se propicia sustituir los combustibles comunes como gas natural, diesel, gas L. P. y gasolina, por biogás en calderas recipientes a fuego directo, autobuses y automóviles y así disminuir la carga de contaminación ambiental.
En Tampico Tamaulipas, se está utilizando esta forma de energía alterna dentro del rastro municipal, al aplicarlo para la quema del pelo de cerdo y de esta forma se está ahorrando al no tener que comprar gas L. P.
El otro caso, la lombricultura, es una biotecnología que utiliza una especie domesticada de lombriz como una herramienta de trabajo que recicla todo tipo de materia orgánica obteniendo como fruto de este proceso humus, carne y harina de lombriz. Su objetivo general es utilizar los residuos orgánicos de rumen y estiércol generados en la planta de sacrificio animal de la ciudad de Tampico, como alimentos de lombriz roja californiana para generar productos de alto valor comercial y ambiental como lo son: el humus de lombriz, bio abono y la misma lombriz. El humus de lombriz se utiliza como base de la agricultura orgánica en viveros y hortalizas, en cultivos perennes, agrícolas y forestales.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. Que se exhorte a las autoridades de los tres ordenes de gobierno a que promuevan la producción de biogás y la lombricultura siguiendo el ejemplo del ayuntamiento de Tampico Tamaulipas.
Segundo. Recomendar a las Comisiones de Agricultura, Energía y Salud que analicen el tema y lo incorporen en sus respectivas agendas de trabajo, a efecto de emitir opiniones sobre los beneficios de esta tecnología.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias doña María Antonia García Sanjinés. Túrnese el documento a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Energía y de Salud.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para proposición por la que se solicita se realice la fiscalización de los recursos públicos en custodia del servicio de administración y enajenación de bienes.
El diputado Tomás Cruz Martínez (PRD): Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante don Tomás Cruz.
El diputado Tomás Cruz Martínez: Compañeros diputados:
El punto que quiero plantear a la Comisión de Vigilancia, tiene relación con el servicio de administración y enajenación de bienes, el cual como todos sabemos depende de la Secretaría de Hacienda, que ha absorbido funciones, responsabilidades del fideicomiso liquidador de instituciones y organizaciones auxiliares de crédito, así como del servicio de administración de bienes asegurados de la administración de destinos bienes del SAT, de la Dirección General de Activos no Monetarios de la Tesorería de la Federación y de la Unidad de Desincorporación de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, sabemos de un procedimiento legislativo en trámite que ya fue aprobado en el Senado, para hacer aún más fortalecido este organismo y poder dar orden a los bienes asegurados. El propósito es el de llamar la atención sobre el desorden que hemos advertido varios diputados del PRD en la administración de bienes de esta institución descentralizada de Hacienda.
Recientemente acudimos a hacer un trámite en los términos de los procedimientos de esta institución con presidentes municipales de varios lugares del país y la sorpresa que nos llevamos con quien se encuentra al frente de la institución, por boca de él mismo es: "que no conoce el estado que guardan los bienes que se encuentran salvaguardados en esa institución y que por lo tanto, no puede dar trámite a las solicitudes de adjudicación de bienes que hicieron varios alcaldes del país".
La negativa a la información puede ser lo de menos, lo grave es que de ser cierto, el fortalecimiento que se esta haciendo a través de las modificaciones a la ley de esta institución, no se reflejan en un orden y en una administración adecuada .
Por tal razón solicitamos, proponemos como punto de acuerdo a la Comisión de Vigilancia, el siguiente:
Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mandata a la Comisión de Vigilancia y Fiscalización para que ésta instruya a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que se auditen los bienes incautados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 33 fracción VIII y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Eso es todo, muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Tomás Cruz Martínez.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a modificar el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.
El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Elpidio.
El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano: Compañeras y compañeros diputados:
El Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, fue expedido por el titular del Ejecutivo Federal en el ejercicio de la facultad conferida en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La norma en vigor abrogó el denominado "Reglamento de la Zona Federal Marítimo-Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 1982.
El reglamento de la presente proposición tiene por objeto proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
En lo que se refiere al uso, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas de la zona federal de los terrenos ganados al mar y los bienes que forman parte de los recintos portuarios, consideramos en primer lugar que el reglamento en cuestión, cuya modificación se persigue, señala en el capítulo de las infracciones y sanciones diferentes medios coercitivos para quienes infrinjan las disposiciones normativas sobre el uso y aprovechamiento del mar.
Las infracciones a las que se refiere el reglamento son sancionadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, con multa de 50 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Tercero. La falta de proporcionalidad que se advierte al analizar los montos de las multas mencionadas y teniendo en cuenta que el reglamento no establece criterios para determinar la gravedad o la levedad de la infracción, se puede concluir que la disposición reglamentaria es particularmente ambigua, discrecional e inequitativa, pero sobre todo inconstitucional, por lo que viola el artículo 21 de la Carta Magna al establecer sanciones desproporcionadas.
Cuarto. Atendiendo a lo señalado en el considerando anterior y teniendo en cuenta las disposiciones de la Constitución General sobre la naturaleza y los alcances de las infracciones administrativas, tema contemplado en el artículo 21 de la Constitución, es que se resalta incomprensible en el ánimo del Ejecutivo Federal del establecer, que en el caso que nos ocupa, una multa a todas luces contraria al texto del numeral constitucional invocado.
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos –termino, señor Presidente- propongo el siguiente punto de acuerdo:
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en plena consideración del principio constitucional de División de Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a fin de que se sirva modificar el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento y quedaría como sigue:
Artículo 75. "...las infracciones a las que se refiere este reglamento serán sancionadas por la Secretaría, previa audiencia al infractor, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Es cuanto señor presidente y le solicito se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias.
Como lo solicita don Elpidio Concha Arellano, diputado federal, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para proposición para que en el Estado de Nuevo León no se lleve a cabo el reemplacamiento vehicular propuesto en días pasados por el Ejecutivo estatal.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (PAN): Con su venia señor presidente:
Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario diputada federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 77 fracción I y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 56, 58, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso Federal, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo para que en el Estado de Nuevo León no se lleva a cabo el reemplacamiento vehicular, propuesto en días pasados por el Ejecutivo Federal.
Lo anterior en los siguientes fundamentos:
Primero. Las láminas actuales tienen apenas dos años de haberse colocado y por consiguiente se encuentran en perfecto estado y no necesitan ser reemplazadas.
Segundo. No existe ninguna normatividad para que se exija el cambio de placas ahora determinado.
Tercero. La norma oficial aplicable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no hace ninguna referencia a la periodicidad del cambio de las mismas.
Cuatro. Los abajo firmantes diputados federales del Partido Acción Nacional Jorge Luis Hinojosa, Judith Díaz y Norma Saucedo, no consideramos correcto obligar a la población ni al Estado, a incurrir en un gasto a todas luces innecesario, especialmente por lo que se daba al origen de la supuesta necesidad de cambiar estas placas, que era el introducir placas blindadas contra la clonación.
Sin embargo, el pasado 12 de noviembre del año en curso, uno de los periódicos de la localidad menciona que se acaba de lanzar una licitación pública en donde se hace mención de que se adquirirán estas placas sin incluir las medidas de seguridad.
Por lo anterior nosotros consideramos que es innecesario hacer incurrir a la población en este gasto innecesario y que el propio Estado gaste de más.
Muchas gracias señor presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputada Tatiana Clouthier Carrillo
Túrnese el documento de referencia a la Comisión de Gobernación.
Por favor sonido en la curul del señor diputado Bailey.
El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (desde la curul): Diputado presidente, también se turne a la Comisión de Comunicación.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Señor diputado Bailey, la razón de que la presidencia acuerde el turno a la Comisión de Gobernación, es que de acuerdo con la legislación secundaria, es la Secretaría de Gobernación la que enlaza los poderes federales con los poderes locales.
No obstante dado que muestra su interés en que participe en este tema la Comisión de Comunicaciones, esta presidencia obsequia su solicitud en sentido favorable.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Hacienda y Crédito Público y de Economía, a no permitir la introducción de manzanas y duraznos en nuestro país, sin antes haber realizado una estricta supervisión sanitaria.
La diputada Jorge de Jesús Castillo Cabrera (PRI): Con su permiso señor presidente:
La fruticultura en Chihuahua no es una actividad nueva, es la más eficiente, desarrollada y productiva del país; es fruto de muchos esfuerzos, de cuantiosas y inversiones y sobre todo, del trabajo de los hombres y las mujeres del campo chihuahuense que han sabido vencer con tesón y esmero las adversidades del medio ambiente.
Constituye un pilar importante en la economía de la entidad y es una de las importantes fuerzas generadoras de empleo.
Los tratados comerciales abrieron las puertas de la importación masiva a los productos extranjeros del campo y el esfuerzo de muchos años de trabajo peligra, decisión que ha permitido que el principal productor mundial de manzanas y de durazno, los vecinos del norte, sin restricciones exporten sus productos a nuestro país ocasionando serios perjuicios al productor nacional.
La apertura comercial por la firma del tratado, coincidió con la peor crisis financiera de los ’90. Así, un gran número de productores cayeron en cartera vencida y en el buró de crédito, aunque a la fecha la mayoría de los productores ya pagaron o renegociaron sus deudas sin embargo se continua registrando su caso en el buró de crédito.
Sobre este particular, también es necesario exigirle a las autoridades de SAGARPA, a través de SENACICA, lleve a cabo una real inspección sanitaria para que la solución en la aplicación de cuotas compensatorias no sea parcial sino total, para proteger la producción nacional si no procederemos así a tener serios conflictos sociales en el campo.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto de los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes:
Puntos de Acuerdo:
Primero.- Se exhorta respetuosamente a la SAGARPA y a la SENACICA para que no permitan la introducción de manzana y duraznos sin antes haber realizado una estricta supervisión sanitaria con la participación de nuestros productores organizados y de acuerdo a las normas oficiales aplicables.
Segundo.- Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía para crear un instrumento operativo integral, tomando en consideración los programas que constituyen fondo de garantía, crédito y auto seguros para el mediano y pequeño productor de manzanas y durazno.
Tercero.- Exhortar a la Secretaría de Economía para que se apoye a los productores con programas de promoción para la comercialización de las manzanas y duraznos producidas en el estado de Chihuahua en los mercados nacionales e internacionales.
Cuarto.- Se exhorte a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía, a realizar las gestiones para sanear los registros en el buró de crédito a los productores de la Unión Nacional de Fruticultores del estado de Chihuahua, para que sean sujetos de crédito ante la banca privada y de desarrollo.
Termino señor Presidente. Le pido nada más que sea integrado el texto completo en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de Debates.
Es cuanto. Gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don Jorge de Jesús Castillo.
Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates; publíquese en la Gaceta Parlamentaria, para el caso de que no haya sido publicado; y, túrnese a las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público y de Economía.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para una proposición por la que se exhorta al Ejecutivo Federal a que convoque a la integración del Consejo Nacional del Fomento de la Lectura y del Libro.
El diputado José Antonio Cabello Gil (PAN): Con su venia, diputado Presidente. Gracias. Compañeras y compañeros diputados.
Tanto en el área de crecimiento con calidad como en el área de desarrollo social y humano del Plan Nacional de Desarrollo, se establecieron líneas de acción para el fomento de la lectura como estrategia fundamental para el desarrollo cultural y educativo nacional.
A partir de estos grandes lineamientos, se elaboró el Programa Nacional de Cultura que establece diez grandes campos de acción para la política cultural, siendo uno de ellos el fomento del libro y la lectura.
Una gran parte de esto se encuentra fundamentado jurídicamente en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, normativa en la que se establece que corresponde a la autoridad educativa federal, en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, realizar el Programa Nacional de Fomento a la Lectura y al Libro, a través de paquetes didácticos, de estímulo e información de lectores, campañas, becas, premios, ferias y festivales, entre otras medidas.
A pesar de la importancia que reviste el Consejo referido, éste no ha sido integrado; de serlo, esta instancia contribuiría al cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Cultura, así como en la organización en nuestro país de la conmemoración del cuarto centenario de la primera edición del libro El Quijote, conmemoración que está promoviendo la UNESCO en todo el mundo.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. Que a fin de que se cumpla cabalmente con lo dispuesto por la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, esta asamblea exhorta al titular del Poder Legislativo a que, a través de la Secretaría de Educación, convoque a la integración del Consejo Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro, como lo establece la ley en comento.
Segundo. Esta misma asamblea exhorta y solicita al titular del Poder Ejecutivo, a través de las instancias correspondientes y del propio Consejo Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro, a integrarse, que con motivo del cuarto centenario de la primera edición de El Quijote y a fin de que México se una a esta celebración mundial, se organice para los días 23 de abril al 1º. de mayo del 2005 la semana nacional de la lectura en torno a la figura de la persona y la obra de don Miguel de Cervantes Saavedra.
Solicito a la presidencia se integre el texto íntegro de la presente proposición con punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado. Como lo solicita don José Antonio Cabello Gil, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y de Servicios Educativos.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alvaro Burgos Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar eficientemente la repatriación de cadáveres de nuestros connacionales en los Estados Unidos de América.
El diputado Alvaro Burgos Barrera (PRI): Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: la presente proposición ha sido publicada el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria, y en respeto al tiempo de los miembros de esta honorable asamblea, sintetizo su contenido al tenor de las siguientes consideraciones:
Una de las prioridades que el gobierno de México debe tener es el velar por la dignidad, los derechos humanos y demás garantías de los mexicanos en el exterior.
Menciono lo anterior para transmitir a ustedes las preocupaciones que tiene la comunidad migrante mexicana, que suma su voz en contra de la atención deficiente que recibe cuando solicitan al consulado mexicano el apoyo para la repatriación de cadáveres de migrantes e indocumentados mexicanos.
Cabe mencionar que cada año se envían a México un promedio de 8 mil cadáveres de migrantes e indocumentados provenientes de Estados Unidos. Esto constituye el mayor movimiento internacional de restos humanos en el mundo.
El costo de cada repatriación es de 35 mil pesos, de los cuales, en teoría, los familiares pagan la mitad y la Cancillería la otra parte. Y digo en teoría porque en los hechos no es así, al aplicarse criterios que no son nada claros debido a que la discrecionalidad permite argumentar a las autoridades consulares que su aplicación depende de la situación económica, de las necesidades de las familias y de la disponibilidad de recursos.
Debemos exigir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se nos informe de esta situación, pues es lamentable que se trate así a nuestros migrantes cuando sabemos que están atravesando por una situación tan sensible como es el fallecimiento de un familiar.
Es necesario saber porqué se les está negando un recurso que nosotros aprobamos, recursos que deben ser para apoyar a los familiares de nuestros hermanos que lamentablemente pierden la vida del otro lado de nuestras fronteras, la mayoría jóvenes en busca de oportunidades para mejorar su calidad de vida.
Por las consideraciones expuestas, presento el siguiente punto de acuerdo.
Primero. Se solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a la brevedad informe a esta soberanía sobre los criterios que se están utilizando para brindar el apoyo económico en el caso de traslado de cadáveres, así como los montos que son entregados en cada consulado.
Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los recursos económicos se encuentren disponibles de inmediato en las cuentas que manejan los consulados de México para evitar demoras innecesarias.
Tercero. Se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dicho fondo sea otorgado por lo menos en un 80 por ciento a aquellas personas que fallecen dentro de cualquier estado de la Unión Americana y en un 100 por ciento en aquellos casos donde pierdan la vida mexicanos que van llegando a territorio americano. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Alvaro Burgos.
Túrnese el documento a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proposición que tiene por objeto contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, la elaboración de los estudios de factibilidad técnica y financiera así como el proyecto de ejecución para los sistemas ferroviarios que integran el Ferrocarril Suburbano para la Zona Metropolitana del Valle de México.
Me indican que se pospone para el final del capítulo.
Por lo tanto tiene el uso de la palabra el diputado don Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición por la que se solicita a la Comisión de Cultura haga las observaciones pertinentes al INAH para que garantice la seguridad, mantenimiento y actualización de la seguridad de los inmuebles del estado de Chiapas.
El diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior, someto a la Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de cultura haga las observaciones pertinentes al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que garantice la seguridad, mantenimiento y la actualización de la seguridad en los inmuebles del estado de Chiapas, al igual que la salvaguarda de las colecciones, los inmuebles y la integridad de las personas que visitan las instalaciones bajo las consideraciones siguientes:
En el estado de Chiapas contamos con una concentración de monumentos históricos importantes en la ciudad de Chiapa de Corzo, hay un catálogo formulado de las características urbanas arquitectónicas del Centro Histórico y en efecto se concluye que existe un perímetro bien definido de monumentos históricos formado por 84 manzanas, las cuales comprenden 278 edificios con valor histórico, localizados en un área de 2.39 kilómetros cuadrados.
Fue de las primeras ciudades fundadas por los españoles en la tierra chiapaneca. Se suma a las zonas de monumentos históricos patrimonio de la nación. Esta declaratoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día viernes 24 de noviembre del 2000.
Las obras civiles relevantes construidas en los siglos del XVI al XIX, comprendidas dentro de la zona de monumentos históricos, inician a partir de la Plaza Central en la que se encuentra la frondosa seiba anciana que los chiapacorceños conocen como la Pochota y junto a la cual los castellanos construyeron una fuente monumental de magnífica arquitectura llamada actualmente "La Pila".
Las edificaciones restantes son inmuebles civiles de uso particular en las que sus partes arquitectónicas, elementos formales y fisonomía urbana, representan la congruente sedimentación de diferentes etapas históricas por lo que adquieren importancia para la zona, cuya conservación es de interés nacional.
El Ejecutivo Federal ha considerado conveniente incorporarlas al régimen previsto por la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, la cual dispone que es de utilidad.
Hago mención de que este Instituto tiene excelente plan de trabajo y cubre las expectativas de cualquier cuerpo y de protección de seguridad, mantenimiento y salvaguarda a las acciones que menciono a continuación:
Punto de Acuerdo
Se turne a la Comisión de Cultura, a fin de que en el ejercicio de sus facultades haga las observaciones pertinentes al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que garantice la seguridad, mantenimiento y actualización de la seguridad en los inmuebles, al igual que la salvaguarda de las colecciones y la integridad de las personas que visitan las instalaciones culturales del estado de Chiapas.
Por lo antes expuesto solicito a esta Honorable Cámara de Diputados considere el presente Punto de Acuerdo para que sea turnado a Comisión y solicito a la Presidencia se incluya el texto íntegro del presente Punto de Acuerdo en la Gaceta parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado.
Como lo solicita don Roberto Aquiles Aguilar Hernández, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no se haya publicado y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición por la que la Cámara de Diputados se congratula por la reciente ratificación del Protocolo de Kyoto por parte de la Federación de Rusia.
La diputada Blanca Gámez Gutiérrez (PAN): Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante doña Blanca Gámez.
La diputada Blanca Gámez Gutiérrez: Los Estados que aprobaron la Convención Marco en las Naciones Unidas sobre el cambio climático en 1992 reconocieron que esta podría ser una plataforma para tomar medidas más enérgicas en el futuro, al establecer un procedimiento permanente de examen, debate e intercambio de informaciones la Convención permite asumir compromisos adicionales en respuesta a los cambios que se produzcan en la comprensión científica de los problemas y en la voluntad política existente.
El primer examen de la adecuación de los compromisos de los países desarrollados se realizó según lo solicitado en la primera reunión de la conferencia de las partes, que se celebró en Berlín en 1995. Las partes decidieron que el compromiso de los países desarrollados de tratar de restablecer sus emisiones en los niveles de 1990 para el año 2000, a más tardar no era suficiente para alcanzar el objetivo a largo plazo de la Convención, de impedir las interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema clilmático.
Los ministros y otros funcionarios de alto nivel respondieron adoptando el mandato de Berlín y lanzando una nueva ronda de conversaciones para fortalecer los compromisos de los países desarrollados.
Con el objeto de redactar un acuerdo sobre el particular se estableció el grupo especial sobre el mandato de Berlín, que tras ocho reuniones remitió un texto a la CP3 con miras a su negociación definitiva.
En la conferencia celebrada en Kyoto, Japón, en diciembre de 1997, se llegó por consenso a la decisión de aprobar un protocolo en virtud del cual los países industrializados se comprometen a reducir, para el periodo 2008-2012, el total de sus emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos en un 5 por ciento en relación con los niveles de 1990. Se confía en que este compromiso vinculante produzca una reversión histórica de la tendencia ascendente en las emisiones que se inició en dichos países hace unos 150 años.
El Protocolo de Kyoto se abrió a la firma el 16 de marzo de 1998 y entraría en vigor 90 días después de que o haya sido ratificado al menos por 55 países en la Convención, entre ellas los países desarrollados que producían al menos el 55 por ciento del total de emisiones de bióxido de carbono del grupo en acciones industrializadas en 1990.
El pasado 5 de noviembre el Presidente ruso Vladimir Putin suscribió el Protocolo de Kyoto. Sin el apoyo de Rusia el pacto que ha sido rechazado por Estados Unidos y Australia no hubiera podido entrar en vigor, ya que requería la ratificación de 55 naciones industrializadas, las cuales produjeron el 55 por ciento de las emisiones de esos gases en 1990.
Gracias a este apoyo el Protocolo entrará en efecto el 16 de febrero el próximo año. Por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
"Punto de Acuerdo:
"Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión extiende su más cordial reconocimiento al Presidente Vladimir Putin y al Parlamento de la Federación Rusa por haber suscrito el Protocolo de Kyoto, lo cual representa su entrada en vigor.
"Segundo.- La Cámara respalda y reconoce la gestión de la Organización de las Naciones Unidas para la consecución de la suscripción y posterior aplicación del Protocolo de Kyoto, denotando su indiscutible compromiso con la protección del medio ambiente en el mundo.
"Suscribimos el presente acuerdo los integrantes del grupo de fortalecimiento de temas multilaterales de la Comisión de Relaciones Exteriores".
Solicito que se integre el documento completo en el Diario de los Debates.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias doña Blanca Gámez Gutiérrez.
Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates.
Se instruye a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: No se considera de urgente resolución. En consecuencia se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Marko Antonio Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición por la que se solicita a los gobiernos y Congresos de los estados que aún no contemplen las prácticas profesionales como método de titulación en el sistema educativo de su entidad, realicen el análisis correspondiente y propongan su inclusión en las leyes, programas y planes de estudio.
El diputado Marko Antonio Cortes Mendoza (PAN): Con su permiso, diputado Presidente.
Honorables Legisladores: Someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a los gobiernos y Congresos de los Estados que aún no contemplen las prácticas profesionales como método de titulación en el sistema educativo de su entidad, realicen el análisis correspondiente y propongan su inclusión en las leyes, programas y planes de estudio, con base en los siguientes considerandos, que por la brevedad de tiempo no leeré el documento completo, por lo que pido diputado Presidente sea publicado en su totalidad en el Diario de los Debates.
Primero.- Que un problema con el que se enfrentan los jóvenes egresados de una carrera, sea ésta tecnológica, técnica, técnica profesional o profesional, es que al no contar con la experiencia mínima para poder desarrollar un trabajo, se le cierran las puertas, porque la posibilidad de incorporarse inmediatamente en el ámbito laboral cada día se les complica más y trae consigo un grado mayor de desempleo y de desigualdad en materia de oportunidades, demás del alto costo que invierten las empresas al tener que capacitar a su nuevo personal.
Segundo.- Las prácticas profesionales le brindan al estudiante la oportunidad de observar, practicar y participar en las situaciones reales, para que pueda aplicar y comparar y analizar las destrezas y conocimientos que adquiere en la carrera profesional que está cursando.
Estas prácticas profesionales deben proporcionar al estudiante la madurez y la confianza en su preparación profesional y facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula, para la solución de los problemas reales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se hace un llamado respetuoso a los gobiernos y a los Congresos de los estados, con el propósito de que analicen y vean la viabilidad de proponer en cada uno de sus sistemas educativos, la realización de prácticas profesionales como método de titulación, con la intención de que los estudiantes de bachilleratos tecnológicos, técnicos profesionales y de educación superior que estén por concluir sus estudios, salgan mejor preparados y con la experiencia mínima para incorporarse al área laboral.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Marko Antonio Cortés Mendoza.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Los siguientes puntos del orden del día en el capítulo de puntos de acuerdo han sido pospuestos por los interesados.
El siguiente punto del orden del día es solicitudes de excitativas.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el diputado don Norberto Enrique Corella Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Secretario Marcos Morales Torres: "Unico.- Tenga por presentada esta solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que sea elaborado y presentado su dictamen respecto de la iniciativa de reforma al artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada ante el pleno de esta Honorable Cámara el día 15 de abril de 2004".
Con la firma del diputado Norberto Enrique Corella Torres.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias Secretario.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
Acto seguido, proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por la diputada doña Nancy Cárdenas Sánchez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a las Comisiones de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público y de Turismo.
El Secretario Marcos Morales Torres:
UNICO.- En los términos de lo dispuesto en el Artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite y envíe el presente documento a las Comisiones de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Turismo, a fin de que turne a la brevedad, ante el pleno de la Cámara el dictamen respectivo de la iniciativa mencionada.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias secretario.
De conformidad con lo que establece el Artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se excita a las Comisiones de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Turismo para que emitan los dictámenes de referencia.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: En virtud de que se agota el tiempo para la duración de la presente sesión, instruyo a la Secretaría para que de lectura al Orden del Día de la próxima Sesión, en la que se incluirán los temas no tratados en la presente.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(LECTURA ORDEN DEL DIA)
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor secretario.
Se instruye a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos para verificar la asistencia.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que hace referencia el Artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para verificar la asistencia.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Hay una asistencia de 385 diputados, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: (18:45 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 9 de diciembre a las 10 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30.