El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI): Pido a la Secretaría haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
El Secretario Marcos Morales Torres (PRD): Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 365 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: (10:13 horas) Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(votación)
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa.
(votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura y el siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
En virtud de que también ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría si se dispensa su lectura.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura, luego entonces la Secretaría proceda a poner a discusión el acta.
El Secretario Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.
La Secretaria Graciela Larios Rivas (PRI):
(Solicitud de licencia del diputado Eviel Pérez Magaña)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Eviel Pérez Magaña, para separarse de sus funciones como diputado federal electo, electo por el Primer Distrito del estado de Oaxaca, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Están aprobados entonces los puntos de acuerdo.
Continúe la Secretaría
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Solicitud de licencia del diputado Jorge Fernando Vargas Franco)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ponga a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jorge Fernando Franco Vargas, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la Tercera Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Están aprobados los puntos de acuerdo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña (PAN):
(Solicitud de licencia del diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ponga a discusión los puntos de acuerdo, por favor.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero.- Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, para separarse de sus funciones como diputado federal electo len el Décimo Distrito del Estado de Oaxaca, a partir de esta fecha.
Segundo.- Llámese al suplente.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobados.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Oficio del diputado Jesús Ángel Díaz Ortega)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
Se encuentra a las puertas de este recinto los ciudadanos: Gustavo Zanatta Gasperín, Ma. Mercedes Rojas Saldaña, Benjamín Fernando Hernández Bustamante, José Javier Villacaña Jiménez y Alfredo Bejos Nicolás, diputados suplentes electos en el Primero, Octavo y Décimo Distrito del Estado de Oaxaca, Tercera Circunscripción Plurinominal y Sexto Distrito del Estado de Hidalgo.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes ciudadanos diputados:
Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escarraga,
Diputado Jacobo Sánchez López,
Diputada María Antonia García Sanjinés,
Diputado José Evaristo Corrales Macías,
Diputado Arturo Nahle García,
Diputada Alejandra Méndez Salgorio,
Diputado Joel Padilla Peña,
Diputado Jesús González Schmal
El Secretario Marcos Morales Torres: Se pide a la Comisión, cumplir con este encargo, por favor.
(La Comisión cumple con su encargo)
El Secretario Marcos Morales Torres: Se invita a los presentes ponerse de pie.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadanos Gustavo Zanatta Gasperín, María Mercedes Rojas Saldaña, Benjamín Fernando Hernández Bustamante, José Javier Villacaña Jiménez y Alfredo Bejos Nicolás: "¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?".
Los ciudadanos Gustavo Zanatta Gasperin, Maria Mercedes Rojas Saldaña, Benjamín Fernando Hernández Bustamante, José Javier Villacaña Jiménez y Alfredo Bejos Nicolás: "Sí Protesto".
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande.
(Aplausos)
Esta Presidencia saluda con afecto al grupo de alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, que hoy nos honran con su presencia.
(Aplausos)
Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Se informa a la Presidencia que hay quórum de 396 diputados.
Hay quórum.
Ciérrese el sistema electrónico de votación.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Comunicación del Procurador General de la República)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Oficio de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrante del Grupo de Amistad con Nicaragua, alta de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez)
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Da lectura a un oficio de la Junta de Coordinación Política sobre cambio en comisiones, solicitado por el diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, baja del diputado Juan García Costilla, como integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Lectura a un proyecto de acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política exhortando al Ejecutivo Federal y al Gobierno del Distrito Federal para que en el marco de su competencia se deslinden responsabilidades de los asesinatos cometidos en el pueblo de San Juan Ixtayopan en la Delegación Tláhuac)
En votación económica se pregunta si se aprueban.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobado.
El Secretario Marcos Morales Torres: Oficios de la Secretaría de Gobernación.
(Veinticinco con los que se remiten contestaciones a diversos puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados y publicados en la Gaceta Parlamentaria).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Da lectura al oficio con el que se remite contestación de la Unidad de Protección Social en Salud en el estado de Veracruz en relación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente para exhortar a las entidades federativas a incorporarse al Seguro Popular y suscribir el convenio con la Secretaría de Salud).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese al promovente para su conocimiento.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Da lectura a un oficio de la Cámara de Senadores por el que solicita que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, No se autoricen partidas presupuestales para el proyecto. "Por la Sustentabilidad, Redes de Promotores Ambientalistas PROFEPA 2005")
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Minutas. La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas:
(Minuta del Senado de la República que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Población y a la Ley General de Asentamientos Humanos).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, de Gobernación y de Desarrollo Social.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Minuta del Senado de la República que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Micro industria y la Actividad Artesanal).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Asuntos Indígenas.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Minuta del Senado de la República que remite proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Minuta del Senado de la República que remite proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Asuntos Indígenas.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Minuta del Senado de la República que remite proyecto de decreto que reforma la Ley General de Protección Civil)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas.
El Secretario Antonio Morales de la Peña.-
(Minuta del Senado de la República que remite proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Servicios Educativos, de Cultura y de Asuntos Indígenas.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Minuta del Senado de la República que remite proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
Solicitud de particular.
(El C. Ricardo Franco Guzmán, solicita permiso constitucional para aceptar y usar la condecoración de la "Orden al Mérito", de la República de Polonia, en grado de caballero.)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Proceda la secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa legislativa, formulada por el diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Comisión del Distrito Federal y haga lo conducente con las otras excitativas que también tenemos en la mesa.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Solicitud de excitativa legislativa del Dip. Roberto Colín Gamboa, a la Comisión del Distrito Federal)
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Solicitud de excitativa de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del PRD, a la Junta de Coordinación Política )
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Solicitud de excitativa de la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del PAN, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Hay otras excitativas, por favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Solicitud de excitativa de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social)
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Solicitud de excitativa formulada por el diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos)
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
Solicitud de excitativa del diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del PAN, a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que dictamine sobre la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de permitir la reelección inmediata de los integrantes de los ayuntamientos.
Y otra solicitud de excitativa formulada por el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI, a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Hacienda y de Crédito Público.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 15 del Acuerdo Parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito a esta presidencia tenga a bien formular excitativa a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público a fin de que elaboren el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un antepenúltimo párrafo al artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Suscribe el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones respectivas para que emitan el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el señor diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación con el objeto de anticipar las fechas de entrega de la cuenta de la hacienda pública federal y del informe de resultados de su revisión y fiscalización, así como eliminar el informe de avance de gestión financiera.
El diputado Salvador Sánchez Vázquez (PRI): Con su anuencia, señor presidente. Respetables legisladoras y legisladores federales:
Exposición de motivos.
Como lo dispone el artículo 49 de nuestra carga magna, el poder de la federación para su ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, quedando claramente establecido el principio de separación de poderes y la tarea de gobernar con base en la colaboración entre ellos y el control mutuo.
Además de su atribución de legislar, la honorable Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de examinar, discutir y aprobar el presupuesto, así como revisar la cuenta pública con la finalidad de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento y los objetivos contenidos en los programas.
El presupuesto público es la sustancia del funcionamiento de los poderes que integran la federación, es decir, de los aparatos de Estado y de sus múltiples programas.
Sin esos recursos no hay Estado. El presupuesto público tiene gran trascendencia en la vida económica y social de una nación. A nivel macroeconómico juega un rol definitivo pues su ejercicio incide en el crecimiento económico y en variables tan relevantes como el empleo, la inflación y la estabilidad económica.
A nivel microeconómico impacta directamente en el bienestar de los ciudadanos a través de diversos mecanismos como la distribución del ingreso, la reducción de la pobreza y el acceso a los servicios públicos.
Los objetivos sociales del Estado se operativizan a través de su presupuesto, y cada acción del gobierno tiene una implicación presupuestaria.
La cuenta de la hacienda pública federal constituye el complemento de apoyo fundamental al presupuesto de egresos de la federación, toda vez que le permite a la Cámara de Diputados analizar si los recursos asignados fueron utilizados debidamente y si en su aplicación se cumplieron los programas de gobierno.
Esta actividad analítica la ejerce el Legislativo contando con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con lo que disponen los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El producto de esta actividad es el informe de resultados de la revisión de la cuenta de la hacienda pública federal. En la actualidad el informe es entregado por el órgano fiscalizador a la Cámara de Diputados el 31 de marzo del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública federal, es decir, poco más de 4 meses después de la fecha de aprobación del presupuesto de egresos.
Bajo las disposiciones legales vigentes el Poder Ejecutivo federal le hace llegar la cuenta pública a la Cámara de Diputados el 10 de junio del año siguiente al del ejercicio presupuestal, iniciándose a partir de esa fecha el proceso de fiscalización.
Cobra gran relevancia el hecho de que los poderes de la federación que tienen a su cargo la ejecución del presupuesto lo realicen con la más alta calidad y eficiencia.
Una condición necesaria para lograr este propósito es la articulación y coordinación eficiente de las distintas fases del ciclo presupuestario, toda vez que en la actualidad, al tiempo que se prepara el presupuesto, se ejecuta el del año anterior y se prepara también la cuenta pública para su revisión legislativa.
Las consecuencias más graves de esta sincronía del ciclo presupuestal se traducen en que el Legislativo no cuenta con los elementos de información presupuestal oportuna más relevantes para fundamentar sus decisiones de asignación y aprobación de los rubros que componen el presupuesto.
Tampoco dispone de los elementos que le permitan realizar una evaluación rigurosa y oportuna del ejercicio presupuestal y, en consecuencia, se debilita en la práctica la calidad de la fiscalización y los principios de rendición de cuentas y de transparencia de los recursos públicos.
Es pertinente recordar que con la finalidad de disponer de más tiempo para analizar la propuesta del presupuesto del Ejecutivo federal, el Legislativo efectuó recientemente una reforma constitucional que adelantó las fechas de presentación del paquete económico a la Cámara de Diputados.
En el dictamen de fecha 15 de abril del presente año publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio pasado, se determina la obligación del Ejecutivo Federal de entregar la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día 8 de septiembre, en tanto que la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos a más tardar el día 15 de noviembre.
Es importante señalar que el dictamen se orientó exclusivamente a modificar las fechas de entrega del paquete económico sin considerar las fechas de entrega de la Cuenta Pública por parte del Ejecutivo Federal y del Informe de Resultados de su revisión, por parte de la Auditoria Superior de la Federación.
Lo anterior implica que al momento de analizar, discutir y aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, los legisladores no tienen conocimiento de la información contenida en el citado Informe de la Revisión de la Cuenta Pública.
La aprobación de la siguiente iniciativa permitiría al Poder Legislativo tomar mejores decisiones para atender a las necesidades económicas, sociales y políticas que plantea el país.
Con la presente iniciativa se busca acompasar el adelanto de las fechas de presentación del paquete económico con los tiempos de entrega de la Cuenta Pública y la rendición del Informe del Resultado de la Revisión de la propia Cuenta Pública, lo que permitiría al Legislativo contar con información presupuestaria adicional para la aprobación y revisión del paquete económico.
En general la iniciativa propone adelantar la fecha límite que tiene el Ejecutivo Federal para entregar la Cuenta Pública del 10 de junio al 31 de marzo del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente y en consecuencia adelantar también la fecha límite de entrega de parte de la Auditoria Superior de la Federación, del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública al 31 de octubre del año en que se presenta la misma Cuenta Pública; lo que en la actualidad ocurre, el 31 de marzo del segundo ejercicio presupuestario que sigue al que evalúa el citado Informe.
En términos concretos la reforma propuesta tiene, entre otras, las siguientes ventajas:
Proporciona elementos valiosos de información oportuna a la Cámara de diputados para mejorar sustancialmente el cumplimiento de fondo y forma de la tarea de aprobar con procedimientos técnicos rigurosos el Presupuesto de Egresos de la Federación; promueve la prontitud y eficacia en la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales; al adelantarse las fechas de entrega de la cuenta Pública y del Informe de Resultados de la Revisión, las entidades ejecutoras de gasto público se ven forzadas a planear mejor su presupuesto a lo largo del año, perdiendo discrecionalidad en la ejecución del mismo, esto implica una mejor calidad del gasto público; se mejora y fortalece la percepción que tiene la sociedad respecto de la Cámara de Diputados y en particular respecto de la transparencia y prontitud en la revisión de cuentas y del destino de los recursos públicos.
Por todo lo expuesto, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 74 fracción IV y 79 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 2º., fracción IX, X y XI; 8; 10; 11; 14 fracción V; 16 fracciones I y III; 17; 18; 19; 20; 30; 67 fracción II; 74 fracciones XIV y XV y 77 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación quedando de la siguiente manera:
Artículo 1º.: Se reforma la fracción IV del artículo 74 y la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
Artículo 74 fracción IV: La cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a más tardar el 31 de marzo.
Artículo 79 fracción II: Entregar el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de octubre del año en que la cuenta Pública se presentó.
Artículo 2º.; Se reforman los artículos 2º., fracción... Artículo 2º.: Para efectos de la presente Ley se entenderá por, fracción XI: Fiscalización superior, facultad ejercida por la auditoria Superior de la Federación para la revisión de la Cuenta Pública a cargo de la Cámara.
Artículo 8o. La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada por el Ejecutivo Federal de la Cámara a más tardar el 31 de marzo del año posterior al cierre del ejercicio fiscal correspondiente.
"Artículo 14. La revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública tiene por objeto determinar, fracción V, el resultado de la gestión financiera de los poderes de la unión y los entes públicos federales".
Señor Presidente:
En obvio de tiempo y ante no poder leer completa esta iniciativa le solicito a usted que se pueda publicar de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto, señor Diputado.
Obséquiese lo que ha solicitado el diputado Salvador Sánchez Vázquez, publíquese de manera íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Salvador Sánchez Vázquez (PRI): Gracias Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para servirlo señor Diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de federalismo.
Antes de que haga uso de la voz el señor diputado Galindo Noriega, esta Presidencia saluda cordialmente a los representantes de las diversas asociaciones municipalistas de México y del INAFED que nos acompañan en la presentación de la presente iniciativa federalista.
(Aplausos)
El diputado Ramón Galindo Noriega (PAN):
Honorables Diputadas y Diputados:
La iniciativa de reforma constitucional federalista que se presenta el día de hoy es el trabajo de más de un año de compañeros diputados de esta LIX Legislatura, de investigadores, de académicos, de analistas internacionales y de diferentes asociaciones municipalistas.
Esta presentación no es personal, la hago a nombre de diputados de cinco partidos, quienes han elaborado y/o firmado esta iniciativa de reforma. Debo y lo hago con gusto y reconocimiento mencionar a los siguientes legisladores:
Diputados Gonzalo Rodríguez Anaya, Francisco Rojas Toledo, César Chávez Castillo, César Amin González Orantes, Tomás Trueba Gracián, Luis Antonio González Roldán, José Antonio Cabello Gil, Martha Laguette Lardizábal, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Armando Leyson Castro, José Antonio de la Vega Asmitia, Fernando de las Fuentes Hernández, Ramón González, González, Minerva Hernández Ramos, Víctor Hugo Islas Hernández.
Igualmente presentan y han enriquecido esta iniciativa los diputados Edelmira Gutiérrez Ríos, Armando Rangel Hernández, Alfonso Ramírez Cuéllar, Salvador Márquez Lozornio, Gelacio Montiel Fuentes, Jacobo Sánchez López, Jorge Uscanga Escobar, Horacio Duarte Olivares, Jesús González Schmal, Omar Bazán Flores, Rafael Flores Mendoza, Juan Perdomo Bueno y Lino Celaya Luría.
Participaron de manera especial, y lo agradecemos, los coordinadores parlamentarios Emilio Chuayffet, Francisco Barrio y Pablo Gómez.
Compañeros Legisladores:
Dentro del concepto del Estado, de reforma del Estado y tomando en consideración algunas de las más importantes propuestas municipalistas de la Convención Nacional Hacendaria, presentamos iniciativa que modifica los artículos 36, 40, 41, 73, 79, 115, 116 y 124, así como adición al Título Quinto, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo insuficiente del tiempo para leer una iniciativa tan extensa, presento solamente algunos de los impactos más importantes que se pretenden:
1. Se amplían las funciones exclusivas para los ayuntamientos y se establece un mecanismo para el acceso a tareas públicas de los gobiernos estatales y federal a partir de convenios.
2. Se reconoce la diversidad existente entre los municipios y se establece esta condición ante las decisiones de los poderes de la unión de las entidades federativas y de las legislaturas locales.
Se establece el principio de federalismo subsidiario y cooperativo, enfatizando la necesidad de la colaboración intergubernamental como base de eficiencia y productividad.
"4.- Se indica la necesidad de la planeación estratégica integral a largo plazo y la figura del Servicio Civil de Carrera.
"5.- Se incluye un catálogo de funciones exclusivas para las entidades federativas.
"6.- Se considera como elemento adicional para la distribución de recursos a los gobiernos locales, la eficiencia a través de indicadores de desempeño.
"7.- Se fortalece la hacienda municipal, a través de potestades tributarias para cobro de impuesto predial y traslación de dominio y la legalización en la Constitución del cobro de derecho de alumbrado público, entre otras medidas.
"8.- Se establece como optativa la reelección de alcaldes, regidores y síndicos, de manera que sean las Legislaturas Locales, a partir de las características y conveniencias regionales, quienes decidan su aplicación.
"9.- Se fortaleced la función de fiscalización y transparencia en la aplicación de recursos públicos.
"10.- Se amplían los derechos de los ciudadanos a través de figuras para la participación en planes de desarrollo, verdadera representación democrática del cuerpo de regidores; consulta, referéndum, cabildo abierto y otras figuras.
"Esta iniciativa de reforma, compañeros, tiene la intención de devolver en un ejercicio de transferencias, el poder al ciudadano. Estamos convencidos que potenciando la toma local de decisiones, estaremos impulsando el desarrollo nacional desde la única plataforma que es posible hacerlo: la iniciativa, el interés y la creatividad de los ciudadanos desde sus municipios.
"Pretendemos elevar la calidad de la responsabilidad pública de los ayuntamientos, para que atiendan funciones más allá del impacto cotidiano.
"Queremos, a través de varias medidas, gradualmente dar forma a un liderazgo comunitario encabezado por el ayuntamiento, que impacte las verdaderas variables del desarrollo y las oportunidades, como son la educación, la ecología, la seguridad pública, la salud y la economía.
"Para lograr lo anterior y para motivos de explicación, clasificamos en tres grandes apartados las pretensiones de esta reforma:
"Primero.- Ampliación de las responsabilidades y funciones públicas a los gobiernos locales.
"Segundo.- Fortalecimiento de la hacienda municipal, para hacer frente a las nuevas responsabilidades.
"Tercero.- Determinación de nuevos parámetros de autonomía y libertad, tanto para los ayuntamientos como para los ciudadanos.
"En otras palabras, la nueva libertad y el nuevo liderazgo, estarán soportados por más responsabilidad, más recursos fiscales y mayor libertad para la toma de decisiones por parte de los ayuntamientos y los ciudadanos.
"La reforma que se presenta tiene como objeto integrar al municipio a la dinámica del desarrollo nacional, eliminar gradualmente el mal hábito de la dependencia, compartir la responsabilidad con los ciudadanos y, sobre todo, potenciar la capacidad de millones de mujeres y hombres actualmente acotada por un centralismo que asfixia y que no deja hacer.
"No se trata, amigos, de asignaciones graciosas, ni de delegación de funciones, se trata de la devolución del poder y de la autonomía al espacio local, de donde no debió haber salido.
"Nos dicen algunos que hay muchos riesgos, que hay muchos peligros y que se enfrentan muchas amenazas. Es cierto, sin embargo el riesgo y el ensayo y el error son parte del aprendizaje. Dejemos que los municipios tomen sus propias decisiones y afronten las consecuencias de sus actos, porque eso es parte importantísima del ejercicio de la libertad.
"Muchas de las propuestas que se incluyen en la reforma, se cristalizarán solamente a partir de la decisión local. La reforma no pasa de un modelo rígido a otro modelo rígido, por el contrario, se convierte de un centralismo inflexible a un verdadero federalismo que permite que la adopción de nuevas responsabilidades, el incremento de los ingresos y la aplicación de figuras como la reelección, dependan de la decisión local.
No se pretende obligar a nadie a que adopte todas las propuestas sino que se ponen al alcance de los ciudadanos, para que éstos evalúen las conveniencias de su aplicación a partir de las características y condiciones locales.
Esto es parte de la riqueza de nuestra propuesta, que lejos de concentrarse en una transferencia mecánica de recursos económicos, lo que verdaderamente transfiere son espacios de libertad.
Compañeros legisladores, la iniciativa que se presenta no es un producto terminado, concluye con esta presentación la primera etapa y se inicia la segunda, en la cual habremos de promover un gran debate nacional, que genere las propuestas de ajuste que hagan de la reforma federalista el instrumento más adecuado para el desarrollo.
Aquí en la Cámara ya hemos evidenciado sobremanera que podemos dividirnos y enfrentarnos hasta la ignominia. El apoyo y el esfuerzo realizado por todos los partidos en esta iniciativa republicana, demuestra que también podemos ponernos de acuerdo, los municipios y los ciudadanos lo merecen.
Diputado, presidente, le solicito que tanto la iniciativa como este mensaje sean incluidos en el Diario de los Debates.
Damas y caballeros, a nombre de mis compañeros diputados, que presentan esta iniciativa de reforma, les doy las gracias por su atención.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto señor diputado.
Inclúyase íntegramente en el Diario de los Debates la iniciativa y el mensaje del señor diputado Galindo.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales unida con la del Fortalecimiento del Federalismo.
Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona una fracción III al Artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Gerardo Ulloa Pérez (PRD): Con su permiso diputado presidente, gracias. Compañeras diputadas. Compañeros diputados. En el pasado y el presente han existido siempre voces de personajes del entorno deportivo, en el sentido de que exista mayor oportunidad de desarrollo y fuente de trabajo para los deportistas profesionales de nuestro país es, por ello, que pongo a consideración de la Asamblea el presente documento.
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Históricamente en nuestro país ha prevalecido el desapego y desdén a las necesidades fundamentales, como la atención y formación de nuestros niños, niñas y jóvenes en todas y cada una de las disciplinas deportivas.
El deporte que es un elemento de formación básica, que da a nuestra juventud fortaleza física y mental y permite el desarrollo integral de la población y logra alejarla de las adiciones, que por desgracia hoy están presentes en nuestras nuevas generaciones, por ello resulta impulsar una política que fortalezca el acercamiento de nuestros niños, niñas, adolescentes y población en general, a espacios donde se practiquen deportes que coadyuven a la formación de mujeres y hombres como una mejor calidad de vida.
No obstante lo anterior, resulta también muy importante, definir y regular la mejor manera la actividad deportiva del más alto nivel, y con ello me refiero a la formación y el ejercicio deportivo en el plano profesional. Es muy importante mejorar el ámbito de los derechos laborales de los profesionales del deporte, como incentivo para ellos mismos y principalmente como incentivo y motivación de las generaciones más jóvenes, que sin duda merecen desarrollarse en ambientes de mayor certidumbre, construidos a partir de marcos jurídicos actualizados, congruentes y muy transparentes.
Adicionalmente, debemos considerar que la baja de rendimiento de los jugadores mexicanos en muchos casos se debe a que los jugadores extranjeros ocupan estos lugares y no permiten el desarrollo técnico en esos puestos de los jugadores mexicanos, son deportistas profesionales, quienes en virtud de una relación establecida con carácter regular, que se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva, a cambio de una retribución. Es fundamental crear un mayor número de fuentes de empleo para las y los deportistas nacionales, abriendo para ello los espacios donde puedan tener acceso al reconocimiento por su desempeño, tanto en el plano nacional como internacional.
También es muy importante para impulso del deporte nacional más allá de la organización del espectáculo, la creación de escuelas de formación deportiva que sean los semilleros de donde surjan las y los jugadores en el corto plazo, que ocuparán los espacios que se generan dentro de los equipos y de esa forma den nuevo rumbo, fortaleza y altura de miras al deporte nacional.
Por otra parte es necesario crear condiciones de equidad entre las empresas o los clubes profesionales disminuyendo la necesidad de contratación de elementos extranjeros, lo que permitirá un mayor beneficio para aquellas de menor alcance económico, beneficiando a los deportistas nacionales.
El deporte profesional en sus múltiples actividades es un fenómeno que beneficia las actividades socio-culturales, políticas y económicas del país, es por eso necesario regular la incorporación de deportistas extranjeros en el ámbito laboral sin prohibir su contratación y violar los derechos que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es necesario llevar a cabo las reformas necesarias a la Ley Federal del Trabajo, para que en cada juego oficial se establezca un porcentaje mínimo de participación de jugadores extranjeros que permita la presencia de jugadores nacionales en competencias de carácter oficial, siendo así que el objeto esencial y de mayor beneficio económico de la prestación de servicios de un deportista profesional es sin duda su participación en encuentros de esa índole.
Por lo antes expuesto y fundado y de conformidad con la normatividad expresada en el proemio, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 300 B del Título Sexto "Trabajos Especiales", Capítulo X "Deportistas Profesionales", de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo único. Se adiciona una fracción III al artículo 300 del Título Sexto, "Trabajos Especiales", Capítulo X, "Deportistas Profesionales", de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Capítulo X. Deportistas Profesionales. Artículo 300. "Son obligaciones especiales de los patrones..." Fracción III: "En los casos de los deportes de grupo, garantizar que en cada juego que se dispute la alineación de su equipo mantenga en todo momento un 70% de jugadores mexicanos. Si el número resultante que exprese el valor del porcentaje anterior no es un número entero y por tanto contiene una fracción inferior o igual a 0.5, el número se ajustará a la baja, por el contrario, si fuese igual o mayor a 0.6, se ajustará a la alta".
Transitorio. Único. Este decreto entraré en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los días del mes del año 2004.
Solicito a la Presidencia se inserte en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado.
Obséquiese la solicitud del señor diputado Ulloa e insértese íntegramente el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el señor diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Manuel Velasco Coello (PVEM): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
El sistema internacional experimentó cargos profundos y significativos durante el decenio pasado. El fin de la confrontación bipolar tuvo un fuerte impacto en el equilibrio del poder mundial, en los factores que influyen en la posición y en los intereses de las naciones, así como en la manera en que éstas se relacionan entre sí.
Todos los países y todas las regiones del mundo han tenido que enfrentar los efectos políticos, económicos y sociales, derivados de estas transformaciones. México no fue la excepción, su posición geoestratégica, sus intereses, su tradición diplomática y sus necesidades de desarrollo, lo obligaron a desempeñar un papel activo y central en la conformación de la nueva arquitectura internacional.
En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, así sea de manera asimétrica, la política exterior se ha convertido en un instrumento fundamental para el desarrollo interno del país.
La política exterior de México se ha orientado con base en los principios que hoy están plasmados en el artículo 89 fracción X de nuestra Constitución Política, mismos que son productos de la experiencia histórica de nuestra nación.
Asimismo, el artículo 76 en su fracción I, faculta exclusivamente al Senado a realizar el análisis de la política exterior, en base a los informes anuales que son presentados ante este Poder por parte del Poder Ejecutivo.
Nuestra propuesta se limita a la revisión de la periodicidad con que son presentados los informes del Ejecutivo sobre el desarrollo de la política exterior a efecto de conseguir desarrollar más puntualmente esta encomienda.
Se propone que la periodicidad de los informes que el Presidente de la República o su Secretario de Despacho envíen al Senado, sea semestral en lugar de anual. En un mundo tan dinámico como el nuestro, el análisis anual por parte de la Cámara de Senadores de la política exterior, desarrollada por el Ejecutivo, afecta sensiblemente el margen de acción de ésta para tomar a tiempo las medidas necesarias, además de que un período tan amplio obliga a una política de hechos consumados que desnaturalice el propósito de este precepto constitucional.
La globalización e interdependencia que caracterizan al entorno mundial en la actualidad, ha propiciado que la mayor parte de las decisiones económicas en el presente y creemos que políticas y sociales en el futuro, dependan fundamentalmente de las relaciones internacionales.
Es por ello que esta sencilla reforma nos garantiza que los compromisos que se adquieran en esta materia sean profundamente meditados y se adquieran con el mayor consenso posible.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Partido Verde somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado de la República, analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes semestrales que el Presidente de la República y el Secretario de Despacho correspondiente deban enviar al Congreso, además aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Muchas gracias diputado Velasco.
Remítase a la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el señor diputado don Lino Celaya Luria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el inciso e) de la fracción VII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo en materia de Cooperativas para Trabajadores Agrícolas.
El diputado Lino Celaya Luría (PRI): Con su anuencia, señor Presidente.
Iniciativa de reforma que modifica al inciso e) de la fracción VII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo en Materia de Cooperativas para Trabajadores Agrícolas.
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Presente.
El suscrito, integrante de la LIX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa de reforma que modifica al inciso e) de la fracción VII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de ampliar y no limitar al Sistema Cooperativo a los trabajadores agrícolas, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
El Constituyente originario de 1917, reconoció el movimiento cooperativo nacional como forma especifica de organización socio-económica para la producción. La prestación de servicios, el consumo popular dentro de todas actividades del país, le precisó y fortaleció sus fines preponderantemente sociales que lo caracterizan; hizo la declaratoria de que no constituyen monopolios y con estas medidas abrió el camino para la expedición de una legislación que le habrían de encuadrar dentro del marco de la producción con libertad, democracia y justicia social.
AsÍ lo confirma la actual fracción XXX del artículo 123 constitucional, que considera a las sociedades cooperativas como de utilidad social. El acervo jurídico del cooperativismo se incrementó con la ley de 1927 que promulgo el General Plutarco Elías Calles, gracias a su experiencia que obtuvo con los movimientos cooperativos en sus recorridos por varios países europeos.
Situación similar se vivió con la ley de 1933, que reconoció la existencia de tres tipos de cooperativas: agrícolas, industriales y de consumo. En ese sentido el 15 de febrero de 1938 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas durante la gestión del Presidente Lázaro Cárdenas del Río y en cuya exposición de motivos se definía al Sistema Cooperativo como un medio de transformación social para robustecer a las organizaciones sociales.
También es cierto que en nuestro artículo 3° constitucional, establece que nuestra democracia no sólo es una estructura político-jurídico, sino un sistema fundado en el sistema y constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; que no es más que el derecho humano al desarrollo, no menos cierto es que en la fracción XX del artículo 27 de la Constitución General de la República, se establece que:
"El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura e insumos, crédito, servicios de capacitación, etcétera".
Se considera que históricamente las disposiciones y prácticas que en materia comercial se desprendieron del derecho civil, dieron origen al derecho mercantil, donde se han ubicado a las cooperativas como en la actual Ley de Cooperativas de 1994. También es de considerar que del derecho civil se han desprendido otras materias, que hoy constituyen el derecho del trabajo y el derecho agrario, por lo que bajo esta mecánica, hoy existe la necesidad de separar a la cooperativa de la materia mercantil, ya que esta figura asociativa tiene un carácter eminentemente social, tan es así como en la Constitución Política social en vigor, a las cooperativas como de utilidad social.
Por otro lado, en la experiencia internacional tenemos que la Alianza Cooperativa Internacional, organismo de integración mundial que agrupa a más de 800 millones de cooperativistas, ha definido a la cooperativa de la siguiente manera:
Es una sociedad autónoma formada por personas unidas para satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, cuyos valores se basan en la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo la OIT, ha emitido la Recomendación 127 en el año de 1966 sobre las cooperativas y recientemente en junio del 2002, la recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas, suscritas ambas por diversos países del mundo, entre ellos México.
Como observamos en la experiencia internacional que data desde el siglo XIX en Europa y que retoma nuestro Constituyente de 1917, el carácter asociativo de la cooperativa tiene fines humanísticos, distributivos y solidarios que se traducen en bienestar para sus miembros y compromiso con la comunidad, como sería el caso de los ejidos y las comunidades agrarias, donde se desempeñan los trabajadores agrícolas.
Por lo tanto, el derecho humano al desarrollo debe ser promovido en el trabajo agrícola y qué mejor forma de ello que lo sea a través de la figura cooperativa a secas, sin limitantes que la restrinjan y lo vulneren, como la actual disposición del inciso E) de la fracción VII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, que lo circunscribe a la creación de cooperativas de consumo.
En consecuencia, por lo anterior fundado y motivado, se propone el siguiente proyecto de decreto:
Unico. Se modifica el inciso E) de la fracción VII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 283, fracción VII. "...Fomentar el cooperativismo entre los trabajadores".
Transitorio único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente, su servidor Lino Celaya.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias a usted, diputado Celaya Luría.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el señor diputado don José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma la fracción III del apartado "C" del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ciudadanía.
El diputado José Antonio Cabello Gil (PAN): Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Las fracciones II, III y IV del artículo 37 constitucional establecen los supuestos para la pérdida de la ciudadanía; en ella se sanciona a los mexicanos que no solicitan permiso al Congreso General o a su Comisión Permanente para realizar ciertas acciones, entre las que se puede mencionar la prestación voluntaria de servicios oficiales a gobiernos extranjeros, el uso o aceptación de condecoraciones extranjeras y la admisión de títulos o funciones de otro gobierno.
Aunque estas no son actividades que per se ameritan ser sancionadas, el legislador consideró que dada la vinculación que podría establecerse entre ciudadanos mexicanos e intereses contrarios al bien nacional, era conveniente exigir la autorización del Congreso para su realización. Sin embargo, consideramos que la fracción III se encuentra desfasada de las actuales circunstancias históricas que vive el país y el mundo.
El hecho de que a mexicanos distinguidos en nombre propio o en representación de una colectividad, llámese familia, comunidad o la Nación misma se le reconozca su labor en el extranjero mediante el otorgamiento de condecoraciones por parte de otras naciones, no implica sumisión o compromisos de ninguna especie hacia el otorgante.
Por ello, el hecho de que se tenga que pedir permiso al Congreso Federal o a su Comisión Permanente para recibir y usar condecoraciones, resulta ser requisito prácticamente obsoleto que muy pocos países piden y que está fuera de nuestro contexto histórico de apertura. Más aún, el que un ciudadano mexicano representante popular o funcionario público reciba un reconocimiento a su labor, constituye más bien un reconocimiento a la Nación entera.
La fracción III del apartado y del artículo en comento debe tener el mismo principio que se aplica para la fracción IV que indica que la recepción de títulos literarios, científicos o humanitarios, no requiere de permiso alguno de parte del Congreso, toda vez que el único resultado de que un ciudadano mexicano reciba tales distinciones, es el enaltecimiento de México.
No se debe olvidar que una Constitución es el resultado del desarrollo social de un pueblo; de los fenómenos que a través de largos periodos de tiempo han venido conformando la idiosincrasia y el espíritu de ese pueblo.
En nuestro caso, durante la época colonial y aun años después de la Independencia, la existencia de las castas y particularmente de la nobleza española, rectora de los destinos de la metrópoli y de sus colonias, era una realidad que se daba en la Nueva España.
Por esa razón, entre otras, las ideas del movimiento de insurgencia en nuestro país aparece como una constante el propósito de establecer la igualdad y en consecuencia la decisión de erradicar el uso de los títulos de nobleza y posteriormente el uso y aceptación de condecoraciones extranjeras, sin la previa aceptación del Congreso General.
Sin embargo, el poder recibir una condecoración no compromete la seguridad nacional, la tranquilidad y el interés público del Estado Mexicano. En cambio, el hecho de que el uso y aceptación de una condecoración tenga que pasar necesariamente por el visto bueno del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, se puede prestar a una decisión mediada por intereses políticos, más que al reconocimiento y distinción del trabajo de quien se hace acreedor de la condecoración de que se trate.
De aquí que propongamos una reforma a la fracción III del Apartado C, del artículo 37 constitucional, en donde se establezca en nuestra Carta Magna, que el permiso necesario para recibir una condecoración deba darse no necesariamente por parte del Congreso General o su Comisión Permanente, sino a través de algún otro mecanismo que se contemple en ley.
En este sentido esta iniciativa deberá ir acompañada de modificaciones a la legislación secundaria que próximamente presentaremos ante esta Asamblea.
Por lo antes expuesto me permito someter a la elevada consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma la fracción II del Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicito a la presidencia inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto diputado presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Así será diputado Cabello Gil, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de ley federal de la Comisión de la Verdad.
La diputada Cristina Portillo Ayala (PRD): Gracias señor presidente.
Compañeras y compañeros diputados: Uno de los capítulos más vergonzosos, de arbitrariedad y violaciones a los derechos humanos en México, los constituye la política represiva de Estado implementada durante finales de los 60, los años 70 y 80, en contra de activistas políticos opositores al régimen.
La guerra sucia o guerra secreta y las masacres de estudiantes ocurridas en 1968 y 1971, permanecen como heridas abiertas en la sociedad mexicana, porque la mayoría de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, se mantienen en total impunidad.
La presunta política antisubversiva del Estado Mexicano, en aquel periodo se caracterizó por tener facultades prácticamente ilimitadas al margen de todo respeto de los derechos esenciales. Su operación estuvo a cargo de grupos especialmente formados por algunas corporaciones de seguridad del Estado, como la Brigada Blanca o Brigada Especial.
A la fecha existe perfectamente documentada en formación relativa, a cientos de detenciones, interrogatorios, cateos y reclusiones ilegales, listas de personas que estuvieron recluidas en el campo militar número uno, en el cuartel de Atoyac, Guerrero, en las instalaciones militares de diversas zonas del país y en la base aérea de Pie de la Cuesta, en el Estado de Guerrero y en las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, así como en cárceles clandestinas.
La desaparición forzada fue una de las tácticas de represión utilizadas sistemáticamente por agentes estatales para someter a la oposición política y social que se conformó en este momento histórico y cuyas secuelas han afectado múltiples dimensiones de la vida pública y privada en este país. El saldo, mil 500 opositores muertos y 600 desaparecidos.
Nadie duda de la necesidad de reconciliación nacional por lo sucedido en estos años negros; sin embargo, es necesario rescatar la memoria histórica de la tragedia para encontrar una vía sólida de reconciliación que debe alcanzarse sin olvido porque es claro que sólo habrá reconciliación el día que se haga justicia real con los delincuentes en la cárcel, sin políticos con las manos ensangrentadas y con las fuerzas armadas depuradas.
La justicia y la reconciliación nacional sólo serán posibles mediante el establecimiento y la exposición pública de la verdad y el castigo a los culpables. No se puede erigir una sociedad justa y democrática sobre la base de la mentira o de los silencios culposos.
El perdón y el olvido sin justicia y castigo a los criminales sería la peor posible combinación de estrategias para tratar con un pasado traumático; sería éticamente problemático y peligroso sentar un precedente de impunidad generalizada para delitos de esta naturaleza. Tarde o temprano esta impunidad motivaría a las fuerzas reaccionarias a reanudar sus crímenes.
Como candidato a la presidencia de la República, Vicente Fox prometió una Comisión de la Verdad que esclarecería las violaciones a los derechos humanos cometidas por el viejo régimen.
Pronto el señor Vicente Fox olvidó la promesa de campaña. El cambio de administración ni siquiera motivó que la Procuraduría General de la República actuara conforme a derecho, es decir, de oficio para investigar las desapariciones forzadas.
Tampoco lo hizo al recibir las denuncias y, sin haber efectuado un debate serio respecto a la creación o no de una comisión de la verdad que actuase con independencia de los canales institucionales del Estado, el mismo día de presentación de la recomendación, 26/201 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ejecutivo federal resolvió la instauración de una Fiscalía Especial para la Atención de los Hechos probablemente constituidos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.
A tres años que la Fiscalía Especial iniciara sus funciones, los resultados hasta el día de hoy han sido magros y poco alentadores en la búsqueda de una justicia integral para los familiares, expresos políticos y organizaciones sociales que han acudido ante esta instancia.
A tres años de la creación de la Fiscalía Especial siguen pendientes las obligaciones del Estado mexicano a investigar, sancionar, prevenir y reparar los hechos perpetrados por agentes estatales en contra de las víctimas durante la llamada guerra sucia, a identificar a los responsables y ponerlos en manos de la justicia para ser juzgados y sancionados, a adoptar las medidas de reparación que sean viables y satisfactorias y a crear las condiciones estructurales para asegurar que hechos similares no vuelvan a ocurrir jamás en nuestro país.
Los investigadores y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especial han estado operando sin los recursos materiales y humanos que necesitan. El acceso a documentos oficiales se ha visto seriamente restringido por la manera en que se administran los archivos gubernamentales.
Esto significa que sean los familiares, es decir, las mismas víctimas de la violación, quienes estén constantemente aportando los elementos y medios de pruebas en la averiguación previa.
A tres años de su creación, la Fiscalía Especial es un ejemplo típico de los medios pasos que el gobierno de Vicente Fox está implementando en materia de derechos humanos.
En su momento, la instauración de una Fiscalía Especial presentó un significativo avance a favor del rendimiento de cuentas en México; sin embargo hoy, ante su absoluta dependencia jurídica, presupuestal y política de la PGR, la existencia de la instancia no hace más que facilitar que las instituciones tradicionales del Estado puedan eludir su responsabilidad.
La coyuntura nacional por el arribo a la presidencia de un partido político diferente al que por más de 70 años gobernó el país, generó las condiciones necesarias para llamar a cuentas a quienes representando a las instituciones del Estado cometieron agravios en cadena en contra de los derechos fundamentales de los activistas y opositores al régimen.
Aprovechemos esta oportunidad histórica para crear una comisión de la Verdad. La experiencia en Latinoamérica ha demostrado que la integración de Comisiones de la Verdad se ha convertido en un mecanismo necesario e indispensable para la reconciliación nacional.
Las Comisiones de la Verdad permiten identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad, entre otros factores.
Conforme a la iniciativa que se somete a consideración de esta Asamblea, el objeto esencial de la Comisión de la Verdad consistirá en esclarecer la verdad respecto a graves violaciones de derechos humanos y a hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, durante el lapso comprendido entre finales de los 70s, los años 60s y 80s y las masacres de estudiantes ocurridas en el 68 y en 1971.
Es decir, la finalidad primordial de la Comisión radicará en aclarar lo sucedido en el periodo a investigar para así presentar una versión fidedigna de lo sucedido a la población: establecer la verdad.
Sin embargo el trabajo de la Comisión o sólo se limitará a investigar los hechos para determinar a los responsables, asimismo explotará a las causas que motivaron la violencia en el país, a fin de evitar que se puedan repetir y plantear medidas que busquen reparar injusticias producidas.
Con la finalidad de hacer efectiva la tarea de la Comisión de la Verdad, se propone que tenga autonomía presupuestaria, operativa y de decisión para garantizar la plena independencia respecto a sus determinaciones.
La Comisión estaría integrada por siete personas comisionadas o comisionados de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad, cuatro de las comisionados o comisionadas serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados y el resto de los comisionados o comisionadas, serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. De este modo quedará garantizado que los miembros de la Comisión representen a los diversos sectores del país y obtengan un trabajo serio y la credibilidad de sus conclusiones.
Dada la naturaleza –para terminar, señor Presidente- excepcional de sus funciones, los miembros de la Comisión gozarán de toda protección y seguridad para el cumplimiento de sus funciones.
Finalmente el proyecto hace énfasis en que el resultado de la investigación sea recogido en un informe que tendrá que ser presentado a los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y al Procurador General de la República y puesto en conocimiento de la opinión pública.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 111 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La diputada Jacqueline Argüelles Guzmán (PVEM): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados: Uno de los problemas ambientales que requiere mayor atención en México, es el relativo al manejo de residuos sólidos y peligrosos, ya que la cantidad y las características de estos han aumentado de tal forma que rebasan la capacidad de los ecosistemas para integrarlos nuevamente a los ciclos naturales.
Hasta hoy la actitud hacia los desechos en general y las sustancias peligrosas, se ha desenvuelto entre las necesidades de crecimiento y la conciencia misma del problema.
Se ha partido del principio de que el crecimiento económico es indispensable y urgente y que los procesos de protección de la naturaleza pueden evolucionar gradualmente.
No obstante se ha demostrado que los procesos naturales regenerativos son lentos y a muy largo plazo, por lo cual se debe prever que los daños ambientales causados en aras de este crecimiento, pueden generar daños irreversibles tanto a los ecosistemas como a la salud humana.
A lo largo de la historia ambiental se ha señalado como uno de los contribuidores de esta degradación al sector industrial, debido a los niveles de contaminación que sus procesos productivos pueden generar, principalmente por los residuos sólidos y peligrosos que produce.
Durante décadas la práctica común de los residuos industriales era deshacerse de ellos al menor costo, generando una gran cantidad de suelos contaminados que fueron dispuestos indiscriminadamente y otros manejados sin las más mínimas precauciones.
Sin embargo, debemos considerar que no solo los industriales son causantes de este problema, cada persona contribuye en grados diferentes a la generación de residuos contaminantes ya que los residuos peligrosos se generan prácticamente en todas las actividades humanas, inclusive en el hogar.
Cierto es que también durante mucho tiempo no existieron las medidas regulatorias para poder frenar esta alteración y las prácticas se desarrollaron sin que existiesen restricciones legales para el manejo, disposición y derrame de materiales y residuos sólidos y peligrosos.
Así, los efectos por la falta de protección ambiental tuvieron sobre los ecosistemas y la calidad de vida de las personas en México y a los cuales se prestaba poca importancia hasta mediados de la década de los ´90, recientemente han llevado a mejores condiciones generales para la protección ambiental.
Con la expedición de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos publicada en el Diario Oficial de la Federal el 8 de octubre de 2003, se han normado entre otros aspectos el tratamiento y disposición de los residuos y a su vez se han estipulado las sanciones a las que se hace acreedor el infractor de la ley.
Las infracciones a la ley sobre residuos pueden dar lugar a la imposición de sanciones importantes, entre las que se contempla siempre la posibilidad del cierre definitivo o temporal de la instalación emisora de los residuos pero también da pie a la remediación de sitios contaminados.
Una complicación para la eficaz aplicación de la ley es la falta de conocimientos y la continuidad en la ejecución de prácticas tradicionales de manejo de residuos en los centros industriales, las cuales siguen ocasionando graves daños ambientales, poniendo en peligro los recursos naturales. El problema recurrente es la carencia de personal especializado con conocimientos, capacidades y experiencias específicas en sectores particularmente importantes para el medio ambiente, que puedan poner en práctica las leyes, normas y acuerdos internacionales bajo las condiciones existentes de cargas contaminantes. Por tanto, siguen existiendo casos en los cuales se producen infracciones a las estipulaciones de la ley.
Si bien la aplicación de medidas restrictivas de la libertad de las personas o la imposición por las autoridades administrativas competentes de elevadas sanciones pecuniarias son instrumentos necesarios para prevenir atentados al medio ambiente, tales soluciones a priori necesitan de un adecuado complemento a posteriori, cuando el daño ya se ha materializado, a fin de que sea posible la restauración del estado de las cosas a su estadio original o primitivo.
Es así que la autoridad administrativa ha hecho hincapié en la restauración del daño ejercido. Es en este sentido que la reparación del daño puede considerarse como una de las formas viables para sancionar al infractor y a la vez poder obtener un beneficio inmediato de la afectación que se hizo al ambiente.
La responsabilidad o lo que es lo mismo la extensión del deber de reparar queda así configurada como pieza clave del sistema, pues la respuesta penal a la sancionadora administrativa por elevada que ésta sea son insuficientes para lograr la restauración del agravio.
Esta opción está señalada en la normatividad vigente, la cual otorga a la autoridad ambiental federal la facultad de revocar o modificar las multas impuestas a aquellos infractores que hayan sido sancionados a consecuencia de un procedimiento administrativo de inspección y vigilancia.
Así el artículo 173 párrafo final de la LEGEPA estipula que la autoridad correspondiente por sí o a solicitud del infractor podrá otorgar a éste la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 170 de esta ley y la autoridad justifique plenamente su decisión.
Con este mecanismo se busca reconocer los esfuerzos materiales y económicos de los infractores a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por las autoridades que tienen a su cargo las citadas facultades y en última instancia involucrarlos en la protección voluntaria del entorno, conscientizándolos sobre el deber que tienen de asumir los costos ambientales generados por sus actividades.
Los desechos peligrosos son en México un problema serio, no resuelto y previsiblemente sería mayor en sus consecuencias si es que no se toman acciones contundentes y se otorgan las facilidades para su solución. Es por ello que se propone la introducción en la figura jurídica de la reconsideración de multa, mediante la adición de tres párrafos al artículo 111 de la ley de la materia.
Por las razones antes expuestas someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa. Decreto mediante el cual se agrega un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 111 de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Artículo único.- Se agrega un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 111 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
"Artículo Único.- Se agrega un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 111 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:
"Artículo 111, párrafo primero, queda idéntico.
"Segundo párrafo, queda igual.
"Párrafo tercero.- En la resolución administrativa correspondiente se señalarán o en su caso adicionarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor.
"Párrafo cuarto.- Dentro de los cinco días hábiles que siguen al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias e irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo.
"Párrafo quinto.- En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o subsane las irregularidades detectadas en los plazos ordenados por la Secretaría, siempre y cuando el infractor no sea reincidente, no se trate de irregularidades que impliquen la existencia de riesgos inminentes de daño o deterioro ambiental a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, y no se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en contra de la resolución sancionatoria; aquella podrá modificar la multa impuesta como sanción.
"La solicitud respectiva deberá presentarse por el infractor dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo más amplio ordenado para la realización de las medidas correctivas".
Es cuanto señor Presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputada doña Jacqueline Argüelles Guzmán.
Como lo solicita, túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Señoras y señores Legisladores: En las galerías nos acompañan los niños alumnos del sexto año de primaria del Colegio "José Antonio González Peña", de Córdoba, Veracruz, invitados por el señor diputado don Sergio Penagos, a quienes les damos la bienvenida.
(aplausos)
También tenemos la presencia de los alumnos de primaria y secundaria del Centro Educativo México, que nos acompañan, invitados por la diputada María Elena Orantes López, a quienes también les damos la bienvenida.
(aplausos)
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Sami David David, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 38 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Sami David David (PRI): Con su permiso, señor presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante don Sami David.
El diputado Sami David David: "Compañeras y compañeros diputados: Desde hace ya varios años el Congreso Mexicano ha estado inmerso en un proceso gradual de modernización, que le permite adaptar su organización, funcionamiento y procedimientos a las necesidades del entorno actual, en el que necesariamente las Cámaras deben desempeñar sus funciones con la oportunidad y eficiencia que la ciudadanía demanda.
"Entre los temas que se consideran de manera obligada en la agenda para el fortalecimiento y modernización del Poder Legislativo, destaca el del análisis y adecuación del proceso legislativo, cuyos preceptos generales y normas de operación datan de muchas décadas atrás, por lo que en muchos casos se han vuelto inoperantes y en otros obstaculizan y aletargan el procedimiento.
"La propuesta que presentamos tiene la finalidad general de aportar elementos que contribuyan a avanzar en materia de política de modernización del proceso legislativo, permitiendo que la Cámara de Diputados desempeñe su función de creación y modificación de normas jurídicas de una manera más dinámica y eficiente.
"1.- Plazos para la emisión de dictámenes y demás resoluciones.
"Como sabemos, el tiempo de que disponen las comisiones en la Cámara de Diputados, para despachar sus asuntos, es de cinco días hábiles, según lo dispone el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, con la posibilidad de solicitar una prórroga para resolverlos (artículo 91).
"Sin embargo, en virtud del vastísimo número de asuntos que ingresan a la Cámara de Diputados y que son turnados a las distintas comisiones, así como su grado de especialidad que requiere en la mayoría de las ocasiones de una etapa amplia de análisis y estudio, es prácticamente imposible que estos órganos estén posibilitados de cumplir con el plazo fijado.
No obstante la insuficiencia del plazo establecido, las Comisiones tienen la obligación de dictaminar todos los asuntos que se les turnan. En nuestro marco jurídico vigente, existen diversos preceptos tendientes a impedir que las Comisiones queden pendientes de resolver, tal es el caso del Artículo 72 inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al referir que las iniciativas de leyes o decretos, se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presentan a menos de que transcurra un mes desde que pasen a la Comisión Dictaminadora, sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.
Asimismo el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en su Artículo 21 fracción XVI dispone que las obligaciones del presidente, la de excitar a cualquiera de las Comisiones a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen, si han transcurrido cinco días después de aquel en que se les turne el asunto y si no fuere suficiente la emplazará para el día determinado y sin ni así presentara el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra Comisión.
De igual forma el Artículo 25 fracción XVI señala como obligación de los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara, la de presentar el día primero día de cada mes y en la primera sesión de cada período, un estado que exprese ya el número de los asuntos y expedientes que hubieran pasado a las Comisiones, el de los que hubieran sido despachados y el de aquellos que queden en poder de las Comisiones.
Aun así las Comisiones tienen un sinnúmero de procedimientos de inconclusos provenientes de Legislaturas anteriores, que hacen evidente la necesidad de definir plazos específicos, para que las Comisiones resuelvan los asuntos que se les encomienda.
En este sentido sostenemos que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, concebida con el objeto de llevar a cabo todos los trabajos de planeación y evaluación del Congreso, es el órgano competente para fijar el plazo en que las Comisiones deberán atender y resolverán los asuntos que se les remiten, más aun si consideramos que a ésta le corresponde fijar las prioridades del trabajo legislativo, así como impulsar el trabajo de las Comisiones.
El propio Artículo 45 de la Ley Orgánica en su actual Numeral 6 inciso f) dispone que las Comisiones tienen entre sus tareas, la de dictaminar, atender y resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas, en los términos de los programas legislativos, acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Planteamiento 2.- Caducidad de las iniciativas y proposiciones con Punto de Acuerdo que no sean dictaminadas en la Legislatura en que se presentaron.
Otro de los temas pendientes de análisis y solución en la Cámara de Diputados, es el relativo al rezago de las iniciativas y proposiciones que transitan de Legislatura a Legislatura, sin que sus respectivos procedimientos y trámites concluyan.
Nuestro Reglamento para el Gobierno Interior dispone que en su Artículo 94 párrafo tercero, que los dictámenes de las Comisiones produzcan sobre asuntos que no llegue a conocer la Legislatura que los recibió, quedarán a disposición de la Legislatura con el carácter de proyectos, sin embargo, este precepto ha dado lugar a dos interpretaciones distintas que todos los problemas iniciados en una Legislatura deben pasar a la siguiente en el estado en que se encuentran, con la finalidad de que ésta la los ponga en estado de resolución, en tanto esto no suceda tienen plena vigencia.
La mayoría de las Legislaturas han adoptado por la primera alternativa, ya sea porque en ese momento así lo proviene expresamente las normas procedentales vigentes, o en otros casos por un problema de insuficiente de claridad en la redacción del texto normativo aplicable.
Ya en algunas Legislaturas se ha buscado atajar este problema de rezago, sin embargo, las fórmulas adoptadas lograron solucionarlo sólo en forma temporal y parcial, por lo que nos parece que es necesario introducir un nuevo precepto por medio del cual puede resolverse este asunto en forma permanente.
En apoyo a esta propuesta citamos en el contenido algunas experiencias de países como España, de Chile, de Argentina y de Portugal y de Costa Rica, que ya hablan sobre la caducidad parlamentaria.
El planteamiento 3 es sobre la apertura de nuevas vías de comunicación entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República para poder definir caminos y darle trámite oportuno a la enorme cantidad de asuntos que las Cámaras deben resolver y como sabemos, una gran parte de ellos son de competencia de ambas Cámaras, aunque de manera sucesiva, es decir, en momentos procesales distintos. En atención a lo anterior planteamos esta tercera propuesta, que contiene el decreto cuyo objeto es fomentar el trabajo conjunto y coordinado de las comisiones de ambas Cámaras.
Por lo anteriormente expuesto y con el deseo que en forma general se publique en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates esta propuesta, con la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del 55 del Reglamento, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Artículo 38, párrafo B: Fijar los plazos para que las comisiones dictaminen, atiendan o resuelvan las iniciativas, minutas, proposiciones y demás asuntos que se les turnen, así como impulsar el trabajo de las mismas para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos.
Artículo 45: Las comisiones pueden reunirse en conferencia con las correspondientes de la Cámara de Senadores, para expeditar el despacho de los asuntos y ampliar su información para la emisión de los dictámenes.
Dentro del mismo artículo 45, párrafo F: Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, minutas, proposiciones y demás asuntos que se les turnen, en los plazos que fije la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Y en el numeral 9 del propio artículo 45: Al finalizar cada legislatura, caducarán todos los procedimientos de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo que se hayan presentado durante la misma y que no hubieran sido dictaminados, que sin más trámite deberán enviarse al Archivo Histórico. Los dictámenes que las comisiones produzcan sobre asuntos que no llegue a conocer la legislatura que los recibió, quedarán a disposición de la siguiente legislatura con el carácter de proyectos.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Muy amable. Gracias diputado don Sami David David.
Como lo solicita, insértese el documento íntegro en el Diario de los Debates, insértese el texto del documento, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto a solicitud del promovente
Señoras y señores legisladores, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, nos acompañan alumnos de la Escuela Secundaria Técnica "Rafael Dondé", invitados por el señor diputado don Roberto Colín Gamboa, a quienes les damos la bienvenida.
También saludamos y agradecemos la presencia de 25 maestros del Instituto Tecnológico de Zacatepec, Morales y les damos la más cordial bienvenida. Invitados por el señor diputado don Sergio Alvarez Mata.
El siguiente punto del orden del día, tiene la palabra la diputada doña Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior.
La diputada Nora Elena Yu Hernández (PRI): Con su venia, señor Presidente.
Los suscritos diputados Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Manuel López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a nombre de la Comisión de Economía la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, bajo lo siguiente:
El comercio exterior es pieza fundamental para nuestra economía; con el intercambio comercial los consumidores tienen a su disposición una gran variedad de productos y de marcas a precios menores, otorgándoles la posibilidad de hacer mejores decisiones de compra, mientras que las empresas tienen la ventaja de poder entrar a otros mercados con un arancel cero o mínimo, ampliando así su mercado potencial a millones de consumidores.
México en la década de los 80, comenzó un cambio estructural en sus relaciones comerciales con el mundo. En 1985, se impulsó un fuerte desmantelamiento de las tarifas a la exportación y la importación, a través, primeramente de la decisión al GATT, hoy Organización Mundial del Comercio y poco después con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
Ahora nuestro país es uno de los países más integrados económicamente, más abiertos al libre comercio, tenemos suscritos 11 tratados comerciales con 42 países cuantificados por el Senado y actualmente se está negociando uno más con Japón.
Esto posesiona a nuestro país como el único país en el mundo que tiene acceso preferencial a las economías más poderosas y competitivas del mundo. Esta política económica ha sido exitosa; las exportaciones en los últimos años han crecido a un ritmo promedio anual de 12 por ciento, propiciando que el comercio exterior represente hoy en día más del 60 por ciento de nuestra economía, convirtiéndose en un motor fundamental para el crecimiento y para el desarrollo industrial y tecnológico de México.
Bajo este contexto donde existe un solo mercado mundial, nuestras empresas están en franca competencia, provocando un reordenamiento de los mercados donde solamente las empresas más productivas, más competitivas y las más adaptables al cambio, prosperarán, ya que la intensa y dura rivalidad obliga a las empresas a competir más agresivamente, a eficientar, innovar sus productos y procesos, generando una asignación eficiente de los recursos que beneficia a toda la economía.
Sin embargo, la feroz competencia mundial está consolidando nuevos esquemas de producción y de competencia, así la competitividad es la única vía para que las empresas mexicanas y en especial, las microempresas puedan competir en el mercado mundial.
La competitividad mundial está avasallando a las grandes empresas y está desbastando a las microempresas, lo que obliga al legislativo, a impulsar nuevas acciones tendientes a elevar y a extender la competitividad de nuestra planta productiva.
Es evidente que la competitividad de nuestro país se ha ido rezagando ante las exigencias que la globalización impone a los mercados y a las empresas. Debemos entender que las ventajas comparativas como la abundancia de mano de obra, la dotación de productos naturales y la posición geográfica del país, ya no son suficientes para competir en los mercados internacionales, ahora se necesita generar y desarrollar ventajas competitivas, dado que éstas no se heredan, se crean, tanto a nivel de país en la macroeconomía como a nivel de empresa en la microeconomía.
En consecuencia, para que nuestras empresas sean competitivas, se requiere un entorno macroeconómico estable y sólido, un estado estimulador y facilitador de la actividad empresarial y de las operaciones de comercio exterior, así como una administración gubernamental ágil y eficaz y por supuesto, una legislación que brinde reglas claras y precisas, que otorgue seguridad y certidumbre a los inversionistas, facilitando de este modo, el proceso que la competitividad y la globalización demandan.
En tal sentido, es imperativo facilitar, incentivar y otorgar certidumbre jurídica a las operaciones de comercio exterior, a través de una legislación que mejore el entorno de los negocios en esta materia.
Así pues, en la Comisión de Economía nos dimos a la tarea de elaborar un proyecto de reformas a la Ley de Comercio Exterior para alcanzar este objetivo.
Primeramente, en el artículo primero se propone incorporar en el objeto de la ley que es prioritario, defender la planta productiva de prácticas desleales en el comercio internacional, toda vez que ante la apertura comercial el intercambio es mayor y diversificado, lo que hace más vulnerable a las empresas mexicanas de prácticas que atentan contra las buenas prácticas comerciales y de producción.
Por otra parte, es necesario ampliar las atribuciones de la Secretaría de Economía, a efecto de que se le faculte a resolver diversos problemas relacionados con la interpretación y aplicación de disposiciones de su competencia.
Para tal efecto, se propone que las nuevas facultades de la Secretaría de Economía se ejerzan de manera transparente, cubriendo así, las materias propias de su competencia.
Siguiendo con las facultades de la Secretaría, se plantea que debe ejercer una coordinación frente a las otras dependencias de la Administración Pública Federal, a fin de lograr que toda medida, restricción o regulación no arancelaria, sea acreditable en forma electrónica, ya que la falsificación de permisos, programas de comercio exterior, cupus, etcétera, han proliferado en los últimos tiempos.
Así, atentos a las nuevas tecnologías, se busca que toda dependencia que administre u opere una media o restricción arancelaria se enlace electrónicamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito fundamental de implementar mecanismos de control y fiscalización preventiva, que protejan la economía nacional del contrabando y la piratería.
Respecto a la Comisión de Comercio Exterior, atendiendo a los cambios y dinamismo que día con día caracterizan al comercio exterior, se considera necesario buscar la mejora continua en las medidas de regulación y restricción a las importaciones y exportaciones. En consecuencia, se estima conveniente que la comisión revise de oficio o a petición del sector privado, periódicamente las medidas de regulación y restricción del comercio exterior que se encuentren vigentes, a fin de recomendar las modificaciones a que haya lugar.
Además, se plantea que el sector privado pueda emitir su opinión en los temas que conozca la comisión de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esto es una apertura muy importante, toda vez que la voz de los sectores productivos, podrán ser escuchadas y explicar más a fondo la problemática que cada uno representa.
En cuanto a la Comisión Mixta señalada en el artículo 7, ahora estará encargada de analizar, evaluar, proponer y concertar acciones entre los sectores público y privado, en materia de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, mediante acciones tendientes a facilitar, promover, diversificar y consolidar el intercambio comercial. Con esta reforma se espera darle un nuevo impulso a esta comisión, con el objetivo de extender y elevar la competitividad de la planta productiva nacional.
La reforma al artículo 20, plantea que para el cumplimiento de las restricciones o regulaciones no arancelarias a emitirse por la Secretaría, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, concediendo para tal efecto un plazo de 5 días hábiles al sector privado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Fenecido dicho plazo, la Secretaría emitirá una nueva publicación, tomando en consideración los comentarios de los particulares, requisito sin el cual, no podrá ser exigible por las autoridades competentes.
La adición al artículo 36-A, propone que tratándose de mercancías consideradas como coproductos, subproductos o productos de desecho, para efecto del cálculo del valor normal, se estará a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley y en su caso se procederá como se establece en dicho artículo.
En cuanto al artículo 39-A, se establece que la autoridad considerará que el daño a la producción nacional de mercancías idénticas o similares, es causado por las exportaciones de mercancías originarias de otros países, distintos al país, cuyas operaciones están sujetas a cuotas compensatorias, siempre que se trate de empresas vinculadas y se demuestre en el procedimiento de investigación que sus exportaciones a México, se efectuaron en condiciones de damping o de subvención y que tales exportaciones pueden ser razonablemente la causa del daño probado a la rama de producción nacional.
Si bien es cierto, el artículo 70 de la ley que se propone reformar, establece el plazo de cinco años, para que las cuotas compensatorias definitivas puedan ser eliminadas, salvo que antes de concluir el plazo se realice un procedimiento de revisión anual, a solicitud de parte interesada o bien un examen de vigencia de la cuota. Sin embargo, y a efecto de otorgar mayores elementos a la Secretaría, se propone que en el caso de no existir referencia de precio comparable para determinar damping, daño y relación causal, la propia Secretaría utilice como referencia dos países.
Respecto a lo dispuesto en el artículo 91, se dispone que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, establezca las medidas y los mecanismos necesarios para la aplicación de los programas e instrumentos de comercio exterior, por lo que en coordinación con las dependencias competentes, deberá establecer mediante decretos, programas de promoción vinculados a la infraestructura, capacitación, coordinación, organización, financiamiento, administración fiscal y aduanera y modernización de mecanismo de comercio exterior, siempre y cuando se trate de prácticas internacionalmente aceptadas.
En virtud de lo extenso, señor Presidente, le solicito se publique íntegramente el texto de la presente iniciativa de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria y se solicite se dé turno a la Comisión de Economía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada doña Nora Elena Yu Hernández.
Como usted lo ha pedido, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria para el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Economía.
Señoras y señores legisladores, tenemos la visita de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el señor diputado don Manuel Ovalle Araiza, a quienes les damos bienvenida.
(Aplausos)
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Alejandro Agundis Arias (PVEM): Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, señor Diputado.
El diputado Alejandro Agundis Arias: Compañeras y compañeros legisladores:
Hoy en día en nuestro país es innegable el considerable incremento de estatuas decapitadas, nichos desprovistos de las figuras que los adornaban, tumbas y túmulos funerarios saqueados, montones de tierra, cascajos y escombros esparcidos en los lugares que antes ocupaban los bellos edificios de una antigua ciudad.
Pueblos que han perdido las imágenes religiosas que en su día representaron su mundo espiritual; Iglesias y palacios despojados de sus objetos más preciados, niños que crecen sin haber visto los grandes logros culturales de su propia cultura. Estos son algunos tristes resultados del saqueo, comercio y tráfico ilícito del patrimonio cultural.
La Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales de 1970, es el primer acuerdo de este tipo aceptado en todo el mundo. Esta Convención pretende proteger los bienes culturales del robo, la exportación ilícita y la enajenación ilegal. El 27 de junio de 2003, había cien Estados partes de dicha Convención. México firmó y ratificó la Convención el 4 de octubre de 1972 y el 4 de enero de 1973, respectivamente.
Con el fin de promover el objetivo de la Convención, la UNESCO pidió al Instituto internacional para la Unificación de Derecho Privado que redactara un nuevo tratado para complementar la Convención de la UNESCO de 1970, al que proporcionaría reglas mínimas de legislación uniforme. Esta iniciativa dio lugar en 1995 a la Convención "UNIBROIT" sobre los bienes culturales robados o importados ilícitamente.
En términos de legislación, México ha recorrido un largo trecho que inicia de manera sistemática también en el siglo pasado; sin embargo, no es sino hasta 1972 que se establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, cuando se alcanza una mayor protección jurídica a dicho patrimonio, bajo el cuidado del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes.
De acuerdo al artículo 28 de esta Ley Federal, son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos de la flora y de la fauna relacionados con esas culturas.
El artículo 28 bis establece que para los efectos de esta ley y su reglamento, las disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicas serán aplicables a los vestigios o restos de fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, restauración, recuperación o utilización revistan interés paleontológico y circunstancia que deberá consignarse en la respectiva declaratoria que expedirá el Presidente de la República.
Asimismo, el artículo 35 dice que son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la Nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la misma ley.
Es así como el patrimonio cultural de nuestro país quedó protegido legalmente. La Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ha cumplido a partir de entonces un papel importante en la defensa y la conservación del patrimonio cultural.
En la actualidad, la responsabilidad principal en la preservación del patrimonio mexicano corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en lo que toca a la custodia del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico, de los periodos prehispánico, virreinal y del siglo XIX y al Instituto Nacional de Bellas Artes en cuanto al patrimonio artístico del siglo XX.
Como es bien sabido, México es uno de los países más ricos en patrimonio cultural; asimismo es uno de los más saqueados ya sea en su patrimonio arqueológico o len bienes artísticos de las iglesias y monumentos, por robo o por venta ilegal de sus bienes culturales.
El robo y tráfico ilícito de obras se ha convertido en un mercado altamente lucrativo y en constante crecimiento. El robo y tráfico de obras de arte que se encuentran en lo miles de monumentos históricos de nuestro país, es favorecido por leyes blandas en la materia, y si a esto agregamos que en nuestro país abundan edificios en los que hay objetos muy valiosos a nivel histórico y cultural y que como ya vimos no existe un inventario nacional de dichos objetos, estamos ante un panorama poco halagador.
El INAH ha realizado esfuerzos importantes tendientes a detener el robo de arte sacro y pese a los avances en materia de vigilancia en los sitios culturales del país, persiste el saqueo y tráfico sistemático de piezas arqueológicas.
La ley hasta ahora ha resultado insuficiente para proteger el patrimonio histórico, ya que el delito de robo y tráfico de arte no es considerado como grave y los responsables de cometer dicho ilícito, gozan del beneficio de la libertad bajo caución, sin importar la gravedad de éste.
Debemos continuar manteniendo al patrimonio cultural bajo la responsabilidad federal, preservando su función social y creando instrumentos normativos complementarios que fortalezcan las competencias de las autoridades encargadas de la vigilancia y conservación en esta trascendente labor.
Para mi partido la importancia de la conservación del patrimonio cultural radica en que éste es el conducto para vincular a la gente con su historia.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente decreto por el que se adiciona una fracción decimoquinta al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
ARTICULO UNICO: Se adiciona una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en ordenamientos legales siguientes:
Fracción XV de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, los previstos en los artículos 49, 50, 51 y 53.
Por su atención muchas gracias. Es cuanto señor presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don Alejandro Abundis Arias.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pedro Avila Nevares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Pedro Avila Nevares (PRI): Con su permiso señor presidente, distinguido jurisconsulto y paisano mío Juan de Dios Castro Lozano.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Pedro.
El diputado Pedro Avila Nevares: Distinguidos diputados; distinguidas diputadas: De conformidad con los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz diputado Pedro Avila Nevares, presenta ante esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proporcionar gas LP a todos los pobres de México.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El 18 de marzo de 1938, a las 8 de la noche el Presidente Lázaro Cárdenas, estaba reunido a puerta cerrada con su gabinete, al que le anunció su decisión de expropiar la industria petrolera. Dos horas después en todas las estaciones de radio de la República la hizo pública al pueblo de México.
El acto produjo una honda impresión en todo el país. La expropiación se lleva a cabo un viernes y rápidamente se fue advirtiendo el apoyo de la opinión pública. El 23 de marzo hubo en la ciudad de México una enorme manifestación de respaldo que, según citan las crónicas periodísticas de aquel tiempo, superaba las 100 mil personas.
De igual forma, el 12 de abril hubo una manifestación muy peculiar frente al palacio de las Bellas Artes. Millares de mujeres de todas las clases sociales llevaron su cooperación para pagar la deuda petrolera. Las aportaciones iban desde gallinas hasta joyas valiosas y los niños que rompían sus alcancías para también colaborar a la expropiación petrolera.
La expropiación eras resultado de una cadena de hechos que habían puesto en entredicho la soberanía del país y por ello esta decisión llenó de júbilo al pueblo de México.
Este ejemplo de responsabilidad de un gobierno que protege a su pueblo sigue dándonos lecciones de nacionalismo y política. Ahora más que nunca retumban esas palabras pronunciadas por el presidente Cárdenas. Dijo Cárdenas: "…así como para proveer la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos".
Estas palabras fueron un llamado en la defensa de los más pobres de la nación. Desde entonces ha habido un gran cambio de política de Estado con los pobres. Ya no son lo principal desde que llegaron los neoliberales al poder.
Al recuperar las riquezas del subsuelo, Cárdenas también recuperó la dignidad del país. Los constitucionalistas imprimieron a la ley suprema un sentido social. Se reflejaba así la ideología revolucionaria; se imprimieron las garantías individuales, las que daban los derechos a los ciudadanos, y las obligaciones al Estado; la libertad, el derecho de los pueblos indígenas, como quisieran que ahorita se diera en Chiapas; el derecho a la educación, los derechos civiles, los derechos al trabajo, la libertad de manifestación, derecho de petición, derecho de asociación, derecho de tránsito, las propiedades de la nación y la distribución equitativa de las riquezas. Esto es, un Estado social, un proyecto de nación que ve al pueblo como su razón de ser y que sus riquezas deben ser distribuidas a todos para dar así las oportunidades de un mejor de vida; que los ciudadanos sean receptores de todo lo que la nación declara como suyo.
Por lo que de acuerdo al artículo 27 constitucional, en su segundo párrafo, el Estado tiene el derecho a imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública.
El artículo 28 del mismo ordenamiento, en su último párrafo, sostiene la posibilidad del Estado de otorgar subsidio en beneficio de la población cuando sean generales de carácter temporal y no afecte sustancialmente las finanzas de la nación.
Sin lugar a dudas a esta facultad se acoge esta propuesta. Este precepto señala que el Estado deberá regular, en beneficio de la sociedad, las riquezas de la nación.
La teoría nos propone entonces que el derecho del Estado a regular el beneficio social se agrega a la obligación del mismo para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública.
Si a esto agregamos la responsabilidad del Estado de brindar a sus gobernados la oportunidad de un mejor nivel de vida, entonces podemos concluir que el Estado debe otorgar, en beneficio del pueblo en situación de extrema pobreza, el goce sin costo –que se oiga bien—de los beneficios y riquezas de la nación.
Ahora propongo que se legisle en beneficio de los más pobres, de aquellos que son más vulnerables a las condiciones económicas, cuyos ingresos son insuficientes para acceder a los satisfactores mínimos para una vida digna.
Por eso en este día queremos nosotros proponer que el Estado tiene la obligación de dar oportunidad a su población a acceder a los mínimos satisfactores, y sobre todo a aquellos que son producto de los bienes de la nación, porque la historia de un país que se reconstruyó después de una revolución, debe contemplar como uno de sus objetivos, el tener una población que satisfaga su nivel de vida.
Las grandes injusticias son las que un país que tiene en su subsuelo las riquezas, no pueda brindárselas a la población.
Por lo anteriormente expuesto presento a esta soberanía la siguiente reforma
UNICO.- La presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un último párrafo para quedar como sigue.
Artículo 28: El Estado proveerá sin costo alguno por sí o por los concesionarios, los carburos de hidrógeno gaseoso, natural y licuado de petróleo, para consumo doméstico, de dominio de la nación, a los mexicanos en extrema pobreza de conformidad con lo que establece el artículo 27 de la Constitución con respecto al derecho de la nación a regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural urbana.
Transitorio primero.- Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Transitorio segundo.- Se encomienda a la Comisión Reguladora de Energía, a establecer los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de lo previsto en la presente reforma a más tardar en 60 días a partir de su publicación.
Esta reforma al artículo 28 vendrá a dar beneficio a todos los pobres de México que el gobierno federal les aumenta el gas cada mes sin autorización del Congreso y de ninguna autoridad.
Muchas gracias.
Pido a usted, señor Presidente, que se imprima en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria el texto íntegro de mi intervención.
Muchas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado, don Pedro Avila Nevárez. Le ruego que no se retire, señor diputado, porque tengo entendido que va a presentar otra iniciativa.
Como lo solicita el señor diputado don Pedro Avila Nevárez, insértese el texto ínegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria para el caso de que no haya sido publicado y túrnese el documento a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Señoras y señores legisladores, nos acompañan alumnos de la Escuela Secundaria Cuautli, de Cuautla, Morelos, a quienes les damos la bienvenida.
Y también tenemos la presencia de alumnos del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, plantel Tuxtepéc.
Los primeros invitados por el señor diputado Guillermo del Valle Reyes, y los alumnos del Colegio de Bachilleres, invitados por el diputado Aviel Pérez Magaña, a quienes también les damos la bienvenida.
El siguiente punto del orden del día se pospone a solicitud del promovente y tiene de nueva cuenta el uso de la palabra el diputado don Pedro Avila Nevaárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 56, 74 y 90 del Código Penal Federal y 553 y 554 del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Pedro Avila Nevárez (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Pedro.
El diputado Pedro Avila Nevárez (PRI): Por medio de esta tribuna de la Patria envío un saludo a todos aquellos internos de los distintos CERESOS y CEFERESOS que ya obtuvieron su libertad y que no la han logrado por falta de las reformas a estos artículos.
Compañeros Diputados;
Compañeras Diputadas:
Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el que suscribe, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos:
El 10 de abril del 2001 fue presentada por la ex diputada federal Josefina Hinojosa Herrera una iniciativa de reforma a los artículos 83 fracciones II y III y 83 fracciones II y III (?) de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, misma que se aprobó. Dos años después, el 29 de abril del 2003 en el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la Cámara de Senadores la aprobó y el Ejecutivo Federal la publicó el 30 de septiembre y el 5 de diciembre de ese mismo año, respectivamente.
El 23 de diciembre de 2003 se aprobó la reforma del artículo 83 tercero fracción II, dado que se había omitido una fe de erratas de la iniciativa original. Finalmente la reforma quedó completa y fue publicada el 23 de enero del 2004.
Han pasado ya tres años y ocho meses contados a partir del inicio del proceso legislativo y la publicación de las reformas a la ley antes comentada y durante este tiempo en mi calidad de ciudadano primero y como diputado federal y Presidente del Comité Nacional Proindulto ahora he dado seguimiento y apoyo. al igual que la ex compañera legisladora Josefina Hinojosa, a la solicitud de cientos de familiares de presos que pugnaron por la aprobación de las reformas y hoy luchan para quienes sean favorecidos con la aplicación retroactiva de la ley se les otorguen los beneficios establecidos en el Código Penal Federal y en el Código Federal de Procedimientos Penales tal como la reducción, conmutación de la pena o sobreseimiento que procedan.
Quienes hemos pretendido hacer valer en tiempo y con eficacia la letra y el espíritu de la reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos aprobada en la legislatura que nos antecedió, hemos agotado prácticamente todos los recursos jurídicos que la ley nos confiere. Enviamos un sendo documento a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal, al Instituto Federal de la Defensoría Pública, y en todos lados hemos recibido solo evasivas.
Por todo esto hemos acudido al órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y ha sido un hecho aislado individual. Sin embargo sus esfuerzos al igual que los nuestros han sido infructuosos, los incidentes no especificados que han interpuesto han sido rechazados por la gran mayoría de los juzgados de distrito y tribunales de circuito.
Hasta la fecha y no obstante que la reforma fue motivada por las numerosas, cientos o miles de peticiones de ciudadanos afectados, familiares de éstos y organismos protectores de derechos humanos, de los casos de portación y posesión de armas de fuego por lo que se privó de la libertad a padres de familia, a campesinos ignorantes, a comerciantes, a indígenas, a ganaderos, a cañeros y muchas otras personas sin antecedentes penales y ajenas a cometer cualquier otro delito y por circunstancias distintas a causar un daño a terceros, solo han sido readecuadas las penalidades de no más de un 50 por ciento de los aproximadamente 10 mil casos, oígase bien, 10 mil casos que según la iniciativa comentada había y de esos el 50 por ciento de readecuaciones solo han sido liberados no más del 15 por ciento.
El Titular del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptacion Social, Carlos Tornero Díaz, al reunirse con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara afirmó el 4 de agosto del año en curso que al menos un 40 por ciento de los presos no deberían estar ahí.
Y ha sostenido que las cárceles dejen de ser almacenamientos de individuos segregados de la sociedad y se conviertan en lugares de readaptación, para que se mantengan los centros de máxima seguridad para los de alta peligrosidad, pero no para aquellos que no tienen antecedentes penales y que su único delito por ignorancia ha sido traer un arma.
"Apoyo totalmente esta afirmación. En otras ocasiones he insistido desde esta tribuna, que la readaptación debe tratar de colocar al individuo en el camino de la conducta lícita y nos hemos pronunciado enérgicamente en contra de la lentitud con la que actúa el sistema penitenciario en el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada de quienes cumplen con los requisitos de ley, como actualmente pasa, en que todas las cárceles, CERESO’s y CEFERESO’s de la República, están llenas de gente por falta de una modificación a esta ley.
"Asimismo, con el fin de que la presente reforma beneficie a aquellos sentenciados que hubieran obtenido la reducción de su sanción por parte del órgano ejecutor de sanciones y para no obstaculizar los asuntos que se encuentran en trámite ante este órgano, se proponen tres artículos transitorios que esperamos que esta Soberanía apruebe.
"Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
"Artículo Primero.- Se reforma el artículo 56 y adiciona un tercer párrafo al artículo 74 y una fracción al artículo 90 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 56.- Cuando entre la comisión de un delito y la extinción (?) de la pena o medida de seguridad, entrara en vigor una nueva ley, se estará en lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad judicial que esté conociendo del asunto o que haya dictado sentencia ejecutoriada, aplicará de oficio o a petición de parte la ley más favorable.
"Cuando el reo hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya, dicho término se estará a la ley más favorable.
"Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético, conforme a la nueva norma.
"Artículo 74.- Si existiera sentencia ejecutoriada, en la que se hubiera negado la concesión de los sustitutivos de prisión previstos en el artículo 70 de este ordenamiento, atendiendo a la pena aplicada y durante la ejecución de la privativa de la libertad, sobreviene la reducción, al aplicársele la ley más favorable al reo al tenor de lo establecido en el artículo 56 de este Código
"En la propia resolución en la que se adecue la sanción, el juzgador deberá determinar la concesión de estos sustitutivos, con base en la nueva pena corporal, siempre que se satisfagan las condiciones previstas en el artículo 70 de este Código.
"Once.- Si existiera sentencia en la que se hubiera negado la condena condicional, atendiendo a la pena aplicada y durante la ejecución de la privativa de libertad, sobreviene su reducción al aplicársele la ley más favorable al reo, al tenor de lo establecido en el artículo 56. Deberá determinarse en la resolución en la que se adecue la pena, la condena condicional con base en la nueva sanción y de acuerdo con las reglas previstas en este artículo.
"Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 553 y 554 del Código Federal de Procedimientos Penales, en los siguientes términos:
"Artículo 553.- El que hubiese sido condenado por sentencia irrevocable, se encuentra en los casos de conmutación de sanciones a que se refiere el Código Penal, podrá solicitarla del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de que dicha autoridad actúe de oficio y sin detrimento de la obligación de reparar los daños y perjuicios legalmente exigibles. Recibida la solicitud, se resolverá sin más trámite lo que fuera procedente dictada la resolución se comunicará al Tribunal que haya conocido del proceso y al jefe de la prisión en que se encuentre el reo, el Tribunal deberá mandar notificar la Resolución al interesado.
Señor presidente, en virtud de que el tiempo se ha agotado y por ser de interés para la nación, ya que se encuentran un montón de seres inocentes en los cerezos y ceferezos de nuestra república, le suplico a usted que se turne a la Comisión respectiva y se le publique por favor en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, ya que esto va a iniciar a miles de hermanos nuestros que injustamente están en la prisión.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don Pedro Avila Nevárez como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Señoras y señores legisladores, contamos con la presencia y la agradable visita de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, invitados especiales de los diputados federales nayaritas, a quienes damos la bienvenida.
Tiene le uso de la palabra la diputada doña Mayela Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (PRI): Con su permiso señor presidente. Con fundamento en los Artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita que se turne a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que se dictamine y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura. está firmada la presente iniciativa por 70 compañeros de nuestro partido, el Revolucionario Institucional.
Los niños constituyen una parte fundamental del Estado mexicano, la atención que les brinda a las familias y la propia sociedad civil, así como la responsabilidad y obligación que tiene el Estado de tener política públicas, para que sean éstas un elemento de suma importancia para su desarrollo ecológico y social, pero las actuales condiciones socioeconómicas del país han contribuido a que un gran número de jóvenes y niños menores de 18 años, tengan que llevar a cabo funciones laborales en los distintos ámbitos de la vida productiva.
En la realidad no se puede soslayar, que es una medida en la que transcurre el tiempo y que cada vez aumentan los problemas económicos de las familias mexicanas, un sin fin de niños tienen que hacer frente a la vida para ayudar a sus padres o simplemente poderse ellos mismos sostener, descuidando con ello la educación que deben de recibir, para su mejor desarrollo y progreso individual en la vida y en la sociedad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4º. Párrafos sexto. séptimo y octavo, reconoce y garantiza los derechos humanos de los cuales gozan nuestros niños, niñas, tal y como lo establece la Constitución.
Estudios realizados por el DIF nacional y la UNICEF en el 2002 y 2003, en el segundo estudio de cien ciudades de niñas y niños y adolescentes trabajadores, indican que la edad más frecuente de ingreso al trabajo en nuestro país, es a partir de los diez años, por lo que la edad es menor a la permitida por nuestra ley. Aunque las actividades laborales de las niñas y niños desempeñan es muy amplia, es posible calificarles en cuatro grandes grupos:
El primero, el 38.9% de ellos trabajan como empacadores en tiendas de autoservicio; el segundo, el 31.1% se dedican al comercio y principalmente ambulante en la vía pública; y un tercer grupo que representa el 16.6 trabajan en actividades que pueden calificarse como servicios de ayuda y mendicidad, que incluye casi cualquier tipo de tareas y apoyo; y finalmente un cuarto grupo que comprende a los menores de cinco años, de los cuales el 73.5% son acompañantes de adultos, quienes en su mayoría se dedican a la venta de productos en la vía pública.
Lo más grave de todo esto, es que la población infantil trabajadora, de seis a 17 años, sólo el 71.6% asiste a la escuela, lo que implica que prácticamente tres de cada 10 menores no acuden a ningún plantel escolar.
Si se considera que la edad típica de asistir a la escuela en los niveles de educación básica obligatoria es primaria y secundaria, entre los 6 y los 15 años, casi 1 de cada 5 niños y niñas trabajadores en estas edades no acuden a la escuela.
Si revisamos el nivel de escolaridad de este grupo, encontramos que con la gran mayoría cursa la primaria, el 48.1% y el segundo lugar se encuentra en la secundaria con el 42.2%, mientras que la asistencia al bachillerato desciende drásticamente con un 7.7%.
Respaldan la presente iniciativa varios convenios, convenciones y pactos internacionales que se han celebrado a nivel internacional, en los cuales destaco los siguientes:
La Convención Sobre los Derechos de los Niños, ratificado por el Senado en 1990 en su artículo 32 y 36.
El Convenio Número 182 de la OIT, sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, en su artículo 3º, 4º y 6º.
El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por el Senado de la República en 1980, en su artículo 10º.
El Pacto Adicional de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo en San Salvador, aprobado por el Senado el 12 de diciembre de 1995 en su artículo 7º y 16.
El Convenio Número 138 sobre la Edad Mínima, adaptada por la Ciudad de Ginebra y aprobado por el Senado de la República en 1976, en su artículo 7º.
Por lo tanto y en vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa:
Primero. El artículo 22: Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años y los mayores de edad y menores de 16 que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente, en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.
Artículo 23: Los mayores de 16 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de 14 y menores de 16 necesitan la autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato que pertenezca la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector de trabajo o de las autoridades políticas. Al momento que se dé por escrito dicha autorización, se entregará otra carta donde se responsabilicen y obliguen a velar porque terminen su educación básica obligatoria y que cumplan con sus deberes académicos.
Artículo 174: Los mayores de 14 años y menores de 16 años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para trabajar y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la inspección del trabajo. Sin el requisito del certificado, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. Los médicos deberán asegurarse que dicho empleo ni implique un riesgo para su salud y desarrollo físico normal de la persona.
Artículo 175: Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 16 años en:
E) Las labores peligrosas que impliquen la manipulación de sustancias explosivas, psicotrópicas, tóxicas, insalubres o nocivas para su vida, su desarrollo físico o mental.
En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar u otras zonas que puedan ser inconvenientes para el desarrollo moral o social de los trabajadores.
Artículo 176: Los trabajadores, las labores peligrosas o nocivas para la salud o el desarrollo físico de las personas a que se refiere el artículo anterior, son aquellas que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presenta o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida y el desarrollo de su salud física y mental de los adolescentes. Los reglamentos que se expiden y determinan los trabajadores que queden comprendidos en la anterior definición.
Artículo 180, anexaremos la fracción 5ª: Llevar un registro de los trabajadores que no han terminado su educación básica obligatoria, para que los remita a la Secretaría de Educación Pública y a la Inspección del Trabajo para que se les otorguen los medios necesarios para que pueda terminar sus estudios, absorbiendo el costo el Estado a través de la Secretaría de Educación Pública.
Artículo 995: Al patrón que viole las normas que rigen el trabajo de las mujeres y los menores, que se le impondrá una multa por el equivalente de 30 a 155 veces el salario mínimo general calculado en los términos del artículo 992.
Artículo 22 Bis.- Las personas menores de 14 años que sean encontradas trabajando cesarán inmediatamente sus labores y el patrón deberán pagarles el salario que hubiesen cobrado un trabajador contratando legalmente, una indemnización igual a la que cobre una persona que sea despedida sin justa causa, el importe de una multa de la fracción II y de todas las prestaciones de la ley.
Artículo 173.- Los mayores de 14 años y menores de 16 años, tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia, les proteja contra la explotación laboral y económica, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental o moral o social o que puede entorpecer el ejercicio de su derecho o de la educación.
Artículo 175.
.....
Inciso i) En actividades que puedan agravar la discapacidad tratándose de trabajadores que no la tengan.
Inciso j) En hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores de abuso o maltrato.
Inciso k) Los demás que determinen las leyes.
Artículo 175 Bis.- La paulatina erradicación del trabajo infantil está a cargo del Estado, la familia y la sociedad.
El Estado a través de los organismos internacionales, intersecretariales, deberán de elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección tendiente a la erradicación del trabajo de los niños y las niñas, de los adolescentes que no han cumplido con 14 años.
Las personas entre 14 y 16 años, deberán estar especialmente protegidas para cualquier forma de explotación económica. Para ello la inspección del trabajo vigilará que se cumpla con las disposiciones que la eliminen prestando especialmente atención.
(Suena la campanilla de término de tiempo) Termino, señor Presidente.
Articulo 180 Bis.- Todos los trabajadores gozarán con una licencia especial para rendir exámenes de la enseñanza inicial, media o universitaria, con dos días concurrido para exámenes, con una máxima de 10 días por año de calendario. Esta licencia especial será con goce de sueldo.
A los efectos del otorgamiento de una licencia que alude al párrafo anterior, los exámenes deberán de estar referidos en los planes de enseñanza oficial a los que estén autorizados por el organismo estatal o federal competente.
El beneficiario deberá de acreditar ante el empleador, harán rendir el examen mediante presentación de certificado expedido por la institución...
(Suena la campanilla de término de tiempo) Termino, señor Presidente.
... en el cual le solicito que se presente la siguiente iniciativa y la cual se presente íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada.
Como lo solicita doña Mayela Quiroga Tamez, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa de referencia a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los titulares de las empresas estatales de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad designados por el Presidente de la República, sean ratificados por votación mayoritaria de la Cámara de Diputados.
La diputada Martha Palafox Gutiérrez (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
La historia moderna de México no se podría explicar sin la participación de dos empresas que son patrimonio de todos los mexicanos Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Estas dos empresas mexicanas han sido fundamentales para el desarrollo del país. En 1938, año en que se nacionaliza esta industria, éramos entonces poco más de 35 millones de habitantes y el promedio de escolaridad no llegaba a tercero de primaria, con tasas de analfabetismo que llegaba a ser del 75 por ciento y con una esperanza de vida de la población de 35 años.
Hoy, casi 67 años después, somos casi 105 millones de habitantes, la esperanza de vida es de 76 años en promedio y el analfabetismo se ubica en 9 por ciento. Toda esta transformación de México hubiera sido impensable e imposible si no contamos con estas dos empresas del Estado Mexicano.
Nacidas hace 66 años, estas empresas requirieron de un gran esfuerzo de los gobiernos de México para consolidarlas y hacerlas pilar fundamental para el desarrollo de México.
Cabe recordar que desde el llamado desarrollo estabilizador, hasta el inicio de la década de los 80´s, de cada peso que se contrataba como deuda externa del sector público, alrededor de 80 centavos se destinaba a ampliar la capacidad productiva de PEMEX y CFE. Esto se tradujo en impresionantes obras de infraestructura que ampliaría la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, lo mismo en PEMEX, empresa concebida como un instrumento del Estado Mexicano, para administrar los recursos de hidrocarburos y de Esta manera contribuir al desarrollo del país. Estas dos empresas lograron en su simbiosis, ser elemento esencial para garantizar el progreso de México.
Sin embargo, con el paso del tiempo y los nuevos retos que ha tenido que enfrentar la República, han venido cambiando, convirtiéndose cada vez más, en empresas que coadyuvan al sostenimiento de las finanzas públicas, es decir, su objetivo fundamental se ha tergiversado.
Hoy, ante un escenario internacional complejo, donde el imperio norteamericano ha dado muestras de su escaso pudor para atentar en contra de la soberanía de las naciones como recientemente lo vivimos en guerras absurdas, como la fue primero Afganistán y posteriormente Irak, tomando como pretexto una lucha en contra del terrorismo, cuando en realidad su objetivo se llama: petróleo.
Nosotros con Estados Unidos compartimos 3 mil kilómetros de frontera y no es casual que en la negociación del TLC, con los Estados Unidos se hubiera puesto como condición abrir esta industria a la inversión extrajera. Así lo dejaba entrever el entonces Secretario de Comercio norteamericano Robert Mosvacher(¿), cuando decía, que la crisis del Golfo Pérsico convertía al TLC en una prioridad para su país y expresaba: "los envíos de petróleo de México a Estados Unidos, son hasta ahora importantes, pero no suficientes". Tal declaración, las autoridades mexicanas de entonces, la consideraron ominosa, afirmando que en el marco del TLC, la verdadera defensa que se avecinaba para México, era por la defensa de nuestro petróleo.
Ahora el petróleo mexicano vuelve a ser motivo de disputa, ¡y cómo no va a ser!, si de casi 1 billón 50 mil millones de barriles a que ascienden las reservas internacionales, el 65.3% lo representa el Medio Oriente, Estados Unidos junto con Canadá el 3.4% y México el 5.4% . Recordemos que Estados Unidos tiene un consumo diario de petróleo de 20 millones de barriles de los 78 millones que se consumen a nivel mundial. México, Venezuela e Irán, lo proveen de 9 millones de barriles al día y la producción de Estados Unidos no es superior a los 6 millones, considerando que sólo tiene reservas para los próximos diez años; conviene no olvidarlo.
En este principio del siglo XXI, PEMEX aporta casi el 35% de los ingresos presupuestales de la Federación. Este hecho insostenible ha motivado que esta Honorable Cámara, aprobará un nuevo régimen fiscal para PEMEX recientemente.
Y por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad con su producción de casi 40 mil megawatts, ha permitido el abasto suficiente de electricidad al país, cubriendo casi el 96% el servicio de energía eléctrica a las familias mexicanas.
Por lo anterior, creo que es necesario que los titulares que sean nombrados en PEMEX y CFE, deben ser personas de probada experiencia en el manejo de estas industrias, amplio conocimiento sobre el tema, de una alta calidad moral que los aleje de cualquier sospecha y un compromiso inquebrantable con la nación y probada vocación republicana.
Por ello y con el propósito de que la designación de los nuevos titulares de PEMEX y CFE, se ponga entredicho y suspicacia, es que vengo ante esta soberanía como diputada federal, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República y 55 fracción II del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a proponer la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución General de la República, agregando una nueva fracción, recorriendo las mismas, para quedar como sigue:
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente de la República son:
I, II, III, queda como está.
IV . Designar previa ratificación de la mayoría de la Cámara de Diputados, a los titulares de las empresas públicas Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad".
Las demás fracciones se recorren, quedando la fracción XVII antes XVI como sigue:
"... cuando la Cámara de Senadores y de Diputados no estén en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV, V, y X, con la aprobación de la Comisión Permanente".
Transitorios:
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito, señor Presidente, que la presente iniciativa sea publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada doña Martha Palafox Gutiérrez.
Como lo solicita, publíquese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates. Túrnese la iniciativa de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Señoras y señores legisladores, tenemos la muy grata, muy grata presencia de el señor Arzobispo don Antonio Chedrawi (¿) de la Iglesia Ortodoxa, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Bienvenido, señor Arzobispo.
(Aplausos)
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 199 bis y 265 del Código Penal Federal.
La diputada Evelia Sandoval Urbán (PRI): Con su venia, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, doña Evelia.
La diputada Evelia Sandoval Urbán: Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Dentro de nuestra legislación mexicana, hay ciertos ordenamientos que si bien es cierto fueron creados para regular la conducta de una sociedad, lo es también que dentro de la misma es necesario hacer una serie de modificaciones que nos permitan garantizar los requerimientos que la misma sociedad reclama.
Por ello es que tomando en cuenta que de acuerdo a lo que establece la Convención de los Derechos de los Niños, la cual fue adoptada el 20 de noviembre de 1989, vinculada en nuestro país y aprobada por el Senado en el año de 1990, es necesario que en nuestra actual Constitución Política, así como en el Código Penal Federal, se hagan reformas en los capítulos en donde también se puede ver afectada nuestra niñez, teniendo como base lo establecido en la Convención de los Derechos de los Niños.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se ha reconocido aún el derecho universal de la cultura desde la perspectiva de los derechos humanos, a favor de las niñas y de los niños. Por ello es importante considerar la imperante necesidad de legislar en esta materia. Para tal efecto es necesario desarrollar y perfeccionar criterios básicos que permitan fortalecer el reconocimiento de los derechos a favor de la niñez mexicana.
Es evidente que existe un rezago en la legislación con relación a los derechos de la niñez; actualmente millones de niñas y niños carecen de las necesidades básicas tales como alimentación, salud, educación, vivienda, por citar algunos. Queda claro que la pobreza, injusticia y carencia, no diferencia entes, razas y mucho menos edades; lo que en realidad hace la diferencia es la norma a través de una estricta aplicación.
Podemos asegurar que si existen leyes que regulen y sancionen todo abuso que se cometa en contra de los menores, la incidencia disminuiría considerablemente. Esto se puede lograr a través de un trabajo conjunto entre Estado, autoridades, sociedad, familia, etcétera.
La tarea es ardua, debemos comenzar ya pues el impulso que se propicia en nuestra legislación, será la base para obligar a todos los individuos a acatarla.
Por todo lo anterior la reforma que se plantea parte de nuestra Constitución Política, considerando fundamental que se adecuen y queden plasmados los derechos de los menores, estableciendo y enfatizando las garantías de las cuales son acreedores.
Asimismo es importante adicionar y puntualizar aspectos que normen y regulen a la sociedad en su conjunto, estableciendo aspectos que son de vital importancia para la integración y unión de cada familia. Estos aspectos son: Paz, dignidad, solidaridad y tolerancia.
En cuanto al Código Penal Federal, es importante ampliar las sanciones que se aplican a los individuos que atenten contra los derechos de los menores.
Permítanme enfatizar que en todos los estados existe un alto índice de niñas y niños violados, discriminados, explotados, utilizados a consecuencia del tráfico de menores, que impera en nuestro país. Derivado de ello las niñas y niños que desaparecen y son arrancados de sus familias, tienden a ser presas de organizaciones delictivas que atentan contra su libertad e integridad. Como consecuencia, en la mayoría de estos casos los menores son vinculados a desarrollar trabajos
Impropios y corruptos. Considerando que en un futuro estos menores serán delincuentes o bien individuos que formen parte de organizaciones delictivas, creando así un círculo interminable de erradicar.
Es así que el propósito fundamental de esta iniciativa es el de reformar el actual Código Penal Federal, estableciendo sanciones drásticas que realmente penalice todo acto que perturbe y lesione los derechos de los cuales goza todo menor de edad.
Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos jurídicos expresados, me permito poner a la consideración del Pleno, la siguiente iniciativa de decreto de adiciones y reformas como se señala a continuación:
Se reforma el párrafo sexto y séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se reforma el párrafo primero del artículo 199 Bis y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 265 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:
PROPUESTA DE DECRETO:
Artículo 4o. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, basado en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
Los ascendientes tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, a fin de que toda persona que atente contra estos derechos, sean sancionados de acuerdo a la legislación vigente.
Artículo 199 Bis del Código Penal Federal. El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de 3 días a 3 años de prisión y hasta 40 días de multa.
Cuando la víctima sea un menor de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado el hecho, entendido por esto todo individuo que cuente con alguna discapacidad mental o física, la sanción será de 4 a 12 años de prisión y de 500 a mil días de multa.
Artículo 265. Si el sujeto activo a sabiendas de que padece una enfermedad infecto contagiosa comete la conducta antes citada, será sancionado de 4 a 12 años de prisión.
Cuando la consecuencia de dicha conducta la víctima resultare embarazada y el producto quedara infectado o en peligro, la pena señalada en el párrafo anterior se aumentará en un tanto más.
ARTICULO TRANSITORIO
UNICO: Este decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Firma diputada Evelia Sandoval Urban, integrante del grupo parlamentario del PRI. Es cuanto señor presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Muchas gracias diputada Evelia Sandoval.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el señor diputado don Martín Remigio Vidaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 38 de la Ley de Puertos.
El diputado Martín Remilio Vidaña Pérez (PRI): Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, compañeros diputados y diputadas: los suscritos, diputados federales integrantes de la 59 legislatura del Congreso de la Unión, pertenecientes a diversos grupos parlamentarios, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 38 de la Ley de Puertos al tenor de la siguiente exposición de motivos.
Mucho se ha hablado respecto de las numerosas ventajas que ofrece para el desarrollo estatal y municipal la organización federal consagrada en la Constitución, particularmente respecto de la posibilidad de desarrollo de actividades propias de alguna localidad o región, permitiendo con ello gozar de los beneficios económicos y sociales que esto conllevaría en forma natural.
Tal es el caso de las administraciones portuarias integrales, cuya creación en 1993 tuvo como propósito que administraran los bienes del dominio público que integran los recintos portuarios y obedeció esencialmente a dos factores: uno, cuyo contenido es eminentemente técnico en relación a que los sistemas operativos portuarios sufrieron una drástica transformación resultado de la evolución tecnológica en el manejo y acomodo de la carga en los puertos y su traslado hacia destinos finales, circunstancias que obligaron a modificar las características de los puertos.
El segundo de estos factores es el relativo a que se argumentó en su momento que la constitución de las administraciones portuarias integrales permitiría una vinculación directa puerto-ciudad en beneficio de la entidad federativa, realizando proyectos de desarrollo con un impacto económico importante a nivel estatal y municipal.
El primero de los propósitos se ha cumplido al contar actualmente con estructura portuaria moderna y operación eficiente. El segundo lamentablemente no ha sido cumplido al no existir un beneficio real y directo para los estados y los municipios derivado de la operación de estas administraciones portuarias integrales.
En este sentido resulta fundamental retomar el sentido federalista que inspiró nuestra Constitución para poder entender la esencia del mismo y replantear los papeles que debe asumir la federación respecto de estados y municipios.
Si partimos del concepto de federación de una forma de distribución del poder, que tuvo sus orígenes en el sistema norteamericano para conciliar los intereses de los territorios de las 13 colonias, permitiendo que cada circunscripción territorial transmitiera a una confederación la capacidad de decidir cuestiones relativas a esta entidad política superior pero no respecto de las decisiones locales de cada comunidad.
Al trasladarse dicha figura a nuestra legislación en la Constitución de 1824 después de un amplio debate, se logró conciliar la necesidad de un gobierno central fuerte con el reconocimiento de los poderes locales, que son los que delegaron en la federación parte de sus potestades para su conformación.
Esto es, el federalismo fue la fórmula que nuestro país encontró para conciliar los intereses centralistas y las necesidades regionales que defendían su autonomía.
Dicho sistema, con algunas interrupciones y luchas internas por establecer un régimen centralista, ha prevalecido en nuestro país con algunas variantes en cuanto a su concepción original, pero conservando la esencia de ser una forma de distribución del poder.
Con ello lo que se pretende reconocer es que el sistema federal mexicano, consagrado en el artículo 40 constitucional, no es otra cosa más que una forma de organización territorial de naturaleza distinta a cualquier otro tipo de federación en el mundo, a través de la cual cada entidad federativa está consciente de pertenecer a una unidad superior para contribuir a la unidad fundamental de la nación, conservando siempre su soberanía local y la posibilidad de un desarrollo regional apoyado por este ente superior.
Por ello la presente iniciativa conserva un profundo sentido federalista al proponer una adición a la Ley de Puertos con el propósito de establecer la necesidad de que la federación convenga con las entidades federativas y estas a su vez con los municipios, participación accionaria de las sociedades mercantiles, administraciones portuarias integrales, devolviendo a los estados no sólo parte de lo que le corresponde, sino otorgando la posibilidad de un desarrollo regional basado en la actividad portuaria.
Esta concepción del federalismo contenido en la iniciativa es coincidente con lo externado por el Poder Ejecutivo Federal en diversos foros, como en la X Convención Anual de Presidentes Municipales en donde se pronunció por lograr un federalismo que propicie una distribución más equitativa de los recursos públicos y un fortalecimiento de las entidades y los municipios, particularmente sobre el tema de las APIS, el Ejecutivo Federal expresó en su Tercer Informe de Gobierno, lo siguiente:
Hemos conducido la relación con las entidades federativas sin pretensiones centralistas; al respeto de la soberanía de los estados hemos sumado un espíritu de colaboración y concordia. Ahora los gobiernos estatales cuentan no sólo con el espacio político para ejercer plenamente sus facultades, sino también para hacerlo con mayores recursos. Se ha restablecido el pacto federal, las transferencias a estados y municipios crecerán en 28.5 % en términos reales respecto a lo que recibieron en el año 2000.
"Continuaremos impulsando el acuerdo para una transferencia accionaria equilibrada y justa de las administraciones portuarias, integrales, en coordinación con los Congresos Locales, los gobiernos estatales y municipios".
Tales conceptos del Ejecutivo Federal se comparten en la presente iniciativa por conservar un espíritu federalista, por lo que la presente propuesta esta encaminada a incorporar en nuestra legislación el marco jurídico adecuado que le dé sustento a dichas transferencias.
Lo anterior resulta de vital importancia para las citadas entidades federativas, toda vez que representa una gran oportunidad de desarrollo económico y de bienestar para su población; representa también una forma más de consolidar nuestro sistema federal a través del fortalecimiento de la célula primaria que conforma dicho sistema, como en el caso son las entidades federativas, conservando en todo momento, su naturaleza soberana, pero siempre acorde con el pacto federal.
En este sentido, la intención de la propuesta es esclarecer y establecer expresamente en el artículo 38 de la Ley de Puertos, la necesidad de que la Federación convenga con los estados y estos a su vez con los municipios, la transferencia accionaria no onerosa de su capital y en las sociedades mercantiles, administraciones APIS en pleno ejercicio de la facultad prevista en la fracción VII del artículo 116 constitucional, para que la Federación y estados y estos a su vez con los municipios puedan convenir la asunción del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario
El voto político ha estado de manifiesto. Durante el año 2003 los gobiernos de los estados que cuentan con APIS en sus territorios fueron convocados por el Secretario de Hacienda y Crédito Público quien a su vez les anunció la intención del gobierno federal de atender la demanda generalizada de los participantes.
Se llevaron a cabo diversas reuniones con autoridades que la mis Secretaría designó, con la finalidad de acordar los términos en que podría convenirse una mayor participación.
Por lo antes mencionado, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos cometer a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al artículo 38 de la Ley de Puertos, que a letra dice:
Artículo Unico.-Se adiciona un párrafo tercero al artículo 38 de la Ley de Puertos para quedar como sigue:
Artículo único.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 38 de la Ley de Puertos para quedar como sigue: La Federación convendrá con las entidades federativas en donde se ubiquen las APIS y estos últimos a su vez convendrán con los municipios en donde estén situadas las transferencias accionarias correspondientes al capital social de la federación de estas sociedades mercantiles, en el porcentaje que resulte del convenio que se suscriba, el cual no podrá ser menor a la tercera parte del capital accionario, mismo que será suficiente para sufragar los gastos que se realizan en este rubro y para la realización de obras de impulso a la infraestructura regional de los puertos en referencia.
Transitorios:
Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La suscripción de los convenios de transferencia a la que hace referencia el artículo 38 de la presente reforma de ley, deberá formularse en un plazo no mayor de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Gracias a usted, diputado Vidaña Pérez.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.
Tiene la palabra el señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 38 fracción II y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
Pongo a su consideración la siguiente iniciativa, haciendo alusión a otras iniciativas presentadas con anterioridad por el suscrito, con la finalidad principal del derecho positivo que es precisamente su vigencia tanto objetiva como subjetiva, primordialmente la positividad del derecho radica en la vigencia de la legislación en relación directa con la hipótesis casuística determinada por el tiempo, modo, lugar, persona y espacio también determinados, lo que constriñe en nuestro papel de legisladores actualizar nuestro marco legal a medida que las circunstancias de la convivencia humana nos lo demanda para mantener la sana y armoniosa relación entre individuos y la vigencia del verdadero Estado de derecho.
Los criterios y los intereses públicos evidentemente vienen sufriendo cambios dinámicos en cuanto a su claridad y objetividad para adecuarse a la lógica jurídica de nuestros tiempos modernos. Así las cosas, si bien resulta, cierto que tanto la soberanía como la inviolabilidad de los poderes entre sí resultan ser de interés público, también es cierto que la impartición y aplicación de justicia son de un alto interés público y aún resulta ser más certera la imperiosa necesidad de que los diferentes tipos de interés público no se encuentren contrapuestos.
Tomando en cuenta la doctrina jurídica respecto de los delitos, infracciones o faltas que cometieren los funcionarios generalmente debe considerarse como responsables como cualquier otro sujeto del Estado de derecho. Frente a esta regla tenemos que con la finalidad de que determinados funcionarios estén en aptitud de desempeñar las labores inherentes a su cargo, la Constitución contempla que durante el tiempo que dure éste los funcionarios no puedan ser perseguidos por los actos punibles que cometiere, salvo previa declaración de procedencia de la Cámara correspondiente.
Se hace hincapié que por impunidad debe entenderse la condición de aquella persona que no está sujeta a las sanciones previstas por la ley para la comisión de faltas, infracciones o delitos, en tanto que la inmunidad la constituye la condición de la persona que no puede ser juzgada por responsabilidad penal que derive de la comisión, faltas, infracciones o delitos, únicamente durante el tiempo que dure en sus funciones.
En este sentido se dice que en México, con la excepción del caso previsto en el artículo 61 de la Constitución federal no existe impunidad de los funcionarios públicos, sino solo una inmunidad durante el tiempo del encargo. Sin embargo, también es un principio jurídico doctrinal que la justicia tardía deja de ser justicia en su plena concepción.
Por tanto, pese a que no son impunes las personas protegidas por la figura conocida coloquialmente como fuero, salvo lo previsto en el artículo 61 constitucional, la inmunidad de que se goza provoca en la gran mayoría de los casos la postergación de la aplicación de la justicia.
En ese orden de ideas y atendiendo la principal finalidad de la inmunidad de que gozan todos los funcionarios previstos en el artículo 111 de nuestra Constitución, que es precisamente la de salvaguardar el buen ejercicio y el desempeño de la función encomendada, sin que ésta pueda verse afectada por la intervención de una autoridad extraña al fuero respectivo, pudiendo ser privados de la libertad y con ello afectar la función que desempeña el funcionario correspondiente, sin que se pueda de manera posible tomar las previsiones necesarias para que el servicio prestado no se vea afectado.
"En tal virtud y toda vez que al igual que en la materia civil, un funcionario puede comparecer a juicio, podría ser lógico que también pueda ser llamado a juicio de responsabilidad penal, pero con la salvedad de que no pueda ser privado de su libertad sino hasta la sentencia definitiva con la cual se pueda tramitar en el Congreso de la Unión, la consecuente declaración de procedencia con los elementos de pruebas contundentes, tales como una sentencia condenatoria dictada por el poder público, que tiene la potestad de declarar la verdad jurídica, como lo es el poder judicial, sin que la declaración de procedencia se vea soportada en la presunción de la responsabilidad, sino en el financiamiento claro y cierto de tal responsabilidad, agotando de manera objetiva la garantía de audiencia y defensa, sin que esta garantía se vea afectada por los intereses políticos por encima del interés público de la aplicación de la justicia.
"Por todo o anterior, se modifica la fracción II del artículo 38 de la Constitución, previéndose la salvedad en la suspensión de los derechos y prerrogativas ciudadanas, para ser acordes a la reforma de la presente iniciativa del artículo 111 del mismo cuerpo legal, máximo que a su vez contempla la posibilidad del poder a sujetar a procedimiento penal a los funcionarios previstos en este último artículo, pero sin que se pueda privar de la libertad hasta en tanto no se tenga la declaración de procedencia respectiva por el Congreso de la Unión.
"Por todo lo anteriormente expuesto, argumentado, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 38 fracción II y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma.
"Artículo Unico.- Se reforman los artículos 38 fracción II y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal o contar desde la fech8a del auto de formal prisión, salvo el caso en el artículo 111.
"Podrán ser sujetos a proceso penal sin que se aplique lo previsto en el artículo 38, hasta en tanto no se realice la declaración de procedencia, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de las Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como los Consejeros Presidentes y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo que dure su encargo.
"Sin embargo, para poder proceder a ejecutar cualquier orden de aprehensión, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si no ha lugar a proceder a la aprehensión contra el inculpado.
"Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento anterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión de delito continúe su curso, cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
"Si la Cámara declara que ha lugar a proceder a la aprehensión, el sujeto quedará a la disposición de las autoridades competentes, para que actúe con arreglo a la ley.
"Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, en los términos del artículo 110. En este supuesto la Cámara de Senadores resolverá con base a la legislación penal aplicable.
"Para poder proceder penalmente por los delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto la declaración de procedencia será para el efecto que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
"Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y tratándose de delitos por cuya comisión el autor tenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberá graduarse de acuerdo al lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.
"Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.
"Transitorios.
"El artículo primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"El artículo segundo.- Para efectos de no vulnerar la garantía y retroactividad de la norma, la presente reforma surtirá sus efectos para los representantes populares que resulten electos en los procesos electorales posteriores a la aprobación del presente decreto, así como a las designaciones de servidores públicos previstos en el artículo 111 posteriores al mismo.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de noviembre".
Es cuanto, diputado Presidente.
(aplausos)
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado Moreno Arévalo.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Y ahora tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan Carlos Pérez Góngora, para presentar iniciativa de Ley de Contabilidad de Información Financiera Gubernamental, suscrita por él mismo y por el señor diputado don Ángel Augusto Buendía Tirado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Carlos Pérez Góngora (PRI): Con el permiso de la presidencia. Compañeros legisladores. En la presente Legislatura hemos iniciado un proceso de redefinición de las responsabilidades que corresponden a cada uno de los Poderes, dentro de las acciones en esta dirección, se encuentra la modificación realizada al Artículo 74 Constitucional, por la cual el Ejecutivo debe presentar el presupuesto al Poder Legislativo a más tardar el día 8 de septiembre, a fin de que éste se apruebe antes del 15 de septiembre previos al ejercicio en que se aplicarán.
Sin duda este hecho constituye un avance significativo, al permitir a los legisladores llevar a cabo una revisión más detallada de la propuesta del Ejecutivo, sin embargo, esto paralelamente debe ir acompañado de un reordenamiento del marco legal que rige el proceso presupuestario así como la rendición de cuentas.
Por lo tanto, es fundamental que dicho ordenamiento sea capaz de regular que el proceso de elaboración, presentación y fiscalización de las finanzas públicas, esto es, ingresos y gastos, así como activos, pasivos y patrimonio, se desarrolle de forma articulada, considerando de manera objetiva, tanto las condiciones actuales de desarrollo de nuestra economía como del cambiante en torno internacional.
En este sentido la información contable y financiera adquiere una enorme importancia, ya que tiene como finalidad el brindar elementos para que, mediante el análisis e interpretación de las cifras presentadas en los estados financieros, los diversos interesados puedan tomar decisiones.
Por esta razón, la elaboración y presentación de la contabilidad y la información financiera de los diversos entes gubernamentales, deben estar enfocadas a brindar un reflejo de la situación que guardan, a fin de emprender acciones encaminadas a fortalecer los distintos indicadores financieros, que permitan que la entidad analizada cuente con estabilidad económica, buen grado de liquidez, un adecuado endeudamiento y el mantenimiento permanente del patrimonio de la entidad, elementos indispensables para garantizar que pueda desarrollar sus labores sustantivas.
Más aun cuando se administran recursos públicos, es particularmente importante contar con información clara y transparente, que permita su entendimiento y fiscalización, a fin de que las autoridades respondan en los términos oportunos, veraces y confiables, que exigen sus mandantes, fundamentalmente el sector que contribuye al pago de los impuestos.
Por desgracia, en la actualidad la información financiera incluida en las cuentas públicas no puede cumplir con dicho cometido, ya que se presenta incompleta al no considerar que es necesario, para una adecuada interpretación de la gestión financiera, se presenten al menos los estados financieros básicos como son, entre otros, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el de modificaciones patrimoniales y estado de cambios en la situación financiera.
Se encuentra también dispersa, elaborada a partir de diferentes fases de registro y sin presentar con claridad y transparencia una conciliación entre las cifras presupuestales con las cifras financieras, de modo que esta última situación únicamente se realiza en el sector paraestatal.
En nuestro país las autoridades federales son las que han establecido las prácticas contables gubernamentales, así hasta el día de hoy, la actividad normativa ha sido ejercida por el propio Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que consideramos que esta entidad ejerza también la facultad reguladora no contribuye a la instauración de buenas prácticas contables y de transparencia.
Cabe mencionar que esta problemática se ha presentado en diversos países, en los cuales a fin e garantizar la transparencia y eficiencia en la elaboración e implementación de normas de contabilidad gubernamental, se ha optado por la integración de comités o fundaciones auspiciantes de consejos autónomos con instituciones económicas, académicas y profesionales independientes de las autoridades gubernamentales, para la elaboración de normas, de tal forma la objetividad e independencia no se ve comprometida.
Esta actividad se complementa con interpretaciones de alta calidad, concentración de esfuerzos en la divulgación de las normas, para que exista mayor confianza y credibilidad.
Esto hace necesaria la existencia de una ley capaz de regular este proceso, dando así la oportunidad a la sociedad civil de informarse con claridad del resultado de la gestión gubernamental en su conjunto, permitiendo que se lleve a cabo el análisis de la situación financiera y presupuestal del país contando para ello con la asesoría de profesionales especializados en la materia.
El objetivo principal de la iniciativa que hoy presentamos el diputado Angel Buendía Tirado y su servidor, es aplicar los principios de contabilidad que son aceptados internacionalmente a la contabilidad pública gubernamental, así como llevar una contabilidad patrimonial con el fin de fortalecer las herramientas que nos permitan su detallado análisis e interpretación.
Por esta razón, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través de la Presidencia de la Comisión de Auditoría a Cuentas Públicas ha venido colaborando con los diputados que suscribimos esta iniciativa, para proponer una nueva Ley de Contabilidad e Información Financiera Gubernamental que permita armonizar los sistemas contables gubernamentales mediante la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados en el ámbito gubernamental internacional, así como principios aplicables a organismos y empresas del sector público.
A la luz del proceso de globalización de las economías, en México 12 instituciones de los sectores público, privado, profesional contable y educativo, promovieron la constitución del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, cuyos objetivos principales son los siguientes:
Desarrollar, en beneficio de la sociedad, normas de información financiera para el sector público y privado, transparentes, objetivas, así como confiables.
Promover la comprensión por parte de los sectores económicos, gubernamental, industrial, educativo, empresarial y profesional, del valor que representa la transparencia en la información financiera.
Las instituciones fundadoras de este organismo son: la Asociación de Bancos de México; la de Instituciones Financieras Internacionales; la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; la Asociación Nacional de Facultades de Escuelas de Contaduría Pública y Administración; la Bolsa Mexicana de Valores; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la de Seguros y Fianzas; el Consejo Coordinador Empresarial; el Instituto Mexicano de Contadores Públicos; el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. Son la que la integran.
El espíritu que guía a todas las personas que integran este organismo y particularmente el Centro de Investigación y Desarrollo y el Comité Técnico Consultivo, es el de trabajar coordinadamente y en conjunto para tener una información financiera de acuerdo con los más altos estándares de calidad en beneficio del interés público.
Es convicción generalizada la necesidad de un nuevo marco normativo que incluya normas suficientes para que, tanto las dependencias como las entidades paraestatales, reflejen de una manera fidedigna su situación financiera, tal como se proyecta en las iniciativas que sobre estos temas se han presentado y que existen en el seno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
En este contexto se propone que tanto la nueva Ley de Presupuesto que se encuentra en estos momentos en proceso de elaboración, así como esta Ley de Contabilidad e Información Financiera Gubernamental, se presenten como dos ordenamientos legales independientes, ya que un acto es la elaboración y ejercicio del Presupuesto y el otro, el registro contable y la presentación de la información financiera. Sin embargo, a fin de armonizar el contenido de los dos proyectos, se recomienda que ambas iniciativas se dictaminen conjuntamente.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, turne la presente iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Así será señor diputado Pérez Góngora.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El siguiente punto del orden del día, señoras y señores legisladores, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 225 y 376 Bis de la Ley General de Salud.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los que estén por la negativa.
(votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Esta Presidencia abre la discusión en lo general y en lo particular del artículo único del Proyecto de Decreto.
Además informa que no se han registrado oradores, por lo que se considera suficientemente discutido el asunto.
Instruya la Secretaria la apertura del sistema electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación.
De viva voz, sonido en la curul del diputado Gustavo Zanatta Gasperín.
El diputado Gustavo Zanatta Gasperín: Zanatta Gasperín Gustavo, a favor.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: El diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante.
El diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante: Benjamín Fernando Hernández Bustamante, a favor.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Gracias.
La diputada María Mercedes Rojas Saldaña. Sonido en su curul.
La diputada María Mercedes Rojas Saldaña: A favor.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Gracias, el diputado José Javier Villacaña Jiménez.
El diputado José Javier Villacaña Jiménez: A favor.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: A favor el diputado Villacaña.
El diputado Alfredo Bejos Nicolás.
El diputado Alfredo Bejos Nicolás: A favor.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Gracias.
El diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro: A favor.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: A favor.
Diputado Presidente, se emitieron 381 votos a favor y una abstención.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el proyecto de decreto por 381 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 225 y 376 Bis de la Ley General de Salud.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 165 Bis y 165 Ter al Código Federal de Procedimientos Penales.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura al dictamen.
Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces se da como suficientemente discutido.
Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
(Votación)
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico.
Sonido en la curul 470, del diputado Gustavo Zanatta Gasperín.
El diputado Gustavo Zanatta Gasperín: A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Gracias, en la 430 del diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante.
El diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante: A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En la 468 de la diputada María Mercedes Rojas Saldaña.
La diputada María Mercedes Rojas Saldaña: A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Gracias. 469 del diputado José Javier Villacaña Jiménez.
El diputado José Javier Villacaña Jiménez: A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Gracias. 308 del diputado Alfredo Bejos Nicolás.
El diputado Alfredo Bejos Nicolás: A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: De la diputada Martha Palafox, sonido en la curul.
La diputada Martha Palafox Gutiérrez (desde su curul): A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: A favor, gracias. De la diputada Laura Reyes Retana. Sonido en la curul de la diputada Reyes Retana. ¿ A favor?
La diputada Laura Reyes Retana (desde su curul): A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Del diputado Moreno Cárdenas.
El diputado Rafael Moreno Cárdenas (desde su curul): A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Gracias. Murat Hinojosa. Sonido en la curul.
El diputado Alejandro Murat Hinojosa (desde su curul): A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Sonido en la curul del diputado Isidro Camarillo.
El diputado Isidro Camarillo Zavala (desde su curul): A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Sonido en la curul del diputado Elpidio Concha.
El diputado Elpidio Concha Arellano (desde su curul): A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Gracias. Sonido en la curul del diputado Javier Bravo.
El diputado Francisco Javier Bravo Carvajal (desde su curul): A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Gracias. Sonido en la curul de la diputada Guillén.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (desde su curul): A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Gracias. Sonido en la curul de la diputada Díaz Delgado
La diputada Blanca Judith Díaz Delgado (desde su curul): A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Sonido en la curul del diputado Concepción Cruz.
El diputado Concepción Cruz García (desde su curul): A favor.
Señor Presidente se emitieron 380 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 380 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona los artículos 165 bis y 165 TER, al Código Federal de Procedimientos Penales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputados y diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura al dictamen. Esta a discusión en lo general .
Esta Presidencia no tiene registrados oradores. Luego entonces se declara como suficientemente discutido en lo general y para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Congreso Interior, perdón para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo reservas de artículo, se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior; ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto...
(Votación)
El Secretario Marcos Morales Torres: De viva voz, el diputado Gustavo Zanatta Gasperín; denle sonido a la curul 470.
El diputado Gustavo Zanatta Gasperín, (desde su curul).- Afirmativo.
El Secretario Marcos Morales Torres: Gracias.
De viva voz, el diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante; denle sonido a la curul 430.
El diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante (desde su curul): A favor.
El Secretario Marcos Morales Torres: De viva voz, la diputada María Mercedes Rojas Saldaña, curul 648.
La diputada María Mercedes Rojas Saldaña (desde su curul): A favor.
El Secretario Marcos Morales Torres: Gracias.
El diputado José Javier Villacaña Jiménez, curul 469.
El diputado José Javier Villacaña Jiménez (desde su curul): A favor.
El Secretario Marcos Morales Torres: Del diputado Alfredo Bejos Nicolás, curul 308.
El diputado Alfredo Bejos Nicolás (desde su curul): A favor.
El Secretario Marcos Morales Torres: A la curul de la diputada Suárez Ponce.
La diputada María Guadalupe Suárez Ponce (desde su curul): A favor.
El Secretario Marcos Morales Torres: A la curul del diputado Utrilla.
El diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles (desde su curul): A favor.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por favor sonido a la curul del diputado Vidaña.
El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez (desde su curul): A favor.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por favor sonido a la curul del diputado Javier Bravo.
El diputado Francisco Javier Bravo Carvajal (desde su curul): A favor.
El Secretario Marcos Morales Torres: Gracias.
Señor Presidente, se emitieron 376 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado por 376 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos de los ciudadanos José Luis Cuevas y Novelo, Francisco Javier Montes Alvarado, Guillermo Galván Galván, Julio Victor Michaud de Nerare y Gaona, Fernanda Rebeca Ortega Naredo, Fermín Azpe López, Guillermo Bermúdez Romo, Raúl Hernández Flores, Angélica Donají Atristáin Michel, Bárbara Adriana Shin (¿) Urias, María Cristina Bustamante Moreno, Jacqueline Santillán Ríos, Claudia Lisette Belmontes, Gregorio Paz González, Luis Eduardo Gámez León, Alvaro Francisco Aguilar León y Vanesa Morfín Veas, para aceptar y usar condecoraciones y prestar servicios a gobiernos extranjeros.
Felipe Camelo Schwarz y Pol Popovic Karic, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul de la República de Guatemala y de Serbia y Montenegro con circunscripción consular en la Ciudad de Monterrey, estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la lectura.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa.
Se pide a la secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: José Luis Cuevas y Novelo; Francisco Javier Montes Alvarado; Guillermo Galván Galván y Julio Victor Michaud de Nenare y Gaona; para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confiere el gobierno de la República de El Salvador; la Armada de los Estados Unidos de América, la Junta Interamericana de Defensa, el ejército de la República de Nicaragua y el gobierno de la República Francesa, respectivamente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Isaura Fernanda Rebeca Ortega Naredo; Fermín Asté López; Guillermo Bermúdez Romo; Raúl Hernández Flores; Angélica Donaji Aristáin; Michell Bárbara Adriana Zinc Urias; Ma. Cristina Bustamante Moreno; Jacqueline Santillán Ríos; Claudia Lizeth Belmonte; Gregorio Paz González; Luis Eduardo Gámez León; Alvaro Francisco Aguilar León y Vanesa Mortín Beas, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, Guadalajara, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua y en las Embajadas de Canadá, de Australia y de los Estados Unidos de América en México, respectivamente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Felipe Camilo Schwartz y Polpo Poclic Caric, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Guatemala, en la ciudad de Monterrey y con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y de Servi Montenegro en la ciudad de Monterrey, con circunscripción en el Estado de Nuevo León, respectivamente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
Se ruega a la secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
Diputado Gustavo Sanata Gasperín. A favor.
Diputado Benjamín Fernández Hernández Bustamante. A favor.
Diputada María Mercedes Rojas Saldaña. A favor.
Diputado José Javier Villicaña Jiménez. A favor.
Diputado Alfredo Vejos Nicolás. A favor.
Diputado Alejandro Moreno. A favor
Diputado Alejandro Murat Hinojosa. A favor.
Diputado Raúl Piña Horta. Negativo.
Diputada Janette Ovando. A favor.
Diputado presidente, se emitieron 378 votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los proyectos de decreto por 378 votos. Pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvante manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza. Se ruega a la secretaría dar cuenta con la propuesta de punto de acuerdo signada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política. Punto de acuerdo. Unico. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que, dentro de los 10 días hábiles posteriores a esta fecha, investigue y rinda informe pormenorizado a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo de la honorable Cámara de Diputados, ante las que asistirán para tal efecto y previa formal convocatoria el secretario de Hacienda y Crédito Público, o el funcionario que para el efecto designe, y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Con la firma de los siguientes diputados: Francisco Barrio Terrazas, presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia en función del artículo 59 del Reglamento Interior de esta honorable Cámara de Diputados, se le consulta a la asamblea si se considera de urgente y obvia resolución.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución…No habiendo oradores inscritos, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo propuesto.
El Secretario Marcos Morales Torres: En votación económica, por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
(Votación)
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
El Secretario Marcos Morales Torres: De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal para que a través de la ORENADER estructure el área para la Comisión de Barrancas del Distrito federal, que permita coordinar el Programa de Conservación y Manejo Sustentable de las Barrancas del Distrito Federal.
Segundo.- Exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el próximo Presupuesto de Egresos del Distrito Federal sea considerada una partida presupuestaria para la Comisión de Barrancas del Distrito Federal, siendo que dichos recursos deben de estar debidamente etiquetados para su destino en áreas naturales protegidas.
Tercero.- Exhortar a la SEMARNAT para que dentro de los Anexos del Programa de Empleo Temporal, puedan ser consideradas las zonas del Distrito Federal que incluyen barrancas.
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Mesa Directiva y los diputados integrantes de esta Comisión.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia está a discusión el dictamen.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los Puntos de Acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los Puntos de Acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los Puntos de Acuerdo. Comuníquense.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Se va a dar lectura al Punto de Acuerdo del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación a la proposición para solicitar al Titular del Poder Ejecutivo Federal expida el decreto presidencial que contenga la declaratoria de área natural protegida en la categoría de reserva de la biosfera de la zona conocida como Ojos de Agua del Río Talpa de Allende, Jalisco.
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se aprueba la proposición de Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el gobierno estatal y el gobierno municipal, a llevar a cabo las mesas de trabajo en términos del artículo 58, a fin de evaluar la viabilidad de decretar a Ojos de Agua del Río Talpa de Allende, en el estado de Jalisco, como área natural protegida, así como su respectivo programa de manejo y la categoría para su declaración.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de septiembre de 2004.
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Presidenta diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, y los demás integrantes de la Comisión.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo quien haga uso de la palabra se considera suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los Puntos de Acuerdo.
La Secretaria Graciela Larios Rivas. En votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los Puntos de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense.
Continúe la Secretaría.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura al unto de Acuerdo del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en relación a la proposición para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales declare como área natural protegida el parque ecológico estatal de Omiltemi, Guerrero.
"Único.- Se aprueba la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que declare como área natural protegida al parque ecológico estatal de Omiltemi, Guerrero, presentada por el diputado Mario Moreno Arcos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 2 de abril de 2004 en los siguientes términos:
"La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la LIX Legislatura, hacen un respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a la brevedad se dé a la labor de realizar los estudios y gestiones necesarias a fin de presentar al Titular del Poder Ejecutivo para que se declare la zona de Omiltemi, Guerrero como área natural protegida, bajo la categoría de reserva de la biósfera con su respectivo programa de manejo y en términos de lo que establece el artículo 58 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
"Dado en el Palacio Legislativo a los 22 días de septiembre de 2004.- Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales suscriben sus integrantes".
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión los puntos de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra se consideran suficientemente discutidos.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte en relación a la proposición para rendir un homenaje y entregar un reconocimiento a los atletas mexicanos Ana Gabriela Guevara Espinosa, Hugo Sánchez Márquez y Julio César Chávez González.
"Punto de Acuerdo:
"Primero.- La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión realizará a través de la Comisión de Juventud y Deporte un homenaje donde se hará entrega de un reconocimiento a cada uno de los atletas Ana Gabriela Guevara Espinosa, Hugo Sánchez Márquez y Julio César Chávez González.
"Segundo.- Facúltese a la Comisión de Juventud y Deporte para la realización del homenaje y entrega en nombre de la honorable Cámara de Diputados de reconocimiento a dichos atletas.
"Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de noviembre de 2004 y suscriben los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte".
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen.
No habiendo quien haga uso de la palabra se considera suficientemente discutido y pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Energía en relación a la proposición acerca de los avances de resultados de los programas de productividad y modernización de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad.
"Resolutivo:
"Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro a revisar el avance de sus políticas, estrategias y acciones para lograr los objetivos en materia de productividad establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 para el sector eléctrico nacional.
"Segundo.- Se exhorta a las dependencias mencionadas a informar periódicamente a la Cámara de Diputados de las acciones emprendidas y de los resultados alcanzados en relación con el costo de la prestación de los servicios, las pérdidas de energía, los tiempos de interrupción por usuario y por sector de consumidores, con la modernización y rehabilitación de la infraestructura y de las instalaciones con la homologación de los indicadores de eficiencia de la industria eléctrica y con otros factores relevantes que permitan evaluar los avances en competitividad y productividad del sector.
"Tercero.- Se exhorta a Luz y Fuerza del Centro a informar periódicamente a la Cámara de Diputados, de las acciones emprendidas en relación con la homologación de los indicadores de productividad con los de la Comisión Federal de Electricidad y de los resultados alcanzados en este sentido.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2004 y se adjuntan las firmas de los integrantes de la Comisión de Energía".
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el proyecto.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias Secretaria.
Aprobados. Comuníquense.
Continúe la Secretaría.
El Secretario Marcos Morales Torres: "De la Comisión de Energía.
"Primero.- Se exhorta a la administración de PEMEX-Refinación, para que proteja, respalde y conserve en forma funcional a la terminal marítima de Ciudad Madero, otorgando los recursos técnicos y materiales necesarios para elevar sus rendimientos e índices de desempeño.
"Segundo.- Se exhorta a PEMEX para que promueva el servicio de reparación de buques-tanque de cualquier empresa y nacionalidad, así como a que la reparación de buques de la flota petrolera y de la flota menor, sea valorada por la terminal marítima de Ciudad Madero, para determinar si es factible su reparación en dichas instalaciones y así coadyuvar con el desarrollo de dicha terminal.
"Tercero.- Se solicita respetuosamente al Director General de Petróleos Mexicanos, para que designe a los funcionarios relacionados con el desarrollo y operación de la terminal marítima de Ciudad Madero y el Dique Seco, a fin de que mantenga una reunión con la Comisión de Energía e informe sobre las condiciones de operación y las acciones necesarias para la rehabilitación de dichas instalaciones, así como los proyectos que se tienen en relación con la flota petrolera.
"Cuarto.- Se solicita respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que designe a los funcionarios responsables de la evaluación y aprobación de proyectos de inversión de las entidades paraestatales, a fin de que se reúna con la Comisión de Energía, para que se defina la factibilidad de autorizar las inversiones necesarias para la rehabilitación de las instalaciones de la terminal marítima de Ciudad Madero y el Dique Seco, así como los proyectos que se tienen en relación con la flota petrolera".
Señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el proyecto.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
¿Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por al negativa?
(Votación)
Gracias.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo.
Comuníquense.
Señoras y señores Legisladores: Esta Presidencia ha recibido Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que concede permiso para ausentarse del territorio nacional del 6 al 11 de diciembre de 2004, a efecto de participar en la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, a celebrarse en Perú el 7 de diciembre del 2004; asistir a la Tercera Cumbre de América del Sur, a realizarse en Cuzco, Perú, el 8 de diciembre del 2004; y para hacer una visita oficial a la República de Bolivia los días 9 y 10 de diciembre de 2004.
Esta presidencia la recibe y la turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
En virtud de que se han agotado los asuntos en cartera se ruega a la Secretaría dar cuenta con el Orden del Día de la próxima sesión.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(LECTURA ORDEN DEL DIA)
Cumplida la instrucción ciudadano presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Como registro de asistencia se toma la última de las votaciones.
Se levanta la Sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 30 de noviembre a las once horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las nueve treinta.
(A las 14:55 hrs.)