El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI): Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
El Secretario Marcos Morales Torres (PRD): Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 400 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: (11:13 horas) Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría también a instruir el cierre del sistema electrónico de asistencia. Previamente está el diputado Kahwagi que tiene problemas con su sistema electrónico.
El Secretario Antonio Morales de la Peña (PAN): Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se les informa que se tienen 15 minutos para registrar su asistencia por cédula.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. En virtud de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta del a sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura. En consecuencia, proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.
La Secretaria Graciela Larios Rivas (PRI):
(Del Congreso del estado de Guerrero)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Del diputado Alejandro Higuera Osuna)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Del diputado Sergio A. Magaña Martínez)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado y se le tiene por reincorporado. Bienvenido.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Del diputado Isidro Camarillo Zavala)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sírvase la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Isidro Camarillo Zavala, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la Primera Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobados.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Comunicación de la Junta de Coordinación Política)
El Secretario Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la iniciativa que adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Cinco oficios con los que se remiten contestaciones a diversos puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de diputados y publicados en la Gaceta Parlamentaria)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Oficio por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Carina María Elizalde Di Martino, pueda prestar servicios en la Embajada de Francia en México)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Oficio por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Cristina Noguez Padiílla, puesta prestar servicios en la Embajada de Dinamarca, en México)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación, también.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Oficio por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Jaime Romero Gamboa, Luz Yam Vázquez Villanueva y Xóchitl Balcázar Martínez, puedan prestar servicios, y se comunica que ha dejado de prestar servicios los ciudadanos Alejandra Elizabeth Reséndez Garza, Graciela de la Luz Rivas y Gustavo Javier Ayala Melgoza)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Por lo que se refiere a la solicitud de permiso, recíbase y túrnese a la Comisión de Gobernación.
Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Oficio con el que se remite Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del sector público)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Oficio con el que se remite minuta con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Ricardo Villanueva Hallal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden "El Sol del Perú", que le otorga el gobierno de la República de Perú).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Oficio que remite la minuta con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Caballería Rubén Barraza Rodríguez para que pueda aceptar y usar la condecoración "Cruz de Mérito Militar de Segunda Clase", que le otorga el Ministerio de Defensa de la República de Guatemala).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Da lectura a oficio con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Coronel de Artillería Diplomado del Estado Mayor Mario Valencia Robledo y Capitán de Navío Diplomado del Estado Mayor, Pedro García Valero, para aceptar la condecoración "Cruz Peruana al Mérito Militar, en grado de Comendador y la Medalla Conmemorativa " Primero de Agosto" conferidas por las Repúblicas del Perú y del Ejército de la República Popular China, respectivamente).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Con oficio que remite la minuta con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alfredo Joskowics Bobrownicki, José Fernando del Campo Velasco y José Figueroa Cortés, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El siguiente punto del orden del día, son iniciativas de ciudadanos diputados.
Esta Presidencia recibió iniciativa que reforma y adicional el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2, 18 y 51 de la Ley del Banco de México, suscrita por el señor diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Convergencia.
Se ordena su turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 343-Quater del Código Penal Federal en Materia de Violencia Familiar.
La diputada María Elena Orantes López (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
Honorable Asamblea.
Compañeras diputadas y diputados:
La suscrita, diputada integrante del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71 fracción (¿) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 343 del Código Penal Federal al tenor de lo siguiente en la exposición de motivos:
La violencia intrafamiliar se puede definir como aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, siempre y cuando el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio y comprenda, entre otros, maltrato físico, sicológico, abuso sexual y violación. Se trata, pues, del abuso sicológico, sexual, físico o económico habitual que sucede entre personas relacionadas afectivamente y que viven en un mismo domicilio.
Dentro de las manifestaciones de violencia sicológica tenemos las siguientes:
Abuso verbal, intimidación, amenazas, abuso económico, abuso sexual, castigo, aislamiento y desprecio.
Entendemos que la violencia familiar es un modelo de conductas aprendidas; existe una raíz cultural histórica que durante mucho tiempo en nuestra sociedad ha sido con un arraigo eminentemente machista. Se ha creído que se tiene el derecho primario de controlar, a disciplinar con severidad, incluso abusar (¿) de la vida de la mujer, de las hijas y de los hijos.
En el modelo presente de nuestra sociedad, se está reformando incluso el uso de la fuerza para resolver los problemas. El abusador usa la fuerza física para mantener el poder y el control sobre la mujer y los que dependen de él, porque ha aprendido que violencia es efectiva para obtener ese fin de control.
Otra causa generadora de este fenómeno, son los medios de comunicación que a través de sus series y de los programas a donde presentan estereotipos que nos presentan situaciones violentas y discriminatorias.
Lamentablemente la violencia doméstica va dirigida la mayor de las veces en contra de aquellos miembros de la familia que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad, por lo que las mujeres y los niños son la mayor veces las víctimas y el agresor casi siempre es del sexo masculino.
El abuso en contra de un niño es atentan contra su integridad física y emocional que se verá reflejada en la vida llena de temores, impidiendo así su pleno desarrollo.
Los agresores suelen venir de hogares violentos y pueden padecer también trastornos sicológicos, trasladando habitualmente la agresión que han acumulado en otros ámbitos hacia su familia.
A pesar del reconocimiento de los derechos de las mujeres y de los niños y de las niñas, todavía hay hombres que consideran a la esposa y a los hijos como objetos de su propiedad, por eso se creen con el derecho de descargar sobre ellos su frustración, tratándolos y maltratando y generando la violencia.
El incidente de maltrato rara vez es un hecho aislado, en realidad el maltrato generalmente se produce como una escala en frecuencia y en mayor intensidad. A la violencia física precede a veces la violencia sicológica.
Cree que algunas veces los golpes, la mujer piensa intimidatoriamente y en el atentado sicológico que las merece, pero lo que es aún más preocupante, es que hay mujeres víctimas de violencia que repiten las acciones con sus hijos. Es decir, trasladan ese acto hacia los infantes.
Dentro de las alternativas con que cuentan las mujeres y los niños, las víctimas de violencia están en los centros de resguardo; sin embargo, estos no pueden ser la única alternativa ante la violencia familiar, ya que esto representa que la víctima abandone su propio hogar y confiere al maltratador el domicilio y el dominio del mismo.
Por ello, con esta iniciativa se pretende que no obliguen a la mujer que de alguna manera es agredida y maltratada y a los hijos, abandonar el que se ha constituido como su domicilio familiar.
Por lo que respecta a la actuación de la policía del lugar, solo tiene facultad para imputar al agresor como perturbador de la paz pública y apartarlo durante una noche del escenario familiar. Pero no puede evitar que la pareja hacia la mujer vuelva al día siguiente a la vivienda a vengarse golpeando a su víctima de nuevo.
Además de que el personal policiaco no está preparado para intervenir en mediaciones domésticas y temen consecuencias jurídico-penales.
En el Derecho Penal la violencia familiar sólo es perseguible a instancia de la parte ofendida, tratándose así únicamente de los mayores de edad. Teóricamente, en el ámbito de las relaciones familiares no trascienden a la esfera de los ámbitos públicos.
No siempre la mujer consigue vencer su miedo a ejercer una acción penal porque siente un gran temor a que los hechos intrafamiliares de esta naturaleza alcancen la luz pública.
Es menester asegurar que a través de la adecuación del Código Penal, que la mujer juntamente con sus hijos pertenezcan y vivan en el lugar que ha sido el domicilio familiar, con exclusiva utilización de la misma y se separada de ella únicamente el agresor. Por lo que esta iniciativa tiene por objeto evidenciar una forma de otorgamiento de debida protección a las víctimas de la violencia doméstica y un avance para sustraer coactivamente al agresor, de la vivienda familiar incluyendo la prohibición de aproximarse a la misma, lo cual implica diversas prescripciones adicionales como la prohibición de recoger a los niños en la escuela o importunar a su mujer en el puesto o en el trabajo.
Por lo anteriormente expuesto y reconociendo el derecho que tienen las mujeres y los menores maltratados en el seno de sus hogares, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
DECRETO UNICO
Se reforma el artículo 343 del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos:
En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes el Ministerio Público exhortará al probable responsable, para que se abstenga de cualquier conducta que pudiese resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o síquica de la misma.
La autoridad administrativa vigilará de esta manera el cumplimiento de estas medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las siguientes medidas:
1. Ordenar en el momento del maltrato la separación del cónyuge al haber sido demandado, del lugar donde lo habita el grupo familiar.
Prohibir al demandado asistir a determinado lugar como puede ser su mismo domicilio conyugal, el domicilio donde habite o el lugar donde trabajen y estudien los agraviados.
Acercarse a los agraviados a una distancia prudente para salvaguardar su integridad física y mental. Para los supuestos de lesiones a la salud o a la libertad es prevista la separación del domicilio y la prohibición de aproximarse al mismo para el demandado, desde el momento en que tiene conocimiento el Ministerio Público, con la finalidad de evitar que se repitan conductas ilícitas que puedan seguir alterando el vínculo familiar.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 30 de noviembre de 2004.
Solicito a esta presidencia se incluya el texto íntegro de la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Es cuanto señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias diputada.
Insértese el texto íntegro como lo ha solicitado la diputada Orantes, en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.
Tiene la palabra el señor diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
El diputado Norberto Enrique Corella Torres (PAN): Con su debida autorización señor Presidente.
El suscrito diputado federal, Norberto Enrique Corella Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto pro el que se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 segundo párrafo, y 55; y se adicionan los artículos 49 bis y 56 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos con la siguiente:
Exposición de Motivos:
La identidad de una nación se determina por el cúmulo de vestigios que han dejado huella las distintas culturas que definen su presente y su pasado; por ello mismo, cuidar y preservar estos tan diversos antecedentes que representan lo que hemos sido y como hemos llegado hasta lo que somos, es no sólo una obligación sino una responsabilidad con los que precedieron.
Y más aún, con nuestros descendientes puesto que ese patrimonio cultural no pertenece exclusivamente a quienes ahora tenemos la fortuna de disfrutarlo sino que corresponde a una cultura que avanza y que nos distingue de otros pueblos, en el que nuestro pasado es la única forma de proyectarnos en el futuro.
Desafortunadamente, la protección de este legado no se ha visto reflejada en una legislación que permita una verdadera cultura de prevención y protección de esos tesoros.
Su saqueo ha sido constante por parte de coleccionistas y traficantes de este tipo de artículos, quienes se ven en esta práctica una oportunidad de enriquecimiento amparados a la sombra de un marco legal deficiente.
Varios han sido los intentos para regular esta materia a través de nuestra historia como país; sin embargo, es importante abocarnos a los más recientes trabajos entre los que encontramos la publicación de la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales de 1930, cuya vigencia efímera vio la luz por poco menos de cuatro años para ser substituida por la Ley sobre Protección de Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, siendo importante destacar que este nuevo ordenamiento incluyo nuevos conceptos sobre la protección de monumentos.
En 1970, se mostró nuevamente interés por renovar la legislación en esta materia al expedir la Ley Federal de Patrimonio Cultural de la Nación, y dos años después surgiría la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricos y Artísticos.
Sin embargo, también es importante destacar que debido a la ignorancia que existe entre nuestra población en relación al valor de estas riquezas, se presenta un saqueo paulatino e inclusive la destrucción de piezas de un valor incalculable e insustituible, y no nos referimos solamente a un valor monetario sino a uno intrínseco que nos identifica a la nación como mexicanos que somos.
También debemos señalar que gran parte de esa pérdida no es causada intencionalmente, por lo que sancionar de una manera severa y estricta sería irresponsable si nos tomáramos también en cuenta las causas que motivan y generan estas circunstancias; y más aún, legislar sin poner especial atención en aquellos grupos especiales que se convierten en los principales acreedores de estas penas, quienes en la mayoría de los casos son personas de escasos recursos que muestran un alto grado de marginación.
El mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha realizado esfuerzos por prevenir y evitar el robo y tráfico ilícito del patrimonio cultural de México.
La Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, una división del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha generado campañas en las que se puntualiza la problemática del robo, el saqueo y el tráfico ilícito de bienes culturales, así como la promoción de la conservación y cuidado de estas riquezas, ya sea como producto de la ignorancia de la población y desconocimiento sobre la importancia cultural y social de estos bienes, o por negligencia, o corrupción del personal de las instituciones culturales, personas de aduanas, de museos, de las zonas arqueológicas, de los templos, de las bibliotecas y archivos.
O más preocupante aún, como actividad organizada que cuenta con recursos para financiar sus ilícitos dirigidos a sustraer o saquear bienes culturales por "encargo", entre comillas, por su alto valor en el mercado negro.
Para reafirmar lo anterior, algunos datos nos indican que México cuenta aproximadamente con más de 200 mil zonas arqueológicas, en donde parte de ellas no cuentan con elementos de seguridad que las resguarde, habiendo también más de 67 mil monumentos históricos y un número considerable de monumentos artísticos de las mismas condiciones que nos indican datos del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Por esto, el objetivo principal de la iniciativa es proveer un mecanismo más efectivo contra el saqueo y la destrucción del patrimonio nacional, llámese monumento arqueológico, artístico o histórico.
Así, se propone reformar algunos artículos del capítulo de sanciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
Por estas razones estoy presentando este decreto por el que se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, segundo párrafo, y 55 y se adiciona un artículo 49 bis y un artículo 56, todos ellos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, cuya lectura omitiré en obvio de tiempo. Sin embargo, ruego a la presidencia que se publique la versión que estoy entregando, dado que ha habido algunas correcciones en la exposición de motivos.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado, y con mucho gusto se ordena que se publique este texto que entrega en propia mano a la secretaría el señor diputado Corella se publique íntegramente en el Diario de los Debates y se turne a las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.
Tiene la palabra el señor diputado Miguel Angel García Domínguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Miguel Angel García Domínguez (PRD): Gracias, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados: Miguel Angel García Domínguez, diputado federal del grupo parlamentario del PRD, me permito someter a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I y deroga la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución, de acuerdo a la siguiente
Exposición de Motivos.
Consideramos que debe darse un verdadero proceso de rediseño o reingeniería de las estructuras normativas e institucionales del Estado mexicano en beneficio de la sociedad.
Y un tema imprescindible es el de la reforma municipal para modernizar el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos, a fin de lograr la máxima eficiencia y eficacia.
Una de las características más importantes del sistema político mexicano es el sistema presidencial. El artículo 40 de la Constitución establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos.
Y el artículo 49 previene que el supremo poder de la federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
A su vez, el artículo 115 de la carta magna establece que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo y popular, teniendo como base de su organización territorial el municipio libre.
Y el artículo 16 de la propia Constitución previene que el poder público de los estados se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación.
La Constitución establece, en cambio, que el órgano de gobierno y administración municipal es un ente colectivo, el ayuntamiento, formado por el presidente municipal, los regidores y los síndicos y que el órgano legislativo municipal es también el ayuntamiento integrado por los mismos personajes. Esto es, las decisiones del gobierno y administración municipal deben ser tomadas colegiadamente por las mismas personas que están facultadas para expedir las normas legislativas del municipio.
Por lo tanto, el gobierno de nivel municipal que establece la Constitución no es un sistema presidencial como se establece para los otros niveles de gobierno. Además en el nivel municipal no se respeta el principio de división de poderes que se consagra en lo federal y estatal como instrumento y garantía de la democracia, pues se reúnen todos los poderes en el ayuntamiento.
Por otra parte, los presidentes municipales de cualquier partido no suelen tener actualmente en el ayuntamiento una mayoría suficiente en su partido para poder gobernar pacíficamente y sus principales oponentes frecuentemente son los regidores de su propio partido. Además en los regidores han nacido y crecido una apetencia de poder, una aspiración a beneficiarse con el reparto del botín político que desemboca en la pretensión de que se nombre como tesorero o como directores de las distintas dependencias a los amigos o correligionarios de cada grupo.
Esa situación impide que el gobierno municipal forme un grupo homogéneo de trabajo que labore bajo una misma dirección política, lo que reduce seriamente su eficiencia y eficacia o produce una situación de crisis grave.
La Constitución Federal también establece la elección de diputados federales y locales según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, lo que no ocurre para la elección de los miembros del ayuntamiento.
La elección del total de los miembros del ayuntamiento puede hacerse respecto a personas de un mismo barrio, colonia o sector, lo que hace que la representación no sea equitativa y que no todas las áreas del municipio estén representadas en el ayuntamiento.
Por lo tanto, proponemos que se cambie el sistema de gobierno en los municipios estableciendo el sistema presidencial con clara división de poderes para que exista simetría entre el sistema de gobierno, los municipios y el de la federación y de los estados, estableciendo que el poder público en los municipios se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación.
Como consecuencia el presidente municipal, como titular del poder ejecutivo, no debe formar parte del ayuntamiento como poder legislativo. El tesorero y los directores de las dependencias municipales deben ser colaboradores inmediatos del presidente municipal, quien debe estar facultado para nombrarlos y removerlos libremente. Al presidente municipal debe atribuírsele íntegramente la función ejecutiva, asignándole la administración en sentido lato, esto es, debe tener la misión de gestionar y administrar los asuntos públicos. El poder de administrar debe ser un atributo del presidente municipal a fin de que pueda asegurar, mediante su intervención espontánea y continua la vida de la comunidad y de la organización municipal.
Como titular del poder ejecutivo el presidente debe tener las cuatro funciones clásicas que corresponden a este poder: diseñar la política, asegurar la coordinación de los poderes, ejercitar la dirección y control de la administración y representar al ente municipal y a la comunidad. En cambio debe asignarse al ayuntamiento el rol parlamentario con sus funciones esenciales de representación, legislación, control del ejecutivo y legitimación.
Igualmente debe corresponderle al ejecutivo y al legislativo en colaboración la facultad de nombrar a los jueces calificadores de infracciones y a los jueces administrativos municipales, a fin de darle también simetría al órgano legislativo municipal, con sus similares de los niveles federal y de los estados.
"Así como con el fin de que todos los barrios, colonias y poblados del municipio tengan representación equitativa en los ayuntamientos, se propone la división del municipio en distritos electorales, para que cada uno de ellos elija un regidor, independientemente de los regidores de representación proporcional".
Por razón de tiempo no hay posibilidad de leer la propuesta concreta de reforma y pido que se agregue íntegramente al Diario de los Debates.
Muchas gracias.
(aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.
Obséquiese en su totalidad la solicitud del diputado García Domínguez. Inclúyase íntegramente en el Diario de los Debates su intervención y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento del Federalismo.
Tiene la palabra el señor diputado Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el párrafo primero del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.
El diputado Manuel Velasco Coello (PVEM): Con su permiso, diputado Presidente.
"Compañeras y compañeros diputados: Simplificar los trámites fiscales es indispensable hoy más que nunca. Los avances tecnológicos de nuestros tiempos deben ser utilizados en el proceso fiscal de la mejor manera posible.
"México como país en vías de desarrollo, debe optar por reformas fiscales que tengan como objetivo fundamental el incentivar la inversión, de tal modo que las empresas obtengan mayores ventajas competitivas ante un mundo cada vez más globalizado.
"Actualmente en nuestro país existen muchos trámites fiscales, que debido a la burocracia y métodos anticuados del Sistema de Administración Tributaria, no sólo ocasionan una gran pérdida económica al país, sino que alejan grandes inversiones extranjeras.
"México pierde cada año por evasión fiscal 27 mil millones de dólares. Datos del INEGI revelan que la evasión fiscal representa el 12 por ciento del Producto Interno Bruto.
"Ante este panorama y debido a la magnitud de esta cifra, especialistas nacionales e internacionales, así como el sector público y privado, como el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana, coinciden en que es urgente incrementar la eficiencia de los sistemas de fiscalización.
"México requiere con urgencia una reforma que privilegia la revisión exhaustiva de otros tratamientos fiscales especiales, por los cuales se dejan de captar miles de millones de pesos anualmente.
"Estamos seguros que es posible un incremento efectivo de la recaudación, al cobrar a quien no paga o cobrar más a quien tiene exenciones o tasas más bajas.
"Según datos de la propia Secretaría de Hacienda, sólo el 30 por ciento de los causantes potenciales aportan al fisco, por lo que para ampliar la recaudación es indispensable ampliar la base gravable. Asimismo, es indispensable que el gobierno federal cumpla con su responsabilidad para controlar al competencia desleal de importaciones subsidiadas, dumping, contrabando, comercio informal y piratería, que afectan seriamente la estabilidad y existencia de inversiones, empresas, productos y empleos mexicanos, vitales para mantener y aumentar nuestro mercado interno, bienestar y desarrollo integral, dentro de una globalización equitativa.
"Aunado a la mejora de los sistemas de fiscalización antes mencionados, es necesario reducir trámites burocráticos y permitir la entrada de incentivos fiscales que ayuden a las empresas a crecer y mejorar considerablemente su contribución tributaria.
En este contexto y dado que toda empresa o persona física que realizan actividades lucrativas, están obligadas a pagar impuestos al gobierno federal conforme al Artículo 31 Constitucional, y para ello es necesario obtener el Registro Federal de Contribuyentes, es deseable que este registro se realice de la manera más sencilla posible.
Hoy en día existen muchas empresas, tanto de reciente creación como ya inscritas desde hace años en el Registro de Contribuyentes que se han visto afectadas por la tardía o ineficiente visita domiciliaria, realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Estas deficiencias de manera grave a dicha institución y a la recaudación en general, al no recibir contribución alguna por varios meses, o bien, ocasionan pérdidas económicas directamente a las empresas que, incluso las puede llevar a la quiebra total.
Por estas razones y tomando en cuenta el gran problema que el sistema de verificación de domicilio de la Secretaría e Hacienda ocasiona en el crecimiento económico de nuestro país, el grupo parlamentario del Partido Verde somete a su consideración la siguiente reforma al Código Fiscal de la Federación, sometiendo a esta Legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el párrafo primero del Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Las personas morales así como las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de la Administración Tributaria, proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio, y en general sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Reglamento de este Código.
Asimismo las personas las personas a que se refiere este párrafo, estarán obligadas a manifestar al Registro Federal de Contribuyentes su domicilio fiscal.
En el caso de cambio de domicilio fiscal, deberán presentar el aviso correspondiente dentro del mes siguiente al día que tenga lugar dicho cambio.
Previendo que si en el momento de realizar la verificación al contribuyente no se le localice, la autoridad fiscal deberá notificarlo mediante cédula de notificación, haciéndolo saber que cuenta con un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de que ésta surta efectos para demostrar a la autoridad fiscalizadora, mediante certificado emitido por federatario público, la veracidad de su domicilio.
No se considera como domicilio fiscal el manifestado en el aviso a que se refiere este párrafo, cuando en el mismo no se verifique algunos de los supuestos establecidos en el Artículo 10 de este Código.
Es cuanto diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Muchas gracias diputado Velasco Coello.
Túrnese al a Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
El diputado Jesús González Schmal (CONVERGENCIA): Con su anuencia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Hace casi un año, el 22 de diciembre, esta Cámara aprobó la nueva Ley de Aguas Nacionales que venía o procedía de una Minuta del Senado de la República, la que a su vez había sido devuelta o más bien vetada, observada, por el presidente de la república, y que el Senado en rigor no consideró ninguna de las propuestas o de las observaciones hechas por el Ejecutivo Federal.
En esa ocasión, sin embargo, dijimos textualmente: "Es por esto que para Convergencia es importante por lo trascendente de esta ley, que tengamos la paciencia, el cuidado, la escrupulosidad, como legisladores, de hacer una ley realmente que atienda a las necesidades de hoy y del mañana, para toda la comunidad nacional y que para ello ha sido pertinente, en nuestro concepto, muy bien planteadas las observaciones que hizo el Ejecutivo Federal y que deben, por lo tanto, ser consideradas en esta nueva ley y no como lo señala la Cámara de Senadores, donde las desestima y dice que las observaciones hechas por el Ejecutivo no tienen razón de ser ni deben ser incluidas en su cabalidad dentro del nuevo texto de la ley que hoy se aprueba.
Habíamos solicitado entonces que se difiriera la aprobación de esta ley y fue la asamblea mayoritariamente, la que aprobó o la que decidió que esta ley entrara en vigor. No obstante, hoy es pertinente, obligado, imprescindible hacerle algunas reformas a esta ley, en términos de que para el futuro efectivamente preserve ese gran capital natural único indispensable, que son los recursos acuíferos, que son los recursos o las potencialidades hídricas del país.
Por esto, presentamos la siguiente propuesta que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, que hemos dividido en los siguientes capítulos:
Respecto de la participación de la sociedad, la Ley de Aguas Nacionales hace 45 referencias en el sentido que la sociedad debe participar directamente y efectivamente en la toma de decisiones y en la asunción de compromisos en la administración de las aguas nacionales, y ordena que se instrumente lo conducente, sin embargo, la ley no ofrece un solo espacio a la sociedad en los organismos que administran las aguas nacionales. Esta es una manifiesta y grave incongruencia de la ley que reclama sea corregida.
Por otro lado, los espacios a favor de la sociedad dentro de los organismos administradores del agua, son una exigencia del derecho constitucional que determina que la nación y en ella la sociedad, es propietaria de las aguas nacionales. Se impone pues, la ingerencia de la sociedad en las decisiones de orden público e interés social, que son aquellas que afectan los usos doméstico, público-urbano y ambiental del recurso.
El siguiente capítulo, que es el uso ambiental, nos señala que la misma ley reconoce que el derecho a la vida implica la protección del medio ambiente, sin embargo, en sus disposiciones la ley no concede al uso ambiental del agua el lugar prioritario que le corresponde.
En cuanto al uso doméstico, el postulado irrebatible establece que el recurso natural del agua debe satisfacer, prioritariamente, las necesidades básicas del hombre. La ley no reconoce expresamente la función prioritaria del uso del agua para el riego de los productos agrícolas para autoconsumo del campesino, incluye en cambio, incongruentemente, en el uso doméstico la función de regar jardines de ornato.
Respecto a los recursos a la defensa del usuario de los derechos de agua, entramos al capítulo de los recursos o el recurso de revisión. La ley reforma el artículo 124, Recurso de Revisión, que fue derogado el primero de junio de 1995 por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el artículo 2º transitorio. La ley supone que alguna autoridad del agua debe conocer de los recursos administrativos de revisión que el particular interesado interponga, pero es omisa en otorgar facultad a alguna autoridad para tal efecto.
La consecuencia consiste en que todas las resoluciones en autos de los recursos de revisión, soportadas en el artículo 124, son litigiosamente vulnerables.
En este mismo capítulo, los medios de impugnación que la ley prevé. La excesiva demora en la impartición de la justicia equivale a no impartirla en rigor, además, se estima una sobrecarga al impetrante, al reiterar la necesidad de recorrer 2 procedimientos de la misma naturaleza: al recurso de la revisión se le agrega actualmente el juicio administrativo de nulidad y en cualquiera de los dos casos se requiere determinar los tiempos en la nueva ley, para que la autoridad resolutora desahogue en términos razonables de espacio de tiempo, las instancias a su cargo.
En cuanto a la potencialidad y disponibilidad de los recursos acuíferos, el Director de la Comisión de Aguas emitió el acuerdo que establece los límites de disponibilidad de 188 acuíferos del país. Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 2003. El documento no justifica sus facultades para llevar a cabo esta específica tarea. Las negativas de aprovechamiento basadas en este documento, resultan impugnables, es menester entonces corregir esta deficiencia legislativa de graves consecuencias.
Procede también subsanar una expresión equívoca. No existe persona moral denominada "Presidencia Municipal", la Comisión Nacional del Agua es un organismo desconcentrado, no tiene personalidad ni bienes propios, luego no puede establecer la ley que la Comisión tenga en propiedad algunos bienes y que éstos sean inembargables.
Por lo anterior es necesario entonces modificar diversos artículos de la Ley Nacional de Aguas y en concreto el artículo 3° fracción VII, a fin de que se señale que la asignación o el título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Comisión o del organismo de cuenca que corresponda, conforme a su respectiva competencias para realizar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a los municipios, a los estados o al Distrito Federal, destinadas a los servicios de agua con carácter público urbano doméstico y tendríamos que añadir ahí o que otorga el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que corresponde para el uso ambiental que habíamos señalado que era omisa la ley.
También la misma fracción V de este artículo 3°, tendríamos que agregar en los Consejos de Cuenca, que son los órganos colegiados de integración mixta, que serán los representantes de la sociedad, de la respectiva cuenca o región hidrológica ante la Comisión, para participar directa y efectivamente en la toma de decisiones y asunción de compromisos en la administración de las aguas nacionales y que realizarán además las funciones de coordinación que la misma ley les especifica.
El artículo 6° también, en su fracción I, tendrá que ser modificado para señalar que la rectoría en la administración de las aguas para garantizar la sustentabilidad del recurso, su correcta utilización para satisfacer prioritariamente las necesidades en el uso doméstico, público, urbano y ambiental y la justa distribución como elemento determinante en la actividad económica nacional.
El artículo 7° el 1 Bis, diría: "La participación directa y efectiva de la sociedad en la administración de las aguas nacionales, cuando esta participación se oriente a la protección del recurso para preservar los caudales requeridos para satisfacer las necesidades prioritarias en los usos domésticos, público, urbano y ambiental".
Y el 7 Bis en la fracción X agregaríamos: "La inclusión de la sociedad en los organismos administradores de las aguas nacionales y el establecimiento de los mecanismos que garanticen la eficaz atención de las propuestas fundadas que formulen los particulares y los grupos sociales tendientes a la preservación del recurso para la satisfacción de las necesidades prioritarias en los usos domésticos, público, urbano y ambiental".
El artículo 9 también será modificado que por razones de tiempo no leo, el 9 Bis, el 12, el 12 Bis, diversas fracciones, evidentemente también en el 12 Bis la fracción XIII, en el 13 Bis, en el 13 Bis 2, el 13 Bis 3, el 13 Bis 4, 14 Bis y llegamos hasta el 14 Bis 15, 20 y los párrafos subsiguientes.
Por razones de tiempo, simplemente solicito al señor Presidente de esta Cámara, se sirva ordenar que se inserte en el Diario de los Debates, íntegro el texto de la iniciativa que me he permitido presentar a ustedes.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Y lo hacemos con mucho gusto diputado González Schmal.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Aparte le damos la más cordial de la bienvenida a alumnos, maestros, directores y padres de familia de diferentes escuelas primarias del municipio de Atotonilco, El Grande, Hidalgo, invitados por el diputado don Edmundo Valencia Monterrubio.
Muchas gracias por su asistencia.
Tiene la palabra la diputada Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, del Código Fiscal de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales.
La diputada Nora Elena Yu Hernández (PRI): Con su anuencia, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Usted la tiene, diputada Yu.
La diputada Nora Elena Yu Hernández: Gracias.
Someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley Aduanera, el Código Fiscal de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente:
Exposición de motivos
Primero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido reiteradamente el criterio de que si bien es cierto, que la exigencia de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación abarca a todas las autoridades, también lo es que tratándose de actos legislativos aquélla se satisface siempre que las autoridades encargadas de su formación, actúen dentro de los limites de las atribuciones que la Ley Suprema les confiere.
En este orden de ideas, se hace imperiosa la implementación de una política criminal moderna, en la que las acciones de investigación y persecución del delito, puedan combinarse y equilibrase con las acciones preventivas, promoviendo en mayor grado la participación activa de los grupos sociales involucrados. La solución va más allá de la lucha cotidiana entre los delincuentes y los organismos encargados de hacer cumplir la ley; esto nos lleva también a hacer modificaciones a las leyes para actualizarlas.
Segundo. Actualmente se han hecho propuestas de reformas legales, a efecto de incluir el delito de contrabando en la esfera de competencia de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, bajo el argumento de que sería una manera más eficaz de combatir este ilícito, atendiendo el justo reclamo de las personas y organizaciones que tienen relación cotidiana con las actividades de comercio exterior.
En estos últimos meses fueron convocados diversos foros de opinión para escuchar propuestas, analizarlas y discutirlas, donde la mayoría de las opiniones de los participantes fueron en el sentido de que dicha reforma legal incidiría directamente en un clima de inseguridad jurídica que afectaría gravemente las actividades del comercio internacional.
Cabe agregar que con la propuesta de incluir al contrabando en los supuestos legales de la delincuencia organizada, se está manifestando la ineficacia de las autoridades para regular con eficiencia y pulcritud el comercio exterior mexicano.
Tercero. A fin de proporcionar a las autoridades ministeriales y administrativas en materia aduanera, mejores herramientas jurídicas y materiales para la prevención y combate al contrabando, así como un acto de congruencia legal que conlleva a facilitar al gobernado el conocimiento de los elementos del delito del contrabando, se propone la derogación de los artículos que tienen relación con este delito, actualmente contenidos en el Código Fiscal de la Federación, para incluirlos como adición en la Ley Aduanera.
En la exposición de motivos del actual Código Fiscal de la Federación, éste se propuso como una legislación que reuniría los principios generales, conforme a los cuales se desenvuelven las relaciones entre los contribuyentes y el Estado, incluyendo los derechos y obligaciones de los particulares, los deberes y facultades de las autoridades, los procedimientos, las contravenciones, medios de defensa contra las posibles desviaciones de los órganos fiscales y normas del juicio con el que la autoridad se sometería al control jurisdiccional de las controversias, como una decidida afirmación y aplicación de los principios propios de un estado de derecho.
Entre las principales intenciones del Ejecutivo Federal, autor de la iniciativa, no estuvo la de implementar un sistema penal, represivo de las conductas antisociales en materia fiscal, que por lesionar gravemente bienes jurídicos del propio Estado, sus ingresos fiscales serían consideradas como delito.
En materia de delitos fiscales la iniciativa propone lograr una mejor protección del fisco federal, a través de criterios que se adecuan a las exigencias actuales y que simplifican la estructura legal, mediante la reducción en el número de las figuras delictivas que prevé.
Con lo antes mencionado se aprecia que la voluntad del legislador del Código Fiscal de la Federación, no fue de manera alguna, establecer un código punitivo, sino como un aspecto complementario y adicional, incluir las conductas que denomino "delitos fiscales"; el contrabando, entre éstas en donde el bien jurídico tutelado es exclusivamente, los ingresos fiscales de la Federación.
Esto tiene como consecuencia, que es responsabilidad de los actuales legisladores, conservar los fundamentos y motivaciones del legislador anterior, en el sentido de que las disposiciones fiscales sean eficaces para regular dichos aspectos, pero sin pretender cambiar la esencia del delito de contrabando para situarlo a un nivel de la máxima gravedad como son: el terrorismo o el tráfico de estupefacientes y armamento.
Me parece conveniente destacar el alcance de las funciones que debe tener el actual Sistema Jurídico Penal, en un estado democrático de derecho, en concordancia con las expresiones más modernas en el mundo occidental, en donde la legislación está orientada a la protección más efectiva de los derechos del ser humano.
La actual corriente garantista del derecho penal, pugna porque en las legislaciones penales modernas siempre estén contempladas al menos diez principios que resultan indispensables para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados; ello, por supuesto, con la finalidad de evitar las arbitrariedades de las autoridades del Estado.
Lo anterior nos permite justificar la presente iniciativa, en razón de que tanto constitucional como legalmente, resulta factible trasladar al delito de contrabando del Código Fiscal de la Federación como una adición a la Ley Aduanera.
De esta manera, los particulares y las autoridades que cotidianamente están involucrados en su aplicación, tendrán mayor certeza jurídica al tener a la vista en un mismo cuerpo legal los tipos penales referentes a conductas prohibitivas por la propia naturaleza de la ley que regula los actos relativos al comercio exterior y con ello, estar en mejor posibilidad de ajustar su conducta a la norma, evitando en todo momento incurrir en su comisión. Así también se lograría alcanzar una de las funciones básicas del derecho penal, que es prevenir la realización de conductas delictivas apelando al conocimiento que de las mismas tengan sus destinatarios.
Cuarto. Asimismo, con la finalidad de hacer notar que no es necesario incluir al contrabando y sus modalidades en la citada Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se considera pertinente incluir como calificativa del delito de contrabando y su equiparable cuando exista concurso de delitos con el de asociación delictuosa, previsto en el artículo 164 del Código Penal Federal, incluyendo esa calificativa como delito grave en el catálogo que se establece en el Código Federal de Procedimientos Penales para que su aplicación sea coherente con las reformas propuestas.
Por lo anterior antes expuesto, la diputada federal que suscribe, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera y del Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo 1º. Se reforman los artículos 92 fracciones I, II, III; 101 y se derogan los artículos 102, 103, 104, 105, 106 y 107 del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 2º. Se adiciona la denominación del título octavo para quedar "...infracciones, sanciones y delitos de la Ley Aduanera".
Se reforma la denominación del capítulo único para quedar como capítulo primero y se adiciona con un capítulo segundo.
El capítulo segundo se adiciona con los artículos 203, 204, 205, 206, 207 y 208 y se recorre el artículo 203 para quedar como 209 bajo el mismo título noveno de la Ley Aduanera.
Artículo 3º. Se reforma el artículo 194 fracción VI y se adiciona con una fracción XV del Código Federal de Procedimientos Penales.
Unico. La publicación íntegra de la presente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, el Código Fiscal de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Penales, solicito sea adicionada en el Diario de los Debates, así como en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputada Nora Yu.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en caso de no estar publicado ya y túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.
Ahora tiene la palabra la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
La diputada Maki Esther Ortiz Domínguez (PAN): Con su venia, señor Presidente.
Como se mencionaba en esta misma tribuna durante las celebraciones del 150 Aniversario de nuestro Himno Nacional, este es un símbolo de memorias, es comunidad de pasado; sin memoria, no hay posibilidad de justicia y sin memoria no se puede tejer la libertad.
La Nación es, además del trabajo diario de sus ciudadanos, el recuerdo de sus hazañas y las glorias de nuestros héroes. Somos México y somos Himno porque tenemos memoria, porque tenemos un símbolo entre la memoria y el futuro y un puente entre semejantes que piensan distinto y entre generaciones que están por venir.
México siempre se ha reconocido por ser un país que manifiesta a través de la música todos sus sentimientos y el Himno no es una excepción, pues refleja el sentimiento del pueblo mexicano hacia la defensa de la Nación.
Es por eso que a través de la iniciativa que presento ante esta Soberanía, los convoco a promover el respeto a nuestro Canto Patrio y que recordemos cada vez que entonamos el Himno Nacional en cualquier justa deportiva de carácter profesional, que con ese Himno se construyó la República y que con ese Himno que cantamos y amamos, construimos un México democrático.
En este sentido estamos convencidos de que es necesario proveer de mayores y mejores instrumentos a la Ley sobre Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, para la difusión de nuestro Himno Nacional.
De ahí que se plantee reformar el artículo 59 de la citada ley a efecto de que la difusión a través de la interpretación de nuestro Himno Nacional, en eventos deportivos de carácter profesional sea obligatoria.
Es necesario dejar establecido que la motivación de la presente iniciativa obedece a la naturaleza misma y destino del Himno Nacional, que según el diccionario jurídico mexicano, es la composición lírico poética marcial, que personifica a una nación y su pueblo.
Es por esto que debemos fomentar a través de reformas legales y acciones concretas, los valores cívicos de respeto y lealtad hacia nuestra Patria. Ello es también tarea importante del Estado Mexicano.
En tal virtud, el Himno Nacional constituye un valioso instrumento que exalta y vigoriza los sentimientos de unidad y solidaridad de los mexicanos.
Insistimos en lo dicho durante el mes de septiembre en esta misma tribuna, México además de geografía, de mapa, de territorio, es pueblo; es pueblo que comparte una cultura que se reconoce en múltiples idiomas y en múltiples costumbres. Pero sobre la geografía y el pueblo, México es la patria que se canta en el Himno; México es el compromiso de hacer temblar el centro de la tierra con nuestra disposición a engrandecer la Patria.
Asimismo, el deporte se ha transformado en una expresión social que suele despertar sentimientos de identidad, solidaridad y orgullo entre los integrantes de una comunidad. Esto ha hecho que las personas reciban del deporte no sólo un espacio de esparcimiento y recreación, sino también lecciones de entrega, lucha, dedicación y profesionalismo, valores y principios que vienen a fortalecer y nutrir las características de una nación.
En la actualidad el deporte es considerado como un gran instrumento social para beneficiar la salud, la calidad de vida y la formación de la ciudadanía. Un instrumento poderoso de transformación social. Es la manifestación simbólica de las prácticas sociales; es una actividad en la que hay practicantes y espectadores, pueblo y mensaje.
En este sentido la identidad de un país es el resultado directo de la participación de su sociedad en la construcción de dominador común de su razón. El respeto al equipo en todo momento, deberá promover un espíritu de grupo con el que se logran cada vez mejores resultados.
La disciplina es sin lugar a duda el cimiento para cumplir con el objetivo en cualquier actividad de la vida misma. En un grupo que pretende ser competitivo, la disciplina de sus integrantes es base fundamental para su buen funcionamiento. Los deportes, particularmente los que se practican a nivel profesional, están insertos en la vida cotidiana de la sociedad mexicana. Estos han evolucionado hasta su reconocimiento, como un fenómeno social con una dimensión cultural y popular.
Sin embargo, es necesario fomentar en la sociedad el sentido del logro, de generar personas capaces, desarrolladas y participativas a través de una nueva cultura física: el deporte y la competencia en el deporte, forjan personas íntegras y respetables; personas benéficas para nuestra comunidad. Los buenos deportistas reflejan conductas que sin lugar a dudas muestran el potencial de estas personas en su vida cotidiana y en su interrelación con todo lo nacional.
El deporte como actividad de masas, aglutinador de la identidad social y catalizador del sentimiento de pertenencia al grupo, resulta un escenario ideal para entonar con respeto y solemnidad el Himno que nos acompañó en la batalla contra el guerrero extranjero y en la edificación de los cimientos sobre los cuales se inició la construcción de la nación deseada.
Cantar el Himno Nacionales fondo y forma; es identidad e historia; es respeto por el pasado; gozo por el presente y esperanza por el futuro. Por ello se considera necesaria la presente reforma a efecto de fomentar a difusión de nuestro Himno Nacional en eventos masivos, como en efecto lo son los deportes profesionales.
Para ello, se ha dispuesto una reforma al artículo 59, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, para que su ejecución sea obligatoria previo a la celebración del acto deportivo. Celebremos nuestro himno cantándolo con orgullo en los eventos deportivos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las facultades citadas, los diputados que suscribimos esta iniciativa, integrantes del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta H. Representación Nacional, la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.
UNICO:- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, para quedar como sigue: "En encuentros deportivos de cualquier índole, que se celebren dentro del territorio nacional, el abanderamiento y la ejecución del himno nacional así como el uso de la propia bandera, se ajustarán a las determinaciones del reglamento respectivo. En todo acto deportivo de carácter profesional, será obligatoria la ejecución del himno nacional previamente a la celebración del acto".
Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted diputada Maki.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el señor diputado don Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículo 55 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Rafael Candelas Salinas (PRD): Con su permiso diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados.
La representación política en nuestro país, atraviesa por una situación crítica. Ha sido deslegitimada con actitudes y acciones que lastiman a la sociedad. De acuerdo a un estudio realizado en el mes de septiembre por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara de Diputados, la representación política de los diputados y senadores mantienen una credibilidad y aceptación muy baja entre los ciudadanos, incluso por debajo de los cuerpos de seguridad pública.
Lo anterior se debe, entre otras cosas, a que muchos de quienes nos dedicamos a esta noble tarea de la política, frecuentemente se ve denigrada por nuestras acciones, nuestra función, representación y responsabilidad. De hecho, uno de los temas centrales de discusión en la opinión pública, lo es el asunto de los representantes del Estado que sin renunciar a esta personalidad jurídica, representan a particulares en litigios, negocios o actos contra diversos órganos del poder público aprovechándose de su cargo para la obtención de beneficios a favor de sus representados.
Esta conducta desleal, por donde se le quiera ver, carente de toda ética y responsabilidad pública y política, de todo reconocimiento y respeto que se le debería guardar a la decisión de los ciudadanos de elegir a sus representantes populares para servir a la nación, antes que aprovecharse de sus cargos para servirse a sí mismos, es un viejo debate jurídico y político sobre las facultades y atribuciones de los legisladores sobre la decisión de representar dignamente a quienes nos eligieron y no continuar con pretensiones particulares para aprovecharse de las oportunidades y beneficios que brinda el ocupar de manera transitoria un cargo político público.
Es hora de dignificar la política, de limpiarla de todo acto de corrupción que lastima a los ciudadanos pero que finalmente denigra a quienes ostentándose como representantes de la Nación, creen tener una llave que les permite abrir las puertas de la corrupción, la impunidad o el nepotismo.
Muchas veces la ciudadanía ha mostrado su profundo rechazo a las prácticas políticas de legisladores federales que trafican con sus cargos, que buscan influir sobre el ámbito de competencia de otras autoridades; que pretenden decidir de una manera u otra en qué personas debe recaer un nombramiento, en qué empresarios la responsabilidad de ejecutar una obra, qué despachos pueden litigar contra el Estado para que en colusión con las autoridades administrativas o judiciales, obtener resoluciones a favor de sus clientes.
No es propósito de esta iniciativa hacer una larga lista de legisladores federales, funcionarios públicos que se han visto involucrados en actos de corrupción al inmerecer, ante los representantes del Poder Ejecutivo y Judicial a favor de sus clientes.
Pero los nombres sobran. En todos los partidos políticos de diverso signo, color o principios. El bien común se lastima con actos como los que llevan a cabo despachos como los del senador Fernández de Cevallos o de Fauzi Hamdan, que en esta misma tribuna algún legislador federal reconoció que este senador llevaba algún litigio en contra de un organismo del Estado.
Muchos, muchos más que al amparo de sus relaciones con el poder, sean de un gobierno de su mismo partido o distinto al suyo, han dedicado sus vidas a aprovecharse de los cargos públicos para obtener beneficios económicos que superan por mucho a los de cualquier ciudadano mexicano promedio.
De hecho, estas conductas podrían encuadrarse en la definición del tipo penal de tráfico de influencias al valerse de su condición o por interpósita persona para obtener ventajas a favor de quienes representan.
De ahí que es urgente reformar nuestra carta magna para que queden plasmadas, de manera clara, precisa, rotunda, explícita, las conductas anómalas de los legisladores que sean contrarias a los principios éticos de honradez, lealtad e imparcialidad, sobre todo para que se prohíba que los legisladores reciban beneficios por cabildeo de empresarios, cámaras o despachos, recibir bienes o servicios a precios menores y mantener relación económica y laboral en sus despachos.
Cualquier violación a lo anterior implica la imposición de sanciones, incluso hasta la pérdida del cargo.
Nuestra Constitución Política establece, en su artículo 55, los requisitos para ser diputado federal o senador de la República que, en concordancia con los requisitos establecidos por nuestras primeras constituciones, han variado sólo para establecer restricciones que permitan mejorar la función legislativa.
Con esta reforma pretendemos dejar en claro que se hace urgente enaltecer la actividad política, devolverle el sentido ético de responsabilidad, de servicio al ciudadano, que busca el beneficio de la colectividad.
Esta iniciativa que sometemos a consideración de esta honorable asamblea adiciona una fracción al artículo 55 constitucional y reforma el artículo 62 del mismo texto a fin de establecer una concordancia entre ambas.
Por ello proponemos que para ser diputado o senador y en el caso de los ministros de la Corte se requiere se separen del cargo por lo menos con 5 años de antelación y no los dos previstos en esta misma disposición,.
Se pretende que no sea la Corte un espacio para desde ahí buscar futuras representaciones populares.
De igual manera proponemos adicionar una fracción que refiera de manera particular que quien aspire al cargo de diputado o senador deba separarse de su comisión, empleo o actividad en las empresas privadas, particulares o familiares que tengan relación con su desempeño profesional y por los cuales se disfrute sueldo o se obtenga un ingreso. Es decir, que aquellos ciudadanos que por decisión propia o a petición de partidos políticos deseen aspirar a un cargo de representación popular se separen de sus actividades o empresas para que, posterior a la elección y en caso de ser electos, no presenten de manera directa un posible conflicto de intereses.
Es importante destacar que el artículo 25, desde la expedición del Código Político del 17, ha sufrido 5 modificaciones y todas relacionadas con la ampliación de requisitos para aspirar a un cargo de representación popular.
El 62 no ha sufrido reforma alguna. Se propone señalar con claridad que los diputados y senadores no podrán desempeñar, durante el período de su encargo, ninguna comisión, empleo o actividad en los gobiernos federal, de los estados o municipios, pero tampoco podrán desempeñar actividad, empleo o comisión en despachos o empresas privadas, particulares o familiares que tengan relación con su desempeño profesional y por los cuales se disfrute sueldo o se obtenga un ingreso.
Ahora bien, nuestra propuesta es adicionar los requisitos para ser diputado o senador a fin de evitar conflictos de intereses en la función pública que con su actuación pudieran realizar compañeras y compañeros legisladores.
Particularmente la propuesta incide en que las y los legisladores deben atender en todo momento a los intereses públicos y no de manera conjunta los intereses particulares.
No cabe la invocación de la libertad del trabajo; debe imponerse el señalamiento juarista de que los servidores públicos deben conformarse a vivir en la honrosa medianía que proporciona el servicio público.
De ahí que se proponga reformar el artículo 62 constitucional con la finalidad de señalar con precisión que ya en el ejercicio del cargo de diputado o senador en su calidad de representantes populares, de servidores públicos, no podrán desempeñar otra actividad, cargo o comisión por el que se obtenga una remuneración, pues al elegir ser representantes de la nación, representantes populares con un salario decoroso y digno deberán optar por dejar de dedicarse a una actividad que reditúe otros ingresos o beneficios.
Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, me permito someter a la consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción V del artículo 55, el artículo 62 y se adiciona una fracción VII al artículo 55. La actual fracción VII pasa a ser la fracción VIII del citado artículo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En obvio de tiempo, diputado Presidente, solicito respetuosamente se inserte de manera íntegra esta iniciativa de reforma en el Diario de los Debates. Y solicito asimismo a los compañeros y compañeras diputadas su apoyo y su respaldo para la viabilidad de esta iniciativa constitucional que creo será de mucho beneficio y también de mucho respaldo para la actividad que nos honramos en representar en estos momentos.
Es cuanto, diputado Presidente.
(Aplausos)
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli (PRD): Muchas gracias, diputado don Rafael Candelas y de acuerdo a su solicitud favor de integrar el texto completo en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Puntos Constitucionales.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (PVEM): Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros Diputados:
Actualmente el Congreso se ha convertido en un actor de máxima relevancia para la vida política en este país. Su reciente importancia radica en que a partir de 1997, año en que entró en función la Legislatura LVII y consecuentemente con la Legislatura LVIII y ahora con la LIX se ha convertido en una voz autónoma que ha ejercido un contrapeso, cada vez mayor, sobre los otros poderes.
La mayor influencia del Congreso mexicano en la política nacional durante los últimos años deriva en tres factores: uno, los mayores poderes formales que ha adquirido el Congreso; dos, la mayor competitividad electoral que ha conducido a un mayor pluralismo en la Cámara legislativa; y tres, la eliminación de los poderes partidistas o extralegales que la Presidencia ejerció sobre el Congreso hasta 1997.
No obstante la mayor importancia del Poder Legislativo hoy en día el Congreso está rezagado en su desempeño, producto de la casi nula rendición de cuentas a la que ha sido sujeto, ya que al operar como un agente del Ejecutivo hasta antes de 1997 y sin rendir cuentas al electorado los ciudadanos perdieron interés y esto permitió que nadie exigiera cuentas al Congreso para su supervisión.
Uno de los principales rezagos del Legislativo ha sido en su función legislativa que podríamos definir como la misión de convertir en mandato de los votantes en leyes normas jurídicas y administrativas que promueven el logro de objetivos comunes para mejorar el bienestar de la población.
Legislar es el poder que un Congreso tiene para crear y promulgar leyes que satisfagan las demandas del electorado y que a la vez cumplan con el mantenimiento del Estado de derecho.
Un problema identificado en la función legislativa es la gran cantidad de iniciativas pendientes que se han acumulado a lo largo de las legislaturas anteriores, así como también actualmente no se cuenta con incentivos para dictaminar las iniciativas que son turnadas a las comisiones, lo que dificulta su desahogo y que en la gran mayoría de las veces el destino de una iniciativa presentada ante el pleno es el abandono.
"Ejemplo de lo anterior son los números presentados de las Legislaturas de la Cámara de Diputados anteriores. La LVII Legislatura presentó 685 iniciativas, de las cuales sólo 239 fueron votadas y dejaron un total de 408 iniciativas pendientes. Por su parte, la Legislatura LVIII presentó un total de mil 310 iniciativas, de las cuales 361 iniciativas fueron votadas y quedaron pendientes 949 iniciativas.
"El rezago tan sólo de ambas Legislaturas asciende a mil 357 iniciativas que quedaron pendientes y que no han sido dictaminadas. Esto quiere decir que en promedio ambas Legislaturas trabajaron sobre 3 iniciativas de cada 10 presentadas.
"La falta de dictámenes dificulta el cumplimiento de la función legislativa del Congreso, por lo que es necesario mejorar el desempeño de esta función.
"Nuestra propuesta para mejorar el desempeño de la función legislativa es la siguiente:
"Que las iniciativas, tanto las que se propongan en la Cámara de Senadores, como las que se propongan en la Cámara de Diputados, tengan un periodo de vigencia a partir de que sean presentadas ante el pleno, para que sean dictaminadas en las comisiones.
"El tiempo que proponemos es de seis meses, ya que consideramos que es un tiempo razonable para ser cabildeadas y dictaminadas en las respectivas comisiones.
"Con base en lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete ante el pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 56 y se reforma el artículo 57, ambos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 56.- Pasarán también inmediatamente a comisiones, las iniciativas o proyectos de ley que remita una de las Cámaras a la otra.
"Artículo 57.- Las iniciativas turnadas a las comisiones, tendrán como vigencia seis meses para ser dictaminadas obligatoriamente, sea cual fuere el sentido del dictamen".
Es cuanto. Gracias.
(aplausos)
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Kahwagi.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el diputado Julián Nazar Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de Ley General para la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas.
El diputado Julián Nazar Morales (PRI): Con su permiso, compañera Presidenta.
"Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley General para la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas.
"El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura al Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 de la fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados una iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley General para la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas.
"Exposición de Motivos
"La agricultura es una de las actividades humanas más antiguas que se conocen, ha sido y es el arte de la conciencia de hacer que la naturaleza proporcione alimentos y otros productos de manera suficiente y segura para la sociedad. Asimismo es el origen de los asentamientos humanos permanentes, que a su vez son las génesis de la sociedad actual.
"Antes de la agricultura el hombre era nómada y no tenía posibilidades de formar las complejas sociedades que hoy existen ni desarrollar el resto de las artes y de las ciencias. Sin embargo, ha habido diversos cambios en los métodos de la agricultura a través del tiempo y estos cambios se vienen acentuando aceleradamente en las últimas décadas, lo que nos hace pensar en la necesidad de una mejor regulación de la misma, que permita por una parte, obtener una mejor y mayor producción de frutos del campo; y por la otra, el asegurarnos de que los mismos tengan un origen cierto que permita el pleno desarrollo humano.
En la agricultura el insumo básico de las semillas, pues con ellas se transmite toda la información hereditaria, para darle potencial productivo, adaptación y protección de riesgos a quien produce en el campo.
Las semillas han sido siempre en la agricultura, el detonante del cambio y el mejoramiento de la producción agrícola, los cambios en la tecnología han permitido que actualmente los rendimientos todos los cultivos, se hayan incrementado sustancialmente y la seguridad en el abastecimiento de alimentos e inocuidad de los mismos en éste en su máximo.
Aunque para lograr lo anterior, diversos factores han intervenido de manera favorable, como son: el uso de fertilizantes, de plagicidas y la utilización de semillas mejoradas. El factor que mayormente ha incidido en el aumento de la productividad agrícola, los avances tecnológicos constantes en biotecnología, protección agrícola y protección intelectual, son aspectos fundamentales en la propuesta de una nueva regulación.
El entorno en que se encuentra la agricultura mexicana, se modifica a un ritmo muy acelerado, debido a los siguientes factores: la apertura comercial mexicana y el mundo, en lo general, lo que ocasiona una globalización m muy dinámica en la producción de la semilla y de todos los productos agrícolas en la actualidad, el intercambio de productos e insumos agrícolas se realiza globalmente, favoreciendo la competencia y el hecho de que se produzca en cada región del mundo, los productos a los mejores precios.
En el caso de semillas el comercio se ha incrementado buscando lugares, en donde la misma se pueda producir con la mejor calidad, fisiológica, genética y sanitaria posible, dejando atrás las anteriores metas regionales de producir la semilla localmente para necesidades de la zona o de los países de manera individual e independiente.
Se ha desarrollo una mayor conciencia de la necesidad de proteger nuestros ecosistemas y hacer más sustentable y segura la agricultura, hoy en día, no es aceptable que la frontera agrícola se haga crecer, talando bosques y selvas, poniendo en riesgo las especies vegetales y animales.
El Estado mexicano decidió hace muchos años dejar de manejar la agricultura y optó por la desestatización de la producción y distribución de insumos de las mismas, lo cual ha iniciado el crecimiento y desarrollo de esta actividad, por parte de los particulares, manteniendo el Estado su responsabilidad reguladora o normatividad en este aspecto, desprotegiendo así a la gran sociedad que reclama mayor participación con mejores oportunidades.
En el Diario Oficial de la Federación del 15 de julio de 1991 se publicó una nueva Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, que deroga la de 1961, cuyo Artículo Tercero Transitorio ordenó, que la Productora Nacional de Semillas conservara la estructura y funciones que le tenía en la ley que se deroga.
En la Exposición de Motivos de dicha ley se fijaron como objetivos básicos, sustituir a la autoridad interventora, en casi todos los procesos relacionados con las semillas para siembra, por una autoridad eminentemente reguladora, dotando a esta última de instrumentos regulatorios eficaces, a través de los procesos y sus verificaciones.
Con la derogación de la Ley de 1960 quedó sin efecto la utilidad pública de las actividades que venía desarrollando la Productora Nacional de Semilla, simplemente conservó la estructura y las funciones que le habían sido asignadas, de manera tal, que su permanencia en el sector público, operar como una más de las empresas dedicadas a la producción, beneficio, distribución y comercio de semillas, sin que se le hubiera atribuido metas específicas de intervención en esas tareas, para regular e influenciar en el mercado, en atención a que se le retiró el carácter de instrumento oficial para la producción y utilización de semillas certificadas.
Con apoyo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001, así como las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y sus programas derivados, se levantó el papel del Estado a lo largo del proceso de producción, industrialización y promoción, con objeto de apoyar la productividad, rentabilidad y competitividad agrícola, y de esa manera contribuir a elevar de forma sustentable y con equidad, el ingreso, la calidad de vida, el desarrollo social de la población rural, aprovechando la capacidad de los sectores privados y social.
En el marco de los propósitos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que pugna por elevar el ingreso de los productores y generar condiciones favorables para ampliar los mercados agropecuarios, así como aumentar el capital para la producción y comercialización de semillas a través de las participaciones de organizaciones campesinas y sus empresas sociales. De aquí que en esta coyuntura el Estado debe dar preferencia a las propias organizaciones campesinas y sus empresas sociales, para que tengan acceso a semillas de calidad y a precios competitivos.
Es prioritario que los legisladores mantengamos las leyes que el campo requiere actualizadas, pero más actualizadas deben responder a las condiciones y necesidades que la dinámica global está marcando para que la enfrenten con instrumentos jurídicos sólidos y de vanguardia, así como con organismos garantes del desarrollo rural sustentable que se requiere.
La situación de los productores nacionales de semilla es irreversible, eso nadie lo puede negar, su salida del mercado es eminente, pero no por ello debemos dejar al campesino en manos de empresas trasnacionales que en cuanto desaparezca totalmente PRONASE elevarán los costos de los insumos que requiere el campesino mexicano a su total albedrío, situación que nosotros como legisladores no podemos ni debemos permitir; debemos impedir a toda costa que seamos presa fácil de las grandes empresas trasnacionales, como viene siendo Cargil, Séneca, la propia Pionet, quienes hoy por día en el mercado de los productores, una bolsa de semilla del maíz híbrido no está al alcance de los campesinos, porque tienen costos arriba de $750 la bolsa de 20 kilos. Por eso, compañeros diputados, es por estas razones es que hoy ante ustedes someto la presente iniciativa de ley, que permitirá organizar la actividad en la producción, distribución y comercialización de semillas de calidad para el campesino de México, con total independencia de la situación de PRONESE.
Pido la participación de la Mesa Directiva para que sea insertado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, íntegra esta iniciativa de decreto, señora Presidenta.
Es cuanto y muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto diputado Nazar Morales.
Favor de insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates y en caso de no estar publicado en la Gaceta Parlamentaria, hacer lo propio y turnarlo a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía.
A continuación tiene la palabra nuestra compañera la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
La diputada Irma Figueroa Romero (PRI): Con su venia, señora Presidenta. Compañeros y compañeras diputados:
En mi carácter de diputada federal perteneciente a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos:
Conscientes estamos que establecer como obligatoria solamente la educación básica en México es insuficiente, clásico es que al presentar una solicitud para ocupar cargos mínimos en materia laboral se solicite que cuenten con educación media superior concluida y en casos extremos se llegue a solicitar hasta estudios de licenciatura, conclusos e inconclusos.
Si aludimos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, además en el inciso D de la fracción II establece que el criterio que orientará la educación será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Hoy en día, contar con una población alfabetizada no es suficiente. La educación obligatoria que imparte el Estado no brinda herramientas para enfrentarse al mundo competitivo laboral.
No obstante, en el informe de actividades de la Secretaría de Educación Pública señala en torno a la educación básica, que la política educativa en marcha implica el cabal cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer educación básica a todos los niños y jóvenes del país, para que adquieran los conocimientos esenciales, las habilidades, valores y actitudes necesarias para lograr una vida plena y el ejercicio de una ciudadanía comprometida.
Quizá resulta necesario preguntarnos de qué forma nuestros jóvenes pueden llegar a tener una vida plena, cuando la educación que hasta el momento es obligatoria por parte del estado ni siquiera les permite contar con elementos para enfrentar la competencia laboral.
El IV Informe de Actividades de la Presidencia de la República señala que la educación media superior registró en el ciclo 2003-2004, una matrícula de 3.4 millones de alumnos, la cual representó un incremento de 4.5 por ciento con relación al período anterior y del 16.5 por ciento respecto al 2001.
Para el ciclo 2004-2005 de cada 100 egresados de educación secundaria, 96.8 se inscribieron en algún plantel de educación media superior. A pesar de ese crecimiento de matrícula entre los ciclos escolares comprendidos del 2000 al 2004, la participación de la población mexicana de entre 16 y 18 años en este tipo educativo, es aún relativamente baja pues representa 46.8 por ciento y se compara desfavorablemente con la de la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
De lo anterior se desprende el hecho de que ya no podemos quedar rezagados en torno a la necesidad de establecer hasta la educación media superior como obligatoria y por lo tanto gratuita, se requiere actualizar el marco normativo en torno a la educación en México.
Propongo modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, de manera que se establezca como obligatoria y gratuita la educación media superior en México.
Según el Plan Nacional de Educación 2001-2006, la educación media superior en México ofrece a los egresados de la educación básica, la posibilidad de continuar sus estudios y así enriquecer su proceso de formación.
Amplias críticas ha recibido el Programa Sectorial de la Educación, se ha señalado que se pretende imponer a toda la educación media el componente formativo, el propedéutico y también el orientado en la inserción en el trabajo.
Consideramos que esta etapa de media educación debe de impulsar en nuestros jóvenes a continuar sus estudios hasta un nivel superior fortaleciendo la eficiencia terminal.
Sin duda habrá que avanzar en torno a los problemas que aquejan a la educación media superior en México, como son: cobertura insuficiente y desigualdad en el acceso, desigualdad regional, planes y programas de estudio y ambientes escolares rígidos, problemas y retos de la calidad, integración, coordinación y gestión del sistema de educación media superior y la baja eficiencia terminal previamente señalada.
Sin duda, esta propuesta refleja ampliamente el sentir del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el cual trabaja ya en una propuesta de reforma integral al mismo artículo 3° así como en una nueva Ley General de Educación.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento de las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente iniciativa de decreto.
Artículo Primero.- Se reforma y adiciona el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer párrafo en su fracción III, V y VI.
El primer párrafo del artículo 31 de nuestro Constitución, agregando en cada uno de ellos a la educación media superior.
Artículo Segundo.- Se reforma y adiciona el artículo 3°, 4°, 8° y 9° de la Ley General de Educación, agregando en cada uno de ellos a la educación media superior.
Transitorio
Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señora Presidente.
Muchas gracias señores diputados.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputada Figueroa.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.
A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, del Impuesto sobre la Renta, Federal de Derechos de la Comisión Reguladora de Energía, del Servicio Público de Energía Eléctrica y que se actualicen los nombres de las Secretarías que se mencionan en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández (PVEM): Con su permiso, diputada Presidenta.
El agotamiento progresivo de los recursos energéticos, fósiles y la contaminación derivada de su combustión, exige la implementación de nuevas fuentes alternas de energía que puedan satisfacer las necesidades de un país en vías de desarrollo, sin menoscabo de su competitividad.
En la actualidad, los energéticos primarios empleados con mayor frecuencia son, por mucho los hidrocarburos, ya que su bajo costo, fácil manejo y alta densidad energética, permiten la competitividad exigida por un mundo cada vez más globalizado.
Desafortunadamente para los mexicanos, el petróleo y sus distintos derivados que hoy significan la fuente de riqueza más importante de nuestro país, al aportar la tercera parte de los ingresos de la Federación, no son renovables, por lo que eventualmente se acabarán.
Además de la incalculable lesión económica que significará para México el dejar de contar con el ingreso que representa la explotación y comercialización de hidrocarburos, la contaminación atmosférica hereda de su aprovechamiento energético, es considerable.
A este respecto, el bióxido de carbono es responsable del más del 50% del efecto "invernadero" estimado; este gas ocurre en forma natural en la atmósfera, pero al quemar carbón, petróleo y gas natural, se libera carbono almacenado en esos combustibles fósiles a una tasa sin precedente.
Si consideramos que existen numerosas fuentes de energía renovables, cuya viabilidad y aprovechamiento están suficientemente demostradas científica y experimentalmente e incluso, alguno de esos aprovechamientos ya están en funcionamiento en distintos lugares del mundo, más el hecho de que la ciencia tiene todavía mucho por descubrir en cuanto a aprovechamiento sustentable se refiere, parece una verdadera aberración que una de las principales materias primas de la industria y la petroquímica mundial la estemos quemando.
El petróleo que es un recurso no renovable y un elemento de poder el cual estamos sobre explotando, ya empieza a agotarse. Uno de los principales aprovechamientos energéticos de los hidrocarburos en México y en todo el mundo es para la generación de electricidad. La electricidad es el energético secundario de mayor consumo, tanto en la industria como en la vida doméstica cotidiana.
El mundo moderno sencillamente no podía existir como lo conocemos hoy, sin los beneficios de la electricidad. La electricidad es insumo del que no podemos prescindir, la actividad industrial y económicamente productiva requiere de energía, sin energía no hay desarrollo.
Pese a las importaciones de gasolina y gas natural derivadas de la poca inversión histórica en exploración y refinación de PEMEX, gozamos de bastante autonomía energética y de una importante fuente de riqueza sustentada en la explotación y exportación de hidrocarburos nacionales, la cual se desvanecerá con el agotamiento del petróleo y que deberá ser sustituida por nuevas tecnologías rentables y amigables con el ambiente.
Sin duda en 20 0 30 años, cuando nuestros yacimientos hayan dado todo de sí y tengamos que recurrir paulatinamente a la importación de hidrocarburos, las fuentes alternas cobraran una mayor importancia y se reconsideraran entonces, no sólo por sus ventajas ambientales, sino también por su atractiva rentabilidad económica derivada de la exclusión de los costos energéticos primarios.
México tiene un gran potencial de energías renovables, actualmente cuenta con cerca de 10 mil 500 megawatts de este tipo de energías, siendo la energía hidráulica y geométrica la más desarrollada con más de 9 mil 679 y 837 megawatts de generación, respectivamente. Sin embargo, ha habido poco avance relativo en materia de energía eólica y solar; se cuenta con alrededor de 12 megawats instalados de energía solar y 5.7 megawats de energía eólica.
Se calcula de manera conservadora que existe un potencial adicional de alrededor de 17 mil megawats. Si se cuenta la energía hidráulica y la mini hidráulica, la energía eólica y la solar, tan solo en Oaxaca el potencial de eólica supera los 6 mi megawats. La posibilidad de generación eléctrica con biogas en vertederos de basura, supera los 3 mil megawats, las mini hidráulicas más de 3 mil megawats, geotérmicas, biomasa, fototérmicas y fotovoltánicas, superan los 5 mil megawats. En total por fuentes renovables distintas a las grandes hidroeléctricas, podríamos generar un 20 por ciento de la demanda total más un 25 por grandes hidroeléctricas.
En un enfoque adecuado para lograr mayor generación por fuentes renovables, nos parece, es la que resulta al considerar de manera realista la disponibilidad de todo el abanico de energéticos con los que se cuenta actualmente y sus perspectivas futuras; el reto entonces resulta evidente.
Debemos ser capaces como sociedad, de garantizar el aprovechamiento de suficientes fuentes de energía de modo que, por una parte, no se ponga en riesgo la sustentabilidad biológica y por la otra, no dependamos innecesariamente de un recurso energético que está en vías de extinción.
En la sociedad contemporánea altamente dependiente de los procesos de producción y consumo, los energéticos son el principal insumo que mueve la economía, por lo que resulta fundamental que estos mantengan un precio suficientemente accesible, de manera que no merme la competitividad del sector productivo del que se trate.
En este sentido, la sustentabilidad a largo plazo de cualquier sector productivo, dependerá de asumir con visión los requerimientos de innovación y nuevas fuentes renovables de energía que demandan las generaciones futuras.
Para poder diversificar nuestra generación de energía eléctrica, se necesita de la participación privada y social de formación de recursos humanos, investigación y desarrollo para de ese modo, poder explotar nuestros recursos energéticos de manera eficiente.
Las fuentes de energía no renovables deben subsidiar a las que sí lo son, con el objeto de hacerlas económicamente más atractivas a corto plazo y poder así alcanzar una generación de energía eléctrica en nuestro país mucho más responsable de lo que es hoy.
Si consideramos que la generación con fuentes renovables tiene costos de producción muy similares en el mediano plazo a los hidrocarburos, pero todavía muy disparejos en la inversión inicial, más el hecho de que la generación con gas natural depende de un energético primario cuyo precio tiende a incrementarse en función a su agotamiento, mientras que la generación renovable tiende a reducir sus costos después de la amortización de la inversión inicial debido a la exclusión de los costos de energéticos primarios, resulta evidente que al cambiar las tecnologías actuales de generación por otras más amigables con el ambiente, se está haciendo una inversión altamente rentable en largo plazo.
Es verdad que los inversionistas procuran inversiones rentables y en tiempos cortos de amortización que les permite tener utilidades para crear riqueza y empleo, pero también es cierto que la ciudadanía tiene derecho de un medio ambiente sano, por lo que el equilibrio entre la rentabilidad de los proyectos de generación eléctrica y la conservación de los recursos existentes, se dará sólo si incluimos a los costos ambientales en los económicos.
Sensibilizados por lo anterior expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Por obviedad de tiempo, omitiré la lectura al articulado y solicito a la Presidencia sea publicado de manera íntegra en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Muchas gracias, señor diputado Cuauhtémoc Ochoa.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.
Tiene la palabra el señor diputado don Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y reforma el artículo 79 del Código Penal Federal, a fin de que los responsables en la comisión de delitos graves, sean sancionados con el trabajo obligatorio.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Señor Presidente, pido la palabra...
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo don Hugo Rodríguez.
Sonido a don Pedro Avila Nevarez.
El diputado Pedro Avila Nevarez (desde la curul): Señor presidente, para pedirle respetuosamente la rectificación de quórum, porque no hay ni 50 diputados aquí en la Sala, por favor.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Bueno, don Pedro, vamos a obsequiar su petición en términos del artículo 27 del Acuerdo Parlamentario. Se ruega a la secretaría abrir el registro electrónico por 10 minutos para verificar el quórum. En tanto se va a continuar la sesión y le voy a rogar a don Hugo Rodríguez Díaz, nada más nos permita que la secretaría instruya la apertura del sistema y de inmediato le doy la palabra y le ruego me disculpe.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 del Reglamento y ábrase el sistema electrónico de votación para verificación de quórum por 10 minutos.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Obsequiada su petición don Pedro, continúe el orador.
El diputado Hugo Rodríguez Díaz (PRI): Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El suscrito diputado Hugo Rodríguez Díaz, integrantes de esta LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y con las facultades que me confiere nuestra Constitución y el Reglamento de este órgano soberano, me permito presentar a nombre propio ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, a fin de que los responsables en la comisión de delitos graves sean sancionados con trabajo obligatorio conforme a la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS:
En la actualidad la sociedad ha lanzado una exclamación generalizada que increpa al actual Gobierno Federal por su incapacidad para enfrentar la delincuencia organizada o no, la cual ha sobrepasado los límites gubernamentales de control.
Como ejemplo tenemos los lamentables hechos de la semana pasada en San Juan Ixtlayocan, donde fueron linchados y muertos dos elementos de la policía federal preventiva y todavía otro tercero de ellos se encuentra en estado grave.
Consideramos que el aumento de las penalidades no son la solución al problema, pues en ninguno de los países donde se han autorizado estas penas, inclusive la más grave que es la de muerte, la delincuencia no tan solo no disminuye, sino aumenta. Independientemente de que el sistema penitenciario en nuestro país tiene como objetivo no cumplido, la readaptación del delincuente.
Esta iniciativa parte de una queja poco escuchada pero sin duda alguna muy certera, que hace la sociedad, respecto de quienes pagan sus impuestos y que son los que finalmente pagan los gastos durante la estancia de quienes son sentenciados en los centros penitenciarios.
Por lo anterior esta iniciativa propone que todos aquellos procesados que sean considerados como responsables de algún delito, además de las penas establecidas para cada ilícito grave, con la obligatoriedad de trabajar independientemente durante el tiempo que falte para consumar la purgación de la pena impuesta.
Consideramos que con esta propuesta para la adición al artículo 17 constitucional, es con el propósito de no considerar como costa judicial, los beneficios de cumplimiento de sentencias contra delitos graves, que obliguen al pago al sentenciado a trabajar y que los beneficios sean destinados al pago de los costos que al Estado cause su permanencia en el centro o centros de reclusorios.
En otras palabras, que el sentenciado pague lo que el pueblo paga por su permanencia. No estamos pidiendo imposibles, sólo la justicia.
Por lo que toca al artículo 22 constitucional, es con el fin de no considerar como confiscación los beneficios que reditúa el trabajo obligatorio que como sentencia.
En mérito de lo anterior y debidamente expuesto, fundado y motivado, me permito presentar ante la honorable y elevada consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 17 y 22 constitucionales y reforma el artículo 79 del Código Penal Federal.
Por lo anterior y en economía de tiempo, le solicito diputado Presidente que incluya el texto completo de esta iniciativa en el Diario de los Debates para su constancia. Es cuanto, Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias don Hugo Rodríguez Días.
Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el señor diputado don Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, en materia de anticipos para la propia materia de obra pública.
El diputado Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo (PAN): Con su venia señor Presidente.
El suscrito diputado federal, Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, con base en la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Una administración eficiente tiene como estrategia fundamental orientarse hacia la consecución de objetivos y metas; la necesidad de plantear las acciones públicas con arreglo a las prioridades que impone el desarrollo económico y social; las necesidades cuya satisfacción demanda el país, así como la de programar el gasto en función de tales prioridades y necesidades con la finalidad de racionalizar la aplicación de los recursos con que contamos y de obtener de ellos su óptimo aprovechamiento.
Las obras públicas deben proyectarse con la finalidad fundamental de contribuir a la consecución de los grandes objetivos nacionales que han de alcanzarse a través de la estrategia trazada en la planeación global del desarrollo del país en el sentido de proveer a la población, mínimos de bienestar para satisfacer las crecientes demandas de bienes y servicios, es menester que la ejecución de las obras se oriente a objetivos, prioridades y metas que justifiquen su realización, considere su impacto y beneficios.
El fomento y crecimiento sostenido de la industria nacional debe constituir para el estado un propósito fundamental que impulse el desarrollo y la inversión.
En este sentido, la presente iniciativa propone el establecimiento de criterios uniformes para eliminar en la medida de lo posible las desventajas que hasta ahora han impedido a las empresas mexicanas competir en igualdad de condiciones con otros países.
Pocos desafíos son tan importantes para las empresas como los que generan los gobiernos de cada país. El gobierno del país y las autoridades de diferentes niveles y organismos, establecen normas, dictan parámetros y en general tienden a influir de manera directa en la proyección de la empresa.
Tomando en consideración que la gran mayoría de las empresas que participan en licitaciones de obra pública son internacionales, lo que de alguna manera limita la participación de empresas medianas, es la facultad que representa la inexistencia de anticipo.
Por ello, consideramos establecer de manera clara y precisa la entrega de anticipo para la realización de trabajos de obra pública.
En vista de los anteriores argumentos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas.
"Artículo 50.- El otorgamiento del anticipo deberá pactar en los contratos y se sujetará a las siguientes:
Primero, el importe del anticipo concedido será puesto a la disposición del contratista con la antelación a la fecha pactada en el inicio de los trabajos.
El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en los artículos 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.
2º. Las dependencias de entidades podrán entregar hasta un 30 por ciento de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberá otorgar.
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será determinado por la convocante, atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio.
En el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en este artículo.
3º. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta.
4º. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad.
5º. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta un monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate.
En ejercicios subsecuentes la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los 3 meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de garantía correspondiente.
El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato.
6º. No se entregarán anticipos para los convenios que celebren en términos del artículo 59 de esta ley, salvo para aquéllos que alude el último párrafo del mismo ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.
Para la amortización del anticipo, en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se integrará a la dependencia o entidades en un plazo no mayor de 10 días naturales, contados a partir de la fecha en que sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato.
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los gastos que resulten conforme a lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de esta ley, para quedar como sigue:
Artículo 50. El otorgamiento del anticipo será obligatorio y se especificará el monto del mismo en el contrato, sujetándose a lo siguiente:
1º. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado.
Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta ley, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.
2º. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un 30 por ciento de la designación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberá otorgar.
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será obligatorio, ajustándose a lo previsto en este artículo.
3º. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta.
4º. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad.
5º. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio, el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta un monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio que se trate.
En ejercicios subsecuentes la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado al contrato.
Y 6a. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59, salvo para aquellos a que alude el último párrafo del mismo ni para los importes resultantes de los ajustes de los cortos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate. Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato el saldo por amortizar se integrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que sea comunicada al contratista la determinación de dar por recibido el contrato. El contrato que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los gastos que resulten conforme a lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de esta ley.
Transitorios:
Unico. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
s cuanto, ciudadano Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Dé cuenta la Secretaría del registro de asistencia para efectos de la verificación de quórum que solicitó el señor diputado don Pedro Avila Nevárez.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hay una asistencia de 381 diputadas y diputados.
Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias.
Tiene la palabra el señor diputado Raúl Piña Horta, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma la fracción II del artículo 89 y el artículo 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
El diputado Raúl Piña Horta (PVEM): Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros Diputados:
El periodo comprendido entre los años 1928 y 1934, conocido con el nombre del Maximato, se caracteriza por una inestabilidad de la vida oficial. Con Abelardo Rodríguez como Presidente la situación política del país no experimentaría ningún cambio fundamental, el General Calles continuó siendo el hombre fuerte en el aspecto social y como consecuencia las medidas dictadas por el régimen anterior se agudizaron tanto los problemas en las centrales obreras o campesinas que en 1933 estallaron serios enfrentamientos de grupos de campesinos en los estados de Veracruz y Jalisco. Del mismo modo en los centros fabriles las huelgas se hacían caer más frecuentes.
El gobierno se vio obligado a dar algunos pasos conciliatorios, como por ejemplo establecer el salario mínimo industrial. El comercio en general y particularmente en aquellos momentos, al asumir diversas formas que requieren cumplirse en forma rigurosa y en ocasiones inmediata, reclamaba a su vez normas más estrictas que el derecho civil.
Es así como se crea la necesidad de un ordenamiento jurídico que responda a las anteriores exigencias y con independencia el derecho común se ocupe de disciplinar a los comerciantes y a las actividades propias del comercio. Es en este marco donde se expide y publica la Ley General de Sociedades Mercantiles en 1934. Por sociedad mercantil entendemos la unión de voluntades de dos o más personas bajo una denominación o razón social, que unen sus esfuerzos y capitales para la realización de un fin en común de carácter económico con propósito de lucro.
En México la materia mercantil es de carácter federal. La legislación mexicana separa el derecho mercantil del civil, quedando por una parte el Código Civil y por otra parte el Código de Comercio y sus leyes complementarias.
Para que exista una sociedad mercantil es necesario que intervengan dos o más personas, las cuales podrán ser personas físicas, personas morales o bien personas físicas y morales.
Dentro de las cualidades necesarias para constituir una sociedad encontramos en la sección primera, artículo 89 fracción II, que el capital social no deberá ser menor de 50 millones de pesos. Si bien en 1930 la tasa se cambió del peso mexicano, era de 2 pesos por dólar. 40 años después, cuando Luis Echeverría comenzó su presidencia, la tasa era de 12.50 por dólar, significando que el peso tenía un sexto del poder de cambio de 1930, es decir, que en los últimos 70 años el peso se había desfondado aproximadamente 4 mil 900 veces, al pasar de 2 a 11 unidades por dólar.
"Asimismo, cabe recordar que en 1993 entró en circulación una nueva unidad monetaria en México que se llamó nuevo peso. Iguales en cuanto a su diseño, color y tamaño, los nuevos pesos tuvieron como diferencia principal tres ceros menos, así un billete de 100 mil viejos pesos vale ahora 100 pesos, uno de 50 mil, 50 pesos, y así sucesivamente, hasta llegar hasta los de denominación más baja, que de 100 y 50 pesos pasan a 10 y 5 centavos.
"De igual forma, con la entrada de la actual administración, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fue sustituida por la Secretaría de Economía. Es por ello que nuestra propuesta si bien más de forma que de fondo no sólo busca adecuar el contexto actual sino hacer funcionales las instituciones a los esquemas de regulación que se pretenden, por lo que en este sentido y siendo consecuentes por lo anterior, proponemos la actualización de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
"El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se permite someter ante el pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se reforma la fracción II del artículo 89 y el artículo 251, ambos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
"Artículo Unico.- Se reforma la fracción II del artículo 89 y el 251, ambos de la Ley General de Sociedades Mercantiles".
Por respeto al tiempo de mis compañeros diputados, omitiré la lectura del artículo, pero solicito a la Mesa Directiva sea publicado de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene la palabra la diputada doña Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo (PRI): Con su permiso, Presidente.
"Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, bajo la siguiente:
"Exposición de Motivos
"La labor fundamental de las y los servidores públicos es justamente servir al público. Las dependencias del Ejecutivo Federal han sido creadas con un objetivo específico, a fin de crear, implementar y ejecutar planes y programas de acciones que beneficien el desarrollo de la sociedad y por ende del país.
"Cuando lo anterior no se lleva a cabo por negligencia, dolo, incapacidad, omisión o mala fe del servidor público, se da un rompimiento dentro de este engranaje social, siendo la ciudadanía la única perjudicada, ya que al no recibir los servicios que el Estado está obligado a brindar, pierde toda oportunidad de desarrollo o mejoramiento en su calidad y nivel de vida. Ejemplo de lo anterior existen muchos.
"La Cámara de Diputados es la única facultada para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Ejecutivo tiene la obligación constitucional de suministrar el gasto a través de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
"Una vez asignado el presupuesto, a cada dependencia o entidad le corresponde ejercerlo conforme a sus planes y programas previamente autorizados. En este sentido, se vuelve de fundamental importancia que las y los servidores públicos que ostentan los cargos de primer nivel dentro de la administración pública, tengan amplios conocimientos con los que respecta al área en la que están desarrollando, ya que es a través de ellos se distribuye el gasto para los programas, sean o no de reglas de operación.
Mi experiencia como legisladora, me permite citar ejemplos de lo que he mencionado, al llamar a reuniones de trabajo a diversos servidores públicos del Ejecutivo federal y nos encontramos con la constante de que existe un fuerte subejercicio en sus presupuestos por diversos factores, algo imputables a ellos y otros no. pero finalmente todos ellos, por una mala administración pública y una serie de actos burocráticos, que sólo entorpecen el correcto ejercicio presupuestal.
La Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos no es estricta en cuanto a sanciones para las y los servidores, ya que el Artículo 8º. de la ley define claramente sus obligaciones, entonces el espíritu del Legislador primario, define eficazmente el deber ser, pero no contempla las sanciones en caso de que ese debe ser no se realice tal y como lo marca la ley.
Es decir, cuando el servidor público, por negligencia y capacidad, dolo, omisión o mala fe, no realiza las obligaciones expresamente marcadas en el Artículo 8º. de la citada ley.
Pero dentro de esas faltas graves, no se contempla el no formular y ejecutar los planes y programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y el no cumplir las leyes y la normatividad que determinan el manejo de recursos económicos públicos en los que a su cargo respecta.
¿Existe acaso actividad más importante que la ejecución de planes, programas y presupuestos que la dependencia de la administración pública ejerce?, pues claro que no, entonces pues la no realización de estas actividades, por parte de los servidores se vuelve una falta gravísimo no prevista actualmente en la ley, al utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión para otros fines, además de los exclusivamente marcados por la ley.
Esta falta de sanciones expresa, genera que existe un gran número de prestadores de servicio público sin la mínima capacidad para llevar a cabo las acciones que a su cargo establece o que aprovechándose de esa falta de sanciones, se aprovechan para servirse del cargo en lugar de servir a la ciudadanía.
En resumen, esta iniciativa tiene por objeto garantizar que, las y los servidores públicos, que tengan bajo su cargo la implementación de planes y programas así como la distribución de recursos, tengan la capacidad necesaria para la realización eficiente de su encargo, y en caso de incumplimiento sean destituidos inmediatamente de él, para que los cargos administrativos no sean vistos como una prebenda, una gratificación, el pago de un compromiso político o el producto de un compadrazgo, sino como un verdadero compromiso de servir a la ciudadanía, sin una gratificación más allá de lo que establece la ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos.
PRIMERO.- Se reforma el Artículo 3º. fracción III y Artículo 5º. párrafo tercero de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 3º.- En el ámbito de su competencia serán autoridades facultades para aplicar la presente ley la Secretaría de la Función Pública.
Artículo 5º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por Secretaría a la Secretaría de la Función Pública.
Se reforma el Artículo 8º. fracción III para quedar como sigue:
Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: formular y ejecutar los planes y programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir con la publicación en tiempo y forma de reglas de operación de los programas, según el proyecto de egresos de la federación.
3º.- Se reforma y adiciona el Artículo 13 fracción V párrafos cuartos y cinco, para quedar como sigue:
Las sanciones administrativas consistirán en: inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, en caso de infracciones graves, se impondrá además la sanción de destitución inmediata.
En todo caso, se consideran infracciones graves el incumplimiento a las obligaciones previstas en la fracción 2, 3, 4, 8, 10, 16, 15, 19, 23 y 22 del artículo 8º de la ley.
Transitorio.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.
Esta Presidencia recibió de parte del señor diputado don Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa que adiciona la Inciso H a la fracción 4ª del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud para prohibir y sancionar la venta de muestras médicas gratuitas.
El diputado Jorge Triana Tena (PAN): Con el permiso de la Presidencia.
Las muestras médicas y los originales de obsequio son productos que únicamente tienen la finalidad de demostrar sus características. En este sentido, carecen de valor comercial y no pueden dedicarse a la venta interna en el país. No obstante y de manera muy desafortunada, cada vez es más común en los tianguis de la Ciudad de México y otras ciudades del interior de la República encontrar la venta clandestina de medicamentos en cuya presentación se encuentra impresa la leyenda "Muestra médica no negociable". Este fenómeno es cada vez más recurrente e implica indiscutiblemente un riesgo para la salud de las personas que deciden comprar estos medicamentos en los tianguis, porque evidentemente realizan esa adquisición sin ningún tipo de receta médica.
La práctica ilegal en la venta de medicamentos ha sido nota en los últimos meses, se ha denunciado la venta de medicamentos muestra y original de obsequio en los estados de Jalisco y Michoacán, en el tianguis de Santa Cruz Meyehualco en el Distrito Federal, entre otros lugares.
El Reglamento de Insumos para la Salud establece en el artículo 34 la prohibición de vender al público los medicamentos presentados como muestra médica, original de obsequio y destinados para uso exclusivo de las instituciones públicas de salud y de seguridad social. No lo vincula directamente con una sanción monetaria, como sí lo hace para quien infrinja la disposición de vender o suministrar medicamentos que requieren receta médica.
Por su parte, la Ley General de Salud faculta a la autoridad sanitaria en casos como el descrito, para aplicar medidas que van desde la suspensión de trabajo o servicios, hasta la revocación de autorizaciones, decomiso de mercancía y la clausura del propio establecimiento. La venta de dichas muestras implica y conlleva a la obtención de un lucro indebido: la comercialización de una cosa cuya venta se encuentra prohibida.
El bien jurídico que se pretende tutelar es la salud humana. Es una realidad indiscutible que la venta de muestras médicas implica un riego para la salud, pues no existe control de la autoridad en su prescripción y suministro, toda vez que se trata de un mercado negro y siendo éste el caso, es recomendable que se sujete al ámbito de la legislación sanitaria.
La Ley General de Salud establece las bases y modalidades para dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud contenido en el artículo 4º de la Constitución. Por ende, además de considerar la incorporación del delito de venta de muestras médicas en el Código Penal, se debe incorporar a la Ley General de Salud la prohibición de dicha conducta, enlazándola con una sanción administrativa que implique una multa, lo cual servirá para inhibir al potencial infractor.
Dado el riesgo para la salud que representa la venta ilícita de medicamentos que se consideran no negociables, es pertinente la idea de reforzar la legislación con la prohibición de la conducta, la tipificación del tipo penal y las sanciones que inhiban dichas actividades.
Por cuanto hace al robo de las muestras médicas, es menester indicar que el robo de dichas muestras, ya sea efectuado por personal que tenga acceso y custodia de las mismas o por cualquier persona ajena que se apodere de ellas, dichas acciones ya se encuentran contempladas y sancionadas en el Código Penal Federal, ya sea como robo genérico establecido en el artículo 367 o como abuso de confianza, establecido en el artículo 383. Sin embargo, respecto al a gravedad que implica la comercialización indebida de las muestras médicas y que ha representado indiscutiblemente el desabasto y encarecimiento de medicinas en nuestro país, se propone que el marco jurídico abarque y contemple a cualquier persona que venda muestras médicas originales de obsequio, no negociables.
La propuesta pretende aterrizar la reforma en la Ley General de Salud. Para ello, se propone establecer en esta ley la prohibición de vender medicamentos no negociables en los términos vigentes en el Reglamento de Insumos para la Salud.
Asimismo, se propone una multa en la zona que se trate, considerando que es el mismo rango para quienes vendan y suministren medicamentos con fecha de caducidad vencida.
En virtud de lo expresado y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a este Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 230 del Código Penal Federal y adiciona el artículo 226 Bis y reforma el artículo 420 de la Ley General de Salud para prohibir y sancionar la venta de muestras médicas gratuitas de las instituciones públicas de salud y de seguridad social.
Artículo Único.- Se reforma el artículo 230 del Código Penal Federal y se adiciona el artículo 226 Bis y reforma el artículo 420 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
En el Código Penal Federal, artículo 230.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años, hasta 100 días de multa y suspensión de 3 meses a un año, a juicio del juzgador, a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud cuando incurran en alguno de los siguientes casos:
Último párrafo, la misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver.
A los encargados, empleados o dependientes de una farmacia que al surtir una receta sustituyan la medicina específicamente recetada por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecer, para el cual se prescribió.
Y a cualquier persona que venda muestras medicas originales de obsequio los medicamentos destinados para uso de exclusivo de las instituciones públicas de salud y de seguridad social.
Y la Ley General de Salud, artículo 222 Bis.- Queda prohibida la venta al público de medicamentos presentados como muestra médica, original de obsequio y los destinados para uso exclusivo de las instituciones públicas de salud y de seguridad social.
Artículo 420.- Se sancionará con multa de mil y hasta 4 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 226 Bis y 413 de esta ley.
Transitorios
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a los 30 días del mes de noviembre de 2004.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado Jorge Triana.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, igual pero Ter, igual Cuater, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (PVEM): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
La PROFEPA tiene como objetivos contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental, mediante la inspección y vigilancia al cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a las actividades industriales y de servicios y al aprovechamiento de los recursos naturales; así como a través del fomento de esquemas y mecanismos voluntarios para el cumplimiento de la normatividad ambiental en las actividades industriales y de servicios y en el aprovechamiento de los recursos naturales.
En materia de inspección industrial se tiene un universo de cobertura de 34 mil industrias de jurisdicción federal, de las cuales 7 mil 200 son industrias de alto riesgo, 44 plantas automotores y de autopartes y 20 cruces de revisión fronteriza con 30 mil movimientos transfronterizos anuales de materiales y residuos peligrosos.
A pesar de la cobertura territorial y de sus responsabilidades, la PROFEPA únicamente cuenta con 685 inspectores, por lo cual su capacidad abarca solamente el 33 por ciento de su universo de cobertura, contando un rezago de cinco años sin expedientes.
En lo que va del año, sólo se han generado 19 mil procedimientos administrativos, 21 mil resoluciones jurídicas, se han gestionado 700 denuncias penales ante el Ministerio Público Federal y se atendieron 9 mil denuncias ambientales.
Así, esta reforma encuentra su origen en la problemática que existe en materia de notificaciones para este órgano desconcentrado, a través de sus delegaciones federales, ya que implica la erogación excesiva de recursos financieros, materiales y humanos, tales como vehículos, gasolina y notificadores; infraestructura con la que no cuentan dichas unidades administrativas y por ende resulta difícil llevarlas a cabo.
La imposibilidad de notificar expedita y eficazmente, tiene como consecuencia la imposibilidad de seguir tramitando los expediente y por ende, continuar con los procedimientos administrativos, lo cual se traduce en un rezago de asuntos en sus delegaciones, situación que atenta contra los principios rectores de la institución.
Bajo este esquema, esta reforma pretende incorporar una regulación en materia de notificaciones a la LGEEPA, puesto que resulta necesario aplicar de manera supletoria ordenamientos, como la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y el Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamientos normativos que no recogen las necesidades especificas de una materia tan compleja como lo es la ambiental, por lo que es necesario regular las notificaciones de una manera, en las que se integren las particularidades requeridas, a efecto de evitar procedimientos extensos y engorrosos.
Por ello y con la finalidad de contar con un sistema de justicia eficaz y expedito, que nos permita el desarrollo pleno de las facultades que por ministerio de ley se han conferido a esta procuraduría, se propone la reforma de mérito en busca de eficientar al máximo las actuaciones de esta autoridad ambiental federal.
Por las razones antes expuestas, la que suscribe, somete a la consideración de esta LIX Legislatura la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se adicionan los artículos 167 bis, 167 bis-1, 167 bis-2, 167 bis-3, 167 bis-4, a la LGEEPA, para quedar como sigue:
Artículo 167 bis. Las notificaciones de los actos administrativos dictados con motivo de la aplicación de esta ley, se realizaran personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo, cuando se trate de emplazamientos y resoluciones administrativas definitivas, sin perjuicio de que la notificación de estos actos, pueda efectuarse en las oficinas de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, si las personas a quienes deba notificarse se presentan en las mismas. En este último caso se asentará la razón correspondiente.
2. Por rotulón colocado en los estados de la unidad administrativa correspondientes, cuando la persona a quien deba notificarse no pueda ser ubicada después de iniciada las facultades de inspección, vigilancia o verificación a las que se refiere el presente título o cuando no hubiera señalado domicilio en la población donde se encuentre ubicada la sede de la autoridad ordenadora.
3. Por edicto, plan notificación cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso, cuando la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en extranjero, sin haber dejado representante legal o autorizado para tales efectos.
Tratándose de actos distintos a los señalados en la fracción I de este artículo, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o previa solicitud por escrito del interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro similar o en las oficinas de las unidades administrativas de la Secretaría, si se presentan las personas que han de recibirlas a más tardar dentro del término de 5 días hábiles siguientes, contados a partir del día en que se dicten los actos que han de notificarse.
Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad ordenadora lo haga por rotulón dentro del término de 10 días hábiles contados a partir del día en que se dicten los actos que han de notificarse, el cual se fijará en lugar visible de las oficinas de las unidades administrativas de la Secretaría.
Si los interesados, sus representantes legales o las personas autorizadas por ellos, no ocurren a las oficinas de las unidades administrativas de la Secretaría a notificarse dentro del término señalado en el párrafo anterior, las notificaciones se darán por hechas y surtirán sus efectos el día hábil siguiente a la de la fijación del rotulón. De toda notificación por rotulón se agregará al expediente un tanto de aquél, asentándose la razón correspondiente.
4. Por instructivo, solamente en el caso señalado en el tercer párrafo del artículos 167 bis-1, de la presente ley.
Artículo 167 bis-1. Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado en la población donde se encuentre la sede de las unidades administrativas de la Secretaría o bien personalmente en el recinto oficial de éstas.
Cuando comparezcan voluntariamente a recibirlas en los dos primeros casos, el notificador deberá cerciorarse que se trata del domicilio del interesado o del designado para estos efectos y deberá entregarle original del acto que se notifique y copia de la constancia de notificación respectiva, así como señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia, si ésta se niega se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.
Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará en un lugar visible del mismo o con el vecino más inmediato.
Si la persona a quien haya de notificarse no atiende el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio o con el vecino más cercano, lo que se hará constar en el acta de notificación sin que ello afecte su validez.
De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.
Artículo 167 bis 2. Las notificaciones por edicto se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un resumen de los actos por notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por dos días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación o en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa en la que tenga su sede la unidad administrativa que conozca del asunto y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad federativa correspondiente.
Artículo 167 bis 3. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas; los plazos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya surtido efectos la notificación. Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo.
En las notificaciones por edicto se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación o en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa en la que se tenga su sede la unidad administrativa de la Secretaría que ordenó la publicación.
Las notificaciones por rotulón surtirán sus efectos el día hábil siguiente al de la fijación del mismo.
Artículo 167 bis 4. Toda notificación deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique y deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada Argüelles Guzmán.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra la diputada Ady García López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 323 Ter del Código Civil Federal en materia de violencia familiar.
La diputada Ady García López (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
Señores Legisladores:
Nuestra Carta Magna establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos y libertades así como de las mismas obligaciones, lo que en muchas ocasiones no ocurre en la realidad y en donde la mujer sigue sufriendo discriminación y marginación.
A nivel mundial, las estimaciones más precisas sobre violencia de género muestran que al menos una de cada cuatro mujeres sufre violencia doméstica. Las mujeres que sufren algún tipo de violencia en el país a manos de la pareja, sobre todo del esposo, representan el 48.7 por ciento; a manos del ex esposo el 17 por ciento; de un familiar que es en este caso el padre, del 14.9 por ciento o la madre del 14 por ciento.
El porcentaje de las mujeres que expresa haber sufrido violencia sicológica por parte de su pareja es del 19.6, mientras que las mujeres que experimentan violencia física representan el 9.8 por ciento, las que padecen violencia sexual el 7, lo que significa que una de cada catorce mujeres experimenta actos de violencia sexual por parte de su pareja y en la parte económica del 5.1 por ciento. O sea, que una de cada veinte mujeres ha sufrido este tipo de violencia.
Por lo que respecta a menores, el DIF reporta que de los 22 mil 463 menores atendidos en el año 2000, se identifica el físico como el principal tipo de maltrato con 31.2 por ciento; le sigue la omisión de cuidados con 23.4 por ciento y en tercer lugar el maltrato emocional con 20.4 por ciento.
Lo anterior es doblemente preocupante, ya que los maltratos hacia los infantes, la mayor de las veces han sido por un miembro de la familia; además es muy común que las mujeres sometidas a violencia, a su vez repitan ese tipo de agresiones hacia sus hijos generando la violencia en cascada.
Es un hecho que la violencia familiar es un problema grave que no distingue edades, sexos, niveles educativos, grupos socioeconómicos, etc.
Cuando la violencia se presenta en la familia el uso de la fuerza se convierte en un acto cotidiano para demostrar la mayor de las veces, la autoridad que se sustenta en la inequidad y la discriminación entre hombres y mujeres, como consecuencia de las constantes culturales que nos han impuesto un modelo de sometimiento y subordinación hacia el sexo masculino.
En México intervienen en los modelos de organización familiar las creencias culturales, los estereotipos respecto a supuestos roles y las maneras particulares de significar el maltrato, en donde se tiene la creencia de que en las familias hay quien tiene el derecho y la obligación de imponer medidas disciplinarias sobre de quienes están a su cargo, hacia los hijos o hacia otros miembros que de manera evidente necesiten su cuidado, sostén o dirección.
Así, las relaciones de poder juegan un papel importante dentro de la violencia familiar, ya que alguien de más con más poder abusa de otro con menos poder, ocasionándole un daño físico, sicológico, emocional, económico y social. El daño que se ocasiona se puede dar por acción u omisión y se da en un contexto de desequilibrio de poder permanente o momentáneo.
Para lograr el desarrollo individual y social así como la plena e igualitaria participación de todos los integrantes de una familia, en todas las esferas de la vida pública y privada, es condición indispensable la eliminación de la violencia. Este es un tema que día a día cobra mayor relevancia al hacer más visible y que es motivo de una gran preocupación social.
La violencia doméstica es un problema que afecta a la población en general, pero incide representativamente en niñas, niños, mujeres, personas de la tercera edad y discapacitados. Así, los grupos más débiles resultan ser los más agredidos.
Compañeras y compañeros legisladores es nuestro deber :y compromiso como representantes populares, velar por la protección de quienes por alguna circunstancia puedan estar en un estado de vulnerabilidad, mediante acciones concretas, tales como el dictado de leyes y normas jurídicas que otorguen protección a su dignidad e integridad física y emocional, en aras de poder vivir una vida plena.
Honorable Asamblea: los actos que fuera del seno familiar son considerados como delitos, dentro de la familia no pueden ser considerados como una costumbre lícita y justificable.
En este sentido es que se propone esta iniciativa donde buscamos contribuir a erradicar el fenómeno de la violencia familiar , en aras de impulsar una nueva cultura de no violencia, discriminación y respeto.
Por ello, se hace necesario modificar el Código Civil Federal, para establecer preceptos claves que permitan proteger a la mujer, de la violencia familiar que pueda llegar a sufrir o estén sufriendo. La propuesta consiste en salvaguardar la vida e integridad física y sicológica de las mujeres, además de establecer que basta con una sola vez que se presente el abuso o daño hacia algún miembro de la familia, para que se considere violencia familiar, por lo que se propone retirar del segundo párrafo del artículo en cuestión las palabras de manera reiterada.
Asimismo se propone ampliar la protección de concepto de violencia familiar como un fenómeno que pueda darse en cualquier relación en donde las personas se encuentran unidas fuera del matrimonio, las que estén sujetas a custodia, guarda, protección, educación, formación o cuidado con respecto al agresor.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo único. Se reforma el segundo párrafo y adiciona un tercero, al artículo 323-ter, del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Artículo 323-ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familia. Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves que ejerzan un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma; que atente contra su integridad física, síquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones, siempre y cuando el agresor y el agredido se encuentren en los siguientes supuestos:
a) Habiten en el mismo domicilio y
b) Exista una relación de parentezco, matrimonio o concubinato.
También se considerará violencia familiar las acciones que produzcan daño, maltrato o lesión, en contra de la persona sujeta a custodia, guardia, protección, educación, formación o jubilado, con respecto al agresor, siempre y cuando el agresor y el agredido convivan en el mismo domicilio de manera temporal o definitiva.
Transitorios
UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2004.
Es todo señor presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de atención a grupos vulnerables.
Tiene la palabra el señor diputado don Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 185, 187 y 189 del Código Federal de Procedimientos Electorales.
El diputado Norberto Enrique Corella Torres (PAN): Con su venia, señor Presidente.
El suscrito diputado, Norberto Enrique Corella Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, presenta ante esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 185, 187 y 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales bajo la siguiente:
Exposición de Motivos:
El artículo 185 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su primer párrafo, establece solo como una característica obligatoria que la propaganda impresa que los partidos políticos utilicen en las campañas políticas, deberá identificar de forma precisa al partido o coalición por la que participa el candidato correspondiente, mientras que el párrafo segundo deja en libertad el contenido de la misma estableciendo únicamente como límite el respeto a la vida privada de los candidatos, autoridades, terceros, instituciones y los valores democráticos.
Por su parte, el artículo 187 establece que para prevenir la contaminación por ruido, la propaganda oral que realicen los partidos políticos, se someterá a las disposiciones administrativas que se expidan para evitar dicha contaminación.
No obstante, este artículo no hace referencia a otros tipos de contaminación que también se producen como consecuencia de las actividades de las campañas de promoción del voto.
En este sentido podemos afirmar que los alcances de la legislación electoral en la protección del medio ambiente son limitados ya que tal y como está redactada la ley, los partidos políticos pueden imprimir su propaganda sin ninguna restricción en cuanto al tipo de materiales utilizados, así como en los lugares donde pueden colocarla.
Lo anterior, además de contribuir a la generación de desechos que no son biodegradables, facilita que en el desarrollo de las campañas electorales se propicie el deterioro del equipamiento urbano y se produzca contaminación visual del entorno.
Para hablar de lo afirmado, tenemos algunos datos relacionados con el uso de materiales no biodegradables.
Durante las campañas electorales del año 2000, se generaron –sólo en vías primarias del Distrito Federal- 32 toneladas de basura colgada y 10 toneladas más en vías secundarias, mientras que en el ámbito nacional se produjeron alrededor de 400 toneladas de basura producto de anuncios fijados en vía pública, como pendones, gallardetes y otras formas de publicidad impresa.
Además, el número de partidos políticos existentes en la actualidad, hace pensar que el problema de la contaminación visual provocado por la gran cantidad de impresos que se cuelguen o se fijen, puede verse acrecentada en cada campaña electoral, sobre todo en la medida en que la autoridad electoral autorice nuevos partidos, conforme la facultad que otorga la normatividad respectiva.
Con relación a la colocación del material impreso en el equipamiento urbano, es necesario considerar que este reviste una singular importancia para el conjunto de la comunidad, ya que de acuerdo a su definición la misión más importante del mismo es la de prestar servicios al público en general y que la calidad del mismo determine el nivel cualitativo de una comunidad. Además, el equipamiento urbano es el medio para prestar a la población los servicios urbanos.
Considerando lo anterior, es obligación de todos –incluidos entre ellos los propios partidos políticos y sus candidatos- el contribuir a la conservación del medio ambiente y al equipamiento urbano.
Por lo tanto, en atención a su cuidado y a evitar un factor más de contaminación al que se enfrentan todos los centros urbanos, es que se propone que los partidos políticos y sus candidatos no puedan colocar el material impreso que produzcan o impliquen un riesgo para la integridad de las instalaciones y sobre todo de las personas.
Por las razones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en el cual se adiciona un párrafo tercero al artículo 185 y se reforman los artículos 187 y 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 85.- Se adiciona entonces un tercer párrafo que rezaría así: "La propaganda impresa a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberá estar fabricada con materiales reciclables o de rehusó que no contengan sustancias tóxicas ni materiales que representen un daño directo para la salud.
El incumplimiento de esta disposición por parte de los partidos o coaliciones será sancionado, de conformidad con lo dispuesto en el presente código.
El artículo 187 quedaría de la siguiente forma:
La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos realicen en la vía pública a través de impresos, grabaciones y en general por cualquier otro medio se sujetará a lo previsto por los artículos anteriores, así como las disposiciones administrativas federales y locales expedidas en materia de previsión de la contaminación por ruido, del suelo y visual.
El artículo 189, inciso a) quedará de la siguiente forma:
No podrá colocarse propaganda que dañe el equipamiento urbano, menoscabe su función, impida la visibilidad de conductores de vehículos o impida la circulación de peatones.
Transitorio.
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor presidente. Le ruego que ordene su inclusión en el Diario de los Debates de manera íntegra, dado que en obvio de tiempo he presentado una versión abreviada. Muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La diputada Maria Avila Serna (PVEM): Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: hay muchos mitos y leyendas, además de todas las opiniones del mundo y las discusiones filosóficas sobre el hombre y las armas.
Las armas no son un peligro; el peligro es el hombre, y su arma más poderosa su capacidad de raciocinio.
Podemos mencionar que el primer paso para hablar de armas es olvidarse de todas esas opiniones sin fundamento. El segundo paso será determinar objetiva y racionalmente qué uso se le va a dar y en qué condiciones se va a usar el arma.
Por otra parte, en la selección intervienen factores subjetivos tales como el gusto por una u otra clase de arma y la comodidad personal, factores más bien de orden psicológico pero que indudablemente afectan a la hora de decidir por uno u otro tipo de arma.
También intervienen factores más subjetivos como el valor del arma, la facilidad o dificultad para conseguir munición del calibre seleccionado e incluso hasta la configuración física del usuario.
Este tema ha sido y es tradicionalmente objeto de discusión. Se han escrito miles de páginas a favor o en contra de una u otra arma y la controversia parece no haberse agotado aún, a pesar de que ya lleva casi 100 años.
Entre las principales diferencias de un tipo de arma a otro podemos mencionar la sencillez y el manejo. Usualmente el revolver es más sencillo de manejar que la escuadra y requiere menos entrenamiento debido fundamentalmente al mecanismo de cargador, corredera y de los seguros que generalmente tienen las escuadras, de los cuales carece el revolver.
En cuanto a la confiabilidad mecánica, ambos tipos de armas, en especial las escuadras y revólveres modernos, ofrecen el mismo margen de confiabilidad.
En definitiva, para elegir adecuadamente un arma es necesario, en primer término, tener la libertad y el derecho de escoger y, por otro lado, hacer un balance entre todos los elementos técnicos, olvidando la mayoría de los falsos criterios que circulan por ahí, de manera que se pueda uno sentir totalmente confiado en el arma que elija y sobre todo y en primer término para el tiro defensivo.
En estricto sentido, podemos decir que la meta en el caso de un tiro defensivo no es dar muerte al agresor sino lograr que cese una agresión. Esto es lo que se conoce como parar a un atacante. Claro está que eventualmente puede sobrevenir la muerte del agresor, pero repetimos, ese no es el objetivo; lo importante es detener la agresión.
En armas cortas existe una gran variedad de calibres para todos los gustos; sin embargo, aunque todos los calibres pueden matar, unos detienen una agresión más rápidamente que otros, es decir, su poder de defensa o parada es mayor.
Por poder de defensa o parada se entiende la capacidad que tiene un determinado proyectil de detener a un agresor con el menor número de impactos. Sobre el poder de parada influyen dos tipos de factores: los inherentes al proyectil y los relacionados con la persona del atacante.
Entre los factores inherentes a las armas y a los proyectiles se encuentran que a mayor calibre mayor será el poder de parada. Esto suena lógico pero tiene sus límites.
Los factores relacionados con la persona del atacante son la constitución física, mientras más grande sea el atacante mayor será su capacidad para absorber los impactos y el estado mental. Esto es, que durante el enfrentamiento violento el estado de la mente produce una serie de cambios fisiológicos que incluyen la segregación de adrenalina como acelerantes y endorfina como anestésico. Esta mezcla de productos se eleva en una alta medida del nivel de tolerancia del cuerpo humano al dolor. Puede incluso suceder que una persona que reciba varios impactos no se dé cuenta que esté herida, sobre todo si han usado proyectiles encamisados de tipo militar.
Las drogas son otro factor determinante, ya que muchos delincuentes cometen sus fechorías bajo efectos de drogas que van desde el alcohol hasta la cocaína. Esto no lo justifica pero significa que su tolerancia al dolor y su resistencia física aumenta todavía más.
El tema de las armas de fuego siempre suscita polémicas y opiniones encontradas. Muchas veces hablamos y emitimos juicios sin tener mucha información técnica para respaldarlos y damos como ciertos hechos que se basan en rumores o creencias populares.
En Estados Unidos, por ejemplo, cada 30 minutos se comete un homicidio con arma de fuego, pero en las dos terceras partes de los casos las víctimas tenían antecedentes penales y expedientes con la justicia. Es decir, no se trataba de ciudadanos honestos sin récord criminal. En México y Canadá sucede algo similar.
El hecho de que los ciudadanos puedan poseer en su domicilio un arma de fuego legalmente no hace a la sociedad más violenta. Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En virtud del tiempo transcurrido solicito que se inserte íntegro el documento en el Diario de los Debates de la Gaceta Parlamentaria.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Diputada. Así lo haremos.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.
Esta Presidencia tiene el honor de darle la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Liceo Cervantino, de Irapuato, Guanajuato. Invitados por la diputada doña Consuelo Camarena Gómez.
¡Bienvenidos muchachos!
(Aplausos)
Tiene la palabra el señor diputado don Federico Barbosa Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona y reforma el Numeral Cinco del Artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Permítame un segundo.
Sonido en la curul del diputado Omar Bazán.
El diputado Omar Bazán Flores (PRI. Desde su curul): Solicitándole Presidente que la iniciativa que leyó la diputada María Avila fuera turnada también a la Comisión de Gobernación, dado que en estos momentos estamos dictaminando la Ley de Armas y Fuegos.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Obsequiamos su petición. Luego entonces será la Comisión de Defensa Nacional unidas con la Comisión de Gobernación.
Adelante, señor orador.
El diputado Federico Barbosa Gutiérrez (PRI): Con su autorización, señor Presidente.
Compañeros Diputados:
Uno de los mayores compromisos que tiene esta soberanía es el de garantizar un marco jurídico eficaz que facilite el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades. Dentro de esas atribuciones está la indicada por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución de la República.
Conforme a esa ley corresponde a esta Cámara, a través de la Comisión Jurisdiccional, instruir el juicio de procedencia y el juicio político. Para tal fin dicha comisión integra un organismo denominado Sección Instructora, la que provee procesalmente todo lo necesario hasta elaborar el dictamen correspondiente.
La experiencia de esta Cámara da como resultado la necesidad de precisar las funciones sustantivas y de procedimiento de la Instructora y de la Jurisdiccional. "Hasta ahora, mediante acuerdos parlamentarios se han venido subsanando las lagunas de la ley. Por ejemplo, la LVIII Legislatura por acuerdo dispuso que la Comisión Jurisdiccional resolviera las controversias que se suscitaren en la Sección Instructora.
"De acuerdo al artículo 40 de la Ley Orgánica, el número de integrantes de la Comisión Jurisdiccional queda a juicio de la Cámara de 12 a 16 diputados en cuanto a su integración.
"Que en una Legislatura el dictamen proyectado se somete directamente al pleno de la Cámara y en otras Legislaturas acuerda presentar previamente al interior de la Comisión Jurisdiccional para su votación.
"Que el procedimiento finalmente queda a la discrecionalidad de la Instructora.
"Por esta razón, considero necesario que la Comisión Jurisdiccional se aboque con las facultades propias, a analizar e impulsar reformar que contribuyan a establecer procedimientos eficaces y en un marco organizativo que determine con claridad la ley. Que ese marco legal le permita cumplir con las tareas que debe desarrollar como responsable de velar por el buen funcionamiento de los mecanismos de juicio político y de procedencia.
"Desde luego, con respeto a la facultad de ustedes, señores diputados, de proponer reformas legislativas en lo individual, sólo que el estudio y la ponderación en lo interno de la comisión tiene un alcance más amplio.
"De conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Jurisdiccional tiene la facultad siguiente:
"Según el artículo 40 numeral 5: La Comisión Jurisdiccional se integra por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designe a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la Sección Instructora, encargada de las funciones a que se refiere la Ley Reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
"Conforme a esa atribución, es evidente que la Comisión Jurisdiccional requiere de una plataforma legal que le permite enfrentar nuevos escenarios en el futuro, así como el surgimiento de posibles circunstancias y supuestos no previstos en la ley vigente de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Requiere además de un rediseño institucional con una dirección y facultades que le permitan atender y resolver los problemas sobre responsabilidad de servidores públicos. Esta sería la facultad normativa de la Comisión Jurisdiccional para proyectar su nuevo camino.
"La presente iniciativa busca también precisar con claridad el número de integrantes para que sus actividades legislativas sean eficientes. En este sentido debemos desechar normas obsoletas que generan confusión, incertidumbre y discrecionalidad.
"Por esta razón se propone establecer un número de 20 diputados, quienes deberán integrar la Comisión Jurisdiccional. Lo anterior posibilita, entre otras cosas, una mayor aportación de criterios y consensos que se traducirán en acciones tendientes a fortalecer el trabajo legislativo.
"Asimismo, la creciente pluralidad nos obliga a establecer reglas que permitan una convivencia y un equilibrio en la representación real de los grupos parlamentarios que conforman las futuras Legislaturas.
"Por ello de la importancia de establecer el número de integrantes que se proponen, observándose en este caso el mismo procedimiento para la integración del resto de las comisiones ordinarias.
"En este mismo sentido, la experiencia nos indica que las Legislaturas pasadas no establecieron con claridad la posibilidad de fortalecer a la Comisión jurisdiccional mediante un grupo definido de legisladores que cumplieran con las expectativas que la sociedad y la democracia reclaman, es decir, no consideraron las actuales condiciones de mayor pluralidad, por lo que es evidente que ese criterio adoptado en ese momento, ya no responde a las actuales condiciones de alta participación y exigencia ciudadana.
"En consecuencia, la presente iniciativa tiene como propósito actualizar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión Jurisdiccional en la materia de su competencia dictamine, realice los estudios suficientes, recabe la información necesaria, emita opiniones ante las instancias de la cámara, con el fin de fortalecer los mecanismos de control constitucional, evitando subsanar las deficiencias de la ley mediante acuerdos parlamentarios, dando certeza jurídica a los procedimientos jurisdiccionales que se establecen en la ley secundaria en materia de responsabilidad.
"Asimismo, consideramos que respetando el principio de autonomía de las comisiones, es necesario dotar de facultades expresas a la Comisión Jurisdiccional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado presento ante ustedes esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona el Artículo 40 Numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 40. Numeral 5.- La Comisión Jurisdiccional se integrará por 20 legisladores encargados de las funciones a que se refiere la Ley Reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La Comisión tendrá las siguientes facultades.
Inciso a) Preparar proyectos de ley para adecuar las normas en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
Inciso b) Dictaminar y opinar sobre iniciativas y propuestas que se presenten en esta material.
ARTICULO TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En consecuencia, señor presidente, solicito que el texto íntegro de esta iniciativa, se agregue al Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.
Asimismo le solicito que sea turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y si usted lo considera pertinente al Grupo de Trabajo para la Reforma del Congreso.
Eso es todo.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un Capítulo IV denominado "De la Objeción de Conciencia" al Título Cuarto de la Ley General de Salud.
La diputada María del Carmen Mendoza Flores (PAN): Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La suscrita diputada federal María del Carmen Mendoza Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del Artículo 71 de nuestra Constitución Política y con fundamento en los Artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la presente iniciativa de ley que adiciona un Capítulo IV denominado "De la Objeción de Conciencia" al Título Cuarto de la Ley General de Salud, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
En un estado democrático deben existir diversos factores que al presentar y articularse armónicamente, generen las condiciones necesarias para que la sociedad avance, se desarrolle y arribe al bien común.
Para que se consolide un estado democrático, en donde todo ciudadano o ciudadana, no sólo pueda pensar, opinar o procesar ideas, credos o cultos, es necesario que en el ejercicio de la libertad rebase estos linderos, para dar paso a que todo ciudadano pueda actuar, siguiendo los lineamientos que le dicta su conciencia.
En la racionalidad del ser humano hay principios morales, deontológicos y éticos, que establecen los valores, en razón de los cuales se despliega la conducta individual, siendo ésta consultado de un ejercicio inteligente, de reflexión y análisis, y sobre todo de libertad. Y es particularmente en el ejercicio más puro de la libertad como, cada persona se forja sus convicciones, misma que no puede ser coartada por el Estado o juzgada arbitrariamente.
El Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".
Este dispositivo internacional encuentra relación con el Artículo 24 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamiento que salvaguarda la libertad de pensamiento, de creencia y de conciencia, consignándolos como derechos fundamentales de los mexicanos.
La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su 48ª. Sesión celebrada en el año de 1993, emitió el Comentario General el No. 22 titulado "El derecho de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este comentario general constituye una interpretación de los alcances del artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Si bien los comentarios generales dentro del orden jurídico internacional no son instrumentos de naturaleza vinculante para los estados, sí representan interpretaciones y lineamientos fidedignos sobre los alcances de un artículo en particular, en este caso el artículo 18 de Pacto Internacional Sobre los Derechos Civiles y Políticos con relación a la libertad de conciencia, queda claro que la objeción de conciencia es un elemento inherente al derecho de libertad y constituye una excepción válida para que una persona se rehúse a cumplir determinada actividad prescrita.
Debemos tomar en cuenta que no es lícito obligar a un ciudadano a actuar en contra de su conciencia ética, cuando ésta se ajusta a los más altos valores de las ciencias axiológicas, puesto que sería violar su autonomía de pensamiento, obligarlo a traicionar su identidad y dejaría sin efecto las garantías individuales. A nadie se le debe pedir que realice una actividad que atente contra sus principios morales, por el contrario; el Estado, como órgano garante de la libertad, debe procurar el mayor respeto posible para la diversidad de creencias que existen en el conglomerado local.
Como signo de madurez cívica y de progreso moral y político, las sociedades modernas aceptan el gesto de la objeción pacífica, sin tomar represalias o ejercer discriminación contra el objetor en el común respeto a los principios de libertad ideológica y de no discriminación contra los derechos fundamentales de las personas consagradas en todas las constituciones.
La tolerancia a la genuina objeción de conciencia es algo connatural a la sociedad de hoy, en la que el pluralismo ideológico es aceptado como una realidad privilegiada a la que habrán de oponerse cuestionamientos de dignidad ética inferior.
Actualmente nuestra Ley General de Salud señala las obligaciones y prerrogativas que tienen todas las instituciones y personas que intervienen en el Sistema Nacional de Salud, sin embargo, no establece la posibilidad de la objeción de conciencia que representa un derecho para excusarse de intervenir en las prácticas que de acuerdo a su fuero interno, a sus creencias personales y a las dimensiones de la conciencia, le causen un conflicto interior al ciudadano.
Es por tanto adicionar a la Ley General de Salud un dispositivo que permita que los profesionales, técnicos, prestadores de servicio social, estudiantes y demás personas que intervengan en el Sistema Nacional de Salud, puedan objetar en razón de su conciencia, las actividades que contravengan o dobleguen sus convicciones y la libertad de credo, sin represalias. Con ésta se pretende que dentro del sector salud exista tolerancia y respeto y que los ciudadanos que laboran en el mismo no encuentren restricciones para desarrollarse profesionalmente, de acuerdo con sus lineamientos deontológico.
Es oportuno aclarar que se entiende por objeción de conciencia en sentido lato o amplio, la negativa de una persona a realizar determinado acto que prescribe una norma de carácter general, por contravenir razones religiosas, éticas o deontológicas, de tal naturaleza que ir contra dichos principios supondría para el objetor un menoscabo grave a su integridad y congruencia personal. En este sentido, el objetor siente hacia los actos que rechaza, una repugnancia moral profunda, hasta el punto de someterse a lo que se le está ordenando, equivaldría a traicionar su propia identidad y conciencia.
La objeción de conciencia, sea del tipo sanitario o de cualquier otra especie, supone siempre un conflicto de intereses entre lo que el marco legal vigente prescribe, que constituye la expresión de los bienes jurídicos tutelados en orden público.
Si bien es necesario que el derecho positivo contemple esta excepción para regular su existencia del marco jurídico, la objeción de conciencia con motivo lícito para no acatar una disposición legal reglamentaria o normativa dictada válidamente por la autoridad jerárquica competente debe tener cauces legales para ejercitarse, pues de lo contrario se ocasionaría incertidumbre jurídica y ambigüedad en su aplicación.
En primer término, no se puede alegar la objeción de conciencia por un profesional de la salud, cuando exista riego de que la omisión de su parte ponga en riesgo la vida o salud del paciente.
Cuando el prestador de los servicios de salud se encuentre frente al supuesto antes señalado el ejercicio de la objeción de conciencia no podrá hacerse valer.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa que adiciona el artículo 49 Bis al titulo segundo capítulo tercero de la Ley General de Salud.
Artículo 49 Bis.- Los profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores del servicio social que forman parte del Sistema Nacional de Salud, podrán hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia con base en sus valores, principios éticos o creencias religiosas.
Cuando la negativa del objetor de conciencia implique poner en riesgo la salud o vida del paciente por la urgencia o deterioro de su salud sin que ésta pueda ser derivado a otros integrantes del sistema de salud que lo atiendan debidamente, el objetor no podrá hacer valer su derecho y deberá prestar la atención médica necesaria; en el caso de no hacerlo, incurrirá en causal de responsabilidad profesional.
La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones y elementos para manifestar la objeción a que se refiere este artículo sin que estas disposiciones puedan limitar el ejercicio de este derecho o generar discriminación en el empleo hacia quien lo haga valer.
Transitorio
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuando diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada Mendoza.
Túrnese a la Comisión de Salud y tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona tres párrafos y cinco numerales al artículo 400 del Código Penal Federal.
El diputado Jorge Legorreta Ordorica (PVEM): Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores:
El delito se combate con ideas, con decisión y con trabajo cotidiano. Las ideas se hacen fuerzas si tienen viabilidad y oportunidad.
Las ideas son para imponerse y sólo se logra eso si llevan contenido. La decisión no es palabra o promesa, es diseño inteligente, implantación cierta y desarrollo oportuno. El trabajo cotidiano implica reflexión diaria y atención cuidadosa de cada asunto público.
Los lineamientos filosófico-políticos que se desprenden de la Constitución de 1917 donde se establecen las directrices de cómo debe de ser la estructura de justicia penal en nuestro país, reproduce las características propias de un sistema democrático de derecho y este tipo de estado es el que establece nuestra carta política en su artículo 40.
El actual artículo 13 del Código precitado, establece que cada uno de los intervinientes en el delito responderá en la medida de su propia culpabilidad, previéndose una menor penalidad para el cómplice, para el auxiliador o encubridor posterior del hecho en virtud de promesa anterior.
El Código Penal Federal parte de los principios que deben regir a la justicia penal y son de legalidad, de tipicidad, de intervención mínima del derecho penal, del bien jurídico, de acto, de culpabilidad y de presunción de inocencia.
Como instrumento del estado, el derecho penal cumple una determinada función que consiste en proteger los bienes jurídicos tanto individuales como colectivos y estatales fundamentales para la vida ordenada de la comunidad.
El delito de encubrimiento es entendido cuando no hay participación en él sino que se ayuda posteriormente y cuando se adquiere, recibe u oculte el producto de aquél; preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor, sea por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito o en su caso, cuando oculte al responsable o los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe.
También cuando sea requerido por las autoridades, no dé auxilio para investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes entre otras hipótesis.
Por ello, en la presente iniciativa se plantea que no opere la excluyente responsabilidad prevista en el artículo 400 del Código represivo en su fracción IV, inciso a), b) y c), en la que no se sanciona a las personas que tengan parentesco con el inculpado, como pueden ser cónyuges, los ascendientes y descendientes hasta el 4° grado, la concubina, el concubinario y aquellos que estén ligados por respeto, gratitud, cariño, etcétera.
Lo antes dicho, únicamente cuanto se trate de delitos como: el secuestro, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos contra la salud, el tráfico de menores y el robo de vehículos.
Lo anterior evidencia el efecto de la excluyente responsabilidad penal, cuando dichas personas en virtud de la relación que guardan con el sujeto activo del delito, no coadyuvan con la justicia penal y por el contrario, obstaculizan en aprovechamiento de esa causa que justifica la no imposición de la sanción penal.
La inseguridad imperante es un flagelo que preocupa y ofende a la sociedad, el delito se presenta en todas sus expresiones. Sin embargo, dentro de todos ellos, los delitos mencionados son aquellos que por su complejidad y características, vulneran de manera sensible los valores más íntimos de la sociedad y al Estado corresponde la protección y tutela del orden social, que este tipo de ilícitos injustos pueden llegar a vincular a todos los miembros de la familia, es decir, son eventos delictivos que en la mayoría de los casos son conocidos por el seno familiar, de tal forma que las actividades ilícitas del padre de familia, de los hermanos, tíos o primos, lo hacen bajo el manto de la impunidad.
Lo anterior se justifica, porque por ejemplo, el secuestro es uno de los delitos que mayormente se presentan en nuestro país, a tal grado que México ocupa el nada honroso primer lugar mundial en plagios, tercero en robo con violencia, octavo en robo de vehículos y décimo quinto en el delito de violación. Por lo que hace al delito primeramente mencionado, es uno de los que más profundamente afectan a la sociedad, por los múltiples bienes jurídicos que lesiona, convirtiéndose en una pesadilla entre los ciudadanos en número cada vez más creciente, sin importar su condición económica.
Ahora las bandas son menos profesionales, pero más sangrientas. Sus integrantes ya no estudian tanto a las víctimas, sino que las selecciona muchas veces de manera improvisada, basándose en la apariencia, de tal forma que los secuestrables ya somos todos, porque ya no se trata solamente de los grandes empresarios o los prósperos ganaderos; el secuestro es contra niños, abuelos, mujeres, estudiantes, ricos, pero pobres también, por eso los rescates son menos caros, no millones, sino 50, 30, 20 mil pesos y si no hay dinero, aceptan hasta cualquier cantidad, pero los billetes nunca fueron el problema, sino la vida, cobran menos, pero cada vez matan más.
Aunado a lo anterior, las bandas de secuestradores tienen sus casas de seguridad, que en múltiples ocasiones se encuentran en sus propios hogares. De ahí el espíritu de la presente iniciativa para que no opere el excluyente de responsabilidad penal, cuando se trate de este tipo de delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Consideramos que falta mucho por hacer, sabemos de la preocupación por el respeto cotidiano a los derechos de los individuos que delinquen, de los sentimientos de ofendidos y víctimas del delito y del lastre social que apareja la delincuencia. Somos conscientes que la lucha contra el crimen es una lucha inacabable, pues toda sociedad tiene en sí el germen de sus propios delitos, pero sabemos también que si día a día, nos comprometemos con la firme convicción de que empeñaremos minuto a minuto, nuestro actuar en este arduo combate, desde nuestras respectivas instancias, lograremos hacer entre todos una sociedad más segura y comprometida con su propio desarrollo.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, comprometido con los grandes proyectos y con las clases sociales, somete a la aprobación de esta H. Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan tres párrafos y cinco numerales al artículo 400 del Código Penal Federal.
Por respeto al tiempo permitido, solicito al señor Presidente sea publicada en su totalidad la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Legorreta.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos e insértese el texto íntegro al Diario de los Debates.
Tiene la palabra el señor diputado don Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Pero discúlpenme, esta se pospone. Me están diciendo que se pospone a petición del interesado.
Tiene la palabra el diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prohibir que menos de 18 años desarrollen labores peligrosas e insalubres.
El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (PAN): Con el permiso de la Presidencia.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de los diputados María del Carmen Mendoza Flores, Sergio Alvarez Mata y Guillermo Tamborrel Suárez, con fundamento en las facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley que reforma el artículo 123 constitucional, para adicionar la prohibición de que menores de 18 años desarrollen labores peligrosas e insalubres, bajo la siguiente exposición de motivos:
Una de las principales responsabilidades del Estado y de hecho una de sus razones de existir, es el de velar por la integridad física y moral de todos sus habitantes en cualquier actividad lícita que desempeñen, así como el de garantizar una oportunidad de sano y pleno desarrollo como persona humana, sobre todo de aquellos que por su naturaleza se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como ocurre con las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, el Estado tiene, en el ámbito laboral, entre otras, la responsabilidad de asegurar que el sistema educativo prepare a todas las personas, particularmente a los jóvenes, para su realización en dicha vida laboral, proscribiendo toda forma de trabajo infantil porque niega el acceso de las niñas, niños y adolescentes a la educación, el esparcimiento y la cultura, condenándolos posteriormente a la miseria.
Reconocemos que el derecho al trabajo es prerrogativa común de todas las mujeres, de todos los hombres, porque en última instancia se funda en el derecho a la vida y a la libertad; de ahí que el derecho al trabajo no pueda quedar sujeto ni por el sindicato ni por el patrón ni por el gobierno a la imposición de criterios ideológicos o políticos ni por otros principios que no sean protección a la salud y a la dignidad de quienes laboran.
Asimismo, reconocemos que el trabajo, actividad inmediata de la persona, tiene preeminencia como principio del desarrollo humano integral como ordenador de la economía social y que el derecho al trabajo se encuentra por encima de los bienes materiales e instrumentales que son objeto de propiedad. De ahí que considerar al trabajo humano como mercancía o como simple elemento de la producción, atenta contra la dignidad de la trabajadora, del trabajador y contra el orden de la comunidad.
Por lo tanto, es deber de todos el velar porque las condiciones de trabajo sean seguras, dignas y propicias para el desarrollo sano e integral del trabajador como ser humano, circunstancia que se acentúa cuando se trata de menores de 18 años de edad. Relativo a la protección en el campo laboral de los menores de edad, tenemos que nuestro país ha firmado y ratificado múltiples convenios que se suman a nuestra visión.
La Convención sobre los Derechos del Niño, celebrada el 20 de noviembre de 1989 en New York, Estados Unidos y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, establece en su artículo primero lo siguiente: "Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad".
Asimismo, establece en su artículo 32 la obligación de proteger a las niñas y niños de cualquier explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, moral o social.
El convenio estable además, que los estados parte adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar lo establecido en dicho convenio y entre los que se encuentran:
Fijar una edad o edades mínimas para trabajar.
Reglamentar los horarios y condiciones de trabajo.
Estipular las penalidades y sanciones apropiadas a quien incumpla con los principios del convenio.
En el mismo tenor se pronuncian otras normas internacionales relativas a los derechos de la niñez como son: El Convenio 138 sobre la edad mínima, de la OIT. El Convenio 182 también de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, celebrado el 17 de junio de 99 en Ginebra, Suiza y promulgado el 7 de marzo del 2001 y en el que en el artículo 2o. se establece: A los efectos del presente convenio el término niño designa a toda persona menor a 18 años.
En el ámbito nacional también contamos con instrumentos jurídicos para garantizar la seguridad, salud y dignidad de las y los trabajadores menores de edad, como la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada el 29 de mayor del 2002 y que en su artículo 2o. establece lo siguiente:
Para los efectos de esta ley son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 incumplidos.
Finalmente, es importante destacar que nuestra Constitución Política ya contempla el principio que sustenta esta propuesta, ya establece la prohibición en comento pero a menores de 16 años y no de 18, como ahora se pretende y como lo establecen los convenios y legislación nacional e internacional antes referidos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prohibir labores peligrosas o insalubres en los menores de 18 años.
Artículo Unico. Se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo, después de las 10 de la noche, de los menores de 18 años.
Artículos transitorios:
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre 29 del 2004 y firman los diputados: Ma. del Carmen Mendoza Flores, Sergio Alvarez Mata y Guillermo Tamborell Suárez.
Es todo señor presidente. Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado Tamborell.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Omar Bazán Flores (PRI): Con su permiso compañero Presidente.
Desde hace ya varios años, el Congreso de la Unión ha estado inmerso en un proceso gradual de modernización que ha permitido adoptar su organización, funcionamiento y procedimientos a las necesidades del entorno actual y junto con las adecuaciones, a los preceptos legales que se hayan modificado, en el que necesariamente las Cámaras deben de desempeñar sus funciones con la oportunidad y eficiencia que la ciudadanía demanda.
En la actualidad, el Congreso de la Unión se ha convertido en un actor de la máxima relevancia para la vida política de nuestro país. Su crecimiento y su creciente importancia radica en que a partir de 1997, año en que entró en funciones la LVII Legislatura –de la cual fui integrante junto con algunos compañeros diputados presentes- posteriormente la LVIII y ahora la LIX Legislatura, se ha convertido en una voz autónoma que ha ejercido un contrapeso cada vez mayor ante los otros dos poderes.
Entre los temas que consideran de manera obligada en la agenda para el fortalecimiento y modernización del Poder Legislativo, destaca el del análisis y adecuación de los preceptos generales y normas de operación del Congreso que datan de muchas legislaturas atrás, por lo que muchos casos se han vuelto inoperantes y en otros han obstaculizado y han alentado el no procedimiento o bien exige la adecuación de las transformaciones que ha sufrido el marco jurídico mexicano.
La propuesta que presento, tiene la finalidad de generar y aportar elementos que atribuyan a avanzar en materia política en la modernización del proceso legislativo, permitiendo que las Cámaras de Diputados y de Senadores desempeñen su función de creación y modificación de leyes de una manera más dinámica y eficiente.
Así pues, explico brevemente las líneas que de cambio hemos sugerido:
La propuesta para adecuar las normas que rigen la función legislativa al orden constitucional, es la siguiente:
Que los permisos tanto los que se propongan en la Cámara de Senadores como los que se propongan en la Cámara de Diputados, sean con apego a la Carta Magna y a lo establecido por el Reglamento para el Gobierno Interior.
Con base en lo anterior, el suscrito se permite presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
UNICO.- Por el que se reforma el segundo párrafo al artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Primero.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 60.- Cuando la Cámara conozca de los permisos a que se refiere la fracción II, III y IV del inciso c) del artículo 37 de la Constitución General, la Comisión Legislativa correspondiente para formular dictámenes, resolviendo varias solicitudes a la vez, integrando en el proyecto de decreto tantos artículos como permisos se concedan sin perjuicio de que puedan pasar a uso de discusión si un legislador así lo solicita.
Cualquier articulado será reservado.
Transitorio Primero.- La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- A partir de la entrada en vigor de este decreto, los permisos que fueren presentados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se regirán por esta disposición.
Atentamente, diputado Omar Bazán.
Muchas gracias compañera Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted compañero Bazán Flores.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero Lucio Lastra Marín , del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma la fracción V del Apartado "A" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para homologar criterios de maternidad.
El diputado Lucio Galileo Lastra Marín (PAN): Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados y diputadas.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con las facultades que le confieren los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del apartado a) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para homologar los criterios de maternidad con lo establecido en el apartado b).
La presente iniciativa tiene su fundamento tanto en el desarrollo histórico de toda sociedad que lucha por un mundo más igualitario como en los principios en los que se sustenta el Partido Acción Nacional, quien desde su fundación propugnó por la participación plena de la mujer en la vida política de México y por su insistencia se logró el reconocimiento del derecho a votar en el gobierno de Ruiz Cortines.
Si bien es cierto que durante muchos años el trabajo de la mujer consistió fundamentalmente en la realización de actividades puramente domésticas, también es real que la evolución de sus reclamos y demandas han avanzado en el transcurso del tiempo, modificando las diversas legislaciones y con ello se fueron generando las condiciones de igualdad y de trato bajo principios de justicia.
Varias modificaciones jurídicas podrían ser citadas, desde la Constitución, el Código Civil y la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, fue hasta 1970 cuando en esta última ley se proclama, con toda fuerza, el principio de igualdad de la mujer, señalándose el sentido de las normas reguladoras de su trabajo.
Además, debe agregarse el año de 1974, fecha en la que fue celebrado el Año Internacional de la Mujer, del cual México fue el país anfitrión. Las festividades culminaron con la adición al artículo 4º. de la Constitución declarando el principio de igualdad jurídica: el varón y la mujer son iguales ante la ley, otorgando así a la mujer la posibilidad de celebrar toda clase de contratos y no permitir tratos discriminatorios en cuanto al sexo o estado civil.
El Partido Acción Nacional, como mencionamos anteriormente, a lo largo de su historia ha tenido como una de sus principales preocupaciones el desarrollo de la mujer en los distintos ámbitos, tanto en lo económico como en lo político, cultural y social.
Creemos en la igualdad de oportunidades y derechos para todas. Por eso queremos que las mujeres tengan mejores empleos, bien pagados, sin tener que sufrir discriminación alguna; que el trabajo les ayude a desempeñar un mejor papel como madres, mismo que se haya contenido en nuestra plataforma legislativa.
Es así que la mayoría de las mujeres tienen que desempeñar diferentes papeles en la sociedad, lo que puede provocar que las oportunidades de trabajo se vean limitadas por la incompatibilidad de las jornadas laborales con las responsabilidades familiares, especialmente con los hijos, pudiendo traducirse en un freno para su desarrollo profesional.
Debemos reconocer que la incorporación de la mujer al trabajo es sumamente indispensable, por lo que es necesario eliminar la discriminación, el hostigamiento y la falta de oportunidades, así como revalorar el mismo, ya que las desigualdades en género se han agudizado sin justificación alguna.
Entendemos pues los derechos de las mujeres trabajadoras como las normas enfocadas a la protección, a su salud, educación, desarrollo y maternidad, entre otros.
Por eso, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional han presentado diversas iniciativas para promover el desarrollo de la mujer en el ámbito laboral, evitando la discriminación de la que muchas veces es objeto.
Así, la presente iniciativa perfecciona un derecho materno ya existente, que es el período pre y pos natal. La igualdad de género no es posible si en el marco de los derechos de las mujeres existe una diferencia entre ellas, y es en nuestra Constitución, la carta magna, en su artículo 123, que trata de manera distinta a las trabajadoras en el caso de la maternidad.
De esta manera, en el apartado a), fracción V, menciona que toda mujer durante su embarazo no realizará trabajos que representen un riesgo para su salud y que gozará de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada, aproximadamente, para el parto y 6 semanas posteriores al mismo.
Y en el apartado b), en su fracción 11, en su inciso c), menciona que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación.
Sin embargo, en cuanto al tiempo dice: "gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo.
Es de significarse el hecho por demás comprensible que en ambos apartados se cita de manera literal una protección a la mujer durante su embarazo, evitando por ello que se realicen trabajos que pongan en riesgo su salud. De esta manera se le otorga a la gestante la posibilidad de cambiar su condición laboral si ésta es causa de peligro para su salud o de su producto.
Cabe citar que de igual manera en ambos apartados las trabajadoras como derechohabientes en sus instituciones respectivas disponen de los servicios médicos para la atención del embarazo, parto y puerperio, lo que permite una evaluación oportuna de riesgos incluyendo los relativos al trabajo.
Son entonces los institutos de seguridad social los encargados de otorgar las licencias o incapacidades correspondientes. Considerando lo anterior resulta poco comprensible que ambos apartados difieran en los periodos de descanso que se otorgan antes y después del parto, dejando a quienes corresponden al Apartado A en condición de desigualdad al otorgarles mayor tiempo de descanso previo al parto, a cambio de limitarlo después del mismo.
De igual manera resulta incomprensible el hecho de utilizar distintas unidades de medición para otorgar el periodo de descanso, mismo que representa una diferencia de seis días menos de descanso para quienes laboran bajo las condiciones previstas en el Apartado A.
Reiteramos que la equidad es un precepto elemental de la dignidad de la persona, por ello es inadmisible que una norma jurídica permita una diferenciación de personas. Hecho que se hace reprobable cuando en un solo género se permiten diferencias tan significativas como ésta, sin haber razón o fundamento para sostenerla.
Por lo antes expuesto pongo a consideración de ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en la que se reforma la fracción V del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para homologar los criterios de maternidad con lo establecido en el Apartado B.
"Artículo único. Se reforma la fracción V del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo 123. Apartado A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general todo contrato de trabajo. Fracción V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán, preferentemente, de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y otros dos después del nacimiento, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiesen adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.
"Transitorios:
"Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Es cuanto, diputada Presidenta.
(Aplausos)
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Lastra.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
Queremos dar la más cordial bienvenida a los alumnos y alumnas, y maestros y maestras, del Colegio Janus Corzac, de Puebla, que han sido invitados a acompañarnos el día de hoy por el diputado Puelles.
¡Bienvenidos sean ustedes!
(Aplausos)
Finalmente tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Ignacio López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas conocidas y famosas.
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal (PAN): Con su permiso, señora Presidenta.
Debido a que solo haré una breve explicación de mi iniciativa le solicito atentamente pueda incorporarse de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Honorable Asamblea:
En mi calidad de diputado federal y en conjunto con el diputado Jaime del Conde Ugarte, integrante del grupo parlamentario del PAN y con fundamento en los artículos 70 y 71 de la fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56, 62, 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso presentamos la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de facultar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para emitir declaratorias en las que se reconozca la notoriedad o fama de marcas registradas en México, bajo las siguientes:
"Las marcas son los signos visibles utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, buscando con su uso prevenir en el público cualquier posibilidad de confusión.
"Existen a nivel internacional algunas marcas que derivado de las actividades comerciales, de sus titulares y de la inversión que se ha realizado en su promoción y publicidad, obtienen un reconocimiento en el público consumidor que facilita el desplazamiento de los productos o servicios amparados por las mismas.
"Sin embargo, son también estas marcas los principales blancos de la piratería y de la apropiación indebida e injusta de su reputación.
"Existen tratados de los que México es parte, en los que se han adoptado medidas para garantizar una especial protección a la denominada marca notoriamente conocida.
"En el ámbito nacional, los principios de protección a las marcas notoriamente conocidas se admiten en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, en el artículo 90 fracción XV. Sin embargo la protección que se otorga no tiene como requisito que la marca se encuentre registrada ni en México ni en el extranjero y procede respecto a cualquier producto o servicio, aún cuando deba destacarse que en el párrafo cuarto de la misma fracción se aclara que el impedimento de registro procederá solamente cuando pudiese causar confusión o riesgo de asociación o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca notoriamente conocida, en resumen, cuando se le puede causar perjuicio o lesionar intereses al titular de la misma.
"No obstante las regulaciones nacionales internacionales vigentes, no son pocos los casos en que marcas de gran renombre internacional han sido indebidamente registradas en nuestro país por empresas y personas sin escrúpulos que no eran sus propietarios, limitando con ello los derechos de uso exclusivo y explotación de sus legítimos titulares.
"En el ánimo de crear reglas claras para el reconocimiento de la notoriedad por la vía del acreditamiento previo y de facultar al instituto para emitir las declaratorias correspondientes, se presenta esta iniciativa cuyas características principales son las que a continuación se exponen.
"Se han contemplado dos grados de notoriedad: la marca notoriamente conocida y la marca famosa; previendo la ya conocida y que implica el conocimiento de sectores del público o de círculos comerciales específicos y la fama que implica el conocimiento de la marca por parte de la mayoría del público consumidor y que merece una protección ampliada.
"Se ha considerado que la declaratoria en comento debe ser un acto administrativo de carácter declarativo, a fin de que constituya un pronunciamiento que sin contener mandamiento ejecutivo, define la característica de notoria o famosa y cuya actualización declara también el derecho que permite al titular del privilegio derivado de la marca, excluir a otros en el goce o disfrute del mismo.
"Toda vez que se considera que la notoriedad y fama son persistentes y que la declaratoria no es constitutiva de derecho, únicamente tiene como fin reconocer dicha calidad a quien lo pruebe, para que la vía del impedimento quede expedita y sustentada en pruebas.
"Se propone la reforma de las fracciones III y X del artículo 6º, a fin de darle facultades al instituto para expedir y publicar las declaratorias de notoriedad y fama de marcas.
"En el artículo 90 fracción XV, respecto a los supuestos en los que debe aplicarse el impedimento de registro relacionado con la similitud con marcas notoriamente conocidas, se crea la fracción XV-bis del artículo 90, para prever como impedimento de registro la identidad y semejanza en grado de confusión con una marca famosa, ampliando la protección a cualquier género de productos o servicios.
"Se crea un nuevo Capítulo Segundo Bis denominado de las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas.
Por lo fundado y expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial para crear la figura jurídica de la declaratoria de marcas notoriamente conocida y la declaratoria de marca famosa.
Al mismo tiempo agradezco al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y a todos los demás interesados que participaron durante muchos meses en el trabajo de esta iniciativa, por su tiempo, trabajo y esfuerzo para que esta iniciativa pueda ser presentada el día de hoy.
Muchísimas gracias. Es cuanto señora presidente.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien, diputado Manuel Ignacio López Villarreal, muchas gracias.
Y túrnese a la Comisión de Economía.
A continuación en el Orden del Día tenemos los dictámenes de Primera Lectura.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 28 y 48, se adiciona la fracción XXXVII al Artículo 3º. y los Artículos 47 Bis y 47 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Salud , con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 314 fracción II y 350 Bis-6 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del Artículo 25 de la Ley General de Educación.
Publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Son de Primera Lectura.
En el caso del decreto por el que se reforma el primer párrafo del Artículo 25 de la Ley General de Educación y en virtud de que se encuentra ya publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputada presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la Segunda Lectura.
En virtud de que a esta presidencia no ha llegado ninguna proposición para hablar a favor o en contra del dictamen, se solicita a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputada presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Por lo tanto, se considera suficientemente discutido.
Se solicita a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Sonido en la curul del diputado Toscano Velasco, de viva voz.
Toscano Velasco, a favor.
Diputada Presidenta, se emitieron 373 votos a favor, uno en contra y una abstención.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 373 votos a favor.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el Primer Párrafo del artículo 25 de la Ley General de Educación y para los efectos del Inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se devuelve al Senado.
Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza.
El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto a petición de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, luego entonces, continúe la Secretaría con el dictamen proveniente de la Comisión de Salud.
El Secretario Marcos Morales Torres: Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo para, solicitar al Ejecutivo Federal que por conducto de la Secretaría de Salud proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y muerte fetal.
El resolutivo:
Primero: Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que dentro del ámbito de su competencia instruya a la Secretaría de Salud para que, escuchando la opinión del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de los colegios médicos, del Colegio de Bioética, del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de las comisiones estatales de Arbitraje Médico, de las universidades y centros de enseñanza e investigación, las Secretarías de Salud, los servicios médicos forenses de los tribunales superiores de justicia y las oficinas de los registros civiles, todos de las entidades federativas, proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y muerte fetal, así como para, en su caso, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se expida la Norma Oficial Mexicana que contenga un nuevo instructivo que incluya las instrucciones detalladas y precisas que permitan informar, orientar y facilitar el uso y correcto llenado de dichos formatos o modelos.
Segundo. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación deberá comunicar a esta Cámara de Diputados las instrucciones y acciones que realice la Secretaría de Salud en el desahogo de sus contenidos.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces declara que está suficientemente discutido el punto.
Consulte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo en relación a la problemática de la contaminación de la Bahía de Santa Lucía, del Puerto de Acapulco, Guerrero.
Punto de acuerdo:
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que, en ejercicio de sus facultades garantice que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 se destinen recursos suficientes para el saneamiento de áreas hidrológicas prioritarias, en especial en zonas costeras como la Bahía de Acapulco.
Segundo.- Se exhorta a la PROFEPA agilizar los procedimientos de retiro de las baterías, motores, tuberías y demás equipamiento que haya estado en contacto con los hidrocarburos del Buque Hawaiano, para evitar un daño ecológico en caso de hundimiento.
Tercero.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a determinar en el menor tiempo posible, la averiguación previa 439/A2/2003, relacionada con el Buque Hawaiano.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 28 días del mes de octubre de 2004, suscriben los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera que el asunto está suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo puestos a su consideración.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.
Continúe la Secretaría.
El Secretario Marcos Morales Torres: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Dirección del Patrimonio Inmobiliario Federal, su pronta intervención ante la afectación del estero conocido como "El Salado", de Puerto Vallarta, Jalisco.
Puntos de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordinación con el Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, realice los estudios pertinentes en las zonas afectadas del estero "El Salado", a fin de evaluar la viabilidad de realizar actividades de restauración ambiental de conformidad con los artículos 78 y 78 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y dé cumplimiento a los esquemas planteados en el plan de manejo estero "El Salado", publicado por la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa.
Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, verifiquen los vertimientos de aguas residuales desalojadas hacia el estero de "El Salado" y dé cumplimiento con lo establecido en la NOM 001, SEMARNAT 1996.
Diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Secretario.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces se considera el asunto suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.
Continúe la Secretaría.
El Secretario Marcos Morales Torres: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice una visita de inspección al Estado de Coahuila, para revisar los presuntos problemas en los que incurre la manifestación del impacto ambiental de la Presa Cañón de Cabeza.
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a vigilar el cumplimiento puntual de la evaluación del impacto ambiental en las obras de construcción de la Presa Cañón de Cabeza, de conformidad a lo previsto por el artículo 55 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, señor Secretario.
No tenemos registrados oradores, luego entonces se considera el asunto como suficientemente discutido, consulte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Continué la Secretaría.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicar el estudio del impacto ambiental del tiradero del bordo poniente.
Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 083 de especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias, de un sitio de disposición final de residuos sólidos municipales en el bordo poniente, de conformidad a lo dispuesto por la fracción XIV.1 de dicha norma.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a publicar el estudio de impacto ambiental del bordo poniente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 159 bis-3, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un evaluación del riesgo a la salud, a la que están expuestos los trabajadores y personas que vivan en zonas aledañas al bordo poniente, de conformidad a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana 048, que establece el método normalizado para la evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes ambientales.
Cuarto. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal, a verificar el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 9 fracción IV de dicha ley.
Quinto. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal, a instalar equipo de medición en los bordos de los ríos perimetrales y en la periferia y ver mas del relleno sanitario para evaluar la sismisidad y el posibilidad riesgo de daño a las estructuras hidráulicas y del mismo relleno sanitario de manera permanente, aún después de clausurado este último hasta estabilizar la consolidación primaria del subsuelo.
Sexto. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a hacer los trámites administrativos necesarios para contar con autorización en materia de impacto ambiental por parte de la SEMANART, en la que se establezca las condicionantes relativas al manejo y estricto control de los licidiados y al biogás generado por el relleno sanitario, durante y posterior al cierre.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 28 días del mes de octubre del 2004.
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, suscriben los integrantes de la comisión.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén en contra
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Continué la Secretaría.
El Secretario Antonio Morales de la Peaña: Se va a dar lectura al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a revisar y modificar el artículo 5°, Apartado d), fracciones V y VI, del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, de tal forma que sea necesario presentar estudios de impacto ambiental, previos a cualquier actividad de prospección sísmica.
Punto de Acuerdo.
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar y modificar el artículo 5° Apartado d), fracciones V y VI del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, de tal forma que sea necesario presentar estudios de impacto ambiental, previos a cualquier actividad de prospección sísmica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 28 días del mes de octubre de 2004.
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, suscriben sus integrantes.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Continúe la Secretaría.
El Secretario Marcos Morales Torres: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realicen todas las acciones necesarias para revertir la deforestación en la reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche.
Punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, proceda a verificar el cumplimiento del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a instrumentar un programa de reforestación en las zonas desmontadas de la reserva de la Biosfera de Calakmul, con apego al artículo 70 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Esta Presidencia ha recibido una serie de proposiciones con punto de acuerdo:
El primero es con el objeto de que esta Cámara de Diputados tome en cuenta el punto de acuerdo también recibido a su vez de la Sexagésima Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua, en torno a las posibles reformas a la Ley del ISSSTE que actualmente promueve el Ejecutivo Federal y esta petición está suscrita por los diputados Omar Bazán Flores, Jesús Aguilar Bueno y Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mismas que se turnan a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Asimismo, punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, aplicar auditorías a la administración municipal del ayuntamiento de Motozintla de Mendoza, Chiapas, presidida por el C. Oscar René González Galindo, sobre los recursos federales de los diferentes ramos: 28, 33, 39 y demás aportaciones federales para entidades federativas y municipios, suscrita por el diputado Belisario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Punto de acuerdo también por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, de forma inmediata, proceda a la destitución del delegado de dicha dependencia en el estado de Baja California Sur; investigue los presuntos actos de corrupción y negligencia cometidos por dicho funcionario e informe de los hechos a la Secretaría de la Función Pública, suscrita por la diputada Estela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Este se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.
Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, suprima del catálogo de profesiones y oficios la correspondiente al salario profesional de enfermero o enfermera con título, suscrita por la diputada Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA y a la Comisión Nacional del Agua, para que apoye a los productores agrícolas con recursos federales, a efecto de mejorar las técnicas de riego y con los volúmenes ahorrados restablecer el equilibrio hidrológico en cuencas y acuíferos, suscrita por el señor diputado don Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Recursos Hidráulicos.
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a publicar de inmediato los lineamientos específicos del subprograma de apoyos directos al ingreso objetivo, correspondientes a la cosecha del ciclo primavera-verano 2004, para el Estado de Jalisco, suscrita también por el señor diputado don Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Punto de acuerdo suscrito por el señor diputado don Humberto Cervantes Vega, por el que exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Energía, de Economía, de Hacienda y Crédito Público, establezca una política de precios en materia de recursos petroquímicos e insumos energéticos, que permita ser competitiva a la industria química nacional y preserve y genere empleos y desarrolle las cadenas productivas en que se incide directamente, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Energía, de Economía y de Hacienda y Crédito Público.
Esta presidencia recibió también del señor diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Proposición con Punto de Acuerdo por el que se requiere al Secretario de Comunicaciones y Transportes, informe y explique la política que se está implementando en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, en relación al servicio de pilotaje en los puertos de Huatulco, Oaxaca, Cabo San Lucas, B.C. Sur e Ixtapa Zihuatanejo, Gro, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Salud una prórroga de hasta 5 años y por única vez, de la entrada en vigor del inciso 4.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM 004 SSA 1-1993 a fin de realizar una reconversión productiva a los artesanos dedicados de alfarería y artesanía, que utilizan como materia prima esencial, el monóxido de plomo.
No encontrándose el diputado en la Sala, se turna su proposición a la Comisión de Salud.
El señor diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra para presentar Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar el número de guarderías infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de Tamaulipas.
El diputado José Julián Sacramento Garza (PAN): Con el permiso de la presidencia; compañeras; compañeros diputados: En el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, sobre la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que dentro de las guarderías y prestaciones sociales, se han fortalecido los recursos destinados a las guarderías, aumentando la capacidad instalada en 75% en los últimos 3 años.
La Coordinación de Guarderías del IMSS cuenta con un manual de perfiles para la selección de personal para establecer la base de recursos humanos. Sin embargo, tenemos conocimiento de que no todo el personal que labora en las guarderías, cumple con los requisitos establecidos en dicho manual. Algunos no tienen la escolaridad ni la experiencia requerida y otros les falta vocación de servicio. Existen guarderías que cumplen cabalmente con los requisitos y otras que dan mucho de que hablar.
La actual administración federal ha hecho énfasis en su informe de gobierno, que una de sus prioridades dentro del IMSS , es el servicio de guarderías a través de la apertura de más instalaciones con la finalidad de acrecentar el número de menores atendidos.
Sin embargo, aún falta mucho por cubrir ese servicio en varias entidades federativas. Por ejemplo, en el Estado de Tamaulipas en donde sólo se encuentran establecidas 55 guarderías distribuidas en 11 municipios de un total de 43 y algunas de ellas operan en mal estado.
Lo anterior lo he observado en las visitas que he realizado en algunas guarderías del Estado, donde me he percatado las condiciones en las que operan y de la falta de espacios para atender a los menores de las guarderías del IMSS.
Si bien como lo establece el Gobierno Federal, es importante crear más guarderías para ampliar la cobertura y beneficiar a un importante sector de madres trabajadoras que quieren este servicio.
Es indispensable también supervisar a las existentes y verificar el cabal cumplimiento de las medidas establecidas en el reglamento de guarderías.
Es nuestro deber como legisladores, asumir este compromiso de carácter social que debe buscar la protección de las niñas y los niños, pero sobre todo cuidar su formación educativa, su desarrollo físico y mental dentro de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, asegurando la calidad y eficacia del servicio.
Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
Artículo único.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social que le den prioridad al incremento del número de guarderías en las ciudades fronterizas del estado de Tamaulipas, conforme a la demanda de servicio en la región.
Asimismo, que realicen las acciones de supervisión en todas las guarderías de dicha entidad en las que el Instituto otorgue los servicios, a fin de que se cumpla cabalmente con todas las normas de seguridad y calidad de servicio.
Es cuanto ciudadano Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.
Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición con punto de acuerdo sobre la muerte de Yasser Arafat, presidente de la autoridad nacional Palestina.
Sí. El diputado Martínez Ramos no se encuentra, luego entonces pasa al final del capítulo.
Tiene la palabra el señor diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al del Estado de Chiapas para atender la situación de violencia que vive nuestro país debido al grupo de "La Mara Salvatrucha".
El diputado Manuel Velasco Coello (PVEM): Con su permiso diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados.
De todos son conocidos los actos violentos que realizaron en Tapachula, Chiapas, el 20 de noviembre los integrantes de las pandillas conocidas con el nombre de "Mara Salvatrucha".
Durante los festejos del XCIV Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, jóvenes chiapanecos que cursan secundaria o preparatoria y quienes participaban en el desfile cívico, fueron agredidos por los pandilleros.
Este acto criminal, temerario y cobarde realizado por delincuentes organizados y ante la presencia de las autoridades, debe ser un llamado de atención. Debemos tomarlo como la advertencia de algo mucho más grave, una advertencia que no podemos soslayar,
No esperemos a tener que lamentar hechos más dolorosos, no esperemos a que esté en riesgo la efectividad de las instituciones. Estos hampones profesionales que entraron de manera ilegal a nuestro país, han estado tejiendo desde hace 35 años, una red delincuencial que puede en el corto plazo vulnerar la seguridad a nivel nacional.
No se trata tan solo de irrumpir y disolver un desfile, se trató de medir fuerzas, de retar a las autoridades civiles y militares; de evaluar resultados y consecuencias para orquestar golpes mayores que rebasen a la sociedad y gobierno.
Hoy debemos de solidarizarnos con el repudio manifestado de los diputados del Congreso Chiapaneco. No desoigamos el reclamo de la sociedad. No permitamos que este mal prolifere.
Debemos responder con solidez institucional, con congruencia y participación oportuna; coordinar acciones concretas tendientes a erradicar lo que puede convertirse en un cáncer para la nación. No se puede permitir que impongan a nuestra patria sus vicios y la violencia que los distingue.
Estos centroamericanos huyen de sus lugares de origen, de El Salvador, Honduras y Guatemala. Todos los días los maras atraviesan el Río Suchiate y se internan en nuestro territorio con la única intención de agruparse y delinquir, al amparo de la impunidad que han permitido las autoridades de migración.
Se calcula que hay más de 3 mil delincuentes refugiados en diversos puntos de la frontera sur y otro tanto en el resto del país. Ciertos funcionarios han querido regionalizar en la frontera sur una amenaza, que se ha extendido ya a algunas ciudades en el norte de la nación.
Los gobiernos de la República, de los estados y municipios deben iniciar por atender en Chiapas lo que puede llegar a suceder en todo el país. No se necesita crear nuevas policías ni cuerpos especiales, se necesita que las que existen actúen de manera conjunta, respetando el ámbito de su competencia.
Por lo tanto, los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México sometemos a su consideración el presente punto de acuerdo.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento…
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un momento.
El diputado Manuel Velasco Coello: (Desde el salón): Turno a Comisión.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Turno a Comisión. Luego entonces se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Estaba listado como de urgente resolución, por eso le estábamos dando ese trámite.
En virtud de que no se encuentra en el salón el señor diputado Jesús Martínez Alvarez para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, imponga al aeropuerto internacional de la ciudad de México el nombre de Benito Juárez, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, esta presidencia lo turna a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes.
Tiene la palabra para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al memorial de particulares formulado por los ahorradores defraudados por los estados de Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Michoacán, Durango y Morelos y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de la Comisión de Fomento Cooperativo, el señor diputado Francisco Javier Saucedo Pérez.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (PRD): Con el permiso de la presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados: a nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo establecido en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Mediante escrito recibido en esta Cámara de Diputados el 12 de julio del 2004, representantes de ahorradores defraudados de los estados de Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Michoacán, Durango y Morelos por el que manifestaron que sus gobiernos no han firmado los convenios establecidos por la ley que crea el Fideicomiso Pago para efecto de poderles liquidar a alrededor de 15 mil ahorradores defraudados de 10 cajas de ahorro ya auditadas.
En consecuencia, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de Fomento Cooperativo y Economía Social solicitó al comisionado del Fideicomiso Pago informar el estado que guardaba esta situación, dando como respuesta que la problemática responde a la carencia de recursos para hacer frente a las solicitudes presentadas y a que el Fideicomiso Pago cuenta con la voluntad y los recursos suficientes, siempre y cuando suscriban los convenios de coordinación aprobados por el comité técnico para efecto de que se aporten los recursos de los estados de dicha federación.
El pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social tuvo a bien emitir un acuerdo por el que se constituyó un grupo de trabajo plural para efecto de solicitar información a las mesas directivas de los congresos de los estados y de los representantes de los gobiernos de las entidades federativas.
De acuerdo a estos informes que rindieron los grupos de trabajo, se desprendió que en la reunión que tuvieron con los ahorradores defraudados de las 6 entidades federativas no han recibido el pago de sus ahorros en virtud de que los gobiernos no habían firmado los convenios que señala dicha ley.
Se desprendió asimismo que dichos informes que los diputados locales estaban estudiando la posibilidad de ajustar los presupuestos de egresos. Esta Cámara de Diputados considera grave el problema que les aqueja a los ahorradores de las entidades federativas, primero porque los congresos de dichas entidades federativas no han concluido el ajusto de presupuesto de egresos para hacer frente al pago de ahorradores y en segundo lugar porque los gobiernos de los estados no han formalizado los convenios aprobados por el Comité Técnico.
Por lo expuesto, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social pone a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución:
1o. Que la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los honorables congresos de los estados de Oaxaca, Durango, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Morelos a efecto de que revisen y ajusten una partida especial etiquetada en el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio relativo al 2005, con el objeto de liberar recursos suficientes para el pago de 15 mil ahorradores defraudados de 10 cajas de ahorro auditadas por los gobiernos de las entidades federativas.
2o. Exhortar respetuosamente a los gobernadores de los estados de Oaxaca, Durango, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Morelos para efecto que formalicen respectivamente los convenios autorizados por el Comité Técnico y estén en posibilidad de cumplir con lo establecido por la ley que crea el fideicomiso.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputado Saucedo.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario...
No lo tengo listado como de urgente y obvia resolución. Si quiere hacer las consultas, diputado Saucedo. Si es usted tan bondadoso.
Mientras tanto tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Alemán Miglolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo en torno al decomiso de carne con hueso importada de los Estados Unidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Diputado Saucedo: Hago las consultas necesarias y si fuese prudente volvemos al tema anterior.
Diputado Alemán Migliolo adelante.
El diputado Gonzalo Alemán Migliolo (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:
Honorable asamblea:
Vengo ante la tribuna a denunciar un grave problema de salud pública. La Comisión Especial de Ganadería que me honro en presidir ha continuado dando seguimiento personal a las importaciones de productos cárnicos provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y nuevamente se tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación que el pasado día sábado 6 de noviembre las autoridades aduaneras de Monterrey, Nuevo León, realizaron embargo de una cantidad considerable de carne con hueso, misma que está prohibida por el riesgo que representa al continuar vigente el peligro de la vaca loca.
Con esto seguimos constatando que existe ineficiencia en el trabajo desempeñado y presumimos se está incurriendo en actos de corrupción por parte de funcionarios del servicio nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria de la SAGARPA, ya que estos hechos se repiten constantemente poniendo en grave riesgo la salud de nuestra gente.
Por lo anterior, este cuerpo legislativo insiste en denunciar este tipo de irregularidades y solicitar la actuación inmediata de los funcionarios competentes en los términos de la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento que rigen nuestra Cámara.
Por lo que pido a la Presidencia otorgue a esta proposición el carácter de urgente y obvia resolución, acudiendo al apoyo de todos mis compañeros legisladores para asumir el compromiso por la defensa y protección de la salud de las familias de los mexicanos aprobando los siguientes puntos de acuerdo:
1o. Esta Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a que investigue los hechos anteriormente expuestos y en caso de existir la posibilidad de que se haya incurrido en la comisión de delitos del orden federal, se consigne a los responsables.
"Segundo.- Se solicita al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de esta Honorable Cámara de Diputados, para que conforme a sus facultades, lleve a cabo la evaluación detallada del desempeño del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la SAGARPA y emita el dictamen correspondiente.
"Asimismo, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, que el presente documento se inserte íntegro en el Diario de los Debates".
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Y así será diputado Alemán Migliolo.
Intégrese el texto íntegro en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la propuesta.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
¿Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa?
(Votación)
Gracias.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces la declara suficientemente discutida.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los Puntos de Acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los Puntos de Acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
¿Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa?
(Votación)
Gracias.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.
Tiene la palabra el señor diputado don Rómulo Cárdenas Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo por el que solicita al Gobernador Constitucional de Veracruz, agilice los trámites del derecho de vía para la culminación de la obra carretera Ávila Camacho-Tihuatlán, localizada en los límites de los estados de Veracruz y Puebla.
El diputado Rómulo Cárdenas Vélez (PAN): Con su permiso, señor Presidente.
"C. Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.
"Compañeras y compañeros diputados: De conformidad con lo establecido tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 58 y 59 de su reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, diputado federal Rómulo Cárdenas Vélez, del Partido Acción Nacional, presenta al pleno de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo, para solicitar al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, que agilice los trámites del derecho de vía para la culminación de la obra carretera Ávila Camacho-Tihuatlán, localizada en los límites de los estados de Veracruz y Puebla, de acuerdo con las siguientes
"Consideraciones
"Los principios de doctrina de Acción Nacional señalan que el Estado debe regirse bajo un esquema económico con rostro humano, impulsado por una economía eficiente y equitativa en la distribución de oportunidades y beneficios. En este sentido, las políticas públicas deben promover el desarrollo integral y el equilibrio de las regiones el país. Asimismo, reconocemos que este desarrollo debe sostenerse con el mayor grado de inversión posible, privilegiando la infraestructura de bienes de capital.
"Dentro de este desarrollo regional, no puede separarse el impulso que podamos dar tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo en materia de infraestructura carretera, ya que éste es uno de los principales instrumentos para acercar a las comunidades del país y permitir el intercambio comercial y traslado efectivo de objetos y personas.
Bajo estos argumentos es que hago uso de esta alta tribuna, para manifestar mi preocupación y la de mi partido acerca de la obra carretera Avila Camacho-Tihuatlán, localizada en los límites de los estados de Puebla y Veracruz.
De acuerdo con el fondo carretero, se tiene asignados 1,050 millones de pesos para esta obra, de los cuales se contempla una asignación de 50 millones en inversión para el pago del derecho de vía en el tramo correspondiente al estado de Veracruz.
En el presente año se programó una inversión de 373.8 millones de pesos, enfocados a la realización de 17.1 kilómetros, sin embargo, al mes de octubre, sólo se han ejercido 28 millones de pesos. Actualmente se trabaja en dos tramos, el primero va del kilómetro 205 al 288, kilómetro 215 más triple cero. En este tramo, derecho de vía, está liberado hasta el kilómetro 208, el tramo contratado, a pesar de la obra que se contrató desde el primero de enero, éstas se iniciaron hasta el día primero de agosto por el problema de la falta de liberación de derecho de vía.
Por estos motivos, solicitamos muy atentamente al estado de Veracruz, que agilice el trámite de derecho de vía, a fin de permitir la continuación de los trabajos de limpieza y despalme.
Compañeras y compañeros, legisladores, exhorto a sumarse a esta petición, para que las autoridades el gobierno de Veracruz no convierta en un obstáculo la continuación de este tan importante proyecto.
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Solicito atentamente al gobernador del estado de Veracruz que agilice los trámites de derecho de vía para la culminación de la obra Avila Camacho-Tihuatlán.
Por su atención muchas gracias señor presidente. Gracias compañeros.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría en contra diputado presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
Tiene la palabra el señor diputado Jorge Martínez Ramos del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición con Punto de Acuerdo por el que se saluda el triunfo electoral del candidato de la coalición Frente Amplio Nueva Mayoría de Uruguay, señor Tabaré Vásquez.
El diputado Jorge Martínez Ramos (PRD): Con su venia diputado presidente. El pasado 31 de octubre se llevaron a cabo elecciones en la República Oriental del Uruguay para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores. El proceso electoral registró una altísima participación sin precedente en aquel país, en un ambiente de pronunciada expectativa por la posibilidad de que triunfara la Alianza Frente Amplio Nueva Mayoría, lo que implicaría un giro importante en la política uruguaya.
Las elecciones se desarrollaron en absoluta tranquilidad y el triunfo de Tabaré Vásquez, con mayoría calificada desde la primera ronda, fue reconocido por el gobierno del presidente Batlle al mismo día siguiente de la elección. La expectativa creada se relaciona con el triunfo de una fuerza política que acumuló arraigo, legitimidad, credibilidad, durante décadas, superando cárceles, superando persecuciones, desapariciones y exilio. El triunfo de Tabaré Vásquez en Uruguay constituye un paso más en el indispensable proyecto de unidad del continente americano.
Por todo ello, presentamos ante esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Cámara de Diputados el H. Congreso de la Unión saluda el triunfo de Tabaré Vásquez en las recientes elecciones de la República de Uruguay y hace votos para que esta decisión del pueblo uruguayo, legitimado en las urnas contribuya al progreso y la paz social de aquel país hermano, así como al mejor entendimiento de los pueblos del continente americano.
Le suplico, Presidente, que sea considerado como de urgente y obvia resolución. Muchas gracias compañeros.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Así está listada, señor diputado don Jorge Martínez Ramos.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los que estén en contra.
(votación)
Hay mayoría, diputado Presidente, a favor.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera que el asunto está suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea si la proposición con punto de acuerdo es de aprobarse.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los que estén por la negativa.
(votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jacobo Sánchez López, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del organismo público descentralizado, Servicio Postal Mexicano, se sume a los festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez mediante la emisión de un timbre postal conmemorativo del Bicentenario del Natalicio del licenciado Benito Juárez García, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez.
El diputado Jacobo Sánchez López (PRI): Con su autorización, señor Presidente. Honorable Asamblea:
Vengo ante esta alta tribuna de la nación para presentar un punto de acuerdo a nombre de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez y por ser además representante popular del O4 Distrito Electoral del estado de Oaxaca, tierra que vio nacer al patricio, para que se apruebe, se emita un timbre postal conmemorativo del Bicentenario del licenciado Benito Juárez, sustentando la proposición en lo siguiente:
Al seno de la comisión se aprobó unánimemente un programa específico de actividades que contiene esta proposición, otras planteadas al seno de esta Honorable asamblea, así como una serie de acciones encaminadas a seguir fortaleciendo y enalteciendo la vida y obra de Juárez a los 200 años de su natalicio y que celebraremos en el 2006 y que para nosotros como Poder Legislativo creemos, debe ser un justo homenaje.
Como mexicanos le debemos mucho a Juárez, todo lo que podamos hacer por reconocerle la gran aportación del legado jurídico y político, es insuficiente; se le debe en buena medida la construcción de un Estado laico, de preminencia jurídica y promotor de las libertades y garantías del ciudadano frente al Estado y cualquier poder secular. Todos los honores y respetos que le sigamos tributando aún no llena ese espacio de la obra genuina y del sustento histórico que a nivel internacional se le reconoce a México.
Oriundo de San Pablo Guelatao, en la Sierra Norte de Oaxaca, Juárez adquirió reciedumbre social y certeza de los principios igualitarios, su memorable apotegma aquí está, corona el muro de honor de esta Honorable Cámara. Juárez vivió una realidad en su época, que para infortunio de muchos mexicanos aún no cambia: la justicia social pendiente ahí donde se encuentran asentadas las 56 etnias de este país, donde se localizan los municipios con mayor marginación, con un amplio rezago social y donde esos más de 40 millones de mexicanos cada día se hacen más pobres, ahí ustedes, señores diputados, tuvieron la sensibilidad para transferir recursos de programas presidencialistas y proponerlos a esas zonas pendientes de justicia social y que por ende reclaman diariamente la atención del gobierno.
Son muchas y poderosas las razones morales e históricas que para este órgano de representación del pueblo de México proponga con orgullo acciones simbólicas que reivindica una etapa fundadora del país y que reafirman el legado inmemorable de don Benito Juárez, ilustre oaxaqueño, destacado mexicano, valuarte de la humanidad, imposible desligarlo del pasado, el presente y el futuro de esta gran nación de nuestra patria común.
Por lo que a nombre de la Comisión se propone el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único.- Se exhorta atentamente al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Servicio Postal Mexicano, se sume a los festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, mediante la emisión de un timbre postal conmemorativo del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez García.
Mediante la emisión de un timbre postal conmemorativo del Bicentenario del Natalicio del licenciado Benito Juárez García.
Firman los integrantes de la Comisión.
Muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Bernardo Vega Carlos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada y de la Dirección de la Agencia Federal de Investigaciones, actúen con energía y estricto apego a derecho, en las investigaciones que se están llevando en torno a los hechos de persecución contra el gremio de comunicadores, periodistas y la sociedad sinaloense en general.
El diputado Bernardo Vega Carlos (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
El pasado 16 de octubre el periodista gráfico del Diario "El Debate", Martín Urista Morales, fue agredido brutalmente, despojado de su cámara fotográfica digital y su radiocomunicador por elementos de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada contra la delincuencia organizada CIEDO (?) al estar desempeñando su labor periodística.
Dicho hechos constan en la denuncia penal número 584-04 interpuesta por el agredido ante la Mesa Tercera del Ministerio Público Federal, en Culiacán, Sinaloa, así como en el expediente 268-2004 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Sinaloa.
Los diputados federales de la Coordinación de Sinaloa, repudiamos las acciones realizadas por elementos de la CIEDO, en contra de Martín Urista Morales, así como el artero asesinato de Gregorio Rodríguez Hernández, ambos reporteros gráficos del periódico "El Debate".
Asimismo, rechazamos enérgicamente el ataque que sufrió la familia López, residentes de la ciudad de Navolato, quienes el viernes 15 de octubre fueron agredidos en su domicilio por un grupo de encapuchados, resultando ser elementos de la AFI, dañando su patrimonio familiar y causando fuertes daños psicológicos al ser objeto de un cateo equivocado, ya que el domicilio en el cual se realizaría dicho operativo, es el ubicado en Rosales No. 51 y el de la familia López tiene el número 66.
Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, solicita al titular de la Procuraduría General de la República, al titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada y al titular de la Dirección Federal de Investigaciones, actúen con energía y estricto apego a derecho en las investigaciones que se están llevando en torno a los hechos que se mencionaron en los antecedentes de este punto de acuerdo.
Segundo.- Se demanda la reparación de los daños de las víctimas de los atropellos antes mencionados en los términos de ley.
Tercero.- Se abstengan de generar sin razón alguna y al margen de la ley, un clima de persecución contra el gremio de comunicadores, periodistas y la sociedad en general.
Cuarto.- Se agilice la denuncia número 584-04, presentada por el reportero gráfico de "El Debate", Martín Urista Morales, ante la Mesa Tercera de la Procuraduría General de la República en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Se esclarezca el artero crimen de Gregorio Rodríguez Hernández y se paguen los daños causados a la familia López en su patrimonio.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Javier Lara Arano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, para que en coordinación con el Gobierno del Estado de Veracruz y los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago, Ixmatlahuacan, implemente un programa integral de saneamiento del sistema lagunar de la cuenca baja del Papaloapan en el Estado de Veracruz.
El diputado Francisco Javier Lara Arano (PAN): Con el permiso de la Presidencia.
El suscrito, diputado federal Francisco Javier Lara Arano, integrante de la Legislatura LIX del Congreso de la Unión, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el gobierno del estado de Veracruz y los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago Ixmatlahuacan, a implementar un programa integral de saneamiento del sistema lagunar de la cuenca baja del Papaloapan en el estado de Veracruz.
Por obviedad de tiempo, señor Presidente y en virtud de que es una versión abreviada del mismo, solicito se inserte íntegro el documento en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y los humedales costeros, como acción fundamental para mantener la integridad de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico.
En tal virtud, resulta una obligación para los miembros de esta Cámara, revisar el deterioro ambiental, mismo que sufre el sistema lagunar de la cuenca baja del Papaloapan. Los principales contaminantes que afectan a dicho sistema, lo representan las descargas de cuatro ingenios azucareros y las actividades industriales y agrícola del Distrito de Riego 82, donde la mayor parte está destina al cultivo de la caña de azúcar y arroz.
El propio Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, ha identificado un grave deterioro, donde se ve reducido el espejo de agua y se encuentra infestado por malezas acuáticas, favoreciendo la eufotización. De igual forma han evidenciado que el agua presenta visibilidad de nula, olor fuerte a azufre y mortandad de las especies acuáticas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el gobierno del estado y los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago Ixmatlahuacan, a implementar un programa integral de saneamiento del sistema lagunar de la cuenca del Papaloapan.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con el gobierno del estado y los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoya, Acula y Santiago Ixmatlahuacan, a implementar un programa de control y monitoreo permanente de malezas acuáticas en el sistema lagunar de la cuenca baja del Papaloapan, en el estado de Veracruz.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM 001 ECOL 1996 –termino Presidente-, en el sistema lagunar de la cuenca baja del Papaloapan, en el estado de Veracruz.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias señor diputado.
Insértese el texto integro en el Diario de los Debates y Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el señor diputado don Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a ratificar la convención para la salvaguarda del patrimonio cultural y material.
El diputado Inti Muñoz Santini (PRD): Con su venia, señor Presidente.
La globalización impone condiciones y formatos a la cultura, así como impone una nueva fisonomía económica y política a las naciones. La globalización económica sin control ha generado un proceso de estandarización de la cultura en la que se impone el modelo de lo fácil, lo rápido y lo sencillo.
La vulnerabilidad en que se encuentra la diversidad cultural del mundo y sus expresiones locales, puede apreciarse en la medida en que las culturas locales son desplazadas por las producciones culturales del monopolios trasnacionales. La historia misma de los pueblos se transforma según la versión que se ofrece desde los productos culturales de Disney, Time Warner o Walmart .
El reto al que nos enfrentamos no es de poca monta, está de por medio la identidad de nuestro países, nuestra viabilidad como naciones independientes y la riqueza de nuestras manifestaciones locales en el horizonte de la pluralidad cultural y el multiculturalismo. La sensación de que existe una cultura hegemónica es real y termina convirtiéndose en una especie de destino fatal, si dejamos que nos impongan los modelos de simplificación y explotación cultural.
Recientemente el Parlamento Latinoamericano, reunido en su Primera Conferencia Interparlamentaria de Cultura, con la participación de legisladores mexicanos, propuso la ratificación de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (¿) de la UNESCO, en concordancia con los instrumentos internacionales existentes como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otras Convenciones.
Con esta Convención se tienen las siguientes finalidades:
La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate; la sensibilización en el plano local nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco, así como la cooperación de asistencia internacionales.
El diálogo entre las culturas se da a partir de su irreductibilidad y de los riesgos de su deterioro por causa de la imposición de criterios eminentemente mercantiles que trastocan sus sentidos originales e integridad, particularmente se identifican a las comunidades sobre todo indígenas que realizan una creación, salvaguarda y recreación permanente de la cultura, así como de la riqueza semiológica que identifica nuestras culturas en su riqueza multiétnica plural y multicultural.
El Estado Mexicano se encuentra en condiciones de adoptar esta Convención y adherirse al grupo de países que se pronuncia por la salvaguarda de su patrimonio cultural inmaterial.
Ante la urgente necesidad de actualizar las estrategias públicas y las políticas culturales para garantizar la interacción entre (¿) la diversidad cultural, el diálogo intercultural y el desarrollo sustentable, proponemos el siguiente punto de acuerdo domo de obvia y urgente resolución de acuerdo a los artículos respectivos:
Unico. Esta Honorable Cámara de Diputados exhorta al Jefe del Ejecutivo en su calidad de Jefe del Estado Mexicano, a que se adhiera y suscriba la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO a la mayor brevedad para que de esa manera nuestro país se incorpore a la Asamblea General de los Estados Partes.
Firman esta proposición los diputados Filemón Arcos, Presidente de la Comisión de Cultura, así como los diputados de mi partido: Rafael Flores y Rafael Candelas.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Inti Muñoz.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces se declara suficientemente discutido el asunto.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.
Tiene la palabra el señor diputado José Guzmán Santos... Esta se pospone, la de don José Guzmán Santos.
Luego entonces tiene la palabra la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Desarrollo Social realice el estudio y rescate de aquellos programas y mecanismos orientados a impulsar el desarrollo comunitario del país, contenidos dentro del acervo de tecnologías apropiadas que fue legado por la desaparecida "universidad del tercer mundo" y presente a la aprobación del pleno un programa con el fin de que se puedan brindar instrumentos que apoyen el desarrollo de las comunidades marginadas del país.
Y bueno, como no está doña Martha Laguette Lardizábal, la turnamos a la Comisión de Desarrollo Social.
Tiene la palabra el señor diputado don Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación, declare el día 29 de septiembre como "Día Nacional del Trabajador Migrante".
Tampoco está el señor diputado don Alfonso Nava, luego entonces se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra para presentar Proposición con Punto de Acuerdo para crear una comisión especial de la Frontera Sur.
El diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra (PRI): Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
En la LVII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el 30 de septiembre del 97, presentaron al Pleno la propuesta para la integración de las comisiones ordinarias especiales y comités, siendo aprobada, lo que dio origen a la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur y el pasado 30 de septiembre del 2003, fue turnado a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, un punto de acuerdo en el que se solicitó la conformación de una comisión especial para asuntos de la frontera sur.
La fronteras sur es una región geopolítica estratégica y prioritaria. Diversos estudios nos arrojan cifras alarmantes en torno a la problemática de la frontera. Es sabido por todos que miles de personas de otros países de América Latina y de otras partes del mundo, utilizan a México como trampolín para buscar una nueva vida en el país del norte.
Es evidente la gran disparidad entre el México del norte y del sur, por lo que es prioritario aplicar una estrategia que nos permita ser corresponsables con la frontera sur.
Son cuatro las entidades que conforman esta frontera: Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, que abarcan una superficie de 84 mil 511.14 kilómetros, que corresponde a 22 municipios fronterizos que junto con 2 pueblos centroamericanos Guatemala y Belice, forman una franja fronteriza de 1 138 kilómetros. No sólo compartimos límites internacionales sino también cultura, historia, problemática y movilidad migratoria.
Por ello, se plantea que esta comisión especial esté integrada de diputados de los diferentes grupos parlamentarios originarios de los estados que integran la frontera sur.
A través de esta comisión se reforzarán las relaciones políticas con las naciones centroamericanas que beneficien a la zona fronteriza, fortalezcan sus vínculos y contribuyan a una agenda de asuntos regionales que impulse una política de desarrollo integral de los estados del sur del país, que dé continuidad y seguimiento a las gestiones planteadas por los ciudadanos, haciendo de esta comisión la coadyuvante para el desarrollo, la oportunidad y el progreso.
En esa virtud, de las consideraciones expuestas propongo un Punto de Acuerdo para que se integre una comisión especial de la frontera sur
Primero. Que el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe la integración de esta nueva comisión especial de la frontera sur.
Segundo. Que entre las actividades a realizar de esta comisión, estará la de coadyuvar y dar seguimiento en el ámbito del Poder Legislativo, a los proyectos y programas federales y locales, así como trabajos legislativos relacionados con la frontera sur.
Tercero. La comisión estará integrada por 30 diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, privilegiando a los que sean de los estados que conforman la frontera sur y concluirá una vez que haya terminado esta LIX Legislatura.
Es cuanto señor presidente. Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Pano Becerra.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
A continuación tiene el uso de la palabra el compañero diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que practique una revisión al funcionamiento, procedimientos y resultados del Comité de Donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, del ejercicio fiscal 2002 a la fecha.
El diputado Gonzalo Rodríguez Anaya (PRI): Con su permiso diputada Presidenta. Señoras diputadas, señores diputados.
El 19 de diciembre del 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió la Ley para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
Con este ordenamiento se busca regular la administración y destino de diversos bienes asegurados, decomisados, embargados y que por algún otro medio establecido en la propia ley, pasen a ser propiedad del Gobierno Federal.
Esta ley establece las atribuciones del SAE; que es el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. También define la estructura y facultades de su administración que está a cargo de un director general y una junta de gobierno integrada casi en su totalidad por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea son juez y parte.
La esencia jurídica de este ordenamiento tiene por intención únicamente que se administre y enajenen los bienes mencionados, con criterios de transparencia.
Destinar los bienes en cuestión al lugar correcto no debe quedar solamente en manos de un grupo de funcionarios federales que si bien actúan al amparo de una ley, lo hacen privilegiando los intereses del Gobierno Federal haciendo y deshaciendo a su conveniencia, fortaleciendo únicamente algunos grupos sociales y políticos.
El Congreso de la Unión debe privilegiar la transparencia y debe procurar credibilidad a las instituciones públicas y evitar la enorme discrecionalidad que existe en el SAE por su director general. De hecho, los informes que debe presentar la Dirección General del SAE, según lo establece la ley, no permiten al Congreso de la Unión o a nuestros representados directamente, conocer con precisión sobre la imparcialidad de la distribución de estos bienes.
Esta Legislatura, que ha impuesto su sello de trascendencia impulsando la democracia, la transparencia y la equidad, debe trabajar y dar resultados para que esos bienes –como son enseres domésticos, juguetes, vehículos de transporte que pueden ser utilizados, como ambulancias o patrullas, equipos y herramientas de trabajo- útiles a las comunidades más pobres del territorio nacional así como para que sirvan a las presidencias municipales con menores recursos y apoyen a las gentes que más lo necesitan.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable soberanía, para su aprobación, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Termino, diputada Presidente.
Primero.- Que esta honorable Cámara de Diputados, por medio de la Auditoría Superior de la Federación practique una auditoría al funcionamiento, procedimientos y resultados del Comité de Donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, del ejercicio 2002 hasta la fecha.
Dos.- Que se establezcan las medidas jurídicas y normativas para que se evite la discrecionalidad de los procesos de donación del SAE, mediante la participación de las honorables Cámara de Diputados y Senadores en su Junta de Gobierno, a fin de equilibrar su composición y dar con ello transparencia y seguridad a este organismo descentralizado.
Tercero y último. Que esta soberanía supervise la redacción y actualización del Reglamento interior del SAE, principalmente en lo referente a los bienes entregados para su administración. Muchas gracias.
Gracias señora Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Rodríguez Anaya.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que cierre la frontera a los autos de procedencia extranjera, internados al país en forma ilegal.
En virtud de que no se encuentra el compañero diputado, favor de turnarlo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
A continuación tiene la palabra el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones procedan a cambiar el nombre del Centro de Readaptación Social Número Dos, "Puente Grande", por otro que no degrade aún más la conciencia social y el orgullo de la identidad de quienes viven la citada población.
El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (PRI): Con su permiso diputada Presidenta.
Con las facultades que me otorga la Constitución Política Mexicana y como diputado federal de esta LIX Legislatura, propongo el siguiente punto de acuerdo, con la siguiente exposición de motivos.
Los centros federales de readaptación social se crean a partir de las acciones del programa nacional de prevención del delito 1985-1988. Siendo los factores que determinaron su desarrollo, el incremento de los delitos del fuero federal y la aparición de bandas organizadas dedicadas al narcotráfico y crimen organizado.
Sobre el particular es necesario recordar que toda sociedad necesita contar con este tipo de centros de readaptación social a fin de que los considerados como probables responsables y los plenamente responsables cumplan a plenitud lo dispuesto por las autoridades penales, por lo tanto resulta imperativo dignificar el nombre que como tal tiene definido de manera histórica la población de Puente Grande en el Municipio de Tonalá, Jalisco, rescatando el valor de la población al dominante sentir de su gente, rescatando la conciencia social y el sentido de pertenencia.
Se debe de resaltar que es demanda de los pobladores de Puente Grande que se cambie el nombre del centro penitenciario por encontrarse permanentemente agredidos en su dignidad social, al ser relacionados de manera inmediata a su origen con el centro penitenciario y en un muchos de los casos es motivo de sorna e inclusive de señalamiento de ser internos del mismo centro.
Ejemplo de esto es que la Secretaría de Gobernación emitió un acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de noviembre del año 2000, por el que se autoriza que el centro federal de readaptación social conocido como Almoloya de Juárez lleve el nombre de centro federal de readaptación social número 1, La Palma.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo económico.
Unico. Solicítese a la Secretarías de Gobernación y Seguridad Pública para que en el ámbito de las atribuciones procedan a cambiar el nombre del centro federal de readaptación social número 2, Puente Grande, por otro que no degrade aún más la conciencia social y el orgullo de la entidad de quienes viven en la citada población.
Señora presidenta, respetuosamente solicito el presente sea inscrito de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Chávez Dávalos. De acuerdo a su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates, en caso de no haber sido publicado en la Gaceta también hacerlo y turnarse a la Comisión de Seguridad Pública.
A continuación tiene la palabra el diputado Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal manifieste la preocupación por la aplicación de la Ley 200 al gobierno del estado de Arizona, en Estados Unidos de América. ¿No está?
Lo pondremos al final del capítulo.
A continuación el diputado Emilio Serrano Jiménez nos ha solicitado posponer para la próxima sesión su punto de acuerdo.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos ha solicitado posponer para la siguiente sesión la proposición con punto de acuerdo sobre la Universidad Tecnológica de Tlaxcala.
La presidencia tiene también otra propuesta del diputado Carlos Jiménez Macías que pasa al final del capítulo.
En consecuencia, tiene la palabra nuestro compañero diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas entidades a que liquiden de inmediato el adeudo de las cuotas y aportaciones que tienen con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El diputado Roberto Colín Gamboa (PAN): Con su permiso, señora presidenta. Señoras diputadas, señores diputados: estamos a unos días después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, donde una de las principales preocupaciones fue la asignación de recursos adicionales para las instituciones de seguridad social.
El cumplimiento con el pago de las pensiones y los recursos para la atención de la salud son los factores que más nos preocupan por la presión financiera que ejercen a las instituciones y es la principal demanda de los diferentes grupos y sindicatos que se han manifestado ante esta Cámara.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con el diagnóstico elaborado al inicio de la presente administración reflejó la realidad de las deficiencias que se convirtieron en un gran reclamo por parte de sus derechohabientes. Sin embargo y de acuerdo con los informes presentados a esta soberanía una vez que se conoció la realidad en que se recibía a la institución el gobierno de la República puso especial énfasis en la problemática que se estaba afectando su operación, puntualizando además las consecuencias de no atender con oportunidad la problemática estructural del Issste.
Cabe señalar que dicha situación no se generó en un día sino fue resultado de todo un proceso que estaba encaminado a terminar con el Instituto, sumado a un gran descuido administrativo, una nula previsión de recursos en los diferentes ramos de aseguramiento, una pésima organización y sobre todo a una deficiente orientación del gasto.
El pasado 27 de octubre, analizando los datos enviados por el Presidente de la República en su Cuarto Informe de Gobierno y escuchando los planteamientos hechos por el director general del Issste, los diputados de los diferentes partidos políticos representados en esta Cámara coincidimos en que no obstante las restricciones presupuestales que ha tenido el gobierno federal este ha continuado proporcionando un gran apoyo financiero al Issste a efecto de compensar la insuficiencia de recursos en el Instituto para enfrentar puntualmente el pago de la nómina de pensiones, cubriendo este rubro tan sensible.
También coincidimos en el avance significativo que ha tenido en materia de atención, aunado a un manejo eficiente de los recursos asignados a la adecuada renovación y fortalecimiento de la infraestructura médica y a la capacidad de sus médicos y enfermeras, lo cual se ha traducido en buenos niveles de desempeño y mejores servicios.
Lo anterior significa tener finanzas sanas en el Issste. Deben realizarse mayores aportaciones tanto en el gobierno federal como en las diferentes entidades e instituciones que han celebrado convenios con el Instituto para proporcionar seguridad social a sus trabajadores.
De acuerdo con la información enviada por el Instituto, el Instituto tiene 35 principales deudores con ellos la deuda asciende a 4 mil millones de pesos. El problema que tiene el Instituto en este momento es de financiamiento. Por tanto estamos solicitando que las 35 entidades deudoras que tiene el Instituto cubran a la mayor brevedad los requisitos y las cuotas y aportaciones que han dejado de sufragar a esta institución.
Por tanto, pido a la Presidencia que el presente punto de acuerdo se inserte íntegro en el Diario de los Debates en donde están enlistadas las 35 entidades que adeudan recursos y cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
Como pido aquí en el punto de acuerdo, solicito a la Presidencia pregunte a la asamblea para que se considere de urgente y obvia resolución el presente punto de acuerdo y se turne de inmediato a las entidades deudoras.
Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Colín.
Favor de insertar íntegro en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En tal virtud se considera de urgente resolución.
A esta Presidencia no ha llegado ninguna solicitud para registrarse como oradores.
Por lo tanto, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo presentado por el diputado Colín Gamboa.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Aprobada. Comuníquese.
La siguiente proposición con punto de acuerdo que habría de presentar el Partido de la Revolución Democrática, se retira del orden del día a petición del propio Partido.
En consecuencia tiene la palabra el diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Procurador General de Justicia del Distrito Federal para que informe sobre las investigaciones de los homicidios de mujeres en edad avanzada en la ciudad de México.
El diputado Federico Döring Casar (PAN): Con su venia, señor Presidente.
"Compañeras y compañeros diputados: Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este honorable pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, bajo los siguientes
"Antecedentes
"Primero.- En los últimos dos años se han registrado 26 homicidios en contra de personas de la tercera edad en la capital de la República, es decir, en el 2003 hubo 12 homicidios y en lo que va de este año se tienen registrados 14 más, lo que representa un alza del 16 por ciento.
"Segundo.- En todos los casos las víctimas han sido personas que tenían más de setenta años y en casi todos las víctimas presentas similitudes en el modus operandi para arrebatarles la vida. No obstante el Procurador Bernardo Bátiz señala que no hay certeza de que exista un homicida serial.
"Tercero.- Por su parte el Jefe de Gobierno calificó como caso aislado los casi 26 homicidios en contra de estas personas, razón por la cual ha negado la creación de una Fiscalía Especial que conozca del asunto.
"Cuarto.- Cabe señalar que de las casi 30 investigaciones que se han realizado en torno a este asunto, únicamente se han resuelto 6.
"Cinco.- Diversos diputados federales y locales han requerido en múltiples ocasiones al Procurador capitalino, información en torno a los avances en las investigaciones relativas a los homicidios de mujeres en edad avanzada, sin que hasta la fecha se tenga respuesta alguna.
"El acuerdo que se somete a esta Soberanía se justifica a partir de las siguientes
"Consideraciones
"Primera.- El Poder Legislativo, como órgano de representación popular, tiene la facultad constitucional de vigilar el funcionamiento y desempeño del Poder Ejecutivo, por lo que la obligación de informar por parte de la Procuraduría General de Justicia no es una opción sino una obligación, especialmente cuando hay un requerimiento por parte de este órgano legislativo.
"Segundo.- Es una falta a las instituciones las declaraciones vertidas por el Procurador, al calificar de forma ofensiva y discriminatoria a algunos diputados con expresiones no propias de su investidura, lo que representa sin lugar a dudas una falta de sensibilidad política y de respeto a las instituciones.
"Tercero.- No es el Procurador General de Justicia del Distrito Federal quien puede y debe determinar qué asuntos de su competencia son de interés público y por ello decidir si proporciona o no información a los representantes populares que se lo requieran.
"Cuarto.- La forma en cómo los diputados requieran la información para darla a conocer a la sociedad ante la cual son políticamente responsables, no debe ser calificada por el Procurador capitalino como carentes de toda seriedad, en virtud de que en ejercicio de sus funciones están facultados para vigilar su desempeño.
"Quinto.- La protección de la integridad física de los habitantes debe ser una misión primordial de cualquier estado, misma que no se agota en la persecución del delito, la reparación del daño o el castigo, pues la ley establece que dicha función comprende la prevención del delito y en ese sentido la exigencia que se le manifiesta al Procurador para que se conduzca con eficacia en el cumplimiento de sus funciones.
"Así, por los motivos anteriormente expuestos, solicitamos a esta H. Asamblea se apruebe el resolutivo.
"Único.- Se exhorta al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, para que informe a esta Soberanía sobre las investigaciones de los homicidios de mujeres en edad avanzada que se han cometido en la ciudad de México.
"Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro".
Es cuanto, señora Presidenta.
(aplausos)
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Federico Döring.
El diputado Döring ha dejado en esta mesa la solicitud de que sea de urgente resolución. Por lo tanto, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución el Punto de Acuerdo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
¿Los que estén en contra?
(Votación)
Gracias.
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se considera de urgente resolución.
No ha llegado a esta Presidencia solicitud de diputado para hablar a favor o en contra de la propuesta. Por lo tanto, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la propuesta.
EL Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
¿Los que estén en contra?
(Votación)
Gracias.
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se considera suficientemente discutida.
Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputada presidente.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada.- Comuníquese.
A continuación tiene el uso de la palabra, nuestra compañera diputada Eliana García Laguna del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con Punto de Acuerdo relativo al nombramiento de Arturo Chávez Chávez como Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.
La diputada Eliana García Laguna (PRD): Gracias señora presidenta. En días pasados supimos de la designación del señor Arturo Chávez Chávez como Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, la decisión tomada por el Secretario Santiago Creel, establece un escenario preocupante y desolador de nuestro anémico estado de derecho y señala una luz roja de obstáculo a las investigaciones y al esclarecimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez y en otras partes del país.
Arturo Chávez Chávez se desempeño como Subprocurador y Procurador del entonces gobernador Francisco Barrio en el período más terrible del auge de los casos de feminicidios cometidos en Ciudad Juárez, Chih., desempeñando también en ese mismo sexenio el cargo de Delegado de la PGR en la entidad.
Hay diferentes denuncias incluso una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con el señor Arturo Chávez Chávez y se le señala como uno de los funcionarios, de los que se presume puede tener responsabilidades administrativa y/o penal, por las deficientes actuaciones del Ministerio Público y los servicios periciales de cuando él se desempeñaba como Procurador General de Justicia.
Existen también las denuncias que ha hecho la Asociación de Familiares y Amigos de personas desaparecidas, que han denunciado cuando menos omisión del señor Chávez Chávez en cuanto a la necesidad de investigar la desaparición de196 personas en la zona fronteriza de El Paso y de Ciudad Juárez.
Nosotros creemos que esta designación constituye una estampa más de la impunidad que se está dando desde el más alto nivel político a funcionarios que han participado en administraciones panistas.
Nosotros queremos en razón de ello, plantear la necesidad y lo someto de urgente resolución con base en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que se dirija un extrañamiento al Ejecutivo federal por la designación de Arturo Chávez Chávez como Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, y se solicite al Ejecutivo que en el ejercicio de sus facultades, instruya al Secretario de Gobernación para que designe en su lugar a una persona reconocida por su probidad, honorabilidad, que sea respetuosa de la ley y de los derechos que las personas tienen.
Yo quisiera solamente señalar que ya tenemos dos antecedentes de extrañamientos a miembros del Ejecutivo, uno que hicieron los senadores del PAN en la Comisión Permanente del 14 de abril y que fue apoyado por ellos y votado a favor, y otro que ya se hizo aquí en relación con el señor Ramírez Corzo. Muchas gracias señora presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputada Eliana García.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución la propuesta de la diputada Eleana García.
El Secretario Antonio Morales De La Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputada presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se considera de urgente resolución.
En virtud de que a esta presidencia no ha llegado registro alguno de oradores a favor y en contra se considera suficientemente discutida, y, por tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición…
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los que estén por la negativa.
(votación)
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada. Comuníquese.
A continuación tiene la palabra nuestro compañero diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal ordene a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de diversas instituciones coordinadas por el INEGI, se lleve a cabo un censo nacional de sociedades cooperativas.
El diputado Israel Tentory García (PRD): Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros.
El artículo 25 de nuestra Constitución señala en su primer párrafo que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, también en el penúltimo párrafo del este mismo artículo señala que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social, de ejidos, de organizaciones de trabajadores y cooperativas, entre otras más que ahí señala. También la Organización Internacional del Trabajo, en una de sus últimas recomendaciones señala la importancia que los gobiernos de los diferentes países fomenten el cooperativismo.
Es el cooperativismo una forma de asociación que prácticamente funciona en los diferentes sectores de la actividad económica, teniendo la capacidad de producir bienes y servicios y generar empleos. El cooperativismo ha demostrado ser una de las formas de organización más eficientes para sortear las distintas crisis económicas por las que han pasado muchos países.
En nuestro país el inicio de la conformación de sociedades cooperativas se remonta al año de 1950. Para el periodo 1970-1980 las cajas populares en particular registran un significativo crecimiento, esto debido a una diversificación e incursinamiento (¿) en la prestación de servicios financieros, entre otros. Es debido en buena parte a que sólo el 33% de los mexicanos accede al crédito financiero bancario, y que la mayor parte, del 77% restante, ahorra y obtiene préstamos en las cajas populares.
Ante la proliferación de cajas populares que fundamentalmente se dedican al ahorro y préstamo, éstas se vieron involucradas en cuantiosos fraudes en perjuicio de un importante número de ahorradores en todo el país. Esto se suscitó entre los 80 y los 90, de tal manera que según el BANCEFI, para el año 2000 se tenía un padrón de 250 mil ahorradores defraudados en el país. Estos acontecimientos, por un lado empañan la misión de las verdaderas cooperativas y por otro obligaron al Congreso para que autorizara al Ejecutivo a disponer de recursos presupuestales adicionales para solventar este problema.
Ante esta problemática, surge la necesidad de contar con un padrón que nos permita conocer con mayor precisión el número de auténticas cooperativas que haya en el país, para esto sabemos que México cuenta con el INEGI, una seria y sólida institución cuya misión es la recabar, procesar, generar y difundir la información estadística y geográfica del país.
Por lo anterior expuesto y fundado y motivado, someto a consideración de este honorable pleno, el único punto de acuerdo:
Unico. El pleno de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a fin de que ordene a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de diversas instituciones, incluido el INEGI, se lleve a cabo un censo nacional especial de sociedades cooperativas en el transcurso del año 2005.
Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Israel Tentory.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada, Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la violencia sexual y tortura de que fueron objeto mujeres indígenas por parte de miembros de las fuerzas armadas en el Estado de Guerrero.
La diputada Eliana García Laguna (PRD): Gracias Presidenta.
La realidad de algunas mujeres indígenas es ser víctimas de violencia sexual a manos de militares.
Tenemos varias denuncias en varios estados de la República donde se vive una gran violencia en contra de mujeres indígenas en las comunidades rurales que son perpetradas por miembros de las fuerzas armadas o por algunos que lesionan a la misma institución militar.
En el reciente informe de Amnistía Internacional que se dio a conocer el pasado 23 de noviembre, se documentan 6 casos de mujeres indígenas tlapanecas en el Estado de Guerrero que han denunciado las violaciones que sufrieron: Inés Fernández, de 27 años; Valeria Rosendo, a los 17; Victoriana Vázquez, de 50; Francisca Santos, de 33 años; Delfina Flores, de 28 y Aurelia Méndez Ramírez, de 31 años, vivieron cada una de ellas en distintos momentos una violación por parte de miembros del Ejército y han sufrido con brutalidad la hazaña de militares que no defienden ni procuran el bienestar de la comunidad y abusan de los integrantes de estas comunidades.
Ninguna de las mujeres ha salido intacta, algunas han tenido que dejar las comunidades en las que vivían, someterse a tratamientos médicos por infecciones de transmisión sexual, en algunos casos su pareja o su esposo ha sido incapaz de aceptar el hecho de haber sido agredidas estas mujeres y han sido estigmatizadas por haber sido violadas.
Este clima de impunidad se ha estado viviendo en relación con que no existe un mecanismo que permita que haya procedimientos institucionales para investigar las denuncias de violaciones a derechos humanos que cometen algunos miembros de las fuerzas armadas e incluso algunos miembros de las fuerzas de seguridad.
En días pasados, el Comité de Derechos Civiles y Político, el Comité contra la Tortura, manifestó su preocupación por la creciente intervención de los militares en la sociedad.
En razón de ello, sometemos a consideración este punto de acuerdo para que sea turnado a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos:
La H. Cámara de Diputados exhorta al Procurador de Justicia del Estado de Guerrero para que otorgue las garantías absolutas de protección efectiva a las víctimas, y
La H. Cámara de Diputados exhorta al Procurador de Justicia Militar para que traslade a la justicia civil, los 6 casos de mujeres víctimas de violencia sexual para que se investigue exhaustiva e imparcialmente ante tribunales civiles y se determine la responsabilidad penal de los militares involucrados y sean los tribunales los civiles los que sancionen conforme a la justicia militar.
Gracias señora Presidenta, solicito que se pueda publicar el texto de este punto de acuerdo.
Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputada García Laguna.
Intégrese completo el texto de la propuesta de la diputada García Laguna, en el Diario de Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A continuación tiene el uso de la palabra el compañero diputado Juan Antonio Gordillo Reyes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de las Secretarías de Gobernación y de Reforma Agraria, así como de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas en relación al pago de las 25 mil hectáreas a los desplazados de los municipios de las Margaritas, Altamirano y Ocosingo, en el Estado de Chiapas.
El diputado Juan Antonio Gordillo Reyes (PRI): Con su permiso, diputada Presidenta.
Compañeros y compañeras diputados:
El que suscribe, diputado federal Juan Antonio Gordillo Reyes, del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, presento a esta Honorable Asamblea, la proposición con punto de acuerdo respecto del pago de las 25 mil hectáreas a los desplazados de los municipios de las Margaritas, Altamirano y Ocosingo del estado de Chiapas, solicitando a las Secretarías de Gobernación, Reforma Agraria, así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, su intervención. Lo anterior, al tenor de los antecedentes siguientes:
Desde 1994, hace ya diez años, fueron despojados de sus propiedades cientos y miles de chiapanecos de los municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo del estado de Chiapas, sin que hasta la fecha se les haya restituido un solo centavo ni recuperado su patrimonio, pese al desahogo puntual de los procedimientos administrativos y judiciales que se encuentran instaurados ante las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial correspondiente, Al perder estos coterráneos sus pertenencias, también perdieron sus fuentes de trabajo, su futuro y hasta su vida. Muchos de ellos o de quienes les sobreviven tienen, sin embargo, la esperanza última de que el Ejecutivo Local y Federal cumplan su palabra empeñada públicamente.
El gobernador actual Pablo Salazar Mendicuchia, quien proclamó abiertamente en su oferta electoral, en especifico en el documento titulado "Ruptura para Construir la Alianza", en las páginas l6 y 17 de dicho documento, la certeza y compromiso que para resolver el conflicto armado, era preciso que alcanzara la gobernatura del estado, situación que se cumplió hace más de tres años, sin que a la fecha haya una respuesta positiva de su parte y mucho menos de las diversas autoridades que conocen del asunto y que está dentro de su competencia.
A Chiapas lo han convertido en un testigo de piedra, en rehén de un doloroso drama; tanto el Gobierno Federal como el gobierno del estado, han evadido esta grave cuestión, reduciéndola con el discurso prometedor a un juego de máscaras que lastima la dignidad y la esperanza de los chiapanecos y sobre todo, de los desplazados de esta vasta zona de conflicto.
No existe por el Gobierno Federal y estatal compromisos a fondo, de cara a la sociedad y a la historia nacional, no existe una propuesta posible y concreta para una salida pronta y justa de esta crucial factura que lastima y pone en entresala un conflicto de consecuencias irreparables.
Por lo consiguiente, compañeros diputados, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo:
Único. Esta Cámara de Diputados, solicita a la Secretaría de Gobernación, Reforma Agraria, así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que dentro del ramo de su presupuesto y en especial en lo considerado como emergente o para improvistos, el apartado de lo no programado, se cubra la cantidad de 200 millones de pesos, para subsanar el pago de los desplazados de las 25 mil hectáreas de las invasiones y los despojos consumados.
Es cuanto señor Presidente.
Muchas gracias, compañeros diputados.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado Gordillo Reyes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Reforma Agraria.
A continuación tiene la palabra nuestro compañero diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a reformar sus códigos civiles.
El diputado José Javier Osorio Salcido (PAN): Con su venia, compañera diputada Presidente.
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicita respetuosamente por este conducto a esta Honorable Asamblea, tenga a bien formular excitativa a las legislaturas locales, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para solicitar sea turnada la presente proposición con punto de acuerdo, que exhorta a las legislaturas locales a reformar sus códigos civiles en materia de tutela y curatela, para posibilitar a las personas morales ejercer dichos cargos, en base a las siguientes:
Consideraciones
La intención más pura de la ley, es el recoger y resolver sobre las necesidades de los gobernados.
En el Código Civil de Francia, se establece un modelo de tutela plural llamado "Consejo de lo Familiar", en el cual la figura de la tutela se ejerce por un grupo colegiado que designa el tutor ejecutor y el protutor que ejercería las funciones que nosotros dejamos al curador.
La reforma a la figura de la tutela que se pretende debe ser integral, así se propone se realicen las reformas necesarias para que una persona que goza de toda sus capacidades jurídicas, pueda designar, mediante acta notarial, a su tutor y curador para el caso de ser incapacitado jurídicamente en el futuro.
La motivación de esta reforma se basa en el hecho de que los núcleos familiares están integrados por menos miembros, muchas personas optan por no tener descendencia y a una crisis de valores en las que se sobrevalora el individualismo.
En el Código Civil Español, ha materializado este hecho, cada vez más generalizado en nuestras sociedades modernas.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta a las Legislaturas Locales a reformar sus Códigos Civiles para posibilitar a las personas morales, cuyo objeto sea el cuidado y rehabilitación de personas con incapacidades físicas o intelectuales, ejercer el cargo de tutores y curadores, a fin de aprovechar los recursos humanos, materiales, intelectuales y médicos con los que cuentan estas instituciones de asistencia.
Segundo. Se exhorta a las Legislaturas Locales para que se efectúen las reformas legales necesarias, para permitir a una persona que goza de toda sus capacidades jurídicas, pueda designar, mediante acta notarial, a su tutor y curador para el caso de ser incapacitado jurídicamente en el futuro.
Tercero. Para auxiliarse en el proceso de elaboración de estas reformas, esta Honorable Asamblea hace una recomendación especial para que se consulte a las instituciones de asistencia privada que se podrían ver involucradas con la aprobación de dicha reforma.
Es cuanto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Muchas gracias, diputado Osorio Salcido.
Túrnese su proposición a la Comisión de Gobernación.
A solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pospone el punto de acuerdo que habría de presentar el diputado Martínez Della Rocca.
En consecuencia tiene la palabra el diputado José Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la destitución del Comisionado de la Policía Federal Preventiva y del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.
El diputado José Porfirio Alarcón Hernández (PRI): Con su permiso, señora Presidenta.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, diputado.
El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Compañeras y compañeros diputados:
Comparezco ante ustedes para hacer la propuesta con punto de acuerdo en relación con los hechos lamentabilísimos que conocimos apenas hace algunos días y que fueron del conocimiento no sólo de este país, sino que imágenes y lamentaciones y vergüenzas, dieron la vuelta al mundo.
En virtud de que la proposición con punto de acuerdo se encuentra contenida en la Gaceta Parlamentaria de este día y también en virtud de que no hay necesidad de dar razones y argumentos porque las evidencias, los propios hechos, son más que suficientes para argumentar en favor de esta proposición de punto de acuerdo, es que me concreto exclusivamente a mencionar el propio punto de acuerdo:
solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la destitución del Comisionado de la Policía Federal Preventiva y la del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, respectivamente, por su negligencia e incapacidad en el ejercicio de sus funciones.
Dos. Solicitar a los nuevos jefes de estas corporaciones o a quien corresponda, consideren el otorgamiento de tres millones de pesos como indemnización, a los deudos de los servidores públicos asesinados.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2004.
Es cuanto presidente. Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Muchas gracias señor diputado.
Túrnese como lo está solicitando el señor diputado, a la Comisión de Seguridad Pública y con mucho gusto.
Tiene la palabra el señor diputado Rogelio Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que en coordinación con la industria del acero, establezca los mecanismos necesarios para incrementar la competitividad de la industria siderúrgica mexicana.
Adelante señor diputado.
El diputado Rogelio Flores Mejía (PAN): Con su permiso diputado presidente.
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, entre 1999 y 2002, la industria acerera mundial enfrentó una crisis financiera severa debido a una caída generalizada de precios del acero. Razón por la que varias empresas pasaron por excesos de quiebra, suspensión de pagos, reestructuración financiera y cierres de capacidad.
A partir del tercer trimestre del 2003 hubo una escasez generalizada del acero, misma que se acentuó en el año 2004. El espectacular incremento de la demanda de acero en China, país que se ha consolidado como uno de los principales productores consumidores de acero en el mundo, ha provocado un incremento en la oferta del acero, la cual ha disparado los precios de éste, así como de las materias primas necesarias para su producción, hasta en un 100%.
La demanda china del acero ha encarecido los precios en el mercado nacional y se prevé continuará la alta volatilidad y los precios elevados, hasta el año 2007.
En el caso de México el precio del acero se ha incrementado en más del 50% en los últimos 6 meses. Esta situación ha ocasionado un incremento en los precios de los productos terminados como el de la lámina galvanizada, la lámina fría, la varilla, el alambrón y el acero estructural.
El alza vertiginosa que registran los precios internacionales del acero ha repercutido en los costos de la industria de la construcción, elevando las obras tanto públicas como civiles, hasta en un 40% de su costo original.
Otras industrias como la automotriz y la de electrodomésticos, también enfrentan presiones de costos.
La industria automotriz está siendo perjudicada porque el acero es un elemento básico para su producción. Además de que el aumento en el valor de los metales planos la impactan fuertemente pues la tonelada de lámina caliente supera ya los 600 dólares, registrando un alza de 115% en 1999 al primer trimestre de este año.
La lámina fría se ubica alrededor de 700 dólares la tonelada, equivalente a un aumento de 76%. La lámina galvanizada brincó de 400 a más de 700 dólares, es decir, 62% más.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía para que en coordinación con la industria del acero, establezca los mecanismos necesarios para incrementar la competitividad de la industria siderúrgica y propiciar que el consumo de las materias primas para el sector, se dé en nuestro país.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía, a impulsar y promover las acciones necesarias que apoyen a los productores mexicanos de acero y a la cadena productiva que tiene relación con el ramo para fomentar el consumo de productos fabricados en nuestro país.
Es cuanto señor presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Economía.
La diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, entregó a esta presidencia Proposición con punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales durante el proceso electoral del Estado de Guerrero.
Se turna a la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes.
Tiene la palabra el señor diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el objeto de presentar Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a integrar una comisión que investigue y en su caso sancione a las autoridades responsables de los hechos ocurridos en la Delegación Tláhuac, del Distrito Federal y se acuerda la comparecencia ante comisiones, del Secretario de Seguridad Pública, del Gobierno Federal y del comisionado de la Policía Federal Preventiva.
El diputado Heliodoro Díaz Escárraga (PRI): Con su permiso señor Presidente.
A través de la radio y la televisión, nos enteramos en el mismo momento en que ocurrían los hechos de los actos de barbarie cometidos la noche del 23 de noviembre, por habitantes de San Juan Ixtlayoapan, Delegación Tláhuac.
El corazón de la república fue herido por la sin razón, la brutalidad y la profunda pérdida de valores de sus ciudadanos, así como por la incapacidad, la negligencia y la ilegalidad de las autoridades tanto federales como locales que pudiendo evitar la tragedia no lo hicieron.
La muerte del os policías y las lesiones causadas, son responsabilidad directa e inexcusable de los secretarios de Seguridad Pública del Gobierno Federal, de su homologo del Distrito Federal, del Comisionado de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, del Jefe Delegacional en Tláhuac, y de otras autoridades como la Procuraduría General de la República, que han permitido que el narcotráfico crezca y los rebase.
Ante los abominables hechos, surgen las preguntas obvias: ¿Quién ordenó a los agentes masacrados, que realizaran una actividad que conforme al artículo 4 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, no les competía? ¿Quién se hará responsable de haber mandado al matadero, sin ningún apoyo logístico, sin prever vías de retirada, sin coordinación operativa interinstitucional, a tres modestos servidores públicos?
¿Cuál es la capacidad de reacción de los cuerpos policiales en pleno Distrito Federal, para acudir en auxilio de sus compañeros caídos? ¿Por qué no se rescató a los linchados cuando desde su detención por civiles hasta su muerte, transcurrieron al menos dos horas?
Debe, aunque sea después del niño ahogado, restituirse el estado de derecho. No bastará con indemnizar a los familiares de los policías victimados, o rendir honores a los caídos. Tiene que investigarse y sancionarse a los mandos co-responsables; tiene que corregirse esto a fondo.
En razón de ello, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que integre una comisión conformada por la Secretaría de la Función Pública y especialistas en procuración de justicia y seguridad pública, que sin la participación de las entidades federales involucradas en los acontecimientos ocurridos en la Delegación Tláhuac del Distrito Federal el día 23 de noviembre del 2004, investigue rigurosa, profunda y detalladamente, y en su caso sancione a quienes resulten responsables de haber ordenado a los agredidos la realización de tareas que no eran de su competencia y de la respuesta tardía al llamado de auxilio a sus elementos.
Concluyo, señor Presidente.
Segundo.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, considera necesaria la comparecencia de los ciudadanos secretarios de seguridad pública del Poder Ejecutivo Federal y Comisionado de la Policía Federal Preventiva, así como reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal ante comisiones, a fin de que expliquen detalladamente los fundamentos legales en que se apoyaron para ordenar a los policías agredidos la ejecución de tareas que conforme a la Ley Federal de la Policía Preventiva no eran de su competencia, así como las funciones que realiza la llamada "área de inteligencia" de la corporación indicada y la falta de coordinación policíaca entre ambas instituciones.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado. Consulte, como ha solicitado el señor diputado, a la Asamblea si considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa:
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se considera en consecuencia, de urgente resolución y se abre el registro de oradores.
Esta Presidencia, al no tener orador alguno, considera que está suficientemente discutida la proposición y en consecuencia consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto por su promovente. En consecuencia tiene la palabra el diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, puedan hacer la reclasificación de la tarifa por temperatura ambiental de la 1B de 28 grados centígrados a la 1C de 30 grados centígrados para el Municipio de Cihuatlán, Jalisco.
El diputado Carlos Blackaller Ayala (PRI): Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores: con fundamento en los artículos 55, fracción II, y 58, fracción I, II y III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 34, incisos a) y b) de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este H. Congreso de la Unión la siguiente resolución con punto de acuerdo.
La población que está radicada en el Municipio de Cihuatlán, Jalisco apenas llega a los 40 mil habitantes. Geográficamente se encuentra localizado en el sur del estado de Jalisco, haciendo límite con el estado de Colima.
La actividad económica que desarrolla la población es eminentemente agrícola y por estar aquí los destinos turísticos de Barra de Navidad y Melaque podríamos decir que también tiene un impacto positivo la actividad turística.
Sin embargo, en esta proposición con punto de acuerdo queremos lograr el beneficio exclusivamente para la población con el consumo de energía eléctrica para casa-habitación.
Si llegamos a hacer conciencia en las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y de la propia Secretaría de Hacienda, quienes son los responsables de reorientar la tabulación, sin duda que la economía será de grandes proporciones.
El Municipio de Cihuatlán siempre se había considerado como una población de temperatura media. Por estas razones, el Municipio en cuestión está considerado en el rango de pago de tarifa eléctrica, la que se conoce como 1B de 28 grados centígrados.
Según estudios que se hacen periódicamente a nivel nacional por instituciones serias y reconocidas como la Comisión Nacional del Agua o como la propia Semarnat, reportan que en los últimos 5 años se han incrementado notablemente los promedios de las temperaturas, hasta alcanzar la justificación plena para lograr un cambio en la tarifa eléctrica.
Compañeros legisladores: el exhorto que estoy presentando es porque hasta el día de hoy existen diversos intentos por modificar esa tarifa, sin haber logrado siquiera que las autoridades nos contesten con razones justas lo que procede.
La población del Municipio de Cihuatlán se está viendo afectada por el cobro de altas tarifas en el consumo de energía eléctrica.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Unico. Se exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus funciones, de sus facultades y atribuciones, puedan hacer la reclasificación de la tarifa eléctrica por temperatura ambiental de la 1B de 28 grados centígrados a la de 1C de 30 grados centígrados para el Municipio de Cihuatlán, Jalisco.
Es cuanto, señor diputado presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado Blackaller.
El siguiente punto del orden del día ha sido también pues pospuesto por su promovente y después de dar turno a la Comisión de Economía del punto de acuerdo planteado por el diputado Blackaller, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad incluya a los programas de subsidios la reducción de tarifas de consumo eléctrico en los equipos de bombeo de drenes concesionados por la Comisión Nacional del Agua en la Ciénega de Chapala, estado de Michoacán.
El diputado Miguel Amezcua Alejo (PRI): Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.
Compañeros Diputados:
Punto de acuerdo con el propósito de exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad incluyan en los programas de subsidio la reducción de tarifas de consumo eléctrico en los equipos de bombeo de drenes concesionados por la Comisión Nacional del Agua en la Ciénega de Chapala, en Michoacán.
El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se dirige a esta soberanía para presentar la siguiente propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones:
El campo mexicano atraviesa desde hace mucho tiempo una situación sumamente difícil, lo importante es identificar sus causas principales tales como la falta de apoyos que pueden aplicarse de manera efectiva, así como la falta de subsidios directos a los productores para ser competitivos frente a los productores de Norteamérica.
Corresponde al Estado el dominio directo de los recursos naturales. Asimismo está obligado a garantizar el desarrollo de las actividades agropecuarias en general, como lo establecen los artículos 25 y 27 constitucionales. También corresponde al Estado el otorgamiento de subsidios para actividades prioritarias en los términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aún cuando algunas actividades productivas y en ciertas regiones han registrado avances a partir de la firma de diversos tratados internacionales de comercio, una parte importante del sector agropecuario mexicano continúa presentando numerosas deficiencias y alternativas generadoras de empleo e ingresos para la población rural.
La política de precios para los hidrocarburos y energéticos que rigen México se establece acuerdo una serie de disposiciones comerciales, la cual contempla asuntos mensuales de acuerdo a la inflación, situación que resta competitividad frente al sector agropecuario.
La electricidad resulta imprescindible para el desazolve en época de lluvias en zonas de donde el país la topografía del terreno tiende a provocar inundaciones, ocasionando pérdidas que resultan irrecuperables a los productores agrícolas.
Actualmente los sitios de riego a la Ciénega de Chapala en Michoacán tiene la necesidad de consumir grandes cantidades de energía para bombear agua a los drenes y evitar inundaciones en los cultivos, esto último debido a una gran parte de la zona de riego, está limitada a un bordo de contención que separa el lago de Chapala.
He de señalar que los equipos de bombeo pertenecen a la Comisión Nacional del Agua y estos han sido concesionados a las organizaciones civiles de usuarios. Por los altos costos de operación y mantenimiento en su cargo dichas asociaciones aun el contrato y algunos casos está a nombre de Comisión Nacional del Agua.
Punto de Acuerdo:
Único. Que esta asamblea legislativa envíe atento exhorto al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad incluyan en los programas de subsidio la reducción de tarifas de consumo eléctrico a los equipos de bombeo de drenes concesionados por la Comisión Nacional del Agua en la Ciénega de Chapala, en Michoacán, igualando la tarifa nocturna 9 N establecida en el acuerdo que autorizó la modificación y reestructuración para suministro y venta de energía eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 8 de agosto del 2004.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 29 días del mes de octubre de 2004.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted diputado Amezcua.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.
Como se han agotado los asuntos en cartera en lo dispuesto a lo indicado por la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Da lectura al orden del día de la próxima sesión)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Conocido el orden del día, proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por diez minutos, para verificar la asistencia antes de levantar la sesión.
El Secretario Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Ábrase el sistema electrónico por diez minutos, para verificar la asistencia.
(Verificación de asistencia)
Ciérrese el sistema electrónico.
Señor Presidente, hay una asistencia de 363 diputadas y diputados.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: (A las 18:09 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 2 de diciembre a las diez horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.