El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI): Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
La Secretaria Gabriela Larios Rivas (PRI): Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 416 diputados.
Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se abre la Sesión. (A las 11:04 hrs.)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La misma Secretaria: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del Orden del Día es la lectura del Acta de la Sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario Marcos Morales Torres (PRD): Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Acta de la Sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.
El mismo Secretario:
Oficio del Diputado Juan de Dios Castro Lozano comunicando su reincorporación a sus labores legislativas.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado y se le tiene por reincorporado a sus labores legislativas.
El mismo Secretario:
Comunicación del Congreso del Estado de Colima.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El mismo Secretario:
Comunicación del Congreso del Estado de Chihuahua solicitando se promueva la Creación de una Fonoteca Nacional.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado y remítase a las Comisiones de Gobernación y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
Del Congreso del estado de Oaxaca, acuerdo por el que se condena el uso de balas de goma.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.
La misma Secretaria:
Del Congreso del estado de Oaxaca, pronunciamiento para que no sea recortada la partida dentro del Programa de Apoyos a estados y municipios, al estado de Oaxaca.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La misma Secretaria:
Oficio de la Asamblea Legislativa del D.F., exhorto en relación al dictamen del artículo 122 Constitucional.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.
La misma Secretaria:
Oficio de la Asamblea de Representantes del D.F., diagnóstico sobre el Programa de Rescate de Xochimilco.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado y remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Medio Ambiente.
La misma Secretaria:
Oficio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
La misma Secretaria:
Del Congreso del estado de Jalisco, solicita se considere un incremento en el ramo educativo para el estado de Jalisco.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario Marcos Morales Torres:
Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco, reforma al artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
El mismo Secretario:
Del Congreso del estado de Jalisco, reforma el artículo 59 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El mismo Secretario:
Del Congreso del estado de Jalisco, adiciona el artículo 33 Bis y reforma los artículos 58, 84, 86 y 87 de la Ley General de Salud.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Salud.
El mismo Secretario:
Del Congreso del estado de Querétaro, adiciona un párrafo segundo al artículo 135 de la Constitución Política.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Antes de continuar, señor Secretario, en el Apartado del oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la III Legislatura, en el que transcribe el punto de acuerdo por el que se formula un exhorto en relación con el dictamen del artículo 122 constitucional, esta Presidencia y a solicitud expresa, amplía el turno no nada más a la Comisión de Puntos Constitucionales sino también a la del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.
El Secretario Antonio Morales de la Peña (PAN): Oficios de la Cámara de Senadores.
Con el que remite solicitud del Sen. Adalberto Madero Quiroga, para que se dictamine la Iniciativa que reforma el artículo 222 y adiciona la fracción XII del artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que en cumplimiento al Acuerdo Parlamentario, se cierre el sistema de asistencia.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Diputado Presidente, hay 436 diputados.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
Oficio del Gobernador del Banco de México.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Enrique Ariel Escalante Arceo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 69 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Enrique Ariel Escalante Arceo (PRI): Con la autorización de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores:
El escenario político de la República y los resultados positivos que han arrojado las diversas reformas en materia electoral han mantenido una tendencia, sin precedente alguno, que va equilibrando paulatinamente a los Poderes de la Unión.
La figura del Ejecutivo Federal el Presidente de la República, ya no es una figura central y omnipotente que conocimos en la etapa post revolucionaria, sus poderes meta constitucionales han ido mermado por la presión de su contrapeso, el Poder Legislativo.
El 1° de septiembre del presente año, en sesión de Congreso General, el Presidente de la República, en cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó por escrito el IV Informe del estado que guarda la administración pública federal, procediendo en esta oportunidad ha pronunciar un mensaje a la nación entre apoyos y descalificaciones de los legisladores presentes, quedando de manifiesto que el formato para la presentación de este importante documento, ha cumplido ya con su cometido histórico.
Esta conclusión no solo emana de los legisladores federales de todos los partidos políticos, sino que también es sostenido por todos los políticos y actores políticos de la República, aunado a la opinión generalizada de la sociedad que reprueba los enfrentamientos estériles y que desvirtúan la esencia de que los Poderes de la Unión se constituyen para beneficio de la nación.
Ahora necesitamos concebir un método que independientemente de las criticas, producto de la diversidad ideológica representada en el Congreso, arroje resultados positivos para corregir los yerros e intensificar los aciertos. Finalmente, todos los que forman parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, somos responsables de los resultados ante la ciudadanía.
El escrutinio del pueblo para calificar a sus gobernantes y representantes populares, es parte de un derecho inalienable, fincado en la madurez de todo sistema democrático. Por ello, es necesario convenir con todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, un escenario propicio para la presentación del informe del Presidente de la República y un espacio para el debate y discusión de los resultados con los que se da cuenta al Poder Legislativo.
El propósito es que de este ejercicio se obtengan resultados positivos, que no obstante las divergencias políticas, propongan alternativas para corregir errores y se obsequie el apoyo sostenido a los aciertos. Involucrar al Poder Legislativo en la concepción de las políticas públicas de mayor beneficio para México, es establecer un nuevo lazo basado en la responsabilidad compartida.
El debate y discusión del informe del Presidente de la República, debe desarrollarse en un marco que permita el orden y señalamientos que tengan como divisa el factor cualitativo. No podemos concebir un formato que se caracterice por la esterilidad del debate y la observación individual y particularizada en temas intrascendentes. Por el contrario el análisis tiene que partir de las fracciones partidistas representadas en el Congreso de la Unión, desde una visión amplia y generalizada de la que deriven opiniones y recomendaciones que establezcan rumbos claros para el desarrollo del país.
Este ejercicio sería prácticamente imposible de desarrollar en una o varias sesiones de Congreso General y menos con la presencia del Presidente de la República, porque los ánimos partidistas rebasarían los cánones, del orden la seriedad y el respeto.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, es una representación digna del Congreso General en la que sus integrantes podrían desempeñar mejor el trabajo de debate y análisis del informe, conjuntamente con los principales representantes de las diversas áreas de la administración pública federal.
Por lo anterior se sugiere considerar la reforma del artículo 69 y la adición de una fracción IX al artículo 78, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al siguiente proyecto de decreto:
Artículo 69. A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período del Congreso podrá asistir el Presidente de la República, quien podrá hacer uso de la palabra para emitir un mensaje a la Nación. En la apertura de las Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Artículo 78, de fracciones I a VIII...
IX Recibir el Informe del estado que guarda la Administración Pública Federal, que enviará por escrito el presidente de la República el 15 de agosto de cada año; una vez presentado el documento, el Presidente de la Comisión Permanente convocará a los Secretarios o Encargados de Despacho, para llevar a cabo, entre el 20 y el 25 de agosto de ese mismo año, el debate del Estado Mexicano en el que se analizará y discutirá el Informe presentado por el Ejecutivo.
La Comisión Permanente aprobará, en su caso, las recomendaciones que devengan del análisis y discusión del informe, para ser enviadas al Presidente de la República.
El debate del Estado Mexicano, el análisis y la discusión del Informe presentado por el Ejecutivo, así como las recomendaciones emitidas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se conducirán conforme a la ley reglamentaria correspondiente.
Transitorio Unico. La presente reforma y adición entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El siguiente punto del orden del día pasará al final del capítulo, por lo cual tiene la palabra el diputado Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Agraria.
El diputado Margarito Fierros Tano (PRD): Gracias, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe diputado Margarito Fierros Tano, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Agraria, conforme a la siguiente exposición de motivos:
El artículo 39 de la Ley Agraria establece que los integrantes de los comisariados ejidales y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres años; en adelante no podrán ser electos para ningún cargo dentro del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio.
Asimismo, el citado precepto indica que si al término del período para el que haya sido electo el Comisariado Ejidal y no se han celebrado elecciones, sus miembros propietarios serán automáticamente sustituidos por los suplentes. El Consejo de Vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha en que concluyan las funciones de los miembros propietarios.
Este es el artículo de la Ley Agraria que analizo y planteo la necesidad de llevar a cabo una modificación en su párrafo segundo. Ello debido a que en la práctica cuando los integrantes del comisariado ejidal han terminado su periodo para el que fueron electos, que es de 3 años y no se han celebrado elecciones, los suplentes nunca sustituyen automáticamente a los propietarios en la representación ejidal. Y es aquí donde se origina el problema debido a que no existe claridad en la Ley Agraria, sobre quién va a sancionar esa sustitución automática, ya que en la práctica no se cumple ese precepto legal.
Es decir, los propietarios no le entregan el mandato a los suplentes o simplemente no le entregan el sello del ejido ni la carpeta básica del mismo, por lo que los suplentes no tienen la manera de acreditar ante una institución pública o instancia legal, que ahora ellos son los representantes propietarios del ejido, ya que no existe acta de asamblea que así lo determine, por ser ésta la máxima autoridad u órgano supremo del ejido. Mucho menos cuentan con las credenciales de identificación que expide el Registro Agrario Nacional, que les acredita el carácter de propietarios.
Por lo que considero que esa sustitución automática que marca el artículo en análisis, la Ley Agraria, perjudica a los suplentes en sus legítimos derechos debido a que el numeral ya citado no da opción a los suplentes a que decidan ellos de manera voluntaria, si es que aceptan fungir como propietarios del comisariado ejidal, sino que por el contrario, el precepto legal invocado les impone la obligación de ejercer la representación ejidal aunque en los hechos no funjan como tales.
Con la ambigüedad que existe en el artículo 39 de la Ley Agraria, sobre la sustitución automática y dado que los suplentes propietarios terminan su periodo para el que fueron electos y no se han celebrado elecciones y como en los hechos los suplentes no entran a funciones como representantes propietarios, se vive en el ejido una difícil situación,. ya que el representante propietario que deja de funcionar como tal, sigue realizando actos del comisariado ejidal sin tener ninguna facultad en virtud de que su periodo ha concluido. Por lo que dichos actos que realice todos son nulos de acuerdo al artículo 39 de la Ley Agraria.
En ese sentido es necesario realizar la reforma planteada para que se pueda llevar a cabo la modificación al artículo citado y proteger de esa manera la vida interna del ejido. Pero sobre todo para que se garantice la convivencia armónica entre todos los ejidatarios, ya que esa situación de la sucesión automática generalmente ha provocado división y problemas internos en el ejido.
Además, considero que no se les puede obligar a los suplentes a fungir como representantes propietarios del comisariado ejidal, debido a que si los representantes propietarios terminan su periodo de funciones, que es de 3 años, también los suplentes de éstos, han terminado su periodo de suplentes, por lo que legalmente y ano están obligados los suplentes a entrar en funciones a suplir a los representantes propietarios.
Pero además, si los suplentes no entraron en funciones automáticamente como lo marca la ley, debido a que no les entregaron tal mandato, a éstos no se les debe limitar para que participen en la elección de los nuevos órganos de representación del ejido. Es decir, se les debe permitir que participen en la elección del comisariado ejidal para que puedan votar y ser votados como representantes, ya que ello es un derecho constitucional que se consagra en el artículo 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa de la ley que someto a consideración se deriva de una investigación propia y en situaciones reales que me ha tocado conocer y vivir en varios ejidos del Estado de Michoacán, en el momento en que los representantes ejidales terminan su periodo para el que fueron electos y no se han celebrado elecciones.
En este caso la Ley Agraria en su artículo 39 señala que esos miembros propietarios serán automáticamente sustituidos por los suplentes. Sin embargo sucede que en la práctica los suplentes no sustituyen a los propietarios, debido a que en la Ley Agraria en vigor no se contempla con claridad el mecanismo a seguir para que se lleve a cabo esa sustitución automática, es decir, no hay reglas a seguir para que los suplentes tomen el mando de la representación ejidal o en su caso qué órgano del ejido o autoridad agraria sancionará la entrada en funciones de los suplentes como propietarios.
En ese sentido propongo que el artículo 39 párrafo segundo de la Ley Agraria en vigor, se modifique para que ese numeral señale de manera clara y precisa el mecanismo o procedimiento a seguir, una vez que los representantes ejidales vayan a terminar su período de ejercicio y pueda corregirse esa ambigüedad de la ley con la llamada substitución automática.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Agraria:
"ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 39 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:
Artículo 39.- El comisariado ejidal, dos meses antes de que concluya su período para el que fue electo, debe convocar a asamblea para elegir a los nuevos integrantes de los órganos de representación ejidal. En caso de que el comisariado ejidal no proceda en tales términos, es aplicable a la convocatoria lo dispuesto por el artículo 29 de esta ley.
Artículos transitorios: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Salón de sesiones. Cámara de Diputados, a los cinco días del mes de octubre del 2004.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.
Tiene la palabra la señora diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
La diputada Alejandra Méndez Salorio (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.
Los sistemas de administración tributaria modernos, o de países desarrollados, recaudan haciendo énfasis en el cumplimiento voluntario de los ciudadanos. Ello exige ofrecer las máximas facilidades a quienes quieren cumplir con sus obligaciones fiscales, servicios de información y asistencia amplios y cubiertos por personal calificado, y al mismo tiempo reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
Deben contar con una estructura organizativa basada no en las distintas figuras impositivas sino en funcionarios y tipo de contribuyentes con tecnologías de información altamente informatizadas en todos los procesos de trabajo y reservando especial atención al uso de las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación con los ciudadanos y mejorar los métodos y procedimientos de control, con recursos humanos calificados, íntegros, motivados y retribuidos a un nivel competitivo con su homólogo del sector privado, en un entorno económico abierto donde se impulse la cooperación internacional en todas sus premisas: intercambio de información, prácticas administrativas e inspecciones conjuntas.
El Servicio de Administración Tributaria, está integrado por una junta de gobierno que constituye su órgano principal de dirección; por las unidades administrativas que lo conforman y por un jefe que es nombrado y removido por la Presidencia de la República.
El jefe del SAT, es el enlace entre la institución y las demás entidades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal, y de los sectores social y privado, en las funciones encomendadas al propio Servicio de Administración Tributaria.
Existe una tendencia mundial de la cual México forma parte para dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, simplificar los trámites fiscales y limitar la discrecionalidad y las autoridades fiscales.
Existen algunos ejemplos como en España, Estados Unidos y la Unión Europea, con la figura del defensor del contribuyente; figura que proviene concretamente de Suecia y nace con un perfil y unas características similares a las que posee en el presente. Ya desde su inicio, responde a la configuración de organismo independiente, con autoridad para dirigir recomendaciones a las administraciones.
Conforme a esta tendencial mundial, de la cual México forma parte, sí se observa una serie de notas comunes en las administraciones tributarias con mejores resultados.
Se pueden afirmar que las administraciones tributarias dotadas de cierta autonomía en su funcionamiento y con recursos presupuestarios suficientes, que cuentan con un personal íntegro, calificado y razonablemente retribuido y que han incorporado plenamente las nuevas tecnologías, son los que están en mejores condiciones para alcanzar buenos resultados.
La globalización de la economía mundial, está teniendo un fuerte impacto en las relaciones económicas internacionales. Asimismo, la creación de espacios económicos integrados, alimenta la competencia fiscal entre los distintos países y fomenta el empleo de prácticas fiscales que favoreciendo el establecimiento de personas o sociedades en un país, resultan perjudiciales para los demás.
Las organizaciones fiscales deben reaccionar ante este nuevo reto y ser capaces de adaptarse con rapidez. Las técnicas de análisis de riesgos no pueden limitarse a aspectos locales; deben también completar esta nueva dimensión internacional.
Es preciso mejorar y explotar intensamente la cooperación administrativa internacional y la presencia en organismos multilaterales y esto incluye no solamente la firma de tratados y acuerdos internacionales sino el intercambio de información y desarrollo de actuaciones administrativas conjuntas de las distintas organizaciones tributarias nacionales.
En este sentido la administración tributaria juega sin duda un papel fundamental para la consolidación de la democracia y el adecuado funcionamiento del Estado que, en el caso de los países en desarrollo, exige en general su reforzamiento para dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, simplificar los trámites fiscales y limitar la discrecional de las autoridades fiscales.
Además, la aplicación del sistema fiscal debe quedar fuera del debate político; debe desarrollarse sólo en relación con el diseño de la política fiscal. Al mismo tiempo no se puede olvidar el impacto que los procesos de integración supranacional, económica y política está teniendo o va a tener en forma inmediata en las administraciones nacionales, por lo que es necesario complementar el perfil o los requisitos que deberá cubrir el jefe del SAT, como la duración en el cargo con un tiempo de evaluación razonable y la oportunidad de renovar dicha responsabilidad, los requisitos de su perfil y experiencia profesional, así como fortalecer a la institución, reconociendo la capacidad a los funcionarios fiscales de carrera para fortalecer el sistema impositivo mexicano, dándole visión a largo plazo, con capacidad para impulsar reformas
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y la fracción II del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, mismo que, por el tiempo, solicito se publique de forma íntegra en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidos.
El diputado Luis Maldonado Venegas (CONVERGENCIA): Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores: una de las características fundamentales en las relaciones comerciales de nuestra época es la utilización de la publicidad para promover la venta de un producto o de algún servicio. Sin embargo, muchas veces los textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que se utilizan pueden conducir al consumidor a error o a confusión en perjuicio de su propia economía, intereses y derechos.
El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligatoriedad del Estado para proteger a los consumidores, mandato del cual emana la Ley Federal de Protección al Consumidor, herramienta jurídica cuyo artículo 32 establece lineamientos para regular tanto la publicidad engañosa como la publicidad comparativa.
Seguramente todos nosotros coincidimos en que vivimos en una sociedad global, de información, que influye en todas las actividades vitales de las personas y en una economía de mercado en constante evolución, influenciada por los avances de la industria tecnológica mundial, lo que nos obliga, como legisladores, a mantener una permanente revisión y actualización de nuestro marco normativo en esta materia.
Por tal motivo, Convergencia considera indispensable reformar el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tanto en lo relativo a la publicidad engañosa como en lo concerniente a la publicidad comparativa con el propósito de proteger a los consumidores, los intereses de la sociedad en general y también a los ciudadanos cuya actividad habitual es el comercio y la industria.
La iniciativa que hoy someto a la distinguida consideración de ustedes tiene como objeto controlar la publicidad engañosa, entendiendo por tal aquélla que contiene información relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma que no sea veraz, auténtica y legal.
Por veracidad debemos entender la carencia en la publicidad de afirmaciones mentirosas, específicas, contrarias al interés colectivo y ausentes de claridad en cuanto a las condiciones de suministro de los productos, bienes o de la prestación de los servicios relativos.
Por autenticidad, que los contenidos publicitarios sean verificables y que el costo del producto, bien o servicio publicitado, en caso de incluirse, se refleje con precisión, ello es, se informe al consumidor sobre su costo total, especificando también el monto de los impuestos correspondientes.
Y por legal, que se a la normatividad existente en la materia, indicando la naturaleza, las características y los derechos del anunciante.
Consideramos que la adición de estos tres elementos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, permitiría un mayor control de la publicidad engañosa y facilitaría la acción de los consumidores o de sus organizaciones para proceder jurídicamente contra todo tipo de publicidad engañosa, pero al propio tiempo, los mismos publicistas contarán con criterios más específicos para evitar la producción de mensajes y de contenidos que pudieran ser considerados por la autoridad violatorios de la ley.
Lo que consideramos también como una reforma necesaria al artículo 32 multicitado, con relación a la publicidad engañosa, es dejar perfectamente establecido en el texto de la ley, la facultad que los consumidores tienen de interponer una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor contra cualquier publicidad engañosa a fin de que la autoridad administrativa pueda emprender las acciones para ordenar el cese de la misma o para emitir un comunicado rectificativo en los términos del artículo 35.
Consideramos que estas reformas que hoy proponemos contribuyen a proteger la situación económica de los consumidores, independientemente de que la publicidad que se considere engañosa concluya o no en la celebración de un contrato o en la adquisición de un bien o servicio.
Asimismo las medidas que se propongan le proporcionarán al consumidor mayores elementos para reflexionar respecto a su determinación de adquirir un bien o de utilizar un servicio y permitirán que las personas que participan en el ejercicio de una actividad comercial o industrial, tengan mayores garantías de competencia legítima.
Derivado de lo anteriormente expuesto, la fracción parlamentaria de Convergencia, propone reformar el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para fijar criterios mínimos y objetivos que permitan con mayor claridad determinar si una publicidad es engañosa en base a la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo Unico.- Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
Por publicidad engañosa se deberá entender aquella que no sea veraz, auténtica o legal, entendiendo por falta de veracidad, la utilización de afirmaciones mentirosas específicas, contrarias al interés colectivo y carentes de claridad en cuanto a las condiciones de suministro de los bienes o a la prestación de los servicios.
Por autenticidad, que los contenidos publicitarios sean verificables y que no contengan elementos informativos persuasivos y que el costo del bien o servicio publicitado, en caso de incluirse, se refleje con claridad. Ello es, se informe al consumidor sobre su costo total especificando el valor de los impuestos correspondientes.
Y por legal, que se apegue a la normatividad existente en la materia indicando la naturaleza , las características y los derechos del anunciante.
Los consumidores y las organizaciones de consumidores que tengan un interés legítimo en la prohibición de la publicidad engañosa, podrán proceder contra esta publicidad haciendo valer sus derechos ante esta Procuraduría, mediante la presentación de una queja formal que dará inicio al procedimiento por infracciones a la Ley a que se refiere el Artículo 123.
Es cuanto, señor Presidente.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de octubre del 2004.
Muchas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano (PAN): Gracias, don Luis Maldonado Venegas. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Economía.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 9, apartado A de la Ley de Coordinación Fiscal.
La diputada Nora Elena Yu Hernández (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
"Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el segundo párrafo en su artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal presentado por los suscritos diputados María Avila Serna, Nora Elena Yu Hernández y Miguel Lucero Palma de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México, bajo la siguiente
"Exposición de Motivos
"Compañeros ya es tiempo de que apoyemos al municipio, como todos sabemos es el responsable de proveer los diferentes servicios públicos que nuestra sociedad demanda día con día. Sin embargo, en materia de federalismo fiscal aun sigue permaneciendo rezagado en competencia tributaria o recaudatoria que le permita incrementar los recursos de la hacienda municipal.
"En ese sentido los estados y las poblaciones fronterizas de nuestro país, que cuentan con puentes internacionales, han mantenido vigente la solicitud de que los ingresos provenientes de los peajes que se cobran por concepto de sus cruces ubicados en territorio nacional, actualmente operados por CAPUFE, pasen a los estados y municipios y estos recursos sirvan de apoyo para dotar a las poblaciones de mejores servicios que signifiquen un detonador para el desarrollo y promoción de nuestra región.
"En la frontera norte son muchos y diferentes los problemas que enfrentamos en comparación con otros municipios del país, derivado al crecimiento explosivo del flujo migratorio por las oportunidades de trabajo provenientes de la industria maquiladora. Esto nos ha llevado a alcanzar una tasa cercana al doble respecto al que registra la media nacional, comparándonos con el Distrito Federal, Guadalajara, Puebla o Monterrey.
"Estamos ciertos que sería importante que la federación desconcentrara estos recursos y que los municipios donde operan estos puentes se beneficien para poder resolver un problema nacional, pero desde su origen local. Viene al caso recordar, ya que esto nos sirve para apoyar el sentir del municipio de operar a su favor los ingresos provenientes de los puentes, lo que haría valer el decreto del 29 de diciembre de 1978, expedido por el entonces Presidente Licenciado José López Portillo., dicho decreto no se ha cumplido en su propósito fundamental que establece que todos los bienes operados por las juntas federales de mejoras materiales pasaran posteriormente a la propiedad de los municipios.
"Las inversiones realizadas en dichas obras al correr del tiempo han sido recuperadas en su totalidad en la inmensa mayoría de los casos por el gobierno federal y son muy contadas las excepciones. En realidad el cobro del peaje, cuya justificación original se basaba en la recuperación de la inversión además de cubrir los gastos de mantenimiento, ha devenido en un impuesto que se carga la población de las regiones sin que represente algún beneficio sustancial para ellos.
"En ese sentido y sin perjuicio a los estados que se vieron beneficiados con la última reforma y por el principio de equidad, presentamos ante esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de reforma
"Decreto
"Artículo único.- Se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
"Artículo 9-A.- La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los estados y municipios donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto o inversión de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro de peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen a gasto corriente.
"La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o cuando así lo acordaren por ambos, en un 20 por ciento del monto que aporte la federación sin que la aportación de ésta exceda de un 25 por ciento del monto total de los ingresos brutos que se obtengan por la operación de los puentes nacionales de que se trate, y para los internacionales de un 50 por ciento de sus ingresos netos, del monto total de que se obtengan por la operación de éstos.
Para los municipios donde exista un puente o varios, puede ser sujeto de participación de éstos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de la menos 50 por ciento más uno de la recaudación potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio. En su defecto, podrá convenir un acuerdo de mejoras recaudatorias de la Hacienda Pública local con la Federación, para poder aplicar la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de recaudación señalando con anterioridad.
En caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debate del 50 por ciento, la cantidad de recursos se verá reducida la manera proporcional a disminución porcentual del nivel recaudatorio. Si en el momento de la firma nuevamente del convenio, el municipio se encuentra en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal.
El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Lo señalado en el presente artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el fideicomiso número 1936 del Fondo de apoyo al Rescate Carretero.
Transitorio.
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Segundo.- Por el ejercicio 2004, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continuará efectuando las aportaciones que le corresponden, de conformidad con los convenios que se hubieran celebrado con los estados y municipios, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente del 18 de noviembre del 2003, relativo a los puentes de peaje operados por la Federación.
Se elimina la aportación a los fondos mencionados, se hará por el Estado, por el municipio o cuando así lo acordare por ambos en un 20 por ciento del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25 por ciento.
"Palacio Legislativo, a cinco de octubre del dos mil cuatro".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias.
Un momento. Por favor señores.......
(Un grupo de diputados locales del PRD, sube a la tribuna con una manta, tapando toda la Mesa Directiva)
Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden (A las 11:52 horas)
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Jueves 7 de octubre de 2004
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI) (A las 11:34 Horas): Se reanuda la sesión.
Esta Presidencia desea expresar a la Asamblea que lamenta profundamente los hechos ocurridos el pasado martes durante la Sesión del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, misma que hoy reanudamos.
También reitera su voluntad de diálogo, intercambio permanente con todas las fuentes de opinión, la convivencia pacífica y el respeto entre poderes e instancias de gobierno que son vías ineludibles en la ruta de la democracia; pero ratifica su compromiso en el sentido de proveer las condiciones políticas y materiales para que las sesiones de la Cámara se lleven a cabo con respeto y civilidad a fin de que este Poder cumpla con sus cometidos constitucionales.
(Aplausos)
Tiene la palabra la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 45, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de información financiera.
La diputada Patricia Garduño Morales (PAN): Muchas gracias, señor Presidente.
Ciudadanas diputadas; ciudadanos diputados:
El 13 de noviembre de 1998, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de decreto para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objeto fue dotar con recursos federales adicionales y distintos de los correspondientes a la recaudación federal participable, a las haciendas de las entidades federativas, para que éstas pudieran llevar a cabo el correcto desarrollo de las responsabilidades en que hay concurrencia con la Federación.
Es así como se crearon dos nuevos Fondos de Aportaciones Federales: uno para la atención de la educación tecnológica y de adultos y otro para la seguridad pública.
El artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal dispuso que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, sería determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que a diferencia de otros fondos que tienen una asignación establecida en la ley, el Fondo para la Seguridad Pública tiene que proponerse, definirse y aprobarse cada año.
El párrafo tercero del artículo en comento, establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública establecerá los criterios para la distribución de los recursos antes citados entre los estados y el Distrito Federal.
Por su parte, el artículo 45 afirma la responsabilidad de realizar la determinación, distribución y aplicación de los fondos de los recursos de seguridad pública de conformidad con la información financiera, operativa y estadística que le sea proporcionada por los estados y el Distrito Federal, a la Secretaría de Gobernación, la cual a su vez pone esta información a disposición del Ejecutivo.
Dicha atribución a la Secretaría de Gobernación es incompatible con las modificaciones a la estructura de la Administración Pública Federal, que tuvieron lugar en el año 2000.
Con fecha 9 de noviembre del año 2000, diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal Preventiva y la Ley de Pesca, cuyo objetivo fue adecuar el marco normativo de la Asamblea Pública Federal a fin de reorganizar y fortalecer la eficacia de la función ejecutiva.
Entre las diversas reformas que se realizaron destaca el caso de la Secretaría de Gobernación a la que se le relevó de diversas funciones relacionadas con la seguridad pública y su principal tarea quedó vinculada con la gobernabilidad democrática, por lo que ahora sus funciones consisten en la conducción de la política interior; la conducción de las relaciones entre el Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, en la instauración de un Sistema de Información y de Investigación, así como en el fortalecimiento de las instituciones de gobierno.
Por otra parte las funciones de seguridad anteriormente encomendadas a la Secretaría de Gobernación recayeron en la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia creada con motivo de la reorganización administrativa y que vino a consolidar la transformación y el marco jurídico de seguridad de nuestro país.
Recordemos que fue en 1994 cuando se sentaron las bases de creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 1995 se promulgó la Ley General que se establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se creó el Consejo Nacional que es la instancia superior de coordinación.
Fue en 1998, cuando se readecuó la estructura de la Secretaría de Gobernación y se creó la Subsecretaría de Seguridad Pública y en 1999 cuando se creó la Policía Federal Preventiva, que también fue ubicada en la nueva estructura de la Secretaría antes mencionada.
Las reformas del 2000, representaron un importante esfuerzo en la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al transferir los órganos y recursos en materia de seguridad, a cargo de la Secretaría de Gobernación, a una dependencia encargada exclusivamente de ejercer funciones de seguridad pública.
Resulta evidente que estas importantes modificaciones no tienen correspondencia con las atribuciones que la Ley de Coordinación Fiscal, reserva a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública, toda vez, que las mismas deben recaer en la propia nueva Secretaría de Seguridad Pública, de conformidad con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal antes enunciada.
Por esta razón, la presente propuesta tiene como objetivo, transferir la atribución reservada a la Secretaría de Gobernación, en materia de recopilación de información financiera, operativa y estadística, para la determinación de los recursos presupuestales para la seguridad pública a la Secretaría de Seguridad Pública.
La modificación que se propone, parte del criterio de que al crearse la Secretaría, a ésta fue la transferida la responsabilidad de realizar las propuestas necesarias para reordenar y especializar el diseño y atención de la política criminal federal, que garantice la efectiva prevención del delito, así como desarrollar las políticas de seguridad pública, incluida la presupuestal con base en la información que le proporcione los estados para garantizar el mejor ejercicio de sus funciones. Por esta razón, proponemos la modificación al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Señor Presidente, en virtud de que esta iniciativa ya fue publicada en la Gaceta, le suplicaría que fuera también su texto íntegro, publicado en el Diario de los Debates.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y obséquiese la publicación íntegra del texto en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado la diputada.
Tiene la palabra el diputado Jesús Aguilar Bueno del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley contra la Delincuencia Organizada.
El diputado Jesús Aguilar Bueno (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.
El suscrito, diputado Jesús Aguilar Bueno, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II, del artículo 71 de la Constitución General de la República y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa que reforma el Código Penal Federal en materia de pornografía infantil, corrupción de menores, comunicación y correspondencia, revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipo de informática, falsificación de documentos en general, amenazas y revelación de datos personales, delitos en contra de las personas en su patrimonio: El Código Federal de Procedimientos Penales en materia de aseguramiento del inculpado y careos, así como, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de la naturaleza, objeto y aplicación de la ley, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos.
El pasado mes de enero esta Cámara fue sede el Foro Legislativo en Materia de Delitos Cibernéticos, que con la participación de representantes de sectores gubernamentales y privados de los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, España en representación del Consejo de Europa, así como la Organización de Estados Americanos, a través del grupo de expertos gubernamentales en delitos cibernéticos, fue convocado por la Comisión de Comunicaciones de esta Legisladora, con el apoyo operativo del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos.
La reunión de México, fue en gran medida el seguimiento de su similar, convocada en Lima, Perú en 1999 y tuvo como eje fundamental tres puntos:
Diagnosticar las actividades criminales dirigidas a computadoras o a la informática, diagnosticar las legislaciones latinoamericanas, las normas y prácticas internacionales referentes a estas actividades delictivas; identificar a las entidades públicas y privadas nacionales e internacionales con experiencia pertinente, a fin de identificar mecanismos de colaboración dentro del sistema interamericano para combatir los delitos cibernéticos.
De igual manera, las prioridades de nuestro trabajo se focalizaron precisamente al fortalecimiento e intercambio de información crítica sobre seguridad cibernética entre expertos y autoridades competentes y la consolidación de propuestas sobre la unificación de los marcos legales entre los Estados miembros de la OEA.
Como consecuencia de ello, los acuerdos básicos de la reunión derivaron sobre las definiciones fundamentales en la materia y dada la intrincada problemática que envuelve el tema de los delitos cibernéticos, particularmente en lo referente a la jurisdicción y territorialidad de las normas jurídicas, la nula capacitación entre investigadores, autoridades policiales, ministerios públicos o fiscales y jueces, la ausencia de bancos de datos confiables y compartidos, la existencia de imprecisiones jurídicas procesales en los diversos marcos legales de los Estados miembros de la OEA, así como la inadecuada asignación de presupuestos que garanticen la operación de los cuerpos de investigación policiales.
Se identificó la urgencia de comenzar a allanar el camino en cada país hacia la consolidación de esa necesaria cooperación internacional en cuando menos de manera elemental y nunca limitativa, en criterios definidos entre los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores, destrucción y falsificación de documentos y sistemas, fugas de información y fraude, como el mejor medio para propiciar en lo futuro el fortalecimiento de las legislaciones adjetivas y procesales, esencialmente en materia de mecanismos persecutores del delito.
Adicionalmente a ello, se ha propuesto impulsar la suscripción del Convenio de Budapest, del Consejo de Europa Sobre Cibercrimen, asunto del que ya conoce esta Legisladora mediante punto de acuerdo propuesto en el anterior Período Ordinario de Sesiones por diversos diputados miembros de la Comisión de Comunicaciones, así como el llamado a los Ejecutivos de nuestros países para impulsar un Acuerdo Interamericano de Cooperación Sobre Delitos Cibernéticos.
Dentro de este mismo marco, es importante señalar los esfuerzos de cooperación entre las diversas autoridades de nuestro país y los más importantes prestadores de servicios informáticos de México, así como las prestigiadas instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, reunidos en el Foro de discusión y análisis denominado "Grupo BC (¿) México" o "Delitos Cibernéticos México" que tiene como tarea fundamental la identificación, el monitoreo y el rastreo de cualquier manifestación delictiva que se cometa mediante computadoras conectadas en el territorio Mexicano o fuera de él y que tenga afectación a nuestro país.
Los resultados de estas discusiones y análisis dentro de este grupo, dan como resultado una serie de propuestas que en su parte esencial se incorporan a la presente iniciativa de decreto de reformas.
La carencia de un Estatuto Jurídico sobre internet y la consiguiente ausencia de regulación legal sobre los límites y el control sobre los flujos de información, son algunas de las notas características básicas de esta autopista de la información y por ello, como parte fundamental de la metodología de la investigación empleada para la elaboración de la presente iniciativa de ley, se propició un estudio técnico sobre derecho comparado entre diversas posturas internacionales sobre la materia, así y como parte importante e insustituible sobre las posiciones académicas existentes sobre los temas aquí incluidos, tomando como eje central tres puntos esenciales:
La descripción objetiva de los problemas que originan las medidas en que se sustenta la presente propuesta legislativa, sin que ello motive la creación o distorsionamiento teórico o material de la definición del delito; respetar los criterios ya definidos por nuestras propias normas jurídicas sobre la definición de los delitos, sus elementos integradores, la conducta y los criterios de tipicidad y la consideración de las nociones jurídico formales y jurídico sustanciales de la teoría de la Ley Penal en el derecho positivo mexicano, sustancialmente en cuanto a la interpretación de los ámbitos de validez material, espacial, temporal y personal.
Uno de los temas que considero más trascendentes de la presente iniciativa es lo referente a los delitos que involucran a menores de 18 años de edad y a incapaces, los que por su propia naturaleza trastocan los cimientos sociales y afectan el entramado político, cultural y la convivencia de nuestra Nación.
La pornografía infantil constituye un problema de dimensión internacional que se ha ampliado con la irrupción de nuevas tecnologías que han modificado las pautas de producción y difusión de este tipo de material.
La transformación de la producción y difusión de la pornografía infantil, abre interrogantes del Derecho Penal de diversa consideración, de una parte la trasnacionalidad del fenómeno obliga a buscar el consenso sobre aspectos de la tipificación de la denominada pornografía infantil virtual.
La pornografía seudoinfantil o simulada, la posición para el consumo visual y hasta en último término la edad de los menores, así como la polémica sobre la personalidad de los intermediarios.
Solo la definición jurídica del término pornografía infantil es compleja por cuanto depende de múltiples factores de tipo cultural, de creencias de tipo moral, de pautas de comportamiento sexual y hasta de conceptos religiosos.
En el caso de México la Secretaría de Seguridad Pública a través de la división de su policía cibernética, ha detectado hasta hace un año, a 397 comunidades o sitios web con pornografía infantil, de las cuales 197 son mexicanas. De igual manera esta corporación tiene conocimiento de la existencia de 4 millones de sitios web que explotan la pornografía, 60% de ellos son lucrativos y el 40 restante son producto del intercambio de material de persona a persona, pues en la actualidad se constata una tendencia según la cual el tráfico de este material pornográfico no viene precedido por el ánimo de lucro ni por motivos comerciales, sino que la red facilita en forma plena la organización de comunidades de pedófilos que la promueven y la transmiten y hasta de operaciones de bandas internacionales que utilizan sistemas informáticos como medio de promoción, sobre todo de reclutamiento.
Por esa razón la presente iniciativa que presento a su consideración hace referencia especial a éste y a los delitos relacionados con la corrupción de menores y realiza planteamientos específicos en cuanto a las conductas de venta, distribución, exhibición, como también de los actos de facilitación de las mismas. Mientras que en el tipo penal no queda limitado por el ánimo de lucro en la conducta, sino que se proyecta a supuestos, tanto de difusión gráfica, fotográfica, analógica, digital y de cualquier otra especie de tecnología.
Los preceptos aquí contenidos pretenden atender la multidiferenciada dimensión internacional del fenómeno. De ahí que los efectos de la aplicación del tipo penal sea indiferente al hecho de que el material tenga su origen en el extranjero o incluso desconocido. Precisamente porque su razón jurídica se enfoca a verificar las conductas de tipo penal en el espacio de validez mexicano.
Reitero, esta iniciativa es solo el primer paso de un largo recorrido. Debemos de fortalecer nuestro entramado penal para lograr una plena definición de la conceptualización de los delitos cibernéticos.
Es cuanto diputado presidente y solicito instruya la incorporación del texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
En el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que adiciona un artículo 32 bis y un nuevo capítulo décimoprimero al título segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes.
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (PVEM): Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados:
La Convención Internacional sobre los derechos del niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, constituyó un paso fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia, ya que estableció una serie de compromisos y lineamientos con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las niñas y niños de todo el mundo.
Por medio de la Convención, los estados parte se comprometieron a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, para dar efectividad a los derechos reconocidos en la misma.
En la actualidad los derechos infantiles se reconocer ampliamente en todo el mundo. Sin embargo y a pesar de los grandes avances pasar de la teoría a la práctica, sigue siendo aún un gran desafío. La Convención no ha sido ejecutada plenamente y los objetivos establecidos en la Cumbre de 1990, todavía están lejos de ser totalmente cumplidos.
Como causa de esta falta de compromiso, hoy en día millones de niños alrededor del mundo sufren a diario abandono, explotación y abuso, además de ser violentados muchos de los derechos que se encuentran plasmados en la convención.
Ante esta situación, los gobiernos tienen la obligación de agotar esfuerzos para fortalecer y hacer más efectiva la promoción y protección de los derechos de los niños. La supervivencia y el desarrollo de la niñez mundial, es fundamental para los países del mundo ya que las niñas y los niños son considerados como el futuro de la humanidad.
Acorde con este compromiso, el Congreso de la Unión aprobó –el 13 de diciembre de 1999- la reforma al artículo cuarto constitucional relativo a los derechos de la niñez, la cual reconoce –entre otras cosas- a todos los menores de 18 años como sujetos plenos de derechos y el derecho que estos tienen de ver satisfechas sus necesidades y alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Como producto de esta reforma constitucional y en conformidad con el compromiso hecho por nuestro país a favor de la infancia, se aprobó en abril del 2000 la Ley Nacional para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Según el artículo tercero, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurar un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, teniendo siempre por objetivo garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Mexicana.
Uno de los derechos establecidos en ella, es el que tiene cada mexicano a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que entró en vigor el primero de marzo de 1988, tiene también por objeto proporcionar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Para tal fin, las autoridades deben de tomar las medidas necesarias.
El derecho a un medio ambiente sano, es un derecho fundamental para el ser humano, tanto en su esfera individual como colectiva. El medio ambiente es la fuente de la vida de la raza humana, y todos los recursos naturales a partir de los cuales se satisfacen necesidades vitales.
La violación a este derecho es sumamente grave porque los deterioros ambientales afectan a la humanidad en su conjunto. En la actualidad, graves hechos de distinta naturaleza se están poniendo en peligro de forma creciente.
La existencia de la vida humana sobre la tierra, el medio ambiente, han sufrido un importante deterioro en perjuicio de la población. Aunque este deterioro repercute en la salud de todos los ciudadanos, los niños constituyen un grupo particularmente vulnerable a estas alteraciones debido a los cambios fisiológicos que experimenta durante la etapa de la niñez y al desarrollo del comportamiento.
La infancia se convierte en una población de alto riesgo a los efectos causados por la contaminación ambiental, aspectos que se ven mermados en condiciones de pobreza.
La contaminación ambiental provoca cerca de cinco millones de muertos infantiles al año en todo el mundo, y contribuye en casi un tercio al total de las enfermedades infantiles.
En México, las condiciones de niñez no son distintas, prevalecen altos grados de contaminación ambiental que se reflejan en grandes cantidades de niños y niñas que se encuentran expuestos a infecciones respiratorias, que son la principal causa de muerte infantil en las zonas rurales, y enfermedades intestinales y de la piel.
Las comunidades urbanas más pobres, también tienen un alto grado de vulnerabilidad al ser afectadas por enfermedades asociadas al deterioro ambiental.
El ambiente es patrimonio común de la humanidad, y por eso debemos contribuir a vivir en un medio ambiente sano, que propicie nuestro bienestar y salud. Todos los instrumentos jurídicos e instituciones nacionales e internacionales, reconocen a la contaminación ambiental como un problema universal y consideran que para su solución se necesita voluntad política.
Dado que el medio ambiente es un factor determinante en la salud infantil y una niñez sana, es un componente clave de desarrollo sostenible en un país, y con el fin de asegurar y proteger el derecho de la infancia en México, consideramos de suma importancia incluir en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes un capítulo que otorgue a todas las niñas y niños del país el derecho a un medio ambiente adecuado, pues el interés superior de la niñez debe ser una consideración primordial en todos los medios relativos que tomen las instituciones públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y en este caso los órganos legislativos.
Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país y buscando mayor congruencia entre la preocupación por el cuidado del medio ambiente y lo que se encuentra plasmado en la normatividad es que nos permitimos someter a la consideración de la 59 Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente decreto mediante el cual se adiciona un artículo 32 bis y un nuevo capítulo XI al título segundo del derecho de niñas, niños y adolescentes, denominado Derecho a un medio ambiente adecuado para que el capítulo XI devenga a ser el capítulo XII y los posteriores se recorran sucesivamente para quedar el título segundo en el XIV capítulo, todo para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para quedar como sigue:
Capítulo XI. Del derecho a un medio ambiente adecuado. Artículo 32 bis. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La familia, la comunidad y las autoridades federales deberán garantizar que el ambiente en que se desarrolla la niña, niño y adolescente sea adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.
Para tales fines: a) la familia proporcionará un hogar higiénico y en condiciones habitables y educará a sus hijos e hijas en hábitos que favorezcan la protección del entorno.
b) el gobierno federal promoverá la educación ambiental de las niñas, niños y adolescentes y buscará los mecanismos necesarios para la prevención, conservación y rescate del medio ambiente y los recursos naturales.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputado Kahwagi. Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Equidad y Género, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El diputado Guillermo Tamborrel Suárez (PAN): Con el permiso de la presidencia. A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, los diputados Margarita Zavala y Guillermo Tamborrel, en uso de las facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acudimos a esta soberanía para someter a su consideración la presente iniciativa de ley que reforma el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, bajo la siguiente exposición de motivos.
Los avances tecnológicos en muchos campos del saber hoy soy verdaderamente sorprendentes. la velocidad con que se generan y duplican los conocimientos que posee el ser humano en prácticamente todos los ámbitos es extraordinariamente veloz, razón por la cual el desarrollo del conocimiento, la innovación y el progreso tecnológico, así como el uso que se puede dar a dichos conocimientos debe ser certeramente responsable, sobre todo cuando el sujeto de investigación es el hombre mismo.
Es cierto que hoy la investigación científica debe tener un único límite, una frontera y sin duda alguna ésta debe ser, tiene que ser, la dignidad del ser humano, ya que finalmente es acertada la premisa que no todo lo que es científicamente posible es socialmente responsable, como se ha demostrado a lo largo de la humanidad.
En el campo de la medicina y la biología, los avances científicos y tecnológicos inimaginables hasta hace muy poco tiempo han sido particularmente extraordinarios. Hoy las avances científicos en el ámbito de la genética permiten descifrar la filiación o identidad genética de una persona. Hoy es posible detectar enfermedades, inclinaciones o proclividades a padecer determinados males, preclasificar facultades físicas, etcétera.
Por ello, y sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la humanidad se encuentra en el umbral de una nueva época, de una época en que la ingeniería genética transformará la vida de la sociedad al modificar las expectativas de vida con calidad, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades especiales, el incremento sustancial en la efectividad de los medicamentos, etcétera.
Descubrimientos y aplicaciones que si no son manejados y acotados responsablemente, pudiesen permitir a terceros desarrollar conductas discriminatorias y violatorias de los derechos fundamentales de todo ser humano como serían, entre otras muchas: Negarle el derecho a la educación, al determinar sus capacidades se pudiera restringir el acceso a oportunidades educativas y de formación; negarle el derecho a un empleo digno, das las capacidades y proclividades de cualquier persona, a ésta se le pudiesen negar oportunidades de empleo y capacitación; negarle la contratación o la adquisición de bienes y servicios como pudiesen ser créditos, seguros de vida, seguro de gastos médicos mayores o bien el de cobrarle primas más alto a cambio de dichas contrataciones, por mencionar sólo algunas acciones; negarle el derecho a la salud, al conocer la proclividad a padecer un determinado mal, alguien pudiese optar por considerar la no conveniencia de aplicar un tratamiento de salud costoso al asumir la no cura de un determinado mal o enfermedad o el surgimiento de otro mal.
Dado lo anterior y dado que cada mujer y cada hombre es un ser indivisible corporal y espiritualmente, un ser único, singular, irrepetible, con identidad propia y con una dignidad intrínseca, es menester reconocer y garantizar que su identidad genética sea exclusivamente suya y para ser utilizada únicamente en su beneficio.
Por ello todo ser humano tiene derecho a conocer su filiación o identidad genética y a que tal filiación sea protegida por las leyes que tutelan la privacidad, la intimidad y la no discriminación.
Amén de considerar la obligación que implica la congruencia en el campo de lo jurídico, tenemos que el asunto de la filiación o identidad genética, no es cualquier otro motivo ni cosa de menor trascendencia como el estado civil, las preferencias, las opiniones, el género o la edad, y que éste se pueda valorar como asunto de la salud por razones elementales y que saltan a la vista.
El asumir el tema de la no discriminación por caracteres genéticos como tema de la salud, implicaría el considerar a una determinada capacidad o incapacidad o a una propensión o proclividad, como una enfermedad, cuando en la realidad no lo son.
En este sentido es fundamental que atajemos contundentemente el peligro real y presente de caer en el determinismo genético que básicamente consiste en la creencia de que los genes determinan quiénes somos, incluyendo características de nuestro comportamiento o bien, el riesgo también presente de caer en el reduccionismo genético que se basa en el hecho de que entendiendo la composición molecular de un ser humano, podremos saber cuál es su futuro.
Asimismo y como se expresó anteriormente, las repercusiones de los descubrimientos de la ciencia genómica y sus aplicaciones, serán mayores en la medida en que estos últimos se acrecienten.
No hay duda que el impacto de los avances genómicos en la vida de las y los mexicanos, será cada día mayor.
Por lo anterior se hace necesario garantizar plenamente el que las personas no sean discriminadas por sus caracteres o identidad genética, de manera clara y contundente.
Por lo aquí expuesto y por todo aquello que no logré plasmar, pero que estoy cierto que ustedes habrán de aportar en aras de abatir la discriminación por caracteres genéticos, respetuosamente me permito someter a la consideración de esta soberanía popular, la siguiente iniciativa de ley que reforma el artículo 4º., de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue.
Artículo Unico.- Se reforma el artículo 4º. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para quedar como sigue: Artículo 4o. Para los efectos de esta ley se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, caracteres genéticos, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.
"Transitorio:
"Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Palacio Legislativo de San Lázaro octubre de 2004".
Y firman Margarita Zavala y Guillermo Tamborrel.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Gracias a usted diputado Tamborrel.
Esta Presidencia da la bienvenida a jóvenes de la Universidad Iberoamericana, que están en el área de galeras.
¡Muchas gracias por visitarnos!
(Aplausos)
Tiene la palabra el señor diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, perdón, el diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México entregó a esta Presidencia una iniciativa que crea la Ley Reglamentaria de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de los derechos de la prensa.
Por lo tanto, se turna a la Comisión de Gobernación. Insértese el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el señor diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A petición del propio diputado Omar Bazán, se retira del orden del día. Y tiene la palabra la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Martha Leticia Rivera Cisneros (PAN): Con su permiso, diputado Presidente.
"En nuestro país la defensoría de oficio tiene su origen en la Constitución de 1917, haciendo hincapié en que existían anteriores normas al respecto. Lo que nos interesa es determinar el desarrollo en la práctica del defensor de oficio a partir y como ya lo mencionamos de la normatividad aplicada en 1917.
"El Código Federal de Procedimientos Penales establece el servicio nacional de la defensa de oficio, que forma parte de la estructura orgánica del ministerio público, dependiente de la Procuraduría General, destinado a promover el derecho a la defensa gratuita para los casos que las leyes procesales lo determinen. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos la defensoría de oficio generalmente es para el inculpado y no para la víctima. Esta situación atenta contra el principio constitucional y del Estado de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso consagrado en nuestra Constitución en su artículo 20, párrafo primero.
"Hablar de la justicia para los que menos tienen es hablar de las defensoría de oficio, instituciones de las que se conoce muy poco pero que sin embargo son un instrumento que el Estado utiliza, excepto en los consultorios particulares para coadyuvar en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional. En efecto, el acceso a la justicia y el ejercicio del derecho de defensa se ven duramente afectados por las siguientes barreras:
"Costos de las notificaciones.
"Honorarios del abogado.
"El tiempo.
"La diferencia del poder económico de los litigantes.
"Poder adquisitivo de las víctimas del delito, etcétera.
"Las víctimas del delito se manifestaron en la megamarcha del pasado 27 de junio,
lo cual representó un acontecimiento histórico y simboliza un parteaguas del sistema político de representación democrática hacia nuevas opciones y este sector social expresó claramente la exigencia para que las autoridades demos el reconocimiento legal, la protección jurídica que requieren y que merecen los agraviados por el delito, así como un actuar inmediato y los resultados en la procuración e impartición de justicia.
"En suma, hemos realizado los instrumentos con los que cuentan los ciudadanos de escasos recursos económicos para el ejercicio y defensa de sus derechos, mismos que se muestran insuficientes frente al aumento en la demanda de tutela jurídica de la población, además de concebir graves errores estructurales.
"Debemos apuntar a que tanto el que tiene posibilidades económicas de recurrir a un patrocinio particular como el que no tiene, reciban servicios de calidad.
"Motivada en los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo de la fracción I del Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Único.- Se adiciona la fracción V y se recorre la actual para quedar como fracción VI del artículo 20 constitucional, para quedar como sigue:
"Inciso b) De la víctima o del ofendido.
"Fracción V.- En caso de que las víctimas o el ofendido no cuenten con los recursos económicos para solventar los servicios de un abogado, el juez le designará por derecho un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá la obligación de presentarse cuando le sea requerido.
"Transitorios.
"Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a siete de octubre del dos mil cuatro".
Es todo diputado Presidente.
(aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias diputada.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
El diputado. Gonzalo Moreno Arévalo (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.
"Compañeras y compañeros diputados: Pongo a su consideración la siguiente iniciativa que reforma los artículos 2º en su fracción I y X, sus fracciones VII y VIII y ésta última como una nueva edición, pasando por la actual fracción VIII, a ser la fracción IX y artículo 34 y artículo 6º, y los Capítulos Primero y Segundo de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, propuesta por su servidor, el diputado Gonzalo Moreno Arévalo.
"Es así que se hace indispensable que tanto las atribuciones de la autoridad como su competencia o su nombre o identificación como ente moral, queden clara y expresamente contempladas en las normas que le dan vida y atribuciones legales para mayor seguridad y certeza de los gobernados, por lo que tal y como ya lo ha hecho patente y consta en el vigente artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no existe como tal, ya que ahora ha tomado su lugar la Secretaría de Economía, debiéndose adecuar las leyes para que en la referencia a la autoridad competente quede plenamente identificada la que actualmente existe, por lo que acorde con la garantía de seguridad jurídica se consagran los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace necesario reformar el artículo 2º en su fracción I a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, con la finalidad de que la competencia conferida por la ley pueda ser ejercitada correctamente por la actual Secretaría de Economía, con la finalidad de dar mayor claridad, norma y seguridad jurídica al gobernado.
Dado que uno de los aspectos más importantes y de interés público general, es la implementación de interés de cultura cívica que nos permita abonar al crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad, como nación es imperativo buscar por todos los mecanismos posibles, la promoción y difusión, tanto de los valores cívicos-sociales como de nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos frente a nuestro gobierno y frente a nosotros mismos, por lo que esa es la intención de reformar el Artículo 10 de su fracción VII, VIII y IX de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones con respecto a la fracción VII, la modificación es única y exclusivamente para efectos de redacción, sustituyendo la coma y la "y" griega por el punto y coma.
Con respecto a la fracción VII se modifica totalmente con la implementación de un nuevo objeto o fin de las Cámaras y sus Confederaciones, tal y como lo es la de promover, orientar, impartir, capacitar sobre la realización de toda clase de trámites administrativos obligatorios, ante toda clase de autoridades administrativas con la que se pueda tener injerencia, por la virtud de las actividades empresariales y comerciales que desempeñan sus afiliados, con la finalidad de generar una cultura social de responsabilidad y observancia de la legislación, que regula sus actividades como sector productivo, dando paso así a nueva adición al recorrerse la actual fracción VII para pasar a la IX.
Nuevamente me permito reiterar la importancia que tiene el respeto irrestricto de las garantías constitucionales en la actuación de los órganos de gobierno y por el bien y la perseverancia del estado de derecho, que nos garantiza una vida armoniosa y con un desarrollo continuo y sustentable.
Por ello, y tal como lo marca la técnica legislativa en toda norma legislada, debe implementarse una consecución de temas en títulos y capítulos de manera lógica, armoniosa y sistemática, con la finalidad de que éstas sean operativas y asimilables de manera general.
Por lo que, si bien, en un normativo resulta imperativo implementar un Capítulo de Sanciones, con la finalidad de darle mayor coersatividad a la ley para su mayor y eficaz respeto y observancia, por lo contrario parte para un verdadero equilibrio en la aplicación de la ley, entre gobierno y gobernados, tal y como es el espíritu y la intencionalidad del Constituyente plasmado en los Artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe implementarse a su vez los correspondientes medios de defensa, por lo que pasa para mayor abundamiento y soporte de la presente idea, se citan a continuación y de manera textual las siguientes tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por tal razón, es imperante que la ley en comento contemple de manera clara la garantía de audiencia y por defensa, por lo que se propone la adición al Artículo 33 bis, en el sentido de que la Secretaría previo cumplimiento de la garantía de audiencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pueda aplicar las sanciones previstas en los Artículos 1º. y del Título Sexto, lo cual también se propone el que se implemente precisamente el Capítulo Primero de las Sanciones, con la finalidad de dar paso al Artículo 2º. del recurso de revisión en su Artículo 42 que establece que las personas afectadas por las resoluciones dictadas por la Secretaría con fundamento de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Asimismo se establece la modificación del Artículo 34 en su segundo párrafo, con la finalidad de adecuar la redacción, sustituyéndose la palabra siguiente por el número 35 con la intención de que se adicione el Artículo 34 bis en el cual se plantea a la Secretaría: "sancionará con amonestación a las empresas que incurran en la conducta siguiente".
Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los Artículos 2º. en su fracción I y X, en sus fracciones VII y VIII, y ésta última como una nueva adición pasando la actual fracción VIII a ser fracción IX, así como el Artículo 34 y el Artículo 6º., y se adicionan los Artículos 33 bis, 34 bis y 42, así como los Artículos 1º. y 2º. del Título Sexto de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confede4raciones, para quedar de la siguiente forma:
Artículo Unico.- Se reforman los Artículos 2º., en su fracción I y X, en su fracción VII y VIII, y ésta última como una nueva adición, pasando a la actual fracción, en el 8º., hacer la fracción IX, así como los Artículos 34 el Título Sexto y se adicionan los Artículos 33, 34 bis y 42 así como los Capítulos Primero y Segundo del Título Segundo de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
En el artículo 2º para los efectos de esta ley se entenderá por Secretaría de Economía, las cámaras tendrán por objeto prestar los servicios que determinen sus estatutos, así como los servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de interés general relacionados con el comercio y la industria que les sean autorizados o concesionados por las dependencias de administración pública.
Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza de sus estatutos y que la señalen otros ordenamientos legales.
La Secretaría, previo cumplimiento de la garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, podrá aplicar las sanciones previstas en el presente artículo.
Las personas afectadas por las resoluciones dictadas en la Secretaría con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Transitorios.
Artículo 1º. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 2º. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Economía.
Para presentar iniciativa que reforma el párrafo II de la fracción Primera del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Rogelio Alejandro Flores Mejía y Felipe de Jesús Díaz González, tiene la palabra el señor diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía (PAN): Con su permiso diputado Presidente.
Los suscritos diputados federales Rogelio Flores Mejía y Felipe de Jesús Díaz González, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por la fracción II del artículo 71 y por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto para reformar el párrafo II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes consideraciones:
Nuestro Estado Mexicano se rige por un sistema de derecho constituido por normas jurídicas que tienen una significación lógica y que han sido creadas de acuerdo con ciertos procedimientos, instituidos por una comunidad jurídica que se encarga de regular la conducta humana en un tiempo y en un lugar determinado, prescribiendo a los individuos deberes y facultades y estableciendo sanciones coactivas en el caso que dichos deberes no sean cumplidos.
Por voluntad del Congreso Constituyente de 1917, todas las normas entendidas como tales, esto es leyes, decretos, acuerdos y reglamentos, deben ceñirse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual constituye la esencia de la ley suprema de la Unión, tal y como lo establece en su artículo 133 constitucional. Esta facultad consagrada en el artículo 105 de nuestra Carta Magna suscribe un efecto dual en cuanto a las controversias declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que considera efectos generales y particulares dependiendo el caso específico que dio origen a la controversia.
En cuanto a la tutela jurídica, en lo específico de las controversias constitucionales, del análisis y de su evolución legislativa, se infiere que es un mecanismo procesal de rango constitucional que tiene como finalidad el someter a su revisión los actos o disposiciones generales que son considerados contrarios a nuestra Carta Magna. En este orden de ideas, la fracción I del artículo 105 constitucional tiene como fin proteger el ámbito de atribuciones constitucionales de los entes que se mencionan en dicho artículo, como son de manera genérica: la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.
El consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribuna de la constitucionalidad exige otorgarle mayores alcances a sus decisiones y resoluciones; exige emplear su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales para dirimir controversias entre los tres niveles de Gobierno, para fungir como garante del federalismo.
Si nos apegamos estrictamente al principio de supremacía constitucional, no existe razón para que los yerros legislativos de las legislaturas locales permanezcan indefinidamente dentro del derecho positivo. No existe razón alguna para que determinadas normas que han sido declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permanezcan en nuestras leyes, decretos, acuerdos y reglamentos.
Por ello, la presente iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que los diputados suscritos sometemos hoy al análisis y escrutinio de esta Honorable Asamblea, tiene por objeto el otorgar efectos generales a las resoluciones que la Suprema de Corte de Justicia declara inconstitucionales siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de un estado impugnado por uno o más de sus municipios.
Cabe destacar que el Constituyente del 17, buscó en todo momento que los municipios fueran la primera cédula de Organización Democrática del país y el primer órgano de representación política del individuo dentro de la sociedad.
Así, nuestra Constitución Política en su artículo 115 consagra la libertad municipal y la autonomía del ayuntamiento.
Nuestro ordenamiento jurídico establece que cada municipio debe ser administrado por un ayuntamiento de elección popular directa, el cual tiene la prerrogativa de administrar libremente su hacienda.
En consecuencia, nuestra Carta Magna establece la prohibición expresa y determinante de la existencia de una autoridad inmediata entre el municipio y los gobiernos de los estados para resolver cualquier tipo de problemas o situaciones a través de diversas figuras o entidades que constituyen factores reales de poder político con facultades administrativas y de gobierno.
Por ello, el objetivo de esta propuesta de reforma, es el de proteger al municipio de acciones de inconstitucionalidad en su contra, al otorgarle efectos generales a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas de unas de las entidades federativas impugnadas por uno o más de sus municipios integrantes.
Una de las demandas de nuestros días es la de arribar a un renovado federalismo. Por ello, es indispensable encontrar las vías adecuadas para solucionar las controversias en su pleno ejercicio que se puedan suscitar.
Al otorgarle efectos generales a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversias que versen a favor de uno o más municipios en contra de la inconstitucionalidad de las normas emitidas por los Gobiernos Estatales, se podrán modificar o en su caso derogar todas aquellas normas impugnadas que de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia por una mayoría de por lo menos ocho votos, atenten al principio de supremacía constitucional.
El modificar o derogar las normas inconstitucionales que atentan contra el municipio libre, a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo posibilita el fortalecimiento del poder judicial en su conjunto, sino que también permite eliminar la desigualdad que provoca el principio de relatividad y contrarrestar las arbitrariedades que desafortunadamente persisten en algunos gobiernos estatales o la norma declarada inconstitucional, ya no afectaría la generalidad de los municipios del Estado, en donde fue suscitada tal controversia.
Uno de los ejemplos más claros de los alcances que tiene la presente propuesta de reforma, lo podemos encontrar en el estado de Puebla. El 27 de enero de 1998, el Congreso local aprobó la ley para el federalismo hacendario del Estado de Puebla, dicha ley, contempla la creación de los llamados Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEMUN, a los que dicha ley les otorga el carácter de autoridades intermedias, prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, socava la libertad de autonomía de las que necesariamente deben gozar los municipios al introducir la figura jurídica de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.
En estricto sentido, los COPLADEMUNES son grupos de ciudadanos organizados que no fueron elegidos democráticamente y que tienen la facultad de decidir el destino y la aplicación de los recursos públicos para la construcción de obras que les corresponden en estricto sentido a los ayuntamientos municipales.
Los llamados COPLADEMUN son autoridades intermedias que condicionan la actuación de los municipios en cuanto a libre manejo de su patrimonio y la genuina administración de su hacienda.
Por esa razón, en su momento se interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se suscitó un conflicto entre un estado y diversos municipios, concretamente entre el estado de Puebla y los municipios de Acajete, Atlixco, Puebla, Chapulco, Nopalucan, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Tehuacan, Santiago Miahuatlán y San Pedro Cholula, todos ellos pertenecientes al Estado de Puebla.
La resolución dictada por el Pleno del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 10 de febrero del año 2000, que consta en la controversia constitucional número 4/98 y publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del estado de Puebla y en el Semanario Judicial de la Federación, declara la inconstitucionalidad de los artículos 13, 14, 44, 57, 73, 74, 75, 82 fracción II y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario de Puebla y de los actos de aplicación de dichas disposiciones. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno por unanimidad de 9 votos de los señores ministros.
No obstante, los beneficios otorgados por dicha resolución recayeron sólo en los 12 municipios que interpusieron la controversia constitucional; los demás, 205 municipios en el estado de Puebla, actualmente tienen la obligación de acatar dicha ley declarada inconstitucional.
Compañeras y compañeros legisladores:
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto ante esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnados por la Federación, de los municipios impugnados por los estados, de un estado impugnado por uno o más de sus municipios, o de los casos a que se refiere los incisos c), h) y k), anteriores y la resolución de la Suprema Corte de Justicia, las declare invalidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos".
Artículo Transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuando, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de establecer responsabilidades a todos los servidores públicos.
El diputado José Javier Osorio Salcido (PAN): Con su venia, señor Presidente.
El suscrito, diputado federal José Javier Osorio Salcido, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 constitucional y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifica el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se fundamenta en la siguiente:
Exposición de Motivos.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país en la actualidad, es sin duda alguna, garantizar el desempeño transparente, honesto y ético, de todos y cada uno de los servidores públicos, sin excepción alguna, respecto al ejercicio de sus funciones, así como erradicar en la ciudadanía la percepción negativa y adversa del funcionamiento de nuestras instituciones públicas.
Percepción que en gran parte ha sido propiciada por la indebida actuación de algunos servidores públicos, que valiéndose de las atribuciones inherentes a la función que desempeñan, han antepuesto intereses personales al interés público, social y nacional, al que están obligados a proteger y mejorar dentro de la esfera de sus facultades que integran la competencia constitucional o legal del órgano estatal al que representan.
Esta situación a todas luces se torna reprobable, toda vez que se considera que la función pública, no debe en ningún momento ser usada para el beneficio privado, en virtud de que su finalidad esencial es promover el bien común de todos los gobernados, por lo que en este sentido, cualquier conducta de un servidor público que privilegie intereses facciosos en detrimento del bien común de la sociedad, debe ser sancionado de manera eficaz por el marco normativo existente para tal efecto.
En virtud del establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos, constituye una aspiración fundamental de nuestro sistema democrático, así como una de las características esenciales de un verdadero estado de derecho, toda vez que se considera que para propiciar un desempeño correcto y transparente de los servidores y evitar cualquier abuso en ejercicio de su función pública, es necesario que nuestro Sistema Jurídico Mexicano no sólo provea a los gobernados de medios jurídicos adecuados para impugnar la actuación arbitraria e ilegal de las autoridades, sino que además cuente con disposiciones legales específicas, claras y eficaces, encargadas de determinar los sujetos obligados a observar este tipo de normas y sancionar su indebida actuación en caso de ser necesario.
Lo anterior es así, debido a que en todo estado de derecho la sujeción a la Constitución, así como a las leyes que de ella emanan y de inherente obligación de responder en caso de su incumplimiento, constituye un pilar fundamental en el que descansa la buena marcha y funcionamiento de nuestras instituciones públicas.
Por lo tanto, se hace necesario pugnar porque en nuestro sistema normativo, concretamente desde nuestra ley fundamental, exista una verdadera delimitación jurídica del ámbito personal, la aplicación de la norma en materia de responsabilidades de los servidores públicos, así como de las funciones y atribuciones de los titulares de los órganos del gobierno sujetos al régimen de responsabilidades, previstas por el título cuarto de la Constitución, los cuales deberán basar su actuación con apego a la Constitución y a las leyes que derivan de ella.
Cabe puntualizar que le corresponde al Poder Legislativo propugnar por la existencia de un marco jurídico acorde a la realidad actual por la que atraviesa el ejercicio de la gestión pública en donde se desenvuelva todo servidor público que reconozca sus derechos, pero que también le imponga obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones, las cuales vayan enfocadas a la tutela de los derechos de los gobernados frente al actuar de cualquier autoridad, misma que le permita, cuando así sea necesario, exigir por la vía legal, la imposición de sanciones a que se haga acreedor el servidor público que traicione los principios de legalidad, lealtad y honradez e imparcialidad de la función pública e incluso exigir la rendición de cuentas de la gestión realizada por el servidor público durante su encargo y en caso de encontrar alguna irregularidad, fincarle la responsabilidad de acuerdo a lo que establezcan las leyes.
Sin duda alguna, la delimitación del concepto del título cuarto de nuestra Carta Magna respecto a su ámbito personal de validez, es el resultado de la necesidad de identificar a las personas físicas que desempeñen un empleo, cargo o comisión para el Estado, para efecto de que con base al marco jurídico se pueda demandar el cumplimiento de las obligaciones que por disposición legal se está obligado a cumplir.
Ante dicha situación, es necesario señalar que tanto la propia Constitución como los ordenamientos legales derivados de ella referente a las responsabilidades de los servidores públicos, no definen el término de "servidor público" como tal, pues lo únicamente que hace es señalar de manera enunciativa a quienes se otorga ese carácter, más no enuncian a quien se considera como servidor público.
En tal virtud, con base a las anteriores consideraciones, se estima que los trabajadores pertenecientes al Poder Legislativo, al Poder Judicial, así como a los órganos autónomos el Banco Central y la Comisión de Derechos Humanos, al igual que los trabajadores desempeñan un empleo, cargo o comisión en la administración pública federal o en el Distrito Federal, mismos que actualmente se encuentran considerados expresamente como servidores públicos por el texto constitucional con independencia de la naturaleza de sus funciones que desempeñan y de su nivel escalafonario por virtud del vínculo laboral existente con el Estado, concretamente con el poder integral del Supremo Poder de la Federación, tal como lo dispone el artículo 49 constitucional como lo es el Poder Legislativo o en su caso el Poder Judicial o bien el Poder Ejecutivo, deberán de ser considerados para todos los efectos legales como servidores públicos y por lo tanto sujetos al régimen de responsabilidades previstas en el título cuarto de la Constitución.
Con esta iniciativa clarificamos el texto constitucional al establecer de manera expresa dicha previsión, sin tener que llegar a recurrir a diversas interpretaciones para dilucidar el alcance de la norma constitucional en cuestión.
Los funcionarios y demás empleados del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos autónomos, son considerados servidores públicos y por ende, es necesario clarificar dicha situación en el texto constitucional; esto estriba en el sentido de que la propia ley reglamentaria del título cuarto constitucional en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, atendiendo al espíritu perseguido por el Constituyente en el sentido de establecer un régimen general de responsabilidades aplicables a todos y cada uno de los servidores públicos, ha contemplado para efectos de su ámbito personal como sujetos obligados a observarla no sólo a los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional, sino a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales en virtud, -resulta lógico- si para efectos legales serán considerados servidores públicos las personas que manejen o apliquen recursos públicos federales, con mayor razón serán los funcionarios y empleados de los Poderes de la Unión, como en este caso lo es el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos, en virtud de la formalización de su relación jurídica, laboral directa, con el poder referido, mediante un nombramiento previamente expedido por el órgano competente y que legalmente lo posibilite para desempeñar un empleo, cargo o comisión para éste.
Compañeras y compañeros legisladores: Esta propuesta al prosperar haría coincidente y coherente lo establecido por la Constitución y sus leyes secundarias, en este caso el Código Penal Federal en su Apartado relativo a los delitos cometidos por los servidores públicos.
Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
Proyecto de decreto que modifica el primer párrafo del artículo 108 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO UNICO: Se modifica el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTICULO 108. Para las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal.
Los funcionarios y empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el Poder Judicial Federal o en el Poder Judicial del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como los servidores del Instituto Federal Electoral, del Banco Central y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
TRANSITORIO
UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul) Pido la palabra.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Diputado Gutiérrez de la Garza, ¿con qué objeto?
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul) Gracias diputado presidente. Para solicitarle con fundamento en el artículo 106 de nuestro Reglamento, en relación al vigesimoséptimo del acuerdo parlamentario para el manejo y orden y discusión en sesiones, la verificación de quórum y en consecuencia que ordene se abra el sistema electrónico por el tiempo que considere usted prudente. Gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para obsequiar la petición del diputado Gutiérrez de la Garza y con el objeto de verificar el quórum, esta presidencia instruye se abra el sistema parlamentario de asistencia, votación y audio automatizado, hasta por 10 minutos para tal efecto.
Mientras transcurre ese tiempo se continuará con el desahogo de esta sesión.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y abrase el sistema electrónico para la verificación de quórum hasta por 10 minutos.
En tanto, tiene la palabra el diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación en materia de trámites.
El diputado Tomás Antonio Trueba Gracian (PAN): Con su permiso diputado presidente.
Proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Esta es una iniciativa que complementa a la reforma que hice a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 1o., la cual ya fue presentada ante esta Honorable Asamblea.
En el proyecto de reformas y adiciones, se busca que las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estén obligadas a inscribir los trámites fiscales en un registro, así como asegurar que éstas precisen la información que los particulares deben entregar o conservar para cumplir con sus obligaciones fiscales ordinarias y para obtener un beneficio o servicio y se impongan una serie de disciplinas en las promociones correspondientes.
La identificación explícita y transparente de los trámites y formatos fiscales, representa un elemento fundamental de transparencia que no vulnera la recaudación y la implementación de disciplinas esenciales obligatorias para dichas autoridades. Promueve el estado de derecho y la seguridad y certeza jurídica para los contribuyentes.
El proyecto de reformas y adiciones otorga diversos derechos a los particulares y sus disposiciones imponen disciplinas a las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda.
En sí mismo, el anteproyecto recoge lo que ha sido una exigencia constante de los sectores productivos y de la ciudadanía en general.
Con el fin de facilitar la mejora y simplificación expedita de trámites en beneficio de los ciudadanos, las autoridades fiscales podrán precisar en el registro aquellos trámites que los particulares podrán presentar opcionalmente.
La transparencia y la seguridad jurídica de los particulares, son prioridades de la reforma fiscal. Por ello, se establecen reglas claras que si son invocados correctamente, permitirán a los particulares oponerse legalmente a las exigencias de trámites y requisitos que no se prevean en el registro.
El marco regulatorio de las instituciones presupuestales, contiene avances y retrocesos en un proceso de descentralización fiscal. En nuestro país, estas instituciones presupuestarias tienen un importante papel, ya que su existencia alienta la disciplina fiscal.
La actividad financiera del estado constituye un fenómeno económico, político, jurídico y sociológico que como cualquier otra actividad estatal debe estar regida por la ley con el fin de garantizar que el actuar de la autoridad no transgreda los límites que le impone la norma jurídica y salvaguardar la certeza en cuanto a sus derechos y las obligaciones de los ciudadanos en su responsabilidad de contribuir al gasto público, por lo que se hace necesario las reformas al Código Fiscal de la Federal que permitan a los ciudadanos tener más transparencia y seguridad jurídica, administrativa en su participación en la Hacienda legal.
Actualmente no se tiene claro qué se debe entender por trámite en materia fiscal, por lo que es necesario definir trámite ante estas autoridades y no dejar duda alguna sobre la naturaleza de estos. No sólo se comprenden los trámites obligatorios sino también los relacionados con la obtención de un beneficio o servicio.
No se comprende en la definición aquella documentación o información que los particulares deban presentar en caso de un requerimiento por parte de las autoridades fiscales en el ejercicio de sus atribuciones de comprobación.
Resumiendo, este proyecto de reformas y adiciones otorga diversos derechos a los particulares, y sus disposiciones imponen disciplinas a las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En sí mismo, el proyecto parte de la experiencia de un experto, como el licenciado Francisco Ciscomani (?), el cual ha recogido la exigencia constante de los sectores productivos y la ciudadanía en general.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
Se reforma el artículo 19 en su segundo párrafo, y se adiciona al artículo 33 un último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
"ARTICULO 19.- El otorgante de la representación podrá solicitar a las autoridades fiscales, la inscripción de dicha representación en el registro de representantes legales de las autoridades fiscales, y ésta expedirá la constancia de inscripción correspondiente, junto con la asignación de un número de identificación al interesado, quien al citar dicho número en los trámites subsecuentes que presente, no requerirá asentar los datos ni acompañar los documentos que acrediten su personalidad, mencionados en el artículo 19 y 19, primer párrafo de este código, salvo el señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción.
El número de identificación se conformará en los términos que establezca el servicio de administración tributaria, con base en la clave del Registro Federal de Contribuyentes.
Artículo 33. Por trámite deberá entenderse cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales hagan ante las autoridades fiscales, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o en general, a fin de que se emita una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que sólo tenga que presentarse en los casos de un requerimiento de las autoridades fiscales o la interposición de los medios de defensa que correspondan.
Transitorio. el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El siguiente punto del orden del día, a petición de su iniciante, se ha pospuesto de este orden del día.
En consecuencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste de México, tiene la palabra el señor diputado Angel Juan Alonso Díaz Caneja.
El diputado Angel Juan Alonso Díaz Caneja (PAN): Con su permiso, señor presidente. Iniciativa por la que se reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste de México adquiera el carácter de comisión ordinaria y se denomine Comisión para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.
México vive una transformación en todos los órdenes. En esa transformación el Poder Legislativo federal se concibe como un representante de la sociedad y de las instituciones nacionales y queda obligado a coordinar y dirigir el esfuerzo nacional para abatir el rezago económico, las injusticias sociales y sobre todo los desequilibrios regionales.
La calidad del Poder Legislativo depende hoy de su capacidad para cambiar inteligentemente, partiendo de la premisa de que el desarrollo es para las personas o no es desarrollo.
Contempla, entre otros, nuevas políticas públicas para el desarrollo humano, la lucha contra la pobreza, la promoción de la inversión, el desarrollo productivo y la realización de inversiones estratégicas de infraestructura que permitan a la región comunicarse mejor y aprovechar sus potencialidades.
De acuerdo al censo de población y vivienda del 2000, la región sur-sureste, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán presenta las siguientes características.
En la región habitan 28 millones de personas, 43 por ciento de la población total del país. 74.4 por ciento de la población indígena de México vive en esta región. El índice de escolaridad promedio es de 6.7 años, lo cual es comparativamente menor al índice de escolaridad promedio del resto del país, que es de 7.6 años.
Asimismo, otros datos muestran que el grado de dispersión de la población en localidades pequeñas es mucho mayor en el sur-sureste que en el resto del país. Ello dificulta sin lugar a duda la provisión de servicios públicos e infraestructura.
Dentro de estas localidades pequeñas en la región sur-sureste existen más de 23 mil localidades en condiciones de aislamiento, sin caminos y fuera del círculo de influencia de ciudades, cuya población también vive en condiciones sumamente precarias.
De igual modo el censo muestra que de las diez entidades con mayor grado de marginación en la República Mexicana, 8 están en el Sur-Sureste.
El rezago es evidente, principalmente en estados como: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde existen altos niveles de desnutrición infantil, baja escolaridad promedio y una pobre dotación de infraestructura básica, como son: Carreteras, energía eléctrica y otros servicios.
De los 851 municipios del país, considerados por la CONAPO como de alta y muy alta marginación, donde radican 10.6 millones de habitantes, 714 municipios, es decir, el 83.9 se concentran en la región sur-sureste, habitando en ellos 8 millones de habitantes.
De hecho en esta región más de la mitad de los municipios tienen alta y muy alta marginación y cada 3 de sus habitantes, vive en estos municipios.
En este contexto sometemos ante la Honorable Asamblea las siguientes
CONSIDERACIONES:
Que conforme a lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea igual, integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que mediante el fomento de crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio a la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
Que en ejercicio de la representación nacional que ostentamos los diputados y diputadas federales, pero especialmente por la vinculación que con los problemas estatales y regionales tenemos los diputados electos en las entidades y circunscripciones que comprometen a la Región Sur-Sureste, resulta pertinente que mediante un ánimo responsable de colaboración y coordinación a través de los instrumentos que legalmente dispone la Cámara de Diputados, nos sumemos a la convocatoria formulada por todos los partidos políticos nacionales, para impulsar el desarrollo regional, así como la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal para seguir avanzando de manera sostenida los programas y acciones en beneficio de esta zona del país.
Que los nueve gobernadores de las entidades del Sur-Sureste han manifestado enfáticamente su apoyo a esta Comisión, a objeto de coordinar y coadyuvar acciones con el Poder Legislativo para fomentar y dar seguimiento a las políticas, estrategias y programas que se emprendan para contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes de esta región.
Que la Comisión Especial del Sur-Sureste de la anterior legislatura presentó similar iniciativa al pleno, turnándose a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, mismo órgano que dictaminó favorablemente, pero el proceso legislativo no concluyó, toda vez que el referido dictamen sólo quedó de primera lectura durante el último día de las sesiones de la legislatura anterior.
Por todo lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste de México, de acuerdo al siguiente
DECRETO
Artículo 1º.- Se adiciona la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue... En su capítulo Sexto de las Comisiones y Comités, artículo 39:
Punto Uno.- Las Comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a la que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
Punto Dos.- La Cámara de Diputados cuenta con Comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:
De la 1 a 8 como está.
Punto Nueve.- Comisión para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste de México.
3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.
"Artículo Transitorio:
"Unico.- La presente disposición entra en vigor al siguiente día de su publicación".
Señor Presidente, solicito se publique el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Muchas gracias compañeros y compañeras y espero su apoyo para la región del sur-sureste.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Muchas gracias a usted, señor Diputado.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Y publíquese el texto íntegro como es la solicitud del señor diputado tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto que adiciona una base sexta al apartado c) del artículo...
Sonido a la curul del señor diputado Eduardo Espinosa.
El diputado Eduardo Espinosa Pérez (PRD Desde su curul): ¡Presidente: Antes de que dé el trámite de primera lectura, el grupo parlamentario quiere presentar una moción suspensiva a la asamblea!
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor Diputado: Esta Presidencia le notifica que no procede la moción suspensiva que usted está promoviendo, ya que no se encuentra a discusión el dictamen. Es de primera lectura.
(Aplausos)
...de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto que adiciona una base sexta al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sonido a la curul del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI Desde su curul): Gracias, diputado Presidente.
Si hay algo que ha caracterizado al pleno de esta honorable Cámara de Diputados ha sido un seguimiento estricto al estado de derecho. Hace pocos días con relación a un asunto a tratarse en lo particular, la compañera Malú Micher, el propio diputado Pablo Gómez, secundado por un servidor, exigíamos la publicación de un tema en lo particular. ¿Por qué? Porque la premisa de la cual parte la discusión o debate de un tema en esta Cámara de Diputados es que todos los diputados conozcamos de los asuntos a ventilarse en esta Cámara.
El asunto que nos ocupa, que acaba usted de señalar, desde el pasado jueves, es decir hace una semana, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es un tema del que todos los diputados tenemos pleno conocimiento de él y del cual obviamente estamos preparados para el debate, para la discusión y votación con civilidad, con lo que debe caracterizar a un Poder Legislativo.
En ese tenor le solicito, de la manera más atenta, con fundamento en el artículo XXII del Acuerdo Parlamentario, se dispense la primera y la segunda lectura del asunto que nos ocupa, toda vez que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria desde hace una semana y el pleno de esta Cámara de Diputados está en posibilidades de debatir con argumentos y no con situaciones de hecho.
Gracias, diputado Presidente.
(Aplausos)
El diputado Pablo Gómez Alvarez (PRD. Desde su curul y sin micrófono): ¡Presidente!
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sonido a la curul del diputado Pablo Gómez.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (PRD. Desde su curul): Solicito la palabra para hablar en contra de la solicitud del diputado preopinante.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ahí está el sonido...
El diputado Pablo Gómez Alvarez (PRD. Desde su curul): ¿Quiere que lo haga desde la curul?
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor Diputado.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (PRD. Desde su curul): Preferiría hacerlo desde la tribuna, si usted me lo autoriza.
(Voces a coro en la sala: "¡Nooooo!")
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Es de obsequiarse al señor Diputado que lo pueda hacer desde la tribuna.
El diputado Pablo Gómez Alvarez: Gracias diputado Presidente.
Ciudadanas y ciudadanos diputados: El Presidente ha dado el trámite de Primera Lectura a un dictamen que pretende adicionar con una nueva base el artículo 122 de la Constitución y contiene también tres transitorios.
Este ha sido un asunto muy debatido, creo que hay otra posible solución para compensar a todos los estados que han quedado desfasados en el gasto educativo. Esa es la propuesta que nosotros hemos presentado, para crear un nuevo ramo presupuestal que compense ese gasto excesivo y beneficie a todos los estados que han estado sufriendo una carga de educación básica demasiado grande.
No hablamos entonces de la ciudad de México sino de todo el país. Creo que lo podemos hacer, creo que podemos también emitir un decreto del Congreso, de acuerdo con la fracción VII del artículo 3º de la Constitución, obligando al gobierno local de la ciudad y al gobierno federal a proceder a la descentralización en los términos de la Ley Federal de Educación de nuestro país.
Y podríamos resolver el problema de manera más equitativa, sin sentar el precedente del embargo de fondos fiscales a ninguna entidad. Esa es una primera cuestión. Esto requiere tiempo para ser analizado por las partes más interesadas de esta Cámara, por los grupos parlamentarios.
Segunda cuestión. Es evidente que este no es un asunto de obvia resolución, puede ser de obvia resolución para una persona que no toma en cuenta las opiniones de nadie más. Pero habiendo una oposición fuerte, un debate nacional bastante agudo sobre este tema, no estamos hablando de algo obvio.
Segunda cuestión. No es tampoco de urgente, porque es muy dudoso que un decreto de reforma constitucional pueda ser urgente cuando el trámite es largo. No existe por lo tanto una urgencia comprobable.
El reglamento en su artículo 59 permite dispensar la Segunda Lectura, sobre la base de que sea de urgente y obvia. ¿Quién califica la urgente y obvia?
(Un diputado grita: ¡La asamblea)
No, se equivoca diputado, no conoce usted el reglamento. No es la mayoría, son las dos terceras partes de la asamblea, de los presentes.
También existe la posibilidad de que una mayoría tan grande como de dos terceras partes, sea completamente arbitraria.
(Abucheos en el salón)
Si hay la posibilidad. Puede haber una mayoría de 90 que considere que lo rojo es negro y que así lo decrete de manera arbitraria.
No, mire, no se apure, yo he tomado esta tribuna codo con codo con Vicente Fox.
(aplausos del PRD)
El señor Fox ha venido aquí a tomar la tribuna para impedir la sesión y yo estaba junto con él y no me avergüenza decírselos, al contrario, me enorgullece haberlo hecho.
(aplausos del PRD)
¡Para evitar la arbitrariedad de la mayoría, para evitar el atropello de los derechos de la minoría, para eso! ¡Evidentemente esto no es un asunto de urgente y de obvia!
(Diputados del PRD corren hacia la Mesa Directiva)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame señor diputado.
El diputado Pablo Gómez Alvarez: ¡Señor Presidente, haremos lo necesario para que no se tome la votación de un acto arbitrario de algo que no es de urgente ni de obvia resolución!
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera:¡Permítame señor diputado! ¡Señor diputado Pablo Gómez!
El diputado Pablo Gómez Alvarez: ¡Señor Presidente, esa es la decisión que hemos tomado en el pleno ejercicio de un derecho de minoría! ¡Estamos dispuestos a discutirlo el martes, no hoy! ¡No hay urgencia, no hay situación de decreto de obvia resolución!
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame señor diputado.
Por haber sido publicado en Gaceta Parlamentaria, es de Primera Lectura. Para poder desahogar lo que usted está solicitando, como también solicitó el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, tendríamos que consultar a la asamblea.
Al ver esta disposición que ustedes han tomado, que por cierto no tengo más arma que el cumplimiento de la ley y apelar a la dignidad de los diputados, pudiéramos llevar a cabo una reunión de carácter civilizada y no existen las condiciones; declarado de Primera Lectura se decreta un receso y se invita a los señores coordinadores ...
(Desorden en el Salón)
Perdónenme. Es disposición de la Presidencia de la Cámara, para evitar estas acciones de violencia que a nadie dignifican, declarar un receso e invito a los coordinadores de las fracciones parlamentarias a tras banderas, a conversar sobre lo que más conviene a un Congreso que debe de dirigirse con dignidad y con decoro. (A las 13:17 horas)
(R E C E S O)
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Martes 12 de octubre de 2004
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI): A las 11:03 hrs.) Pido a la Secretaría me certifique el quórum de la Sesión.
La Secretaria Gabriela Larios Rivas (PRI): Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 428 diputados.
Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a apagar el sistema de asistencia y votación.
La misma Secretaria: Ciérrese el sistema electrónico.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura al dictamen en referencia.
El Secretario Antonio Morales de la Peña (PAN): Por instrucciones de la Presidencia con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudades diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Diputado Presidente, la mayoría calificada por la afirmativa.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se le dispensa la Segunda Lectura.
Con toda atención la Presidencia invita muy cordialmente a los señores representantes de los medios de comunicación para que puedan ocupar sus lugares que tienen asignados para cumplir su importante labor informativa y nosotros poder continuar con nuestro trabajo.
Sonido en la curul del diputado Iván García Solís.
El diputado Iván García Solís (PRD) (desde su curul): Solicito hacer uso de la palabra en la tribuna, con el objeto de presentar una moción suspensiva.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está a discusión en lo general. Usted tiene la palabra.
El diputado Iván García Solís (PRD): Presidente. Ciudadanos diputados. Ciudadanas diputadas. Los suscritos, diputados federales, a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 109, 110 y 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente moción suspensiva.
CONSIDERACIONES:
Al contradictorio documento que se pretende hacer pasar por dictamen, debemos considerarlo nulo, debido a que es producto de burdas violaciones a los procedimientos parlamentarios que enunciamos, en vez de Comisiones Unidas, figura reconocida e indispensable en el proceso parlamentario, hubo Comisiones Desunidas, Dispersas y Manipuladas, en las cuales los proponentes eludieron el debate e incurrieron y en la vieja y antiparlamentaria práctica de la votación mecánica, además, por lo menos, en un caso, en la Comisión de Puntos Constituciones, no se integró el quórum.-
Por todo lo anterior, el documento que hoy se nos presenta en calidad de dictamen, debe ser considerado en estricto derecho inválido, este seudo dictamen llega al colmo de la irresponsabilidad, al no cuantificar el impacto presupuestal que resultaría de aprobar la iniciativa, ni contiene opinión alguna de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con lo que se incumple el Artículo 71 del Decreto de Presupuesto de Egresos 2004. Por ello mucho mayor irresponsabilidad sería la de este pleno si consintiera en discutirlo.
En suma: la propuesta de reforma constitucional que hoy se presenta a la consideración de esta asamblea vulnera en su viciado procedimiento, los principios de deliberación, información, enmienda, legalidad y publicidad consustanciales a un desempeño legislativo democrático.
Además de estas graves violaciones, mismas que cualquier congreso respetuoso de la legalidad bastarían por sí mismas para suspender la discusión, existen razones de fondo: esta reforma, en efecto, impondría a la entidad, según cálculos del Gobierno del Distrito Federal, recortes de hasta 9 mil millones de pesos. Esta merma equivaldría al presupuesto actual de 10 de las 16 delegaciones o al 40% de los recursos federales que se destinan a la capital.
Los patrocinadores de la reforma saben perfectamente que el Gobierno, ante el recorte de recursos, podría verse obligado a afectar presupuestos de las delegaciones o servicios fundamentales para la ciudad. Está en jaque, podría estarlo el apoyo económico a la población de la tercera edad, a madres solteras y a otros grupos vulnerables, así como construcción de obra pública benéfica para la ciudad. En realidad los impulsores lo saben, por eso es precisamente que persiguen la reforma.
Esa reforma, su verdadero objetivo, digámoslo desde hoy y claramente, es enderezar un nuevo y desesperado intento de dañar la imagen y popularidad del Gobierno de la Ciudad y quien lo encabeza. Se pregona una falacia: que la Ciudad de México es privilegiada. No lo es; la Ciudad de México es generosa, abierta y ha colaborado en los últimos 10 años más que ninguna otra entidad al soporte de los gastos federales.
Por todo eso, por todo lo anterior presento la siguiente moción suspensiva:
Primero. Se suspende la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una base VI al Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se devuelve a las Comisiones Unidas de Educación y Servicios Educativos, Puntos Constitucionales y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, con objeto de que sesionen efectivamente en Comisiones Unidas y de que cumplan con lo dispuesto en el artículo 71 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, que las obliga a realizar una valoración del impacto presupuestario.
No, no, digo claramente, digo enfáticamente no a la sustracción de recursos de la Ciudad de México, sí al federalismo genuino; no a este robo a las finanzas públicas de la Ciudad de México.
Eso es todo.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En virtud de que no existe orador registrado para impugnar esta moción suspensiva, consulte la Secretaría a la asamblea si se toma en consideración o se desecha.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por el ciudadano diputado Iván García Solís.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Diputado Presidente, la mayoría porque se deseche la moción suspensiva.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, los siguientes ciudadanos diputados:
Por Convergencia, Jesús González Schmal; por el Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña; por el Partido Verde Ecologista de México, Fernando Espino Arévalo; por el Partido de la Revolución Democrática, Pablo Gómez Alvarez; por el Partido Acción Nacional, Francisco Barrio Terrazas y por el Partido Revolucionario Institucional Jesús Lomelí Rosas.
Tiene la palabra el señor diputado Jesús González Schmal, hasta por diez minutos.
El diputado Jesús González Schmal (CONVERGENCIA): Con su anuencia, señor Presidente.
Compañeros y compañeras diputadas:
La educación ha sido el tema nacional más cercano, más íntimamente vinculado con nuestra identidad, que implica la preservación de nuestros valores culturales y la continuidad de la existencia de la nación por sobre las contingencias y no pocos intentos para desfigurarla a favor de patrones importados.
Por ello, el debate de hoy es crucial, porque lo que discutimos es nada menos que la presentación o la prestación de este servicio público fundamental, consagrado como garantía social en nuestra avanzada Constitución de 1917.
Pero si la educación formal en el aula es esencial, no lo es menos la que se imparte en el contexto social y político que con frecuencia incide más en el educando que los que recibe en los claustros escolares.
Es desde aquí que convocamos en Convergencia a todos legisladores federales y locales, a una profunda reflexión en cuanto al ejemplo que estamos dando a los millones de niños y jóvenes que en sus televisores o en los diarios, se informan de lo que está ocurriendo en este recinto.
Dejo a su mejor criterio las condiciones del alcance de los hechos aquí ocurridos y desde luego, de muchos otros en nuestra vida pública, que no sólo son educativo, sino me temo que son contrarios a cualquier intento de formación y elevación de la conciencia social.
No soy ajeno ahora ni nunca lo he sido, del sagrado derecho al disenso, sólo que esta reforma, en verdad, cuando con todas las posibles cargas partidistas, lo que propone es la materialización de un programa casi abandonado de la descentralización educativa que fue y sigue siendo una demanda federalista.
Es cierto que aún, sin reforma constitucional, el programa con base en regulaciones anteriores debía haberse realizado en el Distrito Federal y aún cuando había dependencia directa del regente al Ejecutivo Federal, no se llevó a cabo por intereses o mezquindades intragobierno, sobre todo vinculadas con el control sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Fuerza de la Coordinadora también de los maestros en esta ciudad.
Sin oportunidad, sin embargo, ahora que existe un gobierno independiente, no es posible resistirse a la oportunidad de hacerlo con todas, con todas sus consecuencias, tanto el efecto comparativo con otras entidades de la República, como por la defensa legal de la suficiencia de recursos presupuestarios que esta representación está obligada a otorgar en los términos de la fracción VIII del artículo tercero de la Constitución, que nos obliga a proveer para la educación a todos los niños mexicanos con derecho imprescindible a obtenerla.
En Convergencia creemos que es oportuno el que en la gran capital de la República, asuma su gobierno plenamente las facultades en el ramo educativo y en un obligado convenio con la Secretaría de Educación, deba iniciar el proceso respectivo de acuerdo con los antecedentes de su condición jurídica política de Distrito Federal, que evidentemente no tuvo un desarrollo ni presupuesto propio como otros estados, para en paralelo con la Federación desplegar tareas locales en la prestación de los servicios educativos.
Es en orden, en realidad, en este orden, lo que puede ser objeto de cuidadoso seguimiento y lo será la ejecución del Programa que implicará, no sólo amplios conocimientos en la materia educacional, sino además buena fe y excelente buena voluntad.
Pero aquí también se encuentra claro el principio subsidiario de esta Legislatura que nunca de los nuncas podrá consentir una insuficiencia de los recursos presupuestales para ejercer presiones políticas o revanchas contra uno u otro gobernante de la ciudad de México.
No rehuiremos desde nuestra responsabilidad, la salvaguarda de los derechos de más de 2 millones de educandos en el Distrito Federal y si se invoca el principio de equidad y proporcionalidad entre los estados, no podrán prevalecer ópticas miopes por sobre lo que debe ser la única equidad posible, la que jamás se afecte el derecho del niño y del joven a su educación, en cantidad y calidad óptima.
Por eso, nadie puede estar en contra de que el gobierno del Distrito Federal, concurra con los demás gobiernos de los estados de la República a la elevada encomienda que significa la educación de sus menores. No aceptamos el que esta reforma que se propone tuviera como única finalidad la intención de disminuir los recursos presupuestarios que legítimamente le corresponden al gobierno capitalino, pero estamos convencidos de la concurrencia, de lo positivo y conveniente de la concurrencia de los niveles federales y locales en la prestación del servicio de educación pública para los menores del Distrito Federal.
Por ello, es que Convergencia invoca seriamente el artículo 3° constitucional y su fracción VIII, para que con toda prioridad, esta Cámara acepte su responsabilidad de proveer recursos a una entidad, como lo es la del Distrito Federal, que no tiene el carácter de estado federado y que por lo mismo no tiene antecedentes en el gasto y en el presupuesto local en esta materia y debe ser subsidiariamente otorgado con presupuestos federales hasta el momento en que el Distrito Federal alcance el status jurídico político de un estado soberano, con congreso propio, con autoridades electas en todos sus territorios y con el presupuesto comprendido y aprobado por los propios diputados y congresistas locales.
Es en esta medida que podemos salvar este momento crucial para argumentar y salvar la labor educativa en el Distrito Federal, proponiendo que ya en el curso de la discusión tenga que salvarse la condición específica y particular del Distrito Federal, que no puede definitivamente igualarse y asimilarse a la de los estados que hoy comprende los 31que en la República Mexicana, constituyen la Federación.
Es en este tenor que Convergencia estará atento al debate y tendrá pues como presupuesto necesario e inaplazable, que jamás se utilice este tema y esta materia de la educación ni para salvar condiciones políticas coyunturales ni mucho menos, para cobrar facturas o revanchas a quienes en un momento dado, disienten en colores o posiciones políticas.
Estaremos sólo atentos a que la Cámara de Diputados, cumpla con el deber imprescindible e insoslayable de otorgar los presupuesto al gobierno del Distrito Federal y optamos sí, porque antes de la reforma se concurra y se recurra al convenio como se ha logrado con los 31 estados y puedan ser en un acuerdo razonable, adulto y por México, el que la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del Distrito Federal, lleguen a los convenios terminantes para que la educación no sufra menoscabo y se cumpla cabalmente y sólo en el caso, en el extremo de que esta enmienda se apruebe, vamos a estar porque se excepcione al Distrito Federal, que no puede ser considerado para estos efectos, como un estado en plenitud de sus derechos y de su condición jurídico política.
Por eso, estaremos atentos al debate y propondremos la reformas o la sustitución del Transitorio del 3° al Transitorio, para que en efecto y en virtud de que el Distrito Federal, no participa plenamente en la condición de entidad federativa y no tiene antecedentes propios en la función educativa, la Secretaría de Educación celebre con su gobierno el acuerdo respectivo, para que en el presupuesto federal del Congreso, aprueba la asignación de recursos, que permita solventar la aportación que corresponda a los estados, mientras éste adquiere el status jurídico político de un estado soberano.
Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.
Para fijar la posición del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra el diputado Joel Padilla Peña.
El diputado Joel Padilla Peña (PT): Con la venia de la Presidencia.
La pretendida reforma al artículo 122 constitucional no es una reforma, es una contrarreforma constitucional; es un brutal, artero y criminal asalto en despoblado a los habitantes de la Ciudad de México. Los diputados federales del Partido del Trabajo votaremos en contra de este artero ataque a los habitantes del Distrito Federal.
Está claro que de aprobarse en los términos planteados el dictamen en comento, atropella toda la normatividad establecida en el Convenio Unico de Coordinación Fiscal y atropella también el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que fue el sustento legal sobre el cual se dio la descentralización de la educación en nuestro país en el año de 1992; atropella además el sentido común porque las cifras no mienten: el Distrito Federal aporta recursos a la Federación que no corresponden a lo que recibe en los términos de participaciones federales.
Dicha entidad se lleva una cuarta parte de la riqueza nacional y aporta al fisco federal 250 mil millones de pesos, pero sólo recibe del Gobierno Federal 21 mil millones de pesos, es decir, ni el 10 por ciento de lo recaudado. El Distrito Federal es el único que cubre con recursos propios el 80 por ciento de su Presupuesto de Egresos y el 20 por ciento restante, se complementa con las participaciones federales y con deuda pública, esta última aprobada anualmente por el Honorable Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos.
Cabe destacar que los montos autorizados al Distrito Federal de deuda pública, han sido objeto de drásticas reducciones en los últimos ejercicios fiscales, lo que comprueba una vez más la política facciosa de golpear las finanzas públicas de la Ciudad de México y de sus habitantes.
De concretarse en los términos propuestos esta nefasta contrarreforma constitucional, al Gobierno del Distrito Federal le estarían quitando, según diversas estimaciones, entre un 8 a un 14 por ciento de sus recursos públicos.
Queda claro que la Ciudad de México no es subsidiada, sino al contrario, producto de los convenios únicos de coordinación fiscal, el Distrito Federal provee de recursos a las demás entidades de la República.
Así pues, nos preguntamos: si jurídica y financieramente es inconsistente la contrarreforma al artículo 122 constitucional ¿qué propósito entonces se persigue? La respuesta tiene que buscarse inevitablemente en el ámbito político. Hay que quebrar las finanzas públicas del Distrito Federal y el Gobierno de López Obrador y menguarlo políticamente para que en 2006 no sea candidato a la Presidencia de la República o que sea un candidato débil y altamente cuestionado.
La aprehensión de Gustavo Ponce justo en estos días, es la prueba irrefutable de que la embestida contra el Jefe de Gobierno es implacable; se trata de anularlo a toda costa.
El dictamen en comento, tal como viene, constituye una perversión jurídica, porque en vez de sujetarse a los procesos de descentralización vigentes en materia educativa, el dictamen persigue lesionar las finanzas del Distrito Federal y cobijar al SNTE para que esta organización gremial siga manteniendo al Magisterio bajo su control.
Nos parece inadmisible que a trasmano, como suele ocurrir siempre que hay sospechosismo legislativo, que el artículo tercero transitorio se pretendan preservar en cautiverio a los trabajadores del magisterio adscritos a las secciones del SNTE en el Distrito Federal. Esta aberración prevista en el artículo tercero transitorio, es contraria al ejercicio del más elemental derecho de libertad sindical, ya que da al SNTE reconocimiento constitucional como único sindicato titular de las condiciones generales de trabajo con el Distrito Federal.
Esta disposición atenta contra la pluralidad de los sindicatos que pueden existir dentro de una secretaría de Estado. Con esta barbaridad jurídica solo falta que en el artículo 123 Apartado b) establezcan a la FSTSE como única organización gremial representativa de los trabajadores al servicio del Estado.
Por otra parte, consideramos que el procedimiento para crear la subsecretaría de educación básica del Distrito Federal dependiente de la SEP, obedeció a cuestiones políticas coyunturales al momento de darse el proceso de descentralización educativa en los años 92 y 93. Los promotores de este atentado a los habitantes del Distrito Federal, no tuvieron el menor empacho en mayoritear en las comisiones respectivas, para suscribir un dictamen que limita la posibilidad de realizar obra pública en una ciudad que por sus múltiples problemas requiere de fondos financieros crecientes.
Sí hay fuentes de financiamiento que generen recursos adicionales que pueden ser utilizados en dar mayores recursos a la educación y ésta son: la subestimación del precio del petróleo, recortar recursos del FOBAPROA e IPAB, incrementar el déficit fiscal y otros rubros del presupuesto, en vez de castigar los fondos sociales asignados a la educación.
Por eso, nos parece que el sentido del dictamen en comento tiene más que ver con consideraciones políticas, que se suma a la larga lista de agresiones contra los habitantes de la ciudad que su única culpa fue ejercer su voto a favor de un gobierno que no goza de las simpatías del Ejecutivo Federal.
En contra reforma se inscribe en la estrategia última, ultimar políticamente a Andrés Manuel López Obrador, aunado a la amenaza inminente del desafuero que pretende dejarlo fuera del proceso electoral para la presidencia de la República.
Esta es la verdadera intención de dicha contra reforma. Nos enfrentamos a un proceso legislativo oscuro, irregular, en el cual se dejan de lado propuestas alternativas que apuntan a una solución apegada a la normatividad existente contemplada en el proceso de descentralización. Tan afecta a los habitantes de la ciudad de México que ahora mismo se manifiestan en las calles miles de ellos y lo seguirán haciendo.
Por eso desde aquí estamos solidarios con quien protesta por esta reforma al 122.
Por las consideraciones expuestas el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará en lo general en contra del dictamen en comento. Y nos reservamos para su discusión en lo particular el artículo tercero transitorio y propondremos un nuevo artículo transitorio que gradualice los efectos económicos negativos de esta contra reforma. Es cuanto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para fijar la posición del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Espino Arévalo.
El diputado Fernando Espino Arévalo (PVEM): Con su venia señor Presidente. Señoras y señores diputados.
Hoy en México, de manera global, se puede hablar de una crisis en educación cuya naturaleza tiene que ver esencialmente con un desfase o disparidad ante los cambios que se vienen dando día con día.
Los sistemas educativos no han evolucionado con la misma rapidez con que se han desarrollado los diversos cambios tanto científicos y tecnológicos como políticos y económicos que han afectado las estructuras sociales y que nos exige adoptar una postura firme de apoyo y promoción que coadyuve a solucionar la problemática que actualmente enfrenta la educación pública.
Además, otra complicación que hoy enfrenta el sistema educativo nacional, es el aumento de la población que requiere de educación. Hablamos no solamente de los jóvenes que acceden al sistema educativo sino también del aumento de adultos que quieren continuar o incluso iniciar su educación.
En cuanto a esta demanda escolar, resulta especialmente notoria en las últimas tres décadas.
El problema de la demanda está directamente relacionado con los motivos de inversión que realiza el estado mexicano en la materia, el cual en los últimos años no ha tenido un crecimiento real pues más del 92% del presupuesto se destina al gasto corriente, mientras que tan sólo el 2% va a infraestructura y el 5% a materiales de apoyo.
De ahí que no es difícil explicar el rezago educativo que tenemos, el cual se radicaliza por la discriminación territorial que existe para la asignación de recursos en algunas entidades federativas.
El Distrito Federal es la entidad federativa que concentra la mayor cantidad de recursos educativos y posee el más complejo subsistema educativo del país, pero no por ello deja de tener problemas semejantes a los de muchos estados, además de otros que le son propios pues el Distrito Federal es la única entidad en la que no se han descentralizado los servicios de educación básica.
No obstante que la Ley General de Educación en su artículo 16, establece la responsabilidad del Distrito Federal en el financiamiento de los servicios educativos básicos, además que el artículo cuarto transitorio de la misma ley establece el proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación básica, pero desafortunadamente este proceso lleva doce años en los que no ha existido la voluntad política para finiquitarlo.
Cabe resaltar que el Distrito Federal es la única entidad que se encuentra en tal condición, situación que no solo pasa con el tema sino que también se encuentra la educación pues el rubro de la salud es otro que ha seguido la misma suerte, toda vez que lo que tiene sin avance desde 1997 pero eso sí, se aprovecha al máximo las transferencias federales para sus fines particulares de índole político.
En tal virtud, es oportuno precisar que la reforma constitucional que se somete a la consideración de este Pleno, viene a otorgar mayor certidumbre y un trato análogo para todos los integrantes de la Federación.
Por otra parte, el Gobierno del Distrito Federal evidencia la carencia de un proyecto educativo de carácter integral con su correspondiente normatividad y la ausencia de estructuras administrativas para desempeñar la función educativa, no obstante que han tenido más de doce años para llevarlo a cabo; de ahí la férrea oposición a que por mandato constitucional se les obligue a cumplir con las obligaciones legales a su cargo.
Es preciso comentar que el gasto en educación se compone de las erogaciones que hace el Gobierno Federal a través del ramo 11 de la Secretaría de Educación Pública, del ramo 25, que son las prevenciones salariales y la previsión de los gastos para la educación básica en el Distrito Federal y el ramo 33, que son las aportaciones federales para la educación básica y normal de los estados, así como las aportaciones que realizan los gobiernos de las entidades federativas.
El Distrito Federal no cotiza en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal ni el Fondo de Educación Tecnológica y de Adultos del Ramo 33 y, sin embargo, en el presupuesto para el 2004 se le destinaron más de 24 mil millones de pesos, que es mayor que el mondo destinado en conjunto a 8 entidades federativas, como lo son Zacatecas, Yucatán, Tlaxcala, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Morelos y Aguascalientes.
La inequidad en esta distribución reside que mientras el Distrito Federal no requiere complementar tales recursos con las participaciones federales, el resto de los estados sí están obligados a hacerlo y por ello el gasto educativo representa entre el 50 y 60 por ciento de los presupuestos estatales, lo que provoca la presión financiera que en este rubro presentan todas las demás entidades federativas.
La magnitud de esta subvención federal a favor del Distrito Federal se puede ponderar si se considera que los recursos presupuestales en el ramo 25 para el Distrito Federal tuvo un crecimiento de 9.3 por ciento, en términos reales, respecto al ejercicio fiscal 2003 y en contraste los fondos destinados al resto de las entidades federativas creció menos de la mitad de esta tasa.
Además, los niños de las escuelas públicas en las demás entidades federativas reciben 3 mil pesos menos por niño en edad escolar que en el caso del Distrito Federal.
Otra consideración que también debe tenerse en cuenta es que el promedio de escolaridad de los habitantes del Distrito Federal está por arriba de 9 años de escolaridad, lo que nos pone por encima de la educación básica a nivel nacional.
Si la capital del país ocupa el primer lugar en el desarrollo educativo se debe a que el gobierno federal le otorga una serie de privilegios, vía presupuesto, que no tienen el resto de las entidades federativas. De ahí que el Distrito Federal cuente con un presupuesto de dos a uno respecto de los demás estados de la República; es decir, el gobierno federal se hace cargo del 100 por ciento del gasto educativo a nivel básico en el Distrito Federal, además de que aquí se concentran las instituciones de educación superior más importantes del país.
Esta condición discriminatoria y de trato preferencial es apremiante que se corrija en aras de lograr una mayor equidad y un desarrollo equilibrado y sustentable de todas y cada una de las regiones del país.
Por todo lo anterior los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos de elemental justicia votar a favor del dictamen por el que se adiciona una base sexta al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias por su atención.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.
Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (PRD): Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores. Ciudadano presidente, quiero en primer lugar presentar a usted un reclamo por la afirmación hecha por usted en el sentido de que algunas diputadas habían recibido instrucciones de diputados.
Quiero decirle que las diputadas de esta Cámara están aquí por méritos propios, tienen su propia posición, y las de todos los partidos no reciben instrucciones de los diputados. Ellas son pares, son iguales que nosotros, toman sus decisiones.
Espero que sepa usted presentar una disculpa a todas las ciudadanas diputadas de esta Cámara.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tomo nota, señor diputado.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (En tribuna): Ciudadanas y ciudadanos: En este país durante los largos años de partido de Estado, se creó un sistema de educación básica contradictorio e injusto, en cuanto a las cargas presupuestales.
El Presidente de la República tomaba las decisiones y los gobernadores las acataban: No protestaban los estados. Lo hacían en los despachos de Los Pinos y de la Secretaría de Educación Pública.
¡Cuánta injusticia en el reparto de las cargas! ¡Cuánto desapego a un verdadero sistema federal solidario! ¡Cuánta irracionalidad prevaleció durante tanto años!
La descentralización fue una manera de perpetuar, incluso de profundizar esta injusticia.
La Federación asumió solamente la nómina de los profesores federales, pero no introdujo correctivos al viejo sistema. El Distrito Federa era eso, si sigue siéndolo, una entidad gobernada entonces por el Presidente en donde él también tomaba las decisiones en soledad. El sistema no es responsabilidad de los habitantes de la capital; tampoco de los habitantes de los estados.
Este sistema erróneo, injusto, impuesto por el entonces partido de Estado, el PRI, se mantiene en la propuesta de modificar el 122 de la Constitución con sus transitorios, no resuelve el problema.
El problema puede empezar a resolverse de otra manera: Con justicia y solidaridad federalista.
El Distrito Federal ha pagado ya el costo de la descentralización educativa, y ustedes lo saben.
No obstante que el aporte del Distrito Federal al producto interno bruto (PIB) es en este momento de 22.54 %, las participaciones de impuestos, las participaciones federales, en el total de participaciones a nivel nacional, bajó del año 90 a hoy, de 23.44 a 11 %. Este plan se hizo en buena parte para financiar la descentralización educativa.
La Federación ha dejado de entregar desde entonces, al Distrito Federal, 65 mil millones de pesos.
El Distrito Federal ha dado una cuota, una cuota alta. Hay entidades que también han pagado una cuota alta, muy alta y la siguen pagando; el Distrito Federal la sigue pagando. Todas las entidades federativas estamos pagando una cuota alta por ese sistema de iniquidades, de injusticias, de atropello, en contra de las entidades realizado por la Federación.
Nosotros como Poder Federal, lo que tenemos que hacer es establecer un correctivo profundo al sistema de distribución de cargas, con base en la fracción VIII del artículo 3º., que nos da plena facultad para hacer eso.
¿Por qué no usar las atribuciones del Congreso que nos da la Constitución para acabar con ese sistema injusto que se quiere perpetuar?
Hubo una alternancia en el gobierno; pero el gobierno actual, no quiere corregir los errores y las injusticias del viejo gobierno. No es nuevo gobierno, es viejo gobierno recién llegado.
(Aplausos de la fracción parlamentaria perredista)
Es lastimoso para este país. ¡Es lastimoso para este país!
Se quiere, encima de esto, llevar al Distrito Federal a una crisis de las finanzas públicas. El Distrito Federal recauda como recursos propios muchísimo más que la media nacional que está en 20 por ciento, puesto que el Distrito Federal está en 60 por ciento de ingresos propios respecto de los ingresos totales.
Es un esfuerzo, muy grande, recaudatorio. ¡Eso es lo que pide la Convención Nacional Hacendaria! ¡Eso es lo que todos los partidos están pidiendo: elevación de la capacidad recaudatoria de las entidades federativas! El Distrito Federal lo ha hecho y lo ha sabido hacer y lo hará mejor en el futuro, pero no es con embargos fiscales como se puede dar un aliciente ¡a la entidad federativa con mayor porcentaje de recaudación propia! ¡De ninguna manera! ¡Es un castigo que no se merece la entidad líder en capacidad recaudatoria!
¿Cómo podemos entonces presentarnos frente a los demás estados como poder federal y advertirles: el que despunte en la capacidad recaudatoria puede ser sujeto de un embargo, como el que se pretende votar esta mañana en este Palacio? ¿Es esto un federalismo? ¿Es esto un federalismo? ¿Qué cosa es? Es algo con contenido político evidentemente.
Los acontecimientos en relación con el gobierno de la ciudad se vienen produciendo uno detrás del otro. Esto no para y esto va crispando el ambiente político nacional y va generando una situación de intolerancias, ¡es la anticipación de la lucha por la Presidencia! No tiene nadie derecho a llevar a un país, solo porque el gobierno es débil ¡y solo porque un posible candidato de la oposición es el puntero en las encuestas! Porque si no fuera así no estaríamos en esta discusión.
¡No tiene ningún partido el derecho a llevar la política de su país por la senda de la crispación preelectoral, que se abrió desde hace dos años y que no ha podido hacer frente a eso nada el Presidente, porque no entiende lo que está pasando en la política nacional! ¡Pero los partidos se unen para bloquear la emergencia y la posibilidad de una alternancia que implique un verdadero cambio! Éste es otro de los componentes de este proyecto de decreto.
Por ello, debemos decir ¡no!, debemos decir ¡sí! a un nuevo fondo para compensar la inequidad en el gasto de educación básica directamente del Presupuesto, como en algún momento hicimos el Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas y de un decreto que obligue a la descentralización educativa! ¡Y un sí a un proceso político civilizado, democrático, republicano, sin represalias, sin maniobras, sin la utilización del poder del Estado con el propósito de tener a la fuerza emergente que quiere gobernar este país para hacer el cambio que no ha llegado!
Gracias.
(Aplausos de la fracción parlamentaria perredista)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra para fijar la posición del Partido Acción Nacional, el señor diputado Francisco Barrio Terrazas.
El diputado Francisco Javier Barrio Terrazas (PAN): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeros diputados; compañeras diputadas: Venimos a reanudar esta sesión iniciada hace una semana y dos veces suspendida por actos lamentables.
Los diputados y diputadas del PAN hacemos votos porque esas conductas no se repitan y reiteramos que con un sentido de respeto a los ciudadanos y a este Congreso, actuaremos en todo momento con apego a la legalidad y al orden que la sociedad mexicana quiere ver primero que nadie en nosotros, sus representantes.
Venimos ahora a discutir un asunto que en los últimos días se ha estado planteando como si fuera de la sola incumbencia de los habitantes del Distrito Federal, pero que es, como veremos, un asunto que le importa y mucho a los ciudadanos de toda la República.
Les pregunto, por ejemplo, a los ciudadanos de Tabasco, Durango y Michoacán: ¿Cómo estarían ahora sus estados si en los últimos diez años cada uno de sus gobiernos estatales hubiera podido invertir, además de los presupuestos ejercidos, unos 12 mil 500 millones de pesos de los actuales en carreteras o en escuelas o en sistemas de agua y drenaje o en seguridad? Eso más o menos es lo que hubiera ocurrido si no hubieran tenido que aportarle al gasto de educación, como ocurre hasta la fecha en el Distrito Federal.
Y a los habitantes de Chiapas, de Puebla y de Chihuahua, les pregunto: ¿Cómo hubiera caído una inversión adicional en cada una de sus entidades, por el equivalente a unos 30 mil millones de pesos? ¿Cómo estarían Veracruz, Nuevo León y Baja California, con inversiones adicionales de unos 36 mil millones? ¿O Jalisco, si hubiera podido disponer de unos 45 mil millones adicionales?
Y el caso más dramático de todos, el Estado de México hubiera podido invertirle a esos rubros unos 120 mil millones de pesos adicionales.
Así, en mayor o menor proporción, los gobiernos de todos los estados le aportan al gasto en educación, reduciendo sus posibilidades de invertir en otros rubros, lo que no es el caso del D.F.
Por eso, hoy que discutimos la iniciativa que reforma el artículo 122 constitucional, a fin de que el Gobierno del Distrito Federal participe como las demás entidades federativas, en el gasto destinado a la educación, la posición del Grupo Parlamentario del PAN es claramente a favor de su aprobación, porque para nosotros este es un tema de equidad, de distribución más pareja de los recursos y de las responsabilidades; es también un asunto de solidaridad y de federalismo.
Se argumenta en contra de esta iniciativa, que en esta ciudad se recauda más de la cuarta parte de los impuestos del país y que de esa suma sólo alrededor de un 20 por ciento se entrega al gobierno capitalino. Bajo ese razonamiento el Distrito Federal estaría convertido en el gran subsidiador del resto del país, sin embargo esa afirmación no es válida, de hecho son mayoría las entidades donde la suma que regresa a los gobiernos locales, por concepto de "participaciones y transferencias federales" es muy inferior a la suma de los impuestos recaudados.
De esto hay varias razones. Primero, porque organizados en una República Federal, los estados tenemos que aportarle al gasto público nacional, así casi la mitad del dinero que ingresa a la Tesorería de la Federación, es gastado directamente por el gobierno de la república.
Segundo.- Porque las entidades más ricas y desarrolladas, tenemos, en efecto, que subsidiar a los estados de mayor pobreza y marginación, tal ha sido durante muchos años el caso de mi estado natal, Chihuahua, donde sabemos que parte de lo que nosotros aportamos debe servir para apoyar a estados pobres, con menos desarrollo.
Lo entendemos y lo aceptamos como algo válido y correcto, conveniente para el país, de otra manera, diferencias ya abismales, se profundizarían todavía más, haciendo crecer la desigualdad entre estados pobres y estados ricos.
Hay además otro aspecto que debe contemplarse en la Ciudad de México tienen su domicilio fiscal muchas grandes empresas que operan en todo el territorio nacional, de tal suerte que algunos de los impuestos que aquí se pagan, en sumas ciertamente enormes, son realmente causados en las diversas regiones del país, donde los productos se producen o se consumen.
No existe información confiable que permita saber qué proporción de esos impuestos que se cobran en la Ciudad de México pudieron haberse causado en Veracruz, en Yucatán, Oaxaca o el Estado de México, por lo que es difícil saber a ciencia cierta, de qué tamaño es el subsidio que unos estados pudieran estar haciendo a otros.
Lo que si está claro, es que a lo largo de los años, nuestro Sistema Haciendario Nacional ha ido acumulando grandes disparidades, así mientras unos estados aportan hasta el 40% de su gasto educativo, otros aportan un 10%, un 5% o nada, y lo mismo ocurre con el gasto en materia de salud. De la misma manera el gasto federal per cápita en programas de combate a la pobreza o de apoyo al campo, es sumamente desigual en las distintas regiones del país.
Se hace pues indispensable realizar un diagnóstico integral, serio, bien sustentado de las finanzas públicas nacionales, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los egresos. Quizás eso nos lleve a concluir, que el D.F., o algunas otras entidades, deban recibir más recursos federales, otras quizás deban tener un alivio en la proporción de gastos que hoy en día tienen que asumir.
En cualquier caso, nosotros estaremos a favor de que se hagan los ajustes necesarios.
Por lo pronto, saltan a la vista situaciones contrastantes de nuestra geografía fiscal, el Estado de México, con una población de aproximadamente 14 y medio millones de habitantes, tiene un presupuesto estatal de 71,400 millones de pesos; el Gobierno del D.F., con una población de 8.8 millones de habitantes, dispone de un presupuesto de 77 mil 500 millones de pesos. Esa comparación ya desproporcionada, se vuelve insostenible, si le agregamos que el Gobierno de Edomex tiene que destinar el 34% de su presupuesto a pagar el gasto educativo y el D.F. sólo aplica ese rubro alrededor del 2% de su presupuesto.
Es por ello, que en la Convención Nacional Hacendaria se llegó al Acuerdo firmado por 31 gobernadores, de revisar y corregir el tema del gasto educativo y no es, como se ha dicho, que de la Convención Nacional Hacendaria sólo estemos tomando este tema, más bien esta iniciativa que ya venía discutiéndose desde el año pasado, se ve ahora avalada por el sentir de las 31 entidades federativas que se sienten afectadas.
Es con ese ánimo de equidad y federalismo que los diputados y diputadas del PAN hemos decidido y así lo expresamos ahora, que nuestro voto será a favor de la aprobación de esta reforma.
Es cuanto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra para fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional el diputado Jesús Lomelí Rosas.
El diputado Jesús Lomelí Rosas (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
Este será el posicionamiento de apoyo de mi fracción, del Partido Revolucionario Institucional, a la adición de la base 6ª al Apartado C del artículo 122 constitucional.
En virtud de que este tema, además de muy controvertido, se ha manipulado interesada y dolosamente ante la opinión pública nacional, es necesario hacer algunas precisiones:
No se trata de una medida política instrumentada como reforma legal, con el propósito de perjudicar una entidad federativa, en este caso el Distrito Federal, por el contrario; se trata de una reforma que responde a principios y propósitos auténticamente federalistas; se trata de sujetar al Distrito Federal a las mismas reglas, derechos y obligaciones que las otras entidades que forman parte de la Federación
No es válido pretender que no obstante que al Distrito Federa se le reconozca la calidad de entidad integrante de la Federación casi con todas las características y estatuto jurídico de los estados de la República y que por otro lado se combata el que asuma obligaciones similares o equivalentes a las que tienen éstos últimos.
El problema del Distrito Federal mexicano se origina en el hecho de que para la sede de los órganos federales no se creó una zona especial determinada, como lo hicieron otros Estados federales, sino se ubicó en la Ciudad de México, capital de raigambre centralizada desde la consolidación del poder azteca y del posterior dominio español, principal centro económico, financiero, político, religioso y social del país, alrededor del cual se formarían mercados nacionales y sistemas de comunicaciones y transportes.
La Constitución de 1824 facultó al Congreso de la Unión para elegir el lugar que sirviera de residencia de los supremos poderes de la Federación, sin embargo, el propio Congreso de la Unión anticipó la decisión eligiendo mediante decreto del 18 de noviembre de 1824 a la Ciudad de México.
Las Constituciones de 1836, 1843 conservaron la Capital de la República en la Ciudad de México, ésta misma decisión fue tomada por el Acta de Reformas de 1847 y al estallar la Revolución de Ayutla por el Plan de Acapulco.
En el Constituyente de 1856 y 1857 se produjo un fuerte debate entre quienes proponían cambiar la residencia de los poderes federales y quienes insistían en la Ciudad de México como capital. Se decidió el punto, una transacción consistente en mantener la capital en la Ciudad de México, pero previniendo su cambio eventual, cambio que nunca ocurrió.
La Constitución de 1917 estableció en el artículo 43 al Distrito Federal como parte integrante de la Federación y en el artículo 73, la facultad del Congreso de la Unión para legislar todo lo relativo al Distrito Federal.
El enorme crecimiento de la Ciudad de México, que junto con la población de la zona conturbada constituye el área urbana más poblada del planeta, ha presentado un serio reto al planteamiento teórico de los distritos federales tradicionales que había venido siguiendo México; se desbordó un sentimiento de mayor autonomía en la ciudadanía que fue respondiendo por el Gobierno y por el Congreso. El resultado fue el diseño actual del Distrito Federal, que es uno de los capítulos más complejos de la Constitución vigente; se debe a una serie de reformas iniciadas en 1987 con la creación de una Asamblea Legislativa y continuadas para integrar el artículo 122 vigente en 1993 y 1996.
El Distrito Federal, antes de las reformas mencionadas, gozaba y sigue gozando de prebendas en el Presupuesto de Egresos Federal, que van desde beneficios con los productos de los impuestos federales hasta enormes privilegios en el gasto, que no tienen igual con otros estados de la Federación.
Por esto, la capital de la República, tiene un Presupuesto que supera en el doble al estado que le sigue y tiene requerimientos de gasto por la mitad de los conceptos que obligatoriamente pagan el resto de las entidades del país.
Es necesario corregir esta situación en términos de equidad, ya que se está contribuyendo al desarrollo social de una entidad federativa a costa de los demás estados federales.
El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no otorga obligación, atribución o facultad al Distrito Federal para la prestación del servicio de educación básica.
Actualmente, este servicio se ha venido prestando en la capital de la República con cargo a recursos federales. No son recursos del Distrito Federal, es un subsidio que ya no se justifica como otros muchos más. El sistema de Coordinación Fiscal tiene como objetivo que el Distrito Federal, Estados y Municipios reciban recursos de manera equitativa, proporcional a sus necesidades, esto implica la adecuada y justa distribución de éstos a las entidades federativas y municipios para que éstos puedan cumplir con sus obligaciones y proporcionar los servicios que requiere la población.
También busca redefinir responsabilidades en la recaudación fiscal y en el ejercicio del gasto público, reafirmar la responsabilidad que cada orden de gobierno tiene de proveerse de sus propios ingresos para el sostenimiento de su gasto; con objeto de este propósito, desaparece la dependencia del Distrito Federal, respecto de las participaciones y aportaciones federales.
En este sentido, deberán garantizarse suficientes recursos para aplicarlos en educación, pues su adecuada distribución impedirá desequilibrios en las finanzas públicas de los estados. No se trata de un recorte presupuestal como se ha pregonado a diestra y siniestra por las partes interesadas, se trata de una reforma urgente para desaparecer un privilegio que favorece inequitativamente a una de las 32 entidades integrantes de la Federación; se trata de una reforma urgente a fin de actualizar la normatividad aplicable al Distrito Federal, al grado de avance en el proceso de fortalecimiento del estatus y de las potestades soberanas o casi soberanas de la entidad particular que es, al mismo tiempo, la capital de la República.
Lo que pretende la reforma constitucional en cuestión, es permitir que se apliquen al Distrito Federal las mismas reglas que se aplican a los 31 estados de la República. Son reglas técnicas que promueven un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación federal y estatal que se ajustará anualmente, en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de la educación básica obligatoria.
Tales medidas no modifican el régimen ni los porcentajes de aportaciones del Gobierno Federal y las entidades federativas para el rumbo de la educación, sino que de un mismo régimen general y un porcentaje igual, se tase a todas las entidades con un mismo rasero.
Falso que sea un atropello como aquí se dijo. No es cierto que se estén retirando al Gobierno del Distrito Federal las aportaciones federales para la educación básica, ya que las aportaciones federales en este rubro seguirán fluyendo de la Federación al Gobierno del Distrito Federal, pero ahora vendrán etiquetadas y no podrán ser utilizadas para un fin distinto al que fueron asignadas; es decir, sólo se podrán utilizar en la educación básica.
Lo cierto es también, que los recursos destinados a la educación en el Distrito Federal, se transfieren del ramo 33 al ramo 25, donde se etiquetan todos los fondos federales; es decir, se saca de un fondo para ponerlo adecuadamente en otro.
De ninguna manera puede admitirse o inferirse que la reforma que estamos comentando tengan la intención o el propósito de afectar al gobierno del Distrito Federal con fines políticos, partidistas o electorales, todo lo contrario. La reforma tiene el propósito de realizar un principio sustancial del federalismo, que es dar trato igual a los pares, por lo tanto es necesario reconocer la necesidad de adicionar una base 6° al Apartado c) del artículo 122 constitucional, a efecto de que se establezca la obligación al Distrito Federal de participar en el gasto de educación básica obligatoria.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Se han registrado en la mesa, para participar en la discusión, en lo general los siguientes oradores en contra:
Diputado José Agustín Ortiz Pinchetti.
Diputado Jesús González Schmal
Diputado Salvador Martínez Della Rocca
Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Diputado Guillermo Guízar Carranza
Diputado Víctor Manuel Camacho Solís
Así también, se han registrado para hablar en pro:
El diputado Guillermo Arechiga Santamaría
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo
El diputado Jorge Legorreta Ordorica
El diputado José Guadalupe Osuna Millán
El diputado Antonio Astiazarán Gutiérrez y
El diputado Francisco Landero Gutiérrez
En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado José Agustín Ortiz Pinchetti del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado José Agustín Ortiz Pinchetti (PRD): Señoras y señores diputados:
El día de hoy, se pretende aprobar una reforma al artículo 122 de nuestra Constitución. El efecto neto de esta iniciativa, es autorizar un embargo de recursos federales a que tiene derecho esta ciudad capital, por una suma no determinada, pero que puede llegar hasta los 9 mil millones de pesos.
Este descuento abrupto puede poner en crisis las finanzas de la ciudad y ocasionar graves perjuicios a sus habitantes. Una reforma constitucional de esta gravedad, requiere un proceso democrático que garantice los principios de legalidad, de liberación, información y agote la posibilidad de una negociación entre las distintas fuerzas políticas.
Esta reforma se ha producido en forma inconsulta, en un procedimiento que viola sistemáticamente las normas fundamentales del proceso y de la concertación. Se ha actuado bajo el principio de una mayoría tiránica, se ha ejercido el mayoriteo denunciado ferozmente por Acción Nacional en el pasado y ahora practicado por este partido, sin el menor rubor.
El Partido de la Revolución Democrática ha denunciado 29 irregularidades en el proceso de aprobación en un escrito de queja dirigido a la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados. En su momento se hará una impugnación en el nivel judicial, debido a que la Mesa se ha considerado incompetente para conocer de estas irregularidades.
Hay que tomar en cuenta que la iniciativa no se discutió al interior de las Comisiones de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, se impuso por mayoría un dictamen, firmado previamente por diputados y diputadas del PRI, del PAN y del Verde Ecologista. Se rechazaron las consultas, se negó la audiencia solicitada por los órganos de gobierno del Distrito Federal y por innumerables instituciones y asociaciones.
En ningún momento ni el bloque mayoritario que impuso el proyecto ni las comisiones en turno, realizaron un análisis del impacto presupuestario que se generaría; no se solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la opinión que requiere el artículo 71 del Presupuesto de Egresos vigente. Se está obligando a esta Cámara a decidir a ciegas. ¿Por qué se ha actuado con tales ventajas? Simplemente porque se intenta impedir que se conozca la verdad.
En contra de lo que se ha afirmado, el Distrito Federal no tiene una situación de privilegio; la Capital aporta más recursos que el resto de las entidades y el Gobierno Federal de los que recibe. La Ciudad de México general el 23 por ciento de todo lo que se produce en el país y recibe sólo el 11 por ciento de los beneficios fiscales.
Es falso también que el Distrito Federal no haya aceptado la descentralización de la educación básica y que no esté destinando recursos a la educación de la Ciudad; destina casi 3 mil millones de pesos. El Gobierno Federal es quien ha impedido, por razones de política sindical, que el proceso de descentralización culmine.
Es una mentira que la reforma busca generar una mayor equidad en la distribución de recursos a favor de las demás entidades federativas; los recursos que serán descontados al Distrito Federal no irán destinados a la educación, se pondrán en manos de los gobernadores de algunas de las entidades más ricas del país para que los utilicen para otros fines.
El fondo de esta iniciativa es el castigo a los habitantes del Distrito Federal por sus preferencias políticas y se inscribe ya en la lucha política por la Presidencia de la República en 2006.
Exhortamos respetuosamente a los diputados para que voten en contra de este proyecto; exhortamos al Partido de Acción Nacional, para que rectifique su posición y actúe conforme a la tradición que le permitió defender los derechos políticos, la autodeterminación de la Ciudad Capital; exhortamos también a todos los diputados capitalinos de las distintas fracciones a defender a su ciudad.
Sé que estamos en minoría y que si no se ponderan las verdades que están en el fondo de este intento de reforma vamos a ser vencidos por el mayoriteo, pero triunfaremos inevitablemente a la larga porque defendemos una causa alta y justa.
Podremos afrontar a nuestros electores en el momento de rendir cuentas y pedirles de nuevo su voto. Diremos que hemos tenido el honor de defender esta muy noble y muy leal Ciudad de México.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Guillermo Aréchiga Santamaría, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Guillermo Aréchiga Santamaría (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.
La educación es una de las vías privilegiadas para lograr el avance sostenido, equilibrado, sustentable y justo de una nación; por lo que además de ser verdaderamente la más alta prioridad, debe consolidarse como una política de Estado que trascienda los vaivenes políticos y económicos del país.
En razón de esto, debemos revisar nuestro sistema educativo y respondernos algunas preguntas: ¿para qué se enseña?, ¿cómo se enseña?, ¿quién enseña?, ¿qué se enseña?, ¿y con qué se enseña? Para responder a esta última pregunta, diré que estoy en favor de la reforma como maestro y legislador, porque significa mayores recursos destinados a la educación.
En razón del debate generado alrededor de este tema durante los últimos días, es pertinente revisar y aportar nuevos elementos de análisis y reflexión. Diríamos en primera instancia que la medida debe aplicarse estrictamente sobre el monto de recursos invertidos por el Gobierno Federal para el sostenimiento de la educación básica y normal en el Distrito Federal. Esta inversión se ubica en el Ramo 25 del presupuesto y asciende a 19 mil 304.4 millones de pesos, para atender a 9 mil 949 escuelas y a más de 2 millones 700 mil alumnos.
De acuerdo con información presentada por la Convención Nacional Hacendaria, la aportación promedio de las entidades federativas al gasto público educativo nacional en el año 2000 era equivalente a 13.3%. Actualmente de acuerdo con los datos aportados en el IV Informe de Gobierno, las entidades federativas contribuyen con el 1.01 del Producto Interno Bruto es decir, aproximadamente 70 mil 404.5 millones de pesos que equivalen al 18.6% del gasto público destinado a la educación en el presente año.
Lo anterior significa que el porcentaje promedio de aportaciones de las entidades federativas al gasto público educativo, es de alrededor del 18.6%.
Se concluye de lo anterior que del 2000 a la fecha, la inversión en educación que realizan los estados ha crecido en 5.3%. Si la media es 18.6% y la inversión equivalente a 19 mil 304 millones de pesos, la cantidad que deberá aportar el gobierno del Distrito Federal a la educación es equivalente a 3 mil 590.6 millones de pesos.
Es importante realizar algunos comparativos: Actualmente de cada 100 pesos invertidos en educación en el Estado de México, 33.6 pesos los invierte el Estado. En el caso de Nuevo León, de cada 100 pesos el Estado invierte 29.5 pesos. Aun en el caso de entidades con mayores rezagos por ejemplo Chiapas o Guerrero, en el primer caso de cada 100 pesos se invierten 13.3 pesos; en el segundo caso se invierte 4.9 pesos.
El Distrito Federal invierte 80 centavos de cada 100 pesos del gasto educativo, para sostener la educación básica y normal en el Distrito Federal.
Esto se corrobora con las declaraciones del Jefe de Gobierno el domingo pasado, cuando dice que se han invertido 65 millones en este año desde luego, 65 millones de pesos en útiles escolares; 700 millones de pesos en educación básica y media, es decir, media superior y 350 millones de pesos en desayunos escolares. Presupuesto que no puede hacerse irreductible; presupuesto que no se determina de una vez, para considerarse dentro del presupuesto educativo. Hasta este momento no registro una propuesta del Jefe de Gobierno que comprometa la inversión de recursos para la educación.
Seamos claros, lo que no se quiere es invertir en educación. Lo que se privilegia es invertir en programas de alta rentabilidad electoral. Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Jesús González Schmal, del Partido Convergencia.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal (CONVERGENCIA): Con su anuencia señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados.
La reforma que hoy se comenta, parecería inocua, imparcial, simple, sin ninguna complicación y merecería por ello ser aprobada si se garantizara que en los transitorios la especificidad del Distrito Federal se contemplaría.
La verdad es que por razones de orden legislativo, se va a votar primero en lo general sin que se pueda prever razonablemente, dada la configuración de la Cámara, que se vaya a lograr una justa ubicación del Distrito Federal y su caracterización dentro del capítulo de los artículos transitorios.
Por esta razón, en principio, Convergencia está por la abstención porque nadie puede ignorar que desde la exposición de motivos, la iniciativa tiene –sin lugar a dudas- un dejo de oportunismo, y porque no tiene lógica por donde se le vea el que si los estados de la Federación celebraron, sin necesidad de dedicatoria particular en el propio texto constitucional los respectivos convenios, no entendemos porqué ahora se utiliza y se instrumentaliza la Constitución para obligar y centrar al Distrito Federal en este efecto.
La Constitución, amigos diputados, tiene en su origen la honorabilidad y en su contenido, la perspectiva del sentido de la convivencia ordenada y que es por cierto, este documento máximo, digno de mejor trato que el ser utilizado para estos efectos.
Comparto plenamente con el diputado Francisco Barrio, su doliente preocupación por la insuficiencia de los recursos para las necesidades de los estados y del Distrito Federal.
Lo que sí me parece sesgado y demagógico, es el que la solución –como lo insinúa- se la limitación del presupuesto federal para la capital de la República.
Bien sabe Francisco Barrio, como ex Secretario de la Contraloría, dónde están las causas de las insuficiencias de los recursos públicos; dónde se encuentran los orígenes de los sistemáticos desfalcos al Tesoro Nacional y dónde ésta Cámara ha inclusive, avalado conductas ilícitas de peculado en entorno al patrimonio del pueblo.
Por eso, no puede aquí soslayarse que el Presupuesto Público Federal se encuentra angustiado, pero no por causa, por ningún concepto del magro presupuesto del Distrito Federal, sino porque se han consentido conductas que han efectivamente medrado y que han diezmado este presupuesto, que vamos a ver en unos días cómo el servicio de la deuda pública y muy específicamente el del IPAB, lo que significa precisamente en limitación a todos los estados y a la capital de la República en materia de recursos públicos.
Por ello, en Convergencia creemos que es posible que se dé el tratamiento al Distrito Federal que se ha dado al resto de las entidades federativas que concurren al gasto educativo en los distintos niveles y modalidades de la educación básica, pero se ha omitido señalar que dicha concurrencia obedece a que con anterioridad a la transferencia de los servicios públicos educativos federales, existían sistemas estatales, subvencionados históricamente por cada entidad.
Así, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación de 1992 que suscribió la Secretaría de Educación, el principio común fue el que los estados seguirán contribuyendo a financiar sus sistemas estatales en tanto la Federación absorbería la totalidad de los recursos de los gastos de operación y servicios personales transferidos, lo que continúa ocurriendo hasta esta fecha.
Y éste es el tratamiento justamente que queremos para la capital de la República y por ningún concepto aceptaremos ser utilizados en orden, a plasmar en la Constitución lo que corresponde a un acuerdo racional civilizado, federal, de darle su lugar al Distrito Federal mientras llega a ser el estado soberano y libre que todos deseamos para nuestra gran capital mexicana. Gracias. (aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Francisco Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco Landero Gutiérrez (PAN): Con su permiso, diputado presidente. Subo a esta tribuna como representante de la nación de un país con 32 entidades federativas. Subo con la convicción de que la reforma constitucional al artículo 122 contribuye a fortalecer el federalismo, ya que conlleva la promoción de condiciones de equidad orientadas al desarrollo homogéneo de todas las regiones del país.
Para garantizar el cabal cumplimiento de los servicios educativos en las entidades federativas éstas contribuyen, con excepción del D F., con recursos propios y además reciben recursos de la federación que oscilan entre el 50 y 60 por ciento de sus presupuestos estatales educativos.
Lamentablemente, lamentablemente existen gobiernos de visión corta que sólo ven a la educación como un gasto, no como una inversión. Por ejemplo, la aportación del D. F. es alrededor del 3 por ciento de su gasto educativo total, mientras que más de 10 entidades aportan con recursos propios entre el 20 y 35 por ciento del gasto educativo total de sus estados.
Existen gobiernos que no se preocupan por elevar el nivel educativo y formativo de los ciudadanos y sólo buscan mantener a la población en la ignorancia para que el populismo arraigue sus principios de paternalismo y centralismo.
Ha sido el gobierno federal el que ha asumido la responsabilidad de brindar y financiar la educación básica en el D. F., a través de la SEP y mediante el ejercicio de recursos del ramo 25, hecho que le ha restado capacidad para atender en el rubro de la educación a otras entidades federativas con menos recursos y con igual o mayor número de matrícula, docentes y planteles escolares.
Por ejemplo, el gasto federal para la educación básica en el D. F.. es superior al presupuesto de la UNAM, CONACULTA e INEA juntos y también es superior a los 6 principales programas de la Secretaría de Desarrollo Social.
Otro ejemplo. El estado de México recibe, vía FAEP, 14 mil millones de pesos y aporta el 34 por ciento de recursos propios para completar el gasto educativo, mientras que el gobierno federal, por el ramo 25, destina más del doble de recursos a la educación básica del D. F. sin que éste aporte recursos propios.
Desde su fundación Acción Nacional ha propugnado por un auténtico federalismo. Mienten, mienten los que dicen que es un acto golpista. Golpista los que se suben a las tribunas y se duermen aquí.
Sólo a través, sólo a través de un federalismo auténtico es posible el desarrollo de nuestros estados, así como el bienestar de los mexicanos, aun los que viven en el estado más pobre o en la región más alejada.
No es posible dividir como pretenden al país en ciudadanos de izquierda o de derecha, de la ciudad o del campo, del norte o del sur, pobres o ricos, de estados panistas, priístas o perredistas. Todos somos mexicanos, somos una nación, somos una federación. Esa es la visión que nos debemos como representantes populares, porque trabajamos por el bien de un país y no sólo de unos cuantos.
No podemos sacrificar oportunidades de desarrollo en aras de una visión limitada, miope, temporal o de proyectos de nación cuyo único objetivo es llegar con popularidad al año 2006.
Por ello los exhorto a la aprobación de esta reforma constitucional que recoge la demanda de justicia social para restablecer la equidad del pacto federal expresada de manera unánime, unánime, por los representantes de los gobiernos de 31 estados de la República, incluidos los que están encabezados por el PRD.
Al respaldar la reforma al artículo 122 constitucional Acción Nacional es congruente con las conclusiones de la Convención Nacional Hacendaria.
Señores legisladores: No defiendan, no defiendan como porros lo que no saben defender como demócratas. No podemos convertir el debate en una dictadura de las minorías. En la democracia no convence el que más grita, el que usa la fuerza, sino el que utiliza la razón, el diálogo. El diálogo que acción Nacional ofreció y ustedes rechazaron.
Hoy es el momento de demostrar una verdadera convicción democrática y federalista desde una visión de Estado con irrestricto apego a la ley, que se traduzca en mejores condiciones de desarrollo e igualdad, no sólo de demagogia.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
El diputado Salvador Martínez Della Rocca (Desde su curul): Señor Presidente...
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, sonido en la curul del diputado Salvador Martínez.
El diputado Salvador Martínez Della Rocca (Desde su curul): Sí, mire, es probable que yo sea el siguiente orador, pero quiero solicitarle, para hechos, después para responderle de manera particular al diputado del PAN, con base en el 102.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tendrá usted oportunidad como orador siguiente, de poder hacer uso de la voz, y si esos cinco minutos no le son suficientes, estaré atento a su solicitud, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca.
El diputado Salvador Martínez Della Rocca (PRD): Muchísimas gracias.
Licenciado Emilio Chuayffet, sólo recordarle que el día 28 de octubre del año pasado, usted, cuando se puso en letras de oro: "Universidad Nacional Autónoma de México", dijo que: "... deberíamos de ir a una reforma educativa, que es lo que más necesita este país..."
Se ha dicho por parte de algunos compañeros del PRI, "Que al D. F. se le deben aplicar las mismas reglas..." Y el señor Espino habló de la descentralización, pero sólo citó el artículo 16.
Señor Espino: Para que se apliquen las mismas reglas, señor, compañero diputado del PRI, para que se apliquen las mismas reglas, se les olvidó una cosa: No se trata sólo de citar el artículo 16 de la Ley General de Educación, se trata del decreto de modernización en su punto único donde dice que: "el Presidente de la República, el Ejecutivo, propondrá a los estados la transferencia..." dice "...propondrá.." no "impondrá" como se está haciendo aquí.
Y dice textualmente, textualmente dice en el segundo punto que: "Se destinarán los recursos financieros necesarios para esta operación".
Y dice también que: "El Ejecutivo Federal seguirá siendo responsable de los adeudos que al entrar en vigor el presente convenio, el Ejecutivo los absorberá".
Y señala también que: "Para el caso específico del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de Educación, ejecutar en el Distrito Federal las acciones convenidas en este acuerdo". Todo esto está señalado en la Ley.
En el número 4, también se señala claramente que: "El Distrito Federal participará para educación cuando se concluya el proceso de descentralización".
Dice textual que: "El Gobierno del Distrito Federal –artículo 16- concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en el propio distrito, en términos –se les olvidó decir- de los artículos 25, 26 y 27 de la Ley de Educación".
Queremos resolver este problema, pongamos la educación por delante y que se le aplique al Distrito Federal la misma normatividad que se ha aplicado en todos los estados.
No podemos, bajo ningún concepto, venir a decir mentiras.
Señor Barrio: Si usted quiere que haya dinero para carreteras, que haya dinero para salud, que haya dinero para inversión, que haya buenos salarios, es muy fácil: No venga a mentir, que con este atraco que se le quiere hacer al Distrito Federal usted va a resolver estos problemas.
¡Hable con su Presidente, señor Barrio!
Aquí se trata de modificar las prioridades en política económica, que su partido, las que tiene son: el pago de la deuda interna, el pago de la deuda externa, el rescate bancario, el rescate carretero. Modifiquen las políticas económicas y prioricen educación, ciencia y tecnología, cultura, inversión en el campo y salud, y verá como va a haber dinero para lo que usted quiere. Pero eso usted no se atreve a hacerlo porque tampoco se atreve a que se utilicen los excedentes petroleros para ciencia, educación y tecnología.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor Diputado. Permítame, señor Diputado. Sonido a la curul del señor diputado Alfredo Torres...
El diputado Salvador Martínez Della Rocca (PRD): ¡Como viene! ¡Como viene! ¡Como viene! ¡Órale!
El diputado Alfredo Torres Zavala (PAN Desde su curul): Para preguntarle al señor orador si respetuosamente permite una pregunta.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si el señor orador admite una pregunta, se le pregunta.
El diputado Salvador Martínez Della Rocca (PRD): Con todo gusto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor Diputado.
El diputado Alfredo Torres Zavala (PAN Desde su curul): Maestro Martínez Della Rocca: Me consta que usted ha sido de quien más ha argumentado que es necesario invertir en la educación y ha sido un gran impulsor de esta inversión en la educación. Ha hecho muchas propuestas de cómo se de debe de incrementar el gasto, aunque por ahí nos queda a deber las propuestas de cómo incrementar los recursos fiscales.
Sin embargo, mi pregunta es: ¿Por qué el PRD quiere desperdiciar esta oportunidad de ser congruente con esta solicitud de incrementar el gasto aquí en el D. F.
Muchas gracias...
El diputado Salvador Martínez Della Rocca (PRD): ¡El PRD no tiene ni es incongruente! ¡Aquí --voy a responder, que se pare el reloj-, aquí, aquí lo que estamos proponiendo es que si queremos incrementar el gasto en educación no se violente: uno, la Ley General de Educación y señalé los artículos concretos, señor diputado; dos, no se violente la Ley de Coordinación Fiscal, donde en el artículo 9 dice: "Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención".
¿Cómo vamos a sacar dinero para educación? Señor diputado lo estoy proponiendo:
¡Basta de estarle pagando a los banqueros la cantidad que le damos
¡Que a cultura, ciencia y tecnología le caigan gotas de petróleo! ¡Carajo!
3. ¡Hacer modificaciones en la propuesta que nos hizo el Presidente de la República en donde se demuestra, señor Barrio, su preocupación por la educación! ¡Basta analizar el presupuesto que nos mandó donde cae para educación media superior menos 38 por ciento en términos reales y para educación superior menos 32 por ciento y le recortan 800 millones al Conacyt! ¡Y aquí se tiene el cinismo de venirme a decir que está usted preocupado por la educación! ¡Empecemos porque se eduque usted y se ponga a estudiar! ¡La mera verdad!
(Aplausos de la fracción parlamentaria perredista)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Concluyó su respuesta, señor Diputado. Adelante con el reloj.
El diputado Salvador Martínez Della Rocca (PRD): Ahora bien. ¡Datos para el señor Barrio! ¡Baja California da el 53 por ciento, señor Barrio! ¡Jalisco el 51 por ciento! ¡El estado de México el 48 por ciento, señor Barrio! ¡Nuevo León el 59 y Sinaloa el 61 por ciento! ¡Y dice el Transitorio que se les dará el dinero a los estados que más aportan, señor Barriio, para hacer carreteras! No sé, por favor, ¡ponga a sus asesores a trabajar, aunque le voy a regalar un libro señor Barrio que dice, lo voy a parafrasear: "Lo que natura no da asesores no provee"! ¡Así que hay que ponerse a estudiar, la mera verdad!
Ahora, miren ustedes, no, yo convoco, convoco al maestro Chuayffet a que se haga eco de lo que dijo aquí: vamos a una reforma educativa. ¡Por lo tanto, que se dictamine en la Cámara, que se convoque a una mesa en donde los actores que la ley señala se sienten para iniciar el proceso de descentralización en las mismas condiciones que se dio para todos los estados de la República! ¡Toda cosa que vaya en contra de esto tiene un telón de fondo y un telón bastante grave! ¡Hay que retomar el carácter ético de la política, el carácter ético de los diputados! ¡No hay que decir mentiras y cuando se hable de lo que no se sepa, mejor guarden silencio!
Gracias.
(Aplausos de la fracción parlamentaria perredista)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para alusiones personales tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Javier Barrio Terrazas (PAN): Con su permiso, señor Presidente.
Vengo aquí a esta tribuna, simplemente para puntualizar 2 ó 3 cosas y no permitir que se confundan conceptos o términos.
Lo que he señalado y sostengo, es que muchos estados de la República pudieron haber hecho grandes inversiones en los últimos años en muy diversos rubros; carreteras, escuelas, hospitales, servicios de agua, de drenaje, seguridad, etcétera; si no hubieran tenido que aportarle al gasto educativo, como es el caso del D.F.
No cofundamos las cosas, no tratemos de revolver la discusión con otras cuestiones de si las prioridades o no las prioridades. Lo que estamos destacando aquí es una situación de inequidad, de desproporcionalidad entre lo que existe en el D.F. y lo que existe en otros estados de la República.
Se ha planteado también aquí que no se puede atender a estas necesidades en muchos de los estados por problemas de desfalcos o por problemas de corrupción que ha habido en el gobierno federal. Ese es otro asunto.
Claro que hay que combatir la corrupción y para eso hemos estado presentando al respecto iniciativas de ley. Claro que en ese momento en que los fondos públicos se manejen mejor, alcanzará para muchos más servicios públicos, pero eso no quita que haya una situación de inequidad entre el Distrito Federal y otras entidades de la República. Yo insisto, no confundamos las cosas.
Y, por último, los excedentes petroleros puede haberlos un año y puede varios años consecutivos no haberlos. Bien sabemos que el precio del petróleo es altamente fluctuante, podemos –insisto- tenerlos un año y al siguiente año no. Lo peor que un país puede hacer es manejar su gasto corriente, su gasto regularizable de presupuesto con ingresos que no son seguros.
Lo que otros países han hecho con sus excedentes petroleros, países a los que les va bien, es crear fondos de compensación, fondos de estabilización, precisamente para enfrentar estas eventualidades.
Entonces, señores diputados, no confundamos las cosas, no tratemos de decir aquí que se ha dicho lo que no se ha dicho.
Es cuanto.
(aplausos)
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde la curul): ¡Para hechos, señor Presidente, con base en el 102!
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, ha sido práctica parlamentaria que la solicitud para hechos pase al final de la lista de oradores.
Si es para alusiones personales, adelante señor.
(Protestas del Grupo Parlamentario del PAN)
Permítanme. Es facultad de la mesa el poder conducir los debates. En este caso tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca y con esto agota su participación.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: ¿Qué no declararon que nosotros eludíamos el debate? ¡Y cuando pido para aclarar cosas empiezan a gritar! ¡Muestra clara de la ignorancia! Muestra clara de la ignorancia es cuando viene el señor Barrios aquí a hacer alusión a la Convención Nacional Hacendaria. Se lo leo señor Barrios.
(Gritos del Grupo Parlamentario del PAN: ¡Barrio!)
Dice: "Principios de la Convención Nacional Hacendaria.
"Primero.- Congruencia. Debe ser coherente con el orden constitucional y el sistema de planeación democrática que define los objetivos y el marco general de la política económica, por ende de la política hacendaria.
"Segundo.-, señor Barrio, Gradualidad. La profundidad de los cambios potenciales es de tal magnitud y complejidad, que se requerirá de un plazo de transición –señor Barrios- razonable para las instituciones y las normas se ajustan sin afectar la estabilidad estructural y funcional del sistema actual. Ello obliga a que en las propuestas se pondere la gradualidad de su implementación".
Y en la mesa que dice: "Mesa de Gasto, propuesta ejecutiva en materia educativa", dice la Convención textualmente: ¡"Gradualidad"! ...
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, permítame.
Sonido a la curul del diputado Guillermo Tamborrel.
El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): Gracias. Si el orador me permitiría hacerle una pregunta.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Con todo gusto compañero. Y si me hace varias mejor.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ya se la obsequió. Adelante.
El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): Muchas gracias compañero.
Hace usted mención de la ignorancia hace unos instantes. Mi pregunta concreta es: ¿Qué es mayor, su ignorancia al momento de fumar en este recinto o su poco respeto a la ley? Ahí es claro que hay un reglamento que usted no respeta. ¿No lo respeta porque no le interesa o no lo respeta porque todavía no sabe?
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante señor diputado con la respuesta.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: A ver compañeros. A ver, contesto. Que se pare el reloj. ¡A ver, diputados y diputadas, en la agenda legislativa de hoy era el tema del 122 o es el tema de si fumo o no fumo. Eso se llama ignorancia, lea el Orden del Día, ¡carajo!
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ya respondió, señor diputado, continúe el reloj.
El diputado Salvador Martínez Della Roca: En la Mesa de Gasto de la Comisión Hacendaria, señor Barrios, dice: "gradualidad" en dos sentidos, considerando a quienes se ven afectados y a quien se ven beneficiados con los nuevos esquemas de distribución.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, perdóneme la palabra el señor diputado Fernando Guzmán. Sonido a su curul.
El diputado Salvador Martínez Della Roca: Adelante.
El diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez (desde su curul) Señor presidente, para pedir si acepta el orador otra pregunta.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera:¿La acepta señor diputado?
El diputado Salvador Martínez Della Roca: Con todo gusto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado.
El diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez (desde su curul): Quisiera preguntarle si está consciente que como diputado presidente de la Comisión de Educación, pues tiene la responsabilidad de ver por todos los estados y no nada más por el Distrito Federal, y si también pidió la palabra por alusiones personales, si conoce cuál es el nombre del diputado Barrio, que no es Barrios.
El diputado Salvador Martínez Della Roca: Mire usted, señor diputado, como presidente de la Comisión de Educación en este año y en lo que corre, he demostrado con creces que estoy sumamente preocupado por la educación nacional, desde el Suchiate hasta el Bravo, incluso yo fui el que impulsé el fondo de equidad, para apoyar a los estados más pobres, no a los estados más ricos.
Sin embargo, dije con claridad, lo he dicho y lo sostengo, que debemos consolidar lo mejor que hemos logrado en educación superior, posgrado e investigación, pero coadyuvar para que los estados más rezagados en términos financieros, tengan las óptimas o las mejores condiciones, para llegar al menos a la media nacional de costo-alumno.
Hemos defendido a el Sistema de Educación Superior Tecnológico, la compañera Tatiana Clouthier y yo, por otorgarle mil millones de pesos, que por cierto a la Secretaría de Educación Pública no se les ha dado. En el bachillerato, luchamos la diputada Tatiana y todo la Mesa Directiva, porque se dieran más de 1,800 millones a bachillerato, que tampoco sabemos dónde hace ese dinero, porque no hay una información transparente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera:¿Concluyó su respuesta diputado? Continúe el reloj parlamentario.
El diputado Salvador Martínez Della Roca: Para concluir, cuando se hable de la Convención Hacendaria, hay que leer, no venir a contar lo que les dijeron. Miren, compañeros, nosotros hemos dicho, hemos señalado, tenemos los números, tenemos los datos de cómo el Distrito Federal es la entidad que más aporta a los ingresos de la federación.
Lo hemos demostrado con números, sin embargo, es función del Ejecutivo, que cuando recibe lo que el Distrito Federal da, el Ejecutivo debe decir: de esta parte que da la entidad que más aporta, tanto va para Educación.
No se vale querer cobrar dos veces. No se vale, bajo ningún concepto, darle un golpe a esta entidad, entre 8 mil y 9 mil millones de pesos, y tengo el dato exacto, no se vale hacer lo que se quiere hacer, eso violenta el pacto federal, vamos a ser la única entidad federativa, que los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Federal se lo van a repartir entre las entidades que más aporta, que ya les dije cuáles son, obviamente no viene Chiapas, no viene Guerrero, no vienen muchos estados.
Mire, no se vale lo que se está haciendo, yo propongo de nuevo, Maestro Emilio Chauyffet, retomemos sus palabras y vayamos a una reforma educativa y, por lo tanto, exijamos a los actores fundamentales que la ley señale, que se abra ya la Mesa de Descentralización de la Educación para el Distrito Federal.
Venir con argumentos tan baratos, de veras, porque cuando se le da dinero a los banqueros, que todo mundo aquí sabemos que son cantidades impresionantes, que llegan a representar el 14% del PIB, se les llena la boca y dicen: rescate bancario, pero cuando se ayuda a la gente pobre, cuando se ayuda a los ancianos y a las ancianas, se dice: populista. Si quieren un debate sobre populismo, vayan leyendo el libro de Octavio Llane y nos damos un agarrón, pero me quedo con Carlos Moncivaís, dice: el populismo es lo menos que un gobierno de esta naturaleza le puede otorgar a su pueblo no a los banqueros. Gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos del Partido del Trabajo.
Perdón. Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jorge Legorreta Ordorica (PVEM): Con su permiso, señor Presidente.
Es increíble y me da vergüenza venir a escuchar tantos engaños y mentiras de los diputados del Partido de la Revolución Democrática. Tenemos todo mundo claro, los ciudadanos tenemos claro que el presupuesto del Ramo 25 que transfiere la Federación, son 21 mil millones de pesos. Esos 21 mil millones de pesos la Federación los transfiere a la Secretaría de Educación Pública por medio de la Subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal. Por lo tanto, esos recursos el Gobierno del Distrito Federal no tiene acceso a ellos; una falacia; no tiene acceso a ellos, por lo que es increíble que ahora digan que se les va a recortar, cuando no es así: son 16 mil millones de pesos la media nacional.
Ahora bien. Esos 5 mil millones de pesos se van a tener que prorratear a los demás estados y ellos le van a tener que empezar a apostar a la educación, que es lo que no quieren; no quieren apostar a la educación porque no invierten un quinto.
En lugar de estar utilizando políticas populistas en segundos pisos, en regalar dinero, hay muchas cosas que se pueden hacer para recaudar, si es que ese dinero se va a necesitar utilizar, porque tengo datos ciertos que con esos 16 mil millones de pesos el Distrito Federal sale, sale en materia de educación, tendría que invertir a lo mejor 2 mil, 3 mil millones de pesos. ¿Cómo se pueden recaudar?, bueno, vámonos al Predial, vámonos al Impuesto del Predial, que se recauda muy mal en esta ciudad. La recaudación del Predial en México representa alrededor del 0.2% del PIB a nivel nacional en promedio y la recaudación en el Distrito Federal por concepto de Predial es alrededor de 0.45% del Producto Interno Bruto del D.F. Si alcanzáramos niveles como Santiago de Chile, del 0.7% del PIB, los ingresos del D.F. aumentarían en 3 mil millones de pesos aproximadamente.
Está muy claro; no quieren apostarle a la educación, no quieren que haya equidad con los demás estados. Clarísimo, más que el agua.
Ahora bien. Hay un subejercicio de 6 mil millones de pesos del Gobierno de Distrito Federal que tampoco se ha utilizado. Vamos a hablar de que no es subejercicio, porque todavía no acaba el gobierno y no se ha gastado, pero seguramente no se va a gastar. ¿Qué ha pasado con ese dinero?, díganme señores perredistas, qué ha pasado con ese dinero.
Apuéstenle a la educación y déjense de tonterías.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, para habar en contra.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT): Con la venia de la Presidencia...
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, permítame un momento.
Sonido a la curul del señor diputado Ensástiga.
El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: (desde la curul) De la manera más atenta, en el momento en que lo considere me pueda dar el uso de la palabra para hechos.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto señor diputado. Lo anoto.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT): Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.
La contrarreforma constitucional al artículo 122 sí es un verdadero atropello, porque una reforma de equidad, un verdadero federalismo para financiar la educación de nuestro país es generar recursos adicionales y no usar los recursos que se destinan para la educación en la Ciudad de México para que se le otorguen a otras entidades, es decir, se insiste en la política errada de tapar un hoyo para abrir otro.
La solución que proponemos desde el Partido del Trabajo, es la siguiente:
Que la aportación que tenga que hacer el Distrito Federal a la educación sea a través de un mecanismo gradual, a través de un proceso. Si es de un solo golpe, como se pretende, los efectos financieros serán desbastadores para los habitantes del DF y estaremos condenando a la Hacienda de la Ciudad de México, a su virtual banca rota.
Nuestra propuesta es que dicho proceso concluya en un plazo de 10 años a partir del inicio de la vigencia de la reforma.
De igual manera es inadmisible que se pretenda elevar a rango constitucional la titularidad de la representación de los derechos laborales a un Sindicato determinado.
Conste que soy del SNTE y es por eso que nuestra propuesta es la siguiente: Eliminar el contenido del artículo Tercero Transitorio, en virtud de que atenta contra el contenido de la fracción X Apartado B del artículo 123 constitucional, que garantiza a los trabajadores el derecho de asociación para la defensa de sus intereses comunes en el Sindicato que sea de su preferencia. Al Sindicato lo defenderemos los trabajadores, no otros.
El contenido del artículo Tercero Transitorio como se presenta, elimina ese derecho, ya que establece que ningún Sindicato, con excepción del SNTE, puede ser el titular de las condiciones generales de trabajo. ¿Qué ocurriría si los trabajadores del SNTE decidieran cambiar la denominación de su Sindicato? Entraríamos en el absurdo de tener que reformar un artículo transitorio de una reforma constitucional para permitir dicho cambio.
También proponemos que la repartición de los fondos sea verdaderamente equitativa y para todas las entidades federativas en función de los criterios de distribución vigentes.
Para los efectos presupuestales proponemos que dichos fondos se distribuyan a través del ramo 25 y 33 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales correspondientes.
Por último, nuestra propuesta plantea etiquetar los recursos que obtendrían las entidades federativas, los cuales deberán destinarse exclusivamente a educación.
Al grupo parlamentario del Partido del Trabajo, le queda claro que esta reforma es un atraco a las finanzas de la Ciudad de México y desgasta al Congreso de la Unión al presentarlo como el instrumento de dos partidos, que por unas migajas, llegan a la desmesura de desatar un conflicto que tensa a las fuerzas políticas y a los habitantes de la Ciudad de México.
En este contexto, la salida que planteamos es la más viable, la más justa, la más equitativa y la más mesurada. Exigimos al PRI y al PAN, que tengan altura política, responsabilidad en sus tareas legislativas y respeto a la ciudadanía del Distrito Federal.
Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado José Guadalupe Osuna Millán, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro.
El diputado José Guadalupe Osuna Millán (PAN): Con su permiso, señor Presidente.
La educación es vital para el desarrollo de las personas y las sociedades. No es casual que Montesquieu haya firmado que un régimen republicano necesita toda la eficacia de la educación.
No es casualidad que el tema de la educación se encuentre plasmado como uno de los derechos sociales con mayor contenido humanista de nuestra Ley Fundamental.
Además de otras normas y principios, el artículo Tercero Constitucional establece con toda claridad, tres importantes disposiciones:
La educación es un derecho universal de todos los mexicanos;
La educación básica obligatoria comprende pre-escolar, primaria y secundaria;
La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios deben impartir educación básica.
El dispositivo constitucional es claro y terminante, los tres ordenes de gobierno, tienen obligación de brindar educación básica, esto quiero decir, que tienen el deber de impartir y financiar los respectivos servicios educativos. En el marco del proceso para fortalecer el Sistema Federal, se realizo la transferencia de la educación básica a los estados y se establecieron mecanismos para el financiamiento compartido entre la Federación y los gobiernos estatales.
Con dudosos argumentos jurídicos y políticos el gobierno del Distrito Federal se ha negado más de una década, cuando gobernaba Camacho Solís y después los perredistas; hoy todos juntos, a recibir el Sistema de Educación Básica y por tanto, también eludió el cumplimiento de su responsabilidad constitucional y en consecuencia, la Federación, no el Gobierno Federal, la Federación, estados y municipios, se han visto obligados a subsidiar al Distrito Federal.
Y efectivamente aquí se nos ha dicho, efectivamente, al margen de razones ideológicas y de alegatos de partido, la pregunta de fondo se mantiene vigente ¿Por qué el Distrito Federal puede evadir una obligación, que las demás entidades federativas deben cumplir? En realidad, no hay verdaderas razones que justifiquen el privilegio para uno y la discriminación para los demás.
Otros estados, como mi estado, como Baja California, aporta en el año del 2004 el 42% a la Educación Básica, que equivale a 3 mil 515 millones de pesos; le siguen Nuevo León con el 38% y rebasan la media nacional con el 22.9%, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Durango, Guanajuato y Chiapas. ¡Escuchaste bien Pino! Chiapas, Chiapas aporta 2 mil 396 millones este año a la Educación Básica.
Un análisis de la serie histórica del gasto programable de 1997 al 2005, con datos de las cuentas públicas. El gobierno del Distrito Federal tendrá que aportar en 2005, 4 mil 233 millones de pesos, sólo comparable con lo que hoy aporta el gobierno de Jalisco, 4 mil 341 millones de pesos. El gobierno del Distrito Federal ¡miente!, y ¡miente el PRD!, al decir que aportará 9 mil millones de pesos.
No deja de ser una paradoja que un gobierno que predica la primacía de los pobres, se niegue a financiar los servicios de Educación Básica, que con gran esfuerzo realizan los gobiernos, de Chiapas, de Nayarit y de Guerrero. En general los gobiernos de los estados, a excepción del Distrito Federal, cada año realizan grandes esfuerzos para aportar mayores recursos.
¡Entiéndanlo¡ No se trata de una rebelión de las provincias contra la ciudad de México, se trata de un justo reclamo a favor de un federalismo educativo, sustentado en los principios de equidad y responsabilidad. El Distrito Federal debe gozar los mismos derechos y compartir las mismas obligaciones, por ética y equidad.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra para alusiones personales, el señor diputado Salvador Martínez Della Rocca.
El diputado Salvador Martínez Della Rocca (PRD): Es verdaderamente increíble, hay que recomendar el libro "La ignorancia" de Milán Cundera.
Señor diputado, tengo en mis manos un documento ¡extraordinario!, elaborado por Santiago Ibarra Estrada, que se llama: "El gasto Educativo en el Distrito Federal". Me llama la atención que usted como diputado del PAN ni aunque sea, lean los documentos extraordinarios que algunos investigadores del Partido Acción Nacional hacen y si lee el documento va a encontrar cosas extraordinarias de cómo los indicadores, los indicadores delegación por delegación, aumentaron, en términos de lo que el Distrito Federal da para educación en su Ciudad en 31.18 por ciento del 2000 al 2002. Los indicadores de la tasa de gasto en atención a la demanda para becas y apoyos, señor, fue 295 mil 550 pesos, un aumento significativo. Los indicadores en matrícula subieron, subieron delegación por delegación, en estos dos años de manera muy significativa, puede usted ver la página 35; en el gasto alumno subimos a 62 mil 652 -pagina 38, para que lea el documento- aquí en el Distrito Federal.
Y por último, para no seguir con esta discusión, lea el documento, porque un serio investigador de Acción Nacional, a quien lo felicito, dice que en el período de Andrés Manuel López Obrador, el Distrito Federal ha incrementado su inversión en educación en 85 por ciento. Hay que leer antes que nada; hay que leer.
Miren ustedes...
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado Martínez Della Roca.
Sonido a la curul del diputado Osuna.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Preguntas; adelante, adelante. Nada más háganme varias.
El diputado José Guadalupe Osuna Millán (desde su curul): Sí, si el orador me permite hacerle una pregunta.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Le permite, señor diputado?
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Sí, cómo no, encantado, hazme tres.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado Osuna.
El diputado José Guadalupe Osuna Millán (desde su curul): Mi alusión fue a propósito. Usted en su anterior intervención dijo que Chiapas no aportaba. Yo le pregunto si conoce la Cuenta Pública del 2002 con datos de esta Cámara de Diputados; si no la conoce, es usted un ignorante.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Dije Guerrero y Oaxaca y aquí tengo el documento, ahorita se lo mando regalar. No trate usted de escuchar lo que nadie ha dicho; dije Guerrero y Oaxaca y aquí tengo los datos, ahorita se los obsequio con mucho gusto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Terminó la respuesta, señor diputado?
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Sí, ya.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante con el reloj parlamentario.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Entonces miren, también le voy a regalar una copia del documento que hizo este brillante investigador a quien yo felicito, para que lea todo lo que ha hecho el Distrito Federal en este período.
Mire usted, nosotros hemos estado pugnando y hemos estado luchando para fortalecer los rezagos y la calidad, señor diputado; y en esta ciudad se está atendiendo y ya ha habido una gran inversión en el período de Andrés Manuel López Obrador, delegación por delegación, datos que los aprendí de un documento de ustedes, porque tengo la mala costumbre de leer y no venir a decir mentiras porque eso me parece muy grave, aquí...
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Un momento, señor diputado.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Adelante.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sonido a la Curul del diputado Torres Zavala.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Como viene, como viene.
El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, (desde su curul).- Para preguntarle al orador si me permite unas preguntas respecto...
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Accede usted a la pregunta, señor diputado?
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca.- Son varias; mejor, órale.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante.
El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (desde su curul).- Nada más para preguntarle si no le da pena dar esas cifras de inversión en educación en el Distrito Federal, cuando esas cifras son las que invierte mi municipio con 120 mil habitantes en educación.
Muchas gracias.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Pena por las cifras, señor diputado, lo que me da muchísima pena son los presupuestos que su Presidente nos manda para educación, para ciencia y tecnología. Se los doy de memoria y eso le debería dar pena a usted y ojalá aquí demuestre que le da pena cuando discutamos el Presupuesto de Egresos para educación.
Su señor Presidente destina para cultura en este país el 0.04 del Producto Interno Bruto, cuando resulta que la UNESCO propone el 1 por ciento; y mire, para que le dé más pena: ese .04 en cultura tiene una repercusión en el Producto Interno Bruto de 6.46 por ciento.
Por eso la vez pasada, señor diputado, yo le decía a usted que como dice Walter Benjamín (¿), ahí donde la política se envilece, el primer encono es la cultura y usted en lo particular, cada vez que escucha la palabra cultura no sé por qué se enoja, señor diputado.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Concluyó su respuesta. Adelante con el reloj parlamentario.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Miren, para concluir vuelvo a hacer un llamado , vuelvo a hacer un llamado: vayamos a la reforma educativa, hagamos ese dictamen hoy; no nos peleemos.
Mire, en salud, en salud, el Distrito Federal aporta más del 50 por ciento para el gasto en salud; el Estado de México no llega ni al .5 ¿Qué les parecería que aplicáramos el mismo criterio del 122 para salud para que todo un bolón de estados le den al Distrito Federal porque aportamos mucho en salud?. Eso no es un Pacto Federal, un Pacto Federal es apoyar con todo a las zonas más rezagadas, a los estados más rezagados sin necesidad de hacerle y darle un atraco al D.F. No se vale.
Yo pido coherencia y pido que por la educación, por la cultura, por la ciencia y la tecnología, por la salud, por la inversión en el campo diputados por favor, cerremos todos filas y salgamos de aquí como una Cámara educadora, como un grupo de diputados y diputadas que estamos luchando por la educación. Pero no violentemos el pacto federal quitando dinero para dárselo a los estados más ricos. Gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Guillermo Huizar Carranza, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Huizar Carranza (PRD): Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:
No logro salir de mi asombro por esta mala costumbre que tienen mis compañeros de la derecha de crear mundos de fantasía. Nada menos su propio coordinador parlamentario vino a utilizar con tanta frecuencia la palabra "hubiera", palabra que por cierto en mi diccionario hace mucho tiempo desapareció. Y es que si hubiera y si hubiera y si hubiera. También si mi abuelita hubiera tenido bigotes, hubiera sido mi abuelito.
Compañeras y compañeros diputados: Desde el Partido de la Revolución Democrática hemos citado en múltiples ocasiones el deterioro que sufre el sistema educativo nacional. Hemos dicho en múltiples ocasiones que es un sistema rebasado, obsoleto, inequitativo e inocuo. Pero no es de la forma como se pretende corregir como vamos a alcanzar los resultados deseados.
Los argumentos bajo los cuales se sustenta la propuesta caen de uno por uno por su propio peso. Aquí se dice: el Distrito Federal tiene trato de privilegio. Tomen nota compañeras y compañeros diputados. El Distrito Federal aporta el 25% del Producto Interno Bruto y solo recoge el 11% de las participaciones nacionales. Eso, eso no es trato de privilegio. Hablan también de que se trata de lograr un proceso de federalización que dote de equidad al sistema.
Es importante remitirse a los antecedentes históricos: El Distrito Federal aporta la cantidad que aporta al gasto educativo nacional por la circunstancia de que cuando nace el Acuerdo Nacional para la Descentralización del Gasto Educativo, convergían dos sistemas educativos en el país, el propio de los estados y el que financiaba el Gobierno Federal.
Es natural y es obvio que dada la naturaleza jurídica del Distrito Federal, este no contaba con sistemas educativos propios, lo que sí ocurría con todos los demás estados de la República y que además el peso de la aportación a ese gasto educativo dependía directamente del tamaño de los sistemas que esos propios estados en el uso de su propia soberanía habían construido.
Por eso la solución compañeros y compañeros diputados es impulsar el Acuerdo Nacional para la Descentralización del Gasto Educativo. Y quiero recordarles que este Acuerdo Nacional suscrito en 1992, estableció con toda claridad de quién es obligación impulsar este acuerdo de descentralización en el Distrito Federal. A la letra dice: "En observancia del artículo 30 de la Ley Federal de Educación, la Secretaría de Educación Pública continuará a cargo de la dirección y operación de los planteles de educación básica y de formación de maestros en el Distrito Federal".
Sigue diciendo: "Corresponde por tanto a dicha Secretaría, ejecutar en el Distrito Federal las acciones convenidas en este acuerdo".
Si han transcurrido, como dice la exposición de motivos, 11 años sin concretar el acuerdo de descentralización en el Distrito Federal, es por la única responsabilidad y culpa de la Secretaría de Educación Pública, entiéndase del Ejecutivo Federal.
Si fuera real el argumento de que se pretende construir un sistema federal, ¿por qué, como ya se dijo aquí, por qué no le "echamos un ojo" al gasto en salud?, ¿por qué no vemos el gasto que enfrentan muchos estados de la República en materia agropecuaria?, seguramente porque estas cifras no les resultan convenientes.
Concluyo diciendo que los estados que sí son auténticamente beneficiados por el Sistema de Coordinación Fiscal, son: Tabasco, cuya participación per cápita es de 5 mil 613; el Distrito Federal es de menos de la mitad. ¿Dónde está el trato de privilegio al Distrito Federal?
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Gracias a usted, señor diputado. Para hablar en pro, tiene la palabra el señor diputado Antonio Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez:
Con su permiso, diputado Presidente.
Las diputadas y diputados de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, saludamos y recogemos con mucho interés la convocatoria de nuestros compañeros del PRD a fin de emprender una reforma educativa. Ojalá y así nos hubiera gustado que esta convocatoria se hubiese dado en el momento en que esta iniciativa se estaba discutiendo en las comisiones correspondientes.
Compañeras y compañeros diputados, somos testigos de una discusión trascendente para la vida nacional, como lo es la propuesta de reforma al Apartado C del artículo 122 de la Constitución, para agregarle una base sexta que tiene como propósito fundamental fortalecer el federalismo.
Quiero agregar de manera enfática, aun en contra de los señalamientos que aquí se han hecho valer, que también se trata de fortalecer al Distrito Federal en su carácter de entidad federativa.
El recuento de los argumentos en contra es el siguiente: Se insiste en que esta medida impactará negativamente en el presupuesto para la educación pública y los recursos destinados a las delegaciones; que la reforma es una vía para evitar la descentralización y para golpear el corazón de las finanzas públicas del Distrito Federal; que esta reforma no fue precedida por el diálogo suficiente como para llegar a los acuerdos.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Señor diputado, suspendan el reloj parlamentario. Sonido en la curul del diputado Ortiz Pinchetti.
El diputado José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (desde su curul):
¿Puedo hacerle una pregunta al señor diputado?
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Señor diputado, ¿acepta usted la pregunta?
El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez:
Fíjese que compañero diputado, me encantaría; pero no, no la aceptaré.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
No acepta la pregunta, señor diputado.
El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez:
Respecto de estos argumentos, la fracción parlamentaria del PRI, quiere dejar muy claro lo siguiente:
La propuesta contenida en el dictamen fortalece el federalismo, ya que a partir de la inclusión en la Constitución del Distrito Federal como entidad federativa, ésta debe asumir las mismas obligaciones y responsabilidades que el resto de los estados que en materia de educación aportan importantes recursos al sostenimiento de la ocasión básica y, debo agregar, al de todos los niveles educativos, circunstancia que no ocurre en el Distrito Federal a quien la Federación –hasta ahora– no sólo le cubre lo relativo al gasto educativo, incluyendo en éste el gasto en las instituciones de educación superior como la UNAM, el Politécnico y la Autónoma Metropolitana, además del gasto en salud.
La adición que se propone, no golpea, como se ha insistido, las finanzas del Distrito Federal, lo que sí hace es redistribuir los recursos que no disminuyen, asignados al Distrito Federal.
La reasignación y redistribución es ineludible, si queremos que la justicia y la equidad prevalezcan en la distribución de los recursos públicos de todos los mexicanos.
Con frecuencia se olvida que los estados han sido obligados a incrementar sus recursos propios a través de la revaloración del costo de sus servicios públicos y los municipios, por conducto del constante incremento al impuesto predial que invariablemente supera a los índices inflacionarios.
Todo ello, para estar en condiciones de asumir la responsabilidad de pagar la educación, la salud, la infraestructura básica en condiciones que el Distrito Federal no realiza por el régimen que actualmente tiene de privilegio fiscal.
Negamos enfáticamente la ausencia del diálogo en la definición de esta reforma, ya que fue precisamente a petición de los diputados del PRD que el turno de la Mesa Directiva se amplió para hacerla llegar a las Comisiones del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, donde se tuvo el tiempo suficiente para presentar, por escrito incluso, sus argumentos y razones. Estos por supuesto estuvieron ausentes al interior de las comisiones.
Que la opinión pública registre y se le informe que la iniciativa que hoy se dictamina fue presentada en diciembre de 2003, esto es, con el tiempo suficiente para presentar propuestas consistentes y no las reacciones que hasta ahora hemos presenciado.
Compañeras y compañeros legisladores: México, nuestro país, es sin duda la suma y la síntesis de sus regiones, de sus hombres y de sus mujeres y desde luego de quienes ahora son la más importante promesa del mañana, de nuestros niños.
En beneficio de ellos, de nuestros hijos, los invito a respaldar esta propuesta contenida de dictamen que hoy discutimos.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra de la iniciativa.
El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:
Compañeras y compañeros legisladores:
No somos enemigos, somos amigos o cuando mucho deberíamos ser adversarios. La pasión política no debe llevarnos a perder la objetividad y menos en el momento que vive el país, la posibilidad de dialogar.
El dictamen que hoy se está aprobando adolece de múltiples deficiencias y contradicciones. No debiera esta Cámara aprobar un dictamen con tantos problemas.
Su visión histórica está radicalmente equivocada. Se dice que a la Ciudad de México se le quitaron privilegios políticos, derechos democráticos y se le otorgaron beneficios económicos. Eso no corresponde con la realidad histórica.
Se quitó la democracia en el 28 porque la Ciudad de México tenía mucho más recursos que la Federación y los estudios serios han demostrado que la inversión pública a lo largo del siglo XX se financió con fondos generados en el Distrito Federal.
El dictamen está hecho por alguien que se quedó paralizado en los años 80. Dice que la ciudad no genera ingresos propios, que tiene una serie de privilegios fiscales y en el presupuesto federal. Eso era totalmente cierto en 1988, pero eso ha cambiado en los últimos años.
El DF recibía 30 por ciento de subsidio a su presupuesto directo; eso dejó de ocurrir desde 1990. El DF recibía 22 por ciento de las participaciones federales; hoy recibe el 11.3.
Las cuentas se tienen que hacer completas. Es lamentable que estemos aprobando una reforma constitucional en base a la comparación de partidas presupuestales, sin tomar en cuenta la historia fiscal de la ciudad en relación al resto del país. Eso no debe ser.
Pero además en esta decisión hay un gran error político. Perdón que así se los diga, cuando aquí escucho que se dice: "Mire todo el dinero que hay en el DF, y todo lo que pudimos hacer en el resto de la República", no dejo más que de preocuparme porque me parece que al frente del país hay una línea política que no está cuidando la unidad nacional.
No se vale enfrentar a unos estados contra los otros. Hoy es el estado de México, Nuevo León y otros, contra el Distrito Federal; mañana será el norte contra el sur o el DF, unido a los estados pobres, contra el resto de los estados. Eso lo debíamos de parar y de detener.
Ya es muy tarde. La decisión está tomada. Y es lamentable que en el momento de la oportunidad, del gran cambio que tiene el país, estemos enfrascados en la disputa por 4, 5, 9 mil millones y no estemos tomando las grandes decisiones que necesita el país, empezando por la reforma de la educación.
¿En qué va a mejorar esta decisión la educación en el DF, o en los otros estados? Es un embargo a los recursos del DF, para financiar otras prioridades en otros estados y ustedes lo saben.
Pero nunca es suficientemente tarde para poder actuar con responsabilidad. Yo invitaría a que se analice nuevamente el dictamen. Pero ustedes ya tomaron su decisión. Por lo menos seamos responsables para que en el Senado se pueda corregir una decisión arbitraria, injusta, mal fundada y que no tiene otro propósito que lograr una ventaja política inmediata.
Pensemos con visión y no perdamos esa capacidad de construir las decisiones que nos reclama la sociedad.
Esta es una traición a un mandato de cambio; son pequeñeces frente a las grandes necesidades que le reclama la sociedad a su clase política.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Tiene la palabra la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Partido Acción Nacional.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo:
Con su venia, señor Presidente.
Subo a esta tribuna como originaria de Sinaloa y quien vive en el estado de Nuevo León. Como dirían los habitantes del Distrito Federal: "vengo de provincia".
Hablo con la convicción por ello de que la reforma al artículo 122 constitucional, contribuya a fortalecer el federalismo y a hacer corresponsables a todas y todos en lo que tiene que ver con educación, ya que conlleva la promoción de condiciones de equidad orientadas al desarrollo homogéneo de todas las regiones del país.
No venimos a dividir. Nosotros no hablamos de los ricos y de los pobres; nosotros no hablamos de los gobiernos del PAN, de los gobiernos del PRI ni de los gobiernos del PRD. Nosotros hablamos de la educación en México.
Todos los estados participan del gasto educativo, incluso Chiapas, compañero Amadeo, y Tabasco; estados en situación económica mucho más en desventaja que el Distrito Federal. También reciben los estados recursos de la Federación que oscilan entre el 60 y el 80 % de sus presupuestos estatales y educativos.
La aportación del Distrito Federal a la educación, es de alrededor del 2 % del total.
Yo preguntaría, ¿cuáles son las diferencias o qué es lo que en realidad estamos discutiendo en este momento: la reforma al artículo 122 constitucional o la descentralización educativa?
Cuando hablamos de que la descentralización educativa no la ha querido hacer el Gobierno Federal, yo pregunto ¿qué pasaría si hoy, hoy...
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Suspendan el reloj legislativo. Perdóneme, señora diputada. Sonido en la curul del diputado Amadeo Espinosa.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (desde su curul):
Que en su momento me anote por alusiones personales, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Lo haremos.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo:
Yo digo que el día de hoy, si se aplicara la Ley de Educación del Distrito Federal, ¿qué pasaría con este cumplimiento para que el 8 % del producto interno bruto (PIB) fuera a la educación? ¿Qué pasaría con el año sabático que está aprobado en esto, en donde más suceden años sabáticos en este país?
¡Parecería que quienes se tomaron el año sabático o los meses sabáticos fueron nuestros compañeros del PRD, porque este dictamen lo aprobamos nosotros en la Comisión de Educación el pasado 18 de mayo y no a principios de septiembre, como se nos ha querido venir a decir!
Desde la fundación de Acción Nacional hemos propugnado por el federalismo auténtico y hemos luchado por mejorar la educación en este país. ¡Mienten los que dicen que este es un acto golpista; golpista los que toman maletines y mandan a sus esposas como carne de cañón!
Por ello, los exhorto yo a que aprobemos la reforma al artículo 122 constitucional, éste recoge la demanda de todos los secretarios y Secretarias de Educación que el año pasado, no recuerdo si fue en noviembre o en diciembre, acudieron a vernos a la Comisión de Educación y nos pidieron equidad; equidad en la participación del gasto en educación. Nos decían: "No queremos seguir manteniendo a los capitalinos en cuanto a gasto educativo".
También se les olvida que la votación al interior de la Comisión de Educación cómo se dio y le digo aquí a mi compañero Solís: ¿Acaso se le olvida cómo se dio esa votación? ¿Acaso lo que usted está queriendo decir en este momento es que la Comisión de Educación no funciona? ¡No creo compañero que usted quiera decir eso y mucho menos en estos momentos!
Termino y veo aquí y retomo las frases que decía mi Presidente de la Comisión de Educación Salvador Martínez Della Rocca, decía: "No nos peleemos". ¡Quién ha iniciado el pleito cuando le ha faltado el respeto a Francisco Barrio! ¡Quién ha iniciado el pleito cuando lo que han venido a hacer aquí es enfrentar a los que tienen con los que no tienen, a quien ha dicho que yo soy el que le di el dinero a las universidades! ¡No Salvador, yo no conseguí dinero para nadie; todos juntos votamos porque este dinero se fuera en beneficio de la educación de este país!
¡Los invito así pues a que juntos trabajemos y luchemos porque todos los estados de la República participen de igual manera en pro de la educación, pero educación no solamente es la que se da en el aula, educación es también aquella que mostramos de forma informal! Y yo preguntaría, si la educación que ustedes mostraron aquí, el día que subieron con aquella manta y quitaron a nuestro Presidente de su lugar, ¿esa es la educación que le queremos dar al resto de los mexicanos? ¡Yo no!
Con esto lo único que invito es a pedirles que aprobemos este dictamen, que este dictamen está discutido, que no va en fast track, se dio o se daría por aquellos que abandonaron en el periodo de receso su trabajo y se dedicaron a eso, a estar de vacaciones y en receso. ¡Nosotros seguimos trabajando en pro de México, en pro de la educación y en pro de todos los mexicanos!
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Gracias a usted, señora diputada.
Para contestar alusiones personales tiene la palabra el señor diputado Amadeo Espinosa Ramos.
El diputado Amadeo Espinosa Ramos:
Con el permiso de la Presidencia.
Efectivamente, mi estado, Chiapas, es uno de los estados que gasta e invierte en educación. 63 centavos de cada peso se destinan en el estado de Chiapas para educación. Pero compañera Tatiana usted no vino aquí con ánimo federalista, compañera Tatiana usted no vino aquí con ánimo de equidad, porque lo que quieren quitarle al DF se lo quieren dar nada más a cuatro estados y cuatro estados ricos que son: el estado de México, Nuevo León, del cual usted es originaria, ¿verdad?, Jalisco y Guanajuato. ¡No es posible –y Baja California– no es posible, dónde está el ánimo de equidad!
¡Por eso, nuestra propuesta es que reconozcamos que lo que está pasando en el DF tiene una historia, es un proceso! ¡El DF no tenía derechos políticos y por lo mismo no tenía la condición de estado del país! ¡Por eso no tenía educación estatal como lo tenemos muchos estados del país.
¡De la noche a la mañana quieren dar este golpe, que tiene más cuestiones políticas que otra cosa!
Hay otros estados también que no se ha dicho, mis compañeros de Oaxaca lo saben, Oaxaca invierte muy poco en educación. ¿Vamos a dejar más pobre a Oaxaca? ¡Esta reforma no tiene los ánimos de equidad que aquí se ha dicho!
Nuestra propuesta de avanzar en un proceso gradual, que respete precisamente esa historia del DF y que le dé a todos los estados, a Chiapas, ¡claro que necesitamos dinero para la educación!, ¡claro que vamos a pelear esos recursos! Porque lo que quieren hacer es despojar al DF, es atracar al DF para dárselo a los estados ricos y no a los pobres, definitivamente.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Para alusiones personales, tiene también el uso de la palabra el diputado Iván García Solís.
El diputado Iván García Solís:
Gracias Presidente.
En primer lugar quiero reconocer que ha permitido usted que, así sea parcialmente, reviva el reglamento y ahora podemos disponer de intervenciones para alusiones personales y en unos momentos más, espero, también para hechos. Esto es un avance en el trabajo parlamentario.
Quiero decir en primer lugar a la compañera Tatiana, fraternalmente, que hice críticas a todas las comisiones que participaron en estos trabajos. A la de Educación reclamé la insuficiente discusión sobre el tema, pero solamente eso. A la comisión que reclamé con más énfasis, fue a la de Puntos Constitucionales, en donde no se constituyó en términos de la Ley Orgánica y el Reglamento, el quórum legal; ésta es mi reclamación.
Aprovecho estos minutos para hablar del fondo del asunto. Celebro que estemos llegando al fondo del asunto y además pido que este debate continúe en los buenos y mejores términos que deben ser, con el objeto de que podamos perfilar propuestas, porque el país requiere eso, propuestas y salidas viables y útiles, no sólo para la educación sino para la democracia y para la vida armónica de la Federación.
En las consideraciones de la reforma en comento, se dice:
"En 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º, plasmó el régimen educativo, sin determinar la distribución de competencias entre los Poderes Federal, los estados y los municipios. Actualmente se reconoce la efectiva concurrencia con la que se debe operar el sistema educativo nacional."
Es importante recordar que progresivamente se ha enriquecido la materia educativa y sus norma, pero hace falta que tanto el artículo 3º como la Ley General de Educación, precisen de mejor y más clara manera las contribuciones, la forma en que las entidades federativas aportarán sus contribuciones. Esa es una tarea pendiente que esta Cámara de Diputados y desde luego la de Senadores, debieran abordar. Pero no, de ninguna manera, ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, de ninguna manera se puede abordar esta tarea yendo al artículo 122 constitucional.
El artículo 122 constitucional, recordemos, era por así decirlo un cajón vacío, era el último de los artículos que se refieren a las entidades federativas. Desde luego el Distrito Federal espera ser una entidad con derechos plenos y ya no tener que requerir de ese 122 que lo hace entidad de excepción y entonces está regido por el 115, 116, 117, 118, etcétera, y todos aquellos artículos que rigen a las entidades federativas libres y soberanas como queremos que sean.
Entonces, ¿qué necesitamos si queremos legislar en educación ciudadanas y ciudadanos diputados del PAN, del PRI, del PRD, de todos los grupos partidarios? Necesitamos indudablemente, requerimos perfeccionar la legislación educativa en esta materia, pero derivándolo del artículo 3º de la Ley General de Educación, de ésta o de otra, o de ésta mejorada, porque esa ley a lo largo de los 12 años que tiene de vigencia ha mostrado en muchas ocasiones y en muchas materias su invalidez, su absoluta inviabilidad.
Entonces con esto termino, requerimos, ciudadanas y ciudadanos, situar, si ustedes dicen que este debate es educativo, situarlo en educación, de lo contrario se trata de otra cosa, se trata de una ley para la piratería, para la piratería, para despojar al Distrito Federal de recursos no previsibles sino de recursos que ya tiene, y gravísimo no asegurando que este producto del pillaje legislativo, si es que se comete, vaya a ser para el desarrollo educativo, sino que pueda ocurrir que su destino sea, ahí sí, ahí, para promociones político electorales en esta coyuntura que está afectando gravísimamente la acción legislativa y la vida nacional en su conjunto.
Entonces cambiemos la forma de legislar, legislemos en educación, sí, pero en la línea del artículo 3º y la Ley General de Educación y no vayamos, ni a las confiscaciones violentas y coercitivas ni al despojo de los legítimos fondos del Distrito Federal. Gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Salvador Martínez Della Rocca para alusiones personales.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Roca:
Con todo el respeto que siempre me ha merecido y me merece mi compañera Tatiana Clouthier. Quiero aclarar algunas cosas, por eso digo que no hay que hacer de una ignorancia una virtud, y no me refiero a Tatiana, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve estados los que no aportan para educación: Campeche, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala. Aquí está el documento, son datos oficiales, punto 1.
Punto 2. Nos quieren que paguemos un tributo feudal, por algo que no va a estar en nuestras manos para administrar lo que es la educación, y no es responsabilidad nuestra porque el PRD lo ha solicitado en múltiples ocasiones incluso la semana pasada.
Punto 2. Compañera Tatiana, usted sabe perfectamente bien que en nuestra comisión hubo quórum, se debatió, se votó y perdimos nosotros la votación, pero usted sabe, compañera Tatiana, porque la conozco, usted es una persona a quien yo respeto, que yo propuse, propuse:
Uno. Que no votáramos precipitadamente, que solicitáramos una mesa de discusión, para tener toda la información en nuestras manos del impacto que iba a tener si se aprueba este 122.
Le consta que propuse, compañera Tatiana, que invitáramos a Silvio Ortega, que invitáramos a Raquel Sosa, que invitáramos al compañero del SNTE y de la CNTE, y que invitáramos a un grupo de intelectuales importantes plurales para discutir a fondo lo que íbamos a votar. Aquí salta a la vista inmediatamente la falta de información y tenemos oportunidad de hacerlo.
Propuse esta mesa no se aceptó la propuesta, pero les digo lo siguiente, retomando la propuesta del profesor Chuayffet sobre la reforma educativa, todavía es tiempo, no tenemos por qué votar hoy. Podemos convocar a varios seminarios, irnos a fondo hasta tener todo en nuestras manos, y que cuando se vote, votemos nosotros con la absoluta seguridad de lo que estamos haciendo.
Ahora bien, compañera Tatiana, dice Michael Foucault, que el diálogo es la condición que el vencedor le impone al vencido: Primero, "te la rompo y luego te invito a dialogar". Y es lo que veo, que aquí se trata de hacer. Yo por eso vine aquí, no a dialogar, vine a debatir, y cuando vengo a debatir, si a alguien ofendí, si a alguien ofendí y lo digo por el coordinador Barrio, yo le pido disculpas, no me da pena, pero que quede claro, que lo que yo dije, lo dije sustentándolo en datos.
Y termino diciendo lo siguiente: Hemos exigido la descentralización y la sigo proponiendo.
Y quiero terminar diciéndoles una cosa que no la digo yo, sino que la dice Juan Rulfo en Llano en Llamas. Lo leo: "No decimos lo que pensamos". Aquí hay muchos que van a votar y no quieren decir lo que verdaderamente piensan. Dice Juan Rulfo: "Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar, uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo; uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le reseca a uno la lengua hasta que acaban con el resuello".
Aquí así son las cosas, por eso a nadie la da por platicar. Los invito a que platiquemos, a que expresemos lo que pensamos y a que tomemos una decisión a la altura que la nación lo requiere.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Esta Presidencia tiene anotados para rectificación de hechos al diputado Gilberto Ensástiga y al diputado José Agustín Ortiz Pinchetti. Al terminar este último consultaremos si se encuentra el dictamen suficientemente discutido.
Tiene la palabra el diputado Gilberto Ensastiga.
El diputado Gilberto Ensastiga Santiago:
Con su venia, Presidente. Diputadas y diputados:
En todo este proceso hay una serie de irregularidades que tendrán que aclararse en este Congreso o en las instancias del Poder Judicial, porque no hay un diagnóstico financiero de lo que significa reformar el artículo 122 constitucional. No importa si afecte o beneficie a la Ciudad de México, es una línea monolítica que no busca efectivamente encontrar formas de consensar esta reforma constitucional, pero también hay que decirlo; hay firmas de ausentes que al parecer estuvieron presentes y ésta es una violación a las disposiciones que norman los trabajos de este Congreso, y me refiero en particular a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con esta reforma se violenta lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, el artículo 9 señala que las participaciones son inembargables, lo que quiere decir que no se pueden afectar y eso tampoco importa.
Obligar al Distrito Federal a sufragar los gastos de educación en nada tiene que ver con los intereses de muchos de los que hoy han venido a hablar y de los compromisos que hay con los habitantes en esta ciudad y además se ha buscado, se ha alentado la contradicción entre los estados con el Distrito Federal. A mí me parece que todos los que están escondiendo estas acciones que estoy señalando, son los verdaderos golpistas, no los que venimos a tomar la tribuna, porque ustedes están violentando las disposiciones de este Congreso.
Señor Presidente, solicito...
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Se ruega a los señores y a las señoras diputadas escuchar con atención al orador.
El diputado Gilberto Ensastiga Santiago:
Dice el diputado Legorreta que no hay recursos en materia de educación en el Gobierno del Distrito Federal, ahí es en donde se demuestra que no hay elementos para sustentar y justificar la reforma al 122.
Quiero informarle que el Gobierno de la Ciudad, a diferencia de otros estados, tiene una inversión en varias acciones que fortalecen la educación en la Ciudad de México y estamos hablando de más de 23 mil millones de pesos y éstos están destinados a la atención y mejoramiento nutricional al fomento y desarrollo de la educación en la construcción de preparatorias de la Universidad de la Ciudad de México, y si a usted esto no le parece una inversión, yo lo invitaría...
El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, detengan el reloj parlamentario. Me permite señor diputado.
Sonido en la curul del señor diputado.
El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): Señor Presidente: fuera usted tan amable en preguntarle al señor orador si me acepta unas preguntas.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto.
¿Le acepta usted la pregunta al diputado Sánchez?
El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Sí, con todo gusto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado.
El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): Gracias, diputado, por aceptarla.
Estaba escuchándolo con mucha atención que el Distrito Federal dedica 2 mil millones de pesos para la educación de los defeños.
Yo quisiera preguntarle porque aquí se han dado datos y datos y todo mundo sabe mucho, y ya que saben mucho, si usted sabía o sabe que el Estado de Jalisco tiene y sostiene tres universidades tecnológicas; que el Estado de Jalisco, el Gobierno del Estado de Jalisco entrega a la Universidad pública la cantidad de 2 mil millones de pesos, para su presupuesto, que equivale al 52% del presupuesto total de la Universidad de Guadalajara; que el Estado de Jalisco invierte el 52% de su presupuesto total en la educación de los jaliscienses.
Y usted podría decirme: ¿con cuánto apoya el Gobierno del Distrito Federal a la UNAM? ¿Cuántas universidades tecnológicas tiene y sostiene? ¿Cuánto de su presupuesto dedica a la educación de los defeños?
Gracias por su respuesta.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado.
El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Primero agradecerle que me esté escuchando con atención porque pensé que ni uno de los que estaba de lado derecho, lo estaba haciendo.
Muchas gracias.
Segundo.- Yo vengo a hablar del Distrito Federal, si quiere hablar usted del Estado de Jalisco pida la palabra, venga a presentar esos argumentos porque lo único que le puedo decir es que el Distrito Federal, el Distrito Federal incorpora y esto es no lo que no se quiere reconocer, el 23 por ciento del Producto Interno Bruto y todos esos recursos se están destinando para las acciones de la Federación y los Estados.
Y es un tema en donde ustedes no han querido entrar porque existe inequidad a la hora de regresar los recursos al Distrito Federal...
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, disculpe, ¿ya terminó la respuesta a la pregunta?
El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Sí, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante con el reloj parlamentario.
El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Por último, quiero comentar que esta reforma nos ha llevado a una confusión generalizada ha que trascendido en los medios de comunicación, porque se hablan de 4 mil de 9 mil millones de pesos que puede afectar a la ciudad.
Y en realidad, quienes han estado manejando a la baja la afectación de estos recursos, efectivamente tiene que ver con esa campaña de desinformación, pero también tiene que ver con ese grado de irresponsabilidad, esa fórmula es prácticamente indescifrable, está sujeta a los vaivenes, a la magnitud que se quiere alcanzar para afectar al Gobierno de la Ciudad y desde luego queremos decirle que en el momento de que se presentó este proyecto de decreto, no se tuvo en tiempo y forma una discusión de cuáles serían los verdaderos recursos.
Y aún más, y concluyo, ustedes con la aprobación a las reformas a la Ley del Seguro Social, restaron una serie de derechos contractuales a los trabajadores y en este proyecto de decreto buscan tutelarlos a favor de los sindicalizados del Magisterio. Ahí están las incongruencias y están los errores a los que han llevado a este Congreso.
Es cuanto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Agustín Ortiz Pinchetti, para rectificación de hechos.
El diputado José Agustín Ortiz Pinchetti (PRD): Con su venía, señor Presidente.
Vengo a hacer un rectificación de hechos derivada de la intervención del diputado del PRI, que me antecedió. Él afirma que ha habido voluntad de dialogo permanente en esta materia para encontrar soluciones negociadas, infortunadamente no es cierto. Nunca en toda mi vida profesional, como abogado, como político, he encontrado un nivel de intransigencia mayor que en la negociación del 122, de la negociación de esta reforma y voy a los hechos.
La reforma fue aprobada en la Comisión del Distrito Federal, sin dictamen elaborado por la comisión, con violación sistemática de todo el proceso parlamentario. En una sesión fuera de orden de día, se nos obligó a tratar el tema y se nos presentó ya firmado un dictamen, lo cual es aberrante, porque el trabajo de la comisión es el de poder hacer la elaboración.
Durante diez meses enteros, estuvimos buscando el contacto, tanto con el Partido Acción Nacional; yo tengo ahí las cartas en que oficialmente pedimos que se abriera a una discusión el tema, como también con la Coordinación del PRI. Hicimos un esfuerzo que duró meses para poder conducir a una negociación el tema.
El licenciado Campa Crifrián, logró establecer un contacto con la Secretaría de Hacienda y nosotros nos abrimos inmediatamente, el Secretario de Finanzas del Distrito Federal, estuvo preparado para iniciar las negociaciones. Hasta el último minuto y el licenciado Chuayffet, que me honra con su amistad y que ha sido siempre veraz y consistente, me desmentiría, hasta el último minuto, antes de que entrara este asunto en agenda, estuvimos insistiendo en la negociación y se nos advirtió que se iba a ir a fondo hasta la resolución parlamentaria. No ha habido ninguna voluntad de resolver las cosas.
Y respecto de otra alusión que hace nuestro compañero del PRI, diciendo que el Distrito Federal se ha negado al proceso de descentralización y éste es uno de los temas que aparece constantemente en las distintas intervenciones, me voy a permitir dar lectura a un estudio del gasto educativo en el Distrito Federal del 3 de julio del año 2003, es un estudio que hace nada menos que, la respetable Fundación "Adolfo Christielb Ibarrola" del Partido Acción Nacional y que dice literalmente:
"El actual Jefe de Gobierno retomó la iniciativa de completar la transferencia de los servicios de Enseñanza Básica de la capital. Sin embargo la operación se contaminó con la negociación de medidas trascendentales para el Sistema Educativo Nacional, que presentaron concesiones importantes de parte del Sindicato. Finalmente, la SEP se vio obligada a ceder ante el CENTE y la descentralización educativa en el Distrito Federal, volvió a ser aplazada por tiempo indefinido..."
Doy testimonio personal de la participación en las negociaciones iniciales y también el intento del Distrito Federal de acelerar la descentralización. Aquí está abriéndose frente a nosotros, una avenida de resolución, ¿por qué no la transitamos? Si de lo que se trata es de ir adelante en la descentralización y que se pueda equiparar el Distrito Federal a todas las demás entidades federativas, ¡vamos por ahí!, ahí está la solución.
Nosotros queremos platicar –como diría Elpino-, nosotros hemos pedido incansablemente el dialogo, la intransigencia ha sido completa inexplicable, porque es un tema que merece una amplísimo cambio de impresiones. Creo que la nación se merece que se esclarezcan todas estas cosas y que no haya falsedades ni turbiedades respecto de la intención del gobierno del Distrito Federal.
Muchísimas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Esta Presidencia tiene registro para reserva en lo particular de los siguientes artículos del proyecto de decreto:
El diputado Gilberto Ensástia Santiago, (desde su curul).- Señor Presidente, antes del procedimiento.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, señor diputado. Sonido a la curul del diputado Ensástiga.
El diputado Gilberto Ensástiga Santiago (desde su curul).- Solamente solicitarle que tenga mucho cuidado con el procedimiento. Antes de votar en lo general, tendría usted que haber solicitado las reservas. Yo le pediría de favor mayor atención.
Gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, esta Presidencia le aclara que no hemos votado en lo general todavía el artículo y que seremos, como lo hemos sido, muy cuidadosos del Reglamento.
(Aplausos)
Sigo. Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos del proyecto de decreto:
Artículo 122, base sexta:
Por el diputado René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática y por el diputado Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática.
Primero Transitorio:
Por el diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática y por la diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática.
Primero, segundo y tercero transitorios:
Por el diputado Jesús González Schmal, del partido CONVERGENCIA.
Segundo transitorio:
Por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional; por la diputada Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la Revolución Democrática y por el diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática.
Tercero Transitorio:
Por el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría, del Partido Revolucionario Institucional; por el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; por el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.
Y también se ha reservado para adición de un transitorio, por el diputado Oscar González Yánez, del Partido del Trabajo.
Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del artículo cuarto transitorio no impugnado.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
(Votación)
No se van a aceptar votos a menos de que avisen a la mesa directiva que tengan problema con su votación electrónica.
Diputado presidente se emitieron 369 votos en pro, 102 en contra y 8 abstenciones.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 369 votos.
Sonido a la curul del señor diputado.
El diputado Julio Boltvinik Kalinka (desde la curul) Señor presidente no puede usted decir que se aprobó en lo particular porque todos los artículos están reservados. Pido que corrija y diga que aprobado en lo general, solamente, porque todos los artículos tanto los transitorios como el texto de reforma constitucional, han sido reservados.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado si no tuviese yo la lista de los artículos reservados podría obserquiarle su petición pero el artículo 4o. transitorio no fue reservado. ¿Satisfecho?
Se han registrado para la discusión del artículo 122 base sexta, como lo comenté anteriormente, el diputado René Arce Islas y el diputado Miguel Alonso Raya.
Tiene la palabra el señor diputado René Arce Islas.
El diputado Rene Arce Islas: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
En un sistema democrático la mayoría es la que toma las decisiones. Y en este momento ha sido una mayoría la que ha votado y tomado una decisión muy importante para el destino de nuestro país. Así son las cosas y así tenemos que aceptarlas quienes nos consideramos demócratas.
Sin embargo, tenemos que decir que cuando se toman este tipo de decisiones siempre sería más satisfactorio que el número de los votos fuese acompañado del triunfo en el debate, en las razones, en la capacidad para dar argumentos y convencer. Hoy, quienes han ganado democráticamente no llevan también la satisfacción de haber ganado en esta tribuna el debate.
Hoy, seguramente algunos de ustedes se alegrarán por tener la mayoría, es parte de lo que tienen que disfrutar. Pero estoy convencido que una gran cantidad de diputados aquí al escuchar los argumentos de aquéllos a quienes consideraban minoría sin capacidad de argumentar el día de hoy se llevan en su conciencia que aquí hubo diputados que vinieron con argumentos, con números, a demostrar por qué esta aprobación no correspondía ni a la razón jurídica , ni a la razón ética, ni a la razón moral.
Que el día de hoy en esta Cámara de Diputados se está inscribiendo uno de los pasajes más tristes que atentan en contra de lo que debería de ser la unidad nacional.
El día de hoy se ha agredido en esta Cámara a una ciudad extremadamente generosa, a una ciudad que a lo largo de su historia ha sido generosa con la misma historia; ha sido generosa con la mayor parte de los estados de la provincia mexicana y ha sido generosa consigo misma.
Qué ciudad o qué estado de la República permitiría que la mayor parte de su riqueza producida, se distribuyera a lo largo y a lo ancho del país.
Qué ciudad permitiría que gentes de otras entidades, como lo fue en su momento de Nuevo León, Martínez Domínguez; Cossio Vidaurri, de Jalisco; Manuel Aguilera, de Veracruz; o Hank González, del Estado de México, hubieran podido venir a gobernar esta ciudad.
Esta ciudad, también ha permitido que hasta la fecha, millones de gentes de la provincia vengan aquí a estudiar, a trabajar, a cuestiones de salud, y jamás han encontrado ustedes una pared donde diga "has patria: mata un provinciano". (aplausos) Porque aquí, a todos se les ha recibido con los brazos abiertos. Así es de generosa esta ciudad.
Hoy se le castiga a la ciudad, se le castiga por razones eminentemente políticas; se le castiga porque hoy la ciudad es el espejo de muchas de las incompetencias del Gobierno Federal y porque esta ciudad se convierte en una de las guías importantes para la resolución el día de mañana, de los grandes proyectos nacionales que habrá que presentar ante el electorado.
Eso es lo que se castiga, como se castigó en 1928, al quitarle sus derechos políticos porque otros en el gobierno consideraron que era lo mejor para evitar el conflicto en la discusión de los proyectos. Pero así como se recuperó en el ’97, esta ciudad se volverá a recuperar, pésele a quien le pese.
Muchas gracias. (aplausos)
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Miguel Alonso Raya.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD): Con su permiso señor Presidente. Compañeros y compañeras.
No es necesario establecer una base sexta en el 122 de la Constitución, porque los que firmaron el acuerdo y los convenios en el ’92, cuando la descentralización, al mismo tiempo avalaron –desde aquél entonces- lo que hoy cuestionan supuestamente como inequidad.
En aquél entonces, cuando los convocó Salinas a firmar el acuerdo y a firmar los convenios, fueron formaditos, sin chistar –en el Palacio Nacional- a firmar el acuerdo y los convenios de lo que hoy vienen a cuestionar.
Por cierto, el señor Barrio era gobernador de Chihuahua, y firmó igual que todos los demás. Y del Estado de México era Pichardo Pagaza, y firmó igual que los demás: sin chistar, disciplinadito, haciéndole cortesía a Carlos Salinas de Gortari al firmar el acuerdo y los convenios.
No dijeron que eran inequitativos, sin embargo aquí lo que se plantea es una cuestión, no si es justo o no resolver o atender problemas de iniquidad en la distribución de los recursos. Revisemos las fórmulas de la Ley de Coordinación Fiscal para ser más equitativa la distribución de recursos. Revisemos las fórmulas para incorporar otros factores que permitan que haya una distribución más adecuada de los recursos a cada una de las entidades.
A Chuayfett le consta… al diputado Chuayfett le consta, cuando él era gobernador en el Estado de México, juntos varias veces –yo como representante sindical- planteamos la necesidad de que el Estado de México fuera atendido de otra manera y tuviera más recursos para atender la demanda de educación.
Porque el Estado de México, por el fenómeno de inmigración que tiene, tiene una presión mayor de recursos, indiscutiblemente hay un sistema educativo paralelo; pero eso no se puede hacer sobre la base de quitarle recursos a otra entidad y poner en riesgo la viabilidad del pacto de la unión. Se tiene que hacer sobre la base de las causas que la propia ley establece.
Remodifiquemos la Ley de Coordinación Fiscal; revisemos la reasignación de recursos a cada estado, pero no atraquemos a un estado como el Distrito Federal para poder pretender resolver la inequidad que tienen otras entidades.
Compañeras y compañeros, por eso no tiene ninguna razón la base sexta. Se modificó el artículo 3 en el 93 y ahí quedaron establecidas las obligaciones del Distrito Federal en materia de educación, se reformó la Ley Federal para convertirse en Ley General de Educación y quedaron establecidas en el artículo 16 de esta ley las obligaciones del Distrito Federal y quedó establecido, en un 4 transitorio de la Ley General de Educación lo que debe y lo que tiene que hacer, como convenio y como acuerdo el Distrito Federal con el gobierno para operar los servicios de educación.
Si lo que queremos es que el Distrito Federal asuma la parte que le corresponde de la operación de los servicios de educación simplemente que se sienten las partes a trabajar.
Yo hace rato me comuniqué con el secretario de Educación Pública para plantearle que se estableciera una reunión, de inmediato, con las autoridades del Distrito Federal para discutir el problema y lo que me contestó: pues como ese asunto está muy complicado tengo que consultar arriba y después le comunico si es posible o no la reunión.
No hay voluntad. El problema no es que quieran o no la descentralización de los servicios educativos; el problema es que la intención es quitarle simplemente recursos al Distrito Federal y provocar un problema de unidad en relación a las bases del pacto de la unión. Ese es el problema.
El problema no es si otros estados requieren o no recursos. Es atendible la demanda buscando otras vías y otros mecanismos. Aquí el problema es que la intención está muy clara: hay que minar, hay que minar la acción del gobierno del D. F. porque cuando estuvo gobernando el PRI hasta el 97 no se acordaron que era inequitativo, no se acordaron de todos esos argumentos que han venido a esgrimis hoy en la tribuna.
Por eso pedimos que se elimine, que es innecesaria la base sexta del decreto que estamos discutiendo. Gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Señoras y señores legisladores, en virtud de que ninguno de los dos oradores ha dejado una propuesta por escrito, le voy a pedir a la secretaría pregunte a la asamblea si este artículo se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la base sexta del apartado C del artículo 122.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
La mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Ruego entonces se ruegue a la secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo en sus términos.
El mismo Secretario: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de la base sexta del apartado C del artículo 122 constitucional.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Permítame un segundo, señor secretario. Diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega: (Desde la curul) Con la súplica, presidente, de que pudiera aclarar el sentido de la votación. ¿A favor en los términos como está el dictamen?
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra (PRI): La votación será a favor en los términos de cómo está el dictamen y se anuncia a la asamblea que la secretaría no aceptará por ningún motivo rectificaciones de voto una vez que se haya cerrado el sistema electrónico.
(VOTACION)
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el Sistema Electrónico.
Diputado Presidente: Se emitieron 364 votos en pro, 100 en contra y 8 abstenciones.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Aprobado el artículo por 364 votos en sus términos, la Base Sexta del Apartado "C" del artículo 122.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Eduardo Espinosa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva del artículo 1º., transitorio, del dictamen que nos ocupa.
El diputado Eduardo Espinosa Pérez (PRD): Con su permiso, señor Presidente; diputadas; diputados:
Hemos sido testigos del intento de convencer de parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la no necesidad de adicionar esta base sexta al artículo 122 de la Constitución.
Yo vengo ahora a tratar de convencerlos para que tampoco en el decreto que será seguramente votado, así debe ser, no quede integrada esta fórmula que está establecida en el artículo 1º., transitorio. Y lo voy a leer porque creo que debe de quedar constancia de qué es lo que estamos votando; es la fórmula que dice:
"El Distrito Federal al igual que las demás entidades federativas deberá contribuir al gasto educativo junto con la Federación en un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación federal y estatal que se ajustará anualmente en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de educación básica obligatoria".
Ese es el texto de ese transitorio.
Define una fórmula que desde mi punto de vista y comentado con algunas diputadas y diputados de otros grupos parlamentarios, concluimos que es una fórmula ambigua. Parte de un criterio de establecer una media que supone una cantidad que no ha sido acreditada, de modo tal que aquí se afirman cifras diversas.
Tengo la certeza que esta fórmula no podría ser aplicable y quedaría duda en la norma.
Tampoco quedaría claro, y así lo dice el propio texto, si otras entidades además del Distrito Federal deberían de participar de esta fórmula.
Yo creo que el debate que hemos protagonizado en esta sesión, ha quedado claro para nosotros que la discusión no estaba en esta necesidad de que el Distrito Federal participara en sus responsabilidades, en la educación básica, sino en el inicio de los transitorios, porque aquí es donde está concebido lo que aquí se ha considerado, el atropello en contra de la ciudad de México.
Solicito a los diputados y a las diputadas que consideren ciertamente en que este transitorio no forme parte del decreto.
Seguramente en el Senado de la República lo revisarán y estaremos aquí discutiendo con ustedes cómo enmendar este error de una fórmula que no puede ser aplicable y que tiene un solo objetivo: retirarle al Gobierno de la Ciudad de México, los recursos para enfrentar la educación básica a la que tienen derecho los niños y niñas de esta ciudad.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputado.
Tiene la palabra la diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Eliana García Laguna (PRD): Con su permiso, señor Presidente.
Ahora sí que estoy sorprendida de la puerilidad de los argumentos que han venido a esta tribuna a esgrimir los que defienden la iniciativa. ¡Dadas las bravatas que les escuché en las mañanas de otros días, yo realmente pensé que tenían más solidez sus argumentos, pero solo vinieron aquí a plantear lugares comunes, incluso rebajando el nivel del debate a las mismas argumentaciones mediáticas que ya les hemos conocido, hablando de la buena o la mala educación. Cuando ya sabemos que las buenas conciencias, ¡como muchos de los que están aquí a mi derecha!, finalmente tienen una doble moral y esta doble moral se ve cuando finalmente no dicen aquí los argumentos de que en términos de la famosa equidad que debe de haber en el federalismo, no están reconociendo que existen. Sí existen, pobres y ricos, yo no sé cuándo desaparecieron los 60 millones de pobres de este país y los 27 millones en extrema pobreza, y ahí tenemos una muestra de lo que significa precisamente esta doble moral.
Desconocer lo que es el Pacto Federal no contribuye de ninguna manera a que logremos avanzar en lo que de manera permanente dicen: "la democracia, la necesidad de trascender". Cada una de las acciones que hace el gobierno federal ahonda las diferencias sociales y contribuye más a generar los pobres y ricos que existen en nuestro país. Porque aunque no lo quieran reconocer no es lo mismo un indígena en Guerrero que un empresario neoleonense. Y ahí está precisamente lo que significa esta hipocresía y doble moral de querer igualar a los desiguales con frases retóricas.
Hasta antes del ´97 la administración del Distrito Federal era un Departamento más del Ejecutivo Federal. Ni siquiera una Secretaría, era un Departamento. Fue en el ´97 que se eligió por primera vez el gobernante de la ciudad, que por cierto es de un partido contrario a los dos partidos que ahorita acaban de aprobar de manera mayoritaria la iniciativa de reforma al 122.
En el 2000 los Delegados. La capital en detrimento de sí misma sigue siendo rehén de vendettas políticas, porque vienen y hablan de la necesidad de mismas obligaciones. Entonces también démosle a la capital los mismos derechos. Y en función de esto yo les propondría que para no ser hipócritas avancemos en la reforma política del Distrito Federal que se que se quedó varada en el Senado y donde entre otras cosas permitiría que ya no sea el Congreso el que defina el techo de endeudamiento y veamos efectivamente una intención de mismas obligaciones y mismos derechos.
La malhechura de este Transitorio que estamos discutiendo es tal, que deja a interpretación cuánto es la aportación. Para algunos son 3 mil millones, para otros son 9 mil millones. Es exactamente eso lo que nosotros concebimos como la política de las buenas conciencias, que ahora quieren elevar a rango constitucional la discrecionalidad interpretativa. La fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica que se contiene en la Ley de Coordinación Fiscal no corresponde a la problemática financiera actual que registra ninguna de las entidades para satisfacer las necesidades del sector educativo.
En ese sentido lo que convendría, en lugar de estar haciendo reformas malhechas a la Constitución, sería revisar la Ley de Coordinación Fiscal en lugar de hacer esta reforma que finalmente ya votaron.
Yo quisiera proponer que avancemos en la equidad con la reforma política del Distrito Federal que está congelada en el Senado y que de igual manera pudiéramos considerar la derogación, la supresión de este artículo Transitorio, en el decreto que efectivamente imponiendo el día de hoy una mayoría, se acaba de aprobar.
Por su atención muchas gracias y voy a usar mis últimos siete segundos para decir: ¡Que es más violento que esté aquí la PFP aquí afuera en el recinto constitucional a cualquier otra cosa que hubiera pasado en esta Cámara!
(Aplausos de la fracción parlamentaria perredista)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Jesús González Schmal, del Partido Convergencia.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal (CONVERGENCIA): Con su anuencia, señor Presidente.
Compañeros y compañeras diputadas: Con el objeto de ser congruentes respecto de la valoración integral de las reformas que aquí se han presentado y que lo manifestamos en nuestra primera intervención, creemos obligado presentar a ustedes en consecuencia, una propuesta de texto del artículo primero transitorio de esta reforma del 122 a la Sexta Base.
Esta propuesta concilia ampliamente la intención de dar avance a la descentralización educativa, liberándola de cargas partidistas e intenciones ocultas. Es una propuesta compatible plenamente con la Ley General de Educación, la Ley de Coordinación Fiscal, el artículo 3º constitucional y el más elemental sentido común.
Apelamos entonces a su mejor disposición a todos los miembros de esta Cámara, para culminar este proyecto educativo, depurado, objetivo y que reúna los mejores deseos y voluntades a favor de México y en contra de nadie.
Por ello, me permitiré dar lectura al texto que proponemos como la propuesta de sustitución de los artículos primero, segundo y tercero transitorios de la reforma en comento.
"Primero.- Para el efecto y en virtud de que el Distrito Federal no participa plenamente de la condición de entidad federativa y no tiene antecedentes propios en la función educativa, la Secretaría de Educación celebrará con su gobierno el acuerdo respectivo para que en el presupuesto federal el Congreso apruebe la asignación de recursos que permitan solventar la aportación que correspondería como estado de la Federación, mientras adquiere dicho estatus constitucional".
"En tanto, en el marco de dicho acuerdo se convendrán los términos de los montos presupuestales que correspondan al Distrito Federal, conforme se efectúe la trasferencia de los servicios educación básica".
Este sería el único artículo primero que proponemos y, en consecuencia, también solicitamos, proponemos que se suprima el artículo segundo de estos transitorios, por quedar comprendido en el primero, y el artículo tercero es necesario también eliminarlo, puesto que la materia de su contenido se encuentra regulada plenamente en disposiciones específicas de la Constitución Mexicana, artículo 123, la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo respectivo.
De esta suerte, señor Presidente, solicito se sirva atender nuestra petición para someter al pleno la aprobación de esta propuesta del grupo de Convergencias.
Muchas gracias.
(aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo primero transitorio.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la propuesta hecha por el diputado Jesús González Schmal.
El mismo Secretario: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se admite la modificación al artículo primero transitorio propuesto por el diputado Jesús González Schmal.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Diputado Presidente, la mayoría por la negativa.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se desecha, en consecuencia.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo primero transitorio en sus términos del dictamen.
El mismo Secretario: Por instrucciones de la Presidencia, se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del artículo primero transitorio en los términos del dictamen.
(VOTACIÓN NOMINAL)
El mismo Secretario: Presidente, se emitieron 356 votos en pro 102 en contra y 8 abstenciones.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado el Artículo Primero Transitorio por 356 votos a favor. Y aprobado en sus términos.
Se han registrado para la discusión del Artículo Segundo Transitorio reservado por los siguientes oradores:
La diputada Marcela Guerra Castillo
La diputada Clara Marina Brugada Molina
El diputado Arturo Nahle García.
Tiene el uso de la palabra la señora diputada Marcela Guerra Castillo.
La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI): Con el permiso de la presidencia. Honorable Asamblea. El dictamen que se somete a consideración a esta soberanía, consta de Cuatro Artículos Transitorios, como todos sabemos, el Artículo Transitorio Primero, indica la fórmula de aportaciones del Distrito Federal en un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación federal y estatal, mismo que anualmente se ajustará en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de Educación Básica Obligatoria.
Para el cumplimiento de esto, se propone el Segundo Transitorio, que a la letra dice así: "La federación descontará de las participaciones en las contribuciones federales que correspondan al Distrito Federal la cantidad que resulte conforme al párrafo anterior, dicha cantidad será destinada a los estados que participen en proporción mayor al sostenimiento del servicio mencionado a partir del primero de enero del año 2005".
Queremos hacer énfasis, compañeros y compañeras, en la parte última de este Transitorio Segundo particularmente en la fecha indicada, a partir de la cual la cantidad que resulte de esta fórmula del Transitorio Primero que acabo de leer será destinada a los estados.
El primero de enero del próximo año significa una problemática evidente, ¿por qué?, porque en virtud de que el proyecto de decreto en discusión dispone en su Cuarto Transitorio, como también ustedes lo tienen ahí y lo conocen, en su entrada de vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, nos encontramos entonces ante la posibilidad de un conflicto de leyes en el tiempo, que resultaría si el Constituyente Permanente aprueba esta adición en una fecha posterior al primero de enero del 2005, afectando el principio de la no retroactividad de las leyes.
Para evitar esto, el Constituyente Permanente, tendría un plazo cercano a dos meses y medio para concluir con el proceso de reformas constitucionales, lo que significa, primero ingresar al Senado y posteriormente a las Legislaturas de los estados, con una especie de camisa de fuerza, al establecer un término para cumplir con lo que establece el Artículo 135 de la Constitución.
Cabe destacar que con fundamento en este artículo, la Cámara de Diputados no tiene la facultad de obligar al Constituyente Permanente al término para la aprobación de una reforma constitucional, como parte del proceso legislativo también es importante reconocer que no resulta conveniente el establecer una fecha para la aprobación del proyecto de decreto.
Al igual que esta soberanía, la co-Legisladora y las asambleas locales, necesitarán de un tiempo razonable, es decir, hacer más plausible el proceso legislativo para su estudio, análisis, discusión, y en su caso, la aprobación del mismo.
En razón de lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mi partido, hemos decidido reservar el Artículo Segundo Transitorio del dictamen proyectado, como ustedes saben, 122 etc., a lo que sigue y dicta:
SEGUNDO.- La federación descontará de las participaciones en las contribuciones federales que correspondan al Distrito Federal, la cantidad que resulte conforme al párrafo anterior. Dicha cantidad será destinada a los estados que participen en proporción mayor al sostenimiento del servicio mencionado, a partir de que inicie su vigencia el presente decreto.
Es cuanto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra la diputada Clara Marina Brugada Molina.
La diputada Clara Marina Brugada Molina (PRD): Gracias, diputado Presidente.
El artículo 2º transitorio del dictamen que hoy discutimos constituye uno de los mayores absurdos de esta reforma, es una aberración jurídica insostenible que atenta contra nuestra Carta Magna y descalifica los argumentos que han esgrimido los promotores de esta adición constitucional. Se pretende descontar las participaciones federales que por ley y por derecho recibe el Distrito Federal, se invade la esfera exclusiva de los órganos del Gobierno del Distrito Federal y se violentan los principios del Sistema de Coordinación Fiscal.
Otra de las aclaraciones que queremos hacer con esta intervención es por qué el Distrito Federal no participa en el sostenimiento del Sistema de Educación Básica. Porque actualmente el Distrito Federal está impedido legalmente para ello, porque la Federación hasta el día de hoy no ha querido darle la responsabilidad al Distrito Federal, no ha querido entregarle esta responsabilidad y se ha planteado por parte del Gobierno de la Ciudad, por parte de los diputados federales del PRD la posición al respecto al Gobierno Federal, en torno a la descentralización y hasta hoy lo único que hemos recibido son silencios y descalificativos. Por eso el Distrito Federal no invierte en educación básica. Si se da el proceso de descentralización, por supuesto que el Distrito Federal tendrá que darle recursos a este rubro.
Por otro lado, se dice que con esta reforma se obligará al Distrito Federal a participar con el gasto educativo. Eso es falso; los recursos que van a embargar con esta reforma no van a ser destinados a educación, seguramente van a ir a cubrir los excesos de algunos gobiernos y también a cubrir las aspiraciones presidencialistas.
Es falso que esta reforma tenga como fin impulsar el federalismo; simplemente veamos en el caso de Salud, en donde este servicio está descentralizado. Es precisamente el estado de México y Baja California, que aportan menos del 1% de sus recursos, mientras que el Distrito Federal aporta el 60% y el estado de Tabasco aporta el 55%. Están en una circunstancia muy parecida, pero al revés. Qué quiero decir; que el Distrito Federal está aportando mucho más recursos que cualquier entidad y no por esta razón estamos solicitando que se le quite a los estados que menos aportan para que se le dé al Distrito Federal.
La situación de Salud y Educación no se pueden resolver las inequidades que hay en la distribución de recursos de esta manera. Están pasándonos con esta reforma, las facturas de todas las inconsistencias y los errores del proceso de descentralización, al Distrito Federal le quieren hacer pagar los platos rotos de un mal diseño.
Compañeras y compañeros: En la distribución del gasto público no pueden resolverse sobre la base de quitarle a uno para repartirles a otros. El federalismo no puede fincarse con reclamos injustificados y parciales; deben fincarse mecanismos claros de coordinación para la prestación de servicios públicos y la corresponsabilidad en su financiamiento. El nuevo modelo de federalismo que nos proponen el Partido Acción Nacional y el PRI, nos lleva al enfrentamiento entre mexicanos y al desgobierno.
No se trata de una revuelta de la provincia contra el Distrito Federal, se trata de una venganza de dos partidos, del PRI y del PAN, contra los ciudadanos de esta capital que han sido castigados por esta venganza.
Eso es lo que sucede, es la venganza de estos dos partidos porque los capitalinas no votaron... Es la venganza a una capital que no va a dar más votos ni va a generar ganar a estos partidos que el día de hoy se vuelcan contra los capitalinos.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada.
Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Marcela Guerra Castillo (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sonido en la curul de la diputada Marcela Guerra.
La diputada Marcela Guerra Castillo (desde su curul): Nada más para hacer una precisión, señor Presidente, en cuanto a lo que hace un momento me permití leer sobre la reserva al segundo transitorio.
Lo que pasa es que en mi posicionamiento, nuestro posicionamiento, en lugar de utilizar la palabra "artículo", utilicé "párrafo" y quisiera precisar que en lugar de la palabra párrafo, o sea, "párrafo anterior", es "artículo anterior", señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tomamos nota de su observación, con mucho gusto.
La diputada Marcela Guerra Castillo (desde su curul): Gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor diputado Nahle.
El diputada Arturo Nahle García (PRD): En la exposición de motivos de una ley, se deben establecer las razones, las causas, los fundamentos, los argumentos, los hechos que justifican una nueva disposición legal. En la exposición de motivos está pues, el propósito, el espíritu de una ley.
En el caso que nos ocupa, en este artículo segundo transitorio, se pretende descontar al Distrito Federal un porcentaje de sus participaciones federales, porque según la exposición de motivos, el DF tiene una situación de privilegio respecto al resto de las entidades federativas.
¿En qué consiste esa supuesta situación de privilegio? La exposición de motivos dice que en diversas disposiciones tributarias. No nos dice cuáles, hasta donde sé las únicas disposiciones tributarias diferenciadas que existen son las que se aplican en estados fronterizos.
Dice también la exposición de motivos que porque el DF no aporta nada para el sostenimiento de la educación básica que se imparte en la capital. Aquí ya se dijeron las razones históricas de esa situación y la forma en que se puede corregir, con la simple firma de un convenio similar al que firmaron los estados en 1992.
Sigue diciendo el dictamen que el Distrito Federal está altamente financiado por las entidades federativas. Eso es totalmente falso, el DF es la entidad que más aporta a la bolsa nacional, con al cual se paga toda la educación que se imparte en México.
Y remata el dictamen diciendo que la mejor prueba de esa supuesta situación de privilegio, es el hecho de que le presupuesto del DF casi duplica al del estado que le sigue.
El dictamen soslaya que esta situación obedece a que prácticamente la mitad del presupuesto del Distrito Federal lo constituyen ingresos propios fundamentalmente provenientes del impuesto predial.
Pero todos estos argumentos de nada valen cuando existe una consigna. Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que la redacción del dictamen es un galimatías vergonzoso. Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que la adición que se pretende al artículo 122 está totalmente fuera de lugar y carece de técnica legislativa porque es en el artículo 3° donde se establece todo lo relativo a la impartición y financiamiento de la educación.
Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que las aportaciones que los estados hacen a la educación obedece a la existencia de sistemas estatales paralelos al Sistema de Educación Federalizado.
Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que con esta reforma se está abriendo una puerta que va a perjudicar a todos los estados que tienen adeudos con la Federación, porque a partir de ella el Gobierno Federal va a cobrarse a lo "chino", haciendo descuentos automáticos a las participaciones federales.
Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que esta reforma no le va a representar ningún beneficio a los estados más pobres del país, sino por el contrario a los que más tienen y que por cierto, lo mal gastan en costosas campañas publicitarias de televisión.
Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que la obligación que se le pretende asignar al Distrito Federal, ya está consignada en la propia Constitución y en la Ley General de Educación.
Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que el proceso legislativo que dio origen a este dictamen, está totalmente plagado de irregularidades, sobre todo, la que tiene que ver con la obligación de que exista una opinión previa de la Comisión de Presupuesto.
Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que la defectuosa distribución del gasto se puede corregir a través de modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y no con pegotes absurdos a nuestra Carta Magna.
Cuando hay consigna de nada sirve demostrar que con esta reforma vamos a afectar severamente a la quinta parte de los mexicanos que viven o trabajan en esta problemática ciudad.
Cuando hay consigna, de nada vale demostrar que a esta ciudad, hemos llegado y siguen llegando millones de provincianos a estudiar, a trabajar, a hacer vida y familia y que en lugar de agradecerles su hospitalidad y generosidad, hoy le vamos a dar el más duro de los golpes.
No concibo a diputados...
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, le recuerdo que se le ha agotado el tiempo.
El diputado Arturo Nahle García: Concluyo, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante.
El diputado Arturo Nahle García: No concibo a diputados priístas, panistas y ecologistas del Distrito Federal, votando a favor de que le quiten recursos a su ciudad.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 2° Transitorio.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 2° Transitorio.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Gracias.
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Jesús González Schmal, que a la letra dice: "se suprime el artículo 2°, por quedar comprendido en el 1°"
El mismo Secretario: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se admite la modificación propuesta por el diputado Jesús González Schmal, al artículo 2° Transitorio.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Gracias.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Gracias.
La mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Desechado.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por la diputada Marcela Guerra. Proceda a leerla para que sepa la asamblea que es lo que está sujeto a votación.
El mismo Secretario: Con gusto, diputado Presidente. Se va a dar lectura a la propuesta presentada por la diputada Marcela Guerra Castillo, de modificación al artículo 2° Transitorio, para quedar como sigue:
"La Federación descontará de las participaciones en las contribuciones federales que correspondan al Distrito Federal la cantidad que resulte, conforme al artículo anterior. Dicha cantidad será destinada a los estados que participen en proporción mayor al sostenimiento del servicio mencionado, a partir de que inicie su vigencia el presente decreto."
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se admite la modificación propuesta por la diputada Marcela Guerra Castillo al artículo segundo transitorio.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia se acepta.
Tiene la palabra el señor diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, para hablar en pro de esta propuesta.
El diputado Tomás Antonio Trueba Gracian (PAN): Con su venia, diputado Presidente.
Una vez aprobado en lo general la reforma al artículo 122, debemos estar conscientes que fue un bien para el federalismo, para la Nación y para el bien común. Este fortalecimiento implica dar más responsabilidades y generar más facultades fiscales, implica crear gobiernos capaces administrativamente hablando. Los gobiernos de los estados le apuestan a la educación de los niños, cuando el Gobierno del Distrito Federal le apuesta al gasto con fines electorales para ganar votos futuros.
Estamos a favor de modificar el artículo segundo transitorio para que no sea el primero de enero del 2005, ya que es pertinente que sea hasta la entrada de vigencia del decreto, una vez que pase por el Senado, la mitad más uno de los Congresos Locales de los estados y sea el Ejecutivo el que la publique.
No estamos en contra del Distrito Federal; no mezclen razones, no politicen esta reforma. ¿Defienden al Distrito Federal o defienden a Andrés Manuel López Obrador? ¿Si otro gobernara qué harían?
Los diferentes órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión tienen la obligación de apoyar la educación, ya que lo que se utiliza en los presupuestos no es un gasto, es una inversión para tener mejores ciudadanos, mejores municipios, mejores estados y por ende, una mejor Nación.
No podemos entender una transformación nacional sin tener un auténtico federalismo; no podemos entender un federalismo responsable sin tener más responsabilidades y atribuciones; además, que cada entidad federativa cumpla con sus obligaciones, siendo una de éstas la educación.
La reforma al 122 es un acto de equidad y justicia federalista, es una demanda social y de todos los actores políticos, como se manifestó en la pasada Convención Nacional Hacendaria, donde fue una propuesta consensada en el rubro de gasto en su capítulo de educación en el punto nueve.
Para Acción Nacional, la educación es la actualización consciente y libre de capacidades humanas en camino de perfección; es el mismo camino y oportunidad de integridad social de comunicación solidaria.
El deber mínimo es el de encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separan, un campo común de acción y de pensamiento y de llegar a él con honestidad, que es siempre virtud esencial y ahora la más necesaria en México.
Es cuanto, diputado Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo segundo transitorio, con la propuesta de la diputada Marcela Guerra.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo segundo transitorio, incluida la propuesta presentada por la diputada Marcela Guerra Castillo que ya fue aprobada.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido.
Se pide a la Secretaría en consecuencia, se abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo segundo transitorio con la modificación hecha por la diputada Marcela Guerra y aceptada por el Pleno.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal del artículo segundo transitorio con la propuesta ya aprobada, propuesta presentada por la diputada Marcela Guerra Castillo.
Diputado presidente se emitieron 339 votos en pro, 118 en contra y 14 abstenciones.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado el artículo segundo transitorio reservado, con la modificación aceptada por la Asamblea y por 339 votos.
Para la discusión del artículo tercero transitorio reservado se encuentran registrados los siguientes oradores: Dip. Guillermo Aréchiga Santamaría, diputado Pedro Vázquez González, diputado Rafael García Tinajero.
Tiene el uso de la voz el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría.
El diputado José Guillermo Arechiga Santamaría (PRI): Con su permiso presidente; compañeras y compañeros diputados: Solicité en reserva el tercero transitorio de la reforma al artículo 122 por las siguientes razones: Para expresar primero, que los derechos de las y de los trabajadores de la educación están a salvo, están consagrados en la ley y representados por una organización gremial sólida y responsable.
Para decir también que esta iniciativa no pone a discusión ni en riesgo la representación de los trabajadores ni la titularidad de la relación laboral que por decisión de los mismos ostenta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta titularidad está consagrada en la Ley General de Educación, en los tribunales federales que corresponden.
El espíritu de la reforma es de orden presupuestario, se refiere al presupuesto educativo. No es éste un tema de carácter laboral y no es una reforma de carácter laboral. En razón de las razones expresadas le solicito su apoyo para modificar el tercero transitorio que pudiera establecerse en los siguientes términos y decir que la aplicación de la presente reforma no afectará en modo alguno salarios y prestaciones de los trabajadores al servicio de la educación del Distrito Federal.
Dejo en la secretaría la propuesta de modificación que corresponde.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias al señor diputado.
Tiene el uso de la voz el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.
El diputado Pedro Vázquez González (PT): Con la venia de la presidencia.
Con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna para proponer la eliminación de las referencias al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación contenidas en el artículo 3o. transitorio del dictamen en comento.
En este artículo transitorio es a todas luces antidemocrático, ya que elimina la libertad de asociación y de elección de la dirigencia sindical de los trabajadores de la educación.
Establecer al SNTE como titular de las condiciones generales de trabajo en el Distrito Federal, es claramente contrario al más elemental conocimiento del derecho constitucional, del derecho laboral burocrático y de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia a favor de que sean los propios trabajadores quienes determinen libremente en que sindicato participan y quienes serán sus representantes sindicales.
Por lo anterior, proponemos la siguiente redacción: "Transitorios.-… Tercero.- La aplicación de la presente reforma, no afectará en modo alguno los derechos, salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación del Distrito Federal".
Señor Presidente, con fundamento en el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito que la votación de esta propuesta de reserva al artículo tercero transitorio del dictamen, se haga en forma de votación nominal, y firman cinco integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que le hago entrega a la Secretaría tanto de la propuesta de redacción firmada por el suscrito, como la de votación que se solicita se haga de manera nominal.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado. Sonido en la curul del diputado Iván García Solís.
El diputado Iván García Solís: (desde su curul) Señor Presidente, deseo si es posible que me inscriba usted, en el turno que corresponda, para hechos. Para intervenir para hechos. Gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto señor diputado. El siguiente orador ha declinado su participación, por lo cual para hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Iván García Solís, y posteriormente, señor diputado…
El diputado Iván García Solís (PRD): Ciudadano Presidente. Ciudadanas y ciudadanos legisladores.
He querido dejar, a través de esta tribuna, un registro de hechos que no pueden pasar desapercibidos ante una representación nacional.
El artículo tercero transitorio, de por sí agrega otra contrahechura más al malhadado artículo 122.
Esta consiste, en primer lugar, en mencionar que la reforma no afecta en modo alguno salarios y prestaciones, y luego una parte totalmente inconveniente: siendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el titular de la representación de los derechos laborales, profesionales, económicos y sociales de dichos trabajadores.
Quiero mencionar ante ustedes, que hay un diferendo en esta materia; hay una impugnación acerca de la titularidad del Sindicato Nacional… de la dirigencia nacional.
Como ustedes saben, la hoy presidenta del Sindicato Nacional, profesora Elba Esther Gordillo, lleva aproximadamente quince años al mando de la organización sindical. Los primeros años fueron producto de la imposición directa que hizo Carlos Salinas de Gortari, de esta profesora, y prácticamente su designación se resolvió en Los Pinos y no en asambleas en donde participaran los maestros.
Posteriormente, contra la propia normatividad interna, se reeligió… contra la normatividad interna, repito, y como si esto fuera poco, agregó un período más ya no como secretaria general sino ahora como presidenta.
No sabemos qué piense hacer para el futuro, si busque otro título diferente al actual con el objeto de seguir manteniendo el dominio sobre cerca de un millón de trabajadores de la educación, muchos de los cuales la repudian.
Por lo tanto, este agregado en el cuerpo de una ley que de por sí criticamos es una aberración totalmente insoportable. Queremos decir aquí que hay no pocas diputadas y diputados que han rechazado o han dicho rechazar el corporativismo sindical. Si hay consecuencia, si hay consecuencia en esos puntos de vista, hoy es un momento adecuado para que lo manifiesten.
que han rechazado o han dicho rechazar el corporativismo sindical. Si hay consecuencia, si hay consecuencia en esos puntos de vista, hoy es un momento adecuado para que lo manifiesten.
Ya tenemos un artículo 4 transitorio en la Ley General de Educación que fue precisamente concebido para que no transitara la transferencia de los servicios educativos –véase la contradicción; un transitorio para que no transitara. Tan es así que en 12 años no ha transitado.
Y la aberración mayor de ese transitorio consiste en que se condiciona a la voluntad de particulares –un sindicato—el cumplimiento de una ley.
En este caso de agrega albarda sobre aparejo. Pienso que este artículo no solamente debe ser rechazado sino debe ser comentado y deben agregarse informaciones como las que yo agrego y dejo constancia de esos hechos. Es un sindicato impugnado; hay graves violaciones a la legalidad sindical, no hay representación suficiente de los maestros en este sindicato y, por lo tanto, este artículo debe ser rechazado. Gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Esta presidencia tiene registrados para hechos al diputado Emilio Serrano Jiménez y al diputado Jorge Luis Preciado y al terminar este último someterá a votación si se encuentra suficientemente discutido.
Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD): Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Primero felicitar a dos diputados que son diferentes a la fracción en la que yo estoy: Roberto Campa Cifrián y René Meza, que votaron con conciencia, no con orden de la dirigencia. Y quiero saludar también a las diputadas y diputados respetables, decentes –que sí los hay en el PRI, que sí los hay en el PAN—pero que desafortunadamente no les permitieron emitir su voto de conciencia.
Aquí se está escribiendo la historia, en la Cámara de Diputados. En 1998 se escribió un episodio muy triste y lamentable por un mayoriteo del PRI y el PAN, cuando votaron para aprobar el Fobaproa. Hoy se repite la historia.
Aquí se ha dicho mucho que los acuerdos se construyen con diálogo, con discusión, con el uso del razonamiento; sin embargo, los medios de comunicación son testigos de que está demostrado que la fracción del PRD agotó todas las instancias.
Se nos ha acusado de barbarie, de incultos, de indecentes y nos han ubicado, si se cometió alguna ilegalidad. ustedes nos han ubicado en esa ilegalidad. Y está comprobado hoy, este día está comprobado.
Nosotros quisimos convencerles con razones, con argumentos, con la ley en la mano de que no era correcta ni justa la aprobación de esta reforma al artículo 122. No logramos convencer a muchos precisamente por el lineazo que tienen del presidente Vicente Fox.
Muchos lo hubieran querido hacer; sin embargo, se vieron imposibilitados. Ahora acabamos de escribir otro capítulo más en la historia de esta Cámara de Diputados, en esta Honorable Cámara de Diputados. Ya se escribió, ya se quedó en la historia, cuando no nos dejaron otro camino más que tomar la tribuna.
Ahora se han presentado aquí argumentos, se han presentado razones y la prueba es de que ganamos el debate pero no logramos ganar el convencerles...
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor diputado. Sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (Desde su curul): Para una solicitud de aclaración, diputado Presidente. Tengo entendido que estamos debatiendo un artículo transitorio y obviamente debe existir una propuesta, en este caso, el tercero transitorio, o no sé si ya retomamos el debate del tema en lo general porque no he escuchado el debate, al menos en esta participación con relación al tercero transitorio.
Entonces sería conveniente si hay alguna propuesta pues para que se presentase modificación de este artículo y si no, bueno, hubo el momento conducente y así lo mencionó el Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en la que esta Presidencia en diversas ocasiones permitió el subir a tribuna para hechos.
Por su contestación, gracias, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, señor diputado... Sonido en la curul del diputado Pablo Gómez.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (Desde su curul): Sólo para una aclaración pertinente y que no quede un precedente.
Diputado Gutiérrez de la Garza: Estamos en el periodo de la discusión en lo particular. No se requiere tener una redacción alternativa, simplemente se requiere hablar en contra cuando el turno es en contra; su partido no ha solicitado la palabra a favor, ha solicitado simplemente una modificación del texto; ambas cosas son válidas.
Solamente quiero advertir que las modificaciones y el texto deben pasar a Comisión, según el Reglamento. La práctica que tenemos es que ya no pasen a Comisión nunca; pero el Reglamento sigue diciendo que deben pasar a comisión.
El orador en este momento, está hablando en contra y no está obligado de ninguna manera a presentar un texto alternativo. Esa es la regla, esa es la ley.
Gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputado. Esta Presidencia... Sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (Desde su curul): En la sesión pasada, ya creo que tuvo oportunidad de tratar de desvirtuar el articulado con urgentes y obvias resoluciones que en ningún momento fueron solicitadas; me gustaría aclararle al diputado Pablo Gómez, que el artículo 125 de nuestro Reglamento señala en forma muy clara: "Leída por primera vez una adición..." Y yo no he escuchado por parte del diputado que está haciendo uso de la tribuna, cuál es esa adición o modificación que está proponiendo.
Gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sonido en la curul del diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega (Desde su curul): Presidente: Lo que no entiendo yo de la discusión es que el término por el cual le dio la palabra usted al diputado Serrano, fue para rectificación de hechos, cosa que tampoco entiendo porque se la dio, Presidente, en esos términos y en ese momento.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si, señor diputado, suponiendo sin conceder de que no esté hablando sobre los hechos que dice rectificar, esta Presidencia ha buscado en este debate, privilegiar la deliberación, una deliberación abierta, buscando con esto la concordia y sobre todo que las mayorías tomen su decisión. Creo que ha hecho lo correcto, por lo cual le ruego al señor diputado que está haciendo uso de la voz, termine su intervención y si puede concretarse a los hechos para los cuales pidió el uso de la voz, por favor se lo obsequie a la Asamblea. Adelante.
El diputado Emilio Serrano (En tribuna): Con mucho gusto, diputado Presidente.
Nada más para pedirles que reflexionemos y que en lugar de pedir que se tomen los recursos del ramo 28, hubiéramos pedido que se tomaran los recursos del ramo 25.
Van a tener que hacer una reflexión ustedes, todos, la tenemos que hacer. Recuerden que estamos escribiendo una página más en la historia de esta Cámara, en la historia de México y no se vale que echemos a pelear, como lo quiere Vicente Fox, a mexicanos contra mexicanos. Si bien es cierto que de por sí no nos quieren en el interior de la República a quienes vivimos en el Distrito Federal, a los chilangos como nos llaman despectivamente. Anteriormente sí era privilegiado el Distrito Federal, cada sexenio era borrón y cuenta nueva de la deuda que tenía el Distrito Federal. Las obras más grandes que se hicieron en el Distrito Federal fue patrocinado con presupuesto federal. A partir del 97 nos estamos rascando con nuestras propias uñas. ¡No se vale que nos echen a pelear a mexicanos contra mexicanos!
Compañeras y compañeros:
¡Acabamos de cometer un error al votar una reforma que va a costar, va a costar mucho y a quienes les va a costar más, en votos, van a ser ustedes dos!
Es cuanto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 3o. Transitorio.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 3o. Transitorio.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia consulte la Secretaría si se acepta la modificación propuesta por el diputado Jesús González Schmal en su primera intervención, que a la letra dice: "El artículo 3o. propuesto en el dictamen también se suprime en tanto la materia de su contenido se encuentra regulada plenamente en disposiciones específicas en la Ley Federal del Trabajo y en los contratos colectivos respectivos".
El mismo Secretario: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por el diputado Jesús González Schmal al artículo 3o. Transitorio.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Diputado Presidente, la mayoría por la negativa.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Desechado.
Consulte la Secretaría si es de admitirse la modificación que ha puesto a consideración de la asamblea el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría, que a la letra dice: "3o. La aplicación de la presente reforma no afectará en modo alguno salarios y prestaciones de los trabajadores al servicio de la educación del Distrito Federal".
El mismo Secretario: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se admite la modificación propuesta por el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría al artículo 3o. Transitorio.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se acepta la modificación.
Esta Presidencia ha recibido la solicitud por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para que la propuesta puesta a consideración de la asamblea por el diputado Pedro Vázquez González tenga votación no económica sino nominal, viene acompañada de cinco firmas que lo apoyan, por lo cual es de obsequiarse la solicitud.
Abra la Secretaría hasta por cinco minutos el tablero de votación a fin de votar la propuesta, hasta por tres minutos, a fin de votar la propuesta del diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.
El diputado Pedro Vázquez González (PT. Desde su curul y sin micrófono): Presidente: Le solicito la lectura de la redacción que se propone.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: La redacción que propone el diputado Pedro Vázquez González a la letra dice: "Artículo 3o. Transitorio. La aplicación de la presente reforma no afectará en modo alguno los derechos, salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación del Distrito Federal".
El mismo Secretario: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación de la propuesta presentada por el diputado Pedro Vázquez González de modificación al artículo 3o. Transitorio.
(VOTACIÓN)
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico.
Diputado Presidente, se emitieron 11 votos en pro, 444 en contra y 10 abstenciones.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Desechada.
Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo tercero transitorio, con la modificación hecha por el diputado Guillermo Arechiga Santamaría y aceptada por el pleno.
El diputado Julio Boltvinik Kalinka (desde la curul): Señor Presidente, le pido se lea la modificación.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí. A la letra dice: "Tercero Transitorio.- La aplicación de la presente reforma no afectará en modo alguno salarios y prestaciones de los trabajadores al servicio de la educación del Distrito Federal".
El mismo Secretario: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del artículo tercero transitorio, incluida la propuesta ya aprobada presentada por el diputado Guillermo Arechiga Santamaría.
(VOTACIÓN NOMINAL)
Ciérrese el sistema electrónico.
Diputado Presidente, se emitieron 357 votos en pro, 98 en contra y 13 abstenciones.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado el artículo tercero transitorio reservado, con la modificación hecha por el diputado Guillermo Arechiga Santamaría y aceptada por la asamblea, por 357 votos.
Se ha registrado para hacer una adición de un transitorio, el diputado Oscar González Yáñez, quien tiene el uso de la palabra.
El diputado Oscar González Yánez (PT): Gracias señor Presidente.
Compañeras y compañeros Legisladores: Discutir el tema de la educación no lo tenemos que ver desde un punto de vista de una entidad, la obligación de los diputados que estamos aquí presentes es velar y salvaguardar por la calidad de la educación de todos los habitantes de nuestro país.
Por eso, quiero llamar la atención y principalmente a los compañeros diputados que son muy cercanos a ser muy aprehensivos con el cumplimiento de la ley o no, de que el gran reto de este Congreso es que lleguemos al 8 por ciento del Producto Interno Bruto en educación, cosa que no hemos conseguido.
Aproximadamente en este momento estamos gastando poco menos de 10 mi pesos por cada educando en nuestro país. Si nosotros lográramos llegar al 8 por ciento del Producto Interno Bruto, estaríamos llegando a más de 20 mil pesos por educando en nuestro país. Esa es nuestra obligación.
Nuestra obligación no es ver quién tiene más, quién tiene menos, sino que todos tengan lo suficiente y lo necesario. Por eso aquellos compañeros diputados que piensan que vienen aquí con actitud a representar a su estado, nos parece un error.
Se representa al estado en el Senado de la República, que es el que salvaguarda el pacto federal. Aquí representamos los intereses de todos y cada uno de los mexicanos.
Por ello hago este llamado y hago este llamado de atención a este punto. Porque nadie se debe de sentir contento por lo que está pasando el día de hoy, digo, a menos de los que traen intenciones políticas; que a eso yo ya no me quiero referir.
La conciencia de cada uno de los compañeros que aprobaron esta ley estará en ello y tendrán que explicarlo y decírselo a sus electores y a la propia ley, que la ley dice: 8 por ciento. La ley no dice "todos iguales", la ley dice "8 por ciento del Producto Interno Bruto". Sí quiero llamar la atención a esto, porque me parece que es un asunto de extrema relevancia.
Y nos permitimos proponer, con fundamento en el artículo 124 y 125 del Reglamento, proponemos que la disminución de los recursos federales al Distrito Federal para la educación, se haga de manera gradual, para que no se perjudique de manera abrupta a ningún educando de nuestro país.
Nuestra propuesta es que dicha reducción presupuestal se aplique en un periodo de diez años, en cantidades proporcionales al monto que corresponde a esa reducción.
Asimismo, proponemos que los recursos federales que se transfieren al Distrito Federal por concepto del Ramo 25, sean distribuidos a todas las entidades federativas, con apego a los criterios de distribución vigentes, no a un criterio de distribución extraño y que tiene matiz político y que -ojo, vuelvo a lo mismo- nosotros no tenemos que ver este tipo de reformas con matiz político, sino buscando el bienestar y aumentando el nivel de vida de todos los mexicanos.
Y que se destinen de manera exclusiva a fortalecer la educación. Porque también de la manera que se está haciendo, corremos el riesgo de que se mande a algunas entidades federativas y no se aplique en educación. Este Congreso tiene que estar muy atento, porque yo escuché aquí a muchos compañeros hablar de la educación y la inequidad en la educación, pero no escuché que pusieran mínimos candados para que ese dinero se asigne realmente a educación; cosa que no se hizo aquí. Por eso, proponemos esta modificación, este apartado cuatro del transitorio.
Por estas consideraciones, proponemos que quedara un cuarto apartado de la siguiente manera.
"El gobierno federal descontará de las participaciones en las contribuciones corresponden al Distrito Federal, en un lapso de diez años contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, conforme al monto que para tales efectos correspondan".
Hacemos este llamado principalmente a aquellos compañeros que son apegados a la ley y a aquellos que les gusta hablar mucho de equidad y demás.
Equidad significa trabajo justo y proporcional. Muchas gracias.
Señor Presidente: Con fundamento en el artículo 148 y anexo la firma aquí, para que se haga votación nominal.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: A solicitud del señor diputado, que viene acompañada por las suficientes firmas para apoyar su petición, abra la Secretaría el sistema electrónico hasta por tres minutos, a fin de votar la propuesta del mismo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación de la propuesta de un artículo transitorio, presentada por el diputado Oscar González Yáñez.
(VOTACIÓN NOMINAL)
Ciérrese el sistema electrónico.
De viva voz el diputado Francisco Suárez Dávila, que avisó tener un problema con su sistema. Sonido por favor en su curul.
El diputado Francisco Javier Suárez Dávila (desde la curul): En contra.
El mismo Secretario: En contra el diputado Francisco Suárez Dávila.
Diputado Presidente, se emitieron 13 votos en pro, 433 en contra y 18 abstenciones.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, se considera desechado.
Está aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que adiciona una Base Sexta al Apartado "C" del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
(aplausos)
El siguiente punto del orden del día, es la Primera Lectura de los siguientes dictámenes:
De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Salud.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud y la fracción IX del artículo 4º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
De la Comisión de Economía.
Con Proyecto de Decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Son de Primera Lectura.
De la Comisión de Gobernación, los dictámenes relativos a la solicitud de permisos de los ciudadanos: Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Felipe Larios Cortés, Paulino López Bernal, Antonio Fernández Rodríguez, Sergio Alfonso Verduzco Rosán, para aceptar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
De Jacobo Hamui Cárdenas, Alejandra María Nahas Espinosa, Jaime Ayala Orona, Mónica Saavedra Díaz, Graciela Balcazar Rivera, Cecilia Araceli Navarrete Laborde, Karla Guadalupe García Moreno Navarro, María Cristina Prado Castañeda, Martha Robles Gil Torres, Mirna Teresita Garduño Villalobos, Arely María de Lourdes Viveros Aldana, Martín Benites Proaño, Magdalena Padilla Aguilar, Adriana Lizabeth Romo González, Isai Granados Santiago, Rogelia Guadalupe González Camacho, Elsie Woller Gutiérrez, Julio Alejandro Mendoza Llamas, Alberto Villanueva Garduño, Erico David Cerezo Andrade, Helam Ramón Sapién Valdez, Carolina Montiel Luna, Félix Guillermo Muñoz Segura, Heyner Antonio Bolaños Méndez, Erika Villar Astorga, Germán Herrera Gavito, Elizabeth Dávila Macuil, Elizabeth Fortoul Audiffred, Gina Muñoz Islas, Cynthia Martínez Cortés, Florinda Yolanda de Jesús Zamora, Alfredo Lugo Dávila, Luisa Josefa Andrade Osorio, Edgar Domínguez Pérez, María del Pilar Unda Jiménez, María Teresa Beorlegui Estévez, Simón Baizabal Lagunes, Julio Xilo García y Luis Guillermo López Moreno, para prestar servicios a gobiernos extranjeros, en México.
Alberto Manuel Cabezut Madaria, Cónsul Honorario de la República Federal Democrática de Etiopía en México, con circunscripción consular en toda la República.
Son de primera lectura.
En virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión como señala el acuerdo parlamentario aprobado por el pleno, proceda la
Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, el cual deberá incluir los asuntos no abordados en ésta y en el entendido que para la lista de asistencia será tomada como válida la última votación.
El Secretario Marcos Morales Torres:
Lectura del orden del día.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: (16:30 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 14 de octubre a las 10 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.