El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI): Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

El Secretario Marcos Morales Torres (PRD): Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 388 diputadas y diputados.

Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se abre la Sesión. (A las 11:05 hrs.)

Sírvanse dar instrucciones para que se cierre el sistema de asistencia.

El mismo Secretario: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia por favor.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El mismo Secretario: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica si se le dispensa la lectura al Orden del Día.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa diputado presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, se dispensa la lectura.

El siguiente Punto del Orden del Día es la lectura del Acta de la Sesión Anterior, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración también ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria Graciela Larios Rivas (PRI): Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Acta de la Sesión Anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.

Proceda entonces la Secretaría poner a discusión el Acta.

La misma Secretaria: Está a discusión el Acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa diputado presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el Acta.

La presidencia de la Mesa Directiva participa a la Asamblea de la muy distinguida visita a la Cámara de Diputados del señor Philippe Kirsch, presidente de la Corte Penal Internacional, a quien le damos la más cordial bienvenida.

Le deseamos también que su estancia en nuestro país sea fructífera y todo éxito en las reuniones de trabajo que sostendrá con diputados de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

Bienvenido nuevamente.

La misma Secretaria : Comunicaciones.

Invitación del Gobierno del Distrito Federal al acto conmemorativo del 187 aniversario luctuoso del Gral. Pedro Moreno González.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados: diputada Lilia Aragón, diputado Ernesto Herrera Tovar, diputada Nancy Cárdenas Sánchez.

Del Congreso del estado de Coahuila.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, para su conocimiento.

Del Congreso del estado de Guanajuato.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

Del Congreso del estado de Nayarit, solicita que en el Presupuesto de Egresos se incrementen recursos del Ramo 33.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Del Congreso del estado de Nayarit, acuerdo por el que solicita se expida el Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, para su conocimiento.

Del Congreso del estado de Puebla.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Del Congreso del estado de Querétaro.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitud para que se considere a la Ciudad de México y Xochimilco como dos sitios diferentes.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Del Magistrado del Tribunal Estatal Electoral del estado de Oaxaca.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación y a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

La Secretaria Graciela Larios Rivas:

Oficio de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrante de Mesa Directiva de la Comisión Especial de Feminicidios: alta de la diputada Lilia Isabel Aragón del Rivero, como Secretaria.

La misma Secretaria: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada.

El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura a otra comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes de comisiones, fechada el 25 de octubre del presente año.

Baja de la diputada María Consuelo Rodríguez de Alba, como integrante de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Alta de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, como integrante de la Comisión de Seguridad Pública

Alta de la diputada Rosario Sáenz López, como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social

Sustitución del diputado José Manuel Abdala de la Fuente, por el diputado Cruz López Aguilar, como integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

Alta de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, como integrante de las Comisiones de Recursos Hidráulicos, de Salud y de Vivienda

Alta de la diputada María Cristina Díaz Salazar, como integrante de la Comisión de Seguridad Social

Sustitución del diputado Mario Carlos Culebro Velasco, por la diputada María Elena Orantes López, como integrante de la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social generado por PEMEX.

Sustitución el diputado Carlos Rovirosa Ramírez, por el diputado Francisco Herrera León, como integrante de la Comisión Especial de Ganadería.

Sustitución del diputado Sami David David, por el diputado Mario Carlos Culebro Velasco, en la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.

Alta de la diputada María Sara Rocha Medina, en la Delegación Permanente ante el Parlamento Latinoamericano, así como en las Comisiones de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos y d Equidad de Género, Niñez y Juventud del citado organismo parlamentario.

Alta de la diputada María Sara Rocha Medina, como integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Baja del diputado Adrián Villagomez García, como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Baja del diputado Cruz López Aguilar, como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Baja del diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, como integrante de la Comisión Especial para el Campo.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

El Secretario Marcos Morales Torres: Oficios de la Secretaría de Gobernación.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Oficio del titular de la Unidad de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, en relación al exhorto a esa Dependencia para vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 083-ECOL-1996.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

Oficio con el que remite copia de la contestación del Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía en relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que se exhorta el Ejecutivo Federal a instaurar el Día Nacional de las personas zurdas.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

La Secretaria Graciela Larios Rivas:

Oficio de la Cámara de Senadores por el que se solicita incremento de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, en el rubro para los distintos centros penitenciarios del país.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

Oficio del Senado por el solicita incremento de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2005, en materia de educación para el Estado de Quintana Roo.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Adelante la Secretaría.

Oficio con el que remite acuerdo del Congreso de Tabasco, por el que se adhiere al del Congreso del Estado de Colima solicitando recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, para las Universidades Públicas.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra el diputado Emilio Chuayffet Chemor, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Emilio Chuayffet Chemor (PRI): Con su venia, diputado Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

Someto a la consideración de esta soberanía, sendas iniciativas de reformas a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso General. El propósito común de ambas es el de fortalecer las tareas del Congreso de la Unión y hacer más eficaz el procedimiento legislativo.

Los rubros a los que se orientan las modificaciones que se pretenden son:

a). La importancia y relevancia de las tareas de las comisiones;

b). La certidumbre en los términos de los trámites del procedimiento legislativo;

c). La formalización del trabajo de las comisiones; y

d). La realización de nuevas facultades del Congreso a través de las comisiones.

En cuanto a la importancia y relevancia de las tareas de las comisiones destacan:

a). Se introduce a nivel constitucional el hecho de que las Cámaras ejercen sus atribuciones, tanto a través del pleno como de las comisiones.

b). Se formaliza la obligación de los legisladores de formar parte de un mínimo de dos comisiones ordinarias.

c). Se equipara la importancia del quórum en el pleno y en las comisiones ordinarias.

Segundo. En cuanto a la certidumbre en los plazos del trámite legislativo en el caso del Congreso:

a). Se fija un término de 30 días para que las comisiones dictaminen todo proyecto de iniciativas.

b). En caso de que no lo hagan, el pleno puede acordar turnarlo a otra comisión.

c). Para el dictamen de proyectos de mayor dificultad técnica, las comisiones pueden solicitar ampliación del plazo.

d). Los proyectos no dictaminados en el término legal, se entenderán dictaminados negativamente y así se someterán a conocimiento del pleno.

e). Los dictámenes que no hayan sido votados, pasarán a la siguiente Legislatura como meros proyectos.

En el caso del Ejecutivo, de no tener el Ejecutivo observaciones a los proyectos que le sean turnados, los deberá publicar en un término no mayor de 10 días hábiles.

Durante los recesos del Congreso, el Ejecutivo debe remitir sus observaciones ya no hasta el primer día hábil de sesiones del Congreso, sino a la Comisión Permanente y finalmente, el Ejecutivo deberá promulgar los proyectos de ley dentro de los 10 días siguientes a aquel en que los reciba si ya hubieran sido discutidos y aprobados por segunda ocasión en ambas Cámaras.

La redistribución de facultades del pleno a las comisiones para que éstas puedan resolver de manera definitiva muchos asuntos que hoy siguen ventilándose en el pleno, que las comisiones puedan desahogar todos los actos materialmente administrativos de la Cámara como autorizaciones para prestar servicios oficiales a gobierno extranjero, permisos para viajes, aceptación y uso de condecoraciones extranjeras y en general, todas las propuestas de puntos de acuerdo, salvo aquellas que el proponente o el pleno decida resolver directamente.

Finalmente, las iniciativas también comprenden una nueva facultad que consideramos fundamental para que el Congreso realice sus funciones y es el que a través de las comisiones de sus Cámaras pueda citar a cualquier persona, solicitar informes ya no sólo a titulares de dependencias, entidades u organismos como hasta ahora, sino también a particulares para mejor enterar a los legisladores en el ejercicio de sus atribuciones.

Dichos citatorios deberán fundarse de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución, con pleno respeto a las garantías individuales y sin más límites que los que establezcan las leyes.

Con esta iniciativa se pretende iniciar la discusión sobre la reforma del Congreso, a fin de dar a éste la eficacia que requiere para estar a la altura del papel que de él se demanda: Primero, articular el debate nacional y segundo, equilibrar el poder público. Muchas gracias.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese en lo que respecta al aspecto de reformas constitucionales, a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y en referencia a las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene la palabra el señor diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 41 y se adicionan dos fracciones al artículo 75 de la Ley General de Educación en Materia de Servicios Educativos.

El diputado José Antonio Cabello Gil (PAN): Con su permiso diputado presidente; compañeras y compañeros diputados: La prescripción de fármacos en centros escolares, entre niños y niñas que presentan síntomas de hiperactividad y déficit de atención, está provocando en los últimos años una gran polémica que se inserta en lo que hoy conocemos como el debate de las causas biológicas de la conducta.

En algunas escuelas de México se ha probado que algunos alumnos y sin ningún argumento, han sido diagnosticados de síndrome por déficit de atención y se les administra indiscriminadamente fármacos como Ritalin e Imipramina, entre otros.

El tema es tan preocupante que en el pasado mes de abril la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo en la cual se exhortaba a los titulares de la Secretaría de Salud y de Educación, para que vigilaran el uso indicriminado de medicamentos recetados en escuelas del país, precisamente para controlar a niños hiperactivos.

Para complementar estos esfuerzos realizados por esta Asamblea en la fecha ya referida, presentamos esta iniciativa en la que proponemos la adición de dos fracciones al artículo 75 de la Ley General de Educación, artículo que se refiere a las infracciones, sanciones y recursos administrativos aplicables al ámbito de la educación.

Fundamentalmente proponemos que se sancione a quienes condicionan la prestación de servicios educativos por motivos extra pedagógicos y extra curriculares, sin el consentimiento de los padres de familia y la debida aprobación de las autoridades educativas correspondientes.

Asimismo proponemos una adición al párrafo primero del artículo 41 de la misma Ley General de Educación, que se refiere a la educación especial para aclarar que esta modalidad de educación, siempre atenderá a los educandos tomando en cuenta sus condiciones particulares, respetando su dignidad, su integridad física y mental.

Debemos reconocer los esfuerzos de diversas organizaciones ciudadanas que están realizando para la defensa y protección de nuestra niñez; destacando particularmente y entre muchos otros, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, a su presidenta la señor Carmen Avila, a su directora la licenciada Fernández, a la señor Bárbara Montemayor, entre otros, quienes han planteado sus preocupaciones sobre este tema tan delicado.

Por lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 41 y se adicionan dos fracciones al artículo 75, ambos de la Ley General de Educación.

Solicito a la presidencia se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto diputado presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado.

Insértese como ha sido solicitud, el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene la palabra el señor diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Iván García Solís (PRD): Ciudadano Presidente. Ciudadanas y ciudadanos legisladores.

El objeto de la presente iniciativa es reformar y adicionar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer:

Primero.- Que la Mesa Directiva se integre con secretarios de todos los grupos parlamentarios;

Segundo.- Que dicho órgano se integre con tantos vicepresidentes como grupos parlamentarios de 25 o más diputados que existan; y,

Tercero.- Que su presidencia sea ejercida de manera sucesiva por diputados de distintos grupos parlamentarios en orden decreciente del número de sus integrantes.

Sustentamos, el que suscribe y el grupo parlamentario del PRD en nombre del cual presento esta iniciativa, en la siguiente exposición de motivos:

De acuerdo con una tradicional taxonomía de los órganos camarales, estos pueden ser clasificados de la siguiente manera:

Organos legislativos, es decir las comisiones o comités de dictamen;

Organos de control, es decir las comisiones o comités encargados específicamente de investigar asuntos o instituciones públicas;

Y existen también órganos administrativos.

Finalmente, están los denominados órganos de gobierno, encargados de tomar o proponer a sus cámaras las decisiones más trascendentes que van desde los acuerdos políticos, hasta la conducción misma del pleno.

En esta categoría se encuadran dos grandes ramas: por una parte los órganos políticos, entre los que podemos contar a los equivalentes de nuestra Junta de Coordinación Política que en otros parlamentos se les llama Junta de Portavoces, buró político, comisión de gobierno, etc.

Por otra parte, la otra gran rama de este tronco está conformada por las mesas directivas. Otros órganos de gobierno como los equivalentes de nuestra Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, no están universalmente difundidos.

En el caso de nuestro Congreso, además debemos considerar como órganos unipersonales de gobierno a los presidentes de las cámaras, quienes por mandato del artículo 61 de la Constitución General, tienen la importantísima función de velar por el respeto al fuero de los legisladores, así como la inviolabilidad de los recintos parlamentarios.

Función que, correctamente entendida, constituye nada menos que la salvaguarda del Parlamento frente a los abusos de los otros poderes. Por ello, los presidentes de las cámaras son los primeros guardianes de la Constitución del Congreso; históricamente el presidente de la Cámara es el primer órgano de gobierno parlamentario y en el caso de México, además el único órgano de gobierno camaral de origen constitucional.

Esta clasificación no es absoluta y así tenemos, por ejemplo, que las comisiones o comités de dictamen casi siempre son también órganos de control pues además de su esencial participación en el proceso legislativo, suelen vigilar a la zona de la Administración Pública que corresponde a su materia.

Por otra parte, los llamados órganos de gobierno, especialmente los políticos, suelen ser un poco de todo: impulsan acuerdos políticos e incluso administrativos, como en el caso de México, aunque esto no es sano pues depositar en las mismas manos el poder político y el material, casi siempre deriva en abuso.

Los dos tipos básicos de órganos de gobierno tienen funciones diferentes: unos expresan la voluntad política normalmente variable y siempre negociable de las Cámaras, mientras que otros –las mesas directivas- expresan intereses y valores más institucionales: La legalidad, la imparcialidad, la objetividad.

Las mesas directivas además, tienen casi universalmente la no menos importante función de equilibrar los intereses y derechos de los grupos parlamentarios y los legisladores individuales.

Por todo lo anterior, las mesas directivas deben estar integradas con legisladores particularmente capacitados para las funciones de esos órganos, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso que pide una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de las asambleas.

Pero no es este el único requisito que deben tener las mesas directivas. Para ejercer bien sus funciones y además para tener legitimidad, con que debe contar todo órgano camaral moderno.

El otro requisito esencial –en esto subrayo su atención—es la pluralidad. En efecto, un principio esencial del moderno derecho parlamentario exige que todos los grupos parlamentarios que conforman una cámara se encuentren representados en todos los órganos de ésta.

Tal es la expresión en el parlamento de un valor fundamental de la democracia: el pluralismo, es decir, la aceptación activa de la pluralidad, la convivencia respetuosa de los diferentes integrantes y el respeto a los derechos de la minoría.

Pero expresan también otro valor fundamental que es el trabajo colegiado. Y es que en un Estado de partidos no puede asegurarse aquél sin la garantía de que todos los actores políticos se encuentren representados en todas las instancias de toma de decisiones del parlamento.

El pleno de los legisladores debe sentirse realmente representado en este órgano y la ley debe garantizar condiciones para ello, como ocurre en distintos países.

Por ello proponemos que la mesa directiva se integre con secretarios de todos los grupos parlamentarios, así como con tantos vicepresidentes como grupos parlamentarios de 25 o más diputados existan.

Establecemos esta diferencia para reflejar, si bien de una manera atemperada como corresponde al órgano de la tolerancia y el respeto, las diferencias cuantitativas entre los grupos parlamentarios, criterio que también debe ser tomado en cuenta.

Igualmente proponemos que la presidencia de la mesa directiva sea ejercida de manera sucesiva por diputados de distintos grupos parlamentarios en orden decreciente del número de sus integrantes.

Por todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los ordenamientos vigentes presentamos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforma el párrafo 1 del artículo 17 y se adicionan los párrafos 2, 3 y 4, recorriéndose los demás en el orden que tienen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Artículo 17. 1. La mesa directiva de la Cámara de Diputados será electa por el pleno, se integrará con un presidente y tantos vicepresidentes y secretarios como se requiera. Durará en sus funciones un año y sus integrantes, a excepción de su presidente, podrán ser reelectos.

2. El cargo de presidente de la mesa directiva será ejercido sucesivamente por diputados de distintos grupos parlamentarios. en orden decreciente del número de sus integrantes.

3. Los grupos parlamentarios que alcancen al menos el 5 por ciento del total de miembros de la Cámara tendrán un vicepresidente. Todos los grupos parlamentarios tendrán un secretario.

4. Dejarán de ser integrantes de la mesa directiva quienes se separen de su grupo parlamentario y aquéllos cuyos grupos parlamentarios pierdan ese carácter.

5. La Cámara elegirá a la mesa directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos.

6. La elección de los integrantes de la mesa directiva se hará por cédula o utilizando el sistema de votación electrónica.

7. Para la elección de la mesa directiva los grupos parlamentarios postularán a quienes deban integrarla conforme a los criterios establecidos en el artículo 18.

8. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la mesa directiva de la Cámara.

9. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de inicio de la legislatura no se hubiere electo a la mesa directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la mesa de decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su presidente citará a la sesión de instalación del Congreso. La mesa de decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de septiembre.

10. La elección de los integrantes de la mesa directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la legislatura se llevará a cabo durante la sesión preparatoria de la Cámara que inicia dichos períodos. El proceso será conducido por los integrantes de la mesa directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios.

Transitorio único. La presente reforma no requiere de la promulgación del Ejecutivo de la Unión y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de octubre del 2004.

Muchas gracias, ciudadanas y ciudadanos legisladores.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo selecto de 40 estudiantes de la Universidad Iberoamericana que hoy nos acompañan.

(Aplausos)

Tiene la palabra la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 3o. y la fracción I del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada María Avila Serna (PVEM): Con el permiso de la Presidencia.

Compañeros y compañeras Diputados:

"El principio de no discriminación es una de las más claras manifestaciones de la igualdad. La lucha por respetar y hacer prevalecer este principio es una de las vías fundamentales para alcanzar la ciudadanía plena, que debe ser compatible con un sistema democrático efectivo.

"En nuestro país la reforma de 1946 al artículo 3o. constitucional introdujo a la Carta Magna el principio de no discriminación, presente en el texto vigente al disponer que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

"Acorde con el principio universal de la no discriminación y con los instrumentos internacionales firmados por México referentes a ese tema, el 14 de agosto del 2001 se adicionó un tercer párrafo al artículo 1o. constitucional estableciendo que en nuestro país queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género le da las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

"A pesar del gran avance que representó la adición de este párrafo, en la actualidad esta garantía no se practica, ya que personas con formas de vida distinta a las tradicionales enfrentan segregación social o falta de oportunidades. La discriminación contra las personas lesvianas u homosexuales, hombres y mujeres, se observa como una práctica reiterada por personas de todas las esferas, estructuras sociales e institucionales.

"En nuestro país si bien no existe norma alguna expresa que castigue a una persona por el hecho de ser lesbiana u homosexual, lo cierto es que existe una actitud muchas veces oculta que determina que hablemos de un colectivo social marginado. Es de conocimiento público los diversos atentados que sufre este sector, amparados en fundamentalismos xenófobos y religiosos que con una idea única y distorsionada de lo que debe ser una sociedad democrática e integrada persiguen a todo aquel que vive a una orientación distinta a la heterosexual.

"Uno de los campos en donde los homosexuales o las lesbianas sufren grandes discriminaciones por sus preferencias es el laboral. Los derechos laborales de las personas que eligen parejas del mismo sexo son actualmente vulnerados por prejuicios sociales tanto en el sector público como en el privado.

"Existe discriminación laboral cuando las lesbianas o los homosexuales son tratados de diferente manera a los demás trabajadores: cuando no se permite dentro de una institución, empresa u organización la contratación de personas con preferencias sexuales distintas; cuando alguien es despedido arbitrariamente por su preferencia sexual o cuando, tanto mujeres como hombres, con diferentes preferencias sexuales son despedidos por ello por las razones dadas, pero las razones dadas son otras. Cuando son objeto de burlas y malos tratos; cuando se les pide ocultar sus preferencias para no ocasionar problemas a los demás colaboradores; cuando se les impide un ascenso de puesto, etcétera.

"Frente a todos estos problemas y en afán de luchar en contra de la discriminación hacia los homosexuales y las lesbianas Amnistía Internacional en su informe sobre crímenes de odio, conspiración de silencio, tortura y malos tratos basados en la identidad sexual recomendó a los gobiernos, incluido al nuestro, a garantizar una mayor protección jurídica frente a los abusos homofobos mediante la adopción de disposiciones constitucionales y de otra índole que prohíban todas las formas de discriminación basadas en la orientación sexual o la identidad de género y a promover la diversidad en la composición de los organismos oficiales responsables de la administración de justicia y garantizar que sus políticas contra la discriminación aborden las cuestiones relativas a la identidad sexual.

"Asimismo, la Relatora Especial para las Ejecuciones Sumarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, emitió la recomendación al gobierno mexicano de proteger la seguridad y los derechos humanos de las minorías sexuales.

"En este sentido, un paso importante para nuestro país fue la entrada en vigor en el 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que por primera vez se reconoce y se prohíbe la discriminación por preferencias sexuales.

"El artículo 4º de la ley establece: ‘Para los efectos de esta ley, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción, que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra, tengan por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones’.

"Esta ley se hizo con el objeto de prevenir cualquier forma de discriminación contra la población en general, incluyendo el sector lésbico y homosexual, precisando así las obligaciones del Estado Mexicano para garantizar el ejercicio de los derechos al libre desarrollo de la personalidad.

"A raíz de una propuesta del presidente brasileño Luis Lula DaSilva, ante la LIX Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas, en las que planteó la idea de que las orientaciones sexuales debían considerarse como un derecho fundamental de todo ser humano y éstas no debían generar actos de discriminación, el gobierno de México, a través de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores para Temas Globales, Patricia Olamendi, apoyó la iniciativa y mencionó que nuestro país estaba totalmente a favor del respeto y la lucha a favor de los derechos humanos de los homosexuales y las lesbianas, y para ello el gobierno tenía la obligación de emprender acciones concretas.

"En este largo proceso de transformación política que experimenta nuestro país, es necesario que la discusión sobre la erradicación de la discriminación sea un tema prioritario.

"La posibilidad de profundizar la democracia no depende sólo de la consolidación del sistema formal para acceder al poder, sino también de la prevención y eliminación de la discriminación. Para erradicarla, se debe reconocer forzosamente que la igualdad es una norma, es decir, es un término normativo que implica que los diferentes deben de ser respetados y tratados como iguales y que siendo esta norma no basta anunciarla sino que es necesario observarla y sancionarla.

"Es claro que entre las personas existen diferencias. La identidad de cada persona está dada precisamente por estas diferencias y son pues las diferencias las que deben ser tuteladas, respetadas y garantizadas en obsequio del principio de igualdad.

"Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país, acorde con el desarrollo social y la justicia.

"Nuestro partido sostiene la igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres sin distinción alguna; su acceso general a la educación, alimento, trabajo, habitación, salud, bienestar e información.

"Por ello, nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente decreto por el que se reforma el artículo 3º párrafo segundo y el artículo 133 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue.

"Artículo 3º, párrafo segundo.- No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, preferencia sexuales, doctrina política o condición social.

"Artículo 133, fracción I.- Queda prohibido a los patrones:

"1.- Negarse a aceptar trabajadores por razón de sexo, edad o preferencia sexual".

Por su atención, muchas gracias.

(aplausos)

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted diputada.

Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el señor diputado Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al pago del aguinaldo anual.

El diputado Luis Maldonado Venegas (CONVERGENCIA): Muchas gracias, con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Previo al término de cada ejercicio fiscal el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite un documento que contiene lineamientos generales para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, con el propósito de que las dependencias del Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales de la administración pública federal, que regulan sus relaciones laborales por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentario del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, así como al personal civil de confianza, al del Servicio Exterior Mexicano, el asimilado a éste y los miembros de las Fuerzas Armadas, así como también las personas físicas que prestan sus servicios mediante contrato de honorarios y a los pensionados, calculen el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año del personal a su servicio, conforme a lo establecido por dicha norma administrativa.

El cálculo de aguinaldo o gratificación de fin de año, se efectúa con base en las remuneraciones consignadas en el tabulador autorizado, así como en aquellas prestaciones y remuneraciones adicionales aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, consignadas en el clasificador por objeto del gasto para la administración pública federal.

Para el personal civil el cálculo del aguinaldo o gratificación de fin de año, se hace con base en las remuneraciones asignadas y reportadas en la partida denominado Sueldo Base, realizándose el cálculo con base en el importe de la partida citada dividida entre 30 y el resultado multiplicado por 40.

Lo mismo sucede por lo que se refiere a la parte de la gratificación correspondiente a la partida denominada Compensación Garantizada, que se otorga a los servidores públicos de enlace así como a los de los mandos de las dependencias y entidades considerados en el presupuesto de egresos de la federación correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate.

Sin embargo, los lineamientos que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consignan el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, se hará siempre y cuando la dependencia o entidad cubra el pago correspondiente, con cargo a los ahorros que haya generado en el capítulo de servicios personales de su respectivo presupuesto.

Esta especificación lleva al extremo de poner en manos de los propios interesados, la decisión de cumplir o no con lo que establece el Artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que a la letra dice: "Los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual, que estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cual deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna".

En ninguna parte del texto de la disposición legal referida, se menciona que deba diferenciarse entre sueldo base y compensación garantizada para cubrir el aguinaldo, ni que el pago de dicha prestación esté sujeta a la disponibilidad presupuestal de las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, como año con año lo hace el gobierno federal, a través de los lineamientos generales para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, a los que ya he hecho referencia.

La única limitante que hace el artículo indicado, se refiere a que el Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes para fijar las proposiciones y el procedimiento para los pagos, en caso de que el trabajador hubiese prestado sus servicios menos de un año pero no señala ninguna otra limitación.

Al respecto es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas tesis de jurisprudencia relacionadas con el tema, que sostienen que una correcta interpretación del Artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se tiene que para cuantificar el aguinaldo, se deberá tomar como base el salario total que reciba el trabajador por la prestación de sus servicios, ya que la propia ley de la materia en su Artículo 32 establece que el salario es el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, y por tal motivo al no especificar la ley burocrática el tipo de salario que debe servir de base para cuantificar el pago de aguinaldo, lo correcto es atender estrictamente al cuerpo de leyes invocado y establecer como base para la cuantificación del aguinaldo el salario íntegro, que recibe ordinariamente y a cambio de sus servicios el trabajador, y no el salario base.

Evidentemente este criterio debía de ser observado y acatado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, únicamente lo hace en el caso en que lo ordene el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje derivado de un laudo condenatorio, cuando el trabajador al servicio del Estado interpone una demanda laboral exigiendo el pago íntegro del aguinaldo a que tiene derecho, acción que los trabajadores no deberían de tener la necesidad de promover si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acatara en estricto sentido la ley.

Es por los motivos expuestos que la fracción parlamentaria de Convergencia considera de justicia proponer a esta soberanía reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de que no exista duda alguna respecto al monto que cada año debe de ser cubierto a los trabajadores por concepto de aguinaldo y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no interprete su cumplimiento sino que se ajuste al mandato expreso de la norma. La reforma que proponemos beneficiará a los trabajadores al servicio del Estado tanto de base como de confianza, que prestan sus servicios en las dependencias y entidades paraestatales; al personal del Servicio Exterior Mexicano; a los agregados navales y militares y sus ayudantes en el extranjero; a las personas físicas contratadas por honorarios por el Gobierno Federal; a los pensionistas; al personal docente y de las instituciones de educación superior y al personal obrero de base, a lista de raya, temporal técnico, administrativo, especialista y profesional, así como también al personal de las Fuerzas Armadas del país.

Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que someto a su distinguida consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, a fin de reformar el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, para quedar en los siguientes términos:

Decreto por el que se reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional:

Artículo único: Artículo 42 Bis: Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero y que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna y de conformidad al salario íntegro que reciben ordinariamente a cambio de sus servicios.

El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos, en caso de que el trabajador hubiera prestado sus servicios menos de un año.

Es cuando, señor Presidente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre del 2004.

Muchas gracias.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de 47 estudiantes de la preparatoria Instituto Londres, que están hoy acompañándonos a invitación del señor diputado Miguel Angel Toscano Velasco.

Bienvenidos.

Tiene la palabra el señor diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los párrafos Primero, Segundo y Tercero del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Jorge Uscanga Escobar (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

El suscrito diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso, me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente exposición de motivos:

La Ley de Coordinación Fiscal dispone que los estados y el Distrito Federal participarán en el total de los impuestos federales y otros ingresos mediante la distribución de los fondos que, como el relativo a seguridad pública, se establecen en este ordenamiento de coordinación fiscal.

En este orden de ideas, en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Legislativo dispuso que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se constituirá con cargos a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que la Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una propuesta para la integración de dicho fondo.

En seguida señala que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, se hará la distribución de los recursos federales que integran este fondo entre los distintos rubros de gasto del sistema nacional de seguridad pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Más adelante señala que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine a propuesta de la Secretaría de Gobernación.

Al respecto, nosotros consideramos que esta redacción debe actualizarse para que sea consecuente y congruente con las demás reformas que se han llevado a cabo a otros ordenamiento legales y también con lo que se establece en el Presupuesto Federal y su ejercicio en términos de certeza y oportunidad.

Esto es así, porque en el año 2000 fue reformada y adicionada la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en sus artículos 26 y 30 bis, quedó institucionalizada la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, que asumió algunas de las atribuciones y facultades que ejercía la Secretaría de Gobernación, nos referimos desde luego, a las vinculadas intrínsecamente con la seguridad pública.

En este sentido, la modificación legal que proponemos, consiste en instituir que la propuesta para constituir al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, la formule la Secretaría de Seguridad Pública y no la Secretaría de Gobernación porque en los hechos esta temática dejó de ser de su competencia.

Además consideramos que la formulación de la propuesta relativa a este fondo, debe partir del Consejo Nacional de Seguridad Pública, toda vez que este importante órgano de decisión lo integran entre otras autoridades el Secretario de Seguridad Pública, los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y que por otra parte la ley prevé que al Consejo Nacional de Seguridad Pública, corresponde la determinación de los criterios para la entrega de dicho Fondo de Aportaciones Federales a los Estados y el Distrito Federal.

Finalmente, consideramos muy importante que en la Ley de Coordinación Fiscal, quede debidamente precisado que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada Ejercicio Fiscal, se consigne la distribución que corresponda para cada uno de los estados y el Distrito Federal, de los recursos federales que integran este fondo, respecto de los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque en la actualidad, a pesar de que en principio se conoce su monto global, es el único de los Fondos de Aportaciones Federales que no se encuentran geográficamente distribuido y esto va en detrimento de la certeza que cada entidad federativa requiere y la oportunidad de su ejercicio para atender los reclamos sociales y el cabal cumplimiento de la obligación de los estados en torno a la seguridad pública.

A manera de ejemplo, es de observarse que en el Presupuesto de Egresos para 2005, se plantea la asignación de un monto global de 5 mil millones de pesos para el Fondo de Aportaciones Federales para la Seguridad Pública, sin que se encuentre consignado el monto que corresponde a cada entidad federativa y el Distrito Federal, lo que sí acontece respecto de los restantes cinco fondos previstos tanto por la Ley de Coordinación Fiscal como por el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por todo lo antes señalado, se somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos, primero, segundo y tercero del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Único. Se reforma los párrafos, primero, segundo y tercero del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Secretaría de Seguridad Pública formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una propuesta aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para la integración de dicho fondo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, se consignarán la distribución que corresponda para cada uno de los estados y el Distrito Federal, de los recursos federales que integran este fondo, entre los distintos rubros de gasto para el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades federativas y al Distrito Federal, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal y sigue el texto del párrafo.

Transitorio.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente. Palacio Legislativo de San Lázaro.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Damos la más cordial bienvenida a los 40 invitados especiales de la Ciudad de Córdoba, Veracruz, que nos hacen el honor de acompañarnos el día de hoy por invitación expresa del diputado Sergio Penagos.

(Aplausos)

Tiene la palabra el señor diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia en Materia de Sanciones.

El diputado Salvador Márquez Lozornio (PAN): Con su venia, señor Presidente.

En la actualidad el entorno económico que vive la sociedad nacional ha generado que diversos sectores del país tengan la necesidad de adquirir algún tipo de crédito, mismo que tiene como finalidad el solventar las necesidades de tipo económico que generen una vida personal o laboral.

Por lo cual, es necesario plantear nuevas disposiciones legales que permitan que las empresas de información crediticia, brinde mayor apertura al otorgamiento de créditos a sus clientes, manteniendo una administración sana de su negocio y garantizando la fuente de trabajo.

En razón de lo anterior, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIII al artículo 60 y una fracción VII al artículo 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la

LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, del

Honorable Congreso de la Unión.

Presente.

El suscrito, diputado federal Salvador Márquez Lozornio de esta Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XXIII al artículo 60 y una fracción VII al artículo 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia con base en la siguiente exposición de motivos:

Buró de Crédito no es una instancia judicial, sino solamente una sociedad de información crediticia creada en 1996 y orientada a recopilar información sobre el comportamiento crediticio de personas y empresas.

Uno de los motivos principales de su creación es apoyar la actividad económica del país, facilitando a las empresas información que les permita una mayor certeza y apertura al otorgamiento de crédito a sus clientes, manteniendo una administración sana de su negocio y garantizando la fuente de trabajo.

En la actualidad funciona como un marco de referencia para la autorización de créditos, ya que cuenta con expedientes crediticios de personas físicas, empresas, personas físicas con actividades empresariales. Es decir, el Buró de Crédito no registra únicamente créditos con problemas de pago, de igual manera recaba información sobre créditos que se pagan en forma puntual y adecuada.

Es importante señalar que el Buró de Crédito no decide si un crédito debe o no aprobarse, tampoco emite juicios sobre si una persona es o no sujeta de dicho crédito; exclusivamente crea un historial crediticio y se limita a suministrar información sobre dichos créditos y comportamiento de pago de una persona o empresa. Por ningún motivo se convierte en instancia. Su única función es proveer, por medio de un pago, información sobre el historial crediticio sin importar que éste resulte positivo o negativo.

La base de datos de Buró de Crédito se integra con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sean proporcionadas por los otorgantes de crédito que tienen contratado su servicio. Existen ocasiones en las cuales esa información, por razones diversas, no se actualiza, específicamente en el caso de que el adeudo ya sea cubierto y no se ha señalado dentro del historial crediticio. En ese caso se ocasiona un perjuicio al titular del historial. Este supuesto puede ser por dos causas:

La primera. Que el Buró de Crédito omita actualizar la base de datos a pesar de que yaya sido notificada en tiempo de las modificaciones y a contrario sensu, que el usuario omita enviar los datos de actualización al Buró de Crédito. Este supuesto es más común de lo que creemos. Generalmente las personas no se percatan de que la información que contiene su historial crediticio sigue vigente el adeudo y puede originar la negativa de alguna operación al solicitar otro crédito y en consecuencia, un perjuicio para el solicitante del mismo.

Si bien la ley en mención señala diversas sanciones para acciones y omisiones, tanto de la sociedad como de los usuarios, en ninguna establece sanción para el supuesto que se señala.

Por esta razón, se presenta la siguiente iniciativa que pretende adicionar dos fracciones con el objeto de establecer sanciones para el caso en el cual el usuario, quien es el otorgante del crédito, omita notificar al Buró de Crédito cuando un adeudo ha sido saldado y en sentido contrario, cuando el Buró de Crédito, aún habiendo sido notificado, ha omitido modificar la información dentro del historial crediticio.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos apremiante establecer medidas apropiadas que salvaguarden los intereses de las personas que han mostrado responsabilidad y disposición en el pago de sus adeudos.

En vista de los anteriores argumentos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XXIII al artículo 60 y una fracción VII al artículo 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Capítulo Quinto. De las sanciones, Sección Segunda. Sanciones que podrá imponer la Comisión, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 60 La comisión sancionará con multa de 100 a mil veces el salario mínimo generado diario que sea vigente en el Distrito Federal, cuando -omito la lectura de 22 incisos- se adiciona inciso vigesimotercero, cuando la sociedad haya sido notificada por el usuario de la liquidación de un adeudo y omita actualizar el historial crediticio del cliente en un término de 5 días hábiles.

Sección IV. Sanciones que podrá imponer la Procuraduría Federal del Consumidor.

Artículo 68. La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa de 100 a mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a los funcionarios o empleados de las empresas comerciales o a estas últimas que sean responsables de la infracción, cuando -omito del I al VI incisos- se adiciona un VII, omitan notificar a la sociedad en un término de 5 días hábiles que el cliente haya cubierto su adeudo.

Para la imposición de las multas previstas en este artículo, la Procuraduría Federal del Consumidor deberá observar lo señalado en la sección I de este capítulo. Contra dichas sanciones procederá el recurso administrativo contemplado en la Ley Federal de Protección al consumidor.

Artículos transitorios.

UNICO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre del 2004.

Por su fina atención muchas gracias. Es cuanto diputado presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 38 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

El diputado Jorge Kahwagi Macari (PVEM): Con el permiso de la presidencia; compañeros y compañeras legisladores: El tema del medio ambiente como cuestión de seguridad nacional no era importante hasta hace poco tiempo. La relación entre el medio ambiente y la seguridad nacional no estaba en la agenda ni en las discusiones de las escuelas del Estado Mayor.

El medio, era algo que se daba por sentado y la seguridad se definía como seguridad militar en el sistema internacional. La política de seguridad nacional era interpretada simplemente como el que quería paz, que se preparara para la guerra. Una fuerza militar tenía que estar preparada y alerta para disuadir toda agresión.

Sin embargo, redefinir la seguridad nacional se volvió un asunto importante al fin de la guerra fría. La seguridad militar es considerada como una variable dependiente y se ha descubierto que la administración del medio ambiente es el factor principal para la amenaza a la estabilidad y a la seguridad nacional e internacional.

Actualmente la administración del medio ambiente se vuelve de vital importancia para los pueblos del mundo. Si es mal administrada habrá catástrofes y desastres ecológicos que producirán conflictos acerca de la distribución de los recursos, que puede traducirse en violencia, revoluciones y guerra. La violencia política y en especial las guerras entabladas con armas modernas, no resolverá ningún conflicto ni disminuirán las consecuencias de los desastres ecológicos causados por los conflictos.

En cambio agravar la mala administración del medio ambiente y reforzar las causas de conflicto, se ha descubierto esta paradoja pero no se ha resuelto.

La seguridad nacional sigue dominando el pensamiento de seguridad. Pero al defender la seguridad nacional será socavada y hasta aniquilada la seguridad global y a la postre la propia seguridad nacional.

Para la mayoría de los especialistas casi no cabe duda que en un futuro próximo habrá guerra por el agua, especialmente en el Medio Oriente. Se dispone de aguas abundantes pero son un recurso no renovable y aunque sólo costaría una fracción de los presupuestos anuales de la defensa de cualquier país rico, construir refinerías de agua de mar, ni siquiera que se contempla esta opción, por considerarla demasiado cara.

En lo que toca a México, los grandes propósitos del gobierno como la transformación política, la modernización económica y el combate a la iniquidad social entre otros, sucumbirá si se destruye el marco de sustentabilidad del país.

Un reporte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, describe un panorama de destrucción, violencia e ilegalidad que coloca a nuestros bosques, selvas y aguas ante un escenario de crisis terminal, lo que delinea en sus páginas es en todos los sentidos un problema de seguridad nacional, aunque sólo hasta ahora el gobierno le da ese nombre.

México pierde, entre 600 mil y un millón de hectáreas de bosques al año. Esa pérdida significa desertificación de 200mil hectáreas de suelo por año, además del agotamiento y contaminación grave de todas las cuencas hidráulicas del país; el exterminio de innumerables especies endémicas de fauna; la transformación de clima de regiones enteras y la destrucción de la viabilidad económica de cientos de comunidades.

Este triste estado de las cosas tiene que cambiar. Desde su campaña electoral, Vicente Fox aceptó la designación de seguridad nacional para los problemas de bosque y el agua. Ratificó ese compromiso en su toma de posesión y en ese sentido tendría que estar orientado ya la política ambiental del nuevo gobierno.

La tala ilícita, por ejemplo, se encuentra envuelta en una basta madeja de ilegalidad que va de la posesión de armas y el robo de vehículos, al secuestro y la extorsión. Con todos los esfuerzos del gobierno, fracasarán si no cuenta con el apoyo, la presión y la participación decidida de todos los actores sociales.

La protección del medio ambiente es una tarea tan compleja, que los mejores planes pueden naufragar si no se están dotados de legitimidad social; si no existen formas de corresponsabilidad y canales de involucramiento de todas las instituciones.

Según algunas estimaciones, estamos a 54 años de liquidar todo nuestro patrimonio forestal, de continuar las tendencias actuales. No basta, por tanto, que el gobierno defina los problemas del bosque y el agua, como de seguridad nacional. Es necesario que la población, los partidos políticos, las organizaciones sociales y los medios de comunicación le otorguen el mismo carácter e importancia, además de la imperiosa necesidad de que dicho concepto se empiece a ver reflejado cada vez más en nuestra legislación.

México es un país en continuo cambio y enfrenta cada día nuevos retos. Su territorio posee una riqueza extraordinaria, con recursos naturales y fronteras marítimas y por ello es necesario protegerlo y preservarlo.

La Armada de México tiene como misión emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior, y coadyuvar en la seguridad interior del país.

En apego a su misión y atribuciones enfrenta una lucha constante para el control y el combate de la contaminación del medio marino; desempeña actividades de investigación en oceanografía, conservación, protección y preservación de los recursos naturales; apoya integralmente en la ejecución de programas a instituciones gubernamentales, las cuales no podrían realizarla con sus propios recursos, como Semarnat, Sagarpa, Pemex, Sectur, Conapesa, SEP y la UNAM, entre otros.

En relación a las campañas oceanográficas, se realizan trabajos en los ámbitos químicos, físicos, geológicos y biológicos para evaluar los estados de la productividad, evolución e incluso deterioro de los ecosistemas. Esto lo lleva a cabo personal naval, en buques oceanográficos e institutos y estaciones.

La Armada realiza acciones como el saneamiento de la bahía de Guaymas, labores de prevención, control y combate de la contaminación del medio ambiente en el Golfo de California, el programa de monitoreo de la calidad del agua marina, el Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Substancias en el Mar, y acciones para contribuir a una nueva cultura de pesca en México.

Con el fin de vigilar el cumplimiento de las vedas y normatividades emitidas por las instituciones competentes, se realizan campañas permanentes para la conservación, protección y preservación de las especies marinas en peligro de extinción como la vaquita marina, la ballena, manatí, tortuga, lagarto, totuaba, caracol rosado entre otros.

Con todo lo anterior nos podemos dar cuenta de que la Secretaría de Marina, Armada de México está comprometida más que nunca con el cuidado y la preservación del medio ambiente.

Si bien es cierto que la Ley de Ascensos de la Armada de México contempla, en su artículo 38, la posibilidad del mando supremo de ascender al personal de la Armada de México por méritos especiales en cuestión de salvar vidas humanas, bienes materiales o desarrollar inventos y no obstante su importancia y el compromiso de la institución con el medio ambiente, no se contempla el ascenso de grado mediante la preservación o la salvación de los recursos naturales.

Para la fracción parlamentaria del partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país, buscando mayor congruencia entre el espíritu de preocupación por el cuidado del medio ambiente y lo que se encuentra plasmado en la normatividad, nos permitimos someter a la consideración de la 59 Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente decreto por el que se adiciona una nueva fracción III al artículo 38 de la Ley de Ascensos de la Armada de México y se recorren los artículos fracciones III y IV para quedar como IV y V, respectivamente.

Artículo 1. Se adiciona la fracción III del artículo 38 de la Ley de Ascensos de la Armada de México para quedar como sigue:

Artículo 38. El mando supremo, a propuesta del alto mando, podrá ascender al personal de la Armada de México por méritos especiales cuando se hayan efectuado cualesquiera de los hechos siguientes:

I queda igual, II queda igual, el III. Por haber efectuado un acto que salvaguarde los recursos naturales de la nación con riesgo de su vida.

Por su atención muchas gracias.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Marina.

Tiene la palabra el diputado Jesús Vizcarra Calderón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos y el artículo 22 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

El diputado Jesús Vizcarra Calderón (PRI): Yo sé que es muy poco técnico pedir una modificación a una ley que no existe, pero va a existir y deseo que exista esta variante porque el tema lo amerita.

El Acuerdo Nacional por el Agua votado favorablemente por esta soberanía el pasado 19 de octubre es reflejo de nuestra atención en un tema medular para la sustentabilidad en el país.

La necesidad de atender las graves carencias de cobertura y calidad de los servicios de agua con 12 millones de mexicanos careciendo a esta fecha de agua potable, un sector rural donde 3 de cada 10 habitantes no cuentan con agua potable entubada, con una producción agrícola seriamente afectada por la falta de infraestructura de riego, así como el mantenimiento inadecuado de la misma.

Del modo más lamentable nuestro país ha resentido una caída dramática de la inversión en infraestructura hidráulica, la cual se encuentra prácticamente a la mitad de lo que se hubiera requerido para alcanzar un escenario sustentable hasta esta fecha.

En cumplimiento de nuestra responsabilidad como representantes populares y en atención a la urgencia de lograr financiamiento para la infraestructura hidráulica, presento a nuestra asamblea un esquema a través del cual se puedan canalizar recursos excedentes del sector para beneficio de la infraestructura del propio sector.

Este esquema servirá como incentivo para la Comisión Nacional del Agua, así como para cada organismo de cuenca, ya que ellos se verán beneficiados en la medida que incrementen la recaudación por concepto de derecho por uso y aprovechamiento del agua.

La presente propuesta busca que en el ejercicio fiscal de 2005 se puedan destinar los excedentes de los ingresos provenientes de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a la Comisión Nacional del Agua para obra de infraestructura hidráulica y acciones de saneamiento.

"En tal sentido se proponen estos ajustes al proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2005, así como a la Ley Federal de Derechos, para garantizar que los recursos excedentes por el cobro de derechos de agua y aprovechamientos se otorguen a la Comisión Nacional del Agua para fortalecer el sector hidráulico nacional.

"Por lo anterior, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente decreto por el que se modifique el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, adicionando un último párrafo y se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción I del artículo 22 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2005 y modifica asimismo el penúltimo párrafo de la fracción I del propio artículo, así como se adiciona un artículo 7o. Transitorio a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005.

"Artículo 1o. Se modifica el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos adicionándose un último párrafo para quedar como sigue: "Artículo 223. Los ingresos excedentes a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación que se obtengan por la recaudación de derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refieren los apartados A y B de este artículo se destinarán a la Comisión Nacional del Agua para obra de infraestructura hidráulica y acciones de saneamiento. La Tesorería de la Federación reintegrará los recursos por los derechos obtenidos dentro de los seis días hábiles posteriores a su concentración, destinándose a la infraestructura hidráulica de la región en la que se encuentre el organismo de cuenca que las generó

"Artículo 2o. Se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción I del artículo 2o. del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005 y modifica el penúltimo párrafo de la fracción número I del propio artículo para quedar como sigue: Artículo 22. Los excedentes que resulten de los derechos a que se refiere la fracción III numerales uno y dos, uno de dicha ley se podrán destinar a las dependencias y entidades. En el caso de los excedentes a los que se refiere el presente inciso que tengan un destino específico por ley deberán otorgarse a la dependencia que los generó, en los términos y plazos a que se refiere este artículo. En el caso de los derechos, producto y aprovechamiento que tengan un destino específico por disposición expresa de las leyes de carácter fiscal y conforme a éstas se cuenta con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, ésta deberá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen en el plazo de seis días hábiles contados a partir de que las dependencias o entidades concentren los ingresos en la Tesorería de la Federación y soliciten la ampliación hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en su caso, la Secretaría.

"Artículo 3o. Se adiciona un artículo 7o. Transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para quedar como sigue: Artículo 7o. Los ingresos excedentes por concepto de aprovechamientos proveniente del suministro de obras públicas, de infraestructura hidráulicas a que se refiere el numeral cuatro de la fracción VI del apartado A del artículo 1 de esta ley se destinará a la Comisión Nacional del Agua para obras de infraestructura hidráulica".

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor Diputado.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra el diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 27, 118 y 131 de la Ley Federal del Derecho de Autor para evitar medidas tecnológicas que eviten el uso y explotación no autorizada de obras.

El diputado Ernesto Herrera Tovar (PAN): Con su permiso, ciudadano Presidente.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde su curul): ¡Señor Presidente!

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame señor diputado.

Sonido a la curul del señor diputado.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde su curul): Señor Presidente, para pedirle respetuosamente la rectificación del quórum, ya que el salón está completamente desierto.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En términos del artículo 27 del régimen parlamentario, obséquiese la solicitud del señor diputado y ábrase el sistema electrónico de asistencia hasta por diez minutos, para tal efecto.

Y mientras transcurre este tiempo, se continuará con el desahogo de la sesión.

Adelante señor diputado Herrera Tovar.

El diputado Ernesto Herrera Tovar: Muchas gracias, ciudadano Presidente.

"El de la voz, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y fracción XXI del artículo 73 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa por la que se reforma la fracción I del artículo 27 y se adiciona la fracción IV al artículo 118 y III al artículo 131, recorriéndose las fracciones III, IV y V vigentes, para convertirse en la fracción IV, V y VI respectivamente, todas ellas de la Ley Federal de Derechos de Autor, a fin de contemplar los derechos que permiten a los titulares de los derechos de autor y derechos conexos, a adoptar medidas tecnológicas para evitar el uso y explotación no autorizados de sus obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas, con base en la siguiente:

"Exposición de Motivos

"El 20 de diciembre de 1996, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, aprobó sendos tratados en materia de derechos de autor. El primero es el tratado sobre los Derechos de Autor y el segundo es el Tratado sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas. Ambos instrumentos han sido ratificados por el Senado de la República, por lo que son ley suprema en toda la Unión, acorde a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Los notables avances tecnológicos en los ámbitos de la reproducción, distribución, emisión y transmisión de bienes intelectuales, principalmente a través de Internet, que desde la perspectiva negativa, permiten que por la naturaleza intrínseca del entorno digital, se haga fácilmente el uso y la explotación de obras y productos protegidos por el derecho de autor, por medio de redes electrónicas, sin la autorización de los legítimos titulares. Lo que motivó que en los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1996, también conocidos coloquialmente como los Tratados de Internet, se incorporaron disposiciones concretamente a los artículos 11 y 12 del Tratado sobre los Derechos de Autor, para que los estados contratantes, entre ellos México, se comprometieran a proporcionar protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra las acciones de evadir o alterar medidas tecnológicas de protección que se hayan introducido a sus respectivos titulares en los ejemplares de obras, interpretaciones y fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos, incluyendo la información sobre la gestión de derechos.

"Por lo que creemos conveniente contar con normas jurídicas en la Ley Federal de Derechos de Autor, que defiendan los derechos para adoptar medidas anticopia en beneficio de los autores y compositores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas y de esta forma relacionar estas disposiciones con la legislación penal que establezca sanciones a quienes alteren, modifiquen, eludan o violen estas medidas tecnológicas de protección.

"Debemos reflexionar que a cada cambio tecnológico debe corresponder normalmente un cambio legislativo que ayude a balancear los intereses de la sociedad, incluyendo los de los creadores y productores de bienes culturales, así como los de las empresas que los distribuyen y sobre todo sus destinatarios.

"Es por ello que el modelo de regulación ofrecido por los Tratados de la OMPI, incluye como medida novedosa la protección jurídica de mecanismos electrónicos que impidan al usuario realizar ciertas acciones que atenten contra las facultades exclusivas de los titulares de los derechos de autor y derechos conexos, tales como tener acceso a la obra o productos resguardados o copiar dichas obras o productos, esto se conoce como "medidas tecnológicas" o comúnmente "candados electrónicos" o "bandas electrónicas"

En suma, las medidas tecnológicas de protección son un gran herramienta para dotar de contenido de primera calidad a la red de redes, al garantizar a los titulares los derechos sobra obras, interpretaciones y fonogramas el respeto a sus derechos exclusivos, mediante la adopción de preceptos legales que implementen dichas medidas.

Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de que los Estados Unidos Mexicanos cumplan con el compromiso internacional adquirido con la firma y ratificación de los Tratados de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de 1996 a favor de una adecuada y eficaz actuación, en contra del uso y explotación no autorizados de obras y fonogramas tutelados por la legislación autoral y como una medida coadyuvante para combatir la piratería, presento a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del Artículo 27 y se adiciona la fracción IV al Artículo 118 y III al Artículo 131, recorriéndose las fracciones III, IV y V vigentes para convertirse en las fracciones IV, V y VI respectivamente, todas ellas de la Ley Federal de Derechos de Autor, para quedar como sigue:

Artículo Uno.- Se reforma la fracción I del Artículo 27 y se adiciona la fracción IV al Artículo 118, y III al Artículo 131, y las fracciones III, IV y V vigentes se recorren para convertirse en las fracciones IV, V y VI respectivamente, todos ellos de la Ley Federal del Derecho de Autor para quedar como sigue:

Artículo 27.- Los titulares de derechos de autor patrimoniales podrán autorizar o prohibir, la reproducción e incorporación de medidas de protección, publicación y edición.

Artículo 118.- Los artistas, intérpretes o ejecutantes, tienen el derecho de oponerse a:

fracción IV) La incorporación de medidas de protección de sus interpretaciones o ejecuciones.

fracción III) La incorporación de medidas de protección del fonograma.

Se recorren las fracciones III, IV y V para convertirse para en la IV, V y VI de la Ley Federal de Autor.

TRANSITORIOS:

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor presidente,. Y solicito el turno a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, en razón de estar esto ventilado también una modificación al Código Penal Federal que tiene que ver con la misma materia de sancionar la invasión y la duplicidad en la copia ilegal en los sistemas de seguridad, en los fonogramas e interpretaciones de los derechos de autor.

Muchas gracias.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como lo ha solicitado el diputado proponente.

Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa por la que se incorpora el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro al organismo encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica; Comisión Federal de Electricidad.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández (PVEM): Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En los últimos años mucho se ha hablado de aumentar la inversión privada en generación de energía eléctrica, sin embargo, poco se ha discutido sobre cómo aumentar de manera significativa la eficiencia y competitividad al interior del Sector.

Es un hecho que la participación privada entraña competencia y si el Estado no está en capacidad de competir por falta de eficiencia, eventualmente iremos perdiendo control sobre un área estratégica, debiendo asumir las consecuencias que esto implique.

Para lograr una mejor atención sensible se requiere en nuestra opinión de al menos dos condiciones necesarias, una, inversiones económicas del orden de cientos de miles de millones de pesos en los próximos años: y, dos, importantes mejoras en la eficiencia con la que se maneja este Sector, de lo contrario el desarrollo tecnológico, la competitividad industrial y agrícola, las telecomunicaciones y en general cualquier asunto relacionado con el desarrollo nacional, se verán coartados, afectando negativamente los recursos económicos de la nación. Para lograr las inversiones económicas presumiblemente necesarias, se sugiere la participación privada en la fase de generación. Este esquema ha creado descontento en la población y sin embargo, se hace.

Actualmente la generación de electricidad por parte de la iniciativa privada es 18.6 veces mayor que la de Luz y Fuerza del Centro. Asimismo, es relevante mencionar que el monto de los recursos destinados para el desarrollo de las empresas, ya sea por PIDIREGAS o por el Presupuesto, es sumamente disparejo entre la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, dejando en desventaja a esta última, que a su vez tiene indicadores de productores de productividad más (¿) y por tanto requiere más recursos para su modernización.

Para tener una idea de la valoración subjetiva a la que s hace mención, los indicadores de productividad disponibles en el IV Informe de Gobierno señalan que las cifras de ingreso propio, transparencias y financiamiento contra el gasto en obras públicas y programable, reportan una pérdida neta de la industria eléctrica mexicana en 0.5% del PIB, debido a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Actualmente del total de las ventas de energía eléctrica, Luz y Fuerza registra el 21% y un porcentaje semejante en usuarios, pero la tremenda disparidad entre generación y personal empleado pone de manifiesto la ineficiencia operacional de esta paraestatal. La capacidad instalada de generación por parte de Luz y Fuerza no ha crecido en décadas, de hecho ha disminuido, lo que sí ha crecido es un 52% su plan laboral. Los costos de instalación en red de Luz y Fuerza del Centro son mayores en un 35% para trifásica y un 191% para líneas de distribución, en comparación con los que ejecuta la Comisión Federal de Electricidad.

La situación financiera interna condiciona el impacto a la reforma sobre la intención de ir ganando autonomía, puesto que ésta, la autonomía, está en función de la posibilidad de lograr niveles adecuados de eficiencia y rentabilidad, de modo que es fundamental aumentar la eficiencia de nuestro sector energético si se está pensando en dar autonomía.

En el 2004, si restamos lo que Luz y Fuerza aporta al Estado de lo que el Estado le aporta, tenemos una pérdida neta anual de 19 mil 430 millones de pesos, con esta suma se podrían construir 30 mil viviendas al año, 7 mil 800 kilómetros de caminos rurales.

Habrá quien piense que los números de operatividad con los que trabaja la Compañía de Luz y Fuerza del Centro son ocasionados por cuestiones ajenas a su propio funcionamiento, es decir, los precios con los que la Comisión Federal de Electricidad le vende la energía a Luz y Fuerza del Centro o el adeudo histórico con que se tiene con CFE.

Nosotros reconocemos estos datos, sin embargo, según datos de la Comisión Federal de Electricidad, las cuentas y documentos por cobrar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ascienden a 3 mil 49 millones, es decir, alrededor del 14% del presupuesto del 2004. Sin embargo, esta deuda no se ha pretendido mitigar eficientando la operatividad de la empresa, por el contrario; ha aumentado sus costos de operación, como son el aumento del personal que ahora equivale al 39% del personal ocupado en toda la industria eléctrica.

Todo lo anterior ha afectado gravemente su presupuesto y la oportunidad de pagar su deuda con CFE.

Por otra parte, para el 2004 se planea contar con 202 proyectos de infraestructura de largo plazo, de los cuales 166 corresponden a CFE y tan solo 36 a PEMEX, esto permitirá el crecimiento necesario para nuestras industrias energéticas paraestatal, robusteciéndola y dándole más competitividad, excepto por supuesto, en el caso de Luz y Fuerza del Centro, que a pesar de que sus indicadores de eficiencia posesionan a la paraestatal en un verdadero caos financiero, causado en gran medida por la propia o nula inversión histórica en generación eléctrica y por el paupérrimo presupuesto destinado al mantenimiento de sus instalaciones para el año 2004.

Nuevamente no se planea incluir ningún proyecto de infraestructura, esto obedece al hecho de que la Ley General de Deuda Pública, en su artículo 18 condiciona los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal, ya que éstas deberán producir los recursos suficientes para su amortización y las obligaciones que se asuman en razón de dichos financiamientos no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del sector público que los promuevan.

Obviamente la compañía de Luz y Fuerza del Centro, no tiene capacidad de pago alguna, cosa que se hace notoria en sus indicadores de eficiencia.

Según la Secretaría de Energía, se requieren de 44 mil 500 millones de inversión en el sector eléctrico para el 2004. Sin embargo y a pesar de su escasez de recursos que sufre el país en distintos rubros, vemos que se planea destinar 45 mil 635 millones de pesos en 15 Pidiregas, más de 11 mil 292 millones en CFE y 5 mil 210 millones en Luz y Fuerza del Centro, destinando una inversión física, sumando un total de 62 mil 137.5 millones de pesos.

Definitivamente al ver que las inversiones programadas más las financiadas, rebasan los requerimientos de inversión en más de 17 mil 500 millones de pesos, parece que la dificultad para hacer más eficiente y productiva a Luz y Fuerza, no es de economía, ni necesita una reforma energética, más bien necesita una reforma administrativa al interior del sector.

Es por eso que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos tan importante mejorar los distintos indicadores de eficiencia de la Comisión de la Luz y Fuerza del Centro, homologándolos con los de CFE.

La única manera de mejorar la eficiencia es mediante un plan a largo plazo, que permita aumentar los ingresos y disminuir los gastos. Para aumentar los ingresos, se requeriría de cuantiosas inversiones, principalmente en la fase de generación, que no pueden ser costeados por el Presupuesto de la Federación sin que esto mengue el resto de los ya bastante empobrecidos ramos de gasto programable y no programable. Tampoco pueden ser costeados por Pidiregas en el caso de Luz y Fuerza del Centro.

Para disminuir los gastos, nuevamente se necesita de inversiones incosteables en modernización del equipo, en reducción de pérdidas, pero más aún, en realizar una profunda revisión del contrato colectivo, ya para cumplir las prestaciones como el Programa Habitacional entre otras; se requiere de recursos, los cuales provienen de las utilidades y éstas de la productividad y la eficiencia.

Actualmente, en Luz y Fuerza del Centro, los costos de explotación son 80 por ciento más altos que los ingresos de la venta del servicio, siendo el 82 por ciento de estos, para pago del IMSS, Seguro Social, prestaciones y Fondo de Pensionados, todo esto para el bienestar de los trabajadores, únicamente el 9 por ciento es para salarios, 2 por ciento para combustible y costos generales, 3 por ciento es para el pago de impuesto y 4 por ciento para materiales y servicios.

Si logramos incluir a Luz y Fuerza en el mismo plan de crecimiento de CFE por medio de la fusión de estas paraestatales, las prestaciones laborales serían iguales para trabajos iguales. Los indicadores de eficiencias se homologarían, los planes de acción incluirían a todo el sector, ahorrando así importantes costos operativos; se igualaran criterios de trabajo, facultades, atribuciones, etcétera.

En conclusión, las ventajas competitivas que aportaría la igualdad deriva de una fusión de este sector, son considerables.

Sensibilizados por todo lo anterior expuesto, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa de Proyecto de Decreto, por el que se incorpora el organismo descentralizado de Luz y Fuerza del Centro al Organismo Encargado de la presentación del servicio público de energía eléctrica, Comisión Federal de Electricidad.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Energía.

Solicito a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación y dé cuenta del registro de asistencia.

El Secretario Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico.

De viva voz, la diputada Marbella Casanova Calam.

La diputada Marbella Casanova Calam: Casanova Calam, presente.

El Secretario Antonio Morales de la Peña: Gracias.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 360 diputadas y diputados, por lo que hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Saludamos al grupo de 30 invitados especiales de Tlanepantla, del Estado de México, que nos hace el honor de acompañarnos y han sido convocados por la diputada Adriana González Furlogn.

(Aplausos)

Tiene la palabra el diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado José Manuel Carrillo Rubio (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interno de este Congreso, presentó a su amable consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 29, correspondiente al Capítulo Segundo, Sección Primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente:

Alegrías y tristezas, triunfos y derrotas, posiciones encontradas, optimismo y desanimo, esto es lo que genera la actividad deportiva en nuestra sociedad. Sobre todo esto, en tiempos en que la atención de la opinión pública se centró en la justa deportiva tan importante, como lo fueron los Juegos Olímpicos.

Mucho se ha comentado desde esta tribuna sobre el apoyo al deporte en nuestro país, lamentablemente a veces pareciera que tenemos una actitud amnésica ante los grandes problemas que tiene el deporte en nuestro país y que se extingue cada vez que los medios masivos nos damos cuenta de los resultados de los atletas en competencias deportivas que atraen la atención mundial.

Los deportistas y los federativos nacionales hacen un llamado con urgencia al Estado, que enmudece cuando se ha consumado una derrota en una competencia deportiva. Sin embargo, muestra otra cara ensalzando la importancia en la práctica deportiva, sólo cuando alguien o algún equipo ha triunfado en las prácticas deportivas.

Afortunadamente no todos son corolarios para lamentos, tenemos algo de que sentirnos orgullosos y en buena medida esto se lo debemos a la iniciativa privada que contribuye o a la que contribuye de manera desinteresada con el desarrollo con el deporte en nuestro país.

El apoyo económico del Sector Empresarial ha brindado al deporte de nuestro México, en muchos casos ha sido fundamental para alcanzar los objetivos de las competencias nacionales e internacionales. El caso más notorio es el apoyo recibido por parte de las empresas mexicanas a una deportista sumamente talentosa, que es la medallista Ana Guevara.

Pero sin duda, son muy pocos nuestros deportistas beneficiados con el patrocinio económico de este sector. En el caso de compromiso integral de México con sus atletas por su siglas CIMA, son sólo 42 deportistas los que reciben un apoyo económico.

En México el apoyo económico de patrocinadores al deporte es muy inferior al que países que se consideran potencias deportivas, otorgan. Mientras que en Estados Unidos, el deporte goza del apoyo de más de 100 patrocinadores, en México, según datos del propio CIMA, son tan sólo cinco las empresas que de manera significativa aportan al deporte y esto es, en buena medida, por lo que nuestro país no se ha promovido un verdadero estímulo o cultura a los patrocinadores, la comparación en resultados también resulta evidente.

A estas acciones que las empresas realicen en beneficio de la cultura física y deporte, el Gobierno Mexicano ha correspondido con incentivos fiscales, que la instancia gubernamental encargada del deporte promueve en el ámbito federal, tal es el caso de las empresas pertenecientes a CIMA. Sin embargo, el beneficio de carácter fiscal a que se hace referencia en la legislación deportiva, queda corta, pues infiere una actitud discrecional de la autoridad del deporte que pudiera estar frenando sin lugar a duda, los ingresos y atracción de mayores recursos económicos para el desarrollo de nuestro deporte y por ende de nuestros atletas. Ya que esta disposición normativa contenida en el artículo 29 de la ley General de Cultura Física y deporte, debiera ser complementada con una disposición de carácter fiscal que amplié el concepto, que amplié las facultades y otorgue un verdadero incentivo fiscal para las empresas que deseen apoyar y promuevan con sus acciones el deporte en México.

Volviendo al análisis comparativo, compañeras y compañeros legisladores, en Estados Unidos el deporte de ese país, tan sólo en el año 2004, tuvo un presupuesto equivalente a 5 mil millones de pesos, provenientes principalmente de patrocinadores, mientras que en nuestro país el recursos fue de tan sólo el 16% de esa cifra anteriormente mencionada, que equivale aproximadamente a 850 millones de pesos.

Es obvio que no hay nada que comparar, pero lo significativo de esto es que el apoyo de la iniciativa privada en el deporte resulta indispensable, porque además es indiscutible que el problema del deporte en el país no se resuelve, tan sólo inyectándole recursos, lo vimos en estos pasado Juegos Olímpicos, pero sí es importante que generemos las condiciones donde se pueda contribuir a la creación e implementación de una política de Estado en materia deportiva, de que se consolide el desarrollo de México en esta materia y en este sentido sea fundamental la participación del sector empresarial que está deseosa de hacerlo en una actividad tan noble como es el deporte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 29 de la Ley Sobre el Impuesto de la Renta para quedar como sigue:

Artículo 29. "...los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

Fracción XII... el ciento por ciento de las aportaciones efectuadas para promover y fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, en los términos de la Ley de Cultura Física y Deporte en los municipios".

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra al señor diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 45 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 35, 37, 42, 43 y 44 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados.

El diputado Tomas Antonio Trueba Gracian (PAN): Gracias, diputado Presidente; con su venia.

Amigas y amigos legisladores:

Les vengo a presentar un proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congrego General de los Estados Unidos Mexicanos y al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados en materia de mejora Regulatoria.

Un buen gobierno no le quita el tiempo a los ciudadanos. Es necesario visualizar cuál es la importancia que tiene la calidad del marco regulatorio como uno de los factores más importantes dentro del tema de la competitividad del país en su conjunto y de las ciudades en lo particular.

La proliferación de leyes federales y estatales, reglamentos y normas, así como las frecuentes reformas a las mismas, han generado graves problemas de gestión a las autoridades en todos los órdenes de gobierno, para poder aplicar, efectivamente, el mandato de legisladores y demás responsables de crear ordenamientos de carácter general. La existencia de un marco regulatorio disperso genera confusión a los particulares, discrecionalidad de las autoridades y altos costos a la sociedad en conjunto.

Nuestro país tiene uno de los temas regulatorios que imponen mayores costos de entrada y mayores tiempos de tramitación. Hay estimaciones que indican que la regulación tiene costos de entre 12 y 15 por ciento del Producto Interno Bruto, es por ello que es importante contar con un mejor sistema regulatorio, cuya finalidad sea mejorar la calidad y reducir el costo de los servicios que presten todos los ámbitos de gobierno.

En el año 2000 se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con lo cual se institucionaliza la mejora Regulatoria para hacer permanente la participación de los sectores productivos en dicho proceso. Se propicia la transparencia en la elaboración de regulaciones, otorgando mayor certidumbre jurídica para los ciudadanos en la aplicación de trámites y tratando de evitar que los costos de cumplimiento de la normatividad sean mayores a sus beneficios.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo estableció que todos los anteproyectos de nuevas disposiciones normativas, deberían estar sustentadas en una evaluación denominada "manifestación de impacto regulatorio".

Alguno de los objetivos que persigue el programa de mejora Regulatoria: asegurar la calidad y eficiencia de la regulación y la transparencia de su elaboración; fomentar una cultura de mejora Regulatoria en los tres órdenes de Gobierno y elaborar diagnósticos y propuestas de modificaciones al marco normativo nacional.

Los beneficios de la aplicación de la mejora Regulatoria: la desregulación se centra en suprimir reglas, mejora y adapta la regulación existente, se suprimen trabas innecesarias a la actuación de los particulares. La desregulación puede ayudar de manera importante a combatir la corrupción y la desregulación es un instrumento útil para la toma de decisiones. Se introduce en la economía legislativa.

La mejora Regulatoria impone disciplina a la administración mejorando la calidad y eficacia de la regulación, además de crear mecanismos de supervisión y transparencia continua sobre la regulación, con el propósito de evaluar, controlar y hacer explícitos sus efectos.

La mejora regulatoria es una herramienta esencial para impulsar el desarrollo económico del país. En el Congreso de la Unión, instancia política y jurídica donde nacen las leyes en nuestro país, se debe asumir como propio el reto de la mejora regulatoria para hacer más eficiente y eficaz su desempeño legislativo.

Es fundamental introducir al ámbito legislativo el estudio de impacto regulatorio en toda aprobación, dictaminación, reforma o adición de ordenamientos jurídicos ya existentes o en proceso de creación. La mejora regulatoria no se ha circunscrito sólo al ámbito federal, desde la emisión del acuerdo para la desregulación de la actividad empresarial, se ha buscado sumar al esfuerzo de las autoridades estatales y municipales.

Se ha promovido en todas las entidades federativas, diversos anteproyectos tipo como la firma de convenios municipales, la creación o mejora de registros estatales y municipales de trámites y servicios en Internet, la implementación de sistemas de apertura inmediata de empresas y de verificación empresarial, la firma de convenios en materia de autotransporte y medio ambiente y la elaboración de leyes estatales de procedimiento administrativo, así como reformas a los códigos civil y proceso civil.

Amigas diputadas y diputados, es imprescindible trabajar en los marcos de manifestación de impacto regulatorio y en los procesos de desregulación en este país.

Le pido atentamente diputado presidente sea insertado íntegro el texto para el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted señor diputado.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el señor diputado y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Roberto Antonio Marrufo Torres (PRI): Con su permiso señor presidente.

El suscrito diputado federal Roberto Antonio Marrufo Torres, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Federal, pongo a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, párrafo quinto, 9 párrafo tercero, 10 párrafo único, 11 párrafo único, 12 párrafo único, 15 párrafo segundo, 16, párrafo tercero, 17 párrafo único, 18 párrafo tercero y cuarto, 19 párrafo primero, 20 párrafo segundo, 21 párrafo tercero, 23 párrafo segundo, 25 párrafo único, 29 párrafo primero y numerales 1, 2 3, y 4, 36 párrafo único y 37 párrafo único, 41 párrafo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cambiando la palabra podrá por deberá.

Sin duda uno de los temas de mayor importancia y sensible, es el relativo a la seguridad, hacer un valor necesario para las personas, indispensable para poder llevar a cabo su proyecto de vida, el ciudadano necesita que no existan amenazas que inhiban e intimiden su integridad, el de su familia y sus bienes. La seguridad es un derecho y es deber del Estado garantizárselo a la sociedad.

La mejor herramienta jurídica para combatir la delincuencia organizada, es sin duda una ley que dé garantías, seguridad y certeza jurídica, gran acierto del Legislativo el decreto mediante el que se creó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1966.

En la actual Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, encontramos un enorme vacío jurídico en una gran parte de su artículado que menciona la palabra podrá, por la que otorga una facultad potestativa de hacer o de no hacer a los tribunales, así como a distintas autoridades que tienen la obligación de combatir a la delincuencia organizada con la aplicación estricta de la ley.

La ambigüedad que implica la palabra podrá, para la aplicación estricta de la ley no tiene efecto decisivo y determinante para quienes aplican la ley, ya que no se obliga a acatar la norma aplicable para cada caso que se investiga con relación a la delincuencia organizada.

La falta de tecnicismo para la decisión de una norma jurídica, así como la aplicación de la misma, presenta un vacío jurídico al no poder combatirla si su perfeccionamiento no alcanza el sublime derecho.

El sistema mexicano de impartición de justicia debe de garantizar su estricta aplicación, como lo señala el artículo 17 constitucional pero debe haber estricta claridad en las leyes fundamentales para combatir la delincuencia. Los ordenamientos que de éste emanen, no dejen espacio para ser manipuladas a criterio de las autoridades que tienen la responsabilidad de impartir justicia, o por los profesionales de derecho que ante la imperfección de nuestras leyes pudieran buscar beneficios personales.

Compañeras y compañeros legisladores, es obligación de esta soberanía coadyuvar para que existan mejores leyes que garanticen una adecuada impartición de justicia ante la sociedad que lo exige; penas más severas para delincuentes de alta peligrosidad y reincidentes; certeza jurídica a quienes son juzgados, así como a los que juzgan.

El objetivo fundamental de esta reforma es darle a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, certeza jurídica al modificar en varios artículos la palabra podrá, por deberá.

En obviedad de tiempo, señor Presidente, solicito sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates y voy solamente al final.

"Por lo anterior expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos a la Ley Federal contra la delincuencia organizada.

ARTICULO UNICO:- Decreto que se reforma a los artículos 8 párrafo quinto; 9 párrafo tercero; 10 párrafo único; 11 párrafo único; 12 párrafo único; 15 párrafo segundo; 16 párrafo tercero; 17 párrafo único; 18 párrafo tercero y cuarto; 19 párrafo primero; 20 párrafo segundo; 21 párrafo tercero; 23 párrafo segundo; 25 párrafo único; 29 párrafo único; 30 párrafo único; 31 párrafo único; 31 (sic) párrafo primero y numerales 1, 2, 3, 4; 36 párrafo único; 37 párrafo único; 41 párrafo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cambiando la palabra podrá, por deberá, para quedar como sigue: …"

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado Marrufo.

Publíquese íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el señor diputado, y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 709, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de justicia laboral, pronta y expedita.

La diputada María del Carmen Mendoza Flores (PAN): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.

La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de nuestra Constitución Política y con fundamento en el artículo 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa por la que se modifican los artículos 709 en su fracción II; 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue, bajo la siguiente exposición de motivos.

El Partido Acción Nacional siempre ha asumido con responsabilidad la debida adecuación de las relaciones laborales ante las necesidades cambiantes de nuestra nación, procurando un sistema laboral más dinámico, eficiente y productivo.

En este marco observamos cómo en la evolución histórica del derecho laboral se destacan 3 grandes eventos: el primero de ellos lo encontramos en la Constitución Política que rompió paradigmas al incorporar, antes que ninguna otra legislación de esta naturaleza en el mundo, los derechos y garantías sociales como un conjunto de principios e instituciones que asegurarían condiciones justas a la clase trabajadora.

El segundo la trascendencia del espíritu del Constituyente de Querétaro, en el artículo 123 y en una ley reglamentaria que tuvo nacimiento en el año de 1931.

El tercer gran momento lo es la expedición de la Ley Federal del Trabajo, en 1970, que vino a regular conceptos que no habían sido considerados por la primera. Este ordenamiento jurídico, que desde 1970 ha tenido como finalidad el cumplir con equidad en los conflictos entre trabajadores y patrones, en el establecimiento de las condiciones y jornadas de trabajo, vacaciones, participaciones de utilidades del trabajador, riesgos profesionales, derecho a la habitación, antigüedad, trabajos especiales, huelga, por citar algunos de los conceptos que reflejan la inquietud del legislador en la impartición de la justicia social.

Sin embargo, nuestra legislación laboral, como todas, es una norma perfectible y en este tenor es que ahora presentamos esta iniciativa que tiene como objeto adecuar diversos artículos que resultan contradictorios y que sólo traen, como consecuencia, el retardo en los juicios que se siguen ante las juntas de Conciliación y Arbitraje y muchas veces la interposición de amparos ante la incertidumbre respecto a la contradicción de artículos, pues mientras que el artículo 711 de la Ley Federal del Trabajo señala que el procedimiento para dirimir controversias ante la Junta de Conciliación y Arbitraje no se suspende mientras no se tramita el incidente de excusa que se plantea cuando se presume algún interés personal de los funcionarios de la Junta en el negocio, los artículos 762 y 763 de la misma Ley señalan que cuando se plantea el incidente de excusas el procedimiento se suspende mientras no se resuelve el mismo, mientras que en el artículo 709, en su fracción III, da la posibilidad al juzgador de suspender el procedimiento.

Es por ello imperante que jurídicamente se adecuen dichos artículos, de conformidad con el espíritu que animó al legislador de aquellos tiempos, que fue la justicia laboral pronta y expedita, garantizándose de esta manera, con certidumbre, los derechos de las partes, en virtud de que la actual redacción de los artículos referidos hace que muchas veces los abogados deshonestos retrasen el procedimiento con claro perjuicio para la otra parte.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 709, en su fracción III, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 1. Se modifica el artículo 709, fracción III, para quedar como sigue: la autoridad que decida sobre la excusa tan pronto la reciba resolverá de plano con los elementos que tenga para ello.

Artículo 2. Se modifica el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: Se tramitarán como incidentes de predio y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones: nulidad, competencia, personalidad y acumulación.

Artículo 3. Se modifica el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia se sustanciará y resolverá de plano oyendo a las partes, continuándose con el procedimiento de inmediato.

Cuando se trate de nulidad, competencia y, en su caso, de acumulación dentro de las 24 horas siguientes, se señalará día y hora para la audiencia incidental en la que se resolverá.

"Transitorio:

"El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, Diputada.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, como ha sido la solicitud de la Diputada, y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.

Señoras y señores Diputados:

"Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II y 72 constitucionales, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente

"Exposición de Motivos:

"La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de Francia de 1789 es el documento que inspiró al Constituyente de 1917 para establecer las instituciones y procedimientos por los cuales el ciudadano tiene la certeza de que disfrutará de los derechos consignados en el capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por su naturaleza se clasifican en garantías de libertad, de igualdad, de legalidad y se seguridad jurídica.

"Las garantías de legalidad y seguridad jurídica protegen los principios jurídicos que la autoridad debe observar a favor del gobernado en la averiguación previa o dentro de los procesos judiciales. Por ello el Estado se obliga a cumplir los principios expresos e implícitos en las normas.

"Uno de los principios más antiguos en estas garantías es la presunción de inocencia, el cual se traduce como la prohibición para la autoridad de considerar culpable a una persona sin mediar una condena firme, pero en México solo se regula por escrito dentro de los tratados como en la Convención Americana, la cual establece que la prolongación de la prisión preventiva indefinida y continua sobre la persona constituye una violación del principio de presunción de inocencia y obliga a los estados parte, como a México, a recopilar el material incriminatorio en contra del acusado con el propósito de establecer su culpabilidad.

"Por eso la detención preventiva ha perdido su propósito de servir a los intereses de una buena administración de justicia, convirtiéndose en el fin específico, dado que el ambiente creciente de sospecha durante el proceso es contradictorio a la presunción de inocencia.

"La doctrina considera que en nuestra ley suprema el principio de presunción de inocencia se hace efectivo cuando el órgano jurisdiccional cumple con las garantías que se establecen en el artículo 20 constitucional, situación que también afirma la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la jurisprudencia.

"Sin embargo, ello no exime al Estado mexicano de su incumplimiento al contenido de los tratados y merece las siguientes conclusiones:

"La presunción de inocencia únicamente es invocada en los asuntos de carácter penal, al aplicarse la prisión preventiva como medida cautelar, pero de ningún modo se puede decir que en ese momento se ha aplicado el derecho; por ende el indiciado debe gozar de la calidad de inocente antes de entrar al examen de los hechos que dieron lugar al procedimiento.

"La presunción de inocencia se incumple durante el plazo de la duración de un proceso, ya que la persona sufre en prisión preventiva un castigo, para después en la sentencia definitiva obtener su libertad tras ser absuelto de la causa, pero antes se vió privado de su libertad con una calidad de culpable que nunca tuvo, en virtud de una laguna constitucional.

"El proceso judicial es el instrumento legítimo para el ejercicio de la jurisdicción y tanto se agota, de ningún modo se puede decir que se ha aplicado el derecho.

"Por ende, durante ese lapso el justiciable debe gozar de la calidad de inocente, con la finalidad de dignificar la vida en los sistemas penitenciarios.

"Es de explorado derecho que no puede atenderse como prueba lo que legalmente no tenga carácter de tal. La actividad probatoria ha de realizarse en el acto del juicio que se vincula al derecho del interesado a su defensa, con todos los derechos que rigen el proceso jurisdiccional, porque sólo así se asegura la dignidad del ciudadano.

"El actual Código Penal Federal es el único ordenamiento legal que prevé conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe operar el principio de presunción de inocencia que atribuye al órgano del Estado la carga de probar la culpabilidad del sujeto, autor de la conducta antijurídica y que mientras aquel no demuestre su culpabilidad, se le tendrá por inocente.

"Por ello es que el fin de esta iniciativa es que exista un texto legal que vincule la vigencia del estado de inocencia y su expresión en el trato de inocente, con el régimen de medidas cautelares basado en la excepcionalidad de las mismas, así como su subordinación con los objetivos del procedimiento, toda vez que la prisión no debe ser una regla general.

"Por ello es confuso e inoperable la certeza del argumento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la privación de la libertad preventiva que se establece en la Constitución está subordinada a las garantías individuales que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o cualquier otro momento de las diligencias procesales, porque esa situación no opera de pleno derecho y tampoco en todas las materias en las que se ejerce la facultad jurisdiccional del Estado, por lo que asume una conducta responsable y ética e mi visión del ejercicio de las facultades constitucionales que le han sido dotadas a las autoridades judiciales y administrativas, con el firme propósito de dar certeza de que se cumplirán en todos los asuntos que conozcan.

"Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución General de la República, para quedar como sigue:

"Artículo 17, párrafo segundo.- Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, así como a que se le administre justicia por tribunales de manera expedita en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales.

"Transitorio.

"Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Dado en el Palacio Legislativo Federal, a los veintiséis días de octubre del año dos mil cuatro".

Solicito, señor Presidente, respetuosamente se inserte de manera íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese también a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su desahogo.

Tiene la palabra el señor diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal en materia de productos de sanidad.

El diputado Guillermo Tamborrel Suárez (PAN): Con el permiso de la presidencia. En nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, los diputados José Luis Treviño Rodríguez, Ernesto Dávila Aranda y Guillermo Tamborrel Suárez, en uso de las facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 71 fracción II y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley que reforma los Artículos 2º., 63 y adiciona un Artículo 64 a la Ley Federal de Sanidad Animal bajo la siguiente

Exposición de Motivos.

A través de su ya larga historia, de su larga intervención en la vida pública nacional y concretamente en la conformación del marco jurídico que nos rige, Acción Nacional ha propuesto, defendido y apoyado, todas aquellas acciones e iniciativas que impulsan el bien común y el desarrollo sustentable del ser humano.

En Acción Nacional buscamos y siempre buscaremos que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia, conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades, para la consecución del bien común. En Acción Nacional creemos en que todas las personas tienen el derecho y la obligación de ejercer responsablemente su libertad, para crear, gestionar y aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas, con el fin de mejorar la convivencia humana, libertad que ha de coexistir, creativa y solidariamente, con la libertad de los demás.

Asimismo creemos que la vida, la dignidad y la salud, entre otras muchas cosas, deben cuidarse y protegerse con toda la generosidad y fuerza con que cuenta el Estado. También estamos ciertos que el derecho a la salud, es un derecho intrínseco e inalienable al ser humano y por ende anterior a los derechos garantizados por el Estado, tal y como lo establece el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmado y ratificado por nuestro país.

Compartimos plenamente el espíritu del Artículo 5º. Constititucional, que establece que cada quien puede dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomede siendo lícitos.

Por todo lo anterior, nos permitimos someter ante esta soberanía el presente proyecto de decreto que modifica la Ley Federal de Sanidad Animal, todo ello con el objetivo de proteger la salud, de las y los mexicanos, así como el de cuidar la nutrición y la economía de la familia mexicana.

Es un hecho que la demanda creciente de alimentación de los seres humanos, ha provocado en muchos campos, y entre ellos en la ganadería, el desarrollo y la utilización de mejoras en la genética del ganado, en el alimento de los mismos animales, en la aplicación de fármacos, para estimular el crecimiento de la masa muscular, entre otros mucho, todos ellos con el objetivo de lograr una mayor producción en menores tiempos, que finalmente redunden en mayores beneficios económicos.

Lamentable o afortunadamente diversos estudios que, por economía no describiré pero que se mencionan en la relación bibliográfica que se anexa, y que contiene más de 150 referencias, han concluido que el uso de fármacos Beta Agonistas, como el Clenbuterol en la engorda de ganado vacuno, repercute de manera negativa en la salud mexicana, en términos de provocar al ser ingerida la carne, entre otras, resistencia a los antibióticos por parte de bacterias patógenas que infectan al ser humano, alteraciones hormonales en adolescentes, así como una excesiva estimulación cardiovascular, que pudiese presentar además, adormecimiento de las manos, temblores musculares, nerviosismo, dolor de cabeza y dolores musculares.

De hecho los efectos sobre la salud humana han llevado a los países de la Unión Europea y los Estados Unidos de América a prohibir la utilización de Clenbuterol en la engorda de ganado. En México, el uso de Clenbuterol, como ingrediente activo y aditivo en los alimentos y en la formulación de productos alimenticios destinados para el consumo de ganado vacuno, está prohibido tal y como lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM061ZOO1999, que prácticamente establece como sanción multas mínimas que no hay llegado de desincentivar el uso del clembuterol o como en su momento lo estableció con mayor claridad la Norma Oficial Mexicana emergente, NOMEM015ZOOSAGARPA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de marzo del 2002, y que hoy se encuentra expirada.

Desafortunadamente la legislación vigente, amén de no ser lo contundente que sería deseable, no contempla prohibición alguna en cuanto a la producción, el transporte, almacenaje, comercialización, importación, suministro y utilización de sustancias como el clembuterol, que pudiesen representar un riesgo para la salud humana, lo que en la práctica lleva a un juego de "atrápame si puedes" entre la Secretaría de Salud y el ganadero, ya que hoy la falta administrativa sólo se presenta si se encuentra clembuterol en el animal sacrificado y no en cualquier otra etapa del proceso, inclusive si se detecta dicha sustancia en las instalaciones del ganadero.

Aunado a lo anterior y por si fuese poco, tenemos que la carne proveniente de animales engordados con sustancias como el clembuterol genera un fraude al consumidor, ya que si bien es cierto que la apariencia de la carne es mejor, en realidad el consumidor está comprando un producto –válgase la expresión- cargado de agua, que simplemente no corresponde ni en peso, color y sabor con lo que asume que compra y paga.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2º y 63 y adiciona un artículo 64 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Artículo primero. Se reforman los artículos 2º y 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal para quedar como sigue:

Artículo 2º. Para los efectos de esta ley, se entiende por beta agonista, compuesto químico del grupo de los beta adenérgicos que confiere a cualquier producto, dilución o mezcla de carácter farmacéutico específico de los mismos, con efectos de promoción de masa muscular, reductor de cantidad de grasa corporal y efectos sobre el aparato respiratorio.

Artículo 63. Al que por cualquier medio utilice sustancias para uso o consumo de animales, que represente un riesgo para la salud de éstos y la humana, se le impondrá una pena de 3 a 8 años de prisión y multa de hasta 2000 veces el salario mínimo vigente en la zona económica en que se lleve a cabo el hecho.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 64 a la Ley Federal de Sanidad Animal para quedar como sigue:

Artículo 64. Con excepción de aquellos productos beta agonistas que cuenten con el registro de autorización de la Secretaría para su uso o consumo por animales, queda prohibida la producción, manufactura, fabricación, elaboración, preparación, acondicionamiento, transportación, tráfico, comercialización, importación, suministro y utilización de cualquier beta agonista conocido o de nueva creación, ya sean como principios activos, aditivos alimenticios o medicamentos, en formulación de productos alimenticios destinados para consumo y uso en animales.

Las infracciones al presente artículo se castigarán de acuerdo con las penas listadas en el artículo anterior.

Artículo transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Firman los diputados José Luis Treviño Rodríguez, Ernesto Dávila Aranda y Guillermo Tamborrel Suárez.

Es todo señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias diputado Tamborrel.

Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado José Mario Wong Pérez (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en lo que se dispone en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Un elemento básico para desarrollar las actividades agrícolas es el agua, sin la cual el campo mexicano se volvería improductivo.

Muchas de las tierras que trabajan los productores agropecuarios de la República Mexicana, requieren que se extraiga agua del subsuelo mediante la perforación de pozos profundos, ya que no se cuenta con suficiente agua superficial para satisfacer las demandas de irrigación en sus siembras.

Esto es posible gracias al mandato del primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales en donde se establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas físicas o morales, se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional de Agua, de acuerdo con la normatividad que establece la ley y su Reglamento.

Para lograr la extracción del agua subterránea por medio de la perforación de pozos profundos y la posterior instalación del sistema de bombeo correspondiente, es necesario contar con un título de concesión, el cual de acuerdo al primer párrafo del artículo 24 de Ley de Aguas Nacionales, no será menor de cinco ni mayor de treinta años.

El mismo artículo en su segundo y tercer párrafo, señala que las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 se prorrogaran por igual término por el que se hubieren otorgado si sus titulares no incurrieren en las causales determinación previstas en la presente ley lo soliciten dentro de los cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento.

La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.

La rigidez de estas disposiciones, tiene como consecuencia que muchos productores agrícolas pierdan sus concesiones por no haber solicitado a tiempo la prórroga correspondiente, teniendo que enfrentar una gran cantidad de problemas al no tener el elemento indispensable para hacer producir sus tierras.

La actual redacción del artículo en comento, no corresponde a la realidad que se vive en el campo mexicano. Los productores agrícolas y sus familias, enfrentan las peores consecuencias de la pobreza, la marginación y el subdesarrollo.

La escasez de recursos, el aislamiento de las poblaciones, la falta de información y el analfabetismo, se conjugan para dar forma a la circunstancia particular de quienes trabajan la tierra.

El plazo de un trámite burocrático no puede ser la razón para ir poco a poco desactivando el campo mexicano, mucho menos para negarles a los productores posibilidades del acceder a mejores condiciones de vida.

Es importante que entendamos que la vida en el campo es diferente a la vida de las grandes ciudades, la problemática, fenomenología, costumbres, cultura y prioridades son diferentes. Aprendamos a respetar esa forma de vida, contribuyamos a su desarrollo sin violentar, sin agredir, sin burocratizar.

Las leyes, compañeras y compañeros, no deben estar ajenas a la realidad social y mucho menos a ser caso omiso de la historia y costumbres de la población. Por ello y toda vez que la reforma que hoy planteo, se desprende de una demanda y necesidad de los productores agrícolas de todo el país, propongo reformar el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales para ampliar el plazo para prorrogar las concesiones o asignaciones, así como para estipular la obligatoriedad de la autoridad del agua, de notificar a los concesionarios o asignatarios el vencimiento de sus títulos.

Bajo este orden de ideas, es que propongo esta iniciativa de reforma con proyecto de decreto a la Ley de Aguas Nacionales para quedar de la siguiente manera:

Decreto Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar en los siguientes términos:

Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley.

Se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al termino de su vigencia y hasta un año después de la misma.

Transitorios.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de octubre del 2004.

El de la voz, diputado federal José Mario Wong Pérez.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Muchas gracias, diputado Wong. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Tiene la palabra el señor diputado don Omar Bazan Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Omar Bazán Flores (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

Quisiera iniciar haciendo una similitud a la declaración del doctor Marcelino Serigido en su libro "Por qué no tenemos Ciencia en México", ya tenemos investigación, el próximo paso sería desarrollar la ciencia.

Siguiendo con la cita, año tras año las instituciones gubernamentales recomiendan a los investigadores que generen resultados aplicables en el corto plazo y a los empresarios que conecten su producción con la ciencia y la tecnología, pero dicha conexión no se establece, nuestro país gasta muchísimo más en patentes que en el desarrollo de la ciencia.

Con la anterior cita se demuestra que ni el gobierno ni la empresa han reflexionado sobre el gran daño que será irrecuperable su causa al desarrollo del país. Cuánta tecnología deja la industria petrolera o cuántas veces hemos oído:"nuestras empresas no tienen el tamaño suficiente para costear la investigación", cuántos inversionistas en ciencia tuvo la transición de privatizar Teléfonos de México. Todas estas preguntas deben hacernos reflexionar sobre el papel del Estado en hacer ciencia.

Los países llamados del primer mundo, ensamblaron un aparato científico tecnológico productivo y son ellos los que eligen, deciden, dominan, viven de los intereses del dinero que les damos y nos sujetamos a sus ejércitos, si no les gustan como nos comportamos o qué mandatarios elegimos. Nosotros trabajamos usando máquinas que inventaron ellos, viajamos con vehículos que ellos diseñaron, nos curamos, sus televisores, radios, bancos, armas que desarrollaron ellos.

Algunos países en desarrollo han logrado tener investigación, porque está relacionado con una inteligencia, una capacitación en el nivel casi personal y cierto apoyo económico. Justamente México tiene excelentes investigadores que publican en las mejores revistas científicas internacionales, forman parte del plantel de profesores de las mejores universidades del mundo y obtienen inclusive el Premio Nobel. En cambio no tenemos ciencia, porque está depende de una parte de la sociedad suficientemente poderosa para que tenga una visión del mundo compartible con ella.

¡Qué lamentable!, nuestra sociedad no se ha desarrollado, pues mientras en el primer mundo la cultura occidental pasaba por un renacimiento, una reforma, una ilustración, una revolución científica e industrial, la nuestra parecía una contrarreforma y luego se contrabandea con un oscurantismo que no aflojan sus garras. Lo que caracteriza a la ciencia no es que sabe, sino cómo lo sabe.

El producto principal de la ciencia es su propia forma de conocer el mundo, es lo que los científicos y las sociedades consiguieron para hacer de ellos mismos, como lo expresa la filosofa mexicana Pérez Ramsen: "Han aprendido a aprender", las computadores, los modelos del DNA, los antibióticos, no son el producto principal de la ciencia, sino anteriormente en su aseveración son ciertas, debemos preguntarnos si podemos hacer ciencia, si podemos crear conocimiento; esta es la brecha que nos separa (¿) de los países del primer mundo.

Con otros países desarrollados, la ciencia era parte de la cultura mexicana; los sitios majestuosos arqueológicos, la creación independiente del concepto del cero en las matemáticas mayas y la existencia de la astronomía avanzada son sólo unos ejemplos. Todas estas evidencias sugieren que aún antes del arribo de los europeos, la ciencia era parte integral de nuestra cultura.

Durante las tres "Centauros" de los españoles, el desarrollo cultural de La Nueva España era totalmente dependiente de la tierra europea, pero en el siglo XVI, sin embargo, España ya no jugaba el rol del liderazgo científico en Europa como en años anteriores, produciendo por el "esculturismo religioso" y hubo por qué y que limitar inherentes (¿) a La Colonia; sin embargo, la tarea científica no fue eliminar completamente la Nueva España.

La Real Universidad de México fue la primera universidad del Nuevo Mundo. Fue fundada en 1553, únicamente 32 años después de la conquista. Durante el siglo XVIII, el periódico de la ilustración europea tuvo repercusiones en México. La primera revista y el primer libro de texto filosófico en este Continente, fueron escritos en la Ciudad de México.

Después de su extraordinario viaje en América de España, Alejandro Boon (¿) consideró el curso de la metalúrgica que ofrecía el Real Seminario de Minería en la Ciudad de México, como de calidad comparable al mejor de España.

¿Y cuál es el papel del Estado en hacer ciencia? Aunque la ciencia existe en México desde los tiempos Precolombinos, sólo a partir de la última mitad del siglo XX llega a ser una actividad profesional. Actualmente la investigación científica se lleva a cabo principalmente en instituciones de educación superior y en los institutos de investigación del gobierno.

La mayor parte de los fondos para la investigación científica provienen del Gobierno Federal, por lo que las restricciones presupuestarias que se impusieron durante la última década, contuvieron al crecimiento científico e intensificó el problema de la fuga de cerebros. En el actual gobierno las cosas no han cambiado; se han agraviado. El gasto en la investigación científica ha decrecido (¿); el abandono de la crisis en el crecimiento científico y sin duda empujando el abandono de las nuevas generaciones al quehacer científico.

Como se asevera, la investigación científica y tecnológica la hace mayormente el Estado, ya sea a través de las instituciones de educación superior pública o del sistema o del centro SEP-CONACYT, existen otros sectores de la administración pública federal que tienen presupuesto para hacer ciencia.

Por lo anteriormente, vengo a presentar la siguiente iniciativa:

Artículo único. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción V del artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 3º. "Todo individuo tiene derecho a recibir educación; el Estado, federación, estado, Distrito Federal y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria, conformará la educación básica obligatoria. La educación que imparta el Estado, tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades de ser humano, fomentará a su vez el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia, en la justicia.

Del I al IV queda igual.

Número V. ...además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el párrafo anterior, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación.

Realizará la investigación científica y tecnológica a través de las instituciones creadas para tal objeto y apoyará la investigación científica y tecnológica en las universidades e instituciones públicas donde se realice y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura".

Transitorio. Esta reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchas gracias, Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputado Bazán.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Gonzalo Moreno Arévalo (PRI): Con su permiso diputado presidente; compañeras y compañeros diputados: Pongo a su consideración la siguiente iniciativa que reforma los artículos 52, 53, 54, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 11, 12, 13, 14, 16, 17, 32 y 49, Apartado séptimo, inciso a) fracción V, último párrafo y deroga el artículo 15, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Atento a la siguiente Exposición de Motivos:

Como es de todos sabido uno de los reclamos más sentido y generalizados en nuestra sociedad, es el avance progresivo y la consolidación de un sistema democrático que cumpla de manera más eficiente con las expectativas de la gran mayoría del pueblo mexicano que se manifieste como un verdadero mecanismo traductor de su voluntad soberana.

Segundo. De conformidad con el artículo 4 de nuestra Carta Magna, se establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley. Pero su contenido y esencia es mucho más amplia, ya que no se trata de una igualdad sólo entre géneros sino entre personas del mismo sexo y del sexo opuesto. Todo esto en su conjunto y naturaleza de ser humano.

Sin embargo, el actual sistema electoral no respeta al 100% este principio toda vez que actualmente la ley pareciera establecer al electorado en grupos de ciudadanos de primera y de segunda, ya que al aplicarse las fórmulas de distribución de escaños de representación proporcional, implica diferencias de fuerzas decisorias entre el voto de unos y los votos de otros, ya que en tanto que en algunos casos el voto de unos cuenta hasta el doble, en otros casos ni siquiera cuenta para representar la voluntad soberana.

Tercero. En la actualidad la conformación de fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, está evidenciando una voluntad del pueblo mexicano cada vez más plural y diversa, por lo que los riesgos de perpetuidad en el poder de unos cuantos grupos o cúpulas partidistas, se ve cada vez más superado.

Sin embargo nuestro sistema político nacional requiere de una mayor participación proactiva y decidida por parte del electorado o en lo general del pueblo mexicano, para establecer un efectivo escenario de cogobierno y responsabilidades compartidas entre gobierno y gobernados.

Cuarto. Cada vez se hace fuerte la demanda popular en la disminución del gasto en la burocracia y el financiamiento a los partidos, lo cual si bien por una parte evidencia una falta de información y una cierta carencia de cultura cívica y política, por otra parte alcanza a tener cierta lógica y coherencia a tal reclamo.

Quinto. El hecho de establecer dentro de nuestro sistema democrático la figura de la representación proporcional, fue con la intención primaria de que precisamente ese sector importante de la población que a través de su voto no logra colocar a sus representantes populares en los parlamentos, no se viera desdeñado y excluido el sistema político nacional, es decir, en resumen, se pretende con ello establecer un gobierno plural, tolerante, incluyente, que sume voluntades y exprese y lleve a la política la práctica de la gran mayoría del pueblo mexicano dentro de un verdadero ejercicio de democracia y soberanía.

Sexto. Ante la apatía manifiesta de un gran e importante sector del electorado en acudir a ejercer su derecho constitucional, al sufragio electoral, cada vez más evidente y manifiesto resulta preocupante tal conducta que hace suponer por una parte que están en desacuerdo tanto con las plataforma y ofertas políticas de los partidos y sus candidatos y que ante la carencia de figuras legales mediante las cuales puedan expresar de manera efectiva su verdadera voluntad opten por no participar y con ello propiciar un clima de ilegitimidad de hecho, aunque no de derecho.

Por lo que si algún reclamo tan sentido como el hecho de pretender eliminar los espacios de representación proporcional que definitivamente no sería la solución a los problemas nacionales, suena tan fuerte que requiere de formas que permitan que el electorado se comprometa y participe de manera más eficaz.

Por ello se propone la institución de la figura del voto negativo, ofertando con esto la opción al electorado dentro de las boletas electorales la posibilidad de reducir los espacios de representación proporcional a ser asignados a los partidos en cada elección federal, a esta figura contará dentro de los porcentajes de distribución de diputaciones de representación proporcional como si se tratase de otro partido, sólo para efectos de aplicación de la fórmula de distribución, lo cual por cierto también se propone una modificación de manera radical eliminando de la participación en la asignación de los plurinominales, los votos de aquellos candidatos que hubiesen triunfado en los 300 distritos federales, potencializando esto con una verdadera votación en la cual una persona cuente solo y exclusivamente con una fuerza unitaria por voto individual ya que si un número de electores hicieron ganar a un candidato en un Distrito, no es equitativo ni justo que ese mismo voto se contabilice para la asignación de más candidatos, en este caso de diputados de representación proporcional.

SEPTIMO.- En general, las ventajas que ofrece la presente reforma son las siguientes:

Se propicie una mayor participación del electorado para configurar un sistema democrático, participativo, corresponsable y maduro, en medida de la ciudadanía participe y exprese su voluntad, ésta se verá reflejada en su representación popular de manera más coherente y directa, dándosele el verdadero valor relativo al sufragio sin tergiversar la voluntad soberana del pueblo, ya que dependiendo de su voto podrán o no asignarse el total de los 200 espacios de representación proporcional y contabilizarse el voto de cada ciudadano en una unidad.

Un voto por ciudadano, lo cual no sucede en la actualidad ya que los votos de los partidos que ganan la mayoría de los Distritos se contabilizan doble y por otra parte los votos de los ciudadanos que votan por una opción diferente, son desechados cuando no se alcanza el 2% de representación proporcional, lo que se traduce en una democracia no directa ni efectiva en razón de que los votos de algunos ciudadanos llegan a contar el doble y en su caso el triple en relatividad con los votos de aquellos ciudadanos que no logran hacer ganar a sus candidatos ni conservar al partido con el registro nacional.

Se elimina la posibilidad de que algún partido pueda tener más de 300 diputados por ambas vías, ya que si algún sólo partido llegase a ganar los 300 distritos, sus votos no serían contabilizados para la asignación de las diputaciones plurinominales toda vez que sólo se toma en cuenta la votación de aquellos distritos en los que se haya obtenido la mayoría relativa.

Por otra parte se consigue dar una verdadera pluralidad ya que si bien algunos partidos no alcanzan el 2% de la votación total emitida, perdiendo así su registro, sus votos no serán desechados sino podrían ser y tener una representación y con ello llevar al Congreso de la Unión la plataforma expuesta en la oferta política por la que la gente votó.

Además, se generaría un ahorro en cuanto al financiamiento de partidos toda vez que si bien tanto los partidos que no alcanzaron el 2% como la votación negativa, podrían representar un porcentaje de presupuesto del financiamiento a los partidos que no serían asignados, a los partidos que sí conservan un registro en caso contrario, como sucede actualmente.

La modificación en cuanto a los artículos mencionados, van íntegros en la Gaceta Parlamentaria, por eso en obviedad de tiempo paso a los transitorios, para quedar de la siguiente forma:

"Transitorios: En el artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto".

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26 días del mes de octubre de 2004.

Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias diputado Gonzalo Moreno Arévalo.

Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes: De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, publicados en la Gaceta Parlamentaria y son de primera lectura.

Obra en poder de esta Presidencia, solicitud de la Junta de Coordinación Política a efecto de que el punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea General de las Naciones Unidas a pronunciarse para que termine el bloqueo contra la nación Cubana, suscrita por los grupo parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, se presente, se discuta y se vote en este momento en virtud de los tiempos de la propia Asamblea de las Naciones Unidad en Nueva York.

Luego entonces se ruega a la secretaría preguntar a la asamblea si es de modificarse el orden del día para tratar este asunto en este momento.

El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si es de modificarse el orden del día para el punto propuesto.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En tal virtud tiene la palabra el diputado Juan Pérez Medina para presentar el punto.

El diputado Juan Pérez Medina (PRD): Gracias, presidente. Este punto de acuerdo es presentado suscrito por los partidos de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y el Partido de Convergencia.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.

El pasado mes de mayo el gobierno de los Estados Unidos dictó nuevas medidas contra la nación cubana. Entre ellas se limita el envío de remesas de dinero solamente a familiares de línea directa y que no sean funcionarios del gobierno cubano o miembros del Partido Comunista, lo que disminuirá notablemente los envíos. Reducir las visitas a la isla de cubanos-norteamericanos de un viaje anual a uno cada 3 años y sólo con derecho para visitar familiares directos.

No se permitirán viajes excepcionales aunque haya situaciones de urgencia de gravedad en el caso de un familiar. Las visitas a Cuba se limitarán a 14 días y solamente se autorizarán gastos de 50 dólares diarios.

Se restringe el envío de paquetes, se continúa restringiendo el otorgamiento de licencias para viajes educacionales y de intercambio académico a ciudadanos e instituciones norteamericanas.

Pero las acciones contra Cuba por la administración de George Bush han ido más lejos, creando la comisión de ayuda a una Cuba libre, que es un plan del gobierno de Estados Unidos dirigido a privar a Cuba de su independencia y soberanía mediante la intensificación de la agresión económica y política con el propósito de lograr la desestabilización interna de esa nación.

Sus acciones han abarcado la esfera económica, comercial y financiera y han dictado medidas y leyes con alcance extraterritorial tratando de tapar cualquier orificio o grieta que se detectara en el cerco o muro de sanciones creado para bloquear a Cuba.,

La evaluación económica de los daños directos sufridos por el pueblo cubano por la aplicación del bloqueo llega a los 80 mil millones de dólares, según investigaciones efectuadas por instituciones especializadas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su reunión del próximo 28 de octubre posiblemente apruebe, por décima tercera vez, una resolución condenando el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a al nación cubana.

Esta condena ahora es de mayor importancia por el fortalecimiento del bloqueo de más de 40 años con la imposición de nuevas medidas mencionadas, así como por el incremento de la peligrosa agresividad del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y por su belicismo inhumano demostrado en Irak.

No podemos seguir permitiendo esta agresión y pedimos que unamos nuestras voces a las de otros y estemos atentos ante la agresividad del gobierno de Estados Unidos contra la nación cubana.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo como un caso de urgente y obvia resolución, de acuerdo al artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Punto de acuerdo. Unico. Esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de su representación en las Naciones Unidas, apoye una resolución planteando la suspensión del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos a la nación cubana.

Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

Los diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se considera de urgente resolución.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces declara suficientemente discutido el punto.

Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo propuesto.

El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V del artículo 76 Bis, VI del artículo 91 y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 197 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia está a discusión en lo general.

En virtud de que no se han registrado oradores, se considera suficientemente discutido en lo general.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

No se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular.

Se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La misma Secretaria: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

( Votación)

Ciérrese el sistema electrónico.

La diputada Marbella Casanova.

La diputada Marbella Casanova Calam (PRD): Casanova Calam a favor.

La misma Secretaria: El diputado Jorge Martínez Ramos, ¿el sentido de su voto?

El diputado Jorge Martínez Ramos (PRD): A favor.

La misma Secretaria: ¿La diputada Mendoza? María del Carmen Mendoza a favor.

¿El diputado Huberto Aldaz?

El diputado Humberto Aldaz Hernández (PAN): A favor.

La misma Secretaria: ¿Diputado González Huerta?

El diputado Víctor González Huerta (PRI): A favor.

La misma Secretaria: ¿Leonardo Alvarez Romo?

El diputado Leonardo Alvarez Romo (PVEM): A favor.

La misma Secretaria: Se emitieron 353 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado en lo general y en lo particular por 353 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V del artículo V del artículo 76 Bis, VI del artículo 91 y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Ivonne Adriana González Moreno, Lorena Eugenia Huidobro Picazarri, Lizette Zúñiga Sánchez, Sergio Hernández Leyva, María Josefina Domínguez Concha, Maribel Gutiérrez Ortiz, Agustín Torres Cortés, Mirella Martínez Acosta, José Alejandro Jácquez Escobar, Rogelio Vázquez Lerma, Mayra Angélica García Vega, Silvia Marvelia Castañeda Solano, Salomón Murillo Villanueva, Ricardo Tejeda Colín, Héctor Avendaño Andrade, Cordelia Guajardo González, Agustín Herrera Mendoza y Jesús Aurelio Macías Uribe, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la lectura.

El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se les dispensa la lectura a los dictámenes.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Gracias.

¿Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa?

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se les dispensa la lectura.

En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los Proyectos de Decreto.

El mismo Secretario: Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso a las ciudadanas Ivonne Adriana González Moreno, Lorena Eugenia Huidobro Picazarri y Lizette Zúñiga Sánchez, para prestar servicios en los Consultados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Adelante la Secretaría.

El mismo Secretario: Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso al os ciudadanos Sergio Hernández Leyva, María Josefina Domínguez Concha, Maribel Gutiérrez Ortiz y Agustín Torres Cortés, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Hermosillo, Sonora, respectivamente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El mismo Secretario: Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Mirella Martínez Acosta, José Alejandro Jácquez Escobar, Rogelio Vázquez Lerma, Mayra Angélica García Vega, Silvia Marvelia Castañeda Solano, Salomón Murillo Villanueva y Ricardo Tejada Colín, para prestar servicios en los Consultados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas, y en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, respectivamente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El mismo Secretario: Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Héctor Avendaño Andrade, Cordelia Guajardo González, Agustín Herrera Mendoza y Jesús Aurelio Macías Uribe, para prestar servicios en las Embajadas de Dinamarca, del Reino Unido y de Turquía en México, respectivamente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está a discusión el dictamen.

No habiendo quien haga uso de la palabra y para efectos del 134, se pregunta si se reserva la asamblea algún artículo para discutirlo en lo particular.

No habiéndose reservado ningún artículo, se va a proceder a recoger la votación nominal de este Proyecto de Decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.

Se ruega a la Secretaría instruya a la apertura del sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los Proyectos de Decreto.

El mismo Secretario: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para tomar la votación nominal de los Proyectos de Decreto.

(Votación Nominal)

El mismo Secretario: e viva voz

Diputada Marbella Casanova Galán A favor.

Diputado David Hernández Si.

Diputada Laura Elena Martínez A favor.

Diputado Córdova A favor.

Diputado del Valle A favor.

Diputado López Mena A favor.

Se emitieron 353 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobados los proyectos de decreto por 353 votos.

Pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constititucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del Artículo 2º. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa diputado presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Luego entonces se le dispensa la lectura.

En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el Artículo Unico del proyecto de decreto.

Esta presidencia tiene registrada en pro a la diputada Marcela Guerra, a quien le damos el uso de la palabra.

La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI): Con el permiso de la presidencia. Honorable Asamblea. Compañeras y compañeros. Tomo esta tribuna precisamente para el dictamen que nos ocupa en este momento, dictamen que reforma el Artículo 2º. fracción VI de la Ley de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Hace días le dimos Primera Lectura a este dictamen, es de suma importancia para la vida nacional en materia de rendición de cuentas y de transparencia.

Como ustedes saben lo que dicta esta reforma al Artículo 2º. fracción VI, el de los fideicomisos, fondos o mandatos o cualquier figura análoga, sea, vamos a decir, transparente y que contribuya al sistema de rendición de cuenta en este país.

Hay un conflicto precisamente en nuestra legislación, que bajo esta figura financiera, se ha aprovechado en algunas ocasiones para eludir la ley y bajo el secreto bancario y el secreto fiduciario, se ha buscado en algunas ocasiones el no rendir cuentas, sobre todo de recursos públicos que, como ustedes saben, los recursos públicos, son públicos, son de todos, son limitados, y debemos tener absolutamente transparencia bajo el perfecto de que no se quede sin auditar y sin rendir cuentas de peso por eso, que es de todos.

Por eso les pido en esta ocasión que vamos a pasar a la votación, que votemos todos en conjunto, porque se trata de profundizar, como ya dije, en el sistema de rendición de cuentas y de transparencia.

Yo creo que conforme vayamos desarrollando más sistemas como éste, vamos siendo perfeccionando en esta materia y esto va a venir a contribuir a un saneamiento de las finanzas públicas.

Es cuanto señor Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias diputado.

Tiene la palabra también la diputada Consuelo Muro, con lo que en términos del Reglamento se estaría cerrando el registro de oradores. En su momento voy a preguntar a la asamblea sobre Arturo Nale que también me están diciendo que se está registrando.

Tiene la palabra la diputada Consuelo Muro.

La diputada Consuelo Muro Urista (PRI): Con su anuencia, diputado Presidente.

Compañeras, compañeros diputados:

Acudo a esta alta tribuna a nombre de la Comisión de Gobernación de esta Cámara, a fundamentar el dictamen favorable que la Comisión emitió sobre la iniciativa que presentó la diputada Marcela Guerra, del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respecto a modificar la fracción VI del artículo 2º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Dicho dictamen, que cuenta con la aprobación mayoritaria de los miembros de la Comisión de Gobernación y que observa todos los requisitos de ley, refleja el consenso de los integrantes de la Comisión en torno a la necesidad de clarificar y enfatizar cuáles son las entidades que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación reconoce para efectos de ser fiscalizadas en el manejo de los recursos públicos.

Clarificar las facultades de la entidad superior de la fiscalización representa contribuir en la supervisión más eficiente de los recursos públicos y también constituye un incentivo para que todas las entidades que ejercen estos recursos lo hagan con mayor honestidad, transparencia, responsabilidad y eficacia. En este contexto, los fideicomisos que operan con los fondos públicos debieran –y esto es lo que persigue este dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación- de sujetarse con mayor rigurosidad a la normatividad vigente en el ejercicio de los recursos públicos.

Es importante destacar que esos fideicomisos reconocidos por la ley ejercen, a través de sus programas, cerca de 129 millones de pesos anualmente, lo que representa el 8% del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año y bajo este supuesto tenemos 20 fideicomisos públicos considerados paraestatales, como Fideicomiso de Fondo Nacional de Habitaciones Populares; Fondo Nacional para Fomento de Artesanías; Fideicomiso Fondo Minero; Fondo de Empresas Expropiadas al Sector Azucarero; Fideicomiso para la Cineteca Nacional; Fondo Nacional de Fomento al Turismo, entre otros. Entre otros, éstos segundos, es decir los fideicomisos que no tienen estructura orgánica, los cuales figuran en el anexo 15 del informe trimestral de Hacienda, denominado "Disponibilidad de los Fondos y Fideicomiso sin Estructura Orgánica" y en él se contabilizan 288 fideicomisos y mandatos hasta el 30 de junio del 2004.

La mayor relevancia que reviste esta reforma es que trata de subsanar una situación que se presenta en la práctica respecto a los fideicomisos, fondos y mandatos que reciben recursos federales y como se observa, son ajenos a los procedimientos de fiscalización.

Es de todos sabido que no se incluye el resultado de sus operaciones dentro de la Cuenta Pública que le presenta el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, por lo que dar mayor claridad en la ley respecto a cuáles son los sujetos de fiscalización superior definitivamente se traducirá en una supervisión más efectiva por parte de la entidad superior de fiscalización en relación con los recursos públicos.

Por todo lo anterior y bajo la primordial consideración que asumió esta Comisión en relación a clarificar el concepto en la ley de cuáles son las entidades fiscalizadas, que se incluyan los resultados de sus gestiones dentro de la Cuenta Pública, respetuosamente exhorto a este pleno que vote a favor de este dictamen para que los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que se administre, reciban o hayan recibido recursos públicos federales, ya sea a persona física o moral, sea sujeta de fiscalización, así como los Poderes de la Unión; los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputada.

De su intervención esta Presidencia desprende que habló en términos del artículo 108, esto es para fundamentar el dictamen y por lo tanto así quedará registrado en el Diario de los Debates y entonces sí procede en términos del 122, otorgarle el uso de la palabra al señor diputado don Arturo Nahle, para hablar en pro y con esto queda cerrada la lista de oradores.

El diputado Arturo Nahle García (PRD): Gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, va a votar a favor de este dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Gobernación y que nos parece de la mayor importancia, porque viene a ser una reforma que resultaba verdaderamente urgente a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Todos sabemos que esta soberanía cada año autoriza el Presupuesto de Egresos de la Federación y con este presupuesto se canalizan recursos públicos no solamente al sector central y paraestatal del Gobierno Federal, entendido el sector paraestatal como los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos, sino que también se canalizan recursos federales a las entidades federativas, a los municipios de todo el país y por supuesto a otros entes públicos y organismos autónomos.

Sin embargo, hay una cantidad impresionante de fideicomisos que manejan recursos federales conocidos como fideicomisos sin estructura orgánica que no son auditados, que no son fiscalizados, que no son vigilados por la Auditoría Superior de la Federación, no obstante que manejan, repito, recursos públicos

Estamos hablando de aproximadamente 288 fideicomisos y mandatos, por lo menos, que en su totalidad manejan más de 129 mil millones de pesos, el 8 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con la reforma a este artículo 2° fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, estará en condiciones la Auditoría, de poder fiscalizar y revisar el ejercicio de estos recursos públicos por parte de los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público privada que administren cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales.

Celebramos esta iniciativa de la diputada Marcela Guerra, celebramos, por supuesto este dictamen de la Comisión de Gobernación y, repito, el grupo parlamentario del PRD, por estas razones emitirá su voto a favor.

Es cuanto.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Muchas gracias, diputado Nahle.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el Proyecto de Decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular por tratarse de un artículo único.

El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el Proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido.

Se ruega a la Secretaría ordene la apertura del Sistema Electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.

El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.

(Votación)

El Secretario Antonio Morales de la Peña: Sonido en la curul de la diputada Marbella Casanova Calam.

La diputada Marbella Casanova Calam (desde su curul): Casanova Calam, a favor.

El mismo Secretario: Gracias. Diputado Presidente. Sonido en la curul del diputado Francisco Rojas.

El diputado Francisco Rojas (desde su curul): Rojas, a favor.

El mismo Secretario: Gracias.

Diputado Presidente, se emitieron 352 votos en pro y 2 abstenciones.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 352 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 2° de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fecha 2 de mayo, Conmemoración de la Muerte de los Pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana "Escuadrón 201" en 1945, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Consulte la Secretaria a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si le dispensa la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Gracias. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se le dispensa la lectura al dictamen.

Esta Presidencia tiene el honor de darle la más amplia y cordial de las bienvenidas a los veteranos del "Escuadrón 201", a saber:

El Capitán Fernando Vergara García.

Sargento 1° Alfonso Cuellar Ponce de León.

Capitán 1° José Arrollo García.

Capitán 2° Luis Guzmán Reveles.

Sargento Fernando Nava Musa y,

Subteniente Eugenio Pérez Fernández.

(Aplausos)

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En términos del artículo 108 , tiene la palabra el señor diputado don Julián Angulo Góngora, por la comisión para fundamentar el dictamen.

El diputado Julián Angulo Góngora (PAN): Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

A nombre de los integrantes de la Comisión de Gobernación, presentó a esta soberanía el fundamento del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 2 de mayo, Conmemoración de la Muerte de los Pilotos de la Fuerza Área Expedicionaria Mexicana "Escuadrón 201" en 1945, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. La Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himnos Nacionales, tiene el propósito de regular el uso civil de los símbolos patrios, así como el de afirmar su respetabilidad y permanencia.

A juicio de la Comisión de Gobernación que presido, las acciones heroicas y loables de los mexicanos, no pueden tener mejor reconocimiento que aquél que se realiza a través de los símbolos patrios que representan los más excelsos valores de nuestra identidad como país libre e independiente y a la vez, constituyen el crisol de la historia de México que nos une y nos inspira.

El artículo 18 de la ley que hoy se pretende reformar, lista las fechas declaradas como solemnes para toda la nación, reservando su inciso a) para las festividades y el inciso b) para las fechas y conmemoraciones de duelo nacional.

Como antecedentes históricos, podemos citar que durante la segunda guerra mundial ocurrida de 1939 a 1945, México mantuvo una posición neutral ante ese conflicto hasta el año de 1942; fue hasta que los Botes "U" de Alemania, extendieron sus operaciones a la Costa Atlántica de los Estados Unidos y Golfo de México, cuando surgía una amenaza inminente para nuestro país. Dicha amenaza se concretó en los arteros e injustificados ataques por parte de las potencias del "eje" en contra de nuestra Marina Mercante y específicamente en contra de las embarcaciones denominadas "El Potrero del Llano", "El Faja de Oro", "El Tuxpan", "Las Choapas", "El Oaxaca" y del Buque "Amatlán", ocurridos entre mayo y septiembre de 1942.

Como consecuencia de dichos ataques y una vez agotadas todas las instancias diplomáticas, México declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón. En ese tenor y aún cuando el concurso militar de México no había sido requerido por los países aliados, se estimó que existía un compromiso moral de coadyuvar al triunfo contra la dictadura nazi-fascista y se ordenó el envío de una sola unidad aérea: el llamado "Escuadrón 201", a fin de participar en el combate a las potencias totalitarias del "eje".

El día 29 de diciembre de 1944, el Senado de la República autorizó al Ejecutivo Federal el envío de tropas a ultramar, decidiendo el Gobierno de México que sus fuerzas participaran combatiendo la ocupación de Las Filipinas por parte de los japoneses, en razón de los lazos históricos y culturales que existen entre ambas naciones.

Aún cuando esta aportación fue numéricamente muy modesta, su alcance simbólico fue muy grande: el "Escuadrón 201" de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, fue el único contingente militar mexicano que intervino directamente en la segunda guerra mundial y su participación constituyó la primera y la única vez, hasta ahora, en la que una Fuerza Militar bajo una Bandera Mexicana, haya tenido que salir de nuestra patria para participar en una conflagración mundial.

En conclusión, esta Comisión Dictaminadora, encuentra pertinente señalar el día 2 de mayo -fecha en que se izó por primera vez la Bandera Nacional en tierras filipinas tras la llegada del "Escuadrón 201" a Manila- como fecha solemne de duelo, a fin de rememorar a los pilotos mexicanos caídos en combate: Capitán Piloto Aviador Pablo Rivas Martínez, Teniente Piloto Aviador Héctor Espinosa Galván, Teniente Piloto Aviador José Espinosa Fuentes, Subteniente Piloto Aviador Mario López Portillo y el Subteniente Piloto Aviador Fausto Vega Santander.

El propósito de la reforma que hoy se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, es hacer un merecido reconocimiento a los miembros de la "Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana Escuadrón 201" y en general al Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que durante la segunda guerra mundial y como ya es tradición, han velado por la seguridad de la Nación, de su territorio, de sus instituciones y de todos los mexicanos, por lo que a nombre de mis compañeros miembros de la Comisión de Gobernación, pido a esta Honorable Asamblea su voto favorable a este dictamen.

Por último hago un reconocimiento desde esta tribuna a los veteranos del Escuadrón 201, que se encuentran aquí entre nosotros. Muchas gracias. Es todo señor presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Muchas gracias diputado Angulo Góngora.

En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Esta presidencia no tiene registrados oradores, entonces declara suficientemente discutido el dictamen.

Se ruega a la secretaría se abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

Señor presidente, se emitieron 340 votos en pro, 0 en contra y 8 abstenciones.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 340 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 2 de Mayo conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, en 1945, al inciso b) del artículo 18de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha del 21 de abril, aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz al artículo 18 inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Consulte la secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa diputado presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se le dispensa la lectura.

En consecuencia está a discusión el proyecto en lo particular.

En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Sebastián Calderón Centeno, del Partido Acción Nacional, en pro.

El diputado Sebastián Calderón Centeno (PAN): Con su permiso señor presidente; Honorable Asamblea: Nuestra historia tiene registrado el día 21 de abril de 1914 como el día en que el pueblo de Veracruz y los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, dieron al pueblo de México un ejemplo de honor, lealtad, valor y entrega, al enfrentar a las fuerzas del ejército norteamericano que invadieron nuestro territorio.

Para el mes de abril de 1914 buques de guerra alemanes, norteamericanos, holandeses e ingleses, se encontraban fondeados en el puerto de Tampico y el Río Pánuco, argumentando estar al pendiente de los intereses de sus países y al cuidado de la seguridad de sus compatriotas radicados en ese puerto.

El 9 de abril elementos de la armada norteamericana desembarcaron en puerto Iturbide y sin motivo aparente el Coronel Ramón Hinojosa, ordenó que fueran arrestados y llevados al cuartel general "Ignacio Morelos Zaragoza", lo que provocó una airada protesta al considerar que ese acto su bandera había sido ofendida, exigiendo al gobierno mexicano que en desagravio hicieran una salva de honor de 21 cañonazos cuando el pendón de los Estados Unidos de América fuera izado. Lo anterior, fue rechazado por nuestro país.

Ante la evidente superioridad militar y la falta de recursos humanos y materiales del Gobierno Mexicano para hacer frente a una posible invasión, el presidente Willson (?) ordenó atacar al Puerto de Veracruz.

Hacia el mediodía del 21 de abril, del cañonero Praire (?) descendió un número de contingente de tropas de infantería de marina con dirección al muelle "Porfirio Díaz". Posteriormente, igual número de elementos desembarcaron de los buques "Florida" y "Utam" (?), minutos después inició el ataque.

Ante la investida invasora, los habitantes del Puerto de Veracruz y los cadetes de la Escuela Naval, utilizaron todos los recursos posibles para defender a nuestra patria y después de una ardua batalla horas más tarde, obligaron a enemigo a reembarcarse.

Las ametralladoras de las lanchas norteamericanas y los cañones del "Pariré" (?) abrieron fuego en contra de la Escuela Nava haciendo imposible oponer resistencia a esa artillería.

Los días 22 y 23 continuó la resistencia del puerto pero finalmente el 24 de abril, los marinos norteamericanos se apoderaron de Veracruz. El almirante Fletcher (?) se hizo cargo del gobierno y ocupó la jefatura de policía. Las autoridades municipales renunciaron a sus puestos y el ayuntamiento quedó disuelto. Con la difusión de los acontecimientos en todo el país, se levantó el clamor popular y se olvidó la lucha que se sostenía entre hermanos y surgió la unión contra los invasores.

Tomando como ejemplo esos actos heroicos Argentina, Brasil y Chile, abogaron para que se diera una solución pacífica al conflicto y fue el 2 de julio de ese mismo año, 1914, cuando se firmó la paz entre México y los Estados Unidos de América, dando fin a una guerra que nunca fue declarada.

El anterior es un acontecimiento de excepcional importancia para nuestro país, por lo que los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos necesario mantener viva la memoria de los hombres y las mujeres que participaron en esa gesta heroica, por lo que daremos nuestro voto a favor del dictamen que adiciona la fecha del 21 de abril como aniversario de la gesta heroica de defensa del Puerto de Veracruz al inciso B del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y los exhorto, compañeros diputados y diputadas, a que hagan lo mismo en igual sentido.

Muchas gracias.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias diputado. Esta Presidencia no tiene registrados más oradores, por lo que se considera suficientemente discutido el dictamen y se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria Graciela Larios Rivas: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico.

Diputado Presidente, se emitieron 333 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 333 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha de 21 de abril, Aniversario de la Gesta Heroica de la Defensa del Puerto de Veracruz al artículo 18, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Los siguientes puntos del orden del día, son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se autoriza. Continúe la secretaría.

El mismo Secretario: Se va a dar lectura a un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con puntos de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce la defensa universal de los derechos humanos en México y el mundo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la tesis del 11 de mayo de 1999 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llamada Tratados Internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respeto de la Constitución federal que establece que si un tratado obliga a ampliar la esfera de libertades de los gobernados o compromete al Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de grupos humanos tradicionalmente débiles, deben considerarse como constitucionales.

Esta postura de la Suprema Corte de Justicia es sumamente trascendente, ya que significa que a través de los tratados internacionales en materia de derechos humanos es posible ampliar la esfera de los derechos de los gobernados y tiene a su vez jerarquía constitucional.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor del proyecto de resolución que Cuba presentó durante el sexagésimo período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que se tome en consideración la cuestión de las presuntas detenciones arbitrarias en la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo en congruencia con la causa de la defensa universal de los derechos humanos.

Cuarto. Esta soberanía se manifiesta a favor de la iniciativa del gobierno mexicano de acudir a las máximas instancias internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional para la resolución de controversias de estas materias entre los Estados.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de octubre de 2004.

Suscriben la presidenta y los secretarios de la Comisión de Relaciones Exteriores y se anexa la firma de todos los integrantes.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, secretario. En consecuencia están a discusión los puntos de acuerdo. Esta presidencia no tiene registrados oradores y por lo tanto declara suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Consulte la secretaría a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

El mismo Secretario: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Diputado presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. Continúe la secretaría.

La Secretaria Graciela Larios Rivas: De la Comisión de Relaciones Exteriores.

Punto de acuerdo. Unico. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su rechazo a las medidas de bloqueo implantadas por el gobierno de Estados Unidos de América a la comunidad científica cubana que impiden el libre intercambio y difusión de investigaciones desarrolladas por científicos cubanos o participar en foros de ese carácter que tengan sede en territorio de Cuba.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F., a 13 de octubre de 2004.

Firma la Comisión.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Están a discusión los puntos de acuerdo. Esta presidencia no tiene registrados oradores, por lo que se declara suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Pregunte la secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo puesto a su consideración.

La misma Secretaria: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día son excitativas de ciudadanos diputados. En virtud de que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a dar lectura solo al enunciado.

El Secretario Marcos Morales Torres: Excitativas.

A las Comisiones de Economía y de Desarrollo Social, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Economía, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones de Gobernación y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Economía y de Trabajo y Previsión Social, a solicitud del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales a solicitud del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Transportes y de Marina, a solicitud del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

A la Comisión de Energía, a solicitud del diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excitan a las Comisiones correspondientes para que emitan el dictamen relativo.

Por lo que respecta a las excitativas presentadas y que se trate de la segunda excitativa se estará a lo dispuesto por el Reglamento para estos casos.

Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo a fin de que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2005 se asigne al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, una partida presupuestal total de 6 mil 500 millones de pesos, a cargo del diputado Marcos Torres Morales, del Partido de la Revolución Democrática.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta Presidencia recibió también proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2005 se clarifique el origen, destino y cantidad de los recursos asignados al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del Estado de Puebla para que esclarezca la intervención indebida de los delegados federales en el Estado de Puebla y la aportación ilegal de recursos públicos en las campañas del Partido Acción Nacional, y al Poder Ejecutivo Federal, para que suspenda las acciones directas e indirectas que favorezcan a este partido.

El diputado José Porfirio Alarcón Hernández (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

"Honorable asamblea: Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23 numeral 1, inciso f), 39 y 45 numeral 6 inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 de su reglamento, nos permitimos someter a esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente:

"Exposición de Motivos"

En virtud de que ha sido publicada esta proposición de Punto de Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, me concretaré solamente a subrayar los siguientes:

"El 14 de noviembre del presente año se van a efectuar elecciones en cuatro estados de la República: Tlaxcala, Tamaulipas, Sinaloa y Puebla.

"En el estado de Puebla se elegirá al gobernador, a 26 diputados locales de mayoría relativa y a 217 presidentes municipales.

"Los miembros del PRI no deseamos, no pretendemos que las elecciones se judicialicen, queremos ganar las elecciones en las urnas, no en los tribunales. No queremos que se procese y condene a ningún servidor público de ningún partido político por intervenir ilegalmente en el uso de recursos públicos materiales y humanos a favor de los candidatos. Queremos que la ley se respete.

"La certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad, deben ser principios rectores en el desarrollo de todo el proceso electoral, según lo establecido en el artículo 41 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El Punto de Acuerdo que se propone como de obvia y urgente resolución, por la proximidad de las elecciones y porque de ser enviado a Comisiones ya no tendría ningún efecto, tiene por objeto exhortar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Electoral del Estado de Puebla, para que investigue y esclarezca la intervención indebida de algunos delegados federales en el estado y la aportación indebida de recursos públicos en las campañas del Partido Acción Nacional.

"Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer el Punto de Acuerdo ya contenido en la publicación de la Gaceta Parlamentaria".

Es cuanto, señor Presidente.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli (PRD): Muy bien señor diputado.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea ...

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Permítame diputado Secretario.

El diputado Rogelio Flores. Sonido a su curul, por favor.

El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía (desde la curul): Diputada, nada más para solicitarle que la votación sea de manera nominal.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Quién lo apoya señor?

(Levantan la mano varios diputados del PAN)

Adelante.

Se instruye a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, por diez minutos, por favor.

El mismo Secretario: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico de votación hasta por diez minutos, para ver si se considera de urgente resolución la proposición.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Un momento señor Secretario.

Sonido a la curul del diputado Wintilo Vega, por favor.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Presidenta, es un asunto de urgente resolución el planteamiento. Al ser el Punto de Acuerdo de urgente resolución, en caso de ser rechazado sería turnado a Comisión. Mi pregunta sería: ¿Cuál sería el turno Presidenta?

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: A la Comisión de Gobernación, señor diputado.

El mismo Secretario: Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por diez minutos.

(Votación Nominal)

El mismo Secretario: De viva voz

La diputada Marbella Casanova Galán A favor

Diputada presidenta se emitieron 223 votos a favor 116 en contra 1 abstención.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado Secretario, le ruego acepte en la votación del diputado que acaba de llegar.

No, que al cabo no llega.

(DESORDEN EN EL SALON)

Dígame diputado Wintilo Vega por favor.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Una atenta súplica presidenta. Yo prefiero que no acepte un voto que nos puede beneficiar, pero si le pediría, con mucho respeto, que no califique usted la votación, para eso está el Secretario, y no le acepto que diga: no, que al cabo no llega ¿eh? Actuemos con seriedad por favor.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien diputado, así será.

El mismo Secretario: Diputada presidenta, no se alcanza la mayoría calificada.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Por lo tanto, señores diputados, no se considera de urgente resolución y túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene el uso de la palabra la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria concluir la tramitación del acuerdo, por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, a prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica.

La diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (PRD): Con su permiso señora presidenta. La suscrita, diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por los Artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria concluir la tramitación del acuerdo por el que solicita a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, a prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica, atendiendo a las observaciones que por esta vía se realizan al tenor de los siguientes antecedentes:

Con motivo de los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones que nuestro país ha venido experimentando, la autoridad administrativa se ha visto precisada a llevar a cabo las modificaciones en los anexos de los títulos de concesión, por virtud de los cuales los particulares pueden instalar, operar y explotar…

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito diputada y favor de detener el reloj.

Si diputado Frías.

El diputado Cuauhtémoc Frías Castro (desde su curul): Con la súplica de que si puede sacar el quórum ya presente.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Si no le importa, señor diputado, acaba de haber una votación nominal en este momento, entonces acaban de salir.

Bueno, en términos del Artículo 27 favor de abrir el registro electrónico hasta por 10 minutos para verificar el quórum y mientras tanto continuaremos con el desahogo de la sesión.

El Secretario Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el Artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para verificar el quórum.

(Votación)

El Secretario Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para verificar el quórum.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante, diputada Gutiérrez Zurita.

La diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita: Gracias diputada Presidenta.

Comentábamos que precisamente los anexos de los títulos de concesión por virtud de los cuales los particulares pueden instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones, inicialmente el otorgamiento de estos títulos de concesión se limitaban a la prestación de servicios de televisión restringida, ya sea mediante redes, cableados o a través de microondas o vía satélite.

En algunas consideraciones, en otro orden de ideas y en recientes declaraciones, el Subsecretario de Comunicaciones y Transportes ha señalado que las condiciones para que las empresas de televisión por cable ofrezcan el servicio de telefonía podrían estar dadas en un plazo máximo de 3 meses, sin embargo, para ello sería necesario que los concesionarios de cable desistan de su petición de contar con un periodo de protección de 7 años, durante el cual se impidiera a las empresas telefónicas prestar el servicio de video que éstas últimas han venido reclamando como una acción inmediata toda vez que sus actuales títulos de concesión no le permiten prestar en tal sentido.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se conmine al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que se otorgue a los concesionarios de televisión por cable el plazo de protección de 7 años que solicitan, para el efecto que durante este periodo no se permita a las empresas telefónicas prestar el servicio de video.

Segundo. Se solicita respetuosamente al titular de la dependencia federal antes citada, que atiendan las observaciones realizadas en el presente punto de acuerdo respecto del contenido del anexo COD, según corresponda, de los títulos de concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones que comprende la prestación del servicio de televisión restringida a través de redes cableadas, que agrega a dichos títulos la prestación del servicio de transporte de señales de telefonía básica, y

Tercero. Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que concluya la revisión y dictamen del acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, a prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica.

Por obvio de tiempo he hecho un resumen, le pido a esta honorable asamblea se pueda integrar a la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto diputada Gutiérrez.

Favor de que se publique en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria y se turne a la Comisión de Comunicaciones.

A continuación tiene la palabra la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2005 se destinen recursos suficientes a las mujeres del sector rural.

La diputada Maria Sara Rocha Medina (PRI): Gracias diputada Presidenta.

Proposición con punto de acuerdo presentada por su servidora, Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del PRI, a nombre de los legisladores cenesistas.

Compañeras y compañeros diputados: El pasado 15 de octubre celebramos una vez más el Día Internacional de la Mujer Rural, el cual tiene su origen en la Conferencia de Beijín organizada en septiembre del 95 por las Naciones Unidas, como resultado de planteamiento de diversas organizaciones no gubernamentales, motivo por el cual llego a esta tribuna para referirme a esas mujeres, que además de enfrentarse a la situación de inequidad de género, enfrentan la dificultad de vivir en las localidades que concentran los más altos índices de pobreza.

Sin negar los importantes logros que en el país se han tenido y experimentado en relación a la condición social, jurídica, económica y política de las mujeres, sigue persistiendo para ella marginación y exclusión en diversos ámbitos sociales.

Lo anterior es particularmente pronunciado para las mujeres trabajadoras del campo, por encontrarse inmersas en situaciones de pobreza, rezago educativo, trabajo agobiante y de muy mal rentabilidad.

El papel de la mujer del Siglo XX evolucionó para abarcar otros ámbitos, como los de representación social, política y de inserción en el mercado laboral; en el Siglo XXI, las mujeres en México enfrentan el reto de mantener de equilibrio entre su vida personal, familiar, económica y laboral.

En este sentido la formación, educación y capacitación de las mujeres rurales, es una prioridad para asegurar el futuro del medio rural y de este país, incrementar la productividad, desarrollar su espíritu emprendedor y mejorar la salud y nutrición de esas familias entre otros muchos aspectos; en las áreas rurales donde los problemas de salud de las mujeres se vinculan carencias de nutrición y excesivas cargas de trabajo.

Es por eso, compañeras y compañeros que en este momento y les pido Honorable Asamblea, que esta proposición sea con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Primero.- Exhortar a mis compañeras y compañeros legisladores para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2005, se etiqueten y destinen recursos suficientes para que permitan que las bases económicas y sociales de las mujeres rurales y niñas del sector campesino, vivan mejor.

Segundo.- Destinen recursos para promover la autoproducción de alimentos de traspatio a tecnificados para mejorar la alimentación de las familias y resolver los problemas de desnutrición que afectan principalmente a la población infantil de este país.

Muchas gracias, compañeros diputados.

Solicito Presidenta, que sea de urgente y obvia resolución, si es tan amable preguntarle a la asamblea.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputada Rocha Medina.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución este punto de acuerdo.

El Secretario Marcos Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

(Votación)

Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, Presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien.

Se considera, en consecuencia, de urgente resolución.

Esta Presidencia tiene registrado a la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática para hablar a favor de la proposición.

La diputada Marcela Lagarde y de los Ríos (PRD): Gracias, diputada Presidenta.

A las diputadas del grupo parlamentario del PRD, que participamos en la Comisión de Equidad y Género, nos parece que el punto de acuerdo que presenta la diputada Sara Rocha, toca un tema poco atendido por esta Honorable Cámara de Diputados.

Desde la anterior Legislatura, las diputadas empezaron a hablar del presupuesto etiquetado para mujeres; con ayuda de las organizaciones de la sociedad civil, se logró identificar que en 2002 el presupuesto etiquetado para mujeres representó el 0.34 por ciento con relación al PEF. En 2003 fue de 0.85 por ciento y en 2004 significó el 0.80 por ciento del total de recursos públicos.

Los recursos que se etiquetan para atender a más de la mitad de la población de la población de nuestro país, no han llegado al 1 por ciento del presupuesto público federal.

El presupuesto etiquetado para mujeres del sector rural, es todavía mucho menor a estas minúsculas cifras. En 2004 aprobamos 600 millones de pesos para mujeres rurales, 500 en tres programas de la Secretaría de la Reforma Agraria y 100 para el Fondo de Microfinanciamiento para Mujeres Rurales, FOMOUR, ubicado en la Secretaría de Economía.

El proyecto de presupuesto 2005 reduce casi, el presupuesto reduce casi el 80 por ciento de estos recursos al asignar menos a las mujeres de este sector, 50 millones en el PROMUSAR de la Secretaría de la Reforma Agraria y 66 millones al FOMUR.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de la diputada Sara Rocha de etiquetar mayores recursos a mujeres rurales, aunque es importante agregar que además de incrementar los montos considerados en el Proyecto de Presupuesto 2005, es necesario asignar recursos para programas como el de Equidad de Genero, Medio Ambiente y Sustentabilidades de Semarnat, que en 2003 y 2003, contó con recursos etiquetados y en el PEF 2004 y 2005, ya no aparecen.

Asimismo habría que destinar mayor presupuesto para mujeres indígenas en los programas que ya existen en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya que también éste es un sector de la población que habita generalmente en las zonas rurales y que en general requiere de muchos apoyos para solventar la enorme desventaja social en la que se encuentran las mujeres indígenas. La propuesta concreta con montos de asignación la tramitaremos a través de la Comisión de Equidad y Genero.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, señora diputada.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

El Secretario Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

De viva voz, la diputada Marbella Casanova Calam, denle sonido a la curul 80.

La diputada Marbella Casanova Calam (desde su curul): Presente.

El mismo Secretario: Diputada Presidenta hay una asistencia...

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: El diputado José Antonio de la Vega, por favor.

El mismo Secretario: Por favor, el diputado De la Vega.

El diputado José Antonio de la Vega (desde su curul): Para que considere mi asistencia, en virtud de que no funcionó el aparato.

El mismo Secretario: Sí, como no, con todo gusto. Quién más teníamos por allá, el diputado José Rangel por favor, denle sonido a su curul.

El diputado José Rangel Espinosa (desde su curul):Presente.

El mismo Secretario: Presente el diputado José Rangel. Por favor el diputado Sánchez Rodríguez del PRD.

El diputado Víctor Lenín Sánchez Rodríguez (desde su curul) Sí, aquí presente.

El mismo Secretario: La diputada Serrano Crespo, por favor.

La diputada Yadira Serrano Crespo (desde su curul): Es rectificación de asistencia.

El mismo Secretario: ¿Presente, diputada?

La diputada Yadira Serrano Crespo (desde su curul): Presente.

El mismo Secretario: Presente, está bien. Por favor sonido a la curul del diputado Torres Cuadros.

El diputado Enrique Torres Cuadros (desde su curul): Presente.

El mismo Secretario: Diputada hay una asistencia de 331 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas Gracias.

En virtud de que esta Presidencia no ha recibido propuestas en contra del punto de acuerdo, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El mismo Secretario: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Gracias.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Suficientemente discutida.

Y finalmente, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.

El mismo Secretario: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Gracias.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante. Aprobada y comuníquese.

A continuación tiene la palabra el diputado Bernardo Loera Carrillo, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría sobre el ejercicio de recursos federales al gobierno del estado de Durango que concluyó y que corresponde al periodo 1998-2004, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Convergencia.

El diputado Bernardo Loera Carrillo (PAN): Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.

Compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido CONVERGENCIA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

El pasado 15 de septiembre del presente año, en el estado de Durango concluyó la administración gubernamental 1998-2004 del licenciado Angel Sergio Guerrero Mier, misma que fue conducida bajo un estito autoritario, sin ánimo de conciliar a la sociedad; por el contrario, se provocó, toleró y alentó fracturas y divisiones al interior de los diversos grupos de la sociedad. No supo o no quiso conducir a Durango al progreso.

En suma, el exgobernador Angel Sergio Guerrero Mier, ejerció el poder con una clara política autoritaria y de confrontación, es decir, sin diálogos y sin acuerdos, sin la búsqueda de consensos en la sociedad y en los actores políticos. Fue, pues, el final de un sexenio conducido sin negociación y que dejó al estado con la sensación de que se perdió la oportunidad de avanzar porque el exgobernador del estado sostuvo siempre una posición de descalificación y de confrontación con el Gobierno Federal.

Durango ingresó al siglo XXI en un contexto político y económico social adverso; registró un déficit con variables trascendentales en su desarrollo, pues mientras que a nivel nacional existe un evidente desarrollo político manifestado en la modernización de las instituciones del Estado, Durango permaneció estancado en el inmovilismo.

En fecha 8 de octubre del presente año, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, hizo llegar a la Honorable Sexagésima (¿) Tercera Legislatura del estado de Durango un informe de contingencia financiera en el que se destacan los siguientes aspectos:

De 1999 al 2004 la deuda pública bancaria del gobierno del estado pasó de 624 millones de pesos a mil 699 millones; si a ese monto se le agrega la deuda de corto plazo y otras deudas hasta ahora identificadas, la deuda total asciende a 2 mil 500 millones de pesos. El pago de intereses y amortizaciones de la deuda ascenderá en el 2004 a más de 625 millones de pesos; este monto equivale a cinco veces el presupuesto aprobado por el Congreso del estado para desarrollo rural, más de siete veces el gasto estatal en seguridad pública y a más de cuarenta y seis veces el presupuesto del ISBET (¿).

Concluyo. Por las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos el siguiente punto de acuerdo:

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Favor de concluir, señor diputado.

El diputado Bernardo Loera Carrillo: Primero. Que se instruya a la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, a fin de que se fiscalice y auditen los recursos federales que fueron transferidos al gobierno del estado de Durango por el período comprendido del 15 de septiembre de 1998 al 15 de septiembre del 2004 en cada una de sus partidas presupuestales y que de sus resultados se emprendan las acciones administrativas penales...

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Señor Diputado, le ruego concluya. Señor diputado, con mucho respeto, tiene usted que concluir, por favor.

El diputado Bernardo Loera Carrillo: ... y que de su resultado, de ser así, se emprendan las acciones administrativas o penales en contra de los responsables.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado, señor diputado Loera.

El diputado Bernardo Loera Carrillo: Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias.

A continuación tiene la palabra el diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo...

El diputado José González Morfín (desde su curul): Presidenta, no está turnada.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En relación al anterior punto de acuerdo, túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2005, se destine por lo menos el 5 por ciento del presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al diseño, instrumentación y operación de un programa específico para la atención de desplazados internos indígenas.

Yo quiero hacer la aclaración señores diputados, que tenemos únicamente 3 minutos para los puntos de acuerdo y eviten estarles rogando que terminen sus intervenciones.

El diputado Bernardino Ramos Iturbide (PRD): Gracias. Con su permiso diputada presidenta:

Los suscritos diputados federales integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación y Asuntos Indígenas, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la presente Proposición con punto de Acuerdo, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS:

Que los informes recibidos por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se desprende que no existe un programa formal para atender a los desplazados internos indígenas. Si acaso ha existido una débil intervención de esta comisión destinando la minúscula cantidad de recursos de 20 millones de pesos durante el bienio 2002-2003.

De los grupos de desplazados internos producto del conflicto militar de 1994, de la represión militar y paramilitar, de los conflictos religiosos e intercomunitarios tanto en el Estado de Chiapas y en otros de la República Mexicana, sobreviven en forma lesiva para su dignidad, que dadas sus proporciones ha sido ya objeto de estudio por diversos organismos de Naciones Unidas, misma que emitieron sendos informes en los cuales describen la problemática y vierten diversas recomendaciones.

Para los organismos de la Organización de Naciones Unidas, los desplazados internos son personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a huir de su lugar de residencia habitual o a abandonar sus hogares, particularmente para evitar los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, conflictos relacionados con prácticas religiosas, conflictos por tierra entre los que se cuentan las invasiones ilegales, tráfico de drogas, desalojos forzados por parte de autoridades gubernamentales o grupos armados irregulares y que emigran dentro del territorio mexicano.

En el informe de la oficina del Alto Comisionado, se señala que a raíz del conflicto quedaron desplazadas más de 12 mil personas; que algunas recibieron ayuda del gobierno y de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales y que sus condiciones de existencia son sumamente difíciles.

Señala que el gobierno desarrolló algunas acciones en la materia reconociendo la limitación de recursos. Afirma que entre los desplazados la inseguridad y el temor persiste, es un problema vigente.

Las acciones posteriores o inacciones nos permiten asegurar que esa situación persiste al día de hoy. El Gobierno Federal habría establecido el compromiso de crear una coordinación intersecretarial y la operación de un programa especial. Sin embargo, no hay ningún hecho tangible, ningún resultado que amerite nuestro reconocimiento.

Por lo anterior exponemos el siguiente punto de acuerdo:

UNICO. Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, del ejercicio fiscal 2005 se destine y etiquete al menos 150 millones de pesos para el diseño y la instrumentación de la operación de un programa específico para la atención de desplazados internos indígenas.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado favor de concluir .

El diputado Bernardino Ramos Iturbide: Gracias diputada presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A continuación tiene la palabra el diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición con punto de acuerdo para que se integre un grupo de diputados de la Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, que visite y atienda la problemática relacionada con la actividad minera en el Estado de San Luis Potosí.

El diputado Omar Ortega Alvarez (PRD): Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.

El día de hoy, hago uso de esta tribuna para denunciar un caso que puede parecer muy particular pero que refleja una problemática nacional en la cual los representantes del Poder Ejecutivo priorizan cualquier tipo de inversión y actividad económica aún cuando ésta vaya en detrimento de la salud, de la población y del medio ambiente. Este es el caso de la actividad minera que se desarrolla en San Luis Potosí.

Tenemos dos casos sumamente preocupantes: Por una parte, la minera de San Javier, que el día de hoy de manera milagrosa se canceló sus actividades. Entre los motivos que se argumentan, está la contaminación del acuífero por el uso de arsénico de cianuro y cianuro de sodio, además de la depredación ambiental, existe el daño a los recursos culturales.

Me pregunto hasta cuándo atenderemos un conflicto que crece día a día y que exige nuestro interés. ¿Será hasta que se consumen los hechos y se presenten los graves problemas de salud que provoca otra minera del mismo estado, cuya situación va más allá de atentar contra las leyes, lacera la salud de los niños y de su población?

Me refiero a la mina del municipio de Villa de la Paz. Esta presenta una alta concentración de arsénico y plomo. Con los datos obtenidos en múltiples análisis realizados, se concluye que los niños presentan riesgos de daño neurológicos; las graves condiciones que enfrenta la población de San Luis Potosí es inadmisible y no podemos permitir que nuestra infancia esté expuesta a una situación de tal magnitud.

Por lo antes expuesto, someto a la soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero.- Que en términos del numeral cuatro del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se forme entre la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión de Economía, se integre una subcomisión para que visite y atienda la problemática relacionada con la actividad minera del estado de San Luis Potosí, en especifico, de la minera de San Javier y la Planta Beneficiadora de la minera Santa María de la Paz y anexas, S. A. de C.V.

Ruego, señora Presidenta, que en virtud del tiempo se inserte íntegro en el Diario de los Debates, la proposición con punto de acuerdo que en este momento en original presento. Es cuanto.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien, diputado Ortega. De acuerdo a su solicitud, insértese en el Diario de Debates; publíquese íntegro en la Gaceta Parlamentaria; túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía.

A continuación, tiene la palabra el compañero diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Banco de México, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus organismos desconcentrados, para que en el ámbito de sus atribuciones regulen el monto de las comisiones que perciben las instituciones del Sistema Financiero Mexicano.

El diputado Emilio Zebadua González (PRD): Con su permiso, señora Presidenta. Señoras y señores diputados.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presento el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

El pasado mes de septiembre del 2004, la vicepresidencia técnica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, publicó un estudio comparativo denominado "Comisiones bancarias para hacer valer la fuerza de los usuarios", en el cual describe y analiza de forma comparativa el mercado nacional e internacional de servicios bancarios, así como el comportamiento de las instituciones bancarias respecto de las comisiones que cobran en México y el extranjero.

Actualmente, las entidades financieras fijan el monto de las comisiones de forma puramente potestativa, sin que existan lineamientos objetivos a los cuales deban ceñirse para determinar el monto de sus comisiones.

Este extremo ha llegado al grado de sustentar a las entidades financieras en buena medida, mediante comisiones cobradas al público, desincentivando las ganancias obtenidas mediante la buena operación de dichas entidades, especialmente a través del otorgamiento de crédito.

Debido a lo anterior es de gran importancia que la Condusef, en ejercicio de sus atribuciones y actuando coordinadamente con el resto de las autoridades del sector financiero, realice estudios comparativos respecto de las condiciones del mercado de servicios financieros.

Sin embargo, a la fecha no se ha presentado denuncia alguna y la Comisión Federal de Competencia Económica no ha estimado necesario tampoco iniciar el procedimiento de investigación por prácticas monopólicas en contra de ningún agente económico del sector financiero.

El público usuario está alarmado de ver cómo disminuye el producto de su trabajo mediante el cobro de comisiones. Tan solo el cobro de comisiones por retiro de efectivo en la mayoría de las cuentas bancarias para el depósito del salario de un trabajador durante un mes puede consumir el importe de más de un salario mínimo, sin contar las comisiones que se cobran por otros conceptos necesarios, como visualización del estado de cuenta, libramiento de cheques, etcétera.

Es por este tipo de considerandos y con el propósito de que las autoridades competentes provean, de conformidad con sus atribuciones en dicha materia, el suscrito formula ante este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Solicitar al Banco de México que haga uso de las facultades que le confiere la ley para que regule el monto de las comisiones que actualmente perciben las entidades financieras de su competencia y que inicie el procedimiento de evaluación a que se refiere el artículo 49 de las instituciones de crédito para determinar la existencia de competencia efectiva en los diferentes sectores del sistema financiero.

Segundo. En caso de que el Banco de México omitiere realizar dicha evaluación, exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que lo solicite formalmente en los términos del referido artículo 49.

Tercero. Solicitar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que, en uso de sus atribuciones, realice una evaluación de las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro sujetas a su competencia, de las cuentas individuales de los trabajadores afiliados a cada una de éstas y solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, dentro del ámbito de sus facultades y en coordinación con los organismos desconcentrados, implementen una política tendiente a disminuir las comisiones o contraprestaciones que perciben las instituciones financieras sujetas a su competencia.

Finalmente solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que investigue oficiosamente la comisión de posibles prácticas monopólicas por los agentes económicos que actúan en los diferentes mercados relevantes del sistema financiero mexicano.

Muchas gracias.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se considera de urgente resolución. En virtud que a esta presidencia no ha llegado ninguna solicitud de oradores a favor y en contra, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba dicha proposición de punto de acuerdo.

El mismo Secretario: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia está aprobada. Comuníquese.

A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del Distrito Federal a que cumpla con la ley y con las resoluciones judiciales y evite vulnerar derechos humanos de los trabajadores de la empresa Eumex.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (PVEM): Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: nuestro país y los mexicanos comprometidos con éste estamos realizando un gran esfuerzo para generar los empleos necesarios para satisfacer la gran demanda que año con año surge en el mercado laboral.

Por ello no compartimos las acciones del jefe de gobierno, ya que no solamente se la pasa culpando a los demás de sus errores, sino que acostumbra desobedecer las órdenes de los jueces.

La obsesión por la candidatura presidencial no lo deja gobernar y mucho se ha mencionado sobre su desafuero. Su clara postura populista es peligrosa para una democracia, porque el populismo se le ha concebido como un movimiento demagógico, oportunista, manipulador, corrupto, retórico e ineficaz.

El desafío a las autoridades judiciales y la violación de las leyes no se le debe seguir tolerando. El gobierno del Distrito Federal otorgó a la empresa Equipamientos Urbanos de México un permiso concesión para que realizara la instalación de parabuses y muquis de piedra en las avenidas de la capital.

La empresa actualmente tiene una plantilla de 5 mil trabajadores. Sin embargo EUMEX fue víctima de las autoridades del Distrito Federal al pretender retirarle la concesión indicada, por lo que tuvo que solicitar el amparo ante los tribunales federales.

El abuso ha llegado a tal extremo que la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal formuló diversas querellas y otra vez contra el nuevo acto abusivo los tribunales federales le concedieron el amparo. Dicha empresa y sus trabajadores han sufrido una férrea persecución por parte del Jefe de Gobierno y por las autoridades del Distrito Federal. Todo ello está documentado.

Es el caso que con base en la sentencia de amparo en contra de las cuales ya no existe recurso legal alguno, EUMEX procedió a normalizar sus trabajos y a partir del día 30 de agosto pasado sus trabajadores fueron víctima de otro atropello policiaco, porque cuando pretendían realizar sus actividades fueron detenidos por elementos de seguridad pública y con lujo de violencia se les ha trasladado a la agencia 50 del Ministerio Público, quien los acusa de "delito de daño en propiedad de bienes de la ciudad".

No es la primera vez que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal se burla de la ley y de la justicia. El caso de El Encino solo es un ejemplo y el asunto que nos ocupa es la continuación de la arbitrariedad de Andrés Manuel, quien abusa de su poder y comete violaciones a las garantías de los ciudadanos. La vanidad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal lo ha cegado y lo inclina, una vez más, a violentar el Estado de Derecho.

Por lo antes expuesto y en base al principio de legalidad que todo funcionario público debe respetar y acatar, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la aprobación de esta H. Asamblea se considere de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que cumpla con la ley y con las diversas resoluciones judiciales y vulnerar los derechos humanos de los trabajadores de la empresa EUMEX.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El diputado Omar Ortega Alvarez (PRD. Desde su curul y sin micrófono): ¡Señora Presidenta!

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Ah si. Un momento por favor.

Sonido en la curul.

El diputado Omar Ortega Alvarez (PRD. Desde su curul y sin micrófono): Le solicito amablemente que si puede ser la votación nominal. Lo apoya la fracción parlamentaria del PRD.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Se instruye a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación hasta por diez minutos para recabar la votación en relación a este punto.

El Secretario Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.

Abrase el sistema electrónico de votación para determinar si se considera de urgente resolución la proposición, hasta por diez minutos.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico.

De viva voz la diputada Marbella Casanova Calam. Por favor sonido a la curul 80.

La diputada Marbella Casanova Calam (desde la curul): Casanova Calam, en contra.

El mismo Secretario: Gracias.

Presidenta, se emitieron 242 votos a favor, 67 en contra, 14 abstenciones. Por lo tanto, hay mayoría calificada.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, está considerado de urgente resolución y está a discusión la proposición.

Se abre el registro de oradores.

A esta Mesa Directiva ha llegado la solicitud del diputado Gilberto Ensástiga Santiago, para hablar en contra, y del diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para hacerlo a favor.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago (PRD): Con su permiso, diputada Presidenta.

Diputado Jorge Kahwagi, según usted el populismo de López Obrador es peligroso. A mí me parece que es más peligroso que usted venga a hacer una defensa a ultranza de una empresa que detrás de ella hay tráfico de influencias, hay intereses obscuros y una serie de beneficios en detrimento de esta ciudad, y le voy a explicar por qué.

Pero también quiero decirle que ya no nos sorprende que se vengan a fabricar favores para después cobrarlos y me parece que hoy estamos frente a ese caso, y también le voy a explicar por qué.

Usted hace algunos días entregó una medalla a José Sulaimán y esa medalla si no me equivoco usted la entregó y la compró. En este de caso de EUMEX quiero decirles que se patrocinó usted en toda la ciudad de México en los parabuses. Seguramente el favor que hoy viene a presentarnos quiere pagarlo. ¿Qué hay detrás de EUMEX?

En EUMEX quiero decirle que el 3 de diciembre de 1997, en la época de Espinosa Villarreal, se refrendó un PATR con la intervención del Director de SERVIMET, Ignacio Gómez Roch. Y quiero decirles que uno de los que negoció este convenio era Fernando Gómez Roch, hermano del Director de SERVIMET.

Los beneficios que se dieron en este PATR actualmente obligan solamente a EUMEX a pagar 69 centavos por los parabuses. Y quiero decirle que no pagan luz, que no pagan a esta ciudad, no contribuyen, y en cuanto a la situación del amparo quiero informarle que éste no ha concluido, que prácticamente el Juez Octavo ha promovido un incidente ...

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito diputado.

Sonido a la curul del diputado Pablo Franco. Y favor de detener el reloj.

El diputado Pablo Franco Hernández (desde la curul): Sí diputada Presidenta, si le puede pedir al orador que me conteste una pregunta, si está dispuesto.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli:¿Está usted de acuerdo señor diputado?

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Sí, con todo gusto.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.

El diputado Pablo Franco Hernández (desde la curul): El diputado Kahwagi hablaba de un amparo que ha sido supuestamente violado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Si supiera usted, pudiera informarnos cuál es el estado de este amparo.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Sí, con todo gusto.

En 1999 EUMEX interpuso un juicio de amparo ante el Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa del Distrito Federal. Cabe precisar que los actos reclamados por EUMEX en el amparo, versan única y exclusivamente sobre los llamados Mupis de Piedra, que son colocados a un lado de los parabuses. Aunado a lo anterior EUMEX ha engañado al sostener públicamente que dicho amparo está resuelto de fondo, cuando lo cierto es que el procedimiento no está concluido en su totalidad.

De lo anterior se desprende una sentencia emitida, diputado Jorge Kahwagi, se desprende una sentencia emitida por la Segunda Sala para que se resuelva el fallo, y mientras estoy contestando la pregunta…

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado Ensástiga, ¿terminó usted la respuesta?

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Ya voy a terminar. Mientras Eumes no demuestre de cuántos mutis está hablando, no puede concluir el amparo y la autoridad no puede terminar de qué forma tienen que asumir las responsabilidades las autoridades del Distrito Federal. Ese es el asunto. Gracias.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado.

Si, ¿con qué objeto diputado Kahwagi.

El diputado Jorge Kahwagi Macari (desde su curul): Para alusiones personales.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante. De acuerdo al Artículo 102 tiene usted hasta cinco minutos para contestar, la rectificación de hechos o contestar alusiones personales.

El diputado Jorge Antonio Kahgai Macari (PVEM): Bueno, no me parece raro que una vez más quieran fabricar cortinas de humo para evadir las responsabilidades que tienen del cumplimiento de la ley, a mí si me parece que de todas maneras es importante aclarar que, por supuesto, que a don José Sulaimán, que muy merecidamente se le dio un reconocimiento, no fui yo sino fue la Comisión de Juventud y Deporte, en la cual ni siquiera soy miembro, una vez más mienten, pero, bueno.

También me gustaría precisar que la empresa no paga luz porque en el contrato que tiene con ustedes, está estipulado que el pago de la luz se tendría que hacer por parte del Gobierno del Distrito Federal, aquí está, el no ejercicio de la acción penal, por parte del Ministerio Público del Distrito Federal, aquí tengo una copia.

También se pagan 14 millones de pesos al año…

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, diputado Kahwagi, a ver sonido en la curul del diputado Eduardo Espinosa.

El diputado Eduardo Espinoza Pérez (desde su curul): Presidenta, le puede preguntar al orador si acepta una pregunta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado.

El diputado Jorge Kahwagi Macari: Si.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado.

El diputado Eduardo Espinoza Pérez (desde su curul): Le quiero preguntar diputado Kahwagi si usted recuerda quién era el director de Transporte en aquel entonces y que también le otorgó una licencia, un contrato a Cosmocolor.

El diputado Jorge Kahwagi Macari: Mire, no recuerdo en este momento, pero creo que éste no es el tema de este momento, lo que si quiero que quede muy claro, que aquí no es la defensa nada más de una empresa es la defensa de la legalidad a la que ustedes están acostumbrados a pasar por encima, ustedes cumplen la ley cuando quieren y cuando no, no.

Quiero que quede también claro, que el amparo por supuesto que está concluido, ya no tienen ninguna otra instancia sobre esta Resolución de la Suprema Corte de Justicia. Ya no engañen a la gente, no se vale engañar…

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Sonido en la curul de la diputada Lizbeth Rosas.

La diputada Lizbeth Rosas Montero (desde su curul): Si, señora presidenta, para ver si el orador me permite hacerle una pregunta.

El diputado Jorge Antonio Kahwai Macari: Si.

La diputada Lizbeth Rosas Montero (desde su curul): Bueno, yo quisiera en aras de la legalidad que usted tanto dice enarbolar, que nos pudiera explicar o nos pudiera decir cómo estuvo lo de la medalla, cuánto le costó y a cambio de qué favores de este empresario está recibiendo, cómo de qué favores va a recibir ahora a partir de esta defensa a ultranza de empresarios que han violado la ley.

El diputado Jorge Kahwagi Macari: Mire, como le respondo, para ustedes es muy difícil entender que alguien esté defendiendo la legalidad, porque ustedes no la respetan, la vez pasada que le abrieron la puerta a legisladores de otro lado para entregar nuestra tribuna, pues ahí quedó de manifiesto que ustedes no respetan la legalidad. Yo estoy defendiendo la legalidad, porque es nuestra obligación como legisladores, es nada más por eso, no voy a recibir ningún favor.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Ya no se permite el diálogo diputada Lizbeth Rosas.

Yo creo que tenemos que regresar al tema y le pido al diputado Kahwagi que concluya por favor.

El diputado Jorge Kahwagi Macari: Gracias. Bueno pues lo único que quede de manifiesto es que es muy importante que si queremos que siga creciendo el país y que se sigan generando las fuentes de empleo que tanto se necesitan, se le tiene que dar certeza jurídica a las empresas y a las personas en este país, y no por los caprichos de un Jefe de Gobierno o de un Gobierno, se puede estar manipulando la ley como ellos quieran; la ley está hecha para acatarse.

Muchas gracias.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra para hablar a favor de la propuesta, el diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional.

El diputado Ensástiga: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: (desde la curul) Para que después de que concluya el diputado en turno, me dé la palabra para hechos.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto.

El diputado Jorge Triana Tena (PAN): Con el permiso de la Presidencia.

Más allá, más allá del fondo del amparo, más allá del pago de la luz están obligados a cumplir la ley como todos los demás. No se justifica un acto de represión como el que vimos, a tolete limpio y a golpe franco retiraron a trabajadores que sólo cumplían con su deber. Y si la ley es la justicia organizada, cómo imaginar a la fuerza del Estado coartando la libertad de los ciudadanos, sin que resulte dañada la justicia, es decir, sin actuar contra su propia finalidad.

No, señores legisladores, no estamos aquí para aplaudir el incumplimiento estéril de la ley, sino para observarlo, criticarlo y evitarlo.

El Gobierno del Distrito Federal se empeña en perseguir y hostigar, en difamar y calumniar a la empresa Equipamientos Urbanos de México. La administración de López Obrador continúa acosando a los trabajadores, directivos de esta empresa sin sustento legal alguno; el Gobierno de López Obrador sigue sin acatar las resoluciones emitidas por tres instancias, tres, no una; tres: Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa y el Juez Quinto de Distrito B en Materia Penal.

Como podrán ver, les explico, el Poder Judicial ha concedido amparos a la Empresa EUMEX en contra de la pretensión del Gobierno del D.F. de retirarle la concesión de parabuses. Si el señor López se empecina una vez más en violar otra resolución judicial, perdonen, pero estamos obligados a hacer cumplir la ley desde esta tribuna. Por eso, Acción Nacional habrá de sumarse a esta proposición, porque desde nuestro entendimiento nunca nada habrá de justificar el perpetrar la violación al marco legal.

Si el Gobierno del D.F. está convencido de que EUMEX ya no debe continuar con la concesión para instalar y administrar parabuses, como lo han manifestado, tienen todo el derecho, pero debe hacerlo por los cauces legales que procedan. Tiene herramientas para hacerlo, no es a tolete limpio y con violencia como se solucionan las cosas, al estilo de Hugo Chávez.

Ya no más, ya no queremos más el incumplimiento faccioso de la ley en el Distrito Federal, no más atropellos a los derechos de los particulares, aunque se aburran. Si López Obrador no hace algo por hacer cumplir la ley, escuchen; la ley, la ley se habrá de encargar de él.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado.

Para hechos tiene la palabra el diputado Gilberto Ensástiga, hasta por 5 minutos.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago (PAN): Con su venia, diputada Presidente.

Agradezco la participación del diputado Triana, porque eso me permite también decir públicamente quién está también detrás de EUMEX, y me refiero al senador del Partido Acción Nacional Fauzi Hamdan, quien es abogado de la empresa y si quieren revisar esta información sería importante porque él públicamente ha anunciado que va a defender esta empresa.

Y desde luego, ahí están los intereses, yo no sé de qué legalidad habla el diputado Triana cuando un senador de su partido utiliza el cargo también para promoverse beneficios propios y hacer tráfico de influencias.

Quiero decirle, diputado Jorge Kahwagi, que el pasado 7 de octubre, tengo aquí en mi mano una carta, dirigida al señor Antonio Torres Martínez, Presidente del Consejo de Administración de Equipamientos Urbanos de México, EUMEX, seguramente usted lo conoce:

"Madrid, 7 de octubre de 2004.

"Estimado Antonio:

"En las últimas semanas se vienen publicando en la prensa mexicana y española, diversas noticias referentes a tu persona y personal de EUMEX, que nos resultan tremendamente inquietantes".

También quiero decirle que en la carta descalifican el papel de este señor que es el Presidente del Consejo y estos españoles son sus socios, lo están descalificando por el manejo de la empresa.

Y también quiero decirle, que el 3 de diciembre de 1997, efectivamente como usted lo dice, los beneficios que le dio el Director de Servimet de esta empresa, fue de que no pagaran luz, de que no contribuyeran y ese es el negocio, ese es el negocio que ellos acordaron y en el cual este Congreso no puede permitirlo compañeras y compañeros.

En detrimento de la ciudad se está haciendo un negocio redondo, y qué bueno que usted lo dijo, porque a ninguna empresa se le puede exentar de pagar luz y de contribuir, porque eso es un delito y eso lo permitió el Director de Servimet, y aún más, uno de los abogados de EUMEX está relacionado con todo el fraude que está alrededor de Publi XIII y a usted le debería dar vergüenza venir a defender a esa gente, venir a usar la tribuna para pagar favores. Si tiene dignidad, si es transparente como lo que usted exige al Gobierno de la Ciudad, retire el punto de acuerdo, no involucre a su partido que efectivamente no se presta para este tipo de jugarretas, pero usted lo está llevando al precipicio con esas posiciones y flaco favor le hace al Partido Verde Ecologista.

A mí me parece que es indigno lo que usted ha venido hacer y debería retirar el punto si tiene los suficientemente pantalones para sostener lo que ha venido a decir aquí. (aplausos)

El diputado Jorge Kahwagi Macari (desde su curul): Señora Presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Con qué objeto, diputado Kahwagi.

El diputado Jorge Kahwagi Macari (desde su curul): Para alusiones personales.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.

De acuerdo al artículo 102, para contestar alusiones personales, tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (PVEM): Bueno, pues antes que nada sí quisiera dejar en manifiesto que aquí no es una cuestión de a ver quién tiene más pantalones o no, aquí venimos a cumplir la ley, el cumplimiento de la ley es lo que debe de estar por encima de todo.

Ustedes están aquí sacando documentos de la empresa, de comunicados internos, esto yo creo que no nos corresponde a nosotros ver si se llevan bien los señores de adentro de la empresa o no. A nosotros nos corresponde cumplir con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, no desviemos la atención.

También tienen razón cuando dicen que nadie debe de dejar de pagar la luz. En el convenio en el que se realizó por el cual se pagan 14 millones de pesos al año, ahí le correspondía al Gobierno del Distrito Federal hacer el pago de la luz.

Y por ultimo, a usted es al que le debería dar vergüenza venir a defender la ilegalidad. Nosotros debemos de estar pujando porque se cumpla la ley. Nosotros somos legisladores, nosotros estamos a cargo de hacer leyes...

La diputada Lizbeth Rosas (desde su curul): Entonces dígame lo de la medalla que usted pago...

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, un momentito. A ver, un momentito diputado Kahwagi.

No están permitidos los diálogos, diputada Rosas.

A ver, ¿ con qué objeto diputado Legorreta? Favor sonido en la curul del diputado.

El diputada Jorge Legorreta Ordorica (desde su curul) : Si, Presidenta. Preguntarle al diputado Kahwagi, si me puede contestar una pregunta.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Sí, claro.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.

El diputado Jorge Legorreta Ordorica (desde su curul): A ver, diputado sí usted sabe que la empresa paga 2.5 veces más de lo que establece el Código Financiero. ¿Sí lo sabe o no?

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Así, es se pagan 2.4 veces más de lo que establece el Código Financiero. Así es que la empresa ha venido cumpliendo cabalmente con lo que tiene que pagar.

Y yo también respondería a todas las preguntas que me han venido haciendo...

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Ya concluyó el orador con la respuesta anterior ¿diputado?. ¿Con qué objeto diputada?

La diputada Lizbeth Rosas (desde su curul): Para formular una pregunta, señora Presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli:¿Está usted de acuerdo, diputado Kahwagi?

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Si.

La diputada Lizbeth Rosas (desde su curul): Bueno, ahorita que usted nos habla que somos legisladores y a eso venimos y a eso nos paga el pueblo de México, nada más recordarle que ese su papel aquí y no estar en programas como en el que usted participo y no estar beneficiando a empresarios a cambio de prebendas y medallas.

¡Qué lastima!, que no me contesto mi pregunta diputado Kahwagi..

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: ¿Cuál no le contesté?

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito los dos, por favor. Un momentito diputada Rosas

La diputada Lizbeth Rosas (desde su curul): A mí me gustaría saber, hice una pregunta sobre la medalla, la evadió. Le hacemos otra pregunta la evade.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito diputada Rosas, diputada Rosas, diputada Rosas, ¡por favor. Diputada Lizbeth Rosas¡ Por favor, haga solamente la pregunta que le quiera hacerle al señor diputado Kahwagi.

La diputada Lizbeth Rosas (desde su curul): Nuevamente, con mi primera pregunta. ¿Qué beneficios recibe él económicos de este apoyo que a ultranza hace a los empresarios, como la anterior medalla que él pago a un empresario y ahora la defensa de un millonario negocio redondo en el Distrito Federal?

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Bueno, una vez más, yo creo que nuestra compañera legisladora no escucha muy bien, pero yo no pertenezco a la Comisión de Juventud y Deporte y la Comisión de Juventud y Deporte fue la que le otorgó ese merecido reconocimiento a don José Suleiman.

La segunda es, yo por supuesto, que estoy defendiendo la legalidad, ya son las órdenes judiciales que se tienen que respetar. Si a ustedes no les parece importante el que se cumpla la ley, a mí sí me parece importante.

Muchas Gracias.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado. ¿Con que objeto diputado?

El diputado Gilberto Ensástiga Sigala (desde su curul): Para hechos.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Para hechos, pero sólo por tres minutos diputado.

El diputado Gilberto Ensástiga Sigala (PRD): Solamente para hacer dos planteamientos que a mí me parece es importante quede registrado en el Diario de los Debates.

Primero, señalar que hay un recurso de inejecución de sentencia y este recurso de inejecución de sentencia, ha entrado a un proceso en donde EUMEX tiene que demostrar el universo de mutis en donde ellos dicen estar afectados, porque hay una incongruencia en todos los números que han dado, hay una incongruencia y en ese sentido, no puede establecerse, así lo ha determinado el juzgador con precisión...

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado Ensástiga. El diputado Kahwagi, a ver, díganos diputado .

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (desde su curul) A ver, si el orador me acepta una pregunta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli:¿Acepta usted una pregunta?

El diputado Gilberto Ensástiga Sigala: Si, nada más concluyendo, por favor.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (desde su curul): O sea, no.

El diputado Gilberto Ensástiga Sigala: Sí, si, nada más concluyendo.

Entonces me interesa dejar muy claro este asunto, el de carácter legal. Entonces el juez, el juzgador en estos momentos no puede determinar de qué forma tienen que actuar las autoridades. Hay, insisto un recurso de inejecución de sentencia, por lo tanto es falso que se diga aquí que hay desacato. O sea, eso es falso.

Segundo. Me parece que es muy importante que el punto de acuerdo que hoy votemos, no sea utilizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué quiero señalar lo siguiente? Aquí se sostiene que se están violando los derechos de los trabajadores.

Efectivamente, la información que nosotros tenemos, se han remitido al Ministerio Público a trabajadores que han dañado las banquetas, que han dañado el mobiliario urbano y que están tratando de instalar parabúses sin respetar el reglamento que establece de qué forma puede instalarse la publicidad; porque este acuerdo que aquí votemos, en donde el Congreso exhorte al Jefe de Gobierno, puede ser utilizado para darle un manejo político y decir que el Congreso Mexicano está respaldando los dichos que ellos nos han venido a presentar y que sin duda nosotros rechazamos y que no estamos de acuerdo.

Compañeras y compañeros, es desafortunado que se utilice una vez más el Congreso para pagar favores, Kahwagi; para pagar favores.

Sí, adelante.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, (desde su curul).- Usted sabe, señor diputado, que cuando se hace valer la inejecución de sentencia ¿es precisamente porque no se acató la sentencia? ¿Sí sabe eso? Y eso es lo que está sucediendo en este momento. En ese momento hubo una sentencia que ustedes no acataron y por eso está el incidente de inejecución de sentencia. ¿Sí sabe o no sabe? No le escucho.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago.- ¿Puedo contestar, Presidenta?

Bueno, le voy a contestar y después le voy a dar una explicación. Sí sé. ¿Ya?, ¿responde eso? Pues sí sé, usted me pregunto si sabía o no sabía. Sí sé.

El diputado Arturo Nahle García, (desde su curul).- Señora Presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Con qué objeto, diputado Nahle?

El diputado Arturo Bahle García, (desde su curul).- Para hechos.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene el uso de la palabra el diputado Nahle, hasta por tres minutos.

El diputado Arturo Nahle García (PRD): Yo voy a dar respuesta a su pregunta, diputado Kahwagi. Creo que primero debemos abordar este tema con seriedad y con respeto.

Sí, tiene usted razón, diputado. Efectivamente, hay una sentencia de amparo que ganó la empresa que no sé si usted representa, EUMEX; Sin embargo, permítanme, repito, con toda seriedad y respeto, comentar el antecedente muy brevemente de este asunto:

La relación entre EUMEX y SERVIMET data desde la década de los 90´s. A SERVIMET le dieron un permiso denominados PATR (¿) para que pudiera explotar en la Ciudad de México estos espacios que se conocen como paraderos de autobuses. SERVIMET a su vez concesionó este permiso, lo cedió a una empresa llamada "COPASA"; la concesión fue por tres años. Terminó la relación con COPASA y ésta a su vez la transfirió a EUROMEX.

Sin embargo, vinieron las dificultades porque estaban haciendo, desde el criterio del Gobierno de la Ciudad de México, un uso inadecuado del permiso, no en los términos establecidos en el propio permiso y entonces vinieron las diferencias. Un día antes, un día antes de que concluyera el Gobierno de Oscar Espinosa Villarreal, le dieron a esta empresa una prórroga de la concesión hasta el 30 de septiembre del 2012, del 2012.

Viene entonces la acción del gobierno capitalino para cancelar estos permisos. La empresa interpuso dos amparos, diputado y con esto voy a concluir:

El amparo 182/99 y el amparo 55-2003. Los dos amparos efectivamente los ganó la empresa que usted representa. El primer amparo, el 55-2003 se dictó una sentencia que está debidamente cumplimentada en sus términos. En el segundo amparo el amparo 182/99 también vale la pena señalar que el 30 de junio del 99 se les concedió el amparo para efectos; se fueron a una revisión; el tercer Tribunal Colegiado de Circuito, confirmó la sentencia; al no haberse cumplido la sentencia, se va a un incidente de inejecución que está en trámite …

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito diputado Nahle.

Sonido en la curul del diputado Franco.

El diputado Pablo Franco Hernández (desde la curul) Para suplicar se consulte al diputado si acepta una pregunta.

El diputado Arturo Nahle García: Sí, claro.

El diputado Pablo Franco Hernández (desde la curul) Si nos puede informar en qué sentido fueron resueltos los amparos a que se ha referido el diputado Kahwagi.

El diputado Arturo Nahle García: En el caso del amparo 55/2003, la sentencia de 31 de octubre negó el amparo a Euromex. Se sobreselló por lo que hace al Jefe de Gobierno y al Oficial Mayor. Se interpuso un recurso de revisión ante el 7o. Tribunal Colegiado. Este Tribunal Colegiado revocó la sentencia y otorgó el amparo a la quejosa para el efecto de que se le diera la garantía de audiencia. Es lo que se denomina un amparo para efectos.

Considerando esta sentencia dictada dentro del recurso de revisión, se subsanó y finalmente el propio Tribunal Colegiado dio por cumplida en sus términos la sentencia. Con eso contesto al primera parte de su pregunta, el primer amparo; es un amparo que se ganó y que se cumplió.

El segundo amparo el 182/99 el 30 de junio de 1999 -estoy contestando con todo respeto.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Continúe diputado.

El diputado Arturo Nahle García:… el 30 de junio de 99 se concedió el amparo para el efecto de que las autoridades responsables dejaran in subsistente todo acto y restituyeran a la quejosa, a la empresa, el goce de las garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes.

Se interpuso por parte del gobierno de la ciudad un recurso de revisión ante el Tercer Tribunal Colegiado y éste confirmó la sentencia. Ante el incumplimiento se interpuso un incidente de inejecución que está actualmente radicado en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que no ha resuelto. Si usted quiere que hagamos un exhorto en esta Cámara, habrá que hacerlo en todo caso a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no ha resuelto este incidente por una sencilla razón: porque la quejosa o sea la empresa que usted representa diputado Kahwagi, no ha especificado cuál es el número y la ubicación de los mupis; fueron ya ofrecidas pruebas por la quejosa y por las autoridades …

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado Nahle ha concluido su tiempo.

El diputado Arturo Nahle García: No. Estoy contestando la pregunta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: No, era la otra-

El diputado Arturo Nahle García: Concluyo. Se está en espera de la resolución por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por cierto hay cientos de incidentes de inejecución en contra del Presidente de la República, de gobernadores y de infinidad de autoridades.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias.

Ha solicitado para hechos la palabra el diputado Federico Doring Casar, del Partido Acción Nacional hasta por 3 minutos.

El diputado Triana, favor de sonido en su curul.

El diputado Jorge Triana Tena (desde su curul) Diputada presidenta, para hacerle una solicitud respetuosa a que cumpla usted por favor con su trabajo, que se abstenga de tomar parte en el debate y de darle más tiempo mañosamente a los legisladores de su partido. Es una práctica que no cabe en este Recinto y se está bajando el nivel del debate. Por favor absténgase de esa práctica, es una solicitud muy respetuosa.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Le agradezco mucho su propuesta, pero he sido absolutamente respetuosa de todos y todos nos hemos tratado igual.

Al señor le hicieron unas preguntas, si usted le quiere hacer también al diputado Döring, adelante pero ha sido para todos igual y le agradezco, sin embargo respeto su propuesta porque es un par igual que yo, sin embargo he sido absolutamente respetuosa en todos los casos. Por favor.

El diputado Federico Döring Casar (PAN): Gracias. Con la venia de la Presidencia.

Sin aludir a nadie ni con la intención de faltarle el respeto a nadie, quiero señalar que el fondo jurídico del asunto será resuelto por el Poder Judicial de la Federación en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre eso, Acción Nacional no tiene mayor cosa que decir en esta tribuna.

Lo que quiero precisar es este comentario de la maledicencia sobre el senador Fauzi Hamdam. Cierto es que uno de los abogados que ha contratado la empresa EUMEX (?) es el senador Fauzi Hamdam. Cierto es y noble sería decir con veracidad, que fue contratado antes del primero de diciembre del ’97, es decir antes de que el Partido de la Revolución Democrática gobernara por mandato de los ciudadanos de esta capital de la ciudad de México.

Y también sería cierto, noble y ético reconocer que otro de los abogados de la empresa es Néstor de Buen, connotado abogado laboralista (sic), asesor del Gobierno de la Ciudad y cercano al Partido de la Revolución Democrática. No es un pecado ejercer la profesión de abogado; no es un pecado defender la ley, es un pecado decir una verdad a medias porque aquí se vuelve una mentira absoluta. Gracias.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:

(Votación)

Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa:

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El mismo Secretario: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:

(Votación)

Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa:

(Votación)

Gracias. Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada y comuníquese.

Se encuentran aquí, en este Recinto Parlamentario, el doctor Lázaro Masón, Presidente Municipal de la ciudad de Iguala, Guerrero y todo su equipo del cabildo.

Sean ustedes muy bien venidos. ( aplausos)

A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación a la problemática de las cajas de ahorro en el estado de Jalisco, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (PRD): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. A nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, pongo a consideración de esta Asamblea lo siguiente:

Que mediante un escrito suscrito por el Consejo Nacional de Ahorradores y la Comisión de Ahorradores afectados en el estado de Jalisco, del 16 de febrero de este año; presentado a esta Cámara de Diputados y turnado a la Comisión en el que se manifiesta que el gobierno del estado de Jalisco no ha firmado el convenio según lo establecido por la ley llamada de "Fideicomiso pago", para efecto del pago a siete cajas de ahorro popular ya auditadas, con un monto aproximado de 105 millones de pesos y para beneficio de aproximadamente cinco mil personas, según lo informó el comisionado de dicho fideicomiso, el pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social emitió un acuerdo por el cual constituyó un grupo de trabajo de la Comisión, integrado por los diputados federales Alfredo Rodríguez y Pacheco, David Ferreira Martínez y Cesar Amín González Orantes, mismos que forman parte de cada grupo parlamentario, para efecto de que solicitaran información al titular del Ejecutivo del estado de Jalisco y al honorable Congreso de dicha entidad.

De acuerdo al informe que se rindió por parte del grupo de trabajo, los ahorradores no han recibido el pago de sus ahorros en virtud de que el gobierno del estado no ha firmado el convenio que señala la ley que crea el fideicomiso pago.

Asimismo, los diputados locales señalaron al grupo de trabajo que estaban estudiando la posibilidad de ajustar el presupuesto de egresos de dicha entidad federativa para hacer frente al problema.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social pone a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución.

Primero. Exhortar respetuosamente al Congreso del estado de Jalisco a efecto de que revise y ajuste el presupuesto de egresos con el objeto de liberar recursos suficientes para el pago de los ahorradores defraudados.

Segundo. Se exhorta responsablemente al gobernador del estado de Jalisco para efecto de que formalice el convenio autorizado por el comité técnico del fideicomiso Pago. Es cuanto, señora presidente.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Saucedo. Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Se considera de urgente resolución. En virtud que a esta presidencia no han llegado solicitudes para hablar a favor o en contra, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El mismo Secretario: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.

A continuación tiene la palabra el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación a la revisión del sistema de asignación de pensiones a los militares retirados o jubilados para el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del 2005.

El diputado Rene Meza Cabrera (PRI): Con su permiso, diputada presidenta. Diputadas y diputados: el suscrito, diputado federal, presento proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes consideraciones.

El soldado mexicano es el más cumplido de todos los servidores públicos. Entrenado para la defensa de la integridad nacional, es experto en el manejo de todas las armas y al mismo tiempo tiene algún oficio de carácter civil, siendo electricista, plomero, carpintero, etcétera.

Además, la oficialidad egresa de las escuelas, institutos y universidades militares con títulos profesionales en las licenciaturas de las variadas ciencias. También conforman el saber humano y alcanzan la categoría de diplomado de estado mayor.

Los integrantes del Ejército mexicano alcanzan una óptima preparación física, mental y profesional.

"La callada y continua actividad de oficiales y soldados rara vez es reconocida y menos recompensada y a sus acciones militares y servicios civiles se les concede escasa o nula importancia, siendo poco conocidas las ocasiones en que son condecorados por actos relevantes o perseverancia en el Ejército.

"Al igual que el servidor civil el militar percibe una pensión significativamente menor que el sueldo que tenían cuando estaban en servicio, disminución que decrece en proporción al mayor grado alcanzado en la carrera militar que es el de General de División, quien al retirarse del servicio activo recibe como pensión mensual el equivalente al haber de un capitán primero.

"Igualmente la porción que se asigna al soldado jubilado es también exigua que a veces apenas rebasa un salario mínimo, en similares condiciones se encuentran los miembros jubilados de la Armada Mexicana.

"Por lo expuesto y fundado me permito proponer a esta honorable asamblea el siguiente

"Punto de Acuerdo:

"Único.- Que la Comisión de Defensa Nacional de esta H. Cámara de Diputados convoque a la dirección del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para que juntas revisen el sistema de asignación de las pensiones a los militares retirados o jubilados y se calculen los aumentos necesarios para ajustarlos a la actual situación económica y probable incremento de la inflación en el próximo año y lo comunique a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que ésta lo incluya en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2005.

"Atentamente.

"Sala de sesiones".

El Presidente Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Muchas gracias, Diputado. Túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional.

Tiene la palabra el señor diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice las gestiones correspondientes para esclarecer la donación de la Academia de Policía del municipio de Tehuacan, realizada al gobierno del estado de Puebla.

El diputado Felipe de Jesús Díaz González (PAN): Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Legisladores:

"Con fecha 15 de agosto de 2002, en sesión ordinaria del cabildo del municipio de Tehuacan, Puebla, se aprobó y se autorizó la realización de la compra-venta para la construcción de la Academia de Policía Municipal. Siendo la finalidad y naturaleza de dicha operación tener cuerpos policiacos con mayor capacitación en dicho municipio.

"En total la inversión de la Academia de Policía es de aproximadamente 5 millones 500 mil pesos. Para efecto del equipamiento la aportación de recursos federales fue de 700 mil pesos adicionales, siendo esta última premisa donde quisiera recalcar la importancia del otorgamiento de los recursos federales. Está como una de las facultades exclusivas de este órgano legislativo federal enmarcada en la fracción IV del artículo 74 constitucional.

"Es nuestra facultad como representantes de la nación velar por el sano aprovechamiento de los recursos federales, así como vigilar el destino de los recursos públicos utilizados para los fines que fueron destinados.

"Una de las facultades que como Cámara de Diputados ostentamos es la fiscalización, la responsabilidad enmarcada en el artículo 79 de nuestra Constitución, en tanto se cuente con recursos federales emanados hacia las entidades federativas de los municipios y los particulares. Así la decisión de donar la Academia de Policía bajo la petición de un fax simple que emitió la Subsecretaría Jurídica dependiente de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla.

"Así la formalidad en los procedimientos que se deben de seguir para la donación se ha visto enmarcada dentro de un escenario no muy claro, dejando a la interpretación errónea del procedimiento en el cabildo.

"Por lo antes expuesto me permito someter el siguiente

"Punto de Acuerdo:

"Que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en las fracciones I y III del artículo 79 constitucional, así como el título tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, lleve a cabo las gestiones necesarias a efecto de aportar claridad al uso de los recursos federales por parte del municipio de Tehuacan y del estado de Puebla".

Es cuanto compañeros. Y solicito a la Presidencia se inserte en el Diario de los Debates, debido al tiempo que tenemos. Gracias.

(aplausos)

El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para que en la Ley de Ingresos de la Federación se otorgue un estímulo fiscal a los cruceros, yates y embarcaciones turísticas extranjeras en materia del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

La diputada Irma Figueroa Romero (PRD): Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Legisladores: La industria turística nacional se ha consolidado en los últimos años como el sector productivo más importante.

"En el año 2003 se captaron más de 9 mil 400 millones de dólares gastados por turistas extranjeros. Esta industria aporta al país el equivalente al 8.3 por ciento del Producto Interno Bruto, así como 2 millones de empleos directos aproximadamente.

"Nuestra inmejorable ubicación geográfica, entre otras condiciones, ha permitido que nos hayamos convertido en el primer receptor mundial de turistas por cruceros.

"El proyecto turístico de mayor envergadura para la actual administración federal, es el desarrollo de la denominada Escalera Náutica, donde se tiene prevista la creación de 22 marinas que prestarán los servicios de arranque, suministro de combustible, avituallamiento, radio-comunicación, marina seca, reparaciones, alojamiento y auxilio.

"Existe una traba que ha impedido el desarrollo y la consolidación del turismo náutico en México, es el altísimo precio del diesel marino que comercializa PEMEX, el cual es mayor al precio internacional; aproximadamente al doble.

"Las líneas de cruceros están obligadas al pago de Impuesto Especial para Producción y Servicios por la compra de combustible, por ello las grandes embarcaciones que cuentan con mayor autonomía de navegación evitan cargar combustible en nuestro país y lo hacen en el extranjero, lo determinan comprando el diesel mexicano exportando a un precio menor.

"Las embarcaciones menores han preferido reducir sus visitas a México e incluso cancelarlas, ya que el precio del diesel marino hace incosteable su navegación.

"Una manera de enfrentar el flujo de embarcaciones marítimas extranjeras hacia nuestro país, es igualar el precio del diesel marino al nivel de otros países, haciendo competitivo el producto y una forma de asegurar que el producto se utilizara exclusivamente en embarcaciones extranjeras con vocación turística, es que PEMEX otorgue las franquicias de estaciones de servicio a las marinas; el precio del diesel se facturaría en el IEPS desglosado y el consumidor propietario de una embarcación con bandera extranjera, podría solicitar la devolución del impuesto.

"Es necesario establecer un precio competitivo internacional para el diesel marino, con lo cual se estima atraer un mayor número de embarcaciones de turistas a México, mediante el otorgamiento de un estímulo fiscal en la Ley de Ingresos de la Federación a los cruceros, yates y embarcaciones turísticas extranjeras, consistente en el monto total del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que se cause.

"Proposición con Punto de Acuerdo.

"Único.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público, al analizar la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2005, deberá revisar el posible tratamiento de un estímulo fiscal a los cruceros, yates y embarcaciones turísticas extranjeras que adquieran combustible en territorio nacional y que permanezcan en aguas nacionales visitando 2 ó más puertos por un mínimo de 96 horas en el mismo recorrido en el que se avituallen del combustible consistente en el monto total del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que se cause".

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el señor diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al TRIFE, a la FEPADE y a la PGR a agilizar el esclarecimiento de las irregularidades cometidas por el gobierno y el Instituto Electoral del Estado de Chiapas, durante el proceso electoral.

Y esta Presidencia anuncia que será el último punto del orden del día visto en esta sesión.

El diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

Los que suscriben diputados federales del grupo parlamentario del PRI en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los Artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición, con Punto de Acuerdo, de conformidad a las siguientes

Consideraciones

Los chiapanecos acudimos a las urnas el pasado 3 de octubre del presente año, haciendo uso pleno del voto libre, derecho consagrado en nuestra Constitución, sin embargo, el Ejecutivo chiapaneco, en un acto por demás antidemocrático e irrespetuoso de la voluntad popular, se erige como señor, como juez, como espada flamígera, para imponer mediante el atraco electoral a los diputados locales y presidentes municipales, con sucios intereses personales que distan mucho de los intereses del pueblo chiapaneco.

Desde el Palacio de Gobierno en Chiapas, se ha alentado la mentira, la calumnia, la venganza, el despotismo y el autoritarismo intransigente de quien parece hoy haber olvidado que la voluntad popular del pueblo chiapaneco, lo mandató para gobernar con honestidad y con imparcialidad, cuestión que a todas luces y a la vista de todos no se cumple.

El gobierno de Chiapas emplea la violencia para lograr sus fines, oprime las libertades políticas y civiles, pero, peor aun, comete fraudes electorales. Un gobierno, como el chiapaneco, que no respeta la garantía jurídica de los derechos fundamentales, que arremete, que reprime, que discrimina, es un gobierno no democrático, en el que permea la ingobernabilidad, provocando en la entidad desestabilización social.

Ante esto, que desde la más alta tribuna de la nación, por la trascendencia y gravedad del asunto, se somete a la Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, a la Procuraduría General de la República, se sirvan agilizar las acciones y diligencias necesarias, para el esclarecimiento de las irregularidades cometidas por el Gobierno del Estado de Chiapas y por el Instituto Electoral del mismo, durante el proceso electoral para la elección de ayuntamientos y diputaciones locales de mayoría, así como las irregularidades cometidas durante la jornada comicial en los municipios de Tapachula, Pïchucalco y Reforma, así en los Distritos Electorales XVIII, XIX, con sede Tapachula, Trinitaria y el 24 de Cacahuatán.

SEGUNDO.- Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Desarrollo Social, para que de inmediato se haga una auditoría de los recursos federales que se dictan desde esta Cámara de la Unión.

Es cuanto señor presidente, y solicito a la presidencia se incluya el texto íntegro del presente Punto de Acuerdo en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación.

En virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión, proceda la Secretaría a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión, el cual incluirá los asuntos no abordados en ésta.

Discúlpeme, sonido en la curul de don Pedro Avila Nevares, ¿con qué objeto?

El diputado Pedro Avila Nevares (desde su curul): Quería pedirle, señor presidente, en virtud de que están aquí desde hace muchas sesiones los trabajadores del INEGI y se iba a leer un Punto de Acuerdo en la sesión del día de hoy sobre el despido de ellas, le preguntara usted a la Asamblea ver si es posible que nos den oportunidad de leerlo, por favor.

El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: En atención a la petición de don Pedro Avila Nevares pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de modificarse el Orden del Día para que suba a exponer un Punto de Acuerdo de los trabajadores de INEGI:

El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia se pregunta si se modifica el Orden del Día aceptándose la participación del Punto de Acuerdo del diputado Avila Nevares.

Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

(Votación)

Los que estén en contra, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa diputado presidente.

El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Avila Nevares del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proposición con Punto de Acuerdo para solicitar la reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente por el titular del INEGI.

El diputado Pedro Avila Nevares (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Compañeros legisladores, compañeras legisladoras:

El suscrito Pedro Avila Nevares, diputado federal de la LIX Legislatura por el estado de Durango, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo como asunto de urgente y obvia resolución para solicitar la reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente por el titular del INEGI. De esta solicitud conforme a los siguientes:

Los trabajadores de este país sufren una gran embestida por parte de algunos colaboradores del titular del Poder Ejecutivo, en contubernio con las autoridades laborales de los distintos niveles, violentando los derechos de la clase asalariada de este país. Las decisiones de las autoridades laborales y la falta de firmeza en la ejecución de la ley, así como la interpretación que de ella hacen los miembros de los órganos encargados de impartir justicia, hacen urgentes las reformas que frenen la impunidad con la que estos servidores públicos ejercen su función.

Es hora de empezar a revisar cómo poner freno a la injusticia creada desde las instancias que deberían impedirla. Un ejemplo de esta gran embestida en contra de los trabajadores de México es el cinismo con el que se conducen los funcionarios del actual gobierno y demuestra el nivel de injusticia que vive la clase trabajadora.

Desde el año 1998 más de 2 mil trabajadores del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, decidieron demandar en calidad de trabajadores de base, ya que cumplían un promedio de 10 años de servicio dentro de este instituto. Dichos trabajadores fueron despedidos sin considerar que los programas de trabajo continúan vigentes hasta la fecha y que éstos son de carácter sistemático y continuo. La oferta del Director del Instituto fue: "o se desisten de sus demandas o no hay trabajo" . O lo que es peor; la argumentación del Director Jurídico del INEGI, afirmar que para él es más fácil pagar a un magistrado que pagar lo que se les debe a los trabajadores.

Desde hace más de 7 meses estos trabajadores están en un plantón en la Secretaría de Hacienda, en espera de que el titular de esta dependencia resuelva sus justas demandas, pero al parecer éste ni los ve ni los oye, como decía el nefasto Salinas de Gortari, por lo que es una obligación de esta Cámara coadyuvar a reparar el daño que este gobierno ha causado a estos trabajos.

Por los argumentos expresados anteriormente y con la congruencia en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interno que rige la vida institucional de esta Cámara, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Que se conforme una subcomisión encargada de revisar el trabajo de los órganos encargados de la justicia laboral de este país, así como también se cite a comparecer a los magistrados de los Tribunales Colegiados del Primer Circuito en materia de Trabajo, 10º y 12º, con el fin de que expliquen la situación que guardan los expedientes promovidos por los trabajadores del INEGI.

Segundo. Que esta Cámara de Diputados incluya dentro del Presupuesto de Egresos para el año 2005 la creación de 2300 plazas de base para la reinstalación de los trabajadores despedidos por el actual titular del INEGI, mismos que conforman la Coalición de Trabajadores del INEGI.

Asimismo, me permito solicitar a esta asamblea considere este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, dada la situación económica que viven los despedidos del INEGI y el nivel de desesperación por la retrasada solución de sus planteamientos.

Muchas gracias compañeros diputados. Gracias. También a los compañeros del PAN les doy las gracias. Muchas gracias.

El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y que se inserte el texto íntegro.

Consulte la Secretaría a la asamblea si el punto de acuerdo de don Pedro Ávila Nevárez, se considera de urgente resolución, en la inteligencia de que se requiere una mayoría calificada para proceder.

El Secretario Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

(Votación)

Gracias.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces declara que el tema está suficientemente discutido.

Pregunte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea, si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

(Votación)

Gracias.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. (aplausos)

Comuníquese.

Continúe la Secretaría con la lectura del orden del día de la siguiente sesión.

El Secretario Antonio Morales de la Peña:

Da lectura al orden del día de la próxima sesión

El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: En principio los asuntos no abordados en ésta, señor Secretario.

Esta Presidencia tomará como registro final de asistencia la última de las votaciones nominales.

(A las 18:00 Horas) Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá verificativo el jueves 28 de octubre a las 10:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30.