El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: Pido a la secretaría hacer del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de los ciudadanos diputados asistentes a esta sesión.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 402 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones (11:15 horas): Se abre la sesión.
Consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: Se dispensa la lectura.
Al igual que en el punto anterior, proceda la secretaría a consultar a la asamblea si le dispensa también su lectura al acta de la sesión anterior, ya que está publicada en la Gaceta.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor
(Votación)
Los que estén en contra..
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: Se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
Proceda la secretaría a poner a discusión entonces el acta.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor
(Votación)
Los que estén en contra.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: Está aprobada el acta.
Proceda la secretaría a resolver comunicaciones.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(OFICIO DEL DIPUTADO JAVIER GALVAN GUERRERO)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: De enterado.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA EN RELACION A CAMBIO DE INTEGRANTE DE LA MESA DIRECTIVA DE COMISION)
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: Aprobada.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(COMUNICACIÓN DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: De enterado, remítase al archivo para consulta de los ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(COMUNICACIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL RELATIVOS A ACUERDOS RELATIVOS AL PROCESO DE DECLARACION DE PROCEDENCIA EN CONTRA DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: De enterado.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura, por el que informa el acuerdo de que declare que no ha lugar a proceder en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y que no ha lugar a retirarle el fuero constitucional)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: De enterado.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(De la comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por PEMEX, con el que remite el Informe correspondiente a la gira de trabajo realizada en el estado de Veracruz).
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se realicen las gestiones necesarias para lograr la coordinación con el Procurador General de la República que nos lleve, en el ámbito de nuestras respectivas competencias, al cabal cumplimiento de lo que en el mismo se establece).
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: Remítase a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Derechos Humanos.
La Secretaria diputado Graciela Larios Rivas:
(Oficio de la Secretaria de Gobernación. Del C. Diego José Garibay y García de Quevedo, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de Suecia en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los Estados de Colima y Jalisco).
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputado Graciela Larios Rivas:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación. De los CC. Guillermo Daniel Prior Ortiz, Víctor Alfredo Herrera Avila, Lourdes Aide Berger Armendariz, Mónica Sabrina Nava Garcés, Susetre Trinidad Vázquez Gudiño, Ana Laura de la Torre Saavedra, Martha Elena Muñoz Pérez y Mary Anne colín Gascón, puedan prestar servicios en la Embajada de la República de Sudáfrica; en los Consulados generales de los Estados Unios de América en ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Tijuana, Baja California y en la embajada de los Estados Unidos de América en México, respectivamente y comunica que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Ana Clotilde Escobar Ancheta y Carlos Calderón Loeza.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación.
Por lo que hace a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Oficio con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente durante el Primer Receso, del Segundo año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Doce oficios con los que se remiten contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítanse a las Comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Da lectura al oficio de la Cámara de Senadores en el que transcribe acuerdo por el que se adhiere al aprobado por la Cámara de Diputados para exhortar al Ejecutivo Federal a efecto de que por medio de las instancias que correspondan vigile la estricta aplicación de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a las Comisiones de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con Proyecto de Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peañ:
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El siguiente punto del orden del día es posicionamiento de los grupos parlamentarios en relación con los derechos humanos en el mundo y sobre la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Instruya, previo al posicionamiento, la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Diputado Presidente: Hay una asistencia de 412 diputadas y diputados.
Se recuerda que tienen 15 minutos para hacer la asistencia por cédula.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Conforme al orden en que se han registrado los ciudadanos diputados, tiene la palabra el señor diputado Jesús Martínez Alvarez, del Partido Convergencia, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Martínez Alvarez: Con su permiso Presidente.
Compañeras y compañeros:
El tema de los derechos humanos que hoy ha sido puesto en esta agenda política no pretende de ninguna manera resaltar las diferencias entre los diferentes partidos, ni mucho menos tampoco el hecho de reclamar al Ejecutivo Federal el que no haya escuchado el consenso mayoritario, el año pasado, para que se abstuviera de votar o presentar el voto de México en el pasado año, con motivo de la celebración de los derechos humanos precisamente en Suiza.
Para el grupo parlamentario de Convergencia el objetivo de este posicionamiento es muy claro. Por una parte. es urgente definir una política de Estado de derechos humanos y en este sentido queremos reconocer, desde luego, que el pasado 10 de diciembre del 2004 el Ejecutivo Federal ya presentó su Programa Nacional de Derechos Humanos; y por otra parte también destacar de que ya se encuentra una iniciativa en el Senado, y que tengo entendido también de que ya se encuentra a discusión el dictamen, con el objeto de que los derechos humanos formen parte de nuestra Carta Magna. Y en esto creo que a todos nos conviene.
El Ejecutivo Federal destaca y señala de manera contundente de que es importante ya terminar con todos aquellos vaivenes políticos que se presentan y tampoco estar sujetos a calendarios electorales. Señala también en su programa que los derechos humanos deben de convertirse en el eje fundamental de su política.
Ante esta situación y quizás las cosas más destacadas, importantes, señalaría las siguientes:
Se destaca que en el Capítulo Número Uno se agregue "de los derechos fundamentales y de las garantías individuales". Esto trae como consecuencia que los derechos humanos establezcan ya dentro de nuestra Constitución título de propiedad, por llamarle de alguna manera, y en este sentido la violación de cualquiera de los derechos humanos traería como consecuencia, incluso el hecho de poderse amparar contra la violación de alguno de los derechos considerados y por otro lado se está viendo una visión integral de lo que deben ser los derechos humanos.
Pero el tema, el tema que hoy nos ocupa es para que este pleno de la Cámara de Diputados exhorte, precisamente por congruencia, al Ejecutivo Federal para que en la sesión que se celebrará en Ginebra, Suiza, a partir del día 14 de este mes, esta misma semana, se vote en contra de la resolución que va a presentar, sin duda alguna o ya está considerada en la agenda de los derechos humanos de un voto, para nuevamente insistir en ese diferendo ancestral que tiene Estados Unidos con Cuba.
Creo que ya no podemos seguirnos sumando a este tipo de actitudes, cuando vemos cómo se violan los derechos humanos en diferentes partes del mundo sin que ningún país alce la voz para condenarlos. Ya no queremos hablar de lo que ha sucedido en el pasado y en el presente con las famosas guerras "humanitarias" y hoy las famosas guerras "preventivas", que no tienen otro objeto más que el seguir permitiendo la intromisión del país más poderoso en la vida interna de los países.
Por lo tanto, simple y sencillamente le pedimos al Ejecutivo Federal, que de acuerdo con su propuesta se atenga a lo señalado en el artículo 89 fracción X, para que el voto de México sea un voto en contra de todo aquello que afecte la dignidad el pueblo y del gobierno cubano. De esta manera, la congruencia y la precisión de nuestro voto evitará para que sigamos siempre sujetos a estos juegos olímpicos que se presentan en este tipo de eventos de carácter internacional.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.
Tiene la palabra con el mismo propósito, el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
Como sabemos, en el seno de las Naciones Unidas se está dando actualmente la discusión sobre el respeto a los derechos humanos en el mundo.
En la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que el respeto a estos derechos es un ideal común para todos los pueblos y las instituciones deben de promover y enseñar como valor fundamental de nuestras sociedades.
Sin embargo, este ideal choca abiertamente con la realidad que rodea a las naciones capitalistas, porque como parte de ellas el Estado tiene una naturaleza de clase que representa los intereses de los más poderosos, sólo así podemos entender el por qué los estados asumen posturas autoritarias en el plano interno y en el plano externo, en contra sobre todo de los sectores sociales que son una amenaza a esos intereses materiales, políticos, ideológicos y económicos.
Partiendo de las premisas anteriores, cualquiera podrá entender que el respeto a los derechos humanos es inviable en las sociedades clasistas, por esa razón el derecho a un salario digno, a la educación gratuita, a la igualdad ante la ley y a la seguridad social plena, se vuelven meras ilusiones ante una realidad avasalladora que niega esos derechos a los más débiles.
Compañeras y compañeros diputados, el respeto a los derechos humanos se ha transformado en una temática que se ha manoseado y utilizado con fines políticos e ideológicos. Por eso, nos parece una falsedad y un acto demagógico que los Estados Unidos de Norteamérica intenten convertirse en paladines de los derechos humanos en el mundo.
Llama poderosamente la atención que con descaro y cinismo se atrevan a calificar el desempeño de los gobiernos de otras partes del mundo en esta materia que analizamos y es el respeto a los derechos humanos, cuando sabemos que ellos son los que más han pisoteado, cercenado y violentado los derechos humanos de los pueblos del mundo a lo largo de su dominio imperial tan extenso y tan largo.
Las muertes de cientos de miles de víctimas civiles e indefensos en Irak y en Afganistán, son un claro ejemplo de ello. Hoy no les ha quedado otra que actuar directamente en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presentando una moción contra Cuba, por una supuesta violación a los derechos humanos.
Hoy ya no encontraron eco sus perversidades, porque ningún gobierno del mundo se prestó a hacer comparsa de lo que viene haciendo cada año en contra de la hermana República de Cuba. Incluso Cuba ha salido más fortalecida contra esos ataques arteros, infundados y embusteros del gobierno norteamericano.
La firma de apoyo al pueblo cubano y a su gobierno por más de 4 mil distinguidas personalidades del mundo que rechazan la propuesta de condena contra Cuba, que implementa Estados Unidos, es una prueba fehaciente y documentada de quien tiene la razón.
A nosotros nos queda claro que el Estado Cubano podrá ser criticado por los opositores a este modelo, pero su situación está muy lejos de compararse con los Gobiernos que no respetan los derechos humanos en otras partes del mundo.
Nadie puede negar los avances que ha logrado el Estado Cubano, en las materias de Educación, Vivienda, Salud, Alimentación, Empleo y Cuidado y Protección al Medio Ambiente.
Estas son realidades incuestionables en la Cuba de hoy, los propios organismos internacionales reconocen los avances que he señalado en las anteriores materias; mientras en otras partes del mundo, la seguridad pública es un asunto que ha rebasado los Estados, en Cuba esta asignatura está plenamente cumplida.
Compañeras y compañeros Diputados, para hablar del respeto real a los Derechos Humanos, tenemos que transitar hacia sociedades que garanticen la igualdad de oportunidades a todos los seres humanos, pero esta es una lucha que tendremos que dar para alcanzar una de las demandas más apremiantes del mundo moderno.
Muchas gracias y es cuanto Diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor Diputado Vázquez.
Tiene la palabra el señor Diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.
Los Derechos Humanos son el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, los cuales deben ser reconocidos positivamente por el Ordenamiento Jurídico a nivel nacional e internacional.
La base del concepto de Derechos Humanos, es el reconocimiento de la dignidad del ser humano, estos derechos son producto de la lucha histórica de los grupos sociales. La internacionalización y la universalización de los Derechos Humanos cobraban ímpetu a partir de 1945 con la creación de la ONU y a señaladamente el 10 de Diciembre de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A partir de entonces, el respeto o violación de los Derechos Humanos ya no pertenecían a la jurisdicción interna de los Estados con la creación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Uno de los foros más importantes del mundo en materia de Derechos Humanos, el trato a la población quedó fuera del resguardo de la soberanía estatal, la Comisión ha ido ampliando, a lo largo de los años, su mandato inicial para ocuparse de toda la problemática de los Derechos Humanos.
Fija las normas por las que se rige la conducta de los Estados y también actúa como foro en el que todos los países, los grupos no gubernamentales y los defensores de los Derechos Humanos de todo el mundo, pueden expresar sus inquietudes
A pesar de la lucha y los avances obtenidos, en la actualidad nos enfrentamos a una gran contradicción; por un lado, los Derechos Humanos aceptados como un discurso formal, como una necesidad para el desarrollo de sociedades más democráticas y participativas; sin embargo, al mismo tiempo cada vez hay más violaciones a los mismos, se vive en un tipo de régimen pero se actúa como si estuvieran en otro.
Los Derechos Humanos no deben ser solamente normas jurídicas nacionales e internacionales, ni son parte únicamente de declaraciones idealistas o abstractas, son procesos de lucha, elementos o símbolos emancipatorios para las personas.
Los Derechos Humanos no deben servir como una bandera para conseguir fines particulares, deben estar basados en los valores de humanidad y justicia y así reconstruirse como instrumentos de crítica, de análisis, de lucha y reivindicación.
Nuestro país ha trabajado en la elaboración de normas y principios que puedan garantizar a las personas el respeto a su dignidad e integridad, que puedan, en suma, permitir a sus ciudadanos y ciudadanas, vivir en libertad y seguridad, bajo el amparo y protección de la Ley.
Sin embargo, no hemos llegado a la meta, la discriminación y la intolerancia persisten en nuestro país, los trabajadores migratorios y sus familias así como los pueblos indígenas, son víctimas sistemáticas de actos de discriminación o racismo, las personas por su discapacidad, por su edad, por su preferencia sexual, así como las mujeres y los niños también, sufren discriminación, intolerancia e incluso son víctimas de trata de explotación sexual.
La historia del hombre parece mostrar que la lucha por acabar con estos hechos es imposible, sin embargo, las construcciones ideológicas sobre la paz, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la inviolabilidad del derecho internacional no han muerto, la lucha continua y hoy debemos refrendar nuestro compromiso.
La situación actual en materia de derechos humanos, no nos demuestra solamente fracasos de las esperanzas fincadas sino que puedan representan también nuevos comienzos para aquellos que siguen en la lucha, para los que estén vivos, el sólo hecho de la continuidad de estos comienzos en la sucesión de las generaciones, garantiza una historia que no tiene fin, ya que es la historia de unos seres cuyo fin primordial es comenzar.
Por ello, comencemos de nuevo y hagamos de las palabras hechos, sólo así podremos llegar a la verdadera democracia.
Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted señor diputado.
El siguiente turno es para el diputado Jorge Martínez Ramos del Partido de la Revolución Democrática, al no encontrarse en la sesión, tiene la palabra el señor diputado Gustavo De Unanue Aguirre del Partido Acción Nacional.
El diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre: Con su permiso señor Presidente.
En el Programa Nacional de Derechos Humanos se enfatiza la protección de los derechos humanos es inherente a la estructura y funciones del estado democrático.
La Constitución y las leyes conforman un sistema para llevar a cabo y salvaguardar esa máxima del Estado, y todas las autoridades desde el ámbito de sus atribuciones y funciones, deben cumplir con este cometido. Existe una clara relación entre el Estado y los derechos humanos, ya que el primero se justifica en el cumplimiento de sus obligaciones relativas a la protección y defensa efectiva de los mismos.
De esta manera sistemáticamente México ha velado por la protección de los derechos humanos, tanto a nivel interno como internacional, particularmente en la Corte Internacional de Justicia con el caso Avena (?) donde se ha velado por los intereses de nuestros connacionales.
En la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra de la ONU, México cuenta con un trabajo amplio, pues su objetivo es elevar los estándares de protección de derechos humanos en el mundo, para ello, México está trabajando en los temas de protocolo facultativo contra la tortura, que ya fue aprobado, convención contra la desaparición forzada, contra la impunidad, reparación de daño en violaciones de derechos humanos.
Además México propone directamente la protección de los derechos humanos en el combate al terrorismo, para ello propone un relator mundial de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, derechos humanos de los migrantes con relator especial, derechos humanos de los indígenas con relator especial, derechos humanos de las personas con discapacidad, acceso para que la mujer pueda tener propiedades, por ejemplo, una vivienda digna, es decir, en México se ha dado un gran avance, pues no sólo acepta la presencia de relatores y observadores internacionales, para que hagan una auditoría con respecto a los derechos humanos de nuestro país, sino que también se han sistematizado las recomendaciones y se ha actuado a favor de ellas, además se han involucrado las autoridades estatales, ya sea por violación o cooperación.
Por ello, México actúa en congruencia con los estándares que ha mantenido dentro de sus fronteras, y respalda pide que por lo menos el mismo nivel de cooperación en el mundo.
En la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, México no propone resoluciones en contra de países sino que busca resoluciones a favor de una causa. Cabe resaltar que dentro de la misma Comisión, el 10% de las Resoluciones se aprueban con respecto a países y el 90% restante es con cuestiones temáticas. En ese último rubro es donde México ha hecho su mayor labor.
En el caso que nos ocupa, en el caso Cuba, se debe enfatizar que éste es un documento en donde se busca la cooperación y no es un documento condenatorio. México apoya las resoluciones con respecto a los países cuando lo que se propone lo que se ha hecho dentro de nuestro país, esto con el fin de guardar congruencia a nivel interno e internacional. México apoya las resoluciones que van por el lado de la cooperación y mecanismos de acuerdo entre los países, jamás tiene una actitud condenatoria. No hemos votado ni vamos a votar a favor de una condena, pues lo único que pedimos es una cooperación para que se dé acceso a la Oficina de Relatores de los Derechos Humanos de la ONU como ya lo hicimos en México.
Lo que se pide a Cuba está en un umbral más abajo de lo que México está aceptando para sí. La presencia de un relator de Derechos Humanos no es una violación a la soberanía de ese país, pues si así lo fuera, ¿por qué en México nadie se ha exaltado cuando recibimos a los relatores para nuestro país? Por ello, México está a favor de la visita de los relatores ya sea en Cuba, en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, siempre y cuando sea esto en favor y en la defensa de los derechos humanos de las personas.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado De Unanue.
Tiene la palabra para terminar con el posicionamiento de los grupos parlamentarios con respecto a los derechos humanos en el mundo, el señor diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso señor Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados.
A nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, hago uso de esta tribuna para fijar nuestra posición con miras a la celebración de la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
La sociedad en todas las regiones del mundo se conforma por mujeres y hombres, es una obligación para cada uno de los países respetar sus calidades, porque los derechos humanos constituyen un tesoro con el que hemos nacido. Ningún ser humano puede atentar contra la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad y la propiedad de los individuos, éstos son los valores que tutelan los derechos humanos y que para vergüenza histórica no fueron reconocidos sino hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de Francia de 1789. México reconoce su importancia en la Constitución General de la República dentro del Capítulo de las Garantías Individuales y en los tratados internacionales, por lo que cumple su compromiso a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como órgano dotado de facultades para intervenir cuando el irracional avance social se dedica a realizar actos destinados a vulnerar al ser humano.
No hace más de un siglo, el autor Tomas Jobbs (¿) advirtió en su obra "El Leviatán", que el hombre es el lobo del hombre; "homo omini lupus est". No podemos continuar viendo que los países del mundo sean parte de una organización como la de las Naciones Unidas, sin que se cumpla la obligación de los gobernados de respetar y velar por preservar los derechos humanos, para después jactarse en la próxima asamblea del avance institucional logrado en la materia.
México de ningún modo está exento de ser el punto de atención y no así por constituirse en un país que ha cumplido con su obligación de respetar los derechos humanos de la población. Un ejemplo claro lo constituyen los fenómenos sociales de los últimos años, en los que el exceso de cumplimiento de la ley y la búsqueda de la supremacía política se ha logrado violar los derechos humanos de los mexicanos, como ocurre en el caso de los programas sociales establecidos dentro del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005, el cual lleva cuatro meses detenido en virtud de un conflicto político, sin que el gobernado sea el beneficiado.
Esos deben ser los grandes retos que los políticos tenemos, el deber de legitimar el interés con que se comparezca en la próxima sesión de las Naciones Unidas, para discutir el fijar posturas ante una Comunidad Mundial que nos observa. Por eso el Gobierno Federal está obligado a asistir con el ánimo de preservar en lo subsecuente los derechos humanos que no ha podido respetar.
Debemos, los actores políticos, las instituciones públicas y privadas, pasar del discurso a los hechos y no sólo composturas como la sucedida ante el mundo el 11 de abril pasado, en que México presentó ante las Naciones Unidas un instrumento de ratificación del protocolo de la Convención contra la Tortura.
Es una necesidad prestar oídos a los gobernados, ya que por ellos es que estamos en estos espacios, frente a ello, la dogmática y la justicia constitucionales, tienen como desafío pendiente revisar sus propias fuentes doctrinarias que le permitan otorgar a los derechos fundamentales un rol protagónico en el fortalecimiento del estado constitucional en México, América Latina y el mundo.
Un reto, un reto más es la atención legislativa que merecen los ordenamientos legales destinados a fomentar la cultura a los mexicanos sobre los derechos difusos que se traducen en la obligación del Estado Mexicano por fomentar un medio ambiente más sano para el desarrollo del gobernador, ésta debe ser la postura del Gobierno Federal en la próxima asamblea, refrendar el compromiso del país por luchar para mantener una vida digna y respetuosa de los derechos humanos, sólo así haremos un mejor país, un mejor lugar para nosotros y nuestras próximas generaciones en México y el mundo.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado Sandoval.
Se encuentran presentes un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Hidalgo, invitados por el diputado Alfredo Bejos Nicolás, a quienes les damos la más cordial bienvenida. (aplausos)
También están con nosotros, un grupo de invitados especiales del Estado de Oaxaca, de la Unión de Organizaciones de Taxistas, invitados del diputado Javier Villacaña Jiménez, reciban también la más cordial bienvenida. (aplausos)
El siguiente punto del orden del día, es posicionamiento de los grupos parlamentarios en relación con el Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar.
Para el efecto tiene la palabra el señor diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, a fin de hacer el posicionamiento por parte del Partido Convergencia.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Compañeras y compañeros diputados:
El 10 de abril de 1919, fue asesinado el General Emiliano Zapata, caído en una celada en la Hacienda de Chinameca en el Estado de Morelos; se cumplieron así 86 años de su sacrificio.
Zapata constituye para la Revolución Mexicana la esencia de su concepción agrarista; uno de los móviles sociales que le dieron sustento a dicho movimiento armado.
Al firmarse el Plan de Ayala, además del desconocimiento que ahí se plasmara contra el Gobierno del Presidente Madero, lo que destacaba era su combate a favor de los campesinos pobres sin tierra, así como la demanda de los que se les restituyera sus tierras a los pueblos indios y que se dotara de ejidos a las poblaciones rurales que nos las tuvieran. Estas demandas fueron la base del agrarismo mexicano, es decir: raíz y razón de Zapata.
Cuando Emiliano Zapata muere, ya el artículo 27 de la Constitución del 17 era la llama legal que normaba prácticamente el probable cumplimiento de las demandas zapatistas, su muerte significó un retraso sociopolítico, cuyo estancamiento fue roto hasta el florecimiento del Gobierno del General Lázaro Cárdenas.
Pero ese atentado antiagrarista, no detuvo las luchas por las reivindicaciones de los pueblos indios y campesinos despojados y si profundizamos en su análisis, éstas continúan.
Pese a los altibajos que ha habido desde ese día que enlutara al campo mexicano, el articulado constitucional, al cual por cierto habría que señalar al diputado constituyente que más se distinguiera en la redacción y defensa del artículo 27, como fue el General Francisco G. Mújica, quien falleciera en la ciudad de México un 12 de abril del 54, sobre el reparto post revolucionario de la tierra, el cual fue encabezado por el lema zapatista "Tierra y Libertad", contenido en el Plan de Ayala que ha sido guía esencial de instituciones educativas post revolucionarias, como actual Universidad Autónoma de Chapingo.
Para el grupo parlamentario de Convergencia, es parte esencial de nuestra historia e identidad nacional, mantener la vigencia de la obra de nuestros luchadores sociales como el caso de Zapata, porque su trayectoria e ideales constituyen uno de los pilares de la fortaleza moral de la nación. Las ideas de Zapata siguen vigentes en este siglo XXI, no sólo por la situación de rezago social que permanece en el campo mexicano, cuyos trabajadores han sido reducidos como ente secundario de la producción económica, sino porque es en las zonas rurales, donde la desigualdad continua.
No debiéramos olvidar en ningún momento que es entre nuestros campesinos pobres y marginados, donde queda todavía el flagelo del analfabetismo, situación de rezago intelectual que fomenta y favorece todo tipo de explotación y degradación sociales. Convergencia considera que la mejor manera de rendir homenaje histórico a nuestros luchadores sociales que han forjado la patria, consiste en mantener la búsqueda de solución a los problemas que en su momento le dieron vigencia.
Hoy, a casi un siglo de su desaparición física, esos anhelos e ideales zapatistas auténticos, son actuales. Por lo tanto, tenemos el deber de encontrar la respuesta concreta de justicia social, a esos rezagos que dieron motivo a aquél levantamiento justificado. No es sólo una expresión meramente simbólica, reconocer que Emiliano Zapata cabalga y seguirá cabalgando en todos los parajes agropecuarios del suelo mexicano, en tanto no se solucionen también, dos problemas que hunden al campo en el abandono social de todas las explotaciones en pleno Siglo XXI.
Uno, el analfabetismo absoluto de los núcleos étnicos, nuestros compatriotas indios y los campesinos marginados, éstos, los que son de "mero abajo". Y el otro, quizás el principal, la terrible desigualdad de las mujeres campesinas, quienes casi sin excepción no disfrutan de ninguna equidad de género y son sometidas, aún por sus propios compañeros de vida.
Por ello, la divisa "Tierra y Libertad", se seguirá escuchando en todos los confines de la patria.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Esta Presidencia también da la más cordial de las bienvenidas a los maestros y alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, que han sido invitados por la diputada Laura Elena Martínez Rivera.
(Aplausos)
Tiene la palabra la diputada María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María Avila Serna: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores:
Narra la historia que el día 10 de abril de 1919, el General Emiliano Zapata Salazar entró a la Hacienda de Chinameca con una pequeña escolta. Durante el mes anterior, el dirigente campesino había recibido informes respecto a que, en el bando enemigo, el Coronel de Caballería Jesús Guajardo tenía profundos desencuentros con Pablo González, aquél sanguinario general constitucionalista designado por Carranza para aniquilar al ejercito libertador del sur.
Después de recibir una carta en la que Zapata lo invitaba a unirse con toda y tropa, Guajardo informó que había que definir los términos. Para ello, Zapata y Guajardo tuvieron un entrevista personal; en ésta el coronel constitucionalista confirmó su decisión y ambos pactaron el encuentro en Chinameca. Lo sucedido ese 10 de abril de 1919 es bien conocido: la traición de Jesús Guajardo se materializó en forma de lluvia de balas que cayó sobre Emiliano Zapata y sus hombres.
El día de hoy conmemoramos un acontecimiento histórico que le ha dado perfil e identidad a la Nación Mexicana; recordamos este día la muerte del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, quien ha sido el símbolo de las luchas de los oprimidos en demanda de libertad y justicia social agraria. Su lucha fue el alma del movimiento de la sociedad agraria donde pelearon por la reivindicación de la tierra, la justicia y la libertad.
Al definir en el Plan de Ayala los reclamos de justicia social para los campesinos, le dio propios (¿) e ideología, sentido y guía al Movimiento Agrario Nacional para convertirse en postulados aún vigentes y de esta forma, su movimiento constituyó los principios que definen la estructura de la propiedad agraria en la norma constitucional.
Es indiscutible que se ha dado un gran paso desde la promulgación del Plan de Ayala para completar el proceso distributivo de la tierra, ideal de Zapata, lucha que significó grandes sacrificios por la resistencia de los terratenientes y caciques que a través de "guardias blancas" asesinaron a líderes y campesinos, tratando de frenar el impetuoso proceso de la Reforma Agraria. Desafortunadamente, en el campo mexicano aún no se han cumplido plenamente los postulados superiores de justicia y libertad enmarcados en los ideales que enarboló el Plan de Ayala.
En el campo prevalecen grandes contrastes: un sector productor moderno y otro donde solamente se alcanza a producir apenas para la subsistencia. Hoy, encontramos un sector agrario y forestal con serias dificultades no sólo para cumplir con la enorme demanda de alimentos que requiere la población nacional, sino también con problemas de competencia desigual, dificultades para producir con mejores sistemas tecnológicos y de carácter financiero y comercial, entre otros.
Nuestro país requiere que la política de precios y sistemas de comercialización tengan una mayor integración, para que los esfuerzos de los campesinos no se pierdan en la inequidad en el mercado.
En los sectores de subsistencia en el campo no basta con el desarrollo de programas coyunturales temporales para atenuar las carencias en alimentación, salud y en educación; sin duda, se requiere fortalecer la política social y productiva de los grupos marginados.
Las condiciones actuales del campo no permiten postergar decisiones y así el ideario de Zapata sigue vigente: la deuda con los campesinos y particularmente con nuestros indígenas, no está saldada. Sólo una reforma agraria integral nos podría llevar hacia la plena justicia social no solamente de discursos, sino de programas y de compromiso de acciones concretas.
Hoy, en el Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata, el Partido Verde Ecologista de México, los exhorta a reflexionar sobre los ideales por los que luchaba este caudillo que sin duda han sido parte fundamental para la conformación de la normatividad agraria. Sin embargo, consideramos que para alcanzar dichos ideales y transitar en este nuevo milenio, es necesario que el nuevo marco legislativo comprometa la acción del Estado y la unidad de lucha de todos los campesinos con sus organizaciones, para alcanzar la justicia y el bienestar para los hombres y mujeres del campo de nuestro país.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada.
Tiene la palabra la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática.
No encontrándose en el salón del pleno, en consecuencia tiene la palabra el diputado Rodolfo Esquivel Landa, del Partido Acción Nacional.
El diputado Rodolfo Esquivel Landa: Con su venia, diputado Presidente.
En nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, conmemoro el recuerdo de Emiliano Zapata, cuyo propósito fundamental fue la defensa del derecho del pueblo a la tierra.
Emiliano Zapata, el hombre de Anenecuilco, estado de Morelos, encabezó uno de los movimientos más importantes, cuya suma dio por resultado ese momento extraordinario del que surgió nuestra historia contemporánea y al que denominamos Revolución Mexicana.
Mientras Francisco I. Madero exigía democracia a través de la convicción en el Sufragio Efectivo y la no Reelección y Francisco Villa propugnaba la autonomía regional frente al centralismo vigente, Zapata se pronunció una y otra y otra vez, para que se reconociera plenamente el derecho a poseer la tierra de aquéllos que la trabajaban.
Tierra y Libertad fue el lema que heredado del anarquismo se convirtió en el principio del movimiento zapatista, un principio que no admitía claudicaciones, concesiones, desfallecimientos ni esperas. Un principio por el que era posible sin vacilaciones entregar la vida.
Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres, escribió alguna vez Emiliano Zapata. Y coherente con este decir, fiel a este pensamiento, luchó por aquello en lo que creía. Merece la pena recuperar esas palabras del líder del zapatismo. Cobrar conciencia sobre la vigencia que contienen. Traerlas desde el tiempo que fueron expresadas y colocarlas aquí, en medio de todos nosotros, para refrendar aquellos principios en los que creemos. No importa cual es el signo político que nos distingue; lo que importa es la coherencia con la que vivimos los principios que proclamamos, pues es esa coherencia la que nos hereda la memoria de Zapata, la que nos hace respetar su lucha.
La demanda de la tierra y con ella la demanda de la libertad enarbolada por Zapata, continúa en muchos sentidos vigente. Los campesinos mexicanos son todavía hoy quienes viven día a día carencias, escasez, desigualdad; pues incluso aquéllos que poseen la tierra no tienen plena libertad para decidir, para hacer y dotarse de mejores condiciones de vida.
En un sentido muy real aún queda mucho por hacer por esa cuarta parte de la población cuya jornada diaria es tan fecunda como la de la tierra mexicana.
Los diputados de Acción Nacional consideramos de suma importancia retomar el ejemplo de coherencia con los principios que nos dio Emiliano Zapata. Los principios deben de ser siempre guía en el sendero por el cual transitamos puesto que ello nos permitirá actuar por el bien de México; hacer del Poder Legislativo que hoy representamos, un instrumento para promover, conseguir, instaurar y fortalecer, una nación generosa en la que todos encuentren el espacio para desarrollarse a plenitud. Una nación donde no exista más la exclusión de ciudadano alguno, pues cada mexicano tiene algo que aportar al país y también tiene algo que recibir del país.
Pensar hoy, cuando recordamos a Emiliano Zapata, en los campesinos de nuestro país, proponer e impulsar leyes que nos permitan demostrarles cuánto valoramos su arraigo a la tierra, el trabajo que a diario realizan, los frutos que de él se desprenden y que nutren al país entero, constituye sin lugar a duda un deber ineludible para quienes conformamos esta Quincuagésima Novena Legislatura.
Conocer y analizar las necesidades de los campesinos; establecer prioridades y atenderlas cuanto antes para devolver a la tierra de México todo el potencial que su grandeza exige y además hacer competitiva nuestra producción agropecuaria, es el homenaje más justo que podemos hacer al jefe, a Emiliano Zapata Salazar.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted señor diputado Esquivel.
Damos la más cordial bienvenida también a profesores, alumnos y padres de familia de la escuela secundaria técnica número 11, de Tilzapotla, Estado de Morelos. Todo invitados de la diputada Rosalina Mazari.
Para terminar con el posicionamiento de los partidos políticos con respecto al aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, tiene la palabra el señor diputado Teófilo Manuel García Corpus.
El diputado Teofilo Manuel García Corpus: Con su permiso, ciudadano Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados.
Como ustedes saben, este 10 de abril se cumplió un aniversario más del artero crimen que segó la vida del general Emiliano Zapata. Mucho me honra y compromete compartir una breve reflexión en torno a la vida y obra del revolucionario agrarista con motivo del LXXXVI Aniversario de su asesinato, en este momento tan delicado y sensible de la vida política, social y económica de nuestro país.
El tiempo, las incongruencias políticas y los embates de la reacción no han podido borrar y destruir el enorme y significativo legado de la revolución agrarista del sur.
Para la estructuración social y política del nuevo estado mexicano que pactaron los constituyentes de 1917 en la Carta Magna, el arraigo del pensamiento zapatista entre las masas campesinas que participaron en la Revolución Mexicana, sobre todo en los estados del centro y del sur del país, se originó fundamentalmente porque aquél representaba la esencia de las demandas de tierra, de libertad y de justicia social que los pueblos campesinos y las comunidades indígenas reclamaron a las clases dominantes desde la época de la colonia.
Asimismo, porque el general Zapata también encarnaba a la congruencia, el compromiso y el sentido profundo de pertenencia de los campesinos con sus comunidades y con la nación.
Fue precisamente la lucidez y la congruencia política de Zapata lo que le permitió, por una parte, darse cuenta sin tardanza del incumplimiento y abandono de las reivindicaciones agrarias por parte del gobierno maderista; y, por la otra, de la necesidad de continuar con la lucha armada hasta lograr el reparto agrario y la restitución de las tierras a sus legítimos dueños, las comunidades y los campesinos.
La lucha zapatista no se limitó a la restitución y el reparto de tierras; el zapatismo promovió, entre otras cosas, que se apoyara al campesino en su proceso productivo, para ello propuso la creación de un banco agrícola que proporcionara créditos accesibles, alentó medidas como la asistencia técnica para la diversificación productiva, y creó organismos que regularan el comercio de los productos agrícolas para evitar su acaparamiento.
Además, la revolución agraria del sur impulsó la intervención organizada de los campesinos en la vida política ante la necesidad estratégica de innovar los poderes públicos que sólo beneficiaban a las grandes compañías extranjeras, a los millonarios y a los terratenientes.
De esta forma, en los territorios zapatistas se establecieron reglas para la reorganización de los municipios y el respeto a las formas comunitarias tradicionales que los campesinos e indígenas conservaban para organizarse y gobernarse.
Asimismo, se puso énfasis en la educación de la niñez y se promovieron escuelas agrícolas. De esta época, resaltan los planteamientos para eliminar los impuestos a los artículos de primera necesidad, a los artesanos y a los pequeños comerciantes.
En el zapatismo se planteó también la necesidad de legislar en materia laboral y sobre el aprovechamiento nacional y social de la riqueza del subsuelo.
Compañeras y compañeros, rememorar en este momento de la historia de nuestro país la obra y postulados de Emiliano Zapata, adquiere un mayor significado y compromiso si tenemos en cuenta que pese a todo lo realizado a favor de los campesinos, la inmensa mayoría sigue viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
La producción agropecuaria no garantiza la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población y lo más lamentables es que tampoco lo hacen los otros sectores de la economía, aunque un contexto histórico diferente a esta situación provoca que se reproduzcan y agudicen día con día el mismo tipo de tensiones sociales que dieron origen a la lucha de Emiliano Zapata.
Por lo anterior, esta soberanía debe estar muy atenta a los reclamos que hoy expresan las organizaciones campesinas como la de definir y establecer una nueva política de estado hacia el campo, que dé respuesta a los añejos y nuevos problemas, así como la creación y vigencia de un nuevo marco jurídico para el sector con el que se contribuye a establecer mejores condiciones de justicia e igualdad en las relaciones sociales y productivas de nuestros campesinos.
Conscientes de esto y tratando de actuar en consecuencia, las diputadas y los diputados de la Comisión de Reforma Agraria, excepto los del Partido de Acción Nacional, hemos presentado ante esta Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto de una nueva Ley Federal Agraria, en la que, en el contexto de las condiciones actuales, reivindicamos el contenido de la lucha del Caudillo del Sur, es decir, la defensa de las tierras para la producción, la soberanía alimentaria y el acceso a mejores condiciones de vida y de justicia social para los campesinos y los indígenas.
Consideramos que en este 86 aniversario de la caída del General, en nuestro papel de legisladores no existe mejor forma de honrar su memoria que la de hacer trascender al presente los principios por los que entregó la vida.
¡Viva por siempre en la mente y en el corazón de los campesinos el legado del General Emiliano Zapata Salazar! Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, don Manuel.
El siguiente punto del orden del día son proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. Los que siguen a darse lectura son de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que suspenda los permisos otorgados a Sempra Energy México, S. A. de C. V.
Secretarios de la Mesa Directiva,
Cámara de Diputados,
Presente.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo primero, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 14 del artículo relativo al orden del día de las sesiones, hace suya la proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados se pronuncia por la suspensión de los permisos otorgados a Sempra Energy México, S. A. de C. V., quien promueve la instalación de una planta regasificadora en Costa Azul, Municipio de Ensenada, Baja California hasta que se defina su situación jurídica que enfrenta en su propio país referente a la demanda de perjuicio de ciudades y consumidores en Estados Unidos y con el fin de que, de realizarse el proyecto, sea un inversionista cuya ética de negocios sea congruente con las inversiones extranjeras que se requiere promover en México y dé cumplimiento estricto a la normatividad, legislación vigente y protección a la sociedad civil y el medio ambiente, presentado por el diputado Raúl Pompa Victoria, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo.
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que se suspendan los permisos concedidos a la empresa Sempra Energy de México, S. A. de C. V. hasta en tanto se realice una revisión técnica y legal de los procedimientos y normatividad, se logre la conciliación de intereses en Ensenada, Baja California y se defina la situación judicial que enfrenta la empresa matriz en la unión americana, la cual está acusada de fraude en perjuicio del estado de California y de los usuarios.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, con base en el resultado de las revisiones a las que se refiere el resolutivo que antecede, determine si ha lugar a reactivar o cancelar los permisos emitidos, velando en todo momento por el interés de los bajacalifornianos y del resto de México.
Palacio Legislativo, 11 de abril de 2005.
Suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política y nada más el diputado José González Morfín. El presidente vota en contra.
Es cuanto.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor secretario.
Para hablar en pro del punto de acuerdo, tiene la palabra el señor diputado don Raúl Pompa Victoria.
El diputado Raúl Pompa Victoria: Con su permiso, señor presidente. Diputados y diputadas de esta Cámara:
Realmente es muy honroso que la Junta de Coordinación Política haya hecho suyo este punto de acuerdo, ya que nos encontramos en Baja California, como ya hemos venido a exponer en esta tribuna, el problema de las plantas regasificadoras, en donde se pretenden instalar en un corredor turístico que existe entre la ciudad de Tijuana y Ensenada, pasando por la ciudad de Rosarito.
Estas plantas regasificadoras obviamente obedecen a una necesidad inminente que tiene el estado de California de gas natural.
Sempra Energy de México, S. A., promueve la instalación de una planta regasificadora de gas natural licuado en el sitio denominado "Fraccionamiento Costa Azul", que precisamente se encuentra en este corredor turístico que está ya destinado exclusivamente para esos fines y no para fines industriales. Sin embargo no entendemos el por qué se ha violentado este acuerdo, este decreto que existía para efectos de que exclusivamente se utilice este corredor para fines turísticos.
Sembra Energy también ha realizado gestiones y obtenido permisos en el ámbito federal, estatal y municipal, que también nos extraña este asunto y se han otorgado estos por la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en fin.
En virtud de las características especiales de este tipo de proyectos y su impacto en la seguridad de la sociedad civil, el medio ambiente, normatividad, soberanía nacional e impacto en el desarrollo social y económico de la región por lo que ya anteriormente mencioné, y ante la oposición que se percibe de la ciudadanía de Baja California, nos extraña que se hayan expedido todos estos permisos.
Pero adicionalmente y lo más grave es que la empresa promotora de este proyecto, Sempra Energy y sus afiliadas, actualmente son objeto de demandas por varias ciudades del estado de California, de Estados Unidos. Además por asociaciones de consumidores, debido a la manipulación de precios en el mercado de energía y cobros excesivos en perjuicio de los consumidores, lo que nos coloca en la necesidad de analizar detalladamente precisamente la instalación de la planta de Sempra Energy de México, en el Fraccionamiento, como ya lo mencioné, Costa Azul, de la municipalidad de Ensenada.
Por tal motivo y obvio rechazo de la ciudadanía de Tijuana, de Rosarito y de ensenada, a la instalación en esa zona costera de las plantas regasificadoras, me uno precisamente al punto de acuerdo que presenta ahora y que hace suyo la Junta de Coordinación Política.
Por lo tanto solicito a mis compañeros diputados voten a favor de ese Punto de Acuerdo presentado.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar si se aprueba el Punto de Acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén en contra.
(Votación)
Gracias.
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¡Aprobado! Comuníquese.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de la integración del Frente Parlamentario Latinoamericano y del Caribe del Café.
Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados,
P r e s e n t e.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 párrafo uno inciso "b" de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 14 del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la integración del Frente Parlamentario Latinoamericano y del Caribe del Café y la designación de sus representante, suscrita por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios miembros de la Comisión Especial del Café, cuyo original se anexa al presente.
"Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente
"Punto de Acuerdo:
"Primero.- La Cámara de Diputados se pronuncia a favor de la formal constitución del Frente Parlamentario Latinoamericano y del Caribe y del Café, por considerar que las actividades desplegadas por este organismo de carácter internacional favorecerán la reactivación de la industria del café.
"Segundo.- La Junta de Coordinación Política designará a los integrantes de la delegación ante el organismo al que se refiere el resolutivo que antecede.
"Palacio Legislativo 11 de abril de 2005".
Firman el diputado José González Morfín, Presidente; diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro González Yánez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y el diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo.
Esta Presidencia tiene registrado para hablar en pro al señor diputado don Jorge Baldemar Utrilla Robles, del Partido Revolucionario Institucional, quien tiene el uso de la voz.
El diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
En el marco del Seminario Internacional del Café, celebrado en la ciudad de Brasilia durante los días 15 y 16 de febrero del año en curso, los parlamentarios presentes, entre los que se encontraba México, acordamos constituir un Frente Parlamentario Latinoamericano y del Caribe del Café que se integrará originalmente por 10 países productores del aromático. Dicho frente tiene como objetivos principales instrumentar medidas legislativas que puedan crear mecanismos que mejoren la rentabilidad y el empleo de los productores, defender una reestructuración de precios en el mercado mundial para reducir su volatilidad, facilitar las condiciones de negociación en el ámbito de los acuerdos multilaterales y regionales, articular y negociar con los parlamentos de los países consumidores una discusión global sobre el equilibrio de los precios en el mercado, con el objeto de minimizar el acentuado proceso de transferencia de renta entre la producción, la comercialización y la industrialización, articular y promover la institucionalización de políticas públicas entre el ámbito de los gobiernos locales que puedan beneficiar al productor del café por medio de financiamiento, tecnologías, uso de insumos modernos y asistencia técnica.
El Frente Parlamentario Latinoamericano y del Caribe del Café estará coordinado por un presidente y a propuesta de los diputados mexicanos por dos vicepresidentes. Los legisladores de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú, a efecto de concretar sus objetivos tiene como tarea inmediata elaborar un programa de trabajo para desarrollar durante el presente año, el cual comprenderá actividades como:
Obtener la aprobación de sus respectivos parlamentos.
Elaborar sus estatutos.
Designar a los representantes de cada país miembro y elegir a su directiva.
Realizar una reunión el día 30 de junio de 2005 en Colombia para aprobar la agenda de trabajo a desarrollar en el corto y mediano plazo.
Los diputados miembros de la Comisión Especial del Café de esta Cámara estiman necesario e imprescindible que nuestra representación popular participe activa y decididamente en este frente parlamentario, ya que por la importancia que para nuestro país tiene la producción, beneficio, comercialización y exportación del café y su impacto económico en el producto interno bruto.
México no puede aislarse de los esfuerzos de la comunidad internacional para reactivar la industria y no desaprovechar la oportunidad de compartir objetivos, estrategias y acciones en unión con los países productores en un frente común.
En tal virtud, los diputados miembros de la Comisión Especial del Café consideran conveniente y altamente rentable continuar participando en foros o espacios de representación de la naturaleza indicada y asumir un papel protagónico y de liderazgo dentro de los mismos, así como estrechar lazos de colaboración con los países participantes y proponer la instrumentación de políticas públicas que posibiliten un auténtico desarrollo en el sector cafetalero.
En consecuencia, solicitamos de nuestros compañeros diputadas y diputados, su aprobación al Punto de Acuerdo propuesto por la Junta Directiva, a efecto de darle el fortalecimiento y acompañamiento necesario a los 482 mil productores de México que están diseminados en los 12 estados productos del país con 650 hectáreas y que dependen de forma directa e indirecta cerca de 5 millones de mexicanos.
Por ello se hace importante la participación en el concierto internacional de esta Cámara de Diputados, ante el Frente Latinoamericano y del Caribe.
Por su comprensión y su apoyo, muchas gracias.
Gracias Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado.
En virtud de que no hay más oradores registrados, esta Presidencia considera el punto suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea si es e aprobarse.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura a otro Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
"Secretarios de la Mesa Directiva. Cámara de Diputados. Presente.
"La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 párrafo primero, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, hace suya la proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores instruya a los Consulados en los Estados Unidos de América a lanzar una campaña informativa para los migrantes mexicanos sobre el uso de cuentas bancarias para la transferencias de remesas a México, con el fin de disminuir los costos de envío como Western Union y Money Gram , presentada por el diputado Juan Manuel Vega Rayet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.
"Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente
"Punto de Acuerdo
"Unico.- La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores e instruye a los Consulados en los Estados Unidos de América, que instrumenten una campaña informativa para los migrantes mexicanos, en relación con el uso de cuentas bancarias para la transferencia de remesas a México, con el fin de disminuir los costos de envío, los cuales resultan más altos en empresas especializadas como Western Union y Money Gram.
"Palacio Legislativo a once de abril del dos mil cinco. Y suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política".
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En virtud de que esta Presidencia no tiene registrados oradores, considera el punto suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
¿Los que estén en contra?
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: "Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados expresa su apoyo al Año Mundial de Física y exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Energía y de Gobernación, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como a los gobiernos de las entidades federativas, a que realicen una amplia promoción de la física.
"Secretarios de la Mesa Directiva. Cámara de Diputados. Presente.
"La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 párrafo uno inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con Punto de Acuerdo por el que esta soberanía hace un pronunciamiento de apoyo al Año Mundial de la Física y exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Energía y de Gobernación, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a los gobiernos de las entidades federativas, a que durante el año 2005 realicen una amplia promoción de la física, presentada por el diputado Julio César Córdova Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.
"Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente
"Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados expresa su apoyo al Año Mundial de Física
Segundo Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, de Energía y de Gobernación, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como a los Gobiernos de las Entidades Federativas a que realicen una amplia promoción de la Física.
Palacio Legislativo, 11 de Abril del 2005 y firman los Coordinadores Parlamentarios de las Fracciones, como Presidente, el Diputado José González Morfín, Presidente de la Junta de Coordinación Política, el Diputado Emilio Chuayffet Chemor, el Diputado Pablo Gómez Alvarez, el Diputado Manuel Velasco Coello, el Diputado Alejandro González Yáñez y el Diputado Jesús Martínez Alvarez.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tiene registrado al señor Diputado Julio César Córdova Martínez, para hablar en pro, quien tiene el uso de la palabra
El diputado Julio César Córdova Martínez: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados.
Como es de su conocimiento, a principios de este año se realizaron varias actividades para celebrar el Año Mundial de la Física; lo anterior, se debió a que en Noviembre de 2003 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, adoptó una Resolución en la que apoyó la Iniciativa de declarar el Año 2005 como el Año Mundial de la Física, lo cual fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de Julio del 2004.
Todo lo anterior se debe a que el año 2005 marca el Centenario del llamado Año Milagroso de Albert Einstein, en el que publicó tres importantes Documentos: Relatividad Especial, El Efecto Fotoeléctrico y Movimiento Browniano, los cuales introdujeron ideas revolucionarias a preguntas fundamentales, incluyendo la existencia de los átomos, la naturaleza de la luz y los conceptos de espacio, energía .y materia.
Muchos nos preguntamos o ignoramos la importancia de la Física en la vida cotidiana; sin embargo, a pesar de que su estudio requiere un alto nivel de abstracción, ayuda a resolver muchos problemas comunes.
Por ello es importante que las mayores audiencias posibles comprendan el progreso y la importancia de este gran campo de la Ciencia y estoy convencido que este año debe ser la ocasión para empezar debates prospectivos sobre la gran necesidad de la Investigación Científica en el Siglo XXI.
Los debates deben relacionarse con problemáticas sociales que acompañen la práctica de la Ciencia en general y de la Física en particular.
Por ello, el 12 de Enero de 2005 , la Comunidad Científica y Académica Mexicana solicitaron a esta soberanía, a través del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, que se hiciera un pronunciamiento al respecto.
Siete premios Nobel de Física y uno de Química, Ministros y Secretarios de Estado, Presidentes de Asociaciones Internacionales y Regionales de Física, 500 Estudiantes de 70 países y diversos investigadores participaron del 13 al 15 de Enero en la Conferencia Física para el Futuro en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, que marcó el inicio oficial del Año Mundial de la Física.
En el mundo escolar, la Fisica sigue siendo una materia con fama de difícil, ante los jóvenes y el público en general, suele tener una imagen negativa ya que se relaciona con conceptos abstractos, ecuaciones y una enseñanza puramente teórica. Ahora bien, cuando se contempla, desde otra perspectiva, la Física puede ser apasionante y, como ya lo comentamos, resolver muchos de nuestros problemas. Gracias a ella se pueden encontrar soluciones a problemas tan importantes como los energéticos, el medio ambiente y la salud.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI , ve con mucho agrado que la Junta de Coordinación Política haga suyo este tema tan fundamental. Asimismo, la Comisión de Ciencia y Tecnología, felicita a esta soberanía porque sabe que de antemano va a aprobar que este año sea el Año Mundial de la Física y va a hacer también esta soberanía, un exhorto a las autoridades correspondientes para difundir este tema tan fundamental para el desarrollo de la Ciencia y de la Humanidad.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias Diputado. No habiendo más oradores registrados, esta Presidencia considera el Punto suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobar.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado.- Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, a revisar los casos de los maestros indígenas que se mencionan)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor Secretario, esta Presidencia tiene registrado al señor diputado Belisario Hiram Herrera Solís para hablar en pro.
Tiene el uso de la palabra señor diputado.
El diputado Belisario Hiram Herrera Solís: Con su permiso señor Presidente.
Desde luego agradecerle a la Junta de Coordinación por considerar este Punto de Acuerdo de emergente solución. Compañeros diputados. Ante esta tribuna y con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, a tenor de los siguientes
Antecedentes.
En el estado de Chiapas desde el pasado 14 de marzo del año que transcurre, se encuentran detenidos en el penal de alta seguridad El Amate, los maestros indígenas Rubén Aviud Cruz Trigueros, Samuel Velásquez Jacob, Víctor Manuel de Jesús González García y Ever Vicente Escalante,. Privados de su libertad injustamente, por ejercer derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas.
La libertad es una potestad inseparable de la naturaleza humana, como un elemento esencial de la persona, la libre manifestación de las ideas, pensamientos, opiniones, constituye uno de los factores indispensables para el progreso cultural y social, sin estas libertades se atenta el cabal desenvolvimiento de la personalidad humana, estimulando su perfeccionamiento y elevación cultural.
El Constituyente de 1917 plasmó en el Artículo 6º. de la Carta Magna la libertad de expresión, como una garantía individual, que es una obligación correlativa a cargo del Estado y sus autoridades, consistente en respetar el derecho y preservar o cumplir las condiciones de seguridad jurídica del mismo, como un derecho subjetivo público, que emana de dicha relación a favor del gobernado, siendo el Estado el encargado de velar por el respeto de estos derechos subjetivos públicos.
Es inconcebible que en Chiapas, el gobernador después de haber sido favorecido con el voto del magisterio, que contribuyó a que hoy ostente el cargo de representación popular, ahora emplea el uso de la fuerza pública y otros medios para reprimir y someter al pueblo, en este caso al magisterio chipaneco, y en Chiapas no se puede hablar de la existencia de un estado de derecho, cuando el titular del Ejecutivo estatal pretende imponer su voluntad a través de la fuerza y el exceso de poder.
Hasta la fecha las autoridades gubernamentales, no han prestado atención a los planteamientos del magisterio en general, el atenderlos y escucharlos, no significa necesariamente la obligación de resolver sus demandas, sin embargo, el gobierno del estado, en lugar de escucharlos los reprime, porque este sector de la sociedad se manifiesta de manera diferente, ante la flata de interés del propio gobierno en su problemática.
Un estado antes de ser castigador o de convertirse en polícía, debe de ser un estado educador, que promueva el diálogo, la paz, la convivencia social y garantice la libre expresión y manifestación de las ideas.
Desde esta tribuna, la más alta de la nación, y por la trascendencia y gravedad del asunto, se exhorta al C. Gobernador del Estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, a agotar el diálogo con las organizaciones manifestantes, a devolver la paz y la tranquilidad social a los chiapanecos y particularmente, se revise la situación jurídica de los maestros que fueron privados de su libertad, cuyos únicos delitos fueron manifestarse, ante la falta de atención a las demandas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía
El siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.
Unico. Se solicita a la Secretaría de Gobernación tomar cartas en el asunto y exhortar a los órganos estatales del Gobierno de estado de Chiapas encargadas de la administración, procuración e impartición de justicia, a liberar a los maestros indígenas Rubén Abyú Cruz Trigueros, Samuel Velásquez Jacob, Víctor Manuel de Jesús González García y Ebert Vicente Escalante, detenidos el pasado 14 de marzo del presente año, por ser ilegal y por falta de fundamentos.
Muchas gracias compañeros.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.
No habiendo más oradores registrados el tema se considera suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén en contra.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(De la Junta de Coordinación Política, exhorta al Comisionado de Acuacultura y Pesca)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Julián Nazar Morales, para hablar en pro.
El diputado Julián Nazar Morales: Con su permiso señor Presidente.
Quiero agradecer en forma especial a la Junta de Coordinación por darnos la oportunidad de presentar este punto de acuerdo que es de trascendental importancia para el estado de Chiapas, pero en forma especial quiero dejar reiterado mi agradecimiento al compañero diputado Gonzalo (¿) Morfín, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI (¿) por apoyarnos a impulsar este punto de acuerdo.
Compañeros diputados, compañeras diputadas: El suscrito diputado federal Julián Nazar Morales, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y con facultades en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a poner en consideración los siguientes puntos de acuerdo:
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca se creó el 31 de mayo del 2001 como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, teniendo en conocimiento la riqueza de los recursos pesqueros con que cuenta nuestro territorio nacional, que es de aproximadamente 11 mil 500 kilómetros de litoral, 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económicamente exclusiva, más de 2 millones 900 mil hectáreas de aguas interiores y trasciende 58 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental, así también áreas situadas en las costas y en el interior del territorio nacional que son o pueden ser susceptibles de usos para la acuacultura. Al revisar estos datos nos damos cuenta del recurso natural con que contamos y el potencial que representa, que desafortunadamente no ha sido debidamente aprovechado de acuerdo a las necesidades de la población y de acuerdo a sus demandas.
Es en atención a estas necesidades donde reza la importancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que de acuerdo al artículo 2º fracción 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establece que debe fomentar la actividad pesquera acuícola, lo que implica impulsarla y orientar sus actividades y procesos en términos de eficientar la calidad, rentabilidad y participación plena de la población dedicada a esta actividad.
En relación a ello comentamos: La Comisión de Pesca de la diputación federal que preside el compañero Javier Obregón y en representación de los diputados federales de las diferentes fracciones, tanto del PAN como del PRI y del PRD, en donde estuvieron presentes el compañero diputado Sebastián Calderón, Alejandro Higuera, Javier Obregón, Presidente de la Comisión, francisco Grajales, integrante de la misma y su servidor, recibimos la demanda más sentida de los compañeros pesqueros del estado de Chiapas, por eso no entendemos la actitud del señor Comisionado Ramón Corral, en donde más de un año de seguimiento que le hemos dado a las solicitudes planteadas ante esta Comisión por los pescadores de Chiapas, vemos que se discrimina y se atenta contra los principios elementales del derecho de cada mexicano de ser igual con los iguales.
Por esto quiero decirles, compañeros y le pido a la Mesa Directiva tome en consideración y pedimos la comparecencia del compañero Ramón Corral, para que nos explique cómo en el estado de Sinaloa se autorizaron 2 mil 512 permisos de embarcaciones con motores de fuera de borda de hasta 115 caballos de fuerza, y en Chiapas no ha sido posible autorizar las 200 ó 300 embarcaciones que se pidieron para que los compañeros ribereños, que tienen la necesidad de capturar el camarón en altamar, sean beneficiados con estos permisos y ahí no podemos entender cómo un funcionario como Ramón Corral, quien tiene la responsabilidad de velar por los intereses de los mexicanos y tiene la responsabilidad, precisamente de liberar los permisos para que sean beneficiados estos compañeros, no ha sido tomado en cuenta el Estado de Chiapas.
Y quiero dejar bien aclaradas las cosas: más de un año llevamos ya con él, tratando de que estos permisos sean para los compañeros pescadores, principalmente de los de Boca del Cielo, Paredón y la Barra del Palmar y no ha sido posible concertarlo.
Ya en tres ocasiones nos han dicho que íbamos a iniciar el censo, se iba a iniciar ya con la matriculación de las embarcaciones y es la hora que ni al Secretario de Pesca del Estado, David Sol, le ha permitido que se han estos trabajo, porque tiene que participar precisamente esta comisión que preside el compañero Ramón Corral, por lo cual exponemos los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al C. Ramón Corral Ávila, Comisionado de Acuacultura y Pesca, para que otorgue a los pescadores del Estado de Chiapas, la autorización para utilizar embarcaciones de pesca con motor fuera de borda de hasta 115 caballos de fuerza para capturar camarones en altamar.
Segundo.- Solicitar al C. Ramón Corral Ávila, Comisionado de Acuacultura y Pesca, actúe con respeto a todos los pesqueros y no de manera parcial de acuerdo a sus intereses o criterio personal y no discrimine a los pescadores chiapanecos y favorezca únicamente a los de Sinaloa.
Tercero.- Que el Presidente de la Mesa Directiva, cite a comparecer al compañero Ramón Corral y que el compañero Presidente de la Comisión de Pesca, Francisco Javier Obregón, haga la solicitud de la Mesa Directiva que comparezca el licenciado Ramón Corral Ávila, Comisionado de Acuacultura.
Insértese, compañero Presidente, íntegramente en el Diario de los Debates este punto de acuerdo y, nuevamente, agradecemos a la Fracción Parlamentaria del PAN, del PRD y del PRI, por darnos la oportunidad de presentar este punto de acuerdo, que es de vital importancia para los pescadores del Estado de Chiapas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Esta Presidencia no tiene registrados más oradores. Luego entonces, considere el tema suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría la Asamblea, si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura a otro Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Secretarios de la Mesa Directiva, Cámara de Diputados, Presentes.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 párrafo primero inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de os Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo XIV del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, hace suya la proposición con Punto de Acuerdo para que esta soberanía se pronuncie en contra de las acciones realizadas por la organización caza-migrantes denominada "Minute Man Project" por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a cabo una enérgica condena de los actos delictivos realizado por esta organización presentada por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados se pronuncia en contra de las acciones realizadas por la organización caza-migrantes Minute Man Project.
Segundo.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a cabo una enérgica condena de los actos delictivos realizados por la organización a que se refiere el resolutivo que antecede.
Palacio Legislativo 11 de abril de 2005.
Suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, quien la ha solicitado para hablar en pro.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Gracias diputado Presidente, con su venia.
Compañeros diputados y compañeras diputadas:
El pasado 1° de abril inicio un vergonzoso y ofensivo programa en el estado de Arizona, que tiene como objetivo la cacería de emigrantes. Dicho programa es el ya mencionado Minute Man Proyect, que se promociona a través de carteles, anuncios e Internet, medios por los cuales ha logrado reclutar más de mil ciudadanos norteamericanos armados, con la tarea de entregar y capturar emigrantes, violando expresamente la normatividad internacional y la de su propio país, Estados Unidos de Norteamérica.
Estas personas que portan armas de largo alcance y que incluso han contratado pilotos para sobrevolar y vigilar la zona fronteriza, han capturado más de 70 migrantes hasta la fecha, haciendo la tarea que en la teoría le correspondería a las autoridades norteamericanas y utilizando mecanismos como el amedrentamiento armado hacia mexicanos que nada portan para defenderse; además de que se encuentran exhaustos, hambrientos y temerosos a la autoridad.
Es importante tener presente que la detención de mexicanos indocumentados en el suelo de los Estados Unidos de Norteamérica, sólo debe hacerse por las autoridades competentes; en este caso por la patrulla fronteriza y que cualquier captura de mexicanos por personas ajenas a éste órgano, es una clara violación al derecho internacional.
La Cámara de Diputados, como órgano gubernamental y representativo del pueblo mexicano, no debe mantenerse al margen de los problemas que padecen nuestros connacionales, que se ven en la necesidad de emigrar para alcanzar mejores niveles de vida, por lo que pido su atención y preocupación por los actos perpetrados contra mexicanos en suelo estadounidense.
Debemos hacer un enérgico llamado a las autoridades norteamericanas para que cumplan lo acordado con la Cancillería, que básicamente es, asegurar el respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, prevenir cualquier acto de violencia o maltrato por parte de los integrantes de Minute Man Proyect y promover la observancia y respeto de la legislación estadounidense y la internacional.
Los gobiernos de ambos países han coincidido en múltiples foros que la seguridad de la zona fronteriza es un tema prioridad para la relación bilateral. Pero dicha responsabilidad corresponde de manera exclusiva a las autoridades de ambos países, no a los ciudadanos por su propia mano.
Que la comunidad internacional sepa que los diputados mexicanos rechazamos tajantemente este tipo de acciones, es nuestro deber pronunciarnos por el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos y al de libre tránsito de las personas, procurando protegerlos y evitando que este tipo de acciones xenófobas y racistas realizadas por los integrantes de Minute Man Proyect, conlleven a escaladas de violencia con resultados, francamente lamentables.
El mantenerse al margen es quedarse callado, ante actos de racismo que pueden crecer y afectar la relación bilateral de México y Estados Unidos, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe poner más énfasis y atención en resolver este importante problema binacional. No es únicamente enviando notas diplomáticas que este problema puede resolverse, es un problema multicasual y sumamente complejo que requiere nuestro compromiso permanente como legisladores y como mexicanos.
Por lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, les invito a votar a favor de este pronunciamiento, en nombre de nuestro queridísimo México y más, en nombre de nuestro compatriotas.
Muchas gracias:
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputada.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gustavo de Unanue Aguirre, del Partido Acción Nacional, también en pro.
El diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre: Con su permiso Presidente.
Es evidente que este tema une a todos los partidos y une a todos los mexicanos en rechazo de estas actitudes racistas; es evidente que el Partido Acción Nacional está a favor de este punto de acuerdo, pero me gustaría compartir con ustedes una serie de acciones, ya que como bien decía la diputada, pensamos que solamente con aprobar un punto de acuerdo o con cartas diplomáticas, no vamos a resolver el problema, y me gustaría compartir con ustedes algunas acciones que han tomado legisladores sonorenses a favor de esta causa:
Decirles, primero, que en la Cámara de Diputados, en esta Cámara de Diputados, ya se creó un grupo especial de trabajo para darle seguimiento al "minute man project", integrado por la diputada Cristina Díaz, del PRI; Alejandra Méndez, del Partido Verde Ecologista y por un servidor del PAN.
Los diputados locales del estado de Sonora, aprobaron ya un punto de acuerdo a lo mismo que los diputados de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León. También los legisladores sonorenses en la Conferencia Legislativa de Estados Fronterizos, realizaron una serie de acuerdos con legisladores estadounidenses para que ellos, en Estados Unidos, en los estados de los que son parte los legisladores fronterizos, utilicen instrumentos jurídicos similares a los pronunciamientos de aquí en México, en favor de la legalidad y en favor o en contra de las actitudes racistas de este grupo "minute man project".
Decirles que a iniciativa de los legisladores locales sonorenses, en la próxima reunión de la Conferencia Legislativa de Estados Fronterizos, esta Cámara de Diputados tendrá voz y hay un compromiso de que asistan legisladores federales de Estados Unidos en Tijuana, para discutir a fondo este tema del "minute man project".
También el alcalde de Agua Prieta, David Figueroa Ortega, se reunió con el alcalde de Douglas, Arizona y con grupos de la sociedad civil de los dos estados, para discutir el tema y manifestar el rechazo a las actitudes racistas de este grupo.
Y decir que este grupo no tuvo tal convocatoria como se ha dejado ver en algunos medios de comunicación. Efectivamente, ellos habían anunciado que había cerca de mil afiliados a su proyecto; a la hora de la reunión en el pueblo de Tucson, Arizona, no fueron ni cien las personas que asistieron a integrar el proyecto "minute man"; y no sólo esto, sino que en días pasados corrieron a uno de estos integrantes del proyecto porque se encontró con un migrante en la frontera e incluso le dio agua y le dio pan y lo corrieron.
Es decir, es un proyecto que por ser racista se está diluyendo por sí mismo y lo que hay que estar pendientes es que todas las autoridades de Estados Unidos, hagan cumplir la ley allá y por supuesto, lo que ha generado esto es que todas las autoridades mexicanas: el Gobierno Federal, el gobierno del estado de Sonora, los legisladores locales y ahorita los legisladores federales, pongamos nuestros ojos en la frontera.
Yo a lo que quiero exhortarlos, es sí, efectivamente, aprobar este punto de acuerdo, pero principalmente a que los ojos en la frontera de México y Estados Unidos, estén puestos permanentemente por los legisladores mexicanos.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado.
Esta Presidencia no tiene registrados más oradores, luego entonces...
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Señor Presidente, solicito la palabra.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Don Pedro Avila Nevárez, ¿con qué objeto?
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Para hechos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En términos reglamentarios no debería, sin embargo, haciendo uso de las facultades que me concede el 23, adelante, don Pedro. Adelante, tiene usted el uso de la palabra.
El diputado Pedro Avila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeros diputados, compañeras diputadas:
Qué triste es ver que a nuestros mexicanos que pasan a Estados Unidos, esas gentes racistas de Estados Unidos, se preparan para matarlos como si fueran unos animales.
Cómo recuerdo yo en estos momentos aquel incidente en que unos pescadores chiapanecos fueron balaceados por el gobierno de Miguel Idígoras Fuentes, en el gobierno de Adolfo López Mateos y se rompieron las relaciones con el pueblo de Guatemala.
Como recuerdo yo esa política internacional de México, de defender con dignidad a nuestros connacionales, no esa política.
Ahorita aquí un diputado que me antecedió, decía que ya todos los diputados están de acuerdo, los locales y los federales, en hacer puntos de acuerdo. Sí se trata de que intervengamos nosotros los diputados. Y qué bueno que así sea, ya que tanto el Presidente de la República Vicente Fox como Eugenio Dérbez o Derbez, como sea, que no es ni Dérbez ni Derbez; es un pobre hombre que anda allá en Estados Unidos, buscando la candidatura de la OEA, le importa un comino lo que está pasándole a nuestros connacionales y él sigue allá en Estados Unidos pidiéndoles que lo hagan secretario general de la OEA, mientras todos estos mafiosos hacen lo que hacen con nuestros connacionales y tanto Fox como Derbez, se hacen los desentendidos y los tontos para no intervenir en una forma enérgica.
Hace unos días veíamos a Fox allá con Bush en una entrevista que tuvieron en una visita de Estado. Y todo le pidió a Bush, menos que se respetara a nuestros connacionales. Cuándo se iba a ver esto compañeros diputados. Cuándo se iba a ver que la soberanía de México la pisotearan en una forma tan artera y tan arbitraria.
Aquí, en este Congreso de la Nación, donde la patria misma vibra, queremos hacerle un llamado tanto a Fox como a Dérbez o Derbez, como sea, para que fijen sus ojos en la frontera y cumplan con su cometido y si de no ser posible esto, que se rompan las relaciones con Estados Unidos, porque no es posible que estemos permitiendo que estas cosas se realicen en perjuicio de gente que va a trabajar en una forma honrada, a buscar un pedazo de pan para sus hijos y sin embargo, se les trata como ladrones y como asesinos.
Quién mueve la economía de los Estados Unidos, sino son los mexicanos que están allá. Quiénes son los que mandan los millones de pesos a México, sino son nuestros mexicanos que se parten el alma por hacer que la economía de México sea más alta y sus hijos y sus mujeres tengan un mejor tenor de vida en nuestra patria.
Yo los exhorto para que mandemos aparte de lo que propone nuestra valiente compañera María de Jesús Aguirre, para que enviemos un exhorto al Presidente de la República y a Luis Ernesto Derbez, Secretario de Relaciones Exteriores, para que defina su puesto. Quiere ser el Secretario de Relaciones Exteriores y defender los intereses de México o quiere seguir siendo lacayo de Estados Unidos. Si es así, que renuncie y se postule para la OEA. Y a Fox, que piense que es presidente de los mexicanos y no un…, para qué digo, de Bush.
Muchas gracias compañeros.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo más oradores registrados, pregunte la secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén en contra.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día es el capítulo de iniciativas. Esta presidencia se permite informar a la Asamblea, que el punto primero, el tercero y el cuarto, han sido pospuestos a petición de los grupos parlamentarios promoventes.
En tal virtud tiene el uso de la palabra el señor diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 19 y 20 de la Ley de Nacionalidad.
El diputado José Javier Osorio Salcido: Con su venia señor presidente:
El suscrito José Javier Osorio Salcido, en mi carácter de diputado federal de la quincuagésima novena Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pone a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifican la fracción III y se adiciona una fracción V al artículo 19 del primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS:
En la actualidad, la mayoría de las naciones del mundo buscan actualizar su legislación en materia de naturalización y nacionalidad; lo anterior por cuestiones de seguridad nacional, por lo que la mayoría de las naciones en la actualidad, exige un mayor número de requisitos a los extranjeros que pretenden adquirir la nacionalidad del país en el que residen.
Si bien es cierto nuestra nación se ha distinguido por una política migratoria flexible que ha permitido en muchos de los casos que algunos extranjeros se hayan aprovechado de las lagunas legales que tiene nuestra legislación en esta materia para su beneficio.
Actualmente los estados exigen una serie de requisitos mínimos a los extranjeros que desean adquirir la nacionalidad. La generalidad de los requisitos que se exigen, son muy razonables y necesarios para garantizar la plena integración a la sociedad previniendo de esta manera que el interesado pueda convertirse en un problema para el Estado y para la sociedad.
Nuestra Ley de Nacionalidad no toma con seriedad esta serie de requisitos que son necesarios para la seguridad nacional, ya que si bien sí hace referencia a ellos, deja a la libre interpretación de los órganos gubernamentales su cumplimiento.
Esto podría ser entendible si existiera un reglamento para esta ley. Pero el hecho es que nunca se ha elaborado dicho reglamento. Esta ley lleva ya casi siete años en vigor; fue publicada el 28 de enero de 1998 y entró en vigor desde el 20 de marzo del mismo año.
Es urgente hacer modificaciones a la Ley de Nacionalidad, por lo que estos cambios no pueden ni deben esperar más. Es urgente la reforma de esta ley para dotarla de certeza jurídica en su aplicación a fin de hacerla más clara y segura en su aplicación, y de esta forma impedir las interpretaciones que actualmente se hacen.
Al aprobarse esta iniciativa que reforma la Ley de Nacionalidad en su capítulo tercero de "La nacionalidad mexicana por naturalización", se especificará de manera clara y precisa los requisitos que deben de cumplir los extranjeros que desean adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización. Lo anterior, para acabar con las ambigüedades que presenta actualmente dicho ordenamiento.
La Ley de Nacionalidad hasta el día de hoy, en su artículo 19 fracción III, sólo exige a los interesados que pretenden adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización, probar que habla español, que conoce la historia del país y que se encuentra integrado a la cultura nacional.
Pero la ley no señala el medio por el que el interesado dará cumplimiento a este requisito y esto es utilizado por los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar entrevistas y exámenes a quienes ellos consideran, de forma discrecional y a algunos otros, les es dispensado extrañamente este requisito.
Debido a esto, nos encontramos con una serie de personas provenientes –en este caso- de países orientales que ya cuentan con su carta de naturalización y que en su gran mayoría no hablan español, menos conocen la historia y la cultura mexicana.
Por lo anterior, se hace necesario reformar dicho artículo para señalar expresamente en la ley la obligación de presentar un examen elaborado y aplicado por una universidad pública de prestigio para dar cumplimiento a este requisito.
De esta manera, se estará acabando con la discrecionalidad de los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que otorgan cartas de naturalización a personas que no satisfacen estos requisitos.
El artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, es igualmente ambiguo en su primer párrafo, el cual le exige al extranjero que pretende naturalizarse mexicano, una residencia mínima de cinco años en territorio nacional. La ley, no especifica a qué tipo de residencia se refiere, no así la Ley de Población que en ella sí se especifica que la única calidad migratoria que tienen carácter de residencia es la calidad migratoria de inmigrante.
Así la Ley General de Población, en su artículo 44, define qué se entiende por inmigrante y lo define de la siguiente manera: "Inmigrante es el extranjero que se interna legalmente en el país, con el propósito de radicarse en él en tanto adquiere la calidad de inmigrado".
Esta calidad migratoria se otorga a extranjeros profesionistas, deportistas, inversionistas, artistas, y los demás que expresamente señala el artículo 48 de la Ley General de Población.
Para que con posterioridad, quienes así lo deseen, puedan acceder a la naturalización.
Por lo tanto, el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad debe señalar expresamente que por residencia legal se refiere a la calidad migratoria de inmigante, es decir, a la que se refieren los artículos 44 a 48 de la Ley General de Población.
El requisito es razonable, ya que el sujeto se encuentra asimilado económica, social y culturalmente, además de que este tipo de extranjeros aportan al país cultura, conocimientos científicos y técnicos y capital económico que fomenta el desarrollo del país.
Por último, es necesario adicionar una fracción V al artículo 19, a fin de que se exija al extranjero que desea adquirir la nacionalidad mexicana presentar carta de no contar con antecedentes penales en México ni en el extranjero, o documento donde se señale expresamente porqué delito fue sentenciado para que, a consideración del gobierno mexicano, se le otorgue o niegue la nacionalidad.
Esta es una medida de seguridad necesaria para resguardar la seguridad del país. No podemos estar vulnerables a entregar cartas de naturalización a gente que ha delinquido y que muchas veces, como ya se mencionó, vienen huyendo de sus países, donde son vigilados por las autoridades policiacas.
El requisito anterior es necesario para el Estado mexicano porque se debe asegurar que no naturalizará a un delincuente o a un futuro delincuente, que gozará de todos los derechos como un nacional.
Por lo anterior, esta reforma, al aprobarse, exigirá al interesado allegarse su historial ministerial a las autoridades mexicanas de migración para que éstas decidan si se les otorga o no la nacionalidad, en el caso de contar con antecedentes penales.
De esta forma, las autoridades podrán decidir con mayor claridad a quiénes consideren con las cualidades para otorgarles la nacionalidad de aquéllos que consideren peligrosos para la seguridad nacional.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones antes mencionadas, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción III y adiciona una fracción V al artículo 19 y modifica el primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad.
Artículo único. Se modifica la fracción III y adiciona una fracción V al artículo 19 y modifica el primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad para quedar como sigue:
Artículo 19. De la primera a la segunda queda igual. III fracción. Probar que se sabe hablar español, conocer la historia del país y estar integrado a la cultura nacional, lo cual deberá acreditar con la aprobación de un examen, cuya elaboración y aplicación estará a cargo de una universidad pública de reconocido prestigio.
IV a final igual. El V. Acreditar fehacientemente, por medio de documentos oficiales, los antecedentes penales en México y en el extranjero.
Artículo 20. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional con la calidad migratoria de inmigrante, según los artículos 44, 45 y 48 de la Ley General de Población, cuando menos durante los últimos 5 años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo dispuesto en las fracciones de la I a la III.
Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, abril del 2005.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Esta presidencia recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que adiciona una fracción XV a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2006, por lo que esta presidencia lo turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que haga las valoraciones necesarias y le otorgue el tratamiento que considere pertinente.
Tiene la palabra el señor diputado don Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a las causas por las cuales los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden.
El diputado Luis Maldonado Venegas: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
El Estado Mexicano ha suscrito 106 tratados internacionales en materia de derechos humanos con la aprobación del Senado de la República, los cuales han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación y que por lo tanto son de observancia general en todo el territorio nacional. Ello implica necesariamente llevar a efecto las adecuaciones indispensables en nuestro derecho positivo a fin de que no se contraponga el contenido a la esencia de los tratados internacionales.
En ese contexto se inscribe la iniciativa que hoy someto a la alta consideración de esta soberanía en virtud de que la II fracción del artículo 38 constitucional, se contrapone a un principio general de derecho el cual señala que: "A toda persona debe considerársele inocente mientras no se demuestre lo contrario".
Principio que se reconoce también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, suscrita por nuestro país, en cuyo inciso I del artículo 11 dice a la letra. "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".
El Texto Constitucional citado indica: "Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
II: Por estar sujetos a un proceso criminal, por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión".
Por supuesto que a nadie escapa el que en esta época en la que el desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal ocupa la atención del país entero, se proponga la revisión del artículo 38 constitucional cuando el texto invocado no ha sufrido ninguna modificación desde la promulgación de la Constitución de 1917.
Pero los acontecimientos que impactan a la opinión pública son también ocasión propicia para que se actualicen las normas que nos rigen en beneficio de todos los mexicanos, disposiciones que como afirmábamos al inicio de esta Exposición de Motivos, se oponen inclusive a tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Tal es el caso del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 1981. Este documento señala en su artículo 3º.: "Los Estados partes del Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres de igualdad de todos los derechos civiles y políticos enunciados".
En su artículo 5º., inciso II añade. "No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que en el presente Pacto no lo reconoce o lo reconozca en menor grado".
Y en su artículo 25 establece que. "Todos los ciudadanos gozarán de los siguientes derechos y oportunidades: Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores".
Y en ese mismo sentido la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, también conocida como "Pacto de San José", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, en su artículo 2º., refiere que. "La Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos u oportunidades, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, condena por juez competente en proceso penal".
Lo que significa hacer de lado, como corresponde, la presunción de culpabilidad antes de que una sentencia cause estado.
Ninguno de los tratados internacionales aludidos señala que los derechos humanos, específicamente los políticos, se pierdan o deban suspenderse por estar sometido a proceso. Antes bien enfatizan que el ciudadano debe continuar en posesión y disfrute de los mismos y que sólo ante sentencia de condena de un juez competente en el proceso penal, podrán ser suspendidos.
Considero que ningún ciudadano puede ser prejuzgado y suspendido de sus derechos ciudadanos sin que medie una sentencia previa como lo indica la fracción II del artículo 38 constitucional que hoy pretendo modifiquemos ya que muchos ciudadanos que han sido absueltos de los delitos que se les imputaron, fueron afectados de sus derechos políticos de manera irreversible, mientras que otros al amparo de una fianza, caución o preliberación pueden ejercer sin limitación alguna sus derechos, inclusive sufragando.
"Sabemos que el Constituyente de 1917 aprobó el actual texto del artículo 38 sin mayor debate, únicamente fue sometido a una corrección de estilo, pues inicialmente aludía en su fracción II que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto un proceso criminal por delito que merezca pena corporal o alternativa de pecuniaria corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión.
"Mientras que en la Constitución de 1957 encontramos la siguiente redacción del mismo artículo 38: "la ley fijará los casos y la forma en que se pierde o suspenden los derechos del ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación.
"El Acta de Reformas de 1847 contemplaba en su artículo 9 que el ejercicio de los derechos del ciudadano se suspende por ser ebrio consuetudinario, tahúr de profesión o vago, por el estado religioso, por interdicción legal en virtud de proceso sobre aquellos delitos por los que se pierde la calidad de ciudadano y por rehusarse a servir los cargos públicos de nombramiento popular.
"Es de observar que este es el antecedente más claro del actual texto que señala que solo se suspenden los derechos ciudadanos en virtud de procesos sobre aquellos delitos por los que se pierde la calidad de ciudadano.
"Muy parecida es la redacción que encontramos en el artículo 8o. de la Constitución de 1842, la cual indica que los derechos se pierden por el oficio de ser doméstico, por ser ebrio consuetudinario o tahúr de profesión, vago o mal entretenido, por tener casa de juegos prohibidos por el estado religioso o de interdicción legal y por procesos sobre aquellos delitos por los que se pierde la calidad de mexicano.
"Vale la pena precisar, dando este repaso histórico, que sobre el artículo 38 he mencionado que la Constitución de 1824 no señala nada respecto a la suspensión de los derechos de los ciudadanos.
"Compañeras y compañeros Diputados:
"Mantener el texto actual de la fracción II del artículo 38 constitucional permite que una gran cantidad de ciudadanos que se encuentren sometidos a proceso penal por diversas causas sean suspendidos de sus derechos ciudadanos, presuponiendo su culpabilidad. Situación inadmisible en derecho, porque como ya se ha acreditado se contrapone a tratados internacionales en vigor, por lo que consideramos que modificarlo sería benéfico y sano para nuestra democracia.
"En consecuencia, someto a la consideración de ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 38 constitucional.
"Artículo único.- Se reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
"II) Por sentencia condenatoria emitida por juez competente en proceso penal a contar desde el momento en que dicha sentencia cause ejecutoria y hasta la extinción de la pena".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias Diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente.
"Compañeras y compañeros Diputados:
Pongo a su consideración la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a la exposición de motivos siguiente.
"Tal y como se consagra al artículo 49 de nuestra ley de leyes, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, lo cual en principio supone un equilibrio de poderes, al colocarlo sin prelación de uno sobre otro, sino en un nivel de fuerzas sistemáticas igualitarias en jerarquía y de funcionalidad complementaria en el ejercicio de nuestra soberanía como nación. Tan es así, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo uso de una de las facultades exclusivas, ha interpretado este precepto aprobando la siguiente tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe.
"De lo anterior se puede concluir que pese a que existan facultades exclusivas por competencia, nuestro sistema de gobierno no debe ser discriminatorio en cuanto a la flexibilidad de la división de poderes, por cuanto hace a la abrogación de ciertas facultades, entre ellos que funcionan de manera sistemática y armoniosa para la mayor eficacia y cumplimiento de sus fines, tal como se plasma en la siguiente tesis de jurisprudencia.
"Así las cosas, tenemos que conforme a esta flexibilidad en el ejercicio de atribuciones exclusivas, se encuentra limitada para la previsión de tal excepción de manera expresa en la propia Constitución Federal.
"Según lo dispone el artículo 97 en su párrafo segundo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros o al Juez de Distrito, Magistrado de Circuito o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado.
"Únicamente para que se averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación a alguna garantía individual, también podrá solicitar el Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o Magistrado federal.
"De lo anterior se desprende que únicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de oficio o a petición exclusiva del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado, Poder Ejecutivo Local, se puede iniciar alguna violación grave a las garantías constitucionales, lo cual queda claro en la siguiente interpretación plasmada en tesis de jurisprudencia.
"Esta situación resulta a todas luces discriminatoria de los otros poderes locales, como lo son el Judicial y el Legislativo de las entidades que integra nuestra nación, que sin duda alguna no tiene razón de ser, toda vez que si se les concede la facultad a los poderes similares a nivel federal, debería concedérseles en igualdad de circunstancia a los poderes locales, a excepción del Poder Judicial local, ya que en lugar de la facultad de investigar las violaciones se les podría dotar de la facultad de solicitar al Poder Judicial Federal, el que investiga el igual, el que se le otorga dicho derecho a los gobernadores de los estados, que incluso debería concedérseles a las Legislaturas locales, toda vez que la violación de las garantías, su previsión, investigación y sanción son de interés público.
"Las violaciones graves de garantías a que se refiere el artículo 97 de nuestra Constitución Federal, con hechos generalizados, consecuentes a un estado de cosas acaecidos en una entidad o región determinados y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose en consecuencia violaciones a los derechos fundamentales de los individuos.
"Por ende la grave violación de las garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en la seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que a las propias autoridades se debe proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquellos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones, que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encausar las relaciones pacíficas de la comunidad o bien sean totalmente indiferentes en obtener el respeto de las garantías individuales.
"Uno de los principales propósitos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es garantizar los derechos fundamentales del hombre, para lo cual propone procedimientos tendientes a evitar infracción de esos derechos fundamentales, mediante el juicio de amparo o bien en el caso de una violación grave y generalizada de garantías individuales, la intervención de este alto Tribunal en averiguación de los hechos, para precisar esas infracciones y con intención de que cese la violencia y alarma, se propicia el regreso al respeto a las garantías individuales.
"Las diferencias de estos procedimientos son básicamente las siguientes.
"El juicio de amparo procede a petición del agraviado en el procedimiento del 97. Por lo contrario se actúa de oficio por propia decisión de la Suprema Corte de Justicia o a petición del Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o del gobernador de algún estado.
"En el amparo se trata de un juicio o proceso y el artículo 97 constitucional se refiere a una averiguación de hechos que constituye una grave violación de garantías individuales.
"En el juicio de amparo que concluye con una sentencia pero que se admite sobreseimiento por razones técnicas o materiales.
"En el 97 con un informe sobre los hechos averiguados y una consecuente decisión de si constituyen o no una grave violación a las garantías individuales.
"En el juicio de amparo se conoce de violación de garantías que sólo afectan a una o varias personas sin trascendencia social.
"En el caso del artículo 97 las violaciones deben ser generalizadas, es decir, que se trate de violaciones graves en el Alfaro se pretende evitar que la violación de garantías se consume para restituir al gobernado en el goce de la garantía violada o en el caso de estar consumado irreparablemente el acto reclamado a sobreseer mientras que la Averiguación del 97 versa sobre hechos consumados.
Esta responsabilidad se requiere de que esta sea , se encuentra, declara en la sentencia de autoridad competente, es decir, el Poder Judicial Federal existiendo la posibilidad de que no solo mediante Sentencia de Juicio de Amparo se agilice esta violación grave a instancias locales sino que aún no existiendo alguna resolución de Amparo, esta pudiese ser declarada a través de la investigación que puede realizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que pudiese incurrir cualquier Poder de los Estados en especial en el caso del Ejecutivo Local, se está ante la imposibilidad de que por una violación grave de estas garantías individuales, los otros dos Poderes Locales no pueden solicitar la investigación en un claro interés de la justicia, máxime si tomamos en cuenta que las Legislaturas Locales tienen la facultad de incoar juicio político y esta se ve coartada por no poder ser exhaustivos en este sentido por la limitante que la Constitución no le otorga la facultad de solicitar la investigación a violaciones graves e individuales.
Por eso y por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta honorable Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 97 párrafo 2º., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:
Artículo Unico. Se reforma el Artículo 97, 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:
Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus Miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito o designar a uno o varios Comisionados Especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador o el Poder Judicial de la Legislatura de algún Estado, únicamente para que se averigue algún hecho o hechos que constituye una grave violación de alguna garantía individual, también podrá solicitar el Consejo de la Judicatura Federal que averigue la conducta de algún Juez o Magistrado Federal, la Suprema Corte de Justicia está facultada, la Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá cada 4 años el Pleno, cada Ministro.
Transitorios.- El presente Decreto entrará al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 2.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. Dado en el Salón de Sesiones de esta honorable Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. Atentamente. El de la voz, Diputado Gonzalo Moreno Arévalo.
Es cuanto Diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia recibió de parte de la Diputada Jacqueline Guadalupe Arguelles Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Iniciativa que Reforma diversas Disposiciones de las siguientes Leyes: Federal de Sanidad Animal, Federal de Sanidad Vegetal, Federal del Trabajo, Federal del Trabajo, - ---perdón- Federal de Metrología y Normalización y Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Trabajo y Previsión Social , de Economía y de Gobernación, respectivamente.
Los Puntos números 15 y 18 del Orden del Día de esta sesión, han sido pospuestos a petición de los Diputados promoventes.
Tiene la palabra la diputada Maki Esther Ortíz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar Iniciativa de Ley para el Uso y la Protección de la Denominación y del Emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
La diputada Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.
El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene una misión exclusivamente humanitaria que consiste en proteger la vida, la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como el prevenir el sufrimiento engendrado por esas situaciones
Cumple este cometido ocupándose directamente de las víctimas desempeñando su función de intermediario en cuanto a que es una institución neutral e independiente e influyendo en el comportamiento real o probable de los autores de dicha violencia.
Su labor de protección y asistencia, está destinada a fomentar la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y de los Principios Humanitarios Universales, habida cuenta de las normas jurídicas y de las peculiaridades culturales, morales, religiosas, del entorno en el que opera.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Median Luna Roja, coordina la asistencia internacional a los damnificados por desastres naturales o provocados por el hombre, actuando en calidad de representante oficial de sus miembros en el plano internacional.
Obra en el mundo entero, por alentar, propiciar, facilitar y promover las actividades humanitarias que llevan a cabo las sociedades nacionales, para mejorar la situación de los más vulnerables. Además ayuda a la sociedades nacionales a planificar y realizar programas de preparación en prevención a desastres y proyectos a largo plazo, destinados a reducir la vulnerabilidad y a comentar un desarrollo sostenido.
En cada país sólo puede existir una sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.
En el caso de nuestro país, la sociedad nacional presente, es la Cruz Roja Mexicana, constituida por decreto presidencial, firmado el 21 de febrero de 1910 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo del mismo año.
El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, despliega a través de sus componentes, actividades en más de 180 países, lo que lo convierte en la mayor red humanitaria del mundo y se guía por siete principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad, ello permite que quienes integran este movimiento, se enfoquen a evitar y aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud humana, sin discriminación de nacionalidad, raza, religión, condición social o credo político. No toman parte en las hostilidades, lo que les permite actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento.
El emblema, una Cruz Roja, sobre un fondo blanco, como signo distintivo de las sociedades de socorro a los militares heridos, fue la manera de suplir las insuficiencias de los servicios sanitarios de los ejércitos en campaña, la Media Luna Roja, surge como símbolo emblemático para los países musulmanes.
Con el fin de distinguirse como organización y contar con una protección, los integrantes del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, utilizan el emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, como símbolo humanitario que mueven a su acción a quienes resultan afectados en un conflicto armado.
Es por excelencia, y a menudo el único medio de protección, del que disponen las personas y su equipo, en la tarea de aliviar el sufrimiento de las víctimas en conflicto, constituye en tiempos de guerra, el principal medio y manifestación visible de protección del personal y medios de transporte sanitario.
La Cruz Roja y la Media Luna Roja, dispuestas sobre un fondo blanco, se encuentran entre los escasos símbolos que la gente reconoce de inmediato en cualquier lugar del mundo, aunque en un comienzo, estos signos para identificar a los servicios sanitarios de las fuerzas armadas para proteger a los enfermos y a los heridos, ha llegado a representar la asistencia humanitaria imparcial, que se presta a quienes sufren, pero que una persona, organización o empresa participe o quiera tomar parte en actividades humanitarias, no le da derecho alguno a utilizar el emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja en su propio quehacer.
En los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales, se estipula que la Cruz Roja y la Media Luna Roja, son símbolos protegidos por el derecho internacional y su uso está estrictamente delimitado. En las disposiciones de dichos instrumentos, se designa qué personas y qué personas tienen derecho a usar los emblemas, así como los fines para los que pueden ser utilizados.
Queda prohibido el uso no autorizado de los emblemas. El uso del emblema suele autorizarse para proteger los servicios sanitarios de las fuerzas armadas y en tiempo de guerra los hospitales civiles.
También lo emplean las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, su Federación Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja, de ahí la necesidad de impulsar medidas que aseguren un uso adecuado del emblema y apegado a los principios que lo rigen.
Se sabe que el emblema puede ser utilizado de manera ab usiva de la siguiente manera: imitación y uso por organizaciones que utilizan un signo, que puede ser confundido por la forma o el color, con el emblema, lo que genera un riesgo de confusión en relación con el propósito de protección que le fue conferido al emblema.
Uso del emblema por entidades o personas no autorizadas, como son empresas, comercios, farmacias, médicos, hospitales, clínicas privadas, ambulancias, organizaciones no gubernamentales, particulares, firmas comerciales, que están en contradicción con el principio de servicio voluntario y desinteresado de aquellos que lo portan. Y el más grave, el uso pérfido que consiste en utilizar el emblema en tiempo de conflicto para proteger a combatientes o material militar, lo que confunde al enemigo y pone en peligro la seguridad de los servicios médicos.
El eventual empleo abusivo del emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja va en detrimento del respeto y confianza que inspira a la población; se pone en peligro la preservación de la imparcialidad inherente a la prestación de asistencia humanitaria. El abuso por lo que atañe al emblema como el signo distintivo, empaña su imagen en la mente del público y reduce por ende su capacidad de protección en tiempo de conflicto armado. Por tal motivo es indispensable que en tiempos de paz se fortalezca una cultura de respeto a las normas que le confiere el carácter de protección al emblema, para ello es necesario que las legislaciones de los países, en particular el nuestro, fortalezca su marco legal.
En este contexto, proponemos la creación de la Ley para el Uso y la Protección y la Denominación del Emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que fortalezca la efectiva aplicación de los planteamientos contenidos por los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales de los cuales nuestro país forma parte.
No debemos esperar a que nuestro país enfrente un conflicto armado, sino que debemos prever y encauzar acciones preventivas, lo cual además es resultado de una obligación contraída por México al firmar los Convenios de Ginebra en el 49 y sus protocolos adicionales.
La ley propuesta consta de 29 artículos que guardan conformidad con lo dispuesto por los instrumentos internacionales y recoge la estructura de la ley tipo que promueve el Comité Internacional de la Cruz Roja. Se define lo que se considera como emblema de la Cruz Roja y se establecen los lineamientos sobre el objetivo de su uso, las personas, organizaciones y bienes autorizados a utilizarlo y las autoridades encargadas de autorizar la utilización del emblema, tanto en su carácter protector como indicativo.
El uso del emblema como signo protector es la manifestación visible de la protección que en los Convenios de Ginebra se confiere a las personas, a las unidades y a los medios de transporte. En este marco, se establecen las sanciones para quienes imiten, usurpen o utilicen de manera pérfida el emblema y dañen los fines humanitarios que abandera el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Cabe destacar que se obligue a las autoridades y a la Cruz Roja Mexicana a difundir la ley principalmente en cuando al uso del emblema se refiere. La sociedad nacional de la Cruz Roja Mexicana desde su fundación adoptó para su plena identificación con el pueblo de México, el emblema de la cruz roja sobre el fondo blanco, es tiempo que nuestro país cuente con una legislación interna que promueva el uso correcto del emblema de la Cruz Roja.
En un mundo cada vez más cambiante, a veces hostil e inestable, todos contamos con la presencia de la Cruz Roja dispuesta siempre a brindar ayuda incondicional. En la medida en que las necesidades de la humanidad se han ido incrementando, Cruz Roja ha desplegado más acciones a favor de quienes las necesiten hasta llegar a formar lo que es hoy: la mayor organización privada no lucrativa, de socorro en el mundo.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputada Maki.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Esta Presidencia le da la más cordial de las bienvenidas a un grupo de ministros de la Grey Católica de Tecamac, Estado de México, invitados por la diputada Gema Isabel Martínez López. Sean ustedes cordialmente bienvenidos.
El señor diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática -hasta donde entiendo no está en el salón- presentaría iniciativa que reforma y adiciona los artículo 120 y 121 de la Ley de Aguas Nacionales. Esta Presidencia turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Tiene la palabra el señor diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
En mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución General de la República; 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El Gobierno de México sustenta sus actuaciones en el principio de soberanía popular, toda vez que el pueblo es quien elige a sus gobernantes, los cuales tienen la obligación de velar por sus intereses, postulado de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, recogido por el artículo 39 constitucional.
El pueblo tiene el inalienable derecho de alterar y modificar su forma de gobierno, por ello, el ciudadano tiene la responsabilidad de controlar al poder público y exigir a sus representantes que cumplan sus obligaciones, en virtud de que no es suficiente emitir el sufragio cada período electoral para consumar la democracia.
Una forma de control ciudadano es ejerciendo los derechos en materia de información y de petición ante el Gobierno Federal, Estatal y Municipal que el artículo 6 constitucional establece en el derecho a la información, que será garantizado por el estado, lo que significa que el Gobierno debe difundir la información generada a quien la solicite con arreglo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información gubernamental.
Por otra parte, cuando un gobernado necesita información del estado o considera que la proporcionada es insuficiente, ejerce la facultad conferida en el artículo 8 de la Ley Fundamental mediante el derecho de petición, siendo importante señalar, que una vez recibida la solicitud, la autoridad debe dictar un acuerdo escrito en el que se atienda el estado del trámite de la respuesta o bien rendir su contestación en un término breve.
Sin embargo, en la práctica existe un vacío legal en el artículo 8 constitucional, ya que se deja al libre albedrío de la autoridad la interpretación del término breve, porque no se señala un plazo preciso, un término perentorio, lo que propicia el abuso de las autoridades para retardar dolosamente su obligación de proporcionar los informes requeridos o bien, incumplen este deber de manera infundada e injustificada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversa jurisprudencia respecto al contexto del concepto término breve, y la mayoría de las tesis señalan que será por un máximo de 120 días hábiles.
Lo anterior se justifica en que durante esos cuatro meses, la autoridad podrá localizar los archivos en donde se encuentra la información requerida y ese criterio se rescató por el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que la Constitución de ningún modo establece.
Por otra parte es necesario valorar que una vez transcurrido el término breve, si el peticionario no recibe respuesta, el juicio de amparo o en su caso el recurso de revisión previsto en el artículo 49 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información gubernamental, son los medios para hacer valer esta garantía, pero no podemos alentar más la afluencia a estas instancias por este motivo, por las molestias que se causan al gobernado, habida cuenta que en la vida cotidiana las autoridades requeridas utilizan sus etapas procesales para retardar más el cumplimiento de su obligación de informar.
Debemos ponderar que la Constitución, como Norma Suprema del Estado Mexicano, no debe sujetarse a interpretaciones basadas en resoluciones de contradicción de tesis jurisprudenciales que sólo alientan el abuso de las autoridades renuentes al respeto de esa garantía individual y mucho menos, a constreñirse al término de 120 días hábiles, por ser excesivo y atentatorio del espíritu de los artículos 6 y 17 de la Ley Fundamental.
Por tal motivo, con la finalidad de cubrir este vacío legal que propicie injusticia, presento esta iniciativa de fijación de un plazo perentorio con esta adición al artículo 8 constitucional, que determine el periodo en que las autoridades deben cumplir con la obligación de dar información requerida con base al principio de legalidad, reforma que contribuirá a mejorar el ejercicio de los derechos ciudadanos con leyes más claras y expeditas en beneficio de los mexicanos.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo Único. Se reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa, pero en materia política, sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de darla a conocer al peticionario en un término no mayor a 40 días hábiles.
Transitorio
"Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los doce días del mes de abril del 2005.
Solicito de manera atenta y respetuosa señor Presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así se hará, señor diputado.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado don Salvador Márquez Osornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reelección.
Permítame un segundo. Diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Ruth Hernández Martínez (desde su curul): Señor Presidente, ruego a usted solicite verificación de quórum.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A petición y en términos del artículo 27 del Acuerdo Parlamentario, se pide a la Secretaría y le ruego me permita un segundo señor diputado, abrir el registro electrónico por diez minutos, para verificar el quórum. En tanto, se instruye para que continué la sesión.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico de asistencia por diez minutos para la verificación del quórum.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor Diputado.
El diputado Salvador Márquez Osornio: Muchas gracias. Con su permiso, diputado Presidente.
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario de Acción Nacional, integrante de la LIX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el fin de establecer reelección legislativa consecutiva para diputados plurinominales, hasta por tres veces consecutivas y senadores de mayoría y de primera minoría, hasta por una vez, pero en todo caso, los diputados y senadores de representación proporcional, sólo podrán hacerlo siempre y cuando lo hagan mediante el sistema uninominal.
Si bien es cierto que no es la panacea, es una propuesta fundamental en el fortalecimiento del Poder Legislativo la reinstalación de la figura de la reelección inmediata, ya que más allá de sus desventajas, son mucho mayores sus bondades. Primeramente, porque se constituye como un mecanismo de rendición de cuentas, de control, de supervisión y de calificación ciudadana respecto a la actuación de sus representantes, al tener la oportunidad éstos, cada tres años, de señalar los errores y los aciertos. Es como diría Alonso Lujambio: "la instalación de un juicio ciudadano a través de las urnas". La reelección es la oportunidad de que el ciudadano sea juez del desempeño legislativo de sus representantes, lo que se verá reflejado al momento del voto.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se manifiesta a favor de la reelección inmediata de legisladores con base en la convicción de que ésta fortalecerá la profesionalización en el quehacer legislativo y, al significar una relación más estrecha entre electores y representantes electos, se traducirá en una efectiva rendición de cuentas que fortalecerá la consolidación democrática de nuestro sistema político.
Con la certeza de que la consolidación democrática de nuestro sistema demanda el pleno fortalecimiento del Poder Legislativo y de que esto sólo es posible a través de la configuración de un Congreso cuyos diputados y senadores sean auténticos representantes de los ciudadanos, me pronuncio en favor del establecimiento de la reelección inmediata de legisladores, ya que este hecho contribuirá a reforzar el carácter democrático de nuestro sistema político, trayendo consigo una amplia oportunidad de mejorar y dar continuidad a los trabajos y proyectos legislativos caracterizados por la profesionalización de los integrantes del Congreso, sin que esto signifique su permanencia inamovible.
Hoy nuestro país es muy distinto a aquel en el que la demanda de "no reelección" era ineludible. Hoy México es un país donde el sufragio es efectivo en la mayoría de las elecciones y por consiguiente, los legisladores estamos obligados a dotarle de leyes que reflejen y enmarquen esta nueva realidad: la realidad de la consolidación democrática.
El proceso de la consolidación democrática que actualmente protagonizamos, hace inaplazable el deber de conferir a los ciudadanos, y no a los partidos políticos, representantes auténticos obligados, además a una efectiva rendición de cuentas.
Proponemos la reelección continua de legisladores no porque queramos perpetuarnos en el cargo; por el contrario, queremos que sea el ciudadano quien decida quién llega, quién se queda y quién se va a casa.
Queremos fortalecer los incentivos para la rendición de cuentas para el trabajo constante, para erradicar la simulación y, sobre todo, para devolverle a la sociedad el mejoramiento del trabajo legislativo.
En este contexto, se propone establecer la reelección legislativa consecutiva bajo dos bases fundamentales:
La primera es que como una etapa inicial, la reelección inmediata se establezca acotada a un plazo de doce años, tanto para senadores como para diputados. Dicha limitación que se propone es con la finalidad de promover nuevos cuadros parlamentarios que renueven con sus aportaciones el ambiente y la acción legislativa, con lo que se guardaría un equilibrio entre la experiencia y las nuevas ideas.
La segunda es que la reelección legislativa inmediata de legisladores de representación proporcional, no se dé nuevamente mediante el sistema Plurinominal.
Lo anterior, obedece a la premisa de la vinculación social, de la evaluación y del juicio ciudadano que representa el mecanismo de reelección inmediata. Es así que resulta exigible que se establezcan ciertas modalidades para el caso de los legisladores de representación proporcional, toda vez que el actual sistema mediante listas cerradas y previamente diseñadas y presentadas ante el Instituto Federal Electoral, ha ocasionado que un legislador de representación proporcional no se vincule con el electorado, sino con la cúpula del partido, que es el que generalmente diseña las listas y los candidatos que la integran, reduciendo o prácticamente anulando la evaluación de los electores respecto del legislador en lo individual.
Es así que se propone reformar el artículo 59 y el párrafo segundo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de la presente iniciativa; misma que solicito respetuosamente sea insertada de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Muchas gracias señor diputado Márquez Lozornio y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado don Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Quintín Vázquez García: Con su venia compañero diputado presidente:
El suscrito diputado federal por el distrito 9 electoral, con cabecera en Guadalajara, Jalisco, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente
Iniciativa de decreto por la que se reforma el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que se considere el deporte y la recreación, como otros medios para lograr la readaptación social de los reclusos de los centros de readaptación social, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Inicio mis comentarios resaltando el texto vigente del artículo 20 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación que a la letra dice:
"Artículo 20 fracción XIV. Ofrecer capacitación laboral a los reclusos, así como promover el deporte y la cultura como medio de reintegración de los internos a la sociedad".
Como vemos, la propia instancia rectora en el ejercicio de la readaptación social considera uno de los elementos más importantes en el desarrollo mental y físico del ser humano, como lo es el deporte y la recreación así como la cultura, como un medio integrador de los individuos a la sociedad.
El texto vigente del artículo 18 constitucional establece en su primer y segundo párrafos que: "…sólo por delito que merezca pena corporal, habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
"Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal en base en sus respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente".
Señala el excelente jurista don Sergio García Ramírez, en sus comentarios al artículo en comento, que el texto vigente habla de jurisdicciones, donde se ve la idea competencial, ámbito de atribuciones de cada nivel de gobierno, el federal y el estatal y de readaptación social, donde se refleja el proyecto de ajustar la conducta del sujeto a la norma social prevaleciente, sin aspirar a una regeneración mucho más compleja y ambiciosa que la mera readaptación.
Por otra parte comenta, que mientras las cárceles sigan siendo sitios carentes de condiciones sanitarias; mientras se mantenga a los reclusos en una lamentable ociosidad y no se haga de ellos una cuidadosa clasificación según su peligrosidad, sus antecedentes, sus tendencias y sus aptitudes para lograr en la mayor medida posible la individualización administrativa de la pena de prisión.
Y mientras la administración y vigilancia de esos establecimientos no se pongan en manos de funcionarios y empleados especializados y aptos, no se podrá encontrar ningún sentido de utilidad social ni de rehabilitación del delincuente en la imposición y ejecución de las penas privativas de libertad.
Es importante resaltar que con fecha 22 de abril del 2004, presentamos iniciativa de decreto que reforma los artículos 5 y 7 de la Ley que establece las Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados, relativos a los cursos de formación y de actualización del personal asignado, así como a los estudios de personalidad que se practican a los reos, particularmente bajo los siguientes conceptos.
Dicha iniciativa fue dictaminada positivamente por la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara de Diputados y aprobada por el Pleno; actualmente se encuentra en proceso de análisis por la Cámara de Senadores.
Si bien es cierto se presentan alternativas que favorezcan la integración social de los sentenciados, también debemos de reconocer que nos hace falta actualizarnos en diversos conceptos relativos a una mejor readaptación social vía reforma constitucional.
Si reconocemos que en la actualidad el sistema penitenciario representa un elevado costo social en virtud de que no se readapta ni regenera, ni que el actual precepto constitucional se cumple de manera precisa, se hace necesario analizar el fondo de la problemática actual.
Señala la Procuraduría General de la República en su informe de gestión 2004, a la vanguardia en procuración de justicia, su participación en la Convención de Palermo celebrada en Viena, Austria, en junio de 2004, foro en el que se buscaron acuerdos de colaboración internacional y de evaluación de las acciones contra el terrorismo, la corrupción, la explotación sexual infantil, el tráfico de migrantes, el secuestro y el tráfico de armas.
Los delitos anteriormente señalados nos otorgan una idea del desfasamiento total que existe entre los tiempos de la intención del constituyente y los que actualmente vivimos; las características y los escenarios son totalmente distintos.
Las medidas al interior de los centros penitenciarios requieren de extremar una mayor seguridad, limitan casi en su totalidad la posibilidad de cumplir cabalmente con lo establecido en su segundo párrafo el artículo 18 constitucional.
Al verse limitados los conceptos sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente, se hace imperativo integrar la voluntad expresa del ente rector y promover esta iniciativa de decreto para reformar el segundo párrafo del artículo 18 de nuestra Carta Magna con el fin de considerar el deporte y la recreación como un mecanismo factible de integración a la sociedad de los sentenciados.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto:
UNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ARTICULO 18.- Los gobiernos de la Federación y de los estados, organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, el deporte y la recreación como medios para la readaptación social del delincuente.
TRANSITORIOS: Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en el mes de abril de 2005.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias son Quintín Vázquez García.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se ruega a la Secretaría, informar a la Presidencia el resultado del cómputo del quórum.
La Secretaria diputado Graciela Larios Rivas: Diputado Presidente, hay una asistencia de 302 ciudadanas y ciudadanos diputados. Hay quórum.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias secretaria.
Tiene el uso de la palabra, doña… Ruego antes a la Secretaría, disponer se cierre el sistema electrónico.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada, doña Gisela Juliana Lara Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma quince artículos de la Ley General de Salud.
La diputada Gisela Juliana Lara Saldaña: Gracias, señor presidente.
Honorable asamblea, la suscrita, diputada federal Gisela Juliana Lara Saldaña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con las facultades que me confieren los artículos 71, en su fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción IV, artículo 31, primero y segundo párrafos, artículo 43, artículo 104, 105, 108, 109, 115, fracción VIII, artículo 117, 123, 182, 286 bis, fracción I y el artículo 300 de la Ley General de Salud con la finalidad de adecuar el texto de la ley general al tenor de la siguiente exposición de motivos.
Con la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 29 de diciembre de 1976, la programación y presupuestación del gasto público federal, anteriormente competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pasó a formar parte de las atribuciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
La modernización entrañaba una actitud nueva, la de enfrentar con oportunidad y con tesón las condiciones cambiantes del presente.
Fue una disposición para innovar y modificar lo que tenía o desviaba nuestro avance, exigiendo ser más eficaces para alcanzar los propósitos.
Sin embargo, consideraron necesario realizar ajustes que tienen que ver con la estructura y funciones de las dependencias del Ejecutivo federal, principalmente la responsable de la política económica, política cuya ejecución constituía el instrumento fundamental para conducir el desarrollo económico del país y cumplir con el objetivo prioritario del gobierno de la República de procurar cada vez más el bienestar de los mexicanos.
En este contexto, el Ejecutivo propuso ubicar en una secretaría de Estado las atribuciones fiscal, financiera, crediticia y gasto del Poder Ejecutivo federal, además de las relativas a la planeación y a la información que le sirve de base a ésta, con el propósito de fortalecer la cohesión de la política económica y con ello contribuir a la consolidación tanto de la recuperación económica como de la estabilización y del financiamiento de desarrollo.
Eso tuvo lugar mediante la fusión de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público. Las responsabilidades asignadas en ese momento a las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público se encontraban estrechamente vinculadas, razón por la cual fue necesario en su oportunidad instrumentar mecanismos que hicieran combatir las funciones a cargo de estas dependencias, de tal manera que la formulación de los programas financiero y del gasto público federal guardaran la debida congruencia.
Los propósitos que animaron la conformación de la Secretaría de Programación y Presupuesto en el sentido de institucionalizar y fortalecer funciones básicas del sector público se cumplieron.
Por otra, la evolución que tuvo el país y particularmente la observada en la administración pública federal, ya no requirieron de las funciones que tenía asignada la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Por lo que hace a la denominación de la nueva dependencia y dado que se trató en realidad de una fusión, incorporó los conceptos connotativos; éstos fueron programación, hacienda, presupuesto y crédito público; sin embargo, se estimó conveniente mantener la de hacienda y crédito público.
Con esto se logró un mayor equilibrio en la relación entre el ingreso y el gasto público, en la modernización de la administración pública, en una mayor definición de sus responsabilidades, en una reducción del tamaño de la rama administrativa del Estado, sin detrimento de su función rectora, y en la simplificación de estructuras e instancias administrativas.
El 21 de febrero de 1992 se aprobó el decreto que deroga, reforma y reordena diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, desapareciendo la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Por otro lado, el 9 de noviembre del año 2000, diputados federales del grupo parlamentario Acción Nacional presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Dentro de su exposición de motivos argumentaron que la administración pública federal es el instrumento del poder público que da sustento material a las instituciones políticas.
Así, a cada etapa de la historia ha correspondido una estructura orgánica adecuada a las necesidades y demandas de la población y a las prioridades nacionales.
En este sentido, la administración pública federal debe responder a estos retos, estructurándose de tal manera que convierta las leyes y los presupuestos en políticas públicas que den sustento material y legitimidad social al gobierno.
En este sentido propusieron la reorganización de la administración pública federal. Por lo tanto, propusieron hacer las adecuaciones a las denominaciones de diversas dependencias, sustituyendo los nombres de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por la de Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología por Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobado el proyecto de decreto el día 21 de noviembre del 2000.
Lo anteriormente dispuesto debido a su aplicación y observancia jurídica no tiene problema alguno, ero el motivo de las reformas que estoy proponiendo es que se explicite más la Ley General de Salud, específicamente en los artículos: 4, fracción IV; artículo 31, I y II párrafo; artículo 43; 104; 105; 108; 109; 115 fracción VIII; 117; 123; 182; 286 bis fracción I y artículo 300 que revisten de importancia toral.
Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 73 fracción XVI del mismo ordenamiento y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de este honorable pleno la presente iniciativa:
Que en su artículo 4º., diga: "Son autoridades sanitarias
"Fracción IV: Los gobiernos de las entidades federativas incluyendo el gobierno del Distrito Federal".
En el artículo 31: "La Secretaría de Economía oyendo la opinión de la Secretaría de Salud asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios cuando tales bienes sean producidos por el Sector Público.
"La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía acerca de la importación de insumos para la salud".
Artículo 43: "Los servicios de salud de carácter social y privado, con excepción del servicio personal e independiente, estarán sujetos a las tarifas que establezca la Secretaría de Economía oyendo la opinión de la Secretaría de Salud".
El artículo 104: "La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la Ley de Información, Estadística y Geografía y con los criterios de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública".
Artículo 105: "En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de conformidad con las bases, normas y principios que ésta fije, la Secretaría de Salud integrará la información que se refiere el artículo anterior, para elaborar las estadísticas nacionales en salud que contribuyan a la consolidación de un sistema nacional de información en salud".
Artículo 108: "La Secretaría de Salud orientará la captación, producción, procesamiento, sistematización y divulgación de la información para la salud con sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado".
Artículo 109: "La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos que integren las estadísticas nacionales para la salud que elabore para su incorporación al Sistema Nacional Estadístico y formará parte de las instancias de participación y consulta que para estos fines se instituyan".
Artículo 115: "La Secretaría de Salud tendrá a su cargo
"VIII: Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas".
En el artículo 117: "La formulación y conducción de la política de saneamiento ambiental corresponde a la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo referente a la salud humana".
El artículo 123: "La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Economía y en general a las demás autoridades competentes, los requisitos técnico-sanitarios para que el almacenamiento, distribución, uso y manejo del gas natural, el gas licuado de petróleo y otros productos industriales gaseosos que sean de alta peligrosidad, no afecten a salud de las personas, los que serán de observancia obligatoria y en su caso deberán incorporarse a las normas oficiales mexicanas".
Artículo 182: "En caso de emergencia causada por deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro inminente a la población, la Secretaría de Salud adoptará las medidas de prevención y control indispensable para la protección de la salud sin perjuicio de la intervención que corresponda al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales".
Artículo 300: "Con el fin de proteger la salud pública es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiere a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios que se refiere esta Ley. La facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes de las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del Ejecutivo Federal".
TRANSITORIO
Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputada doña Gisela Juliana Lara Saldaña.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Salud.
(Aplausos)
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para iniciativa que adiciona la fracción XVII Bis al artículo 387 del Código Penal Federal relativo a Sanciones Cuando el Patrón no Registre a un Trabajador a su Servicio ante el IMSS o ante el INFONAVIT.
El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Con su permiso ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante don Hugo.
El diputado Hugo Rodríguez Díaz: "La iniciativa que pongo a consideración de ustedes, compañeros diputados, compañeras diputadas, tiene qué ver con los abusos laborales, contratación infantil y argucias fiscales.
"Las conquistas laborales en México han sido producto de la lucha de obreros y organizaciones que conscientes de su papel en la industria nacional han propuesto sus inquietudes en diferentes escenarios en este Congreso de la Unión. Numerosos han sido los casos de que tenemos conocimiento en que el patrón cuando da de alta a un trabajador para que sea sujeto de los beneficios de la seguridad social, lo hace con un sueldo inferior al que realmente está devengando, provocando con esto que las prestaciones de los trabajadores se vean disminuidas considerablemente en el momento de su retiro.
"Asimismo lo anterior lleva en beneficio de las arcas del patrón que poco a poco enriquece sus bolsillos, tal como lo hacen los directivos de la compañía de El Cerrito, propiedad de la familia Fox, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y cuyos empleados, así como los de los campos del Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, no son sujetos ni siquiera de los beneficios de la seguridad social, entre otras prestaciones, según se desprende de la nota publicada ayer en el periódico La Jornada.. El investigador de esta nota señala que estos empleados trabajan en condiciones infrahumanas, tal como él lo refiere en su artículo.
"En este tipo de criterios provoca descontento social, provoca falta de control administrativo, evasión en el pago de impuestos y migración al extranjero. En fin. Volviendo a cosas que preocupan a los trabajadores, luego de haber construido un patrimonio para su retiro éste se ha mermado con la disminución de las aportaciones a que haya hecho al IMSS o al INFONAVIT y que en su momento dado perciba menores cantidades a las que realmente debe de recibir o bien que no pueda acceder a las cantidades que tiene derecho para adquirir o remodelar su vivienda.
"Así las cosas también es conocido el criterio de algunas empresas que exigen al trabajador desde el momento de su alta como tal, que firme la renuncia a ejercer toda clase de acción penal, laboral, administrativa o de cualquier materia. Situación que nos parece baja y mezquina.
"Por lo anterior, el propósito de esta iniciativa es precisar como fraude genérico cuando el patrón no registre a un trabajador a su servicio ante el IMSS o en INFONAVIT o lo registre con un salario inferior del que se encuentra devengando.
"Asimismo propongo incluir un candado para evitar que los patrones incurran en la práctica de hacer renunciar a sus derechos como trabajador, persiguiéndose de oficio por la autoridad competente.
"En mérito de lo anterior y debidamente expuesto proponga una iniciativa con proyecto de decreto que propone la modificación y adición de la fracción XVII Bis del artículo 387 del Código Penal Federal para aplicar las mismas sanciones que en la comisión de fraude genérico cuando el patrón no inscriba al trabajador o lo haga con un salario inferior al realmente devengado.
"Por lo anterior, le pido a usted, Presidente, sea insertada en su totalidad esta iniciativa en el Diario de los Debates, para su constancia".
Es cuanto.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputado don Hugo Rodríguez Díaz.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Miguel Ángel Toscano Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
El diputado Miguel Angel Toscano Velasco: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante don Miguel Ángel.
El diputado Miguel Angel Toscano Velasco: Gracias.
"El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Toscano Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente a la Quincuagésima Novena Legislatura de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, que tiene como propósito principal modificar la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, bajo la siguiente
"Exposición de Motivos
"En los términos en los que actualmente se encuentra redactado el artículo 1º de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se provoca que los vehículos importados por fabricantes o comerciantes en el ramo de vehículos, tengan una carga financiera que no tienen los vehículos de fabricación nacional, toda vez que en los primeros se tiene que pagar el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, en el momento en que se introducen al país y dicho monto se recuperará hasta el momento en que el vehículo importado sea enajenado por el consumidor.
"Asimismo, el esquema previsto en dicho artículo provoca un tratamiento desigual frente a vehículos de fabricación nacional, ya que en estos últimos la base del impuesto es el precio de venta al consumidor, el cual es mayor al precio que se declara en la aduana por los vehículos importados, puesto que este precio no tiene contemplado el margen de utilidad a que se enajenan al consumidor.
"Por lo anterior, se propone modificar el mencionado artículo 1º de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, a fin de establecer que tratándose de las importaciones de vehículos por los fabricantes o por los comerciantes en el ramo de vehículos, el impuesto se pague al momento en que se enajenen al consumidor, eliminando la carga financiera al enajenante y permitiendo que se integren a la base los gastos y al margen de utilidad de este último.
"Además, con la nueva mecánica propuesta a través de la presente iniciativa, se permite que la entidad federativa en la que se tramiten por primera vez las placas de circulación de los vehículos importados, reciba el monto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
"Asimismo, se considera conveniente derogar la exención que actualmente se encuentra prevista en la fracción II del artículo 8º de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos vigente, que consiste en que no se pague ese impuesto de enajenación al público en general de automóviles compactos de consumo popular, definidos en el segundo párrafo de dicha fracción como aquellos cuyo precio de enajenación, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, sea la cantidad actualizada al 1º de enero del 2005, de 135 mil 690 pesos, el motor sea de fabricación nacional y posea una capacidad para transportar hasta cinco pasajeros, en virtud de que esta exención otorga un tratamiento inequitativo en relación a los automóviles que se importen y tengan características similares en cuanto a capacidad y precio.
"También consideramos pertinente reformar el párrafo segundo del artículo 11 de la ley de la materia, con el fin de precisar que cuando el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos ya se haya pagado con motivo de la importación o cuando el vehículo forme parte del activo fijo de las empresas, no se deberá volver a pagar dicho impuesto.
"Por último, se propone reformar el tercer párrafo del referido artículo 11, en virtud de que hoy día dicho precepto prevé que los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de automóviles, no deberán hacer la separación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos en el documento que ampare la enajenación, siendo que los comerciantes en el ramo de vehículos que también son sujetos de este impuesto, deben cumplir con este requisito.
"Por todo lo anterior, se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos".
Y le pido a la Presidencia se transcriban los artículos que se reforman al final del documento.
Es cuanto señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado.
Como lo pide el señor diputado don Miguel Ángel Toscano Velasco, insértese íntegro el documento en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra, el señor Diputado don José Francisco Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar Iniciativa que reforma los Artículos 5 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Servicio Comunitario.
El diputado José Francisco Landero Gutiérrez: Con su permiso, Diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante don José Francisco.
El diputado José Francisco Landero Gutiérrez: Me presento ante esta soberanía con el objetivo de exponer las razones de esta Iniciativa que busca transformar el Servicio Militar Obligatorio en Voluntario y otorgar el carácter Obligatorio del Servicio Comunitario a nivel Constitucional, destacando la importancia de la creación de la Ley del Servicio Comunitario.
En 1943, entró en vigor, la Ley del Servicio Militar Nacional, con el objetivo de contar con una reserva de jóvenes capacitados, para hacer frente a las posibles amenazas a la Soberanía Nacional.
México, orillado por los conflictos mundiales y su ulterior entrada como país beligerante, instado en la Constitución, el Servicio Militar Nacional con el argumento de que podría afrontar así de mejor manera, las amenazas desde el exterior.
Actualmente, la situación mundial y nacional ha cambiado diametralmente, después de la desaparición del Bloque Soviético y la dstención (?) Militar mundial posterior a la Guerra Fría, varios países comenzaron a re-definir sus estrategias de seguridad nacional y militar.
Diferentes causas han llevado a la transformación del Servicio Militar obligatorio en el mundo. En Europa, comenzó con la reducción en los contingentes de Conscriptos del Sistema Militar, dándole preferencia a la preparación de un Ejército completamente profesional. }
En Argentina, por ejemplo, no es casual que la abolición del Sistema Obligatorio se haya acelerado como consecuencia de la Guerra de las Malvinas, la cual se convirtió en un ejemplo evidente de lo que puede ocurrir con Conscriptos mal entrenados y convertidos en Soldados.
Por otro lado, estudios en la materia indican que la inversión en el Servicio Militar Obligatorio no es redituable en términos de costo-beneficio ya que implica, año con año, repetir el proceso de instrucción de nuevos contingentes de conscriptos e impide la posibilidad de continuar la preparación de aquellos de clases anteriores.
Además, se podría optimizar el número de personal dedicado a la Conscripción, ejemplo de ello es que en los países que tienen Servicio Militar Obligatorio, poseen fuerzas armadas con un 34% más de personal que aquellos en donde el reclutamiento es voluntario.
Otra de las razones para transformar el Servicio Militar Obligatorio en Voluntario, es la necesidad de profesionalizar a todos los contingentes armados.
Para afrontar los problemas actuales de Seguridad Nacional como el terrorismo, la estrategia y la logística bélica, implica que todos los contingentes cuenten con adiestramiento especializado.
En suma, se observa que el modelo de Conscripción Obligatoria va desapareciendo en diversas partes del mundo; en América encontramos diversos ejemplos como Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Canadá, Estados Unidos y Nicaragua, entre otros.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud 2000, la mayoría de los jóvenes desean participar en actividades como la Defensa en el Medio Ambiente, el Respeto a los Indígenas, actividades solidarias y por la Paz; por ello, es importante garantizar jurídicamente la continuidad de los programas existentes y fomentar la aplicación de otros.
Es necesario contar con un marco jurídico congruente con las actividades que el Servicio Militar Obligatorio impulsa actualmente.
En nuestros días, existen amenazas para nuestro país que ponen en riesgo el desarrollo sustentable y la seguridad nacional, diferentes a los de hace 60 años, cuando fue expedida esta Ley, entre los que se encuentran el terrorismo, el narcotráfico, la pobreza, la deforestación, los desastres naturales, la drogadicción, el rezago educativo, entre otros.
En este contexto, el nuevo rostro que el Servicio Militar ha adoptado en los últimos años, aún sin contar con el marco jurídico adecuado, ha tenido una visión benéfica para la juventud, a través de diversas acciones de labor social.
Sin embargo, se podría aprovechar de mejor manera el talento, la generosidad, la creatividad y las habilidades que tienen todos los jóvenes, también se podría mejorar la coordinación entre las diferentes dependencias gubernamentales, las que actualmente participan en el Sistema Militar Nacional y las que no se han incorporado todavía. También podrían participar diferentes actores sociales en este sentido.
Por lo anterior, esta iniciativa también pretende otorgar el carácter obligatorio del Servicio Comunitario, toda vez que en eso ha consistido la instrucción militar desde 1997 en que se firmaron convenios por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con diversas dependencias de la administración pública federal.
Se otorga el carácter de obligatorio, como una acción afirmativa, que permitirá que la sociedad vaya conociendo los resultados del Servicio Comunitario y los jóvenes conozcan los beneficios personales y sociales de llevarlo a cabo.
Se prevé que el Servicio Comunitario mejorará la relación costo-beneficio de su operatividad, ya que con la aplicación de las capacidades de los miles de jóvenes que prestan su ayuda continuamente en programas de tipo social, se amortiguará el gasto realizado en diversos programas a favor de las comunidades más necesitadas. Asimismo no se contempla un aumento en las erogaciones destinadas para la supervisión y control de los centros de adiestramiento a nivel nacional, porque se utilizaría la misma infraestructura operativa y de personal con el que cuenta el Servicio Militar en la actualidad, por ningún motivo tampoco se pretende que las mujeres realicen un servicio militar obligatorio.
Los programas sociales han servido para que miles de jóvenes realicen labores altruístas por su comunidad, fomentando una conciencia cívica y solidaria, además de considerar que ya existen los mecanismos, instrumentos y presupuesto para su ejecución sin mayor dificultad. El Servicio Comunitario representa una oportunidad para formar ciudadanos comprometidos con la comunidad y el desarrollo nacional.
Por las razones anteriores es necesario crear la Ley del Servicio Comunitario, que establezca el marco jurídico que genere la permanencia de las acciones que se desarrollan en este sentido, esto deberá contar los casos de excepción de quienes, por razones económicas y/o de ocupación no pudiesen realizarlo en un momento dado, también de quienes podrían ser exentos de realizar otro tipo de servicio obligatorio como el Servicio Social Profesional, en razón de haber realizado el Comunitario.
El Servicio Militar Voluntario permitiría aprovechar la vocación de los jóvenes ciudadanos que deseen realizar una actividad en las que se les incorpore una instrucción militar adecuada, donde sientan los voluntarios una vocación por la carrera de las armas. Y además permitiría contar con contingentes realmente especializados, para responder a los peligros inminentes.
De ahí la importancia de esta propuesta, que busca modificar el Artículo 5 y las fracciones I y II y también el Artículo 31 de la Constitución, con el objeto de que el servicio de las armas sea voluntario e incluir entre los servicios obligatorios el Servicio Comunitario.
Legisladoras y Legisladores. Los invito a que apoyemos esta propuesta, la analicemos y contribuyamos a impulsar la realización de foros, consultas públicas, con el objetivo de conocer los puntos de vista de los actores involucrados interesados en la expedición de la Ley de Servicio Comunitario.
Estamos seguros que la transformación hacia un Servicio Militar Voluntario será benéfico, por bien de nuestra propia seguridad, y que la obligación de realizar un Servicio Comunitario permitirá que muchos mexicanos, hombres y mujeres, contribuyan con el país en las necesidades locales más importantes, generando la formación de ciudadanos responsables, disciplinados, preparados, con vocación de servicio y con mayor capacidad de autodeterminación.
Es cuanto, señor Presidente, y solicitaría que se incluya en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado.
Como lo solicita el diputado don José Francisco Landero Gutiérrez, insérte el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Sheila Fabiola Aragón Cortés del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de la Policía Federal Preventiva en materia de delitos cibernéticos y delitos contra menores.
La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés: Con al venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados.
Cuántas veces utilizamos al día el teléfono celular, una computadora portátil o de escritorio; un disco compacto ya sea para verlo, leerlo o escucharlo. Cuántas veces oprimimos algún botón para elegir una opción ofrecida por un aparato electrónico. Cuánta variedad de información recibimos a través de un correo electrónico o de una conversación por computadora en tiempo real, de un videojuego o de una señal vía satélite. A lo largo de la historia, el hombre ha necesitado transmitir y tratar la información de forma continua. Aún están en el recuerdo las señales de humo y los destellos con espejo y más recientemente los mensajes trasmitidos a través de cables utilizando el código Morse o la propia voz por medio del teléfono.
La humanidad no ha cesado en la creación de métodos para procesar información, los avances técnicos, científicos, médicos y sociales fueron posibles porque el ser humano registró sus experiencias en elementos materiales que permitieron su conocimiento por otros y las conservó para futura memoria: Pinturas rupestres y la escritura cuneiforme, luego la imprenta y ahora los sistemas electrónicos de información. Con ese fin nace la informática como ciencia encargada del estudio y desarrollo de estas máquinas y métodos y además con la idea de ayudar al hombre en aquellos trabajos rutinarios y repetitivos, generalmente de cálculo o de gestión.
La informática nos rodea y es una realidad incuestionable y parece que también irreversible. Está en casi todos los aspectos de la vida del hombre, desde los más triviales hasta los más sofisticados. Sin la informática las sociedades actuales colapsarían; es instrumento de expansión ilimitada e inimaginable del hombre y es, a la vez, una nueva forma de energía que potencia y multiplica las posibilidades del desarrollo científico y social, erigiéndose en patrimonio universal de la humanidad.
Las reformas elaboradas el Código Penal, Código de Procedimientos Penales y Código de Comercio que involucran el uso de sistemas y equipos de informática, integran legislaciones modelo de organismos internacionales, necesarias para estar a la vanguardia en la regulación de actos jurídicos que incorporan estas tecnologías y de formas novedosas para hacer negocios gracias a la información que fluye a través de sistemas y equipos informáticos, incluyendo sus redes.
Los sistemas y equipos informáticos se han convertido en una herramienta delictuosa y con ello surge la interrogante que señala: "¿Hasta dónde regular el uso, goce o disposición de ellos y cuándo se rebasa la línea de privacidad que las personas poseen?", por ello la necesidad de contar con una legislación eficaz para combatir los delitos cibernéticos es fundamental para prevenir este tipo de ilícitos o la convergencia internacional en esta materia no deja dudas sobre la preocupación que existe.
En este sentido, esta iniciativa pretende adecuar con precisión cada una de las conductas que demuestran el uso o disposición incorrectos de equipos o sistemas informáticos, además de que en algunos casos representan un riesgo para el bienestar común. Son éstas las que hacen más complejo el escenario de un delito, pues la velocidad de transmisión de datos y la multiplicidad de sujetos que intervienen en el curso de la información dan por resultado una persecución con obstáculos y más allá de eso, contra el reloj.
Al nacer Internet como una tecnología que pondría la cultura, la ciencia y la información al alcance de personas de todo el mundo, delincuentes diversos encontraron el modo de contaminarla y lo que es peor, impunemente. Desde los organismos internacionales la atención hacia los delitos cibernéticos ha ido en incremento, pues la vulnerabilidad de los sistemas electrónicos y digitales de todos los países alrededor del mundo se han visto afectados desde los niveles gubernamentales y financiero, hasta la comunicación personal a través de un teléfono celular.
La OEA respondió esta preocupación con la creación del grupo de expertos por mandato de la Cuarta Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas, en 2002. Se consideró la elaboración de los instrumentos jurídicos interamericanos pertinentes y de legislación modelo, con el fin de fortalecer la cooperación hemisférica en el combate contra el delito cibernético, considerando normas relativas a la privacidad, la protección de la información, los aspectos procesales y la prevención del delito.
Las estadísticas de la Procuraduría General de la República y la Policía Federal Preventiva sobre delitos que involucran sistemas y equipos informáticos, señalan un aumento progresivo de los delitos que afectan a industrias, negocios y consumidores por igual.
La disminución de crímenes de este tipo se logra contando con una legislación adecuada y de vanguardia que contempla mecanismos de cooperación entre autoridades locales, estatales, federales e internacionales, tal y como pretende la presente propuesta.
El esfuerzo que hacen las autoridades no es suficiente para combatir los delitos cibernéticos. El trabajo continuo en el combate a este tipo de ilícitos es fundamental para crear una cultura básica de la prevención.
En el 2002, inicia funciones el grupo interinstitucional para combatir los delitos cibernéticos DC- México, integrado por el Gobierno Federal y los Gobiernos estatales, instituciones académicas, proveedores de servicio de Internet y organizaciones civiles y privada convirtiéndose en un grupo de trabajo que evalúa y propone soluciones en el combate a los delitos cibernéticos.
Del mismo modo, la Cámara de Senadores aprobó un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes demostrando su preocupación a este respecto.
La iniciativa que presento ante ustedes reforma diversas disposiciones al Código Penal Federal; Código Federal de Procedimientos Penales; Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y Ley de la Policía Federal Preventiva.
Las reformas del Código Penal Federal contempla un título especial denominado "Delitos Cibernéticos", que contemplando como delitos el de Acceso No Autorizado a Sistema y Equipos de Informática con sus respectivas sanciones y agravantes, también el de abuso de sistemas y equipos informáticos para aquellos que utilicen estos dispositivos para cometer algún otro delito.
El capítulo relativo a la corrupción de menores, pornografía, prostitución y lenocinio infantiles, incluye un catálogo de definiciones; se especifica cada conducta acorde al grado de participación y se sanciona al turismo sexual infantil.
Los textos relativos a los delitos de amenazas, robo y terrorismo, se modifican incluyendo modalidades que involucran equipos y sistemas de informática. De igual modo, la piratería de señales se elimina de los delitos para derecho de autor y así incluirse en acceso no autorizado a equipos y sistemas de informática.
Respecto al Código Federal de Procedimientos Penales se señalan disposiciones comunes para la averiguación previa de este tipo de delitos, tales como la información contenida en un equipo o sistema, se considerará evidencia. También la información digital o virtual es considerada como prueba, pero únicamente está limitada esta condición para los delitos informáticos.
Asimismo se propone incluir como delitos graves la corrupción de menores, pornografía, prostitución y lenocinios infantiles.
De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se propone incluir a la corrupción de menores, pornografía, prostitución y lenocinio infantiles, en el catálogo de delitos considerados como tales y se amplían las herramientas utilizadas tanto para la Comisión como para la investigación de los delitos de cintas magnéticas a dispositivos ópticos, electrónicos o magnéticos; ello para una mayor diversidad.
Por último, de la Ley Federal de la Policía Federal Preventiva, únicamente se agrega la atribución a la PFP de vigilar el tráfico de Internet y la vigilancia del tráfico de información en las telecomunicaciones.
Sin embargo, para estas reformas es necesario fortificar los recursos con los que se cuentan. En este sentido proponemos fortalecer a la Policía Cibernética a través de su creación formal, del mismo modo podrá capacitar a las policías cibernéticas estatales y a los miembros del Poder Judicial que así lo requieran, siempre respetando los esquemas de cooperación y coordinación en materia de seguridad pública que para este efecto tengan signadas las autoridades.
Finalmente, el adecuado funcionamiento de los esquemas de cooperación y el resultado que obtuvimos durante los trabajos para la presentación de esta iniciativa, no se verían completados sin la propuesta final de formalizar jurídicamente la conformación del grupo DC- México, cuyos alcances pretendemos sean más allá de sugerir adecuaciones al marco legal en materia penal, para convertirse en un grupo con una dinámica fija y que sea punta de lanza en el establecimiento de medidas preventivas y correctivas, incluyendo las educativas para los usuarios de equipos y sistemas informáticos.
Por lo anteriormente expuesto y fundada la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y Ley de la Policía Federal Preventiva, relativas a los delitos cibernéticos y delitos contra menores, solicito a la Presidencia de esta H. Cuerpo Legislativo, lo siguientes:
Primero. Se me tenga por aceptado y turnado en los términos solicitados en el proemio de este instrumento legal y,
Segundo. Sea publicado de manera íntegra en el Diario de Debates, tal como se reproduce en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias doña Sheila Fabiola Aragón Cortes. Como lo solicita en el propio documento, insértese el texto íntegro del mismo en el Diario de los Debates y se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Enrique Guerrero Santana.
Por favor, sonido en la curul de doña María de Jesús Aguirre.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde su curul): Gracias diputado Presidente, si pudiera también turnar la iniciativa para opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se obsequia en sus términos su pedimento, diputada.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Enrique Guerrero Santana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Enrique Guerrero Santana: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante don Enrique.
El diputado Enrique Guerrero Santana: Compañeros diputadas y diputados:
Honorable Asamblea:
El suscrito, diputado federal Enrique Guerrero Santana, integrante de esta Honorable LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 2° y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma la Ley General de Desarrollo Social, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
El Banco Mundial reconoce que la pobreza y la marginación en el campo y los municipios mexicanos son alarmantes, tan sólo en los últimos diez años han venido creciendo de manera importante, de 1995 al 2004, aumentaron en un 25%. La desnutrición se ha calificado como un problema grave de salud pública, que afecta al 50% de los niños menores de 5 años del medio rural.
Los efectos en la primera infancia de 0 a 8 años son devastadores y duraderos, pues impiden el desarrollo conductual y de conocimientos que se reflejan en el bajo rendimiento escolar. Este problema de salud en México, alcanza niveles insospechados, pues 25 mil menores mueren anualmente, lo que representa la décima causa de muertes en nuestro país.
Las cifras anteriores resaltan que la desnutrición se ha agravado en las comunidades rurales e indígenas, debido a la escasa variedad de alimentos consumidos. Es de mencionarse que el Instituto Mexicano del Seguro Social establece que los trastornos asociados a la desnutrición son responsables del 60% de las muertes infantiles. Si pretendemos que todos estos indicadores dejen de ser focos rojos, es apremiante instrumentar políticas públicas dirigidas principalmente a erradicar dichas cifras.
El campo y los municipios mexicanos atraviesan por una grave y compleja crisis multidisciplinaria, económica, educativa y cultural. Dicha situación se debe en gran medida a la falta de interés política para la toma de decisiones congruentes y de instrumentación de acciones dirigidas a terminar con la problemática en cuestión.
La constante de casi todos los problemas sociales, radica principalmente en situaciones de carencias educativas y de formación de valores. En la medida que invirtamos en la educación, en esa misma proporción se erradicarán gradualmente la mayoría de los problemas sociales. Todos sabemos que esta es la mejor inversión para nuestro país. No escatimemos recursos tratándose de la formación de nuestros niños. No es a corto plazo, pero sí la más rentable y segura que pudiera existir.
La educación en parte, es parte fundamental en el buen desarrollo de cualquier sociedad. Proporcionar una educación digna a nuestra niñez, es el mejor principio para erradicar la marginación y la pobreza social, así como combatir los rezagos culturales y educativos.
Debemos estar conscientes de que los niños son, sin lugar a duda, el futuro de nuestro México. Si tenemos niños bien alimentados, seguro que tendremos buenos estudiantes en los años venideros.
Por lo anterior, pongo a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Desarrollo Social.
Artículo único. Se adiciona una fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:
Las fracciones del I al IX quedan como están.
Se adiciona una, la X: "...las políticas, programas y acciones públicas necesarias para garantizar y mejorar los niveles de alimentación y nutrición para la población infantil de las escuelas de los niveles de preescolar y primaria en municipios y comunidades rurales marginadas de nuestro país, con la implementación de cocinas, comedores y lavamanos para preparar desayunos y comidas con buenos niveles nutricionales, así como la implementación de bebederos con sistema de filtración de agua en los planteles educativos".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Enrique Guerrero Santana.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para iniciativa que reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditorías ambientales.
El diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Carlos Manuel.
El diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez: El suscrito, diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, somete a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditorías ambientales, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El deterioro ambiental causado por las distintas actividades productivas en el país continúa incrementando, convirtiéndose en una grave amenaza ahora no sólo para el equilibrio ecológico, sino para la integridad física de la población y para las bases mismas que sustentan la economía de la Nación.
Los esfuerzos realizados por el Estado Mexicano resultan insuficientes y la creciente incidencia de accidentes y contingencias ambientales, pone de relieve la urgencia de reforzar las medidas de vigilancia que garanticen la aplicación de la normatividad ambiental.
Los modelos de comando y control, así como de cumplimiento voluntario, han probado ser insuficientes, dadas las limitaciones en las capacidades físicas y procesales de los órganos responsables de la aplicación de las leyes ambientales.
La LEGEPA no prevé procedimientos claros y precisos para la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental, por lo que se protege en la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No obstante, el proceso resulta largo, complejo, ineficaz e insuficiente.
Asimismo el carácter multimedia de la contaminación contrasta con la especificidad que exige el procedimiento administrativo, de modo que las revisiones resultan parciales.
En lo que concierne al cumplimiento voluntario de la normatividad, éste se ha diseñado en función de las ventajas que se le confiere a los establecimientos empresariales frente a los mercados comerciales.
Hoy en día se ha consolidado la figura de la auditoría ambiental y los procesos de administración ambiental, orientados a la certificación de la calidad total, como es el caso de la norma internacional ISO-14000. Ambos procedimientos comparten la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de cumplimiento de la ley en la materia documental, de diagnóstico de procesos y fuentes de emisiones, así como en el cumplimiento real de los compromisos o sanciones ahí contenidos.
Cabe recordar que el procedimiento de inspección ambiental tiene alternativamente un efecto preventivo o correctivo. Cuando el inspector llega a una empresa como parte del programa normal de verificación de la PROFEPA, encuentra la posibilidad de detectar fallas que pueden derivar en daños graves y entonces actuar preventivamente. Del mismo modo que si detecta omisiones graves, determinar las correcciones apropiadas.
Normalmente este proceso se convierte en una molestia para los responsables de las empresas, que consideran una intromisión inaceptable que casi siempre deriva en sanciones económicas.
Cuando se le advierte al responsable de la instalación, como lo prevé la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, entonces éste tiene la oportunidad de modificar el estado de operación normal de la planta bien sea parando líneas, limpiando o evitando mostrar aquellos puntos críticos de la misma. El inspector o verificador trabaja entonces en un clima de agresividad y tensión.
El caso de las auditorías ambientales tiene la garantía de la cooperación voluntaria del responsable. Ante la perspectiva de obtener un certificado que le identifica como una industria limpia y la posibilidad de utilizarlo como un elemento de competitividad ante sus clientes, se apresta a proporcionar toda la información que se le requiere. Y lo más importante, comienza a resolver sus deficiencias normativas casi de inmediato, asignando incluso importantes inversiones en materia de dispositivos de prevención y control de la contaminación. Una diferencia sustancial entre uno y otro modelo de cumplimiento ambiental, significa sin duda los costos que implican cada una de ellas.
Las inspecciones no le cuestan a la empresa, pero significan desembolsos importantes en materia de abogados y multas. Las auditorías ambientales son costosas y tienen que ser cubiertas por los responsables. Las empresas en México, tienen una actitud diferente en función del tamaño de las mismas. De este modo,. las grandes empresas invierten importantes sumas de dinero en la realización de programas y auditorías ambientales.
Con frecuencia muchas de ellas son filiales o subsidiarias de matrices internacionales, de modo que son éstas las que dictan las políticas ambientales que deben de cumplir. De aquí que el cumplimiento obedezca más a las ventajas que ofrece el mercado internacional para aquellas empresas exportadoras, que un cumplimiento meramente ético hacia el interior del país.
La mediana industria cumple con las obligaciones ambientales porque la autoridad las enfoca y prioriza en los programas de vigilancia, por lo que el incentivo no necesariamente encuentra la competitividad del mercado.
El problema se complica en la micro y pequeña industria que vive una permanente crisis económica que les impide un cumplimiento proactivo de las obligaciones ambientales; son las más numerosas y las que menos incentivos tienen para adoptar medidas de prevención y control de la contaminación.
Un rubro muy importante lo constituye la empresa paraestatal, concretamente PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, que están llamadas a cumplir con sus obligaciones ambientales por el solo hecho de ser parte del Estado.
Estas empresas asignan abundantes recursos en la formulación de auditorías ambientales y varias instalaciones han cumplido exitosamente con los compromisos ambientales asumidos.
Con todo, la incidencia de accidentes ambientales, algunos de magnitud catastrófica, se suceden incluso en aquellas empresas que se identifican como industria limpia. Ello refleja que hay una falta de procedimiento. La auditoría, ya no digamos la inspección convencional, está dejando de lado partes vulnerables de la planta industrial o bien no se está dando la prioridad a las medidas de control comprometidas con la autoridad.
Es decir, el compromiso de cumplimiento voluntario no considera la atención ni corrección preventiva de aquellos puntos más críticos de la planta, o simplemente no se cumplen.
La sociedad no se explica la elevada frecuencia con que ocurren accidentes industriales que impactan al ambiente, precisamente en aquellas instalaciones y partes industriales que justamente han recibido los beneficios de las inversiones en pro del ambiente.
La presente iniciativa propone entonces la creación de la figura de la auditoría ambiental de cumplimiento obligatorio como un instrumento que fortalezca a la visita de verificación de cumplimiento. Este instrumento tendría las bondades de la auditoría ambiental voluntaria, en la que la autoridad estaría en la posibilidad de realizar una revisión exhaustiva del cumplimiento ambiental por parte de la empresa.
De diagnosticar las omisiones y fallas que contribuyen a la emisión de contaminantes, así como de emitir las condicionantes que determinen las medidas de prevención y control pertinente, la diferencia estriba en que sería un instrumento obligatorio que permitiría fincar responsabilidades cuando no se cumplan las recomendaciones.
Asimismo, aquellas auditorías de cumplimiento voluntario en curso serían contrastadas y verificadas con relación al cumplimiento puntual de las acciones comprometidas con la autoridad.
En consecuencia, se propone el proyecto de decreto que reforma el artículo 38-bis 1, para recorrerlo al 38-bis 2; el artículo 38-bis 2, para recorrerlo al 38-bis 3, y se adiciona e inserta el artículo 38-bis 1, para quedar como sigue:
"ARTICULO 38-bis 1.- Las auditorías ambientales tendrán el carácter de obligatorias para las entidades paraestatales, órganos desconcentrados y demás entidades autónomas de la Administración Pública Federal".
Muchas gracias diputado.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Carlos Manuel Rovirosa Ramírez.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Lino Celaya Luria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El diputado Lino Celaya Luria: Con su autorización señor Presidente.
El suscrito, integrante de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reforma que adiciona un párrafo tercero al artículo 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral con el objeto de dar certeza y certidumbre jurídica al principio de difitinibilidad (sic) en materia electoral, bajo lo siguiente:
El 26 de julio de 1996, los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD y PT, de la Cámara de Diputados; PAN, PRI y PRD de la Cámara de Senadores y Ejecutivo Federal, presentaron una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el que se introdujeron nuevos mecanismos jurídicos que otorgaban mayor eficacia y confiabilidad al sistema de justicia electoral.
Dicho decreto de reformas y adiciones se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996. Como producto de esta reforma político electoral, el actual artículo 41 constitucional establece, en su fracción IV, lo siguiente:
"Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución."
En tanto que el artículo 99, fracción IV, dice: "Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e intachable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre el artículo 4, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones.
"Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos."
Asimismo, el artículo 116, fracción IV, inciso e) indica: "Las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales".
En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido, en una de sus tesis de jurisprudencia, que: "El proceso electoral de una entidad federativa concluye hasta que la sala superior del el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el último de los juicios de revisión constitucional electoral o para la protección de los derechos político electorales del ciudadano".
Promovidos para impugnar los actos o resoluciones de las autoridades electorales, emitidos al final de la etapa de resultados en virtud de que las ejecutorias que se dictan en los referidos juicios son las que se proporcionan realmente la certeza de que dichos actos impugnados han adquirido definitividad.
No obstante lo anterior, la realidad ha demostrado que existe una dilación en la impartición de justicia electoral, toda vez que las resoluciones se han emitido prácticamente un día antes de la toma de posesión de los representantes populares, lo que lejos de generar una certidumbre jurídica ha generado una inestabilidad social sujeta al vaivén metajurídico de factores político-sociales, en el menor de los casos, porque en otros ha generado violencia poselectoral.
Aunado a lo anterior cabe mencionar que el período de transición que vive México, por no decir de simple alternancia, inauguró un nuevo escenario: el de la incertidumbre democrática donde nadie sabe cuál es el desenlace de los intereses en juego de los diferentes grupos o personas; es decir, estas nuevas relaciones de la sociedad y el poder se encuentran anquilosadas y atadas a prácticas autoritarias que no responden a los reclamos ciudadanos ni mucho menos a las necesidades de los escenarios.
Debido a ello, debemos institucionalizar la consolidación de nuestra democracia electoral a través de instituciones sólidas que garanticen, entre otras cosas, el respeto a la legalidad y a la perfección de la ley, y qué mejor garante de ello que sea a través del Poder Judicial.
En ese sentido vale la pena señalar que el voto popular constituye la única fuente de legitimidad y legalidad del poder público, ya que el constituyente originario de 1917 reconoció en el Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza lo siguiente: "Siendo el sufragio una función esencialmente colectiva, es la condición indispensable del ejercicio de la soberanía; debe ser atribuido a todos los miembros del Poder social que emprendan el interés y el valor de esa altísima función".
En tal virtud, una consecuencia práctica de la soberanía en la aplicación del sufragio universal, que otorga a cada ser un voto independientemente de su condición social, económica o cultural.
Ahora mismo el impacto que tienen estas disfuncionalidades en la eficacia y viabilidad del sistema electoral, dista mucho de ser una de las causas primordiales del menosprecio ciudadano hacia la política y las instituciones, más bien introduce un conjunto de conflictos alternos al clima de descontento ciudadano, los cuales puedes ser subsanables de forma satisfactoria, ya sea por medio de una modificación legislativa, por conducto de la intervención de los órganos entre actores políticos, siendo éste último una vía de resolución identificada como practicas antidemocráticas de nuestro pasado reciente.
En suma, se adiciona el párrafo tercero del artículo 93 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para que pueda quedar como sigue. Artículo 93, tercera parte:
"El juicio de revisión constitucional deberá ser resuelto a más tardar treinta días antes de que tomen posesión los representantes populares a que se refiere el artículo 87 párrafo primero de esta ley".
TRANSITORIO
Primero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Segundo.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente. Su servidor Lino Celaya.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado don Lino Celaya Luria.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra la diputada Evelia Sandoval Urban, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 149 bis al Código Penal Federal
La diputada Evelia Sandoval Urban: Con su venia, diputado Presidente.
Compañeros diputados; compañeras diputadas:
En México se promueve un marco jurídico basado en la no discriminación y protección a favor de los pueblos indígenas y grupos étnicos. Por ello nuestra Carta Magna lo regula en sus artículos 1º., el cual cita en el párrafo tercero lo siguiente:
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".
Y el artículo 2º., establece lo siguiente: "La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas".
Además el propio artículo 149 bis del Código Penal Federal sanciona a quienes cometan este delito. Sin embargo esto no ha sido suficiente para impedir que este terrible delito sea erradicado, pues recordemos las matanzas del 2 de octubre del 68, y sobre todo la del 10 de junio del 71. ambos casos en donde la mayoría de las víctimas fueron estudiantes y actualmente no olvidar el genocidio cometido en Ciudad Juárez, Chihuahua en contra de miles de mujeres, lo más triste e indignante es que ninguna norma puede controlar esta terrible masacre.
"Por lo anterior, estamos convencidos de la importancia de proteger el bienestar material y desarrollo espiritual, mental, social y condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica en igualdad de oportunidades a favor de todos los grupos indígenas, étnicos, nacionales o de cualquier carácter, los cuales forman parte importante en nuestro país. Así pues nadie por ninguna circunstancia debe alterar dicha garantía.
"Es un hecho que falta mucho por hacer a favor de dichos grupos indígenas, étnicos o nacionales. Es importante proteger todos los derechos de los cuales gozan y no solo ello sino hacerlos de su conocimiento pues aún no se ha logrado integrarlos en la colectividad nacional y por situaciones sociales, económicas y culturales hacen más difícil dicha integración.
"Debemos perseguir el mejoramiento en las condiciones de vida y de trabajo de esas poblaciones ejerciendo acciones simultáneas sobre todos aquellos factores que han impedido el progreso a favor de estos grupos, no perdiendo de vista que nuestra intención es garantizar la protección a favor de las poblaciones de que se trata, es decir, si estos individuos tienen conocimiento de los derechos de los cuales gozan, en el momento en que sean violentados sus derechos ejercerán a través de las autoridades las denuncias pertinentes.
"Además la intención primordial de la presente iniciativa es proteger a las mujeres embarazadas y niños que integran dichos grupos, pues sabemos que son los más vulnerables. Por ello, aumentando las penalidades y ejerciendo el derecho con objetividad y determinación harán que disminuya la comisión de éste y todos los delitos.
"Debemos enfatizar en la necesidad de reconocer, promover y fortalecer el papel de las poblaciones indígenas, para lograr con ello el desarrollo integral de estos grupos. Pero para ello es necesario establecer y fijar claramente las directrices políticas, asimismo actualizar los procedimientos y sanciones a fin de reducir la agresión que se comete en contra de dichas comunidades.
"Por último, el decidir que esta propuesta va encaminada a favor de las mujeres embarazadas y niños es para establecer prioridades que atañen al desarrollo estructural y social del país. Por una parte la integridad física y mental de un menor es uno de los proyectos primordiales en nuestro país, pues consideramos a los menores como el futuro pero no debemos de olvidarnos del presente.
"Si existen agresiones en contra de ellos estamos truncando el crecimiento no solo de nuestros menores sino de nuestras creencias, instituciones, cultura, costumbre y hasta del desarrollo económico y social, cultural de nuestro país.
"En el mismo sentido la protección que se brinda a favor de las mujeres embarazadas debe vincularse a proyectos de desarrollo, respeto e igualdad. La sociedad lo reclama y así lo haremos.
"Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos jurídicos expresados me permito poner a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma el Código Penal Federal como se señala a continuación al tenor de la siguiente propuesta:
"Artículo único.- Se reforman los párrafos segundo, tercero y cuarto. Se adiciona un párrafo que será el quinto, pasando el actual a ser el sexto párrafo del artículo 149 Bis para quedar como sigue:
"Artículo 149 Bis.- Comete delito de genocidio el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso perpetrase por cualquier medio delitos contra la vida de miembros de aquellos o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción de un grupo. Por tal delito se impondrán de 20 a 40 años de prisión y multa de mil a dos mil días de salario mínimo
"Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades, se trasladaren de ellas a otros grupos menores de 10 y 6 años empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de 5 a 20 años de prisión y multa de 500 a 1,000 días de salario mínimo.
"Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, a quien con igual propósito someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial.
"Si el delito se comete en contra de mujeres embarazadas o menores de edad, la sanción que se impondrá será de 10 a 30 años de prisión y multa de mil a mil quinientos días de salario mínimo.
"En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados públicos y los cometieran en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en este artículo, se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación.
"Artículos Transitorios.
"Unico.- Este decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Señor Presidente, es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputada Evelia Sandoval.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el señor diputado don Julio César Córdova Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera en materia de importación temporal de vehículos.
El diputado Julio César Córdova Martínez: Con el permiso de la Presidencia.
"Compañeras y compañeros Legisladores:
A nombre de mis compañeros diputados representantes de la frontera norte de nuestro país, Raúl Pompa Victoria, de Baja California; Omar Bazán Flores, de Chihuahua; Laura Elena Martínez Rivera, de Coahuila; Marcela Guerra Castillo y Adrián Villagómez García, de Nuevo León; José Manuel Abdalá de la Fuente y Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, de Tamaulipas, así como de mis compañeros diputados sonorenses Manlio Fabio Beltrones Rivera, Antonio Astiazarán, Lamberto Díaz Nieblas, Rafael Galindo Jaime y Fermín Trujillo Fuentes, vengo a esta tribuna en respuesta a una de las demandas más sentidas de los migrantes mexicanos, que es la modificación del esquema legal vigente de la Ley Aduanera, a efecto de que los vehículos introducidos legalmente a territorio nacional, no sean embargados.
"Nos referimos específicamente al artículo 106, el cual permite que vehículos que no son de procedencia nacional puedan circular en México, siempre y cuando sean importados y conducidos por residentes acreditados en el extranjero.
"Estos permisos se derivan de la convivencia natural que presenta la situación socio-geográfica de nuestras fronteras, como lazos familiares, afectivos, laborales, profesionales y turísticos, los cuales se incrementan en temporadas especiales, como las fiestas decembrinas y los periodos vacacionales.
"La convivencia constante y la propia dinámica reflejada en nuestros más de 3 mil kilómetros de frontera, nos lleva a señalar que dicha flexibilidad es insuficiente para satisfacer las necesidades de los ciudadanos que habitan esta zona. Ello se debe primordialmente a que varios de nuestros paisanos han perdido parte importante de su patrimonio, debido a que la normatividad vigente ha originado que situaciones de necesidad o emergencia sean convertidas en verdaderos calvarios, lastimando seriamente la dignidad de nuestros connacionales.
"Es común que nuestros paisanos, que introdujeron legalmente sus vehículos a territorio nacional, se lo presten a sus familiares más cercanos. El supuesto perjudicial deriva del requerimiento de que los parientes y cónyuges del residente en el extranjero sólo pueden conducir el vehículo cuando éste se encuentre dentro del mismo, de lo contrario la autoridad fiscal puede embargar el mencionado vehículo.
"Lo anterior es recurrente en la frontera norte, más aún tratándose de un paisano que labore en Estados Unidos y acredite su residencia, pero que su familia en primer grado no pueda hacerlo.
"Consecuentemente, miles de residentes en el extranjero han perdido los vehículos que adquirieron con tanto esfuerzo, por haberlos prestado cuando se encuentren en México en situaciones de emergencia, como el salir a comprar medicamentos, atender una urgencia o simplemente ir al supermercado.
"Obviamente la disposición busca contrarrestar el contrabando. Sin embargo esta situación no es responsabilidad de nuestros connacionales, es un problema estructural que debe resolverse con reglas claras, con autoridad y con acuerdos de todos los sectores involucrados.
Por ello, no se justifica que la medida provoque consecuencias absurdas como la de perjudicar a nuestros paisanos por reaccionar a una emergencia o satisfacer una primera necesidad.
En este sentido proponemos una reforma al Artículo 106 de la Ley Aduanera que otorgue una mínima protección a nuestros paisanos, autorizando a sus cónyuges, padres, hijos o hijas, hermanos o hermanas aún cuando no sean residentes en el extranjero, a conducir el vehículo sin que tenga que ir a bordo el importador temporal.
El resto del Artículo se conserva en el mismo sentido.
Compañeras y compañeros Diputados, nuestros héroes anónimos, nuestros paisanos que tanto aportan a nuestra economía nacional, que día con día trabajan con ahinco por construirse un futuro mejor y que gracias a ellos millones de familias mexicanas han podido salir adelante, requieren del apoyo de esta LIX Legislatura, su trabajo y su esfuerzo merece ser reconocido por esta soberanía y debemos apoyarlos con normas mínimas que les garanticen una feliz estancia en nuestro país cuando nos visitan.
Por ello les solicito su solidaridad y apoyo con nuestros paisanos, para darles una respuesta satisfactoria a una de sus demandas más sentidas, la conservación de sus vehículos que con tanto esfuerzo han adquirido.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias Diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En el uso de la palabra, el señor Diputado Federico Madrazo Rojas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Iniciativa que reforma y adiciona el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Federico Madrazo Rojas: Con su permiso, Diputado Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados.
La existencia de asimetrías no sólo en el plano económico sino en el desarrollo humano fomentado por medio de la Educación, constituye el motivo fundamental de esta Iniciativa con Proyecto de Decreto, la cual pretende cimentar las bases de una política de Estado que garantice el derecho social a la Educación de todos los ciudadanos mexicanos en los niveles Medio, Superior y Superior.
El Artículo 3 de la Constitución de 1857 es el antecedente inmediato del texto vigente de 1917. Desde entonces, podemos identificar seis etapas en el proceso educativo que han influído en sus reformas: la Enseñanza Libre, la Pedagogía, la Corriente Revolucionaria, la Educación Socialista, la Crisis y la Modernización Educativa y la Transición Política a la Pluralidad de Ofertas
Como puede observarse en la Historia Legislativa sobre las Reformas al Artículo 3, han existido rasgos distintivos correlacionados al momento político, al desarrollo nacional y en respuesta siempre de las necesidades educacionales de nuestro pueblo, algunas de ellas han sido la obligatoriedad y gratuidad del Estado en materia Educativa, fortaleciendo de esta forma el derecho a la Educación. .
En este sentido, la equidad y la justicia social en el desarrollo, sólo serán posibles si podemos lograr y garantizar las condiciones de acceso a este derecho con una educación de calidad en todo el Sistema Educativo.
En México, una persona de 25 años pertenecientes a los deciles más altos, tiene casi seis veces los años de estudio que una persona de la misma edad pero que pertenece a los deciles más bajos, en promedio, la población perteneciente al 10% más rico, tiene 12 años de estudio, mientras que las personas pertenecientes al 10% más pobre, tiene solamente 2 años de instrucción.
En este sentido, esta Reforma pretende aminorar esta brecha de desigualdad que afecta a los jóvenes en edad de recibir instrucción media superior y superior.
Por tanto, esta soberanía consciente de su responsabilidad social, puede dejarle un legado a millones de alumnos y convertir esta propuesta, en la Séptima Reforma Estructural en materia Educativa. Así nuestros estudiantes y las futuras generaciones, tendrán certidumbre de su derecho a la Educación y garantía de todos sus niveles. Esto constituiría sin duda un primer paso para construir una verdadera política social, que transcienda a las futuras generaciones. Que se convierta en un instrumento que dé impulso al desarrollo nacional a través de la educación, invirtiendo en el desarrollo humano, para fortalecer y adecuar el perfil que deben desarrollar nuestros estudiantes, en aras de ser más competitivos en el marco de la globalización.
La obligatoriedad del Estado, debemos entenderla entonces, como una necesidad para el correcto funcionamiento del sistema educativo nacional, que depende del cumplimiento puntual en la asignación de los recursos, para el desarrollo de la actividad educativa, así como de la revisión de los planes y programas de estudio, para establecer parámetros de calidad mínima a observar y de esta manera se asegure que la educación impartida sea de calidad y que los estudiantes tengan certeza sobre la instrucción que van a recibir.
Por ello, es indispensable también, actualizar el sistema educativo frente a modificaciones en otras variables que lo impactan, como son, cambios a la estructura demográfica y ocupacional, avances tecnológicos y el surgimiento de nuevos conocimientos.
Por otra parte, el comportamiento del sistema productivo y los cambios en el mercado laboral, exigen nuevas cualidades de aptitudes a los profesionistas, principalmente a la población económicamente activa, que antes de salir al mercado laboral, debe de adquirir los conocimientos y desarrollar habilidades de acuerdo a las necesidades de los empleadores, por lo que los profesionistas obligadamente tendrán que cursar otro tipo de estudio complementario que respondan a estas exigencias.
Sin duda los retos presupuestales para cubrir la educación de nivel medio superior y superior son enormes y requieren de grandes esfuerzos, pero en conjunto es posible superarlo. Un gran avance es la propuesta del Plan Nacional de Educación, el cual contempla que se destine el 1% del PIB a la educación superior para el año 2006.
De esta manera las aportaciones federales no se sujetarán más al acontecer político ni condicionarán el desarrollo humano de millones de jóvenes a las coyunturas y falta de acuerdos entre algunos actores o grupos de presión, por lo que con la reforma propuesta se contribuye a dar garantías presupuestales al sistema educativo medio superior y superior.
No obstante a estos esfuerzos, es necesario explorar nuevos puentes, para que el gobierno federal, en coordinación con las instituciones educativas, facilite el acceso de éstas a empréstitos con organismos internacionales, como puede ser el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, con los segundos créditos incentivos fiscales, que se destine a la inversión en calidad educativa y en conjunto con las diferentes instituciones educativas, busque forma de incrementar los ingresos propios sin afectar la economía estudiantil.
En el marco del contexto planteado en la presente Exposición de Motivos resulta impostergable la reforma al Artículo 3º. Constitucional para salvaguardar el derecho social a la educación y elevar, como obligatoriedad del Estado, la de impartir educación media superior y superior, así estaremos contribuyendo a darle certidumbre jurídica y garantía de acceso educacional al sector de la población que demanda el cumplimiento de su derecho fundamental a recibir educación con calidad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3º.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación, el Estado, federación, estados, Distrito Federal y municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.
De esta forma solicito amablemente a la presidencia se publique este texto íntegramente en el Diario de los Debates.
Es cuanto Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias señor diputado don Federico Madrazo Rojas. Publíquese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Señoras y señoras Legisladores, por una colegiación entre Coordinadores de grupos parlamentarios, esta Presidencia va a remitir algunos Puntos de Acuerdos que sólo se refirieron y habrá que turnar a Comisiones.
Esta Presidencia recibió proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Profepa dictamine sobre los casos de delfines encontrados muertos en Laguna de Términos, suscrita por la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se termina a la Comisión y Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Asimismo, recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a hacer llegar a su homólogo norteamericano la propuesta migratoria 10-2 ó 5-1, que permite el trabajo temporal de mexicanos en al Unión Americana y con ello evitar la desintegración familiar, suscrita por el señor diputado don Roberto Pedraza Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que se turna a Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos de origen federal a través de las diferentes instancias del Gobierno Federal, del estado y de los municipios, en el proceso electoral del estado de México, suscrita por el señor diputado don Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que se turna a la Junta de Coordinación Política.
Esta Presidencia recibió asimismo, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el titular de dicha Secretaría presente el proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación de la carretera número 80 en su tramo Villa Corona-Melaque, en el estado de Jalisco y programe los recursos económicos necesarios para la ejecución de la obra en el ejercicio presupuestal del año 2006, suscrita por el señor diputado don Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que se turna a la Comisión de Transportes.
Se recibió de la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos naturales y de Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, resuelvan el caso de contaminación y afectación a la salud en las colonias aledañas a la empresa fundidora Asarco, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Túrnese a Comisiones Unidas de Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Recibió también de parte del señor diputado don Rogelio Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del estado de Puebla a suspender la entrega de más concesiones estatales de transporte público a favor de la organización Antorcha Campesina. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Y de parte del señor diputado don Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición también con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal se inhumen los restos del jurista Manuel Crescencio Rejón en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Ahora sí, tiene el uso de la palabra la diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a promover un trato más digno para las mujeres en proceso de repatriación que realizan las autoridades migratorias estadounidenses.
La diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez: Con su permiso señor Presidente.
Honorable Asamblea. En este momento un gran número de mexicanos y mexicanas están arriesgando su vida para cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos. Estas personas van a buscar trabajo para garantizar que sus hijos tengan que comer y una mejor educación. No buscan el sueño americano que supone riqueza y fama sin esfuerzo, sino que buscan el sueño mexicano que implica el justo deseo de un mejor futuro para su familia.
Estas mujeres y hombres luchadores no deben ni merecen ser tratados como delincuentes, al contrario; son personas honradas y trabajadoras que van en busca de un futuro mejor, un futuro que no encontraron en sus lugares de origen porque aún no se los hemos podido dar.
Precisamente por esta responsabilidad, debemos trabajar en dar oportunidades a esta gente enfocándonos en lo que es la mejor de las políticas públicas, que es el empleo. Al mismo tiempo debemos velar por los derechos que nuestros connacionales ostentan aun fuero de nuestro territorio nacional. Son derechos fundamentales que no se circunscriben a una soberanía, al contrario, la rebasan al cimentarse en garantías que los individuos tenemos desde nuestra concepción. Es por esta razón que hoy ocupa esta honorable tribuna.
Como muchos de los presentes saben, parte de las dificultades que pasan estos migrantes, es la forma humillante y hasta inhumana del proceso de repatriación, es decir, cuando son asegurados en su intento de introducirse ilegalmente a los Estados Unidos y son deportados a la frontera de México de forma arbitraria.
Afortunadamente nuestro gobierno ha tenido avances en cuando a la búsqueda de mecanismos que salvaguarden estos derechos de miles de mexicanos.
El 20 de febrero de 2003 México y Estados Unidos suscribieron el Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América, sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos.
Con este acuerdo se establecen criterios básicos y principios que reafirman y mejoran los procedimientos locales para llevar a cabo la repatriación de nacionales mexicanos desde el interior, puertos de entrada y en la frontera de México y Estados Unidos.
Se desprende de este acuerdo la revisión y actualización de los arreglos locales para la repatriación segura y ordenada, el fortalecimiento de los mecanismos de enlace fronterizo y la reactivación de los mecanismos de consulta al interior que entre los cónsules mexicanos en Estados Unidos y los funcionarios del Departamento de Seguridad Interna a nivel local y regional. Así, se pretende velar por el respeto de los derechos humanos y dignidad de esos migrantes indocumentados.
Se busca preservar la unidad familiar durante los procesos de repatriación, el trato adecuado de personas vulnerables como menores no acompañados y enfermos y la garantía del uso de los canales institucionales bilaterales para acordar aspectos operativos y resolver asuntos que surjan durante los procesos de repatriación.
Los acuerdos locales especifican reglas operativas bajo las cuales se tienen que dar los eventos de repatriación, marcan horarios y lugares específicos, requisitos del proceso, así como garantías para la protección.
Es en este sentido y por la preocupación que existe de preservar esos derechos de las mujeres migrantes –concluyo, señor Presidente-, que estamos proponiendo y poniendo a su consideración que en especial se salvaguarden los derechos de las mujeres migrantes repatriadas, quienes tienen que enfrentar situaciones de vejaciones, de maltrato, en su intento por cruzar hacia Estados Unidos.
Por esa razón es el exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el marco de la revisión de los tratados bilaterales se tenga especial atención al cuidado de las mujeres migrantes y que éstas no sean repatriadas en horarios nocturnos, solamente en horario diurno.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores.
La diputada Laura Elena Martínez.
La diputada Laura Elena Martínez Rivera (desde la curul): Señor Presidente, pido la palabra para hablar a favor.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante diputada.
Nada más que permítame desahogar un trámite.
Lo primero que tenemos que hacer es solicitarle a la Secretaría pregunte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
¿Los que estén por la negativa?
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución y ahora sí le corresponde el turno a Laura Elena Martínez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Laura Elena Martínez Rivera: Compañeros diputados y diputadas:
Subo a esta tribuna para expresar mi beneplácito por el punto de acuerdo presentado por la diputada Ruth, del Partido Acción Nacional.
De origen, como lo he expresado en otras ocasiones, no estoy de acuerdo con el programa de repatriación que se está realizando, pero habida cuenta de que el tratamiento hacia las mujeres migrantes que son repatriadas tiene que ser corregido en muchas circunstancias para que ellas tengan la seguridad, para el caso de que no pueden permanecer en Estados Unidos, la seguridad de que regresen a su país, sanas y salvas y que queden al margen de riesgos, como, violaciones, maltrato, el que no lleguen a sus destinos con su mente cuerda y que puedan, especialmente por la preservación de su seguridad.
Es por eso, que yo he subido a esta tribuna para pedirles a todos ustedes aprueben este punto de acuerdo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y todas las instancias involucradas puedan establecer reglas que beneficien directamente a las mujeres que son repatriadas, especialmente en cuanto a los horarios, que sean diurnos, en cuanto a la preservación y la unidad familiar.
Por eso es que estoy en esta tribuna de manera rápida para pedirles su apoyo, para que sea este punto de acuerdo; aunque quiero dejar claro que no estaré de acuerdo con los programas de repatriación, existen otros mecanismos mejores.
Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo mas oradores registrados, esta Presidencia considera el tema suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén en contra.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.
Continué la Secretaría con la lectura del orden del día de la siguiente sesión.
La Secretaría diputada Graciela Larios Rivas:
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se levanta la sesión( 16:12 p.m.)y se cita para la que tendrá lugar el jueves 14 de abril a las diez horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las ocho de la mañana. El último registro electrónico de asistencia contará como de final de sesión.