El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría, si fuera tan amable, hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de la asistencia de los ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 288 diputadas y diputados; por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 10:09 horas): Y se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría también a desahogar el siguiente punto del orden del día, que es la lectura del acta de la sesión anterior. También ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, por lo cual le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa su lectura.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén en contra.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura; en consecuencia, proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén en contra.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría con oficios y comunicaciones de la Secretaría de Gobernación.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Oficio que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Cuatro oficios que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Oficio de la presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento)
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite contestación al tercer resolutivo del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la Comisión de Salud
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma el artículo 86, fracción VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa del Congreso del Estado de Quintana Roo, que reforma los párrafos quinto y sexto de la fracción II del artículo 198 de la Ley Federal Derechos)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El siguiente punto del Orden del Día es Iniciativas de los ciudadanos diputados.
Esta presidencia recibió iniciativa que reforma los artículos 29 y 179 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en materia de endoso de cheques como medida de transferencia de la titularidad de los derechos consignados en ellos.
La iniciativa está suscrita por el señor diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
También esta presidencia recibió iniciativa que adiciona una fracción V al artículo 90 y una fracción VI al artículo 111 de la Ley General de Salud en materia de Control de Recetas Médicas, por parte de dependientes de farmacias, también suscrita por el señor diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Convergencia y se turna a la Comisión de Salud.
Sonido a la curul del señor diputado Gonzálo Guízar Valladares.
El diputado Gonzalo Guizar Valladares (desde su curul): Diputado presidente, solicitarle de manera atenta y respetuosa que derivado del lamentable accidente en el municipio de Nanchital, por una fuga de amoníaco, tubería de PEMEX, rogarle al Pleno en virtud de que hubieron dos muertos de Coatzacoalcos, trabajadores de la compañía, dos de Minatitlán y un fallecido del municipio Ihuatlán, rogarle que guardemos un minuto de silencio.
Asimismo diputado presidente informarle al Pleno ya usted que el próximo martes presentaremos un punto de acuerdo que esperemos sea acogido por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, de las diferentes fracciones en ella representadas y tomemos una decisión para que se investigue a profundidad y con toda determinación los aspectos y elementos técnicos que provocaron este lamentable accidente.
Muchas gracias diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: A solicitud expresa del señor diputado Gonzalo Guizar Valladares, y en conocimiento pleno de la nación del lamentable accidente que se ha sufrido en Coatzacoalcos, en donde han perdido la vida mexicanos, pido a la Asamblea nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de los mismos.
Se ruega a los medios de comunicación, nos permitan guardar este minuto de silencio.
(SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO)
Gracias.
Continuando con iniciativas, la iniciativa que aparece en el orden del día del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI, ha sido pospuesta para la siguiente sesión; en consecuencia tiene la palabra el señor diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo catorce y adiciona un artículo duodécimo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones en materia de Servicio Móvil de Radiocomunicación Especializada de Flotillas.
Quiero informar a la Asamblea que después del capítulo de iniciativas, procederemos al posicionamiento de los grupos parlamentarios en relación a la muerte materno infantil.
El diputado José Javier Osorio Salcido: Con su venia señor Presidente.
El suscrito, José Javier Osorio Salcido, en mi carácter de diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución General, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo décimo cuarto y se adiciona el artículo décimo segundo transitorio a la Ley Federal de Telecomunicaciones para la Comisión Federal de Telecomunicaciones, respetando los términos de asignación de espectro adicionales establecidos en los títulos de concesión originales de los prestadores del servicio móvil de radiocomunicación especializada en flotillas y siente los términos y las condiciones a que se deberán sujetar los concesionarios bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El desarrollo y la modernización de la red de telecomunicaciones en el país, mantiene retos enormes y amplias oportunidades de progreso, tanto para la industria como para los responsables del diseño e instrumentación de políticas públicas en esta materia.
Es por ello que resulta fundamental mantener como uno de los objetivos prioritarios en las acciones del gobierno promover que en todo el país cada mexicano tenga acceso a más y mejores servicios de telecomunicaciones con precios competitivos y servicio de calidad.
En el año 2003, en el sector comunicaciones se observaron montos importantes de inversión privada que alcanzaron la cifra de 26’776 millones (veintiséis millones, setecientos setenta y seis millones) [[sic]] de pesos, y para el 2004 se estima que ascendió a niveles cercanos a los 39,000 millones (treinta y nueve mil millones) de pesos.
La expansión que se ha tenido en la inversión en las telecomunicaciones del país, ha mantenido un crecimiento dinámico contrario a la desaceleración que registró la economía nacional en los últimos años. Así, el 2003, año en que el PIB total del país creció 1.3 real, el propio del sector fue del 3.3%; este aumento también superó el registrado por todo el sector servicios en 2.1% y el sector industrial en el mismo año.
Para el 2004, año en el que la economía nacional salió de la etapa de desaceleración de los años anteriores, la brecha en el crecimiento favorable en el PIB de las comunicaciones se ha ampliado respecto a los demás sectores de la economía.
En los primeros 9 meses del 2004 el PIB en transportes, almacenaje y comunicaciones se expandió 9 por ciento real con relación al mismo período del 2003.
En contraste el crecimiento de los sectores agropecuario, industrial y de servicios fue menor, respectivamente.
En el sector comunicaciones, el impulso se origina por el dinamismo de los servicios satelitales, troncking de telefonía de larga distancia celular, redes de datos, telégrafos,. de correos y mensajería.
La inversión realizada en el sector ha posibilitado que el mercado crezca y se diversifique de forma tal que en agosto del año anterior se tuvieran registrados 32 operadores con concesión para instalar, operar, explotar redes públicas de telecomunicaciones interestatales y 26 operadores de servicio local, 19 utilizando tecnología alámbrica para la prestación del servicio y 7 tecnología inalámbrica.
Los resultados económicos del sector se han reflejado en el incremento de la cobertura del servicio. En el 2003 había 16.3 millones de líneas fijas conectadas en el territorio nacional y para el mes de julio del año anterior este número pasó a 17.2 millones, lo que significa un incremento considerable.
Compete al Estado el dominio y la promoción del uso eficiente del espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales que le corresponden al país. Para ello es conveniente crear aquellas condiciones con las cuales la iniciativa privada participe con el Estado para el desarrollo de los sistemas de comunicaciones.
La Ley Federal de Telecomunicaciones señala, en el artículo 5 transitorio, que las concesiones y los permisos otorgados con anterioridad a su entrada en vigor serían respetados en los términos y las condiciones consignados en los respectivos títulos hasta su término, esto a fin de promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, garantizar la soberanía nacional y fomentar la competencia entre los prestadores de los servicios con el propósito de ofrecerlos a mejores precios y calidad adecuada para los usuarios.
El propósito de la iniciativa se sustenta en una demanda social que han expresado los concesionarios del servicio móvil de radiocomunicación especializada en flotillas, que consiste en la asignación de frecuencias adicionales, según lo establecen los títulos de concesión para la prestación del servicio, contemplando mejores condiciones de calidad y capacidad.
Hasta la fecha, después de haber transcurrido casi una década de haberse publicado la Ley de Telecomunicaciones, se han visto rechazadas aquellas solicitudes, pese a que este ordenamiento legal y las concesiones establecen el derecho de los concesionarios a obtener de forma expedita y directa la asignación de frecuencias adicionales.
Sin embargo, en la misma ley no se establece la obligación de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de asignar bandas de frecuencia de este espectro; más bien señala que tan solo mediante licitación pública se pueden asignar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.
Esto ha impedido que se cumpla con los objetivos por los cuales se creó esta ley, lo cual ha propiciado la limitación de la oferta del servicio en el mercado, así como desestimulado la inversión de parte de los concesionarios.
Por lo tanto, el objetivo de la propuesta legislativa consiste en hacer valer el derecho establecido en los títulos de concesión que alude a la potestad del concesionario de solicitar, por vez única, la asignación de frecuencias adicionales a los concesionarios del servicio móvil de radiocomunicaciones especializadas en flotillas, cumpliendo con lo señalado en sus títulos de concesión respectivo y que fueron otorgados antes de la expedición de la presente Ley de Telecomunicaciones.
También la iniciativa establece bases claras, transparentes, predecibles y oportunas sobre la forma en que las concesiones se otorgan. La reforma proyecta que se mantenga el estado de derecho, lo cual dará certeza jurídica a los ciudadanos interesados en el desarrollo y crecimiento del sector.
En Acción Nacional estamos conscientes de que el Ejecutivo federal el año anterior publicó el programa sobre bandas de frecuencia del uso del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de radiocomunicación móvil terrestre a fin de promover el desarrollo del servicio de radiocomunicación especializada en flotillas o, troncking, así como la venta de las bases de licitación, formulario de calificación y el manual de subasta.
El objeto de la presente iniciativa constituye un instrumento que contribuirá a que el sector se desarrolle y consolide, ofreciendo un servicio con mayor cobertura en el país y bajo condiciones que sean propicias y económicas para los usuarios finales.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones antes mencionadas, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 14 y adiciona un artículo 12 transitorio a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
Artículo 14. Las concesiones sobre bandas de frecuencia del espectro para uso determinado se otorgarán mediante licitación pública. El gobierno federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente, salvo lo señalado en el artículo 12 transitorio de la presente ley.
Se adiciona también un artículo 12 transitorio a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
Artículo 12. La Comisión Federal del Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente modificación y respetando los términos y asignación de espectro adicional establecidos en los títulos de concesión originales de los prestadores del servicio móvil de radiocomunicación de flotillas, establecerá, mediante acuerdo de carácter general, los términos y condiciones para la asignación de las bandas de frecuencia que sean solicitadas.
Para tal efecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignará directamente las bandas de frecuencia respectivas en un plazo no mayor de 30 días después de la modificación del acuerdo por parte de la Secretaría, mediante título original atendiendo la disponibilidad del espectro de las zonas de cobertura correspondiente.
"La contraprestación que deberá cubrir el interesado será la establecida en su título de concesión original. Una vez otorgadas las nuevas concesiones, que incluirán también las frecuencias originalmente concesionadas, los títulos de concesión originales quedarán sin efecto y serán entregados a la Secretaría.
"Transitorio:
"Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Palacio Legislativo de San Lázaro abril de 2005".
Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted.
Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
El siguiente punto del orden del día se pospone a petición del señor diputado don Miguel Alonso Raya.
Se recibió de parte del señor diputado don Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley General de Agrupaciones Financieras.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia para presentar iniciativa que adiciona el artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Y si me permite don Jesús, se ruega a la Secretaría ordenar el cierre del sistema electrónico.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Señor Presidente: Hay una asistencia de 387 diputadas y diputados.
Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias señor Secretario.
Adelante don Jesús Martínez Alvarez
El diputado Jesús Martínez Alvarez: Con su permiso señor Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
"El proyecto de iniciativa de decreto que se está presentando es para adicionar el artículo 62 Bis de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Quiero hacer notar que el pasado 7 de julio del 2004 en la Comisión Permanente el suscrito ya había presentado una adición sobre este tema que tiene qué ver con decenas de miles de gentes que todavía tienen adeudos con motivo del conocido "error de diciembre" del ´94.
"En la iniciativa anterior planteamos una posibilidad de que fuera el IPAB el que beneficiara directamente a los ahorradores, en virtud de que a raíz de que el FOBAPROA entregó los activos al IPAB, ésta a su vez, de acuerdo con su propia legislación, ésta a su vez estableció una figura llamada Administradora de Cartera en Manos de Particulares y que fue la que adquirió estos activos, pagando únicamente 17 centavos de cada peso. Y por otra parte estas famosas Administradoras de Cartera están cobrando prácticamente en todos los casos cantidades que fluctúan en los 70 y 80 centavos de cada peso. Esto quiere decir que el gobierno que supuestamente pretende apoyar y rescatar a los deudores, ya sea por créditos hipotecarios, ya sea por créditos comerciales, se están beneficiando nuevamente particulares.
"En la iniciativa anterior, para ser precisos, proponíamos que el IPAB volviera a rescatar esa cartera y estableciera junto con otras áreas del gobierno federal un mecanismo que de manera directa pudiera venderles esta cartera a los propios deudores, es decir, a 17 centavos, para que ese margen de utilidad vaya en beneficio directo de los propios deudores y no como está sucediendo hasta el momento en beneficio de empresas privadas denominadas Administradoras de Cartera.
Entonces ¿cuál es la diferencia de la propuesta que he presentado a esta propuesta que hoy estamos haciendo? En aquélla planteábamos que fuera directamente el IPAB, desconocemos por qué la Comisión de Hacienda no le ha dado el trámite respectivo; sin embargo pensamos que esta de ninguna manera sustituye a la anterior iniciativa.
Puede la Comisión de Hacienda optar, entre la ya presentada o la que hoy estamos poniendo a consideración de este pleno. ¿Cuál es la diferencia de fondo sin entrar ya en los detalles que vienen en la publicación de La Gaceta y en donde relatamos nuevamente la serie de problemas, programas que supuestamente traían como objetivo beneficiar a los deudores de los diferentes créditos que tenían particulares con la Banca.
Aquí estamos hablando de una cantidad aproximada de dejar de percibir, por un lado, el propio IPAB y, por otro lado, de 45 mil millones y por otro lado también, ya por fin hay la posibilidad de poder ayudar a los deudores diversos que insisten o la Banca y que hoy están en manos de estas administradores de cartera, pero insisto, pagando 70, 80 centavos de cada uno de los pesos que adeuda.
El cambio fundamental es que aquí estamos proponiendo la otra opción que le damos a la Comisión de Hacienda, es que estamos proponiendo que se elabore un Programa de Enajenación de Créditos Menores y esto tendría por objeto y quedaría de la siguiente manera:
El IPAB, el Instituto, debería celebrar un contrato de administración con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, es decir, lo que se conoce como el SAEB para que dicho organismo administre los créditos que se sujeten a los montos mencionados en el primer párrafo.
En el primer párrafo estamos hablando de aquellos que tienen créditos menores a un millón de pesos tratándose de créditos hipotecarios y de 4 millones tratándose de créditos comerciales.
Segundo.- El Instituto, en coordinación con el SAEB publicará una Convocatoria en donde se informe a los deudores en general, la posibilidad de adherirse al Programa de Recuperación contemplado en este artículo.
Tercero.- El SAEB servirá como ventanilla de gestión para la celebración de contratos de Adhesión de los Pequeños y Medianos Deudores que cumplan con las condiciones de entrada al Programa y recibirán el pago respectivo por la enajenación de los créditos liquidados por los deudores que se adhieran al Programa.
Cuarto.- Los deudores que se adhieran al Programa de Enajenación de Créditos Menores, deberán pagar en un plazo no mayor de 12 meses, el importe del crédito respectivo, mismo que no podrá exceder del 50% del monto originalmente contratado cuando se trate de créditos agropecuarios.
El 60% de créditos comerciales, empresariales y refaccionarios y 70% para créditos hipotecarios de vivienda
Quinto.- En adición a los montos establecidos en el Inciso anterior, los deudores que se adhieran al Programa, deberán de pagar en un plazo no mayor de 12 meses eli importe del crédito respectivo, mismo que no podrá exceder del 50% del monto originalmente contratado cuando se trate de créditos agropecuarios. El 60% de créditos comerciales, empresariales y refaccionarios y 70% para créditos hipotecarios de vivienda.
Quinto.- En adición a los montos establecidos en el Inciso anterior, los deudores que se adhieran al Programa, deberán de pagar un 2% adicional por concepto de gastos que seguramente tendrá el SAEB.-
Sexto.-Los deudores que se adhieran al Programa, deberán cubrir todos los gastos derivados de la cancelación de gravámenes, escrituración, liberación de hipotecas y honorarios notariales
Séptimo.- El Programa deberá establecer condiciones especiales para adultos de la tercera edad y para personas con discapacidad.
Octavo.- Todos los créditos sujetos al Programa de Capitalización y Compra de Carteras, deberán ser transferidos al Instituto, perdiendo las instituciones de crédito la titularidad de los mismos, una vez que se haya cumplido con lo dispuesto en el Artículo 5º. Transitorio de esta Ley.
Noveno.- Todos los créditos que al Instituto se dio en administración a empresas especializadas o compradoras de cartera, deberán ser transferidos al SAE.
"Décimo.- Cuando la cartera referida en el artículo 62 bis haya sido vendida por el Instituto a alguna administradora de cartera, el Instituto las recomprará a las administradoras, para lo cual pagará el mismo precio al que la vendió, más un porcentaje que compense los gastos de administración en que hubiera incurrido la empresa especializada o compradora de cartera.
"Once.- Las instituciones de crédito deberán extender una carta de cesión de derechos de los créditos que transfieran al Instituto, nombrando al SAE como el nuevo titular de los derechos litigiosos y de administración de los créditos respectivos.
"Doceavo.- Una vez que el IPAB y el SAE haya publicado la convocatoria de este programa de enajenación de créditos menores, los deudores que opten por adherirse contarán con un plazo máximo de cuatro días y así otra seria de disposiciones que lo único que tienen como finalidad es que verdaderamente en este gran y costoso rescate de 100 mil millones de dólares, por lo menos se beneficien en esta última etapa cientos de miles de personas que aún existen con adeudos y que los están pagando con muchos sacrificios a empresas privadas, sin recibir ningún beneficio de parte del gobierno".
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señoras y señores legisladores, por una colegiación entre coordinadores parlamentarios es que esta Presidencia, después de turnar la iniciativa de don Jesús Martínez Alvarez a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, acepta integrar al orden del día, con base en las facultades que le concede el 23 de nuestra ley, el posicionamiento sobre el tema de muerte materno-infantil.
Luego entonces tiene el uso de la palabra don Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, hasta por diez minutos.
El diputado Jesús González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente.
Compañeros y compañeras diputadas:
Efectivamente, reconociendo el acierto de la Comisión de Salud de esta Cámara para convocar a la representación nacional al conocimiento profundo de lo que ocurre en el sector salud y definitivamente, precisamente en el rubro de la mortalidad materno-infantil, tenemos que por lo mismo abordar este problema con toda la profundidad y trascendencia que tiene.
La salud pública en su sentido más humano es la que se inicia precisamente con la salud materno-infantil. El centro de la responsabilidad del Estado en esta materia implica la protección de la mujer desde el momento del embarazo y del infante desde el momento o desde el instante de la gestación.
Si este control se realizase sin excepción en toda la población femenina, las posibilidades a mediano plazo de abatir las enfermedades y propiciar la salud integral que supone que lo sea para crear las condiciones óptimas de realización humana, estaríamos sin lugar a dudas en posibilidades de transformar a México en la nación trabajadora y próspera a la que aspira la democracia como sistema político y modelo de vida.
Pero, por el contrario, un índice negativo en la atención de este rubro de la salud pública, es la muestra más elocuente del fracaso de la función pública en su misión por asegurar un futuro mejor a la nación; es el caso patético de nuestra patria, que registra los índices más altos de morbilidad, mortinatalidad y mortalidad infantil.
En confesión de la propia Secretaría de Salud, cada seis horas muere una mujer en México por alguna causa relacionada con el embarazo y el parto, muerte que ocurre frecuentemente en paralelo con el neonato, que evidentemente las más de las veces no sobreviven. Todo ello sin contar la cifra negra de lo que ocurre en las zonas rurales más apartadas, en las que no es posible conocer cuantitativamente el drama de nuestra realidad cotidiana.
Procederemos a revisar algunas cifras de los indicadores asociados para la meta definida en la ONU como los objetivos de desarrollo para el milenio, ello, entre estos índice, el que se refiere a la reducción de la mortalidad materna y que son y se conocen como la tasa de mortalidad materna CMM y el porcentaje de partos con asistencia especializada o de personal sanitario.
Se entiende para la Organización Mundial de la Salud en la Décima Clasificación Internacional de Enfermedades, el que deben considerarse mortalidad materna las que se causan o son las que tienen como causa de muerte, las derivadas de complicaciones obstétricas ocurridas durante el embarazo y el parto.
En la primera medida la tasa de mortalidad materna por mil nacidos, en datos de la Organización Panamericana de la Salud, México, el que era el hermano mayor de los países latinoamericanos llega alcanza la cifra dramática de 83 decesos de madres por cada mil nacidos, y está drásticamente por encima e Puerto Rico que tiene sólo 25 por ese mil o por esa medida, esa referencia, Uruguay con 27, Chile con 31, Cuba con 33; y desde luego esta dramática situación de México se parece a la de Argentina con 81 mujeres muertas en el parto por mil nacidos, que al igual que México tiene hasta cuatro veces más incidencias de muertes maternas, que sus hermanos menores del continente.
En la tasa de porcentajes de partos atendidos por personal especializado, que implica la cobertura de los servicios de salud, México alcanza el 85% en comparación con Chile, Uruguay, Belice, Puerto Rico, Barbados que alcanzan el 100%, aquí Argentina cubre el 99% junto con Trinidad Tobago y Jamaica, debajo de México sólo están Nicaragua, Ecuador, Honduras, Perú, Guatemala y Haití.
Ante esta realidad que en el reciente de OCRE se confirma como un grave atraso en materia de salud pública para México, éste que es un país que aspira a codearse con el primer mundo, la falta de capacidad para atender las necesidades de salud en el sector público, ha generado que la demanda se traslade al sector privado, así lo señala OCRE, donde existe poca cobertura de aseguramiento.
Las restricciones presupuestarias han limitado la cantidad, la calidad y la atención para la población más pobre, lo cual hay generado un racionamiento implícito en todo el sistema. Por ejemplo, dice la OCRE la disponibilidad de la mayoría de los medicamentos en los servicios estatales de salud es muy limitada, y también existen informes, concluye OCRE de una variación amplia en la calidad entre los sectores público y privado al interior de cada uno de ellos.
Todo esto, amigos, nos revela que los objetivos del desarrollo del milenio, que tiene como prioridad reducir a la mitad la pobreza en el mundo para el 2015 y la reducción de la mortalidad materna en tres cuartas partes a este mismo 2015, son en México una quimera irrealizable.
Por cuanto a la reducción de la pobreza, que está en el origen de todo este inhumano desencadenamiento que se asocia con enfermedades y mayor sufrimiento para las mujeres y niños, ya sabemos que por más ingresos de las remesas de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos y de los altos precios del petróleo, la administración foxista se ha distinguido por desaprovechar esos recursos, excepto para las campañas publicitarias que nos quieren convencer de lo contrario.
Todos los programas desplegados contra la pobreza y en apoyo al sector rural, han tropezado con la más aguda demora e ineficiencia, que evidentemente se convierte o hacen que se conviertan sólo en paliativos, sin incidencia clara en desarrollo social verdadero, con todo y que en ocasiones hay buenas intenciones.
La salud materno-infantil, por consecuencia, resulta todavía más lejos del objetivo que el de reducir la pobreza y la reducción de la mortalidad de las mujeres, en tres cuartas partes, de aquí a 10 años es un dato francamente o dramáticamente irrisorio.
La falta de una articulación educativa con los adolescentes de ambos sexos y el obligado apoyo a éstos para actividades deportivas, culturales, recreativas en ofertas de calidad y cantidad suficiente, en sustitución y alternativa de las promociones visuales vía televisión para la precipitación en la práctica sexual, han caracterizado la ambigua acción gubernamental para no reconocer el problema y afrontarlo en concurrencia con la sociedad civil y por la vía de evitar embarazos prematuros no deseados y destinados a conflictos irresolubles.
La causa o las causas de este doloroso e inhumano rezago –y en ello debemos ser muy claros en esta Cámara- son en su origen, la forma poco seria y hasta frívola de acometer estos objetivos en el gobierno del cambio. Por principio, se instaló en la Secretaría de Salud vía selección por Heath Hunter (¿), a su Secretario de paso, porque era de paso; en realidad el señor aspiraba a ser el Secretario de la Organización Mundial de la Salud, cuando no pudo lograrlo se conformó con armar lo que ha sido su slogan: "Un seguro popular", que no sino otro subterfugio para posponer las coberturas universales en salud que todo Estado democrático con un mínimo de recato, debe lograr para sus habitantes.
En términos inequívocos, el artículo 4º de la Constitución Mexicana señala en su tercer párrafo que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas.
¡Qué lejos está este derecho subjetivo público del que somos titulares todos los mexicanos, para ser verdaderamente cumplido y observado por el Gobierno en turno! Es en verdad lamentable que la postergación de los servicios de salud, que el diferimiento y los engaños para hacernos creer que el programa de Seguro Popular es una posibilidad cierta a corto plazo para lograr la cobertura universal, está siendo otro de los ya muy habituales engaños de un gobierno que no ha sabido estar a las alturas de un pueblo que lo eligió, siempre con la esperanza de un cumplimiento cabal de las ofertas electorales.
Esperamos pues que esta conmemoración y que esta reflexión nos lleve a tomar decisiones presupuestales serias en cuanto al camino a andar, todavía muy largo, para lograr la cobertura universal de todos los mexicanos y sobre todo de las mujeres en condiciones de maternidad.
Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Jesús González Schmal.
Tiene el uso de la palabra para este posicionamiento en relación con el tema Muerte Materno-Infantil, la diputada doña María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Maria Avila Serna: Con su venia diputado Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
En este sexenio las autoridades nacionales han hecho explícito su interés en combatir las altas tasas de mortalidad materna e infantil, sin embargo, y a unos días de que se celebró el Día Mundial de la Salud y que la Organización Mundial de la Salud hiciera un llamado a los gobiernos y a las sociedades para que se sensibilizaran acerca del grado inaceptable de morbilidad, sufrimiento y mortalidad que padecen las madres y los niños en México, la adopción de medidas que aseguren la vida y la buena salud de las mujeres parece ser en esta administración un discurso más.
La mortalidad femenina sigue siendo el Talón de Aquiles de nuestro sistema de salud. En pleno Siglo XXI en México prevalecen problemas de salud pública que ponen en evidencia y exhiben los errores de los planificadores del sistema de salud. Hoy en día, la muerte de una mujer durante el embarazo, parto o puerperio resulta indignante, sobre todo cuando sabemos que la tecnología y los conocimientos para prevenirla se encuentran disponibles. Sabemos y es triste reconocer, que el problema aquí no es la disponibilidad, sino las posibilidades económicas, la falta de información y la mala calidad del sistema de salud.
Los niveles de mortalidad materna son una advertencia acerca de insuficiencias en la cobertura y calidad de los servicios de salud reproductiva que se otorgan a la población. Es una gran contradicción que a la par del desarrollo de grandes investigaciones científicas y médicas, la muerte materno-infantil, sigue presente a nivel nacional y estatal como un problema de injusticia social, de inequidad de género, de salud pública y de derechos humanos.
Las cifras están a la mano de todos nosotros, cada 6 horas muere una mujer por alguna causa relacionada con el embarazo o parto y cada hora, muere un niño menor de un año por causas prevenibles.
En México, de fallecer por complicaciones del embarazo y del parto, es una de en 130 mujeres; en cambio, en Canadá, es una en 7 mil 750.
La falta de información y la educación sexual y reproductiva, provoca que haya en nuestro país alrededor de 25 millones de mujeres infectadas por el virus del papiloma humano, principal causante del cáncer cervicouterino y son las jóvenes de entre y 24 años de edad las más afectadas.
Asimismo, se estima que en México se embarazan un promedio de 2.5 millones de mujeres al año, de las cuales, alrededor de 370 mil son atendidas por personal no calificado.
Qué más necesitamos, las cifras y los hechos son cuantiosos. No es necesario hacer un recuento, todos sabemos que este problema nos ha rebasado y mientras no se implementen acciones efectivas, la situación tenderá a empeorar.
La salud integral de todo ser humano significa la posibilidad de acceder a un estado de vida y que incorpore el bienestar de la persona, el placer y la autodeterminación sobre el propio cuerpo, como un proceso continuo durante todo el ciclo vital.
La salud sexual y reproductiva de las mujeres está estrechamente vinculada con su ser biológico. Sin embargo, consideramos que un estado óptimo de salud está relacionado también con el bienestar emocional, económico y social.
Esto significa que el bienestar saludable de las mujeres también se construye social y políticamente.
Para poder hablar de acciones efectivas que garanticen la salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población y particularmente de las mujeres, es necesario que el Estado sea el garante del acceso a la información.
La prevención de la muerte materna e infantil depende directamente de la cobertura y la calidad de los servicios de salud. La atención que se requiere para evitar la mortalidad materna consiste en: sencillos métodos y prácticas basados en el seguimiento de médico continuo; en el traslado efectivo y oportuno de las mujeres al segundo nivel de atención; en el acceso real de las mujeres a los servicios de emergencia y en la existencia de bancos de sangre y personal disponible las 24 horas.
En nuestro país, la estructura gubernamental ha resultado insuficiente e ineficiente en muchos sentidos y aspectos. La prevención en primer término y la atención en segundo, son esenciales en la cobertura y calidad de los servicios de salud y son fundamentales para evitar la mortalidad materna.
Asimismo, los programas gubernamentales han resultado insuficientes y en ocasiones inoperantes, al ser programas de aplicación general y al no atender las necesidades específicas de la población.
Es imprescindible crear conciencia de que la salud de las madres se relaciona con el control que tomen de su fertilidad y su cuerpo, pues de su bienestar depende en gran medida la salud de sus hijos.
Mientras las madres sigan expuestas a embarazos consecutivos sin el apoyo necesario, a infecciones o malas condiciones en el parto, las cifras de mortalidad infantil se verán fuertemente impactadas.
Hablar de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de salud, significa comprender que hombres y mujeres están expuestos de manera distintas a riesgos de enfermedad y muerte, no sólo por razones biológicas y por motivos del ciclo vital, sino porque enfrentan situaciones claramente diferenciadas en función de sus papeles, derechos y responsabilidades que socialmente les han sido asignados.
Para avanzar hacia el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, son fundamentales acciones gubernamentales específicas, dirigidas a erradicar la exclusión, la discriminación y la desigualdad social.
La sociedad en su conjunto debe generar las condiciones necesarias para que las mujeres puedan ejercer su derecho a vivir una sexualidad plena, libre y responsable. El ejercicio de los derechos de la mujer requiere de la eliminación de las barreras que limitan su acceso a los servicios de salud, educación e información.
La pronta atención y la calidad en los servicios puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Quisiera terminar con una frase de Cecilia Lavalle, que resume en tan sólo unos párrafos esta gran problemática que día a día acaba con vida de las mujeres, "Indigna que indigne tan poco, molesta que moleste tan poco, preocupa que preocupe tan poco, duele que duela tan poco, porque si indignará, molestara, preocupara y doliera mucho, no viviríamos en un país en el que el nacer mujer representa un grave riesgo".
Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Muy amable diputada doña María Avila Serna.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Martha Lucía Micher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Martha Lucia Micher Camarena: Gracias señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante.
La diputada Martha Lucia Micher Camarena: El pasado 7 de abril, mientras esta Cámara de Diputados atendía por mayoría absoluta la invitación del Poder Ejecutivo Federal, para frenar la democracia electoral en México, el mundo reflexionaba en el Día Mundial de la Salud, sobre la atención materno-infantil; después del 7 de abril ya nada es igual.
La Organización Mundial de la Salud, convocó bajo el lema: "Cada madre y cada niño y niña cuentan", a debatir en torno al retraso en el otorgamiento en salud de calidad y acceso a la misma de estos dos grupos sociales. En México la mortalidad materno-infantil es un problema no resuelto, la tasa de mortalidad materna por cada 10 mil niños nacidos vivos, es de 65.7. sin embargo en Chiapas y en Oaxaca es de 113.2 y de 122 respectivamente, en estos dos estados se tienen las cifras de mortalidad materna que tenía el país en 1985. En el 2003 se registraron 41 mil 530 muertes en niñas y niños menores de un año, las tasas más altas, también están reportadas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca en proporción de 2 a 1, sobre el Distrito Federal y Nuevo León y casi 8 puntos por arriba de la media nacional.
La desnutrición calórico protéica está entre las 10 principales causas de mortalidad entre las niñas y los niños desde que nacen hasta los 12 años. Entre las y los menores de un año es la sexta causa, 5% de las muertes son neonatales y más de la mitad de este 5%, están en las primeras semanas de vida.
La tendencia de la mortalidad infantil en México ha aumentado desde 1996 y es poco menos de la mitad que la que se registra en la edad post productiva, 40.6 por mil habitantes en este último grupo de edad, que incluye a las y los adultos mayores y 20.6, entre las y los niños menores de un año. Más de la cuarta parte de las defunciones en niñas y niños menores de 1 año, ocurren por asfixia y trauma nacimiento, que es también la séptima causa de mortalidad generada en el país.
Muertes que se producen por la insuficiencia de recursos hospitalarios para la atención del parto y sus complicaciones, muertes evitables. Las principales causas de mortalidad materna son los trastornos hipertensivos, las hemorragias y los abortos, para que escuchemos muy claro cuales son las causas por las que nos morimos las mujeres.
Las tasas y las causas en el rubro, han producido no sólo convocatorias generales de la Organización Mundial de la Salud, para revisar las leyes sobre el aborto cuando son restrictivas y a establecer procedimientos para hacer efectivas las causas del aborto legal, sino recomendaciones especificas para México en el mismo sentido, por parte de Comités de Derechos Humanos de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos, -que por cierto quieren presidir Secretarios de Estado de este país-, por sus altas tasas de mortalidad materna, en especial en aquellos casos derivados de abortos clandestinos en adolescentes.
Como nunca, como nunca, compañeras y compañeros, ha aumentado el embarazo adolescente y como nunca, han aumentado las muertes de las y los adolescentes por aplicarse a abortos clandestinos.
Mientras esta Legislatura sigue posponiendo la discusión sobre el aborto, cada año alrededor de medio millón de mujeres interrumpen voluntariamente el embarazo en condiciones que ponen en peligro su salud, su integridad y su vida y ocurren 51.4 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes, según cifras del Consejo Nacional de Población.
Dos conferencias internacionales convocadas por la ONU: la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo en el Cairo y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 95, amabas con la participación y la firma en la declaración por nuestro país, otorgaron a los derechos reproductivos el Estatuto de Derechos Humanos, con el propósito de garantizar la más alta calidad de salud y bienestar sexual y reproductivo de las personas.
Muchos de los objetivos planteados en estas reuniones internacionales, se reafirmaron en las Metas de Desarrollo del Milenio que fueron aprobadas y adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2000.
Las propuestas legislativas del grupo parlamentario del PRD, para combatir la mortalidad materno-infantil son dos fundamentales:
La modificación de la Ley General de Salud en materia de salud sexual y reproductiva, con el objeto de reconocer los derechos sexuales y reproductivos en las políticas públicas. Esta iniciativa incluye las recomendaciones esenciales de los organismos internacionales, en el sentido de realizar todas las medidas apropiadas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, incluyendo los servicios de salud reproductiva y anticoncepción como planificación familiar, así como garantizar la interrupción legal del embarazo para que se lleve en condiciones oportunas y adecuadas.
Y otra iniciativa que está en discusión al seno de las Comisiones de Equidad y Género, la de utilizar toda la capacidad instalada de los servicios públicos de salud para garantizar la atención universal en salud a las y los niños menores de cinco años y a las mujeres que presenten complicaciones del parto. Esta iniciativa será presentada ante el pleno por mi grupo parlamentario en este período legislativo.
La Mortalidad materno-infantil es, antes que objeto de declaraciones, convenciones y voluntades históricas, el indicador más sensible del desarrollo de una sociedad. De nada sirve habernos colocado en la lista de países de alto desarrollo humano, si en este rubro podemos compararnos con los países más pobres del planeta.
La mortalidad materno-infantil no sólo es un problema que lacera nuestros estados, nuestro país, es un delito de Estado. La injusticia, compañeras y compañeros, la injusticia social se gesta en el seno materno; por eso, en este tema como en muchos otros, se requiere el acuerdo de todas las fuerzas políticas entre todos los niveles de gobierno.
Démosle prioridad que existe la agenda en el trabajo legislativo; que no resulte que no tuvimos espacios en las reuniones de coordinación, que no digan que sí y luego se desdigan. Si podemos hacerlo ¿entonces para qué nos sirve el fuero?
Quiero hacer desde esta tribuna un reclamo al Presidente de la Comisión de Salud, quien habiendo presentado una iniciativa por su parte en el marco de los derechos humanos, y habiendo declarado que no puede dictaminar otras iniciativas de ley porque tiene 68 dictámenes antes, se sirvió con la cuchara grande y ya dictaminó su iniciativa. Esto se llama, aquí y en China, abuso de autoridad y mal ejercicio de las funciones.
Señor Presidente de la Comisión de Salud, si su iniciativa entró en marzo, siga el orden que usted mismo ha establecido en su comisión y no pase por alto las iniciativas que antes que la de usted se presentaron y usted no ha dictaminado.
Señoras y señores, desde esta tribuna también exigimos que en el Seguro Popular, se visibilicen las cifras de dineros que están asignados a la atención del cáncer cérvico-uterino y mamario y en general de la salud materno-infantil. No aparecen, no sabemos cuánto está destinado y cuánto se ha ejercido.
Y por último compañeras y compañeros, también queremos manifestar nuestra preocupación para que en esta Cámara de Diputados se abra de manera serena y respetuosa, la discusión y la reflexión sobre el derecho a decidir y el consentimiento informado, que vienen incluidas en la iniciativa que el PRD metió hace un mes, en materia de la Ley General de Salud.
Muchas gracias. Democracia para todas y para todos. Y desde el 7 de abril del 2005, ya nada es igual. Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputada doña Martha Lucía Micher Camarena.
Señoras y señores legisladores, se encuentra presente entre los invitados el señor licenciado don José Antonio Pérez Anaya, presidente municipal de Omitlán de Juárez, Hidalgo, acompañado del señor licenciado don David Angel García, director de turismo de ese mismo municipio, invitados por el señor diputado don Edmundo Valencia Monterrubio. Se les da la bienvenida.
Tiene el uso de la palabra para posicionar a su grupo parlamentario la diputada doña Verónica Pérez Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Verónica Pérez Herrera: Con su permiso señor presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Cada madre y cada niño cuentan. Es el lema con el cual la Organización Mundial de la Salud, subraya la importancia de que los países tomen medidas orientadas a promover y garantizar la salud y la vida de las mujeres y los niños.
El Día Mundial de la Salud, es muestra de clamor universal sobre el respeto a los derechos humanos, figurando entre ellos como principal baluarte, el de la vida y de la integridad física de la persona, como bastión de una sociedad equilibrada, justa y con un desarrollo positivo por la integración de familias y sociedades sanas física y moralmente.
Es por ello que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al conmemorar el Día Mundial de la Salud, se suma a todas las organizaciones cuyo propósito ha sido el de sensibilizar sobre lo inaceptable que es para todos el elevado grado de morbilidad, sufrimiento y mortalidad que padecen madres y niños de todo el mundo.
En el ámbito mundial conforme a los datos de la Organización Mundial de la Salud, anualmente mueren alrededor de 530 mil mujeres durante el embarazo o parto; más de 3 millones de niños nacen muertos; 4 millones de bebés recién nacidos mueren durante los primeros días o semanas de vida y más de 10 millones de pequeños mueren antes de cumplir 5 años.
En nuestro país aun cuando en el transcurso de los últimos 30 años, se ha reducido de manera significativa la mortandad de los niños menores de 5 años, todavía hoy se registran alrededor de 40 mil muertes anuales, de las cuales el 20% son resultado del rezago epidemiológico, esto es fundamentalmente por la desnutrición y diarrea que afecta principalmente a los niños de las entidades más pobres del país.
En lo que se refiere a la mortalidad materna, México se comprometió al igual que el resto de los países que integran la Organización de las Naciones Unidas, a disminuir en 3/4 partes la mortalidad materna, en el periodo 1990-2015.
Aun cuando este compromiso ha implicado la instrumentación de programas y acciones de salud, sólo hemos logrado un 30% de la meta que nos propusimos; puesto que nuestro país aún registra una mortandad anual de 1310 mujeres que fallecen por complicaciones antes, durante y después del embarazo.
Es importante señalar que para Acción Nacional la vida y dignidad del ser humano, deben protegerse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Por lo tanto la protección de la vida del niño tanto antes como después del nacimiento, es un derecho inherente a la persona humana.
Cada madre y cada niño cuentan, es una propuesta importante, plena de significado ya que las mujeres que son madres desempeñan un papel sobresaliente en toda sociedad puesto que son elemento fundamental de la familia. Ese sobresaliente ámbito al que Acción Nacional ha concedido siempre fundamental relevancia puesto que en él se conforman los valores y las acciones primigenias que inciden en la vida y en el desarrollo de toda persona.
Los niños son futuro y esperanza de nuestro México y del mundo entero, esperanza de la continuidad de los valores, acciones, creencias y costumbres de cada sociedad, de la especie humana en sí misma, esperanza de transformación con miras a la construcción de un mundo más deseable, más humano, más libre y más justo.
El Gobierno Federal es consciente del valor de las madres y de los niños, por ello ha emprendido programas diversos entre los que destaca el seguro popular en el cual se encuentran inscritas 1.5 millones de familias, 76% de ellas encabezadas por mujeres y que por cierto el gobierno del Distrito Federal no aceptaba el seguro popular.
Asimismo la administración del presidente Fox ha incrementado gradualmente los recursos destinados a programas para la prevención y atención a la salud, y ha reforzado las acciones del programa "Arranque parejo en la vida", cuyo objetivo es atender a las mujeres durante todo el proceso del embarazo, así como de los niños desde su nacimiento y hasta que cumplen dos años.
Lo anterior nos permite afirmar que en México, cada madre y cada niño cuentan; sin embargo, los diputados de Acción Nacional somos conscientes de lo mucho que aún falta por hacer y por tanto asumimos plenamente el compromiso de continuar impulsando desde el Poder Legislativo, todas aquellas propuestas e iniciativas que se traduzcan en acciones orientadas a atender y garantizar la salud y la vida de las madres y de los niños de nuestro país.
Es de gran importancia y urgencia que como representantes de los mexicanos, asumamos plenamente la responsabilidad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sensibilizar a la sociedad sobre la morbilidad y mortandad de las madres y los niños que aún existen en nuestro país, a efecto de que la sociedad entera participe en la promoción de la salud, así como en la atención de la propia puesto que los niños saludables son producto de familias saludables, las cuales a su vez son resultado de comunidades sanas.
En Acción Nacional estamos convencidos de que trabajar para garantizar la salud de cada niño y de cada madre mexicana es construir esperanza, es instaurar ya desde este momento, un futuro mejor.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputada Verónica Pérez Herrera.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Norma Elizabeth Sotelo Ochoa: Con su permiso, señor Presidente.
La Organización Mundial de la Salud, año con año conmemora "El Día Mundial de la Salud". Subo a esta tribuna en razón de que el pasado 7 de abril fue dedicado a la muerte materno infantil bajo la premisa de que cada madre y cada niño cuentan.
El 7 de abril de este año, centenares de organizaciones y gobiernos realizaron eventos para sensibilizar a la población acerca del grado de morbilidad, sufrimiento y mortalidad que padecen las madres y los niños, y para estimular la responsabilidad colectiva y la necesaria adopción de medidas que aseguren la vida y la buena salud de las mujeres e hijos.
En México, tenemos la cifra de la Secretaría de Salud que en el año 2003 murieron 1,313 mujeres, lo cual representa un promedio de tres a cuatro diarias. Esto desde luego, sin contar los sub registros de las mujeres muertas por embarazo o sus hijos, porque viven en una alta marginación y ni siquiera forman parte de las estadísticas.
Tristemente debemos reconocer que en nuestro país la mortalidad materna se concentra en las mujeres pobres, en un gran porcentaje de mujeres indígenas, en las mujeres sin seguridad social, en las mujeres habitantes de zonas rurales de alta marginalidad o de zonas suburbanas marginales, es decir, esta lacerante situación obedece a un enorme rezago e iniquidad en el acceso a los servicios de salud y en gran medida en la dinámica y criterios de distribución presupuestal para el gasto en salud dirigido a la población abierta o no derechohabiente.
Por ello, en este día el Partido Revolucionario Institucional hace un llamamiento a todas las demás fuerzas políticas para unirnos en un mismo sentido a fin de erradicar este mal que ha sido detectado y que, si es atendido a tiempo, se vuelve prevenible.
La mortalidad materna es un grave problema de la salud pública y de equidad de género, donde todos los actores de gobierno debemos participar a fin de buscar una solución que beneficie a las mujeres mexicanas.
Por ello el PRI se suma a los acuerdos tomados el pasado 12 de abril en el panel sobre muerte materna que la Comisión de Equidad y Género llevó a cabo, los cuales señalan que es necesario explicitar, a través del etiquetamiento en el presupuesto de egresos de la federación, lo destinado al gasto en el Programa Arranque Parejo en la Vida y la correcta aplicación de estos recursos, a fin de que lleguen a los estados y municipios, así como proponer al presidente de la República, vía punto de acuerdo, que se realice una evaluación puntual de los 5 programas con mayor cobertura y recursos que la Secretaría de Salud lleva a cabo y se integre en esta evaluación el Arranque Parejo en la Vida, a fin de que sean brindados servicios de mayor calidad.
Las legisladoras reconocemos la responsabilidad de nuestro país firmando así los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
Por ello nos comprometemos a llevar a cabo estas tareas en beneficio de las mujeres y sus hijas e hijos de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, doña Norma Elizabeth Sotelo Ochoa.
El siguiente punto del orden del día es la proposición de acuerdo de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política.
Ruego a la secretaría dar lectura al acuerdo.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados condena los recientes atentados en contra de periodistas y exhorta al Ejecutivo federal a que se instrumenten las medidas necesarias para castigar a los agresores y salvaguardar la libertad de expresión.
Secretarios de la Mesa Directiva,
Cámara de Diputados,
Presente.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 14 del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones y los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suyas las siguientes proposiciones, cuyos respectivos originales se anexan al presente acuerdo.
Primero. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que instruya al secretario de Seguridad Pública a fin de que en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública se emita un acuerdo de coordinación para salvaguardar la libertad de expresión y que se diseñe e instrumente un programa de acción de los tres niveles de gobierno para combatir con rigor y todo el peso de la ley a los agresores de periodistas suscrita por los diputados Pablo Anaya Rivera, Jorge Uscanga Escobar, Ubaldo Aguilar Flores Alfonso Sánchez Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Rómulo Salazar Macías, Guillermo Zorrilla Fernández, Gustavo Moreno Ramos, Ernesto Alarcón Trujillo, Marco Torres Hernández, Martín Vidaña Pérez, Mario Zepahua Valencia, Gonzalo Guízar Valladares, Pablo Pavón Viñales, José Luis García Mercado, Víctor Flores Morales, Concepción Castañeda Ortiz, Anibal Peralta Galicia, Filemón Arcos Suárez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
"Proposición con punto de acuerdo que condena las agresiones contra periodistas y solicita la atracción por parte de la Procuraduría General de la República para que investigue los hechos, presentada por el diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Convergencia.
"Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente
"Punto de Acuerdo:
"Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente los recientes atentados perpetrados en contra de periodistas nacionales.
"Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar los mecanismos de coordinación con los órdenes de gobierno estatal y municipal y en general las medidas que resulten necesarias, a fin de castigar a los autores de estos atentados y salvaguardar la libertad de expresión en nuestro país.
"Tercero.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que valore la posibilidad de atraer las investigaciones de los recientes hechos delictuosos en contra de periodistas.
"Palacio Legislativo a 13 de abril del 2005".
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, Secretaria.
Antes de entrar a la fase de votación, me informan que hay dos oradores registrados para hablar en pro de los puntos de acuerdo.
Por lo tanto se concede en primer término el uso de la palabra al señor diputado don Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.
El diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante Diputado.
El diputado Luis Maldonado Venegas: Con su venia.
Señoras y señores Legisladores:
Desde el asesinato del Subdirector Francisco Ortiz Franco del Semanario Zeta de Tijuana, que representó la confirmación de que contra ese medio de comunicación existe una persecución desde hace varios años, cuando fuera asesinado el Subdirector Héctor Félix, hasta la fecha, continúa el proceso de amedrentamiento a su actual Director el periodista Jesús Blancornelas, quien es sobreviviente de un atentado donde murieron su escolta y uno de los sicarios. Esta situación se ha agudizado en los últimos tiempos a través de atentados de todo tipo contra los periodistas y los cuales incluyen balaceras e intentos de incendio contra las instalaciones de su centro de trabajo.
Recientemente se han dado de manera simultánea tres crímenes contra otros tantos profesionales en tres entidades de la República. Intento de homicidio contra la periodista radiofónica María Guadalupe García, cuando ingresaba a la estación donde labora. Fue agredida por dos enmascarados, quienes ya la esperaban, recibió por lo menos nueve balazos que la tienen al borde de la muerte en un hospital de la ciudad de Nuevo Laredo.
Desde hace dos semanas está desaparecido el reportero Alfredo Jiménez Mota, del periódico El Imparcial de la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Y más recientemente es el asesinato del director del periódico La Opinión, de Poza Rica, Veracruz, Raul Gibb, quien regresaba a su domicilio luego de haber inaugurado un nuevo periódico en la ciudad de Martínez Veracruz y en una carretera entre ambas poblaciones fue emboscado.
Existen amenazas contra otros periodistas de distintos medios, pero basta la enumeración de estos más recientes para identificar que se está gestando un clima amenazante precisamente contra los trabajadores del periodismo. Actitudes que suelen dar pie para que personas oficiosas busquen provocar y agredir a los trabajadores de la prensa, inclusive frente a las cámaras.
Todo esto hace pensar al grupo parlamentario de Convergencia que todos los miembros de esta soberanía estamos obligados a reflexionar acerca de esta situación de ataques a la libertad de expresión y específicamente contra los trabajadores de la prensa.
Es responsabilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, dar todas las garantías para el libre ejercicio del trabajo periodístico, particularmente a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República, porque efectivamente se están violentando los contenidos esenciales de los artículos 5º, 6º, 8º y 16; todos ellos son violentados por esta situación anómala, particularmente el artículo 6º, que protege los derechos de los mexicanos al trabajo, a la información mediante la publicación libre de las ideas, publicación de escritos, así como las peticiones que exigen una repuesta por escrito de cualquier funcionario, como la protección a la privacidad en papeles y patrimonio.
De ese modo, los atentados contra los profesionales de la prensa confirman que en la República Mexicana existe una persecución programada contra los mismos, más allá de la delincuencia organizada o contubernio por omisión.
Esta Cámara de Diputados no debe continuar irónicamente enterándose por los medios de este nuevo flagelo que se abate para asesinar a los mensajeros de la voz del pueblo.
El Grupo Parlamentario de Convergencia llama la atención de esta soberanía, para que no sólo hagamos un gesto de solidaridad y comprensión con los compañeros de profesión de los periodistas asesinados o sobrevivientes y a sus familiares, quienes tal vez tengan que soportar la persecución y amedrentamiento sin un compromiso real de ser vigilantes de que tomen las autoridades las medidas conducentes para detener esta ola de criminalidad orientada y dirigida hacia ellos.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Convergencia se suma al llamado a la excitativa a la Secretaría de Seguridad Pública y particularmente a la Procuraduría General de la República, para que atraiga de inmediato las investigaciones en los casos señalados.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don Luis Maldonado Venegas.
Señoras y señores Legisladores: Se encuentran con nosotros maestros, padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria "Melchor Ocampo" del estado de Morelos, a quien se les da la más cordial bienvenida, invitados por la diputada doña Rosalina Mazari Espín.
(aplausos)
Tiene el uso de la palabra para hablar en pro del punto de acuerdo, el señor diputado don Pablo Anaya Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Un momento diputado.
Sonido en la curul del señor diputado De la Vega Asmitia.
El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Diputado Presidente, en virtud de que este es un punto de acuerdo que hizo suyo la Junta de Coordinación Política, le solicitaríamos respetuosamente pudiera registrar al diputado Gustavo De Unanue, para hacer el posicionamiento del Grupo parlamentario del PAN.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Si es así, sólo necesito que el señor Presidente de la Junta de Coordinación, que está presente, me ratifique su solicitud.
(El Presidente de la Junta de Coordinación hace la ratificación)
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Queda registrado, señor diputado.
Adelante diputado don Pablo Anaya Rivera.
El diputado Pablo Anaya Rivera: Gracias Presidente.
Con su permiso y con el permiso de mis compañeros diputados y diputadas.
El asunto que hoy nos trae a esta tribuna es sin duda delicado y de interés nacional. Y me quiero referir a las constantes agresiones a las que han estado sometidos los representantes de medios informativos a nivel nacional.
Han sido constantes los ataques a la libertad de expresión de prensa en su más legítima acepción y representación. Ya son muchos y muy valiosos los profesionales del periodismo que han sufrido violencia extrema en acciones que permanecen impunes y que están socavando nuestro sistema de libertades. Otros lamentablemente han perdido la vida a manos de sus victimarios.
El 19 de marzo del 2004 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue asesinado Roberto Javier Mora, del Diario "El mañana". El hecho se vincula a la delincuencia organizada. Se trataba de un periodista que en sus informaciones se refería de manera frecuente a las actividades de los cárteles de la doga que se disputan el territorio en esa región del país.
Francisco Ortiz Franco fue asesinado el 22 de Junio del 2004 en Tijuana, Baja California, colaboraba para El Seminario César, otro hecho vinculado a la delincuencia organizada. Francisco Arrieta Saldierna, victimado el 24 de Septiembre de 1004 en Matamoros, Tamaulipas, laboraban el diario El Regional.
Igualmente se le ha dicho y se ha dicho que existen indicios de que se trató de un crimen ordenado por la delincuencia organizada, Gregorio Rodríguez Hernández, ultimado a balazos en el mes de Noviembre del 2004 en Escuinapa, Sinaloa, trabajaba para el diario El Debate en este caso, la Asociación de Periodistas de esa Entidad, ha vinculado los hechos con la delincuencia organizada.
El 2 de Abril del año en curso, desapareció el periodista Alfredo Jiménez Mota, Reportero de El Imparcial de Sonora, también esos hechos han sido vinculados con la delincuencia organizada.
El miércoles 6 de Abril, la periodista de la fuente policiaca de Radio Estéreo 91 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Guadalupe García Escamilla fue baleada en las afueras de la estación de radio, los impactos fueron, dos en el pecho, tres en el abdomen y 4 en las piernas y brazos que la mantienen al borde de la muerte.
El pasado viernes 8 de Abril, la sociedad del Norte del Estado de Veracruz, fue lastimada al perpetrarse el artero asesinato cuando regresaba a su casa del periodista Raúl Guib Guerrero, Director del Periódico La Opinión, de Poza Rica, Veracruz, quien fue acribillado a tiros, muriendo de inmediato. Impunidad, impunidad y más impunidad, promesas, promesas y más promesas, los mexicanos estamos cansados de tanta impunidad y tanta promesa incumplida, por los que tiene que hacer y cumplir la ley.
Los mexicanos queremos, merecemos, necesitamos y exigimos un sistema de seguridad pública eficaz y eficiente, que garantice realmente la convivencia armónica y el goce y disfrute de nuestras libertades; que se combata eficazmente y con todo rigor, a la delincuencia organizada
Este problema que ahora vivimos de nuestro Estado, es de dimensión nacional y así debe tratarse. El ejercicio periodístico tiene un elevado contenido social, así lo ha reconocido la Historia en todas las sociedades.
Esperamos que reaccione la Procuraduría General de la República porque la forma como se han operado los homicidios solamente habla que es producido y perpetrado por la delincuencia organizada.
Queremos decirles a los que laboran en los medios de comunicación, que no están solos, esto no es problema nada más de los comunicadores, sino de toda la sociedad a la cual nosotros representamos.
Por lo que apoyamos todas las acciones que se emprendan para la resolución de los atentados y para la protección que requiere el ejercicio de esta noble profesión.
Por todo lo anterior, la Fracción Parlamentaria del Partidario Revolucionario Institucional, apoyamos este Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución.
Muchas gracias Diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor Diputado don Pablo Anaya Rivera.
Tiene el uso de la palabra, el señor Diputado Don Gustavo de Unanue Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Gustavo de Unanue Aguirre: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante don Gustavo.
El diputado Gustavo de Unanue Aguirre: Por supuesto que el PAN aprueba este Punto de Acuerdo, yo quisiera compartir con ustedes el caso que ya se ha hecho referencia de Sonora, que tiene consternado a todo el Estado de Sonora.
Alfredo Jiménez Mota, periodista del periódico El Imparcial, debe tener más o menos mi edad, si no es que es un poco más chico, es decir, alrededor de 30 años, su trabajo era, hacía reportajes para el periódico El Imparcial, no de política, no de partidos políticos, sino de cuestiones que realmente le preocupaban a la sociedad: el narcotráfico, la delincuencia organizada y las recientes ejecuciones que se han venido dando en Sonora en los últimos dos años.
El pasado 2 de Abril, Alfredo Jiménez Mota, desapareció.
Quiero decirles que el gremio periodístico de Sonora está unido, está en proceso, está levantando la voz, ya levantaron la voz ante el gobierno del estado para que apure su búsqueda, ayer fueron a la delegación de la PGR para que se metan de lleno en este asunto.
Alfredo Jiménez Mota es un joven con idas, el llamado que yo quiero hacerles aquí, compañeros diputados, es no sólo aprobar este Punto de Acuerdo, sino que en cada uno de nuestros estados tengamos una sola voz y sobre todo una sola acción en contra de esos hechos tan lamentables.
Mi solidaridad para la familia de Alfredo Jiménez. La búsqueda sigue, esto es un atentado contra la juventud, esto es un atentado contra la libre expresión, esto es un atentado contra la dignidad humana. Este tema nos debe unir a todos los mexicanos.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don Gustavo De Unanue Aguirre.
Agotadas las intervenciones de los oradores registrados, proceda la Secretaría a consultar en votación económica si se aprueba el Punto de Acuerdo.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias secretaria.
Aprobado.- Comuníquese.
El señor diputado don Jorge Kahwagi Macari del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió a esta Presidencia iniciativa que adiciona un Artículo 227 a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La diputada doña Jacquelina Guadalupe Argüelles Guzmán del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió a esta Presidencia iniciativa que reforma el Artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre.
Túrnese la iniciativa de referencia a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Hilaria Domínguez Arvizu del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria.
La diputada Hilaria Domínguez Arvizu: Con su permiso diputado Presidente.
Los suscritos diputados federales María Hilaria Domínguez Arvizu del grupo parlamentario del PR, Luis Andrés Esteban Melchor del grupo parlamentario del PAN, Margarito Fierros Tano del grupo parlamentario del PRD, Rafael Galindo Jaime del grupo parlamentario del PRI, Javier Salinas Narváez del grupo parlamentario del PRD y Rubén Alfredo Torres Zavala del grupo parlamentario del PAN, integrantes de esta LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión,. Con fundamento en el Artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Agraria.
Antecedentes.
En el Acuerdo Nacional para el Campo, específicamente en los compromisos con el Numeral 237 de dichos acuerdos, el Ejecutivo federal junto con las organizaciones campesinas y de productores, se comprometieron a evaluar el marco jurídico secundario agrario en el seno del Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario.
Dentro del esquema de evaluación señalado en el Numeral anterior, se asumieron cuatro compromisos específicos del Acuerdo Nacional para el Campo, que corresponden a los numerales 238, 239, 254 y 263. De dichos acuerdos y que son respectivamente las acciones de fomento del desarrollo sustentable y defensa del patrimonio de los sujetos de derecho; expedir una legislación específica y de procedimientos agrarios. Del 239: fortalecer y ampliar las atribuciones de la Procuraduría Agraria. Del 254: y propiciar la creación de consejos de la Judicatura del Tribunal Superior Agrario.
Para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para el Campo descritos en el numeral anterior, se llevaron a cabo durante los años 2003 al 2004, 75 sesiones de análisis del Comité Jurídico del Sector Agrario; 3 sesiones plenarias y 16 sesiones extraordinarias de la CONACOSA, así como 17 reuniones de comisiones encargadas de la elaboración del Código Procesal.
La Secretaría de la Reforma Agraria con las participaciones de organizaciones, amplió el proceso de consulta para enriquecer las aportaciones de CONACOSA, de sus comisiones especiales y de los comités jurídicos del sector agrario, para los cuales se organizaron seis foros regionales en Guadalajara, Jalisco; Mérida, Yucatán; Hermosillo, Sonora; Monterrey, Nuevo León; Oaxaca, Oaxaca y Pachuca, Hidalgo, en los cuales se registraron 298 ponencias con la participación de 2000 asistentes.
El resultado de la revisión del marco jurídico secundario en materia agraria, contiene los posicionamientos de los representantes de las instituciones y de las organizaciones, de 19 organizaciones campesinas de todo el país representantes de los productores y 4 instituciones del sector público y las Cámaras de Senadores y de Diputados.
Con base en estos antecedentes, consideramos prioritario llevar a cabo el trabajo legislativo que dé origen de la actualización del marco jurídico secundario agrario, a efecto de incorporar aportaciones de amplio consenso que permitan unificar criterios de aplicación de la legalidad agraria, profundizar la profesionalización de la Procuraduría Agraria y crear condiciones para la mejor atención en materia agraria.
La actualización del marco jurídico secundario en materia agraria debe promover la reforma institucional que facilite la certeza jurídica en el campo, la solución de conflictos, el fomento al desarrollo e impulso a las actividades económicas de los núcleos agrarios y de la modernización en la integración documental de la formación del suelo.
Para incorporar una visión jurídica eficiente y eficaz de la legislación agraria, es indispensable acotar las preponderancias prevalecientes de la materia civil para unificar los criterios y aplicación de la ley.
Otorgar mayores atribuciones a la Procuraduría Agraria para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios y dar mayor transparencia a la conformación y actualización de los tribunales agrarios.
La actualización del marco jurídico secundario agrario en lo referente a los derechos y propiedades necesarios para profundizar la formalidad asociativa y productiva, es imperativo que se incorporen disposiciones claras en el orden de la preferencia de asignaciones de derechos parcelarios; pago de indemnizaciones, terminación del régimen ejidal en parcelas con destino específico; medios alternativos para la solución de los conflictos juicios que involucren derechos colectivos y protección a las comunidades indígenas.
Se requiere, pues, una actualización legislativa que incorpore una visión económica, que facilite la asociación para el aprovechamiento conjunto de tierras, para lo cual es indispensable incorporar disposiciones precisas respecto a la seguridad de cada uno de los compañeros productores y campesinos mexicanos.
Los aspectos de la organización, la capacitación, el crédito, la garantía, la actualización expedita imparcial y eficiente de los órganos jurisdiccionales en cada una de la aplicación de la justicia en materia agraria.
Con base en lo anterior expuesto, sometemos a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Agraria, por lo que solicito que el texto íntegro de ésta se inserte en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria y sea turnada para su análisis correspondiente y una vez emerja el dictamen, a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión Especial para el Acuerdo Nacional para el Campo.
Gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputada doña Hilaria Domínguez Arvizu.
Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud en materia de cuotas de recuperación.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Con su permiso, diputado Presidente.
El suscrito, diputado federal José Luis Treviño Rodríguez, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y el XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa por lo cual se reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, misma que se fundamenta y se motiva bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El crecimiento demográfico de la población mayor de nuestro país ha generado una serie de preocupaciones en torno a los servicios que se requieren para atener a este grupo poblacional de 60 años y más, fenómeno que tiene efectos políticos, sociales, culturales, económicos y de salud y que ha preocupado a las instancias de investigación médica y social, así como a organismos públicos y privados y asociaciones académicas.
Hacer valer los derechos de la gente grande, así como para revalorarla, ya que es la memoria y el cimiento de lo que hoy es nuestra nación, la Ley General de Salud, en su artículo 25, dispone que conforme a las prioridades del sistema de salud, se garantizará la extensión cualitativa y cuantitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables, entre los que destacan los adultos mayores de 60 años.
Cabe señalar que a pesar de que se tiene regulada dicha situación en algunos ordenamientos legales de nuestro país, hoy en día son miles de mexicanos que carecen de servicios básicos de salud.
Sin embargo, nos damos cuenta que el Estado ha podido llevar a cabo estrategias para combatir y disminuir este problema. Ejemplo de ello, es el Programa Nacional de Salud 2001-2006, el cual marca que es necesario analizar las desigualdades de las condiciones de salud.
Sabemos que dicho Programa Nacional de Salud señala que existe un rezago en muchos sectores de la población; la falta del acceso a los servicios de salud se ha venido originando como un problema día a día se agudiza y repercute principalmente en los grupos más vulnerables de nuestro país.
Por ende, es determinante este ciclo de pobreza-enfermedad, ya que la vida se trastorna, pues para atenderlos se utilizan recursos extraordinarios que no rompen el círculo del empobrecimiento.
La salud es y debe ser claramente entendida como un derecho y un elemento indispensable para el desarrollo humano; no puede ser considerado un privilegio para sólo algunos, es el reto de todos, es que toda la población tenga servicios médicos de calidad y acceso a los mismos, un motivo de ello, es esta reforma.
Para ello, cabe decir que la Encuesta Nacional del ingreso y gasto de los hogares, elaborada por el INEGI, es una fuente primaria de información para evaluar la situación socioeconómica de las familias mexicanas; para clasificar a estas familias, se utilizan deciles de distribución del ingreso.
Los primeros deciles corresponden a los hogares de menor ingreso, por ende, en los últimos deciles se ubican aquellos que mayores ingresos perciben. El artículo 4° de la Constitución garantiza la salud de nuestra población; de nosotros los diputados depende el presupuesto necesario y suficiente para lograr esta meta.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud.
Único. Se reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, para eximir del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todos los adultos mayores de 60 años, que no sean beneficiarios o derechohabientes de alguna institución de salud. Para cumplimiento de esta disposición será requisito indispensable que el solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres primeros deciles establecidos por la Secretaría de Salud, esto es, a los tres niveles más pobres de este grupo de población.
Transitorio.
El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro. Abril del 2005.
Diputado José Luis Treviño.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez.
Túrnese la iniciativa de referencia a la Comisión de Salud.
Señoras y señores legisladores, tenemos la presencia de los medios de comunicación Tele-Valles, Diario el Mañana, XETR, de la Huasteca Potosina, invitados por los señores diputados don Alfonso Nava Díaz y don Benjamín Sagahon Medina, a quienes damos al bienvenida.
También tenemos la presencia de los ayudantes municipales e invitados del municipio de Zacatepec, estado de Morelos, invitados por la diputada doña Rosalina Mazari Espín, a quienes damos la bienvenida.
(Aplausos)
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 120 y 121 de la Ley de Aguas Nacionales.
El diputado Israel Tentory García: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante don Israel.
El diputado Israel Tentory García: Compañeras y compañeros diputados:
En México como en el mundo entero, el agua es considerada como un recurso estratégico, vital, vulnerable, finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad, es tarea fundamental del Estado Mexicano y de la sociedad.
En este contexto, el 29 de abril de 2004 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales, con el objeto de obtener una administración más eficiente y descentralizada de este recurso hídrico, al crearse una nueva estructura tendiente a optimizar la ejecución de procesos, incluyéndose conceptos relacionados con la utilidad e interés público del agua, la modernización de los servicios hidráulicos, implantación de sistemas de recirculación, rehuso y tratamiento de las aguas residuales, al tiempo de descentralizar y mejorar la gestión del recurso con la participación de los estados, municipios, Distrito Federal.
Un punto a resaltarse en estas reformas es el relativo a las sanciones por violaciones a disposiciones de la ley, toda vez que se aumentaron significativamente, previéndose penas pecuniarias que van desde los mil a 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en el momento en que se cometa la infracción, independientemente de las sanciones establecidas en la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección al Ambiente, la Ley de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Metrología y Normalización, así como sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el Código Federal y demás disposiciones aplicables en la materia.
Sin duda, la nueva Ley de Aguas Nacionales tiene como finalidad garantizar que exista suficiente agua para los mexicanos, lo cual ha significado un período de transición en cuanto a gestión de agua en México.
Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua con las nuevas facultades que tiene, ha instrumentado numerosos procedimientos administrativos que tienen como fin sancionar con multas excesivas y de esta manera lesionar la economía de los campesinos, los agricultores y de todas aquellas personas de bajos recursos que por cuestiones de pobreza, escasez de agua o por la orografía, se han tenido que asentar en las orillas de las aguas nacionales.
Por ejemplo, en el estado de Michoacán, se han notificado 37 inicios de determinación de imposición de sanciones derivadas de visitas de inspección realizadas a partir del 30 de abril del 2004, para verificar las infracciones consideradas en el artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales. De concluirse con la imposición de multas y sanciones en estos 37 casos, se impondrán multas por el orden de 365 mil salarios mínimos que equivalen casi a 15 millones de pesos.
Es de destacarse que algunas de estas personas a las que se les inició el procedimiento administrativo, viven en la población de Carácuaro de Morelos, Michoacán, municipio clasificado como muy alta marginación y donde los terrenos aptos para asentamientos humanos son muy escasos y la mayoría de la población, como ya lo expresaba, es gente muy pobre que ha construido sus viviendas al margen del Río Carácuaro o por haber conectado una manguera de 2.5 pulgadas a un yacimiento natural del agua, sin la concesión debidamente autorizada por la autoridad correspondiente.
En estos casos, la Comisión Nacional del Agua impondrá las sanciones pecuniarias antes descrita, la cual a todas luces es excesiva y aun más: la sanción incluye la demolición de sus viviendas, lo cual implica que estas personas perderán su patrimonio y aun con muchos años de trabajo, les será imposible cubrir la multa de aproximadamente 400 mil pesos cada uno.
En tal orden de ideas, si el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales autoriza la imposición de multas que van de mil a 20 mil días de salario mínimo, debe concluirse entonces que dicho precepto resulta violatorio a las garantías establecidas en los artículos 21 y 22 constitucionales, tratándose de aquellos infractores jornaleros, obreros o trabajadores o bien de aquellas personas en estado de pobreza, quienes, por desconocimiento de la ley, han infringido la misma y que se les imponen multa excesivas que no pueden pagar. Si bien esta no es una causa excluyente, sí debe de ser una atenuante para que las sanciones que se les impongan no sean excesivas.
En este sentido, la iniciativa que hoy pongo a su consideración propone disminuir el monto mínimo de las sanciones establecidas en la fracción I del artículo 120 de la Ley de Aguas para pasar de mil a 200 salarios mínimos. Asimismo, propone que la autoridad del agua, tratándose de infractores indígenas, jornaleros, obreros, trabajadores, pequeños y medianos productores agropecuarios y de todas aquellas personas que se encuentren en situaciones de pobreza por cualquiera de las infracciones del artículo 119 de la ley, imponga la sanción mínima establecida en la fracción I del artículo 120.
En este mismo tenor, se plantea que la autoridad del agua, fundamentando y motivando plenamente su decisión, pueda otorgar al infractor la opción de pagar la multa o realizar trabajos o inversiones a favor de la comunidad equivalentes en materia de conservación, protección, restauración de los recursos hídricos, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor; éste no sea reincidente y no se trate de irregularidades que impliquen la existencia de riesgo inminente de daño o deterioro grave.
La única forma de evitar la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas y por lo tanto excesivas, es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para calificar la gravedad de la infracción, tomando como base no solamente los elementos establecidos en el artículo 121 de la Ley de Aguas, sino también las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor, el beneficio económico directamente obtenido por el infractor por los actos u omisiones que motive la sanción y el carácter intencional o no, de la acción u omisión. Elementos que se proponen adicionar a dicho precepto.
Por lo anterior compañeras diputadas y compañeros diputados, les solicito su apoyo para este tan importante evento.
Hoy es momento que comencemos a proporcionar a los mexicanos los instrumentos legales que les otorguen certeza jurídica, equidad, proporcionalidad y justicia.
En atención del tiempo le solicito ciudadano presidente, inscriba el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputado.
Como lo solicita don Israel Tentory García, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de Ley del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
La diputada Angélica de la Peña Gómez: Gracias señor presidente.
Voy a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
ANTECEDENTES
Con fecha 28 de noviembre de 1985 fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 40/33, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como reglas de Belly (?).
Con fecha 20 de noviembre de 1989, fue abierta la firma y ratificación por la Asamblea General de Naciones Unidas, la Resolución que da origen a la Convención Internacional de Hechos del Niño.
El 19 de junio de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en julio de 90, el Senado de la República aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con fecha 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 40/113, adoptó las reglas de las Naciones Unidas, para la protección de los menores privados de libertad.
En esa misma fecha la Asamblea General de Naciones Unidas, adopta y proclama las directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.
Con fecha 7 de abril del 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 4o. constitucional que reconoce los derechos de niñas y niños.
En mayo del 2000, un poco después de la reforma constitucional, el Diario Oficial de la Federación, publican la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentarias de esta reforma constitucional que mencioné anteriormente.
El Título Cuarto de esta ley, está dedicado a desarrollar las garantías y los derechos procesales constitucionales que deben ser reconocidos para adolescentes que se presuma han infringido la Ley Penal.
Este título cuarto de esta ley en comento, refiere todas las directrices y normas inscritas en la doctrina de protección integral de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez que plasma literalmente esta obligación que nuestro país adquirió al vincularse al aprobar la Convención.
El 29 de agosto de 2001, también conviene recordar de manera muy puntual, que el Senado de la República celebra dos convenios de colaboración con UNICEF. El segundo, de manera muy particular, establece un compromiso para trabajar en distintas iniciativas que apliquen este título cuarto de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de manera muy particular, también reconozca los derechos, las garantías procesales de adolescentes que infrinjan la Ley Penal.
Este convenio es muy importante mencionarlo, porque concreta lo que establece el artículo 37 y 40 de la propia Convención de Derechos de la Niñez.
A partir de la firma de estos convenios, la consultoría jurídica y legislativa del Senado, junto con UNICEF a través de la Oficialía de Reforma Legislativa y de consultoras y consultores, realizamos un intenso trabajo, riguroso trabajo, que derivó en el anteproyecto que hoy pongo a consideración de esta Asamblea de manera textual.
Quiero mencionar que este proyecto, esta iniciativa que presento hoy ya como iniciativa, se fundamenta precisamente en todas estas normas y directrices inscritas en Naciones Unidas y que también están inscritas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal en abril del 2004, en su mayoría contiene preceptos de esta iniciativa que se trabajó entonces; ahora, con base en lo que establece nuestra normatividad, estamos presentando esta iniciativa para que pueda instalarse en la discusión en conferencia con el Senado de la República, de tal forma que México pueda sacar adelante estos compromisos no solamente en el ámbito nacional, fundamentalmente con este sector de la población que se encuentra en una gran situación de vulnerabilidad.
Finalmente, diputadas y diputados, yo creo que la discusión en su momento, va a tener que resolver esta tendencia a los eufemismos, a no decirle a las cosas como son. Quienes están ahora privados de su libertad en un Consejo Tutelar, es eso: están privados de su libertad.
Esta discusión no inicia meter a un centro de privación de libertad a un adolescente que infringe la Ley Penal, eso ya acontece hace mucho tiempo. Yo recordaría las discusiones que en esta misma tribuna se dieron para que se aprobara la Ley de Tratamiento a Menores Infractores, en donde desde entonces se tenía la intención de trascender de la doctrina tutelar a la doctrina garantizta y la realidad es que finalmente tenemos una ley y una serie de leyes en las entidades de la República, en donde –por decirlo coloquialmente- a propósito del comentario del doctor Emilio García Méndez, pareciera que lo que dio resultado es una mujer que está medianamente embarazada y finalmente tarde o temprano termina notándosele.
Eso aconteció con la ley del ’91. Es una doctrina tutelar la que imperó en esa ley, que es la misma que tenemos en todas las entidades federativas y entonces la oportunidad que se tuvo en México para transitar al cumplimiento de la Convención de Derechos de la Niñez, no se concretó.
Yo espero que por el bien del respeto por nuestro país, ahora tengamos esa oportunidad de cumplirle a esta parte de la sociedad, que por cierto siempre manda a un centro tutelar –privado de su libertad- fundamentalmente a jovencitos que se encuentran en una situación fundamentalmente apremiante y marginados socialmente.
Nunca encontraremos en un Consejo Tutelar, privado de su libertad, a un chico o a una chica que forme parte de la clase media, media alta. Entonces también aquí tenemos un asunto que corregir porque se generaliza la pobreza. Es cuanto y muchas gracias por su atención.
Solicito al presidente que sea tan gentil de turnar esta iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por favor.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Así será, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Esta presidencia recibió de parte del señor diputado Manuel Velazco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con qué objeto, diputada.
La diputada Liliana Baeza (Desde su curul): Señor presidente, para pedirle que la iniciativa anterior sea turnada a la Comisión de Grupos Vulnerables.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Grupos Vulnerables.
Diputa Liliana Baeza, obsequiada su petición en estos términos.
Tiene la palabra la diputada Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
La diputada Hilaria Domínguez Arvizu: Con su permiso, diputado presidente.
Los suscritos, diputados federales María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI; Luis Andrés Esteban Melchor, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del PRD; Rafael Galindo Jaime, del grupo parlamentario del PRI; Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del PRD y Rubén Alfredo Torres Savala, del grupo parlamentario de Acción Nacional, integrantes de esta 59 legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 17, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Se reforma la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17,.18, 27, 28, 29, 30; se adicionan los artículos 14A, 14B, 16A, 16B, 16C, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, y por último se modifica el título del capítulo VIII para quedar "Consejo de la Judicatura Agraria".
La administración de la justicia en los últimos tiempos ha evolucionado, de modo que los organismos encargados de su conocimiento gradualmente han ido convirtiéndose en entidades profesionales, por lo que es necesario transparentar rápida y justamente en tiempo y forma todas las determinaciones en estricto apego a derecho.
Por lo anterior, la justicia agraria en México no puede mantenerse al margen de estas importantes evoluciones internacionales. Desde hace tiempo, diversas voces de los distintos sectores que componen el ámbito agrario vienen reclamando la revisión y actualización del marco jurídico agrario en la materia como una forma para transparentar y profesionalizar la administración de la justicia en materia agraria.
Para tal fin, en el año 2002 las diversas organizaciones campesinas y de productores, conjuntamente con el gobierno federal, han recogido diversas inquietudes y propuestas del sector rural, proceso que concluyó el día 28 de abril, levantando el Acuerdo Nacional para el Campo, mismo que continuó con el referido acuerdo y se estableció el compromiso de revisar y analizar y proponer los cambios necesarios al marco jurídico agrario en materia agraria, con la finalidad de constituir un sistema que garantice la permanente profesionalización y transparencia en la actuación de los juzgadores, a través de la creación del Consejo de la Judicatura Agraria, como una instancia de control administrativo, disciplinario y de administración de la carrera judicial.
En suma, esta iniciativa es el resultado de las consultas, como fue demandado.
En el artículo 2 se adiciona la fracción III que se refiere como parte de los tribunales agrarios al Consejo de la Judicatura Agraria, homologado al Tribunal Superior Agrario, a otros órganos jurisdiccionales de carácter federal y estatal, liberando a la magistratura de la atención de asuntos que no son estrictamente jurisdiccionales.
Congruentes con ello, se modifican los numerales octavo y noveno en los artículos 3. Se adicionan las disposiciones que vienen en el Tribunal Superior Agrario funcionando en pleno, que se refiere a igual que al Tribunal Superior al Consejo de la Judicatura, que tendrán su sede en el Distrito Federal, se cambia la denominación del Título Octavo modificándose el artículo 30 y adiciones de los artículos del 31 al 45, inclusive. Este articulado establece la naturaleza, composiciones y facultades del Consejo de la Judicatura, señalando los mecanismos y reglas para la integración y renovación de los Consejos del periodo de duración del encargo, las atribuciones exclusivas del pleno del Consejo, de sus Comisiones y de los Consejeros en particular y finalmente a la precisión que las decisiones que este organismo determine serán definitivamente inatacables.
"Por lo expuesto y fundado, queridas diputadas y diputados, solicitamos que nos apoyen con esta iniciativa. Las y los mexicanos durante muchos años han demandado la impartición de la justicia agraria, que sea pronta y expedita. Hay comunidades indígenas, hay ejidos, a sobreramientos de ejecuciones de resoluciones presidenciales.
"Aún persiste la intranquilidad en cada una de las regiones de nuestro territorio nacional y se hace urgente y necesario que la ley de la impartición de la justicia, la justicia en materia agraria, llegue expedita a nuestros hermananas y hermanos campesinos para que garantice la paz y la tranquilidad en el ámbito nacional.
"En nombre de ellos y en nombre de mis compañeros diputados solicitamos que esta propuesta de iniciativa de ley sea insertada en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria y le solicitamos al diputado Presidente de la Mesa Directiva, que así como solicité en el marco jurídico de la Ley Agraria, ahora en los tribunales agrarios sea turnada a las Comisiones de Reforma Agraria y de Agricultura y Ganadería con opinión de la Comisión Especial para el Campo".
Firman los compañeros diputados Luis Andrés Esteban Melchor, Margarito Fierro, Rafael Galindo, Javier Salinas, Rubén Alfredo Torres, esta humilde servidora y 89 diputados más que acompañan ambas iniciativas de ley.
Queridas compañeras y compañeros Diputados:
Los campesinos de México demandan que revisemos nuestro campo, que elevemos nuestro campo al segundo piso, que es la organización, que es la capacitación y que debemos de darle con este instrumento jurídico la comercialización, el financiamiento y en verdad la certeza y la certidumbre para que México siga siendo un país de paz, de instituciones, de legalidad en el estado de derecho, ¡pero que también los campesinos puedan y deban vivir con justicia social en la venta, en la comercialización y en el producto de su tierra que es su cosecha!
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias Diputada.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con opinión de la Comisión de Reforma Agraria.
El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto por el señor diputado don Francisco Javier Bravo Carbajal.
Esta Presidencia le da más cordial de las bienvenidas a los alumnos y catedráticos de la Escuela Preparatoria Nicolás García Sanvicente, provenientes de Acaxochitlán del estado de Hidalgo, invitados nada menos que por don Oscar Bitar Haddad.
(Aplausos)
Asimismo les da la más cordial de las bienvenidas a los Delegados y Presidentes de Consejos de Participación Ciudadana del municipio de Huixquilucan estado de México, invitados por el señor diputado don Adrián Fuentes Villalobos.
(Aplausos)
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juan José García Ochoa: Muchas gracias Presidente.
"El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del PRD, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 135 de la Constitución y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
"Exposición de Motivos:
"En toda actividad humana se habla de la necesidad de que prevalezcan los elementos constitutivos del estado de derecho. Para Tena Ramírez el estado de derecho es aquel cuyo poder se encuentra determinado por preceptos legales, de tal modo que no pueda exigir de sus miembros ninguna acción u omisión que no tenga su fundamento en la existencia de una norma jurídica preestablecida.
Por consiguiente, el estado de derecho se erige como punto relevante de la agenda de los procesos de transición, normalización y consolidación en los países. Su construcción es un proceso que involucra a todos los actores políticos relevantes y a la ciudadanía, y no se agota en la edificación de un sistema jurídico constitucional.
En el estado de derecho prevalece el gobierno de las leyes sobre el arbitrio de caprichos y fobias de los hombres, al tiempo que se reconocen y garantizan las libertades de todos los ciudadanos. De esta forma, el estado de derecho democrático debe de estar abierto al pluralismo, a la tolerancia y al cambio social.
Por ello, la preservación del mismo es un patrimonio común que debe ser creado, protegido y consolidado responsablemente por todos los actores políticos dentro de los cuales nos encontramos como Poder Legislativo, encargados de la creación de la legislación que nuestro país requiere.
Las leyes son producto de la acción de los hombres y por más firmemente establecidas que estén pueden ser transformadas por la propia acción humana. Por ello, el derecho es consustancial a la vida social, ya que donde se haya desarrollado algún tipo de colectividad o conducta humana, habrá aparecido también alguna forma de regulación colectiva que impone obligaciones y asigna derechos a los individuos.
Al ser resultado de la vida comunitaria, el derecho no puede limitarse a expresar el marco social que lo circunda, más bien tiene que constituirse en un elemento ordenador de este marco social, tiene que corregir los elementos negativos de la vida comunitaria y alentar el desarrollo de sus elementos positivos.
Las leyes, por consiguiente, son normas cuyo objetivo fundamental es regular el espacio público de la sociedad. Dicho de otro modo, las leyes son los principios que permiten y promueven la convivencia de los hombres, no como individuos aislados, sino como miembros de una colectividad.
En este sentido y como reclamo de varios sectores de la población, es indispensable que las leyes regulen cuestiones tan importantes como la orientación sexual de los ciudadanos, tema que sin lugar a dudas reviste una gran carga moral, religiosa y política, pero que a todas luces constituyen una necesidad a observarse a ser regulada.
Las leyes no son creadas para normar o garantizar lo que un individuo puede o no puede hacer de manera independiente, sino lo que puede hacer u omitir como integrante de una sociedad.
Por ello y pese a que existe una rama del derecho denominada derecho privado, sólo lo es cuando que el mismo derecho define lo que es privado y lo que es público. De este modo, incluso lo particular; lo privado, lo estrictamente individual, sólo es tal en términos jurídicos, si está reconocido a un nivel público por la forma jurídica correspondiente.
Ahora bien, en el marco legal de este sistema democrático de instituciones, es la Constitución. Las Constituciones se han convertido en la ley suprema de las sociedades modernas, pero esta supremacía sólo puede ser legítima si expresa los principios fundamentales del estado de derecho.
Sin embargo, no es necesario rechazar que las Constituciones sean fuente de las demás leyes, sino sólo recordar que son en sí mismas el elemento de vinculación de la experiencia moral y política de las sociedades, con su experiencia de codificación racional de las leyes.
En efecto, si bien las Constituciones son un resultado de debates, luchas y cambios sociales, se han convertido también en recursos para plantear demandas sociales.
El reconocimiento y estudio de la sexualidad ha sido poco explorado y la difusión de los conocimientos relativos a la misma hoy en día sigue siendo motivo de polémica e incomodidad para muchos sectores de la sociedad que ven a este tema como un tabú y no como una realidad social.
De ahí que la presente iniciativa establece el principio de la no discriminación a la orientación sexual, entendiéndose esta última como tal, a la atracción duradera, emocional, sexual o afectiva hacia otra persona, la cual se presenta en un conjunto de gamas que van desde la homosexualidad exclusiva hasta la heterosexualidad exclusiva e incluye varias formas de bisexualidad.
Por lo tanto, el tema de la orientación sexual se erige como un tema indispensable a tratar y difundir en nuestra sociedad, el cual debe de abordarse con interés y con la claridad necesaria, ya que no podemos de ninguna forma desconocer que un sector de la población le sea reconocido en nuestra Legislación el derecho a la No discriminación por la orientación sexual.
La libertad sexual de los individuos, garantizada en nuestra Carta Magna, debe ser el fundamento principal que de origen al reconocimiento de los derechos inherentes al hombre, en el caso de la decisión por alguna orientación sexual y al respeto de esta última no pueden ser la excepción.
La orientación de los seres humanos en cuanto a sus relaciones afectivas y su sexualidad, no pueden ni deben, en ningún caso, ser motivo alguno de discriminación, por lo que el Estado debe de garantizar que este precepto se cumpla.
La presente Iniciativa de Reforma al párrafo 3º, del Artículo 1 Constitucional, promueve y establece como obligación el fomento al respeto a la orientación sexual de las personas a través del establecimiento del principio de la No-discriminación por esta orientación sexual.
La sexualidad humana debe ser abordada en nuestras leyes de una manera integral, considerando su libre ejercicio, conocimiento, orientación y diversidad, como una respuesta a las demandas de grupos de hombres y mujeres que, dentro de la evolución de los Derechos Humanos, exigen el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, como parte de las garantías que reconoce el Estado a sus integrantes
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el tercer párrafo del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo Primero.- Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional , del género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias , la orientación sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Transitorio. Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Muchas gracias. (aplausos)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, Diputado García Ochoa
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor Diputado don Marcelo Tecolapa Tixteco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Iniciativa que Reforma y Adiciona diversas Disposiciones de la Ley General de Educación, relativas a la calidad de educación que se imparte a la población indígena.
El diputado Marcelo Tecolapa Tixteco: Con su permiso, señor Presidente Compañeros de esta honorable soberanía popular.
Con fundamento en lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los Artículos 55 Fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el suscrito, Diputado Marcelo Tecolapa Tixteco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente con Proyecto de Decreto de Reformas y Adiciones a diversas Disposiciones de la Ley General de Educación, con el propósito de propiciar la equidad y la calidad de la educación que se imparta a la población indígena, así como impulsar la educación intercultural como instrumento para fortalecer la pluralidad cultural de la nación, conforme a la siguiente Exposición de Motivos.
La mayoría de los mexicanos gozamos de los beneficios de la visionaria perspectiva del Congreso Constituyente de 1917, que consagró a la Educación como un derecho social, a través del Artículo 3 Constitucional.
Los conceptos de gratuidad y obligatoriedad ha orientado a la acción del Gobierno, tratando de garantizar ese derecho a todos los mexicanos. La educación obligatoria hoy comprende los ciclos de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria.
Con el fin de reglamentar esos mandatos, se ha expedido la Ley Federal de Educación del 29 de Noviembre de 1973 y la Ley General de Educación promulgada el 12 de Julio de 1993, actualmente vigente. En esta última, se establece el criterio de equidad educativa y define una serie de actividades, que las autoridades de los tres niveles de gobierno, deben realizar para que el derecho a la educación de todos los mexicanos sea una realidad.
La reforma al Artículo 2º. Constitucional de agosto del 2001 en su Apartado B ordena a las estructuras del Estado en su conjunto, impulsar políticas públicas y destinar presupuestos, para promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los pueblos indígenas, particularmente las obligaciones en materia educativa, se expresan en la fracción II del citado artículo.
La reforma a la Ley General de Educación del 2002 puso énfasis en los aspectos lingüísticos, pero han quedado pendientes del tratamiento educativo de la diversidad cultural y étnica, así como la necesaria equidad educativa para los pueblos indígenas.
Por su ubicación, históricamente forzada en regiones apartadas y, en consecuencia, por realizar su actividad económica preponderamente en el sector primario, la educación destinada a los pueblos indígenas, se incluyó en la estrategia de la escuela rural mexicana.
En la década de los 79 se impulsó la educación bilingüe como respuesta a la demanda de pueblos y organizaciones indígenas, para que sus lenguas fueran, objetivo e instrumento, del proceso de enseñanza de la educación preescolar y primaria. Y desde hace poco más de diez años, se trata de impulsar la educación bilingüe e intercultural, cuyos fines, además de los antes señalados, fortalecer las lenguas y los atributos culturales de los pueblos indígenas, así como educar para la convivencia en la cultipluralidad.
Sin embargo, la realidad educativa de la población indígena es trágica, según el censo de población del año 2000, el analfabetismo de la población indígena mayor de 15 años es de 32.5% y su promedio de escolaridad es apenas de 4.6 grados.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, coincide en señalar que el promedio de población indígena mayor de 15 años, tiene instrucción primaria triplica el promedio nacional; el 29% de los niños indígenas desertan de la escuela; de cada tres niños que abandonan la escuela dos son indígenas; el 30% de los niños indígenas son atendidos en escuelas no indígenas; 245 mil niños indígenas no asisten a la escuela, lo que representa el 19% de la demanda potencial y solamente siete de cada 100 indígenas que ingresan a primaria, se inscriben en planteles de educación media superior, mientras que a nivel nacional lo hacen 28 de cada 100-
Además la Secretaría de Educación Pública reconoce que de los 36,500 profesores de educación primaria indígena, cerca del 70% no tienen un conocimiento adecuado de los planteles, de los planes y programas de estudio, mientras de 7 mil más no tienen acceso a ellos, lo que se refleja en un bajo nivel académico de los alumnos.
En espacios de reflexión y de base educativo, los participantes, principalmente profesores, académicos y dirigentes indígenas, ha expresado su opinión sobre las causas que dan origen a la desigualdad educativa y la falta de eficacia de las políticas públicas, además de hacer sugerencias sobre los caminos a transitar, para superar esas iniquidades.
Respetable soberanía, por información y ejercicio como maestro bilingüe indígena, puedo afirmar que la equidad educativa para los pueblos indígenas y el fortalecimiento de la pluriculturalidad de la nación, no es solamente un imperativo de justicia social, es también componente esencial de la democracia y la soberanía nacional y además un factor estratégico de la economía.
Es por ello, que la propuesta que hoy someto a su consideración, tiene como propósitos fortalecer al sistema educativo nacional, para que responda a las aspiraciones de justicia de los pueblos indígenas, garantizando su derecho a la educación, fortaleciendo las lenguas y culturas indígenas y promoviendo la convivencia intercultural de la sociedad en su conjunto, con la adición al Artículo 3 se incluye como deber del Estado impartir a los hablantes de idiomas indígenas, la educación obligatoria en su propia lengua y español. Además se propone en el artículo 7, que la educación deba tener como uno de sus fines el fortalecimiento de la composición pluricultural de la nación a través de la enseñanza para el conocimiento y valoración de la historia, los idiomas, el patrimonio y las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y el respeto a sus derechos lingüísticos, así como la promoción de la convivencia intercultural.
La reforma al párrafo del artículo 8 tiene por objeto reforzar la orientación de la educación para que en su propósito de luchar contra la discriminación, incluya, como ya lo hace con las mujeres, a los indígenas. La adecuación que se propone a la fracción 2ª de este mismo artículo pretende que el carácter nacional de la educación integre como uno de sus elementos a atender el fortalecimiento de la composición pluricultural de la nación.
Las adiciones de la fracción 9ª al artículo 12 y de un párrafo al artículo 48, así como la reforma al segundo párrafo de ése mismo, constituye un eje articulado de preceptos que establecen facultades para que las autoridades educativas federal y locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, incluyan en los planes de estudio de la educación obligatoria, contenidos que promuevan la convivencia intercultural así como el conocimiento, aprecio y fortalecimiento de la historia y la presencia actual de los pueblos indígenas de México. Con ello se evitan las lesiones como la promovida recientemente por el Gobierno Federal, que en su reforma de educación secundaria pretendió desaparecer el estudio de las culturas prehispánicas.
Las adiciones de las fracciones 2ª y 9ª al artículo 14 y de un párrafo al artículo 32, expresa mandatos que atienden a la necesidad de dar articulación y congruencia a las acciones de las autoridades educativas, destinadas para garantizar el derecho a la educación de calidad y con equidad, a la población indígena a través de un sistema nacional de educación indígena y sus programas respectivos, que deberán incluir, entre otras, las acciones que ordena la fracción 2ª del Apartado B del artículo 2º constitucional.
La adición de un párrafo al artículo 21 parte de considerar al maestro como el eje del proceso educativo y que en mayor medida de su capacidad depende un eficaz aprendizaje, por lo que se establece que en cualquier modalidad educativa donde se imparta la educación preescolar y primaria, la condición para ejercer la docencia sea el nivel de licenciatura y en particular para la educación indígena, un requisito adicional deberá ser el dominio de la lengua indígena.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía, reformas y adiciones a la Ley General de Educación a través del siguiente proyecto de decreto:
Artículo uno. Se reforman la fracción 4ª del artículo 7; el primer párrafo y la fracción 2ª del artículo 8; el párrafo 2º quedando como tercero y recorriéndose los subsecuentes. Del artículo 21, el párrafo 4º, que pasa a ocupar el 5º lugar; del artículo 48, el 1er párrafo del artículo 70 y el 1er párrafo del artículo 71.
Señor Presidente, en virtud del tiempo y que el articulado de la propuesta que presento está publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, le solicito respetuosamente que la presente iniciativa sea incluida en su integridad en el Diario de los Debates y turnada a las Comisiones Unidas de Educación y Asuntos Indígenas, para los efectos constitucionales correspondientes.
Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.
Túrnese como lo pide el señor diputado, a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Asuntos Indígenas.
Esta Presidencia le da la más cordial de las bienvenidas al Excelentísimo señor Embajador de Nueva Zelanda en México, George Troup, quien está presente en esta Cámara con motivo de un intercambio en la Comisión de Relaciones Exteriores. Sea usted bienvenido señor Embajador. Apreciamos mucho su amable presencia.
Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a nuestros colegas parlamentarios brasileños, Orlando Fantazzini y Paulo Rubem Santiago, invitados por la diputada doña Rebeca Godínez y Bravo en su calidad de Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A petición de la diputada Hilaria Domínguez Arvizú y de los 82 diputados firmantes de sus iniciativas, es que esta Presidencia rectifica el turno tanto de la iniciativa que tiene que ver con la Ley Agraria, para turnarla a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión Especial para el Campo.
Y la que tiene que ver con la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, Reforma Agraria y Agricultura y Ganadería.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juan José García Ochoa: En este caso se trata de una iniciativa que adiciona un inciso d) a la fracción del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El conocimiento y estudio de la sexualidad ha sido poco explorado: la difusión de los conocimientos relativo a al misma hoy en pleno Siglo XXI, sigue siendo motivo de polémica e incomodidad para muchos sectores de la sociedad, que ven a este tema como un tabú y no como una realidad social, al grado que ha costado un gran esfuerzo la inclusión de algunos aspectos de educación sexual en los planes de estudio en el sistema educativo nacional.
Es necesario partir de que la sexualidad es un atributo y práctica y aunque tiene un fundamento biológico, no se puede explicar sin tomar en cuenta su carácter histórico-social.
Al respecto, en la historia de México del Siglo XX, en la primera década los programas de educación sexual con carácter preventivo y de salud pública, su orientación hizo que la operación de los mismos recayera entonces en la Secretaría de Salud.
En 1932 la Secretaría de Educación promovió el primer proyecto de educación sexual dirigido a los niños que cursaban quinto y sexto grado de educación primaria, entonces llamados grados superiores.
Sin embargo, varias agrupaciones manifestaron su opinión en contra, lo que provocó la suspensión de los programas de educación sexual propuestos.
En 1974, con el Programa Nacional de Planificación Familiar, financiada por el Gobierno Mexicano, se ofrecieron servicios de educación sexual en las instituciones públicas de salud en las escuelas y directamente en las comunidades marginadas y rurales.
En México, la educación sexual se incorporó en las escuelas y en los libros de texto a partir de 1974, cuando se tomó conciencia de la importancia de prevenir los embarazos entre adolescentes, el modelo de educación sexual adoptado por el Gobierno Mexicano, tomó como base los propósitos estatales e internacionales para modificar las variables demográficas y las tradiciones culturales mexicanas acerca de la familia, de los roles de género de acuerdo con cierto silencio sobre temas de sexualidad.
Sin duda, la incorporación de la educación sexual fue producto de un conjunto de fuerzas sociales contradictorias, por un lado se conservaron las pautas de conducta social familiar profundamente arraigadas y por otra parte se consideró a las organizaciones sociales que justificaban su posición en la objetividad de posconocimiento científicos.
En 1987 el SIDA vino a ser un nuevo detonante para incluir el tema en las aulas. La mortal enfermedad entonces parcialmente conocida con sus formas de transmisión y efectos, pero asociada en un principio a las prácticas homosexuales y a la prostitución, favoreció la aceptación de la necesidad de promover nuevos comportamientos y prácticas sexuales a través de estrategias fundamentadas en las acciones preventivas.
En México, el tema se incorporó a los programas de secundaria y para el año del 94, se comienza a hablar de la salud sexual y reproductiva como uno de los derechos humanos, lo cual fue un paso muy importante para legitimar los derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos a vivir una sexualidad libre, responsable e informada con equidad de género y libre de abuso, violencia y discriminación.
No obstante los avances obtenidos en esta materia, resulta indispensable incluir en los planes de estudio de educación pre-escolar, primar, secundaria, técnica y preparatoria, asignaturas específicamente enmarcadas en la temática y los propósitos de la educación sexual.
En general los programas tocan los temas de identidad sexual, género, órganos y procesos sexuales, así como los riesgos de la vida sexual activa. Sin embargo, no se profundizan las explicaciones y descripciones pertinentes, no se incluyen los tópicos y mucho menos satisfacen las necesidades pertinentes que se requieren para abordar el tema de la sexualidad.
En este contexto, la iniciativa que hoy pongo a su consideración, es con la finalidad de establecer el fomento a la educación sexual, el autoconocimiento, el cuidado del cuerpo y el respeto a la vida sexual de cada persona, como uno de los criterios que oriente la educación que imparte el Estado, toda vez que sexualidad humana comprende un conjunto de fenómenos biosicosociales de gran importancia para la persona y para la sociedad, no es sólo un componente más de la personalidad, sino la forma general en que el individuo se manifiesta así mismo y ante los demás.
Por ello la educación sexual que imparte el Estado, debe brindar a los educandos, información progresiva y adecuada de lo que es la sexualidad humana para su formación, tanto en lo biológico como en lo afectivo social, sobre los procesos de desarrollo y de madurez sexual, conducirlos a adoptar conscientemente los modos elevados de satisfacer a la edad oportuna sus inquietudes.
Asimismo debe perseguir la realización de una sexualidad plena y madura, que permita una comunicación equilibrada dentro de un contexto de afectividad y responsabilidad y es fundamental que la educación sexual se imparta adecuadamente por los docentes, ya que durante la niñez y la adolescencia, la escuela es como nuestra segunda casa.
A mayor abundamiento, es de destacarse algunos instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por nuestro país, que establece que los estados partes tienen la obligación de asegurar para las niñas y las mujeres el acceso al material informativo, especifico que contribuya a asegurar la salud y bienestar de la familia, incluidos la información y el asesoramiento sobre la planificación de la familia. La Convención sobre los Derechos del Niño, afirma el derecho del niño a la educación sexual para permitirle abordar de manera positiva y responsable su sexualidad.
Al establecer la obligación del Estado Mexicano de brindar educación sexual, otorgará a las personas los elementos para decidir sobre el ejercicio o no de su sexualidad y de cuando iniciarla, los riesgos que esto implica y los cuidados que hay que adoptar ante la perspectiva de embarazos no deseados o de infecciones de transmisión sexual, la exploración de la satisfacción y el respeto de las relaciones afectivas y sexuales que establezcan, la libertad, en fin, para decidir sobre el ejercicio de la sexualidad y su responsabilidad, pero más aún, libera a las personas de atavismos, prejuicios y violencias que vive como resultado de una negación, ante la sexualidad y el cuerpo.
La educación sexual, como todo proceso educativo, debe de tener el propósito de lograr cambios de comportamiento, en este caso que permitan al individuo vivir su sexualidad con una libertad cuyo limite sea la confirmación de su esencia humana, social e históricamente determinada, así como el respeto a la sexualidad de las demás personas.
Por ello proponemos adicionar un inciso d) a la fracción II del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"El Estado fomentará la educación sexual, el auto conocimiento, el cuidado del cuerpo y el respeto a la vida sexual de cada persona."
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La diputada Adriana González Furlong, nos pide y accedemos con mucho gusto, a darle la más cordial bienvenida, a vecinos del municipio de Tlalnepantla de Baz, que hoy nos visitan. Sean ustedes bienvenidos.
(Aplausos)
Tiene el uso de la palabra don Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 5, 82, 84, 85, 87, 89 y 110 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Pedro Avila Nevárez: Con permiso de la Presidencia.
Compañeros diputados y compañeras diputadas:
El derecho al trabajo digno es un precepto constitucional, lo mismo que la garantía social acerca del poder adquisitivo de los salarios, en el sentido de que deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural.
En este contexto la regulación nacional que rige para las relaciones laborales, la Ley Federal del Trabajo, agrega conceptos como el salario integrado y calificaciones del concepto, como lo que el salario debe ser remunerador. Esto ha dado como resultado la existencia de políticas salariales de facto que obtienen flexibilización y polivalencia del trabajo por intermedio de sistemas de pago que "premian", entre comillas y "estimulan", entre comillas, nuevas actitudes frente a la materia de trabajo.
El nuevo perfil de esta parte medular de las relaciones laborales, ha producido cambios importantes como el de transformar en "empleados", entre comillas, algunas categorías de obreros para simplificar los procedimientos de asignación salarial.
Los gobiernos neoliberales utilizan el autoritarismo económico para mantener contenidos los salarios de los trabajadores del país desde 1982 a la fecha, por la simple vía de anclar el aumento anual de los mínimos de acuerdo a las expectativas inflacionarias; la indexación precios-salarios, muestra una tendencia general a que la inflación crezca por arriba de los aumentos impuestos a los mínimos.
Debido a que el salario mínimo -que ahora es minisalario- es utilizado como el referente del mercado laboral, es a partir de la imposición de los topes salariales de los mínimos que se presiona a la baja el resto de las remuneraciones de los trabajadores del país.
Esta política hizo posible la disminución del costo de la mano de obra de las empresas y sirvió, por lo tanto, como un elemento de atracción fundamental de la inversión extranjera directa.
En 2004 la expectativa inflacionaria del 3.0 por ciento a 4.0 por ciento, es rebasada de nueva cuenta debido a que la inflación de enero a octubre alcanzó el 5.4 por ciento y los aumentos observados en las percepciones mínimas industriales y de servicios, de 4.2 por ciento, 4. por ciento y 4.5 por ciento correspondientemente, volvieron a ser erosionadas por la inflación.
A pesar del previsible incumplimiento de la meta inflacionaria del 2004, el gobierno espera un aumento de precios del 4.0 por ciento para el año 2005 y proyecta, una vez más, junto con los empresarios, imponer un tope salarial igual a la inflación proyectada, lo que significaría que el minisalario general que está contra la Constitución, óigase bien, sólo aumentaría un peso, siete pesos, al pasar de 43.3 pesos al día en el 2004, a los 45.0 pesos diarios en el 2005.
Respecto al salario mínimo de la zona geográfica "A", únicamente aumentaría 1.8 pesos al pasar de 45.2 pesos al día en el 2004, a los 47.0 pesos al día en el 2005.
El salario mínimo general llegó a su máximo histórico en 1976 al ubicarse en 53.6 pesos al día, para desplomarse hasta los 11.0 pesos diarios en el 2004 a precios de 1994, por lo que alcanza una pérdida del 79.4 por ciento.
Respecto al salario mínimo de la zona geográfica "A", la minipercepción, la minipercepción, que se oiga bien, se ubicó en 53.2 pesos diarios en 1973 para llegar a 11.5 pesos en el 2004 a precios de 1994, registrando una pérdida del 78.3 por ciento; mientras que en diciembre de 1994 y agosto del 2004 la tortilla aumentó 507.70.5 por ciento, la sal 446.0 por ciento, el pan blanco 495.5 por ciento, la harina de trigo 465.3 por ciento, el fríjol 318.5 por ciento, la leche 314.8 por ciento, el huevo 286.5 por ciento, el Metro 400 por ciento, el pesero 354 por ciento y la gasolina 357 por ciento, el salario mínimo sólo aumentó 197.6% en términos normales.
El problema de la disminución del ingreso de los trabajadores de México es tan grave que el Banco Mundial reconoció que el 44% de la población sobrevive con 2 dólares al día, menos de 20 pesos, por lo que se encuentran debajo de la línea de pobreza.
El saldo histórico de los salarios de los trabajadores es que el precio de la mercancía fuerza de trabajo se fija y se mantiene en permanente rezago con respecto a las demás mercancías. Las responsables de la política económica, dignos emisarios de las políticas de la globalización económica, han introducido conceptualizaciones donde el pleno empleo de los salarios enumerados son elementos que deben ser siempre ajustados a los niveles de rentabilidad y desplazamiento internacional de los capitales.
Por lo tanto, el derecho al trabajo y los salarios, han ingreso en una fase donde su condición de precariedad tiende a dominar el escenario social. Eso quiere decir que la política de empleos será el impulso de puestos de trabajo temporales con raquítico nivel de remuneraciones de exigencias muy estrictas de exportación, con niveles de salario que se mueven entre 1.5 y 3 salarios mínimos.
El trabajo femenino en gran escala, el crecimiento del trabajo por combinar actos productivos con inspecciones en la calidad de los productos, son todos expresiones de un fenómeno que se ha hecho extensivo en toda la nueva industria de exportación, a la sazón la parte de la industria más protegida en México.
Por lo que respecta a esta iniciativa, queremos proteger el salario base como premisa fundamental de la defensa de la clase trabajadora. Tenemos una gran deuda con los trabajadores ya que este gobierno reaccionario ha amenazado las conquistas históricas de estos mexicanos.
Todos los miembros del PRI y de las organizaciones revolucionarias lucharemos porque las luchas obreras que acompañaron al General Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, en su gran marcha por la soberanía de México, sigan adelante.
Ahora las conquistas de los trabajadores deben ser acompañadas por la ley, es decir, haremos de éste y de otros instrumentos, las grandes barricadas de la clase trabajadora, ante el embate de los conservadores sin memoria, ya que seguros estamos que todos los representantes populares comprometidos con los obreros, sacaremos adelante las reformas laborales en beneficio de los trabajadores y su familia.
Por lo anterior expuesto presento a esta H. Soberanía la siguiente
INICIATIVA
Artículo Unico. Se reformen los artículos 5 numeral seis, 82, 84, 85, 87, 89 y 110 numeral tres de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue.
Artículo 82. Salario base es la retribución que se debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.
ARTICULO 84. El salario integral es aquel salario que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo.
El salario neto es el salario integral menos los descuentos establecidos en el presente ordenamiento.
Artículo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo, de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Se considera un salario remunerador aquél que permite un nivel de vida suficiente para satisfacer el costo de los alimentos, educación, vestido, salud, vivienda y esparcimiento del trabajador y su familia_.
Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 30 días de salario integral por lo menos.
Artículo 89.- Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario integral correspondiente al día en que nazca el derecho de la indemnización.
Artículo 110.- Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos –que lo oigan bien esto los patrones- salvo en el caso y con los requisitos siguientes: … Tercero.- Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo –termino señor Presidente- Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación, o el pago de pasivos adquiridos por esos conceptos sin que estos sean mayores al 20% del salario base.
Asimismo, aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de vivienda ubicados en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se les descontará –ojo- el 1% del salario a que se refiere el artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate.
Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador.
Transitorio Primero.- Esta reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Suplico a la Presidencia se publiquen en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Estas nuevas modificaciones a la Ley del Trabajo, van dirigida y van con un afecto especial para todos los trabajadores de México. Esta es la tribuna de la patria y por eso hago uso de este derecho aunque me suenen la campana, porque estoy defendiendo a los trabajadores de México no a los patrones que se enriquecen con el sudor de ellos. (aplausos)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias don Pedro.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Escuela Preparatoria Regional "Enrique Cabrera", de Tecamachalco, Puebla, invitados por José López Medina. Muchas gracias por venir.
Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presenta iniciativa que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.
Comparezco en mi carácter de diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II, de la Constitución General de la República; 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a la consideración de esta honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 108, párrafo segundo y 110 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los últimos años hemos observado en el desempeño del titular del Poder Ejecutivo Federal una figura que ha incumplido los compromisos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo para el período 2000-2006, incumplimiento que imposibilita el desarrollo económico del país y propicia la ruptura de la credibilidad en las instituciones por parte de la sociedad mexicana.
La situación política, económica y social durante el presente sexenio se ha distinguido por las diversas confrontaciones que el titular del Poder Ejecutivo Federal ha mantenido con el Poder Legislativo, de las cuales todos los mexicanos se han enterado, siendo el último conflicto el referido a la controversia constitucional presentada por la consejería jurídica en contra del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año 2005.
Es claro que muchos de estos eventos no son consentidos por los poderes Legislativo y Judicial; sin embargo, este servidor público ha innovado la práctica de una política de falta de respeto a las instituciones, sin poderlo frenar o limitar porque no existen instrumentos legales de control sobre su actuación que otorguen facultades constitucionales para sancionar sus conductas antijurídicas y perjudiciales a la sociedad.
La solución sólo puede darse a través de la incorporación de este servidor público a las responsabilidades materia del juicio político, que es procedente en virtud de que el artículo 108 de la Constitución, en el primer párrafo, preceptúa que los servidores públicos de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la federación y en general aquéllos que cumplen un empleo, cargo o comisión en la administración pública federal serán sujetos de aplicación de este procedimiento.
Por lo anterior, como servidor público le deben ser aplicables por igual los supuestos del párrafo primero del artículo 110 de la Constitución, pero no únicamente para el caso de que éste sea acusado durante el tiempo de su encargo por traición a la patria y por delitos graves del orden común, habida cuenta que después de haber concluido sus funciones pueden subsistir los efectos de sus determinaciones ilegales e incluso sobrevenir consecuencias, en detrimento de los intereses del país.
Las irregularidades que puede cometer el presidente de la República no sólo deben reducirse a las hipótesis limitativas que la Constitución establece en el artículo 108, ya que éstas son superadas.
Hemos comprobado que puede realizar actos que violan la ley suprema sin que puedan encuadrarse en las hipótesis vigentes que redundan en graves lesiones a los intereses públicos fundamentales y que no deben quedar impunes, además que éste será el medio legal idóneo para cumplir con los extremos del artículo 12 de la Constitución, en apego al principio de igualdad.
En tal sentido, el texto del párrafo 2 del artículo 108 de la Constitución debe actualizarse en esos términos, máxime que la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 2, nos señala que el contenido de esas disposiciones también le serán aplicables a los servidores públicos indicados en el precepto constitucional invocado, lo cual incluye al presidente de la República, porque no sólo éste es susceptible de cometer faltas que sancionan las leyes penales, sino también violaciones de carácter político.
Es imperante garantizar que el presidente de la República se constriña a desempeñar sus facultades con base en lo establecido en la Constitución Política del país y en las leyes secundarias.
Por ello promuevo esta iniciativa que garantizará certidumbre legal y la seguridad de poder sancionar estas conductas indebidas, lo cual preservará el respeto a las instituciones públicas y dará equilibrio a la conducción del Estado mexicano.
Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108, párrafo segundo, y 110, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 108, párrafo segundo. El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo y hasta un año después de concluidas sus funciones, podrá ser acusado por violaciones a esta Constitución, a las leyes federales, traición a la patria y delitos graves. Se conserva el texto restante.
Artículo 110, párrafo primero. Podrán ser sujetos de juicio político el presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se conserva el texto restante.
"Transitorios:
"Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14 días del mes de abril del 2005".
Solicito de manera respetuosa, señor Presidente se sirva publicar íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias don Jorge Leonel.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Iván García Solís (desde su curul): ¡Presidente!
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pascual... Si, Profesor Iván García Solís. ¿Con qué objeto?
El diputado Iván García Solís:¡Presidente: El objeto es reclamar a usted no el orden del día sino el desorden del día en que usted está incurriendo! Porque de acuerdo a lo publicado en la Gaceta no está dando el orden de la palabra como ha sido publicado. Entonces ya no hay una orientación clara de en qué turno van a intervenir los oradores.
Felicito y suscribo el anticipo que se hizo para el diputado Pedro, porque el contenido de su intervención, que suscribo cabalmente, es muy importante. Pero ha hecho usted un desorden respecto a lo que está publicado.
Entonces yo creo que debe respetarse más esta publicación y la Presidencia pudiera ser la base, la encargada, de que celosamente esto se cumpla bien.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Si, acepto su reclamo fraterno. Lo que ha sucedido es que hay algunos puntos del orden del día que se han pospuesto.
Tiene la palabra Pascual Sigala Páez, posteriormente Iván García Solís y posteriormente Gonzalo Moreno.
El diputado Omar Ortega Alvarez: Desde su curul y sin micrófono): ¡Señor Presidente!
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sonido.
El diputado Omar Ortega Alvarez (desde su curul): Señor Presidente: Solamente para solicitarle si fuera tan gentil de solicitar ratificación de quórum, porque por lo visto parece que nadie tiene interés en esta sesión. Si fuera usted tan amable, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se instruye a la Secretaría para que ordene la apertura de registro electrónico a fin de rectificar quórum.
Si me permite un segundo, señor diputado, para poder obsequiar la petición de su compañero.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico de asistencia por diez minutos para verificar el quórum.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante señor diputado Pascual Sigala Páez.
El diputado Pascual Sigala Páez: Muchas gracias señor Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
"La teoría clásica de la división de poderes obedeció a la necesidad de limitar el poder omnímodo del rey. Hoy, en pleno siglo XXI, esta teoría mantiene vigencia y se fortalece. Surge de ahí la necesidad de crear y establecer desde nuestra Carta Magna órganos con autonomía de actuación que no estén atribuidos a la estructura de los depositarios clásicos del poder, obteniendo una mayor especialización, agilización, control y transparencia de las mismas.
"En nuestro derecho estos entes públicos han recibido la denominación de órganos constitucionales autónomos, los cuales no obedecen a un capricho del poder constituyente permanente; por el contrario, están determinados por las características con que transcurre la vida política de los países democráticos.
"En todo el mundo estos órganos han echado hondas raíces en los ámbitos financiero, de derechos humanos y electorales. En México contamos con órganos constitucionales autónomos como el Instituto Federal Electoral, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
"Ahora bien, analizando la experiencia nacional e internacional, así como las características que doctrinaria y de facto corresponden a los órganos constitucionales autónomos, se concluye que para lograr una verdadera conservación y protección del medio ambiente y en consecuencia garantizar a los seres humanos una vida digna, es necesario instaurar mecanismos que garanticen una real justicia ambiental, que sea aplicada en contra de todas aquellas personas morales o físicas, privadas o públicas, que de manera directa, premeditada y alevosa, ocasionen daños a los ecosistemas de nuestro país.
Es indispensable que el Estado cuente con instituciones que sirvan como garante de este derecho a un medio ambiente adecuado. Incongruente es que en un Estado democrático de derecho, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, se encuentre adscrita a un órgano del Ejecutivo Federal, situación que compromete en forma orgánica la autonomía funcional y pone en duda su actuación en muchos de los casos.
Las evidencias nos demuestran que el atentado cometido contra la naturaleza y contra su normal desarrollo, requiere que la sociedad tenga que recurrir a la norma jurídica, con el fin de sancionar y penalizar las acciones propiciadas por nuestra propia ignorancia y avaricia.
En este sentido, podemos observar que en México la procuración de justicia ambiental tardíamente incorporada a nuestro marco normativo, ha sido insuficiente e ineficaz, tal y como se demuestra en los tantos desastres que hasta el día de hoy no hay sido castigados y que muy al contrario, han sido solapados con argumentos alejados de toda veracidad, imparcialidad y legalidad.
Ejemplos de lo anterior sobran, sólo nos basta recordar los incidentes en Veracruz, donde PEMEX derramó cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo entre gasolina, crudo, diesel, sin que a la fecha se hayan fincado responsabilidades. Justamente el día de ayer se cometió otro desastre y que muy seguramente no será castigado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Del ejemplo anterior podemos observar que la realidad en materia ambiental en nuestro país, exige que las instituciones de gobierno cambien para adecuarse a las necesidades actuales de procuración de justicia en esta materia. Ese necesario entonces contar un órgano del Estado, encargado de vigilar que la normatividad existente relacionada con el medio ambiente, se cumpla al pie de la letra.
No obstante que la PROFEPA como órgano desconcentrado de la SEMARNAT, tiene funciones muy importantes como la de vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, la restauración de los recursos naturales, vigilar las áreas naturales protegidas, regular el impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal, no ha cumplido cabalmente sus funciones.
La actual figura jurídica que dio origen a esta Procuraduría, la convierte en un órgano limitado, toda vez que su dependencia directa del Ejecutivo lo convierte en juez y parte y no le permite tener una visión autocrítica sobre la situación del medio ambiente.
Evidentemente, al estar involucrados funcionarios públicos federales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ejerce la justicia de manera discrecional, como se ha observado últimamente, dejando de sancionar a las dependencias de la administración pública federal que con sus actividades ocasionan un daño y degradan al medio ambiente.
Es de resaltar que el Procurador, como titular de este órgano, generalmente es un ente político partidario y sin conocimiento de la procuración de justicia. Hoy la sociedad mexicana y la prevención del medio ambiente, reclaman otra cosa, exigen una procuraduría eficaz y comprometida con los mexicanos y el medio ambiente, cuyos principios sean la legalidad, la honradez, la imparcialidad, la eficacia y la justicia en el desempeño de sus funciones.
El deterioro ambiental sigue avanzando, justamente porque la institución responsable está atada y al servicio del gobierno en turno y de sus intereses. Hoy se requiere establecer una verdadera procuración de justicia ambiental, tanto en el ámbito federal como local, a través de instituciones dotadas de plena autonomía orgánica, administrativa y financiera.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito por favor diputado Sigala.
Sonido a la curul del diputado Triana.
El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Diputada Presidenta, con dos solicitudes.
La primera, que pudiera usted conminar a las personas que se encuentran en la parte de enfrente de las curules, para poder escuchar con toda precisión al orador; uno.
Número dos. A las personas que no son legisladores y que se encuentran dentro del recinto, que usted pudiera invitarlas a que desalojen el mismo.
Y también se percibe una situación y una actitud similar que la última vez que los señores legisladores nos tomaron la tribuna.
Le suplico que por favor tome las medidas pertinentes para que esto no suceda.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, Diputado Triana. Yo quiero decirles que todos los compañeros que están aquí al frente, son compañeros Diputados, de los que están al frente, todos son Diputados, absolutamente todos son Diputados señores.
(SE ENTONA EL HIMNO NACIONAL)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputados, favor de continuar con su intervención.
Un momentito, ¿sí, Diputado Triana?
El diputado Jorge Triana Tena (desde su curul): Una vez más, Diputada Presidenta, para solicitarle que invite textualmente a las personas que no son Legisladores y se encuentran en el Recinto, que lo abandonen y que invite por favor al orden, porque este es un atropello al trabajo parlamentario.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señor Diputado, en relación a todos los compañeros que estaban parados aquí enfrente, nosotros habíamos dado la instrucción de la Presidencia anteriormente, que exclusivamente pudieran entrar Diputados, ellos todos son Diputados.
Y entonces ahora quiero pedirles, todas las personas que no sean Diputados, solicitamos salgan del salón o del área que le corresponde a los señores Diputados.
Sí, no todos los que estaban aquí enfrente eran señores Diputados, Invitamos a aquellos que no sean, que cambien.
Continúe Diputado Sigala , por favor.
.
El diputado Pascual Sigala Páez: Muchas gracias, Diputada Presidenta.
Los problemas ambientales tienen como origen la falta de vigilancia del cumplimiento de la normatividad del medio ambiente y de las profundas interferencias políticas y económicas, que impiden que ..
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito Diputado Sigala. A ver sonido a la curul de la Diputada Zavala.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde su curul): Con todo respeto, señora Presidenta, creo que no podemos admitir que quede grabado en la sesión del pleno una aseveración por parte de la Presidencia en funciones, de que todos los que se encontraban al frente eran Diputados, porque no era así, al frente del presidium se encontraban personas que no eran Diputados.
Lo aclaramos y pedimos que quede así grabado en el Acta de esta sesión. Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputada, con mucho respeto quiero decirle que todos los compañeros que estaban al frente eran Diputados, todos tienen su registro. Por favor Diputado continúe con su intervención.
El diputado Pascual Sigala Páez: Gracias Diputada Presidenta.
Con base en lo anterior, acudo ante ustedes compañeros y compañeras Legisladores, para plantear una Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Primero. La adición de un Apartado C) al Artículo 102..
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por favor un momentito Diputado Sigala. Dígame Diputada Zavala.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde su curul): No podemos admitir, lo repetimos otra vez, aquí estamos Legisladores, vimos a no Diputados al frente en la protesta que ahora se hizo y aunque usted lo repita, yo le digo reiteradamente, que en el Acta debe dejar establecido lo que fue la realidad.
Los vimos, no eran Legisladores todos los que estaban al frente en la protesta, al frente de ustedes y al frente de nosotros.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, a ver, ahora en la curul del Diputado Jorge Martínez, por favor.
El diputado Jorge Martínez (desde su curul):
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por favor solicitamos a Seguridad por favor, que intervenga.
(sigue el escándalo)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por favor solicitamos a Seguridad que intervenga y conminamos a los diputados a que haya respeto entre nosotros y solicitamos a los medios de comunicación que ocupen sus lugares
Señores Diputados….
(DESORDEN EN EL SALON)
Señores diputados, señores diputados decretemos un receso. Es un receso de cinco minutos por favor.
(RECESO A LAS 13:34 HRS.)
Se reanuda la sesión a las 13:39 hrs.)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reanuda la sesión. (A las 13:39 hrs.) A los medios de comunicación, sean tan gentiles y bondadosos de tomar el lugar que previamente les ha sido asignado.
Continúe en el uso de la palabra el señor diputado Sigala Páez.
Los medios de comunicación se retirarán, pero como en otras ocasiones le pedimos al señor diputado Sigala, que nos permita continuar con el desahogo de la sesión y a los medios, con todo afecto y respeto, que ocupen el lugar que les corresponda.
El diputado Pascual Sigala Páez: Voy a concluir, señor diputado presidente, no sin antes señalar que mis compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática han venido…
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado, le ruego sea tan bondadoso, le concedimos la palabra para efectos de…
El diputado Pascual Sigala Páez: A ver, sólo quiero señalar que ésta es una de las acciones que los diputados y los militantes de este partido llevaremos a cabo de manera pacífica y que si ustedes están agrediendo, son ustedes los que están agrediendo, yo solicito a esta presidencia el video, donde consta que el diputado panista escupió en la cara al diputado Horacio Duarte Olivares. Solicito ese video, señor presidente, para que quede constancia quién agredió a quién. Concluyo…
(DESORDEN EN EL SALON)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Compañeros del Partido Acción Nacional le rogamos auxilien a esta Presidencia a permitir condiciones suficientes y necesarias de respeto para todos, para continuar con esta sesión.
Diputado Sigala, le ruego por favor consuma el tiempo que le resta.
El diputado Pascual Sigala Páez: Muchas gracias presidente. Estoy concluyendo sólo para plantear finalmente se incluya esta iniciativa con proyecto de decreto que estoy planteando que tiene que ver con incorporar un inciso c) al Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Profepa sea un organismo constitucional, autónomo, encargado de una real y verdadera procuración de justicia.
El diputado Rubén Alberto Torres escupió en la cara al diputado Horacio Duarte, ellos son los agresores, ahí está el video. Muchas gracias Presidente.
Solicito se incluya en la Gaceta Parlamentaria el texto íntegro de mi iniciativa, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor profesor don Iván García Solís del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el Artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Permítame un segundo, ¿con qué objeto señor diputado?
El diputado Roberto Colín Gamboa (desde su curul): Señor Presidente, con todo respeto, yo le solicito a usted que ponga orden en esta sesión y que arregle lo que la compañera Vicepresidenta no pudo hacer y que organizó por favor. Creo que no hay condiciones para que siga la sesión y conmine a los diputados que están haciendo…
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Yo le pediría a usted, señor diputado, auxilie también a esta Presidencia con un poco de ponderación, de tal suerte de que podamos seguir adelante.
Vamos a permitir que el señor diputado Iván García Solís, como estaba previsto, presente su iniciativa.
Si, señor diputado, don Pablo Alejo.
El diputado Pablo Alejo (desde su curul): Presidente, únicamente para solicitarle amablemente, en los términos del Reglamento, se decrete un receso a efecto de poner en orden la sesión, dado que en estos momentos es imposible llevarla a cabo. Se lo solicito, respaldando la petición de mi compañero, que se decrete un receso en tanto se restablezca el orden en la Sala de Sesiones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El receso fue decreto y se concluyeron los cinco minutos.
Vamos a permitir todos, con civilidad y con urbanidad política y con respeto a los demás, que esta sesión se lleve a cabo adelante, y a los medios de comunicación les reitero mi petición de pasar a ocupar sus lugares.
Permítame un segundo, don Iván García Solis.
Diputada Malú.
La diputada Martha Lucia Micher Camarena (desde la curul): Le solicito señor Presidente, que sea tan amable de solicitar en nombre, le solicitamos en nombre de todas las diputadas y diputados del PRD, que el diputado Rubén, de Acción Nacional, manifieste una disculpa pública a nuestro diputado Horacio Duarte por haberle escupido en la cara, en la casa del pueblo. No merecemos ese trato. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputada Malú Micher, su dicho ha quedado debidamente registrado y aquí cada quien deberemos de asumir el costo de nuestras actitudes.
Permítanme por favor continuar el desarrollo de la sesión y a los medios de comunicación, con todo afecto y respeto pasen a ocupar su lugar.
Adelante maestro.
El diputado Iván García Solís: Ciudadano Presidente, ciudadanas y ciudadanos legisladores:
En primer lugar suscribo la petición y protesta de la diputada Micher y rechazo enérgicamente las agresiones y las provocaciones de los golpistas.
(Desorden en el salón)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado García Solís, le ruego por favor me auxilie presentando el contenido de su iniciativa.
El diputado Iván García Solís: Quien suscribe diputado federal a esta LIX Legislatura, en función de los ordenamientos vigentes y a tono con la siguiente exposición de motivos, presento un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en materia de declaración de procedencia, en su artículo 28.
El objeto de la presente iniciativa es adecuar el artículo 28 –y esto es urgente, urgentísimo- de la ley de referencia, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ello tiene como objetivo hacerle frente a la crisis en que se está conduciendo al país debido a la indebida aplicación e interpretación de leyes fundamentales.
El artículo 111constitucional en efecto establece en su 7º párrafo: "El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado, será separado de su encargo en tanto, en tanto, esté sujeto a proceso penal". La palabra clave de este enunciado es "en tanto", que condiciona la separación del cargo a la sujeción a proceso penal, interpretando este precepto a contrariu sensu, el inculpado que no esté sujeto a proceso penal no se encuentra separado de su encargo.
Y esto es muy importante decirlo ahora que el Procurador de la República de manera facciosa, como generalmente lo hace –y es general más que procurador- ha sostenido, ha sostenido, pese a la corrección que se hizo del error de la mayoría de la Cámara, que suscribió, votó conclusiones en las que se daba por separado de su cargo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal –repito- pese a que hubo esa corrección tardía, pero en todo caso recuperable e importante por parte de la Presidencia de esta Cámara, pese a todo la Procuraduría insiste en que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal se encuentra separado de su cargo.
Esta situación gravísima para el país, a la que la Cámara de Diputados no debe dar la espalda, sino al contrario, afrontar en todas sus consecuencias, tiene que ser dirimida también no solamente -como de hecho se está haciendo o se debe hacer y los tratadistas más importantes de México lo suscriben- no solamente rescatando la preeminencia del artículo 111 sobre un artículo 28 de la Ley de Responsabilidades, sino también corrigiendo un artículo que fue mal suscrito, mal redactado y mal aprobado en el año de 1982.
En efecto, en esa ocasión, cuando se produjo la reforma constitucional que permite inferir, que permite decidir, que permite aclarar que la separación de cargo no es automática, sin embargo no fue concomitante con una redacción adecuada del artículo 28. Ese artículo 28 quedó como un resabio de posiciones autoritarias que hoy han sido aprovechadas, se ha pretendido aprovecharlas para despeñar al país en esta serie de acciones ilegales y que por lo tanto se convierten también en ilegítimas, que en vez de respaldar y resguardar los principios constitucionales, provocan una seria retracción en el orden de nuestro país.
Hay que decir, citando a Kelsen; Kelsen es útil ahora, independientemente de la orientación idealista que tiene por sustrato en las concepciones de este pensador, tiene una relación muy importante entre derecho y justicia que aquí exhibo frente a ustedes.
Para Kelsen, aquello que no lleva a la justicia no da legitimidad al derecho y esto es clarísimo en el caso de la destitución arbitraria del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Más aún, debemos decir que en este momento en que existen un par de controversias constitucionales, quiero señalar enfáticamente que la primera, la entablada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tiene plena legitimidad, tiene plena legitimidad y corresponde al derecho que tiene también esta entidad fundante del pacto federal, el Distrito Federal, a contar con su propio gobernante y que si es el caso, si es el caso de juzgarlo y eventualmente desconocerlo, es a ellos, a los legisladores del Distrito Federal, del mismo modo que ocurre con los legisladores de los estados de la República, a quienes debiera corresponder la atención de ese caso, lo cual no se ha estado haciendo y es lo que la asamblea reclama.
Por lo tanto, esa controversia constitucional busca la justicia invocada Hans Kelsen. ¡Esa es la controversia legítima! La otra, la que ha interpuesto el Presidente de la Cámara, esa es una controversia que busca mantener y ahondar y preservar, si la palabra es buena, el autoritarismo, la dependencia y el tutelaje sobre el Distrito Federal.
Cómo es posible decir en esta segunda controversia, que de lo que se trata es de una invasión de facultades de la Cámara de Diputados, cómo se puede decir eso si la palabra "invasión" tiene que ser relacionada con la suspensión de derechos y garantías de un ente jurídico, un ente político, un ente constitucional, como en este caso es el Distrito Federal, entidad que lucha con éxito progresivo el ser autónoma plenamente.
Por lo tanto, ciudadanas y ciudadanos legisladores, reivindico y demando la corrección de esta ley, la modificación del artículo 28, para que quede en concordancia del 111. Y comento adicionalmente, como lo hice, la inconveniencia de la controversia constitucional emprendida por la Presidencia de esta Cámara contra la Asamblea Legislativa y la legitimidad de ésta última.
Planteo en términos concretos la reforma de ese artículo 28 en los términos escritos en mi ponencia y que pido que junto con esta intervención pase de manera íntegra al Diario de los Debates.
Rubrico mi intervención diciendo: ¡No a la provocación, no al golpismo, sí a la autonomía del Gobierno del Distrito Federal; sí a la autonomía y al derecho que le asiste a la Asamblea Legislativa para conocer cualquier reclamación sobre su Jefatura de Gobierno.
Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado García Solís Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Diputado Presidente le informo que hay 379 diputadas y diputados, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Habiendo quórum, esta Presidencia le da el uso de la palabra al señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforman los artículos 1, 13, 37 y 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Pongo a consideración la siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos, 1, 13, 37 y 40 fracción VI de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, atento a la exposición de motivos siguiente:
De todos es sabido, compañeros diputados, el robo por sistema, el robo por sistema que llevan las seis distribuidoras de gas en este país, al vender cilindros a lo largo y ancho de esta República Mexicana, ordeñados, ordeñados con menos del peso que se está cobrando.
Es por ello que pongo a consideración esta iniciativa, esperando su apoyo y comprensión para lograr regular y controlar este robo de miles de millones de pesos, que se llevan a cabo cada año, con la complacencia de las autoridades federales.
Con fecha 8 de febrero del 2002, en mi carácter de diputado local del estado de Jalisco, presenté una iniciativa de acuerdo económico, aprobado con el número 457/02, cuya finalidad era la de enviar un atento oficio al titular de la Secretaría de Economía, solicitando normalizará la utilización de un sello inviolable en los cilindros de gas doméstico, así como a este Honorable Congreso de la Unión y congresos locales, perdón, para que apoyasen esta petición.
La citada solicitud, ahora a tres años de distancia, aún no ha rendido los resultados concretos que garanticen a los usuarios del servicio de gas doméstico, que no cuentan con tanque estacionario, la protección a la economía familiar, evitando el constante riesgo del fraude en la compra de gas. Sin embargo y muy por lo contrario, se sigue aumentando el precio de dicho servicio en el costo por kilogramo, muy por encima de la tasa inflacionaria acumulada, lo cual evidentemente redunda en la afectación a los usuarios que son el grueso de la población mexicana, en un esquema en el que la calidad del servicio, las medidas de seguridad y el volumen exacto en la compra del gas doméstico, se ven claramente desfasadas con el costo de dicho servicio, lo cual además representa una clara injusticia social.
Con la implementación de equipos del medición de presión y de volumen como el manómetro a los tanques de gas movibles, se estaría garantizando en un mayor grado de lo que paga el usuario, sería acorde con lo que reciba, además de que se evitarían situaciones de riesgo, al evitarles la tentación a los repartidores de gas de incurrir en prácticas delictivas, como la ordeña de tanques, que no sólo pone en riesgo su seguridad física, sino también la de los demás. Por otra parte, se estaría cuidando tanto el patrimonio de las empresas gaseras, como la de los usuarios de dicho servicio, que son a final de cuentas, éstos últimos los que más perjudicados salen de esta desorganización de servicio de abasto de gas.
Para efectos de poder mantener una mejor supervisión de los servicios y hacer más eficiente la participación de la Secretaría de Economía, es indispensable contar con el apoyo de la ciudadanía denunciando las anomalías que se suscitan con el servicio de suministro de gas doméstico, por lo que es necesario implementar, en la norma de obligatoriedad, de proporcionar ciertos datos claves en la expedición de los recibos de cobro del servicio, tales como lo relativo a los equipos de medición y suministro y calibración de los mismos.
Ante la situación de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ha desaparecido en su lugar actual; actualmente funciona la Secretaría de Economía y tal y como se contempla en la propia Ley Federal de la Administración Pública, es importante hacer la adecuación en los artículos 1° y 37 para tales efectos, y con el ánimo de no generar confusión a los gobernados, por lo anteriormente expuesto someto respetuosamente a la elevada consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículo 1, 13, 37, 40 fracción VI de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización para quedar de la siguiente forma:
"Artículo único. Se reforman los artículos 1, 3 y 37 y 40 fracción VI de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. La presente ley regirá en toda la República y sus disposiciones de orden público e interés social, su aplicación y vigilancia, corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento. Siempre que en esta ley se haga mención a la Secretaría, se entenderá hecha la Secretaría de Economía.
Los recipientes que no siendo instrumentos para medir se destinen reiteradamente a contener o transportar materias bajo objeto de transacciones, cuya masa se determine midiendo simultáneamente el recipiente y la materia, deberán ostentar visible e indeleblemente con caracteres legibles "supara" (¿), la que podrá verificarse en la forma y lugares que fije la Secretaría; así también cuando su llenado reiterado y sistemático lo permite y requiera, previa expedición de la Norma Oficial Mexicana que corresponda, deberán contar en cada ocasión al llenado con el sello de inviolabilidad que garantice la cantidad, cualidad y calidad de la materia.
Para el caso de los recipientes que por su consistencia y características físicas impidan apreciar visiblemente el volumen de su contenido, esto además del sello de inviolabilidad, deberán contar con los aparatos de medición de volumen, los cuales también podrán ser verificados en cualquier momento en cuanto a su calibración, funcionamiento, por parte de la Secretaría".
Artículo 37. "El patrimonio del Centro Nacional de Metrología se integrará con los recursos que actualmente le asigna el Gobierno Federal dentro del presupuesto aprobado por la Secretaría de Economía.
Las Normas Oficiales Mexicanas tendrán como finalidad establecer los datos que deberán reunir los recibos por el pago de servicios en los cuales debe de señalarse como mínimo el nombre de la empresa que proporciona el servicio, fecha del suministro, datos del equipo de medición del suministro, fecha de calibración del equipo de medición y laboratorio responsable de la calibración, volumen vendido y cantidad a pagar".
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal., en la fecha que se presenta.
Atentamente el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Economía.
Esta Presidencia le da la más cordial de las bienvenidas a estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad Olmeca de Villa Hermosa, Tabasco., que estuvieron aquí invitados por Rogelio Rodríguez Javier.
Tiene el uso de la palabra la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de Ley de Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de Humedales.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: Con su permiso, señor Presidente.
La suscrita diputada federal Nancy Cárdenas Sánchez, de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de Ley de Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de Humedales.
La situación geográfica de México ha favorecido los procesos que dan origen a la diversidad biológica en el orbe. Es así que México está considerado entre los doce países que se denominan "megadiversos", ya que por una parte alberga cerca del 10 al 12 por ciento de las especies conocidas por la ciencia y por otro lado, en el territorio se encuentran distribuidos los cinco grupos de ecosistemas representativos de América Latina, situando a nuestro país por encima de Brasil y Costa Rica.
Uno de los beneficios de contar con esta gran diversidad de ecosistemas y promover su conservación, son los servicios y bienes ambientales que brindan a las poblaciones humanas. Así, en el caso de los humedales es claro observar los beneficios tangibles en la dinámica de las poblaciones y la sociedad en México, los cuales podemos clasificar en tres tipos:
A) Mantenimiento de procesos biquiomorfológicos, lo que implica que al ser zonas naturales de descarga de los acuíferos, potencialmente son zonas de recarga de las aguas subterráneas que mantienen y mejoran la calidad del agua; que presentan una alta potencialidad para reducir los caudales y disminuir la probabilidad de inundaciones; la retención de sedimentos y nutrientes; la estabilización de las condiciones microclimáticas y se consideran como sistemas reguladores del clima local.
B) Preservación de la diversidad genética toda vez que su productividad permite el mantenimiento de poblaciones de flora, fauna y microorganismos que hacen de estos ambientes ideales para la reproducción y descanso de especies migratorias como las aves; sirven como zonas de desove y cría de peces, crustáceos y moluscos. Permite el desarrollo de especies de plantas y animales especializadas, a las condiciones extremas de una zona inundable.
C) Aprovechamiento de los recursos naturales que de estos ecosistemas han registrado todas las culturas del mundo, que se han establecido en los márgenes de las costas, ríos, lagos y lagunas.
El uso de los recursos va desde aprovechar la fauna con fines socioeconómicos ya sea para la autoalimentación y el comercio hasta el aprovechamiento de recursos no tradicionales como el uso de los manglares, la madera, elaboración de utensilios y artesanías, usos para el recreo y el turismo, entre otros; lo cual confiere un alto valor en las economías regionales.
A pesar de mantener todavía importantes recursos forestales y marinos, una gran variedad de suelos y una alta diversidad de especies y ecosistemas, el modelo de desarrollo y las políticas públicas en los últimos años, han incrementado más que frenado, el deterioro de los recursos.
Uno de los ecosistemas que han recibido con gran intensidad los impactos del desarrollo no planeado en México, son los humedales. Los impactos en los ecosistemas acuáticos en especial los humedales, se pueden clasificar de acuerdo a los procesos que modifican las propiedades naturales de los humedales en nuestro país, de la siguiente forma:
1. El cambio de uso de suelo es un problema intenso en nuestro país donde no solo afecta a las zonas de humedal, sino a todos los biomas del territorio. Así la tasas de cambio de uso de suelo en México, se aceleraron durante el periodo 1993 año 2000, donde el valor llega a los 1700 kilómetros cúbicos por año, provocando una rápida desaparición de la cubierta vegetal.
Así en el caso de los manglares existen estimaciones del World Resort Institute (?) donde México ha perdido cerca de 65% de la cobertura de manglares, situándose entre los primeros sitios de América Latina, en pérdida de manglares.
Los cambios de uso de suelo en estos casos se observan con tendencias a la ampliación de la frontera agrícola ganadera, la destrucción ocasionada por el desarrollo de centros turísticos y la construcción de granjas camaronícolas.
2. Otro factor que afecta enormemente a los humedales se refiere a la contaminación de los cuerpos de agua.
A partir de los estudios de la OMS conde se estima que una quinta parte de la población mundial no cuenta con agua de calidad, es posible inferir la situación en la que se encuentra México.
En el año 2000 se extrajeron cerca de 75 kilómetros cúbicos de agua, lo que representa el 15% del agua disponible. Esta agua es utilizada principalmente por el sector agrícola y pecuario, de donde se deriva la principal fuente de aguas residuales.
3. Por otro lado, la presión de las poblaciones humanas ha afectado dos recursos básicos de la biósfera.
Los suelos como uno de los recursos más explotados, su mal manejo ha favorecido la pérdida de fertilidad y productividad de las actividades económicas relacionadas y por otro lado el agua, la cual es vital para la vida y de ello se obtienen recursos relacionados tal como son los recursos pesqueros.
4. Las labores de gestión de gobierno mexicano para administrar y regular el aprovechamiento de los recursos naturales, han tenido un desarrollo más o menos lento, lo que ha implicado no cubrir por completo las necesidades de protección y conservación más que en tiempos recientes.
El marco jurídico básico que protege el medio ambiente está constituido por cerca de quince instrumentos normativos y regulatorios; de estos instrumentos sólo una porción pequeña incide en la protección, conservación y aprovechamiento de humedales.
En este sentido, se considera que la legislación en esta materia es insuficiente para asegurar la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de sus recursos toda vez que la problemática y la realidad que impera en estos ecosistemas es mayor que las medidas que se han tomado hasta la fecha.
No existe evidencia histórica de la promoción de leyes que pretenden proteger estos ecosistemas específicos, de tal forma que durante el sexenio pasado se llevaron a cabo una gran innumerable (sic) de iniciativas de Ley para la Protección del Ambiente y hubo una producción de normas oficiales que permitieron empatar los intereses de desarrollo con la conservación.
En este sentido, la aprobación de una ley de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los humedales, tendrá en sus principales objetivos el definir y difundir a la sociedad un concepto de humedal, con un enfoque integral a partir del cual queden definidos los valores intrínsecos de estos ecosistemas y su importancia para el mantenimiento de las poblaciones humanas para que a partir de su valoración sea posible crear una política nacional para la conservación y uso de humedales.
La conservación de estos ecosistemas a través de un esquema de participación comunitaria y del Estado.
Definir las líneas generales para la restauración ecológica de los humedales del país, involucrando a los sectores académicos, organizaciones sociales y a los sectores que aprovechan sus recursos.
Establecer los esquemas de protección y la definición clara de las atribuciones de las instituciones del Estado para cumplir con la tarea de proteger y resguardar los recursos naturales del país.
Y generar, a través del conocimiento de las capacidades de uso de cada humedal en el territorio nacional, las alternativas sustentables para su aprovechamiento y manejo de estos ecosistemas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de Humedales.
Por ser extenso su contenido, solicito se integre en el Diario de los Debates, así como en la Gaceta Parlamentaria.
¡Porque después del 7 de abril ya nada será igual, estamos en pie de lucha!
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada Nancy.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el señor diputado don Elpidio Concha Arellano, para que a su nombre y el de Paulo Tapia Palacios, ambos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presente iniciativa que reforma el numeral dos del artículo 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El diputado Elpidio Concha Arellano: Con su permiso, señor Presidente.
Los suscritos, Elpidio Concha Arellano y Paulo Tapia Palacios, diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, y correlativos 55 fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparecemos ante este Pleno de esta soberanía con el objeto de presentar esta iniciativa que modifica el numeral dos del artículo 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES:
Primero.- La reforma política en 1986, creó el Tribunal de lo Contencioso Electora, entonces un órgano autónomo de carácter administrativo.
En 1999, se llevaron a cabo diversos foros de consulta pública para reformar la legislación electoral que derivaron en las diversas modificaciones constitucionales y legales, entre ellas la creación del Tribunal Federal Electoral en substitución del Tribunal de lo Contencioso Electoral.
El nuevo tribunal fue definido por la Constitución General de la República, como un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, encargado de garantizar que los actos y resoluciones se sujetaran al principio de legalidad, en 1993 se dieron otras modificaciones a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre ellas, la desaparición de los colegios electorales de las cámaras de Diputados y de Senadores y, por consiguiente, la sustitución del sistema de autocalificación por el de heterocalificación, el cual quedó como atributo del Instituto Federal Electoral.
Se estableció que, en el caso de controversia, correspondería al Tribunal Federal Electoral dar la resolución final sobre las elecciones de diputados, senadores y asambleístas.
Segundo. En 1993 se introdujeron diversas modificaciones al sistema electoral mexicano, entre las que destacan la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sustituyó al Tribunal Federal Electoral.
Tercero. En esta reforma se reconoció al Tribunal Electoral como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y como un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.
En esta misma reforma, en el 96, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adquirió competencia para resolver en forma definitiva e inatacable todas las impugnaciones que se presentaran en materia federal electoral.
Cuarto. En 1993 se incorporó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que amplía sustancialmente la jurisdicción del Tribunal Electoral al reconocerle competencia para resolver los juicios de revisión constitucional electoral contra actos o resoluciones definitivas de las autoridades electorales estatales, cuando se estime que hay violación de preceptos de la misma Constitución General.
Exposición de motivos.
Primero. Los medios de impugnación en materia electoral son los mecanismos jurídicos consagrados en las leyes para modificar, revocar o anular los actos de las resoluciones en materia que no se apegue a derecho.
Entre esos medios de impugnación figura el juicio de revisión constitucional electoral, que constituye el objeto de la presente iniciativa.
Segundo. El juicio de revisión constitucional electoral es el instrumento con el que cuentan los partidos políticos para impugnar los actos y resoluciones de las autoridades estatales durante la organización, calificación o resolución de impugnaciones de las elecciones de gobernadores de los estados, jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados locales, diputados a la Asamblea del Distrito Federal, autoridades municipales y titulares de los órganos políticos administrativos del Distrito Federal.
El juicio de revisión constitucional electoral procede sólo cuando el acto o resolución impugnado sea definitivo, cuando esa resolución viole algún precepto de la Constitución General, que dicha violación sea determinante para el desarrollo del proceso electoral o para que el resultado, al final de las elecciones, que la reparación solicitada sea posible dentro de los plazos electorales, que dicha reparación sea factible antes de la fecha fijada para la instalación de los órganos de la toma de posesión de los funcionarios electos y que previamente se hayan agotado, en tiempo y forma, todas las instancias legales previstas para combatir el acto o resolución impugnada.
La demanda de juicio de revisión constitucional debe incorporarse ante la autoridad electoral responsable del acto o resolución impugnado dentro de los 40 días, contados a partir del día siguiente de aquél en el que tenga conocimiento del acto o resolución referido reciba la demanda la autoridad electoral responsable para de inmediato dé conocimiento público mediante cédula que fijará en sus estados a efecto de que dentro de las 72 horas siguientes los partidos políticos, terceros interesados y con ellos sus candidatos, con el carácter de coadyuvantes puedan ofrecer alegatos.
Vencido el plazo mencionado, inmediatamente la autoridad responsable remitirá el expediente a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tercero. Ante el advenimiento de juicio de revisión constitucional electoral, las sentencias de los tribunales estatales no podrán ser combatidas eficazmente por ningún otro órgano jurisdiccional, lo que traería consigo que los conflictos poselectorales se resolvieran más en las plazas públicas que en los tribunales.
Después de la reforma electoral del 96 todas las condiciones y las leyes electorales de los estados se modificaron para adecuarse a la disposición de la Constitución General en la materia.
En el punto que nos ocupa, las reformas a la Constitución General establecieron, dentro del artículo 116, fracción IV inciso e) la obligación de las constituciones y las leyes electorales de los estados garantizar los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales.
"En este debate se inscribe esta iniciativa, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral no establece una disposición expresa que obligue a los integrantes del Tribunal Electoral a emitir una sentencia en un plazo determinado, la cual ha generado no pocas veces tensión e innecesaria incertidumbre en los actores políticos y en la sociedad mexicana.
"Quinto.- La relación o la relevancia del juicio que nos ocupa lo acreditan las estadísticas de noviembre de 1996 a marzo del 2005, donde se interponen un total de 3 mil 221 juicios de revisión constitucional electoral, cantidad que representa el 40 por ciento del total de los procesos tramitados en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
"Las acciones de inconstitucionalidad en la materia electoral previstas en esta ley reglamentaria dedica un plazo máximo de 21 días para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en forma definitiva sobre la constitucionalidad en una norma electoral. Hay un plazo pues perentorio.
"Séptimo.- Pese al juicio de revisión el Instituto y la constitucionalidad electoral si se desahoga ningún tipo de prueba ni se efectúan diligencias en la materia, admiten plazos específicos y transcurren por regla generalmente más de tres meses a la fecha en que se interpone la demanda inicial hasta que se omite la sentencia. Por ello sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
"Decreto:
"Artículo único.- Se reforma el contenido del numeral dos del artículo 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en la Materia Electoral para que el texto del mismo quede en los siguientes términos: Artículo 93. Las sentencias recaídas en los juicios de revisión constitucional electoral se dictarán dentro de los 30 días siguientes a la interposición del escrito inicial que da origen al proceso y serán notificadas: al actor que promovió el juicio, en su caso, y a los terceros interesados a más tardar al día siguiente al que se dictó la sentencia personalmente, siempre y cuando hayan señalado domicilio ubicado en el Distrito Federal, en cualquier otro caso la notificación se hará por correo certificado.
"Transitorio:
"Único.- El presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias Diputado.
Esta Presidencia lo turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Saludamos con todo afecto a los integrantes del Sindicato Independiente Azucarero del Ingenio San Cristóbal y del Ingenio San Pedro, invitados por el señor diputado don Diego Palmero Andrade.
(Aplausos)
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Clara Marina Brugada Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales.
La diputada Clara Marina Brugada Molina: Gracias diputado Presidente.
"Acudo a esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan a la Ley de Aguas Nacionales el artículo 3o. Bis, así como el Capítulo Sexto del Título Sexto denominado De las Medidas Complementarias para la Conservación, Protección y Aprovechamiento Sustentable del Agua con base a la siguiente
"Exposición de Motivos:
"Desde los últimos 27 años la comunidad internacional a partir de diversos foros ha tratado de hacer frente a la crisis del agua que vive hoy el planeta, misma que debe ser vista como parte de la crisis ambiental que ha venido desarrollándose.
"Con la Conferencia de Mar de la Plata en 1977 se instauró una serie de actividades en torno al problema del agua. De 1980 a 1990 se declaró el derecho internacional de agua potable y saneamiento, cuyo aporte principal fue el suministro más amplio de los servicios básicos de saneamiento hacia las zonas pobres del orbe.
"Con la Conferencia de Dublín en 1992 sobre el Agua y el Medio Ambiente y las Cumbres subsecuentes de La Haya y Bonn, se adoptaron compromisos que aún distan de su puntual cumplimiento.
La Declaración Ministerial de La Haya del 2000 y las directrices del primer Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, aunados a las metas del milenio, se instauraron una serie de desafíos y criterios entre los que se encuentran los siguientes:
Cubrir las necesidades humanas básicas, asegurando el acceso del agua y a servicios de saneamiento de calidad y cantidad suficientes.
Proteger los ecosistemas, asegurando su integridad a través de una gestión sostenible de los recursos hídricos.
Identificar y evaluar los diferentes valores el agua; económicos, sociales, ambientales y culturales.
Lo anterior surge como la base mediante la cual debe hacerse efectivo el derecho humano al agua, que es indispensable para vivir dignamente y por ser condición cine qua non para la realización del resto de los derechos humanos.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales produjo una observación general número 15 en 2002, relativo a la aplicación del derecho al agua, misma que representa el lineamiento central para hacer este derecho exigible por los pueblos signantes del pacto.
La presente iniciativa constituye un paso fundamental para nuestro marco jurídico que regula las aguas nacionales, en el sentido que retoma los diversos compromisos internacionales adoptados por nuestro país, enfocados a garantizar el derecho al agua, así como la adopción de medidas complementarias para la conservación, protección y aprovechamiento sustentable del recurso, tal y como lo expone la observación general número 15.
El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario, para ejercer el derecho al agua, y el derecho a no ser objeto de injerencias, como lo es el caso de no sufrir cortes arbitrarios del suministro o la no contaminación de los recursos hídricos; esto implica el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.
Asimismo, el agua debe tratarse como un bien social y cultural y no fundamentalmente como un bien económico, de manera que su aprovechamiento sea sustentable. Lo anterior también implica ciertas condiciones en función de los factores de disponibilidad, calidad y accesibilidad.
El primero se refiere a que el abastecimiento debe ser continuo y suficiente para el uso doméstico y en cantidad disponible, según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, así como las condiciones particulares en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.
El segundo. La calidad responde a la salubridad el agua, libre de microorganismos o substancias químicas o radioactivas que amenacen la salud humana, debiendo tener un color, olor y sabor aceptables para uso doméstico.
El tercer factor de la accesibilidad, se refiere a que tanto el agua, las instalaciones como los servicios, deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna y con el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre los asuntos del agua.
Con base en el mismo documento al que se ha venido haciendo referencia, impone una serie de aplicaciones para el ámbito nacional, dentro de las cuales se encuentra el análisis de la legislación para hacer obligatorio el derecho al agua.
Por ello, el Grupo Parlamentario el Partido de la Revolución Democrática, recientemente presentó ante este pleno una iniciativa de adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al derecho al agua. Sin embargo, consideramos que dicho derecho debe también explicitarse de una forma más amplia y exhaustiva dentro de la Ley de Aguas Nacionales, que en su pasada reforma de diciembre del 2003 omitió el reconocimiento de este derecho como parte de los compromisos internacionales adquiridos.
Compañeras y compañeros diputados: Nos acercamos a la celebración de la Cuarta Cumbre Mundial del Agua, a celebrarse en esta ciudad de México en marzo del 2006 y con ella el reto de dar una respuesta a las políticas y estrategias sobre el agua, mediante la cual los ciudadanos puedan acceder a mecanismos jurídicos por su incumplimiento, tal y como lo es el caso del reconocimiento del derecho al agua.
Asimismo, esta iniciativa plantea una respuesta a los compromisos del Decenio Internacional para la Acción "El agua fuente de vida 2005-2015", que inició el 23 de marzo en el marco de las celebraciones del Día Mundial del Agua.
En consecuencia y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 Fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales.
Ciudadano Presidente, por economía procesal le solicito muy atentamente instruya la inscripción del total del contenido de esta Iniciativa en las versiones estenográficas del Diario de los Debates del día de hoy, así como su turno a la Comisión de Recursos Hidráulicos de este Cuerpo Colegiado.
Asimismo, que la Fracción Parlamentaria del PRD reprobamos la baja conducta del Diputado de Guanajuato , Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, que provocó hace un momento un problema grave en esta Cámara de Diputados. Esa acción cobarde y canalla, este escupitajo es el símbolo de la respuesta del Gobierno Foxista a la resistencia civil y pacífica en contra del desafuero.
Después del 7 de Abril, ya nada es igual.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
La siguiente Iniciativa se pospone a petición del promovente, la Diputada doña Margarita Martínez López .
Y para terminar el capítulo de Iniciativas, tiene el uso de la palabra don Federico Madrazo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Iniciativa que reforma el Artículo 105 del Código Fiscal de la Federación.
El diputado Federico Madrazo Rojas: Con su permiso, Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.
El objetivo de la presente Iniciativa, es tipificar como delito fiscal el retiro de la Aduana del Almacén de Depósito, Recinto Fiscal o Ficalizado, las mercancías de tipo textil, de sus derivados y de cualquier forma de calzado que se encuentren en resguardo o custodia, debido a irregularidades en el proceso de importación, por incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas , Regulaciones y Restricciones no Arancelarias y demás disposiciones jurídicas aplicables.
En una economía globalizada donde el comercio de mercancías y servicios es un proceso cotidiano que contribuye de manera estratégica al desarrollo, al crecimiento, a la generación de inversión y de capitales, encontramos que las leyes que regulan este proceso en algunos casos, son insuficientes y generan distorsiones en el comercio internacional, que atentan contra la formalidad y legalidad, como por ejemplo el contrabando.
Esta práctica ilícita al margen del marco jurídico del comercio internacional, se define como la introducción y extracción de mercancías a un país sin pagar los derechos aduaneros correspondientes.
En México, la Legislación en la materia es incipiente, nuestro país, por los múltiples tratados internacionales que ha celebrado, por la diversificación de su actividad económica, de su mercado interno de aproximadamente cien millones de personas y por su ubicación geográfica, es un eje estratégico del comercio mundial, lo que lo convierte en un puente atractivo para el comercio internacional, pero también en un lugar atrayente para el desarrollo de prácticas comerciales desleales.
Este tipo de actos, proporcionan fuertes pérdidas e inestabilidad a la vida económica, política y social de la nación, provocando desequilibrios en la Balanza de Pagos, pérdida de empleos, cierre de empresas, caída del mercado interno, reducción del pago de impuestos y decremento de la inversión a nuestra planta productiva.
Esta competencia desleal, ha puesto en riesgo a más de 30 ramas productivas de la Industria de la Transformación, entre ellas, la textil y del calzado.
De acuerdo con información del Banco de Comercio Exterior, la industria del calzado participó con alrededor del 1.9% de la producción mundial, que representa aproximadamente 190 millones de pares y se estima que esta genera 100 mil empleos directos y 500 mil más en toda la cadena.
En relación a la industria textil, según datos del estudio que realizó la Consultoría Internacional Burt Salmon en el año 2000, la producción en términos monetarios fue de 11,792 millones de dólares; las importaciones se calculan en 3,472 millones de dólares; las exportaciones en 8,427 millones de dólares; y el consumo interno de estos productos en 6,837 millones de dólares.
Por lo que respecta al empleo generado por la rama industrial del sector textil, en la información oficial que se observa del mes de diciembre del año 2000 al mes de diciembre del año 2003, se perdieron 49,389 empleos, mientras que en el área de la confección textil en el mismo período, se perdieron 185 mil más.
En suma, la pérdida total equivale a 234,389 empleos, como puede observarse esta rama de la economía es un sector importante en la generación de empleos, de inversión y de aportaciones fiscales, por lo que es indispensable contribuir a crear una legislación que proteja a los empresarios y de certidumbre jurídica a la actividad que realizan.
Además de castigar severamente las prácticas comerciales irregulares, que atentan en contra del propio desarrollo nacional, pues tan sólo el valor de los productos introducidos por el contrabando, alcanzan cantidades superiores a los 50 mil millones de pesos anuales.
Con respecto a la industria del vestido y textiles, las pérdidas se calculan en 170 millones de dólares y 700 mil empleos. El daño patrimonial al Estado se traduce en menos recursos para el erario público al decrecer los montos que, como pagos fiscales a través del IVA, el ISR y diversos impuestos aduaneros dejan de ingresar a las arcas públicas.
De acuerdo con la información publicada por distintas Cámaras empresariales del ramo, la evasión de impuestos en esta rama industrial, llega aproximadamente a los 2 mil millones de dólares anualmente. Estos antecedentes hacen notoria la necesidad inaplazable de fortalecer los mecanismos y sistemas aduaneros desde la propia legislación, para consolidar así mejores procesos de control aduanero y fortalecer a las instituciones encargadas de aplicar la ley en la materia.
Por ello, la adición propuesta al Artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, tiene como finalidad tipificar como delito fiscal, el retiro de la aduana, almacén de depósito, recinto fiscal o fiscalizado, las mercancías de tipo textil, sus derivados y todo tipo de calcado, cuando éstos no cumplan con las disposiciones jurídicas que señalan diversos señalamientos en materia de importaciones.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se adiciona un párrafo segundo a la fracción IX del Artículo 105 del Código Fiscal de la Federación.
En virtud de que esta iniciativa ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria me permito obviar su lectura y le pido respetuosamente a la Presidencia de la Mesa se publique este texto íntegramente en el Diario de los Debates.
Es cuanto Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Secretaría de Gobernación relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, ruego a la Secretaría pregunta en votación económica si se autoriza que sólo se de lectura al Acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se de lectura al proyecto de Acuerdo.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces, después de haber puesto a discusión el dictamen y no habiendo oradores, considera el tema suficientemente discutido.
Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, de tal suerte de recabar la votación.
Los resolutivos, por favor.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Acuerdo de la comisión de Gobernación:
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión acuerda que se expida el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en los términos aprobados por esta misma Cámara en su sesión del 9 de diciembre de 2004, excluyendo del mismo los textos no aprobados por el Senado de la República que se refieren al artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
Segundo. Visto que existe el acuerdo de la Cámara de Senadores en el mismo sentido, la Cámara de Diputados acuerda enviar al Ejecutivo de la Unión el decreto referido en el punto anterior para los efectos constitucionales correspondientes.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ahora sí instruya la apertura del sistema electrónico para recabar la votación nominal, hasta por 5 minutos.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal del acuerdo.
(Votación)
De viva voz el diputado Franco Castán. A favor.
Señor Presidente, se emitieron en pro 378 votos, cero en contra y abstenciones 6.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado por 378 votos el acuerdo. Comuníquese al Senado.
Para los efectos de lo dispuesto en la última parte del Inciso E del artículo 72 constitucional, remítase al Ejecutivo para sus efectos constitucionales el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas, aprobados por el Congreso de la Unión el 9 de diciembre del 2004.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Fracción IV del artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Tiene la palabra la diputada Eliana García Laguna, por la Comisión, en términos del 108. ¿No se encuentra la diputada García Laguna? Entonces no hay oradores.
En este punto no hay oradores, luego entonces se considera el tema suficientemente discutido y se ruega a la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos, para recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo evento.
La Secretaria diputada Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Diputado Presidente, se emitieron 379 votos en pro y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 379 votos, el Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia, en acatamiento al acuerdo primario de privilegiar los puntos de acuerdo que sólo se turnan, le informa a la asamblea que recibió proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a dar cumplimiento al Programa de Becas a Estudiantes de Educación Superior, para los alumnos que no sean beneficiarios de otro sistema de becas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por lo que la turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Asimismo recibió proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a utilizar los mecanismos diplomáticos necesarios, a efecto de garantizar los bienes tutelados de la integridad física de los ciudadanos mexicanos que sean objeto de la operación fronteriza denominado "Minute Man Project", suscrita por el señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, misma que se turna a Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
También de don Jesús Martínez Alvarez recibimos proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los titulares de la SEMARNAT y de la SEDESOL, a utilizar los mecanismos necesarios para controlar y regular el desecho de gases y residuos tóxicos en las zonas industriales del Valle de México y zonas conurbadas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, misma que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se ruega a la Secretaría dar lectura al orden del día de la siguiente sesión.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Lectura del orden del día de la próxima sesión)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: (A las 14:59 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes diecinueve de abril a las once horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las nueve de la mañana.
La última votación cuenta como registro final de asistencia.