El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sírvase la secretaría hacer del conocimiento de la presidencia el cómputo de los ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 271 diputadas y diputados señor presidente. Por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (A las 10:08): Se abre la sesión.
Consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura del Orden del Día.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Orden del Día.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura y procedemos a desahogar el acta de la sesión anterior y su lectura.
Consulte también a la Asamblea si se le dispensa.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.
Proceda la secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa ciudadano diputado. Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio integrantes de comisión)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Dos oficios de la Secretaría de Gobernación que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Dos oficios con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Hágase lo mismo, remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada por el Senador Fauzi Handam)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite Minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 7 y una fracción XXI, pasando la actual a ser la fracción XII al artículo 14 de la Ley General de Educación)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vivienda)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Vivienda.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno)
Se va a dar lectura a un acuerdo para la incorporación de fórmula de diputados en la Quinta Circunscripción Plurinominal.
Acuerdo para la incorporación de fórmula de diputados en la Quinta Circunscripción Plurinominal.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, 21 y 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando:
Primero. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la vacante de miembros electos por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que sigue en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.
Segundo. Que el 29 de agosto del 2003, el diputado federal propietario electo por la Quinta Circunscripción Plurinominal, Ceferino Torreblanca Galindo, rindió la protesta respectiva para desempeñar el cargo de diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Tercero. Que con fecha 30 de junio de 2004 el diputado federal a la LIX Legislatura, Ceferino Torreblanca Galindo, solicitó licencia por tiempo indefinido al cargo, misma que fue concedida por la honorable Comisión Permanente.
Cuarto. Que con fecha 30 de julio de 2004, en sesión del segundo período extraordinario del primer año de ejercicio de la LIX Legislatura, el ciudadano Carlos Alvarez Reyes, suplente de la fórmula respectiva, rindió protesta como diputado federal, iniciando funciones de inmediato.
Quinto. Que con fecha 28 de febrero de 2005 el diputado federal con licencia Ceferino Torreblanca Galindo, remitió al pleno un escrito por el cual manifestó su opción por el cargo de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en términos de lo que dispone el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sexto. Que con fecha 29 de marzo de 2005, el diputado federal Carlos Alvarez Reyes solicitó licencia por tiempo indefinido al cargo, misma que le fue concedida por el pleno de la Cámara de Diputados, que posteriormente, en comunicación dirigida a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en fecha 12 de abril del 2005, notificó su designación para ocupar un cargo en la administración pública del estado de Guerrero, circunstancia laboral, profesional y personal por la que, según afirma, no habrá de reincorporarse a esta Legislatura, solicitando se prolongue su licencia hasta el 31 de agosto de 2006.
Séptimo. Que en razón de la opción por cargo del ciudadano Ceferino Torreblanca Galindo y la ausencia del ciudadano Carlos Alvarez Reyes por el tiempo que resta la presente legislatura, ambos integrantes propietario y suplente, respectivamente, de la fórmula de candidatos electos en el lugar uno de la lista regional del Partido de la Revolución Democrática por la Quinta Circunscripción Plurinominal, corresponde actuar conforme a lo determina el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 20, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Octavo. Que mediante oficio número SE/477/05 del 5 de abril último, suscrito por la maestra María del Carmen Alanís Figueroa, en su carácter de secretaria ejecutiva del Instituto Federal Electoral, se informó a la Cámara de Diputados que la fórmula siguiente en el orden de la lista regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Electoral Plurinominal es la número 15, integrada por la ciudadana Beatriz Mójica Morga, como propietaria, y la C. Lilia Barranco Colín, como suplente, del Partido de la Revolución Democrática.
Con base en las consideraciones que anteceden y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, la Mesa Directiva somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo:
Primero. En razón de la opción por cargo del ciudadano Ceferino Torreblanca Galindo y la ausencia del ciudadano Carlos Alvarez Reyes por el tiempo que resta la presente legislatura, integrantes propietario y suplente, respectivamente, de la fórmula de candidatos electos en la lista regional del Partido de la Revolución Democrática, en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llámese a la fórmula de candidatos integrada por la ciudadana Beatriz Mójica Morga, como propietaria, y la C. Lilia Barranco Colín, como suplente, quienes siguen en el orden de la lista regional por la Quinta Circunscripción Plurinominal por el Partido de la Revolución Democrática.
Segundo. Comuníquese a los grupos parlamentarios representados en la 59 Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Partido de la Revolución Democrática.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de abril del 2005.
Firman los integrantes de la Mesa Directiva.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada y se debe comunicar.
Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Beatriz Mojica Morga, diputada electa en la Quinta Circunscripción Plurinominal.
Se designa en Comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de Ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados:
Irene Herminia Blanco Becerra,
Eduardo Espinosa Pérez,
Ana Lilia Guillén Quiroz, y
Miguel Alonso Raya.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se agrega el diputado Guillermo del Valle, también para formar arte de la Comisión de Cortesía, también el diputado Alfredo Villegas y Maximino Fernández Avila.
(La Comisión de Cortesía cumple con su encargo)
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se pide a los presentes ponerse de pie.
(Puestos los presentes de pie)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadana Beatriz Mójica Morgan: ¿"Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?"
La ciudadana Beatriz Mójica Morga: "¡Sí, protesto!".
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. ¡Bienvenida!
(Aplausos)
Continúe la Secretaría con Proposiciones de Acuerdo de los órganos de gobierno.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al pleno de la Cámara de Diputados ampliar el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por PEMEX.
CONSIDERANDOS:
Primero: En sesión celebrada el 21 de marzo de 2004, el pleno de la Cámara de Diputados acordó la constitución de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por PEMEX.
Segundo: De conformidad con el resolutivo cuarto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, esta Comisión ejercerá la función que le ha sido encomendada a partir de la fecha de su constitución y hasta el 30 de abril de 2005.
Tercero: Mediante oficio de fecha 7 de abril del presente año, la Mesa Directiva de la Comisión a la que se refiere el presente acuerdo, solicitó a la Junta de Coordinación Política se amplíe el ámbito temporal de su vigencia, aduciendo que de los trabajos comprendidos por esta Comisión se desprenden una serie de gestiones que se han iniciado encontrándose en vías de ser atendidas por las instancias correspondientes, por lo que se requiere de un plazo mayor para concretarlas.
Cuarto: En el oficio a que se refiere el numeral que antecede, se advierte que la solicitud de ampliación del periodo de vigencia de la comisión Investigadora responde a la necesidad de dar continuidad a los compromisos y acciones que se han implantado por dicha Comisión.
Quinto: En consecuencia la Junta de Coordinación Política considera plausible extender el plazo previsto para desarrollar las tareas que le han sido encomendadas a la Comisión Investigadora multicitada.
Con base en lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 en relación con el artículo 34 párrafo uno inciso "c" de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno de la Cámara de diputados el siguiente
ACUERDO
Primero: Se amplía el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por PEMEX hasta el 31 de agosto del 2006.
La comisión Investigadora continuará desarrollando las funciones y tareas que le fueron encomendadas en el Acuerdo de Constitución.
Segundo: La Comisión Investigadora deberá presentar a la Junta de Coordinación Política un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y en el que se formulen recomendaciones sobre acciones concretas a realizar por parte de la Cámara de Diputados y de sus órganos internos en las materias que se correspondan con su objeto de creación.
"Tercero.- La Comisión Investigadora seguirá contando con los mismos apoyos humanos, materiales y financieros que a la fecha de aprobación del presente acuerdo le hubieren sido autorizados.
"Cuarto.- Comuníquese a la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social generado por PEMEX.
"Quinto.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
"Palacio Legislativo 20 de abril de 2005"
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado y comuníquese.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al pleno de la Cámara de Diputados ampliar el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.
"Considerandos:
"Primero.- En sesión celebrada el 18 de marzo de 2004 el pleno de la Cámara de Diputados acordó la constitución de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.
"Segundo.- De conformidad con el resolutivo cuarto del acuerdo de constitución la Comisión Especial ejercerá la función que le ha sido encomendada a partir de la fecha de su constitución y hasta el 30 de abril de 2006.
"Tercero.- En sesión del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el pasado 5 de abril el diputado Angel Alonso Díaz Caneja presentó proposición con punto de acuerdo, a través del cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que la Comisión Especial Encargada de Coayuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste de México tenga vigencia hasta el término de la actual LIX Legislatura, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. La Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados.
"Cuarto.- En la proposición a la que se refiere el numeral que antecede se advierte que la solicitud de ampliación del periodo de vigencia de la Comisión Especial responde a la necesidad de dar continuidad a los compromisos y acciones de desarrollo regional que se han implementado entre dicha Comisión y los gobiernos de los estados que componen la región Sur-Sureste de la República Mexicana.
"Quinto.- La Junta de Coordinación Política considera plausible extender el plazo previsto para desarrollar las tareas que le han sido encomendadas a la Comisión Especial Multicitada en razón de que resulta pertinente seguir avanzando en la construcción de políticas legislativas y gobierno sobre todo de carácter presupuestal dirigidas a fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social de una región del país caracterizada por sus altos índices de pobreza y marginación.
"Con base en lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 en relación con el artículo 34 párrafo primero inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
"Acuerdo:
"Primero.- Se amplía el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México hasta el 31 de agosto de 2006. La Comisión Especial continuará desarrollando las funciones y tareas que le fueron encomendadas en el acuerdo de constitución.
"Segundo.- La Comisión Especial deberá presentar a la Junta de Coordinación Política un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y en el que se formulen recomendaciones sobre acciones concretas a realizar por parte de la Cámara de Diputados y de sus órganos internos en las materias que se correspondan con su objeto de creación.
"Tercero.- La Comisión Especial seguirá contando con los mismos apoyos humanos, materiales y financieros que a la fecha de aprobación del presente acuerdo le hubieren sido utilizados.
"Cuarto.- Comuníquese a la Comisión Especial Encargada de Coayuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.
"Quinto.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
"Palacio Legislativo a 20 de abril de 2005"
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los que estén en contra.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:
De las Comisiones Unidas de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con proyecto de decreto que reforma los artículos 126 y 127 de la Ley de Navegación.
De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda. Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Con proyecto de ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación. Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Diego José Garibay y García de Quevedo para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de Suecia en la Ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ana Laura de la Torre Saavedra, Martha Elena Muñoz Pérez, Mary Anne Colín Gascón, Víctor Alfredo Herrera Avila, Lourdes Aidé Berger Armendáriz, Mónica Sabrina Nava Garcés, Susette Trinidad Vázquez Gudiño y Guillermo Daniel Prior Ortiz para prestar servicios en los Estados Unidos de América en México y en sus Consulados Generales en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Guadalajara, Jalisco y en Tijuana, Baja California, y en la Embajada de la República de Sudáfrica en México, respectivamente.
Todos publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Son de primera lectura.
Antes de proceder a agotar el siguiente punto del orden del día, ruego a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Señor Presidente: Hay una asistencia de 380 diputadas y diputados.
Hay quórum.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen con proyecto de ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para extrabajadores migratorios mexicanos y de obsequiarse esta petición, se ponga a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa entonces la segunda lectura y en consecuencia, para fundamentar el dictamen tiene la palabra el señor diputado Marco Antonio Gama Basarte, hasta por cinco minutos.
El diputado Marco Antonio Gama Basarte: Gracias, diputado Presidente
Es importante para el inicio de esta fundamentación de este tema trascendente para la vida nacional de nuestro país, agradecer el trabajo, la voluntad y el consenso de la Comisión de Hacienda y Crédito Público,la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos Aportados por Trabajadores Braceros Mexicanos; a cada uno de los diputados integrantes de estas comisiones, gracias; a cada uno de los grupos parlamentarios que aportó sus propuestas, su iniciativa y su voluntad para que este delicado tema en nuestro país tenga una atención justa y responsable.
La presente iniciativa se genera con el objetivo de responder a la necesidad social de reconocer el esfuerzo de nuestros extrabajadores braceros mexicanos que depositaron su energía, sus horas de trabajo en el Convenio signado entre México y Estados Unidos en el año 42 y hasta el 64.
La iniciativa en comento, es la columna vertebral para resolver este añejo problema que han vivido nuestros admirados soldados del surco, hombres que brindaron su dedicación, su fuerza de trabajo y algunos dejaron también allá lo mejor de sus años y algunos su vida.
Hoy estamos consolidando la solución definitiva a su problemática, por lo tanto, es de considerarse como elemento fundamental, otorgar seguridad jurídica a los extrabajadores mexicanos braceros que dejaron en aquellas tierras los mejores años de su vida para que con estricto apego a las normas de operación que al efecto elabore el Comité Técnico del Fideicomiso a crear, permita que conozcan con certeza y absoluta transparencia, los apoyos que proceda a entregar, ya sea directamente a los beneficiarios o en su caso a sus descendientes o cónyuges sobrevivientes.
Ahora bien, por tratarse de un fideicomiso que recibirá recursos públicos federales, el Comité Técnico del Fideicomiso deberá proporcionar la información que le requiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación. De esta manera, tanto los beneficiarios como el Gobierno Federal, habrá de transparentar y rendir cuentas sobre su manejo y destino.
La duración del fideicomiso no deberá exceder de cinco años, que es el tiempo que se considera adecuado para el cumplimiento de su objetivo y que por otro lado el monto a entregar a cada beneficiario no será una compensación derivada de un adeudo, sino se trata de un apoyo que la sociedad, a través de este fideicomiso, otorga a estos exbraceros mexicanos y sus familias.
El Comité Técnico deberá vigilar en forma escrupulosa los recursos que se le proporcionen al fideicomiso y evaluar e informar periódicamente sobre el manejo y situación patrimonial del mismo, en virtud de lo cual se faculta para acatar lo dispuesto en materia de transparencia y vigilancia de los recursos públicos del Fideicomiso, de acuerdo a la normatividad en la materia, con el propósito de que los recursos del Fideicomiso se apliquen en forma transparente.
Señoras y señores Diputados, estamos atendiendo, más allá de intereses de partido, más allá de intereses personales, el interés de una necesidad social que hoy nos muestra que con voluntad, que con apego irrestricto a la atención a los problema que requiere nuestro país, nos podemos poner de acuerdo, podemos hacer las cosas a favor de nuestros mexicanos.
Hoy, saludamos con afecto , con aprecio, todo ese trabajo generado por cada uno de los Diputados de las Comisiones en mención; por cada una de las organizaciones de trabajadores braceros, que durante años lucharon por este objetivo.
Hoy, a los soldados del surco, enhorabuena.
Es cuanto, Diputado Presidente. (aplausos)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor Diputado
Para hablar a favor del Dictamen también, se encuentra registrado el Diputado Valentín González Bautista, del Partido de la Revolución Democrática, quien tiene el uso de la palabra.
El diputado Valentín González Bautista: Con su autorización Diputado Presidente.
Señoras y señores Diputados.
Con la discusión y aprobación de este Dictamen, se cierra una etapa en el proceso legislativo y se abre otra. Importante la determinación de quienes se mantuvieron en una lucha permanente e incansable Se materializa hoy, la aspiración de miles de trabajadores ex braceros que fueron a otro país, a tierras extrañas, dejando en alto la identidad , la voluntad y la fuerza que significa llevar la experiencia del trabajo para hacer producir la tierra. Fueron trabajadores que dejaron su patria para conseguir mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.
Se estima que más de 4 millones 600 mil compatriotas integraron ese programa denominado Braceros; reclamaron, sin haber sido escuchados, durante años, que se les devolviera el Fondo de Ahorro, producto de su trabajo. Hoy, a varias décadas de esas jornadas, esta Cámara de Diputados se hace justicia a los hombres del campo.
Con la discusión y aprobación positiva de este Dictamen, los campesinos de México, los jornaleros tendrán claro que aquí hay representantes populares dignos, que reconocen sus esfuerzos y su trabajo.
Con este Dictamen, se hace justicia a miles de trabajadores braceros que hoy tienen edades entre 70, 75, 80 o más años de edad y que han esperado un acto de justicia y de reconocimiento a su trabajo. Lo hicieron las autoridades de Estados Unidos y los empleadores lejos de su tierra y les dijeron que los consideraban como héroes de guerra, como verdaderos soldados del surco en la retaguardia en aquellos tiempos de la guerra.
Hoy, en México, se les hace justicia, porque se considera que su trabajo en Estados Unidos y aquí, ha sido fuente inagotable de la riqueza.
Por la dignidad y por el derecho de los trabajadores mexicanos braceros, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática votará a favor este dictamen, porque está convencida y está segura que vamos a hacer justicia a los hombres del campo, a los trabajadores braceros.
Llamamos a las diputadas y a las diputadas que respalden esta iniciativa, porque han sido largos los años de espera de miles de trabajadores braceros y sus familias, y agradecemos el esfuerzo y el trabajo y la educación y la alta sensibilidad social y política, para tomar esta determinación, que sea por el bien de nuestros hombres del campo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Jesús González Schmal del Partido Convergencia hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús González Schmal: Con su anuencia señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados.
Estamos evidentemente logrando una reivindicación interferible e inaplazable para aquellos mexicanos que efectivamente, empeñando lo mejor de su esfuerzo, acudieron a prestar su trabajo, su energía, su cansancio a un país extranjero, porque en la propia patria, el trabajo, el esfuerzo no tiene valor.
Pero esta reflexión también nos lleva y nos tiene que conducir a otro análisis muy importante, ¿qué costo de sacrificio?, ¿qué costo también de energía desperdiciada de estos hombres ya viejos, ya cansados, para lograr este propósito, esta reivindicación de justicia? Tuvieron que llegar incluso en caravana, no sólo a manifestaciones largas, a manifestaciones dolorosas sino llegar a tocar la casa del Presidente de la República en San Francisco del Rincón, de allí fueron repelidos con fuerza pública, de allí en la misma casa que en cambio se le tendió el tapete rojo a George Bush, para que viniera a recibir el agua que le están quitando los agricultores tejanos a los estados de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua.
En ese trato tan distintivo y tan diferenciado tenemos que poner la atención, ¿por qué el reclamo de un derecho tiene que costar tanto sacrificio?, ¿por qué se tienen que tocar tantas puertas y hacer tantas gestiones a algo que debería de ser natural, porque está probado que ellos hicieron una aportación a ese fondo para recibir sus pensiones de seguridad?
Este es pues entonces por una parte una victoria, sin duda, indiscutible de la justicia, pero, por la otra, una constancia de una violencia institucional persistente de este gobierno, que tiene que forzar y que tiene que llevar al pueblo a los reclamos extremos, para que el derecho rija y la justicia ilumine y tenga pues y reciban quienes la merecen su compensación necesaria.
Este sería entonces para Convergencia un tema muy importante, una reflexión que nos debe conducir a esta representación a tomar decisiones más drásticas como Poder de la Unión frente a una actitud ya crónica del Poder Ejecutivo que tiene que llevar las cosas al extremo y que las tiene que violentar, en violencia institucional, para que finalmente pueda a ceder algo que en derecho debería de proceder por una vía natural, normal y sin costo y dolor para nadie.
Es pues, amigos diputados, esta nuestra reflexión, nos sumamos a la satisfacción de que este fideicomiso, al final de cuentas restituya a estos mexicanos algo del trabajo que empeñaron en beneficio de otras naciones, pero que también este mismo hecho nos lleve a lar reflexión por qué en nuestra patria y en este régimen y en este sexenio que se habló de que se iba a realidad a remunerar justamente la producción y el trabajo, siguen siendo filas interminables numerosísimas del ejército de trabajadores que tienen que ir a ganar el pan nuestro de cada día en un país extranjero, por qué la realización económica de nuestro país, las políticas económicas no conducen a aprovechar la mano de obra y el esfuerzo de los mexicanos, para que éstos consigan en su propia patria la satisfacción a sus necesidades familiares y la consecución de sus propósitos para una vida mejor.
Este sería el punto álgido en esta tarde para tener en adelante una supervisión directa de cuantas demandas se hagan al Poder Ejecutivo, se resuelvan por la vía lógica de la aceptación del derecho cuando éste procede y en seguida, por qué una política económica que está desplegando este régimen no conduce al mejor aprovechamiento de la mano de obra y del esfuerzo de los mexicanos en la propia patria y en cambio, se tiene que estar exportando mano de obra para recibir las canonjías de las remesas que sostienen la economía nacional.
Con esto concluyo nuestra reflexión y por Convergencia votaremos a favor, desde luego, de esta propuesta. Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted señor diputado.
Tiene la palabra el diputado José Isabel Trejo Reyes, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.
El diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias señor Presidente.
Honorable Cámara de Diputados, compañeras y compañeros diputados:
Esta Cámara de Diputados a través de sus comisiones respectivas y una vez que la Mesa Directiva le encomienda una comisión que parecía difícil de concertarse en algún momento de la existencia de esta legislatura, por lo que respecta a nuestro mandato constitucional, hoy podemos decir con satisfacción que gracias a un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas de esta Cámara y de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, estaremos de alguna manera iniciando un proceso de resarcimiento de los daños de nuestros paisanos mexicanos ex trabajadores braceros.
Movió a la Cámara de Diputados estimulada en esta ocasión también por la Cámara de Senadores, a que se rehiciera la Comisión Especial para darle seguimiento a este asunto. El origen fue un profundo acto de injusticia que se cometió con los braceros mexicanos desde la época de 1942, hace ya más de media centuria, y que siguió un proceso de agravios a nuestros paisanos mexicanos hasta el año de 1984. A eso tendría que obedecer lógicamente un acto de justicia que aquí empieza hoy con la aprobación de esta ley, para la cual les pedimos su voto, pero este acto de justicia tenía que tener un instrumento jurídico que le diera certeza al apoyo de carácter social que se le va a dar a nuestros paisanos; un instrumento que tuviera en él quien va a entregar estos recursos, todas las facultades de ley que para el efecto se requiere, un fideicomiso público en donde se establecen con claridad las reglas para la entrega de estos recursos y también las reglas para su fiscalización y también los suficientes candados para que no se haga un uso partidista con esta partida que tiene un fin tan noble, como es el resarcimiento de estos daños.
Sí es de justicia mencionar la gran voluntad de los diputados del PRI en esta comisión, de los diputados del PRD, de Convergencia, del Verde, del Partido Acción Nacional por quien yo hablo hoy, la gran armonía que encontramos con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, con la Secretaría de Gobernación incluido el Banco de México, para lograr procesar la información y aterrizar en algo concreto que se iniciaría, de aprobar el Senado esta iniciativa.
Los beneficiarios están a la expectativa, hemos tenido en esta Comisión y a través de las dependencias de la propia Cámara, contacto con las entidades federativas y con los gobernadores, quienes también se han mantenido sensibles y atentos al asunto, de tal manera que todos los actores involucrados para resolver este problema, incluido los propios trabajadores exbraceros con quienes hemos platicado muchas veces para llegar a este acuerdo mínimo que se inició por parte de la Cámara de Diputados, estableciendo un presupuesto que se aprobó aquí, por 298.5 millones de pesos.
Esto es el inicio, esperamos como así se discutió en la Comisión de Hacienda con profundidad, que la entrega de los recursos a nuestros paisanos exbraceros, sea con orden, sea con justicia, empezando con nuestros trabajadores que tienen más edad y así para ir resarciendo de manera ordenada a nuestros braceros.
Esperamos que en el Senado ratifiquen esta iniciativa para que al terminar el período, se pueda promulgar e iniciemos de inmediato a establecer plazos y entregar estos recursos a los trabajadores mexicanos exbraceros.
Yo reconozco la gran voluntad de todas las fuerzas políticas de esta Cámara, de los trabajadores braceros para dialogar, y desde luego del Presidente Fox, quien estuvo atento al asunto a través de sus respectivas dependencias.
Esperamos contar con su voto, esta es la postura del Partido Acción Nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.
Para continuar tiene el uso de la palabra el señor diputado Arturo Robles Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
El diputado Arturo Robles Aguilar: Con su permiso, Presidente.
Compañeros legisladores:
Pocos actos pueden hacernos un trabajo de honor como el que hoy vamos a realizar.
Justicia es la palabra abandonada en esta sociedad, muchos son los reclamos y pocos los actos en los que realmente nos reivindicamos. El campo y concretamente los campesinos ha sido el sector marginado históricamente.
Entre los años 42 al año 64, millones de campesinos, emigraron por necesidad a Estados Unidos, no solamente para levantar la economía más fuerte del mundo, sino para sostener los hogares y la economía de México.
El 10 por ciento les fue retenido, mismo que nunca se les reintegró. Hoy, con la creación del fideicomiso que restituye el recurso para los exbraceros de este período, la Cámara de Diputados puede honrarse y decir a cabalidad, que estamos haciendo un acto de justicia plena para los hombres más abandonados de este país, todo a ellos con más de 70 años, hombres y mujeres que esperan, que esperan que el día de hoy se cree, se autorice la creación de este fideicomiso que pueda permitirles unas condiciones un poco mejor.
Para el Partido Revolucionario Institucional que ha abanderado los reclamos principales de la sociedad mexicana y en particular los de los campesinos de México, éste es un acto de congruencia. Perdimos a todos los legisladores de esta LIX Legislatura, que votemos por la creación de este fideicomiso para que realmente podamos dar un poco a los que menos tienen.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Para hacer uso del resto de los cinco minutos, tiene la palabra la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, hasta por tres minutos.
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Con su permiso, diputado Presidente.
Este día para esta humilde servidora es de júbilo y pláceme, porque en parte se hace justicia a los hermanos campesinos que fueron humillados peor que animales y bestias, en busca de un trabajo a los Estados Unidos de Norteamérica, tengo fotos, tengo testigos, cuando los encueraron y en Nogales, en Ciudad Juárez y en toda la frontera, desnudos nuestros mexicanos los rociaban, que porque iban piojosos y porque iban enfermos en su carácter de braceros. A 47 años de lucha, demandando justicia social para que se les entregara el 10%, fruto de su salario que se les quitó para un fondo de ahorro que se habrá de entregar, vía gobierno mexicano desde 1942 a 64.
Quiero darles las gracias a ustedes compañeras y compañeros diputados de esta LIX Legislatura, primero porque me apoyaron a subir a esta tribuna la más alta de la patria, a solicitar el presupuesto y ustedes autorizaron los 298.5 millones de pesos en el Presupuesto del Ejercicio 2005 y al mismo tiempo reconocer en las Comisiones Unidas de Hacienda y de todos y cada uno de ustedes, hombres y mujeres, compañeros diputados, este dictamen que hoy se cristaliza en la instalación de un fideicomiso que habrá de ser con normas transparentes, reglas transparentes para que se les entregue a las y los beneficiarios que con justicia les corresponde, ex braceros mexicanos, campesinos todos, gente humilde, esa compensación fruto de su trabajo de muchos años, que fue fueron como lo han ido y lo seguirán siendo, hermanos campesinos que van a Estados Unidos y los tratan como animales.
Queridas compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación, este día para los campesinos ex braceros de 1942 a 1964 y para los que fueron después, para los que están ahora y los que estarán mañana en Estados Unidos, un poco de esa justicia con esta LIX Legislatura, pero más habremos de hacer por nuestros compatriotas mexicanos, que todavía allá, respiran injusticia, que todavía allá, hallan quebrantado sus derechos humanos, su dignidad, su dignidad humana.
Queridas compañeras, su voto les solicitamos para este dictamen, para que se les entregue los recursos a nuestros hermanos campesinos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted diputada.
Antes de someter a votación este dictamen, después de agotarse la lista de oradores y considerarse suficientemente discutido en lo general, ruego a la Secretaría dé lectura a una fe de erratas que nos ha hecho llegar la Presidencia de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, a fin de que lo conozca el pleno, la asamblea y poderlo agotar.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al documento, dice:
"Artículo 6°. 3. Las personas que no cuenten con registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación, podrán acreditar haber sido trabajador migratorio mexicano con alguno de los siguientes documentos originales.
Debe decir:
3. Que acrediten haber sido trabajadores migratorios mexicanos, con uno o más de los siguientes documentos originales:
Dice:
"Artículo Transitorio.
2° El periodo durante el cual operará el fideicomiso que administrara el Fondo de Apoyo Social para los Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, será de cinco años o menos, contados a partir del inicio de sus actividades, o hasta el momento en que se extinga su patrimonio o se dé cumplimiento al fin, objeto de su creación.
Debe decir:
"Artículo Transitorio
2°. El periodo durante el cual operará el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, será de cinco años o menos, contados a partir del inicio de sus actividades o hasta el momento en que se extinga su patrimonio o se dé cumplimiento al fin, objeto de su creación.
Dice:
Artículo Transitorio 6°. Si de acuerdo a los registros oficiales de la Secretaría de Gobernación, aparece evidencia de que algún trabajador migratorio ya recibió el apoyo que le corresponde, perderá de inmediato su derecho a recibir pago posterior alguno".
Debe decir:
"Eliminarlo, ya que dentro del artículo del decreto de ley, ya se menciona".
Dice:
Artículo Transitorio Séptimo: "En tanto el Fideicomiso no extinga su patrimonio ni se dé cumplimiento pleno al objetivo para el que fue creado, el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá incluir durante un período que no exceda de los cinco años, una partida específica que le permita dar cumplimiento a sus fines. Al efecto, el Comité Técnico del Fideicomiso, deberá presentar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial, para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, un informe trimestral sobre el avance de su gestión que permita conocer su situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a presupuestar para el año siguiente".
Debe decir:
Artículo Transitorio Séptimo: "Al efecto, el Comité Técnico del Fideicomiso, deberá presentar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, un informe trimestral sobre el avance de su gestión que permita conocer su situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a presupuestar para el año siguiente".
Con la firma del diputado Marco Antonio Gama Basarte, Presidente.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor Secretario.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo quien registre una reserva a un artículo en lo particular, consideramos que se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para proceder a votar el dictamen en un solo acto en lo general y en lo particular, incluidas lo que son la fe de erratas de las que acaba de dar lectura el señor Secretario.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, con las erratas ya mencionadas.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación.
De viva voz, la diputada Beatriz Mójica Morgan. Denle sonido a la curul 114, por favor.
La diputada Beatriz Mójica Morgan (desde su curul): A favor.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias.
Denle sonido a la curul del diputado José Rangel.
El diputado José Rangel Espinoza (desde su curul): Es a favor.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias, diputado.
Señor Presidente, se emitieron 361 votos en pro, 0 en contra y 4 abstenciones.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado en lo general y en lo particular, incluida la fe de erratas, por 361 votos el proyecto de Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
(Aplausos)
Ruego a la Secretaría que antes de seguir con las discusiones de dictámenes, pongamos a consideración de la Asamblea los dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política que tenemos pendientes.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura al acuerdo por el que la Cámara de Diputados formule un extrañamiento al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por sus declaraciones ante la Asamblea de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, en relación con los homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a propuesta del diputado Miguel Lucero Palma.
"Secretarios de la Mesa Directiva, Cámara de Diputados. Presentes.
"La Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 párrafo primero inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 14 del acuerdo relativo al Orden del Día de las sesiones, la discusión de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la Proposición con punto de acuerdo en relación a las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Derechos ante la asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación al tema de homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, presenta por el diputado Miguel Lucero Palma, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.
"Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a las Secretaría de Gobernación, de Educación, Desarrollo Social y de Seguridad Pública, para que conjuntamente con la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se implemente un programa urgente para hacer una evaluación integral del problema de los feminicidios en Ciudad Juárez, así como de cualquier otra comunidad nacional que tenga problemas similares, a fin de que se atienda y ataque el fenómeno en su conjunto, se eviten concepciones y evaluaciones distorsionadas y parciales y se pueda conocer y resolver el problema con el conocimiento y la atención de todos los factores sociales que inciden en él.
"Este programa habrá de tener entre sus objetivos primordiales los de revertir las percepciones negativas sobre las comunidades respectivas y alentar los valores socioculturales que permitan su denuncia y combate en todos los frentes de la vida comunitaria.
"Segundo. La Cámara de Diputados respalda los requerimientos del presidente municipal de Ciudad Juárez y del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, A.C. a efecto de que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, formule las aclaraciones pertinentes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la opinión pública nacional, a efecto de que se presente un informe integral, equilibrado, justo y sin distorsiones sobre el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez y el entorno sociológico, económico y jurídico en que se presentan,
"Reconociendo los esfuerzos y avances que se han logrado al respecto, así como el valor y la trascendencia que el municipio de Ciudad Juárez ha tenido en el desarrollo histórico, político y social de la Nación Mexicana.
"Tercero. Se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que impulse de manera urgente y el ámbito de su competencia, un programa que mejore la imagen de Ciudad Juárez en los términos en que fue concebido en el reporte del año del año 2004, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de Naciones Unidas.
"Cuarto. Se instruye a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, para que en el marco del seguimiento y atención de dicha problemática promueva e impulse la realización de estudios que tengan como propósito atenuar y revertir los efectos negativos de la difusión de estos temas.
"Dado en el Palacio Legislativo, a 20 de abril de 2005.
"Suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, donde el diputado Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, vota en contra."
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que … (interrupción del presidente)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame señor secretario.
El señor diputado Miguel Lucero Palma se ha registrado para hacer uso de la palabra en pro de este punto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Miguel Lucero Palma: Con su permiso, señor Presidente.
El punto de acuerdo propuesto, tiene como antecedente el hecho de que a principios de este mes el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declaró en la asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas efectuada en Suiza, que los crímenes de género en Juárez siguen siendo una vergüenza nacional e internacional por la falta de resultados en las investigaciones además de la nula atención a las causales del fenómeno.
Por esa razón, a nombre de los diputados de Ciudad Juárez y del mío propio, queremos hacerles las siguientes consideraciones a esta honorable Asamblea.
Reconocemos que el municipio de Ciudad Juárez hace más de una década que existen problemas de inseguridad pública que han tenido un espacio de impacto escandaloso en el tema de los feminicidios en el ámbito municipal, pero debemos reconocer que éste no es un problema particular o exclusivo de este municipio.
Estamos a favor de cualquier esfuerzo que se realice para combatir este fenómeno en Ciudad Juárez y en cualquier parte del país, inclusive apoyamos las denuncias que se hagan en foros nacionales o internacionales que tengan el propósito de plantear este fenómeno con corrección, verdad, integridad y equilibrio.
Apoyaremos todas las gestiones y acciones encaminadas desde luego a resolver social y judicialmente dichos feminicidios, pero sobre todo para evitar que se sigan cometiendo; lo que no podemos aprobar es que el tema sea manipulado, que sea presentado en forma parcial, unilateral, interesada, con afanes protagónicos de tipo personal o partidista.
El tema de los feminicidios en mi ciudad, en Ciudad Juárez, como en el de cualquier comunidad de México o del mundo, no debe ser bandera de personas, grupos o partidos, es un problema real, sensible y grave de numerosas comunidades, entre ellas la mía, que se da en un contexto social, económico, político, cultural y debe ser analizado y apreciado en términos globales.
No podemos conformar nuestra opinión y pretender conformar la opinión de los demás en niveles nacionales o internacionales con los criterios que motivan la difusión amarillista y escandalosa.
Para entender y resolver el problema, es necesario entender que el fenómeno se presenta en una comunidad municipal extraordinariamente dinámica, con un crecimiento desproporcionado frente a sus capacidades estructurales y de desarrollo sustentable, y que ha sido y esto queremos dejarlo muy claro, durante todo el siglo pasado y sigue siendo en el presente siglo, tránsito, albergue y nuevo hogar de miles de compatriotas que emigran de todos los ámbitos territoriales de México.
Si algo ha significado históricamente al municipio de Ciudad Juárez, es que ha otorgado oportunidades renovadas a paisanos de otros municipios que buscan y fracasan en su intento de emigrar al poderoso país del norte o que regresan de él desolados y frustrados.
Poco o nada se ayuda al desarrollo de un pueblo si únicamente se le señalan sus vicios y no se exaltan sus virtudes. No queremos ocultar el defecto sin presentarlo como parte de un organismo social activo, pujante y con un espíritu y actitud de franca solidaridad con el resto de la sociedad nacional; además, coincidimos con aquellos que piensan que ensañarse y remover la llaga social con amarillismo y crueldad puede tener un impacto sicológico colectivo contrario a los fines que se buscan e incentivar la criminalidad, la corrupción y la impunidad en este tema tan sensible y grave.
Finalmente, queremos recordar –como lo hace la comunidad juarence, sus autoridades, sus empresarios- que la Comisión de Derechos Humanos que Preside José Luis Soberanes se ha comprometido ante la comunidad juarence a crear una comisión para revertir esa negativa por unilateral y distorsionada percepción de la comunidad juarence.
Gracias a la Junta de Coordinación por este apoyo, lamentamos profundamente que el PT haya firmado en contra, le daremos a conocer esta decisión a los miembros de dicho partido en esa comunidad. Gracias.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra, para hablar también en pro del punto del acuerdo, la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Marcela Lagarde y de los Ríos: Con su venia, señor presidente.
Como presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, quiero decir que he consultado con compañeros de la Mesa Directiva de la Comisión Especial y que estamos de acuerdo con este punto de acuerdo presentado por el diputado Miguel Lucero Palma por varios motivos.
Pero queremos hacer también varias consideraciones.
Primero. Es importante, efectivamente, como ya lo ha solicitado la Comisión Especial, que el titular del Ejecutivo federal instruya a las secretarías de Gobernación, de Educación, de Desarrollo Social, de Seguridad Pública y desde luego también a la Procuraduría General de la República para que, conjuntamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, implementen un programa de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.
Estamos de acuerdo. Incluimos a la Procuraduría General de la República, como ya se lo hicimos saber al procurador general Macedo de la Concha.
Segundo punto. También respaldamos a la sociedad juarense en el sentido de que es preciso hacer aclaraciones pertinentes sobre el estado de las investigaciones de todos y cada uno de los casos de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, y efectivamente, es importante enfrentar el estigma social que, de manera amarillista en los medios de comunicación pulula en nuestros días frente al gravísimo problema de inseguridad y de violencia contra las mujeres.
Quisiéramos aclarar desde esta tribuna que no se trata de vicios sociales. Estamos ante delitos de lesa humanidad contra las mujeres, pero que efectivamente el nombre de la sociedad juarense podrá salir avante desde luego cuando los derechos humanos de las mujeres estén asegurados en esa entidad federativa.
También decir desde esta tribuna que Ciudad Juárez no es la única ciudad que está enfrentando en este momento ese gravísimo problema. Otras entidades de la República también lo están enfrentando y la Comisión Especial está dando seguimiento a las investigaciones por lo menos en 10 entidades federativas.
Finalmente diremos que en cuanto al cuarto punto que se instruya a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara para que, en el marco y atención de esta problemática, promueva e impulse la realización de estudios que tengan como propósito atenuar y revertir los efectos negativos de la difusión de estos temas, queremos informar al pleno que desde hace varios meses la Comisión Especial ha presentado un programa de estudios precisamente para dar cuenta al pleno y a la sociedad en su conjunto, con bases fundadas, científicas, no amarillistas, qué es lo que está sucediendo en torno a la violencia feminicida contra las mujeres en nuestro país.
Segundo. En torno a las investigaciones que exigimos sean conforme a derecho y, tercero, para abatir la impunidad que rodea a todos estos crímenes en diversas entidades de la República.
Por todo lo dicho, expresamos nuestro acuerdo con el punto de acuerdo presentado por el diputado Miguel Lucero Palma y desde luego decir que la Comisión ya está en los trabajos para hacer estos estudios.
Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted diputada.
Para concluir tiene la palabra el señor diputado Ramón Galindo Noriega, del Partido Acción Nacional.
El diputado Ramón Galindo Noriega: Con su permiso, señor Presidente.
Nos parece, señores legisladores que existen dos bandos en esto del crimen y de la inseguridad pública.
Un bando que tiene que ver con las personas que cometen los delitos y llevan a cabo las acciones criminales, y otro bando que tiene que ver con la parte que combate a los criminales.
En Acción Nacional estamos convencidos de que la parte que debemos de fortalecer, que el espacio que debemos de ocupar, es la parte que combate a la inseguridad pública, por eso es que el grupo parlamentario del PAN apoya la propuesta de nuestro amigo y compañero Miguel Lucero, en el sentido de dejar clara la necesidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que los diferentes órdenes públicos y que toda la comunidad organizada nos coloquemos del lado que combate al crimen, no del lado que a veces combate a los que tienen la responsabilidad de atender este problema. De repente parece como que estamos tratando de ponerle más presión, más carga, más responsabilidad, más culpabilidad a quien tiene la obligación de atender un problema tan grave como esto, y a mí me parece que esto es un error; debemos de colocarnos de lado contrario al crimen todos y ayudar a nuestras autoridades locales, a nuestras autoridades federales y a todos aquellos interesados en este concepto para fortalecer la parte de combate a la delincuencia.
Ciertamente estamos de acuerdo y apoyamos y defendemos las posiciones del gobierno local y llamamos a la Comisión de Derechos Humanos para que igualmente se ponga en ese espacio y agregamos lo siguiente:
Así como hoy se está haciendo una defensa del esfuerzo que se hace en Chihuahua sobre este asunto, quiero recordarles a ustedes que hay otro elemento que debe ser defendido, que es la comunidad juarence, esa comunidad juarence que tiene que enfrentar señalamientos a lo largo y ancho del país y fuera incluso de nuestra nación, con etiquetas y recordatorios de lo que acontece en nuestra ciudad.
Es cierto es doloroso y a nadie nos gusta que esté pasando lo que pasa en esta ciudad. Sin embargo en Juárez, damas y caballeros, somos más que una comunidad con problemas de inseguridad pública. En Juárez conformamos e integramos una comunidad muy responsable y muy trabajadora y nos parece injusto que con tanta frecuencia se estén haciendo señalamientos en contra de la comunidad; es una comunidad que se integra por mexicanos que acuden a vivir en esta tierra de muy diferentes lugares de México y que esa multiculturalidad ha enriquecido de tal manera las ganas de salir adelante, de trabajar, de impulsar proyectos, de participar en las cosas públicas y privadas que luego cuando se dan este tipo de etiquetaciones nos parece muy injusto que el único referente para Juárez sean los problemas de inseguridad.
Quiero hacer un respetuoso llamado a todos ustedes, damas y caballeros, para que también tengamos en la mente y en la memoria, que Juárez es una comunidad de gente de avanzada política, de una presencia democrática indudable, de gente muy trabajadora y echada para adelante en todos los proyectos que tiene a cuestas y que no solamente evaluemos y etiquetemos a nuestra comunidad por los problemas que tenemos, sino por el trabajo que realizamos, por la esperanza que tenemos en el futuro y la forma como nos comprometemos para resolver nuestros problemas y construir un mejor destino.
El grupo parlamentario de Acción Nacional se suma con gusto a esta propuesta y hará todo lo que está en sus manos para que no solamente en esta expresión, sino en cualquier otra, sigamos apoyando a la comunidad trabajadora de Ciudad Juárez.
Gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a someter en votación económica si se aprueba el acuerdo que se ha formulado por parte de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén en contra.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría haciendo del conocimiento de la asamblea el otro punto de acuerdo relativo al paso por territorio mexicano del terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al paso por territorio mexicano del presunto terrorista Luis Posada Carriles, dirigida a los Secretarios de la Mesa Directiva.
"La Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 párrafo uno inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como por el artículo décimo cuarto del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación hace suya la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la SEGOB y a la PGR que investiguen las circunstancias en que ingresó en territorio mexicano el terrorista de origen venezolano Luis Posada Carriles, presentada por el diputado Jorge Martínez Ramos, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, cuyo original se anexa al presente.
"Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente
"Punto de Acuerdo:
"Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su preocupación por el paso del presunto terrorista Luis Posada Carriles por el territorio nacional y solicita al Instituto Nacional de Inmigración, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República que investigue en los hechos, finque las responsabilidades conducentes y expliquen las circunstancias en que ingresó al suelo mexicano.
"Palacio Legislativo, 18 de abril de 2005".
Por la Junta de Coordinación Política el diputado José González Morfín, Presidente, con la firma; del diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; del diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; del diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; del diputado Alejandro González Yánez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y del diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Someta a votación económica el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Entonces está aprobada. Comuníquese.
Continuamos con dictámenes a discusión.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se le dispensa la lectura.
Antes de dar el uso de la palabra a la diputada Magdalena Adriana González Furlong para fundamentar el dictamen, esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a los profesores y estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Epilzapotla del municipio de Puente de Ixtla estado de Morelos, invitados por la diputada Rosalina Mazari.
(Aplausos)
También lo hacemos con los jóvenes estudiantes de Derecho de la Universidad Xochicalco de Tijuana, invitados por los diputados Ruth Hernández y Manuel González.
¡Sean Bienvenidos!
(Aplausos)
Tiene la palabra la diputada Adriana González Furlong hasta por diez minutos para fundamentar el dictamen.
La diputada Adriana González Furlong: Con su venia, señor Presidente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables le fue turnada para su análisis y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de las Personas con Discapacidad, remitida por la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 14 de diciembre de 2004.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral uno; dos fracción III y numeral 345 en su numeral seis fracción F, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 65, 83, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión resultó competente para conocer del asunto en cuestión, por lo que se abocó al estudio y análisis del mismo con base en los siguientes antecedentes:
1. En la LVIII Legislatura, el 4 de diciembre de 2001, la diputada Laura Pavón Jaramillo, presentó la iniciativa de Ley Nacional de las Personas con Discapacidad, la cual fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
2. De igual forma, la diputada Lorena Martínez Rodríguez, el 13 de diciembre de 2001, presentó la iniciativa de Ley Federal para la Cultura del Sordo, ambas pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3. Por otro lado, el diputado Jaime Aceves Pérez, del Partido Acción Nacional, presentó el 10 de abril de 2003 la iniciativa de Ley Federal para Personas con Discapacidad, la cual fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables igualmente.
4. El 30 de abril de 2003 fue aprobado por la Cámara de Diputados un dictamen con proyecto de decreto que crea la Ley Federal para las Personas con Discapacidad; dicho proyecto fue remitido para sus efectos constitucionales a la Colegisladora, la cual la recibió esa misma fecha turnándola a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y dictaminación correspondiente.
5. El 16 de marzo de 2004 fue presentada en Sesión Ordinaria del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del senador Rubén Zarazúa Rocha, del grupo parlamentario del PRI.
En la misma sesión, el senador Adalberto Madero Quiroga, integrante del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa con proyecto de Ley para la Protección de las Personas con Discapacidad.
Y el 30 de marzo de 2004 la senadora Leticia Burgos Ochoa, integrante del grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa con proyecto de Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad.
6. El nueve de diciembre de 2004, el Pleno Senatorial aprobó el dictamen de Ley General de las Personas con Discapacidad, turnando la minuta ese mismo día a la Cámara de Diputados.
7. El 14 de diciembre de 2004, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados turnó la mencionada minuta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su correspondiente análisis y dictamen.
En la reunión plenaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta Legislatura, celebrado el 16 de marzo de 2005, los diputados integrantes de esta Comisión, Omar Ortega Álvarez, Francisco Javier Bravo Carbajal y Alfonso Moreno Morán, presentaron sus respectivos anteproyectos de dictamen instruyendo a la Secretaría Técnica de la Comisión, elaborara un dictamen único con las tres propuestas antes mencionadas, a efecto de hacerlo llegar a los diputados para recibir sus observaciones del mismo.
10. Con fecha 31 de marzo de 2005, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables convocó a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema de la discapacidad, a efecto de que expresaran sus inquietudes hacia una nueva Ley General de las Personas con Discapacidad en México.
11. Con fecha 31 de marzo de 2005, se reunió la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y en presencia de las organizaciones antes señaladas aprobamos el presente dictamen.
Consideraciones:
1. Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se revela que aproximadamente alrededor del 10% de la población mexicana vive algún tipo de discapacidad.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, concluyó que la población con discapacidad se encuentra integrada por un 44.9% que presenta limitaciones relacionadas con brazos o piernas; 28.6 es invidente o sólo percibe sombras; 16.5 es sorda o escucha con ayuda de algún aparato; 14.6 tiene algún retraso o deficiencia mental y el 4.5 es muda.
2. Que las causas de la discapacidad se dividen en un 31.6 que adquirió esta condición derivada de alguna enfermedad; el 22.7 como consecuencias de problemas relacionados con la edad avanzada, el 14.9 nació con ellas, un 17.7 como resultado de algún accidente, este es un dato muy importante y 1.9 debido a otras causas.
3.- Que muchas de las personas con discapacidad han sufrido marginación, discriminación, falta de oportunidades y accesibilidad con una serie de necesidades específicas, por lo que demanda que juntos, legisladores, sociedad y gobierno, impulsemos un marco normativo y políticas públicas, que hagan un reconocimiento a la importancia que tiene las personas discapacitadas, impulsen su desarrollo e integración plena, así como para contribuir a su dignificación.
4.- Que en esta Legislatura, quienes formamos parte de ella, tenemos la obligación y compromiso de aprobar una ley, que habrá de beneficiar a millones de mexicanas y mexicanos que viven con algún tipo de discapacidad, en materia como educación, salud, desarrollo social, accesibilidad, trabajo, capacitación laboral, deporte paraolímpico, entre otras muchas.
Es verdaderamente, señores, una oportunidad histórica de culminar un esfuerzo que comenzó hace más de una década y que inició en los 90s., en los que impulsaron las primeras reformas al Código Civil, siguiendo posteriormente con reformas a la Ley General de Educación, Ley Aduanera, Ley General de Salud, entre otras muchas.
El dictamen con proyecto de ley por el que solicitamos su voto aprobatorio, contempla entre otros aspectos, la creación del Banco Nacional de Prótesis y Ortésis, la creación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, en que la sociedad civil, el gobierno federal, estatal y municipal, impulse mejores políticas públicas.
Finalmente, deseo destacar que en un momento en que vivimos desencuentros, es posible que en temas como éste, logremos los acuerdos y consensos necesarios a favor de los grupos vulnerables en nuestro país, confío, señores, plenamente que esto nos pueda retomar el camino de la sana armonía y convivencia política, para ver todos por el bien común de la población, que es y debe ser, al final de cuentas, el objeto y fin de nuestros esfuerzos.
Confiamos plenamente en que su voto hacia la Ley General de las Personas con Discapacidad, sea a favor. Muchas gracias. Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias diputada.
Esta Presidente tiene registrados para fijar posiciones, a los siguientes diputados
Juan Fernando Perdomo Bueno
Leonardo Alvarez Romo
Omar Ortega Alvarez
Virginia Ileana Baeza Estrella
Francisco Javier Bravo Carvajal
Laura Elena Martínez Rivera
Tiene la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno del Partido Convergencia.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Gracias diputado Presidente.
Compañeras y compañeros.
En esta mañana de este jueves me parece que debemos de celebrar todos los aquí presentes, y ojalá los medios hagan eco de esto, los acuerdos a que ha llegado la Cámara de Diputados. Verdaderamente tenemos el día de hoy una demostración clara que los partidos políticos si podemos llegar a acuerdos y que en la mañana hemos votado por la justicia, por la equidad, por la dignidad, por el respeto y por la no discriminación, particularmente por la Ley General de Personas con Discapacidad que estoy seguro, todos votaremos a favor.
Los discapacitados, las personas con discapacidad, las personas con capacidades diferentes, como tantas formas se les llama, no son personas enfermas, son personas que por diferentes razones, más bien circunstanciales, han dejado de tener el funcionamiento adecuado, algún órgano, algún sentido.
Podrán carecer de alguna habilidad, pero hay muchas personas que sin carecer de esa habilidad, están tristemente más discapacitados, por mentes enfermas, llenas e maldad, faltas de solidaridad, y por supuesto por la discriminación.
Ya en un evento anterior, votamos por unanimidad, todas las diputadas y diputados, que se de prioridad a las personas con discapacidad en los programas de la Secretaría de Desarrollo Social.
Ojalá todo esto que estamos votando no quede en letra muerta, ojalá que basados en la Ley General de Desarrollo Social que también tiene una en prensa en relación con esta Ley que votaremos, se cuente y se dé cuenta de la información de las personas con discapacidad que están siendo atendidos por estos programas, ojalá que en la base también de la Ley al Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que también votamos todos, por unanimidad, se dé el respaldo a las asociaciones civiles de personas con discapacidad.
Creo que es muy importante que hoy que hablamos de oportunidad en el trabajo , oportunidad en la capacitación, en la educación, en el transporte, en la infraestructura, en las facilidades del desarrollo urbano, ojalá que también estemos de acuerdo que a la hora de reglamentar esta Ley, se considere la opinión de las personas con discapacidad.
Muchas veces votamos y hacemos reglamentos, sin considerar quienes serán los beneficiados o los perjudicados. En muchos lugares del país vemos también como Alcaldes o Gobernadores han intentado modificar la infraestructura urbana para dar facilidades a las personas con discapacidad y sin embargo, precisamente en las rampas por donde circulan las personas sencillas de ruedas o las personas que tienen dificultad para caminar, precisamente en esas esquinas hay un poste de luz o de teléfono, o una cabina telefónica que precisamente a una persona invidente le provocaría un accidente. Tenemos que hacer las cosas bien hechas.
Yo quisiera que a la hora de que se reglamente esta Ley, pudiéramos contar que a través de un equipo interdisciplinario se establezca ahí la certificación de personas con discapacidad por parte de la Secretaría de Salud, un instrumento que no solamente dejaría claro quién sí tiene una discapacidad y quién no, sino que serviría para crear un Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
Se podría saber con precisión más acertada, cuántos discapacitados existen en México, se establecería la valoración y la calificación de la presunta discapacidad, determinando su tipo y su grado, se establecería una orientación terapéutica determinando las necesidades, aptitudes y posibilidades de recuperación, así como el seguimiento o evaluación de estas personas.
Se podrían certificar necesidades socioeconómicas que tienen las personas con discapacidad para la mejor dirección de apoyos o recursos, se podrían conocer las posibilidades de integración educativa de las personas con discapacidad y su integración laboral.
Considero que es importante y en este momento también, hago un llamado al Gobierno Federal y a los Gobiernos Estatales a que se logre emitir a través del DIP, una credencial que acredite e identifique a las personas con discapacidad, que les sirva realmente como instrumento que los identifique plenamente, les permita obtención de descuentos en medicamentos, comestibles, ropa, transporte y otros productos y servicios y que les favorezca también, para la contratación inmediata en empresas privadas y públicas, lo cual sería muy interesante.
Y, finalmente, exhorto también al Gobierno Federal y a Gobiernos Estatales, a que se obliguen a dar un servicio médico a aquellas personas con discapacidad, que no cuentan con la protección de un sistema de seguridad social
Para finalizar, Convergencia votará a favor de esta Ley, porque estamos convencidos que la no discriminación plasmada en nuestra Constitución, es algo que deberemos de refrendar todos los días y en todo momento, el respeto de personas que hacen un mayor esfuerzo y que siempre, siempre son un gran ejemplo para personas que presumen de no tener una discapacidad.
Es cuanto, Diputado Presidente. (aplausos)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor Diputado
Para continuar, tiene el uso de la palabra el señor Diputado Leonardo Alvarez Romo , del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Leonardo Alvarez Romo: Con su venia, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Las personas con capacidades diferentes son un sector vulnerable por sus involuntarias limitaciones y por la marginación impuesta injustamente por la sociedad, que por falta de conciencia y de sensibilidad espiritual los margina.
Muchas veces a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y de las relaciones sociales normales; se les ingresa innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transportes debido a sus limitaciones físicas, pero por nuestra falta de consideración en los diseños, en los proyectos y en las políticas, enfrentan diariamente diversos problemas y conflictos que minan su calidad de vida a pesar de que en su mayoría tan solo tienen limitaciones físicas, no espirituales ni intelectuales.
Muchas veces nos enfrentamos a una vergonzosa realidad en la que los discapacitados no se les ve como personas, como sujetos con derechos al igual que todos nosotros, sino como una carga para las familias y la sociedad.
Hace tan solo algunas décadas, las personas con discapacidad solían ser ciudadanos prácticamente invisibles e ignorados en muchas sociedades, sin embargo, esta visión afortunadamente ha cambiado y hoy en día el debate sobre los derechos de las personas con discapacidad no tiene que ver tanto con el disfrute de derechos específicos, como con garantizar a las personas con discapacidad el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación.
Ver a la persona con discapacidad como un igual, supone darle acceso el beneficio pleno de las libertades fundamentales que la mayoría de las personas dan por sentadas y es preciso hacerlo de forma respetuosa y sensible a su diferencia, por consiguiente, la no discriminación y el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad, debe de ser uno de los temas predominantes en la agenda política de México.
El proceso de garantizar que nuestras hermanas y hermanos con discapacidad disfruten de sus derechos humanos avanza con lentitud y de manera irregular, pero está en marcha y un claro ejemplo es el motivo que nos reúne hoy: la pronta aprobación de la minuta de Ley General de las Personas con Discapacidad. ¡Bravo por esta soberanía y no sólo por esta ley, sino por el Fideicomiso de los Trabajadores Migratorios!
Esperamos que los medios de comunicación manden la nota, el mensaje, prontamente a la gente, pues esto demuestra que sí estamos trabajando por México y contribuye a limpiar y tranquilizar el ambiente político.
Para el Partido Verde es un placer y un orgullo apoyar el proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad. Las y los legisladores tenemos el privilegio y la oportunidad de avanzar en el camino y hacernos copartícipes en la construcción de una sociedad que respeta la diferencia y lucha por la igualdad de condiciones y oportunidades para todos sus habitantes.
El valor de la solidaridad se basa en el reconocimiento de que existen lazos espirituales y obligaciones sociales mutuas entre los seres humanos, por el hecho de ser miembros de la misma comunidad planetaria y territorial. Uno de esos lazos tiene que ver con la posibilidad de que todos los ciudadanos de México participen en todos los procesos generales de la sociedad. Nuestra tarea ha sido sacar adelante este proyecto y cambiar la contradicción entre los valores que se profesan a favor de las personas con discapacidad y la falta de aplicación real de las políticas y acciones congruentes. Por eso se vale decir: ¡Misión cumplida!
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Omar Ortega Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Omar Ortega Alvarez: Con su permiso, señor Presidente.
Honorable Asamblea:
No podemos hablar de democracia cuando un gran número de mexicanos y mexicanas, tienen ausencia de equidad, de justicia social, de integración, de dignidad y accesibilidad.
Aun cuando la cultura de respeto y reconocimiento a los derechos humanos se encuentra en pleno fortalecimiento, debemos ubicar que todavía hay espacios en el ámbito educativo, laboral, urbano y deportivo, entre otros, en donde la exclusión, la desigualdad, la inequidad, se manifiesta en actitudes de intolerancia, incomprensión, falta de reconocimiento y aceptación a la pluralidad y a la diferencia.
La discapacidad es una condición humana que implica una manera diferente de vivir, pero no le resta a las personas su talento, su capacidad, su anhelo y su derecho a contar con una vida productiva y digna.
Las personas con discapacidad conforman uno de los grupos de atención prioritaria que requiere de programas y apoyos que respondan a sus necesidades, a la construcción de espacios y oportunidades que generen su inclusión, formación, participación y disfrute de mejoras en sus condiciones sociales y económicas.
Las diputadas y diputados del Partido de la Revolución Democrática, votaremos a favor de esta Minuta de ley por donde se le da vida a la Ley General de las personas con discapacidad, por las siguientes
CONSIDERACIONES
La Ley contiene un conjunto de preceptos que de ser adecuadamente aplicados acortará la enorme brecha de injusticia social que hasta el momento ha privado a lo largo y ancho de la nación, hacia las personas con discapacidad, expresada esta exclusión en desempleo, pobreza, analfabetismo y una enorme marginación.
La injusticia acompaña a las personas con discapacidad desde que nacen y hasta su muerte, les lacera de manera tal y tan dolorosa, que se le cierran las puertas de cualquier empresa al momento de solicitar empleos y en caso de que lo tengan, son insignificantes y de muy poca remuneración.
Con esta ley, el Estado estará obligado a asumir su responsabilidad en esta materia, ya no sólo dependerá de las voluntades unilaterales que tengan en políticas públicas o de impacto social.
Se acabará la improvisación de los gobernantes porque esta ley sí es bien aplicada promueve políticas públicas de estado, ajenas a las filosofías de gobierno en turno; podemos afirmar que las personas con discapacidad deben de estar muy tranquilas, porque van a dejar de ser sujetos políticos a cuestiones filantrópicas de ahora o a cuestiones paternalistas del pasado.
La ley general de las personas con discapacidad permitirá a las organizaciones sociales de personas con discapacidad, cogobernar en un Consejo Nacional, tendrán voz y voto y esto hay que decirlo, fue una propuesta del Partido de la Revolución Democrática, bajo el principio de que las organizaciones han sido el motor del movimiento y que de no haber sido por esto, los pocos avances o nulos avances anteriores, no se hubieran dado y estaríamos aún en la concepción de la discapacidad.
En el Partido de la Revolución Democrática reconocemos el aporte de las organizaciones sociales democráticas que han impulsado esta iniciativa de ley, que han propuesto planes y programas en las diferentes instancias y niveles de gobierno, las reconocemos y agradecemos públicamente su confianza, les reconocemos y agradecemos públicamente, nuevamente su confianza, a todos ellos les refrendamos el compromiso de legislar en esta materia para consolidar el marco jurídico que propicie su integración plena.
Votaremos a favor, porque con él se ponen los cimientos para que un proyecto alternativo de nación, para que éste tenga viabilidad en el futuro inmediato con las personas con discapacidad, proyecto nacional en el que las políticas de estado deberán tener por objeto la equiparación de oportunidades, la igualdad, la dignidad y justicia social y todas y todos los mexicanos serán iguales, sin distinción, sin discriminación.
La ley así lo promueve, porque en el Partido de la Revolución Democrática tenemos claro que una verdadera estrategia de Estado pasa por la firma de un pacto social, en el que todos los actores de manera organizada y coordinada atendamos las causas que generan y agudizan la discapacidad. Es el principio del nuevo estado social y democrático que promovemos en el Partido de la Revolución Democrática.
La ley expresa la voluntada política de los partidos representados en este Congreso, porque es un gran acuerdo para transformar a México y no quedarnos tan sólo con el maquillaje político y fácil de los falsos cambios. Esta será una ley de transición que producirá, si es adecuadamente aplicada, importantes transformaciones en el marco jurídico nacional y en las instituciones del Estado y sus políticas públicas y sobre todo, en la cultura de las y los mexicanos que atenderán a la discapacidad como un asunto social y no de calidad, filantropía y de salud pública.
Con esta Ley General de las Personas con Discapacidad, el Partido de la Revolución Democrática se presenta ante la sociedad como un partido político, con iniciativa, propositivo, un partido que ha sido una oposición responsable, en el que siempre el tema de la discapacidad ha estado siempre en su agenda legislativa.
El PRD, no ha variado su postura en este tema tan importante, votaremos a favor, porque el dictamen es producto de una iniciativa de nuestros senadores en el grupo parlamentario, porque la Comisión que encabeza la diputada Leticia Burgos Ochoa, aprobó también esta propuesta; votaremos en pro del dictamen, porque aspiramos a que el país, las personas con discapacidad, puedan gozar de las políticas públicas que se enuncia en la ley, que como lo demuestra las administraciones locales y municipales gobernadas por el PRD, se promueve la solidaridad, la fraternidad y justicia del Estado, con este importante sector.
En el marco de la Ley General de las Personas con Discapacidad, nos mantendremos atentos a las partidas que el Ejecutivo Federal proponga a los programas de atención al sector. De no encontrarse en el proyecto o de ser insuficiente, las y los diputados del Partido de la Revolución Democrática asumimos el compromiso de que la ley en términos del presupuesto público se cumplirá cabalmente.
Por todo lo anterior el Partido de la Revolución Democrática, votará en pro de esta importante Ley General, que le da validez y honra a este sector tan importante.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra la señora diputada Virginia Yliana Baeza Estrella, del Partido Acción Nacional.
La diputada Virginia Yliana Baeza Estrella: Con su permiso, señor Presidente.
La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
Compañeras y compañeros diputados:
Respetables representantes de los medios de comunicación y organizaciones:
Hoy es un día singular, porque después de tantos esfuerzos de ésta y de pasadas legislaturas, después de más de 14 años de lucha por parte de diversas y distintas organizaciones para tener un instrumento normativo que enunciara los derechos de las personas con discapacidad y más importante aún, que contemplara obligaciones puntuales para el Estado Mexicano, en la búsqueda del respeto y reconocimiento de la dignidad, de quienes representan la discapacidad, hoy se culmina con una de las etapas más importantes para expedir la Ley General de Personas con Discapacidad.
Para el Partido Acción Nacional esto tiene una significancia especial, porque centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política y porque busca que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia, conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común.
El PAN tiene establecido en sus principios toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser rechazada, corregida y en su caso, sancionada; pero también no puedo dejar de mencionar que en el PAN nos sentimos satisfechos porque en la pasada Legislatura, el diputado Aceves Pérez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa de Ley Federal para las Personas con Discapacidad, misma que fue dictaminada y aprobada en esta Cámara y enviada al Senado de la República, de tal forma que el proyecto que estamos dictaminando coincide ampliamente con la iniciativa panista.
Por otro lado, nos resulta grato decir que por parte de la presente administración federal se han logrado significativos avances, mismos que con la entrada en vigor de esta ley, se le estaría dando permanencia y obligatoriedad, independientemente de la voluntad de los gobernantes, al establecer como una de las facultades del Ejecutivo Federal en materia de esta ley, establecer la política de Estado, acorde a las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de personas con discapacidad.
La administración del Presidente Vicente Fox, se dio a la tarea de instrumentar el Programa Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 2001-2006, que instaura en el país una política especial de carácter integral para la atención, promoción e integración social de las personas con discapacidad a la dinámica del acontecer general de la Nación.
Es así que esta ley dará certidumbre a la elaboración del programa nacional en la materia al establecerse en el artículo 28 que corresponde a los órganos de los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, participar en la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad.
Esto representa sin duda un avance significativo, ya que como todos sabemos, la discapacidad, hasta hace poco, había sido un tema marginal en la planeación de las acciones de gobierno y sólo en algunas ocasiones se instrumentaban programas de corto tiempo y de limitado alcance.
Otra de las importantes facultades conferidas al Ejecutivo Federal, es el de proponer en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas federales dirigidos a las personas con discapacidad, lo cual generará un mayor impacto al tener certidumbre de los recursos, programas y población beneficiaria.
Para el PAN esto es motivo de gran satisfacción, dado que fue a partir de esta administración del Presidente Vicente Fox, cuando por primera vez el Poder Ejecutivo Federal comenzó a estimar en la exposición de motivos el Presupuesto de Egresos, los recursos federales con incidencia en grupos especiales de población, como son las personas con discapacidad.
Por otra parte, este proyecto de nueva ley permitirá avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestro país, al dotar de disposiciones normativas de las instituciones y procedimientos específicos para dar cumplimiento a tales convenciones, como la de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra las personas con discapacidad.
Termino mi intervención no sin antes mencionar que nadie de nosotros está exento de vivir directa o indirectamente de la presencia de la discapacidad, por lo que debemos de sensibilizarnos con esta causa.
Hoy más que nunca debemos estar conscientes que la discapacidad trasciende al individuo que la padece; implica a sus familias y que esa igualdad real a la que todos los seres humanos aspiramos, no podrá ser posible sin un apoyo sostenible por parte de las instituciones gubernamentales, el involucramiento de la familia en las propuestas de solución, sobre todo de la sociedad civil.
Por ello, quiero referirme a las organizaciones sociales que luchan por la inclusión de las personas con discapacidad y muy especialmente a sus familias, para decirles que esa ley que hoy se aprueba, no podrá ser realmente vigente sino existe una efectiva participación de su parte; que exijan y contribuyan para su cumplimiento.
El proyecto de ley que nos ocupa si bien es perfectible, representa un importante adelanto al establecer un amplio número de acciones para garantizar los derechos enunciados en la ley, como el derecho a la salud, al trabajo, a la capacitación, a la educación, a la asistencia social, al deporte, la cultura, la seguridad jurídica y para que cuenten con las facilidades arquitectónicas de desarrollo urbano, de vivienda, de transporte público y en las comunicaciones.
Por ello, el Partido Acción Nacional votará a favor de esta ley y exhortamos a todas y todos los legisladores, a votar en el mismo sentido, pues sólo así asumiremos cabalmente nuestra ineludible responsabilidad de la inclusión de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Antes de conceder el uso de la palabra a los siguientes dos oradores, esta mesa directiva quiere saludar al Senador Adalberto Madero Quiroga; al diputado a la LVIII Legislatura, Enrique Villa Preciado; al diputado a la LVIII Legislatura Jaime Aceves Pérez; como también al grupo de estudiantes del Colegio de Bachilleres del CEVETA número 115 del municipio de Colón, invitados por el diputado federal José Alfonso Muñoz Muñoz.
También al grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho del segundo semestre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, invitados por el diputado Alfredo Bejos Nicolás (?):; los alumnos de la Universidad Latinoamericana, de la licenciatura de derecho, invitados por el diputado Miguel Toscano Velasco y a los integrantes del parque acuático, de parte del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, invitados por el diputado Roberto Pedraza, que vinieron a acompañarnos en esta importante discusión de una iniciativa que interesa a todos los mexicanos.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.
El diputado Francisco Javier Bravo Carvajal: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros.
Hoy subo a esta tribuna para hablar sobre la Ley General de las Personas con Discapacidad, ésta expresa los derechos mínimos necesarios que cerca de diez de mexicanas y mexicanos necesitan para vivir en un entorno de verdadera igualdad.
Este número de beneficiados se puede cuadruplicar cuando nos referimos al ambiente en el que desarrollan sus actividades y en el que intervienen directamente sus familias.
En este sitio, la máxima tribuna del país en el que ahora hablo, hemos debatido sobre casi todos los temas, buscando siempre el beneficio de nuestros representados; hemos debatido sobre la democracia, la equidad, la justicia social, las oportunidades, el respeto, etc., todos estos elementos dan forma –junto a otros conceptos más- a la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual ha sido analizada y lo que es mejor, apoyada de manera unánime por los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el que se ha significado por impulsar el tema desde 1990.
Y también, porque reconocemos esta gran oportunidad para dar verdadera respuesta a personas que son diferentes, como lo somos todos, pero que necesitan un marco legal que garantice su bienestar. Este es un momento clave no para nosotros los políticos, es clave para todas esas personas que día a día vencen adversidades y luchan para salir adelante con los ideales y el empuje que demuestran cada vez que los vemos recorrer las calles, viajar en un transporte público, solicitar un trabajo, ser padres o madres de familia, estudiantes o tantas otras actividades que nosotros podemos desarrollar sin complicaciones y que ellos con un sinnúmero de obstáculos, consiguen resultados favorables a base de un mayor esfuerzo.
La Ley General de las Personas con Discapacidad, cumple con las expectativas para asegurar las condiciones que deben existir en el establecimiento de una política de Estado en la materia y nosotros podemos crear esas condiciones con la unidad de un Congreso plural, divergente de ideas pero convergente cuando se trata de legislar para crear beneficios a la sociedad mexicana y a los grupos vulnerables.
Como es éste el caso, a las personas con discapacidad en la que sin lugar a dudas apoyaremos con esta decisión apoyando generar un mayor reconocimiento y espacio ante la sociedad.
Con la aprobación de esta ley, comenzamos con instituir lineamientos como el hecho de establecer la facultad de que el Gobierno Federal incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación el correspondiente a los programas de discapacidad. Esto es una base sólida para el futuro.
En la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables desarrollamos diversos foros que nos permitieron escuchar las voces de quienes viven y sienten los obstáculos. Destaco que fue grato ver la participación de la sociedad en su conjunto, y logramos una interacción de manera dinámica por lo que podemos saber que nuestro trabajo fue legitimado y jerarquizado con los temas trascendentales para su vida diaria, mismos que tal vez para nosotros tenían el mismo valor que los demás.
Esta ley delinea los términos en materia de discapacidad mediante los principios de equidad, justicia social, equiparación de oportunidades, reconocimiento de las diferencias, dignidad, integración, respeto y accesibilidad, además de prever el desarrollo de un banco de prótesis, ortesis y ayudas técnicas en la Federación, y en las entidades locales, la creación del Centro de Asistencia Social y la emisión de una clasificación nacional de discapacidades.
Además, uno de los temas que más ha generado expectación, es el del programa nacional de trabajo y capacitación para las personas con discapacidad, aspecto que propiciará una mayor integración a la sociedad, mejoramiento de su economía y la posibilidad de accesar a otra calidad de vida.
Además sobre todo, es importante el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad que refuerzan las acciones de promoción, apoyo, fomento, evaluaciones, estrategias y programas en la materia.
Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, esta ley cumple uno de los compromisos que adquirimos con la sociedad, mismo que se traslada a la totalidad de nuestro congreso porque juntos debemos ser congruentes con nuestros objetivos primordiales, los cuales se fundamentan en la creación de leyes que beneficien a nuestra sociedad, leyes encaminadas siempre a eliminar barreras y rezagos por diferencia de clases, ideologías y, en este caso, limitaciones físicas.
Que no se nos olvide, compañeras y compañeros: todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputado. Para terminar la discusión en lo general, tiene el uso de la palabra la diputada Laura Elena Martínez Rivera.
La diputada Laura Elena Martínez Rivera: Honorable Cámara de Diputados: vengo a esta tribuna con el alto honor de compartir con ustedes la posición del grupo parlamentario del PRI para hacer un reconocimiento a los millones de mexicanos que sufren alguna discapacidad, a sus familias y a organizaciones de la sociedad civil que, con amor y solidaridad, apoyan la lucha de este sector de mexicanos cotidianamente.
En México más de 10 millones de mexicanos enfrentan, por diversas causas, el difícil reto de superar las limitaciones a que obliga una discapacidad física, intelectual, mental o sensorial.
Se estima que cada año se suman 85 mil nuevos casos de personas con alguna discapacidad y que sus causas principales son las enfermedades, problemas congénitos, los accidentes, riesgos de trabajo y que 35 por ciento de la población con discapacidad no recibe atención médica.
Más del 95 por ciento no cuenta con un empleo, el 3 por ciento alcanza algún nivel de estudio y el 82 por ciento dependen de familiares y amigos. 4 por ciento viven en la mendicidad y el 90 por ciento requiere de algún tipo de ayuda técnica y solamente el 8 por ciento practica algún deporte.
Aquí la fracción parlamentaria del PRI quiere hacer un reconocimiento a los destacados deportistas paralímpicos, ejemplos nacionales e internacionales de fortaleza y superación.
Lejos de la frialdad de las cifras estadísticas y que son muy importantes para el diseño de una política de Estado y de políticas públicas que sean congruentes con las recomendaciones internacionales que México ha suscrito en convenios y tratados, es necesario revisar la realidad de millones de familias y de las personas con discapacidad que en todo el país enfrentan amplias limitaciones, desde la ausencia de servicios públicos especializados de salud, rehabilitación, educación, empleo, cultura y deporte, hasta severas limitaciones de movilidad y accesibilidad porque la infraestructura pública y de servicios no cumple con las mínimas especificaciones para que estas personas puedan desplazarse y hacer su vida con oportunidades de integración como el resto de la población, en condiciones de equidad y de igualdad.
Vivir una discapacidad representa un reto de superación del espíritu humano, tanto para la persona discapacitada, su familia y miles de madres que en muchos casos solas, con amor y entrega, sacan adelante a sus hijos.
Una de las prioridades de la agenda legislativa del Partido Revolucionario Institucional con la sociedad es el compromiso y el trabajo con sensibilidad para atender a este amplio sector de la sociedad y lograr que accedan y se inserten más rápidamente al desarrollo y bienestar como la atención médica, la rehabilitación, ayudas técnicas, medicamentos o tratamientos que pueden ser por largos períodos o por toda la vida, considerando que millones de personas sufren las consecuencias de no contar con la seguridad social, recursos económicos o empleo para lograr una vida con desarrollo y bienestar.
Si hablamos de las opciones de desarrollo y bienestar para estas personas, tenemos que abrir los ojos a la discriminación y a la marginación, que son reales. Miles buscan un empleo toda su vida y jamás lo encuentran, ya no sólo por sus justificadas carencias de preparación y educación sino porque la Ley Federal del Trabajo y los sectores productivos del país tienen históricamente que atravesar un proceso en que se comprenda que las limitaciones de cualquier persona con discapacidad no son justificación para negarles las oportunidades de empleo y porque culturalmente tenemos que combatir actitudes sesgadas por los estereotipos o falta de información.
Todos debemos contribuir para combatir este flagelo de los grupos sociales vulnerables y tener claro que cuando se les brinde la oportunidad, las personas con discapacidad demuestran ser aptas, capaces y responsables para desarrollarse en cualquier espacio.
Los rezagos son evidentes, complejos, múltiples y profundos, pero es muy importante hacer las siguiente reflexiones:
Cumplir con las expectativas de los mexicanos con discapacidad no se resuelve con el simple hecho de aprobar una ley, se resuelve en la medida de que exista la voluntad política de que se cumpla y se aplique como todos esperamos.
Para ello los diputados y diputadas de esta Honorable Cámara de Diputados, habremos de revisar y modificar en su caso, el presupuesto para sustentar el avance legislativo que hoy nos congratula presenciar.
Se reconoce en los últimos años la ausencia de una política de Estado que dirija el rumbo en materia de discapacidad para propiciar el desarrollo y la integración de las personas, un vacío de voluntad política, conocimientos y medios para resolver los problemas.
También reconocemos políticas populistas que sólo contribuyen a profundizar los rezagos.
Por ello hoy nos congratulamos porque hoy entregamos a la nación y a millones de personas, las herramientas jurídicas que estamos seguros serán en definitiva las bases que permitirán la solución gradual de los problemas de esta sensible población.
Yo solamente destaco la participación de decenas de organizaciones sociales, de padres de familia, de profesionales, académicos, funcionaros y especialistas de todo el país. A ellos los diputados les expresamos nuestro más alto reconocimiento y felicitación.
No quiero dejar pasar la participación de destacados políticos de mi partido, el Revolucionario Institucional, que participaron directamente en este largo proceso de cerca de once años: a Luis Donaldo Colosio, a Miguel Osorio Marbán, que es paz descansen, quienes presentaron el primer proyecto de esta ley en la LV Legislatura; al senador Rubén Zarazúa Rocha, del Senado; a las diputadas Beatriz Paredes, Laura Pavón, Lorena Martínez, quienes hicieron también lo propio en la LVIII Legislatura; a los senadores Georgina Trujillo y Carlos Rojas. A todos estos actores, nuestro reconocimiento.
Gracias por escucharme.
(Aplausos)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada.
Se ha agotado la lista de oradores y esta Presidencia no tiene reservado algún artículo en lo particular, por lo cual se considera suficientemente discutido tanto en lo general como en lo particular.
Se ruega a la Secretaría, en consecuencia, proceda a ordenar se abra el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos a fin de proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal en lo genera y en lo particular en un solo acto.
(Se abre el sistema electrónico de votación para recoger la misma y el Presidente dice):
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de jóvenes del estado de Guerrero, invitados por el señor diputado Ricardo Alegre Bojórquez..
(Aplausos)
También le damos la más cordial bienvenida a un grupo de funcionarios del estado de Guanajuato, de la Representación Gratuita de la Defensoría de Oficio, encabezados por el licenciado Juan Manuel Palacios, e invitados por el señor diputado Salvador Márquez Lozornio. Sean ustedes bienvenidos.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Diputadas que registrarán su votación de viva voz. Sonido en la curul 114 de la diputada Beatriz Múgica Murga. ¿No está?
(No está)
Sonido en la curul 161 de la diputada Corella Manzanilla.
La diputada Corella Manzanilla (desde su curul): Corella Manzanilla a favor.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Presidente: Se emitieron 353 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 353 votos el proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
¡Enhorabuena!
(Aplausos)
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén en contra.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez para fundamentar el dictamen en términos del 108 del Reglamento.
El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez: "En términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer uso de la palabra para fundamentar a nombre de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, Justicia y Derechos Humanos y de Marina el dictamen a la minuta proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.
"Referirnos al derecho a la vida implica no solo hablar de un derecho humano o una garantía individual, entraña referirnos al derecho humano que es condición necesaria para que existan y se respeten los demás derechos. Es pues el derecho humano por excelencia, así podemos afirmar que el valor de la vida humana se encuentra sobre todo razonamiento a favor de la pena de muerte.
La persona humana tiene una eminente dignidad y un destino trascendente que cumplir, razón por la cual en elemental congruencia debemos, compañeros, estar a favor del presente dictamen.
Es fundamental promover el respeto a la vida humana por todos los medios, así como impulsar y fortalecer el reconocimiento o el derecho a la vida de la persona humana en todo momento y en cualesquier circunstancia. En este sentido creemos que en efecto la dignidad humana reviste una integralidad, la cual se conforma desde diversos aspectos, uno de ellos de incuestionable trascendencia es la vida, pues sin ella no puede materializarse ninguna otra.
"Por lo tanto, el derecho a la vida no solo no debe ser vulnerado sino por el contrario debe ser tutelado por el poder del Estado, llegando incluso al punto de proscribir la pena de muerte.
"La primera consideración que hicimos en las Comisiones Unidas para emitir el presente dictamen, que hoy se somete a su consideración, fue el derecho a la vida y recordando que toda persona debe ser tratada como un fin en sí misma y nunca como un medio para lograr cualquier tipo de objetivo, ya que la imposición de la pena de muerte busca lograr objetivos que van más allá de la propia persona sentenciada y así con esta primicia generar un consenso por parte del Poder Legislativo, orientado a la necesidad de suprimir la pena de muerte del Código de Justicia Militar. Este Código contempla la pena de muerte que podrá ser conmutada por la prisión extraordinaria consistente en 20 años.
"La minuta dictaminada propone eliminar la pena capital para sustituirla por la prisión de 30 a 60 años, sin que lo anterior signifique una afectación o deterioro de la disciplina militar.
"Como diría el Maestro Luigi Ferrajonni: La fantasía humana no ha tenido limites ni frenos en inventar las formas más feroces de la pena de muerte y aplicarlas incluso a las infracciones en ocasiones leves.
El Código referido, considera la pena de muerte para determinados delitos graves, sin embargo, desde el 9 de Agosto de 61 esta no se ha ejecutado, en razón de que el Ejecutivo Federal invariablemente ha conmutado la pena capital por prisión extraordinaria.
Las Naciones Unidas, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, prescriben que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, así como que nadie será sometido a tortura o a tratos crueles , inhumanos y degradantes.
Nuestro país, a suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, en donde la tendencia es claramente abolicionista. No podemos tampoco pasar desapercibido, que los aspectos de la pena de muerte son irreversibles e irreparables, sin tomar en cuenta la falibilidad de la administración de justicia, como todo lo humano, incluyendo por supuesto, el ámbito castrense, que en la ejemplaridad de la pena de muerte, no está demostrada y en cualesquier caso, es al menos, discutible y de lo que se trata con la pena de muerte, es de proteger a la sociedad de manera más eficaz o de castigar al responsable con mayor severidad, resulta suficiente la pena establecida de 30 a 60 años de prisión.
La pena de muerte es ejemplar pero no en el sentido ingenuo otorgado por sus partidarios, es ejemplar, porque enseña a derramar sangre y en ese mismo sentido, el criminólogo Perlarchau (?) ha dicho: "El homicidio y la pena de muerte no son contrarios que se neutralizan sino semejantes que se reproducen". Por ello compañeros, pido el voto aprobatorio a este Dictamen.
(aplausos)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias Diputado.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Cristina Porfirio Ayala, que va a posesionar a su grupo parlamentario.
La diputada Cristina Porfirio Ayala: Gracias señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y Diputadas.
El 15 de Diciembre del 2003, como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenté Iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código de Justicia Militar, con la finalidad de suprimir la pena de muerte del Sistema de Sanciones, que rige en la jurisdicción Penal Militar.
Las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y Defensa Nacional, consideraron conveniente sumar al Dictamen de mi propuesta, la Minuta del Senado de la República, formada con motivo de la distinta Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el día 30 de Marzo del 2004.
Como iniciadores de la Reforma, los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, nos congratulamos y nos sumamos, sin reservas, a la supresión de la pena de muerte, del Código de Justicia Militar.
La vigencia de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, constituye ya un verdadero anacronismo histórico, una barbarie contra los Derechos Humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. Indudablemente que la eliminación de la pena de muerte, integrará para la Justicia Militar, una construcción legislativa penal que es congruente en su racionalidad interna, garantizando una persecución e investigación de los delitos y los delincuentes en forma técnica, racional y con espíritu de rehabilitación.
Son embargo, disentimos del Dictamen presentado, en cuanto que propone sustituir la pena de muerte por otra privativa de la libertad que va, de un mínimo de 30 años a un máximo de 60 años de prisión.
Pretender establecer una pena privativa de la libertad de 30 a 60 años, violenta diversos principios constitucionales y de protección de los Derechos Humanos, al convertirse en una pena inusitada y trascendental que contraviene el espíritu del Artículo 22 de la Constitución Mexicana. Asimismo contradice el sentido y fin para el cual criminológicamente está establecido un sistema de penas cuyo fundamento es el Artículo 18 Constitucional que establece el concepto de la readaptación social del penado.
En todo el derecho internacional de los derechos humanos no prevé la pena de prisión perpetua o pena de cadena perpetua, lo que aquí se establece en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos e la ONU es el concepto de reinserción social del interno, que permita al penado la posibilidad de regresar a la sociedad, una vez cumplida su sentencia condenatoria de prisión.
Sin embargo, elevar una pena privativa de la libertad hasta 60 años de prisión, implica la práctica y en los hechos una verdadera cadena perpetua, recordemos que en el Código Penal Federal se establece para algunos de los delitos más abominables, penas que no rebasan los 30 a 60 años propuestos por el dictamen.
Por ejemplo, para el delito del terrorismo, se prevé el de 20 a 40 años de prisión, para el genocidio de 20 a 40 años, para la desaparición forzada de personas de 5 a 40 años y para el parricido de 10 a 40 años de prisión. Es evidente pues que constituye un exceso unitivo y discriminatorio, imponer en el Código de Justicia Militar una pena extraña incluso para la legislación castrense, y que entraña una visión equivocada de los objetivos y fines de la penología.
En cambio, la intención del conjunto de reservas en lo particular que presentaremos más adelante, consiste en suprimir la pena de muerte del Código de Justicia Militar pero sustituirla por una pena privativa de la libertad de 20 a los 40 años de prisión, que evidentemente es mucho más acorde con un sistema de sanciones de tipo humanista y rehabilitacional, para evitar una respuesta simbólica, mediática y represiva.
Por ello, solicitamos el voto de las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios a favor en lo general del presente dictamen y en lo particular de las reservas que presentamos, a efecto de que se suprima la pena de muerte del sistema de sanciones, que rigen la jurisdicción penal militar, sustituyéndola por una pena privativa de la libertad, que vaya de los 20 a los 40 años de prisión y no una privativa de la libertad de los 30 a los 60 años de prisión que se pretende en este dictamen.
Todo esto para lograr un Ejército más moderno y más acorde con la realidad de nuestro país. Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputada. Esta Presidencia no tiene registrados más oradores, luego entonces considera el tema suficientemente discutido en lo general.
Para efectos del Artículo 134 esta Presidencia anuncia que la diputada Cristina Portillo Ayala se ha reservado los Artículos 73 primer párrafo, 74, 128, 157 fracción I, 185, 203 primer párrafo, 206, 208 primer párrafo, 209 último párrafo, 210, 213 último párrafo, 219 primer párrafo, 237, 251, 252, 253 primer párrafo, 272, 274 fracciones I y III, 279 primer párrafo y fracción I, 282 fracción III, 285 fracción IX, 286, 290 último párrafo, 292, 299 fracción VII, 303 fracción III, 305 fracción II, 3ll último párrafo, 312 fracciones II y III, 313 último párrafo, 315, 318 fracción VI, 319 fracción I, 321, 323 fracción III, 338 fracción II, 356, 359, 362 primer párrafo, 363, 364 fracción IV, 376 primer párrafo, 385, 386 primer párrafo, 389, 397 primer párrafo, 398 primer y último párrafo.
Se pide a la Secretaría instruya la apertura del sistema electrónico de votación a efecto de recabar la votación nominal en lo general del proyecto que nos ocupa.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos ni impugnados.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana Campus León, invitados por el señor diputado don Marco Antonio Gama Basarte. Bienvenidos paisanos.
(Votación electrónica)
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva voz la diputada Beatriz Mojica Morga.
Diputada Beatriz Mojica Morga, a favor.
Diputado José María de la Vega Lárraga, a favor.
Señor Presidente, se emitieron 346 votos a favor, cero en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, en cuanto a los artículos no impugnados, por 346 votos.
Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, para presentar sus reservas, sus 47 reservas.
La diputada Cristina Portillo Ayala: Gracias señor Presidente.
Resulta imperativo tener en cuenta lo establecido en el artículo 22 constitucional sobre la prohibición expresa de toda pena inusitada y trascendental por ser contraria a los principios democráticos y protectores de la dignidad humana, establecidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de derechos humanos.
Es necesario considerar que en el Código Penal Federal se establece para algunos de los delitos más aborrecibles, penas que no rebasan los 30 a 60 años propuestos por el dictamen en cuestión. Por ejemplo, para el delito de terrorismo se determina de 20 a 40 años; genocidio, de 20 a 40 años; desaparición forzada de personas, de 5 a 40 años. Es evidente que constituye un exceso punitivo y discriminatorio imponer en el Código de Justicia Militar una pena extraña incluso para la legislación castrense, en todo caso la reforma al Código de Justicia Militar en materia de pena de muerte, debiera considerar la denominada pena extraordinaria vigente de hasta 20 años de prisión, que es la sanción penal militar por la cual se conmuta actualmente la pena de muerte, pues resulta contradictorio e incoherente elevar la pena de la prisión para establecerla en los hechos como una auténtica pena militar de cadena perpetua, contradiciendo incluso los propios criterios castrenses.
En todo el derecho internacional de los derechos humanos no se prevé la pena de prisión perpetua o pena de cadena perpetua, lo que sí se establece en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU es el concepto de reinserción social del interno, que permitirá a un penado de las fuerzas armadas contar con la posibilidad de regresar a la sociedad una vez cumplida su sentencia condenatoria.
Por lo antes expuesto, el grupo parlamentario del PRD consideramos que las comisiones dictaminadoras realizaron un estudio insuficiente para elevar la pena máxima en la legislación castrense, de 30 a 60 años de prisión, en este sentido es insuficiente la propuesta de dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, Defensa Nacional y Marina de esta H. Cámara de Diputados.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada.
¿Nos dejó sus reservas? ¿No?
La diputada Cristina Portillo Ayala: En un momento las traigo, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Lo que pasa es que las votaremos en este preciso instante.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes y maestros de la Comunidad de San Miguel Tlacotepec, Oaxaca, que nos visitan el día de hoy, invitados por el señor diputado don Heliodoro Díaz Escarraga.
Estamos a la espera de que nos presenten las reservas de la diputada Portillo, pero bueno, pues en estricto rigor si no entrega sus reservas, no existirían.
La diputado Cristina Portillo Ayala (desde su curul): Ya las llevan, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría, dar cuenta con las reservas de la diputada para inmediatamente después preguntarle a la asamblea si son de aceptarse, en un solo acto, las 47.
No hay de otra más que leerlas.
Gracias, señor Secretario.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
"Artículo 73.- Los Consejos de Guerra Extraordinarios son competentes para juzgar en compañía y dentro del territorio ocupado por las fuerzas que tuvieran bajo su mando, el comandante investido de la facultad de convocarlos a los responsables de delitos que tengan señalada pena de 20 a 40 años de prisión.
"Artículo 74.- Los Consejos de Guerra Extraordinarios en los buques de la Armada sí son competentes para conocer en tiempos de paz y sólo cuando la Unidad Naval se halle fuera de aguas territoriales, de los delitos sancionados con penas de: 20 a 40 años de prisión cometidos por marinos a bordo y en tiempo de guerra de los mismos delitos cometidos también a bordo por cualquier militar.
"Artículos 128.- La pena de prisión consiste en la privación de la libertad desde 16 días a 40 años, sin que este segundo término puede ser aumentado en neón (?) por causa de acumulación o de reincidencia, pues únicamente quedará sujeto a los efectos de la retención en su caso.
"Artículo 157.-
I.- Con tres años de prisión cuando el delito de ser intencional tuviera señalada pena de 20 a 40 años.
"Artículo 185.- Al sentenciado a cumplir una pena privativa de libertad de 20 a 40 años sólo se le otorgará la libertad preparatoria, cuando haya tenido buena conducta por un tiempo igual a los dos tercios de su pena.
"Artículo 203.- Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.
"Artículo 206.- A quien se introduzca en las plazas fuertes, puestos militares entre las tropas que operan en campaña, con objeto de obtener información útil al enemigo y comunicarla a éste, se le impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.
"Artículo 208.- Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión al que sin motivo justificado...
"Artículo 209.- A los promovedores se les impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.
"Artículo 210.- Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión a todo comandante de nave que valiéndose de su posición en la Armada, se apodere durante la guerra de un buque perteneciente a una nación aliada, amiga o neutral o en tiempo y de paz de cualquier otro sin motivo justificado, para ello o exija por medio de la amenaza o de la fuerza, rescate o contribución a alguno de esos buques o ejerza cualquier otro acto de piratería.
"Artículo 213.- Si al apresar una embarcación cometieren innecesariamente homicidios, lesiones graves y otras violencias o dejaren a las personas sin medios de salvarse, se les impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.
"Artículo 219.- Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión...
"Artículo 237.- El que intencionalmente altere, cambie, destruya o modifique los diarios de bitácora, navegación o desviación del compás o cronómetros o libros de cargo, estudios científicos o relativos a una navegación o que dé un falso rumbo u observaciones de situación distintas de las verdaderas, será castigado con ochos meses de prisión si no resultare daños, si resultare ésta, la pena será de tres años de prisión y se perdiera el buque se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión
"Artículo 251.- Si el medio empleado para la destrucción o devastación hubiese sido el incendio, la explosión de una mina y para ello se hubiera hecho uso de la Fuerza Armada, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión; si no hubiere usado la Fuerza Armada, la pena será de 11 años de prisión.
"Artículo 252.- Al que por medio de barrenos o abertura de una o más válvulas, produzca maliciosamente la pérdida total de un buque, se le impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.
Artículo 253. El que con intención dolosa destruya o haga destruir frente al enemigo, objetos necesarios para la defensa o el ataque o para la navegación o maniobras de un buque, todo o parte del material de guerra, aeronaves, armas, municiones, víveres o efectos de campamento o del servicio de barcos, se le impondrá pena de, 20 a 40 años de prisión.
Artículo 272. Los que desertaren frente al enemigo marchando a encontrarlo, esperándolo a la defensiva o su persecución o durante la retirada se les impondrá pena de, 20 a 40 años de prisión.
Artículo 274.
1. A los que en caso de haber cometido el delito aisladamente hubiere debido aplicársele pena de 20 a 40 años de prisión, se les impondrá ésta.
3. Al que hubiere encabezado la reunión o grupo o si fuere individuo de tropa, se le castigará con la pena de 13 años de prisión, siempre que conforme a lo prevenido en la fracción I, no debiere imponérsele pena de 20 a 40 años de prisión, pero si fuera oficial o el delito se hubiere cometido en campaña, se le aplicará en todo caso esa última pena.
Artículo 279. El que cometa violencia contra cualquiera de los individuos mencionados en el artículo anterior, será sancionado.
1. Con pena de 20 a 40 años de prisión si hiciere uso de armas.
Artículo 282.
1.- Con pena de 20 a 40 años de prisión, si estando frente al enemigo se hubiese causado daño a las tropas, embarcaciones o aeronaves.
Artículo 285.
9. Con pena de 20 a 40 años de prisión cuando se causaré la muerte del superior.
Artículo 286. La insubordinación fuera del servicio, cuando se cometa de cualquiera de las maneras previstas en los artículos anteriores, será castigada con la mitad de las penas que en ellos se establecen, pero si la insubordinación provocará la muerte del superior, se le impondrá pena de, 20 a 40 años de prisión.
Artículo 290. Si el delito de que se trata en este artículo fuera cometido sobre las armas o delante de la bandera o tropa formada durante zafarrancho de combate con armas, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.
Artículo 292. Cuando la insubordinación consistiere en vías de hecho o estuviera comprendida en el artículo 290, si se cometiera en marcha para atacar al enemigo frente a él, esperando a la defensiva, persiguiéndolo o durante la retirada, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión, sin tener en cuenta las disposiciones de los artículos 129 fracción III, 288 y 289.
Artículo 299.
7. Con pena de 20 a 40 años de prisión si resultare homicidio calificado.
Artículo 303. Cuando se efectué frente al enemigo marchando a encontrarlo, esperándolo a la defensiva, persiguiéndolo o durante la retirada se impondrá pena de, 20 a 40 años de prisión.
Artículo 305.
1.- Con pena de 20 a 40 años de prisión a todos los promovedores, instigadores o cabecillas de la sonada, de cabos en adelante y con 12 años de prisión los soldados, si el delito se cometiera en campaña.
Artículo 311. Las penas señaladas se aumentaran con un año de prisión, si el delito se cometiera en campaña, si se cometiere frente al enemigo, la pena será de 20 a 40 años de prisión.
Artículo 312.
1.- Con pena de 20 a 40 años de prisión cuando el comandante de un puesto buque que habiendo recibido orden absoluta de defenderlo a toda costa, lo abandone o no haga la defensa que se le hubiere ordenado y,
2.- Con pena de 20 a 40 años de prisión cuando el militar abandone el puesto que se hubiere señalado para defenderlo o para observar al enemigo.
Artículo 313. Las penas señaladas se aumentaran en un año de prisión, cuando el delito se cometa en campaña; si se efectuaré frente al enemigo se impondrá pena de, 20 a 40 años de prisión.
Artículo 315. El abandono de mandos se sancionará con 1 año y 6 meses de prisión en tiempo de paz, con 6 años de prisión en campaña y con 20 a 40 años de prisión, si se efectuaré frente al enemigo.
Artículo 318
6. Con pena de 20 a 40 años de prisión a los oficiales y de 12 años de prisión a los marineros, si el abandono se comete cuando el buque esté varado o acosado por el enemigo y su comandante hubiese dispuesto salvarlo o defenderlo.
Artículo 319.
1.- De 20 a 40 años de prisión si el escoltado fuere buque de la Armada o convoy o buque mercante que transporte de tropas, efectos militares, víveres, combustible, pertrechos de guerra o caudales del Estado y si por el abandono fueren apresados o destruidos por el enemigo, alguno o todos los buques.
Artículo 321. Al marino encargado de la escolta de un buque o de la conducción de un convoy que pudiendo defenderlo lo abandone, entregue o rinda al enemigo, se le impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.
Artículo 323.
1.- Con pena de 20 a 40 años de prisión si ocasione perjuicio grave en el servicio, se cometiere este delito frente al enemigo, en marcha hacia él, esperándolo a la defensiva, bajo su persecución o durante la retirada.
Artículo 338. II. "Si el delito se hubiere efectuado en campaña y con este motivo hubiere resultado grave daño al Ejército, a una parte de él, a un buque o aeronave, con pena de 20 a 40 años de prisión".
Artículo 356. "Al centinela que faltando a lo prevenido en la ordenanza no haga respetar su persona a cualquiera que sea el que intente atropellarlo, no defienda su puesto contra tropa armada o grupo de gente hasta repeler la agresión o perder la vida, se le impondrá pena de 6 meses de prisión en el primer caso y en el segundo pena de 20 a 40 años de prisión".
Artículo 359. "El centinela vigilante viola o tope que viendo que se le aproxima el enemigo no dé la voz de alarma o no haga fuego o se retire sin orden para ello, se le impondrá pena de 20 a 40 años de prisión".
Artículo 362. "Será sancionado con pena de 20 a 40 años de prisión"
Artículo 363. "Serán sancionados con pena de 11 años de prisión los marinos que faltando a la obediencia debida a sus jefes, incendiaren o destruyeren buques, edificios y otras propiedades a los promovedores y al de mayor empleo o antigüedad de los del cuerpo Militar, le será impuesta pena de 20 a 40 años de prisión".
Artículo 364. "Con pena de 20 a 40 años de prisión cuando en los casos de estas dos últimas fracciones resultare algún daño al grupo, escuadra o división o sus tripulantes o si se ocasionare la pérdida del combate".
Artículo 376. "Será sancionado con pena de 20 a 40 años de prisión".
Artículo 385. "Si de la infracción resultare la derrota de las tropas o la pérdida de un buque o aeronave estando en campaña, la pena será de 20 a 40 años de prisión".
Artículo 386. "El prisionero que vuelva a tomar las armas en contra de la Nación después de haberse comprometido bajo su palabra de honor a no hacerlo y que en estas condiciones fuere capturado, se le impondrá pena de 20 a 40 años de prisión".
Artículo 389. "Cuando se evada un prisionero que se encuentre en las condiciones que mencionan los artículos 203 fracción XX y 386, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión a quien haya auxiliado su fuga, sea o no el encargado de su custodia"
Artículo 397. "será sancionado con pena de 20 a 40 años de prisión".
Artículo 398. "El que convoque en contravención a prescripciones disciplinarias a una junta para deliberar sobre la capitulación, sufrirá por ese solo hecho la pena de destitución de empleo e inhabilitación por 10 años para servir al Ejército, pero si celebrare la junta y de ella resultare la rendición a capitulación, se le impondrá pena de 20 a 40 años de prisión. Si el voto es en pro de la capitulación indebida se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión o la de destitución, de acuerdo con lo preescrito en la fracción III del artículo 397".
Transitorios:
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las personas que antes de la entrada en vigor del presente decreto hayan cometido un delito sancionado con pena de muerte en el Código de Justicia Militar, incluyendo los procesados y sentenciados o aquellos a quienes no se haya ejecutado o tramitado la conmutación de la pena capital, se les impondrá pena de 20 años de prisión.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor Secretario.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a estudiantes y maestros de la Escuela Secundaria Técnica No. 62 de Mizantla, Veracruz., invitados por el señor diputado don Gustavo Moreno Ramos.
(Aplausos)
Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aceptarse, en votación económica, si son de aceptarse las reservas, las 47 modificaciones que en reserva ha planteado la diputada Cristina Portillo Ayala.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si son de aceptarse las 47 modificaciones presentadas por la diputada Cristina Portillo Ayala.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
La diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Gracias.
Mayoría por la negativa, diputado Presidente.
No se aceptan.
Luego entonces, instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación, para recabar la votación de los artículos 73, primer párrafo; 74, 128, 157 fracción I; 185, 203 primer párrafo; 206, 208, primer párrafo; 209 último párrafo; 210, 213, último párrafo; 219 primer párrafo; 237, 251, 252, 253 primer párrafo; 272, 274 fracciones I y III; 279, primer párrafo y fracción I; 282 fracción III; 285 fracción IX¸ 286, 290 último párrafo; 292, 299 fracción VII; 303 fracción III; 305 fracción II; 311 último párrafo; 312 fracciones II y III; 313 último párrafo; 315, 318 fracción VI; 319 fracción I; 321, 323 fracción III; 338 fracción II; 356, 359, 362 primer párrafo; 363, 364 fracción IV; 376 primer párrafo; 385, 386 primer párrafo, 389, 397 primer párrafo; 398 primer y último párrafos; en sus términos.
Esta presidencia al no tener otros oradores considera el tema suficientemente discutido.
El diputado José Angel Córdova Villalobos:
Las lesiones por accidentes constituyen a nivel mundial una de las cinco primeras causas de muerte e incapacidad, y en México 30 mil personas mueren cada año y son la primera causa de muerte entre niños y adolescentes.
Un accidente es un hecho inesperado que ocasiona graves daños a la salud, economía y productividad del país y de las personas. Uno de los principales problemas de los accidentes son las repercusiones funcionales en el individuo, pues aquél que llega a tener un accidente requiere inicialmente tratamiento médico de urgencia, en ocasiones cirugías reconstructivas, y posteriormente tratamiento de rehabilitación.
En el año 2000 hubo más de tres millones de consultas por accidentes; el 43% de ellos, a individuos con lesiones que les impiden reincorporarse a su actividad laboral antes de un año del percance. En el año del 2001, los accidentes provocaron más de 35 mil fallecimientos; de ellos, por lo menos 14,996 murieron por accidentes viales ocasionando más de 70 discapacidades y demandando más de tres millones de consultas al Sistema Nacional de Salud.
Durante el mismo período fallecieron en nuestro país 35,324 personas como consecuencia de lesiones sufridas en accidentes ocurridos en diferentes entornos.
Destacan por su frecuencia, en primer término, los accidentes viales; subsecuentemente los que se presentan en el hogar, continuando los accidentes que ocurren en las escuelas y en el trabajo.
Los accidentes se encuentran entre las primeras causas de mortalidad general y es la primera causa de muerte en preescolares, escolares e individuos en edad productiva, constituyendo la segunda causa de orfandad en el país.
Como lo mencioné anteriormente, las lesiones que producen ameritan más de tres millones de consultas en los servicios de urgencia y ocupan cerca de dos millones y medio de días-cama en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, con un costo de 63 mil millones de pesos al año.
Los accidentes de tránsito tienen un gran impacto en nuestra economía ya que cada 30 minutos hay un accidente de tránsito en el que muere una persona y desafortunadamente, muchos de ellos son jóvenes.
El alcohol, la velocidad, el estrés, los teléfonos celulares, aunados con la falta de pericia y enfermedades que limitan funcionalmente al individuo al conducir un vehículo automotor, son algunos de los factores de riesgo que contribuyen a la generación diaria de los fallecimientos, de los discapacitados, del ausentismo laboral y del aumento de los días-cama hospitalización en el Sistema Nacional de Salud.
Reitero, estos accidentes afectan principalmente a la población joven, reducen de forma considerable los años potenciales de vida vividos y representan un elevado costo sanitario y social, ya que los accidentes de tránsito repercuten en la Administración presupuestal destinada al Sector Salud.
Los accidentes de tránsito constituyen un problema de salud pública de tal gravedad, que han sido incluidos como prioritarios en todos los planes de salud de los Estados Europeos. La prevención de los accidentes de tránsito es prioritario y uno de los principales puntos, es el proceso de otorgamiento de las licencias de manejo.
Es por ello que se deben realizar convenios por parte de la Secretaría de Salud y otras autoridades competentes para determinar los exámenes psico-físicos que deberían realizar o deberán realizar todas las personas que quieran recibir una licencia de vehículo automotor.
Reformar el artículo 164 de la Ley General de Salud, tiene como propósito también realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para determinar los exámenes psico-físicos-integrales que se practicarán como requisito previo para la emisión o revalidación de las licencias de conducir, así como para establecer otras medidas de prevención de accidentes evitando que cada año 18 mil personas se sumen a las personas con discapacidad permanente.
El dictamen que hoy se presenta y que presenta la Comisión de Salud, permitirá sin duda reducir los índices de morbi-mortalidad causada por accidentes y por ello solicitamos su aprobación.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don José Angel Córdova Villalobos.
Antes de continuar con la discusión, la presidencia informa a los señores legisladores que se tiene registrado al señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a quien se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Con su venia, diputado presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
En México, al igual que en el resto de los países del mundo, los accidentes viales se han convertido en un problema de salud pública, con múltiples repercusiones sociales, económicas, de salud y psicológicas, entre muchas.
En el mundo mueren diariamente alrededor de 16 mil personas, mientras que en México son responsables de un fallecimiento cada 15 minutos.
Las lesiones que producen ameritan más de 3 millones de consultas en los servicios de urgencias y ocupan cerca de dos millones y medio de días-cama en los hospitales del sistema de salud del país.
El número de discapacitados que generan son crecientes y su repercusión social y económica resulta alarmante.
La Organización Mundial de la Salud considera que el dos por ciento de la población mundial sufre de alguna discapacidad consecuencia de las lesiones producto de eventos en accidentes.
Expertos en la materia sugieren que 9 de cada 10 accidentes pueden ser evitados y en todos ellos sus efectos adversos pueden ser atenuados.
En nuestro país el impacto en salud es evidente pues se considera, en primer lugar, como causa de muerte entre los escolares y en la población en la edad productiva. Dichos accidentes ocurren en promedio a los 37 años de edad y son la segunda causa de orfandad y la tercera de hospitalización, además de que genera pérdidas económicas por más de 63 mil millones de pesos.
Los accidentes viales son un evento muy complejo; atacar esta problemática implica atender el fenómeno desde muy diversas aristas, y han llegado a constituir todo un reto. No obstante, en los años recientes se han adoptado diversas políticas y programas que incluyen actividades muy diversas con el objetivo de lograr un mayor control de la problemática y sus costos asociados.
Es necesario señalar que corresponde a la Secretaría de Salud promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general, en términos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley General de Salud, donde se establece que la prevención y el control de accidentes es materia de salubridad general.
En este sentido, la Secretaría de Salud, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, promoverá y asesorará a los gobiernos de las entidades federativas, al través del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, para lo cual se creó el Programa de Acción Accidentes 2002 de la Secretaría de Salud.
Sin embargo, hace falta reforzar las acciones. Por ello el Partido Acción Nacional votará a favor del dictamen que se presenta a esta soberanía, porque hace falta reforzar las acciones desde el ámbito legislativo para poder atender este problema de salud pública.
De esta forma, la Secretaría de Salud pone a disposición de los organismos de licencias de las entidades federativas lineamientos fundamentados en información y estudios al alcance y desarrollados por esta dependencia federal.
Estamos seguros de que con ello se va a contribuir a fortalecer las acciones que nos permitan disminuir los accidentes viales y los consecuentes costos que éstos generan.
Además, los planteamientos en los que se fundamenta el pensamiento y la acción de nuestro partido son coincidentes con el objeto de esta iniciativa que se dictamina, pero también han sido el principio que conduce nuestra acción gubernamental desde el actual gobierno federal, en donde este tema es de especial interés.
La oportunidad que hoy tenemos de mostrar a la sociedad que, como legisladores, nos preocupamos y ocupamos de los graves problemas que nos atacan se presenta con la aprobación del presente dictamen. Votaremos a favor.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo único del Proyecto de Decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del Proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
(Votación)
Gracias.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Suficientemente discutido.
Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
(Se abre el sistema electrónico de votación para recoger la misma y el Presidente dice):
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se saluda a los alumnos de las siguientes escuelas:
Las Escuela Secundaria Roque Díaz; Escuela Preparatoria número 91; y el CBT Guillermo Menes Servín, que son escuelas ubicadas en el municipio de Xacoalpan correspondiente al Distrito 36 en el Estado de México, invitados del señor diputado don José Eduviges Nava Altamirano. Se da la bienvenida a los estudiantes.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
De viva voz, la diputada Beatriz Mójica Morga, curul 114.
La diputada Beatriz Mójica Morga (desde su curul): ¡A favor!
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias.
Señor Presidente, se emitieron en pro, 359 votos; cero en contra y cero abstenciones.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor Secretario.
Aprobado en lo general y en lo particular por 359 votos el Proyecto de Decreto que reforma el artículo 164 de la Ley General de Salud.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con Proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se le dispensa la lectura.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Angel Córdoba Villalobos, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, hasta por cinco minutos.
El diputado José Angel Córdoba Villalobos: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras diputadas; compañeros diputados
Sabemos que la Carta de las Naciones Unidas reafirma los derechos humanos fundamentales en la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de los derechos de los hombres y de las mujeres.
Por otro lado en nuestro país tenemos los progresos del sector salud que han sido determinantes para conformar las características demográficas actuales y las instituciones de salud han sido fundamentales en el propio desarrollo de México en muy diversos campos.
La relación entre la salud y el crecimiento de la población en nuestro país utilizando factores como esperanza de vida, mortalidad infantil y mortalidad materna, requieren aún de grandes progresos, ya que demuestra que la salud es un factor causal, responsable y primordial, ya que se ve la necesidad de contar con más programas acordes a las necesidades que actualmente vívenlas mujeres en la etapa de embarazo y asimismo estos tengan una verdadera eficacia.
Sabemos que son múltiples las variables que afectan a las mujeres durante el embarazo y que provocan o propician las muertes maternas.
Cabe resaltar que la toxemia del embarazo y la hemorragia durante el parto siguen siendo la causa de un gran número de muertes maternas primordialmente por la falta de acceso a los servicios de salud en muchos casos, aunque no es el único factor. Tan solo por la mortalidad materna en el 2003 hubo 1,325 de las cuales se enfatiza que por hemorragia obstétrica hubo 349, por infección puerperal 44, por edema proteinuria, trastornos hipertensivos y otros 417, entre otros.
Por otro lado, en el 2004 una mortalidad total de 1,290 defunciones en las que de igual manera 337 fueron a causa de hemorragia, 43 por infección y 406 entre otras causas.
Cabe señalar que aún cuando las estadísticas demuestren una disminución en las tasas de mortalidad materna entre 1990 y 2004 por 100 mil nacidos vivos, éstas se encuentran aún superiores a 60 muertes por 100 mil nacidos vivos, lo cual dista mucho de las 6 a 8 defunciones maternas por las mismas causas en los países desarrollados o de las 20 defunciones maternas por 100 mil nacidos vivos que se establecieron en los objetivos del milenio con la Organización Mundial de la Salud.
Y lo deplorable es que vemos aún en algunos estados en el país que la tasa es superior a 150. Como podemos observar este grupo de mujeres es vulnerable y en nuestra sociedad requieren de una atención pronta y eficaz.
Hoy en día existen más de 24 millones 700 mil mujeres en México no derechohabientes de la seguridad social y de ellas más de 1 millón 600 mil se encuentran en edad fértil y se registran un poco más de 1 millón 400 mil nacimientos al año. El 43 por ciento de los hogares que encuadran estos supuestos están dentro de los tres deciles de menor ingreso.
Hay que enfatizar que reconocemos que se han establecido diversos programas que han tenido un efecto positivo en la disminución de esta mortalidad materna. Sin embargo consideramos que para lograr los objetivos del milenio comprometidos por nuestro país los esfuerzos no son aún suficientes.
Por lo anterior, exhorto a que apoyemos este dictamen con proyecto de reforma, ya que si uno de los fines de los programas del sector salud es que toda la población tenga acceso a los servicios de salud, hay que darle prioridad a este grupo vulnerable que son las mujeres durante el periodo de gestación, exentándolas de las cuotas de recuperación las que correspondan a los tres primeros deciles de ingreso, como presenta este proyecto. De tal forma que ningún factor impida dotar de este beneficio a las mexicanas más desprotegidas para garantizar las condiciones que permitan tener un embarazo saludable, así como un parto y puerperio seguros y una atención adecuada del recién nacido.
Quisiéramos señor Presidente indicar una fe de erratas, en la cual en lugar de decir, en el artículo único: "Se reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud", diga: "Se adiciona un párrafo sexto al artículo 36 de la Ley General de Salud".
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias doctor Córdoba.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si autoriza esta modificación presentada por el doctor José Angel Córdoba Villalobos, en su calidad de Presidente de la Comisión de Salud.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Dice: "En relación al dictamen que presenta el día de hoy la Comisión de Salud publicado en la Gaceta Parlamentaria para reformar el artículo 36 de la Ley General de Salud, le solicito el siguiente cambio:
"Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud:
"Único.- Se reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud
"Debe decir: Proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 36 de la Ley General de Salud
"Unico.- Se adiciona un sexto párrafo al artículo 36 al artículo 36 de la Ley General de Salud".
Firma el diputado José Angel Córdoba Villalobos.
Está a consideración la modificación.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto, ya con la modificación presentada por el doctor Córdoba y aceptada por la Asamblea.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que han pedido el uso de la palabra el señor diputado Rafael García Tinajero Pérez, del PRD y la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del PAN, por lo que en términos reglamentarios se les concede el uso de la palabra y se cierra también el registro de oradores.
Tiene el uso de la palabra el primero de los nombrados, Rafael García Tinajero Pérez. Y esta Presidencia le da la más cordial de las bienvenidas a mujeres del municipio de Apazco, estado de México, que se encuentran en este salón.
¿Maki quiere pasar usted primero? Las damas primero.
¿No tiene usted inconveniente? Muchas gracias diputado Tinajero por su caballerosidad.
La diputada Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias Diputado Tinajero. Con su venia, señor Presidente.
Considerado como un proceso injusto y vergonzoso cuya magnitud prácticamente se ha mantenido constante en México durante la última década, la mortalidad materna e .infantil, continúan siendo un problema de salud pública de gran dimensión que impacta principalmente a las mujeres de escasos recursos , en su mayoría indígenas, no derechohabientes con bajos índices de escolaridad que residen en municipios de alta marginación y en comunidades rurales de menos de 2 mil 500 habitantes, generalmente dispersas y alejadas de las urbes.
Pobres entre los pobres, la mayoría de las indígenas cubren todas las características desventajosas, que elevan el riesgo de morir durante el proceso reproductivo. Para ellas, morir durante la concepción y la cuarentena, es tres veces más frecuente que para el resto de las mujeres del país. Cada día mueren en México 3 o 4 mujeres por factores relacionados con el embarazo.
Las principales causas clínicas por las que mueren las mujeres, son toxemia del embarazo, hemorragias, complicaciones del puerperio y aborto. Aunque existen programas como Arranque parejo en la Vida y el programa Ampliación de Cobertura PAX, estos no han sido suficientes. Estas altas tasas de mortalidad materna e infantil, son causadas por una secuencia de eventos de naturaleza socioeconómica, epidemiológica y de acceso a los programas y servicios de Salud, afectando fundamentalmente a los grupos de menores ingresos y a los grupos excluidos socialmente. Dependen, por lo tanto, de un sistema de determinantes inmediatos, mediatos y de última instancia.
Los determinantes inmediatos son el acceso a los programas y servicios de atención al embarazo, parto y puerperio. Estos servicios determinan la calidad y atención a la mujer y a su hijo durante el embarazo a través de consultas prenatales de la atención obstétrica y al parto por personal especializado y a las consultas de rutina durante el puerperio, para evitar complicaciones pos embarazos.
La meta de mejoría de la salud materna, está por lo tanto directamente relacionada a las acciones que promueven mejores condiciones en todos estos determinantes inmediatos de las condiciones de salud sexual y reproductiva.
Es por esta razón, que el grupo parlamentario de Acción Nacional, apoyamos la Iniciativa que reforma el Artículo 36 de la Ley General de Salud, para dar servicio a las mujeres embarazadas.
Es cuanto, señor Presidente. (aplausos)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Maki.
Tiene el uso de la palabra don Rafael García Tinajero Pérez Contamos con cinco minutos.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con permiso honorable Asamblea, compañero Presidente.
Sin duda uno de los indicadores más importantes de salud es el índice de mortalidad materna; mucho más no sólo da cuenta de las condiciones de salud de un pueblo, también indica en qué circunstancias se desarrolla la vida económica y social de este mismo pueblo.
México no tiene las mejores estadísticas en este rubro. En el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , México está catalogado en el lugar 53 entre los países de mas alto desarrollo humano, con un índice de desarrollo humano de 0.802 y un PIB per cápita de 8 mil 790 dólares.
En embargo, seguimos siendo un país desigual, el trigésimo en el mundo, por arriba de países como El Salvador, Nigeria Kenia, Uganda, Bolivia o Ecuador, el dato más doloroso que se encuentra al comparar a México con otros países con índices similares de desarrollo humano, está en las estadísticas de mortalidad materno infantil, tenemos la tasa de mortalidad materno infantil más alta dentro del grupo de países considerados como de alto desarrollo humano.
En 2003 se registraron 41 mil 350 defunciones en menores de un año, la asfixia perinatal fue la primera causa de muerte . Este Dictamen no representa, y lo digo bien y lo digo claro, no representa un gran salto hacia delante; en primer lugar porque es redundante. La Ley de Salud ya establece la exención de cuotas para quien no tiene la posibilidad de pagar y para los habitantes de zonas marginadas. Los primeros dos deciles están exentos de cuota familiar en la Ley del Seguro de Protección Social en Salud, el Seguro Popular.
Todo esto, sin embargo, no ha modificado las tasas de mortalidad materno fetal Además, debemos decirlo claramente, porque lo podemos deducir de la propia fundamentación del Dictamen, cuando este señala por ejemplo en el Inciso D) la necesidad de que los partos sean atendidos por personal especializado y que en algunas entidades federativas la tasa de mortalidad materna es superior a 150 mil por 100 mil mientras que en otras entidades es sensiblemente menor.
Que nuestro problema no es de cuotas, tiene que ver más con la desigualdad, con el rezago en la infraestructura, con el déficit de personal calificado en amplias regiones del país, con la insuficiencia de cobertura. Las mujeres que hoy mueren, mueren por complicaciones del parto en Chiapas, en la Sierra Gorda seguirán muriendo por las mismas causas, aunque la ley diga que no paguen nada.
Y los perredistas no decimos que no tengan que pagar, estamos a favor de la salud universal y gratuita, lo que decimos es que hay que afrontar el problema de la salud desigual en México, el problema de la falta de infraestructura, el problema de que muchos mexicanos no tienen acceso ni a médico ni a hospitales, el problema de la atención del parto y del puerperio no es la adecuada que quisiéramos para millones de mexicanas.
Sin embargo, votaremos a favor de esta iniciativa por dos razones: la primera es, que lo que redunda no estorba, y aunque la ley ya lo prevé, es bueno reiterar en la propia ley, que los mexicanos, sobre todo los más pobres, no deben pagar por mantener o recuperar su salud.
La segunda, es que se ponga atención por parte de este Congreso, a un grave problema de salud, el de la mortalidad materno-fetal.
Sólo esperamos, lo decimos sinceramente, que la aprobación de esta iniciativa, que aunque insuficiente es loable, no se transforme en punto de toque para otra gran campaña mediática del Ejecutivo, de esas a las que ya nos tiene muy acostumbrados, que sirva para publicitar que en este país, el país del cambio, las condiciones de las embarazadas más pobres han cambiado, aunque en los hechos la verdad sea otra, que todo sigue igual o peor.
Y quiero terminar estas palabras, haciendo un señalamiento, un tanto fuera del tema, pero que tiene que ver con esto, sobre el uso que se está dando a la presidencia de la Comisión de Salud, habiendo más de 60 iniciativas en espera, tal parece que las iniciativas que tienen prioridad y las que llegan finalmente al pleno, son sólo las que propone el doctor José Angel Córdova Villalobos, presidente de la Comisión. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputado. No habiendo más oradores registrados, esta Presidencia considera el tema suficientemente discutido y le ruega a la Secretaría instruya la apertura del sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, de tal suerte de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular del Artículo Unico del proyecto que nos ocupa.-
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Sonido en la curul de la diputada Beatriz Mójica Morgan.
La diputada Beatriz Mójica Morgan (desde su curul): A favor.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Del diputado García Solís sonido.
El diputado Iván García Solís (desde su curul): A favor.
Diputado Presidente, se emitieron 333 votos a favor y 30 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 303 votos el proyecto de decreto que reforma el último párrafo del Artículo 36 de la Ley General de Salud.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Señoras y señores legisladores, esta Presidencia acaba de recibir del Senado de la República, Minuta con Proyecto de Decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quezada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para ausentarse del territorio nacional del 2 al 4 de mayo del 2005 a efecto de realizar una visita de Estado a Bolivia y una visita de tra bajo a Jamaica, por lo que esta Presidencia la turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2001.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén en contra.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra don Guillermo Huízar Carranza, por la comisión, por 10 minutos.
El diputado Guillermo Huízar Carranza: Muchas gracias.
Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea:
Con fundamento en lo previsto por el artículo 74 Fracción IV, constitucional, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados presenta a la consideración de esta asamblea el dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2001. El precepto constitucional invocado otorga a la Cámara de Diputados, de manera exclusiva, la facultad y la obligación de revisar la Cuenta Pública y tiene por objeto hacer posible que esta asamblea, en quien descansa la representación popular, conozca de los resultados de la gestión financiera, compruebe si se han ajustado los criterios señalados por el Presupuesto y si se ha cumplido con los objetivos contenidos en los programas.
El mandato constitucional de revisar la Cuenta Pública representa el instrumento más eficaz para que el pueblo se entere de la eficiencia, honradez y economía con que fueron administrados los recursos públicos confiados a sus gobernantes y este dictamen, así como el informe de resultados de la revisión, son el mecanismo de publicidad que cumple con ese objetivo. Luego entonces, se trata este dictamen de informar con objetividad y realismo a la sociedad, de los resultados obtenidos en el año de referencia, del respeto que s haya hecho a la norma general y obligatoria y de las acciones enderezadas por la autoridad competente para castigar a los presuntos responsables.
Desde la conclusión del ejercicio fiscal que se dictamina han tenido que transcurrir tres años, tres meses y 20 días para estar en condiciones de cumplir con nuestra obligación de vigilar el estricto cumplimiento de la norma en lo que a manejo de recursos públicos y cumplimiento de metas económicas se refiere, para llegar a este momento hubo que superar muchas resistencias, una de ellas la postura sospechosa de algunos diputados del Partido Acción Nacional, que afirmaban era improcedente dictaminar la cuenta pública, sugiriendo que el mandato de la Constitución se satisfacía con la presentación de resultados del Auditor Superior. Por fortuna ese debate, por insostenible pronto terminó.
Hoy estamos todos los mexicanos, en condiciones de hacer una evaluación seria, objetiva, responsable de lo ocurrido en el año 2001, año que representa el primero del ejercicio constitucional de la presente administración, cuando le queda solamente uno para concluirla. De esta administración no hay todavía una sola cuenta pública dictaminada.
Esta evaluación es útil también, sobre todo ahora, ahora que está de moda la construcción de un templo a la legalidad; ahora que nos sentimos muy cómodos postrados ante el imperio del derecho; ahora que nos hemos propuesto juzgar y castigar; ahora que, como alguien dijo, seamos bienvenidos a la inauguración del respeto irrestricto a la ley. Este dictamen nos da esa oportunidad de mirar por la ventana de la congruencia, de asomarnos al mundo real, de alejarnos de la retórica y de la demagogia, de hacer justicia, justicia real, no justicia selectiva.
El dictamen que se presenta a su consideración hace un relato cronológico a detalle, del trabajo desarrollado por la Auditoría Superior de la Federación, con la participación destacada de la Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados.
Reporta también, los principales resultados obtenidos en las 355 revisiones practicas, a 134 de un total de 335 entes públicos, con una cobertura de apenas el 40 por ciento, lo que significa que el 60 por ciento restante, es decir, 201 entes públicos, no fueron objeto de revisión alguna.
El resultado de este trabajo concluyó con la emisión de 3 mil 23 observaciones, de las que se derivaron 4 mil 113 acciones correctivas y preventivas. Tales observaciones tienen que ver con claras deficiencias en la operación de los sistemas o mecanismos de control interno, con el incumplimiento de objetivos y metas de algunos programas institucionales, con la presunción de daño al erario federal o al patrimonio de las dependencias o entidades, con la falta de comprobación o justificación de diversas operaciones.
Muchas de las anteriores, motivaron la solicitud de intervención del órgano interno de control.
Efectivamente, compañeros y compañeras diputadas y diputados, a la Administración Pública Federal en el 2001 se le detectaron operaciones al margen de la norma en 3 mil 23 ocasiones, 14 veces por día, lo que equivale a una acción sistemática y cotidiana, a un modus operandi, a un evidente desprecio por respetar la reglamentación aplicable.
Para muestra, el informe de resultados de la Auditoría Superior, relativo al capítulo de obras públicas, se determinaron situaciones concretas que deberán ser plenamente justificadas, como son, que no se hayan presentado el soporte documental de pagos realizados, la diferencia de volúmenes de obra pagados contra lo realmente ejecutado, los anticipos fuera de norma, los trabajos pagados que no cumplen con las especificaciones de construcción, en fin, sólo de este rubro la Auditoría formuló 65 observaciones.
Se registran como pasivos contingentes obligaciones tales como FOBAPROA y Pidiregas, que por su naturaleza son compromisos reales para el sector público presupuestario, y en cambio se omiten en el Registro de Contingentes, pasivos que deberían ser clasificados en ese rubro, tales como el IPAB y las pensiones a cargo del Gobierno Federal.
El caso más significativo sigue siendo el Programa de Capitalización y Compra de Cartera en poder del FOBAPROA-IPAB. En este particular, la Auditoría Superior ha detectado múltiples operaciones al margen de la norma, por lo que se han generado 32 observaciones con un efecto económico de casi 60 mil millones de pesos a pesos de diciembre del 2002.
En resumen, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la Administración Pública Federal en el 2001, violó la norma en 309 ocasiones, 18 veces la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4 veces la Ley de Ingresos, 37 veces el Presupuesto de Egresos de la Federación, 32 veces violó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 66 veces su Reglamento, 43 veces las Ley de Adquisiciones y así sucesivamente.
Todo lo anterior con un efecto económico de poco más de 339 mil millones de pesos, que a la fecha, como lo dice el dictamen, a más de 3 años de distancia, todavía no se logran aclarar 34 mil 400 millones de pesos.
En materia económica las cosas fueron mucho peor, en el 2001 la Administración Pública no cumplió con la meta de crecimiento, en lugar de crecer al 4 y medio, como lo ofrecieron, la economía se contrajo, con ello perdidos sólo en ese año más de 350 mil empleos formales, nos quedamos por debajo de la meta de ingresos públicos en poco más de 30 mil y se tuvo que recurrir a la dolorosa medida del recorte a los programas institucionales.
Diputadas y diputados: estos son los resultados del 2001, que aunque ya lejano, no deja de mostrar sus efectos negativos hasta ahora. Un 2001 que desnuda a una administración pública ineficaz y retadora del imperio del derecho, porque por el estilo están los resultados del 2002 y del 2003, que ojalá esta Legislatura tenga tiempo y voluntad de dictaminar.
Es aquí y ahora donde se muestra en su dimensión real la congruencia, el compromiso por respetar el estado de derecho que tanto se pregona; es aquí donde se evidencian los bocones, los apóstoles ficticios del derecho, los acusadores sistemáticos que se enredan con su propia historia, ninguna democracia tiene posibilidades de sostenerse con semejantes resultados. En el terreno de la revisión de cuentas, en el terreno de la transparencia y de la eficacia gubernamental, más bien, con estos resultados se arriesga.
Honorable Asamblea, no tengo duda que con su voto a favor del dictamen, estaremos cumpliendo con nuestro deber.
Es cuando, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rafael Sánchez Pérez del Partido Acción Nacional, para presentar moción suspensiva en términos del artículo 110 del Reglamento.
El diputado Rafael Sánchez Pérez: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, plantea al pleno de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, apruebe una proposición suspensiva al dictamen sobre la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio 2001, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que se pretende votar en este momento, bajo los siguientes:
Argumentos
El artículo 74 de la Constitución General, le otorga a éste Órgano del Poder Legislativo la facultad exclusiva y originaria para revisar la Cuenta Pública, dicha atribución es delegada por la misma Norma Suprema en un órgano técnico denominado: "Auditoria Superior de la Federación", al que se le dota de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, fundamentación y resoluciones.
En estricto cumplimiento al procedimiento constitucional y legal el Ejecutivo Federal presentó en tiempo y forma la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2001, ante la comisión respectiva en la LVIII Legislatura Federal. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2001, fue turnada a la Auditoría Superior de la Federación, para que en ejercicio de sus funciones y facultades, llevará a cabo su revisión y fiscalización.
Dicho ente superior de fiscalización, en cumplimiento a lo establecido por la Constitución General y la Ley de Fiscalización, elaboró y rindió a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el informe del resultado de la revisión de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2001, pero, y esto es muy importante, sin haber entregado la totalidad de los elementos mínimos que debe contener dicho documento, como lo es, los dictámenes de la revisión de la Cuenta Pública, tal como lo prevé y ordena la hipótesis normativa, contenida en el inciso a) del artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
No obstante lo anterior y con la documentación del informe de resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública incompleta, dado que no contenía los dictámenes de la revisión, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Legislatura anterior, presentó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dichos documentos, los cuales han sido considerados para el análisis y la elaboración del dictamen que se presenta en este momento, lo cual se estima como un exceso de autoridad.
En efecto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima Novena Legislatura, presenta al pleno de esta Cámara de Diputados un supuesto proyecto de dictamen elaborado al margen de las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Lo anterior, parte de la clara premisa de que al momento de crearse un órgano técnico como el responsable de llevar a cabo la fiscalización y la revisión de la Cuenta Pública, en este caso la Auditoría Superior de la Federación, dotado además de recursos materiales y financieros necesarios, así como también integrado por profesionales técnicos y especialistas en la materia, fue con la finalidad de despolitizar dicha revisión como acontecía anteriormente y que los análisis y dictámenes elaborados por la misma, atiendan principios y criterios de objetividad y eficacia técnica.
Es más, la hipótesis normativa de procedencia que daba el sustento para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitiera los dictámenes de la Cuenta Pública contenidos en los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fueron reformados en cuanto a su alcance y contenido en el año de 1999.
Cabe señalar que si bien es cierto, el artículo 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendrá la obligación, al examinar el proyecto de presupuesto del año próximo siguiente y las cuentas del anterior que remite el Ejecutivo y de presentar dictamen sobre ellos dentro de los 30 días siguientes, dicho precepto ha sido derogado, según lo ordenado por el artículo segundo transitorio de la Ley de Fiscalización Superior publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre del año 2000.
Asimismo, no debe pasar desapercibido que en el anterior marco normativo en materia de fiscalización la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, contaba con un insumo para elaborar su dictamen a través del denominado "informe previo", mismo que en la actual Ley de Fiscalización no se contempla, de donde se debe colegir que el desaparecer dicha figura, es con la intención que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ya no emita dictamen alguno, sino que, como se ha comentado, reconozca la validez de los dictámenes que al respecto genera el órgano técnico en el cual delega dicha atribución.
Para mayor abundamiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción II constitucional, el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública deberá de contener, entre otros, los dictámenes de su revisión.
En tal virtud, al establecer esta disposición legal la obligación de que se elaboren y entreguen dictámenes sobre la Cuenta Pública, debe discernirse que dichos dictámenes, por la delegación de funciones mencionada, los debe hacer suyos la propia Cámara de Diputados.
Por otra parte y como ya se mencionó en este documento, en forma por más anómala la Auditoría Superior de la Federación hizo entrega de los dictámenes de la revisión de la Cuenta Pública, situación que si bien puede generar motivo de sanción para el Auditor Superior, de ninguna faculta a este órgano colegiado para suplirlo en sus deficiencias.
Por lo anteriormente fundado y expuesto solicitamos que esta Asamblea apruebe la moción suspensiva a efecto de evitar la violación del marco constitucional y legal en materia de fiscalización en que está incurriendo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que el proyecto de dictamen que se pretende discutir, sea regresado a dicha comisión para que en primer lugar a través del procedimiento respectivo se solicite a la Auditoría Superior de la Federación, la entrega de los dictámenes de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2001, que no presentó en tiempo y forma.
Y una vez realizado lo anterior con la integración de los expedientes respectivos, sea la propia Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la responsable de la custodia de dichos informes, facilitando su disposición para consulta tanto de las comisiones que integran esta Cámara de Diputados, como al público en general.
Mucha gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde la curul): Pido la palabra.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Pablo Gómez, esta presidencia le da el uso de la palabra en calidad de impugnador de la moción en términos del 110.
El diputado Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados: No debería pasar desapercibido para la Cámara y la opinión pública, que haya sido presentado a discusión un dictamen sobre la revisión de la Cuenta Pública Federal del año 2001.
La Cámara ha estado en deuda consigo misma, con el país y con lo que señala la Constitución, al no expedir una resolución sobre la Cuenta Pública del año 2001.
En efecto, el artículo 74 de la Constitución dice que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, es decir, en las que no interviene el Senado de la República.
Cuatro. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo. Así como, revisar la Cuenta Pública del año anterior. Es facultad de la Cámara revisar la Cuenta Pública del año anterior como dice la Constitución. La revisión de la Cuenta, es decir, el ejercicio de esta facultad de la Cámara, tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Es una actividad de control de la Cámara de Diputados sobre el Ejecutivo, esencialmente política y no de comprobación de cada uno de los gastos, puesto que la Cámara no tiene posibilidades de revisar las facturas, por decir algo.
Y sigue diciendo la Constitución: Para la revisión de la Cuenta Pública la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, ¿cómo? de acuerdo con la fracción II del artículo 79 de la Constitución que dice que la Auditoría Superior de la Federación deberá entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta a la Cámara, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al de su presentación.
¿Para qué le entrega la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente este Informe de resultados? Para que la Cámara pueda pronunciarse, ejercer su facultad constitucional.
Se dice que ahora la Cámara ya no debe hacerlo porque existe un órgano que se encarga de la fiscalización; antes también existía se llamaba "Contaduría Mayor de Hacienda", e informaba a la Cámara y la Cámara emitía opinión y decreto sobre la revisión de la cuenta.
La Cámara está obligada a dar opinión y emitir un decreto sobre la revisión de la cuenta y debe hacer lo que la Constitución dice: "Tendrá por objeto conocer los resultados, comprobar si se ha ajustado a los criterios del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos". ¿Estas son las funciones de la Auditoría? No.
No, la función principal de la Auditoría es fiscalizar, comprobar que se hayan justificado los gastos. La Auditoría informa el nivel de justificación a la Cámara, la Cámara resuelve y la Auditoría puede ejercer acciones, puede ir al Ministerio Público y puede establecer sanciones, pero eso no quiere decir que la Cámara haya sido despojada de su función de revisar la cuenta en los términos que la Constitución lo señala, que es esencialmente una revisión de carácter político, no es sobre la justificación de los gastos.
En estas circunstancias, la pasada Legislatura se enredó en una discusión a nivel de la Comisión de Presupuesto que por cierto, ciudadanos diputados y diputadas, la Comisión de Presupuesto se sigue llamando "Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública", todavía; y no tiene nada que ver esa función con la función relacionada con la cuenta pública que ejerce la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior y que tiene que ver con ingresos y gastos federales, y que es una comisión que no tiene carácter de dictamen… de dictaminadora, perdón.
En cambio, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emite dictámenes, en especial dos: uno sobre el presupuesto, otro sobre la cuenta pública.
Dictamen quiere decir opinión; discutimos el dictamen en función de lo que el argumento que es el dictamen nos propone, o con base en él se nos propone un proyecto de decreto, o de resolución, o de declaración, como también existe ese precepto en la Constitución para los desafueros.
En estas circunstancias, aquí ya se había desaforado a la Cámara de Diputados en cuanto al ejercicio de su facultad de revisar la cuenta. Es parte del control político que ejerce la Cámara sobre el Ejecutivo. No hay otra revisión política, la Auditoría Superior no tiene esa función sino otra que está expresada en el artículo 79 de la Constitución.
En tales circunstancias, en tal situación, es completamente inadecuado que con el argumento de que la Cámara no tiene facultades para hacer la revisión de la cuenta, se declare o se apruebe –mejor dicho- una moción suspensiva porque, ciudadano presidente, ése no es el trámite.
Una moción suspensiva es para postergar la discusión de un dictamen, pero lo que ha venido a argumentar el pre-opinante, más bien el que propuso la moción suspensiva, no es que se postergue la discusión sino que se rechace el dictamen por falta de facultades de la Cámara, y lo que debe discutirse es el dictamen. Si la mayoría de la Cámara considera que la Cámara no tiene facultades para emitir el dictamen votará en contra del dictamen, pero el dictamen debe discutirse, ya está a discusión y una moción suspensiva es improcedente porque lo único que se lograría aprobando la moción suspensiva sería postergar el momento del debate y la votación, pero de ninguna manera desaprobaría el dictamen.
Lo que Acción Nacional nos propone es desaprobar el dictamen; por lo tanto, ciudadano presidente, debemos entrar a discutir el dictamen y a ver si en efecto la Cámara tiene o no facultades para emitir una resolución sobre la cuenta pública, que es lo que nos está proponiendo la Comisión de Presupuesto como conclusión de su propio dictamen, es decir, de su opinión.
Insisto mucho en eso de que dictamen quiere decir opinión y que las cosas que se votan son resoluciones que adoptan la forma de decreto o de cualquier otra, pero que son las resoluciones de la Cámara.
En tal virtud, yo le propongo a la Cámara: primero, que deseche la proposición suspensiva y, segundo, que apruebe en sus términos el dictamen que ha emitido, con resolución, la Comisión –termino—de Presupuesto y Cuenta Pública reivindicando la facultad de la Cámara de revisar la cuenta y de resolver sobre la revisión de la cuenta. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Pablo Gómez.
Se ruega a la secretaría pregunte a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente la moción suspensiva propuesta por don Rafael Sánchez.
Sí, diputado De la Vega Asmitia.
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde su curul): Diputado presidente, para solicitarle que esta votación, en la cual va a usted a tomar la consideración del pleno, pueda ser de manera nominal.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quiénes lo apoyan?
Se ruega a la secretaría instruir la apertura del sistema electrónico por tres minutos para preguntar a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente, en el entendido de que el si es por tomar en consideración la moción suspensiva y seguir con los trámites que el Reglamento nos ordena. El no es por desecharla.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para consultar a la asamblea si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva presentada por el diputado Rafael Sánchez Pérez.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz
La diputada Beatriz Mójica Morgan (desde su curul): En contra.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado presidente, se emitieron 110 votos en pro, 247 en contra.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se desecha la moción suspensiva.
Tenemos un registro de oradores en el siguiente tenor: en contra José Isabel Trejo Reyes, Federico Döring y Salvador Vega. A favor Raúl José Mejía González, Minerva Hernández Ramos y Francisco Javier Alvarado Villazón.
Inmediatamente después, esta presidencia preguntará a la asamblea si se le otorga el uso de la palabra al señor diputado don Joel Padilla Peña, del PT.
Todos hablarán hasta por cinco minutos y tiene el uso de la palabra José Isabel Trejo Reyes, en contra.
El diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, señor presidente. Dejo a la Mesa Directiva un documento para el cual solicito se inserte en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria, señor presidente.
Con su permiso. Honorable Cámara de Diputados: escuchando al diputado Huízar, que expone la fundamentación del dictamen, él sabe, como exsecretario de Finanzas del gobierno del estado de Zacatecas, que todas sus cuentas públicas fueron observadas, todas. La del 2001 las participaciones federales de los municipios del 98, se las entregó hasta el 2001: 28 millones de pesos.
Es decir, a lo que voy es que todas las cuentas públicas pueden ser observadas. El proceso es ¿cómo se solventan?
La revisión de la Cuenta Pública es por mandato constitucional y por mandato legal, lo quiera o no lo quiera ninguna fracción parlamentaria.
Las reformas del 99 asumiendo la necesidad de una más profesional fiscalización de las cuentas públicas, reformó la Constitución no solamente el 74, también el 79 y se promulgó una ley de fiscalización que es la que establece toda la ruta crítica para la fiscalización. Ciertamente que la discusión del fondo es esa.
Nosotros decimos que la Cuenta Pública del 2001 ya fue revisada y que la Auditoria Superior de la Federación, que encontró observaciones, que pueden ser de diferente tipo ya estableció con sus propias facultades de ley, las medidas necesarias para si en su caso hubo daño a la Hacienda Pública Federal, se resarciera.
Ese es el ciclo de la revisión de la Cuenta Pública. Se entrega a la Cámara de Diputados, se manda al organismo de fiscalización y termina con el Informe de Resultados, que ciertamente cuando se entregó el Informe de Resultados a esta Cámara de Diputados, traía una serie de observaciones que iban hasta los 339 mil millones de pesos.
Pero un informe posterior, en un primero y en un segundo informe posterior, a esta Cámara de Diputados, entregado por la misma Auditoria, establece que casi en el 99 % fueron solventadas las observaciones.
Solamente trece pliegos de observaciones. Es decir, el proceso de la revisión de la Cuenta Pública ha seguido escrupulosamente el camino establecido sobre todo en el 79 de la Constitución, más que del 74 y en la Ley de Fiscalización.
No se pudo haber aislado el 74 en su párrafo quinto de su fracción IV; perdería coherencia y armonía constitucional y legal.
Una pregunta haría yo a esta Cámara de Diputados: Los funcionarios que no cumplieron con la Ley en el Ejercicio del Presupuesto, en la custodia del patrimonio de la nación ¿qué sanción les impondríamos desde esta Cámara de Diputados?
Esa es una facultad exclusiva de la Auditoria Superior de la Federación, que es un organismo con autonomía constitucional y legal, sus resoluciones ni siquiera pueden ser rebatidas por el propio pleno de la Cámara de Diputados.
Para nosotros el ciclo de la revisión cumplió. Y para nosotros las discrepancias en la recaudación en el Ejercicio de Egresos y en la custodia del patrimonio, esas discrepancias tuvieron justificación dentro del proceso de la fiscalización.
Aún sigue en este momento, compañeras y compañeros diputados, el proceso de revisión de unos cuantos cientos de millones de pesos, lejísimos de los 339 mil.
Por eso nosotros vamos a votar en contra del dictamen, independientemente de que nos reservemos la posibilidad de acudir a instancias jurisdiccionales para que de una vez por todas se defina dónde empieza y dónde termina el ciclo de la fiscalización en este país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputado.
Tiene el uso de la palabra don Raúl José Mejía González, del Partido Revolucionario Institucional para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.
El diputado Raúl José Mejía González: Con su permiso diputado Presidente en funciones.
Compañeras Diputadas y Diputados:
En cumplimiento de nuestra obligación constitucional de revisar el contenido de la Cuenta Pública el día de hoy hacemos una valoración del impacto de la aplicación de la Hacienda Pública Federal y la evolución de las políticas públicas durante el ejercicio fiscal 2001.
Debe precisarse que este es el primer dictamen de revisión de Cuenta Pública que se presenta con base en el nuevo marco legal de la fiscalización superior en nuestro país. A partir de las modificaciones constitucionales y legales en la revisión del gasto público esta Cámara y la Auditoría Superior hemos de privilegiar las evaluaciones cualitativas sobre las cuantitativas, es decir, privilegiar la evaluación del impacto que las políticas públicas desplegadas por el gobierno federal tuvieron en nuestro país sobre aquellas relativas al cumplimiento de orden legal y contable.
En ese sentido es deseable que en las revisiones de los próximos ejercicios fiscales el órgano técnico de fiscalización superior de esta Cámara ponga un mayor énfasis en las revisiones que le permitan a la sociedad mexicana contar con mayores elementos sobre el grado de cumplimiento de las metas programadas que nos permite evaluar la calidad y la eficacia en la aplicación de los recursos públicos federales.
En cumplimiento al mandato constitucional el dictamen que se somete a su consideración desprende elementos que nos permiten detectar severas deficiencias durante el primer año de gestión del Presidente Vicente Fox. En materia de cumplimiento a los principios de contabilidad gubernamental destacan las excepciones al puntual cumplimiento en los registros contables. Diversas dependencias y entidades presentaron información incompleta, lo que evidentemente limitó los alcances de las funciones fiscalizadoras de la Auditoría Superior y además se detectaron operaciones no registradas o registradas erróneamente.
Por lo que se refiere a la observancia de los preceptos jurídicos y normativos se puede constatar que persisten importantes inercias que marcan lamentables desvíos del legal actuar que debe caracterizar el comportamiento de los servidores públicos responsables de la aplicación directa de los recursos federales, inercias cuyos incumplimientos pudieran ser explicables a partir del grado de improvisación de quienes llegaron a la función pública apenas el año que se revisa.
En el informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta 2001 la Auditoría Superior determina efectos económicos de las observaciones por un monto de 339 mil 456 millones de pesos. En la composición de esta cifra destacan las relativas al FOBAPROA e IPAB, las relativas a la falta de comprobación, autorización o justificación de las erogaciones, la falta de reintegros a la Tesorería de la Federación y la falta de comprobación de gasto. Este último rubro por 905 millones de pesos, cantidad que debe ser completamente reintegrada a la Hacienda Federal.
De las cantidades referidas debe destacarse el que a la fecha, sin explicación alguna, aún permanecen sin solventar 36 mil millones de pesos. Del análisis de los principales resultados económicos y de finanzas públicas se observan desviaciones significativas respecto a las metas aprobadas y se advierten retrocesos en contraste a la gestión realizada durante el año inmediato anterior.
Uno de los aspectos más lamentables de la gestión gubernamental durante el año 2001 tiene que ver con el incumplimiento generalizado de los programas que fueron aprobados, así como el estancamiento de la economía y la pérdida de empleos. Este resultado de retroceso para la economía nacional no encuentra justificación, toda vez que el Presidente de la República recibió un país con una economía sólida y en crecimiento y que además para el ejercicio fiscal 2001 le fueron aprobados los recursos presupuestales que solicito.
Bajo la premisa declarada por el Presidente de la República de que el Presupuesto de Egresos de la Federación es el principal instrumento de la política económica con que cuenta el gobierno federal, solicitó al Congreso autorizara un Presupuesto de Ingresos para financiar el gasto neto total por 1 billón 362 mil millones de pesos, lo cual le fue aprobado.
A cambio de ello se comprometió a que su administración alcanzaría una gran cantidad de metas programáticas, metas que tanto el informe de la revisión de la Cuenta Pública como el análisis de programas realizado por esta Cámara demuestran que no se alcanzaron.
La evaluación de los resultados que se someten a su consideración deja entrever un saldo negativo en la gestión pública federal. Si bien se han mejorado aspectos administrativos al país y al pueblo mexicano de nada le sirven si estos no permiten solucionar los problemas de fondo que aún prevalecen como parte de una agenda inatendida de demandas sociales.
El país no se puede dar el lujo de seguir implementando políticas gerenciales que en el mejor de los casos, mejoran los registros contables pero que en el fondo siguen sin solucionar los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad.
A la vista de todos ustedes, los resultados del 2001. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias Diputado. Don Federico Doring, tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos., en contra.
El diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados.
Me he inscrito para hablar en contra del Dictamen en lo general, porque me parece que el Dictamen no tiene consistencia entre su parte técnica normativa, aquella que se desprende del trabajo primigenio que llevó a cabo el Auditor Superior de la Federación y de su Informe de Resultados que se remitió a la Cámara de Diputados y la parte de resolutivos que tiene una carga eminentemente política y que adolece de sustento técnico para haber sido redactada en los términos en los que está redactada.
Para tratar de ilustrar a este pleno a que me refiero, les voy a detallar en una yuxtaposición lo que es este Dictamen y lo que ha sido otro dictamen. Un dictamen que me parece podemos coincidir todos, es el de la Cuenta Pública del 96, por mucho, uno de los años más difíciles para la economía de este país y las variables macroeconómicas de 1996 y de 2001, que podríamos reseñar muy brevemente. En términos de crecimiento del producto en 96, hubo un decrecimiento de 6-9% y en el 2001 , un decrecimiento de .3%.
La inflación en 96 fue de 51.97% y en 2001 de 4.4%. El precio del petróleo en 96 fue de 15.72 lo del pro barril y en 2001 fue de 19. El tipo de cambio del peso contra el dólar fue en 1996 de 7.64 contra 9.14 del 2001, la tasa de Cemploaviersa (?) fue de 6..3 en 1996 contra apenas 2.5 en el año de referencia.
Y, cuando analizamos lo que contiene, no el Dictamen del día de hoy, sino el Dictamen de la Cuenta Pública de 96, señala: que el 46.7% de los ingresos ordinarios que importan la nada despreciable cantidad de 20 mil 500 millones de pesos de ese año, fueron gastados sin reglas ni criterios y con absoluta discrecionalidad y contrastamos eso con lo que hoy día contiene el Decreto de Presupuesto de Egresos y lo que contenía desde el año 2001 en términos de reglas de ejercicio y de gasto, sobre todo federalizado, con respecto a excedentes petroleros para evitar la discrecionalidad y darle mayor transparencia al gasto y cuando vemos que el Informe de la Cuenta Pública de 96 indica que hubo explicaciones insuficientes para las causas en las variaciones programáticas presupuestales, entendemos que se redactó el Artículo 4º en 96 así: Cito.- En términos generales durante el Ejercicio Fiscal de 96, existió una observancia en las disposiciones legales aplicables, aunque se pueden apreciar casos de posibles incumplimientos, deficiencias e inconsistencias que deben ser investigados por la Contaduría Mayor de Hacienda, es decir, con todas las variables macroeconómicas en desorden, con todo el caos económico en 96, el Resolutivo reconoce que en términos generales se cumplió con el ejercicio del gasto, con pequeñas deficiencias
En cambio el Dictamen que hoy se presenta, cuando todas las variables macroeconómicas están en orden, dice: Que en los términos del párrafo 5º de la Fracción IV del Artículo 64, la Cámara de Diputados ha conocido los resultados de la gestión financiera, y ha comprobado que dichos resultados no se ajustan a los criterios señalados por el Presupuesto ni se han cumplido los objetivos contenidos en los programas que expresamente fueron observados. Ahora que toda la economía está en orden y está estable, lo que se trata de potenciar, es aquellos pequeños detalles de incumplimiento y no se reconoce un ápice de lo que se ha hecho bien, un ápice como un cumplimiento de 97.6% en la recaudación de ingresos presupuestarios para ese año, 98.3% en ingresos tributarios, 99.3% en ingresos no tributarios, 97.9% en cumplimiento en el gasto en este programable y 98.8% en el gasto programable. Un cumplimiento de gasto en 96% en el gasto de capital, el 75% de los programas que tienen metas estratégicas, alcanzaron el cumplimiento al 100% de estas, y sólo está pendiente solventar el 0.3% de lo observado por la Auditoría Superior de la Federación que importa 26 mil millones de pesos, los cuales incluyen la herencia de los créditos litigiosos del IPAB que no son imputables a esta administración.
Les recuerdo lo que la Cuenta Pública señaló como gasto discrecional en 96, 20 mil 500 millones de pesos que quedaron firmes y que eran discrecionales.
No tenemos miedo de la rendición de cuentas, estamos orgullosos del ejercicio del gasto en 2001, simplemente hubiéramos querido mayor congruencia entre lo que es la cifra técnica respaldada por los órganos técnicos, lo que debería de ser una redacción madura, objetiva y responsable de los resolutivos del dictamen de referencia. Gracias señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos del PRD.
La C. Diputada Minerva Hernández Ramos: Buenas tardes, con su permiso diputado Presidente.
A lo largo de la historia la rendición de cuentas de los gobiernos a las sociedades ha sido un elemento presente en el desarrollo de las instituciones que intervienen en los procesos que otorgan la gobernabilidad de las naciones, de hecho la rendición de cuentas se ha convertido en el elemento central de las democracias, convirtiéndose en uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder, garantizando con ello que los gobernantes cumplan con su mandato de transparencia, honestidad y eficacia, compañeros del PAN.
Rendir cuentas, es el acto de estar disponible por obligación, para informar acerca del cumplimiento de las leyes y normas, que rigen los actos públicos, estas nuevas exigencias han obligado a modificar los procesos de revisión, análisis y evaluación de la sección gubernamental, yendo más allá de la propia hacienda pública.
México no ha sido ajeno a esta dinámica y sin lugar a dudas una de las actividades en donde el Poder Legislativo ha logrado mayores avances en los últimos años, lo ha sido el de la fiscalización superior. En general la revisión de la Cuenta Pública 2001 pudo constatar que diversas entidades presentaron sus estados financieros, con información incompleta por omisión de actualización de sus cifras, que no efectuaron recuentos físicos de los bienes inventariables, que no crearon las reservas de las obligaciones laborales, que tampoco cumplieron con la consistencia en el cálculo de depreciaciones de los activos fijos, que tienen excedidos respecto a su valor de recuperación y que no consolidan ni valoran las inversiones a través del método de participación.
Por lo que se refiere a la observancia de los preceptos jurídicos y normativos, con base en los resultados que se presentan en el informe de los resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 2001, esta Dictaminadora pudo constatar que en términos generales, la administración pública federal no se ajustó a lo que disponen los principales ordenamientos legales, tales como la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2001, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública y demás ordenamientos aplicables en la materia.
Cabe señalar, y lo destaco, que si este dictamen se hubiera revisado con oportunidad, seguramente el resultado hubiera sido negativo, pues a tres años de distancia, hubo el tiempo suficiente para subsanar y corregir las observaciones que de origen fueron mayores a los 300 mil millones de pesos, es decir, casi la quinta parte del gasto ejercido durante 2001.
Después de tres años de realizadas estas observaciones por el ente fiscalizador, quedan aun sin solventar más de 40 mil millones de pesos, en los que destacan los referidos al IPAB donde el gobierno ha vuelto a mostrar una total falta de voluntad política, para corregir, así lo fuere en pequeña medida, los enormes pasivos generados por el Fobaproa.
Este sólo hecho obliga a cualquier legislador, con sentido de legalidad, a subrayar en el dictamen la falta de cumplimiento de los ordenamientos fundamentales que rigen la rendición de cuentas.
Asimismo otra de las observaciones que se mantienen sin ninguna respuesta, son las referidas a los derechos sobre importación, en cuyo manejo participó la empresa Isosa, donde es conocido tiene un interés particular el Secretario de Hacienda, don Francisco Gil, a pesar de que ha sido anunciada la liquidación de esta empresa, los miles de millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación no han sido a la fecha reintegrados a la TESOFE.
El incumplimiento de ordenamientos como los señalados anteriormente, va más allá del normal proceso de solventación de observaciones derivadas de una auditoría, por ello el dictamen que se propone constituye un severo llamado de atención al Gobierno Federal, respecto a que los legisladores no permitiremos que la revisión de la Cuenta Pública continúe siendo un mero acto de simulación, sino que provoque la reflexión del Presidente Fox y actué en consecuencia en relación a su gabinete y ubique en espacios de conducción a gente preparada, capaz y dispuesta a apegarse estrictamente a la normatividad vigente, así como finque las responsabilidades que se deriven de este documento.
Felicito el largo trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el cual sienta un precedente de lo que debe ser un trabajo profesional y verdaderamente responsable en la revisión de la Cuenta Pública, mismo que reivindica no sólo las facultades de esta Cámara y la vigencia de una auténtica división de poderes.
Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputada Minerva.
Tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Vega Casillas, del Partido Acción Nacional.
El diputado Salvador Vega Casillas: Con su permiso diputado Presidente.
Acudo a esta tribuna a hacer una revisión del dictamen que se ha presentado aquí de la Cuenta Pública, este lamentable y a destiempo dictamen. No solamente eso; es además completamente contradictorio. Si nosotros leemos el dictamen, lo que dice el cuerpo del dictamen es que de manera general la cuenta estuvo presentada y se observaron los principios de contabilidad y los ordenamientos legales. Los considerandos del mismo dictamen dicen exactamente lo mismo, pero al final en las conclusiones, se concluye lo contrario.
Por otra parte, hay una gran cantidad de errores o falsedades en los datos de la Cuenta Pública. Por un lado se dice que el crecimiento del gasto de capital, se señala una tasa real del 6.2%, cuando el dato es del 6.7 o en el caso del crecimiento real del gasto programable, del cual fue del 4.0 en 2001 respecto al 2000 y en el informe se señala que es del 3.5. Como esto, podemos observar una gran cantidad de errores o de falsedades -como se le quiera llamar- en la elaboración de este dictamen.
Por otro lado, se presentan también una gran cantidad de información con carácter tendencioso. Se dice que hay subejercicio, pero no se aclara que la mayoría de lo no ejercido fue por eficiencia en el uso de los recursos, porque se dejaron de pagar intereses por eficiencia, porque no se pagaron comisiones y gasto de deuda, así como menores pagos en ADEFAS y todos estos conceptos que son del gasto no programable.
Por otro lado, en el gasto programable, el 50.4% de lo que se pagó de menos fue por medidas de racionalización y por concepto de ahorro en gasto corriente, pero se toman todas las excepciones y después se hacen aparecer en el dictamen como si fuera la norma.
Por otra parte, para la elaboración de este dictamen se le solicitó, del dictamen que presentó el diputado Huizar y que elaboró el diputado Huizar, se le solicitó opinión a la Comisión de Vigilancia. La Comisión de Vigilancia emitió su opinión por escrito, pero se ignoró parcialmente los datos y se ignoró totalmente las conclusiones a que se llegó o que emitimos en la Comisión de Vigilancia. Asimismo, las conclusiones que la Auditoría Superior de la Federación hizo y tomó, se ignoraron completamente para la elaboración del dictamen.
Este dictamen además viola la Constitución. El artículo 79 fracción II le otorga las facultades de dictaminar la Cuenta Pública al Auditor Superior de la Federación. El artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior, en el Inciso A dice que el informe que debe de presentar el Auditor debe de incluir los dictámenes de la Cuenta Pública.
Por supuesto que todo esto fue ignorado, todo esto fue ignorado y me parece que después de ver los atropellos a la ley, los datos falsos, las falsas conclusiones, los datos contradictorios que contiene el dictamen, me parece a mí natural que el diputado Huízar, sospeche de los queremos cumplir la ley.
Por otra parte, esto atenta completamente contra los avances que en materia de fiscalización hemos tenido en este país, porque la idea de los cambios de fiscalización era que fueran dictaminados por un órgano técnico y no político, cosa que por supuesto deja atrás y atropella la presentación de este dictamen.
Por otro lado, de los datos y de las observaciones que hay, en el caso de los criterios de registro y revelación que no implican, de ninguna manera un efecto económico, el 100 por ciento fue solventado.
En el caso del IPAB, que significa el 13 por ciento de las observaciones, la mayoría, el 42 por ciento está solventado, el resto está siendo satisfactoriamente cubierto por el nuevo programa que el IPAB ha firmado, que establece por una parte el pago de 9 mil 500 millones de pesos que se han pagado ya por parte de los bancos en los créditos relacionados, los créditos menores y los otros están en litigios, pero está perfectamente claro, estos fincamientos por supuesto que corresponden al ejercicio 95 y 96 y no al 2001, que es el que hoy nos ocupa.
Y en el caso de la observancia de las normas, mil 600 millones de pesos son de las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ampliaciones presupuestales y los otros mil 570 millones de pesos corresponden a entes autónomos y a estados y municipios y los derechos de trámite aduanero, corresponden por supuesto a un trámite que está en litigio en estos momentos.
Ya para concluir, es claro que se tomaron datos falsos, es claro que se trataron de ocultar los verdaderos resultados, es claro que se ignoraron las opiniones.
Concluyo diputado, pero el motivo de fondo de esto, es que el partido de la corrupción probada, el Partido de René Bejarano, de Carlos Imaz, no puede aceptar de cara al pueblo, que ésta es la mejor cuenta y la más transparente que se ha presentado en este país.
(Aplausos)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El diputado Francisco Javier Alvarado Villazón, del Partido Verde Ecologista de México, tiene uso de la palabra.
El diputado Francisco Javier Alvarado Villazón: Con el permiso de la Presidencia.
Honorable Asamblea:
Con fundamento y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 fracción IV Primer Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual otorga a esta Cámara de Diputados de manera exclusiva la facultad de obligación de revisar la Cuenta Pública, procedernos a posicionarnos favorablemente sobre el dictamen en comento, reconociendo de antemano que hemos incurrido en un importante retraso en el análisis, discusión y dictaminación de la cuenta de la Hacienda Pública Federal del año fiscal 2001.
Sabemos y reconocemos que la Cuenta de Hacienda Pública Federal, es un documento analítico que elabora la Auditoría Superior de la Federación con la Información que el Poder Ejecutivo le presenta para ser procesada y entregada a la Cámara de Diputados con el fin de permitir a esta soberanía la fiscalización del manejo de los recursos públicos y vigilar que la Administración Pública se conduzca con criterios de legalidad, honestidad y transparencia.
El mandato constitucional que obliga al Poder Ejecutivo Federal a la presentación de la Cuenta Pública Federal, fortalece el principio de división de Poderes de la Unión y es instrumento jurídico constitucional que obliga a la Administración Pública a conducirse con eficiencia, transparencia y legalidad.
No hay duda de que en este ejercicio se reflejan plenas prácticas democráticas por medio de las cuales, la Cámara de Diputados, se fortalece dotando de mecanismos más eficaces en la conducción de responsabilidades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación.
La revisión de la Cuenta Pública debe ser utilizada para detectar desviaciones pero también para corresponsabilizar al Ejecutivo Federal del mejoramiento al control gubernalmental.
En este sentido y de acuerdo con la información de la Comisión de Vigilancia de al Auditoría Superior de la Federación, en términos generales, el informe de resultados de la revisión de Cuenta Pública correspondiente al año 2001, se apegó plenamente a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y fue presentada bajo los principios básicos de contabilidad gubernamental.
A pesar de lo anterior, si se identificaron inobservancias en diversos ordenamientos legales, como la Ley de Presupuesto, Contabilidad, Gasto Público y su reglamento, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2001. A nivel de sectores y ramos, los principales infractores fueron el Sector Energía, Comunicaciones y Transportes, Salud, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y entidades paraestatales.
De acuerdo con el informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2001, el conjunto de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, se tradujo en un efecto económico de 339 mil 456 millones de pesos, de esto el gasto pendiente de solventar es de 34 mil 404 millones de pesos. En este contexto debemos resaltar que los resultados económicos del Ejercicio Fiscal 2001, no fueron los más deseables; como ejemplo de esto, podemos señalar que el Producto Interno Bruto cayó en términos reales 3%, cifra muy por debajo del crecimiento originalmente estimado de 4.5% y muy por debajo del alcanzado el año antes que ascendió al 6.6%.
Por otro lado, es necesario destacar que durante el año 2001, se presentó una fuerte disminución de captación de recursos, resultado de la caída importante de la actividad económica y de la reducción de la plataforma de exportación de crudo. Como podemos ver la revisión y dictaminación de la Cuenta Pública representa la fase de control más importante del proceso, ya que permite tomar las decisiones que deben perseguir, el hacer más eficaz la gestión gubernamental.
Por lo anterior, los diputados que integramos la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, emitiremos nuestro voto a favor del dictamen en comento, ya que refleja que la gestión gubernamental en términos generales se apegó a los ordenamientos y principios de contabilidad gubernamental, favoreciendo con ello a la rendición de cuentas de esta soberanía y el cumplimiento con el mandato constitucional.
Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.
En términos reglamentarios, aquí tendríamos que cerrar el debate, sin embargo, esta Presidencia tiene la solicitud de los diputados Joel Padilla Peña y Jesús González Schmal de hacer uso de la voz.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si aceptamos la participación de ambos legisladores.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan dos oradores más.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la negativa diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para efectos del artículo 134 del Reglamento, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo.
No habiendo quien se reserve, se instruye a la Secretaría para que se abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para efecto de recabar la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un mismo acto, el dictamen presentado.
(Votación)
De viva voz la diputad Beatriz Mojica Morgan.
La diputada Beatriz Mójica Morgan (desde su curul): A favor.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias.
Diputado Presidente se emitieron 241 votos en pro, 113 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 341(¿) votos en proyecto de decreto, relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2001. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se ruega a la Secretaría dar lectura al orden del día de la siguiente sesión.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, señor Secretario.
Se levanta la sesión ( 15:43) y se cita para la que tendrá lugar el martes 26 de abril a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9 de la mañana. Se les informa también que esta votación cuenta como registro final de asistencia.