El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI): Proceda la Secretaría a hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
La Secretaria Graciela Larios Rivas (PRI): Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 373 ciudadanos diputados y diputadas, por lo tanto hay quórum.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 10:20 horas): Se abre la sesión.
Prosiga la Secretaría y dé lectura al orden del día.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Lectura del orden del día)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Dé lectura al acta de la sesión anterior, por favor.
El Secretario Marcos Morales Torres (PRD): Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al acta de la sesión anterior.
(Lectura del acta de la sesión anterior)
El Secretario Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con las comunicaciones.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del DF)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Aníbal Peralta Galicia, Jorge Triana Tena y Nancy Cárdenas Sánchez.
El Secretario Antonio Morales de la Peña (PAN):
(Oficio de la Comisión Permanente, remite inventario de los asuntos reservados para conocimiento de la Cámara de Diputados, entre los que se encuentra el oficio de la Secretaría de Gobernación número 212, Ernesto Canales Santos, Cónsul Honorario del Reino de Tailandia en la ciudad de Monterrey)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese la solicitud a la Comisión de Gobernación.
Antes de continuar la Secretaría con los oficios de la Comisión Permanente, instruya por favor el cierre del sistema electrónico de asistencia.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia.
Hay una asistencia de 392 ciudadanos diputados. Los que no lo han hecho tienen 15 minutos para hacerlo por cédula.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Comisión Permanente, informe de las actividades realizadas)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Insértese en el Diario de los Debates.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Del Congreso del estado de Baja California)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Del Congreso del estado de Jalisco, se pronuncia en contra del proyecto de NOM-006-SCFI-2004)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Del Congreso del estado de Jalisco, comunica publicación del decreto en que se declara el año 2005 como "Año del Adulto Mayor en Jalisco")
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su conocimiento.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Se va a dar lectura a un oficio de la Junta de Coordinación Política.
(Comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrante de la Mesa Directiva de la Comisión de Desarrollo Metropolitano; sustitución del diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno)
En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrante, sustitución de la diputada Carla Rochín Nieto por el diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, como integrante de la Comisión Especial para analizar la situación en la Cuenca Lerma-Chapala)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
El secretario Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Cámara de Senadores por el que se comunica el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura de la Cámara de Senadores)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Del Congreso del estado Chihuahua)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano Lisandro Arístides Campos Córdova, diputado suplente en el 13 distrito electoral del estado de Puebla.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, para entrar en funciones, a los siguientes diputados:
Juan Manuel Vega Rayet, Jesús Morales Flores, María Angélica Ramírez Luna, Minerva Hernández Ramos, Maximino Fernández Avila, Juan Fernando Perdomo Bueno.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se solicita a la comisión, realice la encomienda.
(La comisión cumple con su encomienda)
Se invita a los presentes ponerse de pie.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadano Lisandro Arístides Campos Córdova:
"¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?".
El ciudadano Lisandro Arístides Campos Córdova (PRI): ¡Sí, protesto!
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: "Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande".
Enhorabuena y bienvenido.
El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento de los grupos parlamentarios en relación al 88 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Han solicitado el uso del palabra para referirse al tema, los siguientes ciudadanos diputados:
Jesús González Schmal, Pedro Vázquez González, Raúl Piña Horta, Daniel Ordóñez Hernández, José Antonio de la Vega Asmitia, y Jesús Zúñiga Romero.
En consecuencia tiene la palabra el señor diputado Jesús González Schmal, del Partido Convergencia, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Emilio González Schmal (Convergencia): Con su anuencia, señor Presidente.
Hoy hace 88 años se promulgó la primera constitución del siglo XX que rompe, como la de Weimer con la ortodoxia liberal que reducía los pactos constitucionales al ámbito de las garantías individuales.
La Constitución de la Revolución Mexicana consagra por primera vez, las garantías sociales por las que hubo que pagar un tributo de más de 1 millón de mexicanos abatidos en las cruentas luchas que tuvieron que librar y en las que los primeros mártires sacrificados por la traición y la sevicia de los inefables extraviados por la ambición del poder, lo fueron nada menos que el Presidente de la República Francisco Indalecio Madero y el Vicepresidente José María Pino Suárez.
Constitución que lograron mexicanos de todos los rincones del país en arduas sesiones en apenas dos meses, a partir del proyecto del gran estadista Venustiano Carranza y cuya obra ha surcado las décadas de la historia donde se han agregado indudables avances, aunque también esporádicos retrocesos básicamente en la desintegración de la reforma agraria, sin que a la fecha se conozca el saldo final de la temeridad salinista, que expuso al campo mexicano a la aventura del neoliberalismo, sin que las supuestas inversiones y el incremento del empleo se haya materializado como se ofreció en los fantasiosos discursos de la época.
Pero en otros capítulos el sentido progresista ha sido palpable; bástenos hoy reconocer sin falsas modestias lo alcanzado aquí, apenas en las sesiones de marzo del año pasado, cuando la iniciativa de la reforma a la fracción IV del artículo 74 de la Carta Magna, presentada por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, fue aprobada por este Constituyente Permanente, para explicitar sin el menor margen de duda que esta Cámara de Diputados tiene la facultad, no sólo de examinar y discutir el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envía el Ejecutivo, sino de modificarlo, sin que tal determinación pueda ser susceptible de veto u observaciones o mucho menos la suspensión para su vigencia, en virtud de tratarse de un decreto de carácter unicamaral específico, de acuerdo con el artículo 72 del mismo ordenamiento.
La trascendencia de este logro para la nación mexicana, no sólo es que nos ponemos al día con los sistemas de presupuestación de los países más modernos en términos de desarrollo y funcionalidad real de la división de poderes, sino en verdad damos un paso gigantesco hacia la verdadera orientación constitucional original de carácter social, a ese fundamental instrumento de política económica que es el gasto público con sentido, redistributivo del ingreso nacional.
Es cierto y en eso debemos ser cautos y responsables, que este adelanto supone a su vez un rezago con las normas operacionales del gasto, que a nivel de reglamentación por el Ejecutivo, deben modificarse o adecuarse a esta nueva realidad.
Es así, que en el caso que parte de las obras presupuestadas por la modificación legal que esta Cámara produjo y que están precisadas para este periodo anual, tendrán que ser objeto de proyectos, integración con el Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales, reglas de operación, obtención de derechos de vía y sobre todo, el agotamiento del engorroso trámite con la Secretaría de Hacienda para el suministro oportuno de los recursos, todo ello, porque el tiempo requerido pudiera provocar la imposibilidad de realización y el consiguiente subejercicio del gasto.
Sería en esta área que el Ejecutivo Federal debiera emplear sus mejores empeños para apoyar a sus órganos operativos, en vez de interponer ante la Suprema Corte de Justicia, el también reciente y avanzado recurso de controversia constitucional, diseñado por el legislador, precisamente para dirimir controversias que en este caso no existen, por la nitidez del texto constitucional antes citado y no debió haber nunca involucrado a la Corte en la prestación de un servicio político a favor del sectarismo del Ejecutivo que la desnaturaliza y atrapa, en la necesidad de tapar con la usurpación de funciones legislativas hechas al vapor por burócratas judiciales de alto nivel, sin la firma de los propios ministros para detener el acto soberano de esta Cámara en materia presupuestaria.
Concluiremos esta intervención para recordar, para reponer el sentido original de nuestra Constitución y evocar aquí las palabras con las que la signó, con las que la concluyó el Presidente Venustiano Carranza, quien diría ese histórico 5 de Febrero de 1917: "Esta Ley Suprema nos hará grandes, justos y respetables entre los demás pueblos de la Tierra".
Que así sea, compañeros diputados. Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, con el mismo objeto.
El diputado Pedro Vázquez González (PT): Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
Este próximo 5 de febrero, celebraremos el 88 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que actualmente nos rige.
El Congreso Constituyente de 1916-1917 y aun en contra del proyecto enviado por Venustiano Carranza, aprobó la incorporación a la Norma Fundamental de los derechos sociales. En el artículo 3º, el derecho a la educación para todos los mexicanos; para los campesinos en el artículo 27, la propiedad social; y los obreros en el artículo 123, fueron beneficiados de una serie de derechos establecidos en la Constitución.
El Estado mexicano ha estructurado un sistema de educación superior de carácter público: las entidades federativas cuentas con universidades estatales, sin embargo, la educación superior es víctima de los intentos privatizadores del neoliberalismo que lo único que quieren es formar mano de obra y no profesionistas con conciencia social.
Sin embargo, en el devenir del tiempo, la contrarreforma agraria al artículo 27 en la época "Salinista", únicamente ha traído como consecuencia la privatización de la propiedad social y el que los campesinos tengan que salir del país en busca de oportunidades laborales que aquí se les niega.
Respecto al artículo 123 y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, vemos cómo la derecha se prepara para modificar este último ordenamiento y bajo el pretexto de lo que denominan entre comillas la nueva cultura laboral, conculcar derechos de los trabajadores como el derecho a la huelga, la duración de las relaciones de trabajo, la jornada de trabajo, entre otras.
Pero inclusive, a simple vista del texto constitucional y su contraste con la realidad, podemos apreciar cómo una de las disposiciones del artículo 123 Apartado A, simplemente no se cumple. El segundo párrafo de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 establece: "...los salarios mínimos generales deberán de ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para promover la educación obligatoria de los hijos". Esto es un salario digno a favor del trabajador que sencillamente no se cumple.
En el artículo 4º, se establecen el derecho a la protección de la salud, el derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho a disfrutar de los niños y las niñas a satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y esparcimiento para su desarrollo integral.
La incapacidad gubernamental, lo errático de sus políticas económicas, su subordinación a los dictados de los organismos financieros internacionales, han hecho que estos principios no se cumplan, en detrimento de millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza o en la pobreza extrema.
En 1917, en nuestra Norma Fundamental, se estructura un nuevo pacto social que deviene en un nuevo Estado; ese Estado afronta hoy los embates del narcotráfico que prácticamente se enfrentan de tú a tú con las instituciones gubernamentales encargadas de combatirla.
Más aún, el diseño institucional del sistema presidencial previsto en la Constitución de 1917, resulta ya inoperante. Por ello es necesario concretar la reforma democrática del Estado que amplíe la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas.
Es necesario establecer en nuestra Constitución, la democracia participativa como complemente a la democracia representativa con la que actualmente se cuenta.
La iniciativa popular, el referéndum, la revocación de mandato, son algunas de las figuras que se deben de establecer a favor de los gobernados, para que no sólo los poderes públicos se controlen entre sí sino que la sociedad también sea un eficaz contrapeso de los órganos del poder público.
Compañeras y compañeros legisladores, el diseño institucional de la Constitución de 1917 correspondió a la sociedad rural de principios del siglo XX, no obstante que el Constituyente Permanente ha reformado en múltiples ocasiones la Constitución para adecuarla a la realidad que se vive, es necesario mantener inalterables los principios de la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo.
Los recursos naturales de México deben de seguir siendo explotados por los organismos que para el efecto el Estado mexicano ha creado.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Raúl Piña Horta, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Raúl Piña Horta (PVEM): Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores.
Prolongadas fueron las vicisitudes que tuvieron que sortear los héroes que nos dieron patria, desde Morelos, Hidalgo, Juárez, Zapata, Villa y Carranza, para darnos una patria libre que transite por los caminos de la democracia en aras de crear instituciones sólidas que normen la vida de los mexicanos.
Implícitamente prevaleció, en la elaboración de la Constitución de 1917, la tesis de Emilio Rabasa, de que la dictadura de Díaz había tenido su origen en la inoperancia de la Constitución de 1857 al haber subordinado en exceso el Poder Legislativo al Ejecutivo, que se caracterizó por una considerable ampliación de las facultades presidenciales.
Por ello, invocamos la tesis de Montesquieu, quien por primera vez realiza un modo programático el intento de explicar el Estado y la actividad política sobre una verdadera división de poderes; es decir, ningún poder por encima del otro.
Por otro lado, quienes redactaron la Constitución crearon normas básicas del derecho social; le dieron la supremacía a la estructura nacional y le asignaron ciertas funciones específicas como la defensa, la regulación monetaria, y las relaciones exteriores, entre otras facultades.
Sin embargo, reconocieron sabiamente la necesidad de tener niveles de gobierno que estuvieran más directamente en contacto con el pueblo y dejaron así muchas responsabilidades en manos de jurisdicciones estatales y locales.
La Constitución creada en 1917, en la actualidad vigente, también ha sido reformada en innumerables ocasiones como reflejo de la rápida dinámica social que obliga a una continua adecuación de normas, estructuras e instituciones.
No se ha podido cumplir plenamente alguno de los ideales normativos constitucionales, entre otros, vivienda, salud y educación.
Cabe señalar que tal disfuncionalidad apunta a problemas estructurales e instituciones relacionados con la educación, la cultura legal y la política de la sociedad, que a su vez depende de las condiciones generales de nuestro desarrollo económico y social.
El tiempo y el espacio que nos tocó vivir, obliga a continuar y fortalecer la ruta que nos enseñaron aquellos que ofrendaron sus vidas a cambio de la libertad, justicia e igualdad.
Los tiempos actuales, imprimen un dinamismo a la vida de los pueblos y las naciones, por lo que nuestro país debe ir en la ruta democrática sin apartarse ni desviar el camino de la libertad de pensamiento, libertad de expresión, de ideología e imprenta, así como de la asociación política, porque el Estado de Derecho es aquél que respeta y consolida las instituciones que se han constituido a base de luchas legítimas que se fundamentaron en los reclamos y las exigencias sociales y, por lo mismo, no deben ser violentadas ni pervertidas, mucho menos corrompidas a partir de las personas que se encuentran al frente de ellas, porque el abuso del poder trastoca el derecho y ofende a la sociedad y a las instituciones.
Corresponde a los ciudadanos el respeto a las leyes, pero más obligación y respeto irrestricto a la carta política. La tienen las autoridades porque todos sus actos deben estar fundados y motivados, ya que cuando se violentan sus principios se envía un mensaje funesto a la sociedad.
Nadie debe de estar fuera de la realidad, mucho menos los organismos garantes y encargados de organizar las elecciones porque cualquier acto que deje lugar a dudas pone en tela de juicio los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad sobre los cuales fueron creados
Porque de nada vale ser paliativo de intereses mezquinos impuestos desde cúpulas facciosas y partidistas, cuando deben atender al derecho y a la justicia.
Por eso el grupo parlamentario del Verde Ecologista de México, en esta tribuna, hace un llamado a las autoridades electorales para que respeten el Estado de Derecho y se apeguen a la Constitución Política, a la legalidad y a la justicia en sus resoluciones, porque nos oponemos y estamos en contra de la arbitrariedad, la injusticia y de la doble moral.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Para continuar, tiene la palabra el señor diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Daniel Ordóñez Hernández (PRD): Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados:
El próximo 5 de febrero se cumplirá el 88 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución, y lo que es con toda seguridad el centro de la gran polémica desde hace tiempo es el cuestionamiento objetivo sobre su vigencia real como un ordenamiento supremo que rige la vida de nuestro país.
Y lo sostenemos porque hoy más que nunca afirmamos que el Estado de Derecho que consagra se ha violentado, se ha violentado en su espíritu original, así como en las normas que de ella se plasman.
Los últimos acontecimientos que se registran en el devenir cotidiano han puesto en riesgo la salud de la república y la vigencia de las normas de convivencia a tal punto que la fortaleza del tejido social y los valores de la sociedad mexicana se encuentran ante una grave disyuntiva.
No podemos postular su vigencia si el mismo Estado mexicano ha sido retado por las mafias del crimen organizado, el cual está empecinado en sentar las bases de un Estado de facto que penetra las instituciones públicas con el fin de colapsar su base ética y su razón social.
¿Cómo podemos postular que existe un Estado de Derecho cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúa como una corte del presidente en turno, interpretando a su modo tanto la Constitución como las leyes que de ella emanan?
¿Cómo puede esperar cualquier ciudadano la igualdad en la aplicación de la ley si el máximo tribunal de la nación comete tales excesos, desconociendo el principio de división de poderes y las facultades exclusivas de esta Cámara?
Sin lugar a dudas, la demanda más sentida de la población es la existencia de un Estado de Derecho y sin embargo, su materialización a través de los principios, instituciones y valores dejan mucho que desear, y como resultado, tenemos un Estado débil que no logra terminar de construir una gobernabilidad democrática y funcionar de manera eficiente y legítima.
La construcción de la democracia que nos ha costado tantos esfuerzos y sacrificios, inclusive la vida de hombres y mujeres, ahora no puede consolidarse y corre el riesgo de desviarse debido a que casi paralelamente al proceso de apertura hacia la participación política democrática en nuestro país, como en el resto de América Latina, se ahonda la crisis económica, y las estrategias que se imponen desde los gobiernos neoliberales propician mayor marginación y exclusión de segmentos mayoritarios de la población.
Frente a este problema, ¿dónde queda la vigencia de los derechos sociales, económicos y políticos que consagra nuestra Constitución?
Ahora más que nunca hacemos un llamado, la fracción parlamentaria del PRD hace un llamado a las fuerzas políticas del país, al diálogo, a la negociación de altura y a la formación de compromisos políticos que hagan valer la palabra empeñada para concretar la reforma del Estado que sigue pendiente.
Si no somos capaces de dar este paso histórico, nos perderemos en la incertidumbre y nos seguiremos preguntando ¿cuál será el futuro de nuestra democracia?, pero sobre todo nos preguntaremos si habrá futuro digno para nosotros y para nuestros hijos.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado José Antonio de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (PAN): Con su venia, diputado Presidente.
Sin duda alguna, la Constitución del 5 de Febrero de 1917 es la expresión más exacta, más definida y terminada de la voluntad nacional, porque en su redacción se invirtió la experiencia conseguida en más de 9 décadas de vida independiente. Sin embargo, ésta no es inmutable, por el contrario, se encuentra en perfecto estado de modificación, de perfeccionamiento.
México encuentra en su Constitución un documento que en muchos de sus artículos no ha sido rebasada por la realidad, por el contrario, se encuentra siempre a la delantera de ésta.
Y aunque algunos preceptos hoy son ya una práctica cotidiana, como por ejemplo, la efectiva división de poderes o el control de la constitucionalidad de las leyes y actos de la autoridad, algunos otros derechos establecidos en la Ley Fundamental, siguen siendo una aspiración hacia la cual debemos dirigirnos como el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, pero con independencia de su carácter jurídico, la Constitución también cumple con una función de cohesión social; es el elemento unificador que abarca a todos los mexicanos.
Es cierto que la Constitución es la Ley Suprema que comprende preceptos legales de suma importancia para la nación, porque en ella se finca la base de la organización política de nuestro sistema, pero también que todos los mexicanos de buena entraña respetamos y queremos a la Constitución, porque en ella se funden años de batallas por la independencia de nuestro país y la sabiduría acumulada de generaciones de padres fundadores y constituyentes originarios, los cuales deseaban para las generaciones futuras, un mejor país y una nación más grande.
Estoy convencido de que la Constitución abarca más que un simple encuadernado que contiene normas jurídicas fundamentales para el entendimiento de la nación.
Para mí nuestra Ley Fundamental es el producto más acabado de décadas de trabajo legislativo; es el marco de referencia obligado para todos los mexicanos al interior del país y para todos los Estados que forman parte de la comunidad internacional.
Nuestra Norma Suprema es pináculo de nuestro andamiaje jurídico, al tiempo que es elemento fundamental de la identidad del colectivo nacional.
Entender un país es conocer sus leyes y su historia. La Constitución Política de 1917 surge como resultado de un proceso revolucionario que inició el pueblo de México bajo el liderazgo de Madero, un siglo antes para lograr un país soberano y democrático, dotado de personalidad jurídica y tener un eje que coordinara sus actividades políticas, sociales y económicas.
Por años muchos de sus principios y mandatos se ubicaron al margen de su correcta aplicación constreñida a un presidencialismo que determinaba en cada caso lo que era y lo que no era, lo que debía ser y lo que no; y más lejos aún de lo que en su momento se consideró como la expresión más exacta de la voluntad nacional.
Un hecho notorio del cambio político en México, es precisamente la vitalidad con la que un congreso plural cumple hoy su función dejando atrás el abandono de sus funciones constitucionales y la indebida prepotencia de Ejecutivo Federal.
Igualmente el Poder Judicial de la Federación garantiza más que nunca la eficacia en el cumplimiento y respeto de nuestras leyes, retomando su papel como tribunal constitucional cuyas resoluciones acreditan la nueva realidad que asiste a nuestro país.
Las instituciones, característica principal del Estado de Derecho, están hoy plenamente vigentes como síntoma innegable de nuestra transición a la democracia. Actualmente vivimos bajo un régimen institucional en el que únicamente la Constitución es suprema y por consiguiente todos los poderes y autoridades, gobernantes y gobernados, están sujetos a los mandatos imperativos y soberanos de la Constitución Política.
Hoy día a México lo asiste una nueva realidad, más democrática, plural y representativa que requiere de amplios consensos. De esta forma lo que queda, lo que resta, es hacer efectivos todos los cambios que el país requiere y que la sociedad demanda para ponerse al día, a través, como lo mencionaba Mariano Otero, de un pacto en lo fundamental.
Efraín González Luna nos decía en 1945 que no puede haber sociedad sin autoridad, una sociedad sin autoridad es inconcebible, decía, sería el caos, el choque constante destructivo de intereses encontrados, de criterios discordantes, de apetitos en conflicto, una explosión de violencia y de barbarie el ataque de todos contra todos.
Para nuestro Partido Acción Nacional el Estado como sociedad política requiere de un gobierno que sea expresión auténtica de la colectividad, requiere también del recto ejercicio de la autoridad que no es el mero dominio de un hombre o de un grupo, sino que tiene por fin la realización del bien común. Por ello desde su nacimiento Acción Nacional luchó por alcanzar un verdadero Estado de Derecho, cuyo primer elemento debía ser de manera inobjetable la legitimidad en el ejercicio del poder, condición indispensable para que México viva una democracia.
¡Es por eso que hoy celebramos gustosos un aniversario más de nuestra Constitución!
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Jesús Zúñiga Romero, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jesús Zúñiga Romero (PRI): Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
La Revolución Mexicana transformó las estructuras del país a causa de las condiciones sociales, económicas y políticas generadas por la permanencia de Porfirio Díaz en el poder por más de 30 años.
Posterior a la Revolución de 1910, México requería que se fortaleciera su sistema político, ya que sus instituciones, sumamente deterioradas en este conflicto, requerían de garantizar la seguridad en los bienes y de las personas, por lo que el Presidente Venustiano Carranza, en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. El documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones que se ajustaron a la realidad social de ese tiempo, dando como resultado la promulgación de la Constitución el 5 de Febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro.
Las demandas fundamentales que se recogieron en la Constitución de 1917 englobaron la historia republicana de nuestro país: el federalismo, el sistema representativo basado en la soberanía popular, el desarrollo de la declaración de derechos y las medidas técnico jurídicas de garantía para proteger los derechos de los ciudadanos.
Sin embargo, fueron esencialmente el artículo 3º sobre educación, el artículo 27 en torno a la reforma agraria, el artículo 28 que prohibió los monopolios, el artículo 123 referente al trabajo y la previsión social y el artículo 130 que reguló las relaciones entre el Estado y la Iglesia, las que incorporaron a la Constitución las garantías sociales al lado de las garantías individuales, sustentando con esto los anhelos y demandas populares, de tal modo que con la Constitución de 1917, inició la construcción de un nuevo orden político en respuesta a la demanda popular para restituir la tierra a los campesinos, exigiendo mejores condiciones de trabajo a los obreros, garantizando la enseñanza laica, gratuita y popular y también definiendo el modo cómo el Ejecutivo había de conducir la política exterior, sujetándose a los principios emanados de la revolución señalados por el artículo 89, fracción X del texto constitucional.
A lo largo del proceso histórico han sido muchas y muy importantes las reformas al texto original de nuestra Carta Magna, siempre con la visión de continuar mejorando nuestra organización política y social, para abrir mayores cauces de justicia y democracia, propiciando con ello los cambios que el país requiere.
Considerando a los partidos políticos como entidades de interés público y permitiendo la creación del Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el establecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, instituciones que han fortalecido a la vida nacional.
Por eso, los mexicanos tenemos sobrados motivos para sentirnos orgullosos de nuestra historia, de sus luchas ante la adversidad, sus triunfos y derrotas, pero sobre todo por la voluntad permanente de buscar un orden que garantice la convivencia pacífica.
Finalmente, en la celebración del 88 aniversario de la promulgación de la Constitución, los miembros de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, reafirmamos nuestro compromiso de defenderla y respetarla, siempre convencidos de preservar mediante ésta el orden social y democrático del país.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado Zúñiga.
Esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la Junta de Coordinación Política, por la que solicita la incorporación al orden del día de un punto de acuerdo que expresa la preocupación de la Cámara de Diputados en relación con la posible aprobación de la propuesta migratoria del diputado Sensenbrenner, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica.
De conformidad con lo que dispone el artículo 20º del Acuerdo Parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, consulte si fuera tan amable la Secretaría a la Asamblea, si autoriza su incorporación para trámite parlamentario y votación de inmediato.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se incorpora al orden del día el mencionado punto de acuerdo.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor... Gracias.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada su inclusión.
Proceda entonces la Secretaría a dar lectura al mismo punto de acuerdo, a la comunicación.
El Secretario Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política.
"Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se expresa la preocupación de la Cámara de Diputados en relación con la posible aprobación de la propuesta migratoria del diputado Sensenbrenner, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica."
Dirigido a la Cámara de Diputados.
"La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 14º del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.
"Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:
"Punto de Acuerdo
"Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su preocupación por la posible aprobación de la propuesta del diputado mister Sensenbrenner, de la Cámara de Representantes, por el estado de Wisconsin, y respaldado por 115 legisladores de los Estados Unidos de América, misma que lesiona los derechos humanos de nuestros connacionales.
"Segundo. Se instruya a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de la Cámara de Diputados, a que estudien con detenimiento la propuesta de mister Sensenbrenner y establezcan la comunicación a través de las guías de la diplomacia parlamentaria con los miembros de la Cámara de Representantes de ese país, para manifestarles esta preocupación y de manera particular con los legisladores americanos que ya han expresado abiertamente su solidaridad en el sentido de apoyar las iniciativas a favor de los migrantes sobre todo con aquellos que han formulado estas propuestas en el proceso de construcción de un probable acuerdo."
Con la firma de los diputados Francisco Barrios Terrazas, Presidente; del diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; del diputado Pablo Gómez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; del diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; del diputado Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; del diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
El Secretario Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo ya leído con anterioridad.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, está aprobado el punto de acuerdo. Insértese en el Diario de los Debates de manera íntegra y comuníquese.
Tiene la palabra la señora diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el numeral 3º del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Divas Hadamira Gastelum Bajo (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
La que suscribe, diputada de esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración del honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto unión, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
La participación del Estado mexicano en el ámbito internacional de los derechos humanos ha sido relevante. Hemos pugnado por el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, particularmente los de las mujeres.
La prohibición de toda forma de discriminación prevista en el artículo 1º constitucional, de igualdad de la mujer y el varón, consagrada en el artículo 4º de la propia Carta Fundamental, las disposiciones correlativas que poco a poco se han venido incorporando en la legislación secundaria, tanto en el orden federal como en las entidades federativas, así como la implementación y ejercicio de las políticas públicas y los programas de acciones de gobierno inherentes, no han sido suficientes para cumplir con las expectativas y los compromisos asumidos por México en el concierto de las naciones.
Sin dejar de reconocer los avances logrados en nuestro país, es evidente que el conocimiento y cabal ejercicio de nuestros derechos humanos es una asignatura pendiente cuyo tratamiento es impostergable.
Las inequidades y desigualdades prevalecientes en el país, en todos los ámbitos de la vida nacional, nos mantienen en condiciones de dependencia, subordinación, exclusión, discriminación y como objeto de violencia en las diversas formas de relación con el hombre, tanto en el medio familiar, como social o institucional.
No se trata solamente de cumplir con compromisos derivados de la suscripción y ratificación de instrumentos internacionales, se trata implícitamente de satisfacer en plenitud, las necesidades más lacerantes de las mujeres en el país, motivo de indignación para todos los mexicanos y las mexicanas.
Parte importante de nuestra responsabilidad como legisladores federales, es adoptar las medidas legislativas, orientadas a la atención y satisfacción del interés general de la nación.
Por ello, el proceso actual de fortalecimiento del Poder Legislativo, lleva aparejado la especialización para equilibrar el justo y la eficacia de sus funciones con las de los Poderes Ejecutivo y Judicial. De ahí la importancia de que la Cámara de Diputados cuente con cuerpo de apoyo técnico, profesionales capacitados y especializados, para el mejor desempeño de la función legislativa.
Es importante observar también que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, aprobado por la Cámara de Diputados, contempla la reasignación de recursos a este órgano legislativo, para la creación y funcionamiento de un centro de estudios, que sea la instancia técnica especializada de la Cámara de Diputados, encargada de sistematizar información, elaborar análisis, realizar estudios de derecho comparado, de seguimiento y evaluación de la ejecución de las políticas públicas y los programas orientados a asegurar el desarrollo y adelanto de las mujeres, así como el ejercicio y goce pleno de nuestros derechos humanos y libertades fundamentales.
De seguimiento y evaluación sobre el ejercicio de los recursos presupuestales asignados a dicho programas, formular proyectos sustentados en los resultados de los estudios realizados, proporcionar a los órganos de la Cámara de Diputados información y análisis estadístico, bibliográfico, documental y jurídico especializado en materia de equidad de género, de derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres, y presentar a la Cámara de Diputados y poner a disposición del público en general, toda la información que tenga en su poder.
El Centro pretende prestar los servicios de apoyo técnico y de información analítica, requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Cámara de Diputados, en forma objetiva e imparcial y oportuna, conforme a los programas aprobados. El Centro constituye una unidad especializada de la Secretaría General adscrita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 49. Número 3. La Cámara contará también en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de finanzas públicas, de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias, de estudios sociales y de opinión pública, de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria y de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género.
Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de febrero de 2005.
Solicito, señor Presidente, que se incorpore el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted diputada. Obséquiese la solicitud de la diputada Gastélum e insértese de manera íntegra el texto en el Diario de los Debates y túrnese al a Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el señor diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez (PAN): Con su venia, señor Presidente y de igual manera solicitando se pueda incorporar de manera íntegra al Diario de los Debates con su exposición de motivos, esta iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes.
México vive en democracia y goza de un espíritu de libertad, por ello este momento es propicio para afianzar no sólo los valores democráticos y el valor a la patria, sino sobre todo el cimiente y la semilla de la patria, es decir, la niñez mexicana, pero hablar de la defensa y promoción de los derechos de las niñas y los niños implica hablar del fortalecimiento de la familia. Esto lo afirmo porque según encuestas, 9 de cada 10 mexicanos piensan que el valor de la familia es el más importante, lo cual muestra la relevancia que se le otorga al espacio familiar en nuestro país.
Fortalecer la familia es hacer más fuerte a México, la fortaleza de familia es la gran fortaleza de México y es que no somos solos, nacemos y vivimos articulados en familia; vinculados sus miembros en comunidad de sangre, de amor, de conformación y repertorio espiritual, de destino. Padres, hijos y hermanos tienen necesidades y recursos comunes; no pueden ser recíprocamente indiferentes.
La concepción del ser humano es un hecho jurídico fundamental y de gran importancia. Desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacido. El nacimiento es un hecho jurídico de grandes consecuencias dentro del derecho de la familia y el derecho en general, con repercusiones patrimoniales económicas incluyendo el derecho hereditario. Se confirma la personalidad que ya se había reconocido al concebido; se originan las relaciones de parentesco y toda la serie de derechos, obligaciones y deberes jurídicos de los parientes.
Actualmente los padres pueden reconocer a su hijo conjunta o separadamente, de tal manera que el reconocimiento hecho por uno de los padres produce efectos sólo con respecto a él y no con respecto al otro. El derecho que tiene el menor a una identidad y la obligación que tienen los progenitores a una paternidad responsable no es tema menor y tampoco nuevo. De hecho, en distintos instrumentos internacionales de los que México ya es parte, se consagran estos derechos y deberes, por eso la necesidad de hacer un medio expedito en donde sea la ley y no la voluntad, la que regule el contenido, extensión y la eficacia de las relaciones familiares, es de suma importancia.
Dejemos de pretender que el niño nace por generación espontánea, tiene un padre y una madre; éstos a su vez tienen un nombre y deben ser responsables de hacerse cargo del menor, reconociéndolo, cuidándolo y compartiendo las obligaciones de su paternidad. El no tener un padre que reconozca su condición es igual de dañino que el no tener madre. Debemos entender que el nacimiento de un niño es el hecho de la relación de un hombre y una mujer, de 2 y no es aceptable que sólo uno se responsabilice.
Hoy en día contamos con un Estado de Derecho en donde las madres que no cuentan con el apoyo del padre, no pueden exigir que se reconozca a su hijo y por ende, que se responsabilicen por el nuevo ser humano. Creemos que no son suficientes las disposiciones normativas vigentes, que específicamente aluden a la identidad; debemos modernizar nuestra legislación apegándonos a las convenciones internacionales a las que se ha suscrito México, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con lo anterior se pretende que, con base a las adiciones a esta ley, las legislaturas locales emprendan las medidas necesarias para establecer sus respectivas legislaciones.
Las normas legales que constriñan a los progenitores a someterse a las pruebas idóneas para acreditar la paternidad, entre ellas las comparativas del material genético dado su fiabilidad.
En las normas también se dispondrá lo necesario para garantizar que los procedimientos judiciales relativos al reconocimiento de la paternidad o maternidad sean prontos y expeditos.
Atendiendo al principio de interés superior de la infancia, deberá establecerse, sin limitación, el desahogo de las pruebas idóneas para dicho reconocimiento, por lo que deberán admitirse como elementos de convicción dentro de los juicios respectivos, la prueba pericial genética o científica procedente para demostrar la paternidad o la maternidad sin que para ello sea indispensable la anuencia del demandado.
Lo anterior, a fin de que la autoridad jurisdiccional cuente con las probanzas necesarias para comprobar la filiación del niño o niña y en consecuencia el poder llevar el apellido sus progenitores, el de exigirles alimentos, el de heredar y demás efectos legales que de la filiación se derivan.
Esta iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, ley que se fundamenta en el párrafo 6º del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna, es una ley marco que señala los elementos mínimos que la legislación local en materia de familia debe contener.
La protección de los derechos de los niños es una tarea que incumbe a todos los actores de la sociedad, a este Congreso, a las Legislaturas de los estados, a los encargados de implementar políticas públicas, a la sociedad civil, en fin, esto es tarea común si queremos una nación sana y próspera.
Por eso, a lo que estamos convocando es a un frente común a favor de la niñez, a favor de la familia, a favor de México. Mi iniciativa es para fomentar una paternidad responsable dándole a los menores el derecho de contar con el apellido de ambos progenitores y que de ese reconocimiento se desprendan las demás obligaciones que fortalecen a la familia.
Fortalecer a la familia es hacer más fuerte a México, la fortaleza de la familia es la fortaleza de México. Vemos al inicio de este siglo a una niñez que es diferente, a una niñez que requiere mejores condiciones para constituirse y construirse, necesitamos una niñez viva y creativa que nos sorprenda por la capacidad de sobreponerse a pesar de las situaciones que en muchas ocasiones se ve sometida, a pesar de decisiones equivocadas que se hacen en su nombre.
Vemos, en suma, a una niñez que con un enorme potencial forma parte de esta humanidad y sin embargo vemos también a una sociedad que no ha construido una estructura suficiente para permitir y canalizar dicho potencial.
Por eso, hacemos énfasis a este frente común a favor de la niñez, a favor de la familia, a favor de México.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado, y como lo solicitó, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta en caso de que no haya aparecido el día de hoy.
A petición de la Junta de Coordinación Política, petición que con toda lealtad y fraternidad hacemos propia en la Mesa Directiva, se ruega a los presentes ponerse de pie a efecto de guardar un minuto de silencio en la memoria del señor periodista, don Francisco Huerta.
(Se guarda un minuto de silencio)
La anterior iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Horacio Duarte Olivares, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al derecho de los ciudadanos mexicanos.
El diputado Horacio Duarte Olivares (PRD): Gracias y con la autorización de la Presidencia.
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
Los valores que fundamentan la dignidad de la persona humana y que en su conjunto son presentados por los derechos humanos, se pueden encontrar prácticamente en cualquier cultura o forma de pensamiento.
El concepto de derechos humanos ha tenido diferentes acepciones a lo largo de la historia y según la doctrina sus orígenes se remontan al pensamiento del mundo clásico, o a la formación cristiana de la dignidad moral del hombre en cuanto a persona.
Diversas instituciones señalan que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya relación efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos establecidos en la Constitución, en las resoluciones de los organismos internacionales y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado.
Para Luigi Ferrajoli, los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos dotados del estatus de persona, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por una norma jurídica; con base en tal concepto, el titular del derecho tiene la facultad de exigir su respeto y observancia, pudiendo acudir para ello al órgano jurisdiccional competente para en su caso reclamar, a través de los recursos que establece el respectivo orden jurídico, la protección de tales derechos y la reparación del menoscabo sufrido.
Sin embargo, debe precisarse que los derechos fundamentales no sólo garantizan derechos subjetivos de las personas, sino también principios objetivos básicos del orden constitucional que influyen de manera decisiva sobre el ordenamiento jurídico en su conjunto, legitimando y limitando el poder estatal, creando así un marco de convivencia humana propicio para el desarrollo libre de la persona: Así, los derechos fundamentales como principios objetivos, limitan las facultades de los órganos del Estado.
Si bien es cierto, que todo derecho humano debe interpretarse considerando estos principios antes mencionados, por motivos históricos cada uno de ellos dio origen a un conjunto distinto de derechos, consecuentemente fueron denominados como derechos civiles y políticos aquellos regidos por el principio de la libertad llamados derechos de primera generación, que comenzaron a ser exigidos en el siglo XVI que incluyen el derecho a la vida, a la integridad física, libertad de expresión y pensamiento, a participar en el gobierno del propio país, a no ser detenidos sin un motivo legal y a ser juzgado con garantías de imparcialidad entre otros.
Ahora bien, el concepto derechos conlleva a la posibilidad de reclamar su ejercicio frente al Estado que se obliga a respetar y a garantizar todos los individuos, esto permite concluir que la protección de los derechos fundamentales es un deber del Estado y los individuos deben disponer de mecanismos legales para garantizarlos.
En esta vertiente, los derechos políticos son entendidos como aquellos que conceden a su titular una participación en la formación de la voluntad social, facultan a los individuos en su calidad de ciudadanos a participar en la conducción de los asuntos públicos de un Estado, estos derechos requieren de la misma protección que los demás derechos fundamentales.
En virtud de ello, nuestra Ley Fundamental, en su artículo 38, fracción II, transgrede el derecho político de que todo ciudadano podrá tener el acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país que se consagra en el artículo 23 del Pacto de San José.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos también reconocida como Pacto de San José, adoptada por nuestro país el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, entró en vigor el 24 de marzo del 81, estableciendo en su artículo 1º que los Estados partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona, entendiendo la palabra persona para los efectos de esta Convención, a todo ser humano que esté sujeto a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
El mismo artículo 2º de dicha Convención, obliga a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias en su legislación interna incluida la de rango constitucional, para hacer efectivos tales derechos y libertados.
En cuanto a los derechos políticos, el artículo 23 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben tener el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Asimismo, el numeral 2 del artículo en comento, establece que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, es decir, a los derechos políticos. Exclusivamente podrán ser restringidos por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal.
Asimismo y en materia de observancia, aplicación e interpretación de los tratados, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados del 23 de mayo de 1969 y ratificada por nuestro país, en su numeral 26 previene el principio de pacta sunt servanda, el cual establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
En este sentido, cabe resaltar que la pertinencia de esta reforma se debe a que la Constitución, si bien no reconoce en forma explícita el principio de presunción de inocencia, tal reconocimiento existe ya por nuestro máximo órgano de decisión jurisdiccional como es la Suprema Corte de Justicia, que ha establecido en tesis de jurisprudencia que el principio de presunción de inocencia se encuentra implícito en la Constitución Federal.
Por su parte, el artículo 38 de la Carta Magna establece las causas de suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos mexicanos, que conforme a su fracción II, la sujeción a un proceso penal por delitos que merezca penal corporal, es causa de suspensión de los derechos políticos. De esta forma la interpretación de la fracción II de la norma referida, es que la suspensión tiene efectos únicamente durante el proceso penal y hasta que se pronuncie una sentencia absolutoria en el proceso respectivo, lo cual implica que el imputado está sujeto a una condena social sin haber sido condenado jurídicamente.
Por lo tanto, la persona, pese a mantener el estatus jurídico de inocente, sufrirá de la suspensión de sus derechos políticos, lo que implica la aplicación indebida del derecho fundamental de presunción de inocencia y en consecuencia se presenta la violación del derecho humano, es decir, como derecho político de acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país, como ya lo cité anteriormente.
En este sentido, la propuesta de reforma busca establecer y consagrar como deber del legislador para establecer siempre las garantías de un procedimiento y de una investigación racionales y justas, incorporando a nuestro medio un cúmulo de principios entre los que naturalmente se haya la presunción estado de inocencia.
Nuestro proceso penal debe por lo mismo, estructurarse sobre la base de este principio y en consecuencia, la fracción II del artículo 38 de la Constitución debe ser reformada para ser congruente con el espíritu democrático y liberal, plasmado en nuestra Ley Suprema por el Poder Constituyente y por los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los diversos instrumentos internacionales.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Unico. Se reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 38. Los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
Fracción II. Por pena de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada, desde el momento en que se inicie su ejecución.
Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo.
El que suscribe, diputado Horacio Duarte Olivares.
Solicito también, ciudadano Presidente, pueda insertarse íntegramente esta iniciativa en la versión estenográfica y en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Así lo haremos, señor diputado Duarte.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado don Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Manuel Velasco Coello (PVEM): Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Desde principios del siglo XX, México ha tenido dentro de sus ideales más altos el crear un sistema educativo que cubra a toda la población y que le brinde los conocimientos y las herramientas intelectuales necesarias para impulsar el desarrollo y la justicia social.
En este contexto, la educación media superior se reviste de importancia respecto del sistema educativo de cualquier país. Su principal objetivo es preparar a las jóvenes generaciones para que se desempeñen satisfactoriamente en los diversos ámbitos, que les permita acceder a los estudios superiores, lo que les garantizará a su vez una vida adulta, productiva y de calidad.
Por ello, es urgente redoblar esfuerzos en materia educativa, para combatir la deserción escolar que se agrava a partir de la educación media.
Esta situación, aunada al desempleo y subempleo juvenil, ponen de manifiesto la complejidad y dificultad en los procesos que las generaciones jóvenes enfrentan en la actualidad.
Por esta razón, el Partido Verde presenta una propuesta en educación media superior que permite a los jóvenes llevar a términos este nivel educativo y en consecuencia, estar en posibilidades de mejorar su nivel de vida.
Sabemos que en términos monetarios, los recursos destinados a la educación son insuficiente e ineficaces, basta ver el actual 5.6 por ciento del producto interno bruto destinado a este rubro. A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas para la educación ha recomendado destinar el 8 por ciento del producto interno bruto a este ramo.
Debemos evitar que el apoyo gubernamental sea diferido y en gran medida inequitativo; asimismo, el que nuestra política educativa carezca de una visión de Estado y que el gasto asignado a educación sea justamente eso, un gasto y no una inversión cuyos alcances serían de largo plazo y de efectos duraderos.
Se estima, para el año 2005, un presupuesto de 27 mil 912 millones de pesos para la educación media superior, cantidad 3.8 por ciento menor a la ejercida en 2004, por lo que lograr una equidad entre los distintos niveles de instrucción, específicamente en cuanto a la distribución del presupuesto destinado al ramo de educación, es el primer paso para la consolidación de un sistema educativo eficiente y adecuado a las circunstancias mundiales actuales.
La educación media superior se ha constituido como el punto de inflexión de los destinos educativos del estudiante en México. Es en esta etapa académica, en la que el joven tiene la alternativa de concluir su vida educativa a nivel profesional o desertar de manera definitiva para incorporarse a la fuerza laboral.
Para los diputados del Partido Verde, la educación ha sido un tema medular en la construcción de nuestra agenda legislativa. Asumimos plenamente la responsabilidad adquirida de proveer a todos los mexicanos las condiciones y los ordenamientos legales necesarios que les permitan el acceso a una educación pública de calidad en todos los niveles.
Con ello se podrá obtener una mejor calidad de vida, al tener plena conciencia que con la carencia de una educación de calidad no sólo se cancela el futuro de los pueblos sino que también se destruye su memoria y se vive sin conciencia del presente.
La educación en México debe disponer de una orientación puntual, definida y sustentada en un proyecto de largo plazo que nos permita promover la educación pública laica y gratuita, tal y como lo marca la Constitución y lo demanda la sociedad.
Por ello proponemos en la presente reforma, para el caso de la educación media superior, que las autoridades educativas, para el ejercicio pleno de derecho a la educación de cada individuo, establezcan un programa que garantice apoyos financieros a cualquier alumno que los necesite para la continuidad en su programa de estudios.
Con esto se pretende brindar a los estudiantes una tranquilidad económica durante el desarrollo de sus estudios y evitar la deserción educativa de los jóvenes por falta de recursos económicos.
Siendo congruentes con nuestra ideología de traducir las intenciones en hechos, la presente iniciativa incentiva la construcción de un sistema educativo basado en la equidad al propiciar que estudiantes en situación económica desfavorable y deseosos de superación puedan continuar su proyecto educativo.
Los apoyos económicos que se proponen contribuirán no sólo a subsanar esta deficiencia sino que, a largo plazo, servirán como aliciente a los estudiantes para continuar con su formación académica.
Con la finalidad de que esta medida no encuentre grandes obstáculos en su implementación, se considera que los recursos provengan del mismo 8 por ciento del PIB establecido en la Ley General de Educación.
La Secretaría de Educación Pública establecerá los demás lineamientos bajo los cuales se otorgará a los jóvenes dichas becas a fin de que éstas beneficien verdaderamente a aquellos que en realidad las necesitan.
Debemos proveer los instrumentos necesarios para que en un corto plazo nuestro país tenga las condiciones necesarias para que se incluya la media superior dentro de la educación básica que imparte el Estado.
Con base en lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se permite someter a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman el artículo 32 y la fracción VIII del artículo 33, ambos de la Ley General de Educación.
Por cuestión de tiempo omitiré la lectura, pero solicito a la Mesa Directiva se publique íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tenía registrado en el orden del día una iniciativa del diputado Manuel Velasco Coello que tiene que ver con la Ley Federal de Amparo, y hemos escuchado que el diputado Velasco presentó una iniciativa totalmente distinta.
Luego entonces, igual se le respeta su derecho y se turna a la comisión correspondiente de Educación y de Servicios Educativos.
Tiene la palabra el señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que los partidos políticos y las asociaciones políticas nacionales sean sujetos obligados de la misma y para que los dirigentes de las instituciones señaladas se sujeten a su observancia.
El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene como finalidad el adicionar determinados artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, concretamente a los artículos 1, 3, 4, 5, 7 y 11 en la propia ley.
¿Por qué es importante hoy en día que adicionemos estos artículos? Quisiera destacar, primero, que el acceso a la información es parte fundamental de todo proceso democrático.
Durante muchos años en nuestro país se había discutido y se sigue discutiendo sobre este tema.
No puede concebirse que en pleno siglo XXI, autoridades de los tres niveles de gobierno: El Federal, el estatal y el municipal, sigan manejando recursos públicos sin rendir cuentas a nadie; no puede aceptarse que poderes de facto y también hay que decirlo, los propios partidos políticos, estemos manejando los recursos públicos sin rendir cuentas con toda la transparencia y la claridad que el pueblo de México está demandando.
Vale la pena destacar, por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que el primer antecedente en este tema lo tenemos en el año de 1977, en donde se adicionó el artículo 6º constitucional, agregando las palabras "el derecho a la información", que desde luego, estos son como varios de los derechos que tiene la Constitución y que no se cumplen, como a la vivienda, a la alimentación, a la salud y una serie de derechos establecidos en la propia Carta Magna.
Por eso es que después de varias discusiones y debates de académicos, comunicadores e intelectuales, empezaron a trabajar en diferentes foros en toda la república, con el objeto de que pudiéramos contar con una ley que permitiera a todo ciudadano poder contar con la información, por lo que se refiere al manejo de los fondos públicos federales, y por otro lado también poder contar con la información suficiente para que se sepa con toda claridad, de diversas acciones que se hacen y realizan en la Administración Pública Federal.
Sí debemos reconocer que el actual Gobierno Federal tuvo la decisión y la voluntad de trabajar en esta materia. Lo hizo desde que se creó el Grupo de Trabajo de Transición; lo hizo posteriormente estando ya en funciones de gobierno. Por eso es que el 30 de abril del año 2002, por unanimidad, fue aprobada esta nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que posteriormente fue publicada el 11 de julio del mismo año.
No solamente se aprobó la ley, también se pensó en la creación de un órgano en el cual hubo una gran discusión, ya que por un lado se pretendía que hubiera un instituto nacional autónomo para requerir, vigilar y fiscalizar al poder público federal, y por otro lado, un órgano que cumpliera con estas atribuciones y que pudiera satisfacer la demanda de todos los mexicanos.
Consideramos como partido que contamos con una buena ley y con un órgano autónomo que cuenta con la confianza de todos nosotros, a pesar de que existen ciertas cuestiones, todavía aún no definidas, que no son suficientes para poder contar con lo que requerimos para saber si se maneja o no correcta o incorrectamente la Administración Pública Federal.
El tema que hoy estamos poniendo a la consideración de ustedes tiene que ver precisamente con los partidos políticos. Un partido político, y creo que vale la pena redundar en ello, es una entidad de interés público de acuerdo con nuestra Constitución. Y lo único que prevé, que fue la consideración que se hizo en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que el Instituto Federal Electoral puede solicitar los informes, practicar las auditorías, en fin, que el IFE sea el órgano el cual puede atender este tipo de cuestiones.
Por otro lado, los medios de comunicación, los diferentes actores políticos, están preocupados por el proceso electoral del año 2006, en donde se tiene la justificada preocupación de saber cuál va a ser el origen de los fondos públicos para el manejo de las campañas. Y tienen razón, vemos con grave preocupación que cada día las campañas políticas son las más costosas de muchas partes del mundo, a pesar de ser un país en donde la mitad de su población hemos hecho esta clasificación extraña de extrema pobreza y pobres, como si una lámina cambiara su condición de angustia y de necesidad.
Por eso en el Partido Convergencia creemos que deben ser en primera instancia los propios militantes los que deben de tener el derecho de saber cuales son los manejos y cuántas son las cantidades que ingresan al partido político al cual pertenecemos.
Por eso la sociedad también tiene derecho a saber, de una manera clara y transparente, el manejo de los fondos públicos de los partidos políticos y no solamente confiar en una institución de buena fe, que aquí aprobamos, para decirnos si se manejan o no bien los recursos públicos.
Por eso la única situación que hoy estamos planteando en esta edición es que todo lo que hoy se está pidiendo de transparencia hacia el Gobierno Federal por lo que se refiere a los fondos públicos, en cada uno de los artículos a que he hecho referencia, simplemente se está agregando la palabra "y a los partidos políticos", "y a las asociaciones políticas nacionales".
Y si tomamos en cuenta que probablemente tengamos 2 mil agrupaciones políticas nacionales, creo que vale la pena, a tiempo, hacer las modificaciones necesarias para que exista una verdadera fiscalización, pero sobre todo en los partidos políticos si verdaderamente queremos evitar que los partidos cuenten con recursos de origen desconocido o que cuenten con los recursos que no deben excederse a los topes que se fijan en las respectivas campañas.
Muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Jesús Martínez Alvarez. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el señor diputado don Juan Manuel Vega Rayet, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, 4, 8, 9, 12, 13, 37, 48, 51, 53, 54, 55, 65, 66, 77, de la Ley General de Educación.
El diputado Juan Manuel Vega Rayet (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
En la presente iniciativa partimos de considerar al proceso educativo como un elemento clave en el desarrollo de la sociedad, que promueve la eliminación de las condiciones de pobreza, insalubridad y analfabetismo y el logro de la dignidad del hombre.
El artículo 3º establece el papel de la educación para el desarrollo del país y de las personas. En su segundo párrafo señala que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.
El derecho que tienen los ciudadanos mexicanos a la educación y a las condiciones en que se debe prestar este servicio, se encuentran establecidos en los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su reglamentación en la Ley General de Educación. Este marco legal regula y controla la educación que imparte el Estado, los organismos descentralizados y los particulares, con autorización expresa o reconocimiento de validez de los estudios que imparten.
También señala las facultades y derechos que tienen las universidades e instituciones que imparten la educación superior con autonomía, para organizarse y gobernarse a sí mismas en sus actividades académicas, docencia, investigación y difusión de la cultura, y en sus aspectos administrativos, de acuerdo con los principios y postulados establecidos en el artículo 3º de la Constitución.
El marco normativo además señala que la educación que imparte el Estado deberá de ser laica, gratuita, democrática y deberá contribuir al desarrollo integral de los individuos, favorecer el desarrollo de sus facultades y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía.
La educación es factor fundamental del desarrollo humano, a través de ella las personas tienen mayores oportunidades de acceso a la salud y al empleo, contribuye a promover la socialización de la educación por medio de la transmisión de valores relacionadas con la ciudadanía, la democracia, la solidaridad y la tolerancia. Constituye un elemento para facilitar la participación activa de los ciudadanos en la sociedad y para la integración de las personas excluidas de los beneficios del desarrollo.
Asimismo, el sistema educativo nacional se caracteriza por tres directrices: su actualización, que permite a maestros y alumnos valerse de las técnicas e instrumentos más avanzados en la enseñanza-aprendizaje; su apertura, capacidad de llegar a todos los grupos sociales y de popularizar los bienes educativos; y su flexibilidad, que facilita la movilidad vertical y horizontal de los educandos dentro de los diversos niveles y modalidades del sistema.
La reforma es integral, porque articula orgánicamente los diversos componentes del sistema, y establece nuevos procedimientos de democratización al igualar la educación extraescolar con la escolar, fortalecer los mecanismos de actualización del maestro, ampliar la difusión de la cultura e implica la revisión y actualización permanente de la legislación educativa.
La educación básica comprende la educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar atiende a niños de 3, 4 y 5 años de edad. Se imparte generalmente en tres grados. Este nivel educativo es obligatorio.
La educación primaria es obligatoria y se imparte en niños de 6 a 14 años de edad en 6 grados. La primaria se ofrece en diversas modalidades: general, bilingüe, bicultural, cursos comunitarios y educación para adultos.
En cualquiera de sus modalidades la educación primaria es previa e indispensable para cursar la educación secundaria. La educación secundaria es obligatoria desde 1993 y se imparte en los siguiente servicios: general, técnica, telesecundaria para trabajadores y para adultos; se proporciona en 3 años a la población de 12 a 16 años de edad que hayan concluido la educación primaria.
Las personas mayores de 16 años pueden estudiar en la secundaria para trabajadores o en la modalidad para adultos. Este nivel es propedéutico, es decir, necesario para iniciar estudios medios profesionales o medios superiores.
El sistema de educación media superior está conformado por tres modalidades: el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y la educación profesional técnica. Para ingresar a la educación media superior es indispensable contar con el certificado de secundaria; además la mayoría de las escuelas privadas y públicas exigen la presentación de un examen de admisión.
Actualmente la Ley de Educación del estado de Jalisco, en su artículo 3º ha protegido el carácter gratuito y obligatorio de la educación media superior, pues establece: "La educación es un derecho fundamental del ser humano, que tiene como propósito su desarrollo integral. La educación primaria, secundaria y media superior tienen carácter obligatorio y gratuito".
En su numeral 6 dispone que el gobierno del estado está obligado a prestar y promover servicios de educación, con el fin de que la población curse la educación media superior.
Asimismo, se observa en la Ley de Educación del Gobierno del Distrito Federal, que éste tiene la obligación de atender y prestar a todos los habitantes de la entidad, educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Sin embargo, no es suficiente que sólo en algunos estados se considere la obligatoriedad de la educación media superior, resulta necesario el impulso de esta reforma en todas las entidades de la república para el crecimiento sistemático en materia de educación de país.
Sabemos que no es tarea fácil, la infraestructura de los recursos humanos como los materiales de apoyo que se necesitan para la aplicación de esta política obligarían a nuestra sociedad y al gobierno a realizar inversiones considerables y a destinar recursos crecientes para sostenerlos. Los beneficios nos pondrían en una situación de vanguardia en materia de desarrollo social y calidad de vida.
En consecuencia, la presente iniciativa propone que la educación media superior tenga carácter obligatorio y gratuito en todo el territorio nacional a fin de acrecentar la posibilidad de sostener y profundizar nuestro desarrollo como sociedad y país, así como de participar creativamente en el orden internacional.
Por tal motivo, se somete a consideración del pleno de este honorable Congreso, la siguiente propuesta de iniciativa.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3º y 31º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y a los artículos 3º, 4º, 8º, 9º, 12º , 13º, 37º, 48º, 51º, 53º 54º, 55º, 65º, 66º y 77º, de la Ley General de Educación.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Vega Rayet.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el señor diputado don Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Diputado Molinar Horcasitas, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Molinar.
El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (PAN) (desde su curul): Gracias, Presidente.
Para solicitarle, si es usted tan amable, ampliar el turno de este asunto por las consecuencias de índole presupuestal y financiero que tiene la Comisión de Presupuesto y a la Comisión de Hacienda, por favor.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Diputado ¿habría la posibilidad de solicitar la opinión de ambas?
El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (desde su curul): Sí.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: ¿O el turno a una sola de ellas con la opinión de otra?
El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (desde su curul): El turno a la Comisión de Hacienda y opinión de Presupuesto, o como usted lo determine, un turno a una y una opinión de la otra.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Vamos a ampliar el turno a la Comisión de Presupuesto con opinión de la Comisión de Hacienda. ¿Le parece a usted correcto?
El diputado Juan Francisco Molina Horcasitas (desde su curul): Me parece correcto, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Así queda el turno.
El diputado Juan Francisco Molina Horcasitas (desde su curul): Agradezco su atención
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de Hacienda.
Adelante, señor diputado Sergio Vázquez García.
El diputado Sergio Vázquez García (PAN): Gracias, señor Presidente. Por obvio de tiempo, señor Presidente, leeré solamente un extracto de la iniciativa, lo que solicito, se inserte el texto íntegro de la misma en el Diario de los Debates.
El que suscribe, diputado Sergio Vázquez García, diputado federal del estado de Jalisco e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me presento a presentar una iniciativa de decreto en la cual se modifican adiciones a diversos artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
Para el Partido Acción Nacional, el interés nacional es preeminente, todos los intereses parciales derivan de él o en él concurren. No pueden subsistir ni perfeccionarse los valores humanos si se agota o decae la colectividad ni ésta puede vivir si se niegan los valores personales.
Por ello, cualquier propuesta de reforma al vasto mundo legal mexicano, tiene que salvaguardar la esencia de la nación en su conjunto y no solamente algunos grupos o sectores que protegen por lo general compromisos e intereses diversos de los demandados por la generalidad del país.
Reconozcamos en este caso la existencia del clamor popular porque se aplique la justicia en todos los casos en que se violente el derecho positivo por un particular o un integrante del poder público, el cual deberá ser comprendido a cabalidad por el Poder Legislativo, porque sin lugar a dudas la realización de la justicia, es atribución primaria del Estado.
La labor de la razón tiene como exigencia el orden. En política este orden se llama derecho, que es la supresión de las relaciones interindividuales, de manera que en ningún caso se realice en términos desventajosos para nadie. Un pueblo, organizado según sus normas e instituciones es un Estado y en el seno de éste, el orden postula un poder como elemento indispensable para la eficacia de la regulación, con miras a la obtención de un fin.
Por ello, la honesta, objetiva y fecunda actuación de este valor, es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana y de las comunidades naturales, es además condición necesaria de la armonía social y del bien común.
La justicia es entonces considerada como un valor y un objetivo de la realización natural de cualquier comunidad humana, debe ser aplicada mediante instrumentos diversos, siendo uno de ellos, el Estado de Derecho.
Por ello, es impostergable la aplicación de la ley por los tribunales de manera justa, pero antes que suceda esto se requiere de la existencia de un verdadero Estado de Derecho, que sea resultado de elaboración de normas auténticamente jurídicas y un esfuerzo concurrente de todos los órganos del Estado, presidido por la justicia e inspirado en ella.
Es así, que la responsabilidad del funcionario público, tiene que estar perfectamente delimitada por el orden jurídico, pues así como se establecen sus derechos laborales o de seguridad social, del mismo modo se debe contar con el cuadro normativo que haga efectiva cualquier irresponsabilidad de todo servidor público, pues tiene que existir siempre la estructura legal, que permita exigirle a éste su falta de compromiso con la sociedad y el quebrantamiento ineludible del marco normativo al cual está sujeto.
Porque no es posible que un Estado moderno, como el nuestro, quienes tienen a su cargo la aplicación de las normas jurídicas sean los primeros en transgredirlas, máxime que cuando las violentan tratan de eludir cualquier tipo de responsabilidad política, penal, administrativa o civil, por la falta de claridad en la gran diversidad de normas imperfectas que conforman el Estado mexicano.
Por lo anterior, debe de establecerse con toda exactitud, la forma en que los integrantes del poder público deben de rendir cuentas, entendido no sólo como la transparencia a que debe de estar sometida la actividad pública sino también estableciendo un marco normativo, que permita investigar en forma clara, expedita y justa al funcionario público que incumplió con su deber.
Tomando en cuenta los anteriores razonamientos, es que me presento ante este pleno, a poner en consideración de esta Asamblea una reforma integral a la Ley Reglamentaria del Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuyo objetivo de la reforma enumeraré a continuación de forma general.
La presente reforma contempla cambios jurídicos que tienen que ver con tres rubros principales, con los que darán plena funcionalidad a la Comisión Jurisdiccional los relativos al procedimiento de juicio político y los inherentes al procedimiento de declaración de procedencia.
Respecto al primer rubro, se otorgan facultades de dictamen a la Comisión Jurisdiccional, que de acuerdo a la propuesta y a sus nuevas potestades, se denominará Comisión Jurisdiccional y de Responsabilidad y asimismo para el mejor desempeño de sus actividades, se proponen la creación de dos subcomisiones, una de éstas estará destinada especialmente a la sustentación de los juicios políticos y la otra a la declaración de procedencia.
En ese mismo sentido, por congruencia a esta iniciativa, desaparece la Sección Instructora y la Subcomisión de Examen Previo.
Asimismo, para favorecer la representación equilibrada de todos los grupos parlamentarios, se propone que la subcomisión se integre por 7 miembros, cada uno dándole pluralidad a la representación política y evitando la posibilidad de que se empaten los votos en una comisión o sección instructora que es de 4 legisladores.
En el segundo de los rubros se establecen nuevos elementos de procedimiento de juicio político, en cuanto a las formalidades que debe contener el escrito de denuncia. Se establecen obligaciones de la Secretaría General de la Cámara de Diputados en este tipo de procesos, con plazos para realizar los trámites de ley correspondientes. Se especifica con claridad y se señala de manera puntual el término para la presentación y desahogo de pruebas.
Respecto a la figura de caducidad de la instancia, se ha introducido para aquellos procesos que no sean impulsados por las partes sean retirados de la vida jurídica.
Se configura de manera específica el desarrollo de la audiencia, en donde se votaría el expediente que contenga conclusiones acusatorias.
Se reduce la duración del proceso de tiempo indefinido. Con esta actual legislación puede tardar máximo 6 meses llevando un procedimiento continuo el proceso de juicio político o de desafuero.
Por lo que atañe a los juicios de procedencia, se permite únicamente la intervención del Ministerio Público y se limita la aberración jurídica contenida en el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a que se otorga la posibilidad a cualquier particular de iniciar juicio de procedencia. Y además se propone que los dictámenes de la Comisión Jurisdiccional y de Responsabilidades conserven su carácter de definitivos aunque no sean votados por la legislatura que les dio origen, con lo que se evitará un manejo político de los mismos.
Esta reforma contempla cada una de las etapas que se consideren necesarias para obtener un proceso claro, eficaz, que permita a cualquier funcionario público inculpado defenderse oportunamente, y a la Subcomisión de Juicios de Procedencia le brinda la posibilidad de allegarse de las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del encausado, dando respuesta con ello al clamor generalizado dentro de los diferentes sectores de la sociedad de que en México debe acabarse la impunidad y que los juicios políticos y los juicios de procedencia generalmente no proceden o no llegan a un término justo.
Para concluir, quiero enunciar una cita del maestro Efraín González Luna, en su libro Humanismo Político, sobre este tema, donde decía que el Estado es tan necesario a la vida humana como la sociedad misma y la integración del Estado, la fijación de límites a la acción del Estado, la formulación de los deberes del Estado y la afirmación de los derechos del hombre frente a las posibilidades de afirmación y despotismo del Estado, la formación y la aplicación de leyes es, señores, una actividad política.
Y es aquí donde los legisladores, dentro de nuestra actividad política, debemos de cambiar las normas que rigen el funcionamiento de los políticos, de los servidores públicos y dar la certeza de claridad, de transparencia y de también un cese a la impunidad en contra también de la corrupción.
Fortalezcamos las instituciones y esta iniciativa la pongo a su consideración, señor Presidente, para que la turne a las comisiones respectivas.
Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli (PRD): Muchas gracias, diputado Vázquez García.
De acuerdo a su solicitud, favor de integrarlo en el Diario de Debates y turnarlo a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
A continuación, tiene la palabra el compañero diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Rafael Flores Mendoza (PRD): Con su venia, señora Presidenta...
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito.
Sonido en la curul del diputado.
El diputado Campos Eugenio Mier y Concha (PRI) (desde la curul): Diputada Presidenta, para solicitar la verificación del quórum, por favor.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputado Mier y Concha.
En términos del artículo 27 del Acuerdo Parlamentario, se pide a la Secretaría abrir el registro electrónico hasta por 10 minutos, para verificar quórum, mientras tantos habrá de continuar la sesión.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se ordena abrir el sistema electrónico de asistencia para la verificación del quórum, hasta por 10 minutos.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante, diputado Flores.
El diputado Rafael Flores Mendoza: Gracias, señora Presidenta.
Compañeros y compañeras diputados:
En nuestra democracia hay votos útiles y votos inútiles, instituciones públicas que son a la vez juez y parte.
A diferencia de lo que sucede en las elecciones para elegir a los representantes del Poder Legislativo, donde existe la figura de representación proporcional que reconoce los votos obtenidos por los partidos políticos perdedores, otorgándoles un número determinado de diputados y/o de senadores, en las elecciones para renovar al Poder Ejecutivo, los electores que votaron por la segunda fuerza, pierden su voto, ya que éste no sirve de nada y simple y sencillamente queda para engrosar las estadísticas electorales y el anecdotario político.
Esta pérdida, representatividad de la segunda fuerza electoral en la renovación del Poder Ejecutivo, cobra especial importancia cuando se observa que la diferencia entre el partido ganador y el que ocupa el segundo lugar, ha venido disminuyendo sistemáticamente de elección en elección.
Así por ejemplo, en el 82, el PRI obtuvo una ventaja de 58 puntos porcentuales respecto al segundo lugar que tan sólo obtuvo el 16 por ciento de la votación total, pero ya para el 88, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 19 por ciento y para las elecciones de 2000, los márgenes de diferencia se redujeron a tan solo el 6 por ciento.
Esta tendencia se reproduce en el ámbito estatal, donde los márgenes de votación también se han estrechado, oscilando entre 1 ó 2 puntos las diferencia entre el candidato triunfador y el candidato perdedor, como sucedió en los comicios de Veracruz, donde la diferencia entre el partido ganador y el perdedor fue tan sólo el cero punto 16 por ciento, igual sucedió en Tlaxcala y Sinaloa, donde los márgenes entre el primero y el segundo lugar, fueron de menos de un punto porcentual.
A lo anterior, hay que añadir que la mayoría de las empresas encuestadoras nacionales, prevén una cerrada competencia a las elecciones para renovar al titular del Poder Ejecutivo Federal en el año de 2006, en la que la diferencia entre el ganador y el segundo lugar, no superará a los 5 puntos porcentuales.
Ante esta nueva realidad, es indispensable revalorar la segunda fuerza política electoral, otorgándole un carácter preponderante y un peso político específico, lo cual no sólo requiere de contar con un número determinado de diputados y senadores en la conformación del Poder Legislativo, sino que, por primera vez en la historia, es menester conferirle un espacio de participación dentro del Poder Ejecutivo Federal.
Por otra parte, la corrupción ha permeado a la administración pública, originando que la sociedad la perciba como un mal que no tiene cura, un mal que inhibe las expectativas de los mexicanos, creando un clima de excepción y desencanto de los ciudadanos para con sus autoridades, aunque si bien, la corrupción por desgracia no es exclusiva del gobierno y alcanza los sectores privados y social, es en éste, en el gobierno, donde más lastima y ofende, ya que se trata del manejo de los recursos de todos, convirtiéndose en un lastre que socava la legitimidad de todas las instituciones públicas.
Lo anterior hace impostergable la implementación de políticas que erradican la corrupción en todas su formas, en especial, la corrupción oficial y frenar la pérdida de credibilidad del gobierno y en los servidores públicos.
Cabe destacar que el Estado mexicano, tan dado a suscribir cuanto convenio internacional se le presenta, ha celebrado diversos tratados y convenciones destinadas a combatir la corrupción en la administración pública.
En marzo del 96, signó la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la cual se obligó a establecer órganos de control que tengan como objetivo la prevención, detención, sanción y erradicación de prácticas corruptas, y en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, refrendó su compromiso de promover y fortalecer las medidas para combatir y prevenir la corrupción, obligándose a garantizar la existencia de un órgano u órganos encargados de prevenir la corrupción con la independencia necesaria y sin ninguna influencia indebida.
Sobre este particular hay que recordar que los tratados y convenciones internacionales suscritos por nuestra nación, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Constitución, constituyen la Ley Suprema de la Unión y por tanto, son de observancia obligatoria para el Estado mexicano.
Evidentemente, los compromisos asumidos con la suscripción y ratificación de ambos tratados internacionales no han sido cumplidos, ya que la Secretaría de la Función Pública, que es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada del combate a la corrupción, no cuenta con la independencia y mucho menos está al margen de influencia indebidas, ya que depende orgánica y económicamente del Presidente de la República y por ende, se encuentra supeditado en todo momento sus intereses a los de grupo o a los de partido.
No podemos concebir un eficiente combate a la corrupción, cuando la unidad administrativa encargada de su combate está bajo las órdenes del Presidente de la República, situación que por sí misma, como se señaló, contraviene los tratados y convenciones adoptados por nuestro país, puesto que el gobierno se obligó a garantizar la existencia de un órgano u órganos encargados de prevenir la corrupción con la independencia necesaria y sin ninguna influencia indebida.
Y en lo que corresponde a la Secretaría de la Función Pública, no cuenta con la independencia orgánica, política ni presupuestal para implementar medidas imparciales que deriven en un verdadero combate a la corrupción y propicie un ambiente de confianza a la función gubernamental entre la población. En mucho abonaría combatir la creciente desconfianza ciudadana en sus gobernantes, el hecho de que el órgano encargado de vigilar la actuación de la Administración Pública Federal, no fuera del mismo partido o afín al Presidente de la República, ya que evitaría que el gobierno fuese a su vez juez y parte.
Aunque si bien es cierto, que contamos con leyes, reglamentos, decretos e incluso códigos, cuyo objeto es establecer medidas destinadas a erradicar la corrupción, en tanto no se cuente con una entidad gubernamental capaz de acatar y ejecutar dichos ordenamientos y formular programas y políticas imparciales, el problema de corrupción seguirá aumentando.
Independientemente de lo anterior, hay que reconocer que se han dado algunos avances en materia de combate a la corrupción, como las modificaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la constitución de la Auditoría Superior de la Federación y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que si bien son insuficientes, es un importante logro en el combate a la corrupción y a la impunidad.
Por ello, en un primer paso, es necesario una reforma administrativa que otorgue a la Secretaría de la Función Pública su independencia política suficiente para emitir y ejecutar políticas que coadyuven al cabal cumplimiento de su responsabilidad, sancionando a los servidores públicos corruptos, sin ninguna influencia indebida y sin coacción alguna que la obligue a exonerarlos o a sancionarlos parcialmente.
El objeto central de esta iniciativa consiste en cambiar la forma en la que se da el nombramiento y remoción del titular de la Secretaría de la Función Pública, esto es, que el secretario no sea nombrado ni removido directamente por el titular del Ejecutivo Federal, sino que sea designado a terna propuesta por el partido político que hubiera alcanzado el segundo número de votos en la última elección para elegir al Presidente de la República, es decir, le correspondería a la primera minoría proponer la terna para ocupar el cargo de secretario de la Función Pública.
Dicha terna estaría integrada única y exclusivamente por ciudadanos propuestos por el citado partido político, y el Presidente de la República debería elegir a aquél que cubra con los requisitos establecidos en el artículo 91 de la Constitución. De igual forma cuando el Presidente por causa justificada remueva al titular de la referida dependencia, el propio partido político deberá remitir en los mismos términos otra terna, para que se proceda al nombramiento de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior.
Esta propuesta aunque insuficiente representa un importante avance para constituir un contra peso dentro de la Administración Pública Federal, que redundará en un mejor desempeño de la misma, en virtud de que los servidores públicos afines al Poder Ejecutivo o al partido en el poder, se inhibirán de realizar prácticas corruptas.
Aunado a lo anterior, la iniciativa contempla que el secretario de la Función Pública obligatoriamente deberá ejercer el cargo por 6 años y que durante dicho periodo solamente podrá ser removido por causas graves en los términos del Título IV de la Constitución.
Compañeras y compañeros diputados:
Con la aprobación de esta iniciativa se le conferiría a la Secretaría de la Función Pública una auténtica independencia al margen de componendas o intereses del titular del Ejecutivo Federal y los de su partido. Se daría un pasado decisivo en el combate a la corrupción de los servidores públicos, se cumpliría con los tratados y convenciones internacionales signados por nuestro país, se le daría representatividad dentro del Poder Ejecutivo Federal a la primera minoría, avanzando en la reforma del Estado y, lo más importante, se iniciaría el cambio para recuperar la confianza de toda la ciudadanía en sus autoridades.
Por obvio de tiempo, señora Presidenta, sólo leí un resumen de la iniciativa, por lo que ruego a usted inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Flores Mendoza y de acuerdo a su solicitud, favor de integrar de manera completa el texto en el Diario de los Debates.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Hay un quórum de 348 diputadas y diputados y de viva voz, el diputado Lisandro Arístides Campos Córdova.
El diputado Lisandro Arístides Campos Córdova (desde su curul): Presente.
El Secretario Marcos Morales Torres: Muchas gracias.
Entonces 349 diputadas y diputados, señora Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Perfecto, hay quórum.
En relación a la iniciativa presentada por el diputado Rafael Flores, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
A continuación tiene el uso de la palabra el compañero diputado Jorge Kahwagi Macari, para presentar iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jorge Kahwagi Macari y Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (PVEM): Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:
La función legislativa del Congreso ha estado directamente relacionada, entre otras, con la insuficiencia de periodos de sesiones a los que por ley está sujeta la Cámara. Los tiempos han avanzado, el número de asuntos que debe atender el Congreso son cada vez mayores y para los cuales, los periodos previstos en la Constitución, resultan evidentemente insuficientes.
El 15 de diciembre de 2003, esta Legislatura, atenta a la nueva realidad del Poder Legislativo, permitió la modificación del artículo 65 de la Constitución aumentando un mes y medio al trabajo legislativo.
Analizando un estudio de derecho comparado realizado por la Cámara de Diputados, sobre la duración de los periodos de sesiones en 10 países con sistema presidencial y 5 países con sistema parlamentario, encontramos que en Estados Unidos y Venezuela, son los países que sesionan más tiempo, 11 y 12 meses, respectivamente, dividido en 2 periodos de sesiones.
Seis países sesionan durante 9 meses. Italia, Brasil, Paraguay y España, lo hacen con 2 periodos de sesiones. Por su parte, Francia y Argentina tienen un solo periodo de sesiones. Colombia sesiona durante 8meses divididos en 2 periodos por año y que constituye una sola legislatura. Durante 7 meses sesiona Perú, dividido en 2 periodos ordinarios de sesiones. La duración total de los períodos de sesiones de Inglaterra y Costa Rica, es de 6 meses dividido en 2 periodos de sesiones. El país que sesiona menos es Chile, con 4 meses respectivamente en un solo periodo de sesiones al año.
Los datos anteriores nos indican que de los sistemas presidenciales entre los 10 países analizados, el promedio de meses que trabajan los congresos son de 8 meses y medio, esto dividido principalmente en 2 periodos de sesiones. Nosotros en el Congreso federal sesionamos 6 meses y medio, dividido en 2 periodos de sesiones al año.
Por otro lado, haciendo un análisis de la duración de los periodos de sesiones de los congresos locales de las entidades federativas de la República Mexicana, encontramos que el promedio de duración de los periodos de sesiones es de6meses y medio, esto dividido en 2 periodos de sesiones al año, con excepción de los estados de Baja California, Guerrero, Michoacán, Puebla y Yucatán, que tienen 3 periodos de sesiones durante el año. También es importante reconocer que en el promedio del Congreso local, sesionan 1.7 veces por semana durante los periodos ordinarios.
La conclusión es que el Congreso de la Unión trabaja por debajo del promedio de otros sistemas presidenciales.
A partir del segundo periodo de sesiones del segundo año de la LIX Legislatura, el Congreso federal igualará el tiempo, el promedio de trabajo de los Congresos locales. Es importante reconocer que hay muchos Congresos locales que no solamente trabajan más, sino que además sesionan igual o más veces a la semana durante los periodos ordinarios que el Congreso federal.
Esto es grave si consideramos el número y la complejidad de los asuntos que se tratan en el Poder Legislativo y que individualmente afectan la función legislativa del Congreso en lo que a desahogo de asuntos se refiere.
En el Partido Verde Ecologista de México estamos muy preocupados por lo anterior, por lo que para mejorar el desempeño de la función legislativa, proponemos la implementación de un tercer periodo de sesiones con la finalidad de dar cavidad con mayor amplitud a los asuntos propios de la Cámara y mostrar a la sociedad el compromiso y la responsabilidad que como legisladores debemos tener.
La justificación del aumento de los periodos de sesiones atiende a la cantidad de asuntos que se quedan sin dictaminar de las legislaturas anteriores. Tan sólo, de las últimas 2 legislaturas, el número de asuntos pendientes ascienden a mil 357 iniciativas que no han sido dictaminadas y que se turnaron a la LIX Legislatura para su discusión y aprobación.
La falta de dictaminación de iniciativas dificulta el cumplimiento de una de las principales funciones del Congreso de la Unión, que es la función legislativa.
Con base en lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se permite someter ante el pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 65. El Congreso de reunirá a partir del primero de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias. A partir del primero de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias; y finalmente, para un tercer periodo de sesiones ordinarias que iniciará el primero de junio de cada año.
En los 3 periodos de sesiones, el Congreso de ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le corresponden conforme a esta Constitución.
A cada periodo de sesiones ordinarias, el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.
Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior.
El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 14 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán exceder hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
El segundo periodo, no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.
El tercer periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año. Si las dos Cámaras no estuvieran de acuerdo para poner término a las sesiones antes de la fecha indicada, resolverá el Presidente de la República.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Kahwagi. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Queremos dar la más cordial bienvenida al grupo de invitados especiales de la diputada Myriam Arabian Couttolenc, de Zoquitlán, Puebla.
Sean ustedes bienvenidos.
A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El diputado Omar Bazán Flores (PRI): Con su permiso, compañera Presidenta.
En el contexto de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, se incluyó en el artículo 1º un párrafo que consigna la prohibición de la discriminación, con la siguiente redacción:
El artículo 1º, (párrafo 3º): Queda prohibida todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atenta contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
En el mes de abril de 2003, con el voto unánime de los legisladores presentes, las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobaron la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo Capítulo IV crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y norma su denominación, objeto, domicilio, patrimonio, atribuciones, órganos de administración, asamblea consultiva, órgano de vigilancia, de trabajo y de prevenciones generales.
El artículo 16 de la citada ley define al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propio para el desarrollo de sus atribuciones.
El Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión; de igual manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente ley se formulen en los proyectos y en las reclamaciones o quejas el Consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.
De la lectura del objeto y atribuciones del Consejo establecidos en el artículo 17 y 20 de la ley, respectivamente, se desprende con claridad la función dual del Consejo. Por un lado, la de promover el desarrollo social de los grupos vulnerados por razones de carácter económico, laboral, físico, cultural, educativo, etcétera y, por otro lado, el tutelar los derechos de los individuos objeto de discriminación, mediante acciones de asesoría, orientación, investigación de presuntos actos y prácticas discriminatorias, recepción de quejas, reclamación y presentación de denuncias por actos que pueden dar lugar a responsabilidades legales de diversas naturalezas.
Las ideas que conducen la política moderna del Estado orientan al combate de la discriminación, han trascendido la visión original que circunscribe las acciones estatales de la protección interinstitucional de los derechos humanos para hacer énfasis en la necesidad de optar por políticas que promuevan el desarrollo de los grupos sociales tradicional e históricamente víctimas de actitudes o conductas de discriminación.
La evolución de los instrumentos internacionales en la materia acreditan lo dicho. En nuestro país, el informe general de la Comisión Ciudadana de Estudios sobre la Discriminación y la exposición de motivos de la iniciativa federal para prevenir la discriminación, presentada por el señor Presidente de la República al honorable Congreso de la Unión, hace patente esta tendencia internacional.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación fue concebido como un órgano de Estado encargado de promover estrategias e instrumentos legales y administrativos adecuados para prevenir y eliminar toda forma de discriminación, superando la posición reduccionista de concebir las acciones del Estado con estos propósitos, como lo necesario para brindar y proteger a los derechos humanos y se inscribe en el concepto integral de la lucha contra la discriminación, entendida no sólo como una protección de derechos fundamentales de toda persona, sino como un camino de libertades y titularidades de bienestar que va más allá de los derechos y las libertades civiles a la participación en la esfera pública de la sociedad para culminar con el acceso del bienestar material.
En síntesis, la discriminación y las atribuciones del Consejo forman parte de la agenda del Estado que comprenden por igual a la protección de los derechos humanos como a los derechos sociales.
En cuanto a la promoción de políticas públicas específicas por grupos vulnerables, tendentes a definir acciones afirmativas o medidas compensatorias, para contribuir, eliminar o disminuir las causas que generan este fenómeno.
La determinación legal en el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, desectorizar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a la Secretaría de Gobernación se ha traducido en una limitación para la asignación de recursos presupuestales para este órgano bajo el argumento, que desde luego compartimos, de la necesidad de privilegiar el gasto social por sobre otras erogaciones gubernamentales.
La adopción del criterio forma, deformar la sectorización para otorgar determinado tratamiento presupuestal al Consejo, con una naturaleza real de las funciones que tienen asignadas.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 48 establece la obligatoriedad y la responsabilidad que le da al Ejecutivo Federal para agrupar a las entidades, a las secretarías de Estado y a los departamentos administrativos en sectores.
Es pertinente revisar la competencia que a la Secretaría de Desarrollo Social le asigna el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para percatarnos que ésta guarda una estrecha relación con las atribuciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la misma Ley Orgánica, es recomendable sectorizar al Consejo, a la Secretaría de Desarrollo Social.
En adición al argumento esgrimido con el punto anterior, conviene tomar en cuenta lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social.
En conclusión, si vinculamos el objeto y atribuciones de los citados artículos, 17 y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que otorgan al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con las funciones competentes de la Secretaría de Desarrollo Social, le encomienda el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social, encontramos que el mayor número de las atribuciones del Consejo coinciden con la esfera de competencia de la Secretaría de Desarrollo Social y encuentran en el objetivo de la Ley de Desarrollo Social y en los principios que lo rigen.
Por las razones expuestas los suscritos diputados federales sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto por el que reforma el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Unico. Se reforma el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:
Artículo 16. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en adelante el Consejo, es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social con personalidad jurídica, patrimonio propios. Para el desarrollo de sus atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión; de igual manera, para dictar las resoluciones en los términos de la presente ley se formule con el procedimiento de reclamación o queja, el Consejo no quedará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.
Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Suscribimos la presente iniciativa los diputados: diputado Alejandro González Yánez, diputado Angel Buendía, diputado Emilio Chuayffet Chemor, diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, diputado Manlio Fabio Beltrones, diputado Manuel Velasco Coello, diputado Federico Madrazo, diputado Pablo Gómez y diputado su servidor Omar Bazán.
Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Omar Bazán Flores. Favor de turnarlo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
También se encuentran aquí, en el recinto parlamentario, los alumnos y alumnas de la escuela primaria Vasco de Quiroga, que fueron invitados por el diputado Miguel Angel Toscano Velasco. Sean ustedes bienvenidos a la Cámara de Diputados, jóvenes.
A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Tatiana Cluothier Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que reforma el último párrafo de la fracción VII del artículo 168 de la Ley Aduanera, en materia de apoderados aduanales.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (PAN): Con su permiso, señora Presidenta.
La suscrita Tatiana Clouthier Carrillo, diputada federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional e integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa para modificar el último párrafo de la fracción VI del artículo 168 de la Ley Aduanera, con el fin de que los apoderados aduanales no sufran el menoscabo en su esfera de interés jurídicamente protegidos con motivo de la separación de una empresa. Esta propuesta se fundamenta y motiva en la siguiente exposición de motivos:
Una de las estrategias fundamentales del país para impulsar el desarrollo económico en su conjunto consiste en el fortalecimiento del comercio exterior. Dentro de esta estrategia global México ha celebrado tratados comerciales con diversos países del mundo que nos permiten incrementar nuestras exportación por un lado y por otra parte importar los diversos insumos y bienes de capital que requiere en nuestra economía tasas preferenciales.
Dentro del aspecto de importación, la Ley Aduanera contempla la figura de agente aduanal y apoderado aduanal, personajes que tienen prácticamente las mismas facultades a excepción de la titularidad permanente de la patente para el despacho de mercancías. Es decir, de acuerdo con el artículo 159 de la Ley Aduanera, la agencia aduanal es titular permanente de una patente otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para "promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta ley".
Por su parte, de acuerdo con el artículo 168 de la misma ley, "tendrá el carácter de apoderado aduanal la persona física designada por otra persona física o moral para que en su nombre y representación se encargue del despacho de las mercancías, siempre que obtenga la autorización de la Secretaría. El apoderado aduanal promoverá el despacho ante una sola aduana en representación de una sola persona, quien será ilimitadamente responsable de los actos de aquél".
Sin embargo, el último párrafo de la fracción VII del artículo 168 en comento dispone que cuando termine la relación laboral con el poderdante o éste revoque el poder notarial, el poderdante deberá solicitar que la Secretaría revoque la autorización del apoderado aduanal. La revocación surtirá efectos a partir de que el poderdante le solicite a la Secretaría".
Esto es, la empresa que contrata al apoderado es responsable ilimitada de los actos del apoderado aduanal, pero los conocimientos y los requisitos los cumple la persona, es decir el apoderado, quien de esta manera tiene una patente temporal, dependiendo de la relación laboral con la empresa contratante y de la responsabilidad que éste asume.
El problema estriba en que el apoderado aduanal para tener este carácter, ya cubrió una serie de requisitos que se enlistan en el artículo 168 y que son:
No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delitos dolosos; tener relación laboral con el poderdante y que el mismo le otorgue poder notarial; gozar de buena reputación personal; no ser servidor público ni militar en servicio activo; no tener parentesco por consanguinidad en línea recta, sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado ni por afinidad, con el administrador de la aduana de adscripción; exhibir constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes; y aprobar el examen de conocimientos que practiquen las autoridades aduaneras y un examen psicotécnico.
Más cuando un apoderado aduanal se separa de una empresa para la cual funge como apoderado aduanal, se le revoca de inmediato esa especie de patente temporal y no puede fungir como apoderado sino hasta que sea contratado de nuevo.
Y esto resulta totalmente innecesario, pues debe volver a pagar los exámenes que ya cumplió en su momento con los requisitos previstos; debe volver a demostrar tener los conocimientos necesarios para cumplir con tal actividad, que ya lo hizo; debe agregar el factor de experiencia de trabajo en la actividad, que ya tuvo. Me parece absurdo que cada vez que cambie de empresa tenga que cubrir de nueva cuenta con tales requisitos, que ya ha venido cumpliendo una y otra vez.
Por lo anterior expuesto la suscrita, diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable Asamblea la presente como proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VII al artículo 168 de la Ley Aduanera.
Unico. Se modifica el último párrafo de la fracción VII del artículo 168 de la Ley Aduanera agregando lo siguiente:
Cuando el apoderado aduanal vuelva a ser sujeto de una relación laboral con una empresa en términos de la presente ley, podrá seguir despachando las mercancías en los distintos regímenes aduaneros por cuenta de aquella sin necesidad de volver a presentar los exámenes de conocimiento y psicotécnicos, siempre y cuando acredite que ya los aprobó previamente.
Lo anterior surtirá efectos hasta por un periodo de un año contando a partir de la fecha de separación de la empresa para la cual prestaba sus servicios, transcurrido este tiempo deberá realizar los trámites correspondientes para la actualización.
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente,
Poder Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal a 3 de febrero de 2005.
Muchas gracias, señora Presidenta.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Ya cambiaron el turno diputada, pero no es peyorativo.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado don Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona las fracciones VI y VII del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El diputado Hugo Rodríguez Díaz (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros:
Nuestra Constitución señala en su artículo 95, los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que implican nacionalidad, ejercicio de derechos, edad, título de abogado y antigüedad de ejercicio profesional, buena reputación, tiempo de residencia anterior a la elección, así como no haber sido de los funcionarios a que se refiere el artículo en mención.
Aún y cuando el ejercicio pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un acto estrictamente reconocido y apegado a derecho, que se debe de salvaguardar y proteger en todo lo que a las facultades que a esta Cámara de Diputados otorga tanto la Constitución Federal como las leyes secundarias, que al pleno de la Corte se le transmitan aspectos políticos como pueden ser intereses de partido, grupo o relaciones que existan o pudieran haber existido entre quien puede ser propuesto como ministro y dichos partidos, grupos o relaciones políticas.
Compañeras diputadas y compañeros diputados:
El propósito de esta iniciativa consiste en que quien sea candidato a esta magistratura judicial durante los 5 años anteriores a su nominación, no haya ocupado cargo de dirigencia partidista alguno, no haya sido candidato a algún puesto de elección popular ni tampoco haya sido Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
No deseamos que quienes ocupen estos cargos sean sujetos de presiones políticas algunas ni tampoco deseamos que las decisiones judiciales sean rehenes de unos cuantos. Deseamos y estamos convencidos de la independencia del Poder Judicial, como una forma limpia y honesta para la impartición de justicia, sin presiones de ningún tipo sobre sus integrantes.
En este mismo tenor presento esta iniciativa, para corregir y precisar la denominación de jefe de Gobierno del Distrito Federal, sustituyendo la actual denominación de jefe del Distrito Federal, que jurídicamente es una figura que ha quedado inexistente en virtud de la reforma constitucional de agosto de 1996, es decir, es de denominación.
En mérito de lo anterior y debidamente expuesto, el suscrito diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta Asamblea en su carácter de Constituyente Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que propone la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de señalar como impedimentos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular o haber desempeñado cargo de dirección en algún partido político, en los 5 años inmediatos anteriores.
Y como impedimento definitivo para ser electo en el mismo de ministro, a quien haya ejercido el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior le pido, ciudadano Presidente, sea insertado en el Diario de los Debates para su constancia.
Es cuanto.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Marisol…
Sí, ¿con qué objeto diputada? Diputada Morales.
La diputada María Guadalupe Morales Rubio (PRD) (desde su curul): Solicito se turne a la Comisión del Distrito Federal.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Con opinión de la Comisión del Distrito Federal
Tiene la palabra la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar Iniciativa que reforma y adiciona las fracciones 10, 12, 13 .y 18 del artículo 7º de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en materia de políticas de atención y protección de los derechos de las mujeres que sufran algún tipo de violencia.
La diputada Marisol Vargas Barcena (PAN): Con su venia, señor Presidente.
La suscrita, Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del PAN, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, una iniciativa con proyecto de reforma y adición a las fracciones X, XII, XIII y XVIII del artículo 7º de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para ampliar el ámbito de las atribuciones del Instituto incorporando el término "violencia", como una de las formas de discriminación que más lesionan el desarrollo integral de las mujeres.
Además de incorporar el término "familia" como otro de los ámbitos en el que las disposiciones de la ley deben incidir para promoción de las acciones encaminadas a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.
Lo anterior, con fundamento en la siguiente exposición de motivos:
Primero. Se optó por incluir el término "violencia" y no "violencia intrafamiliar" dado que la violencia contra las mujeres no sólo se genera al interior de la familia sino en todos los espacios donde ella participa.
En México se han sentado importantes transformaciones en la sociedad durante las últimas décadas, las cuales han incidido en una mayor participación económica de las mujeres, al tiempo de continuar con sus labores en el hogar y principal responsable del cuidado de los hijos.
Es así que diversos factores políticos y sociales han impulsado una infinidad de cambios institucionales y en la atención integral de las mujeres con políticas públicas que garanticen un trato más igualitario en las oportunidades de desarrollo, lo cual se ha reflejado indudablemente en los altos niveles de escolaridad alcanzados, en una cada vez más significativa presencia en la vida productiva y política del país, en la exigencia por ejercer sus derechos de forma plena.
No obstante estos avances, se siguen presentando agresiones físicas y sicológicas a las mujeres que vulneran su desarrollo personal y social, tanto en la esfera privada de la familia como en la esfera pública del trabajo, la escuela y otros más.
La violencia tiene lugar dentro o fuera de las familias, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio y que comprende entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. La violencia es un modelo de conductas aprendidas que involucran además aislamiento social progresivo, castigo e intimidación.
La violencia se da básicamente por 3 factores, uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente.
Es por ello que la iniciativa busca asentar con claridad que entre las formas de discriminación, la más sentida es la violencia porque se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual que sucede entre personas relacionadas afectivamente como son, marido y mujer o entre padres e hijos, como en relaciones jerárquicas verticales y horizontales, de autoridad y subordinación.
Esta propuesta permitirá dar seguridad jurídica a las mujeres que presentan una mayor vulnerabilidad, toda vez que se busca que la violencia sea considerada en las acciones de prevención y protección de las autoridades de la procuración de justicia y seguridad pública de los diversos ámbitos de gobierno como de los tres Poderes de la Unión y la sociedad.
Segundo. Con esta iniciativa también se busca incluir el ámbito familiar, como uno más de los ámbitos de desarrollo de las mujeres, toda vez que no está reconocido en las acciones para eliminar todas las formas de discriminación ni en los estudios e investigaciones relacionadas a las problemáticas de las mujeres, a pesar de formar parte en la atención integral de las políticas públicas.
Por iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres y con la colaboración del Unifem, el INEGI la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), cuyo propósito fue medir la incidencia de acciones de violencia que ocurren en los hogares y en particular entre las parejas y caracterizar a las personas que participan en estos actos.
La encuesta se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2003, abarcó aproximadamente 57 mil viviendas y es representativa a nivel nacional y para 11 entidades federativas.
De las mujeres que viven con su pareja en el mismo hogar, el 47 por ciento reportó un incidente de violencia y de violación emocional, física, económica o sexual, en los 12 meses anteriores al a encuesta.
Las mujeres más jóvenes sufren en mayor medida actos de violencia por parte de su pareja, y se encontró que la violencia de pareja se manifiesta más entre las mujeres que se encuentran en unión libre.
El 38.4 por ciento de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia emocional, 29.3 por ciento de violencia económica, 9.3 por ciento de violencia física y el 7.8 ciento de violencia sexual.
La encuesta también capta información de las consecuencias o impacto sobre la salud física y emocional de las mujeres, a causa de los problemas de violencia de pareja.
Las mujeres con algún incidente de violencia han padecido tristeza, aflicción o depresión, problemas nerviosos, han sufrido angustia, han mostrado falta de apetito, han padecido insomnio y han dejado de salir, como resultado de los problemas de su pareja.
En tal virtud, se hace necesario que en los estudios e investigaciones de las condiciones de las mujeres en diversos ámbitos, se adicione el familiar, considerando que ya se realiza la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, resultado de un esfuerzo conjunto entre el INEGI e Inmujeres y Unifem, lo cual permitirá conocer con oportunidad y periódicamente de este fenómeno, al tiempo de saber sobre el impacto de las políticas públicas implementadas.
Al modificar la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, se hace posible una legislación que atienda la necesidad de articular políticas nacionales de atención y protección a los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de su actuar, y en las conductas más fuertes de discriminación por parte de los 3 Poderes de la Unión, de las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno y con el apoyo decisivo de la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
Presidente, le pido se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Es cuanto.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Equidad y Género.
Y en cuanto a la iniciativa presentada por el doctor Hugo Rodríguez Díaz, esta Presidencia, por pulcritud parlamentaria rectifica el turno y lo deja como originalmente estaba, sólo a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Por tratarse de un asunto relacionado con el capítulo de presentación de iniciativas se ruega a la Secretaría dar lectura a un oficio que nos hace llegar el Partido Verde Ecologista de México.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al oficio dirigido al diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
(Oficio del Partido Verde Ecologista de México, en relación con una iniciativa no agendada y se eliminen los recursos y sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Justicia y Derechos Humanos)
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: De enterado y retírese la iniciativa de reformas a la Ley General de Educación presentada por el señor diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Y en virtud de que se ha entregado a la Secretaría la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Código Federal de Procedimientos Penales, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el señor diputado don Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de aprobación y tratados internacionales y convenciones diplomáticas.
El diputado Alejandro Flores Mejía (PAN): Con su permiso señor Presidente.
La Constitución de 1824 no distinguía facultades especiales para las Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que la facultad de aprobar los tratados que celebrara el Presidente de la República correspondían al Congreso de la Unión.
No fue hasta 1857 cuando dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores se establece el aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo con potencias extranjeras.
Como sabemos, la Constitución de 1857 establecía en la fracción X del artículo 85 la facultad del Presidente de celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolas a la ratificación del Congreso. Dicha disposición se conservó hasta 1988, cuando se modificó la Constitución para ubicar esta facultad como exclusiva del Senado de la República.
La presente iniciativa de reforma constitucional tiene por objeto devolverle la facultad al Congreso de la Unión para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas.
En el ámbito internacional, a partir de la celebración de las Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 y la de 1986 sobre ratados celebrados entre organismos, se creó un consenso generalizado en el que se definen a los tratados como aquellos acuerdos celebrados por escrito entre 2 o más Estados que crean derechos y obligaciones entre los mismos.
No cabe duda que la presencia y actuación de México en el contexto internacional responde a los principios incorporados en la Constitución y por las fuerzas representadas en el Congreso, sin embargo, hay que resaltar que el Poder Legislativo coadyuva con el Poder Ejecutivo en el campo de las relaciones bilaterales y multilaterales sólo a través de la Cámara de Senadores, excluyendo a la Cámara de Diputados en esta materia.
Parte fundamental de las características de los tratados es que constituyen una fuente autónoma de obligaciones internacionales independientes y separa de las demás, y cuyo elemento fundamental es el consentimiento común y mutuo de las partes.
Luego entonces, derivado de la importancia en el ámbito externo de los tratados y acuerdos suscritos entre los Estados, así como la relevancia y obligatoriedad de que son revestidos en lo interno, es que se está a favor que el Congreso de la Unión sea quien ratifique los tratados internacionales.
Nuestra Carta Magna está fuertemente inspirada, tanto en la Constitución de Apatzingán como en las ideas federalistas de Madison y Hamilton y otros ideólogos y pensadores demócratas-liberales, como Montesquieu, John Locke y Juan Jacobo Rousseau, mismos que sustentaron en buena medida las ideas y el pensamiento político de nuestros congresistas de 1824 y posteriormente el de los congresistas de 1857 y 1917, dada la carencia de una tradición histórica y práctica parlamentaria en ese sentido.
El sistema adoptado en nuestra Constitución de pesos y contrapesos, ha demostrado históricamente su eficacia y ha sido uno de los principios rectores de la Federación, que se organiza a partir de la divisiones en Legislativo, Ejecutivo y Judicial para evitar la excesiva concentración de facultades en un solo poder. Por ello, algunas Constituciones como la del Reino Unido y la de Estado Unidos de América no atribuyen la política exterior al Presidente, sino que asigna facultades de la política exterior al Presidente y otorga otras al Congreso para que ambos poderes cooperen en el desarrollo de la política exterior, con el apoyo soberano del pueblo representado en sus congresistas.
En el caso mexicano, la intervención del Senado en materia de relaciones exteriores o política internacional no ha sido precisamente un contrapeso a la actual Presidencia.
La decisión de celebrar tratados internacionales y convenciones diplomáticas recae sobre el Estado, y en este sentido, es la Cámara de Diputados la que representa a la nación, la que representa a los ciudadanos mexicanos, la que representa al pueblo mexicano.
En estricto sentido, el Senado de la República representa el elemento federativo y por ello es el Congreso de la Unión en su integridad el que debe participar en la ratificación de los tratados y convenciones internacionales que celebre el Ejecutivo.
Si bien es cierto que desde algunas visiones, el Senado de la República se erige como representante del Pacto Federal, además que contiene como facultad exclusiva el análisis de la política exterior del país, la aprobación y vinculación del Estado mexicano al que se obliga mediante la aprobación de un tratado internacional, tiene repercusiones en lo interno que hace inevitable la participación de la Cámara de Diputados.
No es extraño o poco común que para la ratificación de un tratado por parte del Estado mexicano, se requieran modificaciones a la legislación federal e incluso a la Constitución. En ese sentido, resulta ilógico y poco convincente el hecho de que sea únicamente una de las Cámaras, la del Senado, la que determine si nuestro país se obliga o no a determinado tratado o bien, quien determine la conveniencia de llevarlo a cabo cuando se trata de asuntos que afectan a toda la Federación, instituciones y niveles de gobierno como pueden ser en materia de derechos humanos, jurisdicción internacional, comercio y economía, entre otros.
Los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y en consecuencia comprometen a todas las autoridades y a todos los ciudadanos frente a la comunidad internacional.
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de los que un Estado es parte, acarrea responsabilidad internacional y consecuencias directas para la aprobación, pues no se puede apelar al derecho interno para el incumplimiento de Acuerdo Internacional.
A eso se le debe agregar que actualmente existe una tendencia mundial de dar preeminencia al derecho internacional sobre el derecho interno, tal como lo han establecido las Constituciones de países como Francia, Alemania, Holanda, Rusia, Argentina, El Salvador, Guatemala y Honduras, misma que fortalece la operatividad y aplicabilidad de los derechos contenidos en los mismos.
Existe un consenso muy generalizado en admitir que las leyes deben de emanar del Congreso, es decir, se debe discutir en ambas Cámaras, una de origen y otra revisora. Nuestro artículo 133 constitucional contiene diversas disposiciones de gran trascendencia, como la supremacía constitucional, la jerarquía de las normas y el control difuso de la constitucionalidad de las leyes.
Debemos señalar que si bien es cierto que el mencionado numeral establece la supremacía constitucional, al establecer que las leyes del Congreso de la Unión deben de emanar de ella y los tratados deben de estar de acuerdo con la misma, no distingue la jerarquía que existe entre los tratados y las leyes.
El problema que genera la igualdad de jerarquía establecida en estas 2 tesis, se debe al desfase o duplicidad de situaciones, ya que si un tratado o una ley tenía el mismo rango, había que aplicar entonces el viejo adagio de lex posteriori derogat lex priori, lo cual genera un serio conflicto normativo ya que si una ley posterior deroga un tratado anterior que contradice el principio fundamental de que los tratados deben de ser respetados, trayendo como consecuencia la correspondiente responsabilidad internacional, y si un tratado posterior deroga una ley anterior, se contravenía el artículo 72, fracción F de la Constitución, el cual exige que las leyes sean derogadas según el mismo trámite que establece la ley para su formación.
Ahora bien, a última tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un amparo en revisión el 11 de mayo de 1999, otorgó mayor jerarquía a los tratados sobre las leyes.
De acuerdo con esta tesis de la Suprema Corte, los tratados internacionales poseen una jerarquía mayor que las leyes constitucionales, sin embargo, nuestros tratados internacionales pese a tener una mayor jerarquía que las leyes, no emanan del Congreso de la Unión, sino que emanan a partir de la iniciativa del Ejecutivo con la aprobación de la Cámara de Senadores.
Con la presente iniciativa de reforma devolvemos a los tratados y convenciones internacionales la jerarquía que les otorga la misma Constitución, los convertimos en un acto legislativo pleno en donde ambas Cámaras ratifican una legislación capaz de generar normas positivas para nuestro país.
De acuerdo con lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 2, inciso a), por tratado internacional debe entenderse cualquier acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 2 o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.
En este sentido, los tratados obligan en primer término a la Federación que se encuentra representada en el Senado; sin embargo, sus efectos recaen tarde o temprano en los ciudadanos.
Atendiendo esta lógica, el Senado es quien debe examinar en primera instancia los tratados y convenciones internacionales en calidad de Cámara de origen, para que en el caso de ser aprobado se remita a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración de esta soberanía la siguientes iniciativa con proyecto de decreto.
Se reformarían los artículos 72, inciso h); 73, fracción XXIX, inciso n); 76, fracción I; 89, fracción X; y el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Señor Presidente, le solicitaría que el texto íntegro de la presente iniciativa se publique en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Y así se hará señor diputado Flores Mejía. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el señor diputado don Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003 y adiciona los artículos 124 Bis, 124 Bis 1 y 124 Bis 2, a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
El diputado José Juan Bárcenas González (PAN): Con su permiso.
El 4 de junio del año 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual se derivó de un proceso de consulta y consenso con las organizaciones representativas del sector de las finanzas populares en México. Este ordenamiento legal tuvo como propósitos fundamentales los siguientes:
Disminuir los riesgos sistémicos del sector, los cuales habían evidenciado con las experiencias de fraude que afectaron a miles de ahorradores, los cuales en su mayoría se perpetraron sobre la base de la laxitud y obsolescencia de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Promover mecanismos efectivos de protección y seguridad de los ahorradores, mediante la autorización expresa para operar como entidades de ahorro y crédito popular, la supervisión auxiliar a través de las Federaciones y el establecimiento del fondo de protección de los ahorros y depósitos.
Profesionalizar las finanzas populares, mediante una regulación adecuada para intermediarios financieros con características especiales y enfoque social.
Extender servicios financieros a grandes segmentos de la población mediante el crecimiento ordenado y habilidad institucional y competitividad del sistema financiero popular.
La generalidad de los intermediarios financieros del sector popular, así como sus Federaciones de representación y servicios especializados, de inmediato se sometieron a procesos de saneamiento y estabilización financiera, fortalecimiento de esquemas de gobernabilidad y ampliación de ventajas competitivas, sin menoscabo de su vocación social y especificidad operacional. De esta manera adoptaron como guía de conducta valores universales como la transparencia, honestidad y responsabilidad social.
El 27 de enero de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Las principales reformas de este decreto fueron las siguientes:
1°. La incorporación de un régimen de excepción para "las asociaciones y sociedades civiles, así como los grupos de personas físicas que tengan por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos", bajo ciertas condiciones de tamaño y circunstancia.
2°. La ampliación del plazo para que las sociedades sujetas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular presenten una solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo limite se fijó para el 4 de junio del año 2005.
Consciente de que la legislación aplicable siempre será susceptible de mejora y adecuación y contando con el apoyo de 18 organización que representan a más del 90 por ciento del sector financiero popular, se ha venido apoyando el desarrollo de un proceso de análisis, discusión y emisión de propuestas alternativas para modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Las 18 organizaciones que participaron en este proceso y que representan a más de 3 millones de socios en más de 500 entidades a nivel nacional y cuyo activo total supera los 17 mil millones de pesos, son las siguientes:
Consejo Mexicano de Ahorro y Préstamo
Confederación de Cooperativas Financieras de la República Mexicana
Consejo Coordinador Nacional de Cajas Solidarias
Federación Mexicana de Ahorro y Crédito
Federación Integradora Nacional de Entidades
Federación Nacional de Cooperativas Financieras
Federación de Cajas Populares Alianza
Federación Sistema Coopera
Federación Centro-Sur
Federación Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo Noreste
Red de Finanzas Sociales
AMACREP
AMUC-FERRURAL
Federación Atlántico-Pacífico
Federación de Cooperativas de Occidente
Federación Alianza Mexicana de Cooperativas de Occidente,
Federación Alianza Mexicana de Cooperativas,
Federación Victoria Popular y
Fortaleza Social.
Me queda la convicción de que las organizaciones involucradas en este proceso de mejora demostraron su madurez y responsabilidad, ya que evadieron posiciones acomodaticias o de oposición sistemática a la ley. Igualmente se evitó ampliar el régimen de excepción determinado en el artículo 4 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como el plazo concedido para la formación de entidades y organismos de integración.
Por lo tanto, esta propuesta contiene reformas de fondo y forma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
El espíritu que me anima a este proyecto de reformas es, sin duda alguna, crear las condiciones necesarias que faciliten a las entidades y Federaciones su tránsito a la formalidad, manteniendo incólume la seguridad de los ahorradores que participan en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular.
La parte sustancial de esta iniciativa puede explicarse de la siguiente manera:
Uno. Ampliación de plazos para entidades y organismos de integración.
Mediante la creación y la modificación de algunos artículos transitorios, se define la ampliación de los plazos para la autorización de entidades que hasta el 4 de junio de 2005 no cumplan íntegramente los requisitos legales y regulatorios aplicables, mediante el cumplimiento de una serie de requisitos que garanticen, entre otros aspectos, la certificación de su viabilidad financiera, el compromiso de la sociedad de mejorar ostensiblemente su problemática, en particular la de carácter estructural y la sujeción a un régimen especial que será verificado estrictamente por una federación, quien se hará también responsable de que el plan general de operaciones correspondiente, derive en resultados positivos.
El proceso propuesto posibilita que de manera ordenada y observando los requisitos legales, se garantice el cumplimiento de los objetivos que persigue la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aparte de disminuir los riesgos sistémicos y evitar que la Comisión Nacional Bancaria extienda autorizaciones a sociedades sin viabilidad financiera presente ni futura.
De manera específica el mecanismo legal propuesto tiene las siguientes particularidades:
a) Enfatizar que el factor fundamental para determinar la viabilidad de las entidades serán sus condiciones financieras; en este sentido, las que carezcan de esta condición deberán fusionarse o liquidarse, según sea el caso.
b) Permite que se amplíe de manera general el periodo de transición para la autorización de entidades por un periodo de 6 meses, cuyo límite actual es el 4 de junio de 2005. A su vez, esto deriva en señales claras de seriedad, responsabilidad y credibilidad de todos los actores involucrados en este proceso; instituciones promotoras del sector, legisladores y organismos internacionales, así como de los propios dirigentes del sector.
c) Evitar la ampliación de régimen de excepción que se indica en el artículo 4 Bis, delimitándolo a las condiciones establecidas en la ley a partir de las reformas publicadas del 27 de enero de 2003.
d) Evita cualquier posibilidad de competencias desleales y la tentación de escisiones artificiales para preservar intereses innobles en los regímenes de excepción que ya considera la ley.
e) Se evita la generación de nuevas figuras que operen al margen de la ley.
f) Fortalece el proceso de integración, facultando a las Federaciones para el acompañamiento a las entidades hasta lograr su plena viabilidad financiera, administrativas y competitiva sin menoscabo de la aplicación de penas convencionales y medidas correctivas que en la propia ley se contemplan.
g) Se incorporan requisitos rigurosos para asegurar que la entidad mejorará sus condiciones financieras y organizacionales no sólo a través de buenos propósitos, sino mediante el cumplimiento estricto de contratos con Federaciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria.
h) Se establecen reglas precisas para que sin menoscabo del propósito superior que inspire esta modificación, oportunamente se puedan tomar las decisiones preventivas o correctivas que corresponden.
i) En general, se otorgan nuevos plazos para obtener su autorización a aquellas entidades y Federaciones que han demostrado un serio interés para cumplir con los requisitos de la ley y su reglamentación secundaria y prudencial.
Dos. Modificaciones formales y complementarias.
Mediante la modificación del artículo 4 Bis, se pretende resolver un problema de fondo para la creación de las sociedades cooperativas que reúnen los requisitos del artículo 4 de la ley.
Asimismo, se pretende modificar el artículo 53 con el propósito de facilitar la conformación de las Federaciones en términos de la ley, disminuyendo el número de entidades que deberán estar integradas a cada Federación.
Por otra parte y con la modificación al artículo 81, se busca facilitarle a la Federación la publicación del listado diferenciado de las entidades afiliadas de aquellas que son solamente usufructuarias de un servicio auxiliar.
Con la incorporación de los artículos 124 Bis, 124 Bis 1, 124 Bis 2, se pretende facilitar todos los trámites de tipo administrativo que tenga que llevar las entidades con las Federaciones y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Artículo uno. Se reforman los artículos 4 Bis; primero y cuarto párrafo de la fracción I del artículo 53… concluyo.
Segundo párrafo del artículo 81; segundo transitorio; tercero transitorio; quinto transitorio; primero y segundo párrafo del sexto transitorio, y demás artículos como el 124, 124 Bis, todos ellos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado don Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las Leyes Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Permítame un segundo. Sonido en la curul del diputado Francisco Javier Saucedo. Adelante. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (PRD) (desde su curul): Señor Presidente, ¿si puede también turnarse la anterior iniciativa presentada por el diputado Bárcenas, junto con la comisión… a Comisiones Unidas de Hacienda y de Fomento Cooperativo y Economía Social? Por favor.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Fomento Cooperativo y de Economía Social.
Obsequiada su petición, diputado Saucedo. Adelante, señor diputado. Usted disculpe la interrupción.
El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (PAN): Con su venia, diputado Presidente. Honorable Asamblea:
Urge que en México y en sus diferentes estados, tengamos programas de desarrollo urbano sustentable que disminuyan las invasiones en áreas naturales protegidas, que mejoren los programas para la prevención de incendios, pero lo más importante es que tengan coordinación las diferentes instancias de gobierno llevando a cabo programas conjuntos para frenar a los grupos que operan la tala clandestina, mismos que están acabando con los ecosistemas y con su diversidad de especies vegetales y animales, enfrentándonos a un eminente desequilibrio ecológico capaz de modificar climas, fuentes de alimentación y vida alrededor de los mismos.
Por lo anterior, someto a la consideración del pleno los siguientes considerandos:
Primero. Que día a día veamos cómo los bosques de nuestra República Mexicana se van extinguiendo, debido principalmente a la tala inmoderada que se ha llevado a cabo en éstos, generando un ecocidio de gran magnitud y de inimaginables consecuencias, toda vez que no sólo acaban con la vegetación de estos ecosistemas, también mueren miles de especies animales al destruir su hábitat natural.
Segundo. Que la falta de coordinación para la protección de los bosques, tanto por autoridades federales, estatales y municipales, ha permitido que sigan destruyendo los ecosistemas, los cuales no sólo sirven de paisaje o turismo sino que también son los pulmones vitales para el desarrollo de la vida humana, ya que proveen de las materias necesarias para tener una mejor calidad de aire, sobre todo aquellos que se ubican cerca de las grandes metrópolis y megalópolis de nuestro país, que a su vez son los motores de estabilidad climática debido a su ubicación geográfica.
Tercero. Que sean llevados a cabo diversos convenios de colaboración entre las diferentes instancias y niveles de gobierno para frenar la tala inmoderada de nuestros bosques. Lamentablemente no han dado los resultados esperados, toda vez que aquellos que practican esta actividad son mafias perfectamente estructuradas en su operación ya que cuentan con armas de uso exclusivo del ejército, equipos de comunicación sofisticados, así como instrumentos de trabajo y vehículos especiales para la tala y transportación.
Además, en algunos casos cuentan con el apoyo de funcionarios del gobierno o ellos mismos los promueven, por lo cual se hace más difícil el poder combatir de manera frontal y dar una respuesta eficaz a la ciudadanía que demanda de manera enérgica que se tomen las medidas de raíz para terminar con este problema que crece a diario.
Cuarto. Que cuando se han llevado a cabo convenios de colaboración con la Secretaría de Defensa Nacional para que apoyen las acciones que en contra de los grupos que operan en la tala clandestina, han presentado resultados favorables, toda vez que se ha detenido a un mayor número de delincuentes y disminuido estos actos en las zonas donde se han implantado.
Lamentablemente los operativos que se han implementado no han sido de forma permanente, por lo cual proponemos ante esta honorable Cámara de Diputados modificar diversas leyes para que el ejército lleve a cabo de forma permanente la vigilancia de las zonas de reserva ecológica, áreas de conservación y las áreas naturales protegidas y así poder frenar y terminar de manera total con estos grupos que dañan a nuestros bosques y, por lo tanto, dañan a nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa:
Unico. Se reforman y adicionan los artículos 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1 y 117 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; los artículos 1 y 161 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y el artículo 158 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 129. En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, además de aquéllas que tiendan a salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior del país, así como el auxilio a la población civil en casos de desastres naturales graves.
Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos forestales y almacenes que dependan directamente del Gobierno de la Unión o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones y/o dentro de las zonas de reserva ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas naturales protegidas que establezcan para la estación de las tropas.
De la Ley Orgánica y Fuerza Aérea Mexicanos.
Artículo 1. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes, se agregaría un inciso VI, en su caso, auxiliar en la vigilancia y protección de las dependencias federales, estatales y municipales, cuando cualesquiera de estas autoridades civiles así lo soliciten. Las zonas de reserva ecológica, áreas de conservación ecológica, áreas naturales protegidas, de conformidad con los convenios que para tal efecto se establezcan
De la misma ley, el artículo 117:
Los cuerpos de defensa rurales se formarán con personal voluntario de ejidatarios mexicanos por nacimiento que no adquieren otra nacionalidad, mandados por militares profesionales, de acuerdo con sus planillas orgánicas particulares y tienen como misión cooperar con las tropas en las actividades que éstas lleven a cabo cuando sean requeridos por ellos por el mandato militar y de forma permanente tendrán a su cargo el cuidado de las zonas de reserva ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas naturales protegidas que les correspondan.
De la Ley General de Equilibrio Ecológico.
Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Sus disposiciones son de orden público y e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer para las bases para, se agregaría un inciso 19 (sic), establecer en su caso convenios de colaboración con la Secretaría de Defensa Nacional para que instituyan programas de vigilancia y protección a las zonas de reserva ecológica, áreas naturales protegidas a través de supervisiones, patrullaje, apoyo en operativos, así como la instalación de campamentos o cuarteles en éstas.
Artículo 161, de la misma Ley General de Equilibrio Ecológico.
La Secretaría por sí o por conducto de la Secretaría de Defensa Nacional realizará los actos de inspección y vigilancia y en su caso de imposición de sanciones. para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven.
De la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Artículo 158. La prevención y vigilancia forestal a cargo de la Secretaría de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el ejército mexicano, tendrán como función primordial la salvaguarda y patrullaje de los recursos y ecosistemas forestales, así como la prevención de infractores, infracciones administrativas de orden forestal.
La Federación en coordinación con el ejército mexicano, los gobiernos de los estados y con la colaboración de los propietarios forestales organizados, comunidades indígenas, los gobiernos municipales y otras organizaciones de instituciones públicas formulará y operará y evaluará programas integrales de prevención y combate a la tala clandestina, especialmente en las zonas críticas diagnosticadas previamente, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir los actos indebidos del cambio de uso de suelo o bien transporte, almacenamiento, transformación o posesión ilegal de materias primas forestales.
Artículos transitorios.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente ordenamiento.
Diputado Presidente, solicito que sea integrado el texto en el Diario de los Debates y es cuanto.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano (PAN): Gracias, señor diputado don Marko Antonio Cortés Mendoza.
Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no se haya publicado.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Defensa Nacional, con opinión de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el inciso c) de la fracción V del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de amparo directo.
El diputado Ernesto Herrera Tovar (PAN): Con su venia, ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
El de la voz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 72, párrafo primero; y 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de conformidad a la siguiente exposición de motivos:
La Ley de Amparo Reglamentaria de los artículo 103 y 107 constitucionales establece en su artículo 158 lo siguiente:
"El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no procede ningún recurso ordinario por el que pueden ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados."
Para los efectos de este artículo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo.
Cuando sean contrarios estos a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a sus principios generales de derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto de juicio o cuando no las comprendan todas por omisión o negación expresa.
Cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrá hacerse valer el del amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o solución que pongan fin al juicio.
El artículo 158 de la Ley de Amparo encuentra su base constitucional directa en el artículo 107, fracción V, inciso c) que determina que todas las controversias de que habla el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
Fracción V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley del Poder Judicial de la Federación en los casos siguientes:
a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militares.
b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictado en tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún juicio o medio ordinario de defensa legal.
c) En materia civil cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo o en juicios del orden común.
En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales.
De la comparación de los textos citados en ambos artículos encontramos una aparente contradicción, lo anterior debido a que por una parte el texto constitucional nos señala que el amparo directo o uniinstancial será procedente en materia civil sólo contra sentencias definitivas.
Por su parte la legislación secundaria estima que el amparo directo será procedente en materia civil contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio. El artículo 158 de la Ley de Amparo fue reformado en 1987 y publicado en el Diario Oficial el 1º de febrero de 1988. Dicha reforma estableció la competencia de los tribunales colegiados para conocer del amparo directo por resoluciones definitivas que ponen fin al juicio.
Debemos entender y concluir que los motivos que el legislador tomó en cuenta para la citada reforma se derivaron directamente de una equiparación que realiza de las resoluciones que ponen fin al juicio con las sentencias definitivas.
Sin embargo, la citada reforma presenta 2 problemas:
Uno, el texto constitucional no prevé la procedencia del amparo directo en materia civil en contra de resoluciones que pongan fin al juicio.
Dos, existe un exceso en el artículo de la ley secundaria por hacer genérica la procedencia del amparo directo, debiendo concretarse su procedencia únicamente a las sentencias definitivas respecto de las cuales no procede recurso ordinario alguno por el que pueden ser modificadas o revocadas.
Ahora bien, con el propósito de intentar buscar una posible solución a la controversia que se analiza, en el sentido de establecer si es constitucional o no que las resoluciones que pongan fin al juicio dictadas principalmente en materia civil puedan ser combatidas a través del juicio de amparo directo o convalidar o resarcir el supuesto exceso que existe en la Ley de Amparo en cuanto que ésta sí establece, a diferencia de la Constitución, de manera textual la procedencia del amparo directo respecto a las resoluciones que pongan fin al juicio, estimamos que lo conveniente en este caso es adicionar el inciso c) de la fracción V del artículo 107 constitucional el supuesto de las resoluciones que ponen fin al juicio, con lo cual se lograría lo siguiente:
1. Se estaría otorgando mayor certeza jurídica tanto a los gobernados como a los impetrantes de garantías.
2. De esta manera se estaría fortaleciendo la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucional al establecer en la propia Carta Magna el supuesto de procedencia del juicio de amparo directo tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio. Se convalidaría el supuesto exceso que existe en la Ley de Amparo al establecer nuestra Constitución de manera textual la procedencia del amparo directo tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso c) de la fracción V del artículo 107 constitucional para quedar como sigue:
Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
Fracción V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda conforme a la distribución de competencias que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en los casos siguientes:
c) En Materia civil, cuando se reclaman sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas en los juicios del orden federal o en los juicios mercantiles, sea federal o local, la autoridad que dicte el fallo o juicios del orden común.
Es cuanto, señor Presidente. Y solicitaría que se incluyera el texto íntegro de este documento en el Diario de los Debates.
Muchísimas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado.
Como lo solicita el señor diputado don Ernesto Herrera Tovar, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 40, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jaime del Conde Ugarte (PAN): Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Jaime.
El diputado Jaime del Conde Ugarte: El que suscribe somete a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma que se propone al tenor de la siguiente exposición de motivos:
"La soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser alienada. Ella consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa."
Desde sus orígenes, la teoría política se ha preocupado por el problema de formular un ideal democrático, que mida la práctica política o cotidiana y entre dichas formulaciones la democracia directa ha ocupado con frecuencia un lugar relevante, a pesar de que el ejercicio del poder en el curso de la historia haya discurrido con carácter casi general, por instituciones virtuales o pretendidamente representativas.
En Acción Nacional concebimos al hombre como persona, dotada de cuerpo y alma espiritual, cuya inteligencia y libre voluntad le permite actuar con responsabilidad sobre sus propias acciones. Asimismo, posee derechos universales inviolables e inalienables, a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social, de tal suerte que estamos convencidos que el ciudadano, por el sólo hecho de serlo debe de llevar en sí la obligación de participar en la vida pública de su nación.
De acuerdo con las actitudes de cada uno, ya con orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social como bases para el desarrollo de una comunidad democrática sustentable y solidaria, reclama del Estado el establecimiento de las vías y los instrumentos legales óptimos, para que esta sociedad sea protagonista del ejercicio público, pues el ideal de una sociedad civil compuesta de hombres libres e iguales, es un ideal legitimador del poder.
En este contexto, la voluntad general soberana que emerge del pacto formulado en términos del artículo 39 de nuestra Carta Magna, se caracteriza como indivisible e inalienable, aspecto este último que constituye la piedra angular del ejercicio democrático y fundamento para la participación democrática directa.
Es por esa causa que la presente iniciativa tiene como único propósito el de incorporar al texto constitucional las figuras de referéndum e iniciativa popular, como instituciones de democracia directa, complementarias en todo momento de la democracia representativa que opera en nuestro país.
Con la incorporación de estas figuras se intenta poner en práctica la participación popular directa en el marco del ordenamiento constitucional, dando a éstos un carácter excepcional y reservándolas para aquellas cuestiones de especial relevancia, intentando a través de ellas establecer una base de legitimidad democrática en el Estado constitucional de nuestro país.
El tema, por otro lado, adquiere una especial relevancia en la actualidad, toda vez que la democracia directa o instituciones inspiradas en dicha forma política, mediante la participación popular directa en la elaboración de ediciones políticas, se ven y han sido reclamadas desde muy diversos sectores por la ciudadanía, quien está ávida de participar en la vida pública de su país. Para ello el referéndum y la iniciativa popular serán herramientas de gran utilidad.
Sin embargo, debemos de tener siempre presente que las instituciones de participación directa deberán ser utilizadas como instrumento de legitimación y consenso para el nuevo Estado democrático que se está gestando, forjado a partir de la relación jurídico-político, producto de la pluralidad ideológica que se vive actualmente en nuestro país, situación por la cual nos vemos obligados a superar los viejos esquemas democráticos y replantear los supuestos a partir de la realidad actual y en atención al constante reclamo social, replanteamiento de que las fórmulas de democracia directa han de desempeñar un papel de suma importancia.
Dicho de otra forma, es tiempo de incorporar una alternativa democrática frente al sistema representativo, para que de esta manera, el ideal democrático directo se institucionalice e incorpore a su sistema constitucional, como medio de garantizar y legitimar la virtualidad del principio de soberanía popular, pues su reconocimiento e incorporación es un hecho ineludible.
Como característica fundamental en el nuevo orden político al que estamos aspirando todos los mexicanos, en este sentido la democracia directa supone la expresión ideal del Estado constitucional, ya que debemos entender a éstas como aquél régimen político que en la adopción de decisiones de interés general para la comunidad, corresponde a la totalidad de los ciudadanos la toma de esas decisiones y que se pronuncien respecto a ellas de modo personal e individualizado, lo que conlleva a reafirmar que esto es el clásico ideal del poder soberano.
Un gran avance dentro de la vida política mexicana es el que el poder soberano del pueblo se manifieste a través de la proposición o aprobación de ley, quedando así formulada la primera teorización de la participación directa como medio de virtualizar el principio de soberanía popular, que no quedará reducido a una mera declaración sino en cierta medida será el principio generador de un derecho subjetivo para participar en la aprobación, derogación o modificación de los diversos ordenamientos legales que integran el sistema jurídico del país.
Por lo que la reforma que se somete a consideración de esta Asamblea, se funda principalmente en las figuras de iniciativa popular y al referéndum, en aras de lograr un cambio de fondo del sistema democrático y constitucional de México, o estamos convencidos que con la incorporación de dichas figuras dentro del constitucionalismo mexicano se alcanzarán avances significativos tanto en el aspecto ideológico como en el pragmático, pues se logrará, entre otras cosas, replantear el concepto de Constitución para que por encima de su carácter fundamental se convierta en la verdadera expresión del pueblo y que ese texto constitucional constituya, en toda la extensión de la palabra, un verdadero Pacto Social.
Solucionar y mejorar el sistema de partidos en la medida en que los grupos de interés y de presión ajenos a los mismos, cuente con una vía de replanteamiento y solución de demandas así como también un mecanismo de impugnación de decisiones legislativas o políticas al margen de las orientaciones partidistas.
Convertirse en un eficaz instrumento de salvaguarda y los particularismos locales y del mandamiento de la estructura federal.
De esta forma, mediante la iniciativa popular, los ciudadanos podrán orientar en cierta medida la actividad gubernamental, pues este será un método de participación directa de los ciudadanos para proponer la formación, modificación o derogación de ordenamientos legales y reglamentarios, ya que éstos, constitucionales o secundarios, dentro del ámbito exclusivo de la administración pública, por lo que la presente iniciativa propone reformar el artículo 71 constitucional adicionando una fracción IV a dicho precepto con la finalidad de incorporar la figura de "iniciativa popular" facultando a todos los ciudadanos mexicanos a iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en todo lo relativo a la Administración Pública federal.
La reforma y adición del artículo 40 del mismo texto constitucional, incorporando la figura del "referéndum", el cual se podrá realizar cuando se trate de iniciativas que tengan por objeto la derogación , adición o reformas a esta Constitución, que verse sobre las garantías individuales, los derechos políticos individuales y colectivos de los ciudadanos, la soberanía nacional, la forma de gobierno, las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional, la división de poderes y el proceso de reforma constitucional.
Asimismo, se incluye en la presente iniciativa una fracción XXIX del artículo73 constitucional, con la cual se facultará al Congreso de la Unión para legislar en materia de participación ciudadana en cuanto a la regulación de los procesos a seguir para que se pueda llevar a cabo dicha participación dentro de la vida política del país, con arreglo a las normas previamente establecidas en la presente iniciativa y que corresponden y respeten las coordenadas directores de la sociedad a quienes irán dirigidas.
Con base en lo anterior y por ser un reclamo social, que dichas instrucciones deben ser incorporadas al texto constitucional vigente, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a su consideración a lo que hace referencia el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el artículo 40, se adiciona una fracción IV al artículo 71 y se agrega una fracción XIX al artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue...
Señor Presidente, solicito se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Jaime del Conde Ugarte. Túrnese el documento a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Señoras y señores legisladores, el siguiente punto del orden del día, es dictámenes de primera lectura y son los siguientes:
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se adiciona el Libro Segundo, el Título Vigésimo Séptimo, "De los Delitos Deportivos", del Código Penal Federal.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7º y se adicionan dos párrafos al artículo 2º de la Ley General de Educación, publicados estos dictámenes en la Gaceta Parlamentaria.
Son de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es dictamen a discusión con puntos de acuerdo.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Un momento, señor secretario, me están informando que tratándose de este dictamen, será un miembro de la comisión quien lo presente, entonces me permito desde Presidencia, solicitar a la comisión nos indique el diputado o diputada que hará la presentación del dictamen.
Será el señor diputado Manuel Ignacio López Villarreal, por la comisión, a quien se le concede el uso de la palabra.
Adelante, diputado.
Un momento diputado, por favor sonido en la curul de don Héctor Gutiérrez de la Garza.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (PRI) (desde su curul): Gracias, diputado Presidente, con la intención de no interrumpir a mi compañero Manuel López, la pregunta: ¿él va a fijar el posicionamiento de la Comisión del Trabajo, eso quiero entender, en consecuencia no ha iniciado la discusión y no puede ser sujeto a interpelaciones?, ¿es correcta mi interpretación, diputado Presidente?
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Totalmente correcta, él habla a nombre de la comisión y por lo tanto no iniciamos la discusión.
Adelante, señor diputado.
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal (PAN): Gracias, señor Presidente.
Con su permiso honorable Asamblea, hago uso de esta alta tribuna para solicitar el apoyo de todos ustedes para ayudar a la población que se encuentra desempleada en los municipios de Saltillo y Monclova.
Desde el 2001 los municipios de Saltillo y Monclova han presentado las más altas tasas de desempleo a nivel nacional, por ejemplo, el año pasado, la tasa de desempleo promedio…
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, señor diputado López Villarreal, quisiera antes de que continúe y perdóneme la interrupción, que hiciera una precisión a la Presidencia.
En su intervención usted habla a nombre de la comisión, ¿tiene previsto en su intervención dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen o solamente hablar a nombre de la comisión?
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal: Sólo hablar para posicionar y solicitar el apoyo a este punto de acuerdo.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Entonces me va a perdonar un momento.
Solicitaría a la Secretaría y no acuda a su curul, permanezca, pero voy a solicitar antes a la Secretaría que lea los puntos de acuerdo, para que después continúe con su intervención. Unicamente los puntos de acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: De la Comisión de Trabajo y Previsión Social:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a que por conducto de las Secretarías de Economía, de Desarrollo Social y de Trabajo y Previsión Social, realice un estudio de campo en los municipios de Monclova y Saltillo, del estado de Coahuila de Zaragoza, con el fin de determinar las causas de los índices de desempleo y con base en los resultados y atendiendo la disponibilidad de recursos, implemente un programa emergente de empleo con carácter de temporal en esos municipios.
Segundo. Se exhorta a los titulares del Gobierno del estado y de los ayuntamientos de Monclova y Saltillo, en el estado de Coahuila de Zaragoza, a que en el ámbito de sus competencias participen en la realización del estudio e implementación del programa emergente de empleo, en coordinación con el Ejecutivo Federal.
Cumplida la instrucción, ciudadano Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor secretario.
Ahora sí, a nombre de la comisión para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al señor diputado don Manuel Ignacio López Villarreal.
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal: Gracias, diputado Presidente.
Como hacía mención hace un momento, el índice de desempleo en las ciudades de Saltillo y Monclova han estado por arriba del promedio nacional. El año pasado la tasa de desempleo en promedio en Saltillo fue del 5.3% por ciento, cerrando en diciembre en 4.5. Lamentablemente no se ven indicios de recuperación del empleo en el mediano plazo, debido en gran medida a que estos municipios tienen una alta vinculación con el mercado estadounidense y principalmente con lo que es la industria automotriz, y sobre todo que esta industria ha tenido una gran recesión en los Estados Unidos y que no ha permitido el poder mitigar el desempleo en estas ciudades, por lo que se hace necesario y urgente que el Ejecutivo Federal y el Gobierno de Coahuila emprendan acciones necesarias para implementar un programa emergente de empleo, que brinde una pronta solución a miles de personas en estos municipios, Saltillo y Monclova, que han perdido su empleo y otras que están por empezar su vida laboral, de tal forma que podamos mitigar de alguna manera este severo problema en estos 2 municipios.
Ha quedado claro que a través de este punto de acuerdo, que me tocó presentar hace algún tiempo, se busca precisamente lograr generar condiciones de más empleo. El mayor reclamo de los mexicanos es más y mejores empleos, desgraciadamente en Saltillo y Monclova la situación es drástica, es grave y hoy por hoy tenemos que atender esta situación para lograr revertir esta tendencia.
Por lo anterior, les rogaría que se sumaran al dictamen que nos presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social y que fue presentado este punto de acuerdo por un servidor.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Manuel Ignacio López Villarreal.
En consecuencia, está a discusión el dictamen. Esta Presidencia tiene registrados para hablar en contra del dictamen, al señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, a quien se le confiere el uso de la palabra.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Héctor.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Compañeros, hago uso de esta tribuna porque no es posible que en el inicio de los trabajos de esta Legislatura, sea utilizada esta tribuna con fines políticos y no efectivamente de beneficio social.
Respeto al Presidente de la Comisión de Economía, a nuestro amigo Manuel López, pero él habla de un programa emergente por un problema de desempleo y lo específica a las ciudades de Santillo y Monclova, en Coahuila.
Y ese programa emergente...
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, don Héctor, por favor.
Sonido en la curul del señor diputado López Villarreal.
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal (desde su curul): Diputado Presidente, sólo para solicitar si puedo hacer alguna pregunta a quien está haciendo uso de la voz.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Le pregunto al orador si acepta una pregunta del señor diputado.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Viniendo de mi buen amigo Manuel López, con muchísimo gusto.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: La Presidencia está de acuerdo, nada más señalo a quien está a cargo del reloj, el tiempo, tratándose de puntos de acuerdo de intervenciones es de 3 minutos y está suspendido en este momento.
Adelante.
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal (desde su curul): Gracias, diputado Héctor Gutiérrez. Sólo para preguntarle que si este punto de acuerdo fue presentado hace un año por un servidor, usted piensa que desde entonces estábamos viendo alguna posición política.
Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Extraordinaria pregunta que me ayuda sobremanera a fortalecer lo que en este momento señalo.
La petición realizada por usted fue un programa emergente de empleo en los municipios de Saltillo y Monclova con cifras a esa fecha. Desconozco, con ese sentimiento y cariño que le tiene usted a su estado, recordándole que somos diputados federales por todo el país, pero sabemos el aprecio que le tenemos a nuestros terruños que no lo haya solicitado de urgente resolución.
Estamos hablando efectivamente de octubre de 2003 y desde esa fecha yo no veo cuál es la misma circunstancia con la que actualmente se aparece el día de hoy a, efectivamente octubre 2004, a poco más de 16 meses en esta tribuna, hablar de programas de emergentes de empleo. No sé si estaba esperando una situación más cercana a procesos electorales y la insistencia se da de última hora.
Es decir, hay una contradicción total y fortalece mi argumento, ¿por qué? Porque lo que urgía en el 2003, un programa emergente de empleo, porque en Saltillo y Monclova hay un incremento del mismo, venimos a resolverlo con un punto de acuerdo que a su vez lo que solicita es un análisis para determinar los porqué hay un supuesto desempleo en las ciudades de Saltillo y Monclova, con una pequeña circunstancias, 16 meses después y lo más cercano a las elecciones constitucionales del estado de Coahuila.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Don Héctor, ¿ha terminado la respuesta?
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: No, no he alcanzado a concluir, maestro, y cuando inició mi respuesta había, si mal no recuerdo, 3 minutos con 59 segundos para mi argumentación y aparecen 2 minutos.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Perdón, don Héctor, debo hacer una aclaración.
Lo dije al inicio y cuando le hicieron la pregunta, el debate tratándose de puntos de acuerdo no implica 5 minutos, sino 3, por lo tanto, se redujo su intervención a 3 minutos y no a 5, esa es la razón por la cual hay esa diferencia.
Continué dando la respuesta y está detenido el reloj.
Adelante.
El diputada Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputado Presidente, por su aclaración.
Regreso. En su pregunta está la respuesta, yo no entiendo por qué algo urgía en octubre de 2003 y viene a resolverse unos pocos meses antes de las elecciones constitucionales en el estado del que usted proviene.
Es decir, por qué la respuesta termina siendo no efectiva para los ciudadanos de su estado, por qué recurren al diputado López Villarreal en esa demanda de necesidades de programas emergentes los ciudadanos de Saltillo y de Monclova y la respuesta la damos l6 meses después y una respuesta que además dice lo siguiente:
"La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que por conducto de las Secretarías de Economía, Desarrollo Social y Trabajo y Previsión Social, realice un estudio de campo en los municipios de Monclova y Saltillo, del estado de Coahuila, con el fin de determinar las causas de los índices de desempleo y con base en los resultados y atendiendo la disponibilidad de recursos, implemente un programa emergente de empleo con carácter temporal en esos municipios."
Es decir, ¿qué es lo que se está ordenando en este punto de acuerdo? Lo único que se ordena es un estudio de campo para determinar que los índices que presenta por aquí de ese supuesto desempleo única y exclusivamente en este país, por lo visto en los municipios de Saltillo y de Monclova, se determinen los porqué, ¿para qué?, para que en ese momento el Ejecutivo Federal realice los estudios conducentes que lo conlleven a ver la posibilidad de si existe disponibilidad de recursos y ya en su momento tocaremos el tema presupuestal, implemente un programa emergente.
Discúlpenme, pero cuando venimos aquí a hablar de programas emergentes, es porque hay una necesidad en un estado del país, es muy irresponsable utilizar la máxima tribuna del Congreso con fines políticos. No es posible que exista una emergencia en octubre de 2003 y 16 meses después vengan a esta tribuna a tratar de justificar lo injustificable, señores, vamos a ser serios en el trabajo.
Así se contesta.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Continué el cómputo del tiempo.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: ¡Cómo no, diputado Presidente!
La propuesta de un servidor es en el sentido de que este asunto regrese a la comisión, ¿para qué?, para que en base a los estudios del país, porque ahora pareciera que el único problema de desempleo que tenemos en este país, está focalizado en Saltillo y Monclova, de donde es originario y donde tiene mucho aprecio el compañero López Villarreal.
No es posible que seamos de esta manera tan frívolos...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, don Héctor. Suspéndase el computo de tiempo.
Sonido en la curul del señor diputado don Antonio González Roldán.
El diputado Luis Antonio González Roldan (PVEM) (desde su curul): Sí, señor Presidente, para que a través de su persona le pregunte al orador si me acepta una pregunta.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: ¿Acepta la pregunta, don Héctor?
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Una persona seria ha estado haciendo interpelaciones este día, ¡cómo no, diputado Presidente!
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: La Presidencia lo autoriza.
Adelante.
El diputado Luis Antonio González Roldan (desde su curul): Nada más me gustaría preguntarle don Héctor, ¿en qué fundamenta usted los datos que acaba de dar sobre el empleo?
Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Doy contestación a la interpelación.
El problema de desempleo en el país es un problema real, no es ficticio, no hablemos del millón de empleos prometido por el Mesías, pero lo que no podemos es focalizar única y exclusivamente el problema de desempleo a los municipios de Saltillo y de Monclova en el estado de Coahuila.
Sí, efectivamente vamos a trabajar y se está involucrando a las Secretarías de Economía, de Desarrollo Social y Trabajo y Previsión Social, es decir, las secretarías involucradas en el ramo, vamos a tocar de manera seria el problema a nivel nacional sin focalizarlo a dos municipios del país.
¿Por qué? Porque estamos contradiciéndonos nosotros mismos como si el único problema de desempleo fuera en Coahuila, como si el único problema de desempleo en este país fuera en Saltillo y en Monclova.
Vamos a trabajar como Congreso de la Unión; vamos a legislar y a proponer puntos de acuerdo con carácter nacional que pretenda solucionar el grave problema de desempleo que vive este país y no única y exclusivamente en Saltillo y en Monclova. Vamos a ser serios en el trabajo que realicemos.
¿De dónde devienen las cifras? De la realidad. Devienen de promesas incumplidas, de propuestas, de sueños que en este momento, y que bueno que se involucra al Ejecutivo Federal, porque de ahí es de donde debimos de partir, pero no focalizado única y exclusivamente al estado de Coahuila. Vamos a focalizarlo sobre todos los municipios del país donde este problema se presente y no nada más presentar a la comunidad cartas de buenas intenciones.
Los ciudadanos de este país esperan una respuesta de su Cámara de Diputados. Esto no es una respuesta. Esto es una carta de buenas intenciones con fines políticos y no de solución del problema grave que se vive en este país y es el problema de desempleo.
Concluyo, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Continúe el cómputo del tiempo. Adelante.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: En ese tenor, yo les pido encarecidamente a mis compañeros diputados que votemos en contra de esta propuesta. Estamos contrariándonos nosotros mismos y focalizando un problema como si única y exclusivamente existiese en el estado de Coahuila y eso es una farsa.
Vamos a hacer un trajo serio y de ninguna manera nos dejemos manipular políticamente por aquellos que tienen intereses en sus respectivos estados...
El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, don Héctor.
Suspéndase el cómputo del tiempo. Sonido en la curul de don Jesús González Schmal.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde su curul): Quisiera preguntarle a la Presidencia si le solicita al orador le formule una pregunta.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: ¿Acepta, don Héctor?
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Reitero lo dicho hace un momento, sólo diputados serios han estado interpelando. Con muchísimo gusto.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: La Presidencia está de acuerdo; adelante, don Jesús.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde su curul): Estando de acuerdo en su planteamiento, señor diputado, quisiera formularle la siguiente pregunta: ¿usted tiene alguna información respecto del Grupo Industrial Saltillo, al que pertenece el diputado que presentó la iniciativa, qué nivel de desempleo, de desocupación, se está teniendo precisamente en las industrias constitutivas de este importante grupo industrial del estado de Coahuila? Gracias por su respuesta.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Yo siento que ni siquiera el promovente tiene un dato exacto del mismo o al menos traía él una idea en octubre de 2003, cuando traía una urgencia impresionante de sacar un programa emergente en el cual lo presentamos más adelante.
La relación que tiene el promovente con el Grupo Industrial Saltillo la desconozco, probablemente sea él el que deba aclarar. Yo confío en que no hay más interés que el político en su propuesta, de interés político en su estado, pero lo que sí es una realidad es que en el propio documento señala los importantes niveles de desempleo a su juicio en Saltillo, en Torreón y Monclova y de repente Torreón desapareció, desaparece de la escena y de esa necesidad; vuelvo a lo mismo: hay una situación de carácter eminentemente político partidista.
Entonces yo, continuando con la propuesta, diputado Presidente...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante y reanúdese el cómputo del tiempo.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: ... yo les solicitaría de la manera más atenta a mis compañeros diputados, votemos en contra de este dictamen con la intención que regrese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y se trabaje en un punto de acuerdo para todo el país, en el que se analice en qué ciudades tenemos altos índices de desempleo y sobre eso enfocar el programa de empleo temporal, con respuesta mucho más rápida porque pareciere, y vuelvo a señalar, que si votamos esto a favor, el único problema de desempleo en este país está focalizado a Saltillo y Monclova y eso, eso es una mentira.
Muchísimas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Héctor. Tiene el uso de la palabra.
Tengo la solicitud del señor diputado don Manuel Ignacio López Villarreal para alusiones personales, sin embargo señoras y señores legisladores, estamos en la etapa de discusión.
Yo le concederé el uso de la palabra a don Manuel Ignacio López Villarreal, para contestar alusiones personales cuando agote el turno de oradores registrados para discusión.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Sergio Alvarez Mata, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en pro.
El diputado Sergio Alvarez Mata (PAN): Muchísimas gracias, señor Presidente. Con su permiso.
Yo quiero, como integrante de la Comisión del Trabajo y como Presidente de la Subcomisión del Trabajo, que elaboró el predictamen que fue puesto a consideración de la Comisión del Trabajo, en relación a este punto de acuerdo y quiero hablar a favor de este punto de acuerdo precisamente con la responsabilidad con la que procesamos este documento que nos fue turnado a la comisión.
En primer término, debo de dejar en claro que nos fue turnado el 7 de octubre de 2003, a la Comisión del Trabajo para su dictamen, este punto de acuerdo. El 25 de noviembre, la comisión lo turnó a la Subcomisión del Trabajo para elaborar el dictamen y nosotros lo trabajamos haciéndole llegar a todos los diputados, tanto del PRI, como del PAN, como del PRD y del Verde Ecologista, dicho dictamen en el que propusimos lo que ahora está de conocimiento de ustedes.
En la sesión de la Comisión del Trabajo se expuso con mucha claridad la propuesta que se hacía para promover este programa emergente de empleo, y fue aprobado por unanimidad por todos los miembros de la comisión, y desde el 21 de octubre este documento fue aprobado por la Comisión del Trabajo y desde entonces se remitió… posteriormente se remitió a la Mesa Directiva para que fuera agendado y se pudiera discutir en este pleno.
No es responsabilidad del diputado promovente ni mucho menos perversidad de su parte el que el día de hoy estemos discutiendo este documento, son los tiempos de la Cámara que lamentablemente se procesan con mucha lentitud y no se llegan a resolver con atingencia muchos asuntos porque hay otros más que sin duda alguna llaman la atención en la agenda de la Mesa Directiva o en el pleno de esta Cámara...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, diputado Alvarez Mata. Sonido en la curul de don Héctor Gutiérrez de la Garza.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Diputado Presidente, para solicitarle pregunte al orador si acepta una interpelación de un servidor.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: ¿La acepta, señor diputado?
El diputado Sergio Alvarez Mata: Sí, con todo gusto.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, la acepta. La Presidencia lo autoriza.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Gracias, diputado Presidente.
¿Si usted sabe o conoce el procedimiento parlamentario, cuando un asunto es de urgente u obvia resolución? Porque en ese sentido, cuando hay interés real de solucionar una situación, aquí mismo lo hemos resuelto. Es más, el día de hoy hay proposiciones con punto de acuerdo de urgente resolución. ¿Por qué? Porque al diputado le urge solucionar un problema, no explotarlo políticamente.
La pregunta se concreta a lo siguiente: ¿qué hubiese hecho usted si el punto de acuerdo lo propone usted y es urgente a su criterio, diputado orador?
El diputado Sergio Alvarez Mata: Con todo gusto, señor diputado. Y conozco el procedimiento tanto como lo conoce usted. Y cuando el promovente no solicita la urgente resolución la Mesa Directiva no lo hace de manera oficiosa. Luego entonces, este asunto, en el momento en que fue presentado por las consideraciones que en aquel momento él haya considerado no presentarlo de urgente resolución, el asunto fue turnado de manera ordinaria a la comisión.
Lamentablemente, en la propia comisión, dada la carga de asuntos que se discuten, tuvo un proceso largo y prolongado para alcanzar su dictamen; pero yo quiero llamar la atención de usted, señor diputado, de que cuando la subcomisión le presentó al pleno de la comisión este punto presentando los acuerdos que hoy estamos teniendo conocimiento, nadie, absolutamente nadie de la Comisión de Trabajo, ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD presentó, objetó los argumentos que hoy usted ha esgrimido en tribuna, pretendiendo con sus argumentos, sí politizar la intención de este acuerdo.
Yo creo que nadie arribamos, ni el promovente, ni la sSubcomisión y la Comisión de Trabajo, arribamos con el ánimo de tener una pretensión de carácter electorera, mucho menos desde aquellas fechas.
El problema de que hoy se presente en esta fecha, si bien no reflejó la urgente resolución de cuando se presentó, sí refleja la manera honesta y transparente con la que hemos querido atender un asunto de un diputado que promueve en relación a un problema de un estado que le interesa, como muchos asuntos se han promovido al interior de esta Cámara y se han resuelto de urgente resolución o no de urgente resolución.
Pero pretender sustentar que hay una pretensión determinada o que hay una intención determinada de carácter electorera porque lo estemos discutiendo el día de hoy, me parece perverso.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: ¿Terminó, señor diputado? Un momento. Sonido en la curul del señor diputado don Emilio Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD) (desde su curul): Presidente, si es tan amable, a través de su conducto, pedirle al diputado si me permite hacerle una pregunta.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: ¿Señor diputado, acepta la pregunta?
El diputado Sergio Alvarez Mata: Por supuesto que sí, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: La Presidencia está de acuerdo también, adelante.
El diputado Emilio Serrano Jiménez: Gracias, diputado Presidente. Obviamente no es hacia usted el reclamo, diputado, pero la pregunta es si usted ya se dio cuenta la forma mañosa, artera con la que ha actuado el diputado De la Garza y otros diputados para no continuar con el orden del día y que no pase el punto de acuerdo de Guerrero.
Tramposos, alevosos y gandallas.
El diputado Sergio Alvarez Mata: Mi respuesta es no. He concluido.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Continúe con su intervención, señor diputado.
El diputado Sergio Alvarez Mata: Concluyo. Yo quiero, como integrante de la Comisión de Trabajo, dejar muy en claro que cuando elaboramos este dictamen y lo propusimos a la comisión y la comisión lo aprobó por unanimidad, lo hicimos con el único afán y mérito de, como lo hemos resuelto en otros muchos puntos de acuerdo que han presentado los señores diputados, de atender una petición y formularla de una manera integral, en donde no estamos de manera sesgada cargándole la responsabilidad a una sola instancia, sino estamos involucrando tanto al Gobierno Federal como al gobierno estatal y a los gobiernos municipales para salir adelante en este problema.
Y nuestra exhortación es que veamos desde esta óptica todos los problemas. Atenderlos de manera integral.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Sergio Alvarez Mata.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en pro.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez (PAN): Con su permiso, diputado Presidente. Compañeros y compañeras legisladoras:
Subo a esta tribuna para... A mí me llama la atención lo que dice el compañero Héctor Gutiérrez de la Garza. Desconozco si sea una táctica dilatoria, como dice aquí otro compañero. La realidad es que la interpretación me parece injusta, porque la intención, les voy a poner un ejemplo, cuando inicia esta Legislatura...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, diputado. Interrúmpase el cómputo del tiempo.
Sonido en la curul de don Héctor.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Diputado Presidente, para que le pregunte al orador si acepta una interpelación.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Don José Luis,¿acepta usted la pregunta?
El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Sí, cómo no.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: La Presidencia está de acuerdo. Adelante, don Héctor.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Gracias, diputado Presidente.
Primero me da gusto que de vez en cuando Acción Nacional coincida con el Partido de la Revolución Democrática. Eso es importante, parte de estos nuevos consensos, pero independientemente de ello me gustaría, porque vuelve a realizarse una afirmación gratuita respecto a tácticas dilatorias, si él tiene algún fundamento para ello, si no, que se concrete al tema del desempleo, que creo que es un tema nacional, no sé a su criterio, y sí es un tema importante para este país. Entonces creo oportuno que esa afirmación gratuita la sustente y si no pues que la retire.
Gracias, diputado Presidente.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Bueno, cuando iniciábamos nuestra disertación aquí, decíamos que desconocemos si el diputado Gutiérrez de la Garza esté utilizando tácticas dilatorias; desconocemos. Creo que con esto queda claro.
El tema es muy importante y yo quiero ponerles un ejemplo...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Diputado Treviño, ¿terminó de contestar la pregunta o continúa en la contestación?
El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Sí.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante. Continué el cómputo del tiempo.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Cuando inició esta Legislatura, subimos a esta tribuna para pedir un exhorto a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictaminara un punto de acuerdo, en el cual pedíamos 100 diputados plurinominales menos, porque considerábamos que estaba sobrerrepresentada la Cámara.
Ya vamos a mitad de la Legislatura y es fecha que no tenemos respuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales y no tenemos respuesta de puntos muy importantes como el desempleo. Hemos pedido en múltiples ocasiones que en estos casos que son prioritarios para el país, el desempleo, la inseguridad, la pobreza, tantos temas que usted decía, diputado Gutiérrez de la Garza, decía que tenemos que ser responsables; lo dijo aquí. Tenemos que ser responsables de ir al fondo del problema y el fondo del problema es que estamos atorados en esta Legislatura, cuando 2 fracciones mayoritarias no aprueban las reformas estructurales que el país requiere.
Miren, es muy importante que si seguimos haciendo las cosas igual, pues no esperemos obtener diferentes resultados. Y este país necesita reformas. Se ha dicho una y mil veces. Y claro que no les gustan las reformas que se presentan desde el Ejecutivo, y no les gustan las reformas que presenta el Partido Acción Nacional. Pero el PRI y el PRD, son mayoría en este Congreso, pudieran presentar reformas alternativas para que el país tuviera mejores empleos, y no lo hacen porque le están apostando al fracaso del gobierno del Presidente Fox.
Queda muy claro que lo podrían votar a pesar del voto minoritario del PAN. Yo aquí les digo que en las diferentes comisiones existen temas muy importantes para reactivar el empleo; podríamos haberle dado mayores recursos a la pequeña y mediana empresa, podríamos haber hecho muchas cosas más en conjunto.
Para finalizar nada más decirles que el mensaje va muy encaminado a que aquí no se está aprovechando políticamente nada...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Concluyó su tiempo, diputado.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Sí. Está un tema importante que les pido que lo votemos a favor porque reactivaría el empleo en la zona de Coahuila. Es tanto.
Muchas gracias, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado Treviño.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Pablo Franco Hernández (PRD): Con su venia, diputado Presidente. Compañeras, Compañeros:
Es una lástima que este tema del impacto que ha tenido en el empleo en la zona de Coahuila tanto el cierre de Fundidora como más recientemente el cierre de maquiladoras como Sara Lee, ante la ciencia y paciencia del Gobierno del estado y del Gobierno Federal, hoy se tome como pretexto ¡para evadir el debate sobre la realidad política que se vive en el estado de Guerrero!
¡Se pretende concentrar la atención en Coahuila para que no nos demos cuenta, para que ignoremos, que hoy en Guerrero se recurre a las más bajas prácticas tradicionales para...!
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Señor diputado: Esta Presidencia le insta con todo respeto a sujetarse al tema de debate.
El diputado Pablo Franco Hernández: Requerimos programas de empleo. Nosotros mismos hemos propuesto con motivo del cierre de la maquiladora Sara Lee que el Gobierno del estado tomara medidas emergentes. Se ignoró. ¡Hoy, por el contrario, se pretende encubrir la oferta de supuestos seguros a los estudiantes con lo cual se pretende coaccionar el voto en el estado de Guerrero!
No podemos evadir una realidad. ¡Este tema se está utilizando como pretexto para que cerremos los ojos ante el tema de Guerrero!
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, diputado. Suspéndase el cómputo del tiempo.
Sonido en la curul del señor diputado don Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo (PRI) (desde su curul): Señor Presidente, con la atenta solicitud de que pudiera reconvenir al orador para que se pueda dedicar a atender el tema del debate, que es el dictamen sobre un punto de acuerdo que tiene qué ver con el empleo en dos municipios de Coahuila.
Yo entiendo que la única herramienta que tiene usted o elemento que tiene usted para que el orador pueda acatar el tema, es el honor del diputado. Me queda también eso claro.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Esta Presidencia ha instado ya al señor diputado y esperemos que su debate se sujete al tema de discusión.
Antes de que continúe, diputado, sonido en la curul del señor diputado Emilio Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde su curul): La súplica que si es tan amable de decirle al orador si me permite hacer una pregunta.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: ¿Acepta una pregunta, señor diputado?
El diputado Pablo Franco Hernández: Con todo gusto.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: La Presidencia está de acuerdo don Emilio. Adelante.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde su curul): Gracias, diputado Presidente.
Diputado, nuevamente, al igual que estuve en tribuna antes que usted, le hago la misma pregunta: ¿usted cree que las intervenciones, principalmente del diputado González de la Garza y de otros diputados de su fracción, han sido como medida dilatoria para no tocar el tema de Guerrero, que a todas luces, a todas luces está interviniendo el Gobierno estatal para hacer trampa en este proceso del próximo domingo?
Si es tan amable, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, diputado. Rogándole que dadas las características de la pregunta su respuesta sea categórica y suplícole, señor diputado, que no se desvíe para tocar un tema distinto al de la materia del debate.
Adelante, diputado, conteste.
El diputado Pablo Franco Hernández: ¡Sí creo que este dictamen que es de la mayor importancia ha sido utilizado por la fracción priísta para evadir el debate sobre el tema de Guerrero, donde no sólo se han utilizado recursos públicos para incidir en el resultado en la elección, sino que hoy se engaña descaradamente a la población!
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Continúe el cómputo del tiempo, continúe con su intervención, diputado.
El diputado Pablo Franco Hernández: Quiero comentarles que votaremos a favor de este dictamen, coincide con un punto de acuerdo que hemos presentado nosotros. Nos parece que la irresponsabilidad del gobierno...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, diputado.
Sonido en la curul del señor diputado don Wintilo Vega.
Adelante, diputado.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Nada más para recordar que el orador subió a la tribuna para hablar en contra del dictamen.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Perdón. No, don Wintilo, salvo que haya un error en el registro que me pasaron, tengo al señor diputado don Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro.
Adelante, señor diputado, continúe.
Un momento. Sonido en la curul de don Wintilo. Adelante diputado.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Señor Presidente, ¿entonces rebasamos el número de oradores a favor? Es pregunta.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: No, no lo hemos rebasado, porque cuando hay nada más oradores a favor es muy claro el reglamento de que son 2, pero cuando hay oradores en contra, entonces la norma establece que podemos incrementar 3 como máximo y tengo en contra, que ya habló, a don Héctor Gutiérrez de la Garza, en pro a don Sergio Alvarez Mata y a don José Luis Treviño Rodríguez.
Recordemos que el señor diputado que hizo uso de la palabra en primer término, no lo hizo el señor diputado López Villarreal, lo hizo a nombre de la comisión, no dentro del debate.
Continúe, señor diputado.
Un momento. Sonido en la curul de la diputada doña Guadalupe Morales. Adelante, diputada.
La diputada María Guadalupe Morales Rubio (desde la curul): Quisiera pedirle al orador si nos puede explicar a detalle cuál es la relación y por qué menciona esta cuestión de los seguros populares en el estado de Guerrero con el asunto de Monclova.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento.
Señoras y señores diputados: dice el reglamento que se pueden hacer preguntas al orador y que esa pregunta el orador podrá aceptarla o no aceptarla, pero también tiene que autorizarla la Presidencia.
Esta Presidencia, con todo respeto y con imparcialidad, no desea crear el ambiente para que se desvíe el debate. No acepto la pregunta por parte de la Presidencia.
Continúe señor orador.
El diputado Pablo Franco Hernández: Decía entonces que solicitamos el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen, porque sí creemos que debe corregirse la irresponsabilidad del Gobierno del estado, al que cuando le planteamos qué hacer ante el cierre de fuentes de empleo, nos decía que no hay nada qué hacer, que había que esperar a que se fueran.
Y tiene mucho que ver con la elección del estado de Guerrero, porque nosotros planteamos un punto de acuerdo para discutir la intervención del Ejecutivo...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Por favor señor orador, sujétese al tema a debate.
El diputado Pablo Franco Hernández: Estamos debatiendo el tema del dictamen y el dictamen se convirtió en materia de un debate jurídico con el diputado De la Garza, de manejar el tema meramente informal, que pretende ignorar el fondo del problema de empleo ante la aplicación de un modelo neoliberal en el país.
Creemos que esto se está jugando en Guerrero. ¿Quién apoya este modelo neoliberal y quiénes proponemos una alternativa? Por eso hoy se utilizan recursos en contra de la legalidad para coaccionar el voto en Guerrero y por eso hoy se quiere evadir el debate en esta Cámara sobre ese tema.
Por eso es que pensamos que hay que votar a favor del dictamen. Creemos que es muy importante que se generen condiciones de empleo, donde por la aplicación de ese modelo neoliberal, se están perdiendo sin que ni el Gobierno Federal ni el Gobierno estatal, tomen medida alguna. Por eso es que en algunos estados como en Guerrero, la población decide votar por otros partidos y se toman medidas como la que hoy estamos viviendo en el estado de Guerrero y con las cuales estamos en contra.
Muchas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Manuel Ignacio López Villarreal, a quien la Presidencia insta con todo respeto a respetar el espíritu de la norma, en el sentido de intervenir exclusivamente para alusiones personales.
Adelante don Manuel Ignacio López Villarreal.
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal: Con su permiso, diputado Presidente. Sólo para aclarar algunos comentarios del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, en el sentido que esto es político.
Primero se focalizaron esos 2 municipios porque desgraciadamente por más de 3 años, Saltillo y Monclova han estado en los primeros lugares de desempleo en nuestro país. Es por eso que se focaliza y porque finalmente somos de ahí y nos preocupa y queremos atender y resolver los problemas que nos presenta la población de esos lugares.
Hoy, desgraciadamente seguimos con el problema de desempleo, seguimos saliendo en los primeros lugares de desempleo en la República Mexicana, por tanto aplica la petición que se hizo hace un año, hoy es urgente que podamos apoyar esta solicitud y esta...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, diputado. El tema para alusiones personales, señoras y señores legisladores, se presta para alargar el debate con más oradores y la Presidencia tiene que tener cuidado en normar el debate.
Usted puede intervenir pero no se lo confiero, dado que conozco ya el inicio de su intervención en su calidad de alusiones personales, está entrando usted al tema del debate y por lo tanto, o puede continuar en el uso de la palabra en los términos del 114 como miembro de la comisión y por lo tanto 3 minutos y no 5. Adelante, señor diputado.
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal: Bien, también quisiera aclarar que no soy miembro de la Comisión del Trabajo, por tanto yo no tengo manera de estar controlando los tiempos para los dictámenes de estos puntos de acuerdo. Si hoy se está planteando en el pleno, es por los tiempos que manejó la propia comisión, por tanto no creo que se pueda plantear como un argumento político el que hoy se esté presentando este punto de acuerdo.
Por otro lado, también se presentó la liga personal con grupos...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, señor diputado, suspéndase el cómputo del tiempo. Sonido en la curul de don Emilio Serrano, adelante.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde su curul): Gracias, diputado Presidente. Una súplica, que si es tan amable de preguntarle al orador si me permite una interpelación.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: ¿Acepta, señor diputado López Villarreal?
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal: Con mucho gusto.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante don Emilio, la Presidencia también lo autoriza.
El diputado Emilio Serrano Jiménez: Gracias. El diputado Gutiérrez de la Garza en su intervención dijo que no se utilizara el tema del desempleo en Coahuila con fines políticos.
O le pregunto a usted, si todo lo que se dice en esa tribuna no es con fines políticos, porque una cosa es el tema y utilizar los fines políticos electorales, partidistas, porque todos venimos a hacer aquí política y una cosa es hacer política partidista y otra cosa es hacer política, o él se refiere nada más a hacer política como su candidato en Guerrero que está ofreciendo bajar las tarifas de la energía eléctrica cuando ni siquiera tiene facultad porque eso solamente lo…
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Señor diputado, le ruego que concrete la pregunta.
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal: Gracias, diputado. Bueno, de alguna manera coincido con usted en el hecho de que lo que se plantea aquí es eminentemente político, pero se busca que no sea con tintes electorales y vuelvo a insistir, este punto de acuerdo fue presentado hace un año y tiene vigencia porque el problema en Saltillo y Monclova sigue el problema y tenemos que atenderlo, no podemos cerrar los ojos ante este grave problema que hay en nuestro estado.
También referido a la intervención del diputado, en mi liga con grupos que está en Saltillo no veo qué tenga que ver una cosa con otra, ahí se generan muchos empleos. Afortunadamente se está convirtiendo a nivel mundial y no veo el porqué el problema de Saltillo y de Monclova tenga que estar ligado a una empresa porque ha hecho mucho esfuerzo para generar empleos.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Se le acabó el tiempo.
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal: Para terminar yo solicitaría el apoyo a este punto de acuerdo, está claro y contundente que aquí lo que se pretende es atender un problema en una localidad que es Saltillo y Monclova, yo creo que no podemos, como legisladores, cerrar los ojos a este problema y de alguna mansera busquemos apoyarlo, porque eso es lo que nos reclama la población.
Muchas gracias, señor diputado.
Agotada la lista de oradores registrados, se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario Marco Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Suficientemente discutido.
Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba el dictamen.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el dictamen.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor... Mayoría simple por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Aprobados los puntos de acuerdo.Comuníquense.
Señoras y señores legisladores, aunque está por agotarse a 4 minutos el tiempo de esta sesión, los señores coordinadores de los grupos parlamentarios, han solicitado a la Presidencia anticipar el tema registrado por el Partido Verde Ecologista de México para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades electorales federales.
Esta solicitud no tiene competencia la Presidencia para resolverla, por lo tanto se instruye a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se acepta que se anticipe este punto de acuerdo, como único punto para dar por concluida la sesión.
Un momento, señor secretario. Sonido en la curul de la diputada doña Irma Figueroa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero (PRD) (desde su curul): Señor Presidente, solicito se me permita pasar a la tribuna a leer el punto de acuerdo sobre el estado de Guerrero, dada la importancia que tiene para los ciudadanos.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Eso está agendado en el orden del día, diputada, pero como ya ha concluido el término de la sesión, recibí antes que la suya una solicitud previa, entonces primero consultaré a la Asamblea de este tema y al concluir atenderé su solicitud para que quede en igualdad de circunstancias y será la Asamblea la que decida.
Don Emilio.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde su curul): Diputado Presidente, nada más le hago una observación.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Las que quiera señor diputado.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde su curul): El punto que usted nos está preguntando, como propuesta, está después del punto de acuerdo que le toca presentar a la diputada Irma Figueroa, la súplica es que pasen los 2 puntos, en cuestión de equidad y en orden.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Estoy totalmente de acuerdo con usted, nada más que quiero señalarle que en este tema me lo han solicitado todos los grupos parlamentarios, y dice el Acuerdo Parlamentario relativo al orden del día de las sesiones: "Este orden podrá modificarse por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios", por lo tanto, si tengo la solicitud, aunque no la tengo por escrito, por eso quise consultar a la Asamblea, dice: "o del pleno".
Voy a consultar primero este tema y después consultaré al pleno sobre la solicitud de la diputada Figueroa.
Don Emilio.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde su curul): Diputado Presidente.
Insisto la aclaración que le hago es que esa solicitud que usted nos hace a petición de los grupos parlamentarios, no está incluido en el orden del día de esa manera y el otro punto sí está en el orden del día y en ese orden. Primero es el asunto de Guerrero y después el del Verde Ecologista. ¿Por qué no se sigue ese orden, diputado Presidente?
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Porque la Presidencia no puede resolver. Ninguno de los 2 se deben tocar, diputado, porque ya se agotó el tiempo, pero el pleno o los coordinadores pueden hacer la excepción, por eso estoy consultando al pleno. El pleno está por encima de mi decisión.
Consulte la Secretaría a la Asamblea éste primer punto, primero.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se adelante y se aborda en este momento el punto de acuerdo registrado por el Partido Verde Ecologista de México.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa... La mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Ahora pregunto, instruyo... por favor, no ha lugar a anticipar el asunto del Verde Ecologista. Primero sonido en la curul de la diputada Mícher.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD) (desde la curul): Señor Presidente, yo creo que todas las diputadas y diputados tenemos que ser escuchados en esta Asamblea. Yo le solicité a usted el uso de la palabra antes de someterlo a votación para encontrar el equilibrio en la decisión que tomara la asamblea. Desgraciadamente no fue así.
Lo que le quiero solicitar es que no someta usted a votación algo que ya está incorporado en el orden del día, y en el orden del día viene la presentación del punto de acuerdo de la diputada Irma Figueroa y del Verde Ecologista incluso.
Entonces, si estamos a documentos y a firmas, ¿dónde está el documento de todos los coordinadores firmados para someter a votación esto, señor Presidente? Por lo tanto le propongo que la sesión se prolongue, únicamente se prolongue hasta que los 2 puntos que faltan por incorporarse en el orden del día, hayan concluido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Diputada Mícher, primero le reconozco y le agradezco la mesura de su solicitud, es algo que me tranquiliza y me da seguridad en la dirección de los trabajos del pleno. Gracias.
Segundo. Quiero señalarle lo siguiente: El artículo primero del acuerdo parlamentario...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Permítanme primero resolver lo de la diputada Malú Mícher. El artículo primero aprobado por el pleno dice lo siguiente:
"La duración de la sesión será hasta de 5 horas" Ya se han excedido las 5 horas y esto no lo decidió la Presidencia, lo decidió el pleno de la Cámara, por lo tanto yo estoy sujeto a la decisión del pleno, pero el mismo pleno de la Cámara en ese acuerdo dice lo siguiente:
"Este orden podrá modificarse por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios o del pleno." Tiene usted razón, no tengo solicitud escrita de los coordinadores y precisamente por eso no obré automáticamente, sino que consulté al pleno. No dice el acuerdo que requiero los 2 requisitos; si no tengo lo uno, lo otro, por eso consulté al pleno.
Ya consulté el tema del Verde y el pleno dijo que no, ahora voy a consultar el tema que ustedes me plantean.
Sonido en la curul del señor diputado Manuel Velasco.
El diputado Manuel Velasco Coello (desde la curul): Gracias, señor Presidente.
Nada más para manifestarle en defensa de la Presidencia, que fue un acuerdo verbal por todos los coordinadores representados en esta Cámara.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Manuel.
Se instruye a la Secretaría...
El diputado Agustín Rodríguez Fuentes (desde su curul): Señor Presidente, señor Presidente, le estoy solicitando el uso de la palabra.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Sí señor.
Sonido en la curul del señor diputado del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Agustín Rodríguez Fuentes (PRD) (desde su curul): No voy a ser mesurado como la diputada y que usted le reconoció.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: No se preocupe, ya estoy acostumbrado.
Adelante.
El diputado Agustín Rodríguez Fuentes (desde su curul): Me parece que usted le está faltando el respeto a esta Cámara, a esta Asamblea y todos los diputados, incluidos los que chiflan, merecen respeto de parte de usted, y usted está conduciendo de manera arbitraria y dictatorial esta Asamblea.
Por eso le solicito, primero, que respete al pleno y si hay solicitud para intervenir de cualquier diputado antes de la votación, usted tiene la obligación de agotar esas intervenciones y en todo caso solicitarle al pleno, si está suficientemente discutido o se pasa a la votación. Por eso razón, me parece que tiene usted que reconsiderar su forma en que está conduciendo esta Asamblea.
Segundo, no tiene usted por qué, arbitrariamente, brincar las intervenciones y darle a un diputado antes que otros, que solicitaron la palabra como fue el caso del que le habla.
Por eso le solicito, respetuosamente, sea usted más serio, más respetuoso para la atención de las solicitudes de intervención de los diputados que le solicitan la palabra.
Eso es todo, gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Señor diputado...
El diputado Víctor Suárez Carrera (PRD) (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Sonido en la curul del señor diputado don Víctor Suárez.
El diputado Víctor Suárez Carrera (desde su curul): Señor Presidente, la Asamblea del día de hoy no inició en punto de las 10, por lo tanto tenemos el tiempo suficiente para dar paso al punto del orden del día que estaba agendado, y suplico a usted, como Presidente, que no asuma una posición de parcialidad para hacerse cómplice del PRI y evitar que el tema de la situación grave de Guerrero se pueda tratar hoy. Y les pido, a la fracción del PAN que no sigan con su maridaje para ser tapaderas del fraude sistemático del PRI en el estado de Guerrero.
Tomemos tiempo para discutir temas fundamentales y no argumentemos la finalización de un periodo cuando hay problemas urgentes que afectan a Guerrero y a todo el país, hago un llamado a la fracción del PAN a que sea corresponsable con principios democráticos.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado.
Tiene derecho a una respuesta porque es una pregunta bien planteada, porque está basada en el acuerdo su pregunta.
Efectivamente, el Acuerdo no habla de hora determinada, dice el acuerdo "duración de la sesión" y la sesión de acuerdo con la información que tengo, que puede usted corroborar, empezó a las 10:20. Por eso, cuando me hicieron la pregunta a las 3:16, eran 5 horas a las 3:20, pedí el permiso de la Asamblea, no podía continuar. Esa es la razón.
Lo demás, doy una, si a alguien ofendí por mi tono, por las palabras que expresé, no es mi costumbre ofender a ningún diputado, reciban la más amplia disculpa de la Presidencia si alguien se sintió ofendido por mi intervención, pero de algo nadie en esta Cámara me puede acusar después de ser Presidente durante un año, jamás he sido parcial en mis decisiones.
Instruyo a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se admite la intervención de Guerrero...
El diputado Pedro Avila Nevárez (PRI) (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, le doy el uso de la palabra terminando la votación.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se adelanta y se aborda en este momento el punto de acuerdo registrado por la diputada Irma Figueroa Romero.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Los que estén por la negativa... Gracias. La mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: No se trata.
En virtud de que han transcurrido 5 horas en la presente sesión, se instruye a la Secretaría para que dé lectura al orden del día de la próxima sesión.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Lectura de la próxima sesión)
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Se instruye a la Secretaría para que abra el sistema electrónico por 4 minutos para registrar la asistencia final.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, secretario.
Sonido en la curul de don Pablo Franco. Adelante don Pablo.
El diputado Pablo Franco Hernández (desde su curul): Diputado Presidente, compañeros diputados: A pesar de que hemos evadido este debate, vamos a ganarles en Guerrero.
Gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Se le tiene por haciendo las manifestaciones. Continué la Secretaría.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Abrase el sistema electrónico por 4 minutos para verificar la asistencia.
(Registro de asistencia)
De viva voz el diputado Lisandro Arístides Campos Córdova.
El diputado Lisandro Arístides Campos Córdova (desde su curul): Presente.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Gracias.
Diputado Presidente, hay una asistencia de 383 diputados.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano (a las 15:37 horas): Gracias, señor secretario.
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 8 de febrero a las 11: 00 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.