El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
El Secretario Marcos Morales Torres (PRD): Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 355 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 10:16 horas): Hay quórum. Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si le dispensa la lectura al orden del día.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor... Gracias...
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor secretario.
Sonido en la curul del diputado Osuna Millán.
El diputado José Guadalupe Osuna Millán (PAN) (desde su curul): Para proponerle a usted, se nos permitiera incluir un punto de acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión de Vigilancia, se instruya realizar una auditoria legal y administrativa al desempeño legislativo de la Comisión de Presupuesto, Presidente.
El día de ayer, el Presidente de la Comisión de Presupuesto rindió su informe y omitió el informe administrativo. En el informe administrativo ha sucedido, señor Presidente, que ha salido un reportaje en la revista Proceso donde los asesores de dicha comisión, el secretario técnico de dicha comisión, el presidente de esa comisión, y también involucran al Presidente de esta Cámara de Diputados, Presidente, para que no exista sospecha, para que quede a salvo, para que no exista duda de la integridad del Presidente de la Cámara de Diputados, yo le rogaría a usted que sometiera, que aceptara el que el día de hoy se discutiera este punto de acuerdo para realizar una auditoría legal y administrativa a la Comisión de Presupuesto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¡Cómo no, diputado!
Usted recordará perfectamente bien, porque es un hombre letrado, que el Acuerdo Parlamentario faculta a la Mesa Directiva para hacer el orden del día de las sesiones. Su grupo parlamentario tiene un representante en la Mesa Directiva que no nos hizo saber eso en el momento en que estuvimos presentes.
También la Mesa Directiva lleva a cabo la conformación del orden del día, a propuesta, como lo dice también el Acuerdo Parlamentario, de la Junta de Coordinación Política, que por cierto su coordinador es el que la preside; no nos llegó tampoco ese punto de acuerdo.
No obstante lo anterior, señor diputado, esta Asamblea es soberana, y si usted me permite, le preguntaremos a la Asamblea si es de admitirse su propuesta que de manera súbita usted pone aquí a disposición del mismo pleno. ¿Le parece bien?
El diputado José Guadalupe Osuna Millán (desde su curul): No es de manera súbita la presentación de este punto de acuerdo. Hasta el día de ayer conocimos del informe del Presidente. Me di a la tarea de investigar, de realizar las indagaciones necesarias para que no corra más el plazo, para que no corra más el tiempo, dado que es del conocimiento público de la existencia de esta empresa que además se señala que presta servicios a la misma Cámara, a grupos parlamentarios, al mismo Comité de Finanzas Públicas de esta Cámara; para que quede a salvo y salga la verdad y no prestarnos a malas interpretaciones.
A usted le conviene, señor Presidente, porque no estamos hablando de un diputado, estamos hablando del Presidente de la Cámara de Diputados y estamos hablando del representante legal de la Cámara de Diputados. No es de manera súbita.
El día de ayer buscamos, porque hasta el día de ayer nos entregaron el informe.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, señor diputado, muy agradecido además por la búsqueda de mi conveniencia
¿Le parece bien entonces que siguiendo lo más adecuado dentro del Acuerdo Parlamentario, debido que creo que el día de ayer la Junta de Coordinación Política, que preside su coordinador parlamentario, hasta muy tarde nos mandó también lo que había agendado en la reunión previa y no se encuentra incluido este punto de acuerdo, pues en base al artículo vigésimo recaude las firmas de cada uno de los miembros de los grupos parlamentarios, de los coordinadores, y como lo dice bien el acuerdo de esa manera podamos incluirlo en el orden del día?
Por favor, entonces, platique con su coordinador parlamentario y en el caso de que llegue este documento firmado por los miembros de la Junta de Coordinación Política lo pondré a disposición de la Asamblea para que en ese momento se vote.
Sonido a la curul del diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo (PRI) (desde su curul): Señor Presidente, el día de ayer en la Comisión de Presupuesto fue aprobado el informe del presidente de la Comisión, pero además, eso como dato de respaldo, si quiere meter un punto en el orden del día tendría el coordinador parlamentario del PAN, y él preside la Junta de Coordinación Política, hacer la solicitud con los demás grupos parlamentarios y ver si estamos de acuerdo o en última instancia tendría que ponerlo a votación. Pero lo que no podemos tener es un diálogo tratando un tema que no está en la agenda de esta sesión.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Le he dicho, entonces, al señor diputado proponente, que pues entonces siga el mecanismo instituido en el acuerdo, de tal manera de que si es firmado por todos los miembros de la Junta de Coordinación Política yo pueda someter esta solicitud a votación del pleno y con esto, señor diputado, lo doy por concluido el tema.
Prosiga la Secretaría.
El Secretario Marcos Morales Torres:
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...
El diputado José Guadalupe Osuna Millán (desde su curul): Hace un momento yo comenté someter a la Asamblea, que es práctica común. El día de ayer no fue aprobado como dice el diputado Wintilo Vega, el diputado Molinar pidió que se pospusiera su discusión.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, yo entiendo su participación en este momento, la justifico además. Le agradezco sus buenos deseos para que las cosas salgan bien. ¡Sométase a la legalidad! Busque entonces el acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con mucho gusto le obsequio su solicitud. Servido.
Prosiga la Secretaría.
El diputado Pablo Alejo López Núñez (PAN) (desde su curul): ¡Señor Presidente!
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sonido a la curul del diputado Pablo Alejo López. ¿Es sobre el mismo asunto?
El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde su curul): Sobre el mismo asunto, Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: No, no ha lugar señor diputado, acabamos de concluir un trámite sobre él; pero adelante, señor diputado, en obsequio a su solicitud política.
El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde su curul): Gracias, Presidente.
Mire, lo que pasa es que en reiteradas ocasiones se ha sometido a la soberanía de este pleno la decisión de modificar el orden del día y en este caso es lo que está solicitando el diputado Osuna. No es necesario que pase por acuerdo de la Junta de Coordinación, toda vez que existen diputados que respaldan la petición del diputado Osuna y que la decisión está en la soberanía de este pleno, Presidente.
Por lo cual, le ruego que someta a decisión de este pleno el hecho de que se modifique el orden del día que no ha sido votado.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Lo haré con mucho gusto, señor diputado, después de que usted cumpla con el artículo vigésimo del acuerdo que dice: "Sólo por resolución del pleno a propuesta de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política se podrá incluir algún asunto no contenido en el orden del día". Y estoy seguro que su coordinador y su vicecoordinador lo conocen muy bien el acuerdo.
Prosiga la Secretaría, por favor.
El Secretario Marcos Morales Torres: Estamos a la mitad de la votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor....
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor secretario.
Sonido a la curul del señor diputado De la Vega.
El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (PAN) (desde su curul): Diputado Presidente, yo le rogaría que instruyera a la Secretaría que leyera el último párrafo del artículo 5º del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación. El último párrafo que explica que el orden del día podrá modificarse por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios o del pleno. Y está muy claro en el acuerdo que hemos aprobado en esta Cámara de Diputados, para que someta las decisiones de la Mesa Directiva a la soberanía del pleno.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, ya no hay necesidad que el señor secretario lea lo que usted leyó, que es obviamente relacionado con el artículo vigésimo de que sólo por resolución del pleno, a propuesta de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política podrá modificarse el orden del día. Es obvio y lo sabe usted muy bien.
¿Quiere que lo lean nuevamente?
Adicionalmente de la lectura, léase por favor el artículo 5º en su párrafo final. Y también por favor, después de leer ese artículo lea el artículo vigésimo del acuerdo, que es el que está relacionado con este artículo 5º de la Conferencia.
El Secretario Marcos Morales Torres: Artículo 5º. El último párrafo: "este orden podrá modificarse por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios o del pleno".
"Artículo vigésimo. Sólo por resolución del pleno, a propuesta de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política, se podrá incluir algún asunto no contenido en el orden del día".
Cumplida la instrucción, ciudadano Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Servido. Continúe la Secretaría.
El Secretario Marcos Morales Torres: Señor Presidente, se tomó la votación y la mayoría estuvo por la afirmativa.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden el día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La Secretaria Graciela Larios Rivas (PRI): Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, proceda a poner a discusión el acta.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Después de aprobada el acta, instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Hay una asistencia de 394 diputados, ciudadano Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Continúe con comunicaciones.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: El siguiente punto del orden del día es comunicaciones.
Se va a dar lectura a un oficio de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.
(Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con relación a la ceremonia cívica del 174 aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero Saldaña)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, secretaria.
Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Federico Madrazo Rojas, Roberto Colín Gamboa,
María Elba Garfias Maldonado
El Secretario Antonio Morales de la Peña (PAN): Se va a dar lectura a la solicitud de licencia del diputado Rogelio Franco Castán.
(Oficio del ciudadano diputado Rogelio Franco Castán)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Rogelio Franco Castán, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la 3ª circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Están aprobados los puntos de acuerdo.
Continúe con la comunicación.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
Se va a dar lectura a la solicitud de licencia del diputado Jorge Martínez Ramos, fechada en el Palacio Legislativo San Lázaro, 9 de febrero de 2005. Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura , electo por representación proporcional en la 4ª circunscripción, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo que impone el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de la manera más atenta me sea autorizada una licencia por tiempo indefinido al cargo que actualmente ocupo y que sea convocado mi suplente, el señor Fernando Humberto Coello Pedrero para relevarme e tiempo necesario en mis funciones como diputado federal.
Sin otro particular, reciba usted mis más atentos saludos. Atentamente.
Suscribe el diputado Jorge Martínez Ramos.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ponga a discusión los puntos de acuerdo, señor secretario.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Con gusto. Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jorge Martínez Ramos, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la 4ª circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Están aprobados los puntos de acuerdo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Cámara de Senadores informando que la ciudadana senadora Martha Sofía Tamayo Morales del PRI quien presentó propuesta con punto en relación con el narcotráfico y el narcomenudeo)
Se exhorta a la Cámara de Diputados para que apruebe a la brevedad la minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores con fecha 4 de agosto del año 2004, por lo que se adiciona un párrafo tercero, a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidencia dispuso que el segundo resolutivo de dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa con las firmas del senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con relación al formato de la comparecencia del licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Considerando:
Uno. Que la Cámara de Diputados está facultada para citar a comparecer a los servidores públicos a los que se refiere el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
Dos. Que en el mismo tenor, el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, establece que los secretarios de despacho asistirán a las sesiones siempre que fueren llamados por cualesquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión
Tres. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es el órgano en el que se expresa la pluralidad de la Cámara y en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias de órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que Constitución y legalmente le confieren.
Cuatro. Que el artículo 34, párrafo primero, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General, faculta a la Junta de Coordinación Política a impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo.
Cinco. Que en sesión celebrada el 7 de febrero de 2005, la Junta de Coordinación Política acordó, con la abstención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proponer un punto de acuerdo para citar a comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, en la sesión ordinaria que tendrá lugar el próximo martes 15 de febrero, al secretario de Gobernación, ciudadano licenciado Santiago Creel Miranda, a efecto de que informe a esta Cámara sobre distintos asuntos concernientes a la seguridad nacional, la política interior, la reforma del Estado y la agenda legislativa del Ejecutivo Federal, para el segundo periodo del segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura.
Seis. En sesión celebrada el 8 de febrero de 2005, el pleno de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer al secretario en comento.
Que de conformidad con el resolutivo segundo del acuerdo al que hace referencia el párrafo que antecede, la Junta de Coordinación Política, en sesión celebrada el pasado 9 de febrero, acordó someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el formato para la comparecencia de mérito.
Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 34, párrafo primero, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente acuerdo.
Primero. La comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación para informar sobre aspectos relativos a la seguridad nacional, la política interior, la reforma del Estado y la agenda legislativa del Ejecutivo Federal, para el segundo periodo del segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura se desarrollará conforme a lo siguiente:
El orden de intervención de las diputadas y diputados en la comparecencia a la que se refiere el presente acuerdo, será el siguiente:
Grupo parlamentario del Partido Convergencia, grupo parlamentario del Partido del Trabajo, grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
B. En primer término los grupos parlamentarios formularán sus cuestionamientos hasta por ocho minutos.
C. El funcionario compareciente dispondrá de 8 minutos para responder a cada uno de los cuestionamientos que en su momento le hicieren los grupos parlamentarios.
D. Acto seguido, los grupos parlamentarios tendrán derecho de réplica hasta por 5 minutos.
Segundo. Hágase del conocimiento del titular de la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso General.
Tercero. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo, 8 de febrero de 2005. Con las firmas, en abstención del diputado Francisco Barrios Terrazas, Presidente; del diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del PRI; del diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD; del diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; del diputado Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; del diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
Se somete a consideración de esta soberanía el presente Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado y comuníquese.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Oficios de la Secretaría de Gobernación. Tres oficios remitiendo contestaciones a puntos de acuerdo aprobadas por la Comisión Permanente durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura)
(Doce oficios con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)
Es cuanto, Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ambos remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.
El siguiente punto del orden del día con iniciativas de ciudadanos diputados. Para ello, tiene la palabra el señor diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona un inciso j) a la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Pedro Avila Nevárez (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 55, fracción II, y 56, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado federal Pedro Avila Nevárez, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona un inciso j) a la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nuestra Carta Magna es el instrumento que norma al Estado mexicano y a la sociedad, las garantías individuales, la soberanía nacional y las formas de gobierno, la división de poderes y de los estados de la Federación, por lo que nuestra labor como diputados se sustenta en la facultad de dar fortaleza y utilidad a las leyes.
La fortaleza de la ley es la misma fortaleza de la nación, ya que cualquier disputa entre los miembros de una sociedad será resuelta por las instituciones legales que se establecen para tal efecto. Cuando la población se sujeta a la ley, se asegura la individualización de las garantías, en beneficio de la misma sociedad.
Es por eso que la labor de los Constituyentes sobresale a través de la historia, por eso rindo homenaje aquí, a mi paisano, al gran periodista Francisco Zarco Mateos, porque las ideas de los liberales sustentaron el espíritu de la ley a la bondad en su aplicación, siempre en beneficio de las mayorías. Los liberales derrotaron la ideología conservadora y lograron sustentar la Constitución. Estas últimas se sustentaban en la explotación del campesino en las propiedades feudales, donde el señor era dueño de la vida misma, aquel que se encontraba dentro de sus reclamos de la propiedad.
La vida republicana de nuestra nación está consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su cédula fundamental es el municipio. Este es el principio de las formas de asociación entre la sociedad y su entorno territorial, por lo que nuestra propuesta lleva en su fundamento, la noción misma de la libertad y autonomía del municipio y sustentada desde el más hondo sentimiento federalista.
Siendo esto el fundamento de nuestra propuesta, debemos agregar que la mayor parte de los municipios en el país, se encuentran en situaciones de atraso y marginación, que impiden su desarrollo, y que su participación en los ingresos a través de los impuestos que cobra el Gobierno Federal, es de 10 centavos de cada peso obtenido. Más aun existen municipios generadores de riquezas y sin embargo no obtienen nada a cambio, existen municipios que generan energía y sus pobladores pagan las más altas cuotas de consumo.
Otro principio de esta propuesta es, sin lugar a dudas, las poblaciones en extrema pobreza de que se compone la mayor parte de los municipios, pero al municipio se le niega la capacidad de subsidiar servicios o cobros de su hacienda en beneficio de los más pobres. Esta negación se compone de 2 hechos, la incapacidad por la ley y su incapacidad para el efecto negativo que esto implicaría a los recursos del municipio, por lo que debemos mayores ingresos a los municipios, considerados marginales.
Sin embargo, el impacto social de la miseria de sus pobladores es de manera directa a las autoridades municipales, a pesar de los programas de asistencia que opera el Gobierno Federal, programas que la mayor parte de ellos, sólo sirven para la campaña de señoras que ahora se sienten candidatos por derecho sanguíneo.
Ahora bien, el Gobierno Federal envía a los municipios, a través de los fondos de apoyo, recursos para diferentes acciones, los que de alguna manera son fuentes de recuperación de los municipios, debido a que el presupuesto federal es producto de los recursos de la población, por consiguiente, los recursos que aportan los fondos deberán contemplar la recuperación de la pérdida que pudiese originar a los municipios de recursos, por los subsidios que otorgaran.
Debemos contemplar que nuestro trabajo responda a las demandas históricas de la población, principalmente la de menos recursos; debemos asegurar que la obligación del Estado con los marginados establecidos por el espíritu del Constituyente, se haga realidad ante la crisis que viven nuestros sectores de la población que no tienen a la vista un horizonte mejor, producto de un gobierno conservador que ha fracasado en sus programas económicos y que poco o nada hace por los pobres.
La Revolución Mexicana fue producto de las grandes masas de explotados y marginados, de los campesinos y de los obreros, estableciendo las grandes metas que se deberían alcanzar para cumplir con el anhelo de los miles de muertos que produjeron la sangre que ahora corre por las venas de la nación y de las instituciones que no han podido ni podrán destruir los enemigos de la revolución.
Por lo anterior, presento ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa
Unico. Iniciativa que reforma y adiciona un inciso j) a la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fracción V, inciso i) queda igual.
Inciso j). Subsidiar en beneficio de la población en extrema pobreza, los servicios, cobranzas y otros en que tengan la administración o facultad de conformidad con lo establecido en el presente artículo. Estos subsidios serán recuperados a través de los fondos de aportación federal y deberán ser parte de los informes del estado que guarda la administración municipal.
Transitorio. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Muchas gracias.
Suplico al señor Presidente que se publique en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, por ser de interés para la nación, ya que esto es en beneficio de los municipios más pobres de México y en beneficio de todos los municipios de la patria por los cuales, mi paisano, Francisco Zarco, luchó incansablemente al lado del benemérito Benito Juárez.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado, y no tiene que suplicar lo que es su derecho.
Insértese de manera íntegra todo el documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Luis Medina Lizalde (PRD): Con su permiso, señor Presidente.
Solicito la inscripción del texto íntegro en el Diario de Debates de la presente iniciativa.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Así será.
El diputado José Luis Medina Lizalde: José Luis Medina Lizalde, en mi carácter de diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II; 56 y 62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículo 38, 74, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente exposición de motivos:
Si aspiramos a la construcción de una patria democrática, de un México justo e igualitario, donde la premisa fundamental sea el fortalecimiento de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho, debemos realizar puntualmente la correspondiente adecuación de las leyes que norman el ejercicio responsable y honesto del servicio público a la realidad que impera en nuestro país, donde los servidores públicos fundamenten su actuar siempre en el beneficio a favor del pueblo y el respeto irrestricto a la ley, ya que la esencia de un régimen democrático se traduce en la capacidad que tiene la sociedad de exigir la rendición de cuentas de sus gobernantes que ha elegido, mediante las vías institucionales que para tal efecto se establezcan en la legislación.
En un sistema ideal organizado para servir a la población, la actualización de todos los titulares de gobiernos en sus distintos ramos, debería ser refrendada constantemente por la ciudadanía, lo que resultaría bastante difícil debido a que tendría que destinar una buena parte de su tiempo a esta actividad, es por ello que los encargos y mandatos del pueblo se otorgan por periodos determinados de antemano. Dicha situación no exime para que los órganos de gobierno, los electos y los no electos y todos los empleados públicos, deban responder siempre por sus actos frente a la sociedad.
Los individuos que ejercen funciones en los órganos ejecutivos, en los legislativos y en los que desempeñan funciones judiciales, son simplemente empleados que deben rendir cuentas de todas las facultades que se les encomiendan, así como del uso de los recursos que se les entregan para su administración, debido a que éstos pertenecen a la sociedad.
Nuestro sistema constitucional mexicano ha establecido para ciertos funcionarios públicos la inmunidad procesal en materia penal, que les protege legal y políticamente, es una garantía que se constituye en favor de personas que desempeñan determinados empleos o se ocupan en determinadas actividades para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento y mantener así el equilibrio entre los poderes del Estado dentro de los regímenes democráticos.
La palabra "fuero" deriva del latín forum que significa "recinto sin edificar, plaza pública, vida pública y judicial". Por extensión, así se le denomina al sitio donde se administra la justicia o al local del tribunal. También es considerado como un privilegio de competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo.
Entre los primeros antecedentes internacionales de la figura denominada "fuero" encontramos el impeachment, la cual se contempla dentro del Parlamento inglés y cuya causal más común era la de traición o felonía, siendo el concepto de traición excesivamente amplio abarcando desde el asesinato del rey hasta la falsificación de moneda.
Hasta el año de 1701, el rey podía indultar a aquellos condenados por el Parlamento a la pena de muerte, destierro, prisión, multa o pérdida de privilegios, pero debido a las arbitrariedades en la que caía el monarca en turno, dicha atribución real fue prohibida mediante la ley del establecimiento.
En México, la figura conocida como fuero y los procedimientos relativos a la fincación de responsabilidades a los servidores públicos, tiene sus antecedentes en varios ordenamientos de nuestra vida constitucional, entre los que destacan: la Constitución de Cádiz de 1812, la cual, en sus artículos 131, 228, 229, 254 y 261, reguló el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios de despacho y demás servidores públicos ante las Cortes Generales.
El decreto constitucional para la Libertad de las Américas de 1814, conocido como Constitución de Apatzingán, en sus artículos 59, 120, 146, 147, 149, 150 y del 224 al 228, ahí se estableció hacer efectiva ante el Supremo Congreso, la responsabilidad de los individuos de las supremas corporaciones.
Haciendo un gran salto histórico y llegando a la Constitución de 1917, específicamente en cuanto hace a las disposiciones contenidas en los artículos del 108 al 114 en materia de responsabilidades de los servidores públicos, han sido objeto de numerosas modificaciones que han ido evolucionando hasta llegar a la actual redacción, siendo la reforma de 1982 la que introdujo finalmente la figura que conocemos como "declaración de procedencia", en sustitución del término "declaración de desafuero".
En virtud de la mencionada reforma se creó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuya naturaleza jurídica es la de reglamentar el Capítulo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las responsabilidades de los funcionarios públicos y patrimonial del Estado, encontrándose contenidas en dicho cuerpo normativo, entre otras, las disposiciones legales concernientes a las autoridades competentes, sanciones y procedimientos relativos a la sustanciación, tanto del juicio político como de la declaración de procedencia.
El término "declaración de procedencia" corresponde al procedimiento parlamentario, por medio del cual se analiza en uno de los órganos del Congreso General, si un servidor público que goza de inmunidad procesal es probable responsable de la comisión de un delito. Dicho procedimiento se instaura con la finalidad de declarar la remoción de aquel privilegio y ponerlo a disposición del juez o tribunal respectivo, sin implicar nunca la sustanciación exhaustiva y definitiva de la responsabilidad penal del alto funcionario y menos la sustitución del Congreso en las atribuciones reservadas a los jueces, teniendo presente que el objeto de la protección constitucional en la declaración de procedencia, sólo es librar de hipotéticas interferencias o de influjos negativos a la función pública y no garantizar la impunidad de un funcionario determinado.
La declaración de procedencia sustituye al término "declaración de desafuero", entendiéndose como fuero constitucional el derecho que tenían los llamados altos funcionarios de la Federación, para que antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal; en la reforma constitucional respectiva del 82, se sustituyó la denominación.
De igual forma, el artículo 111 constitucional específicamente lo que es el párrafo séptimo, que el efecto da lugar a proceder contra el inculpado, será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal.
El tiempo nos rebasa, pero en esta iniciativa de ley lo que estamos proponiendo es que no sea la consigna política la que determine el destino de los funcionarios, sino que sea un expediente judicial. En ese sentido proponemos la derogación de la fracción II del artículo 38 constitucional, que equivocadamente establece que se suspenden los derechos políticos de un ciudadano a partir del auto de formal prisión; lo que proponemos es que sea a partir de que haya cosa juzgada a ese respecto.
Asimismo, proponemos que un funcionario pueda ser enjuiciado sin ser separado de su cargo y que éste sea objeto de esa medida, una vez que la Suprema Corte de Justicia haya dictado la última palabra al respecto.
El tiempo nos rebasa, pero reiteramos nuestra solicitud de que el texto sea inscrito en el Diario de Debates.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 75, 76 y 77 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (Convergencia): Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Me complace a nombre del diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, presentar esta iniciativa sobre los siguientes:
Antecedentes
La ley que dio origen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fue el producto de una negociación extremadamente complicada, pues pretendía, por un lado, convertir en deuda pública a los pasivos adquiridos por el Ejecutivo Federal, como consecuencia del rescate bancario, y por el otro sentar las bases de una entidad que sirviera como seguro de deposito para eventos futuros.
En virtud de que hubo graves dudas respecto a la legalidad de las operaciones del rescate bancario en el seno de la sociedad y en el Congreso, se ordenó una investigación sobre el desempeño del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la legalidad de sus operaciones, en particular las referentes a los llamados Programas de Capitalización y Compra de Cartera.
Esta investigación fue encargada al auditor canadiense Miguel Mackey y reforzada con un mandato que el Congreso le otorgó al IPAB a través del artículo 5º transitorio de la ley de este instituto, en donde se estableció un procedimiento especial como un requisito previo para el canje de pagarés de Fobaproa por pagarés del IPAB.
El mandato que el Congreso le otorgó al IPAB en el artículo referido, obliga tanto a este instituto como a su Junta de Gobierno, a investigar las operaciones que llevó a cabo el fondo, en especial las pertenecientes al llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera, que fue calificado por algunos legisladores de diversos partidos políticos como inconstitucional.
El propio Congreso, al aprobar la Ley del IPAB, decidió que la administración y el gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, estarían a cargo de una Junta de Gobierno representada por 7 vocales de igual jerarquía. Tres vocales: uno, el secretario de Hacienda y Crédito Público; otro, el gobernador del Banco de México y uno más, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Congreso de la Unión, los cuales fungirían como los representantes del Congreso en la toma de decisiones del instituto.
La importancia que el Congreso le otorgó al IPAB fue tal que quedó asentado en el dictamen que aprobó la creación del mismo y textualmente se señaló lo siguiente: "...vital significado tiene para los integrantes de la Comisión que dictamina, resaltar la activa participación del Poder Legislativo en el proceso de evaluación y control de este organismo, dada su importancia social".
De hecho, la participación activa del Congreso en el IPAB, se da a través de 4 vocales que forman parte de la Junta de Gobierno del mismo y que paradójicamente son propuestos por el Ejecutivo Federal, aprobados por las 2 terceras partes del Senado o bien por la Comisión Permanente. En suma, estos 4 vocales son los ojos del Poder Legislativo en el órgano de gobierno del IPAB.
Sobre esto hay consideraciones que esgrimir:
Primera. El mandato que el Congreso le da a IPAB a través del artículo 5º transitorio de la ley que le dio origen al instituto, lo obliga a investigar las operaciones llevadas a cabo por el Fobaproa, y en especial las referentes a los Programas de Capitalización y Compra de Cartera.
Segunda consideración. El mandato dado al Congreso y dada la composición de la Junta de Gobierno del IPAB, origina virtualmente un conflicto de intereses, primeramente a nivel de instituciones gubernamentales y después hasta de individuos, ya que paradójicamente las mismas instituciones que participaron en el rescate bancario a través del Comité Técnico del Fobaproa, son las que están representadas actualmente en la Junta de Gobierno del IPAB.
Una tercera consideración implica que la inclusión de los 4 vocales se debió en gran medida a este conflicto de intereses que se vislumbraba en la Junta de Gobierno del IPAB, como consecuencia del mandato otorgado por el Congreso en el artículo 5º transitorio de la citada ley, y por la importancia que el Poder Legislativo le otorgó a la evaluación y control del organismo encargado de asegurar los ahorros de los mexicanos y de administrar e investigar el costoso rescate bancario.
Una consideración adicional es que por ello mismo y de acuerdo al espíritu jurídico de la Ley del IPAB, los 4 vocales que actualmente son designados por el Ejecutivo Federal, son y deben ser los ojos del Congreso en la Junta de Gobierno del instituto y que además deben ser ajenos a cualquier vestigio de conflicto de intereses.
Resulta además incongruente que los representantes del Congreso en la Junta de Gobierno del IPAB sean designados por el Ejecutivo Federal; esto sin perjuicio de que la administración y esclarecimiento del rescate bancario. En ello, el IPAB tiene una función esencial, ya que es el seguro de depósito de la economía y por lo tanto tenemos que estar completamente seguros de que no deben existir conflictos de intereses en su Junta de Gobierno.
Amén de todo ello resulta absurdo que la figura de "consejero independiente" se haya incluido en los órganos de gobierno en, prácticamente, la totalidad de la banca de desarrollo y en la mayoría de las instituciones financieras y en el caso del IPAB, persista en tener vocales o consejeros más bien dependientes y con ese ya citado conflicto de intereses.
Por todo lo anterior, el diputado Jesús Martínez Alvarez, con la fundamentación constitucional y legal procedente, señala en la iniciativa la propuesta de reforma a los artículos 75, 76 y 77 de la ley multicitada para quedar como sigue:
Artículo 75. La Junta de Gobierno estará representada por 7 vocales: el secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el presidente de la comisión y 4 vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes. Esta es la versión actual y la propuesta es en el sentido de que se señale: … y 4 vocales independientes propuestos por la Cámara de Diputados y aprobados por las 2 terceras partes de lo miembros de la Cámara de Senadores, y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Los 3 vocales ex oficio, señala el artículo propuesto como reforma, proponen las juntas de gobierno en ausencia de los titulares correspondientes, y a su vez, en los artículos 76 y 77, se propone simplemente a hacer alusión al término vocal independiente en sus respectivos casos. Este es el planteamiento de la iniciativa.
Compañeras y compañeros: señor presidente muchas gracias por autorizar que se inserte tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta, la iniciativa presentada.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado Moreno Garavilla, y así será conforme lo ha solicitado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de reforma a varios artículos del Código Penal Federal.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo (PRI): Con su permiso, señor presidente:
Pongo a consideración la siguiente iniciativa de reformas a los artículos 13, 64 Bis, 296, 303, 304, 309, 315, 315 Bis y 321 del Código Penal Federal, atento a la siguiente exposición de motivos:
No está en duda que la justicia por propia mano es un fenómeno social que ocurre con en contextos específicos, en los que no podemos obviar la ausencia o la débil presencia del Estado, su corrupción o incompetencia, lo que de alguna manera parece justificar esos excesos.
Existen muchos argumentos que explican cómo los procesos socioeconómicos, políticos o de reformas estructurales o de la falta de ellas, pueden incidir en un momento determinado para alimentar la hoguera de la justicia por propia mano. Por ello, no obvia la responsabilidad individual y colectiva de quienes por acción u omisión generan los linchamientos.
En función de lo anterior, resulta obvio que la evocación de la complicidad correspectiva implicaba una atenuación para los responsables en razón de 3 aspectos fundamentales que son: dos situaciones de hecho y una de ficción; las situaciones de hecho, supuestas de la complicidad correspectiva, son: pluralidad de agentes activos, e ignorancia de la causación material de resultado dañoso; la ficción consiste en reducir a la unidad a los agentes activos, considerando el resultado como producido por todos, y establecida la ficción, se aplica la doctrina de la culpabilidad.
Razones suficientes éstas para que ante tal barbarie y retroceso que implica tanto la comisión de los llamados linchamientos como la permisibilidad y la tolerancia de los mismos, se aplique el máximo rigor de la ley que tienda a reprender y reprimir de manera absoluta y decidida estos conatos de ingobernabilidad que atentan gravemente no sólo contra la integridad física y la vida del ser humano sino contra la estabilidad del régimen de gobierno claramente contra la seguridad pública.
Por lo que no se considera que sea atenuante a actuar en grupo y en un estado de exaltación y turba, puesto que ante la evidente superioridad numérica se comete el delito con premeditación, toda vez que siempre se ha dado un lapso de tiempo ante la captura y privación de la libertad de la víctima y ejecución de ésta.
Existe la alevosía porque no se hace posible que la víctima pueda repeler o defenderse de la agresión y existe ventaja claramente, porque el delito en perjuicio de la víctima lo cometen un grupo de personas aprovechando y haciendo uso de superioridad numérica que les permite sentirse seguras, que no pueden ser agredidos o lesionados de manera tal que no corra un riesgo su vida de los sujetos activos.
Por todo esto, es evidente que la redacción de los artículos 296 y 309 derogados, deben volverse a su vigencia pero de manera funcional y eficaz, de tal suerte que no les permita en las incongruencias de su desafortunada y deficiente redacción antigua.
Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de proyecto de decreto que reforma los artículos 13, 64 Bis, 296, 303, 304, 309, 315, 315 Bis y 321 del Código Penal Federal para quedar de la siguiente forma:
Artículo único. Se reforman los artículos 13, 64 Bis, 296, 303, 304, 309, 315, 315 Bis y 321 del Código Penal Federal.
Son autores o partícipes del delito, los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo.
Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.
Para los sujetos a que se refiere la fracción VII, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 Bis de este código.
Artículo 64 Bis. En los casos previstos por la fracción VII del artículo 13, se impondrá como pena hasta las 3 cuartas partes de la correspondiente al delito que se trate y, en su caso, de acuerdo con la modalidad respectiva.
Artículo 296. Cuando las lesiones sean inferidas por 3 o más personas, y el delito se cometa en la vía o lugares públicos e incluso privados pero con libre acceso, independientemente del grado de participación, lo cual no operará para los efectos del presente artículo en sentido atenuante, a todos los coautores y partícipes se les aplicará la misma pena, en forma equitativa, excepto si se trata de los incitadores, a quienes se les agravará la penalidad de conformidad a lo previsto en el artículo 321.
Artículo 303. Para la participación de las sanciones que correspondan a quien infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen la totalidad de las circunstancias siguientes:
II. Que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren dos peritos después de hacer la autopsia, cuando ésta sea necesaria, que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este artículo, en las dos siguientes y en el Código de Procedimientos Penales.
Cuando el cadáver no se encuentre, o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos en vista de los datos que obren en la causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas.
Artículo 304. Siempre que se verifiquen la totalidad de las circunstancias del artículo anterior, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe.
Artículo 309. Comete homicidio tumultuario toda aquella persona que participe en un grupo de 3 o más personas con la finalidad de ejercer supuesta justicia por propia mano causándole la muerte a la o a las víctimas, en la vía o lugares públicos e incluso privados pero que cuenten con libre acceso, contando con una evidente superioridad numérica, física o de armas, independientemente del grado de participación, lo cual no operará para efectos del presente artículo en un sentido de atenuante.
A todos los coautores o partícipes en este delito se les aplicará la misma penalidad equitativamente, excepto si se trata de los incitadores a quienes se les agravará la penalidad de conformidad con lo previsto en el artículo 321.
El artículo 315. Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o traición. Hay premeditación siempre que el reo cause intencionalmente una lesión después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer.
Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; por medio de venenos o cualquiera otra sustancia nociva a la salud, contagio venéreo, asfixia, enervantes o por retribución dada o prometida; por tormento o motivos depravados o por brutal ferocidad; por acción tumultuaria cuando exista notoria superioridad numérica, física o de armas de los sujetos activos respecto de los sujetos pasivos.
Artículo 315 Bis. Se impondrá la pena del artículo 320 de este código, cuando el homicidio sea cometido intencionalmente, a propósito de una violación, un robo o un secuestro por el sujeto activo de éstos, contra víctimas o víctima.
Artículo 321. El que instigue, incite o invite a la ejecución de las lesiones u homicidio tumultuario, se le aplicará hasta un tercio más de la pena que se determine a los demás coautores y partícipes del delito de manera equitativa, pudiendo aplicarse hasta dos tercios más de la pena inicial en los siguientes casos:
Cuando se trate de personas a quienes se les tenga reconocido cierto liderazgo y encabecen o lideren alguna agrupación no gubernamental; cuando se trate de personas que desempeñen algún cargo público o formen parte de la dirigencia o actuación de un partido político. En este último caso la persona será inhabilitada para desempeñar cualquier cargo público de manera permanente.
Transitorios
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Artículo 3. Las presentes reformas no se aplicarán a reo o indiciado alguno en claro respeto a la garantía de irretroactividad de la norma consagrada por el artículo 14 de la Constitución Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de febrero del año 2005.
Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como lo ha solicitado el señor diputado Gonzalo Moreno.
Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 138 de la Ley Federal de Derechos.
La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero (PRD): Con su venia, señor Presidente.
La suscrita, diputada federal, Irma Figueroa Romero, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 138 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
El turismo en nuestro país se ha consolidado como una de las fuentes generadoras de divisas más importante, ocupando el tercer sitio nacional después de los ingresos petroleros y la recepción de remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero enviadas a sus familias.
Para el presente año se estima que los ingresos por el concepto de turismo en México serán superiores a los 9 mil 500 millones de dólares, con una visita de extranjeros superior a los 10 millones de personas, cifra que es alentadora pero que está aún muy lejos de las capacidades y posibilidades reales de nuestro país por su ubicación geográfica, su dimensión, los atractivos naturales y culturales y el hecho de habernos convertido en el primer receptor mundial de turistas por cruceros.
Para lograr incrementar el número de visitantes a nuestro país, más allá de una buena promoción turística que consideramos hoy se hace con gran eficacia, o los factores externos que nos han ayudado al aumento de visitantes, tales como la vecindad con el mercado de turistas más grande del mundo y el hecho de que no quieren realizar grandes viajes después de los atentados del año 2001, es preciso entender que en el turismo, en su organización regional y nacional, así como los proponentes de la oferta del turismo y la clasificación de los servicios turísticos, se requiere tener siempre en consideración los aspectos de seguridad personal de los visitantes, lo que impacta positivamente en las motivaciones para definir los sitios o países que ellos visitarán.
Entendiendo para efectos de nuestro proyecto como de seguridad turística, la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, así como de los prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras en las principales opciones del turista para la elección de un destino, son tanto la originalidad de la oferta, la calidad de los servicios, el precio y de manera primordial, la seguridad que se le ofrece, de lo que resulta la importancia que tiene la seguridad para el turismo y la información sistemática de las distintas variables relacionadas a la misma.
Surge de todo lo anterior, la presente propuesta con el fin de contribuir en el caso del turismo náutico, en instrumentar un sistema de seguridad integral que incluya la comunicación vía radio, que se asegure para que quien realiza actividades turísticas en nuestras costas y en alta mar, tanto su salud y vida; nuestro propósito está orientado a facilitar el uso de sistemas de radio, para la seguridad en el mar en las actividades de turismo y recreación y se enmarca con un fin eminentemente promotor del turismo, así como de educación y formación para crear una conciencia y cultura de la protección civil.
La promoción de los aspectos de seguridad en países como el nuestro, en vías de desarrollo, a donde hay pocos recursos financieros y tecnológicos, es más difícil, pero debemos hacer un esfuerzo para asegurar que en cada embarcación dedicada al turismo y a la recreación, se cuente al menos con chalecos salvavidas, arnés de seguridad, extintores y equipos contra incendios, señales pirotécnicas, espejos de señales, telefonía móvil, luces de navegación, formas de evitar el hombre al agua y equipo de radiocomunicación.
Partiendo del hecho innegable de los logros y acciones en materia de promoción de nuestro país en el extranjero, la presente iniciativa contribuye a reflexionar hasta qué punto es correcta la tesis de invertir grandes sumas en promoción turística de un destino que ha tenido problemas en materia de seguridad, y de cómo afecta de una u otra forma la actividad y el crecimiento del turismo, dado que el factor de la seguridad tiende a ser en el mundo entero el más importante a considerar, al momento de adoptar una decisión sobre a dónde viajar, cuándo y bajo cuáles circunstancias hacerlo.
Sobre el particular, es un hecho, ya ampliamente aceptado por la comunidad internacional, que el éxito de la industria del turismo en un determinado país o región, está directamente vinculado a la capacidad del mismo de ofrecer al turista una visita segura y agradable, careciendo de sentido en realizar millonarias campañas de mercadotecnia en los países emisores, si los potenciales turistas se sienten temerosos de visitar el país o región seleccionada.
Por lo anterior es que no solamente la Secretaría de Turismo, sino las áreas e instancias de seguridad turística deben contribuir para ofrecer todos los factores y elementos que contribuyan a la mejoría, donde el trabajo se complica por el hecho de que se debe proteger a 3 grupos diferentes: viajeros, prestadores de servicios de la industria del turismo y habitantes de las zonas turísticas.
Se debe crear la conciencia entre las instituciones y prestadores de servicios al turismo, que la seguridad debe estar incluida desde la etapa de planificación de un proyecto turístico.
Nuestra responsabilidad y compromiso como legisladores, es el de emitir normas y leyes justas y vigentes, con lo cual, con objeto de contribuir a que toda embarcación destinada al servicio de recreo y turismo se le facilite el contar con todo el equipamiento y elementos para la seguridad de pasajeros y tripulación, proponemos la presente iniciativa con proyecto de decreto para disminuir los costos por contar con un radio en todo barco en nuestro país.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y en ejercicio de las facultades constitucionales, la suscrita diputada federal integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, someto ante esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 138 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:
Artículo 138. Cuando el equipo transreceptor de radio-enlace sea utilizado en una embarcación para brindar servicio de seguridad y protección a turistas y al público en general, se cobrara el 50% de la cuota establecida en la fracción II de este apartado.
Transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 60 días realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada Figueroa. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El día de hoy nos distingue con su presencia un grupo selecto de alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por nuestra amiga la diputada Lizbeth Rosas Montero.
¡Sean ustedes bienvenidos!
Tiene la palabra el señor diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 139 del Código Penal Federal.
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:
Históricamente, muchos grupos minoritarios han utilizado prácticas terroristas como medio para hacer conocer al mundo las razones de sus causas, generando daño a personas y bienes que poco tienen que ver con el asunto en discusión.
En recientes épocas, el terrorismo y su lucha han tomado gran auge en diferentes partes del mundo, debido a los masivos ataques efectuados alrededor del mundo. No obstante el terrorismo no cuenta con una definición propia, pero desde una perspectiva general es posible sostener que el terrorismo es un fenómeno de alcances globales, caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de violencia permanente encubierta o sorpresiva que a partir de una motivación política busca sembrar el terror para establecer un contexto de intimidación, generar pánico, producir histeria, miedo y liquidar el orden y la autoridad en la sociedad, afectando sustantivamente el Estado de Derecho.
Actualmente las investigaciones, evaluaciones y proyectos se han enfocado a analizar los vínculos entre la problemática ambiental y el tema como el desarrollo económico y la seguridad internacional. Es así que en recientes años la sociedad internacional se ha preocupado por la amenaza terrorista y las nuevas formas que ésta se ha desarrollado.
Recientemente discusiones sobre el tema se han enfocado a identificar los posibles motivos y el potencial de destrucción de las armas que disponen; sin embargo, hoy poco se habla y estudia sobre los diversos objetivos de estos actos, los cuales, por lo general, se realizan en lugares o cosas representativas o que tienen un valor significativo para la población o para el gobierno.
Con motivo del acelerado ritmo del crecimiento de la población mundial, la disponibilidad de recursos como el agua, energía, suelo, aire y la masa forestal, se ve cada vez más racionada a fin de satisfacer una creciente demanda, por lo que su valor y vulnerabilidad se incrementa, haciéndolos blanco atractivo para las acciones terroristas, particularmente recursos como el agua, alimentos, minerales, petróleo y vida silvestre.
De acuerdo a estudios podemos distinguir 2 nuevas caras de terrorismo: una, que busca ejercer actos de terror en defensa del ambiente, cuyo objetivo es atacar ambientes construidos como caminos, inmuebles, camiones, éste es conocido como ecoterrorismo. Por otra parte, existen otros actos cuyos objetivos son alterar el ambiente de forma indiscriminada con el fin de afectar a un grupo social en específico, denominado terrorismo ambiental.
El ecoterrorismo ha tenido graves y costosas consecuencias. En su mayoría los crímenes son actos de terrorismo doméstico y violencia internacional destinados a cambiar la conducta de individuos e instituciones o bienes a modificar el rumbo de ciertas políticas públicas.
Esta forma de terrorismo de forma general se encuentra contemplada y sancionada dentro del Código Penal Federal, ya que expresamente en el artículo 139 no se encuentra el motivo por el cual se realiza dicho acto, sino los medios y los objetivos que afectan estas acciones criminales.
No obstante lo anterior, las organizaciones terroristas ven ahora con mayor probabilidad el uso del ataque al ambiente como objeto, en lugar de usar armas de destrucción masiva, ya que el terrorismo ambiental combina lo peor de dos escenarios, puede crear mayores daños que cualquier ataque convencional, por su amplia diseminación y larga duración de los efectos colaterales al ambiente.
También estos actos terroristas pueden ser efectuados usando explosivos o substancias tóxicas comunes, al contrario de las armas de destrucción masiva, que son difíciles de obtener y por tanto más inaccesibles para cualquier persona o grupo terrorista amateur.
Siendo la naturaleza un bien común, la posibilidad de los recursos naturales de ser blanco de los ataques terroristas es cada vez mayor y pueden medirse de acuerdo a las atribuciones físicas como la escasez, vulnerabilidad de ataque, capacidad de regeneración, importancia, abundancia, razones geopolíticas o el valor económico o social que tiene.
La destrucción de la naturaleza y su grave deterioro por diversos motivos, intereses económicos, imprudencia, accidentes, etcétera, es algo que ocurre día a día y por ello son considerados como delitos contra la naturaleza.
Algo muy distinto de estos delitos es el terrorismo en el que el chantaje basado en el terror es pieza capital y a partir de ahí conseguir que la amenaza sea convincente.
En recientes fechas nuestro país fue testigo de una amenaza de terrorismo ambiental, cuando un grupo de campesinos mazahuas tomaron por la fuerza la planta potabilizadora Berros, del sistema Cutzamala, el cual abastece de agua potable al Distrito Federal y al valle de Toluca, y amenazaron con emprender acciones violentas como con llenar las bombas de pesticida o gasolina y hasta incendiar la planta.
No obstante un acto de ecoterrorismo sí fue imposibilitar el paso de un trailer con 13 cilindros de cloro, a fin de evitar la purificación del agua. En consecuencia, se bajó la calidad de la potabilización, dosificando hasta en un 50% este químico, lo cual, de no haberse controlado la toma pudo representar un riesgo para la salud de los habitantes de la metrópoli mexicana.
En suma, el terrorismo es malo, porque afecta a la vida humana y a los valores universales de la civilización que todos compartimos.
Condenar el terrorismo de esta manera absoluta, no significa que pasemos por alto la complejidad de la historia o el contexto político específico del cual surge.
Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 139 del Código Penal Federal.
Artículo uno. Se reforma el artículo 139 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de 2 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos, sin perjuicio de la pena que corresponda por los delitos que resulte al que utilice explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento que realice actos en contra de las personas, las cosas, ecosistema, recursos naturales o servicios al público, que produzca alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz, atente contra la salud de los ciudadanos o prive a la población de los servicios que estos bienes otorgan o trate de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a las autoridades para que tomen una determinación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Nos acompañan también alumnos distinguidos de la escuela secundaria del Colegio Americano de Puebla, encabezados por Ana Guzmán e invitados por el señor diputado vicepresidente, Francisco Arroyo Vieyra. Sean bienvenidos.
Tiene la palabra el señor diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Hugo Rodríguez Díaz (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.
Como es sabido, nuestra Carta máxima faculta al Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación, de donde se desprenden los términos para la presentación y aprobación del gasto público federal y de la miscelánea fiscal
Aun cuando existen nueve semanas entre el 8 de septiembre y el 15 de noviembre de cada año para aprobarlos, no existe señalamiento de tiempos límite, tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores para analizar, dictaminar y, en su caso, aprobar las iniciativas de leyes relativas a impuestos o contribuciones, para después pasar a examinar y discutir, en su caso, modificar el proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo.
Así las cosas, aun cuando es primeramente presentado, tanto el presupuesto como la Ley de Ingresos, a esta Cámara, éstos no tienen término para su aprobación y poder estar en condiciones de remitirlos a la colegisladora en el caso de la miscelánea fiscal.
Por tal motivo, el espíritu de esta iniciativa consiste en otorgar el término del 30 de septiembre de cada año para esta Cámara, para la aprobación de la miscelánea fiscal para que la colegisladora cuente con el tiempo suficiente y necesario para su discusión, aprobación o modificación y que sus cambios puedan ser turnados en tiempo y forma a esta Cámara, como de origen, y a su vez, la colegisladora tendrá de plazo hasta el 21 de octubre de cada año, para devolver a esta Cámara sus correcciones o bien, turnarlas al Ejecutivo Federal para su publicación.
Con lo anterior, queremos dar certeza a estos actos jurídicos en tiempo y forma y sin haber necesidad de estar corriendo a última hora con dichas aprobaciones, contribuyendo con esto y dando certeza a la economía de nuestro país.
En mérito de lo anterior y debidamente expuesto, el suscrito diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, pone a la consideración de esta Asamblea, en su carácter de Constituyente Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone la adición de un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de señalar las fechas en que, una vez recibidas por el Ejecutivo Federal las iniciativas de Ley de Ingresos, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y de las leyes relativas a las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto en mención, se señalen fechas límite, a fin de que la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, tengan términos para aprobar los dictámenes correspondientes.
Por lo anterior, le pido a usted, Presidente, sea insertada en su totalidad esta iniciativa en el Diario de los Debates, para su constancia.
Es cuanto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sonido a la curul de don Pedro Avila.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Señor Presidente, con todo respeto le pido a usted la rectificación de quórum, ya que es una cosa inaudita y hasta vergonzosa, que seamos unos cuantos los diputados que demos interés a los problemas de la nación y todos los demás anden fuera de vacaciones o de recreo.
Yo creo que todos tenemos derecho a escuchar a los compañeros en sus planteamientos, porque todos son problemas que atañen al progreso de México.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto, señor diputado.
Hágase los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior para abrir el sistema electrónico hasta por 10 minutos para la verificación del quórum.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación del quórum.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Mientras se lleva a cabo esa verificación, tiene el uso de la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Angélica de la Peña Gómez (PRD): Con su permiso, señor Presidente.
Diputadas, diputados. Su servidora expresa de manera general, lo que plantea como parte de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo 20 constitucional, que tienen ustedes en la Gaceta Parlamentaria y que solicito de antemano al señor Presidente, gire instrucciones para que íntegra pase al Diario de Debates.
Las consideraciones sobre delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de 18 años de edad, el abuso sexual infantil se define como contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto agresor usa al niño para estimularse sexualmente a él mismo, al niño o a otra persona.
El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años, cuando éste es significativamente mayor que el niño víctima o cuando el agresor está en una posición de poder o de control contra otro. Esta definición es del National Center of Child Abuse and Neglect.
La intimidad de la persona está compuesta de múltiples contenidos y uno de ellos es la sexualidad, que a su vez no puede ser limitada a la genitalidad. Este es uno de los factores esenciales a la hora de comprender el abuso sexual infantil, en efecto, éste no se limita a realizar conductas genitales con niñas, niños o adolescentes, sino un abanico de conductas sexuales anormales mucho más amplio.
Su victimización en el abuso sexual infantil es física y sicológicamente dañina, sin embargo, el componente sexual de esta forma de maltrato hace que su detección, la revelación e incluso la persecución de este tipo de delitos sea mucho más difícil.
La detección viene dificultada por los medios y mitos respecto de este tema, algunos agresores pueden llegar a relatar el maltrato físico la negligencia, pero difícilmente relatarán un abuso, cuyo componente de secreto, es imprescindible para mantener su impunidad, especialmente cuando el agresor es un familiar o persona cercana a la víctima.
La incidencia real del abuso sexual es desconocida, sin embargo, algunos datos que existen en algunas partes del mundo, nos reflejan que la mayoría de los cálculos no incluye a niñas, niños y adolescentes, que son víctimas de la explotación pornográfica y de la prostitución infantil.
El abuso sexual incluye muchos actos sexuales diferentes, perpetrados por diversos actores por diferentes razones, entonces ninguna teoría aislada puede explicar el fenómeno.
En un esfuerzo por simplificar las interacciones y hacerlas entendibles a la luz del comportamiento que se ven en el primer diagnóstico, el médico debe diferenciar entre el abuso sexual intra o extrafamiliar, por ello, la atención que se debe proporcionar a una persona menor de 18 años, víctima de cualquiera de estos tipos de abuso sexual, no debe únicamente centrarse en el cuidado de sus lesiones, la atención especializada debe comenzar desde el momento en el que se le toma la declaración preparatoria, teniendo especial cuidado en no carear a la víctima con el ofensor, ya que éste último ejerce sobre la víctima un especial dominio similar al Síndrome de Estocolmo.
La atención integral debe ser coordinada entre los distintos profesionales, prestando atención a todas las secuelas dándose un seguimiento a corto y mediano plazo y proporcionando, además, atención y apoyo a estas niñas, estos niños o adolescentes y a sus familias.
Voy a enumerar de manera muy breve cuáles son las consecuencias a corto plazo del abuso sexual infantil:
Las físicas, que comprenden pesadillas, problemas de sueño; cambios de hábito de comida, pérdida de control de esfínteres
Conductuales: consumo de drogas y alcohol, fuga; conductas autolesivas o suicidas, hiperactividad, decremento en el rendimiento académico.
Emocionales: miedo generalizado, agresividad, culpa y vergüenza, aislamiento; ansiedad, depresión, baja autoestima y sentimientos de estigmatización, rechazo al propio cuerpo, síndrome de estrés postraumático.
Sexuales: conocimiento sexual precoz o inadecuado para la edad; masturbación convulsiva, exhibicionismo, problemas de entidad sexual.
Las sociales: déficit en habilidades sociales, retraimiento social, conductas antisociales.
Las consecuencias a largo plazo son:
En el caso de las físicas: dolores crónicos generales, hipocondría o trastornos psicosomáticos, alteraciones del sueño y pesadillas recurrentes; problemas gastrointestinales; desórdenes alimenticios, inclusive la bulimia.
Conductuales: intentos de suicidio, consumo de drogas y alcohol, trastorno disociado de identidad.
Emocionales: depresión, ansiedad, baja autoestima, síndrome de estrés postraumático, dificultad para expresar sentimientos.
Sexuales. fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo y la eyaculación; alteraciones de la motivación sexual, mayor probabilidad de ser violadas, etc, etc.
En un estudio que se hizo a 200 prostitutas reflejaba que el 60% de ellas habían sido violadas cuando eran niñas.
Los problemas sociales de ese tipo de personas que sufren abuso sexual son, entre otras: problemas de relación interpersonal, aislamiento, dificultades de vinculación afectiva con los hijos; mayor probabilidad de sufrir revictimización como víctima de violencia por parte de la pareja, en fin.
Hay una serie de estudios importantes que reflejan cómo puede repercutir este tipo de flagelos contra niñas, niños y adolescentes. Además, quisiera mencionar de manera general que México ha firmado una serie de tratados internacionales y convenios que nos obligan a que pongamos especial atención a este tipo de problemas. De manera muy particular tendrá que mencionar el Congreso Internacional contra la Explotación Sexual de los Menores, que se realizó en Estocolmo en el 96 y la siguiente, que se realizó en Yokohama, Japón en el 2001.
En función del interés superior de la infancia, es necesario que determinemos que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no que los conculquen, entonces tendremos que tomar en consideración que es necesario ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos de la niña y el niño, obligar a que las políticas públicas den prioridad a estos derechos, permitir que los derechos de la niñez prevalezcan frente a otros intereses, etc. etc.
Finalmente, termino mencionando, más allá de que ustedes puedan leer el documento integral que está inscrito en la Gaceta Parlamentaria, que este tema alrededor de la explotación sexual infantil y el abuso y maltrato infantil es uno de los temas que va a caracterizar al Congreso de la Unión significativamente y que seguramente estaremos dictaminando en este periodo ordinario de sesiones por la voluntad y la encomienda que están dirigiendo las comisiones dedicadas a elaborar los dictámenes respectivos.
Por lo tanto, creemos necesario que en el marco de estas discusiones, en el marco de esta definición de reforma a los distintos ordenamientos en el ámbito federal sobre esta materia, también pueda estar inscrita esta reforma que hoy presento a ustedes que define en el Capítulo de Garantías Individuales, en la fracción V del Apartado B del artículo 20: "Cuando la víctima o el ofendido sean personas menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de cualquier delito sexual o del delito de secuestro. En estos casos el inculpado no podrá solicitar el careo con la víctima y se llevaran a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley".
Es cuanto, muchas gracias por su atención.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada de la Peña. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Instruya la Secretaría el cierre del sistema de votación y corrobore el quórum.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Diputado Presidente, hay una asistencia de 356 diputados.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Hay quórum.
Tiene la palabra el señor diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma la fracción VII del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, y 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
Vengo a proponer iniciativa de decreto que reforma a los artículos 46, fracción VII, de la Ley de Instituciones de Crédito y 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito al tenor, compañeras y compañeros diputados y diputadas, de la siguiente exposición de motivos:
De acuerdo con información oficial del Banco de México, operan en nuestro país 9 millones 430 mil tarjetas de crédito bancarias con 7 millones 397 mil titulares.
No obstante y pese a la importancia cuantitativa de las operaciones realizadas con las tarjetas de crédito y su trascendencia económica, en el 2003 produjeron flujos de capital del orden de los 140 mil millones de pesos aproximadamente, pero su regulación legal es precaria y coyuntural.
Salvo lo dispuesto en la fracción VII del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, que constituye la única mención legal sobre la existencia de las tarjetas de crédito bancarias y a lo preceptuado respecto al contrato de apertura de crédito en cuenta corriente por el Título II, Capítulo IV de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que no menciona expresamente ni a esta clase de tarjetas ni a la relación de éstas, generan entre bancos y establecimientos afiliados, no existen normas jurídicas que regulen su operación.
Ello ha dado lugar a que sea un órgano administrativo, el Banco de México, quien norme su emisión y operación a través de reglas que emite periódicamente, ya que sólo por medio de los contratos que los acreditados celebran con los bancos y los que éstos a su vez suscriben con los establecimientos mercantiles afiliados, se puedan determinar las obligaciones recíprocas relativas.
Esta situación en la que, por una parte, la función legislativa es ejercida por un órgano público autónomo y no por el Poder Legislativo y en la que por otra, existe una exacerbada liberalidad normativa en beneficio de la banca múltiple, así como de los negocios afiliados en donde se presenta la tarjeta para el pago de bienes y servicios, ha dado lugar, como es del dominio público, a una serie interminable de abusos, de interpretaciones sesgadas de los contratos y de perjuicios al patrimonio de los usuarios de las instituciones financieras que son a la vez, consumidores de los afiliados.
El blindaje que se ha estado construyendo para las tarjetas de crédito, no abarca todo el espectro de riesgos que para el titular de una tarjeta de crédito o para el tenedor de una adicional, representa su uso. El cliente de la institución financiera emisora, no está integralmente protegido, puesto que alguna de las partes que intervienen en el proceso de disposición de la suma comprendida en la cuenta corriente, no siempre actúa conforme a sus obligaciones contractuales y de acuerdo a los principios de la ética mercantil.
Un ejemplo cotidiano y extendido de prácticas mercantiles atentatorias de los derechos de los tarjetahabientes, está en el cobro que contra las disposiciones administrativas o contractuales establecidas, le hacen diversos establecimientos, proveedores, empresas o afiliados de los bancos, de la cantidad equivalente a la comisión que en virtud del contrato de afiliación, estas últimas tendrían que cubrir a la emisora a la que se hayan afiliado: cadenas de supermercados, hoteles, talleres, restaurantes, agencias de viajes, hospitales, laboratorios y en general, cualquier tipo de negociación mercantil tiene un precio de contado por los productos o servicios que ofertan y otro para el caso del pago de tarjetas de crédito.
El usuario involucrado, ya sea advertido previamente o lo que es peor, al momento de pasar a la caja a liquidar la operación, debe cubrir el sobreprecio exigido y de negarse a ser sujeto de la estafa, debe devolver lo adquirido. Por supuesto que el usuario, a posteriori, podrá quejarse si tiene el tiempo y los medios necesarios, ante la Procuraduría Federal del Consumidor y tal vez, lograr la devolución de la cantidad injustamente cobrada.
No obstante, como es obvio en este tipo de asuntos existe una gran cifra negra, por ello, si en vez de dejarse al arbitrio de la autoridad financiera o a la interpretación o cumplimiento voluntario de los contratos por las partes involucradas, la operación de las tarjetas de crédito bancarias o más bien financieras, la ley regulara adecuadamente las operaciones mercantiles relacionadas con ellas y estableciera prohibiciones en los procesos de utilización de los servicios derivados de la apertura de crédito en cuenta corriente, sin duda, el índice de desviaciones y abusos cometidos contra el acreditado disminuiría sensiblemente.
Evidentemente no sería lo mismo que las obligaciones principales del afiliado constará en la ley, que en los contratos celebrados entre bancos y establecimientos, que el tarjetahabiente desconoce y a los que nunca puede tener acceso. La relación jurídica que deriva de la tarjeta de crédito es triangular, se da entre el banco emisor, el acreditado y la empresa afiliada, todas estas partes o sujetos interactúan en la operación de la tarjeta.
La celebración del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente y su instrumento, la tarjeta de crédito, reporta a los involucrados ventajas claras e inobjetables, para el banco significan ganancias mediante el cobro de comisiones y en su caso de intereses, para el cliente o acreditado la posibilidad de disponer de recursos, para el afiliado mayores ventajas, disposición inmediata de dinero, a través del abono a su cuenta de cheques del importe de su mercancía o servicios.
Sin embargo, esta serie de ventajas se pervierten cuando las partes que deberían actuar bajo principios de equidad contractual, desvirtúan los términos de los contratos que los vinculan e incumplen sus obligaciones en perjuicio de alguna de ellas y esto ocurre cuando el afiliado cobra al acreditado la comisión que contractualmente debería pagar con sus propios recursos por las ventajas que la aceptación de tarjetas de crédito le ofrecen al banco emisor. Práctica viciosa ésta, contra la que no existe blindaje y que puede atemperarse e incluso eliminarse, si se regulara expresamente en la ley la obligación del proveedor o afiliado de cobrar al acreditado o tarjetahabiente los precios establecidos para su venta al contado, cuando se paguen bienes o servicios con tarjeta de crédito bancaria, así como las sanciones relativas a su incumplimiento. Asimismo, es conveniente establecer en la ley la mención al contrato atípico de afiliación hasta ahora omitida en toda la legislación.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulo iniciativa de decreto que reforma los artículos 46, fracción VII, de la Ley de Instituciones de Crédito; y 291, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual, por razones de tiempo, solicito, señor Presidente, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señoras y señores diputados. Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto, señor diputado Díaz Escárraga.
Insértese íntegramente en el Diario de los Debates, como ha sido solicitado, el texto íntegro del señor diputado y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma la fracción IX del artículo 7º, de la Ley General de Educación.
El diputado Manuel Velasco Coello (PVEM): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
La educación física es el desarrollo de todas las capacidades que giran en torno a la formación corporal para conseguir el grado más elevado de posibilidades físicas, corporales, expresivas y rítmicas y todo ello en función de que sirva de base para el desarrollo de la personalidad, la capacidad intelectual, la capacidad afectiva y relacional.
La educación deportiva es el conjunto de actividades físicas e intelectuales, individuales o de conjunto, con fines competitivos y recreativos que se sujetan a reglas previamente establecidas y que coadyuva a la formación integral del individuo promoviendo el desarrollo y conservación de sus facultades físicas y mentales.
Para formar nuevas estrategias que tengan el propósito de impartir la educación física deportiva, es fundamental analizar la ubicación de esta asignatura en el contexto de la escuela, estudiar lo que se requiere para aplicarla como materia escolar y situarla en el lugar que le corresponde dentro del conjunto de los campos de estudio: preescolar, primaria y secundaria.
El escenario educativo en el que trabajará el alumno de educación física deportiva, es la escuela de educación básica caracterizada por la complejidad, la diversidad y la masificación. En ella, todos los niños y adolescentes, sin distinción, ejercen su derecho a la educación.
La escuela, para ser pertinente, requiere promover la construcción de conocimientos, el desarrollo de competencias y propiciar comportamientos, componentes necesarios de una cultura básica para continuar la formación escolarizada y seguir aprendiendo durante la vida. Nuestro país necesita una institución que haga corresponder el crecimiento espectacular de la matrícula que se dio en las recientes décadas con el incremento de la calidad de los aprendizajes indispensables para desenvolverse en la época actual.
Frente a una sociedad cambiante y compleja que entre otros aspectos se caracteriza por la incertidumbre, la escuela requiere abrirse y poner más atención en los sujetos de aprenden, así como garantizar una educación de calidad para todos mediante una base común de competencias, conocimientos y actitudes que permitan al sujeto desempeñarse satisfactoriamente en la sociedad.
La escuela necesita una gestión, organización e impulso de la educación física deportiva que haga a ésta más flexible, capaz de adaptarse a las realidades y necesidades locales o regionales; que sea considerada como un derecho a la práctica de la motricidad en condiciones adecuadas, como un espacio para atenuar ciertas desigualdades o para evitar que se siga profundizando. La educación física deportiva requiere por tanto, de una práctica pedagógica diversa, amplia e incluyente.
Convencidos de que las actividades físico-deportivas juegan un rol importante en el orden educativo y de la salud de la población, y por otra la urgencia de responder de manera institucional y profesional, a esta necesidad social, México no puede quedar a la zaga, debemos de ir a la par de las organizaciones internacionales, tal y como se ha pronunciado, respecto a la educación deportiva.
La Conferencia General de Organizaciones de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, UNESCO, convencida de que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno, de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte, proclamó desde 1978 la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte. En la misma Carta Internacional, se proclama que a fin de poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, se debe favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos, a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.
Para el Partido Verde, es de suma importancia la formación integral de la comunidad estudiantil a través de la difusión y práctica de las actividades físicas, recreativas y competitivas, de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, que propicien una cultura física que favorezca el bienestar social, intelectual, psicológico y el fortalecimiento de los valores humanos.
Por todo lo anterior, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación y solicito a la Mesa Directiva que se publique de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias diputado y así se hará. Túrnese también a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el señor diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
El diputado Luis Antonio González Roldan (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:
Para el desarrollo de México, ante un entorno globalizado y de creciente evolución de los mercados y productos financieros, es indispensable observar y adecuar las instituciones, normas jurídicas y nuestras propias actitudes, a fin de tomar las decisiones más responsables y eficaces respecto al patrimonio.
Nuestra nación está ávida de dar solidez a la protección social, la cual se actualiza en la asistencia social, el ahorro individual y colectivo, los mecanismos basados en la solidaridad, el seguro privado, entre otros.
Contamos con el sistema de capitalización sustentado en el ahorro individual, para formar los fondos de pensiones. Es decir, la captación del ahorro constituido por las cotizaciones del patrón o de éste y sus asalariados, creando fondos que son administrados por instituciones privadas, quienes se encargan de incrementar dicho ahorro con el propósito de entregar al final de una vida de sacrificios, una jubilación al trabajador cuando culmina sus actividades por motivo de cesantía o vejez, entre otros, recibiendo en forma de pensión sus propias cotizaciones adicionadas con el producto de los intereses que se generaron en los mercados financieros.
Debemos reconocer que el nulo crecimiento del país impide a nuestros trabajadores tener poca o alguna capacidad de ahorro, contra lo que ocurre en otros países, motivo por el cual el Estado mexicano debe participar con aportaciones en el pago de pensiones y jubilaciones.
Si consideramos como un eslabón fundamental a la micro, pequeña y mediana empresa para que las economías nacional y personales crezcan de manera sólida y se vuelvan competitivas tanto en el mercado interno como en las exportaciones, influirán de manera directa en el desarrollo del país.
Debido a que dadas sus condiciones, su establecimiento representa una cantidad considerable por su elevado porcentaje de generación de empleos y por su contribución en el producto interno bruto, independientemente de los múltiples beneficios que esos 3 aspectos conllevan: beneficios sociales, consumo, reactivación económica y captación de impuestos, entre otros, es el caso que las micro, pequeñas y medianas empresas en México, a la fecha no han dado los resultados esperados.
En términos numéricos, según el Instituto Nacional de Geografía e Informática, el número de micro, pequeñas y medianas empresas en México es de 3 millones, 38 mil 514 establecimientos a nivel nacional. El 95.4% de éstos está ocupado por microempresarios; el 3.3% por las pequeñas empresas; y el punto cero 9% por las medianas empresas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas en México enfrentan diversos problemas, pero el principal se refiere a la obtención de recursos para funcionar productivamente porque en la mayoría de los casos la banca no las considera sujetas de crédito, sólo el 25% de ellas tienen acceso a fuentes de financiamiento.
Además, la banca comercial y de desarrollo proporcionan únicamente el 21% del financiamiento total a las mismas.
En el ámbito internacional, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una amplia participación. En la mayoría de los países representan más del 90% del total de las empresas; proporcionan entre el 60 y 70% del empleo y contribuyen entre el 50 y 60% del producto interno bruto. Con base en la participación del empleo que generan y contribución al producto interno bruto, la mayoría de los países identifican a este sector como estratégico para el desarrollo y crecimiento de sus países.
Para el funcionamiento del sistema de pensiones se crearon instituciones especializadas dedicadas exclusivamente a administrar cuentas individuales de los trabajadores, que fueron denominadas Afores, así como las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondo para el Retiro, Siefores, las cuales reciben los recursos para inversión; una vez llegado el término se puede optar por los retiros programados con la Afore, dependiendo del saldo acumulado en la cuenta individual o por renta vitalicia celebrando un contrato con una compañía de seguros.
La realidad es que existen varios intermediarios en el Sistema de Ahorro para el Retiro, lo que implica un incremento en la administración del fondo para el trabajador, condición que se traduce en comisiones altas y tasas de intereses poco atractivas, situación que a través de los años generarán una pensión insuficiente.
Acorde al sistema de capitalización individual, establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la pensión a que tenga derecho el asegurado, estará en función del monto que haya logrado ahorrar en su cuenta individual a través de los años.
Entre las personas que tienen una cuenta individual, existen algunas que se han convertido en empresarios probados que buscan su libertad financiera a través del esquema de vida. Este empresario debe tener la oportunidad de obtener los recursos que el AFfore no le va a otorgar mediante la posibilidad de hacer un retiro de acuerdo con el saldo en su cuenta personal y aplicándose en su empresa.
En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro, para que las aportaciones, con excepción de las efectuadas a la subcuenta de vivienda, puedan ser retiradas por el titular de la misma para ser destinadas como aportación a capital social de micro, pequeñas o medianas empresas que tengan 2 años de operación e ingresos anales equivalentes a 700 salarios mínimos mensuales, siempre y cuando el titular lleve 2 años de no cotizar y además sea accionista.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
El siguiente punto del orden del día es la lectura de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud; con proyecto de decreto que reforma los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 301, 417, 420 y 421 de la Ley General de Salud.
Con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII Bis al artículo 5 y un artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
Publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es dictamen a discusión con puntos de acuerdo.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se autoriza.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Punto de acuerdo de la Comisión de Juventud y Deporte.
Primero. La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los Congresos locales de las entidades federativas, a estudiar y considerar la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias a los ordenamientos jurídicos correspondientes, a efecto de que los espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres o más jugadores y que intervengan permanentemente en competencias en dichas entidades, no puedan actuar más del 40% de jugadores extranjeros o naturalizados mexicanos en cada equipo, durante la realización de cada juego o encuentro.
Segundo. Diríjase comunicación para hacer del conocimiento de todos los Congresos en las entidades federativas y el Distrito Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 1º de febrero de 2005. Suscriben los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Está a discusión el dictamen.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores. Luego entonces, está suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo puesto a su consideración.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, audite a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, suscrita por el señor diputado don Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Esta Presidencia recibió también proposición con punto de acuerdo... Permítanme un segundo.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se deslinda de la campaña de hermanamiento con disidentes cubanos, promovida por diputado federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Por no estar el señor diputado García Tinajero en el salón de sesiones, pasa el final del capítulo.
Y la siguiente proposición del señor diputado don Iván García Solís, ha sido retirada por él mismo del orden del día.
Luego entonces, tiene el uso de la palabra doña Eliana García Laguna, que ha registrado tres proposiciones. La primera de ellas para presentar punto de acuerdo relativa al recurso destinado a los trabajadores braceros que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1946.
Doña Eliana García Laguna no está en el salón de sesiones. Pasa al final de capítulo con sus tres puntos registrados.
Doña Irma Figueroa retira su punto de acuerdo en relación a las elecciones en el estado de Guerrero.
Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Guizar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la CNA, declaren la cuenca del río Coatzacoalcos, estado de Veracruz, como zona de restauración ecológica.
El diputado Gonzalo Guizar Valladares (PRI): Muchas gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
El suscrito, a nombre de la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Presidenta de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social generado por Pemex y en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, sometemos a la consideración de este honorable pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.
Como es de su conocimiento, el pasado día 22 de diciembre de 2004, la paraestatal Petróleos Mexicanos derramo más de 5 mil barriles de hidrocarburo al cauce del río Coatzacoalcos, del estado de Veracruz, ocasionando daños ambientales, sociales y económicos en la región.
No es la primera vez que afectaciones de esa naturaleza se presentan en el río Coatzacoalcos, de hecho se han convertido en mayor o menor grado en fenómenos más bien cotidianos como parte de los riesgos de convivir con Pemex. No sólo estamos preocupados por los recientes acontecimientos, sino también por las consecuencias futuras que tendrá el permanente impacto que ha sufrido esta cuenca y las sinergias de los mismos, es decir, la suma de las afectaciones históricas.
Estamos conscientes, compañeros diputados, de que están en marcha el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación y las investigaciones pertinentes de las causas del accidente, sin embargo, es indispensable sentar las bases para que contingencias de este tipo no se vuelvan a presentar.
Debemos de iniciar un trabajo de restauración ecológica y de gestión integral de la cuenca del río Coatzacoalcos, con un horizonte de 50 años, habrá de garantizar la voluntad política de las partes involucradas, a fin de que esto sea viable de forma inmediata.
Por lo anterior me permito someter a la consideración de este pleno de esta Cámara el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, con fundamento en los artículos 78, 78 Bis, 79 y 88 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, declare zona de restauración ecológica la cuenca del río Coatzacoalcos, del estado de Veracruz, y elabore el programa de restauración ecológica correspondiente, siendo éste publicado a la brevedad posible en el Diario Oficial de la Federación.
SSegundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, con fundamento legal en los artículos 7 y 7 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, presente a la brevedad posible el plan de manejo de la gestión integral de los recursos hídricos de la cuenca del río Coatzacoalcos en el estado de Veracruz.
Suscrito por la Comisión Plural Investigadora de Daños Ecológicos, a quienes les agradezco plenamente su visita a la zona afectada.
Muchas gracias a todos.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Marcos Morales Torres: En votación económica, por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.
Esta Presidencia somete a la consideración de la Asamblea los puntos de acuerdo.
No tenemos registrados oradores, luego entonces se considera el tema suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa...
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.
Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, audite a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Juárez, en el municipio de Juárez, estado de Chihuahua, suscrita por el señor diputado don Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Tiene la palabra la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento de Pachuca de Soto, para que, de acuerdo con sus facultades, se establezcan los mecanismos de coordinación necesarios a efecto de prevenir accidentes por parte de la compañía Gas Sierra Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable.
La diputada Marisol Vargas Bárcena (PAN): Con su venia, señor Presidente.
La que suscribe, Marisol Vargas Bárcena, diputada federal del estado de Hidalgo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En días pasados, la colonia del ISSSTE se vio amenazada por un vehículo que transportaba gas LP al quedarse sin frenos, propiedad de Gas Sierra Norte, SA de CV.
El objetivo de la Dirección de Protección Civil del Gobierno del estado de Hidalgo es el salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante la eventualidad de un desastre de origen natural o provocado por el hombre, para garantizar el cumplimiento de su objetivo.
Protección Civil debe aplicar, coordinar y supervisar estrategias de alerta y prevención de auxilio y recuperación mediante acciones de normatividad, de diseños de mecanismos operativos, de coordinación interinstitucional, de capacitación y difusión, que permitan definir los mecanismos de coordinación y corresponsabilidad.
El gobernador Manuel Angel Núñez Soto es el encargado de velar por el orden estatal en materia de protección civil, a través del Consejo de Unidad Estatal de Protección Civil, tal como lo establece la ley de la materia para el estado de Hidalgo, misma que él emitió. Por tal motivo, le corresponde efectuar acciones para evitar el riesgo de una catástrofe a cargo del olvido mecánico de los vehículos de transporte de gas LP, que el mismo permisionario debe mantener en condiciones de seguridad de las obras instalación, vehículos, equipo y accesorios.
El presidente municipal de Pachuca de Soto, Alberto Meléndez Apocada, a través del área de tránsito, tiene la facultad de detener a los vehículos para revisar la documentación y que cumplan con las normas oficiales mexicanas en cuanto al transporte en materiales peligrosos o gas LP, de acuerdo con el reglamento de gas licuado.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero. Que esta soberanía exhorte al Gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento de Pachuca de Soto, de acuerdo con sus facultades.
Segundo. Se establezcan mecanismos de coordinación necesarios, a fin de prevenir accidentes por parte de la compañía Gas Sierra, SA de CV.
Tercero. Que la Secretaría de Economía y Energía tengan a bien prestar un informe pormenorizado acerca de los criterios para el otorgamiento de los títulos de concesión y asignación de las plantas de almacenamiento y distribución de gas LP Hidalgo.
Es cuanto, señor Presidente. Y pido por favor que quede plasmado íntegro en el Diario de los Debates.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se plasma y se inserta íntegramente el texto de la diputada Marisol, en el Diario de los Debates, con mucho gusto.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el señor diputado don Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, la realización de una investigación especial sobre el probable desvío de recursos públicos de algunos programas y subprogramas del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Víctor Suárez Carrera (PRD): Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Compañeros y compañeras:
Vengo a presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la realización de una investigación especial sobre el probable desvío de recursos públicos de algunos programas y subprogramas del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la Sagarpa.
Como es bien sabido, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, se autorizó el Programa Especial Concurrente, estableciendo el conjunto de programas y subprogramas con su monto correspondiente.
Hay algunos programas como el Programa Ganadero; Programa de Integración de Cadenas Agroalimentarias, Infraestructura de Comercialización Social; Fondo de Apoyos a la Consolidación de Empresas Comercializadoras de Productores y un conjunto de programas vinculados al café, que ascienden a más de 3 mil 382 millones de pesos, que su destino de esos programas ha sido desviado o de plano no ha sido ejecutado por la Sagarpa. Esto, en contraposición con mandatos muy específicos del decreto de presupuesto, que dice que bajo ninguna circunstancia se afectará el monto ni el destino de cada uno de los programas y subprogramas establecidos en el Programa Especial Concurrente, y que bajo ninguna circunstancia se podrán canalizar a propósitos diferentes a los establecidos para cada uno de estos programas.
En este sentido, la Sagarpa ha hecho una desviación abierta de los montos de los programas aludidos y en muchos casos han sido absolutamente desviados para otros fines.
Por lo anterior, se presume que existen graves anomalías en la ejecución de los programas y subprogramas antes señalados, así como un claro y abierto incumplimiento de los mandatos diversos establecidos en el decreto del PEF 2004, por parte de la Sagarpa.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Unico. Con fundamento en el artículo 79 constitucional, se mandata a la autoridad superior de la Federación, para que audite de manera urgente legalice y aplicación de los recursos 2004 de los programas y subprogramas siguientes:
A cargo de la Sagarpa, Programa Ganadero, Integración de Cadenas Agroalimentarias y Pesqueras, Infraestructura de Comercialización Social; Fondo de Apoyo y Consolidación de Empresas Comercializadoras de Productores, Integración de Cadenas Agroalimentarias, Retiro de Calidades Inferiores de Café, Acopio y Comercialización de Café, Formación de Reservas de Café y Apoyo al Sector Social para Beneficio Húmedo y Seco, todos a cargo de la Sagarpa, con el fin de esclarecer el probable desvío de recursos públicos y el incumplimiento de los mandatos contenidos en el PEF, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Suárez Carrera.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Está a discusión la propuesta.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.
Se recibió de parte de la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo para decretar a los médanos de Samalayuca, estado de Chihuahua, como área natural protegida.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene el uso de la palabra, el señor diputado don Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Veracruz, durante los ejercicios fiscales de la administración del otrora gobernador Miguel Alemán Velasco.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno (Convergencia): Con su permiso, diputado Presidente.
Creo que es de sentido común que cuando inicia una administración en un gobierno estatal, quede de manera muy clara y transparente el del fin de responsabilidades.
Cuando inició la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán, en el mes de diciembre del año pasado, hubo muchas opiniones y muchos comentarios sobre una deuda que se dejaba a un uso de los manejos en el estado, que hasta la fecha no han quedado perfectamente claros.
Esto ha provocado que en estos 2 meses casi y medio de la administración actual, haya vacíos importantes en la información con respecto al manejo de los recursos en Veracruz, en la administración anterior.
Creo que para el beneficio de una buena operación de la administración actual y también para tranquilidad de las personas que condujeron el destino de Veracruz durante los 6 años anteriores, es conveniente que se transparenten los recursos.
Al mismo tiempo esto lo hacemos en Convergencia como una demanda que hemos recibido públicamente de parte de ciudadanos que han asistido a los foros y eventos que hemos organizado en el estado de Veracruz, y si bien les hemos aclarado que nuestro papel es fundamentalmente en el ámbito federal y que es competencia del ámbito del Congreso local, atender al tema del gobierno estatal, sí tenemos la obligación, como ahora lo voy a sustentar, de que se auditen los fondos federales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79, la facultad que tenemos esta Cámara de fiscalizar los recursos federales que ejercen las entidades federativas, los municipios y los particulares. La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación con respecto a los sujetos de fiscalización superior.
Los recursos federales asignados al estado de Veracruz ascienden en el periodo del gobernador Alemán a 175 mil 934 millones de pesos, aproximadamente, por lo tanto y con el objetivo de que ya quede clara la situación que guarda la administración anterior, nuestra fracción parlamentaria considera que la rendición de cuentas, debe de ser una condición práctica cotidiana en México, incluso nuestra norma debe ser explícita, si no hay rendición de cuentas no debe haber más recursos.
El punto de acuerdo único es que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 74, fracción IV y 79 de la Constitución; artículos 2, 4 y 16, practique auditoría a los fondos federales asignados a Veracruz en los ejercicios de la administración del otrora gobernador Miguel Alemán.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, don Juan Fernando.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Se recibió de parte de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, sancione a los presuntos responsables del aprovechamiento de aguas nacionales sin el título respectivo, en el río Suchiate, estado de Chiapas.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos.
Tiene la palabra el señor diputado don Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que se realice un estudio en la costa del estado de Guerrero, y se coloque un sistema de alerta y observatorio de tsunamis.
El diputado Angel Pasta Muñuzuri (PAN): Con el permiso de la Presidencia.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Angel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, ante esta honorable Asamblea presento proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes considerandos:
En el estado de Guerrero existe una alta actividad sísmica y hoy podemos anticiparnos con las instalaciones y estudios científicos necesarios para la protección y prevención de lo que podría ser una de las peores catástrofes en México.
El Servicio Mareográfico del Instituto de Geofísica de la UNAM, que cuenta con 9 estaciones en el Pacífico y 6 en el golfo, sólo nos darían 2 minutos para avisar a la costa afectada por el siniestro, por lo que es necesario crear una red de alerta local, es compromiso urgente ante los desastres naturales inevitables, estar lo mejor informados y preparados, con el único propósito de salvar vidas, ya que la anticipación y protección civil, en unión a los elementos técnicos y científicos, deberán darnos como resultado el menor dolor evitable.
En base en los últimos estudios, se refleja la acumulación suficiente de la energía elástica, capaz de causar un sismo de inimaginables consecuencias, éste podría ser de magnitudes similares o mayores al temblor del año 85, mas no podemos desgraciadamente precisar cuándo ocurrirá. Propongo punto de acuerdo
Unico. Los titulares de las dependencias de Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General del Centro General de Prevención de Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, se programen y se realicen una investigación en las áreas sísmicas, estructura cortical, proceso dinámico de rupturas de falla y sobre la factibilidad de colocar en la costa del estado de Guerrero, a la brevedad, un sistema de alerta, donde de manera inmediata se dé a conocer a las autoridades locales de los maremotos submarinos capaces de crear tsunamis y advertir así a las posibles víctimas, de lo que podría suceder en estos momentos.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Angel.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión la proposición.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores. Luego entonces la considera suficientemente discutida.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día pasa al final del capítulo, a petición de su promovente, Pablo Franco Hernández.
Para obsequiar la petición de la diputada Angélica de la Peña Gómez, esta Presidencia amplía para opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia, la iniciativa de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la propia diputada ante el pleno de esta soberanía.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación a los recursos presupuestales destinados a los trabajadores braceros que laboraron en Estados Unidos en 1942 a 1964.
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (PRI): Gracias, diputado Presidente. Apreciables diputadas y diputados; medios de comunicación; queridos compañeros ex braceros:
Las suscritas legisladoras de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo y urgente resolución.
El Estado mexicano conserva una deuda con los trabajadores braceros que se enrolaron para trabajar en los Estados Unidos en el periodo que abarca de 1942 a 1964. Durante este periodo, miles de mexicanos laboraron legalmente en aquel país en condiciones de explotación y en muchos casos, semiesclavitud. La historia de los braceros es una cadena de vejaciones, abusos, racismo y discriminación que se prolonga hasta nuestros días. Esta historia cobra vigencia no sólo por el reclamo que les devuelvan y les regresen su dinero a quienes les descontaron de sus salarios en esas fechas, sino sobre todo por el contexto en que da el debate que hoy se presenta ante la urgente necesidad de acuerdos migratorios entre México y los Estados Unidos.
A esta Cámara han acudido sinnúmero de veces, miles y miles de compañeros ex braceros para ser atendidos en su demanda de devolución de sus recursos que les fueron descontados de su salario, del 10%. En esta misma honorable Asamblea, el ejemplo más reciente lo constituye la aprobación por parte de esta Cámara de los recursos presupuestales del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, por la cantidad de 298.5 millones de pesos, mismo que aparecen en el Anexo 17 del decreto de presupuesto de la parte relativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la asignación de esta partida es fruto del acuerdo de diversos partidos políticos aquí representados en esta LIX Legislatura. Como tal, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1904.
Por otra parte, en la demanda de controversia constitucional que presentó el Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar la integración del presupuesto, señala en el Concepto de Invalidez Tercero, inciso c) numeral 5, que existen programas nuevos asignados a las dependencias que no tienen competencia en la materia, y en particular establece que el fondo para el pago de adeudos a braceros migratorios no les corresponde a esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Ejecutivo, en consecuencia, solicita de manera expresa al hablar de esto y otros programas: "En este orden de ideas, a continuación se señalan las asignaciones de gasto y programas que aprobó la Cámara en violación con el artículo 26 constitucional de las leyes que lo reglamentan, solicitando a esa Suprema Corte de Justicia, que declarada la invalidez de dichas asignaciones a o programas".
No obstante que lo solicita por escrito a la Suprema Corte de Justicia la invalidez de este presupuesto que asignamos, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación emite un comunicado al presente año para señalar que se habían respetado tal como lo había aprobado la Cámara de Diputados.
Por tal razón, solicitamos un punto de acuerdo con urgente resolución.
Único. Se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que solicite a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información detallada sobre los 298.5 millones de pesos destinados a los braceros de 1942 a 1964, mismos que fueron programados y aprobados por esta Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de 2005.
Firman, la diputada Eliana García Laguna y su servidora Hilaria Domínguez Arvizu.
Gracias compañeros.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Hilaria.
Esta Presidencia ha recibido la petición de la diputada Eliana García Laguna para hablar en pro. Luego entonces tiene el uso de la palabra.
Ya se sumo a la propuesta y ya no pasa a la tribuna.
Luego entonces, consulte la Secretaría a la Asamblea, no habiendo más oradores, si se considera suficientemente discutida y consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor... Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa...
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli (PRD): A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Javier Salinas Nerváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición con punto de acuerdo sobre la proliferación de billetes falsos en el país.
El diputado Javier Salinas Narváez (PRD): Con su venia, Presidenta.
El suscrito, diputado federal de esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:
Hace algunas semanas, diversas informaciones vertidas en los medios de comunicación dan cuenta de una creciente proliferación de billetes falsos en todo el territorio nacional. Hace apenas unos días, en la Ciudad de México fue descubierta una caja que contenía 7 mil 120 billetes falsos de 200 pesos, equivalente a más de un millón de pesos. Destaca el hecho de que los billetes que con mayor frecuencia son falsificados son los de denominación de 200 y 500 pesos y aun el reciente puesto en circulación billete de mil pesos, también ha comenzado a ser falsificado. Se calcula que apenas puesto a circulación los billetes de mil pesos, han sido detectados 300 billetes falsos en apenas 2meses.
Hay evidencias de que en diversas entidades del país existe un mercado negro de billetes falsificados que son vendidos al público en general y puestos a circulación todos los días. Se trata de un problema grave que afecta, tanto a los usuarios comunes, es decir, a los ciudadanos, como a los comerciantes y aún las instituciones bancarias.
A pesar de que las distintas autoridades involucradas como el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han minimizado el problema, no se cuenta con registros confiables sobre el número de billetes falsos en circulación, de lo que se desprende que el problema podría ser más grave que lo que se presume.
Pero si estas circunstancias no fueran suficientes como para llamar la atención de esta soberanía, se encuentra el hecho de que en meses recientes se ha vuelto común que los propios bancos, a través de los cajeros automáticos, sean entregados billetes falsos a los usuarios, estamos frente a un problema público en varios niveles que comienza con la facilidad que se puede ser duplicados, donados, clonados y falsificar los billetes en circulación de todas las denominaciones.
El problema que continua cuando ya, en circulación y al ser detectados, los billetes falsos se mezclan con los verdaderos y llegan hasta las instituciones bancarias, que de nueva cuenta y sin retenerlos, ponen a circulación para que sigan funcionando hasta que finalmente son descubiertos.
Parece entonces indispensable trabajar en conjunto entre las autoridades para que este problema pueda ser atendido.
Por lo anteriormente se me permito someter a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. Se exhorta al Banco de México a reforzar las medidas de seguridad en los billetes de circulación de todas las denominaciones, tales que hagan más complicado o casi imposible su falsificación.
Segundo. Se exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que realicen una campaña nacional de información y difusión sobre las características de identidad de los billetes en circulación de todas las denominaciones, así como para que se den las medidas de seguridad para que las personas tengan esa seguridad.
Tercero y último. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en el marco de sus atribuciones supervise que las instituciones bancarias regulen el manejo de billetes falsos, y que en caso de que por cualquier vía, éstos se sigan entregando a los usuarios, obligue a las instituciones al canje inmediato por un billete auténtico.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Salinas Narváez y turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
A petición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el punto de acuerdo en el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, a que participen en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación a los ilícitos ambientales que están ocurriendo en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas, que propondría el diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, se pospone para la próxima sesión.
En tal virtud, tiene la palabra el compañero diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, detener los hostigamientos que funcionarios de esa dependencia han iniciado contra la radio comunitaria indígena Ñomdaa, "la palabra del agua".
El diputado José Luis Medina Lizalde (PRD): Compañeras y compañeros legisladores:
En días recientes, las autoridades tradicionales y el Comité de la Radio denominado Ñomdaa, que significa " la palabra del agua", localizada en el municipio autónomo de Xochistlahuaca, Guerrero, fueron hostigados por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, adscritos a la delegación Guerrero, así como por funcionarios del gobierno encabezado por René Juárez Cisneros y lo que es más grave, por elementos del ejército mexicano.
Con la finalidad de detener las transmisiones que realiza dicha radio comunitaria, misma que trasmite en lengua amuzga y posibilita que las comunidades hablantes de la región de la costa chica guerrerense y oaxaqueña, puedan conocer en su propia lengua lo que sucede en el mundo, en nuestro país y en esos estados.
La actual campaña de hostigamiento y amenazas que se ha enderezado en contra de quienes hacen posible radio Ñomdaa, no son más que la muestra de actitudes discriminatorias y racistas que prevalecen entre los funcionarios federales y estatales denunciados en el asunto.
A pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 2º Apartado B, fracción VI, se establece la obligación que tienen las autoridades federales, estatales y municipales de establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, a fin de abatir las carencias y rezagos que afectan a dichos pueblos, y a pesar de lo señalado en distintos convenios internacionales celebrados por nuestro país, como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha asumido una actitud de confrontación y eliminación de las radios comunitarias en nuestro país, negándose a otorgar los permisos que se requieren para su operación.
Las radios comunitarias, a diferencia de las radios comerciales, tienen como propósito principal difundir en la lengua de la región a la que pertenecen, las actividades propias de la comunidad.
Por todo lo anterior, proponemos:
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que instruya al delegado de esa dependencia en el estado de Guerrero, a detener los ataques iniciados por funcionarios.
Segundo. Se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instrumentar un programa de apoyo para que se otorguen a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas que han solicitado y presentado documentación, los permisos correspondientes.
Tercero. Solicitar al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, remita a esta soberanía un informe detallado sobre las actividades realizadas por integrantes del 48 Batallón de Cruz Grande, Guerrero., en las instalaciones de radio Ñomdaa, en virtud de que dicha entidad no tiene competencia ni facultades para introducirse a las instalaciones que ocupa este medio de difusión.
Solicito que se inscriba íntegro el texto en el Diario de Debates. Es todo, ciudadana Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Medina Lizalde y de acuerdo a su solicitud, favor de insertarlo íntegro en el Diario de Debates y que se turne a la Comisión de Comunicaciones.
A continuación, tiene la palabra el diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que lleve a cabo una auditoría especial sobre los procedimientos de licitación, supervisión de obras y rescisión de los contratos adjudicados a la empresa constructora Facopsa por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El diputado Roger David Alcocer García (PRI): Gracias, diputada Presidente.
Le solicito por favor que se inscriba el texto íntegro en el Diario de Debates.
El que suscribe, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación, a llevar al cabo una auditoría especial sobre los procedimientos de licitación, supervisión de obras y rescisión de los contratos adjudicados a la empresa constructora Facopsa, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo las siguientes consideraciones:
Llamo la atención sobre este asunto delicado, abordado ya en nuestra Cámara colegisladora y que es el inconveniente de importantes sectores carreteros del país, con problemas en la ejecución de sus obras de ampliación y modernización por incumplimiento de la empresa Facopsa, a la que recientemente le fueron rescindidos esos contratos.
Esta empresa ha demostrado ampliamente que cuenta con suficientes influencias para que se le haya tolerado desde hace 3 años la adjudicación del contrato para la ampliación de 59 kilómetros del tramo Mérida-Kantunil que forma parte de la autopista Mérida-Cancún, habiendo suspendido unilateralmente la obra.
Me refiero a estos 3 años que han sido altamente perjudiciales para el transporte en todas sus modalidades entre Mérida y Cancún.
El subsecretario de infraestructura, Jorge Fernández Varela, en su comparecencia ante el Senado el 21 de abril pasado, se comprometió públicamente a que a más tardar en julio de ese mismo año pasado la obra se terminaba, pero no fue así.
Los medios de comunicación de Yucatán han seguido puntualmente estas anomalías.
En su reciente comparecencia de octubre pasado, ante esta soberanía, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola Weber, confirmó la rescisión de los 7 contratos que tenía adjudicados en el sureste la empresa Facopsa, pero resulta que toda la sanción que ha recibido hasta el momento esa constructora, es únicamente la suspensión de la obra.
Debemos mencionar que Facopsa tiene gran cantidad de contratos asignados en los estados de Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Morelos y Yucatán, entre otros, siendo que una mayoría de ellos no ha cumplido con los tiempos de construcción y nada pasa, pues mucho menos nadie es responsable.
Por estas razones, ciudadanos senadores del estado de Yucatán propusieron a nuestra colegisladora y lograron la aprobación de un punto de acuerdo para requerir a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sendas investigaciones sobre el particular.
Nos parece, ciudadanos diputados, que las sanciones que se le han impuesto no corresponden al daño económico, material y humano que la empresa Facopsa ha infligido en nuestra entidad federativa, y que aún falta por revisar la situación que guarda su actuación en los tramos Bacalar-Chetumal y Ciudad del Carmen, Campeche.
Por lo tanto, proponemos el siguiente punto de acuerdo:
Que esta soberanía solicite a la Auditoría Superior de la Federación conozca, investigue e informe si existe algún hecho o acto que pudiera ser constitutivo de responsabilidad y /o negligencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la Ley Federal de Obra Pública y demás ordenamientos pertinentes, correspondiente a la asignación, avance de obra, rescisión de la obra de ampliación de la empresa Facopsa sobre los tramos mencionados.
Segundo. Que se exhorte a la SCT informe a esta soberanía sobre el estatus de los contratos suscritos con esta empresa en el país y al mismo tiempo dar informe sobre la concesión otorgada de la autopista Amozoc-Perote, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, para así tener certidumbre de fincar responsabilidades a los funcionarios correspondientes.
Gracias, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted diputado Alcocer García. Inscríbase íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes, explique los motivos y causas que se tomaron en consideración para reformar los artículos del Reglamento de la Ley de Navegación, relativos a la participación de los pilotos de puerto, en la supervisión y evaluación de los aspirantes a pilotos de fuerza.
El diputado Sergio Arturo Posadas Lara (PRI): Con permiso, diputada Presidenta.
El que suscribe, diputado Sergio Posadas, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de este Poder de la Unión, como de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
A fin de que se requiera al secretario de Comunicaciones y Transportes, explique los motivos y causas que tomó en consideración para reformar los artículos 98, párrafo segundo y 99, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Navegación, relativos a la participación de los pilotos de puerto en la supervisión y evaluación de aspirantes a pilotos de puerto, ya que tal reforma contraviene no sólo a las recomendaciones de los tratados internacionales que México tiene signados en materia marítima ante la OMI, sino que a la luz de la Ley de Seguridad Pública nacional, resulta realmente incongruente y contradictorio.
El Gobierno Federal enarbola como postulados el humanismo, la equidad, el cambio. Ello bajo los criterios de inclusión, sustentabilidad, competitividad y desarrollo regional. Y traza como normas a seguir, el apego a la legalidad, la gobernabilidad, la democracia, el impulso al federalismo, la defensa de la soberanía e independencia nacionales, la transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, estas reformas ponen de manifiesto intereses totalmente diferentes.
Consideraciones
El pilotaje o practicaje es un servicio de seguridad a la navegación y jurisdicciones portuarias. Está considerado como de interés público y consiste en conducir una embarcación mediante la utilización por parte de los capitanes de los buques, de un piloto de puerto para efectuar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque en los puertos, y tiene como fin garantizar y preservar la seguridad de las embarcaciones e instalaciones portuarias.
Para el desempeño de esta función, la Ley de Navegación y su Reglamento, exigen que un profesional del mar con alto grado de experiencia, habilidad y pericia probadas en la conducción de embarcaciones, asesore al capitán de un buque en la forma en que debe de realizar las maniobras correspondientes. Ello obedece a que cada puerto presenta dimensiones diferentes, como en el canal de navegación, vientos, corrientes dominantes, niveles de mareas y ubicación, características de los accidentes topográficos y señalamientos marítimos.
Por lo anterior, someto a consideración de este pleno del Poder de esta Unión, como de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo, no sin antes decirle a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, que en el buque tanque Orfeo, que se varó en Coatzacoalcos, no estaba el capitán del buque a bordo ni el jefe de máquinas a bordo. Tampoco... también regresaron al piloto de puerto para que no asistiera a darle pilotaje.
Por lo anterior, someto lo siguiente:
Se requiera al secretario de Comunicaciones y Transportes explique los motivos y causas que tomó en consideración para reformar los artículos 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Navegación, relativos a la participación de los pilotos de puerto, lo cual no sólo pone en riesgo la seguridad de las instalaciones portuarias y buques sino que violan recomendaciones emanadas de los tratados internacionales.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Posadas Lara.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Se considera de urgente resolución.
En virtud de que a esta Presidencia no ha llegado ninguna solicitud para hablar sobre el tema, consulte la Secretaría en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada. Comuníquese.
A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar irregularidades en el manejo y la aplicación de los recursos otorgados al municipio de Orizaba, estado de Veracruz.
El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián (PAN): Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:
Vengo a presentar a su consideración un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a que revise irregularidades en el manejo de recursos en el municipio de Orizaba.
La rendición de cuentas y la transparencia en la utilización de recursos debe ser una parte fundamental en la actuación de todos los servidores públicos, así como la honradez debe ser el valor fundamental de cualquiera que sirve a la nación en un estado que se precise de ser demócrata y plural.
Debe existir una fiscalización que persiga los intereses económicos del estado, así como la correcta aplicación de los recursos en la cual debe prevalecer la certeza en la utilización de estos, y en caso de no ser así, poder determinar con validez, la responsabilidad fincada en un servidor público que no haga un correcto uso de éstos y que nadie le sirva de tapadera.
Una vez comprobadas dichas responsabilidades, los ciudadanos al depositar su confianza en sus representantes, ellos tienen no sólo el derecho sino la obligación de exigir a aquéllos cuentas claras sobre los recursos asignados por la Federación.
En este punto donde se resaltan las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, la cual fue creada para apoyar a esta honorable Cámara de Diputados, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, vinculadas con la revisión de la cuenta pública federal y con el objeto de conocer los resultados de la gestión financiera y de comprobación, apegándose a las disposiciones normativas aplicables para constatar la consecución de los objetivos de los programas de gobierno.
Por las consideraciones antes mencionadas, se propone el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Se instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una revisión exhaustiva a los recursos que le fueron otorgados al municipio de Orizaba, Veracruz, a fin de transparentar el gasto, fiscalizar el destino y la aplicación de los recursos públicos en el periodo comprendido de 2001 al 2004.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, compañero Trueba Gracián. Favor de turnarlo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
A continuación, tiene la palabra el compañero diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría especial sobre los retiros ilegales efectuados a las cuentas individuales SAR-ISSSTE en el estado de Coahuila.
El diputado Agustín Miguel Alonso Rara (PRD): Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:
Como todos sabemos, en el decreto publicado el 1º de mayo de 1992, se estableció el Sistema de Ahorro para el Retiro, y en julio de 1997 se convirtió en un nuevo sistema administrado por Afores para los trabajadores del Seguro Social y para los afiliados al ISSSTE se mantuvo como un esquema de retiro complementario a las pensiones y jubilaciones previstas por la ley.
El SAR-ISSSTE 92 tiene 2 subcuentas: una para el retiro, en la que se aporta el 2%; y otra para vivienda, en la que se aporta el 5.
En el caso de la subcuenta de retiro, la condición para que se pueda retirar ese dinero es que o se haya jubilado el trabajador o se hayan cumplido los 65 años de edad.
Se están haciendo retiros de este dinero sin que se cumplan los requisitos, con documentos falsos, en diferentes entidades de la república. Hasta ahora se tienen detectadas, en el caso de Coahuila, poco más de 200 casos de trabajadores que han hecho estos retiros. Y por otro lado, aparecen en ceros la subcuenta de vivienda en muchos de los informes de las cuentas de trabajadores, en donde ya no aparece la subcuenta de vivienda para muchos de ellos, a pesar de no haber ejercido ningún crédito del Fovissste.
Por esta razón, estamos solicitando la anuencia de ustedes para que, de urgente resolución, se mandate a la Auditoría Superior de la Federación para que haga la investigación correspondiente y determine lo que haya lugar, después de localizar qué está pasando con las autoridades que intervienen en el cuidado de los fondos de los recursos de los trabajadores, porque lo que queda aquí claro es que, aun los particulares que administran estos fondos vía determinados bancos, no están garantizando la confiabilidad y no están garantizando la seguridad de esos fondos de los trabajadores y que se puede, con documentos falsos, hacer retiros de los mismos.
El punto de acuerdo, compañeras y compañeros, está firmado por diputados del Partido Revolucionario Institucional, por diputados del Partido del Trabajo, por diputados del Partido Verde, de Convergencia y del Partido de la Revolución Democrática, por lo que, señora Presidenta, solicito que esto se inserte textualmente en el Diario de los Debates y se ponga a consideración de la Asamblea de urgente resolución este punto de acuerdo. Gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Alonso Raya. De acuerdo a su solicitud, favor de insertarlo íntegro en el Diario de los Debates.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Marcos Morales Torres. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Por lo tanto, se considera de urgente resolución.
En virtud de que a esta Presidencia no ha llegado solicitud para hacer uso de la palabra, se considera suficientemente discutida la proposición.
Consulte en tal virtud la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, señor Secretario. Aprobada. Comuníquese.
A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, realizar estudios ejecutivos y llevar a cabo proyectos carreteros en las comunidades rurales de la Sierra Madre del Sur, todos del X distrito federal electoral del estado de Chiapas.
El diputado Belizario Iram Herrera Solís (PRI): Con su permiso, ciudadana diputada Presidenta.
El que suscribe, diputado federal Belizario Iram Herrera Solís, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo para solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, estudios ejecutivos y la ejecución de la obra de los proyectos carreteros de 5 tramos que componen 86 kilómetros de comunidades rurales de la Sierra Madre del Sur, todos en el X distrito federal electoral con cabecera en Motozintla de Mendoza, Chiapas, bajo las consideraciones siguientes:
Consideraciones
Dentro de las carencias que padece el estado de Chiapas, especialmente en el X distrito electoral federal de la Sierra Madre del Sur, es precisamente la falta de infraestructura carretera, situación que permite que las comunidades productoras de café estén marginadas, sobre todo en los mercados regionales inmediatos, circunstancias que se ven reflejadas en la pobreza de los habitantes de esa zona. Es por ello que nuevamente vengo a interceder por los débiles de los pueblos que represento, no precisamente en el carácter, sino por el estado de olvido que en él se encuentran.
Quiero dejar claro que para abatir la pobreza y la marginación de las comunidades serranas, es urgente satisfacer por lo menos con 10 carreteras pavimentadas en su modalidad de camino rural que les permita tránsito seguro a las cabeceras municipales a donde pertenece, no solamente para accesar a las buenas escuelas, sino también para accesar a los centros de salud como todas las redes de comunicación existentes como son: el teléfono, correos y otros servicios que acortan la distancia, sobre todo para mayor comunicación con las autoridades municipales, que es de su especial interés.
Recordemos que Chiapas padece y ha padecido problemas sociales en los recientes años precisamente por falta de vías de comunicación con sus comunidades retiradas, aisladas de los centros urbanos donde se realizan actividades de mercado, donde se comentan las posibilidades de los servicios, padeciendo de nuevos horizontes de justicia, hacinándose más la pobreza por falta de oportunidades productivas para todo lo que ahí vive.
Es por ello del requerimiento de estos tramos carreteros: tramo Rosario Agua Escondida, pasando por el ejido Ojo de Agua-ejido de Berriozabal, municipio de Motozintla, 25 kilómetros, que beneficiará a 15 comunidades productoras de café.
Tramo ejido Belisario Domínguez-ejido Villa Hermosa-propiedad Llano Grande, 18 kilómetros que beneficiará a 14 comunidades productoras de café del municipio de Motozintla.
Tramo ejido Belisario Domínguez-ejido San José Ixtepec, municipio de Motozintla, con 14 kilómetros, pasando por el barrio Toquian y Nueva Esperanza, beneficiando a 7 comunidades productoras de café.
Tramo El Porvenir-ejido El Rodeo, 4 kilómetros, que beneficiará a 13 comunidades productoras de papa, maíz, frijol de calidad del municipio de Siltepec que solo el ecoturismo los va a salvar.
Tramo Frontera Comalapa-ejido Nueva Independencia, 25 kilómetros, municipio de Frontera Comalapa, productores de maíz y ganadería.
Todas estas obras dan vida a 78 mil habitantes de la vasta zona serrana referida. Lo anterior puntualiza la urgencia de la obra, en virtud de que el beneficio queda perfectamente demostrado en ese amplio universo de pobladores que también tienen derecho a contar con el mínimo de servicios para algún día alcanzar el tan sonado desarrollo. Con mucho énfasis se pronuncia en la discusión de cada uno de los presupuestos de egresos de cada año y sea local o federal, que se queden en palabras o en puras discusiones sin hacerse realidad para los marginados de mi tierra: la zona serrana de Chiapas.
De estas consideraciones, emergen las necesidades de las comunidades que beneficiarán, para que se les requiera a las dependencias del ramo de rubros marcados como emergentes en el presupuesto de egresos y saque a esos pobladores necesitados de su estado de emergencia en cuanto a sus caminos carreteros pavimentados, por lo que someto a la deliberación de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elabore estudios ejecutivos, así como la ejecución de la obra de los proyectos carreteros de los tramos Rosario Agua Esondida-ejido Berriozabal, 25 kilómetros del ejido de Motozintla; ejido Belisario Domínguez-ejido Villa Hermosa- propiedad Llano Grande, 18 kilómetros; ejido Belisario Domínguez-ejido San José Ixtepec municipio de Motozintla, 14 kilómetros.
Segundo. Que los recursos implementados para la secretaría del ramo para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los programas especiales o emergentes dispuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2005 o, en su caso, 2006 se tome lo necesario.
Solicito se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias, Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: A usted muchas gracias, diputado Herrera Solís.
Favor de integrarlo de manera total en el Diario de los Debates, de acuerdo a la solicitud del diputado y turnarlo a la Comisión de Transportes.
A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Fernando Alvarez Monje, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de la Función Pública autorice el uso del inmueble de la Productora Nacional de Semillas, ubicado en la ciudad de Delicias, estado de Chihuahua, a la Asociación Civil de Usuarios Módulo 5.
El diputado Fernando Alvarez Monje (PAN): Con su venia diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:
La agricultura mexicana en distritos de riego enfrenta la problemática de mantener su competitividad ante la competencia internacional, así como la de propiciar que sea una actividad rentable para los agricultores, contando con una gran limitación en el abastecimiento de agua.
Cabe recordar que la administración centralizada del agua en México, por parte del Gobierno Federal, propició problemas de eficiencia, por lo que a partir de 1990 inicia la descentralización de distritos de riego, transfiriendo la operación, conservación y administración a asociaciones de usuarios.
Derivado de lo anterior, en el año de 1991 se constituyó en la Ciudad Delicias, Chihuahua, la organización civil denominada Módulo 5 como parte del proceso de descentralización de la administración del agua de riego en nuestro país. Esta Asociación Civil de Usuarios tiene como objetivos actuales la operación, conducción, conservación y administración del agua de riego a lo largo de una red de distribución de 288 kilómetros y ofreciendo sus servicios a más de mil 200 usuarios, en su mayoría pequeños productores agrícolas.
Los integrantes de esta asociación, como parte del sector agrícola conocen a fondo la problemática del campo, misma que tiene como una de las principales limitantes la disponibilidad de agua. Esta situación ha generado la necesidad de buscar nuevas alternativas productivas para mantener la competitividad, por lo que dicha asociación se encuentra dentro de un proceso de evolución de sus objetivos, planteando la necesidad de ofrecer nuevos y mejores servicios dirigidos a los productores agrícolas de la región.
Dentro de este entorno se contempla la creación de Centro de Servicios Agrícolas y Uso Sustentable del Agua Módulo 5, para ofrecer al productor agrícola servicios de apoyo y fomento al desarrollo competitivo de la agricultura a la región de Delicias, Chihuahua. Dicho proyecto está respaldado por más de mil 200 usuarios que participan activamente y se justifica por la necesidad de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego, lo cual representa una de las acciones claves en el desarrollo de la agricultura en regiones áridas como es el caso del estado de Chihuahua.
Lo anterior se traduciría en un beneficio directo a los productores que les permitiría obtener mayores utilidades con los productos rentables en el mercado, mejorando la calidad de vida, asegurando la calidad de nuevos cultivos agrícolas, optimizando el aprovechamiento del agua de riego a través de nuevas técnicas y cultivos de menores requerimientos, así como la obtención de insumos agrícolas a bajo costo.
Sin embargo, debido a los años de sequía que se han padecido últimamente, resulta imposible para dicha asociación el adquirir un inmueble que le ayude a llevar a cabo los proyectos mencionados, los cuales se han reseñado y tendrán un impacto positivo en nuestros sectores.
En razón de lo anterior y considerando que las instalaciones del organismo descentralizado del Gobierno Federal denominado Productora Nacional de Semillas, ubicada en la Ciudad Delicias, se encuentran actualmente en desuso, mismos que por sus condiciones y características pudieran albergar el Centro de Servicios Agrícolas y uso sustentable del agua, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara, el siguiente punto de Acuerdo:
Unico. Que esta Cámara de Diputados exhorte a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de la Función Pública, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en términos del medio jurídico idóneo, se autorice el uso del inmueble de la Productora Nacional de Semillas, ubicada en la Ciudad Delicias, Chihuahua, a la Asociación Civil de Usuarios Módulo5.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Alvarez Monje.
Favor de turnarlo a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
A continuación, tiene el uso de la palabra la compañera diputada Clara Brugada Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a la brevedad libere los recursos aprobados por esta soberanía para infraestructura hospitalaria, carretera, hidráulica, del campo y para las universidades estatales.
La diputada Clara Marina Brugada Molina (PRD): Gracias, diputada Presidenta.
El pasado mes de diciembre esta Legislatura aprobó entre las modificaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, una ampliación de 3 mil 895 millones de pesos a la Secretaría de Salud, para apoyar proyectos de infraestructura y equipamiento a salud, a hospitales y centros de salud en las entidades federativas; 17 mil 120 millones de pesos, para infraestructura carretera; 5 mil 200 millones de pesos para infraestructura hidráulica; 4 mil 347 millones para apoyo a las universidades estatales; 20 mil millones 698 pesos para el campo, entre otros.
Con estas ampliaciones, la Cámara de Diputados responde al rezago acumulado en los últimos 25 años en las materias sustantivas como las comunicaciones, la salud, la educación y el campo. Dichos recursos fueron debidamente integrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la Federación, modificado y publicado en su página electrónica el 1º de enero de este año. Y también fue comunicado a las unidades ejecutoras de gasto el 7 de enero, al publicar los calendarios de gasto autorizados a las dependencias y entidades de la administración pública federal.
En este sentido, es preciso señalar que nos referimos a las ampliaciones hechas por la Cámara de Diputados, que el Ejecutivo Federal no impugnó y por ende tampoco solicitó la suspensión de su ejercicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello nos resulta sumamente preocupante que la Secretaría de Hacienda suspenda por la vía de los hechos el ejercicio de estos recursos autorizados por la Cámara de Diputados.
Lo anterior constituye un hecho grave, ya que la Secretaría de Hacienda, sin sustento legal que avale el congelamiento de estos recursos, obstruye el cumplimiento de un mandato expreso de este órgano legislativo.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Presidencia someta a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión formula un firme llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a la brevedad libere los recursos aprobados por esta soberanía, para infraestructura hospitalaria, carretera, hidráulica, el campo y para las universidades estatales.
Segundo. Se cite a comparecer ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que explique las razones del retraso de la liberación y radicación de estos recursos.
Atentamente: diputados del partido del PRI, como el diputado Wintilo Vega, la diputada María Esther Scherman; del PT, Francisco Amadeo Espinosa; de Convergencia, Jesús González Schmal; del PRD, Alfonso Ramírez Cuéllar y su servidora, Clara Brugada. Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Brugada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, secretaria. En virtud de que a esta Presidencia no ha llegado solicitud para el uso de la palabra, se considera la propuesta suficientemente discutida.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se aprueba la misma.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia está aprobada. Comuníquese.
A continuación queremos dar la bienvenida a un grupo de vecinos del municipio de Tlalnepantla, estado de México, a esta, la más cordial bienvenida que nos acompañan.
Ellos han sido invitados por la compañera diputada Adriana González. Bienvenidos.
A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de sus entidades y dependencias amplíe, fortalezca y eficientice las acciones de apoyo a todas las niñas y niños huérfanos abandonados del país.
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez (PAN): Con su permiso, diputada Presidenta.
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura, José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 93, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:
Para hablar de un efectivo Estado de Derecho, éste debe contemplar la inclusión de todas y todos los habitantes de la nación, con especial énfasis, debe procurar la garantía del goce de los derechos de la niñez, sólo de esta forma el Estado se constituirá en la base de una auténtica democracia, la cual es parte de una visión de política y estrategia integral que compromete la cultura de la solidaridad, la puesta en marcha de una economía productiva con capacidad de crecimiento sostenido y el sentido preciso de la justicia social.
El ampliar, fortalecer y eficientar las acciones de apoyo a todas las niñas y niños huérfanos o abandonados del país, es una inversión ya que los beneficios sociales, familiares e individuales que representa en cada uno de estos componentes, propicia que sus efectos se multipliquen.
Necesitamos que se avance en la construcción de nuevas políticas o bien, en el fortalecimiento de las que ya existen para que su acción en este campo sea equitativo ya que la demanda de estos sectores así lo exigen.
Considero que es nuestra responsabilidad gestionar estos apoyos, ya que estos niños carecen de la protección más inmediata con que deben contar sus progenitores, lo cual resulta perjudicial para su bienestar y desarrollo, además, corren un mayor riesgo de ser objeto de violencia, explotación, trata de menores, discriminación y otros abusos, así como enfrentar desnutrición, enfermedades, traumas físicos psicosociales y limitaciones en su desarrollo cognitivo y emocional.
Por ello, es necesario ampliar, fortalecer y mejorar las acciones que se realizan en su favor. México necesita ciudadanos con una actitud activa y no pasiva ante estos fenómenos sociales, debemos reflexionar con profesionalismo y respeto, nosotros como representantes sociales, debemos ser los garantes de los intereses de la nación, que nos ha encomendado la tarea fundamental de generar el cambio desde esta tribuna.
No debemos olvidar que el factor crítico es el elemento que permite construir, pero quien tiene el derecho a retroalimentar tiene la obligación de trabajar. Si logramos cristalizar esta propuesta, sin duda alentaremos consolidar la democracia y la responsabilidad entre los niños por su futuro, ya que ellos tienen recursos valiosos que aportar en la vida sociopolítica de este país, de hecho, la población infantil de México es la que más desconfía de sus dirigentes políticas entre sus pares de América Latina y, a su vez, reclama soluciones según la encuesta regional divulgada por UNICEF.
Nuestra niñez es nuestro principal activo como país, lo cual debemos de acompañar en su cuidado y desarrollo, formación y crecimiento para que puedan tener las oportunidades y herramientas que necesitan para el engrandecimiento de nuestra patria.
Por lo anterior, propongo a esta honorable Asamblea, un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de sus entidades y dependencias y de acuerdo con las atribuciones que le competan respectivamente, amplíe, fortaleza y eficiente las acciones de apoyo a todas las niñas y niños huérfanos o abandonados de este país.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Bermúdez.
Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
En el área de visitas y de invitados especiales, está la licenciada Lucila Flores, el licenciado José Antonio Pimentel y el licenciado Juan Carlos García, todos ellos de Cuencame, estado de Durango, que fueron invitados a acompañarnos a este recinto por los diputados federales de ese estado.
Sean ustedes bienvenidos.
A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se comunica a la Secretaría de Salud y a Censida, el beneplácito de esta Cámara por la campaña contra la homofobia, así para exhortarlas a no detenerla por presiones de grupos homofóbicos y sugerirles que extiendan la misma a otros medios de comunicación.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez (PRD): Con su permiso, compañera Presidenta.
La homofobia es una enfermedad psicosocial que se define como el odio a los homosexuales y pertenece al mismo grupo que el racismo, la xenofobia o el machismo. Este grupo de enfermedades se fundamenta en el odio al otro, al diferente, entendido éste como una entidad ajena y peligrosa, con valores particulares y extraños amenazadores para la sociedad y lo que es peor, contagiosos.
La homofobia, como otras actitudes fascistas, prepara siempre las condiciones para el exterminio, crea y consolida un clima agresivo contra los gays y las lesbianas, identificándolas como personas peligrosas, viciosas, ridículas y anormales, enfermas, marcándoles con un estigma específico, que es la causa para las acciones de violencia política, desigualdad legal, desigualdad social, exclusión y escarnio públicos o la violencia física, ataques y asesinatos.
La homobofia tiene una larga tradición en la historia de la humanidad, no tiene un origen único ni un objetivo ni una razón, está enraizada desgraciadamente en diferentes culturas, épocas, clases sociales e instituciones, sin embargo, tenemos la obligación de combatirle, desde la infancia, desde la escuela, desde el lenguaje, así como también desde las instituciones.
El conocimiento y la educación, son nuestra mejor protección contra el prejuicio que no razone y el miedo que produce pánico, ya sea por algún interés especial o la simple ignorancia desbordada, en consecuencia, nos parece relevante que la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA dé inicio a una campaña para fomentar la existencia y manifestación de la diversidad sexual, mediante difusión de spots en la radio, al mismo tiempo esto fomenta que la diversidad sexual sea respetada. Esto es una condición indispensable para fortalecer la lucha que estamos dando todos contra la expansión de la pandemia de VIH-SIDA.
Sin embargo, organizaciones como la Asociación Nacional de Padres de Familia y Provida han manifestado su desacuerdo con la campaña, señalándola como una imprudencia de Frenk y refieren que está cargada ideológicamente para fomentar la homosexualidad. Califican a la homosexualidad como un desorden mental, incluso Jorge Serrano Limón señaló que la decisión de la OMS en 1991 de retirar la homosexualidad como una enfermedad, es un grave error. Esta actitud ha motivado que integrantes de la Organización Diversidad y Dignificación de la Política presentara en una denuncia penal contra la UNPF y Provida para promover la homofobia y por calificar la homosexualidad como una enfermedad y aberración.
Debemos condenar estos señalamientos y respaldar totalmente la decisión de la Secretaría de Salud y de organizaciones civiles por promover el respeto a la diversidad y a la tolerancia sexual.
En consecuencia y por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo:
Primero. La honorable Cámara de Diputados celebra que la Secretaría de Salud y Censida difundan campañas orientadas a cambiar los patrones culturales que fomentan el respeto a la diversidad y el rechazo absoluto a la homofobia.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y a Censida a no ceder ante grupos de presión que intentan frenar la campaña contra la homofobia, pues sólo consiguen poner en riesgo la armonía de y entre los mexicanos, y en la medida de lo posible también le pedimos a Censida y a la Secretaría de Salud que hagan extensiva esta campaña de la televisión a otros medios de comunicación, como la radio.
Muchas gracias, compañera Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: A usted, diputado García Tinajero.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se considera de urgente resolución.
En virtud de que no tenemos en esta Presidencia ninguna solicitud para el uso de la palabra, se considera suficientemente discutida la proposición. En tal virtud, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba.
El Secretario Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los consejeros del Poder Legislativo del Consejo General del IFE, presenten en un plazo de 30 días un informe sobre los trabajos del mismo, que contenga los elementos necesarios para que esta soberanía conozca y analice el funcionamiento de la institución, de cara al proceso electoral de 2006.
El diputado Emilio Zebadúa González (PRD): Muchas gracias, diputada Presidenta.
El Congreso de la Unión, como sabemos, es corresponsable según la Constitución, del funcionamiento adecuado del Consejo General del IFE. El artículo 41 constitucional establece expresamente que en la integración del Instituto Federal Electoral participa el Poder Legislativo y más concretamente, que el Consejo General del IFE incluye la participación de consejeros representantes de este Poder Legislativo.
Estamos en vísperas del inicio de un proceso electoral que anticipa ser complejo y competitivo. El IFE como máxima autoridad administrativa en materia electoral, estará encargada de conducir dicho proceso, su éxito dependerá de su apego a los principios rectores inscritos en la Constitución: el de certeza, el de legalidad, el de imparcialidad, el de independencia y el de objetividad.
¿Está el IFE y en particular su Consejo General y su Junta General Ejecutiva preparadas para el desafío del 2006?
Hoy tenemos en el ambiente posiciones diversas un tanto encontradas sobre este tema, pero hay una duda que subsiste. Desde su constitución o designación el actual Consejo General se abrió un debate sobre el tema y ahora hemos conocido de la demanda de juicio político que presentan 2 de los partidos políticos que participaron en la designación de dicho Consejo General, en contra del presidente de la institución y de la mitad de los consejeros electorales.
Más allá de los meritos o motivos de dicho juicio político, me parece a mí que no podemos ignorar el malestar que con el desempeño del Consejo General del IFE está posición extrema refleja.
Es por ello que me parece a mí que está Cámara y el Congreso de la Unión tienen una responsabilidad tanto política como institucional, de llevar a cabo de manera institucional, imparcial y objetiva, una evaluación previa del Consejo General del IFE antes de que inicie el proceso electoral de 2006, para que de este modo haya plena certeza de que el árbitro está preparado para conducir la elección presidencial del 2006.
¿Por qué el Congreso de la Unión? Justamente porque participa en la integración del Consejo General del IFE a través de representantes que nos representan, no a los partidos políticos o a los grupos parlamentarios, sino al Poder Legislativo en su conjunto.
Es por eso que pongo a la consideración de esta Cámara este punto de acuerdo que establece que el pleno de la Cámara de Diputados solicitará a los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que presenten en un plazo de 30 días un informe sobre los trabajos del Consejo General que contengan los elementos necesarios para conocer y analizar el funcionamiento de la institución, de cara al proceso electoral de 2006, con base a lineamientos objetivos estipulados previamente en un cuestionario presentado por la Comisión de esta Cámara respectivamente.
Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted compañero diputado Emilio Zebadúa. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a derogar la adición 4.43 a la NOM-022-Semarnat del 2003.
El diputado Omar Ortega Alvarez (PRD): Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeros y compañeras diputados:
El 7 de mayo de 2004 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la adición al punto 4.43 de la Norma 022-Semarnart-2003, suscrita por Juan José García de Alba Bustamante, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, adición con la cual la Semarnat consintió de manera cínica, irregular e irresponsable, la destrucción de los humedales en las zonas de manglar.
Con la adición a la 4.43 se pone en riesgo a este ecosistema ya que la Semarnat abre la posibilidad de establecer una compensación económica a cambio de permitir la realización de obras y actividades que pueden involucrar un cambio definitivo en el uso del suelo.
Es de resaltarse que con la adición de este punto, el funcionario en comento violó el procedimiento establecido en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ya que esta norma señala de manera expresa que cuando se pretenda crear nuevos requisitos o procedimientos o bien incorporar especificaciones más estrictas, se debe seguir el mismo procedimiento que para su elaboración y en este caso, a iniciativa propia, realizó tal adición. Con esa actitud, dicho servidor público se hace acreedor a una responsabilidad por contravenir el principio de legalidad y atentar contra el Estado de Derecho.
Lo más grave de todo este asunto, es que el biólogo Ricardo Juárez Cervantes, director general de Impacto y Riesgo Ambiental, de la Semarnat, dio el visto bueno al desarrollo Costa-Cancún, el 23 de febrero de 2004, violentando las disposiciones de la norma oficial existente, ya que a la fecha de dicha autorización, aún no había sido adicionado el numeral 4.43 para la construcción de obras en zonas de manglares.
Compañeras y compañeros legisladores:
Resulta inadmisible la incongruencia de la política ambiental desarrollada por la administración federal y la ilegalidad con la que han actuado diversos funcionarios de Semarnat, ya que en lugar de constituirse como verdaderos garantes de la protección del medio ambiente y su conservación, el titular de dicha secretaría se encuentra más preocupado por su candidatura a la Presidencia de la República, que en realizar y culminar el trabajo de la secretaría a su cargo, dejando en manos de irresponsables funcionarios e incompetentes, la conducción de la política ambiental, lo cual nos hace pensar que la irregularidad en la reforma a la norma y a la aprobación del dictamen de impacto ambiental, responde más a intereses económicos que a salvaguardar el interés de la nación en el medio ambiente adecuado.
Por todo lo anterior, exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente a derogar la adición 4.43 de la NOM-022-Semarnat de 2003, para evitar la destrucción de los manglares a cambio de una compensación económica que de nada sirve para la reconstrucción de dicho ecosistema.
Solicito, señora Presidenta, que se inserte íntegro en el Diario de los Debates la presente proposición con punto de acuerdo.
Es cuanto.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputado Ortega Alvarez. Favor de insertar íntegra la propuesta con punto de acuerdo que presentó el diputado Ortega Alvarez y turnarlo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A continuación, tiene la palabra el diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se deslinda de la campaña de hermanamiento con disidentes cubanos, promovida por diputados federales del Partido Acción Nacional.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez (PRD): Con su venia, compañera Presidenta.
La actual administración federal foxista y el Partido Acción Nacional han sido responsables de llevar las relaciones entre México y Cuba a un estado de tensión permanente durante los últimos años. Recordemos las acciones de Jorge Castañeda que en alianza con la mafia cubano-estadounidense de Miami trató de convertir a México en cabeza de playa de los grupos anticastristas; la reunión de Fox con la disidencia cubana en la Embajada mexicana en La Habana; aquél memorable "comes y te vas", para no molestar a Bush, de Fox a Fidel en Monterrey.
En el más grave incidente diplomático que ha tenido nuestro país en su relación con Cuba en los últimos lustros, en el que se acusó a diplomáticos cubanos de espionaje e injerencia en asuntos exclusivos del Estado mexicano, el Gobierno Federal nunca demostró al pueblo de México, la supuesta injerencia del gobierno cubano. La última andanada contra Cuba es la campaña promovida por los legisladores del Partido Acción Nacional para hermanar o apadrinar a disidentes del gobierno de Fidel Castro, el objeto de esta medida es analizar en qué forma se puede contribuir a conseguir la libertad de quienes son considerados como presos políticos.
La senadora panista Cecilia Romero, artífice de la estrategia, ha comentado que la propuesta fue adoptada debido a la decisión del gobierno cubano de mandar a prisión a 75 periodistas y luchadores sociales. Según dicha legisladora, se trata de un proyecto en el que el Partido Acción Nacional ha venido trabajando desde hace tiempo, la intención es lanzar una campaña a nivel de todo el continente latinoamericano, a través de la Organización Demócrata Cristiana de América.
La actitud de la senadora Romero es irresponsable, no sólo por ignorar el estado tan frágil de la relación entre México y Cuba, sino por ser ella presidenteade la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, del Senado de la República, debería ser congruente con sus altas responsabilidades institucionales en torno a la diplomacia parlamentaria.
La campaña de por sí es inaceptable, al pretender los legisladores panistas opinar sobre asuntos jurídicos de Cuba y presionar a las autoridades de aquél país. Además la iniciativa arroja leña al fuego y cancela las posibilidades del mejoramiento paulatino de las relaciones que se venía gestando en los últimos meses, pero tal vez lo más grave sea que se está actuando de manera irresponsable al confundir a la opinión pública, al intentar involucrar al Congreso en su conjunto en esta campaña.
Esta actitud es contraria a nuestra tradición diplomática y a la histórica relación de amistad entre ambos pueblos y esta Cámara ya se ha manifestado, en alguna ocasión, por el respeto al pueblo y gobierno cubanos y por esforzarnos por mejorar la relación entre ambos países.
Por lo antes expuesto, propongo el siguiente punto de acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se deslinda categóricamente de la campaña de hermanamiento con disidentes cubanos que está siendo implementada...
La diputada Adriana González Carrillo (PAN) (desde su curul): Señora Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado, un momentito.
Favor de sonido a la curul de la diputada González Carrillo.
La diputada Adriana González Carrillo (desde su curul): Si es tan amable de consultarle al orador si me permite hacerle una pregunta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado, ¿aceptaría una pregunta de la diputada González Carrillo?
El diputado Rafael García Tinajero Pérez: A sus órdenes.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante, diputada Gonzáles Carrillo.
La diputada Adriana González Carrillo (desde su curul): Muchas gracias, diputado.
Yo, escuchando con mucha atención sus considerandos para este punto de acuerdo, escucho que usted asegura que la senadora Cecilia Romero ha vinculado al Congreso de la Unión y responsabiliza de este hermanamiento al Congreso de la Unión a través de Cecilia Romero.
Quisiera saber en qué fundamenta usted el que una iniciativa de cualquiera de los miembros de este Congreso, se asuma como una iniciativa que involucra a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez: En primer término, respondo, creo que escuchó mal. Se está hablando de que diputados del Partido Acción Nacional y senadores del Partido Acción Nacional están iniciando una campaña de hermanamiento con disidentes cubanos y el objetivo del punto de acuerdo es precisamente que no quede la menor duda respecto a esto, a que esto es una acción que solamente está promoviendo la fracción parlamentaria de Acción Nacional y que los diputados de Acción Nacional que asuman esta postura, pues lo harán a título personal o en el nombre de su fracción, y que la Cámara en pleno se tiene que deslindar de esta acción que solamente emprende Acción Nacional y no toda la Cámara y no todo el Congreso.
Precisamente ese es el motivo de que estemos subiendo a la tribuna este punto de acuerdo.
Reitero, repito, deslindar a la Cámara de Diputados en su conjunto, de las acciones que está siguiendo un grupo de compañeros diputados de una fracción parlamentaria.
¿Puedo leer el punto de acuerdo?, que con esto terminaría para que quede claro.
La diputada Adriana González Carrillo (desde su curul): Señora Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Diputada González Carrillo, vamos a permitirle al orador que concluya su punto de acuerdo.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Dice así el punto de acuerdo, para recalcar lo que ya dijimos:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se deslinda categóricamente de la campaña de hermanamiento con disidentes cubanos que está siendo implementada de manera irresponsable por diputados federales del Partido Acción Nacional.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reitera su profunda amistad con el pueblo y el gobierno cubano y se manifiesta por apoyar la soberanía de los Estados, rechazando toda acción que ponga en riesgo la relación entre ambas naciones.
Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde su curul): Señora Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Sí, diputado José Antonio. Por favor, sonido a la curul del diputado José Antonio de la Vega.
El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde su curul): Diputada Presidenta, para solicitarle que esta votación pueda ser nominal.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Sí, ¿quién lo apoya? Adelante.
En términos del 148 del Reglamento, favor de abrir el sistema para hacer la votación nominal, hasta por 5 minutos, por favor.
Consulte la Secretaría.
El Secretario Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
Abrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para recoger la votación si se considera de urgente resolución la proposición.
De viva voz el diputado Emilio Zebadúa González.
El diputado Emilio Zebadúa González (desde su curul): A favor.
El Secretario Marcos Morales Torres:
De viva voz la diputada Claudia Ruiz Massieu.
Están anotadas estas 2 personas.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (desde su curul): El sistema sí registró mi voto.
El Secretario Marcos Morales Torres: Diputada Presidenta, se emitieron 240 votos a favor, 123 en contra, 1 abstención.
Son 363 votos que se emitieron, lo que da una mayoría de 66%, diputada Presidenta. 240 a favor, 123 en contra, total: 363 votos.
Presidenta, se emitieron a favor 240, en contra 123 con una abstención, lo que nos suma 364 votos, por lo que faltó una décima para mayoría calificada. No hay mayoría calificada.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
A petición de la diputada Eliana García Laguna, se retira la propuesta con punto de acuerdo relativa al destinado a los trabajadores braceros que laboraron entre los años de 42 a 46.
Pero tiene la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a ampliar la apertura de los archivos del Estado a fecha posterior a 1980 y al procurador general de la República, para que agilice la investigación sobre los hijos de desaparecidos políticos.
La diputada Eliana García Laguna (PRD): Gracias, señora Presidenta.
El día 26 de noviembre de 2001, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos hizo público el acuerdo por el que fue creada la Fiscalía eEspecial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y para ordenar la apertura de los archivos políticos del Estado, que obraban en poder del Centro de Investigaciones para la Seguridad Nacional.
Respecto al segundo punto, el titular del Ejecutivo estableció una limitación consistente en que dicha apertura se constriñera a los años anteriores a 1980. Con ello dejó fuera una etapa de la guerra sucia en la que siguieron ocurriendo hechos delictuosos catalogados internacionalmente como de lesa humanidad.
El efecto de la limitación mencionada es que se ha impedido en la documentación de casos ocurridos después de 1980 o con consecuencias posteriores a esa fecha.
Por ejemplo: la desaparición forzada del profesor Gregorio Alfonso Alvarado y las masacres de Acteal, El Bosque, Aguas Blancas, El Charco, en los estados de Chiapas y Guerrero.
En diciembre de 2004 fue localizado con vida Lucio Antonio Gallangos Vargas, quien tenía 4 años al ser detenido y desaparecido. Hoy sabemos que fue adoptado y tiene el nombre de Juan Carlos Hernández Valadés y vive en la ciudad de Washington. Su localización fue posible por la labor de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos, la prensa y la dedicación de la familia, destacadamente de doña Quirina Cruz viuda de Gallangos.
La referida limitación contenida en el decreto presidencial, también ha obstaculizado la indagación de las desapariciones forzadas de los niños nacidos en cautiverio, entre los cuales se sabe de los hijos de las siguientes personas: Lourdes Martínez, Emma Cabrera, Teresa Torres, Rebeca Padilla, Alicia de los Ríos, María Violeta Tecla Parra, Elvira Armida Miranda, Martha Murillo de Ramírez.
Lo anterior contribuye también a que bajo el argumento de la prescripción de los delitos, siga habiendo impunidad y se niegue a la sociedad el conocimiento pleno de la verdad de lo ocurrido durante esa época de terrorismo de Estado.
Las investigaciones que se han llevado a cabo por parte de la Procuraduría, no han culminado con la localización con vida de los hijos desaparecidos de desaparecidos políticos nacidos en cautiverio o capturados junto con sus padres.
Por lo anterior presentamos el siguiente:
Punto de Acuerdo. Respetuosamente al titular del Ejecutivo solicitar se amplíe el decreto del 26 de noviembre de 2001, a fin de que la apertura de los archivos de Estado relacionados con la guerra sucia no se limite antes de 80 sino hasta la actualidad, y al ciudadano procurador de Justicia, Rafael Macedo, solicitamos que se agilicen las investigaciones sobre los hijos de desaparecidos políticos, entre ellos los nacidos en cautiverio y los capturados junto con sus padres.
Muchas gracias, señora Presidenta.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano (PAN): Gracias. Señor rectifico, señor Presidente. Muy amable, Eliana, Gracias. Inadvertidamente, gracias.
Túrnese el documento a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación.
Tiene el uso de la palabra de nuevo, la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita la conformación de un grupo plural de legisladores que investiguen la situación de los derechos humanos en la población de Mineral de Hércules, estado de Coahuila.
La diputada Eliana García Laguna: Gracias, señor Presidente y disculpe anteriormente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: No se preocupe, adelante.
La diputada Eliana García Laguna: El 5 y 6 de junio de 2004, se realizó una visita al poblado de Mineral de Hércules, ubicado a 100 kilómetros de la cabecera municipal de Sierra Mojada, Coahuila, pudimos constatar que existen violaciones a las garantías individuales y derechos humanos en diversos ámbitos: en los derechos político electorales, económicos, laborales y sociales.
Se observó que el poblado no se administra por autoridades elegidas y constituidas democráticamente de acuerdo con nuestra Carta Magna y en la Constitución estatal, sino quien rige todos los destinos del poblado, es la empresa Minera del Norte.
Hay una seguridad privada que realiza funciones de resguardo de las instalaciones de la minera y rige toda la vida interna del poblado, controla todas las entradas y salidas de las personas, sanciona, juzga, encarcela y al mismo tiempo es la encargada de la seguridad pública en la comunidad.
Nosotros queremos, sobre esta base, proponer y este es el punto de acuerdo, la integración de un grupo plural de legisladores integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que se haga una visita al poblado de Mineral de Hércules, perteneciente al municipio de Sierra Mojada, Coahuila, con la intención de verificar el respeto a los derechos humanos en el lugar.
Hemos conversado ya con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el entendido de que el primer documento que ellos hicieron llegar a esta Cámara como resolutivo, pueda ser abierto y se pueda hacer incluso una visita conjunta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para verificar cuál es la situación que priva en este poblado en relación con las violaciones a las garantías constitucionales y a la dignidad de la persona que pudimos observar en la visita que hicimos.
Entonces, el punto de acuerdo es la propuesta para crear esta comisión plural y agradezco la atención.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada Eliana García Laguna. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El siguiente punto del orden del día es solicitudes de excitativas. Esta Presidencia recibió del señor diputado don Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, envíase el documento a la Comisión de Gobernación y se le excita para que emita el dictamen correspondiente.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día de la próxima sesión)
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano (a las 14:29 horas): Gracias, Secretaria. La última votación nominal servirá de base para el control de asistencia terminal de la sesión.
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 15 de febrero, a las 11 horas, en la que comparecerá el señor licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación.
Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.