El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado Presidente, se informa que existen registrados previamente 287 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: (A las 10:05 horas) Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los que estén por la negativa. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura. Someta la Secretaría a la Asamblea el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada, el acta. Se ruega a la Secretaría continuar con los asuntos en cartera.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia designará a los diputados que asistan en representación de esta Cámara a ese evento, una vez que se hagan las consultas con los grupos parlamentarios, y se les comunicará mediante oficio.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Lectura de la solicitud de licencia del diputado Daniel Ordóñez Hernández)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Someta a la consideración de la Asamblea los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Daniel Ordóñez Hernández para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el XIV distrito del Distrito Federal, a partir del 22 de febrero del presente año.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los que estén por la negativa. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados. Llámese al suplente. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Oficio del Congreso de Colima)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y Especial de para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Lectura de comunicación de la Junta de Coordinación Política)
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(De la Junta de Coordinación Política. Cambios en comisiones solicitados por el diputado Pablo Gómez Álvarez. Alta del diputado Juan Pérez Medina, como integrante de la Comisión Especial para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar. Baja de la diputada Susana Manzanares Córdoba como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.)
En votación económica se pregunta si se aprueban los referidos cambios.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(De la Junta de Coordinación Política. El diputado Pablo Gómez Álvarez solicita cambios en comisión: sustitución del diputado Gilberto Ensástiga Santiago, por el diputado Francisco Diego Aguilar, como integrante del Grupo de Amistad México-Eslovaquia.)
En votación económica se pregunta si se aprueba el referido cambio.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(De la Junta de Coordinación Política. Cambios en comisiones solicitados por el diputado Pablo Gómez Álvarez: sustitución del diputado con licencia Gilberto Ensástiga Santiago, por el diputado Francisco Diego, como integrante de las Comisiones del Distrito Federal, y de Justicia y Derechos Humanos; sustitución del diputado con licencia Horacio Martínez Meza, por la diputada Gloria Camerina Martínez Márquez, como integrante de las Comisiones del Distrito Federal, y de Desarrollo Metropolitano.)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.
Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Marcos Álvarez Pérez y Guillermo Olmos Capilla, diputados suplentes electos en el XXXI distrito del estado de México y en la IV circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión, para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: Sergio Armando Chávez Dávalos, Alfredo Gómez Sánchez, Roberto Colín Gamboa, María Guadalupe Morales Rubio, Joel Padilla Peña, Jesús González Schmal y Juan Manuel Dávalos Padilla.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide a la comisión cumplir esta encomienda.
(La comisión cumple la encomienda)
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide a los presentes ponerse de pie.
(Puestos de pie los presentes)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ciudadanos Marco Álvarez Pérez y Guillermo Antonio Olmos Capilla: ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Marco Álvarez Pérez y Guillermo Antonio Olmos Capilla: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Bienvenidos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.
(Da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al procurador general de la República, al secretario de Gobernación, al secretario de Relaciones Exteriores y al procurador general de Justicia del Estado de Nayarit)
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Da lectura al acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a las dependencias a su cargo para ejecutar de inmediato los programas y presupuestos del Programa Especial Concurrente aprobados por esta soberanía para 2005, así como a respetar y cumplir en su totalidad los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para el Campo.)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el acuerdo. Esta Presidencia tiene registrado para hablar en contra al señor diputado don Javier Castelo Parada, del Partido Acción Nacional; y tiene el uso de la voz.
El diputado Javier Castelo Parada: Con su permiso, ciudadano Presidente.
¡Qué cinismo de los coordinadores de la oposición insistir en que se ejerzan los recursos del Presupuesto, que torpemente fue elaborado modificado por los diputados de la oposición en diciembre! Ayer, en diciembre, avalaron las torpes propuestas de sus diputados los coordinadores, con el pretexto de poder modificar el proyecto de Presupuesto.
En aquel entonces, en diciembre, se tomaron hasta el último día de sesiones para rechazar las observaciones que el Ejecutivo había enviado a esta Cámara. Ahora están muy apurados para que se ejerzan los recursos. Hoy avalan en la Junta de Coordinación hacer un exhorto para ejercer de inmediato los recursos del Programa Especial Concurrente. ¡Ya olvidaron las broncas que ocasionaron: los montos de su Presupuesto en los diferentes anexos no coinciden! La Secretaría de Hacienda tiene que estar interpretando lo que se supone era el espíritu de los legisladores de la oposición. Después van a reclamar que eso no era lo que ellos pensaban!
Además, los diputados de la oposición ignoran que para ejercer la mayor parte de los recursos del campo, tiene que haber algún trabajo previo, como los acuerdos que se tienen que firmar con los estados, los cuales todavía no existen.
El otro punto del exhorto es relativo al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo. Los proponentes y quienes los avalan, los coordinadores de la oposición, no dicen cuáles son los numerales que no se han cumplido; pero nosotros sí sabemos cuál es el apuro de los dirigentes de las organizaciones, algunos de ellos diputados, presidentes de comisiones, que están desesperados porque les den recursos.
¡Quieren recursos! Y esto es muy importante, compañeras y compañeros diputados, que quienes no están familiarizados con el campo lo sepan: quieren recursos para los programas de adultos mayores y para los programas de vivienda rural, entre otros. Pero permítanme informarles cuál es la gracia de estos dirigentes y defensores y salvadores del campo mexicano.
En el Programa de Adultos Mayores, que es uno de los componentes del Acuerdo Nacional para el Campo, que se inició en 2003, algunos dirigentes o personas de las organizaciones pedían hasta 200 pesos a los adultos mayores para poder registrarlos en los listados. Después, al llegar el apoyo de un cheque de 2 mil 100 pesos, les sacaban la mitad de ese monto, so pretexto de que pudieran persistir en el padrón.
En el Programa de Vivienda Rural, el recurso en 2003 se entregó a las organizaciones. ¿Y saben qué sucedió? Que en muchos casos no hay vivienda. Y tenemos nosotros registrado que, por ejemplo, al dirigente de la Central Campesina Independiente se entregaron 10 millones 800 mil pesos para 1,000 acciones de vivienda rural.
A Miguel Luna, al diputado Miguel Luna, de la Coduc, se le entregaron 13 millones para vivienda rural y 2 mil 547 acciones.
A un dirigente que suena mucho en los medios y que es muy revoltoso, y tomó ahí Gobernación y todas las acciones ilegales que puede haber... Él las encabeza, Max Correa: el señor recibió 34 millones por ser así de agresivo.
Margarito Montes Parra, 8 millones. Gente relacionada hasta CNC, 47 millones. ¿Quién la representaba ahí? Ismael Ordaz Jiménez. Y la prima hermana de CNC o su hermana separada que encabeza Nabor Ojeda, 38 millones.
Entonces, ¡ése es el apuro para que haya recursos y que se libere este dinero de parte del gobierno! ¡No es mejorar el campo, es ver cómo se aprovechan los dirigentes por medio de sus organizaciones!
Por tanto y por esa razón, Acción Nacional vota contra este punto de acuerdo. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado don Víctor Suárez Carrera, del Partido de la Revolución Democrática, en el entendido de que también tenemos el registro a favor de Rafael Galindo Jaime, del PRI.
El diputado Víctor Suárez Carrera: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeros diputados; compañeras diputadas: no es de extrañar que la bancada del Partido de Acción Nacional se oponga a que el Presupuesto autorizado por esta soberanía se ejerza de manera oportuna, de manera adecuada, en beneficio de la sociedad rural y del desarrollo productivo. Tampoco es raro que se opongan a que el Ejecutivo federal cumpla los compromisos que firmó.
Es claro cómo volvemos a notar que el Ejecutivo, efectivamente, dialoga, pero no negocia. Y en los casos excepcionales que negocia, como el Acuerdo Nacional para el Campo, no cumple. Entonces, estamos ante la evidencia de que el Partido Acción Nacional es un partido de la elite, es un partido de los privilegiados, es un partido que da la espalda al campo.
Hoy, tenemos a un Ejecutivo con el Presupuesto más alto para el campo desde 1982, pero que es incapaz, ineficiente para ejercer ese Presupuesto. Es un gobierno incapaz; no sabe operar el Presupuesto. Es un gobierno autoritario porque, frente a los mandatos del decreto de Presupuesto, ejerce los recursos como los caprichos de los secretarios en turno lo determinan. No podemos aceptar esto; y por esto es el punto de acuerdo que hoy se va a aprobar en esta soberanía.
Y en cuanto a los recursos para el campo, éste, Javier Castelo, diputado federal que representa al PAN y a los agricultores ricos, se opone a que el Presupuesto tenga topes porque el Presupuesto se ha ejercido para beneficio de los agricultores más ricos, como los que él representa en Sonora y en Sinaloa, cuando de apoyos a la comercialización se dan hasta a un solo agricultor más de 5.5 millones de pesos. Los subsidios, recursos fiscales, son para quien más lo necesita y no para los ricos que representa Javier Castelo. Y con la complicidad de la Secretaría de Agricultura se canalizan, violando las reglas, a los agricultores más ricos.
Por eso establecimos en el decreto de Presupuesto un tope en los apoyos directos de Aserca, para que no se apoye a un volumen superior al resultante de 100 hectáreas de temporal. Aquí se dan apoyos de hasta 500 dólares por productor, cuando en Estados Unidos hay un tope de 65 mil. Estamos en un gobierno de los ricos y para los ricos, y para eso tenemos un decreto de Presupuesto que debe cumplirse.
Y también establecimos un porcentaje de distribución de los presupuestos de apoyo a la comercialización. En el pasado, a los estados del altiplano y del sur-sureste solamente se canalizaba 3 por ciento de los 7 mil millones de apoyos a la comercialización, contra 80 por ciento para Sonora, Sinaloa y las Baja Californias.
Hoy, en el decreto de Presupuesto establecimos que al menos 25 por ciento...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame, señor orador. Suspendan el tiempo por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Ramón González González (desde la curul): Para preguntar al diputado Víctor Suárez si me permite hacerle una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Víctor Suárez, ¿permite que le hagan una pregunta?
El diputado Víctor Suárez Carrera: Sí, con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A ver, diputado Ramón González, adelante.
El diputado Ramón González González (desde la curul): Bien. Quisiera preguntar al orador en qué puntos concretos del Acuerdo Nacional para el Campo no se le está dando cumplimiento.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor orador.
El diputado Víctor Suárez Carrera: Lo iba a tocar enseguida en mi tiempo disponible, pero lo toco ahora y después lo refuerzo. Gracias por la pregunta.
Mire, le voy a poner dos ejemplos muy importantes: un acuerdo del Ejecutivo federal fue iniciar negociaciones con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá para asegurar un tratamiento especial al proceso de desgravación de maíz y frijol, dado que son cultivos fundamentes para el país, la soberanía alimentaria, el empleo rural.
Del 28 de abril a la fecha el Gobierno Federal solamente se limitó a preguntar a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Ann Bedeman, y al representante de Comercio de Estados Unidos, Soellick, hoy subsecretario de Estado, que si estarían en disposición a negociar un tratamiento particular para el maíz blanco y el frijol; como les dijeron que no, hasta ahí quedó la negociación. Y fíjense de qué estamos hablando: el maíz blanco y el frijol representan solamente 60 millones de dólares de las exportaciones agroalimentarias de Estados Unidos a México, de un total de 9 mil 500 millones de dólares por año. Estamos hablando de 0.5 por ciento objeto de una negociación para defender a 3 millones de pequeños productores y defender la soberanía alimentaria frente al proceso de muerte anunciada para el 1 de enero de 2008.
Y frente a esta negociación mínima de 0.5 por ciento de las exportaciones, el Gobierno Federal ha sido incapaz de cumplir ese compromiso. Otro acuerdo: el Ejecutivo federal se comprometió a hacer una evaluación participativa de los impactos del Tratado de Libre Comercio sobre el sector agropecuario y de la nueva Ley Agrícola de Estados Unidos para, en función de esa evaluación participativa, tomar determinaciones de carácter interno y de carácter bilateral o trilateral con Estados Unidos y Canadá.
El Gobierno Federal incumplió este acuerdo porque, simplemente, se limitó a contratar un estudio a unos investigadores sin llevar a cabo la evaluación participativa con todos los sectores involucrados, incluyendo esta soberanía.
Y así podríamos hablar, compañero diputado, de cómo el Ejecutivo federal firmó ese Acuerdo Nacional, pero no con la intención de cumplirlo sino, solamente de manera superficial y cosmética, hacer como que estaba cumpliendo. Son dos ejemplos de muchos más que le puedo presentar. Y, si le parece, continúo con mi exposición, señor Presidente
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor orador, con su tiempo.
El diputado Víctor Suárez Carrera: Decía que, entonces, también en el decreto de Presupuesto en este año establecimos por primera vez que al menos 25 por ciento de los recursos de Apoyos a la Comercialización deberán canalizarse a los estados del Altiplano y del sur-sureste; 25 por ciento este año, contra 3 por ciento del año pasado. Y, por otro lado, señor diputado Castelo Parada y la bancada del PAN, si ustedes se oponen a que se canalicen de esa manera los recursos de adultos mayores y vivienda rural, no los entiendo porque fue gracias a las reglas de operación, autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social y autorizadas por el secretario de la Reforma Agraria, que se reparten esos presupuestos por cuotas clientelares porque ustedes, como gobierno panista, han revivido el corporativismo en el campo. Y en diciembre pasado, un servidor propuso aquí que se prohibiera en las reglas de operación etiquetar predeterminadamente recursos a organizaciones; en las reglas de operación, y ustedes se opusieron. Así que no tienen ninguna autoridad, usted ni su bancada, para hacer esos reclamos, porque ustedes y los ricos del campo han sido los principales beneficiarios de una mala aplicación de mayores presupuestos para el campo.
Así que, compañeros y compañeras, el grupo parlamentario del PRD está a favor de este punto de acuerdo y va a votar afirmativamente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra don Jorge Luis Preciado Rodríguez, para hablar en contra del PAN. En pro, don Jesús González Schmal.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: El campo, el campo mexicano no aguanta más, no aguanta más líderes corruptos. Se viene a decir aquí y se hacen muchos señalamientos al secretario de Agricultura, pero el fondo, el fondo de las organizaciones que promueven este punto de acuerdo es aquellas que siguen el principio de que al niño más llorón es al que le dan el primer biberón.
El año pasado se entregaron a los líderes de estas organizaciones –que, por cierto, muchos de ellos son diputados y muchos de ellos están promoviendo este punto de acuerdo– más de 100 millones de pesos, de los cuales no han rendido cuentas. Ése es el problema de fondo.
No estamos contra el Programa de Adultos Mayores, no estamos contra el Programa de Vivienda Rural. De lo que estamos en contra es que a las organizaciones se entregue este dinero y no haya vivienda y no haya rendición de cuentas y el dinero ya no exista. Ése es el problema, compañeros.
Tenemos la lista de los diputados que han recibido recursos y que no lo han comprobado y que no han hecho las obras ni las viviendas, que con él se habían comprometido.
El Acuerdo Nacional para el Campo no debe resolverlo y darle seguimiento y cumplirlo únicamente y exclusivamente el Gobierno Federal. El propio Acuerdo señala que existe corresponsabilidad entre la Federación, los gobiernos de los estados, los académicos y las instituciones, así como las organizaciones, y los únicos que no han cumplido son las organizaciones, con el objetivo de hacer presión social y lograr más recursos directamente y sin reglas de operación para su funcionamiento.
Hay que decirlo claro: el Acuerdo Nacional para el Campo establece la posibilidad de que las organizaciones participen en el diseño de las reglas de operación, pero no lo hacen, no participan, porque pretenden que sin reglas se les entregue directamente este dinero.
Y les pongo un ejemplo: el año pasado se debieron haber ejercido 375 millones para vivienda rural, pero las organizaciones no quisieron participar en el diseño de las reglas de operación. Para este año se autorizaron 500 millones, y gracias a la presión que hicieron en la toma de edificios y cierres de carreteras, este año las organizaciones van a ejercer de manera directa y sin fiscalización 886 millones de pesos. Ése es el problema de fondo.
No estamos en contra de que haya más recursos para el campo, de lo que estamos en contra es del uso discrecional e irracional y corrupto que hacen algunas organizaciones de los recursos que aquí aprobamos.
Tenemos documentado, por ejemplo, además del cobro para registrarse en el Programa de Adultos Mayores de 200 pesos, tenemos registrados algunos casos en el estado de Hidalgo: por lo menos 41 por parte de la CCI, a los cuales se pidió a los beneficiarios de vivienda rural que endosaran los cheques para que los cobrara la organización.
Tenemos el expediente a disposición de cualquier diputado que quiera examinarlo. Lo tendremos que llevar a la Auditoría Superior de la Federación para que realice la fiscalización correspondiente.
Sí al dinero del campo. Sí al apoyo a las organizaciones, siempre y cuando lo apliquen en lo que debe ser, siempre y cuando entreguen cuentas. No es del debate si se les entrega más o menos; el debate es que ese dinero vaya realmente para quien lo necesita, que son los campesinos del campo mexicano.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra don Rafael Galindo Jaime, del Partido Revolucionario Institucional para hablar en pro de la propuesta de la Junta de Coordinación Política.
El diputado Rafael Galindo Jaime: Gracias, diputado Presidente.
Creo necesario aclarar a diputados como Javier Castelo qué es lo que ha estado pasando no solamente con el Presupuesto, que está aprobado por la Cámara de Diputados, y qué es lo que está pasando en la realidad social, política y económica del campo. Desde luego, a diputados como Javier Castelo, que yo estoy seguro de que no todos los diputados de Acción Nacional piensan de esa manera, les interesa más que el recurso llegue a los ricos, como realmente está sucediendo con el Presupuesto.
Les quiero aclarar, señores diputados de Acción Nacional, que esos programas que han llegado a las organizaciones campesinas y no a la organización en sí, sino a los militantes de esas organizaciones que tienen derecho a recibir el apoyo, que tienen derecho a recibir el dinero de los programas, son puras bagatelas. Programas como Fapa y Promusal de Reforma Agraria, programas como Adultos Mayores y Vivienda Rural, no suman siquiera la cantidad que se ejerce por ejemplo el programa de Papir, que ejerce la Secretaría de Agricultura. Y esos programas, los que realmente tienen dinero, son los que van a la gente rica, a la gente que usted quiera apoyar, señor diputado Castelo Parada. Lo que estamos planteando en este punto de acuerdo está dentro de la legalidad.
Hemos hablado con funcionarios que dicen que no quieren ejercer el Presupuesto, que no se puede porque hay una controversia constitucional, lo cual es una aberración jurídica, lo cual es una aberración económica, porque no está impedido el gobierno para ejercer el Presupuesto.
Y le quiero aclarar, señor diputado, y también al diputado de Acción Nacional que me antecedió en la palabra, que la misma Comisión Intersecretarial, en donde comparecen, en donde participan todas y cada una de las secretarías de Estado, nos mandaron hace dos semanas la distribución del gasto público programado, calendarizado mes por mes, y ahí está contemplado ya cómo se va a gastar ese recurso. Lo que sí nos ha extrañado es que la Secretaría de Hacienda, violando el acuerdo, violando el Presupuesto de Egresos de la Federación, elimine más de 6 mil millones de pesos del Programa Especial Concurrente.
Desde luego, si eso para ustedes, para los diputados de Acción Nacional que piensan como Javier Castelo, que yo estoy seguro de que no todos, si lo que quieren es seguir empobreciendo el campo, si lo que quieren es que el dinero no baje con oportunidad, si lo que quieren es que el dinero no llegue a los campesinos más pobres, pues ya entendemos, ya entendemos el porqué de la respuesta que ha habido en las últimas elecciones en los diferentes estados en el país.
Quiero comentarle que, efectivamente, las organizaciones campesinas como la que yo represento recibieron recursos, pero lo que no sabe usted, señor diputado, es que desde febrero del año pasado demostramos a la Sedesol que esos 10 millones 800 mil pesos se ejercieron puntualmente; se demostró fiscalmente. Y por eso este año, para que más les duela, los campesinos de la CCI van a recibir 19 millones de pesos. Y no lo está recibiendo Rafael Galindo ni la organización campesina; lo están recibiendo campesinos pobres, campesinos que no tienen vivienda. Inclusive, vinieron organizaciones campesinas a hablar con algunos miembros de la Mesa Directiva, por la ineficacia y la ineptitud del director del Fonhapo, que durante 2004 no pudo ejercer el Presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados. Por eso le exigimos, por eso se hicieron las marchas, para que quitaran al Fonhapo los recursos de Vivienda Rural de 2004 que todavía no se ejercen, señor diputado.
Por eso, este punto de acuerdo va encaminado a la legalidad, va encaminado al cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, que firmó el Presidente de la República y todo el gabinete federal. Va encaminado al cumplimiento del Presupuesto de Egresos tal y como lo aprobó la Cámara de Diputados; pero todavía más: como ya lo aprobó la Comisión Intersecretarial, en la que participan todos los secretarios de Estado.
Desde luego, no nos extraña que usted, señor diputado Castelo Parada, también esté recibiendo recursos de Progan y de Alianza para el Campo, pero los recursos, pero los recursos millonarios que realmente deberían llegar a los campesinos pobres.
Tampoco nos extraña que diputados con la mentalidad como la suya, fundamentalista, se opongan a la libertad de asociación, a la libertad de reunión y a la libertad de petición que ejercemos las organizaciones campesinas.
Sé muy bien, diputado Castelo Parada, que le duele mucho que organizaciones como la CCI tengan apoyo, porque ustedes no tienen organización que sea respetada en el campo mexicano.
Gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Rafael.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra; luego, don Jesús González Schmal. Después, para hablar a favor, en la inteligencia de que si hay otro registro de oradores, esta Presidencia preguntará a la Asamblea si es de abrirse una segunda ronda.
El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala: Con su permiso, señor Presidente...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor diputado; le ruego me disculpe. Ciérrese el sistema electrónico de registro de asistencia. Le ruego me disculpe señor diputado, vamos a hacer un trámite de carácter administrativo interno.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia, informando que tienen 15 minutos los que no lo hayan hecho para registrar por cédula.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado. Le ruego disculpe la interrupción.
El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala: Nuevamente con su venia, señor Presidente.
Es interesante el debate que hoy se da porque el debate que hoy se da no es cualquier debate: se trata de poner sobre la mesa un exhorto, un punto de acuerdo, exigiéndole al Presidente de la República que cumpla el Acuerdo Nacional para el Campo.
Y digo que es interesante porque pareciera que solamente el Presidente de la República tiene la obligación de cumplir el Acuerdo Nacional para el Campo. También es interesante porque quienes hoy vienen a aquí a reclamar que no se ha cumplido el Acuerdo Nacional para el Campo, lo que beneficia a los más pobres entre los pobres, que por ellos son capaces de morir y dar la vida, llegan a la Cámara manejando un BMW. ¿No es cierto, diputado Víctor?
No entendemos cómo un dirigente campesino puede llegar a ese extremo de lucro con los que menos tienen. Y no está de más, digo, no es de extrañarnos, no hay forma más fácil de hacerse rico que pretendiendo luchar por los pobres.
Aquí tenemos un verdadero atraco a la nación, señores medios de comunicación. Aquí venimos a denunciar un atraco a la nación; que se escuche bien, que por estar saliendo a las calles para ir a tomar Bucareli, por manosear el Presupuesto, por no querer participar en la elaboración y en el cumplimiento de las reglas de operación, los partidos políticos que tiene organizaciones campesinas se están sirviendo con la cuchara grande, a expensas de los que menos tienen. Y si robar a la nación, robar a la nación es algo denigrante, robar a los que menos tienen lo es aún más; y a las pruebas nos remitimos:
Tenemos escritura notarial, la número 4 mil 344 –a disposición de cualquiera de ustedes–, donde dice claramente que la UCD está cobrando 100 pesos para llenar el formado de afiliación a Adultos Mayores. Aquí está, señor diputado Víctor, si la quiere a analizar. Ahí está el atraco a la nación.
Además, el cambio, el cambio que hacen de los cheques, no sabemos por qué al final el líder de la organización campesina es quien va y cambia los cheques endosados por quienes se pretende beneficiar con estos programas.
Y vamos también a las pruebas, señor Rafael Galindo: su organización, en 2003, recibió 10 millones 832 mil pesos para construir 6 casas, 268 ampliaciones. Aquí están los datos, y están a su disposición.
Señor ingeniero Margarito Montes Parra: su organización recibió 8 millones 130 mil para construir 162 casas. Señor Miguel Luna Hernández: su organización, la Coduc, recibió 13 millones 55 mil pesos para construir una casa y 4 ampliaciones.
Señor Rosendo Alonso Hernández: su organización recibió 30 millones 849 mil para no construir una sola casa, 7 mil y tantas supuestas remodelaciones. Aquí está el atraco a la nación; no son faramallas, no son discursos en contra de los que menos tienen y lo decimos fuerte, porque así de indignante es este atraco. No lo sería tanto si el atraco no fuera a los más pobres; del PRI y del PRD no se puede esperar otra cosa.
En el Acuerdo Nacional para el Campo, el Gobierno Federal, los diputados que han respondido al llamado de la evaluación, sabemos bien quiénes han cumplido y en qué parte no se ha cumplido. Hoy se pretende atracar a la nación usando discrecionalmente más de 880 millones de pesos en el Fondo de Vivienda Rural y discrecionalmente otorgándoselo a quien los dirigentes de las organizaciones campesinas quieran, como quieran y sin comprobar y comprobar lo que quieran.
Eso es en lo que no estamos de acuerdo. Reclamamos del Gobierno Federal mano firme en la entrega de estos recursos, pero sobre todo transparencia en la comprobación y en el diseño de la forma en que se habrá de operar estos programas. Es esto lo que los compañeros –los diputados del Partido Acción Nacional–, y no otra cosa, venimos hoy a denunciar. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para alusiones personales, tiene el uso de la palabra don Víctor Suárez Carrera.
El diputado Javier Castelo Parada (desde la curul): ¡Presidente, para alusiones personales!
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Para alusiones personales de su compañero?
El diputado Víctor Suárez Carrera: Gracias, señor Presidente.
Cuando se pone a esta soberanía a discusión un punto que plantea la exigencia de que se cumpla un presupuesto autorizado por esta soberanía para el campo y que el Presidente de la República cumpla un acuerdo político firmado, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra en lugar de debatir viene a difamar.
Pido al señor Presidente que retire del Diario de los Debates esta afirmación porque es una difamación, y pido al diputado que pruebe su dicho; de lo contrario, procederé conforme a derecho. El diputado que me antecedió difama, miente; y lo tiene que probar. Y pido al señor Presidente de la Cámara que retire esta afirmación difamatoria del Diario de los Debates. El señor diputado que me antecedió hace eco a un...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Me permite un segundo, señor diputado?
¿Con qué objeto, diputado Rubén Alfredo Torres Zavala?
El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (desde la curul): Nada más para pedir una disculpa al diputado Víctor. Me equivoqué: le dije que era un BMW; no es un BMW, es un Mercedes, creo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A ver, sonido en la curul; permítame un segundo. ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Luis Felipe Madrigal Hernández (desde la curul): Para solicitarle, señor Presidente, pregunte al orador si acepta una interpelación.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Diputado, acepta una pregunta?
El diputado Víctor Suárez Carrera: Sí, adelante.
El diputado Luis Felipe Madrigal Hernández: Solamente preguntarle, señor diputado, ¿en qué basa usted sus afirmaciones?
El diputado Víctor Suárez Carrera: ¿Cuáles afirmaciones?
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están prohibidos los diálogos. Señor diputado, el orador hace la solicitud de que precise usted su pregunta.
El diputado Luis Felipe Madrigal Hernández (desde la curul): Que las afirmaciones que está haciendo en este momento, ¿en qué las basa, lo que está expresando en este momento?
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor diputado Suárez Carrera.
El diputado Víctor Suárez Carrera: Bueno, la calumnia, no solamente expresada con anterioridad, sino reiterada y agrandada, es del diputado del PAN que me antecedió; él tiene que probar ese dicho. Yo no tengo que probar lo contrario. Así que, reitero, el diputado del PAN que me antecedió en la palabra, que sé que va a misa todos los días y reza todos los días y es un "mocho", "santurrón", viene a esta tribuna a difamar a un diputado, sólo para defender a un Ejecutivo federal que incumple sus acuerdos políticos y que se niega a respetar la soberanía de esta Cámara de Diputados, al incumplir lo establecido en el decreto de Presupuesto de la Federación para 2005, retenido para el campo...
El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor diputado. Diputado De la Vega Asmitia, ¿con qué objeto?
El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Para solicitarle una moción, en el sentido de que reconvenga al orador a conducirse con respeto en el lenguaje respecto a sus compañeros legisladores.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ya lo escuchó, señor diputado.
La diputada Miriam Marina Muñoz Vargas (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La diputada Muñoz, ¿con qué objeto?
La diputada Miriam Marina Muñoz Vargas (desde la curul): Para hacer una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta usted una pregunta de la diputada Muñoz?
El diputado Víctor Suárez Carrera: Sí, adelante.
La diputada Miriam Marina Muñoz Vargas (desde la curul): Señor diputado, anteriormente en su intervención, usted mencionó que 80 por ciento de los apoyos hacia el campo había sido destinado a Sinaloa, Sonora y las Bajas Californias. ¿Está incluida la Baja California Sur ahí, me pregunto yo?
El diputado Víctor Suárez Carrera: Señora diputada, me estoy refiriendo a los apoyos a la comercialización de Aserca, no a la totalidad de los apoyos al campo. Y sí está incluida la Baja Sur, sí: del 80 por ciento, con 1 por ciento de ese 80 por ciento. ¿Puedo continuar?
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Continúe, señor orador.
El diputado Víctor Suárez Carrera: Después de haber expresado lo que dije con relación a la difamación del diputado del PAN, y que la vuelve a reiterar y a acrecentar, quiero hacer tres preguntas a la fracción del PAN:
Primera pregunta: ¿por qué la secretaria de Desarrollo Social y por qué el secretario de Reforma Agraria publicaron Reglas de Operación para los programas de Adultos Mayores, Vivienda Rural, Fapa y Promusac, en donde se establece que al menos 75 por ciento en un caso, o 50 por ciento, se destinarán a las organizaciones firmantes del campo, cuando esto mostró una clara predilección por el corporativismo y el clientelismo? Fue una decisión de esos secretarios de Estado, que están publicadas por dos años consecutivos en el Diario Oficial de la Federación.
¿Quién promueve el corporativismo y el clientelismo, que se suponía que era cosa del pasado? El actual gobierno, del Presidente Fox, que incluso desarrolla sus propias organizaciones de clientelismo y corporativismo en el campo, como Unios y Plantar.
Segunda pregunta: ¿por qué si desde enero de 2004 sabían...?
El diputado Sergio Vázquez García (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor orador; el diputado Sergio Vázquez me está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Sergio Vázquez García (desde la curul): Para rectificación de hechos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Disculpe usted. Adelante, no sería el momento.
El diputado Víctor Suárez Carrera: Segunda pregunta a la fracción del PAN: ¿por qué si desde enero de 2004 sabían de esas anomalías, por qué ni las secretarías de Estado correspondientes ni ustedes han presentado una solicitud de auditoría y una denuncia de hechos ante las autoridades correspondientes?
Y tercera pregunta, que espero que me respondan: ¿por qué en diciembre, en la discusión del texto del decreto de Presupuesto para 2005, se propuso específica y puntualmente que debería ser prohibido en las reglas de operación asignar predeterminadamente a personas morales y físicas recursos públicos, ustedes se opusieron?
Son tres preguntas que deben ser respondidas porque, de otra manera, ustedes carecen de toda autoridad y porque ustedes como PAN, como gobierno del Presidente Fox, han preferido, en lugar de impulsar la transición a la democracia y la democratización del campo, han decidido revivir las prácticas clientelares y corporativas para mantener sus políticas neoliberales hacia el campo, como han decidido apostar a los sindicatos charros para tener apoyo a sus reformas estructurales neoliberales.
Ustedes ni están a favor de la democracia, ni están a favor del desarrollo del campo, ni están a favor de un ejercicio transparente y honesto de los recursos públicos.
Ustedes, que dijeron que iban a combatir a los peces gordos, ustedes han sido cómplices de esos peces gordos y han sido los que han cobijado la impunidad y la corrupción del pasado y del presente, por lo cual ustedes carecen de toda autoridad moral.
Insisto: que se retire del Diario de Debates la difamación del diputado "santurrón", que acostumbra difamar y provocar y no parlamentar ni argumentar sus intereses ni su dicho. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para alusiones personales, el señor diputado Javier Castelo Parada.
El diputado Javier Castelo Parada: Con su permiso, diputado Presidente.
Quisiera solicitar en forma comedida al diputado Rafael Galindo que me muestre cuáles son los recursos de la Alianza que yo recibí en cualquiera de sus programas.
Sí, en cambio, le digo –y esto es importante, amigas y amigos legisladores– que todos sepan alguna de las artimañas que se utilizan para volarse el dinero de los campesinos.
Aquí tengo copia de un certificado de subsidio federal, que es una especie de vale para los materiales de vivienda rural. ¿Qué es lo que hacen? Le sacan la firma al campesino y le dan una feria y se quedan con los materiales y luego los venden. Y luego reportan que cumplieron con todo; pues sí, pero se sentaron en el dinero.
Yo quisiera también que sepan, amigas y amigos legisladores, y lo digo muy principalmente para quienes no están familiarizados con el campo, por qué del debate y por qué les duele a los dirigentes campesinos.
Hablaba el diputado Rafael Galindo de los programas de Promusac y Fapa, de Reforma Agraria. Estos programas, con el afán de ayudar a los campesinos, son programas que dan recursos prácticamente a fondo perdido. Se ha estado insistiendo en que para poder otorgar nuevamente estos recursos a las organizaciones promoventes, que se verifique que se invirtieron; que si dijeron que iban a comprar vacas, que estén las vacas ahí. Y lo que nos estamos encontrando es que no existen estas supuestas compras o estas supuestas inversiones.
En contra de eso es en lo que estamos nosotros atacando y por lo cual creo que todos nosotros debemos unirnos para impedirlo. Ya se dijo lo que sucede en Adultos Mayores, ya se dijo lo que sucede en Vivienda Rural; estamos comentando lo que sucede en Fapa y Promusac.
Yo quiero preguntarle también, porque creo que no es del conocimiento de todos, ¿por qué el diputado Rafael Galindo, me dirijo a él siendo paisano y amigo, porque él fue el actor de esto, por qué visitó al Presidente de la Mesa Directiva para cobijarse en él, a ver si le ayudaban a sacar el punto de apoyo? Y después lo mandaron a que fuera a la Comisión de Presupuesto también a pedir que en la Comisión de Presupuesto avaláramos este punto de acuerdo. Y como no tuvo respuesta en la Comisión de Presupuesto, yo no sé quién fue el que le sugirió que fuera a la Junta de Coordinación Política y ahí convenció á los coordinadores de la oposición.
Quiero aprovechar también para comentarles, amigas y amigos diputados, qué sucede con el dueño de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el cenecista Cruz López: desde mayo de 2004 se aprobó en comisión, después de cuatro intentos, un dictamen para la liquidación de Pronase. Pues el señor porque a él se le... Eso no lo ha pasado al Pleno, un dictamen aprobado en comisión, incluso por unanimidad, en mayo de 2004; y no lo ha turnado al Pleno. ¿Por qué? Porque estaban pretendiendo ellos, los señores de la CNC, presentar –y ya presentaron– una iniciativa para una promotora de semillas, en la cual pretenden, como pretendieron antes, que les entreguen las instalaciones de Pronase a ellos porque ellos son las organizaciones, que son cuatro o cinco vivales que andan por ahí.
¿Por qué en el Presupuesto, amigas y amigos diputados, la CNC, que se apoderó del Centro de Estudios para el Sector Agropecuario, que es de todos pero ellos se apoderaron ahora en el Presupuesto, y creo que lo hicieron muy mal, por qué proponen dos plantas de etanol casi focalizadas para que se las den a ellos? La materia prima es maíz, y somos deficitarios de maíz, pero la inversión, 280 millones de pesos. Eso es lo que ellos quieren y para qué quieren el presupuesto.
Quieren una productora de semillas que sea una organización que ellos administren; ya no queremos organizaciones del sector público, y menos administradas por ellos. Quieren la pretendida iniciativa de Ley del Café, que haya un organismo para el café, todavía nos acordamos del Inmecafé.
Eso es lo que debemos atacar entre todos: la corrupción que muchos de los compañeros encabezan.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado, perdón. Miren ustedes: tenemos a Rafael Galindo Jaime, para alusiones personales; y luego, para hechos, a Sergio Vázquez García y a Arturo Nájera. Después de esto, esta Presidencia... Y claro, el turno que queda pendiente de don Jesús González Schmal. Después de esto, esta Presidencia preguntará a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Julián Nazar, para alusiones personales.
Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Galindo Jaime.
El diputado Rafael Galindo Jaime: Muchas gracias, diputado Presidente.
Considero que no se vale, considero que es una actitud inmoral y antiética que ciertos diputados de Acción Nacional lleguen aquí y se suban a esta tribuna y hagan señalamientos calumniosos sin tener pruebas, sin tener los antecedentes a la mano, aprovechándose del fuero y aprovechándose de que no pueden ser recriminados. Sin embargo, la ley no prohíbe que otro diputado les pueda decir sus verdades.
Los dos diputados de Acción Nacional que se subieron a esta tribuna han estado haciendo señalamientos que constituyen delitos contra el erario público. Voy a hacer dos retos a los dos diputados de Acción Nacional que subieron a esta tribuna: que vayan al Ministerio Público y demuestren quiénes han cometido delitos con el ejercicio de estos programas a los que hacemos alusión. Y específicamente, al diputado que señala que la organización que yo represento ejerció recursos para construir seis viviendas.
Yo le quiero decir, señor diputado, que con los recursos de Vivienda Rural, que fue un programa que no fue creado por el Ejecutivo federal sino que fue a partir de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, con base en un programa de recursos emergentes, que se acordó ejercer un monto de 400 millones de pesos.
La organización que yo represento, señor diputado, con los recursos de 2003 tuvimos apoyo para 1,039 acciones de vivienda; y esto está documentado en la Sedesol, ahí donde está el ingeniero Isaac Rodking. Estas 1,030 acciones de vivienda fueron para apoyar a campesinos pobres que viven en pocilgas, para seis estados.
Pero no solamente eso: a partir de este programa que se implementó en el Acuerdo Nacional para el Campo, la Cámara de Diputados para 2004 aprobó otra cantidad importante de recursos, así como para 2005, de tal manera que yo estoy seguro de que, diputadas y diputados de esta Legislatura, apoyarán este exhorto que se hace al Presidente de la República, porque la mayoría de los diputados que están aquí están para apoyar a los campesinos pobres; están por programas sociales que nunca había existido para que los campesinos tengan vivienda rural. Desde luego...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Me permite un segundo, diputado Rafael Galindo? ¿Con qué objeto, diputada Dolores Gutiérrez Zurita?
La diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (desde la curul): Para preguntar al diputado que tiene la palabra si acepta una pregunta de mi parte.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta una pregunta de la diputada?
El diputado Rafael Galindo Jaime: Con mucho gusto, diputada.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante.
La diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (desde la curul): Gracias. Diputado Galindo: como Presidente de la Comisión Especial para el Campo, ¿nos puede usted precisar los objetivos centrales incumplidos por el Gobierno Federal en el mismo, y cuánto tiempo se llevó la negociación de éste? Gracias.
El diputado Rafael Galindo Jaime: Con mucho gusto, diputada. De hecho, el Acuerdo Nacional para el Campo, diputada, tiene 282 numerales. De esos 282 numerales, alrededor de 240 numerales son obligaciones sustantivas del Gobierno Federal. Desde luego que las obligaciones, los compromisos que están en el Acuerdo Nacional para el Campo abarcan toda la problemática rural.
Como ya lo señalaba el diputado Víctor Suárez, está ahí el tema de comercio internacional, que mucho ha impactado al país. A partir del acuerdo de este tratado comercial, en México se consume 40 por ciento de alimentos que son importados de otros países.
También a partir de este tratado comercial, los precios de los productos agropecuarios han perdido más de 40 por ciento de su valor. En estos últimos 10 años, más de 400 mil campesinos jóvenes han abandonado las zonas rurales porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades, porque no hay inversión productiva, porque no hay creación de empleos.
Ése es un tema que se planteó, de manera muy puntual, por las organizaciones campesinas para que la Secretaría de Economía hiciera planteamientos formales ante los socios comerciales para modificar el Tratado de Libre Comercio en lo que se refiere al Capítulo Agropecuario, circunstancia que no se ha cumplido.
En el Acuerdo Nacional para el Campo también se pactaron 24 acciones concretas desde el punto de vista legislativo, y prácticamente no se ha cumplido una sola. Ahorita se está procesando la Ley de Planeación, se está procesando también la reforma del marco jurídico agrario, y por ahí de alguna manera tiene que ver el tema de la Ley de Presupuesto porque en el Acuerdo Nacional para el Campo se plantea la necesidad de implementar presupuestos multianuales para tener una auténtica planeación, como la tienen la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, con los que de manera pomposa nos ostentamos socios comerciales. Pero que haya simetrías que están afectando al productor mexicano.
Otro aspecto en el que no se ha cumplido también en el Acuerdo Nacional para el Campo es implementar la modificación de políticas públicas encaminadas, compañera diputada, a plantear o a realizar una reforma estructural para 2006. En eso prácticamente no se ha avanzado.
También está planteado en el Acuerdo Nacional para el Campo ir definiendo políticas y estrategias para una planeación al año 2002. De eso no hemos visto nada con relación al cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.
Desde luego, uno de los numerales –y sí lo quiero comentar a algunos diputados de Acción Nacional que subieron a hacer uso de la voz–, uno de los compromisos centrales que firmó el Presidente de la República es en el sentido de que las normas de operación, que no es cierto que queramos ejercer recursos y normas de operación. Inclusive, queremos participar en el diseño de las normas de operación.
Deben ir encaminados estos programas a beneficiar a la gente más pobre, que deben ir encaminados los programas para beneficiar al mayor número de población rural, pero también un compromiso de eliminar burocratismos y dilaciones que contiene esa norma de operación.
Tradicionalmente, las normas de operación se aprobaban a mediados del año y prácticamente la mitad del año se pierde sin ejercer recursos. Con esta presión que hemos hecho las organizaciones campesinas y que también ha sido avalada por diputados de esta Legislatura y la anterior, obtuvimos –por ejemplo– Fonaes. Por si no lo sabían algunos diputados, publicaron la norma de operación del año 2005 el 28 de diciembre; y no fue broma, porque se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.
En concreto, son muchos los aspectos que tiene el Acuerdo Nacional para el Campo, diputada; pero yo diría que parcialmente se ha cumplido. Se han impulsado los programas normales, pero no se ha empujado la nueva, esa agresividad, esa perspectiva, esa visión de fondo que plantea el Acuerdo Nacional para el Campo.
El campo ha perdido mucha competitividad y ha perdido mucha presencia. Y el INEGI registra datos tan importantes como éste –con esto yo daría por contestada de manera general, diputada, la pregunta–: en 1970, el campo aportaba 39 por ciento del Producto Interno Bruto. Y el señor secretario de Agricultura lo reconoció hace dos años: no pasa del 14 por ciento del PIB que aporta la producción agropecuaria.
Esto, ¿qué nos dice? Nos ha ganado la industria; nos ha ganado la prestación de servicios y nos ha ganado la actividad comercial. Y el campo cada vez está más rezagado, sobre todo si no tenemos presupuesto, sobre todo si se subejerce el presupuesto y si se cumple tardíamente ese presupuesto.
Esto es lo que plantea este punto de acuerdo, que nosotros –respetando el trámite parlamentario– hicimos llegar a la Mesa Directiva y la Mesa Directiva lo hace suyo para notificarlo al Ejecutivo federal.
Si hubiésemos violado normas, reglas preestablecidas en esta Legislatura, estoy seguro de que no habría llegado al orden del día este punto de acuerdo.
Por esa razón estamos impulsando, estamos requiriendo al Presidente de la República que cumpla a tiempo y con todo el Presupuesto que está previsto. Por cierto, ya está recortando, antes de empezar a ejercerlo, más de 6 mil millones de pesos al Programa Especial Concurrente. Y ésa es una violación de la legalidad porque aquí vino el Presidente de la República a decir que iba a respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan, y el Presupuesto de Egresos es una ley. Y desde la Secretaría de Hacienda ya se está implementando un recorte anticipado del Programa Especial Concurrente. Con eso yo creo que satisfago un poco la pregunta, compañera diputada.
Quiero comentar también que no se vale que se venga aquí a decir que los campesinos pobres son irresponsables. No estamos de acuerdo en que se venga aquí a decir que los campesinos pobres no cumplen sus obligaciones.
El Banco Rural lo cerraron porque 85 por ciento de los recursos los ricos no lo pagaron y apenas 15 por ciento de la cartera vencida era deuda de campesinos pobres, ejidatarios y comuneros. Ésa es la verdadera moral del campesino pobre, no del agricultor rico, que pide dinero y no cumple. Y a esos campesinos pobres venimos a defender aquí, compañeros de Acción Nacional, que ojalá que no sean muchos que piensan como los diputados que subieron a esta tribuna. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para alusiones personales, tiene por último la palabra el diputado Julián Nazar. Después vienen, para rectificación de hechos, Sergio Vázquez García y Arturo Nahle; y, para ejercer su turno, en pro, el diputado Jesús González Schmal. Y de inmediato preguntaremos si está suficientemente discutido.
El diputado Julián Nazar Morales: Con su permiso, compañero Presidente. Compañeros diputados; compañeras diputadas:
Hace un momento escuché a un diputado del PAN en una actitud hasta cierto modo contraria a los principios de nación, y no me sorprende porque el señor que vino a denunciar supuestamente irregularidades de algunas organizaciones sociales que le apuestan a cumplir el compromiso que hicieron en el país con sus electores, que es una parte vital del trabajo de gestoría de cada uno de nosotros que venimos a representar los intereses de la ciudadanía, no me cabe la menor duda de que este diputado carece de compromiso social, que desconoce la problemática del campo, que únicamente sabe de los intereses de la defensa de las instituciones federales y del gobierno en turno.
Hoy por hoy, ese compañero se tiene que transformar en defensor de oficio de los que le ordenen, ya sea las dependencias federales o la Secretaría de Gobernación. Pero nunca va a defender los intereses del pueblo.
Y vino a tocar un tema que es fundamental para la vida de México, para el sistema alimentario mexicano. Habla de desmantelar una de las instituciones que tienen que ver con la vida del campo, como es la Productora Nacional de Semillas. Se queja de que ya había sido votado en una iniciativa y que, por ende, se le violentaron sus derechos.
Él cree que los derechos que adquiere en una votación cuando hay minoría se transforman en derecho contra las mayorías. Pero yo quiero decir al compañero que la Productora Nacional de Semillas que se está presentando crear para el servicio de los productores mexicanos no atenta contra lo que están haciendo desde la Sagarpa, por orden del Ejecutivo federal, desmantelar Pronase.
Ya le dijimos que pueden desmantelarla si quieren, como han hecho con otras instituciones, pero tienen que respetar lo que el Congreso va a aprobar en una iniciativa de ley para crear una Productora Nacional de Semillas que sirva a los campesinos. ¿Por qué necesitamos que tenga que haber ese respaldo a los productores nacionales? Porque trae una política el partido que sube a defender la desaparición de estas instituciones de transformar a México en mercado de consumo y no en un país productor para que tenga autonomía alimentaria y le permita soberanía nacional.
¡Y eso no lo conocen ellos porque no conocen el campo! Bueno, corrijo: sí conocen del campo; pero del campo de golf porque son gente de elite, de otro tipo de visión con el que ven el escenario nacional. Pero no tienen compromiso con los campesinos, y no tienen compromiso con los campesinos por una sencilla razón: ellos no son producto de una sociedad que reclama mayor participación con justicia social porque si tuvieran tantito compromiso social, dirían a "su" Gobierno Federal que no interpusiera una controversia contra un Presupuesto de Egresos que aprobó la Cámara y que va a beneficiar a millones de mexicanos que están naciendo y esperando en cada uno de sus rincones del país una oportunidad de vida. ¡Y no permitir que con la falta de apoyo en el campo se esté emigrando en forma espantosa hacia Estados Unidos para buscar el sueño americano a través de un empleo en la recolección de las cosechas!
Pero sí quiero dejar claro con los compañeros que nos antecedieron que, aunque no quieran ellos, esa Ley de la Productora de Semillas se va a aprobar con los diputados que tienen conciencia de nación y que tienen compromiso con esa sociedad que nos hizo llegar acá.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado. ¿Me permite, don Julián Nazar; me permite preguntar a la diputada Angélica de la Peña con qué objeto se dirige a esta Presidencia?
La diputada Angélica de la Peña Gómez (desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera que usted consultara al señor diputado si me permite hacerle una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Julián Nazar, ¿acepta una pregunta?
El diputado Julián Nazar Morales: Con todo gusto, compañero.
La diputada Angélica de la Peña Gómez (desde la curul): ¿Podría decirnos por favor a cuánta gente se afectaría el no cumplimiento de este acuerdo, si es tan amable?
El diputado Julián Nazar Morales: Miren, compañera diputada y compañeros diputados: desaparecer la Productora Nacional de Semillas y no sustituirla por otra que cumpla el objetivo social de atender las demandas del campo. Estamos destinando a más de 25 millones de mexicanos que viven de la producción a desaparecer como productores y transformar a 100 millones de mexicanos en consumidores de lo que Estados Unidos produce y que nos transformaríamos nosotros nada más en consumidores y en ventana de ese gran mercado que está orquestando el Gobierno Federal a través del ALCA, del acuerdo de comercio que quiere hacer con Centroamérica y el Caribe. Y al tratar ellos de desaparecer esta Productora Nacional de Semillas, estamos destinando a que la producción de México, como está sucediendo ahorita, se desplome a menos de 50 por ciento de lo que teníamos hace seis años.
Eso quiere decir que la actitud del Gobierno Federal que hoy representan los que subieron aquí a proponer y a descalificar a las organizaciones que defienden la producción en México, son aliados de ese gran monstruo que es Estados Unidos y que desde hace muchos años se quiere dar la autoría de ser el único país que produzca semilla y que nosotros seamos consumidores. Ésa es la política que traen ellos. No tienen una visión de país ni de nación, ya diría yo sentimiento nacionalista. Desconocen los compañeros qué es compromiso social porque no conocen lo que es convivir con la gente del campo.
Por eso me espanta, pero al mismo tiempo me hace reflexionar muy en mi interior qué insensibles son estos compañeros que suben a esta tribuna a decir a todo México que ellos no van a permitir que se les dé el espacio de oportunidad para tener producción, para tener un sistema alimentario que permita a los mexicanos no estar hincados contra los grandes productores internacionales.
Por eso nos quitan los subsidios, por eso quitan los apoyos como la semilla, el programa Kilo por Kilo, el apoyo a la producción a través de los fertilizantes. No nada más nos lo quitan, sino que nos los incrementan a precios desorbitantes.
Ésa es la política que trae este partido y que no han querido entender que la Cámara no es una ventanilla de trámite del Ejecutivo. La Cámara, hoy por hoy, se ha transformado en el equilibrio que requiere el país para dar a los mexicanos certidumbre en lo social, en lo político, en lo económico. Y por eso los diputados de todas las fracciones que formamos la Cámara y que aun con nuestras diferencias que podamos tener políticamente hablando y que tenemos conciencia de nación y traemos el nacionalismo adentro, porque nacimos en el campo, porque nacimos en México y porque somos buenos mexicanos, vamos a defenderlo.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Julián Nazar, el diputado Ramón González me está pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto diputado?
El diputado Ramón González González (desde la curul): Para ver si el orador me permite hacerle una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta, señor diputado Nazar?
El diputado Julián Nazar Morales: Adelante, compañero.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor diputado.
El diputado Ramón González González (desde la curul): Gracias. Usted ha manifestado que algunos diputados no tenemos interés en el campo. En lo personal, tengo mucho interés porque el campo salga adelante, porque el campo sea apoyado.
Usted acaba de dar una cifra de que son varios millones los que se estarían afectando en caso de no llegar este apoyo. Con el interés que tengo, quisiera preguntarle si tiene la lista de esos millones de mexicanos. Y, de ser afirmativo, que me la haga llegar para poder dar una atención personalizada a esas personas.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado.
El diputado Julián Nazar Morales: Con gusto, compañero diputado de Acción Nacional. Yo nada más le preguntaría a qué tipo de campo se refiere: ¿al agrícola o al de golf que ustedes conocen?, para que yo le pueda dar respuesta de cuántos mexicanos son los beneficiados.
Pero voy a dar por hecho que usted habla del campo productivo de México. Usted desconoce que somos alrededor de 5 millones de mexicanos que trabajamos la tierra, 5 millones de mexicanos que nos dedicamos a la agricultura y que transformamos una gran familia de alrededor de 25 millones de productores que dependen de la agricultura en todas las cadenas de producción, y en todas se las están negando.
Les negaron a través de un decreto que abroga el 91 y el 93, el decreto cañero. Hace unos días desaparecen el Consejo Mexicano del Café. Están desmantelando las estructuras productivas.
No nos espanta: damos por hecho que cumple el mandato que dice Estados Unidos al Gobierno de México. Pero, como diputados federales, tenemos una obligación y una responsabilidad con los mexicanos: hacer leyes que les permitan el abuso del poder del Gobierno Federal, que violando la Constitución de la República Mexicana atenta contra los mexicanos y atenta contra los que menos tienen, que son los campesinos.
Por ello le doy una tarea, compañero diputado: si quiere saber a cuántos mexicanos afecta esa iniciativa que presenta el Presidente de la República, consulte en INEGI y ahí le van a dar los datos de cuántos mexicanos están sumidos en la pobreza, con un proyecto de nación que traen con el interés de servirle al patrón que los manda y que está en Estados Unidos.
Y nosotros, como diputados federales...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Julián Nazar, discúlpeme. El diputado Rubén Torres Zavala se dirige a esta Presidencia. ¿Con qué objeto?
El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (desde la curul): Para preguntar al orador si, respetuosamente, me permite hacerle una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta, don Julián Nazar?
El diputado Julián Nazar Morales: Con gusto, compañero.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor diputado.
El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (desde la curul): Yo tengo una duda: quisiera saber, no lo sé, si usted es dirigente de alguna organización campesina, si nos puede decir cuál es y cuáles son los mecanismos de transparencia que utilizan para manejar los recursos que se hacen llegar a través de los diferentes programas nacionales e internacionales? Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado.
El diputado Julián Nazar Morales: Con gusto, compañero diputado.
Para empezar, mi origen es campesino: provengo de las comunidades rurales; mi padre fue comisariado ejidal y yo formo parte del ejido de mi municipio, el de Copainalá, y del ejido Ángel Albino Corzo. Soy ejidatario, pero eso no me priva del derecho y me da legitimidad de llegar a este Congreso a defender a mi gente, que confió en mí en el voto.
Por si usted lo dice, por dirigente soy el líder estatal de la CNC en Chiapas, diputado federal, representante de la organización más grande que pueda haber en el país. Y se lo digo con todas las letras: ustedes están tratando de estimular a esta gran organización o a las grandes organizaciones creando organizaciones que simulen que son campesinas. Ahí tenemos Plantar, la organización que crea el PAN. ¿Saben quiénes son sus dirigentes? ¿Saben quiénes son los dirigentes de esa organización, que creó el PAN, la organización campesina? Los secretarios de Estado; la encabezan Usabiaga, Semarnat y Sedesol. ¿De esa organización están hablando?
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Julián Nazar, la diputada Judith Díaz quiere en este preciso instante dirigirse a la Presidencia. La Presidencia no le daba el uso de la palabra en función de que usted está contestando; pero, diputada, adelante.
El diputado Julián Nazar Morales: En cuanto yo concluya, compañera diputada, la pregunta del compañero. Ahorita concluyo, compañero.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor diputado. Es la Presidencia la que otorga el uso de la palabra, diputada Judith.
La diputada Judith Díaz Delgado (desde la curul): Señor Presidente: en primer lugar, me gustaría que se explicara al señor orador que no le pedía tener una intervención o un diálogo con él.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Judith Díaz Delgado (desde la curul): Me dirijo a usted. Quisiera que me hiciera favor de preguntar al orador si acepta una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Yo la atiendo con un gran gusto, diputada. Señor diputado Julián Nazar, ¿acepta usted una pregunta?
El diputado Julián Nazar Morales: Se la acepto. Le acepté a tres hombres; por lógica, a la compañera.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante.
La diputada Judith Díaz Delgado (desde la curul): Estamos en igualdad de circunstancias y no es porque sea la maestra. Soy compañera, pero diputada, igual que usted.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se prohíben los diálogos, diputada. Adelante con su pregunta.
La diputada Judith Díaz Delgado (desde la curul): Lo único que le quiero preguntar –muchas gracias, señor Presidente–, además le quisiera preguntar: ¿qué tanto cambió o ha cambiado la vida de los campesinos en el estado de Chiapas, cuál ha sido su mejoría trascendente a partir de que usted está dirigiendo el organismo que nos acaba de señalar que usted dirige?
Y, en tercer lugar, preguntarle además: ¿cómo ha sido todo durante toda su trayectoria política? Yo quisiera saber qué tantos menos pobres campesinos hay en el estado. Porque es preocupante que usted esté hablando de que dirige una organización, de que se proveen apoyos, pero la verdad es que también habla de que la pobreza continúa. Entonces, no entiendo su incongruencia; quisiera que me lo explicara por favor.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputados.
El diputado Julián Nazar Morales: Con gusto vamos a dar respuesta a la compañera y quiero decirle algo de entrada: que con todo cariño, por ser dama, aunque seamos compañeros diputados, usted tiene preferencia sobre todos nosotros, los varones, con todo el respeto.
Alguien decía, cuando le preguntaban si creía en Dios, y contestaba: "soy ateo, pero le tengo miedo. ¡Pero cómo le tengo miedo!" Eso me pasó cuando ganaron la Presidencia de la República su partido; de veras, ¿eh? Cómo me aterró saber que alguien de la derecha que nace –óiganlo bien, ese partido– para contrarrestar la Revolución de 1909 se transforma en un partido para defender los grandes capitales, los grandes intereses. Nacieron en 1929, y corríjanme si estoy mal, para contrarrestar la lucha social de 1909 y que había dejado más de un millón de muertos.
Por eso desconoce usted su origen y le contesto: ¿por qué tuve miedo a Fox cuando ganó la Presidencia de la República? Porque en mi estado no había visto tanta emigración hacia Estados Unidos. Habían mantenido en sus parcelas el trabajo cotidiano de los campesinos, pero empieza la política de desmantelamiento, de abandono en el campo; y hoy revisen: no hay números, en ingresos de dólares, cuántos emigraron a Estados Unidos de las comunidades indígenas. Por eso me aterra; y se los dejo de tarea, se los dejo de tarea.
Se los dejo de tarea: rueguen a Dios, o roguemos a Dios todos los que estamos en este Congreso de la Unión, para que el ejercicio de este gobierno no vayamos a terminar en una convulsión social y una confrontación que vaya a ir más allá de los compromisos, porque no vamos a tener mañana como país ni como mexicanos.
No he terminado, compañero; ¡ahora se aguantan! Así, el que pide lleva, ¿eh? Ni le estén rascando porque entre más, yo estoy contestando y les pido respeto para que también pueda yo concluir mi respuesta.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado, Julián Nazar, el diputado Alfonso Moreno Morán desea dirigirse a esta Presidencia. ¿Con qué objeto, diputado Moreno?
El diputado Alfonso Moreno Moran (desde la curul): Con todo respeto, señor Presidente, de preguntar al orador si me permite hacerle una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Diputado orador?
El diputado Julián Nazar Morales: Pregunto a la Asamblea si tenemos tiempo, con gusto. Adelante, compañero.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado.
El diputado Alfonso Moreno Moran (desde la curul): Alabo su interés que tiene en el campo, y tenga la seguridad de que no es el único: también nosotros tenemos interés por ello. En este sentido, la pregunta es si estamos buscando el apoyo de los campesinos, ¿usted avalaría que las organizaciones dieran cuenta de los recursos que se les asignan?
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado.
El diputado Julián Nazar Morales: Por muy organización que sea, la que sea, tiene que transparentar el ejercicio de los recursos, pero me gustaría también, con relación a ello, ¿ustedes creen que esa organización que creó el PAN y que está encabezado por las instituciones federales, que tienen todo el recurso que le dimos desde el Congreso, está transparentado los recursos? Pero tampoco los juzgo.
Porque cualquier iniciativa de apoyo que llegue al campo es bienvenida. Lo único que tenemos que cuidar es lo que decía el compañero diputado que me hizo la pregunta: si cuidábamos la forma de hacer llegar los recursos, seguro que cuidamos, porque hay reglas de operación que tienen que ajustarse para que puedan entrar las organizaciones a tener beneficio de los programas.
¿Ustedes creen que una organización que no es afín a ustedes como gobierno en el poder va a poder acceder a los recursos sin cuidar las normas y sin no cuidar la transparencia en su aplicación? Claro, como la boca no tiene llenadero, el compañero puede subir y descalificar a las organizaciones, como lo puedo yo hacer contra el Presidente.
Pero no hay en ninguna parte de la República un programa que permita, compañero diputado, que si usted no cuida las reglas de operación pueda llegar a la gente que menos tiene, porque quiero decirle que con este gobierno quitaron el Kilo por Kilo de Maíz, pero crearon el "kilo por kilo de papel": para poder acceder a un programa, tenemos que llegar como 200 formas y tenemos que cumplirlas.
¿Y saben cómo se llama el programa de este gobierno? Se llama "la puerta negra", porque tiene más de 100 candados. Y si eso no es transparentar los recursos, ¿entonces qué es lo que hacen las organizaciones?
Yo creo que quedaron satisfechos, compañeros del PAN. Y ahora que quieran un debate en materia del campo, en la rama de producción que ustedes quieran, nosotros vivimos en el campo y a eso nos dedicamos a la gestoría de nuestra gente y a la defensa de lo que menos tiene. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor compañero.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Sergio Vázquez García para rectificación de hechos.
El diputado Sergio Vázquez García: Con su permiso, señor Presidente. Quiero celebrar con todos ustedes, compañeros diputados y diputadas, el gran progreso del campo mexicano porque ahora hay campesinos que, en lugar de traer tractores, traen Mercedes. Ése es un gran progreso del campo mexicano.
Creo que el debate en esta tribuna es precisamente las reglas de operación que el Gobierno Federal trata de poner para que los recursos lleguen verdaderamente a los campesinos. El debate no es otro; ése es el debate: la desviación de recursos que han hecho líderes campesinos que son ricos y que tienen representados pobres. Ése es el punto medular de estas reglas de operación: los recursos que se apliquen, se apliquen transparentemente. Y hoy estuvo una persona aquí, en esta tribuna, y no supo decir de qué forma transparenta los recursos que lleva su organización; no supo porque no los tiene, porque algo debe, porque algo teme. Entonces, creo que el debate es el desfalco a la nación en el que se está cayendo cuando no se aplican estas reglas de operación y que es lo que ahora se está discutiendo.
El PAN no defiende a ricos porque si defendiera a los ricos defendería a los diputados que recibieron millonadas de pesos y que ahorita de seguro están ricos. Yo supongo, porque no han transparentado sus recursos.
Yo no sé por qué se molestan los compañeros diputados de que el campo está pobre. No son cuatro ni cinco años que está pobre: tiene años que el campo está pobre por culpa de los líderes campesinos "charros", que se gastan el dinero del Gobierno Federal. Ésa es la realidad: el campo tiene muchos años pobre y no es culpa de este gobierno. Que lo sepan todos, y los mexicanos lo saben.
Yo solamente quiero decirles que si el diputado del Mercedes tanto defiende a los pobres y los recursos del campo, está dispuesto a apoyar en la próxima sesión un punto de acuerdo para que el auditor superior fiscalice, investigue estos recursos que fueron dados a algunos distinguidos diputados de esta Legislatura en el manejo para los campesinos. Que se investigue este manejo, que se llegue a las últimas consecuencias y que paguen lo que tengan que pagar en caso de que sean desviados.
Espero que con esta vehemencia el próximo martes de sesión puedan apoyar este punto de acuerdo para que sean fiscalizados los recursos que se han utilizado en el campo y que mi compañero presentó una lista. Y, además, quiero decirles que aquí hay 30 campesinos, que fueron engañados con el recurso para vivienda por la Central Campesina Independiente, que están dispuestos a declarar. Y estos datos los vamos a mandar al auditor superior para que sean reconvenidos y declaren quiénes y cómo fueron engañados por estos líderes campesinos.
El diputado Víctor Suárez Carrera (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado orador, permítame un segundo. Diputado Víctor Suárez Carrera, ¿con qué objeto?
El diputado Víctor Suárez Carrera (desde la curul): Señor Presidente, para preguntar al orador si me permite una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señor orador.
El diputado Sergio Vázquez García: No, la verdad no me interesa que me pregunte nada.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No acepta. Continúe con el tiempo de su intervención.
El diputado Sergio Vázquez García: Solamente quiero comentarles que el próximo martes podrá hacer las preguntas que quiera cuando la presente el punto de acuerdo y sean revisadas organizaciones campesinas, señor diputado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificación de hechos hasta por cinco minutos.
El diputado Arturo Nahle García: Gracias, señor Presidente.
Creo que el asunto del campo es un asunto que se debe abordar con seriedad, se debe abordar con respeto; es un asunto muy complejo. Aquí se ha venido a denostar a las organizaciones campesinas, se ha venido a denostar a sus dirigentes: que si unos representan al campo productivo, que si otros representan al campo de golf, que si fulanito trae un carro marca no sé qué. Creo que hemos desviado –lo digo con toda franqueza– un debate que debiéramos abordar con mayor seriedad.
Todos conocemos en esta Cámara, independientemente de nuestro origen, independiente de nuestra afiliación política, creo que todos conocemos los problemas tan serios, tan complejos que atraviesa el campo mexicano.
El campesino, cuando requería un pedazo de tierra, lo pedía a la Reforma Agraria y lo obtenía; se acabó el reparto agrario. El campesino, cuando requería semilla para sembrar, acudía a Pronase, la Productora Nacional de Semillas; eso se acabó. Cuando requería fertilizante, podía acudir a Fertimex; también eso se acabó. Cuando requería agua, cuando requería un seguro, cuando requería financiamiento, cuando requería vender su cosecha, hay muchas instituciones que estaban encargadas de atender al campo mexicano; y han desaparecido o se privatizaron.
Por si fuera poco, se firma el Tratado de Libre Comercio y se manda a los hombres del campo a competir en condiciones desiguales ante los productores de Estados Unidos y de otros países. Por eso está el campo como está: con una baja productividad y lleno, con millones de mexicanos que se encuentran en una situación de pobreza extrema.
Pero independientemente de este somero análisis de la problemática del campo, creo que debemos centrar el debate en el punto de acuerdo que nos ha presentado la Junta de Coordinación Política y que tiene que ver con el Presupuesto que aprobó la Cámara.
El pasado mes de diciembre, la mayoría de los integrantes de esta soberanía aprobamos una cantidad diversa de programas y de recursos dirigidos a la atención del sector agropecuario: algunos, para ser ejercidos por la Sagarpa, otros por la Semarnat, otros por Reforma Agraria, otros por la Comisión Nacional del Agua, etcétera.
A la suma, a la suma de estos programas, a la suma de estos presupuestos, es a lo que se denomina "Programa Especial Concurrente", y la suma de estos recursos asciende a una cantidad superior a la que nos propuso el Presidente de la República en su iniciativa. El problema radica en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al expedir los anexos del Presupuesto, las cantidades, los presupuestos que aprobamos en esta Cámara en el mes de diciembre para ese sector, fueron modificados, fueron reducidos.
Por eso, el punto de acuerdo expresa un exhorto al Presidente de la República para que instruya a las dependencias encargadas de la aplicación de este denominado "Programa Especial Concurrente" para que apliquen de manera rigurosa en tiempo y en forma los programas y presupuestos aprobados por esta soberanía.
Pregunto con todo respeto a las legisladoras y a los legisladores de Acción Nacional: ¿es mucho pedir? ¿Es mucho pedir al Presidente de la República que aplique a través de las dependencias a su cargo los presupuestos que fueron aprobados por esta Cámara para el sector agropecuario?
¿Es mucho pedir decirle al Presidente de la República que honre su palabra y que respete los compromisos suscritos en el Acuerdo Nacional para el Campo?
¿Es mucho pedir? Porque eso es lo que estamos debatiendo, no si fulanito trae un carro de tal marca, no si a fulanito le gusta el golf, no si tal o cual líder es bueno.
Creo que tenemos que orientar este debate de una forma seria, responsable, respetuosa, y votar por unanimidad un punto de acuerdo que, con toda franqueza, opino que no es mucho pedir.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, para ejercer su turno en pro, el señor diputado don Jesús González Schmal.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente.
Efectivamente, no puedo especular aquí respecto de segundas intenciones respecto de esta propuesta con punto de acuerdo, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Es efectivo y objetivo que los programas de apoyo al campo están sufriendo tremendos atrasos, extemporaneidad, insuficiencia y absoluta falta de técnica y precisión en su aplicación.
Los datos son elocuentes: apenas el último trimestre de este año que concluyó, logramos empezar a arrancar con el crecimiento de la economía nacional. Los sectores que quedaron rezagados son los sectores primarios respecto del promedio del 4.4 por ciento: agricultura, el sector agropecuario, el sector minero y en el sector secundario, las manufacturas. En cambio, crecieron estrepitosamente los sectores terciarios, que no contribuyen, que no aportan en realidad trabajo amplio, trabajo a la población productiva. Y me pregunto: ¿qué: ésta es de veras una política económica adecuada? ¿Qué: no es necesario recapacitar y ver en dónde está el engranaje de los recursos que esta Cámara de Diputados aprueba y por qué no inciden verdaderamente en el crecimiento del sector agropecuario?
Los que tenemos y visitamos nuestros lugares de origen nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso del diesel, el que logró el campesino que se le cobrara al precio del diesel en Estados Unidos, siquiera para ser competitivos en ese solo insumo, respecto de sus competidores norteamericanos. Para que empezara a funcionar el programa tardó más de seis meses, cuando ya los tractores o habían sembrado o no habían podido arrancar porque no tenían combustible. ¿Y qué pasó entonces con los vales que se dieron a los campesinos? Pues, presas de la miseria, de la falta de ingresos, tuvieron en muchos casos que traficarlos con los expendedores de combustible a precios de ganga; y esto, porque en realidad hubo una deficiencia clara en el mecanismo para llegar efectivamente al objeto del subsidio en el combustible.
Igual está pasando en la inversión en maquinaria, en los insumos para semilla, para mejoramiento de sistemas de riego. Todo esto, como aquí se ha señalado, son trámites burocráticos de tal complejidad, que evidentemente no están al alcance de los campesinos y si en realidad se quiere evitar que haya intermediaciones que encarecen o que incluso hacen que no le llegue al campesino el beneficio del subsidio, entonces que optimicen, que agilicen los procedimientos administrativos de las entidades dedicadas al apoyo del campo para que presten servicios al campesino y no sólo le jueguen el dedo en la boca, no sólo le estén diciendo que la Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto, pero que es el Ejecutivo el que puede con sus facultades limitar la efectividad de esa decisión que esta Asamblea o que esta representación nacional toma.
Y como el caso del diesel hay muchos otros. Aquí tendríamos que abordar, efectivamente, ¿por qué se decidió desmantelar Banrural en vez de hacer la reconvención para que este modelo típico o, más bien, tipo avanzado en su género en todo el mundo, haya sido sustituido por una financiera Banrural con fondos que incluso se están sustrayendo del ahorro de los trabajadores, como aquí lo denunció Convergencia, y que no se ha revitalizado ni se han sustituidos los mecanismos que el Banrural con técnica y con sentido progresista tenía a favor de los productores del campo?
Es, pues, necesario que veamos la realidad objetivamente, que este punto de acuerdo se apruebe sin perjuicios y con el máximo y alto sentido de que la administración pública a cargo del Ejecutivo asuma su plena responsabilidad para que los recursos lleguen a quienes están destinados, a quien esta soberanía puso como destinatarios, para que se reactive la producción en el campo y el Producto Interno Bruto en el sector agropecuario crezca a nivel del de otros sectores e, inclusive, lo supere. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Tenemos todavía registrados a los señores diputados Cruz López Aguilar, la señora diputada Hilaria Domínguez y al diputado Rubén Alfredo Torres Zavala. Sin embargo, esta Presidencia anunció que preguntaría a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido, cosa que ruega a la Secretaría cumplimentar en este momento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los diputados que estén por la negativa. (Votación) Gracias.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, siendo un mandato de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea si la propuesta se aprueba.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. (Votación) Gracias.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política.
Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya al secretario del Trabajo y Previsión Social para que establezca un programa permanente de promoción del empleo de las personas mayores de 50 años.
Dirigido a los Secretarios de la Mesa Directiva. La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo uno, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a efecto de que instruya al secretario del Trabajo y Previsión Social para que establezca un programa permanente de promoción del empleo de las personas mayores de 50 años, presentada por el diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya al secretario del Trabajo y Previsión Social a efecto de que establezca un programa permanente de promoción al empleo de las personas mayores de 50 años.
Segundo. Se solicita al secretario del Trabajo y Previsión Social que informe sobre las medidas que adopte para la implementación de dicho programa y, una vez establecido el mismo, informe anualmente sobre sus avances a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Con las firmas del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente; del diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; del diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; del diputado Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; y del diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Hay oradores registrados: la diputada Adriana González Furlong, del Partido Acción Nacional, en pro.
La diputada Magdalena Adriana González Furlong: Con su venia, señor Presidente.
El espíritu es correcto y nos parece oportuno apoyar toda iniciativa que pugne por la creación de empleos ya que, efectivamente y por desgracia, las personas no sólo de 60 años o de 50 años enfrentan problemas para encontrar un empleo: se ha visto que personas desde los 40 son víctimas de discriminación y de no ser sujetos de contratación. Sin embargo, estaríamos hablando de dos cosas diferentes:
Uno. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la fracción I del artículo 3º, establece que adulto mayor es la persona que cuenta con 60 años o más de edad.
De igual forma, me parece adecuado comentar que el Gobierno Federal ya lleva a cabo e implementa programas de empleo dirigido a estos adultos mayores. Actualmente, la Secretaría del Trabajo cuenta con una Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo que, a través de la Dirección General de Equidad y Desarrollo Laboral para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Personas con VIH/Sida, llevan a cabo los siguientes programas y actividades:
Proporcionar las herramientas necesarias hacia una nueva perspectiva de vida a las personas adultas mayores, a través de una segunda orientación vocacional, e impulsar las acciones de capacitación para el trabajo y asesoría para la formación de microempresas y autoempleo, organización de talleres de emprendedores de empresas, impulso para la incorporación al trabajo de los adultos mayores, difundir los derechos y obligaciones laborales de las personas adultas con la sociedad en general y entre los sectores empresariales, para implementar su cumplimiento, así como dar a conocer las atribuciones que tiene asignadas la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Organiza talleres sobre la Experiencia sigue dando frutos, promueve y sensibiliza hacia una cultura laboral al sector empresarial y social en general, para que reconozca las capacidades, habilidades y experiencias de las personas adultas mayores para obtener, mejorar y conservar un empleo y con ello elevar su calidad de vida.
Establecer fuentes de trabajo para las personas adultas mayores, que les permitan satisfacer sus necesidades económicas, así como su desarrollo a través del cuidado de los niños y propiciar la cohesión y el fortalecimiento de la familia.
Promover una nueva cultura laboral con el sector empresarial, mediante la motivación y sensibilización para lograr la inclusión laboral de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas que viven con VIH/sida.
Seguimiento de las empresas dispuestas a contratar a esta población a fin de contar con un registro de ofertantes y proceder a la canalización de los mismos. Asimismo, existen acciones como la línea telefónica Chambatel y el boletín de publicación quincenal Mi Chamba.
Por lo que con las precisiones hechas con anterioridad, Acción Nacional votará a favor del presente asunto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No hay más oradores registrados. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se va a dar lectura a un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
"Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita al Órgano Interno de Control de Banobras y a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, inicien investigaciones en contra de Luis Alberto Pazos de la Torre, director general de Banobras, por las supuestas irregularidades en la utilización de recursos públicos para la edición y compra del libro Los jardines secretos de Dios.
Secretarios de la Mesa Directiva
De la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo uno, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo decimocuarto del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Órgano Interno de Control de Banobras inicie una investigación contra Luis Alberto Pazos de la Torre, director general de Banobras, por las irregularidades en la utilización de recursos públicos, para la edición y compra del libro Los jardines secretos de Dios, de su autoría, a la editorial Diana, presentada por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Cámara de Diputados solicita al Órgano Interno de Control de Banobras y a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de sus respectivas atribuciones, inicien investigaciones en contra de Luis Alberto Pazos de la Torre, director general de Banobras, por las supuestas irregularidades en la utilización de recursos públicos para la edición y compra a la editorial Diana del libro de su autoría titulado Los jardines secretos de Dios y, en su caso, se proceda a fincar las responsabilidades correspondientes.
Palacio Legislativo a 16 de febrero de 2005.
Firman en contra el diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política. Y a favor el diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
En votación económica se pregunta...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputada, ¿me permite un segundo? Hay orador registrado, la diputada Malú Mícher Camarena, en pro. Esta Presidencia le respeta el derecho. Luego entonces, tiene el uso de la palabra. Mientras viene a la tribuna, esta Presidencia, y con relación a la ceremonia del natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, una vez hechas las consultas a los grupos parlamentarios, designa a los siguientes legisladores para que asistan en representación de la Cámara: Juan Manuel Dávalos Padilla, Patricia Garduño Morales y María Angélica Díaz del Campo. Adelante, diputada.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:
Nos parece que lo que está sucediendo es alarmante. Es alarmante porque un funcionario público como el señor Luis Pazos de la Torre, quien se ha destacado por escribir distintos artículos, por escribir distintos libros, como por ejemplo Los vividores del Estado, o el artículo "Gasto antipatriota" o el artículo "Derroche gubernamental", donde dice: "Un gran número de ciudadanos, empresarios, comerciantes y profesionales han buscado un puesto público o hacer negocios con el gobierno como el medio más fácil de obtener beneficios".
Pero no solamente habla en este artículo de los vividores del Estado, sino en el artículo "Gasto antipatriota" dice: "La finalidad del gasto público es ayudar a mantener un entorno de justicia, paz, orden y libertad en la sociedad".
Y no sólo en ese artículo, sino en el de "Derroche gubernamental" dice que "la principal causa del constante pedir de los funcionarios es que no es su dinero el que gastan sino el de todos, el del pueblo".
Y ahora resulta que el director de Banobras hace un libro, que ya dijimos cómo se llama, ante editorial Diana, y dice a editorial Diana: "Te voy a comprar de mis libros, para entregárselos al personal de Banobras, con el cual yo trabajo y del cual yo soy jefe, y les voy a entregar un libro –dice textualmente– que los oriente y les ayude en cuestión de superación personal".
Ahora resulta que el director de Banobras es el orientador vocacional del personal de Banobras; el orientador religioso y, además, un hombre que miente.
Ahora sí le digo desde aquí, señor Luis Pazos: no le creemos en contra del uso y del abuso de los funcionarios públicos. Ahora usted es el que ha caído en su propia trampa, abusando del poder, comprando un libro de su propia autoría a la editorial Diana, de la cual usted es miembro del Consejo Editorial; y, además, vanagloriándose de ya no gastar 1 millón de pesos en gastos sino solamente 169 mil pesos.
Esto es lamentable, esto es tráfico de influencias, esto es un absoluto delito porque la ley de responsabilidades de funcionarios públicos dice claramente en su artículo decimotercero: "Todo funcionario público debe excusarse de intervenir en cualquier forma de atención, tramitación o resolución en asuntos de los que tenga interés personal o familiar". Y aquí, señor Pazos, tiene, tiene interés personal porque está recibiendo dinero o regalías. Aunque no lo estuviera haciendo, está comprando a editorial Diana un libro de su propia autoría, en lugar de únicamente podría recomendarle a sus empleados y empleadas que lo leyeran.
Pero no, se dio el lujo de regalárselos, de autocomprar –él siendo el autor– y además de hacer un fraude al interior de Banobras, por lo que les solicito, compañeras y compañeros, que autoricen esta propuesta que hacemos a la Auditoría Superior y al órgano interno de Banobras. Por su atención, muchas gracias. ¡No al desafuero!
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada Mícher. En términos del 122, tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Murat, también para hablar en pro, con lo que se cierra el registro de oradores.
El diputado José Adolfo Murat Macías: El tema que nos ocupa hoy es el tema de este libro, Los jardines secretos de Dios. En el pasado nos habíamos visto obligados a hablar de otro tema también del señor Luis Alberto Pazos de la Torre: sus desviaciones a Provida.
El gran cuestionamiento que tiene mi bancada, y por lo mismo apoyo este punto, es que el señor Luis Pazos, muy respetable, puede hacer con sus creencias y puede creer en lo que él quiera, pero lo que no es posible y tampoco es justo es que use los recursos públicos, los recursos del erario federal para hacer promoción de sus propias creencias.
Este hecho no podemos soslayarlo. Tenemos la obligación, como lo establece la Constitución, de promover la educación laica, pero no andar promoviendo creencias particulares de un mexicano, y mucho menos con recursos públicos.
No es posible que este señor continúe de manera aberrante –porque lo ha seguido haciendo desde que estuvo en este mismo recinto– apoyando sus propias creencias, y esto no es permisible.
Es así de sencillo el punto. La cuestión no son los 162 mil pesos; la cuestión es que él no puede andar promoviendo un culto particular, cuando este país no tiene una religión fija, donde la educación aquí es laica. Así de simple.
No tendría yo que agregar nada más porque es muy claro esto. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo al ciudadano Servando Centella Pérez)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo a los ciudadanos Gerardo Alberto Rivas Orellana, María de Ángel Estrada Reynoso, Carlos Alberto López Torres, Marina del Carmen Encinas Cháirez, Sylvia Érika Montaño, Ciro Moreno Jacobo, Diana Rodríguez Peña, Rosina Bucio Valdivia, Adriana Sánchez Arroyo y Antonio Hernández Castelán.)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Por lo que se refiere a la solicitud de permiso, túrnese a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar sus servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo a los ciudadanos Cecilia Rivera Ramos y Hugo Enrique Onofre González)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Cinco oficios relativos a contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Dos oficios relativos a contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Oficio de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a las comisiones vinculadas con la materia.
Esta Presidencia recibió iniciativa que reforma el artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con relación a todos los días en que deberá izarse a toda asta la Bandera Nacional, suscrita por el señor diputado don Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, por lo que se turna a la Comisión de Gobernación.
En cuanto a la segunda de las iniciativas presentadas por el diputado Jesús Martínez Álvarez, pasa al final del capítulo.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, y adiciona las fracciones XII y XIV al artículo 7º de la Ley General de Educación, para promover el tratamiento del trastorno del déficit de atención e hiperactividad de menores.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores: Nuestra Constitución consagra, en su artículo 4º, la protección de la salud, que tiene entre otras finalidades la de hacer efectivo el derecho a la prevención, control y tratamiento de padecimientos mentales y neurobiológicos que, si bien no son mortales, tienen un impacto en el ámbito psicosocial de los individuos, mismo que puede derivar en consecuencias negativas para su salud.
La salud mental de niños y jóvenes es un tema cuya atención compete al Estado a través de las instituciones públicas dependientes de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública.
Recientes estudios científicos han demostrado que el denominado trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico creciente en nuestro país, que se manifiesta por síntomas de hiperactividad, impulsividad e inatención. Estos síntomas no son causados por factores sociales, económicos, educativos o de ambiente familiar.
Es importante mencionar que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene su inicio típicamente en edades tempranas, antes de los siete años de edad, y produce un impacto en las actividades principales de la vida del niño. Consecuentemente, tanto más temprana se haga la detección de estos padecimientos y se dé el tratamiento o terapia adecuada, mejor desempeño tendrá el niño a lo largo de su vida.
Debe mencionarse que dicho trastorno es un padecimiento cuya regulación compete a las autoridades sanitarias y a las educativas, en estrecha colaboración con los padres de familia y la comunidad médica.
Considerando
1º. Que, como ha quedado expuesto en los antecedentes de este documento, la legislación sanitaria y educativa en vigor contempla de manera genérica la protección y vigilancia de los niños que padecen trastornos mentales de alguna índole, mas no reconoce específicamente el trastorno de déficit de atención e hiperactividad que como se demuestra.
2º. Debe existir una política sanitaria y educativa que establezca los procedimientos específicos a seguir en el tratamiento del citado padecimiento.
3º. Que resulta indispensable reconocer la existencia de éste y otros trastornos del comportamiento tanto en la Ley General de Salud como en la Ley General de Educación, estableciendo los lineamientos generales a seguir en el tratamiento de educandos que padecen dicha enfermedad remitiendo a una norma oficial los aspectos concretos en el tratamiento.
4º. Que debe determinarse la creación de una norma oficial mexicana que detalle los aspectos técnicos específicos para que dicho tratamiento sea el adecuado para cada niño.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar lo siguiente:
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, y se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 7º de la Ley General de Educación, para promover el tratamiento del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en menores.
Por razones de tiempo, les dejo ya el decreto, que ustedes conocen, y lo someto a la consideración de ustedes. Gracias, señor Presidente.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputada Cristina Díaz Salazar; y túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
La siguiente iniciativa se retira a petición del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Por ello, tiene el uso de la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La diputada Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora Presidenta. Con el permiso de las legisladoras y los legisladores presentes:
Presentaremos la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de explotación sexual infantil.
Voy a pedirle que sea usted tan gentil, señora Presidenta, de que nuestra exposición de motivos y nuestra iniciativa íntegra quede en el Diario de los Debates y, por tanto, no voy a mencionar todos los antecedentes de una serie de iniciativas que están en curso en las distintas comisiones en esta materia, tanto en esta soberanía como en el Senado de la República, pero que esta iniciativa que hoy presento va acorde para asegurar una reforma integral en esta materia, que es de una gran preocupación para nuestra nación y para todo el mundo, porque es un debate además que se está dando prácticamente en todos los Congresos de América Latina.
Las consideraciones que quiero utilizar ahora para la presentación de esta reforma se basan en que la teoría del Estado nos impone la consideración de que toda actividad que atenta contra los elementos que dan unidad al Estado nacional debe tener rango eminentemente federal. Tales elementos que la teoría del Estado nos presenta son pueblo, gobierno, territorio, soberanía y orden jurídico fundamental. Todo ataque a estos elementos debe ser de naturaleza federal.
Continuando con la teoría del Estado, el estilo más puro del federalismo en la distribución de sus competencias. Lo derivamos en nuestro artículo 129 constitucional, que señala: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados".
Y es en el artículo 73 que define, que nos presenta que las facultades que tiene conferidas el Congreso de la Unión y de cuyas 30 fracciones advertimos especialmente la 21, en su primer párrafo, que define como facultades del Congreso "establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que para ellos deban imponerse".
Encontramos también en nuestra Constitución, en el artículo 133, respecto de las relaciones internacionales y los tratados emanados de esta relación y que desde luego corresponde necesariamente al gobierno, en nuestro caso federal.
Desde estos tratados hemos dicho en diversas ocasiones desde esta tribuna, de manera muy particular la que se refiera a la protección de los derechos humanos de la niñez, que es la Convención Internacional de Derechos del Niño, que fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 44/21 el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.
La Declaración de los Derechos del Niño y el compromiso, especialmente el compromiso surgido del Congreso Internacional contra la Explotación Sexual de los Menores, reunido en Estocolmo, Suecia, en 1996 y su siguiente, en Yokujama, Japón, en diciembre de 2001, así como una serie de actividades que se han realizado en distintos ámbitos internacionales, como es el de Naciones Unidas, la UNESCO, la OEA, etcétera. Todos estos compromisos internacionales que posteriormente ha venido signando el Senado de la República requieren necesariamente su instrumentación y armonización en nuestro marco jurídico nacional.
Por tanto, nos parece muy importante, de manera muy particular, mencionar lo que define el artículo 34 de la Convención Internacional de Derechos de la Niñez, que dice a la letra: "Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán en particular todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal.
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales.
c) La explotación del niño en espectáculos y materiales pornográficos.
Creo que es muy importante mencionar aquí que los delitos de prostitución, pornografía, lenocinio y trata de personas menores de 18 años de edad o de quienes no tienen capacidad para comprender o resistir el significado del hecho son delitos cometidos contra la génesis de uno de los elementos constitutivos del Estado: el pueblo.
Estos delitos son eminentemente perpetrados por bandas delictivas, organizaciones dedicadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, cuya esfera de acción son interestatal y –en muchísimas ocasiones– también internacional.
Entonces, en concordancia con las reformas que en distintas ocasiones se han propuesto de diversos ordenamientos de nuestro marco jurídico federal, hoy presentamos ante ustedes la que se refiere a la modificación del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que al tenor quedaría como sigue:
Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: ... –vienen las fracciones y en la primera fracción incluimos un inciso n), que dice:– ... n) Los previstos en los artículos 202, 203, 204 y 205 del Código Penal Federal.
Es cuanto, señora Presidenta. Le solicito que turne, si es tan gentil, esta iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a la de Atención a Grupos Vulnerables, que también viene revisando toda esta materia, y con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputada De la Peña Gómez. Y de acuerdo con su solicitud, favor de integrar el texto completo en el Diario de los Debates, turnarlo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Grupos Vulnerables y la Especial de la Niñez, Juventud y Familias.
A continuación, tiene la palabra el compañero diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 49 de la Ley General de la Vida Silvestre.
El diputado Manuel Velasco Coello: Con su permiso, diputada Presidenta.
Compañeras diputadas y diputados: El derecho a ser informado exige necesariamente la obligación de informar. El Estado debe garantizar el derecho a la información, y esta garantía debe traducirse en la imposición de la obligación informativa a cargo de los entes físicos, morales, privados, oficiales, paraestatales o de cualquier otra índole que determine la ley.
Sin dicha obligación estatal, el correlativo derecho sería francamente irrealizable. Si esa obligación de informar se hace gravitar sobre los órganos de comunicación masiva no gubernamentales, radio, prensa y televisión, se provocaría el riesgo de vulnerar las garantías de libre expresión de las ideas que consagran los artículos 6º y 7º de la Constitución, al constreñírseles a proporcionar la información según los criterios que en el ordenamiento reglamentario se prevén, a pretexto de una veracidad tan relativa, que puede interpretarse tan diversa como contradictoriamente.
Por otro lado, si el derecho a la información se contrajera a determinados sujetos físicos o morales o a cierta índole de agrupaciones políticas profesionales, académicas, sindicales o sociales, sin comprender a todos los gobernados, incluso a todos los extranjeros, se violarían los artículos 1º, 6º y 33 de la Constitución, según el principio que enseña que donde la ley no distingue, no se debe distinguir.
El derecho a la información debe versar sobre cualquier materia conforme a la amplitud con que constitucionalmente se establece. Ahí nuevamente debemos estar alerta para evitar la añeja idea de restringir el acceso a la información gubernamental, ya que cómo podríamos hablar de transparencia y acceso a la información gubernamental si se contemplan puntos tan controversiales como sujetos obligados, costos de acceso y, todavía más grave, información reservada.
El derecho a la información es eso y nada más. El artículo 6º constitucional reconoce y acepta ese derecho inalienable, que nos es propio. Debe ser obligación permanente de los gobiernos la entrega precisa, puntual y veraz de la información.
El derecho a la información es garantía constitucional que asegura al pueblo su innegable e irrenunciable derecho a ser informado. Desde aquellos tiempos en que el derecho a la información se adicionó al 6º constitucional y desde que se dio a conocer el propósito de reglamentarlo, se produce un impacto en la sociedad; a tal grado, que el tema no sólo ha sido abordado por periodistas, escritores, académicos y políticos sino también por el hombre no versado en esta materia; y ha sido motivo de discusión en los hogares, en las oficinas, en los centros de enseñanza superior y, ¿por qué no decirlo?, hasta en las reuniones de café ¿Por qué ha sucedido este fenómeno social, por qué ha sucedido este fenómeno social? Simplemente, porque el pueblo intuye que está en juego algo que es inherente al hombre, la libertad, la libertad de expresión, la libertad de la palabra, la libertad por la que han luchado tanto hombres y mujeres, incluso ofrendando su existencia misma, porque la libertad es irrenunciable; es parte vital y básica del ser humano. Sin ella, la existencia no tiene razón de ser.
De aquí la necesidad de conocer la información de interés público que provenga de los órganos de gobierno y de los organismos no gubernamentales. Sin embargo, la protección de la información reservada, protegida, secreta y clasificada otra vez implica una controversia sobre la subjetividad de estas determinaciones. Pero, en fin, es necesario tomar acciones para favorecer el derecho a la información, que los órganos de gobierno den respuesta veraz, documentada en tiempo y forma a las demandas sociales de información que sean requeridas por los sectores de la misma.
Vale la pena realizar cualquier posible acción a favor de la transparencia y acceso a la información gubernamental. El citado derecho ha sido sumamente complejo de instrumentar normativamente, pues el equilibrio entre su ejercicio dentro de un marco de seguridad para México y la observancia de la Constitución es siempre difícil de lograr.
La información disponible para la ciudadanía determina en forma muy importante el tipo de relación entre sociedad y gobierno. El acceso a la información bajo procedimientos claros, precisos y sistemáticos es un aspecto central y, por consiguiente, otorga la posibilidad de que toda persona participe en los asuntos públicos, impulsando así la cultura de transparencia en el servicio público.
Siendo una materia tan delicada y compleja la información, el derecho ha tenido que intervenir para realizar la función que le otorga su razón de existir, procurar justicia. Sin el reconocimiento de este derecho, se puede limitar el tránsito hacia un Estado más democrático, ya que no puede haber un Estado de derecho sin una adecuada protección del derecho de acceso a la información. El reconocimiento y la protección del derecho a la información como garantía política y social de las personas es necesario; implica abrir espacios a los particulares y organizaciones para conocer el desarrollo de las actividades de la autoridad, para plantear sus puntos de vista y participar en la vida política y administrativa de un Estado.
Asimismo, se busca reconocer la obligación de las autoridades para entregar la información requerida de una manera completa y oportuna, estableciendo sanciones para los que actúen de forma contraria. Acceder a la información, pero especialmente a la información generada por el gobierno y poderes públicos, incide en una mejora notable en las decisiones adoptadas por las personas, en las cosas cotidianas, cuyos efectos son visibles en diversos aspectos sociales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:
Artículo 49. En su Sistema Nacional sobre la Vida Silvestre tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nacional y su hábitat, incluida la información relativa de la fracción I a la XI, que queda igual, toda persona tendrá derecho a que la Secretaría ponga a su disposición la información antes señalada, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con excepción de la que sea susceptible de generar derechos de propiedad intelectual.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Velasco Coello. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se encuentran con nosotros aquí, en la sala de sesiones –y les damos la más cordial bienvenida–, catedráticos y estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatepec, del estado de Morelos.
Sean ustedes bienvenidos. Ellos han sido invitados por nuestra compañera diputada Rosalina Mazari Espín.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Los suscritos, diputados federales del H. Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de adición al inciso a) del numeral 1 del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La consolidación de la democracia en México, sin lugar a dudas, está directamente vinculada a las normas electorales, tanto constitucionales como de legislación secundaria, que establecen los procedimientos por medio de los cuales el pueblo de México accede al poder público.
Una característica esencial de la democracia mexicana es que es una democracia representativa, en la que si bien es cierto el pueblo es el titular de la soberanía, la función de gobierno y titularidad se ejerce por medio de las personas que resultan electas como titulares de los órganos del poder público.
Durante todo el siglo XX se realizaron importantes esfuerzos para hacer que la voz de las oposiciones se escuchara en las Cámaras del Congreso. Desde 1929, con la formación del Partido Nacional Revolucionario, hasta 1963, con la creación de los diputados de partido, prácticamente la totalidad de los integrantes del Congreso eran miembros de un mismo partido.
El mérito de la reforma al artículo 54 constitucional de 1963 es que permite que en la Cámara de Diputados se expresen los ciudadanos, por medio de la emisión de su voto, a favor de otras opciones políticas.
La reforma del artículo 54 constitucional señalaba en su fracción I que todo partido político nacional, al obtener el 2.5 por ciento de la votación total en el país en la elección respectiva, tendrá derecho a que se acrediten de sus candidatos a 5 diputados y a 1 más, hasta 20 como máximo, por cada medio por ciento más de votos emitidos.
De lo anterior se desprende que el primer requisito para la obtención de este equipo de diputados era obtener al menos el 2.5 por ciento de la votación total en el país, y que el máximo de los diputados que se podrían tener por ese principio era de 20 diputados.
Paradójicamente, y no obstante esta apertura hacia las oposiciones para acceder a las Cámaras del Congreso, esta reforma se aplica en las etapas más duras del autoritarismo gubernamental, que se dio en el sexenio del Presidente Díaz Ordaz. En la administración del Presidente López Portillo se da inicio al proceso conocido como "reforma política", en el que fue modificado nuevamente el artículo 54 constitucional y en el que, a diferencia de las dos reformas constitucionales antes citadas, se establece un número fijo de diputados denominados "de representación proporcional", a la que los partidos políticos minoritarios podrían acceder, siendo este número de 100.
El requisito para acceder a esos diputados se consignó en la fracción II del artículo 54 y se exigía no haber obtenido 60 o más constancias de mayoría ni tener al menos el 1 por ciento del total de la votación emitida para todas las listas regionales en las circunscripciones plurinominales.
Bajo la gestión del Presidente Miguel de la Madrid se reformó nuevamente el artículo 54 constitucional. El propósito central de esta reforma es aumentar a 200 el número de diputados de representación proporcional, y manteniendo el requisito de obtener por lo menos el 1.5 por ciento del total de la votación emitida en las cinco circunscripciones.
Las reformas de 1990 y de 1993 mantienen el número de diputados de representación proporcional en 200, y el porcentaje de votación necesaria para acceder a los mismos era el 1.5 por ciento de la votación.
Ahora bien, la última reforma del artículo 54 fue la de 1996, en la que se mantiene el número de 200 diputados de representación proporcional, sólo que se aumenta el porcentaje de votación necesario para tener derecho a diputados, y fue el 2 por ciento.
Compañeras y compañeros legisladores: es necesario seguir consolidando el marco de la representación proporcional y que, efectivamente, el número de diputados con los que cada partido cuente esté en relación directa con los votos obtenidos. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone en la presente iniciativa que haya una primera ronda de distribución de los 200 diputados de representación proporcional, en la que los partidos políticos que tengan el 2 por ciento de la votación y hasta el 5 por ciento de la votación misma se distribuyan las diputaciones, que posteriormente quienes tengan un porcentaje de votación superior al 5 por ciento se distribuyan las diputaciones restantes en una segunda etapa.
Asimismo, con esta propuesta se busca encontrar una relación más certera entre el porcentaje de votación obtenida por un partido político y el número de diputados con los que cuenta en esta Cámara. Se pretende evitar distorsiones y sobrerrepresentaciones que derivan de una ficción legal. En esencia, proponemos una relación directa entre el porcentaje de votación y el porcentaje de diputados con los que cada partido cuenta en esta Cámara.
Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de adiciones al inciso a) del numeral 1 del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se adiciona un inciso a), corriéndose en su orden el actual inciso a), para pasar a ser el inciso b), y el inciso b) pasa a ser el inciso c) del numeral 1 del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 13, inciso a). "A los partidos políticos que hayan obtenido del 2 al 5% de la votación nacional emitida se les asignará una cantidad de diputados de representación proporcional de acuerdo con una fórmula de proporcionalidad pura, tomando como base del cálculo de los 500 diputados que integran el total de la Cámara de Diputados. A los partidos políticos que hayan obtenido más del 5% de la votación nacional emitida se les asignará el resto de los diputados de representación proporcional conforme al procedimiento que a continuación se señala
"b) Coeficiente natural
"c) Resto mayor
Transitorio
"Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero del año 2005, y firman los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Diputada Presidenta: hago entrega a la Secretaría de la iniciativa presentada y le solicito que la misma sea debidamente insertada en la Gaceta Parlamentaria y en su integridad en el Diario de los Debates. Y es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Vázquez González. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Gobernación.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a coaliciones electorales y candidaturas comunes.
El diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez: Con su permiso, compañera Presidenta. Compañeras y compañeros:
Quiero llamar la atención de todos ustedes, y en forma muy particular a la Comisión Especial para la Reforma del Estado y a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Recordemos que el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las leyes electorales, federal y locales, deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Este mandato constitucional significa que el Congreso, este Congreso, cuenta con el presente periodo ordinario de sesiones para poder conocer, discutir y dictaminar y votar las reformas legales que, por su naturaleza e impacto en el proceso electoral del año 2006, deben considerarse como fundamentales.
Nuestro partido ha insistido y ha presentado de manera permanente diversas iniciativas tendentes a mejorar el actual Cofipe, que fue en su momento un instrumento que sirvió para regular los procesos electorales. Y hoy estamos viendo cómo estos vacíos legales propician que los órganos electorales legislen como lo hace en ocasiones el IFE y, en muchas otras, el propio Tribunal Federal Electoral.
En ese marco de premura, el grupo parlamentario de Convergencia propondrá a la consideración de esta soberanía las iniciativas de reforma electoral que, en nuestra opinión, son ineludibles para garantizar que la renovación completa de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que llena la agenda electoral de 2006, se rija por normas actualizadas que garanticen la profundización del proceso democrático y alejen los peligros de la ilegitimidad, de la ingobernabilidad, el abstencionismo y la polarización política permanente.
De dejar las cosas como van, no existe la menor duda de que estos hechos a que hago referencia se presentaran en el año 2006.
Convergencia estima de la mayor prioridad política nacional que esta Cámara de Diputados y la Colegisladora asuman la agenda de cambios en materia electoral, que ya han acreditado su urgencia y entre las que se cuentan como ausencias notables la nueva normatividad para la regulación de medios de comunicación electrónicos en el proceso electoral, nuevas normas de financiamiento, transparencia y rendición de cuentas de partidos y candidatos, los nuevos mandatos legales que obliguen a la democratización de la vida interna de los partidos políticos y a la regulación de las precampañas.
Siguen ausentes las regulaciones de ley que acaben con la opacidad en la elección de dirigentes partidarios y normen de modo universal los ahora conflictivos procesos de postulación de candidatos. Falta y es urgente encarar la reforma que acorte la duración de las campañas y la que permita la compactación del calendario nacional de elecciones. Falta normar, haciendo obligatorios, los debates en las campañas presidenciales. Falta legislar, cancelando incluso, candidaturas o registros partidarios en sanción a la violación reiterada de los topes de campaña. También falta reformar la ley para hacer de las coaliciones electorales un mecanismo de formación de bloques estables, de gobernabilidad y de coherencia legislativa. Falta el establecimiento de normas para permitir y regular las candidaturas comunes, que hoy no existen. A estos dos temas, y en esa ocasión precisamente, coaliciones y candidaturas comunes, se refiere la iniciativa que hoy ponemos a la discusión y examen de esta Legislatura.
Lo que nuestra iniciativa pone a debate es la conveniencia de normar las coaliciones como pactos políticos duraderos que deben abarcar la totalidad de las candidaturas y estar sujetos a compromisos de carácter programático. Proponemos que la ley defina, como contenido esencial de una coalición, el compromiso de los partidos políticos de encontrar las coincidencias de una plataforma de gobierno compartido que define objetivos, mecanismos y que incluye un convenio de configuración del Poder Ejecutivo, en el que se transparentan ante los electores las formas que tomará la responsabilidad compartida del gobierno.
En el caso de las coaliciones para postular candidatos a legisladores, ya sea para senadores o diputados, se propone como contenido esencial la elaboración de una plataforma legislativa común, pero que sea obligatoria, de resultar electo como candidato, como legislador de coalición. En consecuencia, se propone derogar las disposiciones que ahora permiten lo que se conoce como "coaliciones parciales", buscando obligar a los partidos que negocien y convengan programas de gobierno con carácter de mandato vinculatorio para el Ejecutivo y los legisladores así electos.
En resumen, se subordina el procedimiento electoral a su contenido duradero y de gobierno de legislación; se privilegia la gobernabilidad al colocar los incentivos de la coalición en la coincidencia de largo plazo, por encima de la coyuntura en el proceso electoral. La iniciativa introduce la nueva figura de candidaturas comunes y las define como un mecanismo en que los partidos coinciden en postular un número delimitado a candidatos a senadores y diputados, exclusivamente por el principio de mayoría relativa.
Es decir, al postular el mismo candidato por separado, los partidos se obligan a sumar fuerzas reales, mejorando la calidad de nuestros candidatos, pues en todo momento se conserva la transparencia de la votación de cada partido, con las correspondientes consecuencias en la asignación de legisladores de representación proporcional.
Lo que aquí se busca, compañeras y compañeros, es evitar que un partido esconda sus debilidades en las fortalezas relativas de otro. Al trasladar el centro de gravedad a la calidad de las candidaturas, se favorece la participación de candidatos de la sociedad civil, de figuras cívicas de consenso, adicionando un elemento importante en el cambio democrático.
Desde luego, a Convergencia le parece que esta figura de candidaturas comunes es complementaria, desde luego, a la figura renovada de las coaliciones, dotadas éstas de contenidos programáticos y alianzas duraderas para gobernar y para legislar con plataformas horizontales.
La iniciativa regula y modifica diversos artículos del actual Cofipe. En suma, están todas ellas publicadas en la Gaceta Parlamentaria con todo detalle, pero lo que se pretende, en suma, es seguir avanzando en la democratización de nuestro país, fijando reglas claras que permitan a los partidos y a los electores mayor transparencia, un mayor compromiso de gobernabilidad y un mayor compromiso dentro del Poder Legislativo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Martínez Álvarez. Turnarlo a la Comisión de Gobernación.
A continuación, tiene la palabra el compañero diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Francisco Herrera León: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
El Estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y servicios que induzcan el respeto a la legalidad. Éste es el texto plasmado en el artículo 3º de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una ley que nace con grandes expectativas, como consecuencia de la importante reforma del artículo 21 de nuestra Constitución Política en 1994, con el espíritu de una real de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.
Sin embargo, es inconcebible que, existiendo un marco legal adecuado en materia de seguridad, el Gobierno Federal otorgue recursos de muy poca manera para ponerlos en práctica, enviando con esto un mensaje a la sociedad de que la ley es una simulación y que en realidad se carece de voluntad política para prevenir el delito.
Infinidad de veces hemos escuchado grandes discursos proponiendo políticas de seguridad pública que la mayoría de las ocasiones han resultado ineficaces, pero que han consumido cuantiosos recursos del Presupuesto. Y esto se debe a que el Gobierno Federal –y, tenemos que reconocer, los estatales– necesita voltear la atención a la célula política más importante del país; es decir, los municipios, en materia de seguridad pública.
Los municipios en nuestro país vienen acusando los efectos de una política central, supeditados a decisiones y diagnósticos erróneos de carácter financiero emanados de los órganos federales y de las entidades federativas que han impedido su funcionamiento autónomo y libre. De un diagnóstico también erróneo sólo pueden provenir estrategias erróneas.
Desde el Gobierno Federal se habla de programas de capacitación de los cuerpos policiacos, de mayores recursos a los estados para el combate de la inseguridad. Sin embargo, estos recursos son canalizados a los municipios después de una ardua peregrinación de los alcaldes por infinidad de dependencias gubernamentales, de donde, si salen bien librados, les alcanzará para pagar la nómina de elementos mal equipados.
Si queremos resultados, no podemos suponer que con la sola moralización de los policías se garantizará la seguridad pública. Sería caer en el error de la ingenuidad.
Podemos tener corporaciones policiacas decentes pero ineficaces si éstas no se modernizan y cuentan con recursos suficientes para desarrollar sus métodos de operación.
Así, hemos descuidado la prevención del delito. Por ello llegamos tarde a esta responsabilidad de tutela social. Nuestro compromiso debe ser evitar la comisión de ilícitos. Siempre será mejor proteger a los ciudadanos que perseguir delincuentes. Cuando el Ministerio Público actúa, es porque las áreas de prevención han fallado, convirtiéndose en una doble falla: cuando el Estado, al no poder evitar la realización del delito, posteriormente no sanciona a los responsables.
Actualmente, en nuestro país existen 2 mil 418 municipios y, dadas la diversidad demográfica y lejanía de algunos, resulta difícil para las corporaciones policiacas preventivas, federales y estatales, tener presencia permanentemente en todos y en cada uno.
Por tanto, en esta materia tenemos varias tareas por delante. Y una de ellas es canalizar eficazmente los recursos para seguridad pública, contemplando en la Ley de Coordinación Fiscal que los gobiernos estatales entreguen también a los municipios, sin demora alguna, las partidas necesarias para sus tareas de seguridad pública, con base en los criterios de los consejos estatales, tomando en cuenta lo apartado de las comunidades y su dispersión poblacional.
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal
Artículo Único. Se adiciona un párrafo quinto y se reforma el último párrafo al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 44. Los estados, bajo los términos de este artículo, entregarán a los municipios, con base en los criterios que los consejos estatales de seguridad pública determinen, a propuesta de los secretarios de Seguridad Pública respectivos, mediante solicitud de cada municipio, los recursos necesarios para la tarea de seguridad pública.
Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Compañera Presidenta: le ruego se inserte el texto íntegro en el Diario de Debates; y le solicito que sea turnado a las Comisiones de Seguridad Pública, de Hacienda, y de Presupuesto. Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Herrera. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de insertarlo íntegro en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Hacienda y Crédito Pública, y a la Comisión de Presupuesto.
A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para que en dicho ordenamiento jurídico se enuncien las delegaciones en las cuales se divide esta entidad federativa.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia:
Vale hacer mención que el Distrito Federal está sujeto en principio a los poderes federales. Durante muchos años, los ciudadanos estuvieron privados del derecho de elegir sus propias autoridades. Pero en años recientes ha habido avances significativos que se han concretado en el actual régimen político consagrado en el artículo 122 constitucional.
El primer gran paso para la democratización de la ciudad se dio en 1986, con la creación de la entonces Asamblea de Representantes, resultado de demandas inaplazables y de una consulta abierta a los diversos sectores políticos y sociales.
En 1993 se dio un reconocimiento limitado tanto de los derechos políticos como de la autonomía del gobierno del Distrito Federal, otorgándose a la Asamblea facultades específicas y limitándose la facultad presidencial de nombrar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, en razón de la mayoría obtenida electoralmente en la Asamblea.
En 1996 se concedieron mayores facultades a la Asamblea Legislativa y se reconoció el derecho de los ciudadanos de elegir por primera vez mediante voto directo al jefe de Gobierno del Distrito Federal. Se crearon asimismo los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales integrados de elección popular.
En el transcurso de este proceso, la Suprema Corte ha venido en diversas ejecutorias reiterando el carácter del Distrito Federal como entidad federativa, con un estatus particular, su existencia como un orden jurídico identificado junto al de la Federación y los estados en el conjunto del Estado Federal Mexicano y el carácter de órgano que tiene su Asamblea, su jefe de Gobierno e incluso las demarcaciones políticas territoriales, que son las delegaciones.
Pero el proceso no ha concluido: aún falta un largo recorrido para concretar la reforma política para la ciudad. Esta iniciativa pretende ser un paso sustancial en el proceso de democratización plena del ámbito local del gobierno de la capital, pues en la medida en que el marco jurídico que regula esta entidad se semeje más al marco jurídico de la mayoría de los estados, habremos de acercarnos más al modelo municipal, que es la base de la organización territorial y política del resto de las entidades federativas.
Y es que, haciendo un ejercicio de derecho comparado, observamos que en México 21 entidades federativas enuncian en sus Constituciones estatales los municipios en que está dividido su territorio. Es decir, sólo 10 Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal no mencionan la división territorial; lo hacen en una ley secundaria.
Parece lógico que las Constituciones locales enuncien los municipios en que se dividen sus territorios, tal como sucede en el artículo 43 de la Constitución Política, en el que se enuncian las partes integrantes de la Federación, y más aún si consideramos que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados.
Es decir, el establecimiento de los municipios en que ha de dividirse una entidad integrante de la Federación implica el reconocimiento explícito del municipio como el ámbito gubernamental y de organización social más cercano a la comunidad, más palpable a la realidad y, en esencia, más canalizador y resolutivo de las demandas de los ciudadanos.
Por eso se considera necesario que el Estatuto de Gobierno enuncie las delegaciones en que se divide esta entidad, reconociendo de esta forma el carácter sustantivo de representación democrática y de acción de gobierno que corresponde a cada una de las delegaciones políticas.
Por lo que hace a la división en concreto de la delegación Gustavo A. Madero, para conformar tres delegaciones en su actual territorio, vale hacer mención de que esta demarcación actualmente tiene una superficie de 8 mil 662 hectáreas, que representan 5.8 por ciento del área total del Distrito Federal y 13.4 por ciento del suelo de conservación de esta ciudad.
Aproximadamente, mil 266 hectáreas es suelo de conservación; es decir, 14 por ciento del territorio delegacional. La zona urbanizada comprende 7 mil 623 manzanas, divida en 10 subdelegaciones, formadas por 194 colonias, de las cuales 6 son asentamientos irregulares, 34 son unidades habitacionales que –por su magnitud– se consideran como colonias, y 165 son barrios y fraccionamientos.
La evolución de la delegación Gustavo A. Madero se determina por su crecimiento poblacional y se define a partir de hechos políticos, económicos y sociales. Su densidad de población dificulta la integración de sus habitantes con la autoridad delegacional, lo que facilita la congestión en los medios de contacto entre unos y otros.
Las necesidades de tal concentración humana requieren para su atención un elevado presupuesto, cuyo manejo es complejo y ha dado pie a fallas de control, tanto en el lado financiero como en el lado de la verificación física de las obras y la provisión de los servicios.
En Gustavo A. Madero, por su situación geográfica, no se ha desarrollado entre los ciudadanos un sentido de pertenencia, salvo cuando sufren carencias que deben ser atendidas por las autoridades.
Consecuentemente, las personas que habitan en un extremo de la delegación no sienten identificación alguna con quienes habitan en el otro extremo; contrariamente a lo que se observa en otras delegaciones, donde sus habitantes comparten y consideran comunes ciertos espacios, ya sea por motivos comerciales, políticos, de tránsito, culturales o hasta religiosos.
En Gustavo A. Madero no es así, a no ser por la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, este espacio de identificación común obedece más bien a una identificación nacional que, consecuentemente, los habitantes comparten.
De ahí la propuesta de dividir en tres esta delegación, pues dicha división conllevaría a la conformación de áreas de tamaño de población similar, con un elemento de identificación común de tipo vecinal, cultural, socioeconómico, comercial, político y de tránsito.
Estas demarcaciones serían una en el centro de la delegación, en donde se encuentra la Basílica de Guadalupe, y que se denominaría Villa de Guadalupe Hidalgo; una al oriente de la actual delegación, en donde predomina la unidad San Juan de Aragón y que se llamaría San Juan de Aragón; y una última, al norte de la actual delegación, cuyo contorno está fundamentalmente dado por la sierra de Guadalupe y que se denominaría Gustavo A. Madero.
En el caso de Iztapalapa, también se propone dividirla en tres delegaciones. De acuerdo con el Censo de Población en 2000, Iztapalapa contaba con 1 millón 773 mil 342 habitantes, que representan más de 20 por ciento del total de la población del Distrito Federal.
La constitución demográfica de la demarcación es distinta en tres zonas de la delegación: la del poniente se caracteriza porque sus pobladores cuentan con un nivel socioeconómico y con un nivel educativo superior inclusive al de la media nacional. El nororiente se caracteriza por tener una zona industrial colindante con el estado de México y sus habitantes tienen un promedio de nivel socioeconómico medio-bajo o bajo en cuanto a servicios. Finalmente, la del oriente, que colinda con Tláhuac, se caracteriza por tener grandes zonas de invasiones, sobre todo a lo largo de la sierra de Santa Catarina, y porque la gran mayoría de sus pobladores no son oriundos de Iztapalapa sino del interior de la República.
Dicha división demográfica y geográfica sería la base de la creación de las tres nuevas delegaciones. La del poniente de la actual delegación se llamaría Fuego Nuevo, la del nororiente de la actual delegación se denominaría Iztapalapa y la del oriente sería la delegación Santa Catarina.
Finalmente, la presente iniciativa establece que será la ley secundaria la que habrá de especificar los límites territoriales de cada una de las delegaciones de reciente creación y que la Asamblea Legislativa podrá proponer la creación de nuevas delegaciones o modificar el territorio de las actuales.
En virtud de lo expresado, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento a esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para que se enuncien en dicho ordenamiento las delegaciones en las cuales habrá de dividirse esta entidad federativa. El proyecto de decreto es un
Artículo Único. Se reforma el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 104. La administración pública del Distrito Federal contará con un órgano político-administrativo en cada demarcación territorial. Las delegaciones en las que se divide el Distrito Federal son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Fuego Nuevo, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, San Juan de Aragón, Santa Catarina, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Villa de Guadalupe Hidalgo y Xochimilco.
La ley establecerá los límites geográficos de cada una de las delegaciones. La Asamblea Legislativa podrá proponer la creación de nuevas delegaciones o modificar el territorio de las actuales.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Triana Tena. Favor de turnar esta iniciativa a la Comisión del Distrito Federal.
Se encuentran con nosotros en la sala de sesiones compañeros invitados especiales del municipio de Huauchinango, Puebla, quienes fueron invitados a acompañarnos aquí, al recinto. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Ellos han sido invitados por el compañero diputado René Meza Cabrera.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera Martha Lucía Mícher Camarena para presentar iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Salud, en materia de salud sexual y reproductiva, suscrita por las diputadas Martha Lucía Mícher Camarena y la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: a finales del siglo XX y principios del siglo XXI hemos sido testigos, testigas del progresivo reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos en el orden jurídico nacional y en el orden jurídico internacional.
Sin embargo, la legislación sanitaria de nuestro país no ha sido adecuada a esta nueva realidad. La regulación de la atención a la salud sexual y reproductiva que contiene actualmente la Ley General de Salud incluye la caracterización de la mujer exclusivamente en su rol reproductivo, ya que la única ocasión en que tal ordenamiento legal hace referencia expresa y específica a la mujer es al regular la atención materno-infantil, señalando que ésta comprende, entre otras acciones, la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, cuando es evidente que la problemática que presenta la salud reproductiva de las mujeres excede la que conlleva a la procreación.
De igual manera, la Ley General de Salud no regula de forma específica la atención de la salud sexual, haciendo tan sólo referencia a la educación sexual en el apartado relativo a la planificación familiar.
Con esto se permite la reiteración de prácticas sociales que socavan su protección, reproduciendo su ancestral caracterización del ejercicio de la sexualidad como un mero medio para la reproducción de los seres humanos.
El pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales de las personas implica que estos derechos no sólo deban ser vistos como límites negativos para el Estado o los particulares, sino que también deben ser considerados en el ejercicio de las políticas públicas. Su ausencia debe ser asumida como un incumplimiento de estos derechos.
La relación entre la sexualidad y la procreación, desde la perspectiva de los derechos humanos, implica reconocer que el ejercicio de la sexualidad deje de ser subordinado a la finalidad procreativa y que la reproducción deje de ser caracterizada como una consecuencia obligada del ejercicio de la sexualidad.
Las carencias legislativas en la materia provocan también deficiencias en la atención y en la solución de graves problemas de salud pública.
Por ejemplo, el aborto y sus complicaciones representan la cuarta causa de muerte materno-infantil. Cada año ocurren 51.4 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes.
Las omisiones legislativas provocan que las interrupciones del embarazo permitidas por la ley no se realicen en condiciones idóneas y, por ende, se pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad de las mujeres, al tener que recurrir a la práctica del aborto clandestino, inseguro e insalubre.
En México se han reportado desde 1993 casi 70 mil casos de sida. El 92 por ciento de los contagios fue por transmisión sexual. El sida ha causado en nuestro país casi 40 mil muertes en población fundamentalmente en edad reproductiva.
En 2003, la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes fue de 4.8 y la prevalencia en la población de 15 a 24 años es de 3.5 casos por 100 mil habitantes.
Del total de los casos, el 85 por ciento son hombres; y de este universo 80 por ciento se refiere a hombres que tienen sexo con hombres.
Según cálculos de Censida, existen en México aproximadamente 650 mil hombres que tienen sexo con hombres y de ellos 101 mil padecerían VIH/sida.
Según datos oficiales, el promedio de edad nacional de inicio de la vida sexual son los 16 años y 8 de cada 10 mujeres entre 15 y 19 años tuvieron su primera relación sexual sin protección.
Debido a ello, en esta iniciativa se propone la adición a la Ley General de Salud del correspondiente capítulo referente a la salud sexual y reproductiva, describiendo los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos, sociales y privados que son aplicables en el ámbito sanitario y haciendo explícito el contenido de los servicios que el Estado debe brindar de manera obligatoria. Las modificaciones y adiciones más relevantes que contiene la iniciativa son las siguientes:
Se consideran materia de salubridad general: la salud sexual y reproductiva; los servicios de planificación familiar y anticoncepción; y la salud de las niñas y los niños de manera gratuita.
Se sustituye el capítulo de atención materno-infantil por el capítulo de salud sexual y reproductiva.
La salud sexual y reproductiva comprende la salud sexual, la salud materno-perinatal, la salud de las personas adolescentes, los servicios de planificación familiar y anticoncepción, y la prevención, detección y tratamiento de cáncer de los órganos reproductivos.
Los programas para la atención de la salud sexual y reproductiva estarán enfocados a satisfacer las necesidades particulares de los grupos poblacionales específicos por género, edad y orientación sexual.
Explícitamente, se reconoce el derecho de las y los adolescentes a recibir servicios de salud sexual y reproductiva otorgando relevancia jurídica a su voluntad. Se reconoce la prevalencia del principio de interés superior de los menores en caso de conflicto entre sus necesidades en materia de salud sexual y reproductiva y las creencias de sus padres o tutores.
En materia de salud materno-perinatal, la atención de la mujer comprende el embarazo, el aborto espontáneo o incompleto, la interrupción del embarazo en los supuestos autorizados por la legislación penal, el parto y el puerperio.
Se establece la obligatoriedad de las instituciones públicas de salud de prestar gratuitamente los servicios de interrupción legal del embarazo en los supuestos autorizados por la ley.
En el caso de la interrupción legal del embarazo, se reconoce la objeción de conciencia, salvo que esté en peligro la vida o la salud de la mujer. Ésa será a título individual y no institucional, por lo que las instituciones públicas de salud tendrán la obligación de garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de médicos no objetores.
Se reconoce el derecho de las personas usuarias de servicios de planificación familiar de beneficiarse del progreso científico y tecnológico en la materia.
Se reconoce la obligación del Estado de suministrar todos los métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente.
En los servicios de planificación y anticoncepción se entenderá que el embarazo comienza con la implantación del embrión, por lo que son considerados métodos anticonceptivos todos los que actúen antes de que tenga lugar la implantación.
Se regulan expresamente los servicios de salud para las niñas y los niños. En la plataforma de Beijing, en la Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, documento que México suscribió, firmó y ha ratificado en Beijing +5 y ahora seguramente en Beijing +10, dice: "Reforzar las leyes, reformar las instituciones y promover normas y prácticas que eliminen la discriminación contra las mujeres es un lineamiento obligatorio de todos los Estados. Reconocer que los derechos de las personas están por encima de las creencias es la base conceptual del Estado laico mexicano".
Señora Presidenta: solicito a usted que se publique el texto íntegro de esta iniciativa, que entregaré en el Diario de Debates, y le solicito también que se turne a las Comisiones Unidas de Salud, y de Equidad y Género. Por su atención, muchas gracias. ¡No al desafuero! ¡Sí a la esperanza! Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Mícher Camarena. De acuerdo con su solicitud, favor de insertar el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates y turnarlo a las Comisiones Unidas de Salud, y de Equidad y Género.
El diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó a esta Presidencia iniciativa que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal. Favor de turnarla a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A continuación, tiene la palabra nuestro compañero diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
El diputado Jorge Uscanga Escobar: Con su permiso, ciudadana Presidenta:
El suscrito, diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso, me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El tema de los custodios y personal que laboran en los penales federales de máxima seguridad se ha vuelto prioritario en la agenda de seguridad pública nacional. Los hechos recientes son contundentes, empezando con los homicidios de Miguel Ángel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, y Arturo Guzmán Loera, El Pollo, por los cuales más de 50 custodios del penal de La Palma están sujetos a investigación.
Por otro lado, está el asesinato de seis personas que laboraban en la cárcel de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.
El pasado 14 de enero cerca de un millar de soldados y agentes federales tomaron el control de La Palma y se inició una serie de operativos en las demás cárceles de máxima seguridad del país, con el fin de restablecer el control y el orden. El secretario de Seguridad Pública federal anunció que después de cesar a 105 custodios, un nuevo grupo de agentes resguardaría los penales federales, reemplazando en los próximos meses a la totalidad de los empleados de La Palma.
Estos acontecimientos han dejado al descubierto la vulnerabilidad de los penales de máxima seguridad del país, así como la falta de atención que el Gobierno Federal ha dado al papel del personal que labora dentro del proceso de readaptación social de los reos.
No es casual que los custodios tengan vínculos, ya sea por temor o por corrupción, con la delincuencia organizada, pues todos sabemos que sus sueldos son bajos, que la capacitación y evaluación que deberían recibir no son otorgadas y que las garantías de seguridad social son escasas y a veces nulas.
Por otra parte, es importante señalar que la proporción entre el número de custodios y reclusos en penales de máxima seguridad varía a lo largo del mundo. Sin embargo, mientras en México en casos extremos la proporción llega a ser de 1 custodio por cada 30 reclusos, en algunos países hay un guardia por cada preso.
En La Palma, en uno de los tres turnos que hay, los 562 reos llegan a estar a cargo de sólo 75 guardias. La colonia Islas Marías tiene una población aproximada de 630 internos, cuidados por 32 custodios.
En Argentina, por ejemplo, existen tres cárceles federales de máxima seguridad, dos de las cuales tienen una proporción de dos presos por cada custodio y la tercera de ellas tiene una proporción de 1.5 presos por agente.
Bolivia tiene una sola cárcel de máxima seguridad, en donde hay un carcelero por recluso. Cabe señalar que Bolivia carece de una guardia penitenciaria especializada; sin embargo, todos los oficiales están obligados a trabajar por lo menos una vez a lo largo de un año en una de las cárceles del país, además de cursar tres años en la Escuela Superior de Policía.
En Francia no existen cárceles de alta seguridad. Los penales se dividen entre los que albergan detenidos que cumplen penas largas y los de rápida reinserción. La proporción entre guardias y detenidos en las cárceles francesas es de 39 guardias por cada 100 detenidos. El proceso de selección de custodios se basa en un examen de admisión y ocho meses de capacitación en la Escuela Nacional de Administración Penitenciaria y de Prácticas Penales. Al término del curso se practica otro examen.
Éstos son tan sólo unos ejemplos del gran rezago que existe en materia de capacitación, actualización y evaluación de los custodios en México.
El 12 de octubre pasado, el secretario de Seguridad Pública federal dio a conocer ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados la creación de un plan para depurar el cuerpo de custodios y aumentar la plantilla, pues admitió que el personal era insuficiente.
De acuerdo con la convocatoria de reclutamiento que se emitió, la recepción de solicitudes se cerró el pasado 13 de diciembre y el curso iniciaría el 17 de enero, pero no hubo aspirantes suficientes y el curso se canceló, quedando en emitir nuevamente la convocatoria más adelante.
La escasez de custodios y la falta de interés en ingresar deben considerarse focos rojos en materia de readaptación social.
El equipo de custodios federal está descuidado y olvidado. Se contrata gente que no está capacitada en materia de prevención y readaptación o, peor aún, personas que cuentan con antecedentes penales. Las acciones deben implementarse ya, de inmediato.
Mediante esta reforma que presento el día de hoy se busca que si bien es cierto el personal penitenciario para ingresar a laborar cumplió en su momento los requisitos que establece el artículo 4º de la Ley de Normas Mínimas de Readaptación, como son la vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales, es necesario valorar por medio de procedimientos especializados con carácter de obligatorios y periódicos si éstos siguen cumpliendo estos requisitos; de lo contrario, no podrán continuar con el desempeño de su encargo.
Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la consideración del Pleno la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto
Único. Se adiciona un segundo párrafo del artículo 5º de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:
Artículo 5º. Los miembros del personal penitenciario quedan obligados a sujetarse a procedimientos de evaluación, los cuales determinarán si siguen cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 4º de esta ley, a efecto de continuar en el desempeño de su encargo.
Estas evaluaciones se realizarán por lo menos cada seis meses.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, ciudadana Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Jorge Uscanga Aguilar. Favor de turnar la iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública.
A continuación, tiene la palabra nuestro compañero diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El diputado Jaime del Conde Ugarte: Con su permiso, diputada Presidenta. No puedo negar que en nuestro país la aplicación actual del derecho para la solución de controversias pasa por muchos formulismos que retardan la decisión judicial, lo que provoca de manera general gran falta de confianza en la administración de justicia, independientemente del elevado costo económico que generan dichos procedimientos jurisdiccionales.
Por ello es indiscutible que en la época actual se requiere un derecho que penetre en forma más efectiva en todas y cada una de las áreas de la vida social. Debe haber y otorgarse seguridad jurídica con la misma velocidad que se presentan los fenómenos sociales. Se requiere un derecho que sea más capaz, más humano, más justo; un derecho que no segregue sino que, por el contrario, se reintegre, que tenga mayor capacidad en la solución de controversias y que, de esta forma, pueda establecer un clima de tranquilidad y confianza en la ciudadanía.
Sabemos que el ciudadano no puede concebir que para la solución de un problema humano que se lleva hasta los tribunales deban transcurrir uno o varios años para llegar a la solución formal de dicho conflicto.
Tampoco puede entender cómo los procesos judiciales deben ser manejados por personas diferentes de ellas mismas. Me refiero a la necesidad de contratar a un abogado para que patrocine o represente al sujeto real del problema jurídico, situación que se traduce en la necesidad de contratar un profesional competente y sagaz, pero incuestionablemente con el alto costo económico que esto significa.
Es difícil reflexionar por qué la fórmula jurídica, sus procedimientos y sus decisiones sólo toman en cuenta el aspecto material y externo de la vivencia humana, olvidando o haciendo a un lado el aspecto intelectual y, sobre todo, emocional.
En consecuencia, nace la urgente y real necesidad de encontrar otros métodos de solución de controversias con ventajas para que el sistema judicial sobrecargado y para los ciudadanos comunes que no tienen acceso al mismo o que por distintos motivos no pueden sobrellevar la pesada carga que impone un juicio. De tal suerte, todos estos argumentos nos permiten observar y afirmar categóricamente que el derecho no está respondiendo de manera suficiente a las necesidades de la sociedad actual, situación por la cual es menester la construcción de nuevas alternativas que nos ayuden a revertir el proceso de percepción social sobre la insuficiencia del derecho y de las instituciones que tienen relación con la procuración y administración de justicia.
El procedimiento que se propone en la presente iniciativa buscará en el menor tiempo posible la terminación de la controversia por el camino más corto, más rápido y más sencillo. Sin embargo, cabe hacer mención de que con la presente iniciativa no se intenta romper con lo que bien se ha hecho sino, por el contrario, retomamos con gusto del pasado, para vivir con intensidad el presente y construir nuestro futuro.
Hecho que iniciamos reconociendo que el sistema judicial es necesario para vivir en armonía. Sin embargo, debemos reconocer que no ha sido capaz de cumplir su objetivo y que tampoco es la única vía porque existen otros caminos, instrumentos distintos del judicial, para resolver conflictos de índole ya sea familiar, civil, penal o mercantil.
Para ello es imprescindible transitar hacia una nueva cultura de pacificación social. Y la mediación es el instrumento idóneo para lograr ese propósito, ya que la mediación como mecanismo de resolución de conflictos tiene por objeto alivianar y agilizar la solución de cualquier problema de carácter jurídico, dando una justicia restauradora a las relaciones de los factores del litigio.
Su objetivo, las bondades que ofrece este sistema serán sin duda alguna positivos, toda vez que promueven la adopción de una justicia reparadora, por encima de una represiva; no es sin duda la máxima expresión de un entorno civilizado.
No obstante convertirse en un medio eficaz para restaurar las relaciones sociales derivadas de la convivencia cotidiana, no exenta de fricciones, pues ante la necesidad de cambiar la manera de brindar el servicio de justicia, la mediación se constituye en una alternativa ideal para conseguirlo, su propósito es lograr un acuerdo si los costos en tiempo, dinero y esfuerzo que llevaría un proceso judicial y sin contienda legal alguna, que rompa aún más con la armonía social.
Se trata de una instancia voluntaria, a la que se podrá acudir con o sin el patrocinio de un abogado, con objeto de impulsar un acercamiento entre las partes en conflicto, con la asistencia de un mediador, de manera que aun cuando no se logre un acuerdo, se abran entre las partes caminos de entendimiento y se esgriman alternativas de solución, que puedan ayudar a lograr la mejor solución a la problemática jurídica planteada.
La mediación y la conciliación constituyen vías de solución de conflictos que han tomado gran auge en nuestro país y que han demostrado eficacia, según lo revelan las estadísticas que al caso se han elaborado en las entidades federativas en que se encuentran reglamentadas.
Asimismo, un sistema de negociación asistida, mediante el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo por sí mismas, con ayuda de un tercero imparcial, que actúa como favorecedor y conducto de la comunicación.
Los interesados asumen su protagonismo en la búsqueda de alternativas posibles de solución y controlan por sí mismos el proceso en su desarrollo; es rápido e informal.
La decisión a la que eventualmente arriben es elaborada por ellas mismas y no por un tercero, como en el caso de un pronunciamiento judicial, siendo la mediación en este contexto un procedimiento no adversarial y pacífico de resolución de conflictos.
Los conflictos, sin duda alguna, serán superados si la conciliación tiene carácter obligatorio como fase procesal, si contiene fórmulas resolutivas, si se convence y capacita a los operadores del sistema judicial de sus bondades y de su eficacia, para que a su vez éstos persuadan a las partes a optar por ese mecanismo.
Por eso, la nueva arquitectura procesal que se propone en la presente iniciativa introduce nuevos sistemas, modifica los ya existentes a fin de resolver los litigios, utilizando los sistemas alternos, que permitan mejorar la prestación pública de justicia, dando preeminencia al arreglo consensual, al dotar a las partes en litigio de elementos que agoten una fase conciliatoria previa a la fijación de la litis, con el ánimo de dirimir sus controversias, procurando establecer reglas sencillas y claras que faciliten la solución del asunto, evitando pérdida de tiempo y de recursos.
En líneas generales, sin perjuicio de sus particularidades propias, estas formas de resolución de disputas tienen ventajas de ser rápidas, confidenciales, informales –en el sentido de que si bien existen procedimientos, debe insistirse en el escaso formalismo que las rige–, flexibles, económicas y, por su naturaleza justa, han demostrado ser exitosas.
Lo característico del sistema de mediación es la inclusión de una tercera parte del mediador, que actúa para ayudar a las dos partes disputantes a alcanzar un acuerdo, pero cuyas intervenciones no tienen la obligatoriedad de ser aceptadas por los disputantes. En la medicación se trata de evitar que haya ganadores y perdedores, y aumenta la creatividad en la medida que no hay ningún límite externo, salvo lo que se establezca en la mediación para crear el acuerdo.
De todo lo anterior se puede afirmar que la figura de la mediación encierra un procedimiento valioso y no adversarial que, sin menoscabo de la actuación convencional de la autoridad judicial y con sustento en los principios de voluntariedad, colaboración, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, cooperación y creatividad, contribuye a favorecer la cultura de la paz y satisfacer los intereses de los mediados. Este medio alterno puede ser un importante auxiliar del Pode Judicial de la Federación en la solución de conflictos, reduciendo las cargas de trabajo, los costos materiales, los tiempos y, sobre todo, que las partes construirán la solución de sus problemas ganando ambas con una solución real, afectiva, consecuente con su decisión e interés.
Asimismo, se propone que la operación de los medios alternos de justicia debe quedar a cargo de profesionales debidamente capacitados para el restablecimiento de la comunicación entre las personas en conflicto, subrayando que los procesos mediadores se pueden llevar a cabo antes, durante o después de los procedimientos judiciales, como instrumentos de pacificación social y familiar más efectivos que los desgastantes y violentos procesos judiciales, estableciéndose la posibilidad de que los jueces suspendan los procedimientos para remitir a las partes al órgano de mediación, para lo cual los mediadores y conciliadores tendrán el carácter de auxiliares del Poder Judicial, correspondiendo al Consejo de la Judicatura velar por el correcto funcionamiento del centro.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado Jaime del Conde, somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Solicito, señora Presidenta, que el documento de que en este momento hago entrega a esta Mesa Directiva sea el que se publique íntegramente en el Diario de los Debates, toda vez que el publicado hoy en la Gaceta Parlamentaria contiene errores de forma. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Jaime del Conde. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de publicar en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria el texto que acaba de entregar el señor diputado en relación con su iniciativa y turnarlo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó a esta Presidencia iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Favor de turnarla a la Comisión de Gobernación.
A continuación, tiene la palabra la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma la fracción V del artículo 3º de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores y el artículo 5º de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
La diputada María Ávila Serna: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeros y compañeras diputados:
El principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres constituye la garantía de que todas y todos podamos participar en diferentes esferas y actividades sobre bases de igualdad y equidad. Este principio se refiere a la necesidad de corregir las desigualdades sociales y toda barrera sexista y discriminatoria existente en nuestra sociedad.
Para hacer real este principio y poder llevarlo a la práctica, se han ido construyendo mecanismos y estrategias a favor de la igualdad. La perspectiva de género o enfoque de género, cuyo objetivo es superar los obstáculos existentes para lograr una participación equitativa de hombres y mujeres, es una de esas medidas. Para entender estas acciones positivas en pro de la equidad y contra la discriminación, es necesario que distingamos primero en los seres humanos las características biológicas de las características sociales.
Los seres humanos nacemos con ciertas características biológicas que determinan el sexo de la persona: se es varón o se es hembra. Sin embargo, además de ello, existen elementos sociales que determinan la forma de ser de la persona, elementos que se fortalecen con todo un sistema cultural y que empiezan desde el nacimiento, marcando con ello una diferencia entre lo que será la vida futura de un hombre y de una mujer.
El sexo hace referencia a las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que constituyen las diferencias entre hombres y mujeres. Son universales y, por tanto, coinciden en todo tiempo y cultura. Las características que forman el sexo no se aprenden ni se pueden educar, pues se nace con ellas.
El género, por su parte, hace referencia al conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas, asignadas a las personas según el sexo y pueden variar según las diferentes culturas y épocas históricas.
El género es entonces una simbolización cultural construida a partir de la diferencia sexual que rige el orden humano y se manifiesta en la vida social, política y económica de una sociedad determinada.
Entender qué es y cómo opera nos ayuda a vislumbrar cómo el orden cultural produce percepciones específicas sobre las mujeres y los hombres, percepciones que se rigen en prescripciones sociales en las cuales se intenta normar la convivencia.
La normatividad social encasilla a las personas y suele ponerlas en contradicción con sus deseos y a veces, incluso, con sus talentos y potencialidades.
En ese sentido, el género es al mismo tiempo un filtro a través del cual miramos e interpretamos el mundo y una armadura que constriñe nuestros deseos y fija límites al desarrollo de nuestras vidas.
La construcción social de los géneros es un proceso mediante el cual se encasilla de forma diferente a hombres y mujeres en nuestra sociedad, asignándoles distintos roles. Por tanto, establece los comportamientos, tareas y responsabilidades que se espera de forma distinta para hombres y mujeres.
Esta diferenciación se transmite y se aprende a través de las instituciones y los mecanismos que operan en el proceso de socialización de las personas. Así, se espera que las personas respondan a los roles y estereotipos que se les ha asignado y se les cuestiona cuando no cumplen estas expectativas.
Por ejemplo, la construcción social de género asigna diferentes tareas y capacidades a hombres y a mujeres en cuanto a las responsabilidades familiares y a las responsabilidades laborales.
Así, el género se refiere a ese conjunto de ideas, creencias, representaciones, retribuciones sociales construidas en cada cultura que definen la conducta y la subjetividad de las personas en función de su sexo.
Por ello es de suma importancia dejar claro que el género son las valoraciones y significados que cada sociedad da a la diferencia sexual. A partir de ellas se generan ideas, concepciones y prácticas acerca de lo que es o debe ser una mujer o un hombre; es decir, dependiendo de las características físico-sexuales que tiene cada ser humano, se nos enseña a ser mujeres o a ser hombres.
Para implementar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y poder aspirar a una sociedad más justa y democrática, debemos realizar nuestras acciones tomando en cuenta la perspectiva o enfoque de género. Sabemos que ésta es una tarea que llevará tiempo; sin embargo, uno de los primeros pasos y una de las funciones de los legisladores es velar porque los instrumentos jurídicos que norman la vida de los mexicanos estén acordes con la realidad y libres de errores en su estructura.
Por ello y con el fin de que exista una homogeneidad en las normas y no se contrapongan unas con otras, consideramos de suma importancia que entre las leyes que rigen la vida de nuestro país haya concordancia en los conceptos.
Basado en lo anterior, dentro de la legislación mexicana existen dos leyes federales en las que se encuentra definido el concepto de género de diferente forma: la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
Con el fin de que exista una concordancia entre las leyes que toman en cuenta el concepto género y su definición no se preste a confusiones o imprecisiones, el Partido Verde Ecologista de México somete a consideración del honorable Congreso de la Unión el presente
Decreto por el que se reforman la fracción V del artículo 3° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el artículo 5° de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:
"Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
"Artículo 3°. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
"Fracción V. Género. Aquellas ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura a partir de la diferencia sexual."
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
"Artículo 5°. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
"Género. Concepto que se refiere a las ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura a partir de la diferencia sexual."
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Ávila Serna. Favor de turnar esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Equidad y Género.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:
Después de que esta honorable Cámara de Diputados, el pasado 18 de noviembre, aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, hubo una serie de reacciones por parte del Ejecutivo federal, que incluso motivaron que el Presidente de la República, en un acto inédito de que se tenga memoria, descalificara la aprobación del Presupuesto, señalando su rechazo y refiriéndose a él como "electorero".
Al mismo tiempo, también descalifica el trabajo que los diputados y las diputadas venimos realizando desde el 8 de septiembre de 2004, haciendo uso de un despliegue publicitario en diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos, que señalaron lo que el Ejecutivo calificó de contradicciones, incongruencias e inconsistencias que contiene el Presupuesto. Esta situación de confrontación entre los dos poderes se ha venido agudizando, contando con una actitud parcial y suspicaz de la Corte. Y esto en nada beneficia al país.
El pasado 30 de noviembre de 2004, el Ejecutivo federal hizo llegar al Presidente de la Cámara de Diputados un documento, de 134 páginas, que contiene –según el Ejecutivo– las observaciones, incongruencias e inconsistencia del Presupuesto aprobado la madrugada del día 18 de noviembre de 2004. Sobre esto, que se ha dado en llamar "el veto del Presidente", las opiniones de expertos constitucionalistas obligan a reformar nuestro marco normativo, con el propósito de evitar en lo posible situaciones de incertidumbre, como la que hoy estamos viviendo, que en nada favorecen la democracia y sí el desgaste de las instituciones. El ejercicio democrático, entre otras cosas, reclama diálogo, no acciones caprichosas que hagan sospechar de un manejo turbio en la aplicación de la ley.
En el documento de observaciones del Ejecutivo al Presupuesto aprobado por esta soberanía se hace hincapié en la invasión de facultades que hace el Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, en asuntos que sólo competen al Ejecutivo. Por ejemplo, señala el documento –cito–: "... en las modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación, materia de las presentes observaciones, esa Cámara de Diputados dispuso de una serie de recortes, reasignaciones y creaciones de nuevos programas que a su juicio no toman en cuenta elementos de planeación o programación alguno y en ocasiones omiten o contravienen las disposiciones legales", fin de la cita.
De esta manera se abunda en lo anterior, indicando algunas leyes y artículos que, a juicio del Presidente, viola el Presupuesto de Egresos aprobado por esta soberanía; por ejemplo: los artículos 25, 26, 49 y 89 de la Constitución General de la República; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Estas opiniones que hace el Ejecutivo federal han sido cuestionadas no sólo por esta soberanía, sino de otras instituciones, incluyendo académicos y especialistas en el tema.
Sin embargo, tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su fallo en esta controversia, pese a que su proceder en este asunto ha dejado muchas sospechas en la forma de conducirse de ciertos ministros de la Corte, empañando su investidura y la institución que representan.
Por lo anterior, como diputada federal y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, de nuestro Reglamento, y con la finalidad de que en un futuro no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones, que nada abonan al diálogo y al equilibrio entre poderes, vengo ante esta honorable Asamblea a proponer la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Constitución General de la República, agregando un párrafo al Apartado "A", para quedar como sigue:
"Artículo 72. Aprobado un proyecto en la Cámara de origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
"Se exceptúa de las observaciones referidas en el párrafo anterior la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y de todos aquellos asuntos que sólo competen a alguna de las Cámaras.
"Transitorio
"Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
Le ruego, señora Presidenta, que esta iniciativa sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, que parece que ya fue publicada. Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputada Palafox. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de integrarla de manera completa en el Diario de los Debates y turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Están en la sala de sesiones, un grupo de vecinos del municipio de Tlalnepantla. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a acompañarnos en esta sesión. Ellos han sido invitados por la diputada federal Adriana González Furlong.
A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Daniel Ordóñez Hernández: Gracias. Con el permiso de la Presidencia.
El suscrito, diputado federal Daniel Ordóñez Hernández, en representación de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 74, en la fracción V, de la Ley de Amparo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 17 de julio de 1945, los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivados por el gran rezago de los juicios de amparo, principalmente en materia civil, cuya cifra era alarmante, formularon un proyecto de reformas al artículo 107 constitucional, el cual presentaron al Ejecutivo para su consideración. En dicho proyecto, entre una de las medidas que propusieron para disminuir el problema en cuestión, se plantea el sobreseimiento por inactividad procesal, justificándolo en la exposición de motivos del anteproyecto en los siguientes términos:
La Suprema Corte también consideró de modo principal la conveniencia de establecer en la propia Constitución el sistema de terminación del juicio de amparo en materia civil exclusivamente por el sobreseimiento por declaración de quedar firme la sentencia a revisión por inactividad de la parte agraviada o del recurrente, según sea el caso.
El rezago, siempre creciente en los juicios de amparo en materia civil en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había obligado desde el año de 1926 hasta llegar la actual Ley de Amparo, en sus artículos transitorios, a establecer que el abandono del quejoso y del recurrente en los juicios de amparo, en general, debería tener las consecuencias naturales de dar por terminado el juicio o por abandono del recurso interpuesto, pues no era debido ni conveniente que la justicia federal empleara su actividad en los casos en que lógicamente es de suponerse que ya no existe interés de la parte agraviada o del recurrente.
El sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia en el juicio de amparo tiene su más remoto antecedente en el artículo 680 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, según el cual cuando el quejoso no promovía después del día 20, se presumía el desistimiento del amparo.
En los decretos del 9 de diciembre de 1924 y 16 de enero de 1928 y el artículo 4o. transitorio de la ley en vigor, del 30 de diciembre de 1935, se estableció por una sola vez la obligación de insistir en la resolución de los juicios de amparo pendientes cuando se discutieran cuestiones de carácter patrimonial para evitar que fueran sobreseídos o se declarara la caducidad de la instancia.
El citado decreto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por establecer una carga que no estaba prevista en el artículo 107 constitucional.
En 1967, el artículo 107 nuevamente se reformó en su fracción XIV, excluyendo de los alcances del sobreseimiento por inactividad procesal los amparos en materia agraria, incluyendo además la caducidad como causa de sobreseimiento en los amparos en revisión.
En diciembre de 1951 se extendió la carga procesal al quejoso de impulsar el procedimiento, aun tratándose de leyes inconstitucionales, generando lo que actualmente se establece en los artículos 107 constitucional y 74 de su Ley Reglamentaria, dada la inevitable necesidad de los gobernados de ser protegidos y amparados por la justicia federal, dentro de un marco donde debieran imperar las garantías de los gobernados, así como los principios constitucionales reguladores del derecho.
La injusticia y el mar de lagunas que existen dentro de las leyes locales y federales, la indebida aplicación de éstas dentro de los procedimientos federales, nos llevan a un sinfín de litigios, los cuales tienen solución a través del juicio de amparo en nuestro sistema judicial mexicano. Ejemplo de ello es la indebida aplicación del artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que por su naturaleza contiene contradicciones de orden constitucional, como los apartados 8, 14 y 16, por ser éstos preceptos de legalidad jurídica y este último de audiencia, que es el eje de todo juicio imparcial, donde antes de ser juzgado y condenado deberá ser oído y vencido.
Por lo que, al caso que nos ocupa, el precepto 74, en su fracción V, viola tajantemente lo establecido en los preceptos constitucionales antes invocados, cayendo también en contradicción con el artículo 157 de la Ley de Amparo, por ser un precepto que cuida la garantía de seguridad jurídica que el procedimiento federal brinda al quejoso.
Por lo que, siendo prioridad máxima de este H. Congreso de la Unión corregir y subsanar toda laguna existente en nuestras leyes federales que rigen la debida impartición de justicia, y dado que el artículo 74, fracción V, en esencia nos reitera que en el caso de que el quejoso de la protección de la justicia federal deje de actuar en el procedimiento, dentro de los 300 días, contados los inhábiles, se sobreseerá el juicio en primera instancia por inactividad procesal del recurrente. Y tratándose del recurso de revisión, se confirmará la sentencia recurrida. En el juicio de amparo directo o indirecto, éste se sobreseerá.
Por lo anterior y siendo incongruente pensar que un gobernado que acude a solicitar la protección de la justicia federal por violaciones directas de su esfera jurídica deje de tener interés, hay que pensar y reflexionar como legisladores en que las causas que impiden la continuación del juicio podrían ser demasiadas. Por ejemplo, podríamos decir que, en la práctica jurídica, la responsabilidad de la vigilancia del juicio recae sobre los hombros del abogado patrono, que está defendiendo el juicio de garantías y, obviamente, es un hecho que toda notificación se hace al abogado y los autos que a consideración así determine el tribunal por lista.
Cabe entonces decir, de acuerdo con lo anterior, que al quejoso o gobernado finalmente no le es aplicada la justicia federal y, por las lagunas existentes en la ley, donde no se obliga a la autoridad judicial federal a notificarle personalmente en el domicilio del quejoso todo acto que podría ser constitutivo de poner en peligro su solicitud de amparo y éste tenga la posibilidad, de acuerdo con sus intereses, de evitar con ello la violación de los derechos fundamentales y procedimentales. Por lo que se debe reformar el citado precepto de la Ley de Amparo, que pone en peligro la esfera jurídica y constitucional de todo gobernado.
La presente iniciativa cumple la obligación primordial de no dejar al quejoso en estado de indefensión, de no caer en contradicción con la propia Ley de Amparo en su artículo 157, además de que la autoridad cumpliría el derecho de petición del gobernado y de impartición de justicia.
Es decir, con la previa notificación que propongo que se debe hacer al quejoso –antes de que concluya el término de 300 días– se evita dejar en estado de indefensión al promovente de la demanda de garantías. La autoridad judicial federal cumplirá cabalmente la seguridad jurídica y la garantía de audiencia que se debe garantizar en todo proceso.
Por último, el quejoso tendrá conocimiento de que el juicio que promovió puede sobreseerse y no otorgársele la protección de la justicia federal. Así también, la autoridad judicial federal tendrá la certeza de que, efectivamente, el quejoso o promovente del juicio de amparo ya no tiene interés en el mismo, emitiendo una resolución que no viola la seguridad jurídica del gobernado.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Pleno la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74, en su fracción V, de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
"Artículo 74. Procede el sobreseimiento... Fracción V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los jueces de distrito, cuando el acto reclamado sea de orden civil o administrativo.
"Si cualquiera que sea el estado del juicio no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de 300 días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso, se le notificará de manera personal al quejoso en su domicilio, cuando menos tres días antes de concluir el plazo antes señalado, para que manifieste lo que a su interés y derecho convenga.
"Una vez hecha la mencionada notificación y transcurrido el plazo de 300 días sin que el quejoso haya manifestado interés, se declarará el sobreseimiento.
"Artículo Transitorio Único. Las reformas a que se refiere este decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación."
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias. Y favor de turnarlo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Los derechos sexuales y reproductivos son los que garantizan la libre decisión sobre la forma en que se utiliza el propio cuerpo en las esferas sexual y reproductiva.
Son derechos de los que sólo unos pocos han gozado de manera consistente a través de la historia, ya que decidir libremente sobre el propio cuerpo es un privilegio de sexo y de clase.
El término derechos reproductivos se refiere al conjunto de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva y, más ampliamente, con todos los que inciden en la reproducción humana. Estos derechos están internacionalmente reconocidos y son jurídicamente vinculantes.
Por su parte, los derechos sexuales son también derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Se refieren a la libertad que deben tener las personas para expresar su sexualidad, excluyendo de todas ellas la coerción sexual, y explotación y abuso en cualquier periodo y situación de la vida.
Incluye también el derecho a expresar las preferencias sexuales siempre que estas conductas no interfieran en los derechos sexuales de otros.
En la actualidad, los derechos sexuales y reproductivos se han consolidado como derechos humanos y su finalidad es que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia.
Estos derechos se encuentran vinculados directamente con muchos otros. El primero de ellos es el derecho a la vida, que tiene que ver con el derecho de las mujeres a no morir por causas evitables relacionadas con el embarazo o parto.
El derecho a la libertad y seguridad es un derecho que, en el ámbito de la sexualidad y reproducción, tiene suma importancia, ya que tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a decidir si tienen relaciones sexuales o no, y con quién y con qué frecuencia.
Esto implica que nadie puede ser forzado o forzada por otra persona a tener relaciones sexuales.
También incluye que toda persona tiene derecho a expresar su preferencia sexual y a elegir a la compañera o compañero sexual, además de otorgar el derecho a que ninguna mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un aborto ni a ser sometida a una intervención sin su consentimiento, libre e informado.
El derecho a la información y a la educación es igual de importante en este ámbito, ya que se refiere a que toda persona, desde temprana edad, tiene derecho a ser educada y debe tener igual acceso a información oportuna y adecuada sobre los servicios y métodos de regulación de la fecundidad, enfermedades de transmisión sexual y todo lo que se relacione con su vida sexual y reproductiva.
El derecho de toda persona a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la privacidad, el derecho a optar por contraer matrimonio o no y a formar o no una familia, el derecho a decidir si se tienen hijos o no y cuántos tener, el derecho a la atención y protección de la salud, y el derecho a los beneficios del progreso científico son otros derechos que se encuentran vinculados directamente con la sexualidad y la reproducción del ser humano.
El Gobierno de México reconoce en la salud un derecho fundamental del ser humano y un elemento central del bienestar, así como una condición indispensable para desarrollar el potencial productivo de mujeres y de hombres.
Sin embargo, y a pesar de los avances obtenidos en reproducción y educación sexual a nivel nacional, la mortalidad femenina sigue siendo el talón de Aquiles de nuestro sistema de salud.
El fallecimiento de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio es un problema no resuelto. Además, el porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes menores de 20 años ha aumentado a partir de 1997.
En México se diagnostican anualmente más de 50 mil pacientes con cáncer y los más frecuentes en las mujeres con cáncer de cuello en la matriz y de glándula mamaria, enfermedades totalmente evitables y que, aun así, constituyen la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas entre las mujeres de 25 años y más.
Diariamente se registran alrededor de 12 muertes por esta causa, lo que representa una verdadera inquietud de género e injusticia social.
El sida es otra de las enfermedades que tienen que ver de manera directa con los derechos sexuales y reproductivos y que se ha convertido en una gran preocupación a nivel nacional. Para junio de 2004, según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida, existían en nuestro país 76 mil 311 casos de sida. En un año se registran en México 7 mil 177 casos nuevos y la causa principal es la transmisión sexual.
Existen también en nuestro país otros problemas que vulneran constantemente los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en muchos lugares todavía subsiste la figura del llamado débito conyugal, que es la obligación de prestar servicios sexuales al cónyuge o al compañero.
De igual forma, convivimos con la práctica cotidiana y silenciosa del abuso sexual infantil y el tráfico de niñas y de niños para que sean prostituidos.
La violencia de género es otro aspecto que vulnera los derechos sexuales y reproductivos. La vida de mujeres de todas las edades se ve amenazada de manera cotidiana por diversas formas de violencia y privación, que van desde la violación sexual hasta formas de abuso como la violencia doméstica, la prostitución forzada y los asesinatos de mujeres.
De acuerdo con el panorama anterior, es de suma importancia que tanto las mujeres como los hombres, incluidas las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país, sepan y estén informados sobre los derechos reproductivos y sexuales que tiene cada uno para que éstos, en la medida de lo posible, no se vean violados o vulnerados por otras personas.
Consideramos que es una forma de discriminación negar o limitar la información de estos derechos, pues las consecuencias de ello llegan, en muchos casos, a marcar la vida de las personas por siempre e incluso son mortales.
Las distintas denuncias de violación de los derechos reproductivos de indígenas, el caso de Paulina y el de Ninet Torres Villarreal, por mencionar tres entre millones, así lo demuestran.
La sexualidad y la reproducción son parte integral de la personalidad de todo ser humano y su desarrollo es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social.
Por ello y dado que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, basados en la libertad, dignidad e igualdad para todos los seres humanos y deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos, el Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente
Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 9 del Capítulo Segundo, "De las Medidas para Prevenir la Discriminación", de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:
"Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
"A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:
"VI. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos, que incluyen la procreación, la elección voluntaria del cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número y esparcimiento de las hijas e hijos, así como negar o limitar el derecho a la salud y seguridad sexual, entendida como el derecho a una vida libre de violencia y coacción sexual y con derecho a la privacidad."
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada doña Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Invitados por el señor diputado don Gustavo Madero Muñoz, nos acompañan alumnos del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua. ¡Bienvenidos!
Los siguientes dos puntos del orden del día se posponen a solicitud de los promoventes.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente.
Someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa, que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a la siguiente
Exposición de Motivos
Primero. En nuestro sistema político-social, y en especial en el ejercicio de la administración pública, es de explorado derecho la utilización del derecho escrito, es decir, que tanto en los actos de autoridad como en los inherentes a las gestiones particulares ante las autoridades –derecho de petición, en el artículo 8° de la Constitución– debe constar por escrito y ser firmado por los directamente interesados o facultados en los términos de la ley para tener validez jurídica.
Segundo. El artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, el cual a la letra dice: "En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas el de las armas y los jurados, así como al desempeño de los cargos concejiles y los de la elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio de la Constitución y de las leyes correspondientes, los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley, con las excepciones que ésta señale".
Así también, los artículos 36 y 38 del citado cuerpo máximo de leyes establecen literalmente –el artículo 36–: son obligaciones de los ciudadanos de la República "inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el registro nacional de ciudadanos en los términos que determinen las leyes. La organización y funcionamiento permanente del registro nacional de ciudadanos, y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana, son servicios de interés público y, por tanto, de responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones populares en los términos que señala la ley, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados que en ningún caso serán gratuitos, y desempeñar los cargos concejiles del municipio donde residan las funciones electorales y las del jurado".
El artículo 38: "Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
"I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo.
"Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley.
"II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;
"III. Durante la extinción de una pena corporal;
"IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;
"V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y
"VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión."
La ley fijará los casos en que se pierden los demás y que se suspenden los derechos del ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación. De la interpretación sistemática y funcional de los anteriores artículos podemos concluir que los principios, los cargos de elección popular son de desempeño obligatorio y el incumplimiento de los mismos sin causa justificada es sancionable con la suspensión de los derechos y las prerrogativas ciudadanos.
Tercero. Según la doctrina jurídica que se plasma en el Diccionario de derecho de los juristas Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, de la editorial Porrúa, en su página 440, al momento de definir el concepto renunciable, lo hace de la siguiente manera: "Renunciable: susceptible de renuncia de acuerdo con el Código Civil para el Distrito Federal. En el artículo 6o. y 7o. sólo puede renunciarse con los derechos privados que no afecten directamente el interés público cuando la renuncia no perjudique intereses de tercero. La renuncia no produce efecto alguno si no se hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho a que se renuncia".
Para mayor soporte, el propio artículo 8° de la citada Constitución Política literalmente contempla: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República".
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a que se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, que invariablemente la petición debe hacerse por escrito y dicha garantía no excluye a los servidores públicos, ya que antes son funcionarios y son ciudadanos.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el siguiente criterio de interpretación del citado artículo, plasmado en la tesis relevante que a continuación se transcribe:
"Toda vez que se han dado casos en los cuales tanto las solicitudes de licencia como las propias renuncias se han presentado de manera verbal y además sin que se argumente la causa grave o justificada por la cual dichos actos están viciados en su forma y evidentemente contravienen la ley, por lo que se hace necesario dejar muy claro en la Constitución el procedimiento y los requisitos básicos a seguir en caso de licencias o renuncias a los cargos de elección popular, dada su importancia relevante en el contexto de los intereses públicos de nuestra sociedad."
Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a su elevada consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa de proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:
"Artículo Único. Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:
"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
"Todo cargo de elección popular será obligatorio en los términos del artículo 5° de esta Constitución. Sin embargo, podrán ser renunciados sólo por causa grave, debiendo presentar por escrito la correspondiente renuncia firmada por el peticionario en la cual exponga la causa grave que debe ser valorada y, en su caso, aprobada por la autoridad competente.
"Lo anterior, para no ser sujeto a la suspensión de los derechos políticos en los términos de los artículos 36 y 38.
"Transitorios:
"Artículo 1o. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Artículo 2o. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero.
"Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo."
Es cuanto diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Fermín Trujillo Fuentes: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente, diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, señor diputado.
El diputado Fermín Trujillo Fuentes: Honorable soberanía:
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal.
"Antecedentes
"El sostenimiento del fenómeno migratorio ha cambiado la composición poblacional de los estados y municipios fronterizos, tanto en su modalidad de tránsito hacia Estados Unidos como en el de repatriación, constituyendo nuevos retos para las políticas y programas públicos en ambos niveles.
"Esta realidad es ajena a la metodología de cálculo de los recursos participables, así como la definición del destino de los mismos, toda vez que la estructura actual planteada dentro de la Ley de Coordinación Fiscal no considera la planteada importancia de este fenómeno, que impacta la demanda de bienes y servicios públicos en la frontera, ni favorece los principios de equidad y reciprocidad que deben fundamental el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
"Con base en lo anterior, el pasado 26 de octubre de 2004 se aprobó en el Congreso Libre y Soberano del Estado de Sonora la presentación de una iniciativa que reforma la mencionada Ley de Coordinación Fiscal, para crear un fondo de aportaciones para municipios fronterizos, que les permita hacer frente a esta importante realidad.
"La iniciativa se formuló en el ejercicio del derecho de iniciativa que confiere el artículo 71 de la Constitución Política a los Congresos locales y fue apoyada por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Sonora, demostrando que, en torno del fenómeno migratorio y de la solidaridad y eficacia pública para atender sus necesidades y su integración socioeconómica en el caso de la franja fronteriza, existe importante coincidencia, más allá de las particulares características de los partidos políticos.
"Por ello, el promovente de este proyecto considera que este esfuerzo plural, responsable y realizable amerita el apoyo de este honorable cuerpo colegiado para contribuir a hacer de la zona limítrofe del norte del país una zona más segura, incluyente, capaz de atender con mejores resultados su problemática y, sobre todo, sensible y útil para los mexicanos que deciden perseguir el sueño americano o que se asientan transitoria o definitivamente en tal región.
"Consideraciones
"La presente iniciativa de reforma tiene por objetivo modificar la base de cálculo para la distribución de las participaciones a los municipios fronterizos, a efecto de que se considere y cuantifique a la población migrante en tránsito a Estados Unidos de América, así como a quienes se encuentren en estado de repatriación, especificando las causas que fundamentan la petición y el destino de los recursos que se asignen para tal efecto.
"Esta nueva fórmula permitiría contar con recursos para implementar programas institucionales de atención a la población migrante, brindar una mejor calidad de vida a las personas residentes en la frontera y fortalecer la capacidad de creación de infraestructura urbana, ante la insuficiencia presupuestal de los municipios fronterizos, que hace virtualmente imposible detener en su situación actual la proliferación del hacinamiento urbano, la drogadicción, la delincuencia, la prostitución y sus secuelas de enfermedades transmisibles, la falta de programas de incentivación del empleo, la falta de servicios urbanos indispensables, entre otros.
"Las personas en tránsito demandan y emplean diferentes servicios y las que son deportadas a los diferentes puertos fronterizos que después se desplazan de manera horizontal a lo largo de la frontera, ante la falta de recursos para retornar a sus localidades o países de origen, muchas veces estimulados por la presencia de las maquiladoras, agravan dramáticamente la situación financiera de los municipios.
"La emigración a la Unión Americana se ha incrementado en magnitud e intensidad, tanto documentada como indocumentada. Entre el año 2001 y 2003, el flujo de trabajadores temporales ascendió a 437 mil personas al año, haciendo una diferencia de más de 100 mil personas respecto de la disminución lograda en la última década del siglo XX.
"Entre los migrantes sin autorización para cruzar Estados Unidos, las cifras han llegado hasta un 75 por ciento del total en el periodo 2001-2003. Este fenómeno ha llevado a reforzar el control fronterizo en los puntos tradicionales de ingreso como San Diego y El Paso, lo cual llevó a cambiar las rutas migratorias, propiciando que los migrantes indocumentados se trasladen a otros puntos de mayor riesgo y costo.
"Por eso, en los últimos años Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo han perdido importancia en cuanto a puntos preferenciales de cruce de los migrantes, bajando también Reynosa y Piedras Negras como localidades de cruce significativo.
"En contraste, Agua Prieta y Matamoros o comunidades como El Sásabe, en Sonora, han adquirido relevancia, lo que evidencia que los migrantes se trasladan ahora prácticamente a todo lo largo y ancho de la frontera con Estados Unidos.
"En cuanto a la repatriación, tan sólo el año pasado se dieron más de 550 mil eventos, los cuales se distribuyeron de la siguiente forma: Coahuila, 313 mil 395; Tamaulipas, 50 mil 558; Chihuahua, 84 mil 136; Sonora, 201 mil 974; y Baja California, 209 mil 886.
"Ello demuestra la extensión territorial del fenómeno migratorio y hace comprensible el hecho de la imposibilidad material del municipio fronterizo de canalizar los recursos para atender a los migrantes deportados y a quienes finalmente se quedan a residir en ellos por la carencia de partidas específicas para este fin.
"Los migrantes temporales demandan todos los servicios públicos y obligan a reforzar específicamente los de seguridad pública, servicios asistenciales y albergues, entre otros.
"Asimismo, los que se quedan a residir en esos municipios elevan la demanda de terrenos, vivienda, agua, luz, drenaje, educación, empleo, salud y, entre otras. Más de la mitad de los presupuestos municipales se gastan en servicios públicos, infraestructura urbana y seguridad pública, que lleva a desproteger a la población y a debilitar los programas de atracción y arraigo de la inversión extranjera, toda vez que la frontera es un punto atractivo de intercambio financiero y de ubicación de maquiladoras que requieren infraestructura y condiciones atractivas para superación.
"En ese sentido, considerando que la Ley de Coordinación Fiscal establece la distribución de las participaciones hacia los estados y los municipios, fija las reglas de coordinación administrativa entre las diversas autoridades fiscales y establece los criterios para su asignación, se propone la reforma del artículo 25, para crear el Fondo de Aportación para Municipios Fronterizos; y adicionar un artículo 45 Bis, para que el factor poblacional que se emplea para la asignación de los recursos contemple a la población migrante, toda vez que llega a representar 40 por ciento en promedio total de habitantes de un municipio.
"En efecto, en la normatividad vigente tanto para la operación como para la distribución del Fondo General de Participaciones hasta ahora no se incluye como un parámetro variable para efectos de cálculo la presencia de población flotante de municipios o entidades fronterizas, únicamente se incluye un pequeño porcentaje, de .136 por ciento, de la recaudación federal participable para los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realiza la entrada o salida de bienes que se importen o se exporten, menospreciando la existencia de dicha población flotante, para lo cual la única disposición es en el sentido de celebrar convenios con la Federación en materia de introducción ilegal en territorio de mercancías de procedencia extranjera.
"En cuanto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, establecido en el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, aparecen como criterios de distribución o factores de población residente y población flotante.
"Sin embargo, se emplean únicamente para definir la distribución de recursos para las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, excluyendo las entidades federativas, que también presentan un alto flujo de población flotante por su vecindad geográfica fronteriza con otros países, en particular frente al polo de atracción que significa Estados Unidos.
"Por las anteriores precisiones, se presenta esta iniciativa para fortalecer la economía de los municipios ubicados en la zona fronteriza con otros países, a efecto de que mediante esta reforma de la Ley de Coordinación Fiscal se pueda avanzar en la atención a la problemática ocasionada por el grupo de población migrante.
"Proyecto de Decreto
"Artículo Unico. Se reforma el artículo 25, adicionándole una fracción VIII, y se adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue.
"Artículo 25, de la fracción I a la VII quedan igual y se agrega una VIII, que diga: Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos, y se agrega un artículo 45 Bis, que dice: El Fondo de Aportaciones para Municipios se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente sólo para efectos a que se refiere el artículo 2º de esta ley de un .5 por ciento de la recaudación federal participable. Según estimación que de la misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para este Ejercicio, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos entre los municipios cuya demarcación geográfica colinde con fronteras internacionales reconocidas por el derecho internacional, siendo asignado un 75 por ciento conforme al criterio del factor de población estadística y el 25 por ciento restante al factor de población flotante, de acuerdo con la información estadística más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica, Geografía, perdón, e Informática.
"Artículo Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el primer día del ejercicio fiscal inmediato posterior al que se publique en el Diario Oficial de la Federación."
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Fermín Trujillo. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Sergio Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 83 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Sergio Chávez Dávalos: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeros y compañeras:
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por lo que se adiciona un tercer párrafo al artículo 83 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En abril del año 2003 se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo, que plantea la necesidad de un verdadero cambio estructural, conforme a lo establecido en los artículos 25 y 26, de la fracción XX, del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 4º de nuestra Carta Magna, este Acuerdo Nacional para el Campo reconoce la obligatoriedad de cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:
Establecer con claridad los derechos y obligaciones, tanto del sector público como de la sociedad en un marco de corresponsabilidad, para alcanzar los objetivos que se pretende como nación.
Fortalecer el marco institucional, legislativo y normativo, programático y presupuestario y de rendición de cuentas para la realización de las responsabilidades públicas.
Organizar en la conducción de los asuntos públicos y la rendición de cuentas transparentes hacia la sociedad y fortalecer los mecanismos que permitan que los recursos públicos, privados y sociales, requeridos para realizar dichas tareas.
Con tales principios de adecuación y, más allá de los resultados ofrecidos a la fecha, se requiere fortalecer los mecanismos de coordinación institucional y la suma de esfuerzos con un mismo fin y dirección, el desarrollo agropecuario integral, que dé respuesta práctica a las fuertes y justas demandas de los productores rurales.
Es de recordar que la Secretaría de Desarrollo Rural tiene como misión lograr el desarrollo de una nueva sociedad rural, basada en el crecimiento sustentable de los sectores agroalimentario, pesquero y alimentario en la continua capacitación y superación de los servidores públicos que conforman las dependencias, permitiéndoles mantener actividades productivas rentables y competitivas, en los sectores agrícolas, ganaderos, pesquero, alimentario y de desarrollo rural.
Pretendiendo por lo anterior, entre otros, propiciar siempre el uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
El Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006 establece que en México el uso del agua es el 76.3 agrícola, el 17 por ciento público, el 5 por ciento industrial, el 1.4 acuícola y el 0.2 en generación de energía.
Se reducen aguas residuales por cerca de 3 kilómetros cúbicos, de los cuales el 82.9 por ciento se utiliza en la agricultura, el 7.2 por ciento para uso público y el 9.9 por ciento para la industria, para el manejo y administración del agua para riego de la superficie, se encuentra distribuida en un 54 por ciento, en 82 distritos de riego y en un 46 por ciento en las unidades de riego para el desarrollo rural.
De los 82 distritos de riego, sólo 40 han sido realmente rehabilitados, los otros permanecen en un estado de gradual deterioro por la falta de financiamiento e inversión.
Además, la distribución del agua es ineficiente, ya que se desperdicia más de la mitad. Es inadecuado su uso, aunado al costo de extracción del suelo. Es un reto que debe extenderse a la luz del impacto ecológico, económico y social.
De igual forma, se requiere una política adecuada que estimule el ahorro del líquido vital y la eficiencia en su empleo, en beneficio de los productores y del propio país.
Los problemas fundamentales para el aprovechamiento del agua en la agricultura son la poca infraestructura de riego y sus deficientes niveles de tecnificación, lo cual se refleja en que menos de 25 por ciento de la superficie agrícola se cultiva en condiciones de riego. Ante esta compleja realidad, es urgente adecuar los esquemas legales que permitan articular los esfuerzos de las instituciones gubernamentales y de los grupos de productores debidamente organizados y sustentados en las leyes aplicables.
Por tanto, si el compromiso es mantener niveles de producción rural que permitan competir en los mercados internacionales y abastecer el consumo interno, se entiende que ese recurso hidráulico es de los compromisos más fuertes para lograr el uso racional y sustentable para consecuente impacto en la producción y productividad rural.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la presente
Iniciativa con proyecto de decreto
Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo en el artículo 83 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 83, párrafo 3º: "La coordinación y concertación señalada en este artículo se formulará considerando en todos los casos lo establecido en el Capítulo 2 de la Ley de Aguas Nacionales".
Transitorio
Único. "El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Sergio Chávez Dávalos. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural.
Señoras y señores legisladores: en virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión, que dispone el artículo 1º del acuerdo parlamentario que establece los lineamientos para acreditar las asistencias a las sesiones plenarias, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, el cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.
Un momento, señor secretario. Por favor, sonido en la curul del señor diputado por Durango don Pedro Ávila Nevárez.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor Presidente, con todo respeto quería pedirle que pidiera a la Asamblea a ver si es posible que me permitan dar lectura a un asunto de interés general, que es la barda que se está levantando en la frontera norte por parte de Estados Unidos.
Yo quisiera que preguntara a la Asamblea si se me permite el uso de la palabra, por favor.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Don Pedro Ávila: efectivamente, su solicitud es en el sentido de que consulte a la Asamblea, porque solamente puede prorrogarse la sesión por acuerdo de los coordinadores o del Pleno. Entonces, instruyo a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si autoriza que haga uso de la palabra el señor diputado don Pedro Ávila Nevárez para el objeto que ha señalado.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se permite al diputado Pedro Ávila abordar el asunto mencionado.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Los que estén en contra. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Ruego al señor diputado don Pedro Ávila Nevárez hacer uso de la palabra, en virtud de que así lo ha autorizado el Pleno de la Asamblea, y –al mismo tiempo– ruego a la Secretaría, antes de iniciar su intervención don Pedro Ávila Nevárez, instruya se abra el sistema electrónico para tomar la asistencia final, hasta por cinco minutos.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 del Reglamento y ábrase el sistema electrónico de asistencia hasta por cinco minutos.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra, señor diputado.
El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente –distinguido paisano mío–, Juan de Dios Castro.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Pedro.
El diputado Pedro Ávila Nevárez: De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.
Exposición de Motivos
A través de todo este gobierno hemos venido observando el deterioro de la política exterior mexicana, la que nos brindó orgullo y reconocimiento, pero esto no es nuevo para esta soberanía: somos testigos del entreguismo por parte del responsable de la política exterior del país, el señor Derbez. No sólo ha mentido con expresiones de supuestos reclamos por las medidas antiinmigrantes de mexicanos que se han desarrollado en Estados Unidos de América, como fue en el caso de la Ley 200 de Arizona.
Han sido claras sus mentiras al decir que iniciarán los reclamos ante las autoridades de ese país. Una vez más, el señor Derbez cree que sólo con declaraciones a la prensa nacional es suficiente para engañarnos; lo ha intentado permanente.
Esta soberanía le ha pedido en otras ocasiones que entregue una nota diplomática para exigir el respeto de los migrantes y nos envíe el acuse de recibo; hasta la fecha eso no se ha logrado. Miente, señor Derbez: usted no ha hecho nada por los mexicanos en la Unión Americana.
El señor Derbez prometió enviar una queja por la Ley 200 y aseguró su intervención para orientar y proteger a los mexicanos en el estado de Arizona, pero esto no ha sucedido. En cambio, se entrevista con la señora Condoleezza Rise y, de manera servil, ahora declara que la construcción del "muro de la ignominia" se trata de una acción de seguridad y no contra los migrantes mexicanos, a los que se mata y discrimina.
El señor Derbez engaña de nuevo e intenta mentir. Su incapacidad está de manifiesto; por un nuevo puesto al servicio de otros intereses ha sacrificado el trabajo que por obligación debe realizar.
Si quiere cambiar su puesto en la Secretaría de Relaciones Exterior por el del secretario general de la OEA, es hora de renunciar. No se debe seguir solapando este abandono de sus obligaciones en perjuicio de México.
Este "muro de la ignominia" nos recuerda el muro de Berlín o el muro contra los palestinos, muros que han sido rechazados por el mundo entero, han sido incluso denunciados en el ONU. En el caso del primero, lo vimos caer...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Le ruego concluir, señor diputado.
El diputado Pedro Ávila Nevárez: ... de un nuevo orden mundial. El segundo, esperamos verlo caer como señal de paz y entendimiento entre las naciones. Y el tercero...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señor diputado, le ruego concluir...
El diputado Pedro Ávila Nevárez: ... el que se construye en nuestra frontera norte. Debemos usar todas nuestras fuerzas diplomáticas para derrumbarlo y así realmente proteger a nuestros compatriotas.
Que el señor Derbez diga si es secretario de Relaciones Exteriores traicionando al Presidente Fox y al pueblo de México o si está bajo los intereses de Estados Unidos.
El punto de acuerdo lo paso aquí, para que en esta forma se dé seguimiento.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado. En virtud de que está registrado este asunto como de urgente y obvia resolución, instruyo a la Secretaría consulte a la Asamblea si lo considera de urgente y obvia resolución.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los que estén por la negativa. (Votación) Gracias.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera, en virtud de la votación calificada del Pleno, de urgente resolución. Por tanto, está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que la Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutido y se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se aprueba.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los que estén por la negativa. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobado. Comuníquese.
Ruego a la Secretaría dé a conocer el resultado de la asistencia, después de dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Lectura del orden del día)
De viva voz, el diputado Guillermo Antonio Olmos Capilla. Sonido en la curul número 078.
El diputado Guillermo Antonio Olmos Capilla (desde la curul): Guillermo Olmos, presente. Gracias.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: De viva voz, el diputado Marcos Álvarez Pérez. Curul 281, sonido.
El diputado Marcos Álvarez Pérez (desde la curul): 281, presente. Gracias.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: El diputado Arturo Robles Aguilar.
El diputado Arturo Robles Aguilar (desde la curul): Robles Aguilar, presente. Gracias.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Del diputado Corrales Macías.
El diputado Evaristo Corrales Macías (desde la curul): Diputado Evaristo Corrales, presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: El diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Presente, de viva voz.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: El diputado Salvador Vega.
El diputado Salvador Vega Casillas (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: El diputado Álvarez Monje.
El diputado Fernando Álvarez Monje (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. El diputado Juan Bustillos.
El diputado Juan Bustillos Montalvo (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. Diputado Álvarez Romo.
El diputado Leonardo Álvarez Romo (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. Diputado Víctor Flores.
El diputado Víctor Flores Morales (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. Diputada Patricia Durán.
La diputada Patricia Durán Reveles (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. Diputada Lizbeth Rosas.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Presente la diputada Lizbeth Rosas. Diputado Omar Bazán.
El diputado Omar Bazán Flores (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Presente. El diputado Ortega.
vvEl diputado Omar Ortega Álvarez (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. El diputado Daniel Ordóñez.
El diputado Daniel Ordóñez Hernández (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. El diputado Sigala Páez.
El diputado Pascual Sigala Páez (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. La diputada Minerva.
La diputada Minerva Hernández Ramos (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. Diputado Gordillo.
El diputado Juan Gordillo Reyes (desde la curul): 492, presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado Ovalle.
El diputado Manuel Ovalle Araiza (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. Diputado Francisco Mora Ciprés.
El diputado Francisco Mora Ciprés (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. Diputado Felipe Madrigal.
El diputado Luis Felipe Madrigal Hernández (desde la curul) Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. Diputado Castillo.
El diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. Diputado Presidente, hay una asistencia de 382 diputadas y diputados.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se levanta la sesión (a las 15:08 horas) y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 22 de febrero, a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.