El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (Toca la campanilla y dice): Proceda la Secretaría a hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de la asistencia de los ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 348 diputados. Por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se abre la sesión (a las 10:08 horas). Consulte la Secretaría a la Asamblea si dispensa la lectura al orden día, por estar publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura al orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior; también ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria. Consulte entonces la Secretaría si se dispensa su lectura.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura y, en consecuencia, proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada el acta.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex.)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates. Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Gobernación hacia la Cámara de Diputados.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Lygie Marie Marie Claire de Schuyter Foucher pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Francesa en Xalapa, Veracruz, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos.)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Roberto Abraham Mafud pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Libanesa en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Seis oficios, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento. Tiene la palabra la diputada Elizabeth Yáñez Robles, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de devolución del impuesto a visitantes extranjeros.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor Presidente. Muy buenos días.
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, adicionando un artículo 31, en materia de devolución del IVA a visitantes y extranjeros.
La suscrita, diputada federal Elizabeth Yáñez Robles, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en representación de los diputados del Partido Acción Nacional integrantes de la Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado con la finalidad de crear un sistema de reembolso del IVA a los visitantes extranjeros cuando realicen sus compras en el territorio nacional, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Recientemente, en casi todos los países europeos y asiáticos se han promovido diversas medidas para estimular la industria del turismo. Una de ellas es el reembolso del Impuesto al Valor Agregado a los visitantes extranjeros en las mercancías que compran para llevar a su país de origen. Incluso, en algunos países se han abierto tiendas especiales, denominadas "tiendas de retorno de impuestos", y en otros se regresa el pago a los extranjeros en un trámite en el aeropuerto o ante empresas dedicadas a prestar este servicio.
Como ejemplo de que esta medida es útil para promover el turismo extranjero y –por ende– la adquisición de mercancías, podemos señalar el caso de Taiwán. En ese país, las autoridades estiman que el próximo año la captación de impuestos comerciales por ese concepto se reducirá en 700 millones de pesos aproximadamente, pero en sus proyecciones consideran que con esta medida el número de visitantes extranjeros se duplicará en los próximos cuatro años, lo que significará una captación de divisas muchas veces superior a esta cifra.
Actualmente, Taiwán debe recibir aproximadamente la visita de 2.2 millones de extranjeros por la disminución de 30 por ciento tras el brote del síndrome agudo respiratorio y, aun así, ha aumentado la captación de divisas gracias a la medida. En este caso no solamente se ha contemplado el reembolso de estos impuestos, sino la exención de algunos otros. Otro caso digno de mencionar es el de nuestro socio comercial en el Tratado de Libre Comercio Canadá, que tiene una política de reembolso similar a la descrita en los párrafos anteriores.
En este país, el servicio nacional de reembolso de impuestos ofrece a los visitantes una manera fácil y conveniente de reembolsar los impuestos sobre la compra de bienes adquiridos en su estancia en Canadá. Esto se realiza a través del llenado de un formulario, el cual se envía a la compañía mencionada y ella efectúa los trámites y el pago del reembolso, el cual se encuentra en divisa norteamericana o en depósito a alguna tarjeta de crédito. En Canadá, los extranjeros tienen además la posibilidad de devolución del IVA, la devolución de otros impuestos cuando los productos comprados van a salir del país, así como los de alojamientos cortos. Además, las provincias de Quebec, Toronto y Manitowa permiten reclamar la devolución del impuesto provincial.
En todo el mundo, a pesar de la crisis presentada por la inseguridad y la epidemia del síndrome agudo respiratorio, se está observando en muchos países que los turistas se convierten en mejores consumidores si se les da la oportunidad de comprar "libre de impuestos", lo que hace más próspero el negocio turístico. En otro ejemplo, China ha establecido 150 tiendas libres de impuestos, formando una red que cubre 24 provincias. Ellos esperan con esto reforzar la cooperación con la industria, la venta en cadenas de tiendas y crear una industria específica de productos libres de impuesto. En Tailandia, cualquier visitante extranjero puede solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado. Éste es aplicable para toda la mercancía que salga del país y se tiene un plazo de 60 días para exportarla. Existen tiendas especiales para la compra de esos productos al salir del país. El personal de aduanas puede solicitar la inspección de los bienes adquiridos. En ese país, tanto el Departamento de Hacienda como los establecimientos asociados proporcionan información y requisitos para devolución del IVA a turistas extranjeros.
En Chile, los extranjeros en visitas turísticas o de negocios pueden solicitar la recuperación del Impuesto al Valor Agregado pagado en mercancías que abandonarán el país. En ese país, la suma exenta del Impuesto al Valor Agregado tiene un límite de 2 mil dólares de compra.
En un dictamen de la Comisión Europea, en 1997, se establecieron las medidas para que Polonia, Bulgaria, Bielorrusia y otros países de Europa del Este adoptaran las medidas tendentes a incrementar su turismo. De esta recomendación surgió, en 1998, un informe en el cual se concluyó que era necesario realizar esfuerzos considerables en el ámbito del valor agregado, sobre todo en un sistema de reembolso a extranjeros no establecido en estos países.
Este esquema de devolución del IVA ha resultado tan importante, que la Unión Europea establece como requisito para sus miembros contar con un sistema de reembolso, incluidos los países candidatos a ingresar en la Unión Europea. De la experiencia de prácticamente todos los países que tienen entre sus políticas prioritarias el turismo, podemos apreciar las bondades que representa este estímulo a los visitantes extranjeros.
Hoy, en México el sector turismo es considerado una línea prioritaria en las políticas gubernamentales. Ésta es la cuarta fuente de ingreso de divisas y contribuye con 8.2 por ciento del Producto Interno Bruto, empleando a poco más de 1 millón 700 mil personas. Respecto a la generación de un sistema de reembolso de IVA a visitantes extranjeros, compañeros de otros partidos, funcionarios públicos, autoridades hacendarias y empresarios turísticos coinciden en que la medida, de ser adoptada, podría contribuir a traer beneficios al turismo nacional, toda vez que la experiencia internacional apunta hacia un efecto positivo para la industria turística. Este sistema, de acuerdo con la experiencia internacional, debe contar con las siguientes características:
Primero. Garantizará la exportación de la mercancía por parte del turista extranjero, ya que la certificación y el reembolso deberán llevarse a cabo en el área internacional o punto en donde el turista no pueda devolver la mercancía dentro del país.
Segundo. El turista deberá contar con un pasaporte extranjero y con la forma migratoria de turista de salida válida.
En tercer lugar, la autoridad aduanera verificará y validará finalmente la exportación de la mercancía.
Además, el sistema deberá contar con mecanismos de monitoreo con el cual se pueda detectar con facilidad a turistas o minoristas que abusen de éste.
La operación de este sistema de reembolso del IVA deberá ser tal, de manera que asegure al respecto el pago del IVA en el establecimiento afiliado por parte del turista, la exportación de la mercancía por parte del turista, el reembolso oportuno del IVA al turista extranjero, y la promoción y difusión del sistema antes y después de la visita del turista extranjero a México. Además, puede tener varias modalidades a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la dotación de empresas y contratación de profesionales.
Finalmente, es importante señalar que el reembolso del IVA sólo podría darse si el turista extranjero realiza un monto mínimo de compra por establecimiento. En la actualidad, más de 20.5 millones de turistas extranjeros visitan nuestro país anualmente. El ingreso total por turismo es de 10 mil 800 millones de dólares y hoy solamente pueden adquirir mercancías libres de impuestos en las tiendas duty free, ubicadas dentro de los aeropuertos internacionales. Con esta iniciativa se espera que en el futuro cualquier tienda en el país tenga la posibilidad de ofertar este tipo de productos.
Al respecto, queremos señalar nuestras expectativas en que las grandes tiendas departamentales se puedan integrar a esta promoción turística y que, eventualmente, puedan apoyar con su participación en festivales de compras a gran escala.
Particularmente, el reembolso del IVA extranjero parece muy conveniente para los estados que tienen producción y creación de objetos turísticos. Por lo anterior se han sumado como promotores de esta medida los productores empresarios y comerciantes de todo tipo de mercancías, especialmente las artesanías finas. Adicionalmente, el sistema del reembolso del IVA coadyuvará a la regularización y fiscalización de establecimientos minoristas ya que, como se ha señalado, quien busque afiliarse a este sistema tendrá que estar registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria.
Termino, señor Presidente: distinguidas diputadas y diputados, tenemos frente a nosotros una oportunidad histórica para dar al turismo el valor y peso que debió haber tenido desde hace décadas. Tenemos la oportunidad de mejorar el nivel de miles de familias mexicanas que trabajan en la industria turística, y por eso es nuestra responsabilidad. Y por las bondades de este proyecto, presento ante ustedes en esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
En virtud de que esta iniciativa ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y por respeto, en aras del aprovechamiento del tiempo para otros asuntos, omitiré la lectura del articulado solicitando respetuosamente a la Presidencia que sea turnada a la Comisión de Turismo para su dictamen. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputada. Con mucho gusto, daremos el turno que usted ha pedido: a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diputada, pediría a usted –si no tiene inconveniente– que turnemos, porque es un impuesto, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Turismo. Puede ser en las dos. Con mucho gusto. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Turismo, como ha sido solicitado por la promovente. Son comisiones unidas.
Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Diputado Presidente, hay una asistencia de 404 diputados.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para continuar con el orden del día en el tema de iniciativas, tiene la palabra el señor diputado Federico Barbosa Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político.
El diputado Federico Barbosa Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Solicito que el texto íntegro de esta iniciativa se incluya en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Así se hará.
El diputado Federico Barbosa Gutiérrez: En materia de responsabilidades de los servidores públicos prevista en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevén dos figuras jurídicas: el juicio político y la declaración de procedencia como requisitos de procedibilidad para enjuiciar a los servidores públicos que incurren en responsabilidad.
Por lo que respecta a la declaración de procedencia, esta soberanía resolvió aprobar una iniciativa del diputado Alejando Murat Hinojosa, que adiciona en un segundo párrafo el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así, en el artículo 29 de la citada ley se estableció con claridad que no se requerirá declaración de procedencia de esta Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 de nuestra Constitución por cualquier causa se encuentre separado de su encargo.
Esta visión del artículo 29 de la ley en mención resuelve en parte el problema en su nivel de ley reglamentaria del propio Título Cuarto de la Constitución. Sin embargo, queda pendiente dictaminar la iniciativa presentada por el diputado Sergio Penagos García la cual, de ser aprobada, resultaría congruente con la base constitucional relativa a la declaración de procedencia prevista en el artículo 112 de la Constitución, en virtud de que la misma busca reformar este artículo a efecto de establecer que tampoco se requerirá declaración de procedencia cuando alguno de los antes referidos se separe del cargo por habérsele concedido licencia para el efecto.
Estas iniciativas y otras más que han presentado se refieren en todo momento a perfeccionar la figura de la declaración de procedencia, dejando a un lado el tema del juicio político. Ante este escenario jurídico, conviene actualizar los diversos supuestos relativos al juicio político. Por ello, al analizar una posible separación del encargo por cualquier causa de parte del servidor público, como puede ser la licencia, la Ley Fundamental no prevé tal situación y la ley secundaria tampoco la trata.
En este sentido, la presente iniciativa tiene como propósito eficientar el instrumento constitucional en materia de juicio político, que conlleva el firme propósito de erradicar conductas y supuestos no previstos en la ley en los que se pueden encontrar los servidores públicos. Sobre esta base constitucional, el juicio político es una figura jurídica que en la actualidad requiere precisión en cuanto a su ámbito de competencia, y dado que en la ley secundaria no se establece con claridad cuál es el efecto jurídico en el supuesto de que un servidor público se encuentre con licencia, este hecho podría generar confusión, como sucedió en el caso del juicio de declaración de procedencia resuelto por esta soberanía recientemente.
Si bien es cierto que la Ley Fundamental señala con claridad que este procedimiento podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después, esta misma disposición constitucional no prevé el supuesto de la licencia que pueda tener el servidor público. Al respecto, la ley secundaria tampoco le da un tratamiento que permita resolver esta laguna constitucional. Por ello, la presente iniciativa, que someto a la consideración de ustedes, tiene como propósito resolver el supuesto cuando un servidor público se encuentre con licencia y se le siga un juicio político. En ese sentido, el procedimiento de juicio político podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su encargo, goce de licencia y dentro de un año después de concluido el mismo. Por lo anteriormente expuesto, solicito a ustedes acuerden esta iniciativa, que dice lo siguiente:
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, para quedar como sigue:
Artículo Único. Se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 114. El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo, goce de licencia y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. La siguiente iniciativa, a solicitud de su promovente, ha sido retirada del orden del día. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.
El diputado Manuel Velasco Coello: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: el Diario Oficial de la Federación, conocido también como "Órgano Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos", es el periódico de naturaleza legal del Gobierno Federal de México, en el que se difunden las disposiciones oficiales más importantes del Congreso de la Unión, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Ejecutivo, que incluye las secretarías de Estado y las entidades paraestatales, y de las entidades autónomas, como el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras.
Este instrumento de difusión de las disposiciones oficiales, como instrumento jurídico-administrativo, a través de los cuales se regulan los ámbitos más importantes de la vida nacional, como son, entre otros, los derechos individuales, económicos, sociales, políticos y religiosos. Estas disposiciones oficiales comprenden desde los tratados, leyes, reglamentos, decretos y acuerdos del Ejecutivo, así como estatutos, permisos, circulares, reglas de operación y términos de referencia, sin olvidar que también publica manuales, instructivos, precios oficiales, tipos de cambio y tasas de interés, por mencionar los más habituales en publicarse.
Los ciudadanos mexicanos pueden localizar en el Diario Oficial todas sus obligaciones y derechos, entre los que se encuentran las libertades individuales de credo, tránsito y expresión; los derechos sociales de salud, educación e información; y sus derechos económicos como empleado, ahorrador y consumidor. Asimismo, se pueden localizar indicadores nacionales financieros, económicos, económicos y sociales, como tasas de interés, tipo de cambio, tasas de inflación y tasas de crecimiento poblacional, que publican dependencias y entidades como la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Banco de México. En materia legislativa, las disposiciones legales vigentes obligan tanto a publicar como a cumplir todas las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 72 A y 89, fracción I, establece la facultad y obligación del Presidente de la República de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, mismos preceptos de los que son derivados.
La Ley del Diario Oficial de la Federación y las Gacetas Gubernamentales reglamenta desde 1996 la publicación del Diario Oficial de la Federación y establece las bases para la creación de las gacetas gubernamentales sectoriales. Un gran número de disposiciones vigentes en México obliga a publicar en el Diario Oficial, tanto a las dependencias gubernamentales como a las empresas, diversos aspectos de interés general.
El Código Civil, en su artículo 3o., establece: "las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el periódico oficial, excepto que sus propios artículos transitorios señalen otra fecha". El mismo Código Civil, en su artículo 21, expresa que "la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento".
Como puede verse, el Diario Oficial de la Federación es un instrumento claro de difusión y aplicación normativa de las facultades de los Poderes de la Unión, en beneficio de la ciudadanía por conocer y sujetarse al Estado de derecho que debe privar en cualquier nación con estructura similar a la nuestra. El Poder Legislativo, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede emitir acuerdos por medio de cada una de sus Cámaras, así como de manera conjunta.
Los acuerdos emitidos por cada Cámara que integra el Congreso de la Unión pueden en algunos casos trascender entre diputados y senadores, lo que significaría que el acuerdo mismo puede ser de cuantía para que obligue o requiera su divulgación a toda la ciudadanía en cualquier parte de nuestro país.
No pretendemos convertir el Diario Oficial de la Federación en un simple medio de divulgación para los asuntos legislativos, sino en un instrumento de manifestación real de los acuerdos del Congreso que merezcan un trato distinto por así considerarlo ambas Cámaras.
Por ello sometemos a su consideración la presente
Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales
Artículo Único. Se reforma el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Serán materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación:
I. Las leyes decretos y acuerdos expedidos por el Congreso de la Unión.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La iniciativa que ha propuesto el diputado Jesús Martínez Álvarez se pospone para posterior sesión. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Margarita Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La diputada Margarita Martínez López: Con su permiso, señor Presidente. El turismo en México es un sector determinante que influye positivamente en los ámbitos económicos y sociales gracias a su capacidad para captar divisas, generar empleos y lograr el desarrollo local, estatal y federal. Es un elemento de identidad nacional y de bienestar para la población.
El turismo, considerado por el Estado mexicano como una actividad prioritaria y recientemente elevada a rango constitucional, es uno de los sectores más nobles e importantes para el desarrollo de la economía mexicana, ya que contribuye con más de 8 por ciento del Producto Interno Bruto total del país. La actividad turística genera más de 10 por ciento de los empleos formales totales que hay en el país, lo que significa empleo directo para más de 1.8 millones de mexicanos, cuya remuneración media es 30 por ciento superior a otras actividades productivas.
Adicionalmente, el turismo tiene incidencia real en el combate de la pobreza. Genera clase media, pues permite generar empleos mejor remunerados, haciendo evidente su influencia en el desarrollo regional. En México existen alrededor de 54 municipios de vocación turística absoluta, de los cuales 87.7 por ciento están en niveles bajos y muy bajos de marginación. Es importante señalar que el turismo en México depende en gran medida de la entrada y los gastos de los turistas extranjeros. Durante 2003 llegaron a México 18.6 millones de turistas extranjeros, por lo que se obtuvo un poco más de 9.4 miles de millones de dólares. Ese monto de recursos permite ubicar el sector turístico como la tercera fuente generadora de divisas del país, después de las ventas del petróleo y de las remesas de mexicanos en el extranjero.
Con base en información de la Organización Mundial de Turismo a 2003, México se sitúa en el octavo lugar entre los principales destinos a escala internacional como receptor de turistas; sin embargo, sólo en el decimotercer lugar como captador de ingresos derivados de este concepto. Lo anterior da como resultado que nuestro país ocupe hasta el trigésimo segundo lugar respecto al gasto promedio por turistas extranjeros. Es evidente que lo importante para un país como México es lograr aumentar el gasto promedio de los turistas internacionales, ya que con la misma infraestructura se podría incrementar el ingreso de divisas, con el consecuente impulso a la actividad económica y a la generación de empleos.
A pesar de que México aumentó en 2003 su captación anual de divisas por turismo en 6.8 por ciento, este porcentaje es bajo en comparación con el 16.3 por ciento de aumento en promedio que obtuvieron los países líderes durante el mismo año. Es importante aclarar que el aumento de la captación anual de divisas turísticas que logra nuestro país será principalmente debido a factores externos, como aspectos de inseguridad, enfermedades de tipo contagioso, desastres naturales en otros países y, en gran medida, el favorable tipo de cambio de nuestra moneda respecto al dólar americano y al euro.
Los países líderes en el sector turístico a nivel mundial –Francia, España, Italia, Reino Unido, Alemania y Canadá, entre otros– siguen diferentes estrategias con el fin de ser más competitivos y colocarse entre los primeros lugares de recepción y gasto de visitantes foráneos. Por ello realizan múltiples esfuerzos y emprenden acciones que hagan más atractivos sus centros turísticos.
Una medida que estos países han llevado a cabo exitosamente para atraer el interés de los turistas es el reembolso del Impuesto al Valor Agregado por las compras de mercancías que los visitantes extranjeros realizan en esos destinos. Mediante dicha medida, esos países estimulan la venta de mercancías a los turistas extranjeros, además de que hacen más atractiva su estancia. Tal medida tiene como fundamento que las mercancías vendidas en territorio nacional y que son llevadas por los extranjeros no residentes consigo o en su equipaje al abandonar el país son consideradas exportaciones definitivas.
Cabe señalar que en México, como una medida para estimular exportaciones, se aplica la tasa del cero al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exportan. Nuestra legislación fiscal actual contempla que toda exportación de carácter definitivo tiene el derecho a la tasa cero del IVA, según lo establecido en el artículo 29, inciso 1, de la Ley del IVA y en el artículo 102 de la Ley Aduanera.
El esquema de devolución del IVA es tan importante para muchas naciones, que la propia Unión Europea establece dentro de sus disposiciones fiscales la obligatoriedad para sus miembros de contar con un sistema de reembolso del IVA a turistas extranjeros. Incluso, los países candidatos a ingresar en esta comunidad también deben cumplir esa disposición, formando la medida parte de la condición para su posible integración.
Considerar que México perdería con este mecanismo de promoción turística sería equivalente a pensar que el país pierde en la exportación de mercancías en el comercio internacional. Para tal caso, resulta más conveniente exportar mercancías con alto valor agregado, mediante los turistas que nos visitan, más la derrama económica que generan, que exportar estas mismas mercancías con bajo valor agregado mediante empresas exportadoras.
Establecer el reembolso del IVA a los visitantes internacionales significaría aumentar el gasto promedio de los turistas con la misma infraestructura con que cuenta el país, además de que favorecería las finanzas públicas, ya que si bien implica el reembolso de recursos fiscales, la medida ayudaría a la recaudación, toda vez que el incremento en el gasto generaría mayor actividad económica. Tomando por ejemplo: si el sistema de reembolso propiciara –conservadoramente– un aumento en el gasto medio de los turistas al año de tan sólo 5 por ciento del IVA, lo esperado por devolver alcanzaría un monto de 36 millones de dólares, pero se generaría una captación neta del mismo impuesto por 55 millones de dólares. Lo anterior daría como resultado un incremento en la captación neta de recursos fiscales por 19 millones de dólares.
A mayor incremento del número de turistas de su gasto o de su arribo, el beneficio aumentaría, de manera que si el aumento alcanzara 10 por ciento en los dos conceptos, la devolución del IVA sería de 41 millones de dólares, pero habría un incremento neto en la captación fiscal por 234 millones de dólares.
El reembolso del IVA sólo se daría si el turista extranjero realiza un monto mínimo de compra por establecimiento, por lo cual se condiciona efectivamente el reembolso a un mayor nivel de gastos en mercancías exportables. En consecuencia, este esquema ayudaría a disminuir la evasión fiscal, pues el sistema correctamente diseñado garantiza el pago de los impuestos correspondientes por las ventas realizadas a través de éste. Es importante mencionar que esta propuesta es la primera demanda dentro del listado de los 20 puntos cruciales para impulsar la actividad turística en México, que el sector turístico privado de México elaboró y solicitó al Gobierno Federal por medio de la Comisión Intersecretarial de Turismo. El Gobierno de la República, la Secretaría de Turismo y la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público han comprometido su apoyo a esta iniciativa.
En general, una medida como ésta constituye un aumento moderno de promoción turística, que lleva como beneficio implícito estimular un mayor gasto de turista internacional. Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Artículo Único. Se adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 31. Los extranjeros con calidad de turistas, de conformidad con la Ley General de Población, que retornen al extranjero por vía aérea, marítima o terrestre podrán obtener la devolución del Impuesto al Valor Agregado que se les haya sido trasladado en la adquisición de mercancía siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
1. Que el comprobante fiscal que expida el contribuyente reúna los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.
2. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo que se verificaría en la aduana aeroportuaria, marítima o terrestre, según sea el caso, por la que salga el turista.
3. El valor de las compras realizadas por establecimientos asentado en el comprobante fiscal que presenta el turista al momento de salir del territorio nacional deberá amparar un monto mínimo en moneda nacional de mil doscientos pesos mexicanos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá las reglas de operación para efectuar las devoluciones a que se refiere el presente artículo y podrá otorgar concesión a los particulares para administrar dichas devoluciones, siempre que los servicios para efectuar la devolución no generen un costo para el órgano mencionado.
En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros con calidad de turistas deberá disminuir el costo de administración que corresponda a las devoluciones efectuadas.
Artículos Transitorios
Primero. La adición del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2006.
Segundo. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 31, fracción I, el Servicio de Administración Tributaria deberá expedir las reglas de carácter general en un plazo no mayor de 120 días naturales, a partir de la fecha de publicación de presente decreto.
Tercero. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 31, primer párrafo, el retorno de mercancías por vías terrestres sólo podrá ser efectuado a partir del 1 de enero de 2007.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005. Firman Margarita Martínez, Héctor Gutiérrez de la Garza y todos los diputados de Nuevo León.
Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Sonido por favor a la curul de la diputada Morales.
La diputada María Guadalupe Morales Rubio (desde la curul): Salvo mejor opinión de la diputada Margarita: si está de acuerdo en que se turne con opinión de la Comisión de Turismo.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Así será, diputada Morales. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Turismo.
Tiene la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los incisos b) y c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Cristina Portillo Ayala: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados y diputadas: comparezco ante ustedes para presentar iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 72, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de veto. El veto es una institución regulada a lo largo de toda la historia del derecho constitucional mexicano.
El poder hegemónico del Presidente de la República y la integración del Congreso de la Unión casi en su totalidad con legisladores de un solo partido político hicieron durante décadas que esta figura jurídica tuviera una realidad meramente teórica, sin efectividad práctica. En los hechos, su interposición fue ocasional y se generó un vacío en materia de cultura, conocimiento y práctica legislativa de cómo proceder y procesar las observaciones a un decreto enviado por el Poder Legislativo al Ejecutivo para su promulgación.
Las lagunas e imprecisiones del texto legal no representaron riesgo institucional alguno durante esta etapa. Sin embargo, la alternancia en el poder y la pluralidad con que hoy están formadas ambas Cámaras del Congreso de la Unión obligan a replantear las disposiciones constitucionales que regulan la facultad del Presidente de la República de realizar observaciones como condición para que cualquier conflicto en la materia se resuelva con una solución que a todas luces sea constitucional y legítima para los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
La reacción desmedida del Presidente Vicente Fox frente a la aprobación del Presupuesto de Egresos para el año 2005, acusando de manera irresponsable a la Cámara de Diputados de aprobar un paquete económico contrario a los intereses de todos los mexicanos, ha puesto en relieve la disyuntiva: o se esclarecen las normas reguladoras del veto en nuestro país sin dejar dudas a la interpretación judicial o doctrinaria, o se corre el riesgo de una grave crisis constitucional.
Cuatro son las cuestiones esenciales que conviene dilucidar perfectamente en relación con esta facultad del Ejecutivo: prohibir expresamente el veto presidencial al Presupuesto de Egresos de la Federación, a la Ley de Ingresos y a las reformas constitucionales; y reducir la exigida mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos para superar el veto por la simple mayoría absoluta de los miembros presentes.
La Constitución es muy clara: el veto es improcedente en los casos de facultades exclusivas de cada Cámara, en virtud de la aplicación de la regla general que se infiere del artículo 72, que sólo lo hace procedente respecto de actos del Congreso de la Unión en ejercicio de facultades legislativas.
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. El Presupuesto de Egresos es un decreto aprobado por una sola de las Cámaras, no una ley; como consecuencia, no es susceptible de veto en la aplicación de la regla general.
Sin embargo, mientras no se establezca la prohibición expresa en el texto constitucional, existe latente la posibilidad de una interpretación contradictoria que deba ser resuelta por el Poder Judicial, con el consiguiente riesgo de una crisis política que el conflicto entre poderes pudiera generar. Su efecto suspensivo hace inaceptables las graves consecuencias que, para la estabilidad política y económica del país, ocasionaría la interposición de un veto presidencial en materia presupuestaria. Sólo es cuestión de imaginar las instituciones de la República sin autorización para realizar gastos de inversión a consecuencia de la promoción de un veto.
Por otra parte, en la doctrina, el Presupuesto comprende no sólo los egresos sino también los ingresos. Existe por ello una íntima relación entre ambos, no obstante que en México, por una posición jurídica que se inició en la Constitución de 1824 y que se ha reiterado en nuestras Constituciones posteriores, se ha distinguido entre los gastos, que se engloban con el término "Presupuesto de Egresos de la Federación"; y los ingresos o contribuciones, que se concretan en lo que se denomina "Ley de Ingresos".
Y si el Presupuesto de Egresos no es susceptible de veto, ésta sería necesaria e íntima conexión entre egresos e ingresos. Hace derivar de la misma Constitución una regla que justifica la prohibición expresa del veto presidencial a la Ley de Ingresos. La regla establecida en el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución General de la República, en el sentido de que todo gasto debe acompañarse de un ingreso... Sólo pensemos que el Presidente veta una Ley de Ingresos y con ello disminuye la recaudación fiscal, ¿qué sucedería con el Presupuesto? Se tendría que modificar para reducir su monto y equipararlo con los menores ingresos disponibles.
Si esto sucediera, serios problemas de procedimiento surgirían, ya que la Cámara de Diputados primero aprueba los ingresos y remite al Senado, después pasa a discutir y aprobar los egresos, enviando todo el paquete al Ejecutivo. Asimismo, es criterio casi unánime en nuestros estudiosos del derecho que las reformas constitucionales no pueden ser objeto de veto, por tratarse de actos del poder revisor de la Constitución.
El artículo 72 se refiere únicamente a las leyes o decretos de carácter federal; es decir, aquellas en que interviene el Congreso de la Unión. En cambio, las reformas constitucionales son obra del poder revisor de la Constitución, órgano de jerarquía superior al Congreso, ya que se encuentra ubicado entre el Poder Constituyente y los Poderes Constituidos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y no puede el Presidente de la República vetar la resolución de un órgano superior.
Al requerir reunir la mayoría calificada de las dos terceras partes, el veto de reformas constitucionales carecería de sentido desde un punto de vista práctico, pues para ser superado en el Congreso se requerirá la misma cantidad de votos que en su momento se requirió para la aprobación de la reforma. En otras palabras: tratándose de reformas de la Constitución, el veto está superado por anticipado y se justifica su prohibición expresa.
Finalmente, el Constituyente de 1917 nunca pensó en instaurar la figura jurídica del veto como un instrumento de carácter absoluto e insuperable que alterara la perfecta división de poderes y entregara al Ejecutivo la parte decisiva en la formación de leyes.
La actual formación de las Cámaras del Congreso de la Unión, a riesgo de distorsionar la naturaleza jurídica de la institución como solo acto de colaboración, exige que también replantara en forma inmediata los términos y las condiciones de procedencia del veto por lo que se refiere a la mayoría exigida para superarlo. Seguir requiriendo el veto aprobatorio de las dos terceras partes del número total de miembros presentes en las condiciones de pluralidad, correlación de fuerzas que ahora se viven en las dos Cámaras del Congreso hace prácticamente insuperable el veto, trastocando la institución de un mero acto de colaboración legislativa en instrumento que rompe la perfecta división de poderes, al irrogar al Ejecutivo influencia decisiva en el procedimiento de la formación de leyes y anular el poder de decisión de las mayorías parlamentarias. Por ello, en la iniciativa de igual forma se plantea reducir la exigida mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos para superar el veto, por la simple mayoría absoluta de los miembros presentes, haciendo acorde la norma con uno de los principios básicos de la democracia: el de decisión de las mayorías. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada Portillo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Javier Saucedo Pérez para presentar iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita tanto por él como por el diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia. Los suscritos, diputados federales Miguel Alonso Raya y Francisco Javier Saucedo Pérez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y en ejercicio de las facultades que nos otorgan la Constitución y el Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan iniciativa de decreto que reforma y deroga diversos artículos de la Ley del Seguro Social, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Como es reconocido ampliamente, las cooperativas de producción constituyen alternativas viables para la generación de puestos de trabajo y de ingresos dignos para amplios sectores de la población que no encuentran posibilidades de empleo y de desarrollo personal bajo los esquemas tradicionales de su contratación como obreros o empleados de empresas públicas o privadas. No obstante lo anterior, la política fiscal que se ha aplicado a este tipo de empresas sociales en los últimos años, lejos de alentarlas para que continúen desarrollando una importante labor como factores distributivos de la riqueza y estimularlas a la reinversión productiva de sus excedentes, se ha distinguido por su clara orientación mercantilista, discriminatoria, inicua y meramente recaudatoria. Atendiendo dicha lógica, una serie de medidas regresivas y francamente violatorias del espíritu social de nuestra Constitución dio al traste con las escasas disposiciones de fomento del cooperativismo.
Y 1997 vio nacer una nueva Ley del Seguro Social que enterró el sistema de tributación bipartita vigente desde 1973, que si bien únicamente aplicaba a los seguros de enfermedades y maternidad y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, al financiarse con recursos públicos en 50 por ciento y permitir a la propia sociedad como ente moral cubrir el otro 50 por ciento de aportaciones, se libraba al trabajador socio de la carga de aportaciones personales al Seguro Social, estimulando así el autoempleo en sociedades de trabajo filosófica y moralmente muy diferentes de las sociedades de capital. En cambio, con la reforma de la Ley del Seguro Social no se contempla el beneficio del régimen bipartita para las sociedades cooperativas creadas a partir de la reforma, limitándose a insertar el artículo transitorio 23 en la ley para permitir a los cooperativistas que ya se hubieran encontrado disfrutando del beneficio del régimen bipartita continuar con él, con la salvedad de que no tienen derecho al mismo los nuevos socios, incluso los que se incorporen a las cooperativas que sí disfrutaban de ese beneficio desde antes de la entrada en vigor de la nueva ley.
Así, la reforma de la Ley del Seguro Social de 1997 constituye un atentado a los principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y justicia que deben distinguir las contribuciones fiscales en nuestro país. Contrario a lo anterior, en la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997, las cooperativas de producción en general estaban obligadas a efectuar aportaciones al IMSS de forma bipartita por lo referente a los seguros de enfermedades y maternidad e invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, los cuales se transcriben a continuación para mayor comprensión de los mismos:
Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio del 1997 por lo que corresponde a enfermedades y maternidad, así como invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, artículos 116 y 179, que a letra dicen: "Las sociedades cooperativas de producción, las administradoras obreras o mixtas, las sociedades locales, grupos solidarios o uniones de crédito cubrirán 50 por ciento de las primas totales y el Gobierno Federal contribuirá con el otro 50 por ciento".
Como puede deducirse, a raíz de la reforma efectuada a la Ley del Seguro Social se eliminó del texto de la misma el beneficio que otorgaba a las cooperativas de producción en el sentido de pagar cuotas de manera bipartita, trasladándose dicho beneficio al multicitado artículo transitorio 23. De lo anterior se desprende que el beneficio continuará sólo para los socios registrados ante el IMSS de las cooperativas de producción que hayan iniciado operaciones antes del 1 de julio de 1997, mas no así para los que sean registrados en fecha posterior.
Precisamente por ello es fundamental para las sociedades cooperativas en general que se reconozca de manera expresa en la ley la figura del socio cooperativista, que es diametralmente distinta de la figura del obrero o trabajador de una empresa de capital, motivo por el cual a continuación nos permitimos exponer el concepto de lo que es una sociedad cooperativa, concepto que encuentra su fundamento legal en el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que a la letra dice: "La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios".
De la lectura del citado precepto se desprende que en una sociedad cooperativa por esencia y naturaleza no tienen cabida las figuras obrera y patronal, ya que sus miembros tienen la función de ser ambas a la vez, formando una tercera figura, que es la del socio cooperativista. En el mismo sentido, lo establecido en el artículo 25 constitucional y la recomendación 193 de la OIT de 2002 está dando por sentado las mismas características.
Otro aspecto igualmente importante, por destacar, es que en las disposiciones de la nueva Ley del Seguro Social se obliga a las cooperativas a cumplir la inscripción y el pago de las cuotas obrero-patronales de sus integrantes sin importar a qué actividad se dedican. De este modo, se ignora que los ingresos de las cooperativas que se dedican a las actividades primarias –agricultura, ganadería, silvicultura y pesca–, así como las dedicadas al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, están sujetos a diversos factores contingentes que muchas veces no pueden ser previstos, como los cambios climáticos y variaciones de los precios en el mercado.
Significa esto que entre las cooperativas de producción industriales y las que se dedican a actividades primarias y al autotransporte existe diferencia esencial, que tiene que ver con el hecho de que mientras las cooperativas de producción industriales pueden tener seguridad de recibir un ingreso mínimo, dicha seguridad no existe en modo alguno en las cooperativas del sector primario del autotransporte terrestre. En las sociedades cooperativas no existen utilidades. En todo caso, de existir remanentes, éstos deben distribuirse equitativamente entre los socios de acuerdo con el trabajo aportado por cada uno de ellos, tal como lo establece el artículo 28 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Sin embargo, la Ley del Seguro Social ordena que para integrar el salario base de cotización deben tomarse en cuenta todas las percepciones recibidas, lo cual incluye toda cantidad que los cooperativistas perciban por concepto de remanentes, situación que no acontece en ningún tipo de sociedad. En el caso de los trabajadores ordinarios, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa, se excluyen como integrantes del salario base de cotización.
En tal virtud y de manera compensatoria a las desigualdades y desventajas que se hallan en las cooperativas de producción, exigimos que los remanentes distribuidos entre los socios sean excluidos como criterio para la determinación del salario base de cotización. En ese sentido, corresponde también la derogación del artículo 28-A, con objeto de que, a través de la concertación entre las autoridades del Seguro Social y las sociedades cooperativas de producción, se determine la base de cotización. Por lo expuesto anteriormente, nos permitimos someter ante la Cámara de Diputados el siguiente
Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 19, y se derogan los artículos 28-A y vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social
Artículo Único. Se reforman artículos 12 y 19, y se derogan los artículos 28-A y vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue:
Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:
Fracción II. Los socios de sociedades cooperativas de producción; y
Artículo 19. Para los efectos de esta ley, las sociedades cooperativas de producción cubrirán las cuotas que conforme a la misma corresponden a patrones y trabajadores, a excepción de las correspondientes a los seguros contemplados en las fracciones II, III y IV del artículo 11 de esta ley, respecto de los cuales cubrirán 50 por ciento y el Gobierno Federal contribuirá con el otro 50 por ciento.
Artículo 28-A. Se deroga.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputado Saucedo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a los catedráticos y alumnos de la escuela secundaria General Lázaro Cárdenas del Río, del municipio de Tlaltizapan, del estado de Morelos, invitados por la diputada Rosalina Mazari. También saluda con afecto a los estudiantes de la escuela secundaria técnica número 56, Juan Rodríguez Puebla, invitados por el diputado Francisco Javier Bravo Carbajal.
La Presidencia informa a la Asamblea que el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley General de Deuda Pública, la cual se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene la palabra el señor diputado Jaime Moreno Garavilla. Sonido a la curul del diputado Moreno Garavilla.
El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente. Una atenta súplica: en virtud de que esta iniciativa es producto de la presentación de una organización social que participa en el Foro Permanente de Consulta Ciudadana, en la Comisión de Participación Ciudadana, y tiene interés de invitar a otras organizaciones, yo le rogaría que sea usted tan amable de instruir que fuese en la próxima sesión la presentación, sin perjuicio de pedírselo documentadamente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto, señor diputado. Y así como usted lo ha solicitado, se programará para que sea desahogado en la próxima sesión. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: cada día vemos con preocupación el aumento en el robo de vehículos en todo el país y cuando el cuerpo del delito corre con suerte, es devuelto a su legítimo propietario. Sin embargo, se han acercado a mí ciudadanos preocupados y molestos al haber adquirido un automóvil, es decir, compradores de buena fe, que en operativos de la autoridad competente sus automóviles son detenidos y puestos a disposición de las mismas autoridades, con el argumento de que son robados, a pesar de contar con la documentación correspondiente, incluso cuando los vehículos son de agencia.
Desde luego, creemos en la buena fe de nuestros ciudadanos, que con sacrificio y esfuerzo se hacen de su patrimonio, y no es justo que personas sin escrúpulos opten por el dinero fácil al remarcar los vehículos y que éstos sean sujetos de duda por la autoridad.
Se calcula que solamente en el Distrito Federal se roban al día 2 mil automóviles, con el perjuicio de sus propietarios que esto conlleva, situación que nos hace presentar esta iniciativa. Asimismo, una vez que los afectados por robo de automóvil se presentan ante el Ministerio Público para solicitar la reclamación del automóvil, deben cubrir una serie de requisitos, situación que en múltiples ocasiones hace difícil la entrega de los vehículos, toda vez que éstos son remarcados para su venta o bien las mismas compañías automotrices, al prever suficiencia en la producción, ellas mismas, para no perder material, suelen remarcar el número de chasís de los mismos automóviles y cuando la autoridad pasa a la revisión con su tecnología, ésta detecta que el vehículo ha sido remarcado y, por tanto, se infiere que ha sido robado.
Insisto: aun cuando el automóvil sea adquirido como nuevo de agencia, en ocasiones el mismo fabricante suele remarcar el chasís para no perder márgenes de producción. Sin embargo, con esta medida pone en problemas al propietario del automóvil, situación que hace difícil la devolución a su legítimo propietario ante el Ministerio Público, aun cuando muestre su legal adquisición. Por tanto, el propósito de esta iniciativa es facilitar la devolución de un vehículo robado a su legítimo propietario, siempre y cuando reúna en su conjunto los siguientes requisitos: que no exista denuncia de robo; el reclamante acredite la propiedad con los documentos cuyos datos coincidan con la numeración del vehículo automotor al ser asegurado; y que siendo de procedencia extranjera, el vehículo se encuentre regularizado y que sea verosímil por las circunstancias personales del reclamante que el vehículo lo haya podido adquirir legítimamente.
Una vez que el legítimo propietario cubra la totalidad de estos requisitos, el automotor será entregado en depósito judicial por el término de un año. Pasado este tiempo sin haber denuncia de robo, el reclamante tendrá todos los derechos y las obligaciones de propietario que demostró, sin necesidad de resolución judicial.
Con las anteriores reformas queremos ayudar a los propietarios de automotores a recuperar su patrimonio, pero también no deseamos que abusen de este derecho. Por eso estos requisitos deben ser cubiertos en su totalidad. En mérito de lo anterior y debidamente expuesto, el diputado federal Hugo Rodríguez Díaz pone a la consideración de esta Asamblea, en su carácter de Constituyente Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone la adición al artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de dictar requisitos sin los cuales no serán devueltos los vehículos automotores cuando sean sujetos de detención por la autoridad o robo.
Por lo anterior, pido a usted, Presidente, que sea insertada en su totalidad esta iniciativa en el Diario de los Debates, para su constancia. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Esta Presidencia recibió de parte de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que se le privilegia en el turno y se envía a la Comisión de la Defensa Nacional.
Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma los artículos 14 Bis 5, 45 y 96 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.
El diputado Alejandro Agundis Arias: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores: México, como muchos países en la actualidad, enfrenta una situación dual respecto al agua. En términos generales, los niveles de consumo se encuentran por debajo de la disponibilidad de agua a nivel nacional. Sin embargo, aun cuando se cuenta con una dotación adecuada del recurso, su manejo actual no es sustentable.
De esta forma, nos encontramos con que las necesidades de la población no han sido cubiertas en su totalidad, tanto hablando en términos de agua potable, agua reciclada, alcantarillado, así como una efectiva distribución de competencias. A nivel nacional se presenta un porcentaje de cobertura de agua potable de 87 por ciento, aunque existen estados que tienen niveles de cobertura inferiores a 70 por ciento, como es el caso de Veracruz, que tiene 35 por ciento sin cubrir; Oaxaca, 33 por ciento; y Guerrero, 32 por ciento, lo que contribuye a que sean los que enfrentan mayores índices de marginación en el país y de necesidades básicas insatisfechas.
De igual forma, esos estados –como muchos otros–, además de tener una carencia en cuanto a la cobertura de agua, también tienen un gran conflicto de intereses interestatales, donde muchas veces no existe una conciencia ecológica que fomente el desarrollo sustentable, causando daños irreversibles a los estados vecinos.
Por otro lado, el hecho de que las tarifas del agua tengan niveles tan bajos y no reflejen siquiera los costos de operación agrava la situación del sector hidráulico. Actualmente, el establecimiento de tarifas se encuentra desvinculado con los costos de operación, inversión y escasez. La Comisión Nacional del Agua se mantiene a través del presupuesto que le otorga el Gobierno Federal, mientras que en muchas ocasiones las tarifas municipales se politizan dejando de reflejar los verdaderos costos del recurso.
En términos de descargas de aguas residuales, gran parte del volumen no se contabiliza. El tema de descargas de aguas residuales constituye el principal problema de la industria. Todavía quedan algunos vacíos que influyen en que la generación de contaminantes alcance las dimensiones que se han explicado; entre ellos, la falta de monitoreo y la poca disponibilidad de información entre los diferentes actores.
Sin embargo, en la realidad, independientemente de que la Comisión Nacional del Agua haya promovido insistentemente la construcción y concesión de plantas de tratamiento de agua para uso industrial y agrícola y así liberar volúmenes de agua potable para consumo humano, no existen en la práctica estímulos para el uso de aguas residuales tratadas.
Por su parte, los estados y los municipios del país, así como los particulares, se oponen –u obstaculizan– al uso de agua residual tratada, ya sea porque alegan que dejan de percibir ingresos por el uso del agua potable que ellos distribuyen o porque tienen beneficios fiscales que hacen poco atractivo el consumo de aguas recicladas. A pesar de que el uso de aguas residuales tratadas es posible tanto para la industria como para la agricultura, en muchas ocasiones esto no se logra ya que, como esos sectores cuentan con gran disponibilidad de líquido y en el caso del sector agrícola se obtiene en forma gratuita, se prefiere usar e incluso desperdiciar el agua potable, en lugar de utilizar aguas tratadas. La escasez del agua en nuestro país demanda que se discriminen los usos que se dan al líquido, a efecto de lograr mayor eficiencia social en su utilización.
Por otra parte, es un hecho notorio que México está atravesando por un proceso de contaminación de sus ecosistemas y de pérdida de sus recursos hídricos. Debemos dar a los ciudadanos la posibilidad de que vigilen el rico patrimonio de los mexicanos para las generaciones por venir. Esto se puede lograr mediante la facultad de ejercer acciones contra las afectaciones de los intereses colectivos. Su preservación debe considerarse una prioridad del Estado mexicano.
Con un sistema de responsabilidad objetiva se evitarían graves afectaciones al sistema hídrico de cualquier municipio, al amparo de autorizaciones y de actividades que son consideradas lícitas, sin que sea precisa la concurrencia de culpa o negligencia por parte del responsable, ni que el daño o deterioro medioambiental sean consecuencia de accidentes o causas similares.
Con lo anterior se lograría una efectiva reparación de los daños que pudieran ocasionarse a los cuerpos acuáticos o sistemas hidráulicos, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a que hubiere lugar.
Estamos conscientes de que las necesidades y atenciones de los mexicanos son muchas y que requieren atención urgente, pero creemos que una de las más importantes es proteger su entorno, el cual no se debe poner en riesgo con inadecuadas e insuficientes políticas ambientales, que hacen de nuestro país uno de los que sufren una constante depreciación en la calidad del agua.
Es necesario alcanzar un modelo de desarrollo sustentable que no sólo impida el deterioro de nuestro ambiente sino que emprenda la vigorosa restauración del mismo, y promover la conciencia y el compromiso social en el respeto y conservación de los recursos naturales para preservar la integridad de los mexicanos de hoy y la responsabilidad con las generaciones futuras. Por todo esto resulta urgente hacer un esfuerzo por el mejoramiento del ambiente y el cuidado del agua.
De esta forma, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentamos la presente iniciativa con el fin de evitar que se sigan realizando dichas prácticas, que atentan contra los recursos de todos los mexicanos. Se someten a consideración las siguientes propuestas de reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 14 Bis 5, 45 y 96 Bis de la Ley de Aguas Nacionales. En virtud de la limitación de tiempo, omitiré la lectura del articulado y solicito a la Presidencia su publicación íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y esta Presidencia obsequia su petición con mucho gusto. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Tiene la palabra el señor diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Quintín Vázquez García: Con su venia, compañero diputado Presidente. El suscrito, diputado federal por el distrito IX electoral, con cabecera en Guadalajara, Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expone ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto, que adiciona el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la seguridad integral que se debe brindar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente, gran número de niños, niñas y adolescentes es objeto de explotación en cualquiera de sus modalidades, como lo es la laboral, sexual y social, lo que pone en riesgo su seguridad, su salud y desarrollo físico.
El UNICEF señala que en México se encuentran las peores formas de trabajo infantil. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos a los niños obreros que trabajan en los molinos de arena sílica, en la industria metal-mecánica y en las maquiladoras de exportación o en las fábricas de talco y chupones, donde laboran por turnos día, tarde y noche, y donde se exponen a agentes químicos, polvos y altas temperaturas.
También es cierto que muchos de los niños, niñas y adolescentes trabajan para ayudar a la economía familiar, ya que muchos viven en condiciones de extrema pobreza y su necesidad es tal, que no les importa efectuar las peores tareas, o bien, ser objeto de la explotación por parte de los patrones; o bien, trabajan a petición de los padres o tutores, quienes se quedan con la mayor parte del salario de los menores. Y en algunos de los casos, el salario de éstos se ha convertido en el principal ingreso de muchas familias.
Aunado a lo anterior y según datos del propio UNICEF, se indica que en México 400 mil menores acompañan a sus padres como jornaleros agrícolas, emigrando a los estados del norte del país. Por lo que hace a la explotación sexual, explotación sexual comercial y a la pornografía infantil, ésta cada día aumenta entre los menores. Según datos vertidos por el UNICEF y el DIF, se estima que aproximadamente más de 16 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual en cualquiera de sus modalidades, situación que se da en las grandes ciudades, ciudades fronterizas y principalmente en los destinos turísticos del país.
Existe gran número de causas que hace que los niños y las niñas sean vulnerables a la explotación sexual. Entre éstas podemos mencionar las relacionadas con la pobreza hasta las que se originan en el seno de la familia.
Con relación a las consecuencias, pensamos que todo tipo de explotación sexual es una grave violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, ya que se afectan no sólo su autoestima y su sentido de pertenencia y de identidad, sino también su proyecto de vida, por lo que es importante rescatar la esperanza de los afectados al proporcionarles una oportunidad para salir de su problema a través de proporcionarles mejores sistemas de vida y de una gran difusión para que conozcan sus derechos y que nadie pueda violentar.
El tema de la infancia ha sido prioritario para el Gobierno Federal, ya que éste se señaló en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-1006, pero aunque se han implementado diversos programas de apoyo a la niñez, éstos no han dado los resultados esperados y día a día se observa que la explotación de menores en sus diversas modalidades se sigue dando, por lo que es importante que a partir de nuestra Carta Magna se otorgue esa seguridad integral que requieren los niños, niñas y adolescentes para que se respeten sus derechos humanos básicos y así tengan una vida digna y de sano esparcimiento.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente
Iniciativa de decreto por el que se adiciona el sexto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, seguridad integral y sano esparcimiento para su desarrollo.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en el mes de febrero de 2005.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Quintín Vázquez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 7, 47 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: pongo a su disposición la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona las fracciones XI del artículo 7 y XXV del artículo 47, y reforma la fracción XXIV de este último artículo; así también, se reforma el artículo 48, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, atento a lo siguiente:
Hoy por hoy, resulta irónico que nuestra legislación contemple el delito de falsedad en declaraciones vertidas ante una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones. Claro, está dirigido a los gobernados, pero como autoridad no se ha tipificado el delito de falsedad de declaraciones hechas públicamente por una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones, lo cual resulta aún más grave que el primer delito que sí está tipificado, ya que un esquema de la norma es precisamente que debe ser objetiva y general; por tanto, la generalidad de la imposición y la observancia de la norma no deberían ser unilaterales.
Actualmente, resulta casi cotidiano que los propios gobernados y presidentes municipales y gobernadores e incluso el propio Ejecutivo federal y –¿por qué no decirlo?– la mayoría de los de cargo de elección popular que muchos representamos, además de altos funcionarios de la administración pública, incluidos muchos del Poder Judicial, incurran en falsedades públicamente lo cual, como líderes de opinión, nos da una imagen, al gobierno, de gran desconfianza por parte de nuestros gobernados, lo cual imposibilita aún más la incorporación del pueblo a la verdadera labor democrática social y cívica de establecer un gobierno de corresponsabilidades mutuas entre gobierno y gobernados.
Este tipo de conductas debe ser eliminado de manera definitiva, por lo que para procurar que se empiece a cambiar la mentalidad tanto de las autoridades como de los gobernados y se busque asegurar la manera más objetiva a tal misión, se debe reformar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en sus artículos 7, 47 y 48, como un inicio para establecer como causal de juicio político y como indiscutible sanción la destitución, inhabilitación ante la comisión de este tipo de faltas, que además deberían ser tipificadas como delito, para lo cual habré de presentar la iniciativa correspondiente que tienda a complementar la presente iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones IX del artículo 7 y XXV del artículo 47, y reforma la fracción XXIV de este último artículo; así también, se reforma el artículo 48, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar de la siguiente manera:
Artículo Único. Se adicionan las fracciones IX del artículo 7 y XXV del artículo 47, y se reforma la fracción XXIV de este último artículo, así como el artículo 48, todos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo 7. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, y de su buen despacho.
Fracción IX: Las violaciones intencionadas al derecho a la información cuando éstas impliquen falta a la verdad. No procede juicio político por la mera expresión de ideas. El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo; cuando aquéllos tengan carácter delictuoso, se formulará la declaración de procedencia a que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.
Artículo 8. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con la destitución, invariablemente con la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, desde un año hasta veinte años.
Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad: honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de normas específicas al respecto que rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas.
XXIV. Abstenerse en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas de faltar a la verdad, lo cual constituirá además de una falta grave si con ello se viola intencionalmente el derecho a la información. Y las demás que impongan las leyes y reglamentos.
Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a la Secretaría de la Contraloría General, el superior procederá a hacerlo sin demora bajo su estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite la comunicación a la Secretaría de la Contraloría General, el subalterno podrá platicarla directamente informando a su superior acerca de este acto.
Transitorios
Artículo Primero. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2005.
Atentamente, el de la voz: diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Moreno Arévalo. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de modificarse el orden del día a efecto de que nos ocupemos de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la realización del foro Autoridades, democracia y partidos políticos.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para dar a conocer un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la realización del foro Autoridades, democracia y partidos políticos.
La Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral uno, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. Que en términos del artículo 34, numeral uno, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene como atribución proponer a la consideración del Pleno proyectos de punto de acuerdo.
Segundo. Que uno de los temas fundamentales de la vida democrática de nuestro país lo constituye la conformación, desenvolvimiento y quehacer continuo de los partidos políticos, de manera tal que resulta importante la cimentación de una legislación clara y objetiva respecto a las reglas que deben regir a los mismos en la integración de sus estatutos y reglamentación de su vida interna.
Tercero. Que es función de esta honorable Cámara de Diputados conformar foros de diálogo y discusión para el enriquecimiento de nuestra vida democrática y la elaboración de leyes. En este sentido, uno de los temas prioritarios de la transición política mexicana lo constituye el avance de la cultura democrática, para lo cual son necesarios el conocimiento y la práctica de los principios que la sustentan, por lo que la conformación de espacios de discusión y diálogo respecto a la regulación de la vida interna de los partidos políticos es un tema que implica la colaboración de todas las fuerzas políticas, así como de las instituciones que son base de la estructura democrática del país.
Cuarto. Que la Junta de Coordinación Política como expresión máxima de pluralidad considera necesario el análisis de este tema, a fin de conformar un trabajo legislativo que coloque a nuestro país a la vanguardia en el tema de legislación electoral y política.
Es por todo lo anterior que esta Junta, con fundamento en las facultades que le otorga el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente
Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política acuerda la realización del foro Autoridades, democracia y partidos políticos.
Segundo. Dicho foro deberá realizarse el día 11 de marzo del presente en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, con la participación de los grupos parlamentarios que la integran.
Tercero. Se instruye a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para otorgar los apoyos logísticos necesarios para la realización del evento.
Firman: el diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario Convergencia.
En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, fracciones III y X, y 90, fracción XV; y se adicionan la fracción XV Bis al artículo 90 y un Capítulo Segundo Bis, denominado "De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas", a la Ley de la Propiedad Industrial. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura al dictamen. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Alegre Bojórquez, para fundamentar el dictamen en términos del 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ricardo Alegre Bojórquez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: hago uso de la tribuna, en nombre de las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Economía de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados, para presentar el dictamen a la iniciativa que reforma los artículos 6o., fracciones III y X, y 90, fracción XV, y se adicionan además la fracción XV Bis del artículo 90 y un artículo 2o. Bis, que contiene los artículos 98 Bis a 98 Bis 9, para crear las figuras jurídicas de declaratoria de marca notoriamente conocida y declaratoria de marca famosa de la Ley de la Propiedad Industrial.
Esta ley, cuya aplicación corresponde al Ejecutivo federal, por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene por objeto regular y proteger los derechos de carácter exclusivo y temporal que otorga el Estado para usar y explotar en forma industrial o comercial patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, así como los signos distintivos comprendidos por marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen.
Las marcas son los signos visibles utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, buscando con su uso prevenir en el público de cualquier posibilidad de confusión. En el ámbito internacional, algunas marcas, derivado de las actividades comerciales de sus titulares y de la inversión que se ha realizado en su promoción y publicidad, obtienen un reconocimiento en el público consumidor, que facilita el desplazamiento de los productos o servicios amparados por las mismas. Sin embargo, son también estas marcas los principales blancos de la piratería y de la apropiación indebida e injusta de su reputación.
México forma parte de diversos tratados internacionales en los que se han adoptado medidas para garantizar una especial protección de la denominada "marca notoriamente conocida", como el Convenio de París de 1967, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad Intelectual relacionados con el comercio y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
No obstante las regulaciones nacionales e internacionales vigentes, no son pocos los casos en que marcas de gran renombre internacional han sido indebidamente registradas en nuestro país por empresas o personas sin escrúpulos que no eran sus propietarias, limitando con ello los derechos de uso exclusivo y explotación de sus legítimos titulares; además de que existen marcas notoriamente conocidas que, teniendo registro en México, son atacadas mediante la solicitud de registro de marcas similares, buscando un injusto aprovechamiento del prestigio ajeno.
La razón de que algunas de estas prácticas se den en nuestro sistema jurídico de propiedad industrial se debe a que la protección que se brinda por parte del Instituto está sujeta a una estimación; es decir, al conocimiento anterior que tenga quien evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba que sustenten esa decisión.
La falta de pruebas para demostrar la notoriedad es de gran importancia, ya que si consideramos que aun cuando la noción de notoriedad de las marcas guarda relación con un argumento lógico-jurídico relativo a los hechos notorios, según el cual no requiere probarse lo que es conocido por una generalidad o bien que se puede percibir fácilmente.
Aun en tales circunstancias, la Ley de la Propiedad Industrial no contemplaba un procedimiento de oposición ni ningún procedimiento abierto mediante el cual se puedan aportar pruebas de notoriedad y obtener una declaratoria que así lo reconozca.
Con esto se obliga a los titulares de las marcas en cuestión a exhibir todos los medios de prueba a su alcance, para demostrar que su marca es notoria en cada juicio subsecuente en el que dicha circunstancia sea controvertida, lo que se traduce en gastos y trámites excesivos y, nuevamente, en la posibilidad de obtener resoluciones contradictorias para trámites similares. De aprobarse la iniciativa, quedarían plenamente protegidas las marcas notoriamente conocidas y famosas.
La reforma que hoy se presenta permite, además de proteger a los legítimos titulares de una marca, proteger al consumidor de dichas marcas, pues con la declaratoria de marca famosa y notoriamente conocida le será más fácil identificar si se trata o no de un producto emanado de dicha marca, evitando así caer en confusiones y errores. Agradezco y reconozco al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y a la Asociación Mexicana de Propiedad Industrial, por sus valiosas aportaciones; y a toda la gente que participó durante la iniciativa y en el dictamen, por su disposición para adecuar a las realidades actuales la protección de las marcas notoriamente conocidas y famosas.
Por lo anteriormente expuesto, los exhorto a que todos y todas se sumen a este proyecto, el cual traerá grandes beneficios para la competitividad de las empresas que han invertido en que sus marcas sean cada vez de mejor calidad y a los consumidores, como ustedes y como yo, al permitirnos identificar fácilmente una marca de otra evitando así caer en confusiones. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado por sus fundamentaciones. El dictamen está a discusión en lo general.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, considera el asunto suficientemente discutido, pero para los efectos del artículo 134 del reglamento, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo y votarlo en lo particular.
No habiendo reserva de artículos, se instruye a la Secretaría para que se abra el sistema electrónico de votación, hasta por 10 minutos, para recabar la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de dictamen que nos ocupa.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de dictamen, en un solo acto. (Se abre el sistema electrónico de votación)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tiene el gusto de recibir a los alumnos del sexto semestre del CCH Vallejo, quienes han sido invitados por el ciudadano diputado Elpidio Concha Arellano; bienvenidos. Asimismo, del estado de Morelos, de la Universidad del Valle de Cuernavaca, invitados por el señor diputado don Guillermo del Valle; sean ustedes bienvenidos. (Votación)
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Señor Presidente: se emitieron en pro, 384 votos, 0 en contra y 4 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 384 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., fracciones III y X, y 90, fracción XV, y se adicionan la fracción XV Bis al artículo 90 y un Capítulo Segundo Bis, denominado "De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas", a la Ley de la Propiedad Industrial. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de diputados locales del estado de Chiapas de la LVII Legislatura local: los señores diputados Juan Antonio Castillejos, Noé López Corzo, Víctor Ortiz del Carpio, Hugo Pérez Anzueto y Alfredo Lugardo López, invitados por el señor diputado don Julián Nazar Morales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social, para exhortar al Sistema Nacional y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios, se cumpla la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de productores nacionales.
Dictamen
Primero. Se exhorta al Sistema Nacional y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para que en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios se observe la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de los productores nacionales.
Segundo. Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, considerando las particularidades regionales, establezca en sus programas alimentarios, se considere únicamente leche de vaca fluida entera y fortificada.
Tercero. Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que establezca los mecanismos necesarios que permitan verificar y certificar la calidad de la leche que proporciona.
Cuarto. Se exhorta a esta Comisión y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a estudiar los posibles cambios legislativos para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cumpla los objetivos nacionales referidos en el numeral 11 de los considerandos.
Quinto. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en los convenios signados con los órganos estatales de fiscalización, en relación con Fondo de Aportaciones Múltiples dirigido a la asistencia social, se verifiquen la eficiencia y el impacto social de los recursos dirigidos a los programas alimentarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de agosto de 2004.
Firman la Comisión de Desarrollo Social y la Comisión de Gobernación.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo. Esta Presidencia informa que tenemos un solo orador registrado en pro, el señor diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que tiene la palabra.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Con permiso de la Presidencia; compañeros y compañeras legisladores: en sesión celebrada el 29 de abril de 2004, las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social recibieron para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar al DIF para que en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios se cumpla la Norma Oficial Mexicana 155 y se procure apoyar la compra de leche de productores nacionales.
En 1995 se inició el proceso de desconcentración del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que fortaleció el federalismo y transfirió la facultad de realizar las compras de insumos para los programas alimentarios de los Sistemas Estatales DIF. Esto permitió que cada uno de los Sistemas recibiera de manera directa los recursos económicos para los programas alimentarios a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33, en tanto que el DIF Nacional sólo se quedó con las atribuciones de coordinación, asesoría, capacitación y de normatividad, aunque esta última es muy limitada.
Con la asignación directa de recursos de los Sistemas Estatales del DIF queda en ellos la facultad para ejercerlos, mediante licitaciones públicas, en tanto que el Sistema Nacional del DIF vigila que se observe la norma y coadyuva en la operación de los programas, como son desayunos escolares, asistencia alimentaria a menores de cinco años en riesgo, asistencia alimentaria a familias en desamparo y asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, de acuerdo con las necesidades en cada estado.
Tanto la Federación como las entidades federativas se rigen por una normatividad para los procesos de adquisición de bienes y servicios y las compras que se realizan por medio de licitaciones públicas, que muestran la transparencia de estos procesos. La empresa que gana es la que cumple las especificaciones técnicas y la que ofrece el precio más bajo. No obstante, las facultades del DIF Nacional son limitadas en caso de incumplimiento de contratos o en el seguimiento de calidad de los alimentos. Por ello, en varias y desafortunadas ocasiones los proveedores ofrecen muestras de alta calidad durante el proceso de licitación y en la distribución entregan productos de mucho menor calidad; es decir, ofrecen productos que no satisfacen los altos niveles de calidad que merece la población vulnerable. Esto ha provocado que más de 5 millones de niños mexicanos reciban fórmulas lácteas, fórmulas de soya o con un contenido nutricional deficiente.
En este sentido se evidenció la preocupación, que compartimos los integrantes de las Comisiones de Desarrollo Social, y de Gobernación, ante la importancia de la nutrición de la niñez de nuestro país. Por tal motivo, este dictamen pretende garantizar mediante ciertas acciones que la leche que distribuye el DIF Nacional en sus programas alimentarios cumpla la Norma Oficial Mexicana 155, la cual establece las denominaciones comerciales de los diferentes tipos de leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado que se comercializa dentro del territorio nacional, así como las especificaciones físico-químicas que deben reunir estos productos para ostentar dichas denominaciones, los métodos de prueba para demostrar su cumplimento y la información comercial que deben contener las etiquetas de los envases que los contienen. Para asegurar dicho cumplimiento se requiere dotar al DIF de mayores facultades en materia de vigilancia y control. Este dictamen también busca fortalecer el abasto de leche por parte de productores nacionales mediante la compra preferencial.
Compañeras y compañeros: los invito a aprobar este punto de acuerdo, en favor del derecho a la alimentación de calidad para nuestros niños y niñas mexicanos. Es de mucha trascendencia el beneficio social que esto representa. Por eso los integrantes de las comisiones lo han respaldado; piden su apoyo y el voto a favor de éste. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado Treviño Rodríguez. Esta Presidencia no tiene registrados más oradores; luego entonces, considera el asunto suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas para solicitar informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre la situación de desplazados internos, principalmente en el estado de Chiapas y en otros estados de la República; y a la Comisión de Concordia y Pacificación, de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal.
Comisión de Asuntos Indígenas resuelve:
Primero. Solicítese a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas presente un informe a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que incluya comunidades indígenas con desplazados internos, medidas de protección adoptadas por el Gobierno Federal contra los desplazamientos de las comunidades o personas indígenas en la denominada "zona de conflicto"; programas y acciones de gobierno que se han aplicado para la atención de las comunidades y personas desplazadas.
Segundo. Solicítese a la Comisión de Concordia y Pacificación un informe detallado de las acciones que ha impulsado para facilitar el diálogo y la negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal. Dicha Comisión debe incluir un balance de la dinámica y desarrollo que ha seguido el conflicto zapatista, particularmente en la zona de influencia del EZLN en el estado de Chiapas, y los lineamientos de acción y propuestas de trabajo en lo que resta de la Legislatura.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para hablar en pro, esta Presidencia tiene registrado al señor diputado don Javier Manzano Salazar, quien tiene el uso de la palabra.
El diputado Javier Manzano Salazar: Gracias, Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados: el dictamen de la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, toca dos puntos fundamentales referentes a la situación prevaleciente en el estado de Chiapas.
Como es conocimiento de esta soberanía, la rebelión de 1994 de nuestros hermanos indígenas de Chiapas constituye a la fecha un asunto pendiente de resolver. Por eso, el punto de acuerdo del diputado Zebadúa, que independientemente del grupo parlamentario a que pertenece, su proposición toca aspectos que nos deben convocar a la reflexión. Viene además de una persona que conoció y conoce la situación que guarda el estado de Chiapas por el cargo que ostentó hace algunos años.
Esta soberanía turna a la Comisión de Asuntos Indígenas el referido punto de acuerdo por ser materia de la Comisión que presido. Del análisis de la proposición, los diversos grupos parlamentarios representados concluyeron en el consenso de aprobar el dictamen, tanto en la subcomisión como en la plenaria, por las siguientes razones:
El fenómeno de los desplazados internos es un problema que repercute en las relaciones sociales y en la vida comunitaria de las regiones indígenas. Con el alzamiento armado de 1994 se dieron los primeros desplazamientos por diversas causas. Posteriormente, la irrupción de confrontaciones propició nuevos desplazamientos internos de numerosos grupos de la población.
A la fecha no se tiene una estimación real y verídica del número de desplazados internos. Es necesario que el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y el gobierno del estado de Chiapas concurran en acciones para conocer el número real de desplazados e implantar políticas públicas para su atención. El fenómeno de los desplazados no puede entenderse sin evaluar la situación en que se encuentra el conflicto en el estado de Chiapas.
Por esta razón, el promovente del punto de acuerdo tiene a bien solicitar a la Comisión de Concordia y Pacificación que informe de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal.
Quiero convocar a la reflexión serena y sin el apasionamiento partidario, para que esta soberanía reasuma el compromiso de buscar nuevas alternativas legislativas para contribuir al diálogo entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en apoyo de las acciones que pueda emprender la Comisión de Concordia y Pacificación.
Por su parte, la Comisión de Asuntos Indígenas, con el consenso de los grupos parlamentarios que la conforman, incorporamos a nuestro programa de trabajo el compromiso de alentar y promover el debate sobre los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Por eso consideramos que la proposición con punto de acuerdo del diputado Zebadúa viene a contribuir a esclarecer la situación que guarda el conflicto en Chiapas, con la información solicitada a las diversas instancias.
Estamos ciertos de la necesidad de derrotar el silencio de los actores políticos involucrados. Contribuir a buscar los caminos de la paz en Chiapas pasa por alentar el diálogo y la negociación; y consideramos que la información solicitada por el diputado Zebadúa favorece a conocer el estado actual que guarda dicho conflicto.
Pedimos por tanto, compañeras diputadas y compañeros diputados, votar en favor de dicho dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado. Esta Presidencia sólo tiene registrado al señor diputado Javier Manzano Salazar en pro; luego entonces, considera que el asunto está suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.
Se ha entregado a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a llevar a cabo las acciones de remediación en la zona que ocupaba la empresa Metal Clark Corporation, en el estado de San Luis Potosí, suscrita por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por lo que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Asimismo, del propio Partido Verde Ecologista de México, específicamente de su diputado coordinador, el señor don Manuel Velasco Coello, se ha recibido proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a emprender acciones de coordinación con el gobierno del estado de Chiapas a fin de combatir la inseguridad en el municipio de Suchiate, así como para solicitar mayor presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, el de 2006. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el señor diputado don Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre las irregularidades contenidas en el acuerdo de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral mediante el cual se aprueba la nueva demarcación electoral del estado de Chiapas.
El diputado Julián Nazar Morales: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: los diputados federales del estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a presentar un punto de acuerdo, y queremos que sea suscrito de urgente y obvia resolución, contra los consejeros del Instituto Federal Electoral, quienes el día 11 de febrero de 2005 aprobaron las redistritaciones a nivel nacional y fundamentalmente en el estado de Chiapas; y en esta redistritación atentaron y atenta contra la participación de la militancia y de los ciudadanos que tienen derecho de votar y ser votados, toda vez que no se apegaron en estricto acuerdo a las leyes que marcan, de acuerdo con las facultades que se confieren a través de la Constitución. Por ello, compañeros diputados federales, ponemos ante esta soberanía los puntos de acuerdo a consideración.
Los representantes federales del estado Chiapas, considerando las severas implicaciones que origina la redistritación aprobada por el Instituto Federal Electoral, exhortamos a dicho organismo a que considere los argumentos aquí planteados, incluyendo la impugnación presentada por el Partido Revolucionario Institucional ante el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y realice las adecuaciones necesarias para la creación de una redistritación coherente con los escenarios políticos del estado de Chiapas.
Segundo. Se solicita atentamente a esta H. soberanía que se deje constancia de la actitud asumida por los consejeros electorales integrantes del máximo órgano de dirección del IFE, a fin de que en lo sucesivo eviten realizar actos que atentan contra el avance democrático y los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos, como en el presente caso.
Todo esto viene con relación a que en Chiapas hicieron redistritaciones alterando la geografía, la cultura, la idiosincrasia, las distancias, el número de población. Y eso, compañeros diputados, no se le dio al Instituto Federal Electoral para que esté inhibiendo la participación ciudadana.
Por ello y por todas las argumentaciones que se han vertido en el estado de Chiapas por los diferentes actores políticos, pedimos, señor Presidente de la Mesa, inserte el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates y solicito que la presente proposición sea considerada de urgente y obvia resolución. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Y, efectivamente, está considerada para plantearla a la Asamblea como de urgente resolución. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se le da este tratamiento.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores. Bueno, el diputado Emilio Zebadúa. El diputado Emilio Zebadúa, ¿en contra?
El diputado Emilio Zebadúa González (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A favor.
El diputado Gustavo Moreno Ramos (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿En qué sentido?
El diputado Gustavo Moreno Ramos (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A favor. Ambos a favor.
Luego entonces, inscribimos a los dos a favor y, en términos del reglamento, cerramos la lista de oradores.
Adelante, diputado Zebadúa.
El diputado Emilio Zebadúa González: Con su permiso, señor diputado Presidente; señoras y señores diputados: el estado de Chiapas, que para fines electorales está dividido en 12 entidades, no sufrió modificación en su número como resultado de la reciente redistritación aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Sí fueron modificados, sin embargo, los límites internos del mapa electoral federal de la entidad; las sedes de las cabeceras distritales de los distritos II, anteriormente con sede en Pichucalco; VI, anteriormente con sede en Chiapa de Corzo; y X en Motozintla, fueron trasladadas respectivamente a Bochil, Tuxtla Gutiérrez y Villa Flores. Un número de municipios que formaban parte de la configuración original fue reasignado como resultado de este proceso.
Así, por ejemplo, como lo ha mencionado en términos generales el diputado Julián Nazar, los municipios fronterizos de Cacahuacán y Unión Juárez fueron asignados al distrito XI, ahora con cabecera no en Tapachula, lo que indicarían las rutas de comunicación y de logística de la región, así como los tiempos de traslado, sino a Huixtla, cabecera a la que hay que llegar hoy pasando justamente por Tapachula, cabecera de otro distrito, el número XII.
Y así podemos ver qué deformaciones geográficas electorales, características ahora del distrito II, con cabecera en Bochil, o incluso bajo la misma argumentación respecto al distrito VI, con sede en Tuxtla Gutiérrez, se fueron haciendo sin tomar en consideración las condiciones geográficas y las rutas de comunicación y las rutas electorales en particular.
El Consejo General argumenta que en todos los estados, incluyendo Chiapas, se ciñó a lo establecido en el acuerdo CG104/2004 de dicho órgano máximo de dirección del Instituto Federal Electoral.
En el criterio 9 de dicho acuerdo se establece –y cito– que, para establecer cabeceras distritales, se considerarán los siguientes parámetros: mayor población, vías de comunicación y servicios públicos; y que, en caso de existir dos o más localidades semejantes y una de ellas sea en la actualidad cabecera distrital, prevalecerá esta última.
Sin embargo, este criterio no pudo aplicarse y no se siguió por la reconfiguración que se hizo de antemano, excluyendo para tal propósito poblaciones como en el caso del distrito II de Pichucalco, mucho mayor en su demografía, que la ahora nueva cabecera distrital en Bochin.
Otro tipo de criterios para el caso de Chiapas, tan importante como el de la conformación ética, tampoco pudo haberse aplicado con objetividad si vemos las condiciones en que concluyó dicha reconfiguración en el estado de Chiapas.
Por ello, tomando en cuenta las condiciones reales, materiales, geográficas y étnicas del estado de Chiapas, me sumo al punto de acuerdo presentado por el diputado federal Julián Nazar y exhorto a mis colegas y compañeros a que voten a favor. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra nuestro compañero diputado Gustavo Moreno Arévalo, para hablar a favor.
El diputado Gustavo Moreno Arévalo: Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: lo que acaba de manifestar el compañero diputado Julián Nazar es totalmente fundado y razonable. No tan sólo en Chiapas se han violentado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, sino también en la mayor parte de la República se han violentado la paz y la tranquilidad social con la determinación del IFE de redistritar los 300 distritos en la geografía del país.
El IFE no ha considerado que la redistritación o modificaciones que se realizan a los distritos electorales federales deben tener como eje rector la correcta distribución de los municipios y de las secciones electorales. La redistritación en Chiapas, así como en Veracruz y otros estados del país, desde nuestro punto de vista es errónea e incongruente, en virtud de que no se han considerado factores importantes y decisivos como la historia, la geografía, lo étnico, lo político y el índice poblacional.
La propuesta del IFE es técnica, o sea, de escritorio; es vaga e imprecisa. Sólo señala líneas generales, sin entrar en detalle de cómo se llevará a cabo la redistritación. No toma en cuenta a los representantes populares, a los municipios que conforman los distritos, ni a los afectados o beneficiados con las resoluciones. No se hicieron estudios ni análisis que permitieran la modificación de los límites de los distritos electorales de manera congruente. No tienen objetividad; tan es así, que –por ejemplo– en Veracruz desaparecen dos distritos electorales injustamente: el de Misantla y el de Álamo.
En el año 2003 fue la elección de diputados federales, y el padrón electoral fue de 3.6 millones de electores. Para 2004 fue la elección de gobernador, diputados locales y alcaldías, y el padrón fue de 4.3 millones, lo que quiere decir que el flujo y reflujo de la población en el estado de Veracruz son internos. Por tanto, es ilógico que con un incremento de 700 mil electores en un año, en vez de aumentar los distritos en el estado, los disminuyan y hayan desaparecido dos.
El IFE, como muchas instituciones del país, está constituido para fortalecer la unidad nacional, la democracia, cuidar la soberanía, cuidar la paz y la tranquilidad social. Sin embargo, el IFE lo que ha provocado con su actuación ignorante y de escritorio es la violentación de la paz y la tranquilidad social de muchos pueblos, de muchos municipios en el país, en Chiapas y en el estado de Veracruz. Ojalá esta situación la considere la Secretaría de Gobernación.
Termino, compañera: esta Cámara aprobó la propuesta para nombrar a los consejeros del IFE. Creo que nos equivocamos. Todo lo están haciendo para justificar un sueldo, un mero trámite legal. Pero todo fuera de la ley, de la realidad política, geográfica, histórica, religiosa, social y económica. Aclaramos y precisamos que no estamos contra la ley; estamos en contra de cómo se está aplicando la ley. Los diputados veracruzanos del PRI apoyamos la inconformidad de los compañeros de Chiapas y dejamos constancia también de nuestra inconformidad en el estado de Veracruz. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Moreno. De acuerdo con el artículo 122 que rige nuestra operación, establece que cuando se pidiere la palabra en pro, podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara; sin embargo, tenemos la solicitud de que un miembro del Partido Acción Nacional, el diputado Francisco Rojas, también desea hablar. Por eso solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea si autoriza que el diputado Francisco Rojas Toledo también use la tribuna para hablar a favor.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si es de autorizarse que se conceda el uso de la voz al diputado Francisco Rojas Toledo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Francisco Rojas Toledo, para hablar a favor. Él es miembro del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco Rojas Toledo: Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados, compañeras diputadas: uso, hoy tomo la tribuna para apoyar la exposición de mi compañero Julián Nazar, del estado de Chiapas. Realmente, analizando la distritación que se hace del estado de Chiapas, lamentablemente no se toma en cuenta la situación geográfica, política y social del estado de Chiapas.
Este lamento también incluye decisiones centralistas, en lo cual no se toma en cuenta la opinión de la ciudadanía que radica en el estado de Chiapas. Chiapas, por su situación geográfica, hace muy complejo, aun así como estaban los distritos en nuestro estado de Chiapas. Lamentamos, por ejemplo, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, de donde yo pertenezco, de donde vengo, con ese distrito, la zona poniente se relaciona con el municipio de Chapa de Corzo, el cual ni siquiera hay relación de límites entre esta parte de la ciudad y el municipio de Chapa de Corzo. No hay una realidad poblacional en ese distrito, lo cual va a generar una gran confusión a los habitantes del municipio de Tuxtla Gutiérrez.
También es cierto que la composición territorial no permite tampoco a la zona indígena tener comunicación, así como se mencionó en esta tribuna, el hecho de que el municipio de Tapachula, la zona norte, se relaciona con el municipio de la sierra que sí tiene límites. Es cierto, pero no tienen comunicación entre ellos mismos.
Esto, realmente, en lugar de beneficiar la democracia en nuestro estado y en el país, lo que hace es dificultar las campañas electorales por la falta de comunicación entre los diferentes distritos y la falta de no haber tomado en cuenta a la sociedad chiapaneca, a los mismos diputados locales y federales del estado de Chiapas y de esta manera determinar lo que era mejor.
Lamentamos todavía que el Instituto Federal Electoral siga tomando decisiones centralistas que perjudican el desarrollo democrático de este país. Me sumo a la propuesta del diputado Julián Nazar; compartimos la misma opinión y espero que haya una reflexión por parte de los consejeros del Instituto Federal Electoral y podamos lograr componer esto, que va a afectar nuestro estado y el país. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Rojas. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba esta proposición.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada; comuníquese.
Se encuentra en el salón de sesiones la licenciada Érika Sánchez Martínez, regidora del municipio de Culiacán, que se encuentra en este Pleno invitada por nuestra compañera la diputada Irma Moreno. Sea usted bienvenida.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de México informar sobre los lamentables homicidios de mujeres en la entidad.
El diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago: Con el permiso de la Presidencia. Solicito que se integre íntegro el texto en el Diario de los Debates.
Con asombro e indignación hemos conocido el resultado de una investigación realizada de forma oportuna, responsable y objetiva por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC, en la cual lamentablemente nos dimos cuenta de que Ciudad Juárez no es la única entidad alarmante en la que mueren mujeres víctimas de homicidio violento, ya que el estado de México ha mostrado tasas superiores a la media nacional, la cual es de 3.25 por cada 100 mil mujeres, mientras que la entidad mexiquense alcanza 7.45.
Éste es un asunto que nos incumbe a todos los mexicanos, que nos indigna a los mexiquenses, así como ha indignado a los habitantes de otras entidades de la República. Es importante destacar que, tan sólo en el periodo de los años 1985 a 2003, la tasa que presenta el estado de México es 130 por ciento superior a la media nacional, cifra que debe orientar la atención de las autoridades locales, las cuales deberán tener hasta la fecha medidas y acciones que eliminen este ataque contra las mujeres mexiquenses.
No podemos dejar pasar más tiempo. Por el contrario, debemos involucrarnos en el estudio del tema y acabar con situaciones tan lamentables, que indignan a nuestro país y, en particular, a los ciudadanos del estado de México...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, diputado Alexander Rábago. Sí, diputado Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Presidenta, con la atenta súplica: si pudiera hacer verificación de quórum.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Le quiero decir que sí hay, desde aquí sí, pero con mucho gusto obsequiamos su solicitud. Solicito a la Secretaría, en términos del artículo 27 del acuerdo, se abra el sistema para verificar quórum.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico para verificación de quórum, hasta por 10 minutos.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Habremos de continuar con la sesión y tiene el uso de la palabra, continuando, el diputado Maximiliano Alexander.
El diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago: Es importante destacar que, tan sólo en el periodo de 1985 a 2003, la tasa que presenta el estado de México es 130 por ciento superior a la media nacional, cifra que debe orientar la atención de las autoridades locales, las cuales deberán tener hasta la fecha medidas y acciones que eliminen este ataque contra las mujeres mexiquenses.
No podemos dejar pasar más tiempo. Por el contrario, debemos involucrarnos en el estudio del tema y acabar con situaciones tan lamentables, que indignan a nuestro país y, en particular, a los ciudadanos del estado de México, sobre todo por lo mostrado en los municipios, ya que en 89 por ciento de sus 125 municipios las tasas de asesinatos de mujeres son superiores a la media nacional. Porque no podemos permitir que esto siga sucediendo, debemos conocer de las acciones del gobernador del estado de México y los resultados logrados por la administración que encabeza.
Asimismo, debemos involucrarnos para no permitir más asesinatos de mujeres y no continuar con más datos desalentadores como los que nos muestra el estudio realizado por la Comisión, auspiciados por Indesol, con asesoría técnica del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, así como datos obtenidos del INEGI, de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas y de la Interpol. Pretendemos que esta exposición sea un llamado a las autoridades mexiquenses a unir esfuerzos para combatir este terrible ilícito. Es necesario rescatar del silencio la violencia que padecen las mujeres mexiquenses. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Cámara de Diputados solicita respetuosamente al gobernador del estado de México informe sobre las acciones realizadas para combatir los homicidios violentos en agravio de las mujeres en la entidad y, en su caso, de los resultados alcanzados a través de estos mecanismos.
Segundo. Que esta Cámara de Diputados forme una subcomisión la cual conozca y estudie los asesinatos violentos de mujeres en el estado de México, que ha de ser dependiente de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana.
Tercero. Se considera de obvia y urgente resolución.
Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado. A solicitud del señor diputado, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates, y consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Diputada Presidenta...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A ver, un momentito. Diputado Wintilo.
El diputado Wintilo Vega (desde la curul): Con la súplica, Presidenta –en compañía de los diputados que están levantando la mano–, que pudiera ser esta votación nominal.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado, tendríamos que esperar a que termine el registro de verificación de quórum, habíamos quedado 10 minutos, y restan 7 minutos, señor diputado.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Esperamos. No hay prisa.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Mientras estamos esperando, solicito a la Secretaría que se dé cuenta con las proposiciones de la Junta de Coordinación Política entregadas a esta Presidencia.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Junta de Coordinación Política. Punto de acuerdo de la misma Junta para exhortar a todos los Congresos locales se sumen a la Campaña Nacional de Apoyo a los Refugios de Mujeres "Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios".
Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de diputados
Presentes
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo primero, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 14 del Acuerdo relativo al orden del día las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a todos los Congresos locales se sumen a la Campaña Nacional de Apoyo a los Refugios de Mujeres "Por la seguridad de las mujeres defendamos los refugios", suscrita por las diputadas Lilia Aragón del Rivero, Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Angélica Díaz del Campo, cuyo original se anexa al presente.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los Congresos estatales a que se sumen a la Campaña Nacional de Apoyo a los Refugios de Mujeres "Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios".
Palacio Legislativo, a 1 de marzo de 2005.
Firma la Junta de Coordinación Política: diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente; diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, secretaria. Es aprobada; comuníquese.
Quiero decir a los compañeros y las compañeras diputadas que, una vez que haya concluido la Secretaria de darnos la información sobre los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, habrá una votación nominal. Por eso solicitamos que permanezcan en el recinto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política.
Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo realicen las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres de Cancún, dirigido a los secretarios de la Mesa Directiva.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo primero, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 14 del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo realicen las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres de Cancún, suscrita por las diputadas Lilia Aragón del Rivero, Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Angélica Díaz del Campo, cuyo original se anexa al presente.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al procurador general de la República y a la procuradora general de Justicia del Estado de Quintana Roo a que realicen las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún.
Con la firma del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente; del diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; del diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; del diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; del diputado Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; del diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese. Continúe para dar cuenta de todos los comunicados de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especializada en la atención de delitos violentos contra las mujeres, dirigido a los secretarios de la Mesa Directiva.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo primero, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 14 del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que un grupo plural de diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especializada en delitos violentos contra las mujeres, presentado por la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, Presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, suscrita por las diputadas Lilia Aragón del Rivero, Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Angélica Díaz del Campo, cuyo original se anexa al presente.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al procurador general de la República que, con fundamento en los artículos 102, apartado A, de la Constitución federal, 4, 5, 9, 10, fracción V y XI, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 7, incisos b), f) y g), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, proceda a la creación de una fiscalía especializada en la atención de delitos violentos en contra de las mujeres, que tenga el nivel de subprocuraduría, actúe con plena autonomía técnica, con la responsabilidad de conocer de los delitos violentos en contra de las mujeres que afecten de manera grave y sistemática los derechos humanos, o bien, afecten varias entidades, sean de alto impacto social, exista concurso de delitos federales y locales o está involucrada la delincuencia organizada.
Con la firma del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente; del diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; del diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; del diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; del diputado Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; y del diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. ¿Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa? (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese. Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Hay una asistencia de 379 ciudadanas y ciudadanos diputados. Hay quórum, diputada Presidenta. Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición con punto de acuerdo, que presentara el diputado Maximiliano Alexander Rábago, en relación con solicitar al gobernador del estado México informar sobre los lamentables homicidios de mujeres en la entidad.
Sonido al diputado Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Presidenta: le había hecho la solicitud, en compañía de varios compañeros, para que fuera nominal la votación.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Exacto. Consulte la Secretaría, en votación nominal, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior, para tomar la votación nominal, para saber si se considera de urgente resolución, por cinco minutos. (Votación nominal)
Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Diputada Presidenta: se emitieron 393 votos, 197 a favor, 194 en contra y 2 abstenciones. (Protestas en el salón)
No se reportó, diputado.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El diputado Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Presidenta, ése era el razonamiento: un voto más, un voto menos; no hay mayoría calificada. Muchas gracias, ¿eh?
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que no hay mayoría calificada, túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Especial de Feminicidios de la República Mexicana.
El compañero diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, retira del orden del día su proposición con punto de acuerdo. Por tanto, tiene la palabra nuestro compañero diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud, a efecto de que en esta entidad federativa se promuevan e instrumenten las acciones y programas del Gobierno Federal dirigidos al desarrollo integral de la juventud.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. La creación del Instituto Mexicano de la Juventud marcó el inicio de una nueva etapa en el diseño y aplicación en políticas públicas que, de forma integral, fueran enfocadas a tan importante sector poblacional.
Responder en forma adecuada a las inquietudes y expectativas de los jóvenes mexicanos resulta no sólo una acción prioritaria sino estratégica para dejar sentadas las bases que posibiliten un desarrollo nacional acorde con las necesidades de cada sector de la población juvenil y respondan al mismo tiempo a las condiciones globales de las transformaciones económicas, sociales y culturales.
Para dar cumplimiento a los propósitos establecidos por la ley, el Instituto planteó sus acciones para la actual administración a través del Programa Nacional de la Juventud, cuyos tres objetivos son coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de las y los jóvenes; generar mayores áreas de oportunidad para el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los jóvenes, y propiciar condiciones de equidad para los sectores juveniles en exclusión, a través de acciones y políticas compensatorias.
De este programa sectorial se desprenden 25 programas de trabajo de mediano plazo, todos implementados actualmente. Esta acción gubernamental de atención a la juventud llevada a cabo por el Gobierno Federal ha sido posible en la implementación de sus programas gracias al apoyo de 29 gobiernos estatales y de muchos más gobiernos municipales.
Sin embargo, en la Ciudad de México, al área responsable de la atención de este sector de la población, el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, no le ha interesado en lo absoluto participar en alguno de los programas del IMJ, haciendo caso omiso a cada una de las invitaciones que se le han hecho para sumarse a los distintos programas en beneficio de los jóvenes.
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal ha preferido enfocarse a trabajar con un solo y muy limitado programa, incumpliendo así su obligación legal establecida en el artículo 49 de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. La mayoría de las atribuciones enlistadas en la ley mencionada no se cumplen porque, según la página web del Instituto, existen solamente cuatro programas para la atención de la juventud.
En eso se resume la actividad del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, en un programa que parte del principio de que todos los jóvenes capitalinos son adictos o delincuentes en potencia. En esto se gasta el Gobierno del Distrito Federal más de 54 millones de pesos anuales y, aun con tan lamentables resultados, con raquíticos esfuerzos, el Instituto de la Juventud del Distrito Federal hoy día se rehúsa a sumarse a los programas que implementa el Instituto Mexicano de la Juventud. Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Se exhorta al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud a efecto de que en esta entidad federativa se promuevan e instrumenten las acciones y programas del Gobierno Federal dirigidos al desarrollo integral de la juventud.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Triana. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y del Distrito Federal.
Se encuentran con nosotros aquí, en el salón de sesiones, en el área de invitados especiales, compañeros regidores del municipio de Autlán, Jalisco, a quienes damos la más cordial bienvenida. Ellos han sido invitados por nuestro compañero José Luis Treviño Rodríguez.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal instruir una investigación sobre las graves violaciones de lesa humanidad cometidas en la administración del ex Presidente Ernesto Zedillo en el estado de Chiapas.
La diputada Eliana García Laguna: Gracias, señora Presidenta. El reciente informe del Centro Fray Bartolomé de las Casas en donde se establece que el Ejército Mexicano creó y armó a grupos paramilitares en Chiapas para destruir y eliminar no sólo las bases insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sino, también, a civiles que simpatizaran con dicha organización constituye una aportación a clarificar las responsabilidades por el cúmulo de violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en la década pasada.
En efecto, el testimonio de un ex comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia confirma que el Ejército planificó, organizó y apoyó a grupos paramilitares en Los Altos, la selva y el norte de Chiapas, y nos permite verificar que las violaciones de los derechos humanos presumiblemente cometidas por el gobierno ahora tendrían sustento y motivación suficiente para iniciar una investigación por parte de la PGR por los delitos cometidos en estas acciones.
En este contexto se crearon organizaciones criminales como Máscara Roja, los Chinchulines y Paz y Justicia, que tanto daño han hecho en la región. Y en el informe se cita la participación del ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro y del Comandante de la Zona Militar Raúl Renán Castillo, que actuaron cuando menos conociendo y dando su anuencia con otros actores de primerísimo nivel, como lo fueron en ese entonces los secretarios de la Defensa, y de Gobernación y el mismo procurador general de Justicia de la época.
Es de comprenderse que un hecho tan abominable como la matanza de Acteal, aún impune por cierto, catalogado por los expertos internacionales como una violación de lesa humanidad, pudo perpetrarse sólo con la complicidad de muy altos niveles de los gobiernos local y federal y con la anuencia de la esfera presidencial, que encabezaba en ese entonces el señor Ernesto Zedillo Ponce de León.
El conflicto en Chiapas sólo se podrá resolver cuando sean atendidas las causas que le han dado origen, y son las profundas desigualdades sociales, que todavía están presentes y en donde por cierto en el estado se siguen violando los derechos humanos. El punto de acuerdo, con base en el artículo 58, sería el siguiente:
Solicitar a la PGR inicie de oficio una investigación de inmediato y abra una averiguación previa en contra de los actos de ex funcionarios citados, incluido el propio Presidente, como posibles responsables de los hechos cometidos, según el informe del Centro Fray Bartolomé.
Y, segundo, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicie también una investigación rigurosa, completa e imparcial que permita dilucidar las violaciones.
Señora Presidenta: solicito que se pueda publicar el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto. De acuerdo con su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Jorge Carlos Obregón Serrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a adecuar los ordenamientos jurídicos correspondientes para garantizar que las personas con discapacidad puedan transitar adecuadamente por todas las vialidades el país.
Un momentito, diputado. Dígame, diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Presidenta, con mucho respeto, me pudiera usted decir ¿en el orden del día viene la presentación del punto de acuerdo anterior como de urgente y obvia resolución? No fue considerada la Asamblea al respecto y quisiera nada más saber qué trámite se dio.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: La proponente nos solicitó que se canalizara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Sólo turno, señor; sí.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Estaría objetando el trámite, Presidenta, y le pediría que pusiera a consideración del Pleno por favor.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado, con mucho respeto: fue la proponente quien lo solicitó. Ella solicita, lo trajo a la Asamblea, y que el trámite sea a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Yo le pediría, diputado Wintilo Vega, y a la diputada Morales, que nos permitieran desahogar el trámite, toda vez que el diputado Carlos Obregón Serrano está en la tribuna.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Estoy suplicando el trámite.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En el Reglamento para el Gobierno Interior, en el artículo 21, fracción VI, corresponde a la Presidencia dictar todos los trámites que exige el orden de la discusión de los negocios. En este caso particular, diputado Vega, fue solicitud de la proponente, a la que la Presidencia ha obsequiado, y por eso ha sido ya canalizado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Gracias.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Nada más que estoy objetando su trámite, Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sí, pero con todo respeto, diputado Vega, es una obligación que además me faculta el Reglamento. Por tanto, diputado Carlos Obregón, tiene usted la palabra.
El diputado Jorge Carlos Obregón Serrano: Con su permiso, diputada Presidenta: el que suscribe, Jorge Carlos Obregón Serrano, diputado de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara exhorte respetuosamente a las Legislaturas estatales y del Distrito Federal a adecuar los ordenamientos jurídicos correspondientes a efecto de garantizar y poder transitar adecuadamente por todas las vialidades del país, con base en las siguientes
Consideraciones
En esta tribuna han sido reiteradas las menciones respecto a la problemática que día con día enfrentan las personas. Por eso no es necesario repetir las cifras que muestran la discriminación de las personas con discapacidad; ya todas y todos las conocemos. Baste decir que, a pesar de que existe el reconocimiento de esta situación y que se ratifican tratados internacionales en favor de ellos, estamos en ciernes en el aspecto legislativo para proteger sus derechos y permitir un acceso equitativo en todos sus aspectos y espacios de desenvolvimiento personal, social y productivo.
Desde el punto de vista de la legislación, existen sólidos argumentos para afirmar que la discapacidad es materia local, ya que en una interpretación rígida del artículo 124 constitucional se entendería que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en la materia citada, por lo que quedarían reservadas a los estados éstas porque a partir del 1 de enero de 1999 el proceso de democratización y distribución de competencias entre el poder federal y los órganos locales en materia civil, por lo que las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal son las competentes para legislar en esta materia.
Por ello, el presente busca invitar a las Legislaturas a fortalecer el trabajo que en diversos frentes el gobierno y la sociedad realizan en favor de las capacidades diferentes. La dignidad humana no admite espera, todos somos corresponsables para que sea efectiva su participación. Ser solidarios con los grupos sociales más vulnerables demanda medidas concretas. Por lo anterior, me permito presentar a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a las Legislaturas locales para que en sus respectivas leyes de tránsito y transporte y demás relativas se establezcan las disposiciones necesarias para que sean respetados los espacios destinados al estacionamiento de vehículos para las personas con discapacidad, así como de las rampas de acceso a las banquetas y vías peatonales; además, para que aumenten el monto de las sanciones para quienes obstruyan o utilicen los espacios antes referidos.
Segundo. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados y del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las adecuaciones necesarias a los reglamentos de tránsito y demás normatividad respectiva, con la finalidad de aumentar las sanciones para quienes obstruyan los espacios destinados al estacionamiento de los vehículos de personas con discapacidad, además de vigilar su estricto cumplimiento.
Palacio Legislativo.- México, DF, a 22 de febrero de 2005.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Obregón Serrano. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
A continuación, tiene la palabra el diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador constitucional del estado de Guerrero para que adopte las medidas conducentes en el proceso penal contra el ciudadano Felipe Arreaga Sánchez.
El diputado Francisco Chavarría Valdeolivar: Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas y compañeros diputados: el punto de acuerdo que hoy traemos a este Pleno se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que únicamente me referiré a los aspectos medulares del mismo:
Primero. Que el miércoles 3 de noviembre de 2004, la Policía Ministerial del estado de Guerrero detuvo al líder campesino ecologista Felipe Arreaga Sánchez en el municipio de Petatlán.
Segundo. Que a Felipe Arreaga Sánchez se le acusa de haber participado en el homicidio de Abel Bautista Guillén, hijo del cacique talamontes de nombre Nino Bautista, en mayo de 1998, precisamente el día en que Felipe Arreaga Sánchez se encontraba en atención medica de un padecimiento en la columna vertebral, en el poblado de Las Mesas, municipio de Petatlán, Guerrero.
Tercero. Como ha quedado demostrado con las apruebas aportadas en el proceso, las acusaciones contra Felipe Arreaga Sánchez carecen de fundamento. Más bien, parecería que se trata de una leve escalada contra los defensores del ambiente en esa región de la Costa Grande y de una defensa a ultranza de los talamontes y depredadores.
Cuarto. En este contexto, nos parece sumamente grave el encarcelamiento del líder de la organización ecologista de la sierra de Petatlán, cuando se inician justamente los ciclos de aniquilamiento de bosques con el corte de madera.
Quinto. Organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que existen evidencias de que el proceso contra Felipe Arreaga Sánchez tiene claras motivaciones políticas, a raíz de las cuales dicho organismo ha estado haciendo un llamado a las autoridades correspondientes para que garanticen sus derechos civiles y reciba su plena libertad con la mayor brevedad.
Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de que se considere como de urgente y obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco de la división de poderes y con estricto respeto al federalismo, hace un exhorto al gobernador del estado de Guerrero, ciudadano René Juárez Cisneros, para que de manera pronta y expedita adopte las medidas necesarias para la debida valoración de las pruebas dentro del proceso penal contra el ciudadano Felipe Arreaga Sánchez.
Atentamente, el de la voz, Francisco Chavarría Valdeolivar. Es cuanto, señora Presidenta.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ya cambió el turno, señor diputado. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación) Gracias.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, considera el asunto suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada, la proposición con los puntos de acuerdo; comuníquese.
Tiene la palabra el señor diputado don José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a implementar una política aeronáutica orientada al desarrollo de la industria aérea en México.
El diputado José Julián Sacramento Garza: Con el permiso de la Presidencia. Desde hace varios años existe una problemática muy aguda en la industria aérea mexicana que la ha venido lesionando severamente y que, a pesar de los esfuerzos de los diversos sectores involucrados en la industria, aun no ha encontrado una solución satisfactoria.
La política aeronáutica implementada en México desde hace varias décadas ha sido con base en un esquema monopólico en beneficio de dos aerolíneas, de las cuales más de 50 por ciento son propiedad del Estado, lo que incide –entre otras cosas– en conceptos operativos sumamente costosos que repercuten en el precio que tiene que pagar el usuario por ese servicio, el cual es el doble del estándar promedio internacional.
Hoy, a través de la presencia del IPAB, propietario en gran parte de los activos de Cintra, la compañía controladora de las dos principales aerolíneas del país, éstas siguen gozando de preferencias y exclusividades aéreas, que no sólo han impedido el desarrollo y crecimiento de muchas rutas aéreas del país, sino que también se encarece enormemente el costo aéreo.
Según versiones de las dos únicas aerolíneas independientes, como es el caso de Aviacsa y Líneas Aéreas Azteca, han solicitado en diversas ocasiones la autorización de vuelos a ciertos destinos, ésta no les ha sido otorgada por las autoridades aeronáuticas federales. Las empresas de Cintra tienen en conjunto 70 por ciento del mercado aéreo nacional.
Es necesario encontrar alternativas de solución en el mediano y largo plazos, en donde participen los diversos sectores involucrados en esta industria. El objetivo debe ser mejorar el servicio, la calidad del transporte aéreo, y abatir costos. Cabe subrayar que este proceso de modernización del sistema aeronáutico nacional debe darse de manera gradual y no en condiciones desventajosas para las empresas nacionales ante el mercado externo.
En este sentido, es recomendable que tanto desde el punto de vista técnico como político, este proceso debe enfrentar a corto plazo un proceso de adecuación a las condiciones y las estructuras de las diversas empresas aeronáuticas del país, para que puedan competir entre ellas en un primer momento y posteriormente abatir todo el mercado a la competencia externa.
También debemos buscar el desarrollo de la aviación regional del país, ya que en la actualidad los vuelos son concentrados desde y hacia la Ciudad de México. Existe una mala comunicación a lo ancho y largo del país a través del transporte aéreo porque no hay vuelos entre estados o regiones. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que la política aeronáutica se oriente a fomentar un sector aeronáutico competitivo a nivel nacional.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se aplique una política aeronáutica orientada al desarrollo de la industria aérea en México y que busque como objeto de largo plazo posicionar sobre las bases sólidas y reales el sector aeronáutico nacional, en condiciones competitivas ante el mercado aeronáutico internacional.
Palacio Legislativo, a 1 de marzo de 2005.
Presidente: le pido con todo respeto que se publique íntegro este punto de acuerdo en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes. Y publíquese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nación, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a retirar del Programa de Libros de Texto Gratuitos, para consulta en las bibliotecas de aula, los que incluyan narcocorridos.
Esta Presidencia informa que el diputado Jorge Martínez Ramos retiró el punto de acuerdo, la proposición con punto de acuerdo que había inscrito para el orden del día de esta sesión. ¿El diputado Landero Gutiérrez?
El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A ver, ¿con qué objeto, señor diputado?
El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (desde la curul): Presidente, quisiera retirar del orden del día ese punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Es su derecho, y esta Presidencia obsequia su petición. Tiene la palabra el señor diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos estatales a adecuar y revisar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar y/o, en su caso, considerar la creación de una ley para prevenir y atender este tipo de violencia.
El diputado Manuel González Reyes: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: el suscrito, diputado federal Manuel González Reyes, del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de realizar un exhorto a los Congresos estatales a adecuar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar y/o, en su caso, considerar la creación de una ley para prevenir y atender la violencia familiar, conforme a las siguientes
Consideraciones
La violencia familiar es una manifestación cada vez más frecuente en muchos de los hogares mexicanos. Acción Nacional tiene la familia como el bastión que va a preservar la sociedad, por lo que es necesario proteger sus derechos, que ya están en la Constitución. La violencia familiar desgraciadamente se está convirtiendo en nuestro país en un problema social verdaderamente alarmante. Datos del INEGI nos dicen que la violencia se ejerce sobre las mujeres en nuestro país proviene en gran parte de la pareja conyugal, que los hombres la agreden a través de amenazas, golpes, insultos, prohibiciones.
Otra vertiente del maltrato infantil es el maltrato que sufren nuestros niños y niñas mexicanas. Este maltrato lo ejercen con mayor reiteración las madres, los padres, los padrastros, las madrastras, las abuelas.
Desde esta tribuna manifestamos un ya basta al maltrato infantil en México, ya basta a la violencia familiar; que quien se atreva a maltratar o violentar los derechos de las personas más sagradas, como son las mujeres, las niñas y los niños mexicanos, deberá atenerse a castigos ejemplares. La violencia familiar se ha acrecentado en los últimos años, lo que ya representa un grave problema por su magnitud y por sus dimensiones.
La violencia familiar ya no es un asunto del ámbito meramente privado; se ha vuelto un asunto público desde el momento en que hay violación de derechos humanos y una falta de respeto a la dignidad de la persona humana, ya que quien es víctima de esta violencia tiende a repetir los mismos patrones.
Para Acción Nacional, el cuidado de la familia no es sólo obligación moral; es una necesidad política. Por eso decimos sí al derecho de las mexicanas y los mexicanos a una vida familiar sin violencia. Por lo anterior, presentamos este
Punto de Acuerdo
Único. Hacemos un exhorto al Gobierno del Distrito Federal y a los de los estados a adecuar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar y, en su caso, considerar la creación de una nueva ley para prevenir y atender la violencia familiar.
Solicito que este punto se amplíe a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a realizar las gestiones necesarias a fin de obtener recursos financieros internacionales para llevar a cabo acciones de conservación, protección y aprovechamiento sustentable del humedal Sistema Lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, en el Distrito Federal.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: Con su permiso, señor Presidente...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Me permite la descortesía, diputada Nancy Cárdenas, para obsequiar cortésmente la petición del diputado Manuel González Reyes, antes que pase la oportunidad de turnar su propuesta no sólo a la Comisión de Gobernación, sino Unidas con Atención a Grupos Vulnerables? Discúlpeme la interrupción, diputada; adelante.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: Con su permiso, señor Presidente: con la característica de nuestro país de ser megadiverso, resaltan los humedales con un ecosistema de transición entre los sistemas terrestres y los acuáticos.
El reconocimiento de estos ecosistemas en el ámbito mundial llega en 1986, a través de la adhesión de México a la Convención de Humedales de Importancia Internacional, en especial como hábitat para las aves acuáticas.
De acuerdo con el listado de humedales, más de 70 por ciento de éstos se encuentran en algún esquema de protección, bajo el estatus de área natural protegida. Sin embargo, algunos otros humedales están fuera de este marco de protección federal.
En este sentido, uno de los humedales enlistados y que se encuentra fuera de los ecosistemas de protección mencionados es el denominado Sistema Lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, que se ubica en el Distrito Federal y que se considera un reducto del gran sistema de lagos de la cuenca de México. De acuerdo con estudios en la zona, se ha definido que cerca de 40 por ciento del agua que se aporta a la ciudad proviene de las aguas subterráneas de esta zona.
Asimismo, estos humedales tienen la función de vaso regulador, toda vez que reciben las aguas de las sierras del sur de la cuenca y así evitan las inundaciones en las zonas urbanas. De esa forma, es importante realizar las gestiones necesarias para obtener recursos financieros que garanticen la conservación de este ecosistema y mantener así los servicios ambientales que brinda a la Ciudad de México. Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que lleve a cabo las gestiones necesarias ante la Convención de Humedales de Importancia Internacional a fin de establecer un esquema de financiamiento dirigido a la ejecución de los programas de conservación, protección y aprovechamiento sustentable del humedal Sistema Lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, en el Distrito Federal, México.
Segundo. Que la Semarnat establezca el vínculo necesario con el Gobierno del Distrito Federal para que, de forma coordinada, se establezca el esquema de cooperación con las entidades internacionales y las formas de ejecución y monitoreo de programas y obras.
Señor Presidente: le solicito que este texto se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada Nancy Cárdenas. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de los estados a poner primordial atención en lo concerniente a los asuntos electorales de estos estados.
El diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago: Con el permiso de la Presidencia; compañeros y compañeras diputados: debemos notar que para toda sociedad es desgastante tener procesos electorales de forma continua, los cuales inician campañas de promoción política que mantienen constantemente a los ciudadanos en contiendas que hoy día no sólo ofrecen las propuestas manifestadas en las plataformas políticas de los partidos, sino que también se han enfrascado en una lucha permanente, originando campañas de descalificación y confrontación y que en ocasiones han llegado a un punto tan burdo por parte de los partidos y sus candidatos.
Tales acciones provocan que el ciudadano se envuelva en una esfera de insatisfacción por el desempeño político de las autoridades, así como decepción de los partidos políticos y desinterés por acudir a los centros de votación para ejercer su derecho al voto y así participar en la renovación de sus autoridades federales y locales.
Esa situación se ve reflejada en los últimos tres años, pues la participación ciudadana muestra que en el año 2000 se registró una votación de aproximadamente 37 millones de electores, equivalente a 63.97 por ciento de la población, con una abstención consecuente de más o menos 21 millones de electores. En el año 2003 acudió a las casillas 41.68 por ciento de los votantes que podían acudir y dejó de acudir 58.32 por ciento.
Lo mismo puede notarse, por ejemplo, en el estado de México, que en 2003 eligió a diputados locales y ayuntamientos con una elección diferida con la federal. Sólo basta relacionar los datos anteriores con el gran desgaste sufrido por la población mexicana, al pasar de un proceso electoral a otro.
Tal es el caso del mismo estado, que ha tenido elecciones en periodos muy cortos en los últimos ocho años, correspondientes a la elección local de 1996, la elección de gobernador de 1999, las elecciones federal y local del año 2000, las locales y federales de 2003, que no se celebran de forma simultánea sino que en marzo se eligen ayuntamientos y diputados locales y en julio los diputados federales, además de encontrarse nuevos procesos electorales, como son el que se llevará a cabo en julio de 2005, para renovar gobernador de la entidad, e inmediatamente al año siguiente, es decir, en marzo de 2006, la elección de ayuntamientos y diputados locales, y en julio del mismo año, la elección de Presidente de la República, senadores y diputados federales.
Esto, sin lugar a dudas, ha desgastado en proporciones inmensas a la población de la entidad, encaminándola a la baja participación de los procesos electorales venideros. Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, es de vital importancia la legitimidad de los funcionarios electos, que se alcanza con la emisión del voto ciudadano y que no se cumple, dado que menos de la mitad de la población es la que decide quiénes han de ser sus representantes.
Por tanto, es necesario orientar a la ciudadanía a la participación en los procesos electorales y, en particular, en este punto de acuerdo, nos centramos en la discusión que hoy se da en el estado de México en la Cámara local para poder empatar una vez más, como se tenía en el pasado, en la elección de 2000, la elección de presidentes municipales, de diputados locales con la elección federal para poder facilitar el voto de nuestros ciudadanos.
Punto de Acuerdo
Único. Que esta honorable soberanía exhorte a las Legislaturas de los estados y en particular, por lo ya mencionado, a la LV Legislatura del estado de México para que realice las reformas necesarias con el fin de llevar a cabo las elecciones locales de forma concurrente con las federales.
Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adecuar la norma oficial mexicana que se refiere a la construcción de carreteras federales y autopistas.
La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero: Con su venia, señor Presidente; compañeros y compañeras diputadas: hoy día es común encontrar en la red carretera del país un sinnúmero de problemas, principalmente el grave deterioro físico que refleja desconocimiento o desatención por parte de las autoridades encargadas de su buen estado.
Los expertos en el tema manifiestan que los caminos construidos a principios del siglo pasado y muchos de los caminos construidos en la actualidad, tal es el caso de carreteras federales y autopistas, se han visto rebasados, ya que el diseño del pavimento fue proyectado para cargas 5 veces menores y tránsitos de 15 a 20 veces inferiores a los recibidos. Actualmente, hay que sumar a esto las condiciones de calidad de los materiales con que se construyeron los caminos, que resultan de menor calidad que la requerida en carreteras con pavimentos de altas especificaciones.
En los países desarrollados se ha empleado gran cantidad de recursos económicos a fin de progresar en la investigación para construir pavimentos de gran resistencia y de alta especificación, tal es el caso de Francia, Alemania, Italia, España y –recientemente– Estados Unidos de América. Esas naciones hoy día hacen uso de los avances en la investigación y la tecnología para lograr un servicio adecuado y seguro para los usuarios de las autopistas.
México, a través del Instituto Mexicano del Transporte, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debe lograr que la investigación y el conocimiento contribuyan a que su red carretera se construya con base en un nuevo diseño de pavimento que garantice mejor resistencia a las sobrecargas y les permita una mayor vida útil.
Se deberá buscar un mejor comportamiento de los mismos a la transmisión de carga del transporte pesado, evitando así el daño estructural de sus caminos. Para ello se requiere el uso de mezclas asfálticas; también de la adición de aditivos modificadores del cemento asfáltico y la inclusión de fibras en el material pétreo, que brindarán alta resistencia a los pavimentos. Por lo anteriormente expuesto y con base en las disposiciones invocadas en el proemio, presentamos el siguiente
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, para que actualice la norma referente a las especificaciones con que se deben construir las autopistas y dar mantenimiento adecuado a las existentes para con ello evitar el uso del presupuesto de forma errónea.
Asimismo, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, a fin de que dicha nueva normatividad sea aplicada también a los concesionarios de las autopistas de cuota.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Transportes.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Monárrez para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al auditor de la entidad de fiscalización superior de la Federación a efecto de llevar a cabo una auditoría al Fideicomiso Cajas de Ahorro, suscrito por diputados integrantes de muy diversos grupos parlamentarios.
El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social ponemos a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, para solicitar que la entidad de la fiscalización superior de la Federación lleve a cabo una auditoría al Fideicomiso Cajas de Ahorro, con los siguientes
Considerandos
Primero. El 13 de julio del año 2001 se constituyó el fideicomiso denominado "Cajas de Ahorro", con objeto de recuperar los bienes relacionados con los procesos judiciales y administrativos que se han instaurado o que se instauren por los ilícitos cometidos en perjuicio de los ahorradores.
Segundo. En el año 2002 se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas y de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a los Ahorradores, con el propósito de fortalecer el esquema financiero de las sociedades de ahorro y préstamo.
Tercero. En el año 2004 se adicionan y se reforman diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a los Ahorradores; es decir, el Fideicomiso Pago, mismo que señala en su artículo primero transitorio que debe garantizar la continuidad de la operación y, por supuesto, también debe promover, conforme a las disposiciones, con recursos del Gobierno Federal de la Secretaría de Hacienda el pago de todos los fideicomisos de cajas de ahorro.
Cuarto. Que todos los productos y los bienes asegurados de procesos judiciales y administrativos se otorgarán a dicho Fideicomiso para resarcir o reponer el monto aportado a tal Fideicomiso.
Quinto. Durante 2004 comparecen el director general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el director de Nacional Financiera ante la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social y se les pide una serie de información, como porcentajes y montos de participaciones, quién o quiénes representan o representaron el fideicomitente, también qué juicios se tienen, procesos judiciales y administrativos, y cuáles fueron los que se instauraron y cuáles faltan por instaurarse. Obviamente, se les entregan dos oficios para solicitarles toda esta información. Asimismo, se les solicita la información de qué ahorradores quedan pendientes de hacer las liquidaciones por parte de este Fideicomiso y obviamente con base en que todos estos recursos que se destinaron a estos fideicomisos de cajas de ahorro y a este Fideicomiso Pago fueron recursos del Gobierno Federal. Se solicita que todos los recursos empleados para liquidar a los defraudadores de las cajas de ahorro de las 25 entidades federativas que participaron deben ser considerados como sujetos a revisión y auditoría, por lo que proponemos este
Punto de Acuerdo
Como de urgente y obvia resolución
Primero. Que se exhorte respetuosamente al órgano superior de la Federación para que efectúe una auditoría a todos estos recursos ejercidos por el fideicomiso Cajas de Ahorro y Préstamo.
Y segundo. Que se proporcione toda la información que se ha solicitado a este Fideicomiso y cajas de ahorro a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces se considera el asunto suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada, la proposición; comuníquese.
Tiene el uso de la voz el señor diputado don Francisco Javier Saucedo Pérez para presentar proposición con punto de acuerdo en relación con el apoyo a trabajadores cooperativistas de Editora de Periódicos, conocida como "Cooperativa del Periódico La Prensa", respecto al procedimiento radicado en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, suscrito por diputados integrantes de muy diversos grupos parlamentarios.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: en nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de esta honorable Cámara de Diputados, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Pleno de la honorable Cámara de Diputados estima conveniente dar un reconocimiento a la lucha social y a la consolidación que tuvo desde que se constituyó, en 1935, la Editora de Periódicos Sociedad Cooperativa Limitada, conocida como "Cooperativa del Periódico La Prensa", en virtud de haber demostrado capacidad y compromiso para administrar su empresa social de acuerdo con los principios y valores del cooperativismo universal y, más aún, de enfrentar vía judicial a los seudocooperativistas que formaron parte de un supuesto consejo se administración que determinó disolver, liquidar y vender los activos y pasivos de dicha empresa.
Asimismo, se consideró indispensable solidarizarse con los trabajadores cooperativistas de Editora de Periódicos, conocida como "Cooperativa del Periódico La Prensa", por cuanto hace al procedimiento radicado ante la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Sin ánimo de invadir la esfera de competencia que conceden nuestra Constitución y su Ley Orgánica, ya que si la autoridad judicial revisora modifica o revoca la sentencia dictada por el juez que conoció del asunto, existiría la posibilidad de poner en riesgo el trabajo de cientos de personas que por décadas dignificaron la empresa social como una alternativa en nuestro país de superación y honradez, además de ser un polo de desarrollo regional que se vería gravemente afectada.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de la honorable Cámara de Diputados determina procedente emitir la presente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. La honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura se solidariza con los trabajadores cooperativistas de Editora de Periódicos conocida como "Cooperativa del Periódico La Prensa", quienes ganaron en primera instancia una litis para recuperar el control administrativo y los inmuebles de dicha empresa social y apela a que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en segunda instancia emita sentencia favorable apegada a la verdad de los hechos históricos, a la equidad y a la justicia social.
Diputado Presidente: el texto íntegro del punto de acuerdo fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 22 de febrero del año en curso. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, se considera suficientemente discutida. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada; comuníquese. Tiene el uso de la palabra la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que un grupo de diputados y diputadas se pronuncia por la transparencia de los fondos destinados a atención ciudadana.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Con su permiso, señor Presidente: quien suscribe, diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se pronuncian el grupo parlamentario de Acción Nacional y compañeros de otros grupos parlamentarios por la transparencia de los fondos destinados a atención ciudadana, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Dentro de las percepciones de los diputados federales se incluye una partida para las actividades que realizamos de apoyo a la ciudadanía. Ésta se dedica ya sea a gestoría social, establecimiento de oficinas de enlace ciudadano o cualquier otra necesidad ciudadana. Sin embargo, el manejo y la comprobación del uso de esta partida son enteramente discrecionales. "El buen juez por la casa empieza".
Así, como Poder Legislativo hemos venido promoviendo la rendición de cuentas, la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos para el Poder Ejecutivo, por lo cual sería incongruente que como Legislativo no estemos sujetos a este mismo principio. Los recursos que ejerce tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo provienen de la contribución de las y los ciudadanos, por lo que resulta imperativo aplicar el principio de transparencia en el ejercicio de los mismos. No debe ser opcional sino obligatorio que el uso de la partida denominada "Atención ciudadana" se compruebe de una manera fehaciente ante el Órgano Interno de Control de la Cámara de Diputados, a fin de evitar la malversación de los mismos.
Es fundamental que se compruebe el destino de estos fondos, a fin de dar certeza a la ciudadanía de que éstos no se acumulan a los ingresos federales de los diputados. Es momento de reivindicar el quehacer legislativo. Mostremos la congruencia de esta LIX Legislatura con la situación económica, política y social que vive nuestro país.
La responsabilidad del político no sólo se mide por sus buenas intenciones, sino por sus acciones concretas, por los medios que emplea y por sus resultados. Por ello, el servidor público deberá dar cuenta tanto de la eficacia como de la calidad ética de su desempeño. Por lo expuesto y fundado, sometemos a esta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la comprobación del uso de los recursos para atención ciudadana que recibe cada diputado y cada diputada federal sea obligatoria, debiéndose hacer ésta bimensual y de no hacerlo resultaría en la suspensión de la entrega de dicha partida, hasta que no se satisfaga dicho requisito.
Segundo. Que la Junta de Coordinación sea quien determine la forma en que se hará esta comprobación ante la propia Cámara, en un periodo no mayor de 20 días, y nos presente la resolución tomada para que ésta se someta al Pleno.
Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene el uso de la palabra la diputada María Angélica Díaz del Campo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita una auditoría a la entidad de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, sobre el destino que le dio a los 39.2 millones de pesos ahorrados por la cancelación de plazas laborales durante el ejercicio fiscal de 2004.
La diputada María Angélica Díaz del Campo: Con su permiso, señor Presidente: el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 establecía en su artículo 30 que las dependencias y las entidades del Ejecutivo federal estaban obligadas a cumplir medidas de racionalidad y eficiencia en el ejercicio de sus asignaciones presupuestales. Y a efecto de cumplir tal obligación, se estableció en el Programa Especial de Reducción de Costos y Compactación de Estructura Administrativa... a través de éste se programó la cancelación de plazas laborales en las dependencias y entidades de la administración pública.
En el caso particular de la entidad Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por el año 2004 se programó la cancelación de 5 mil 154 plazas, con un ahorro de 39.2 millones de pesos, cumpliendo a 100 por ciento.
Creemos que, para el caso de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la cancelación de plazas efectuadas el año pasado, 5 mil 154 plazas, pudo haber sido suficiente, por lo que nos interesa conocer las previsiones que está haciendo el organismo en esta materia. En tal virtud, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de sus facultades y atribuciones, realice una auditoría especial sobre el destino que se dio a los 39.2 millones de pesos ahorrados en el ejercicio fiscal de 2004 por la cancelación de plazas.
Segundo. Se exhorta al titular de la entidad Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a fin de que haga pública la información referente a las medidas que tomará para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo a que dicho organismo está obligado en el ejercicio presupuestal de 2005.
Se deberán incluir el número y tipo de plazas por ser canceladas, el ahorro financiero que ello representaría, y la afectación que tal medida tendría en el cumplimiento de los objetivos y las metas de la entidad, así como el destino que se dará a tales ahorros.
Tercero. Asimismo, se exhorta al titular de la entidad a fin de que la eventual cancelación o transferencia de plazas laborales se lleve a cabo en cumplimiento del mandato contenido en el artículo trigésimo cuarto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, de acuerdo con el cual si la asignación autorizada a las distintas dependencias y entidades fueran insuficientes para cubrir los servicios personales, aquéllos deberán ajustar sus gastos exclusivamente en los grupos jerárquicos de mandos medios a mandos superiores, es decir, jefaturas de departamento o secretarías de Estado.
Es cuanto. Señor Presidente: le solicito que se publique el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así se hará. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
No hay mayoría calificada, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Tiene la palabra el señor diputado don Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a fiscalizar los recursos entregados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo, así como solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que fiscalice los recursos públicos que se han entregado a partir de 2003 a las organizaciones de productores del medio rural.
El diputado Sergio Vázquez García: Con el permiso de la Presidencia. En el campo mexicano viven millones de productores, que requieren apoyos importantes y eficientes, como capacitación, acceso a la tecnología y variedades mejoradas de cultivos básicos, que les permitan enfrentar en condiciones adecuadas los retos de la productividad que caracterizan el mercado internacional y, con ello, obtener niveles de ingresos suficientes para brindar a sus familias los bienes y servicios necesarios para vivir de manera decorosa.
El Acuerdo Nacional para el Campo por la soberanía y seguridad alimentaria sin duda es una acción sin precedente en la historia de nuestro país. México tiene un compromiso con los productores rurales y nosotros, los legisladores, como representantes populares, hoy más que nunca debemos dirigir nuestros esfuerzos a alcanzar un campo vigoroso y digno. En Acción Nacional estamos convencidos de que el campo requiere contar con recursos y apoyos adecuados para permitir su capitalización y la conversión productiva.
Por eso, diversas organizaciones hoy reciben recursos importantes para mejorar el campo mexicano, pero también estamos convencidos de que la aplicación de las auditorías a estas organizaciones y la difusión de sus resultados ante la sociedad representan un paso fundamental para mostrar, con toda objetividad, el grado de compromiso, responsabilidad y cumplimiento que cada uno de los actores del campo tiene con este sector.
Por sólo dar unos ejemplos: en el tema de vivienda rural, en 2003 se ejercieron 277 millones de pesos; en 2004, 506.7 millones y para 2005 habrá 886 millones de pesos. Es decir, de 2003 a la fecha habrán ejercido poco más de mil 590 millones de pesos; y de ellos, las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo se han llevado 90 por ciento o su equivalente: mil 431 millones de pesos.
Es decir, de 2003 a la fecha esas organizaciones habrán ejercido poco más de mil 665 millones de pesos. De ellos, las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo se llevaron más de 90 por ciento o su equivalente: un importe superior a mil 500 millones de pesos. Por ello creemos que no basta comprobar la ejecución de los recursos públicos con una factura; algunas veces se debe cerciorar, con los instrumentos de fiscalización, de que los recursos llegaron realmente a los beneficiarios que propusieron las organizaciones.
Dicha fiscalización deberá ser dirigida al cumplimiento estricto de las reglas de operación principalmente a lo relativo a la población objetivo, localidades elegibles, verificación física de los beneficiarios y comprobación y compulsa de los comprobantes fiscales.
Por eso proponemos este punto de acuerdo, señor Presidente, donde esta Cámara exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal para que se fiscalicen los recursos otorgados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo dentro del Programa Especial Concurrente y se verifique físicamente la existencia de los beneficiarios con los domicilios proporcionados.
Segundo. Que la Auditoría Superior de la Federación informe a la Cámara de Diputados conforme se vayan concluyendo los trabajos del resultado de las auditorías.
Tercero. Que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice las dependencias federales que otorgan apoyos federales a organizaciones de productores del medio rural.
Señor Presidente: en virtud de ser muy importante este punto de acuerdo y de haber sido publicado en la Gaceta, le pido consulte a la Asamblea si este punto de acuerdo puede ser considerado de urgente y obvia resolución. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Mire usted, señor diputado: el artículo 4o. del acuerdo expresamente refiere que cuando el asunto vaya a ser tramitado de urgente resolución, deberá señalarse expresamente, pues, para cumplir un principio de publicidad mínimo de conocimiento de los señores y señoras legisladores. Luego entonces, esta Presidencia lo turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Si, diputado De la Vega, con mucho gusto. Sonido en la curul del diputado De la Vega.
El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Diputado Presidente, ha sido práctica parlamentaria de esta Legislatura y de anteriores Legislaturas que cuando un diputado solicita que su turno sea cambiado a urgente resolución, la Asamblea es la que decide. Por ello, nosotros estaríamos solicitándole pudiera consultar, como se ha hecho en múltiples ocasiones, que esta Asamblea pudiera determinar si es de urgente o no lo es.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado, entonces no existía el acuerdo que usted mismo votó. Sin embargo, fíjese que esta Presidencia tiene potestades, según la ley, para obsequiar su cuestión.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera el asunto de urgente resolución, tomando en cuenta que es votación calificada. Si, diputado Castelo.
El diputado Javier Castelo Parada (desde la curul): Diputado Presidente, le solicitamos que la votación sea nominal, formal por cinco compañeros.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Bueno, ya son dos peticiones que obsequia esta Presidencia. Instruyo a la Secretaría la apertura del sistema electrónico, hasta por 10 minutos, para ver si se logran las dos terceras partes necesarias, a efecto de que el asunto sea considerado de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema de votación electrónico por 10 minutos. (Votación)
Sonido a la curul de la diputada Yu Hernández.
La diputada Nora Elena Yu Hernández: En contra.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Sonido a la curul de la diputada Díaz Salazar.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: En contra.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Sonido en la curul de la diputada Adriana González Carrillo.
La diputada Adriana González Carrillo: A favor.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente: se emitieron 198 votos a favor, 200 en contra y 1 abstención. No hay mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Tiene la palabra el señor diputado don Inelvo Moreno Álvarez para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro Michoacán, al propio gobierno del estado de Michoacán y a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana a alcanzar un acuerdo que permita concluir la autopista Siglo XXI, suscrito por el propio diputado Moreno Álvarez y por los diputados Isidoro Ruiz Argaiz y Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Inelvo Moreno Álvarez: Con su venia, diputado Presidente; compañeros y compañeras legisladores: el estado de Michoacán cuenta con recursos naturales de distinta índole que permiten a las autoridades de la entidad vislumbrar la posibilidad de conseguir un mejor futuro para todos los michoacanos y, por añadidura, para el país en su conjunto. Asimismo, nuestro gobierno estatal, coordinado con las autoridades federales, está empeñado en impulsar la construcción de la infraestructura productiva que permita concretar las potenciales existentes.
De tiempo atrás se planeó, licitó e inició la construcción de la llamada "Autopista Siglo XXI", a fin de unir la ciudad de Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas, una obra que consta de 275 kilómetros de longitud y que acortará la distancia entre ambos puntos, que ahora es de 350 kilómetros hasta el puerto de Lázaro Cárdenas y que a su vez reduciría de seis horas del tiempo de recorrido a sólo tres horas. Esta autopista tiene la clasificación A; es decir, dos carriles con una anchura de 12 metros y la especificación de una capa subyacente, subrasante una base hidráulica y una carpeta asfáltica, además de 120 estructuras para la construcción de puentes, pasos superiores y laterales, pero ha surgido un problema: su construcción se encuentra frenada temporalmente en un tramo de 240 metros por una demanda interpuesta por la empresa concesionaria Transportación Ferroviaria Mexicana por daño al derecho de vía y despojo contra el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán, ya que la misma considera de riesgo la construcción de la obra.
Cabe destacar que los trabajos de construcción están avanzados y faltan únicamente tres kilómetros para concluir la obra, únicamente tres kilómetros, pero por efecto de la demanda no hay fecha de entrega hasta que el proceso legal sea solucionado. Al mismo tiempo, el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán se encuentra realizando los estudios técnicos que permitirían definir la alternativa de construcción para no continuar el corte del material en una longitud faltante de 120 metros y poder solucionar tal situación.
Nos preocupa que esta obra tan importante en una forma nacional, regional y estatal pueda estar frenada por este tipo de acciones. Es deseable que las partes involucradas, junto con las autoridades federales y las estatales, lleguen a una solución a favor de cada una de ellas y, sobre todo, por el país. En tal virtud, sometemos a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán, al gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán y a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, a fin de que redoblen esfuerzos y avancen en las negociaciones y alcancen con la mayor brevedad un acuerdo que favorezca los intereses de las partes involucradas, con el propósito de que la autopista Siglo XXI sea terminada. Termino: y pido que este punto de acuerdo sea agregado íntegramente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto integro del punto de acuerdo en el Diario de los Debates, y consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia la considera de urgente resolución, pero no tiene registrados oradores; luego entonces, se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada; comuníquese. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos públicos de la ciudad con fines políticos.
El diputado Jorge Tirana Tena: Con su permiso, diputado Presidente: a partir de que la Sección Instructora de esta Cámara notifica al jefe del Gobierno del Distrito Federal del inicio del proceso de desafuero en su contra, este sujeto no ha desaprovechado una oportunidad para litigar en los medios y con argumentos políticos un asunto estrictamente jurídico. El gobierno capitalino en su conjunto está más enfocado en su precampaña que a la atención de los problemas de la ciudad.
Por eso, el 15 de febrero cerca de 4 mil trabajadores del gobierno capitalino fueron reunidos en el teatro Metropólitan para desde ahí escuchar el mensaje político de López sobre el proceso de desafuero. Ahí estuvieron presentes desde secretarios de Gobierno hasta trabajadores sociales, en un acto en el que fue utilizada la infraestructura del gobierno capitalino.
Ese mismo día, Alejandro Encinas, secretario de Gobierno del DF, reconoce que se está usando la estructura gubernamental para evitar el desafuero. El 17 de febrero, varios medios de comunicación revelan que diversas áreas del gobierno capitalino y de las delegaciones perredistas exigieron a sus funcionarios aportar entre 10 y 30 por ciento de su salario mensual para pagar la "pejecampaña".
Además, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno local elaboró un documento, denominado "Propuestas de acciones ante el proceso de desafuero", en el cual se establece que habrán de utilizar toda la estructura gubernamental, incluyendo el servicio Locatel, para persuadir a la población. Todo el aparato gubernamental para luchar políticamente a favor de una sola persona.
Esta campaña no ha sido legal ni ha sido pacífica: el 16 de febrero, un grupo de perredistas, al grito de ¡Obrador!, ¡Obrador!, insultó y golpeó a una diputada local del Partido Acción Nacional.
Lo que en realidad está haciendo Andrés López es desviar recursos para su precampaña, al tiempo que incita a la violencia con mensajes incendiarios dirigidos a las iracundas turbas bejaranistas que conforman las corrientes perredistas. Ellos están dispuestos a agredir físicamente a todo el que se atreva a disentir del jefe del Gobierno, del propietario y accionista mayoritario del PRD. Por lo anterior, pongo a consideración de esta Asamblea la proposición con
Punto de Acuerdo
Se exhorta al jefe del Gobierno a abstenerse de seguir utilizando recursos públicos para fines políticos. Se solicita al jefe del Gobierno dejar de distraerse en asuntos ajenos a su función y resuelva los problemas que apremian a los capitalinos.
La Cámara de Diputados hace políticamente responsable al jefe del Gobierno de cualquier acto de violencia que resulte de las virulentas declaraciones que este funcionario realiza en torno de la constante descalificación del juicio de procedencia que se sigue en su contra. Por su atención, gracias. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias.
El diputado Pablo Gómez me ha pedido la palabra para hablar en contra. El asunto está considerado para consultarlo a la Asamblea para ver si éste se considera de urgente resolución. ¿Me permite, diputado Pablo Gómez? Entiendo que usted objetaría el trámite, pero no voy a dar trámite sino hasta que la Asamblea me autorice o no la obvia resolución. ¿Le parece correcto?
El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): No: el trámite, según el reglamento, un orador puede hablar en pro y otro en contra.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quiere usted que nos vayamos por la vía del reglamento? ¿No le parecería correcto que tengamos la autorización de la Asamblea por si es de urgente resolución y entonces le damos la palabra en contra?
Pregunte la Secretaría a la Asamblea.
El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): No, no es necesario consultar a la Asamblea. No, el reglamento no está sometido en este momento a discusión de la Asamblea.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Mi pregunta es...
El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Es en términos del 58.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Nos vamos por el 58. Bueno, habla en contra de la urgente resolución. Adelante.
El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas diputadas; ciudadanos diputados: objeto el trámite de urgente, en primer lugar porque –obviamente– no lo es; esto es parte de un tremendo litigio político, que es el litigio político más importante. El segundo litigio político es entre el Presidente y la Cámara, el asunto de la controversia.
Son los dos principales litigios políticos que tenemos en este momento en el país, pero que la Cámara en este momento considere que la defensa que hace el gobierno de la ciudad de sí mismo es una defensa ilegítima, podría poner en situación igual a cualquier gobernador de cualquier estado.
Si la Procuraduría General de la República solicita el desafuero de cualquier gobernante, el gobierno encabezado por éste es el directamente afectado y los ciudadanos que votaron por el gobernador y que lo eligieron son los directamente afectados.
Pedir entonces a un gobierno, en este caso, por ejemplo, podríamos ver al Presidente de la República, el Presidente de la República, ve que la Cámara aprueba un Presupuesto que no le complace, el Presidente habla en la televisión, recursos públicos, fiscales, que están en la Ley de Ingresos, utiliza esos recursos públicos, se dirige a la nación, defiende su gobierno y su punto de vista. La Cámara no pudo hacer lo mismo, desgraciadamente, pero teníamos el mismo derecho.
Y creo que los gobernantes tienen el derecho de defender el gobierno que encabezan y están obligados, no solamente tienen el derecho, puesto que han sido elegidos, no son funcionarios designados. El gobierno tiene un mandato popular mayoritario y si es el gobierno el que está siendo señalado por otra autoridad, sea ésta cual fuere, en este caso la PGR, el gobierno tiene que responder, el gobierno tiene que informar, el gobierno tiene que presentar su punto de vista ante la ciudadanía a la cual se debe.
Votar a favor de un trámite de urgencia de esta proposición, sin ni siquiera analizarlo en la comisión, es considerar implicaciones que trascienden al gobierno de la ciudad y se inscriben...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Pablo Gómez, si me permite un segundo.
El diputado Pablo Gómez Álvarez: En cualquier nivel de gobierno. Yo pido a la Asamblea que el asunto se turne a comisión y que calmen a los vociferantes de la derecha.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Triana, ¿con qué objeto?
El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Diputado Presidente, para solicitar respetuosamente la palabra para rectificación de hechos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Le daríamos la palabra en pro de la urgente resolución, en contra. Entonces en pro, porque estamos utilizando la fracción II del 58. Adelante, señor diputado.
El diputado Jorge Triana Tena: Señor Gómez: todo gobierno tiene derecho a defenderse. Existe un principio de defensa, de resistencia civil; nosotros lo hemos puesto en práctica, pero nunca hemos utilizado recursos del erario para ello, ¡jamás, jamás, diputado Gómez! No somos iguales; y el asunto de fondo no es solamente el majadero desvío de recursos que está haciendo el jefe del Gobierno.
Le voy a leer en pequeño párrafo de un librito que espero conozca, señor Gómez: "... se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa de hasta 5 mil pesos a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a actuar de alguna forma. A quienes dirijan, organicen, inciten –inciten– o patrocinen económicamente a otros para cometer este delito se les aplicará pena de 2 a 10 años de prisión".
¿Les parece familiar, les parece que es urgente que cese esta campaña virulenta y de discursos incendiarios o no? A mí me parece que sí.
Y le voy a leer otro librito, en otro parrafito, y a ver si lo conoce, diputado Gómez: "... se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de 50 a 500 días multa al servidor público que, indebidamente, use fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo 267 de este código con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, de su superior jerárquico o de un tercero a fin de denigrar a cualquier persona". ¿Les parece familiar? A mí sí.
El diputado Leonardo Álvarez Romo (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor. ¿Diputado Leonardo Álvarez Romo?
El diputado Leonardo Álvarez Romo (desde la curul): No.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿No? Continúe.
El diputado Jorge Triana Tena: Gracias, diputado Presidente. Lo importante aquí, lo importante aquí es el principio del que "nada debe nada teme". Si hacerle un extrañamiento al jefe del Gobierno, si solicitarle que serene su tono y su modo, si solicitarle la prudencia cuando dé sus conferencias mañaneras agravia a alguien, que vote en contra de la urgencia y obviedad.
Si alguien está de acuerdo con el respeto al Estado de derecho, a las leyes vigentes en nuestro país y mira en pro de la óptima vida democrática de nuestro país, que lo vote a favor.
Por el actuar que han mostrado René Bejarano y sus amigos aquí sentados, a mí me parece que ustedes no, no coinciden con ninguna de estas premisas; pero la urgencia y obviedad nada le quita a nadie. Venimos aquí, a este Pleno, a hacer respetar la ley, no a consentir su violación flagrante. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento...
El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Señor Presidente, solicito que la votación sea nominal.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. El diputado Pablo Gómez solicita la votación nominal. ¿Quiénes lo apoyan? Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico hasta por cinco minutos.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema electrónico de votación, de conformidad con el Reglamento, el artículo 161. Háganse los avisos correspondientes.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La votación por el sí es que se considera de urgente resolución. (Votación)
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Presidente: se emitieron 163 votos en pro, 99 en contra y 128 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Esta Presidencia recibió de parte de la diputada Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reformar el acuerdo 312, en el que se determinan los programas de educación primaria y pueda tener efecto a partir del ciclo escolar 2005-2006. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el señor diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal a ejercer los recursos para construir el libramiento Manuel González que complementa el eje carretero Tampico-Monterrey.
El diputado Jesús Nader Nasrallah: Con su venia, señor Presidente. En nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte al Gobierno Federal para que destine mayores recursos para el libramiento Manuel González, del estado de Tamaulipas, que complementa el eje carretero Tampico-Monterrey, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La economía, en particular la de mercado, supone una seguridad que garantice la libertad individual de la propiedad, además de un sistema monetario estable y de servicios públicos eficientes. Entre estos servicios públicos tenemos la construcción de vías de comunicación.
El presente punto de acuerdo surge a raíz de la propuesta presentada al arquitecto Pedro Cerisola, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, por el ingeniero Manuel de Jesús Ibarra Martínez, Presidente y delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga del Sur del Estado de Tamaulipas, organismo que agrupa a los más de 500 transportistas de la zona sur del estado de Tamaulipas.
La importancia de este proyecto para este polo de desarrollo que es Tampico y para el estado de Tamaulipas en general reside en el gran tráfico pesado existente por la exportación e importación de cargas hacia el puerto de Altamira.
Además, este proyecto permitirá disminuir el costo y tiempo de traslado entre el sur de Tamaulipas, el norte del estado, la frontera con Estados Unidos y la conexión natural del estado de Nuevo León.
Fuimos testigos del inicio del programa carretero en Tamaulipas, con el tramo González-Zaragoza, por lo que consideramos que el libramiento Manuel González complementará el esfuerzo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal hace para patentizar los recursos asignados.
Sabemos de la importancia del desarrollo de las regiones en el país y conocemos la firme convicción del Gobierno Federal de atender las prioridades que requieren para su crecimiento los polos industriales, como es el sur del estado de Tamaulipas. Este proyecto es importante no sólo para los transportistas del sur del estado, sino para todos los que estamos interesados en el desarrollo del estado y de la región.
Sin embargo, los recursos que se destinan a esta obra son insuficientes, ya que sólo alcanzan para construir 20 por ciento de este gran proyecto. Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal a que destinen mayores recursos para la construcción del libramiento Manuel González, que complementa el eje carretero Tampico-Monterrey.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a ciudadanos del municipio de Chignahuapan, Puebla, invitados por el señor diputado don Ángel Alonso Díaz-Caneja. Sean ustedes bienvenidos.
Esa Presidencia recibió de parte del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a ampliar el plazo del trámite de incorporación de las escuelas particulares de nivel preescolar y a establecer los mecanismos para la certificación del grado académico que corresponda a los docentes que no cuentan con la licenciatura en educación preescolar, que cuentan con gran experiencia en la docencia y varios años de antigüedad dentro de las aulas, por lo que se turna a la Comisión de Educación y Servicios Educativos.
Se ruega a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Orden del día de la próxima sesión:
(Lectura del orden del día de la próxima sesión)
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias. Esta Presidencia toma en consideración la última de las votaciones como registro de asistencia.
Se levanta la sesión (a las 14:56 horas) y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 8 de marzo, a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.