El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados, por favor.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 355 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (A las 10:24 horas): Se abre la sesión. Consulte entonces la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura. Luego entonces, el siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Debido a que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría si se le dispensa también la lectura.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura. Proceda entonces la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada el acta. Continúe la Secretaría con comunicaciones.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica que, en conmemoración del 680 aniversario de la fundación de Tenochtitlán, se celebrará el 13 de marzo del presente año.)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Fernando Alberto García Cuevas, Margarita Saldaña Hernández y María Angélica Díaz del Campo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con relación a cambio de integrante de comisión: baja del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con relación a cambio de integrante de comisión: sustitución del diputado Juan Carlos Núñez Armas por el diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno.)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que adiciona el artículo 227 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido verde Ecologista de México.)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El siguiente punto del orden del día son iniciativas de ciudadanos diputados. En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que ha sido suscrita tanto por él como también por el diputado José Alberto Aguilar Iñárritu.
El diputado Omar Bazán Flores: Con su permiso, señor Presidente: a partir de 1945 podemos decir que el turismo comienza su despegue, que ha estado acompañado de una revolución tecnológica e industrial, que ha supuesto y ha dado la creación de riquezas y aumento del poder adquisitivo y cambios en el estilo de vida de la sociedad. Podemos señalar algunos de los aspectos que han sido definitivos para el desarrollo del turismo de masas, como la estabilidad política, la estabilización de las clases medias y altas con mayor poder adquisitivo, las nuevas necesidades del ocio, las menores jornadas laborales y las vacaciones pagadas, avances y abaratamiento de los transportes, etcétera.
En las décadas de los sesenta y los setenta se asienta el desarrollo del turismo masivo de playas, en parte por la liberación de las políticas aéreas, mientras que en los años ochenta el turismo entra en una fase de madurez, donde se consolidan las grandes cadenas hoteleras y empresas de sector. Actualmente, el turismo es la industria de mayor crecimiento en el mundo, y parece que a este ritmo va a seguir creciendo en el siglo actual. En los últimos años, la etapa del crecimiento de los ingresos por turismo ha ido aumentando en torno a 9 por ciento anual, llegando a 423 mil millones de dólares en 1966, y la llegada de turistas internacionales ha ido creciendo en torno a 4, a 5 por ciento anual, alcanzando 670 millones en 1999.
En México, según datos de la Organización Mundial del Turismo, en el año 2004 llegaron cerca de 20 millones de turistas, que incrementaron cerca de 10 mil millones de dólares. De esos 318 millones de dólares, son de entradas de turistas por cruceros... solamente en el año 2002 nuestro país recibió más de 4 millones de pasajeros, en 2,164 arribos de cruceros de diversos países, particularmente procedentes de Estados Unidos, Canadá y Europa. Durante los últimos años, el número de pasajeros vía marítima ha mantenido una tendencia positiva, presentando una tasa media de crecimiento anual durante el periodo de 1996 a 2003 de 6.34 por ciento, al pasar de 6.4 a 9.8 millones de pasajeros. Esta tendencia es motivada principalmente por el incremento en el número de pasajeros por cruceros, en donde en el bienio 2001-2002 se pasó de 3.3 millones a 4.7 millones de pasajeros y en el año 2003 el número de turistas atendidos fue de 5 millones 200 mil en este ramo. Se espera alcanzar en el año 2006 un incremento de cerca de 7 millones de viajeros.
Ante el crecimiento, de 43.3 por ciento, en el número de pasajeros que llegan al país vía marítima, es necesaria mayor participación de los empresarios mexicanos, sobre todo los que abastecen los productos de toda índole, desde alimentos hasta combustibles, muebles y otros. El turismo de crucero ha experimentado un impresionante crecimiento en los últimos años, que incluso ha superado el de la industria turística en el mundo. En el periodo de 1980 a 2001 tuvo una tasa anual de crecimiento compuesto de 7.3 por ciento, comprada con la de 4.2 de la industria turística general. En este lapso, la industria de cruceros ha logrado de forma simultánea el incremento tanto de sus capacidades, de 41 mil 73 a 172 mil 281 camarotes, como de sus tasas de ocupación, de 70.3 por ciento a 90.02 por ciento.
Desde 1987, la demanda de destinos ha aumentado, concentrándose en el Caribe, manteniendo su participación cercana de 43 por ciento en Europa y el Mediterráneo. Han experimentado el mayor crecimiento en los últimos 15 años. Y, dentro de México, Cozumel ha crecido a tasas anuales de 10.6 por ciento desde 1995, teniendo mayor importancia desde la ruta del Caribe en los siguientes 4 años. Se estima que el Caribe contará con 29 cruceros adicionales, un incremento de 16 por ciento. El turismo es un fenómeno social, cultural y económico; y, como tal, se puede estudiar desde cada una de estas perspectivas en el análisis. Y en cualquier destino turístico pueden observarse los impactos económicos y sociales que generan las actividades turísticas, cualquiera que sea el país donde se ubiquen.
Algunos de los impactos positivos que genera la actividad turística son la entrada de divisas procedentes de países emisores, que suponen una fuente de ingresos; la creación de empleos tanto directos como indirectos, debido a su efecto multiplicador; y la repercusión positiva en la balanza de pagos. La balanza de pagos registra la transición comercial de un país respecto a otros. En términos generales, si es negativa, implica una situación definitoria del país respecto a sus homólogos. Así, si es positiva, indica que exportamos más de lo que importamos; como que –de deduce– la situación es óptima. Aunque sólo hay una balanza de pagos, se divide por sectores económicos, existiendo una partida económica dentro del sector servicios, en el caso de la balanza turismo. Si es negativa, significa que se trata de un país emisor de turismo e impacta en los servicios turísticos; y si es positiva, como en el caso de México, significa que somos un país eminentemente receptor; es decir, que exportamos turismo, aunque realmente la actividad se desarrolla en el destino.
El efecto multiplicador que produce el turismo lo podemos definir como la riqueza para añadir y la creación de los gastos en materia turística. El gasto que los turistas realizan en establecimientos turísticos y no turísticos supone que los propietarios de estos establecimientos incurran en otra serie de gastos para cubrir las necesidades del primero, lo que repercute y tiene consecuencias positivas allá donde se han realizado, y así sucesivamente. Por ello podemos decir que la actividad turística potencia las inversiones y el desarrollo de los sectores, como consecuencia del efecto multiplicador, lo que supone la creación de empleo directo relacionado con las actividades turísticas e indirecto en todas las empresas de apoyo al sector turístico.
Por lo anterior queremos someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados las modificaciones al párrafo primero del artículo 15 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:
Artículo 15. No quedan comprendidos en las disposiciones precedentes juegos que se celebren en domicilios particulares con el único propósito de diversión o pasatiempo ocasional y que en ninguna forma se practiquen habitualmente, siempre que además no se admita en los mismos a personas que no tengan relaciones de familia o de trato social cercano con los dueños de las moradas.
Asimismo, no quedan comprendidos los juegos y sorteos que se celebren a bordo de cruceros y trasatlánticos que arriben a puertos mexicanos o naveguen en aguas nacionales con motivos turísticos, siempre que además no se admita en los mismos el abordaje de personas distintas de las que abordaron en el puerto de origen.
Transitorio
Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Turismo la iniciativa del diputado Omar Bazán.
Proceda la Secretaría a instruir el cierre del sistema electrónico de asistencia. Secretaria, le ruego proceda a instruir el cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Hay un quórum de 375 ciudadanas y ciudadanos diputados, señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputada secretaría. Tiene la palabra el señor diputado...
El diputado Jorge Carlos Obregón Serrano (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sonido a la curul del señor diputado.
El diputado Jorge Carlos Obregón Serrano (desde la curul): Es para asistencia.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ah, es para asistencia.
Diputada secretaria, tiene 15 minutos todavía para hacer mediante cédula su asistencia. Auxíliese al señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona una fracción X al artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de subsidiariedad.
El diputado Jesús Nader Nasrallah: Con su venia, diputado Presidente: con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de esta honorable Cámara, presentamos a esta honorable Asamblea la iniciativa de decreto que adiciona una fracción, que sería la X, al artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El principio de subsidiariedad se opone al absolutismo político y a la centralización de los poderes del Estado a expensas de las instituciones locales. Apoya, en cambio, un reparto de la autoridad tan próxima a la base como lo permite el buen gobierno y prefiere toma de decisiones locales a tomas de decisiones centrales. La subsidiariedad se opone al Estado asistencial, que se da cuando no existe corresponsabilidad de quien recibe apoyo y, por lo mismo, quien ayuda acaba absorbiendo las obligaciones, perjudicando al necesitado en vez de beneficiarlo.
Es el caso del combate de la pobreza, donde el Ejecutivo federal actúa de manera directa en las comunidades con los mayores índices de pobreza y marginación, donde la autoridad local no ha generado aún capacidad para atenderla. Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta honorable Asamblea la
Iniciativa de decreto para adicionar una fracción, que sería la X, al artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Subsidiaridad. Proceso en que una autoridad o comunidad ayuda a otra autoridad o comunidad, o individuo, cuando este último no se encuentra en posibilidades de resolver sus propias necesidades, sin suplantar o sustituir la libre iniciativa de los individuos, comunidades o autoridades, en aras de lograr una mayor corresponsabilidad social.
Transitorio
Único. La presente adición entrará en vigor al día siguiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito, diputado Presidente, que el texto completo de la presente iniciativa se inserte en el Diario de Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Como lo pide el proponente, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Desarrollo Social. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el inciso a), fracción VI, del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Abraham Bagdadi Estrella: Con su permiso, señor Presidente: en la octava sesión ordinaria del Congreso Constituyente de 1917, celebrada el lunes 11 de diciembre de 1916, se presentó voto particular en cuanto a la redacción del artículo 3o. constitucional. En uno de los párrafos de dicho voto particular a la letra se expresa:
"La comisión profesa la teoría de que la misión del poder público es procurar a cada uno de los asociados la mayor libertad compatible con el derecho igual de los demás y de este principio, aplicando el método deductivo, llega a la conclusión de que es justo restringir un derecho natural, cuando su libre ejercicio alcance a afectar la conservación de la sociedad o a estorbar su desarrollo.
"La enseñanza religiosa que entraña la explicación de las ideas más abstractas, ideas que no puede asimilar la inteligencia de la niñez, esa enseñanza contribuye a contrariar el desarrollo psicológico natural del niño y tiende a producir cierta deformación de su espíritu, semejante a la deformación física que podría producir un método gimnástico vicioso. En consecuencia, el Estado debe proscribir toda enseñanza religiosa en todas las escuelas primarias, sean oficiales o particulares", hasta ahí la referencia.
El día de hoy vengo ante la Cámara de Diputados para que juntos todos, legisladoras y legisladores, demos muestra clara a la ciudadanía del espíritu laico de la República y con esta medida se finalice de una vez por todas el debate del absoluto carácter laico de la educación en México. La discusión nacional de la laicidad de la educación en nuestro país es tan añeja como la historia patria. Para comprender cómo se desenvuelve el fenómeno de la laicidad, hay que entender la posición que nuestro país ha tomado al respecto en las diversas épocas de nuestra Carta Magna.
Así, en 1916 nuestra Constitución delimitaba de manera muy precisa la laicidad de la educación y, en un acto que ejercitaba su plena rectoría en el tema, obligaba a los particulares que llevaran a cabo esta actividad a cumplir el carácter laico de la misma. De igual manera, prohibía a las corporaciones religiosas la enseñanza educativa. En la reforma de 1934, el Constituyente Permanente fue más arriesgado en la posición doctrinaria de nuestro país en cuanto al modelo educativo estatal, determinando el carácter socialista del sistema educativo mexicano y ordenando de nueva cuenta la exclusión de la doctrina religiosa en torno de la enseñanza.
En 1945, el Legislativo plantea el carácter humanista de la educación estatal y, en la fracción IV del inciso a) del artículo 3o. de nuestra Carta Magna, expresaba con claridad la exclusión del derecho a enseñar por parte de las asociaciones religiosas. Finalmente, la última reforma constitucional en materia de laicidad se dio en el año de 1991. En esa reforma se violentó el sentimiento y el espíritu del legislador del 17, al abrir de manera muy amplia la posibilidad de la instrucción educativa a las corporaciones religiosas, sin establecer con la claridad debida el carácter laico del modelo educativo nacional.
En virtud de la reforma antes señalada, los grupos religiosos han avanzado de manera vertiginosa en la consolidación de un proyecto educativo basado no en los principios racionales de la ciencia sino que, incluso, han hecho de la fe parte fundamental de los planes de estudio. Con esas acciones se evidencia el contrasentido de la voluntad del Constituyente de 1917 con las acciones del clero por lo que respecta a la impartición de la educación.
Compañeros legisladores, es claro que hoy día vivimos nuevos tiempos en nuestro país, tiempos que nos obligan a avanzar en nuestra manera de pensar y de actuar. Hoy vengo a proponer no que censuremos las libertades de que gozan los grupos religiosos organizados y debidamente registrados ante la ley; lo que aquí se propone es reafirmar el espíritu laico del Estado mexicano. La laicidad y el laicismo suponen el principio fundamental de democracia, de libertad de conciencia, de pensamiento y de inclusión social. Significa la igualdad básica de los ciudadanos y las ciudadanas y es la que nos constituye en el común del pueblo, sin rangos ni autoridades impuestas, sin privilegios de unas sobre otras. Por eso ninguna religión en particular, ninguna confesión ni secta puede imponerse a todos en nombre de la democracia.
Actualmente, el inciso a) de la fracción VI del artículo 3o. de la Constitución Política Mexicana expresa lo siguiente:
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.
VI. ... los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primara, secundaria y normal, los particulares deberán:
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III.
Con esa redacción se excluye la obligatoriedad de la laicidad de la educación que determina la fracción I del artículo 3o. Es decir, los particulares en nuestro país no se encuentran obligados a impartir la educación, apegándose al principio antes mencionado. Con esta redacción se violenta claramente el espíritu del legislador del Constituyente de 1917.
Por lo anterior propongo ante esta honorable Asamblea que reformemos el inciso a) de la fracción VI del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto se presenta el siguiente
Proyecto de decreto que reforma el artículo 3o., fracción VI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el conocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.
En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y las fracciones I –que ésta es la modificación que proponemos– y II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a visitantes integrantes de la Coparmex del estado de Baja California, invitados por el señor diputado don Pablo Alejo López. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.
El diputado Manuel Velasco Coello: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: los rastros constituyen un servicio público que tiene como objetivo principal proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos más convenientes para el consumo de la población.
El servicio público de rastros se presta mediante instalaciones y equipo de herramientas que, junto con el personal y los servicios adicionales, comprenden los elementos básicos para la operación de estas unidades. La prestación del servicio permite proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para su consumo, controlar la introducción de animales a través de su autorización legal, realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo humano y lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del sacrificio de animales, así como generar ingresos derivados del cobro de cuotas por el sacrificio de animales, evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares y racionalizar el sacrificio de animales protegiendo el desarrollo de las especies.
El rastro ofrece una serie de servicios complementarios que, conjuntamente, dan como resultado la prestación de este servicio público. Éstos se clasifican en ordinarios y en extraordinarios. Los servicios ordinarios son los que se proporcionan normalmente en el rastro y están encaminados al cumplimiento de actividades como recibir en los corrales el ganado en pie, inspeccionar la sanidad de los animales, encerrar a los animales por el tiempo reglamentario para su posterior sacrificio, hacer el degüello y la bisección de los animales, vigilar el estado sanitario de la carne, proporcionar el servicio de vigilancia y facilitar el transporte sanitario en los canales. Los servicios extraordinarios se derivan de los servicios normales del rastro y se proporcionan de manera adicional. Por mencionar algunos, tenemos el pesaje del ganado que no va a ser sacrificado, los servicios de refrigeración, etcétera.
Los rastros se clasifican de acuerdo con el tipo de actividades que realizan, por el equipamiento y la finalidad para los que fueron creados. Existen los rastros de tipo inspección federal y los rastros de tipo inspección de la Secretaría de Salud. Hablaremos de los rastros de tipo inspección federal. Estos rastros son los que, además de prestar servicios básicos que proporcionan los rastros de tipo de la Secretaría de Salud, permiten una industrialización de los productos derivados de la carne. Este tipo de rastro opera fundamentalmente para que sus productos se destinen a la comercialización de grandes centros urbanos y a la exportación, razón por la cual la inspección sanitaria se realiza sobre las carnes y en los procesos de industrialización.
Las funciones y actividades que se realizan en el rastro de tipo inspección federal son la matanza, que comprende el degüello y disección de los animales, corte de cuernos, limpia de pieles y lavado de vísceras; manejo de canales, que consiste en el corte de carnes, empacadora de carnes, en la que se realizan embutidos como jamón, salchicha, así como chorizos y patés, donde se producen hilos para cerrar heridas y la industrialización de esquilmos, que consiste en el aprovechamiento de los desechos cárnicos para la producción de harinas y comprimidos destinados al alimento de animales.
La ventaja de los rastros de tipo inspección federal es que el animal es mejor aprovechado, favoreciendo con ello mayor rendimiento y abaratamiento de la carne en beneficio de la economía familiar. Sin embargo, su operación requiere necesariamente instalaciones y maquinaria especializada, cuyos costos son bastante elevados, por lo que se recomienda que, antes de establecer un rastro con estas características, se hagan los estudios convenientes para garantizar su funcionamiento y evitar el dispendio de recursos. En el sector pecuario, nuestro país tiene una producción elevada. Somos productores y en ocasiones exportadores de materias primas agropecuarias y productores elaborados de porcinos, bovinos, caprinos, aves y abejas, y la preservación de la calidad del producto obtenida en la fase de manufactura o industrialización imperante.
En nuestro país, desafortunadamente, la mayor parte de los animales son sacrificados en rastros que no cuentan con las medidas de seguridad e higiene necesarias, ni con la supervisión veterinaria. A pesar de que existe la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual contiene el capítulo de trato humanitario, así como el rastro tipo inspección federal, en su artículo 2o., frecuentemente esta legislación no se aplica debidamente, dando lugar al sufrimiento innecesario de los animales en los procesos de sacrificio.
Resulta inconcebible que, a pesar de contar con las técnicas modernas para sacrificar animales, aún se utilicen métodos rudimentarios y crueles con consecuencias graves, desde el punto de vista ético. El trato cruel de los animales repercute en menor calidad y cantidad de los productos obtenidos, además de que no es justificable provocarles un dolor y traumatismo que podían evitarse. El mejor lugar para sacrificar a los animales y garantizar la calidad del proceso y del producto, como ya mencionamos, es mediante un rastro de tipo inspección federal, en los cuales ya se implementan las buenas prácticas de manufactura, que incluyen –entre otras– la forma de sacrificio, la inspección antes y después, la conservación de productos cárnicos y la aplicación de programas tendentes a fomentar la higiene y seguridad del personal que ahí labora.
En el sector pecuario existe todavía un número elevado de rastros que no cuentan con el sello de tipo inspección federal, debido en muchas ocasiones a los elevados costos y a la resistencia de productores y trabajadores, ya que se requiere mayor control en los procesos. Actualmente, el sello de tipo inspección federal es aceptado a nivel internacional como garantía de inocuidad en productos cárnicos de origen animal. El reto dentro del sector es obtener el sello de tipo inspección federal, a fin de que un mayor número de productores mexicanos logre productos de calidad y pueda incursionar en el mercado internacional.
Las organizaciones ganaderas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Organizaciones Ganaderas, tienen por objeto, entre otros, promover y fomentar entre sus asociados la adopción de tecnologías adecuadas para el desarrollo sustentable y sostenible en la explotación de las diversas especies ganaderas. El Partido Verde propuso ya una reforma del artículo 5o., en su fracción VII, que nos menciona la instalación de plantas empacadoras, refrigeradoras, lavadoras, etcétera, que son necesarias para la industrialización, conservación y comercialización de los productos ganaderos, ya que consideramos necesario que dentro de este artículo se incluyera textualmente a la matanza como parte del proceso, pero en un rastro de tipo de inspección federal, ya que éste cumple los estándares de calidad reconocidos nacional e internacionalmente.
Buscando congruencia en la legislación y tomando en cuenta, como ya mencionamos, que en la Ley Federal de Sanidad Animal ya se contempla al rastro tipo inspección federal, por esa razón y por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la presente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 4 de la Ley de Organizaciones Ganaderas
Único. Se adiciona una fracción VII al artículo 4 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, para quedar como sigue:
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I. a XVI. (Quedan igual);
XVII. (Quedaría como el establecimiento de tipo de inspección federal.)
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Tiene la palabra el señor diputado don Eduardo Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 29, 30, 32 y 36 de la Ley General de Protección Civil.
El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo: Con su permiso, diputado Presidente: existe la plena conciencia de que los fenómenos naturales no pueden evitarse porque son producto de la naturaleza, pero sí es claro que el hombre puede mitigar las consecuencias de sus impactos a través de medidas de prevención. Hoy día se cuenta con recursos tecnológicos para predecir, con cierto margen de confiabilidad, la ocurrencia de los fenómenos de la naturaleza y, en esa medida, dar oportunidad a que las autoridades y la población puedan llevar a cabo las acciones necesarias para que la población ponga a salvo su vida y patrimonio.
Ése es el sentido de las acciones de prevención. Sin embargo, también es cierto que si bien se puede prever la ocurrencia de los fenómenos naturales, es muy difícil prever sus magnitudes, por lo que a menudo provocan desastres entre la población. En este momento, las autoridades, junto con la población, deben actuar de inmediato para atender la emergencia que provoca el desastre. En nuestro país, en los últimos años se han presentado fenómenos naturales que han ocasionado lamentables pérdidas de vidas humanas y el patrimonio de sectores importantes de la población.
Sólo baste mencionar que, según información proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a lo largo de dos décadas los desastres naturales dejaron pérdidas estimadas en al menos 10 mil millones de dólares. El año pasado, la prensa dio cuenta de los estragos que los huracanes provocaron en algunos estados a través de intensas lluvias, como ha sido en el caso del estado de Nuevo León. La ubicación de nuestro país en lo que se ha llamado "cinturón de fuego", donde se produce 80 por ciento de la actividad sísmica y volcánica a nivel mundial, que atraviesa México por la mitad, hace necesario que se tomen las medidas correspondientes de prevención y mitigación.
De igual forma, son recurrentes los incendios forestales, las sequías y otras actividades diversas que ocasionan desastres, en los que las personas se ven afectadas, algunas con pérdidas irreparables y otras con daños importantes en su patrimonio. Por ello es momento de que las acciones de prevención tomen su lugar prioritario en la protección civil, que hasta ahora sólo actúa de manera reactiva y por demás tardía. En algunos otros casos, estas acciones prácticamente no existen, como es el caso del Gobierno del Distrito Federal.
Por lo anterior se hace necesario dotar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno de herramientas normativas y materiales para que puedan atender estas emergencias o desastres de manera eficaz y oportuna, pero sobre todo que se pueda contar con recursos para llevar acciones de prevención en donde se cuente con cierta certeza de que estos fenómenos pueden ocurrir. Éste es el espíritu de las reformas y adiciones que se presentan con la presente iniciativa de ley.
En este sentido, la reforma que se propone, del artículo 29 de la Ley General de Protección Civil, establece que el apoyo del Gobierno Federal se debe dar en los términos establecidos en la misma y que se proporcionen de manera inmediata atendiendo a las posibilidades reales de participación de los gobiernos locales. Ello, en razón de que cuando se solicita el apoyo es precisamente porque operativa y financieramente estos gobiernos locales han sido rebasados. No se puede condicionar la ayuda del Gobierno Federal a participaciones bipartitas o tripartitas, a recursos que no se tienen tanto en los estados como en los municipios, cuando la población sobre todo está en desgracia.
El fin último que debe mover las acciones de los tres órdenes de gobierno es proteger a las personas y su patrimonio, que en muchas de las ocasiones es producto de toda una vida de intenso trabajo. Los trámites y procedimientos burocráticos por ningún motivo deben estar por encima de este bien superior; precisamente porque son rebasadas las capacidades de estos municipios se solicita la ayuda. De ahí la incongruencia de que en ese momento se solicite una aportación como condición para el ejercicio de los demás recursos.
Es necesario que los recursos federales sean liberados atendiendo a las condiciones reales que se están presentando en las zonas afectadas y a la capacidad económica de las autoridades locales que se ven superadas y no a criterios estrictamente burocráticos condicionantes del ejercicio oportuno de estos recursos. Igualmente importante es tomar las medidas necesarias de prevención para mitigar los efectos devastadores que este tipo de fenómenos provoca, por lo que con las modificaciones que se proponen se pretende incrementar de 20 a 50 por ciento los recursos no ejercidos del remanente de este fondo para la atención de los desastres y, en su caso, del fideicomiso correspondiente a que alude el artículo 32 de la ley vigente.
Se insiste: lo que está en juego son la vida de las personas y su patrimonio. Cualquier esfuerzo que se haga, aun cuando sea insuficiente, siempre será la mejor inversión de los recursos de la nación. Con base en las anteriores consideraciones, se propone el siguiente decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Protección Civil, en los términos de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
El diputado Miguel Alonso Raya: Gracias, señor Presidente; con su permiso. Compañeras y compañeros: el diputado Rafael García Tinajero, diputada Clara Marina Brugada Molina, diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, diputada Angélica Díaz del Campo, diputado Emilio Serrano Jiménez, diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, diputada Rocío Sánchez Pérez, diputado Agustín Rodríguez Fuentes, diputada Marcela González Salas y diputado Amadeo Espinosa venimos a presentar, junto con su servidor, esta iniciativa de modificaciones de la Ley del Seguro Social, con la intención de contribuir a dar viabilidad financiera al Instituto, en virtud de que la última reforma que se realizó tiene hasta el día de hoy entrampado al Seguro Social. En todas las plazas que por jubilación se dejan siguen sin darse los nombramientos respectivos y la situación que se planteó que se resolvería con la reforma hoy está más complicada, más difícil, con más largas las colas y los tiempos de espera para la atención de los servicios en el Seguro Social.
En 1995, la reforma de la Ley del Seguro Social modificó la estructura del seguro del régimen obligatorio, buscando adecuar su tratamiento financiero a la naturaleza de los riesgos. Por ello se separó el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte en dos nuevos seguros, el de invalidez y vida y el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y, por ello, también se separó el financiamiento de los servicios médicos, quedando por un lado el respectivo a las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad y, por otro, el de las prestaciones en especie del mismo, particularmente de los pensionados y sus beneficiarios.
Asimismo, se revisaron las cuotas de estos seguros, buscando alcanzar un equilibrio entre los ingresos, las presiones de gasto que enfrenta el IMSS y las posibilidades de incentivar la competitividad de las empresas registradas y el crecimiento económico. En el caso del seguro de enfermedades y maternidad, se distribuyeron las cargas entre los aportantes: empleador, trabajador y gobierno, aumentando la aportación del Estado y disminuyendo las cuotas obrero-patronales. Y, adicionalmente, se estableció un esquema de transición, con el objetivo de dar viabilidad financiera a este seguro en el largo plazo.
También se modificaron las condiciones administrativas y operativas del IMSS, así como sus facultades, los criterios de acceso y los requisitos y condiciones para la vigencia de derechos. Entre los aspectos que buscó atender esa reforma, dos temas centrales fueron la inviabilidad financiera del régimen de pensiones y el déficit permanente del seguro de enfermedades y maternidad. Sin embargo, y con posterioridad a la reforma de 1995-97, los problemas que en estos seguros se han localizado y documentado plenamente refieren al menos tres situaciones que es necesario atender.
En primer lugar, la estimación técnica de las primas, en especial en los seguros de invalidez y vida y riesgos de trabajo dado que, según diversos análisis de auditorías actuariales, son superavitarios en un margen importante, con cuotas significativamente por encima de las primas de equilibrio, lo que podría significar una opción para atender el déficit del seguro de enfermedades y maternidad en el capítulo de gastos médicos a pensionados. En segundo lugar, por razones de equidad y solidaridad, se propone incorporar una cuota social, a cargo del Estado, para el financiamiento de los gastos médicos a pensionados, como ocurre en el financiamiento de las prestaciones en especie, del seguro de enfermedades y maternidad para los trabajadores activos y sus beneficiarios, en el seguro de salud para la familia y en el Seguro Popular.
Y, en tercer lugar, la legalidad y pertinencia técnica del régimen en que se basa el seguro de invalidez y vida, por un lado, y –por otro– la legalidad, constitucionalidad y pertinencia técnica del régimen de pensiones asignado al seguro de riesgos de trabajo, en tanto que en el financiamiento de las pensiones en ambos ramos se utilizan los saldos acumulados en las cuentas individuales del seguro de retiro, cesantía y vejez, de manera cruzada. En tal sentido, la iniciativa que ahora presentamos a consideración de este Pleno tiene como objetivos:
1. Equilibrar las primas de los seguros de riesgos de trabajo e invalidez y vida para trasladar el excedente al financiamiento de los gastos médicos a pensionados. Adicionalmente, se agrega una cuota social por pensionado a cargo del Estado, equivalente a la del seguro de enfermedades y maternidad y del seguro de salud para la familia.
2. Corregir el financiamiento cruzado para el pago de pensiones por riesgos de trabajo e invalidez y vida, dado que incluyen recursos de la subcuenta de retiro, cesantía y vejez, que son propiedad del trabajador, pero que se usan ilegal e inconstitucionalmente en el caso de riesgos de trabajo, dado que dichos riesgos son responsabilidad exclusiva del patrón e ilegalmente en el caso de invalidez y vida, dado que implica un subsidio cruzado. Los efectos esperados al equilibrar las primas habrían significado más de 10 mil millones de pesos en 2003 y 2004 a favor del financiamiento de gastos médicos a pensionados y para 2005, cercana a 11 mil 300 millones de pesos.
Con esta sola medida se compensaría el déficit proyectado en estos años para gastos médicos a pensionados, haciendo posible la acumulación de reservas durante 25 años y retrasando los saldos deficitarios del seguro hasta después de 2040. Se reducirían en dos tercios los pasivos de gastos médicos a pensionados, a valor presente. No implicaría un desfinanciamiento de los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, dado que continuarían acumulando reservas aun a ritmos menores.
Y, por lo que toca al régimen de pensiones de los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo, se busca corregir una injusticia y dar legalidad, así como restituir los legítimos derechos de los trabajadores y sus familiares beneficiarios. Por ello, la presente iniciativa plantea que la obligación de pagar las pensiones y demás prestaciones legales derivadas de riesgos de trabajo e invalidez y vida, según sea el caso, la asuma plenamente el IMSS con cargo a las cuotas obrero-patronales aportadas para tal efecto y que se contabilicen en el seguro de riesgos de trabajo otros recursos acumulados en las reservas del seguro de invalidez y vida.
En consecuencia, se restituya al trabajador o a sus beneficiarios el derecho de disponer libremente de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía y vejez, para que decidan lo que a su interés convenga: retirar el saldo de una, o de una sola exhibición, contratar una cuantía mayor de la pensión o pagar una sobreprima para los seguros de supervivencia.
Con esta propuesta de modificaciones de la Ley del Seguro Social en los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo, para lograr su equilibrio y la aportación de la cuota social a los gastos médicos de pensionados por parte del Estado mexicano, estaríamos visualizando una salida adecuada a los problemas financieros que enfrenta el seguro de enfermedades y maternidad del Seguro Social, que año con año presenta déficit por la carga que representan sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas de los adultos mayores. Por ello, compañeras y compañeros, solicitamos su apoyo a esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias; muchas gracias, señor Presidente, por la atención prestada a la presente. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, invitados por el señor diputado don Jesús María Ramón, así como a los alumnos de la Universidad del Valle de México, campus Roma, encabezados por Penélope Campos, y a las mujeres del municipio de Orizaba, invitadas por la diputada María del Carmen Escudero Fabre. Sean todos ustedes muy bienvenidos; ésta es su casa.
Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: la pluralidad es una riqueza patente en cada rincón de nuestro país; se hace evidente su influencia en nuestro entorno político, económico, social y cultural.
La realidad en nuestro país es un crisol de pluralidad en donde confluye gran diversidad de pensamientos, ideologías, religiones, cultura e –incluso– de conceptos cosmogónicos. El pacto social establece que todos los mexicanos tienen el derecho de ejercer su soberanía por medio de sus representantes. El sistema de representación proporcional busca que cualquier corriente política de importancia sea representada, conformándose así un sistema plural. El principio de representación proporcional es un principio de representación de minorías.
La Constitución General de la República, por su cuenta, debe reflejar la concreta existencia de la estructura política del país. Nuestra Carta Magna y las instituciones tienen que buscar llenar los moldes de nuestra realidad social, y esta realidad de hoy es un avance positivo de nuestra sociedad. El partido único del pasado ha quedado rebasado, y ya no hay marcha atrás: los tiempos de una mayoría absoluta no deben regresar, y no regresarán; la sociedad en su conjunto ha decidido tomar un camino de democracia, pluralidad y justicia.
El Congreso de la Unión, por su estructura, es democrático y plural. Sin embargo, en su operación o funcionamiento orgánico cuenta con algunos mecanismos que contradicen estos principios. Estas inconsistencias no son generalizadas; de hecho, son específicas y difíciles de identificar. El primer paso para solucionar cualquier problema es identificarlo y reconocerlo como tal. Conocer la esencia de los problemas o su raíz contribuye a encontrar una solución real y eficaz a los mismos. No se pueden rechazar de antemano las formas que a manera de principio dan sustento al sistema en que actúan. La política no puede estar al servicio de quienes la detentan y menos atender las pretensiones desbocadas de unos cuantos.
Los intereses políticos y partidarios en un organismo legislativo no deben desembocar en la anulación de la materia jurisdiccional por la que puede llegar a pasar por alto la resolución adecuada para el caso particular, de forma que este mecanismo no puede ser manipulado en favor de estos intereses corrompibles en la función encomendada. La Sección Instructora tiene una función formalmente legislativa, pero materialmente jurisdiccional, pues realiza funciones de juzgado. La estructura de la Sección Instructora, que conforma la Cámara de Diputados para los juicios políticos y de procedencia, está integrada actualmente por tres partidos: dos diputados del PRI, uno del PAN y uno del PRD.
En este punto es donde encontramos inconsistencia respecto a los principios que nos deben orientar: a un partido corresponde 50 por ciento de los votos en la Sección y a los otros dos corresponde 25 por ciento, a cada uno. No es democrático que tres partidos únicamente decidan sobre asuntos de interés nacional. Esta Sección Instructora tampoco es plural porque no considera la opinión de los demás partidos minoritarios. En este sentido, no se está siguiendo el postulado en donde la ley garantice que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades.
La única herramienta con que cuenta el Congreso para contrarrestar todo el bagaje de publicidad negativa es operar con claridad y solucionar las inconsistencias funcionales y estructurales que ponen en duda y en riesgo el prestigio de este Congreso. La mejor forma de enfrentar las calumnias y las infamias es a través de claridad en la operación y proceder. Es importante que el Congreso de la Unión sea siempre cuidadoso de dar el ejemplo a la sociedad, sobre todo respecto al principio legalidad, el cual consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley, de manera expresa, les confiere. Para poder ser un ejemplo, siempre debe existir claridad; no debe quedar lugar a duda o sospecha. De igual forma, no debe generarse el antecedente ni poner en duda que un funcionario público, quien quiera que sea, sin importar su afiliación política o nivel jerárquico, pueda pisar y estar sobre la ley, que son las que marcan la pauta para mantener la armonía y el respeto entre todos los mexicanos.
Es claro que los mexicanos no deseamos volver al pasado de impunidad de los funcionarios públicos y es trascendente para el país no ceder en el esfuerzo por poner a los que se consideran impunes frente a un juez. Estos funcionarios que pisan nuestras leyes no sólo afectan en forma directa a la sociedad con sus acciones delictivas sino que, también, son un pésimo ejemplo para toda la sociedad y, en específico, para nuestra juventud y niñez, en quienes tenemos fincada nuestra esperanza y en quienes no debe quedar duda de que nadie está sobre nuestras leyes.
El pueblo de México desea y exige vivir en un país con justicia, en donde los servidores públicos sean un ejemplo a seguir por su honradez, eficiencia y confianza. La ley garantiza que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades; y el Congreso tiene la responsabilidad de dar este acceso equitativo a todas las fracciones parlamentarias. No se puede eliminar en principio la posibilidad a que tienen derecho todas las fracciones parlamentarias de participar en la solución de los asuntos de interés nacional. Es importante buscar la forma de orientarnos hacia mayores posibilidades del sistema de representación proporcional, que garantiza la flexibilidad de un sistema y que no oscurezca ni un solo partido.
La variedad y diversidad enriquecen cuando se cuenta con madurez política. Queremos vivir en un Estado de representación democrática y plural, donde se presentan la variedad y amplitud de opciones, donde la mayoría al final de cuentas decide, pero siempre con la participación y el respeto de las minorías. Es necesario bajar la presión para el correcto manejo y operación de la Sección Instructora. Es oportuno dar claridad a la Sección Instructora; no debe haber duda sobre un posible acuerdo en "lo oscurito". Esta claridad se dará con la participación de todas las fracciones parlamentarias, donde se realice un análisis transparente y se escuchen todas las voces del país representadas en el Congreso. Nuestra propuesta garantiza la participación plural y le da claridad.
El Congreso de la Unión debe siempre mantener por delante los principios que la orientan, como la democracia, la pluralidad, el respeto y la legalidad. Los principios y postulados deben tener expresión en realidad; y es responsabilidad nuestra hacer que se cristalicen en el funcionamiento y proceder de este órgano de representación popular. Con base en lo expuesto, se propone que todos los grupos parlamentarios estén representados en la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y en la de Enjuiciamiento en la de Senadores. El número de representantes por grupo parlamentario será de uno; el grupo parlamentario que tenga la mayor representación en cada Cámara, respectivamente, contará con un integrante adicional, así como el derecho de presidir la Sección. El Presidente designado tendrá voto de calidad en caso de empate. Las conclusiones de la Sección mencionada serán tomadas por mayoría simple.
Asimismo, se modifica la Ley Orgánica del Congreso, estipulando que en la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados deberán estar representados los grupos parlamentarios. Por respeto al tiempo de mis compañeros, omitiré la lectura del artículo de la iniciativa, pero solicito a la Mesa Directiva que publique íntegramente el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En la Gaceta Parlamentaria está publicado el día de hoy, pero insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como solicita el diputado Kahwagi. Y túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene el uso de la voz el señor diputado don Rómulo Isael Salazar Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Rómulo Isael Salazar Macias: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo cuarto, inciso c), fracción IV, del artículo 115 de la Constitución General de la República.
El suscrito, diputado Rómulo Isael Salazar Macías, en representación de la diputación federal del estado de Veracruz del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, numerales 1 y 2, incisos c), d) y e), 38, numeral 1, inciso a), 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se permite someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el párrafo cuarto, inciso c), fracción IV, del artículo 115 de la Constitución General de la República, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Es responsabilidad de todo gobierno asumir desde el inicio de su gestión el principio de honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos que estarán a su encargo. Y corresponde a la ciudadanía el derecho de conocer y, más aún, de vigilar la forma en que los mismos son distribuidos y aplicados. Aun cuando los municipios de nuestro país son libres y autónomos, de acuerdo con nuestra Carta Magna, éstos tienen la obligación de informar de manera anual de la acción realizada en el año fiscal que concluye, pero ese informe en muchas ocasiones no contempla con objetividad los registros de los estados financieros de las arcas municipales, tanto en recursos federales como propios, provocando en consecuencia los consabidos desvíos de recursos, que tanto laceran el desarrollo municipal.
En la administración municipal existe la formación de órganos de control que, lamentablemente, no satisfacen las necesidades de fiscalización de los recursos públicos, ya que se circunscriben a la revisión de la ejecución de obra pública derivada de los recursos federales, como es –entre otros– el Consejo de Desarrollo Municipal. Pero, por lo que respecta al resto de los recursos que forman la hacienda municipal y que los ayuntamientos manejan al libre arbitrio, no existen esquemas suficientemente eficaces que regulen la aplicación de los mismos, ni ordenamiento legal que obligue a los titulares de los ayuntamientos a incluir en los formatos de los insuficientes informes anuales el estado financiero, detallado, de todos los recursos existentes en la hacienda municipal con su correspondiente aplicación.
Derivado de ello y con base en el derecho que asiste a la ciudadanía en general de conocer la forma en que son aplicados sus impuestos, vemos la importancia y necesidad de proponer una reforma a nivel constitucional para contribuir y fortalecer la transparencia con que deben desempeñarse todos los niveles de gobierno, particularmente los del ámbito municipal, la cual consiste en que si bien es cierto que los recursos de la hacienda municipal serán ejercidos directamente por los ayuntamientos o por quien ellos designen, ese manejo, a efecto de ser transparentado, deberá ser publicado mensualmente en el tablero de avisos del palacio municipal correspondiente, así como en los lugares públicos más concurridos por la población.
Los informes mensuales deberán ser revisados y validados previa publicación por un consejo ciudadano, que se formará al inicio de cada gestión municipal, con ciudadanos de reconocida solvencia moral, a propuesta de agrupaciones sociales, civiles y población en general, el cual será integrado por un presidente, un secretario y tres vocales, esto será materia de reglamentación en las leyes secundarias que correspondan. Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la consideración del Pleno la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo cuarto, inciso c), fracción IV, del artículo 115 de la Constitución General de la República, para quedar como sigue:
Único. Se adiciona el párrafo cuarto, inciso c), fracción IV, del artículo 115 de la Constitución General de la República.
Artículo 115, fracción IV, inciso c). Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley. El estado financiero de la misma tendrá que ser publicado de manera mensual, previa revisión del Consejo Ciudadano de Vigilancia y Fiscalización, que deberá ser formado al inicio de cada administración municipal.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito que la presente iniciativa se registre íntegra en el Diario de los Debates.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2005.
Su servidor, diputado federal Rómulo Isael Salazar. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Como pide don Rómulo, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Participación Ciudadana y, a petición de don Tomás Trueba Gracián, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
Tiene la palabra el señor diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de pensiones de ex funcionarios de la banca de desarrollo.
El diputado Rafael García Tinajero: Con su permiso, compañero Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Usted lo tiene.
El diputado Rafael García Tinajero: Los suscritos, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión Miguel Alonso Raya, Clara Marina Brugada Molina, Marcela Lagarde y de los Ríos, Angélica Díaz del Campo, Emilio Serrano Jiménez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Rocío Sánchez Pérez, Agustín Rodríguez Fuentes, Marcela González Salas y Petricioli y Rafael García Tinajero, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Exposición de Motivos
La seguridad social es el mecanismo que la sociedad ha dispuesto para proporcionar a sus integrantes apoyos para subsistir en caso de darse una eventualidad que les impida obtener un ingreso propio. En nuestro país, ese derecho está consagrado en las fracciones XXIX del apartado A y XI del apartado B del artículo 123 constitucional. Mediante los Institutos Mexicano del Seguro Social, y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Estado organiza y aplica los preceptos contenidos en la Constitución y en las leyes para cumplir esa garantía. Además, estas disposiciones de carácter general coexisten con estos dos grandes modelos de atención, otros sistemas pensionarios que contemplan el reconocimiento de derechos y el otorgamiento de beneficios para diversos grupos de trabajadores.
Estos regímenes propios o especiales se rigen por la contratación colectiva y la negociación bilateral de las condiciones de trabajo que, de forma característica, se encuentran signadas en condiciones generales de trabajo. No obstante estas disposiciones de carácter general, existen disposiciones de ley que permiten crear auténticas ínsulas de privilegio. Mientras millones de pensionados viven su retiro con ingresos mínimos, el Banco de México dispensa pensiones de privilegio a ex directivos, aunque éstos reciban ya un pago por su retiro, como es el caso de dos ex presidentes de la República Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo, y funcionarios actuales como el secretario de Hacienda y Crédito Público e incluso el actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez.
A pesar de que millones de pensionados carecen de mínimos indispensables para subsistir y que sólo 18 por ciento de las personas adultas mayores cuenta con acceso a una pensión, prevalecen sistemas pensionarios de auténtico privilegio que no cumplen el propósito de ser un apoyo cuando no se está en posibilidades de seguir llevando una vida laboral activa. Además, esas pensiones se otorgan por acuerdo del órgano de gobierno del Banco de México, que legalmente tiene facultades para fijar las prestaciones y las condiciones de trabajo de los servidores públicos de mando de esa institución, con lo que se evaden requisitos fundamentales, como el tiempo de servicio para el otorgamiento de la pensión.
Finalmente, el monto de las pensiones supera con mucho los límites establecidos en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y además, como en el caso de los ex presidentes de la República, la pensión que reciben, como ex funcionarios del Banco de México, se agrega a la que reciben por haber ocupado el puesto de titular del Poder Ejecutivo y que es equivalente al sueldo de un secretario de Estado, más prestaciones en especie y en dinero. En el contexto de la reforma de los sistemas de pensiones que se ha planteado en diferentes espacios, debe considerarse la modificación de estos regímenes especiales, que otorgan beneficios desproporcionados.
El propósito de esta iniciativa es hacer que las pensiones de los altos funcionarios de la Administración Pública Federal sean congruentes con sus aportaciones, compatibles con una situación de cesantía por edad avanzada o incapacidad y que tengan un tope de acuerdo con las leyes de seguridad social vigentes. Para hacer efectivo ese propósito, se propone reformar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para evitar la facultad discrecional de los órganos de gobierno de las mismas para fijar las condiciones de trabajo, salarios y prestaciones de los trabajadores de confianza del mando al servicio de dichas entidades.
En la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se establece como incompatible recibir una pensión por uno de los regímenes especiales ya descritos y una pensión a cargo de cualquiera de estas dos instituciones. La posibilidad de construir un sistema de pensiones equitativo y financieramente sustentable pasa no sólo por revisar los sistemas de reparto que prevalecen: además, debe evaluarse la aplicación del actual sistema de capitalización individual y de sistemas de auténtico privilegio, como los de la banca de desarrollo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Artículo 1o. Se reforma la fracción XI del artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:
Artículo 58. Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales tendrán las siguientes atribuciones indelegables:
... nombrar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de la entidad paraestatal que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, así como a los demás que señalen los estatutos; concederles licencias y aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones, con excepción de la jubilación.
Artículo 2o. Se reforma el penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 51. Las pensiones a que se refiere este capítulo son compatibles con el disfrute de otras pensiones o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente:
III. ... fuera de los supuestos legales enunciados, no se puede ser beneficiario de una pensión, incluyendo los regímenes establecidos en las entidades paraestatales.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2005.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Trabajo y Previsión Social.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona una fracción VII al artículo 3 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.
La diputada Alejandra Méndez Salorio: Con la venia de la Presidencia; compañeros y compañeras legisladores: México ha firmado dos acuerdos comerciales que lo unen con 43 naciones; entre ellas, las principales economías del mundo, como Estados Unidos y Canadá. Y muy pronto estará vinculado con Japón, así como ya lo está con la Unión Europea e Israel y con la mayoría de los países de América del Sur y Centroamérica.
Por la magnitud de nuestras relaciones económicas, sin duda las más importantes son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el firmado con la Unión Europea. Actualmente, nuestro país es un activo promotor del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Esas negociaciones son de particular importancia no sólo por su magnitud y complejidad, sino porque pueden rectificar y ratificar la orientación de los acuerdos anteriores. En los hechos, el Tratado de Libre Comercio se ha convertido en el piso mínimo para negociación de cualquier acuerdo y es la expresión más adecuada de la agenda corporativa para la globalización. Se adelanta incluso a los acuerdos de la Ronda de Uruguay, que dio origen a la Organización Mundial de Comercio.
A pesar de este activismo diplomático y comercial, que ha derivado en un importante crecimiento de nuestra capacidad exportadora, en nuestro país todo mundo –incluido el gobierno, empresarios, académicos y sociedad– reconoce que hay un enorme rezago social. Pero lo que no se quiere reconocer es que esa situación tiene que ver con el modelo o estrategia económica seguida en las últimas décadas y que la firma de contratos comerciales en sí misma no es la solución. Es necesario reconsiderar el perfil de los tratados, reconociendo que los costos que éstos generan no se resuelven sólo con políticas sociales sino que tienen que ver con la sustancia de los tratados y el rumbo económico implementado por el Gobierno de México al menos desde 1982 y que coronan y convierten en ley en 1994, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Las negociaciones comerciales, y en particular los tratados de libre comercio, no sólo son un pilar dentro de la estrategia económica de México y han permitido frenar, aparentemente con éxito, la decreciente competencia mundial y asegurar un crecimiento económico sostenido, en el corto y largo plazos. En perspectiva, recordamos que desde la década de los años noventa México ha negociado tratados de libre comercio, que otorgan acceso seguro y preferencial a los mercados de tres continentes. Nuestra red de tratados nos brinda acceso a más de 680 millones de consumidores, lo cual genera enormes oportunidades para el sector exportador mexicano. Lo preocupante es que este esfuerzo exportador no ayuda al crecimiento de nuestro mercado interno, no mejora el nivel de empleo ni el perfil de la distribución del ingreso. La consecuencia es clara: la tasa de crecimiento alcanzado es insuficiente, los resultados son aparentemente paradójicos, se tiene éxito en lograr un fuerte sector exportador y que las exportaciones manufactureras se diversifiquen.
También se tiene éxito en atraer inversión extranjera, y lo mejor es que en los últimos años esta inversión es predominantemente inversión directa. Pero, paradójicamente, se fracasa en el resultado general esperado: que la economía en su conjunto crezca aceleradamente y se generen suficientes y buenos empleos. Es decir, se logran los instrumentos planteados en estrategia, muchas exportaciones manufactureras irán a volúmenes de inversión extranjera, pero el crecimiento es muy pobre, incluso negativo, en términos absolutos. La explicación de esta paradoja es que las crecientes exportaciones manufactureras no han sido motor del crecimiento general de la economía debido al poco contenido nacional que incluyen. Las exportaciones crecen exponencialmente, pero están desconectadas de las cadenas productivas mexicanas y por ello no jalan tras de sí el resto de la economía ni el mercado interno. Tampoco generan empleo indirecto.
Lo anterior no es sólo fruto de falta de competitividad de los productos mexicanos, sino de la forma en que se negoció el Tratado de Libre Comercio y el resto de los acuerdos comerciales. Efectivamente, se ha logrado atraer grandes cantidades de inversión extranjera, incluso directa –que los tratados impiden regular–; y, guiada sólo por el mercado, no ha logrado un efecto multiplicador en el crecimiento económico del país y en la generación de buenos empleos. Exportamos mucho, pero estas importaciones son poco mexicanas, tanto por los componentes como por la propiedad de las empresas que exportan.
El comercio exterior se ha convertido en un elemento clave de la estrategia económica, pero tenemos déficit comercial con el mundo. Es decir, sale más de lo que ingresa. La clave de la estrategia económica mexicana está en el sector externo: exportar y atraer inversión extranjera. Pero las cuentas globales de nuestro país con el exterior son crecientemente deficitarias. México debe integrarse en la economía mundial, pero bajo parámetros distintos de los que se han negociado. Es el objetivo explícito de esta iniciativa. México no logrará crecer de forma estable y acelerada, y menos crear suficientes y buenos empleos, si no se diseña una estrategia que al menos tenga los siguientes elementos: primero, integrar o conectar las cadenas productivas nacionales para que los sectores crezcan, exportadores o no, y jalen tras de sí el resto de las unidades productivas, especialmente la pequeña y mediana empresa; segundo, generalizar el comercio y la multiplicación de los empleos; tercero, ampliar y consolidar el mercado interno; cuarto, mejorar los niveles de ingreso de la mayoría de la población; y, por último, abatir la pobreza al mejorar los niveles de vida de la mayoría de la población.
Nadie en su sano juicio puede oponerse a tratar de exportar, pero ello no debe estar reñido con fortalecer el mercado interno. Más aún, la experiencia histórica reciente muestra que la única garantía de estabilidad del comercio es el mercado interno. El modelo mexicano no ha sido sólo favorecer las exportaciones sino que lo ha hecho a costa de la reducción del mercado interno. En ese sentido, esta iniciativa adquiere relevancia particular en un contexto económico donde se debe dinamizar el mercado interno con el fin de integrarnos eficientemente en el mercado internacional.
Por lo anterior, los diputados que integramos la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México sometemos, para su discusión y eventual aprobación, a esta H. Asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 3o. de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica
Artículo 3o. Para la aprobación de un tratado, se observarán los siguientes objetivos generales:
I. a VI. (Quedan igual); y
VII. Contribuir al fortalecimiento del mercado interno y el crecimiento económico.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada doña Alejandra Méndez Salorio. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Economía.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la autonomía constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
La diputada Martha Laguette Lardizábal: Con su permiso, señor Presidente: el derecho a la información se consagró en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1977. A través del mismo se refuerza la legitimidad de las instituciones creadas por el Estado y, por ende, se alimenta el espíritu democrático del gobierno a que todos aspiramos.
En junio de 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la que se llenaría el vacío legislativo que existía al respecto y se atendería el reclamo social de garantizar el ejercicio de un Estado transparente, sujeto a la supervisión de la ciudadanía, abierto a la rendición de cuentas de los poderes públicos, en el que los asuntos del gobierno sean efectivamente del pueblo. Entonces, con la expedición de la ley de mérito, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, como el órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, y de resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.
Existe confusión respecto a la verdadera naturaleza de este ente público, pues si bien es cierto que está establecido como un ente, con autonomía presupuestaria, operativa y de decisión, no es un ente verdaderamente autónomo y está sujeto a la Administración Pública Federal. Para garantizar lo establecido en el artículo 6o. de nuestra Norma Suprema, se debe tener un órgano suficientemente confiable que permita a particulares interesados el acceso a dicha información, para todos los casos en que las autoridades requeridas se nieguen indebidamente a suministrarla, el que deberá de gozar de autonomía constitucional para evitar que factores de índole externa interfieran en su función y la desprestigien.
Esto es: en la actualidad, en materia de acceso a la información pública existe un instituto creado para tal efecto que, si bien cuenta con las características señaladas, es un organismo de la Administración Pública Federal que aparentemente no subordina sus resoluciones a autoridad alguna, pero no contar con la característica de ser un órgano constitucional autónomo sin duda no le permite en realidad funcionar adecuadamente.
Al respecto, el Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública establece, en su artículo 2o., que el mismo es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio legal en la Ciudad de México, lo que verdaderamente constituye una gran irresponsabilidad, pues se atribuye la naturaleza de un organismo en un reglamento. Es imperante, pues, que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) esté dotado de autonomía constitucional que le permita actuar de manera imparcial y objetiva en sus determinaciones y dejar de estar en el absurdo de ser un ente descentralizado del Poder Ejecutivo federal, lo que lo convierte en una verdadera falacia.
Debemos tener claro que existen órganos como el señalado que, por su particular naturaleza, no pueden ser encasillados dentro de los tres poderes típicos y tradicionales que fueron concebidos en la teoría de Montesquieu de la división de poderes. No son pocos los entes públicos de tales características que expresamente están consignados en la Carta Magna, como son el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México.
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública debe concebirse, entonces, como un órgano coadyuvante en el equilibrio constitucional y político, de acuerdo con el principio de inmediatez a que alude Manuel García Pelayo, donde sus funciones sean reconocidas y garantizadas desde la propia Carta Magna, con la posibilidad de emitir actos definitivos, pues esto es indispensable para garantizar el Estado constitucional de derecho, donde sus relaciones con los poderes sean en condiciones de igualdad y no de supra a subordinación, conservando su libertad orgánica, funcional y presupuestaria. Así pues, es menester que el órgano encargado de velar por el debido cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información sea elevado a la categoría de órgano constitucional autónomo; esto es, que se consagre su existencia no únicamente en la legislación y reglamentación, sino que quede establecido expresamente en la Carta Magna como garantía de que dicho ente estará siempre presente, sin sujeciones de ninguna índole, para hacer efectivo el derecho de todos de acceder a la información pública y de contar con gobiernos y autoridades efectivamente transparentes en su actuar.
Se propone al respecto la reforma del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que el órgano constitucional autónomo encargado de salvaguardar el ejercicio del derecho a la información se denomina Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el cual cuenta con autonomía en su actuación, personalidad jurídica y patrimonio propio y que su integración, organización y facultades estarán dispuestas en la ley.
En su caso, una vez aprobada la reforma constitucional objeto de esta iniciativa, promoveremos las reformas conducentes de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a efecto de establecer en esta ley reglamentaria la autonomía constitucional del órgano referido y hacer las adecuaciones pertinentes. Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer a esta representación popular el siguiente proyecto, con el carácter de
Decreto
Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactado de la forma siguiente:
Artículo 6o. El primer párrafo queda igual, en el sentido de que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial y administrativa, el derecho a la información será garantizado por el Estado.
Segundo párrafo, se adiciona: "El órgano autónomo encargado de salvaguardar el ejercicio del derecho a la información se denominará Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el cual contará con autonomía en su actuación, además de personalidad jurídica y patrimonio propios. Su integración, organización, funcionamiento y atribuciones estarán establecidos en la ley".
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diez días del mes de marzo del año en curso, 2005.
Atentamente, Martha Laguette Lardizábal. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El siguiente punto del orden del día ha sido retirado por su proponente, el señor diputado don Federico Madrazo Rojas; más bien, pospuesto, que no retirado. Tiene la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona la fracción VII al apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propia diputada Mazari Espín tiene como invitados a los alumnos de la escuela federal Guadalupe Victoria, a quienes damos la más cordial bienvenida.
La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona la fracción VII del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente
Exposición de Motivos
Existe un grave problema para la víctima o el ofendido de un delito que, por dolo, sus propios defensores o asesores jurídicos e incluso del Ministerio Público se aprovechan del desconocimiento jurídico de la víctima u ofendido para dejar de interponer los recursos necesarios, los cuales dan inicio a la instancia procesal siguiente: es cierto que mediante la última reforma del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el apartado B, relativo a garantizar a nivel constitucional los derechos de las víctimas o el ofendido del delito, si bien es cierto existen seis fracciones en ese apartado, pero olvidaron proteger a nivel constitucional el derecho por parte de la víctima de acceder a las instancias del procedimiento mediante su pleno conocimiento e importancia que le representa en la búsqueda de la justicia en un juicio penal.
La víctima o el ofendido pierde un juicio cuando su propia defensa por falta de ética profesional, dolo y corrupción, como en delitos graves de homicidio, secuestro o violación, se realizan una serie de actos por parte del procesado para ganar un juicio no porque le asista el derecho, sino por fraude procesal, que se está generalizado en la práctica forense penal de sobornar a la contraparte para no interponer los recursos por la defensa y también por el Ministerio Público para que, una vez notificada la sentencia y transcurrido el plazo de ley, la sentencia cause ejecutoria en perjuicio de la víctima o el ofendido.
La ley penal obliga al juez, sobre todo hablando del procesado, de que al momento de la notificación de la sentencia se le haga del conocimiento su derecho a interponer el recurso procedente. Incluso, la falta de esto duplica el plazo en beneficio del reo. Estamos de acuerdo; lo lamentable es que la víctima o el ofendido en lo forense esté siendo burlado como un acto reiterativo por sus defensores, ministerios públicos y actuarios, que al momento de notificar la sentencia que le agravia en cualquier dimensión, por ignorancia, engaño y confianza, se da por enterado de la sentencia sin conocer el daño irreparable de no interponer en un plazo el recurso procesal a que tiene derecho y que abre la instancia que le permite llegar hasta el juicio de amparo, según sea el caso.
Considero que, ante esta realidad social, donde existen mujeres que han sido violadas, secuestradas, y que por el mal proceder de sus abogados, asesores y del propio representante social quedan burladas, toda vez que de manera sumaria les notifican la sentencia sin ninguna formalidad, de simple trámite, y la defensa jamás les informa, por lo que se pasa ese plazo perentorio y la víctima se convierte de nuevo en víctima, con un daño irreparable, toda vez que, por mandato constitucional federal, del artículo 23, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.
La responsabilidad en que incurra la defensa por ningún motivo subroga o sustituye la garantía de ser vencido en juicio agotando las instancias, sino por ignorancia jurídica, dolo y perversión de unos sujetos se daña gravemente a las víctimas u ofendidos en sus derechos, aunado a que el vencimiento del plazo manifiesta una voluntad tácita y no expresa. Por eso, lo que se propone es que exista la garantía constitucional de toda víctima o del ofendido de un delito de acceder a las instancias, la cual sólo salvaguarda que al ofendido o víctima de cualquier condición social o conocimiento sobre la materia jurídica se le debe informar en una audiencia pública por el juez de la necesidad y de la importancia de manifestar su voluntad o no de seguir un juicio.
Por ningún motivo el juez será parcial, parte o asesor. Lo que se propone es que haya una audiencia formal para que le quede claro por el representante del Estado, que es el juez, de que existe un derecho de notoria importancia y trascendencia para lograr la justicia, aunado a que esto no representa un gasto al Estado ni retrasa el procedimiento sino, únicamente, obliga al juez a que antes de dictar el auto de sentencia ejecutoriada, tendrá que haber constancia de realizar esa audiencia, de vital importancia para el ofendido; y, de no existir ésta, el vencimiento del plazo no procede para dictar el auto de sentencia ejecutoriada.
Con esto, de ser aprobado a nivel constitucional, estaremos garantizando el espíritu de las seis fracciones del apartado B, que otorga –entre otras– reparación del daño; atención médica y psicológica urgente; tratándose de menores de edad, no carearse con el inculpado por delitos de secuestro y violación; sin el juicio y todo el esfuerzo del Estado, el ofendido y familiares estarán lacerados por no garantizar en la Constitución una audiencia elemental, necesaria y ágil que hacen respetar los artículos 20 y 23 de la Constitución federal. Por lo expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente
Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo Único. Se adiciona la fracción VII en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 20. En todo proceso del orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías:
VII. Acceder a las instancias. El juez en audiencia pública proveerá lo necesario para garantizar su conocimiento y la importancia para la víctima o el ofendido de iniciar otra instancia cuando la sentencia le sea adversa.
El vencimiento de plazo sin la audiencia no producirá efectos.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputada Rosalina Mazari Espín
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada Mazari Espín. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Eduardo Olmos Castro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en el Ramo del Petróleo, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Eduardo Olmos Castro: Con su permiso, señor Presidente: de conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Eduardo Olmos Castro, en nombre del grupo parlamentario del PRI, presenta a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en el Ramo del Petróleo; que reforma el artículo 1 y adiciona un párrafo al numeral 7 del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; y adiciona un párrafo al artículo 1o. y reforma los artículos 7, 25, 31, numeral 10, y 34, numeral 8, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Exposición de Motivos
México atraviesa por un acelerado crecimiento en la demanda energética, registrando tasas superiores a los indicadores demográficos o a los económicos. El gas natural es un producto que ha venido creciendo en su demanda en todo el mundo. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Energía, el consumo de energía crecerá en México los próximos 10 años con una tasa promedio anual de 6 por ciento, mientras que el consumo de gas natural crecerá a 10 por ciento anual.
Un crecimiento en la demanda energética es característico de países con economías emergentes, en donde existe un rezago en infraestructura. Este crecimiento se refleja también en el consumo del sector industrial y social; o sea, el doméstico. Este crecimiento tan acelerado provocará que la demanda nacional de este energético enfrente un grave problema. La oferta de gas crecerá en el mismo periodo a una tasa de 7.1 por ciento, lo que se traduce en un déficit de gas natural, que será cubierto con importaciones, que representarán 23.7 por ciento de la demanda total.
La construcción de ciclos combinados de gas natural en la producción de electricidad es uno de los principales factores que han acelerado el crecimiento del consumo de este hidrocarburo. Actualmente, se encuentran en proceso de construcción o programados alrededor de 14 gigawatts, de los cuales 85 por ciento utilizará gas natural como combustible. En nuestro país, desde 1995 el Congreso de la República aprobó la reforma de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, permitiendo que el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural sean llevados a cabo por los sectores social y privado y que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.
Esta medida fue complementada con la asignación de nuevas funciones y atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía y con la expedición del Reglamento de Gas Natural. En noviembre de 1995 fue esto. Este organismo, de acuerdo con la ley, es el encargado, entre otras cosas, de regular y promover el desarrollo eficiente de las ventas de primera mano de gas natural y gas licuado del petróleo; el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural también.
Éste tendrá, entre otras atribuciones, la de expedir las metodologías para la determinación de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva, a juicio de la Comisión Federal de Competencia. Estos dos parámetros, la regulación y las tarifas, son el eje central de la propuesta de la iniciativa de reforma de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Cuando se habla de regular un sector de la actividad económica, es dable pensar que esto signifique suprimir todo tipo de normas y dejar liberado el funcionamiento de dicho sector a las reglas del mercado. No siempre desregular significa dejar actuar libremente las reglas de mercado, y no significa esto porque las condiciones específicas y naturales del lugar y algunas actividades del sector hacen que el mercado pueda en ocasiones mostrar imperfecciones importantes que lo hacen por sí solo incapaz de regularse con eficacia. La nueva regulación ha incorporado a los objetos clásicos nuevos conceptos, que tienden a evitar aquellos efectos no deseados. Se pide que, a mediano plazo, el área regulada cumpla ciertas metas de inversión que acompañen el crecimiento del mercado y que logren mayor eficiencia. La innovación tecnológica en el sector regulado debe ser tarea prioritaria que la regulación fomente para que ésta no se trasforme o no se convierta en un factor limitante de la evolución del sector.
La política energética del gobierno debe ser una política de Estado que elabore reglas del juego que den seguridad jurídica a los regulados: la coherencia entre política energética y normas regulatorias es condición necesaria para que un sistema regulatorio alcance sus objetivos. Esta iniciativa introduce un nuevo elemento en la Administración Pública Federal, que son las autoridades reguladoras autónomas por ley. Tradicionalmente, los órganos reguladores han venido apareciendo como auxiliares del Estado en las diferentes áreas prioritarias; es decir, energía, comunicaciones, simplificación administrativa, competencia, etcétera, y han cumplido las tareas necesarias de regulación, principalmente en estas áreas, que son fundamentales para el país.
Sin embargo, la participación de estos órganos ha sido limitada, principalmente por las condiciones de su naturaleza, al estar sujetas a condiciones financieras que limitan su tarea, y a la falta de autonomía para poder arbitrar entre el monopolio del Estado y los intereses del sector privado y también el desarrollo con bienestar de la nación. Es decir, convertir la Comisión Reguladora de Energía en una autoridad reguladora por ley, cuyas decisiones adquieran esta naturaleza, a manera de intervenir con la fortaleza que se requiere, pero al mismo tiempo puede ser sujeta a la ley, en cuanto a las decisiones de autoridad en beneficio de los usuarios, de los servicios regulados, con la responsabilidad de garantizar el dominio inalienable de los recursos energéticos por parte del Estado pero, a su vez, promover el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Ésa es la intención de esta reforma.
Se requiere fortalecer la Comisión Reguladora de Energía como una autoridad reguladora, dotándola de patrimonio propio e independencia financiera, permitirle formar, permitirle evaluar y contratar a su personal técnico, permitirle también el uso de los autogenerados y la posibilidad de contratación de sus especialistas en los diferentes ramos necesarios para realizar esta función tan importante. Sólo contando con un órgano regulador que enfrente los retos que se avecinan podemos garantizar el uso eficiente de los carburos y la eficiencia necesaria en la infraestructura para el desarrollo del país y el beneficio de la población.
México cuenta con abundantes reservas de gas natural seco y asociados, con los costos de producción más bajos de Norteamérica y con inversiones en gas muy rentables, con márgenes muy elevados que no tiene ningún consumidor del país. Sin embargo, las ventajas de su riqueza petrolera no se han aprovechado en las últimas dos décadas para impulsar el desarrollo del país. Por el contrario, se han limitado al mínimo la exploración y la producción del gas y se ha seguido una fórmula de precios con serias fallas y con limitaciones, lo cual ha puesto en una situación vulnerable al país, así como el riesgo de desmantelamiento de diversas cadenas productivas, con los correspondientes efectos negativos para nuestra economía.
Sin un mercado libre en México, los precios fueron establecidos con base en los del sur de Texas, reflejando estacionalidad y especulación ajenas a México. Actualmente, bajo este mecanismo, y a pesar de contar con los costos más bajos, México se encuentra entre los países con los precios más elevados del mundo. En 2001, las empresas firmaron un convenio con Pemex, en el cual garantizaban durante tres años un precio fijo del gas natural a cuatro dólares el millón de unidades térmicas británicas, para blindarse ante el aumento energético, pero en octubre de 2004 los precios de referencia del canal naviero de Houston fueron de 5.39. Esto nos sujeta al comportamiento errático del mercado en Estados Unidos, sobre todo cuando las condiciones climáticas son extremas, además de que la capacidad productiva de Estados Unidos alcanzó su máximo en 2001 y hasta 2003 había bajado casi 3 por ciento.
En cuanto a Canadá, de cuyas importaciones ha dependido el gran consumo estadounidense, su producción llegó al máximo en 2002 y desde entonces bajó 2.2 por ciento, lo que seguramente encarecerá el producto. En la Laguna, las propias circunstancias nos han puesto en el centro de este debate, sobre todo por el conflicto generado entre el proveedor y los empresarios organizados en la Canacintra y en Torreón, Coahuila; y, por otro lado, tener en este subsuelo una gran reserva de gas natural en la cuenca de Burgos. Esto último nos plantea una contradicción ya que, como otros estados productores de energéticos, estaremos enfrentando un aumento de tarifas, como el que se está proyectando a nivel nacional. Concluyo, señor Presidente: solicito a esta Presidencia que esta iniciativa se integre en su totalidad, dado que el tiempo no es suficiente para practicarla, en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así será, señor diputado Olmos. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Energía, y de Gobernación.
Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas al Comité Estatal de Participación Ciudadana de Chihuahua, que son representantes de distintas cámaras, secciones y asociaciones, como don José Antonio Chávez Rodríguez, de Cocentro; Javier Medina Mata, de la Coparmex; Eduardo Valles Baeza, también de la Coparmex; Rodrigo Ruiz Gandarilla, de Selider; Óscar Fernando de la Mora, de la organización denominada Primero México, Instituto Mexicano de la Juventud; y Carlos Cabello Gil, de Lusem, invitados por el señor diputado don Omar Bazán Flores, por don Gustavo Madero Muñoz y por Fernando Álvarez Monje. Sean ustedes bienvenidos.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Iván García Solís (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Iván García Solís (desde la curul): Con objeto de, atentamente, pedir que no se conceda el turno, no se conceda el trámite que usted está anunciando, tomando en cuenta que las comisiones a que fue turnada la iniciativa, las iniciativas correspondientes a esta materia, no discutieron ni dictaminaron esa materia mencionada. Por tanto, solicito de manera atenta que no se dé turno a este trámite, no se haga este trámite, y se vote de manera nominal esta propuesta. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Iván García Solís, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados tuvo conocimiento el día de hoy por la mañana de su atenta misiva en este mismo sentido. La analizó, la consideró, y llegó a la conclusión, por votación de tres a dos, de darle el trámite de primera lectura. Si hay agravio de algún grupo parlamentario o diputado individuo integrante de la Cámara, en la próxima sesión habrá la posibilidad, en la segunda lectura, de interponer moción suspensiva y de alegar lo que a su derecho convenga. En tanto, esta Presidencia tiene la obligación, atendiendo a las instrucciones de la Mesa Directiva, de que quede de primera lectura.
Diputado Pablo Gómez.
El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): ¿Va usted a dar el trámite de primera?
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De primera.
El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Delo por favor, porque lo voy a objetar y voy a pedir que se vote su trámite.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, esta Presidencia da el trámite de primera lectura. Diputado Pablo Gómez.
El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Solicito revocación del trámite y que se ponga a votación de la Asamblea de manera nominal.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ruego a la Secretaría instruya la apertura del sistema electrónico hasta por 10 minutos, en el entendido de que la votación por el sí es de respaldo al trámite de la Presidencia y por el no es de revocación.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia da la bienvenida a alumnos de quinto y sexto de la escuela primaria Coronel José María Pérez, ubicada en el municipio de Omitlán de Juárez, en el estado de Hidalgo, acompañados de su director, el profesor Vicente Téllez Hernández, y personal docente de dicha institución, invitados por el señor diputado don Edmundo Valencia Monterrubio; sean ustedes bienvenidos. Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la escuela preparatoria Pascual Ortiz Rubio, de Morelia, Michoacán, invitados por la diputada doña Consuelo Muro Urista. Asimismo, da la más cordial de las bienvenidas a alumnos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, invitados por el señor diputado don Federico Barbosa Gutiérrez. Muchas gracias, ésta es su casa.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Rectificación de voto de la curul 465, del diputado Elpidio Concha Arellano.
El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Gracias. Diputado Presidente: se emitieron 281 votos en pro, 70 en contra y ninguna abstención.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señoras y señores legisladores: el siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se autoriza. Adelante, secretario.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Resolutivo
Se considera procedente la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a que se integre el Consejo Nacional para el Fomento de la Lectura y el Libro y que éste participe en la celebración de los 400 años de la publicación de "El Quijote" y pida a esta soberanía apruebe el punto de acuerdo en los siguientes términos:
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Educación Pública, convoque a la integración del Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro en los términos que establece la ley respectiva.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, una vez integrado este Consejo, se integre a la conmemoración del IV centenario de la primera edición del libro "El Quijote" y, como parte de esta celebración mundial, organice para los días 23 de abril a 1 de mayo de 2005 la Semana Nacional de la Lectura y la cual se implemente alrededor de la figura y obra de Miguel de Cervantes.
Dado en Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de enero de 2005.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretario. En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo. Se abre el registro de oradores. Tiene esta Presidencia registrado al señor diputado don Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en pro; tiene el uso de la palabra. Perdón, diputado. El señor diputado forma parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Hecha la aclaración, adelante, diputado.
El diputado Juan Pérez Medina: Gracias, Presidente: el dictamen en comento, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar el Consejo Nacional para el Fomento de la Lectura y el Libro, es de suyo imperativo, toda vez que promover la lectura y el libro sin duda constituye una tarea de suma importancia, pues contribuye a la formación integral de los escolares y a incrementar la cultura de la población en general.
No hay necesidad de entrar en detalle respecto a la gran batalla que libra la escuela frente a la incontable basura de materiales como revistas, series cómicas y hasta llamados "libros" que a diario circulan en el país. En ese sentido, el Partido de la Revolución Democrática apoya que se exhorte al titular del Ejecutivo federal a instalar el consejo mencionado, pero considera necesario también denunciar el hecho de que el Ejecutivo federal ha violado la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, al no integrar e instalar el consejo respectivo.
El propio diputado panista José Antonio Cabello Gil, en el numeral séptimo de la proposición con punto de acuerdo a que se refiere este dictamen, señala que, "a pesar de la importancia que reviste el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, éste no ha sido integrado, por lo cual las acciones comprendidas en esta normativa no han sido llevadas a cabo y la ley ha carecido de sentido".
El 8 de julio del año 2000, al ser promulgada la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, se establecen ya en los artículos 8 y 9 la creación e integración del consejo respectivo y en los artículos 10, 11 y 12 las instancias que lo componen y sus funciones. En el artículo segundo transitorio de la citada ley se señala que en el término de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deberá formarse el Consejo Nacional del Fomento de la Lectura y del Libro y a los 60 días de integrado éste deberá expedir su reglamento y programa de trabajo.
Con base en lo anterior y sin el menoscabo del propósito del dictamen que aprobamos en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el Partido de la Revolución Democrática propone que se incluya en este dictamen un extrañamiento al Ejecutivo federal en los siguientes términos:
Único. La Cámara de Diputados hace un extrañamiento al titular del Ejecutivo federal por el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, por no haber convocado a la instalación del Consejo de Fomento de la Lectura y el Libro.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Juan Pérez Medina. No habiendo más oradores, se instruye a la Secretaría para que, en votación económica, consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Suficientemente discutidos. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Agricultura y Ganadería para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones necesarias para mejorar las condiciones estructurales y administrativas, principalmente de los Centros de Educación Tecnológica Agropecuaria.
De las Comisiones Unidas.
Resolutivo
Único. Punto de acuerdo en el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones necesarias para mejor las condiciones estructurales, administrativas y principalmente presupuestales de los Centros de Educación Tecnológica Agropecuaria, con objeto de brindar mejores servicios y conocimientos de calidad, acordes con las necesidades del país y en beneficio de la población rural.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de mayo de 2004. Y firman las comisiones.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretaria. En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido y, por tanto, se instruye a la Secretaría para que, en votación económica, consulte a la Asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Pesca a fin de solicitar al Ejecutivo federal que, mediante la Sagarpa, se destinen los recursos necesarios al Instituto Nacional de la Pesca y se realicen estudios de factibilidad del aprovechamiento comercial del pez dorado.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que mediante la Sagarpa se destinen los recursos necesarios al Instituto Nacional de la Pesca para que a la brevedad se realicen estudios científicos, en coordinación con instituciones de investigación nacionales, para determinar la factibilidad del aprovechamiento extractivo regional del pez dorado.
Es cuando, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretario. En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido. Por tanto, se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se aprueba.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretario. Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretaria. Se le dispensa la lectura. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular. En virtud de que esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Por tanto, se instruye a la Secretaría para que disponga se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del dictamen.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto. (Votación)
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señoras y señores legisladores, se encuentra en este recinto un grupo de mujeres del municipio de Xipilco, estado de México, invitados por la señora diputada profesora Blanca Estela Gómez Carmona. Bienvenidas.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Presidente: se emitieron 347 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, por 347 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y expide la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se le dispensa la lectura. Está a discusión en lo general y en lo particular. En virtud de que esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera el dictamen suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Por tanto, se instruye a la Secretaría para que se abra el sistema electrónico por 10 minutos para recibir la votación nominal en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos del proyecto de decreto.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señoras y señores legisladores: se encuentran de visita en este recinto un grupo de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, invitados por el ciudadano diputado don Marcos Morales Torres, a quienes damos la bienvenida. Bienvenidos.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz, el diputado Fernando Fernández García.
El diputado Fernando Fernández García (desde la curul): A favor.
El diputado Alfonso Rodríguez Ochoa (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente: se emitieron 348 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretario. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y expide la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, por 348 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos de los ciudadanos Herminio Alonzo Blanco Mendoza para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Rumania y de Japón; Pedro Díaz Corona, Antonio Guillermo Villegas Villalobos y José Luis Gallardo Nieto para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Corea, de Paraguay y Francesa, respectivamente; Guillermina Villegas Sánchez para prestar servicios como asistente consular en la oficina correspondiente al Departamento del consulado en la Embajada de la República de Bolivia en México; y Ricardo Franco Guzmán para prestar servicios como asesor jurídico en las Embajadas de Bulgaria y de los Países Bajos en México. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretaria. Se le dispensa la lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Herminio Alonzo Blanco Mendoza para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Rumania y de Japón. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Pedro Díaz Corona, Antonio Guillermo Villegas Villalobos y José Luis Gallardo Nieto para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Corea, de Paraguay y Francesa, respectivamente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretaria. Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Guillermina Villegas Sánchez para prestar servicios como asistente consular en la oficina correspondiente al Departamento del Consulado en la Embajada de la República de Bolivia en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán para prestar servicios como asesor jurídico en las Embajadas de Bulgaria y de los Países Bajos en México.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretaria. No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Con mucho gusto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto. (Votación) Ciérrese el sistema de votación electrónica.
Diputado Presidente: se emitieron 340 votos en pro, ninguno en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretaria. Aprobados, los proyectos de decreto, por 340 votos. Pasan al Ejecutivo y al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, maestro Juan de Dios. El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos, relativos a iniciativas que han sido en su momento turnados a comisiones. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Juventud y Deporte.
Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de Ley Federal de Derechos de la Juventud, presentada por el diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz el 1 de abril de 2003 durante la LVIII Legislatura.
Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.
Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto, en la inteligencia de que si algún diputado o diputada solicita a esta Presidencia una votación particular por alguno de los temas, será obsequiada la petición. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se va a dar a lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte por los que no se aprueba la iniciativa de Ley Federal de la Juventud.
Acuerdo
Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de Ley Federal de la Juventud presentada por el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura.
Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.
Palacio Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, a 12 de mayo de 2004. Firma la Comisión.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación, corrige esta Presidencia, económica en conjunto. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos por los que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales.
Resolutivo
Primero. Se declara no aprobada la iniciativa materia de este dictamen.
Segundo. Archívese el expediente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, se declara suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos por el que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Aguas Nacionales.
Resuelve
Único. Se rechaza la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Aguas Nacionales presentada por el otrora diputado Gregorio Arturo de la Meza Rosa, de la LVIII Legislatura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 4 de diciembre de 2002.
Sala de Comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2004. Firman las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Gobernación.
Acuerdo
Primero. No es de aprobarse la iniciativa que deroga los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos y abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, se declara suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Gobernación por los que no se aprueba la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo
Primero. No es de aprobarse la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental presentada por el diputado Alejandro Agundis Arias el 6 de noviembre de 2003.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de julio de 2004.
Por la Comisión de Gobernación, firman los integrantes.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, se declara suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Gobernación.
Acuerdo
Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 4 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 10, ambos de la Ley General de Protección Civil, presentada por el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos el 29 de abril de 2004.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, se declara suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos.
Acuerdo
Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 36 y se deroga el párrafo tercero del artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se adiciona un párrafo cuarto al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y se adiciona una fracción VI al artículo 247 del Código Penal Federal, presentada por el diputado Luis Óscar González Yáñez el 4 de noviembre de 2003.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiún días del mes de julio de 2004.
Firman las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Economía por los que no se aprueba la iniciativa que reforma el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para regular las sociedades mercantiles denominadas "casas de empeño".
Acuerdo
Primero. Que con fundamento en los considerandos vertidos en el presente dictamen, se desecha la iniciativa que presentó la ciudadana diputada María Teresa Tapia Baena, del grupo parlamentario de Acción Nacional, de la LVIII Legislatura.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Economía por los que no se aprueba la iniciativa que reforma el artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Acuerdo
Primero. Que, con fundamento en las consideraciones vertidas en el presente dictamen, los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Economía consideran no procedente la iniciativa por la que se reforma el artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles presentada por el diputado José Ángel Villalobos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de agosto de 2004.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los dictámenes negativos sometidos a su consideración.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se va a proceder a recoger la votación económica de estos puntos de acuerdo y los anteriormente dados a conocer.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados, los puntos de acuerdo; archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, a intervenir de manera inmediata en la solución del conflicto entre los transportistas de Los Cabos, estado de Baja California Sur, suscrita por la diputada doña Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se turna a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Transportes.
Esta Presidencia, asimismo, recibió proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación de la comisión especial de competitividad y desarrollo regional, suscrita por el señor diputado don Alejandro Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se turna a la Junta de Coordinación Política.
Y se obsequia el uso de la palabra al señor diputado don Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre lo que considera irregularidades contenidas en el acuerdo aprobado por los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, en los que se establece la nueva demarcación territorial de su entidad federativa, Michoacán.
El diputado Israel Tentory García: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: el día de hoy hago uso de esta tribuna para presentar, en nombre de mis compañeros legisladores por el estado de Michoacán, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, sobre las irregularidades contenidas en el acuerdo CG28/2005, aprobado por el Consejo General del IFE el 11 de febrero y publicado el pasado 2 de marzo del presente año en el Diario Oficial de la Federación, donde se establece la nueva demarcación territorial electoral de los 300 distritos electorales federales uninominales en que se divide el país.
Asimismo, se instruye a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice las adecuaciones en la cartografía electoral, conforme a la nueva demarcación territorial aprobada por el Consejo General, y se instruye a la Junta General Ejecutiva para realizar las acciones administrativas conducentes para la integración, instalación y funcionamiento de los órganos distritales que resulten necesarios, de conformidad con la nueva distritación territorial de los distritos electorales federales uninominales materia del presente acuerdo.
Sin embargo, como es del conocimiento de esta Asamblea, el acuerdo de redistritación viola los criterios emanados del texto constitucional. Por ejemplo, en el actual XI distrito electoral, con cabecera en Tacámbaro, en donde con este acuerdo se pretende trasladar la cabecera distrital de Tacámbaro a la ciudad de Pátzcuaro, fusionando de esta forma la región de Tierra Caliente con la región lacustre de Michoacán, haciendo a un lado toda identidad regional, étnica, cultural, social y política del estado.
Y después de analizar esta redistritación y de hacer un amplio consenso entre los ciudadanos que habitamos esta demarcación, los diputados federales de esta entidad consideramos que esta actuación del IFE está alejada de la lógica y la operatividad, en razón de la falta de valoración de los propios criterios aprobados por el Consejo General. Por lo anterior, los diputados michoacanos manifestamos nuestra inconformidad por la violación del artículo 53 constitucional. Y queremos mencionar que, independientemente de las impugnaciones que se han presentado y las que se presentarán por la publicación del mencionado acuerdo en el Diario Oficial de la Federación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideramos necesario expresar esta inconformidad ante la máxima tribuna electoral.
Termino, señor Presidente: y en este sentido, señores diputados, nos pronunciamos contra el acuerdo del Consejo General del IFE y lo exhortamos a que rectifique el acuerdo que aprobó y los cambios de la estructura distrital llevados a cabo y en específico en el estado de Michoacán, ya que este hecho atenta contra el avance democrático –termino la participación– de la ciudadanía en la vida política de Michoacán.
En obviedad del tiempo, solicito a la Presidencia –respetuosamente– que se publique íntegro el presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación) Gracias.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia da el uso de la palabra al señor diputado don Alejandro Saldaña Villaseñor, quien habla en pro.
El diputado Alejandro Saldaña Villaseñor: Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: el estado de Michoacán hoy día se divide en 13 distritos electorales federales. El acuerdo que emitió en días anteriores el IFE modificó la distritación en nuestro estado. La anterior medida no solamente es errónea sino que, además, es incongruente, en razón de no considerar elementos esenciales, como la historia, la geografía, lo étnico, lo social y, me atrevo a señalar, ni siquiera el índice poblacional.
Si bien es cierto que el artículo 41 de la Constitución es el fundamento legal para que el IFE tenga a su cargo las entidades federativas para capacitación, educación cívica y geográfica, entre otras, también lo es que el mismo artículo señala que el IFE será profesional en su desempeño, así como contará con órganos efectivos y técnicos de personal calificado necesario para prestar el servicio profesional.
El artículo 53 de la Constitución señala que la distribución de distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último Censo General de Población; es decir, preservando la proporción demográfica en la conformación de distritos electorales. La Ley de Información, Estadística y Geografía, en el artículo 9, establece las bases para la realización de los censos nacionales. El reglamento de dicha ley, en el artículo 15, establece que cada 10 años se realizan los censos nacionales, y el último censo en el país es del año 2000.
Atendiendo a esto último, el IFE deja entrever que en la última elección federal no se preservó la proporción demográfica, por lo que se presume es del mismo censo respectivo el que se toma en cuenta para la actual verificación y que fue el que prevaleció en la ultima elección federal. El Consejo General del IFE argumenta que en todos los estados donde se realizó la verificación se ajustó a lo establecido en el acuerdo general CG-140/2004 del órgano máximo de dirección del Instituto Federal Electoral.
En unos capítulos anteriores, el acuerdo señala: "para establecer cabeceras distritales, se considerarán los siguientes parámetros: mayor población, vías de comunicación, servicios públicos", y que en caso de existir dos o más localidades semejantes –y una de ellas es en la actualidad cabecera distrital–, prevalecerá esta última.
Con igual criterio, el IFE quita el distrito 01, con cabecera en La Piedad, Michoacán, y nos manda a Zamora, así como otros municipios del distrito Puruándiro, situación con la que no estamos de acuerdo ni el mandato de los electores y la sociedad. Rechazamos categóricamente tal medida, pues no favorece a los michoacanos ni, por supuesto, la democracia mexicana porque no se realiza de manera precisa la distribución de municipios y de las secciones electorales, fomentando así más el abstencionismo. Por lo anterior, me sumo a lo planteado en el punto de acuerdo presentado por mi compañero, el diputado Israel Tentory García, y exhorto a mis compañeros diputados a que voten a favor. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. No habiendo más oradores registrados, pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo o los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada; comuníquese.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Hidalgo a establecer un orden y vigilancia en las estructuras estatales, relacionado con la entrega de recursos federales de los distintos programas del Procampo.
La diputada Marisol Vargas Bárcena: Con su venia, señora Presidenta: la que suscribe, Marisol Vargas Bárcena, diputada federal del estado de Hidalgo, integrante del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite presentar a consideración de la H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) es un subsidio directo que el Gobierno Federal otorga a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y tiene como objetivo específico apoyar el ingreso de los productores rurales. Hoy vengo en representación de las y los ciudadanos del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, ya que en días pasados recibí la denuncia de que en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional de este municipio se estaban gestionando y entregando recursos del Procampo a los productores rurales de esta localidad, por lo que se dio a la tarea de recabar información sobre tal anomalía.
Y en efecto, existen testigos, documentales, que anexo, como este CD, que contiene un video y es una clara evidencia de lo que estoy diciendo, y demás pruebas que señalan este hecho vergonzoso, en flagrante violación de lo que nosotros aquí, en la Cámara de Diputados, dispusimos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el artículo 53. Es necesario actuar de inmediato para consignar a quienes son responsables de estas prácticas violatorias de la ley. El titular del Ejecutivo estatal debe velar porque se cumplan las diversas disposiciones estatales y las de colaboración federal. Y traigo la voz, a esta máxima tribuna, de los habitantes de Acaxochitlán, indignados, quienes claman porque los recursos públicos no sean usados en beneficio de un partido político.
El gobierno del estado de Hidalgo y el gobernador del estado de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto, es el encargado de la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes del estado, con los ayuntamientos y con los representantes del Gobierno Federal en el estado, a la realización de los programas de gobierno y no de partido. Por lo anterior, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía exhorte al gobierno del estado de Hidalgo para que, de acuerdo con sus facultades, establezca orden y vigilancia en las estructuras estatales de entrega de los recursos federales de los distintos programas.
Segundo. Que la Sagarpa tenga a bien presentar un informe pormenorizado acerca de cómo opera el delegado estatal en Hidalgo, el C. José Armando Rodríguez Galindo, para el otorgamiento de los beneficios del Procampo en el estado de Hidalgo, y este último dé cuenta del otorgamiento de los beneficios del programa.
Tercero. Que la delegación federal en Hidalgo de la Secretaría de Agricultura informe a las autoridades correspondientes sobre las personas o partido político que está haciendo mal uso de los recursos federales el Procampo en Acaxochitlán, Hidalgo.
Solicito que se inserte íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Vargas Bárcena. De acuerdo con su solicitud, favor de integrarlo de manera total en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita el ajuste de los salarios de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano, conforme al acuerdo y a los criterios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la partida presupuestal del Ramo 23, "Provisiones salariales y económicas".
El diputado Tomás Cruz Martínez: Con su permiso, compañera Presidenta: quiero comentar, compañeros diputados y diputadas, que en meses pasados, en la discusión del Presupuesto, planteamos el tema del rezago salarial de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano, de los carteros, como un problema de justicia. Y, lamentablemente, no fue atendido.
En aquel entonces, no obstante que todos los diputados de la Comisión de Comunicaciones solicitamos su respaldo para que fuera prevista en el apartado presupuestal correspondiente la decisión, la fracción parlamentaria del PRI se abstuvo de respaldar, salvo algunos compañeros, esta decisión presupuestal. Vengo a esta tribuna a reiterar la petición, en virtud de que se encuentra firmado, desde hace más de un año, un acuerdo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado y la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, este acuerdo no ha sido cumplido, los trabajadores no han sido homologados como el resto de los trabajadores del Gobierno Federal. Y solicitamos a esta soberanía, a los integrantes de todas las fracciones parlamentarias, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se disponga del Presupuesto afectando el Ramo 23, "Provisiones salariales y económicas", para homologar los salarios de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano en el Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando el acuerdo suscrito entre la Federación y la Federación de Sindicatos a nivel federal.
Segundo. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a promover las acciones necesarias para resolver esta problemática, que no sólo es de justicia sino es de derecho. Cumplir los acuerdos que la Federación suscribe honrará al Gobierno Federal, honrará a los titulares de las secretarías correspondientes y sobre todo, finalmente, después de muchos años se hará justicia a los trabajadores que cotidianamente, diariamente llevan a todos los lugares del país este servicio, fundamental para el desarrollo, para la comunicación de las familias, de las comunidades, de las entidades públicas y privadas de nuestro país.
Pido a usted, a esta Mesa Directiva, que se inserte el texto y, al mismo tiempo, turnar a las comisiones correspondientes. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Cruz Martínez. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de insertarlo íntegro en el Diario de los Debates; asimismo, turnarlo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Por favor, que den sonido a la curul del diputado Pedro Ávila.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Pido la palabra, diputada Presidenta, para apoyar el punto de acuerdo del compañero diputado Tomás Cruz.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado. Claro que sí; lo registramos, diputado Pedro Ávila y, como ha sido turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ahí se tendrá en cuenta. Gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra...
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Pido la palabra...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por favor, sonido.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Que pido la palabra para subir a tribuna a apoyar el punto de acuerdo del compañero Tomás Cruz.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Es que ahorita, en este momento, no ha lugar, diputado Pedro Ávila, porque ha sido turnado a comisión. Cuando se discuta en la comisión o cuando ya habremos de discutir su aprobación, será usted bienvenido. Gracias.
A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales a campañas en elecciones locales.
El diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: en Legislaturas anteriores se crearon comisiones especiales para vigilar el uso de recursos públicos federales durante los procesos electorales que se llevaron a cabo en algunas entidades; por ejemplo: en 1997 para Veracruz y Tabasco; 1999, Nayarit, Guerrero y Coahuila; y en los años 2000 y 2003, para los comicios federales.
En este contexto, cabe señalar que hasta las oficinas de atención ciudadana de diferentes compañeros diputados han acudido ciudadanos y organizaciones civiles para denunciar que se les está condicionando la entrega de apoyos federales y locales a cambio de que voten por determinado partido político. Asimismo, denuncian el desvío de recursos públicos hacia fines electorales. Compañeros legisladores: no olvidemos lo que nosotros mismos dispusimos en esta Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, en cuyo artículo 53 establecimos: "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos de los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".
La responsabilidad de los diputados que han integrado las comisiones especiales para vigilar que no se desvíen recursos públicos a campañas electorales, locales y federales, ha tenido como propósito interponer el peso moral de la representación popular para inhibir la comisión de ilícitos, en el entendido de que la función de este tipo de comisiones no es ni debe ser suplantar la autoridad ministerial ni electoral en la percusión de delitos electorales. Por ello sometemos a la consideración de esta Asamblea este punto de acuerdo, que nos parece completamente importante y oportuno, teniendo como
Resolutivos
Primero. Que el Pleno de esta Cámara de Diputados acuerda la formación inmediata de una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales durante los procesos electorales locales de los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, estado de México, Coahuila, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí, Chiapas y Tabasco que se llevarán a cabo durante los años 2005 y 2006.
Segundo. Que este punto de acuerdo considera procesos electorales de los estados todos los que tengan que ver con la preparación de la elección, de la jornada electoral, de sus resultados y de la aclaración de validez de la elección correspondiente en cada entidad.
Tercero. La comisión especial durará en funciones el tiempo que sea necesario a fin de cubrir en su totalidad los procesos electorales, así como para la elaboración del informe final de sus actividades.
Solicito en este acto que sea inscrito el texto íntegro en el Diario de los Debates. Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Alexander Rábago. Favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara.
A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se solidariza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El diputado Iván García Solís: Gracias, diputada Presidenta: la institución conocida como "Comisión Nacional de los Derechos Humanos" ha tenido un curso accidentado, pero podríamos decir que su desempeño es de importancia creciente. Todavía falta que la Comisión avance más aún en cuanto a la forma de nombrarla, pues ya hay ahí una intervención mayor de los órganos colegiados, en este caso el Senado, pero todavía se necesita que trabajen mejor, pero al mismo tiempo que la sociedad la apoye más.
Yo vengo aquí, en este caso, a apoyar una acción justa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se refiere a la reclamación que hizo a la Secretaría de Marina porque ésta, esta Secretaría, no aceptó recomendaciones que hizo justamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿En qué consisten las reclamaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos? Bien, pues que la Comisión, la Secretaría de Marina infringió normas laborales que se refirieron básicamente a no respetar la condición de gravidez de las trabajadoras, a hacer exámenes, despedir a las que tienen un embarazo y, por último, despedir también a trabajadoras o a trabajadores que son víctimas del sida, del VIH.
Esto, hay que decirlo, no terminó en una simple negativa de la Secretaría de la Defensa a tocar el asunto, a recibir la recomendación y a cumplir, sino que se inconformó y dijo que la Comisión de Derechos Humanos no tenía el monopolio de la verdad. Yo vengo aquí a proponer por tanto que esta Cámara resuelva:
Primero. La Cámara de Diputados se solidariza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su exigencia del cumplimiento irrestricto de la ley por parte de todas las autoridades, incluidas por supuesto las de la Marina: y
Segundo. Esta Cámara resuelve citar a comparecer al señor secretario de Marina, almirante Marco Antonio Pierrot, ante las Comisiones de Derechos Humanos, y de Marina de la Cámara de Diputados.
Será conveniente, compañeras diputadas y diputados, que en adelante examinemos la conveniencia de que tanto en Marina como en Defensa haya a la cabeza civiles, civiles como ya ocurre en muchas partes del mundo y en América Latina recientemente. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Iván García Solís. Favor de turnarlo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A solicitud del grupo parlamentario de Acción Nacional, el punto de acuerdo de la diputada Janette Ovando Reazola pasa al final del capítulo. En tal virtud, tiene la palabra la diputada Clara Brugada Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se formula un extrañamiento a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público por el recorte de mil 734 millones de pesos realizado al presupuesto del componente educativo del programa Oportunidades.
La diputada Clara Marina Brugada Molina: Gracias, diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: la Secretaría de Educación Pública y la de Hacienda recortaron en mil 734 millones de pesos el presupuesto 2005 del programa Oportunidades, contraviniendo lo aprobado por la Cámara de Diputados en el anexo 15 del decreto. Lo recortaron a pesar de que los funcionarios, en la discusión del presupuesto, afirmaron que cualquier disminución implicaría dar de baja a familias y becarios.
No debemos olvidar que la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de cada uno de los componentes de Oportunidades. Sin embargo, al momento de la integración del presupuesto, por decisión de la SEP y de Hacienda redujeron en 10 por ciento los recursos que van para estas becas. Cuando en la Comisión de Desarrollo Social exigimos una explicación, los funcionarios responsables de la SEP nos dijeron que habían hecho bien las cuentas y se podía reducir el gasto sin afectar el número de becarios. Habían hecho bien las cuentas, ésa fue la respuesta, lo que nos dijeron. Días después, la confusión fue creciente cuando la Sedesol informó que, junto con la SEP y Hacienda, se decidió reintegrar todos los recursos al programa Oportunidades. Esto implica una gran contradicción.
Compañeras y compañeros legisladores, me pregunto: ¿quién miente? En este momento, ¿cuál es el presupuesto del programa Oportunidades, son o no son necesarios estos mil 734 millones de pesos para alcanzar la meta de atender a los 5 millones de familias? La manipulación que han hecho del presupuesto de Oportunidades es indignante. Por todo lo anterior, someto a la consideración del honorable Pleno este
Punto de Acuerdo
Primero. Dirigir un extrañamiento a los titulares de la Secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público por el recorte de mil 734 millones de pesos realizado al presupuesto del componente educativo del programa de desarrollo humano Oportunidades, exigiendo que se restituyan dichos recursos a la partida original.
Segundo. Solicitar a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades que proporcione de manera urgente toda la información que sustente los requerimientos presupuestales del programa para 2005.
Tercero. Solicitar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que integre un grupo de trabajo con legisladores de las Comisiones de Presupuesto, y de Desarrollo Social para que realicen una evaluación de la pertinencia del recorte realizado al programa Oportunidades y, a lo largo del año, un seguimiento puntual del ejercicio del gasto del mismo en sus diferentes componentes.
Cuarto. En caso de que el mencionado grupo de trabajo concluya que es pertinente el recorte del programa Oportunidades, solicitar que los recursos excedentes sean transferidos a los programas sociales del Ramo 20, "Desarrollo social", que fueron ampliados por la Cámara de Diputados y luego recortados por el Ejecutivo federal en el proceso de integración del presupuesto.
Diputada Presidenta: le solicito que pueda tramitar este punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Social y a la de Presupuesto, y pueda ser incluida en el Diario de Debates toda la exposición de motivos. Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto. Favor de insertarlo íntegro en el Diario de los Debates y turnarlo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social, de acuerdo con su solicitud.
La siguiente proposición con punto de acuerdo, que habría de presentar el diputado Juan Perdomo Bueno, ha sido pospuesta para la próxima sesión. En consecuencia, tiene la palabra nuestro compañero, el diputado Miguel Ángel Llera Bello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz que agilice los trámites necesarios para culminar el proyecto del libramiento de Xalapa y se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informar a esta soberanía sobre el estado de la construcción de este proyecto y el monto del ejercicio del gasto, y señalar los obstáculos que impiden la culminación del mismo.
El diputado Miguel Ángel Llera Bello: Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados: de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, diputado federal Miguel Ángel Llera Bello, del Partido Acción Nacional, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, para solicitar al gobierno del estado de Veracruz que agilice los trámites necesarios para culminar el proyecto e iniciar el libramiento de Xalapa y solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía sobre el estado de la construcción de este proyecto y el monto del ejercicio del gasto, y que señale los obstáculos que impiden la culminación del mismo, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la persona es el elemento que reviste mayor importancia dentro de sus prioridades. Toda vez que el municipio es la célula básica en donde las personas ocupan un espacio, en nuestro partido velamos por aplicar las medidas necesarias que protejan y fortalezcan esta esfera elemental. La prestación de los servicios públicos, como es el caso de la infraestructura carretera, debe atender a las necesidades fundamentales de los habitantes que forman el municipio, asegurando los niveles mínimos y suficientes para una vida digna.
En este orden de ideas, he visto con gran preocupación que, pese a las presiones por el aumento del flujo vehicular en la ciudad de Xalapa, el proyecto para el libramiento de la misma podría no ejecutarse para este año, a pesar de que la Cámara de Diputados aprobó recursos presupuestarios federales para este fin. Lo anterior se debe a que el gobierno del estado de Veracruz aparentemente todavía no concluye el plan ejecutivo y tampoco ha liberado los derechos de vía para la obra. Este libramiento cobra especial importancia porque en la avenida Lázaro Cárdenas se registra el mayor flujo vehicular, con transporte de todo tipo, lo que representa un serio riesgo para la población, de aproximadamente 500 mil habitantes, que habita en ambos lados.
Evidentemente, las condiciones actuales provocan alto índice de accidentes, que afectan el municipio, convirtiendo esta importante vía en una zona de gran peligro tanto para automovilistas como para los peatones. De acuerdo con cifras oficiales proporcionadas por el gobierno estatal, el año pasado se registraron 489 accidentes, con un saldo de 117 personas lesionadas y 15 muertas. Esto, sin contar con todos los accidentes que no fueron reportados, lo que sin duda nos arroja una cifra considerablemente elevada. Ésta es otra de las razones que motivan llevar a cabo las obras correspondientes.
Para que este libramiento quede concluido, se estiman recursos por 2 mil 500 millones de pesos, así como diversas autorizaciones para edificar los 42.5 kilómetros del proyecto. Como representante popular, he recibido innumerables peticiones de los habitantes y de diversos sectores de Xalapa para encontrar soluciones que permitan concluir el libramiento, con lo que mejorarán sensiblemente el acceso y la seguridad en la avenida Lázaro Cárdenas. Por ello hago uso de esta alta tribuna para exhortar el gobierno estatal a que agilice los trámites necesarios para construir este importante proyecto para el municipio y para la región. Asimismo, solicito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre la asignación presupuestaria y los obstáculos para el desarrollo de este proyecto.
Compañeras y compañeros legisladores, los exhorto a sumarse a esta petición para beneficiar a los habitantes de esta importante ciudad. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al gobierno del estado de Veracruz para que agilice los trámites necesarios para iniciar el libramiento de Xalapa.
Se solicita, en segundo lugar, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe a esta soberanía sobre el estado de la construcción de este proyecto y el monto del ejercicio del gasto, y que señale los obstáculos que impiden la culminación del mismo. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Llera Bello. Favor de turnarlo a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Transportes.
Esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la Junta de Coordinación Política por el que solicita la incorporación al orden del día de un punto de acuerdo en relación con el acatamiento de la resolución de la Corte Internacional de Justicia relativa a los 51 mexicanos condenados a muerte. De conformidad con lo que dispone el artículo vigésimo del acuerdo parlamentario relativo al orden del día, en votación económica consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza su incorporación para el trámite parlamentario.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si es de incorporarse el punto de acuerdo remitido por la Junta de Coordinación Política.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Las diputados y los diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política.
Punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados, en relación con el acatamiento de la resolución de la Corte Internacional de Justicia, relativa a los 51 mexicanos condenados a muerte, dirigida a los secretarios de la Mesa Directiva.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo uno, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo decimocuarto del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta soberanía a llevar a cabo una campaña urgente de defensa de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, y específicamente en el estado de Texas, presentada por el diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, cuyo original se anexa.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al Ejecutivo federal que comunique a la secretaria de Estado de Estados Unidos de América, Condoleezza Rice, en su visita a México que vemos como un signo alentador que el gobierno estadounidense haya planteado ante la Suprema Corte de dicho país el acatamiento de la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya relativa a los 51 mexicanos condenados a muerte.
Asimismo, esta soberanía hace una respetuosa solicitud de que no cejen en su esfuerzo de dar cumplimiento a las obligaciones que tienen de acuerdo con los tratados y convenios suscritos en materia de justicia y protección consular.
Segundo. Se exhorta a los órganos internos competentes de la Cámara de Diputados a que instrumenten una campaña urgente de defensa de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, a fin de presionar el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Con la firma del diputado Presidente; del diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; del diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; del diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; del diputado Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario de Partido del Trabajo; del diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo: las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada; comuníquese.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se formula un extrañamiento al Presidente de la República y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores con relación al sentido del voto de la delegación mexicana emitido ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el tema de clonación artificial de células humanas.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su permiso, compañera Presidenta: el pasado 8 de este mes, la representación mexicana ante la Organización de las Naciones Unidas votó en el Pleno de la Asamblea General a favor de la propuesta de Honduras sobre clonación humana, cuyo texto prohíbe todas las formas de clonación de seres humanos en la medida en que sean incompatibles con la dignidad humana y la protección de la vida humana. Desde nuestro punto de vista, constituye un grave error de la representación nacional haber votado en este sentido.
La Cancillería argumenta que no se trata de una convención sino de una declaración y que, por tanto, su carácter no es vinculante –no es obligatorio, pues– y que será responsabilidad de cada Estado acatarlo o no. Se dice también que los conceptos dignidad humana y protección de la vida humana no prejuzgan la definición de los mismos y que, al ir precedidos de la frase "sean incompatibles" en lugar de "son incompatibles", permitirá a cada Estado precisarlos de conformidad con los criterios culturales, filosóficos y religiosos que predominen en cada sociedad.
Nos tratan de decir que México asumió una posición, pero dada la ambigüedad del texto y la laxitud jurídica de una declaración, en realidad no la asumió. Ésta es una actitud comodina, cuya intención parece ser quedar bien con todo mundo. Nosotros decimos que ante las opciones que representaban los textos puestos a discusión y las posibilidades de ejercer el voto, en realidad sí se asumió una posición que va contra la opinión de la comunidad científica mexicana y mundial que responde a las presiones ejercidas por Washington y los grupos más conservadores y oscurantistas de nuestra sociedad que responden a la línea que sobre este tema marca el Vaticano.
Se votó por una declaración que puede ser fundamento de la argumentación para cancelar en nuestro país la posibilidad de investigación con células madre y, en el área de la medicina regenerativa, esperanza de vida para millones en el mundo y en México. Lo puede ser también para violentar los derechos reproductivos de muchos, al incidir sobre temas como el de reproducción asistida. La delegación mexicana ejerció un voto al ir contra la ciencia y poner sobre ésta implicaciones religiosas. Tal como lo expresó en entrevista Manuel Gómez Robledo, contraviene la esencia de nuestro Estado laico.
También contraviene las posiciones que se han marcado en esta Cámara. Hay que recordar la discusión que se dio sobre el Instituto Nacional de Medicina Genómica; y hay que recordar que cuatro grupos parlamentarios tienen una iniciativa en la Comisión de Salud sobre este tema. Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión formula un extrañamiento al Presidente de la República y al secretario de Relaciones Exteriores por el sentido del voto emitido por la delegación mexicana ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema de clonación artificial de células humanas.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que rectifique su voto y se sume a los países que promueven el desarrollo de la ciencia en beneficio de la humanidad.
Tercero. Comuníquese al Ejecutivo, para su conocimiento.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, secretario. La diputada Gutiérrez Zurita.
La diputada Dolores Gutiérrez Zurita (desde la curul): Diputada, solicitarle por favor que esta votación sea nominal.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Quién la apoya, diputada? Entonces, señor secretario, favor de hacer los avisos para que sea tomada la votación de manera electrónica. Que se abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico de votación, para resolver si se considera de urgente resolución la proposición, hasta por cinco minutos. (Votación)
El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde la curul): A favor.
La diputada Amalín Yabur Elías (desde la curul): En contra.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Presidenta: hay una votación en pro de 82, en contra 240 y 7 abstenciones.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por tanto, no se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores. Continuamos con el orden del día.
Tiene la palabra la diputada María Guadalupe García Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a elaborar la norma oficial mexicana sobre el uso de betaagonistas en los animales que se destinan al consumo humano.
La diputada María Guadalupe García Velasco: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento el siguiente punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a elaborar la norma oficial mexicana sobre el uso de betaagonistas en los animales, bajo las siguientes
Consideraciones
En los últimos meses, y de manera reiterada, se ha venido presentando en nuestro país una problemática derivada del uso de betaagonistas, como el clembuterol, para la engorda de ganado, lo cual ha provocado serias afectaciones a la salud de la población. En semanas pasadas, nueve personas del municipio de San Francisco de los Romos, Aguascalientes, resultaron intoxicadas por el consumo de hígado de res contaminado por clembuterol. Desde diciembre de 2002 se ha venido incrementando el número de personas que han resultado intoxicadas con este betaagonista en Aguascalientes, de tal suerte que en la actualidad existen 71 casos en la entidad.
En atención a nuestra responsabilidad, los legisladores de Acción Nacional hemos denunciado esta problemática solicitando la intervención de las autoridades correspondientes para controlar el uso de estas sustancias nocivas para la salud y para sancionar el uso indebido que se hace de las mismas. Pero también es cierto que, como legisladores, debemos dar al Ejecutivo las herramientas necesarias para que se pueda combatir este mal de manera efectiva. Por ello se han presentado ante este Pleno iniciativas para inhibir la utilización de estos fármacos, que engordan de manera fraudulenta el ganado destinado al consumo humano, mismas que se encuentran pendientes de dictaminar en las Comisiones de Salud, y de Justicia y Derechos Humanos, que pido se dictamine con la mayor brevedad.
Este problema de salud pública es persistente a lo largo y ancho de nuestro país. Si bien la Secretaría de Agricultura publicó el 1 de marzo de 2002 la norma oficial mexicana emergente donde se establecen las especificaciones técnicas para el control del uso de betaagonistas en los animales, su vigencia fue de sólo seis meses, ya que así lo establece el artículo 48 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. El 2 de septiembre de 2002 se publicó la prórroga de dicha norma por seis meses más, sin que hasta el momento se haya presentado una prórroga adicional. En este sentido, resulta fundamental que nuestro país cuente con mecanismos que permitan realizar un control eficiente sobre el uso de este tipo de fármacos, a fin de que la población tenga la certeza de que los productos cárnicos que consume no representen ningún riesgo para la salud.
Lo anterior se podrá llevar a cabo a través de una norma oficial mexicana que obligue a todas las personas, físicas o morales, que engordan y comercializan ganado a contar con una certificación oficial, expedida por la Sagarpa, donde se certifique que éste se encuentra libre de residuos de betaagonistas. Para ello, dicha norma deberá considerar la participación de los gobiernos estatales de manera conjunta con el Ejecutivo federal, a través de sus órganos correspondientes, a fin de que la norma sea de observancia general en todo el territorio nacional. Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a elaborar con la mayor brevedad la norma oficial mexicana sobre el uso de betaagonistas en los animales que son utilizados para el consumo humano.
Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputada García Velasco. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se considera de urgente resolución. A esta Presidencia no ha llegado solicitud de algún diputado o diputada para hablar en pro o en contra. Por tanto, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada; comuníquese.
A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo en sus respectivos ámbitos, federal, estatal y municipal, a implementar las medidas conducentes para promocionar e instituir el primer domingo del mes de marzo de cada año como Día Nacional de la Familia.
Quiero hacer nada más una observación: se han estado cambiando de turno las proposiciones con punto de acuerdo, por lo que consideramos que cada grupo parlamentario ha informado a los otros grupos parlamentarios de estos cambios. En ese supuesto estamos, y tiene la palabra la diputada Rivera Cisneros.
La diputada Martha Leticia Rivera Cisneros: Con su permiso, diputada Presidenta: el primer domingo del mes de marzo del año en curso, los mexicanos nos dispusimos a celebrar el Día Nacional de la Familia. El Día de la Familia nos ofrece la gran oportunidad para reflexionar sobre su importante valor, naturaleza y misión, pero sobre todo para despertar la conciencia de que la familia es el patrimonio de México, siendo el tesoro que debemos cuidar, proteger y promover. La familia es el primer y más importante valuarte de la humanidad, y de ella nadie puede alejarse ni permanecer indiferente.
La iniciativa de celebrar el Día de la Familia, organizada por el Consejo Nacional de la Publicidad, en coordinación con los sectores gubernamental, educativo y social, puso de manifiesto que la cuestión familiar es fundamental para los mexicanos. Por ello, la familia tiene que volverse una perspectiva tanto para la prevención como para la atención en términos de servicio de las personas reales, ya que cumple una función social que permite que sus miembros contribuyan al fortalecimiento de la comunidad donde viven. El primer domingo de marzo, fecha señalada para conmemorar a la familia, no se encuentra aún instituido como efeméride, no obstante su importancia y relevancia. Por tanto, este espacio de representación tan importante debe empezar a impulsar políticas públicas y leyes que protejan, cuiden y promuevan la familia, sus valores y su legado para una sociedad más humanizada.
Consideramos que impulsar la familia es promover la salud de nuestra sociedad porque muchas familias sufren de alguna manera carencias, vejaciones, imperfecciones, ataques e indiferencias. Como legisladores y legisladoras, es importante formular leyes que brinden la posibilidad de promover el bienestar social de la familia, estabilidad económica, emocional y cultural de los miembros que la integran, y todo esto en relación directa con la salud, la educación y el progreso de la comunidad. Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo en sus respectivos ámbitos, federal, estatal y municipal, a instituir y celebrar el primer domingo del mes de marzo de cada año como el Día Nacional de la Familia.
Segundo. La exhortación a los gobiernos federal, estatal y municipal a que, en uso de sus atribuciones, adopten las medidas conducentes para promocionar el Día Nacional de la Familia Mexicana.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputada Rivera Cisneros. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se considera de urgente resolución. A esta Presidencia ha llegado la solicitud de las diputadas Angélica de la Peña y María de Jesús Aguirre para hablar en pro. Por tanto, tiene el uso de la palabra la diputada Angélica de la Peña.
La diputada Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora Presidenta: el lunes pasado, la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias convocó a un foro muy importante, que trató ampliamente este tema con diversos ponentes. Creo que fue un evento muy importante, que luce a la Cámara porque dimos espacio a todas las expresiones, con gran tolerancia y con gran respeto sobre este tema, del que habló nuestra compañera de la Comisión, de la Mesa Directiva de la Comisión, la diputada Rivera.
Debemos entender dos cuestiones, que quiero plantear ante esta plenaria: en primer lugar, me parece que es muy peligroso que estemos discutiendo aquí, acordando, haciendo una gran algarabía y festejando el Día Internacional de la Mujer, en donde todos los grupos parlamentarios han expresado su apoyo a esta conmemoración internacional y debemos cuidar mucho esta definición, que fue una iniciativa del Consejo de la Comunicación, que no vaya en detrimento de lo que las mujeres hemos ganado durante todos estos años. Ésa es la primera preocupación que quiero mencionar.
La segunda se refiere a que, como se dijo en este foro por las instituciones que están encargadas de llevar los índices poblacionales de este país, como es el Consejo Nacional de Población, como los datos que también surgen del INEGI, de mujeres y una serie de instituciones y academias, debemos entender que hay gran diversidad de familias, más allá de lo que cada cual quiera creer o quiera imponer.
Entonces, me parece que para que sea pertinente esta propuesta que ha hecho aquí la diputada, como también se dijo en este foro, me parece que tiene que reconocerse esa diversidad que, además, está inscrita en que no puede haber ninguna discriminación porque así lo plantea el artículo 1o. de la Constitución. Por tanto, me parece que la propuesta es que sea el Día de las Familias Mexicanas, para que demos un mensaje claro del reconocimiento de esta situación y además para que no haya discriminación ni exclusión de ningún tipo. No nos interesa que se dé una discusión que nos divida. Nadie pone en duda que el ámbito familiar en este país es algo muy preponderante, que nos caracteriza como cultura; eso es importante que sigamos preservando. Ningún país de América Latina, como México, tiene esa definición, que es muy loable y que hay que seguir preponderando; es decir, para los mexicanos, para las mexicanas, la vida en familia es muy importante. Entonces, mi propuesta concreta es que adicionemos a la propuesta que ha hecho la diputada Rivera el de las familias, y apoyamos en todo su propuesta. Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada María de Jesús Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Con su venia, diputada Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados: el hecho de que los mexicanos festejáramos el pasado domingo el Día Nacional de la Familia es una muestra de la importancia que la sociedad mexicana confiere a la unidad básica que la conforma y le da sustento.
Existe un consenso nacional indiscutible acerca del papel fundamental que juega la familia para el desarrollo armónico del ser humano, para el aprendizaje de lo que nos rodea, para configurar nuestra visión del mundo. La familia es la primera institución socializadora que transmite valores, normas y una cultura; modela las formas de comunicación; y, en general, transmite principios humanos. En este orden de ideas, la suscrita se manifiesta en favor del presente punto de acuerdo, presentado por la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, cuya aprobación sería un logro más, que dignificaría los esfuerzos realizados para reconocer y fortalecer las familias mexicanas.
Sin embargo, también es innegable que tanto el concepto como la realidad de la familia han venido evolucionando a lo largo del tiempo, para comenzar a dar paso al reconocimiento de la diversidad de la familia. En este sentido, la imagen de la familia nuclear tradicional, integrada por el padre, la madre y los hijos, convive codo a codo con hogares monoparentales; es decir, que son comandados sólo por alguno de los padres o integrados por personas que no tienen parentesco alguno, o donde los abuelos o tíos son jefes de familia, ejemplos todos que, aunque no corresponden a la concepción tradicional del término familia, son igualmente valiosos y funcionales.
Estos elementos nos hacen concluir que el perfil de la institución familiar ha cambiado. Sin duda, ese cambio obedece a varias causas, de carácter económico principalmente, pero lo que queda claro es que hay esquemas que deben modificarse para responder a las nuevas necesidades que tal cambio presupone. Nos dimos cuenta el pasado domingo, como bien mencionaba la compañera Angélica de la Peña, que es la Presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, que nos daban datos donde presentaban la diversidad que existe de las familias en México. Debemos empezar a reconocer esta realidad para que este reconocimiento nos coloque a la altura de las circunstancias. No podemos cerrar los ojos ante situaciones que no sólo ya nos alcanzaron sino que nos han rebasado. Por ello, como mencioné al principio, apoyo el presente punto de acuerdo, siempre que, en virtud de la aprobación del mismo, lo que se celebre sea el Día Nacional de las Familias, no de la familia, en vista de que al hablar de familia estamos empleando un término que se ajusta más a nuestra realidad nacional. Por su atención, compañeras y compañeros diputados, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada Gutiérrez. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aceptan las propuestas de las dos diputadas, De la Peña y Aguirre, con relación a que sea el Día Nacional de las Familias.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se pregunta a la Asamblea si se aceptan las propuestas que han hecho las diputadas. En votación económica se somete a su consideración.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba la proposición como fuera presentada originalmente.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición en los términos en que fue presentada originalmente.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada; comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero para presentar proposición con punto de acuerdo con relación a la extrema vulnerabilidad de la institución presidencial, suscrito por las diputadas Lizbeth Rosas Montero y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su permiso, ciudadano Presidente: solicito a la Asamblea que esta proposición con punto de acuerdo se pueda hacer de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El último episodio de la ya larga cadena de graves equívocos que se cometen en el Gobierno Federal es la existencia de personas presuntamente vinculadas con los capos de la droga; se conoció por la opinión pública en días pasados. Se trata del caso del señor Nahum Acosta Lugo, quien se desempeñaba como director de Giras de la Presidencia de la República. ¿Cómo llegó ahí, quién lo recomendó, quién lo contrató? ¿Cómo se vulneró el estándar de control y seguridad extrema que debe existir en la oficina donde despacha ni más ni menos que el titular del Poder Ejecutivo federal? ¿Cómo fue posible que nadie de las dependencias del gabinete de seguridad pública y de seguridad nacional se haya percatado de la presencia de la mafia en los pasillos y de las oficinas de la residencia oficial de Los Pinos?
Más preguntas: ¿cómo entender que ni las agencias federales como la AFI, dependiente de la PGR, hayan sabido nada al respecto, sino pasado mucho tiempo después? ¿Cómo comprender que otras agencias, como el Cisen, que presumiblemente todo el tiempo se la pasan monitoreando el actuar de los disidentes políticos del actual régimen, no hayan alertado al Presidente Fox de una situación tan grave como extrema en la vulneración de la seguridad del Estado? ¿Cómo es posible que ni inteligencia militar, que también es una de las instancias que se presume está al tanto de la seguridad de la persona del Presidente de la República y, más grave aún, el personaje de marras conocía las minutas de las reuniones de trabajo del gabinete de seguridad?
Si las agencias gubernamentales e instituciones que acompañan al Presidente Fox en su aventura sexenal no alertaron a las autoridades ministeriales federales de manera inmediata, es muy grave por las deficiencias que entraña tal institución, pero si conociendo la gravedad de la vulnerabilidad de esta extraordinaria circunstancia no se dio aviso oportuno e inmediato, entonces el asunto cobra una dimensión de riesgo de seguridad nacional. Es totalmente inaceptable que un servidor público de extracción panista haya puesto en riesgo total una de las piezas fundamentales de los Poderes de la Unión y una pieza clave del Estado: la institución presidencial.
¿Cómo poder confiar en la autoridad de la nave del Estado a un conjunto de personas que cometen el desatino de invitar a trabajar al enemigo al cuartel general? Por ello pongo a consideración del Pleno este
Punto de Acuerdo
Primero. Expresar un severo extrañamiento al Presidente Vicente Fox Quesada por el enorme descuido y la inepta actitud del manejo de la seguridad en su oficina, que permitió vulnerar la institución presidencial y, con ello, situar en extremo riesgo la seguridad del mismo.
Segundo. Solicitar también que, a través de la Procuraduría General de la República, se informe a esta Cámara de Diputados sobre la infiltración del narcotráfico en el círculo más íntimo de la institución del Presidente Fox y que quienes hayan cometido conductas presumiblemente delictivas sean consignados ante el juez de la causa.
Es cuanto, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias. Esta Presidencia tiene registrado en pro al señor diputado Jorge Triana; pero, antes de eso, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene la palabra el señor diputado Jorge Triana, en pro.
El diputado Jorge Triana Tena: Con su permiso, diputado Presidente; compañeros diputados: el punto de acuerdo a discusión debe ser aprobado por la gravedad del asunto. Sin embargo, las consideraciones que lo motivan son vacías, demagógicas, carentes de sustento y denotan un absoluto desconocimiento del tema que se está tratando. Nosotros sí creemos en la transparencia, en la rendición de cuentas, en el escrutinio público, y por eso sí lo vamos a apoyar. Lo acontecido en torno de este ex funcionario, que filtraba información a personas ligadas con el narcotráfico, el señor Nahum Acosta, por supuesto que es un hecho preocupante que debe hacer reflexionar a los encargados de la selección de personal y de la seguridad del Jefe del Ejecutivo, de la imperiosa necesidad de establecer criterios mucho más estrictos acerca del manejo de la información y del grado de confianza de los recursos humanos con que debe contar el personal adscrito a esta unidad administrativa.
Reitero que no es un caso menor y sí un caso que amerita la mayor de las atenciones, pero de ahí a afirmar que se sitúa en extremo riesgo la seguridad del mismo Estado, como reza el texto del punto de acuerdo, hay una gran diferencia y una muy equivocada y pobre visión de lo que en realidad es el Estado, un concepto que va mucho más allá del poder unipersonal, tal y como se pretende concebir en esta pobre también proposición con punto de acuerdo. Por supuesto que es vergonzoso e indignante y por supuesto que este funcionario merecía ser consignado y procesado penalmente por lo que hizo y es precisamente lo que efectuó el Gobierno Federal. Es precisamente el procurador general de la República quien asumió con responsabilidad este tema; ojalá el procurador Bernardo Bátiz hubiera hecho lo mismo con algunos otros casos.
Dice y reza el punto de acuerdo que "se quiere terminar con la inepta laxitud de este tipo de nombramientos al interior de la Presidencia de la República", pero no escuché al Partido de la Revolución Democrática objetar la inepta laxitud del jefe del Gobierno del Distrito Federal al colocar como secretario particular a René Bejarano. O, ¿por qué no?, la inepta laxitud también del propio funcionario para colocar como secretario de Finanzas a una persona que viaja a Las Vegas a apostar recursos que no se sabe de dónde. O, ¿por qué no?, la inepta laxitud del propio jefe del Gobierno al colocar en la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a la esposa de Carlos Imaz, una de las personas que vimos retacándose las bolsas con billetes.
Congruencia, diputados y diputadas del Partido de la Revolución Democrática. Elevemos el nivel de la política, trascendamos de la anécdota a la coyuntura efímera que en poco ha de ayudar a la resolución de los grandes problemas nacionales. Pido su voto a favor del punto de acuerdo, pero terminemos con esta espiral de confrontación. Muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría con la lectura de una comunicación de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(De la Junta de Coordinación Política, cambio en la Comisión de Comunicaciones: alta del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza como integrante.)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado. Se ruega a la Secretaría dar lectura al orden del día de la siguiente sesión.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Lectura del orden del día.)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundito nada más. ¿Con qué objeto, diputada Laurita Martínez?
La diputada Laura Martínez Rivera (desde la curul): Señor Presidente, solicito atentamente consulte a la Asamblea que se amplíe el orden del día para dar paso a una excitativa para que se nos informe, por parte de quien corresponda, del resultado del punto de acuerdo presentado por el diputado Elpidio Concha Arellano y, asimismo, se solicite también al Trife que se cite como testigo de cargo a la titular de la Fepade, la doctora María de los Ángeles Froomo, respecto a nuestra solicitud de nulidad de las elecciones de Baja California Sur. Le pido que consulte a la Asamblea. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Lamentablemente, diputada, ya culminamos con el orden del día; luego entonces, no podríamos modificarlo. Sin embargo, con su petición la Asamblea se impone del contenido de su argumento. Continué la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: ¿Lo someto a consideración o leo el orden del día?
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Ya culminó el orden del día?
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: No, iba empezando.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Culminar por favor el orden del día.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Continúa la lectura del orden del día.)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se levanta la sesión (a las 15:14 horas) y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 14 de marzo, a las 11:00 horas; y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30. La última de las votaciones cuenta como registro de asistencia.