El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ruego a la Secretaría informe a esta Presidencia del resultado del cómputo de asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 360 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (A las 11:04 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Esta Presidencia informa que, por decisión de la Mesa Directiva, se han retirado de primera lectura los dictámenes que tienen que ver con la industria del café y con la industria de la caña de azúcar.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea...
El diputado Cruz López Aguilar (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Estamos simple y sencillamente dispensando la lectura del orden del día. Tengo anotado al diputado Cruz López Aguilar. Permítame un segundo; nada más vamos a dispensar este trámite de lectura.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día: las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación); las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa (votación).
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Cruz López, ¿con qué objeto?
El diputado Cruz López Aguilar (desde la curul): Para solicitarle, señor Presidente, que nos obsequie la reinstalación de los dos dictámenes: de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y de la Ley de Desarrollo Sustentable Integral de la Cafeticultura. Para nosotros son muy importantes. Y, además, rogar respetuosamente a usted, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, que en virtud de que resulta a todas luces improcedente el turno que se está solicitando, le rogaríamos que se revisara con todo cuidado el fundamento del mismo.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Manuel López Villarreal.
El diputado Manuel López Villarreal (desde la curul): Diputado Presidente, sólo para comentar que el análisis que hizo la Mesa Directiva para no incluir estos dictámenes es que éstos no fueron analizados y dictaminados en la Comisión de Economía, a la cual tiene turno. Por tanto, creo que fue correcta la decisión que tomó la Mesa Directiva al no incluirlos en el orden del día. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Efectivamente: la Mesa Directiva tomó este acuerdo en virtud de que hubo una ampliación de turno en marzo 8, si no mal recuerdo. Sin embargo, existe la argumentación de parte de la comisión que primariamente estuvo analizando el dictamen y tenemos también la información de que ya estaba dictaminado cuando la Mesa Directiva autorizó el tiempo. Estamos, pues, ante un conflicto de la Mesa Directiva: en estricto apego a la legislación, retiró los dos dictámenes de primera lectura del orden del día. Tenemos dos posiciones encontradas y esta Directiva pide a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si son o no son de considerarse como de primera lectura en esta sesión. Diputado López Villarreal.
El diputado Manuel López Villarreal (desde la curul): Sólo también para aclarar que la petición de la Comisión de Economía para ampliar el turno fue en febrero 8; por tanto se hizo en tiempo y forma la solicitud de ampliación del turno.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias. Diputado De la Vega Asmitia.
El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Diputado Presidente, para respaldar la decisión de la Mesa Directiva en el sentido de retirar los dictámenes, en virtud de que cuando la Mesa Directiva concede el turno para que una comisión dictamine es precisamente porque tiene materia y debe tener conocimiento para que el Pleno pueda conocer más a fondo de los asuntos. En virtud de que la Comisión de Economía no ha dictaminado, es perfectamente procedente que regrese a la comisión para que el Pleno conozca sobre el fondo del asunto y con mayor información.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Le agradezco mucho su comentario. Sería para nosotros por demás cómodo simplemente dictaminar este trámite avalando la actuación que estrictamente ajustada a derecho hizo la Mesa Directiva. Sin embargo, tengo la petición del diputado Cruz López Aguilar, que queremos desahogar ante la voluntad de la asamblea. Diputado Cruz López.
El diputado Cruz López Aguilar (desde la curul): Presidente: mire, solicitarle por favor que se someta a la consideración del Pleno, incluso, que la votación se haga nominal. Además, acabo de tener una plática con el señor Presidente de la Comisión de Economía, el diputado Manuel López Villarreal, y él mismo me declaraba que fue una petición del Presidente de la Comisión de Economía.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Del Presidente de la Comisión de Economía.
El diputado Carlos Blackaller Ayala (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Nada más permítame un segundo, diputado Blackaller, vamos a prepararnos para la eventualidad de que tengamos que utilizar el sistema electrónico. Se ruega a la Secretaría instruir el cierre del sistema electrónico.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Tenemos 390 diputadas y diputados registrados previamente, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias. Diputado Blackaller.
El diputado Carlos Blackaller Ayala (desde la curul): Solamente para comentar, como miembro de la Comisión de Economía, que nunca hubo consulta en la propia Comisión para esta solicitud de ampliación. O sea, que parecía ser una solicitud de un diputado en lo personal y me sumo a la petición del diputado Cruz López para que se someta a consideración del Pleno la inclusión de estos dos dictámenes en el orden del día de hoy.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tenemos la petición del diputado Cruz López Aguilar de hacer la votación nominal. ¿Quiénes lo apoyan, diputado Cruz López? (Varios diputados levantan la mano)
Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico, de tal suerte de consultar a la Asamblea si se restituyen o no al orden del día estos dos dictámenes de primera lectura, el que tiene que ver con la industria del café y el que tiene que ver con la caña de azúcar, en primera lectura, por 10 minutos.
El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sí, diputado.
El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (desde la curul): ¿Cuál es el sentido?
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El sentido de la votación es por el sí, que se reinstalen ambos dictámenes en primera lectura.
El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (desde la curul): ¿Eso es el sí?
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Eso dice el sí, eso diría el sí.
El diputado Javier Castelo Parada (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Castelo, ¿con qué objeto?
El diputado Javier Castelo Parada (desde la curul): Sí, diputado Presidente; dos precisiones: a usted le dieron la información de que el otorgamiento de la ampliación de turno se había obsequiado después que se había dictaminado en la Comisión de Agricultura, pero eso no fue así; la ampliación de turno se otorgó previamente. Otra razón por la que la Comisión de Economía solicitó la ampliación de turno es que la Cámara de la Industria Azucarera, uno de los principales sectores en esta cadena del azúcar, solicitó a la Comisión de Agricultura audiencia para expresar sus puntos de vista, y los señores de la Comisión de Agricultura decidieron no otorgárselo.
Entonces, ellos también están solicitando esa opinión y ese espacio a la Comisión de Economía para que se conozca el punto de vista de lo que representa 50 por ciento del sector cañero.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado, la decisión de la Mesa Directiva va en el mismo sentido de la postura de su grupo parlamentario. Sin embargo, esta Presidencia tiene la obligación de obsequiar la petición de diputados de otras bancadas.
En tal caso, no se quedan ustedes en estado de indefensión porque es la primera lectura, porque vendrá una segunda lectura, porque viene a la discusión y eventual aprobación o modificación todavía en el Pleno de esta Cámara. Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico.
El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Espinoza.
El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez (desde la curul): Simplemente, para dejar establecido que la Mesa Directiva ha tomado un criterio en relación con el trámite que ha dado a otros dictámenes. Es el caso del trámite que solicitó el diputado Iván García Solís, Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y la Mesa Directiva decidió que el dictamen quedara de primera lectura para que en el curso de la discusión en el Pleno pudiera ser corregido por los integrantes de esta Asamblea. Creo que ése es el criterio que debería seguir la Mesa Directiva. Y quisiera que la Mesa Directiva tuviera un criterio único respecto del proceso legislativo en esta Cámara para no tener discusiones como éstas.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Le ofrezco que vamos a llevar el tema a la Mesa Directiva y, en congruencia con la decisión anterior, de un caso similar, es que vamos a preguntar a la Asamblea. Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico hasta por 10 minutos.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico de votación y asistencia hasta por 10 minutos para saber la decisión de la Asamblea si se restituyen en primera lectura los dos dictámenes ya mencionados.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega con toda consideración a los medios de comunicación que, en tratándose de un momento delicado para el trámite parlamentario, pasen a ocupar los lugares que tienen designados. (Votación)
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema de votación. Señor Presidente: se emitieron 263 votos en pro, 121 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reintegran al orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Sí, don Héctor Gutiérrez de la Garza; ¿con qué objeto?
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Gracias, diputado Presidente: con una aclaración, con la que nos hemos visto en problemas en diversas ocasiones los diputados. Me gustaría precisar, diputado Presidente, que conforme al acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que establece los lineamientos para acreditar las asistencias de las diputadas y los diputados a las sesiones plenarias, así como para la justificación de las inasistencias, en el artículo 3o. se especifica de manera muy clara, cuando constituye una inasistencia, señala:
Cuando no se haya registrado su asistencia al inicio o al final de una sesión.
Segundo. Si en alguna votación nominal derivada de la discusión de alguna ley o decreto no se encontrase presente.
Por último, si no se estuviese presente al pasar la lista para comprobar quórum.
Esto implica, nada más, para que se den las indicaciones consecuentes a la Secretaría, que los que por diversos motivos no estuvieron presentes en la votación nominal que acaba de llevarse a cabo no constituye una inasistencia. Gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene usted toda la razón. Esta votación no constituye inasistencia en caso de no haber sufragado. Las votaciones nominales que se desprenden de la petición de algún diputado, apoyado por cinco integrantes, individuos de la Cámara, no constituyen inasistencia. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria; me refiero al acta de la sesión anterior.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria: las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias; las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa (votación).
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a someter a discusión el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación).
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada, el acta. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y de Justicia y Derechos Humanos.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Adrián Zubieta y Landa Ortiz pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Nicaragua en Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas:
(Oficio del Instituto Nacional de Bellas Artes, con el que remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a diversas entidades a liquidar al ISSSTE adeudos de cuotas y aportaciones.)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social y al promovente, para su conocimiento.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
El diputado Quintín Vázquez García: Con su venia, compañero diputado Presidente: el suscrito, diputado federal por el distrito IX electoral, con cabecera en Guadalajara, Jalisco, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto, por el que se adiciona una fracción XII al artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Con fecha 8 de junio de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, con objeto de que se dé a la lectura la relevancia e importancia que amerita para el desarrollo cultural del país y, con ello, crear el hábito de la lectura desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Pero también es de vital importancia que éste se dé en los adultos y jóvenes que no están entre los educandos; es decir, que su difusión llegue a todos los niveles de la sociedad y así se vaya adquiriendo el gusto por la lectura, lo que es sin duda una forma de obtener una cultura general e incluso de conocer el mundo viajando a través de la misma.
Como señala José Antonio Millán, editor electrónico en su página personal de Internet, "la lectura es la llave del conocimiento en la sociedad de la información". Asimismo, se dice en la página citada: "quien visita Nueva York o Seattle puede tener sin embargo una experiencia crucial a bordo de un transporte público. Móntese en el Metro o en un ferrocarril de las cercanías y mire en torno, la mayoría de las personas a su alrededor están leyendo y muchas de ellas leen libros; las baratas ediciones rústicas que han sido la gran aportación de la cultura anglosajona al mundo del libro; los libros, aun con el tejuelo de la biblioteca pública tomados en préstamo por una o dos semanas".
Con lo asentado anteriormente se confirma la importancia de difundir la lectura, así como de que los libros sean asequibles para la mayoría de los mexicanos, tanto en las librerías como en las bibliotecas públicas. Por otra parte, el fomento de la cultura fue uno de los puntos relevantes que se plantearon en diversos foros que formaron el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, motivo por el que en mayo de 2002 se dio a conocer el programa nacional Hacia un País de Lectores, que tiene como fin primordial fomentar la lectura poniendo en práctica diversas acciones, como la creación de promotores de la lectura, dando auge a las bibliotecas ya existentes y edificar nuevas bibliotecas.
El Presidente de la República ha manifestado que la lectura constituye un elemento esencial del proyecto humanista en su administración y ha enfatizado que se hará una inversión en su gobierno de aproximadamente 4 mil millones de pesos para equipar y crear bibliotecas, capacitar al magisterio y adquirir un número importante de libros que se distribuirán en las escuelas y en las bibliotecas de todo el país. En la ley en comento se indica en el artículo 6o. que corresponde al Ejecutivo federal poner en práctica las políticas y estrategias que se establecen en el Programa Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro, pero a la fecha no se han dado a conocer dichas estrategias ni los mecanismos de difusión para que se dé cumplimiento a lo establecido en la propia ley. Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente
Iniciativa de decreto
Primero. Se adiciona una fracción XII al artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, con el siguiente texto:
Crear y desarrollar las estrategias de difusión para el fomento y promoción de la lectura.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en marzo de 2005.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.
Tiene la palabra la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma la fracción I del artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de procedimiento laboral.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los catedráticos y alumnos del Tecnológico de Zacatepec, del municipio de Zacatepec, estado de Morelos, invitados por nuestra compañera, la diputada doña Rosalina Mazari Espín.
La diputada María del Carmen Mendoza Flores: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: la suscrita, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El Partido Acción Nacional tiene como plataforma impulsar una reforma laboral que contribuya a generar las condiciones necesarias para incentivar la creación de empleos formales y bien remunerados, que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias, garantizando siempre los derechos de éstos, así como generar una justicia laboral en la relación trabajador-empleador, con seguridad jurídica, celeridad y responsabilidad de los funcionarios correspondientes, minimizando y erradicando la corrupción del mundo de trabajo a través de reformas de las normas procesales. De esa manera, el trabajo no sólo debe ser un medio para adquirir los factores que satisfagan las necesidades, sino una base para el crecimiento, perfeccionamiento personal. Y estamos seguros de que el trabajo se debe ver no como un adeudo, sino como la forma en que México seguirá creciendo.
Nuestra Constitución, que es precursora de los derechos sociales, ha sido inspiradora para otras Constituciones, especialmente las latinoamericanas. La Ley Federal del Trabajo, reglamentaria de la misma, en ocasiones resulta anacrónica, ante la realidad y la globalización que es imposible de desconocer. De esa manera, la iniciativa que hoy se presenta pretende modificar la etapa conciliatoria del proceso laboral, siendo necesario precisar a esta Asamblea que estamos convencidos de que la etapa conciliatoria en el procedimiento resulta fundamental. De esa manera, la conciliación que existe en forma subyacente en todos los sistemas jurídicos, como en forma paraprocesal de la resolución de los conflictos, ha sido institucionalizada en forma relativamente reciente e incorporada en los procesos regulados en la legislación.
Y en el campo del derecho laboral, por la naturaleza característica de los intereses que se ponen en juego y las hondas repercusiones que sus resultados tienen en el ámbito de la sociedad y la economía, la conciliación cobra especial importancia. Así, la conciliación es el método de resolver conflictos mediante la intervención de un tercero que no tiene facultades decisorias ni de propuesta, al cual acuden las partes para que actúe como moderador tratando de avenir las diferencias existentes.
De lo anterior se infiere que el conciliador carece de poder de decisión y de propuesta. Su función consiste sólo en acercar a las partes para que encuentren la solución de sus diferencias y coincidan en sus intereses, siendo la voluntad de las partes la que decidirá el resultado de las actuaciones; sólo ellas darán fin al conflicto que las llevó al conciliador. Estamos ciertos de que la conciliación es algo que se debe fomentar, incluso durante todo el tiempo que tarde el juicio laboral, para que las partes lleguen a un arreglo que les evite padecer un proceso lento que, desgraciadamente, se da por la carga de trabajo de nuestras autoridades laborales.
Ante esto, y con el principal objetivo de seguir protegiendo a la parte más débil de la relación, ahora presentamos esta iniciativa, que tiene por objeto modificar el artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que dentro del procedimiento ordinario en la etapa conciliatoria, las partes comparecerán personalmente a la Junta sin abogados patrones, asesores o apoderados.
Así, la reforma que ahora presentamos pretende subsanar un hecho que vulnera los derechos del trabajador, que en la mayoría de los casos no es perito en derecho, al llegar a arreglos que no reflejan en numerario lo que en una buena conciliación les debería brindar, viéndose presionados por la parte patronal. Además, esta fracción resulta inconstitucional por impedir a las partes estar asesoradas por su representante o abogado en el periodo conciliatorio. Debido a lo señalado, presentamos esta iniciativa, que tiene como objeto proteger al trabajador impidiendo que quede en estado de indefensión para llegar a un posible arreglo conciliatorio. Bajo esta premisa, ahora se presenta la siguiente
Iniciativa de decreto que reforma el artículo 876, en su fracción I, para quedar como sigue:
Primero. Se reforma el artículo 876, quedando: "La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma: las partes comparecerán personalmente a la Junta, pudiendo estar acompañadas de sus abogados patronos, asesores o apoderados".
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas al recinto legislativo a un grupo de invitados especiales, procedentes del estado de Baja California e invitados por don Pablo Alejo López, compañero diputado.
Tiene la palabra el señor diputado don Rafael García Tinajero Pérez, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo a la fracción IV del párrafo "A" del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el propio diputado García Tinajero y por el señor diputado don Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su permiso, compañero Presidente: México es un país diverso, diverso en el ámbito de las personas, en el ámbito de sus recursos. Su riqueza cultural se ha construido a lo largo de muchos siglos de historia, de esplendores, de guerras y de encuentros. En 1994, los pueblos indios de México despertaron la conciencia mundial respecto de las demandas de justicia, dignidad y reconocimiento cultural.
Ese despertar se dio en el marco del debate sobre la globalización y la apertura de mercados a lo largo y ancho del planeta. Dejó una interrogante que hoy está en el centro del debate político y humanístico de las transformaciones sociales: la viabilidad de la comunidad en el mundo globalizado. La respuesta a esa pregunta puede darse desde diferentes concepciones de globalización, desde la que incluye las necesidades y los derechos de las personas y de las comunidades, y desde las que establecen sólo derechos individuales. Si bien el sistema político mexicano no ha sido capaz de responder a las demandas de sus pueblos originarios, éstos han colocado en el debate nacional temas de beneficio para la sociedad en su conjunto.
La demanda de autonomía de las comunidades indígenas no fue entendida por la mayoría del Congreso de la Unión, que argumentó una necesidad de integración que anula la consideración de la diversidad. Esa demanda de autonomía era y es una propuesta de integración de los pueblos indios que sí parte del reconocimiento de la diversidad de los derechos plenos de sus habitantes y del diálogo intercultural, fundamento esencial de México.
En el país existen 2 mil 510 comunidades indígenas, herederas directas de culturas ancestrales, territorios, monumentos, ciudades, recursos naturales, tradiciones, 62 lenguas originales, conocimientos y creaciones que perduran al paso de los siglos y que constituyen parte determinante del patrimonio cultural tangible e intangible de México. Ese espacio vital que es la comunidad asume la vida de manera colectiva. La comunidad es anterior al individuo, y los derechos colectivos adquieren preponderancia de valores.
Los conocimientos de los pueblos indios, su cultura y su cosmovisión son la herencia de siglos de existencia e inalienable propiedad colectiva e histórica. La apertura de las fronteras en el mundo a partir de la caída del Muro de Berlín fundó la expectativa de multiplicar y enriquecer las relaciones entre las sociedades y entre los individuos, ampliando los espacios de interacción en todos los ámbitos de la vida. La misma apertura originó la necesidad de establecer formas de reconocimiento que fueran aceptadas más allá de las fronteras. Así, se redimensionó el concepto de patente como un mecanismo para reconocer al creador de las ideas como expresión de un derecho individual aceptado por todos.
México tiene en esta construcción social la necesidad urgente de reflejar en su participación la riqueza de su diversidad, bajo la premisa de que el interés común debe prevalecer sin menoscabo de los derechos individuales e intelectuales. Los pueblos indios poseen un patrimonio, que es propiedad y herencia colectiva. El reconocimiento de su existencia y su derecho pasa por establecer mecanismos legales que les permitan conservar su patrimonio. La diversidad cultural de la especie humana está estrechamente vinculada con las principales concentraciones de biodiversidad existente. En esa biodiversidad están sustentados muchos de los conocimientos más notables de los pueblos indígenas.
Como ejemplo pueden señalarse la existencia y la solidez de los sistemas de salud tradicionales que, al paso del tiempo, incrementan su demanda de servicio y su legitimidad dentro y fuera de nuestro país. Destacan los conocimientos botánicos asociados a la medicina, que han creado una sólida tradición herbolaria como parte de estas técnicas curativas ancestrales. En los últimos años, países de América Latina como Brasil, Venezuela y México han tenido que enfrentar la búsqueda de apropiación por parte de grandes industrias trasnacionales, sobre todo en los ramos farmacéutico y alimentario, de recursos genéticos rentables asociados a las culturas y los conocimientos de pueblos originales.
A través de proyectos de bioprotección se recolectan, clasifican y, en ocasiones, alteran y aprovechan principios activos o derivados de especies vegetales, animales y minerales para elaborar productos comerciales que reportan importantes ganancias a la industria, sin que se reconozcan en este proceso el estudio y la utilización de las mismas especies por los sistemas del conocimiento indígena. Los países miembros del Pacto Andino han normado desde 1996 el acceso y uso de la diversidad y, en particular, de los recursos genéticos, anteponiendo los derechos de propiedad de las comunidades indígenas, andinas y amazónicas y reconociendo sus conocimientos más allá de su valor antropológico.
En otras latitudes, en 1998 el Consejo de Investigaciones Científicas Industriales de la India obligó a la cancelación de una patente relativa al uso de cumura en el tratamiento de heridas, ante la evidencia de su utilización tradicional y por generaciones en ese país. El reconocimiento de la diversidad de las culturas es también determinante en la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad si su sentido último es el interés común. Las reglas de mercado deben considerar los derechos de todos los seres humanos y debemos, por tanto, crear instrumentos que protejan esos derechos.
El artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece que los ciudadanos de cada uno de los países signatarios gozarán de los mismos derechos en todos los territorios, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. El artículo 8 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio faculta a los miembros para formular o modificar leyes y reglamentos para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico. Y el artículo 27, en el párrafo tercero, establece que los países miembros podrán excluir de la patentabilidad los métodos de diagnóstico terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales y los faculta para la protección de todas las obtenciones legales mediante mecanismos jurídicos nacionales.
En la reunión ministerial de países megadiversos afines realizada en México en 2002, los expertos coincidieron en la necesidad de considerar medidas dirigidas a la protección del conocimiento, a la promoción de los sistemas tradicionales de innovación y a mantener la viabilidad de los marcos culturales que sustentan el conocimiento tradicional, incluyendo la lengua, las tecnologías y la cosmovisión de los distintos grupos. Se destacó la importancia de promover acciones de propiedad intelectual, construcción de capacidad y fortalecimiento de los sistemas tradicionales de innovación.
Las formas de adquirir y transmitir el conocimiento son diversas y complejas, tanto como los seres humanos. No proponemos que se desconozcan los derechos de los individuos sobre sus creaciones; buscamos que se reconozca la existencia de conocimientos ancestrales, cuyos orígenes se pierden en la memoria de los siglos. Dichos conocimientos han sido atesorados, enriquecidos y transmitidos de generación en generación y forman parte del patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos, de modo que es necesario preservarlos y salvaguardarlos de la enajenación y del saqueo de intereses particulares ajenos a su legítima autora: la comunidad. No se trata de ninguna concesión; se trata de defender el derecho a la propiedad intelectual, de manera que sea reconocida no solamente cuando es obra de un individuo, sino también cuando es una creación colectiva. Permitir que se presenten como propios conocimientos de otros debe ser, además de ilegítimo, ilegal. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto para que se adicione un párrafo a la fracción IV del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para...
I. a III. ...
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas y conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
Los procesos, productos e insumos derivados de las innovaciones y las tecnologías de las comunidades y los pueblos indios son propiedad intelectual colectiva de los mismos.
Se prohíbe el registro de patentes sobre los recursos genéticos y biológicos asociados a sus conocimientos.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo no mayor de 90 días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto, el Congreso de la Unión adecuará la legislación federal para hacerla congruente con esta reforma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de marzo de 2005.
Diputados: Rafael García Tinajero Pérez, Inti Muñoz Santini.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde la curul): Solicito respetuosamente que se turne para opinión, también, a la Comisión de Asuntos Indígenas.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas, para obsequiar la petición del promovente.
Esta Presidencia recibió de parte del señor diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de propiedad fraccionada.
El diputado Luis Maldonado Venegas: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: el mercado residencial turístico ha tenido un importante impulso en nuestro país en los últimos años. Durante 2004, la venta de casas, villas y condominios de descanso se ubicó en más de mil millones de dólares, lo que implicó un incremento comparado con el año inmediato anterior de 40 por ciento. Por ello se estima que para el presente año y el siguiente, la inversión económica en este rubro no será menor de 30 por ciento adicional.
Los centros turísticos que concentran el mayor valor de todo el mercado han sido Acapulco, con 39 por ciento; Cancún, con 35 por ciento; Puerto Vallarta, con 19 por ciento; Ixtapa, con 4 por ciento; y Cuernavaca, con 3 por ciento. Acapulco es la plaza que cuenta con más proyectos inmobiliarios, 42, y un inventario de 2 mil 100 unidades, presentándose como los principales polos de desarrollo las zonas de Revolcadero, Real Diamante y la tradicional Dorada.
Los factores que han contribuido a la reactivación del mercado residencial turístico y de descanso en el mercado nacional han sido las bajas tasas de interés y de inversión en carreteras y libramientos, y el incremento en campos de golf y otras amenidades. El efecto del 11 de septiembre, así como la seguridad que existe en nuestro país respecto a la tenencia de la tierra, el impulso de los fideicomisos en bancos extranjeros, la depreciación del dólar frente al euro y el hecho de que los precios por metro cuadrado son muy competitivos son otros factores que han incentivado esta actividad.
Ese tipo de inversiones, que contribuyen a generar empleos para los mexicanos, deben ser alentadas con otro tipo de productos vinculados a este mercado, como el de lotes campestres urbanizados, casas de campo, campos de golf, clubes náuticos, marinas, pools de rentas y tiempos fraccionados. Por tal motivo, y con ánimo de anticiparnos a las alternativas que el mercado turístico ofrecerá a partir de los próximos meses, el grupo parlamentario de Convergencia propone a la consideración de esta honorable soberanía una iniciativa que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de propiedad fraccionada. La iniciativa se motiva en el hecho de que, a nivel mundial, en ciudades como Nueva York, Miami, París, Londres, Hong Kong y otras, así como en desarrollos de playa de golf y de spa, ha surgido el concepto que en idioma inglés se denomina fractional time y que en nuestro país es conocido como propiedad fraccionada, la cual consiste en compartir una propiedad que se utiliza pocos días al año en calidad de dueño.
Este novedoso esquema de propiedad no es un tiempo compartido en el cual se adquiere una membresía para disfrutar de un bien inmueble por una semana fija o más al año. En el caso de la propiedad fraccionada, lo que se está adquiriendo es el bien inmueble, por lo regular a través de la figura jurídica del fideicomiso, lo que al adquirente permite rentar, heredar, hipotecar, vender o disfrutar durante un tiempo determinado del derecho fideicomisario que le corresponde con base en la inversión realizada, pues se le transmite el dominio del bien. Lo anterior promoverá sin duda que personas físicas y morales, tanto nacionales como extranjeras, inviertan en este tipo de desarrollos. Por tanto, consideramos indispensable que la Ley Federal de Protección al Consumidor se reforme para reconocer en la misma la propiedad fraccionada, a fin de proporcionar a los consumidores interesados en adquirir un bien inmueble bajo esta modalidad las seguridades jurídicas necesarias que el Estado está obligado a proporcionarles, con fundamento en el artículo 28 constitucional. Por lo anteriormente manifestado, propongo el siguiente
Proyecto de decreto que adiciona en el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor el concepto de propiedad fraccionada, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 73. Los actos relacionados con inmuebles sólo estarán sujetos a esta ley cuando los proveedores sean fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa-habitación o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido y propiedad fraccionada en los términos de los artículos 64 y 65 de la presente ley.
Los contratos relacionados con las actividades a que se refiere el párrafo anterior deberán registrarse ante la Procuraduría. Lo anterior implicará necesariamente reconocer en los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor el concepto de propiedad fraccionada.
En cuanto al artículo 64, porque el objetivo de esta modalidad de venta de bienes inmuebles es transmitir el dominio de éstos; y al 65, para que los contratos de venta bajo el concepto de propiedad fraccionada sólo se puedan realizar cuando el contrato respectivo esté registrado en la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene la palabra el señor diputado don David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a efecto de que se considere el Premio Nacional de la Cerámica.
El diputado David Hernández Pérez: Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: la artesanía en cerámica es una de las actividades más antiguas y difundidas. El artesano fabrica objetos tanto utilitarios como artísticos y decorativos basándose en arcilla cocida a bajas y altas temperaturas, que pueden ser decorados con diferentes colores, motivos y materiales complementarios.
El artesano en México, en su gran mayoría, pertenece al sector económico y social con mayor marginación. Sus condiciones de vida y de educación parece que han dejado de interesar. Incluso, vemos con tristeza cómo día con día los jóvenes han perdido el interés en el oficio. En la actualidad, en México se trabajan más de 27 ramas artesanales, casi todas con características prehispánicas en cuanto al material utilizado. La introducción de nuevos elementos y conceptos en la confección de varios objetos artesanales, la utilización de la tecnología y el sentido artístico de los indígenas han creado, mediante una amalgama cultural, una artesanía bella y vasta que se conserva y enriquece.
El uso del entorno alfarero y del telar de pedales, entre otros, así como diferentes materias primas, lana, barnices y plúmbeos, entre otros, produjeron grandes cambios en la artesanía desde los primeros días de la invasión europea. Hoy asombra y emociona contemplar la arquitectura, la pintura mural, la obra escultórica en barro o en piedra y las delicadas piezas de orfebrería, sin otros elementos para doblegar el metal que piedra para cincelar, cera, arcilla y fuego.
La cerámica es una de las ramas más importantes del arte popular de México, ya que en la mayoría de los estados se desarrolla esta actividad, aunque diferenciada por estilos, técnicas y acabados, modelada o moldeada, policromada o esgrafiada, gruñida o esmaltada. A los enseres domésticos y utilitarios se agrega la producción de piezas con fines rituales y en otras sólo ornamentales, sin olvidar que con frecuencia a la cerámica utilitaria se aplican formas escultóricas que le dan un valor agregado.
La cerámica actual en México es uno de los ejemplos más vivos del mestizaje, visualizado desde la producción artesanal. Por un lado, conserva la herencia hispánica no sólo en cuanto a la técnica, que ha permanecido casi intacta hacia nuestros días, sino también algunos tipos de formas; por ejemplo, la mayólica y el estilo de Talavera, así como la enorme gama de cerámicas vidriadas. Por otro lado, aflora en ella la base cultural indígena, que se refleja en técnicas ancestrales, el uso, la forma, el color y la decoración de muchas piezas de barro natural. El alfarero mexicano ha mantenido su producción en la tradición técnica, el de decorado y la quema, pues sigue manufacturando las formas clásicas con escasas variantes.
En México se emplean diversas técnicas para la manufactura de cerámica. Quizá la más antigua y que sigue vigente en muchas comunidades del país, especialmente indígenas, es la del moldeado a mano. En 1977 se origina en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, un concurso en el que se convoca a los artesanos de todo el país a participar en dos categorías y un premio especial, además de un pergamino firmado por el entonces presidente municipal de Tlaquepaque, Jalisco. En 1979 se obtiene el aval del Gobierno Federal, con apoyo económico y el otorgamiento de un pergamino suscrito por el Presidente de la República, licenciado José López Portillo. En 1995 el evento se posicionó como el de mayor importancia en nuestro país, con el reconocimiento de instituciones como el Fonart, el Conaculta y el INI.
Consolidado como uno de los eventos más trascendentes de nuestro país y que reúne a todos los estados ceramistas debido a la capacidad de su convocatoria, en la que se ofrecen mayor apoyo, transporte, alimentación y hospedaje por una semana a los participantes, en la que éstos asisten a seminarios, conferencias y talleres, es un evento que busca rescatar y mantener una tradición milenaria, a través de la participación de artesanos de todo el país. Uno de los principales motivadores para los concursantes es el ser acreedores del galardón presidencial, presea que otorga de propia manos el Presidente o un representante, este pergamino suscrito por él mismo. Además, se otorga un estímulo económico.
El marco de esta ceremonia se encuentra sustentado por las principales instituciones involucradas en la cultura y las artes, como son el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, la Secretaría de Turismo, el Instituto Nacional Indigenista y la Dirección de Culturas Populares. Asimismo, gracias al esfuerzo de la administración municipal de Tlaquepaque y a la participación de diversos gobiernos y organizaciones estatales y municipales, y a la importante colaboración de los patrocinadores, se logra formar una digna e importante bolsa de premios.
Este certamen ha alcanzado una participación efectiva de 800 artesanos, provenientes de 75 localidades, de 27 estados de la República, con mil 800 piezas registradas, que han participado en las, ahora ya, 7 diferentes categorías. Desde hace más de 20 años, el evento más importante de la feria es el Premio Nacional de la Cerámica. El municipio de Tlaquepaque es considerado uno de los centros de producción alfarera más importante del país. La cerámica ha alcanzado un actual adelanto y perfección en sus diferentes ramas.
Esta iniciativa pretende apoyar a las artesanas y a los artesanos de México, que aún preservan técnicas y diseños tradicionales, que viven en condiciones de pobreza, para contribuir a la mejora de sus niveles de vida, preservando así a los valores de nuestra cultura tradicional, vinculando la actividad del artesano con el consumidor final. La organización de concursos de arte popular permite estimular, mediante el otorgamiento de premios en efectivo, la creatividad de los artesanos del país. El patrimonio cultural se constituye en el fundamento central de nuestra identidad nacional y es importante recurso para el desarrollo del país. En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 71, les presento este
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Premios, y Estímulos y Recompensas Civiles
Único. Se adiciona una fracción XVII al artículo 6 del Capítulo XII, "De las Disposiciones Generales", y se recorre el Capítulo XXIII, así como los artículos cambiarán, según el orden, a la adición.
Se establecen los siguientes premios, que se denominarán y tendrán carácter nacional: en su fracción XVII, el Premio Nacional de la Cerámica; el reconocimiento del Premio Nacional de la Cerámica será otorgado a los artesanos cuyo trabajo, entrega y dedicación técnica desempeñados sean los mejores en la elaboración de las artesanías populares establecidas de acuerdo con las bases de los diferentes concursos.
El concurso, en el artículo 121, el Concurso Nacional de la Cerámica será a nivel nacional; éste abarcará todas las ramas de producción. El programa anual del concurso considerará los objetivos de preservación de técnicas y el impulso de las capacidades artísticas de los artesanos promoviendo la igualdad de género.
Artículo 122. El Premio Nacional de la Cerámica se otorgará anualmente a los artesanos que participen en los eventos y concursos con diferentes categorías.
Artículo 123. Para la entrega del Premio Nacional de la Cerámica, su consejo de premiación se integrará de la siguiente manera: la Presidencia de la República, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el gobierno del estado de Jalisco y el ayuntamiento del municipio de Tlaquepaque, como sede oficial del concurso.
Las erogaciones que deban hacerse con motivo de esta ley serán a cargo de la partida correspondiente de la secretaría donde se tramite cada premio y, en caso de faltar por insuficiencia de partida, a cargo del Presupuesto en ramos de la Presidencia. Las recompensas de que trata el Capítulo XVI únicamente podrán recaer sobre el presupuesto de la dependencia u organismo que le pertenezca.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Cultura.
La Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a un grupo de habitantes de diversas comunidades del municipio de Zumpango, estado de México, invitados por el señor diputado don Fernando Alberto García Cuevas. Muchas gracias y bienvenidos.
Tiene la palabra el señor diputado Sergio Álvarez Mata, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en materia de sujetos obligados.
El diputado Sergio Álvarez Mata: Con su permiso, señor Presidente; H. Asamblea: el libre acceso a la información es un derecho desarrollado a partir del principio de que la información en posesión de los poderes del Estado es un bien público y ejercerlo constituye un mecanismo decisivo para que la autoridad rinda cuentas a la sociedad en el marco de la consideración del Estado democrático.
Desde el inicio de la vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el proceso de acceso a la información en poder de los distintos entes obligados ha evolucionado, bajo la premisa de que cualquier entidad que recibe financiamiento por parte del Estado, ya sea para garantizar su funcionamiento interno o para implantar proyectos productivos, debe informar del destino final del dinero entregado... La presente iniciativa tiene como finalidad ampliar el catálogo de sujetos obligados, a efecto de facilitar al ciudadano el acceso a la información en los rubros que implique el ejercicio de recursos públicos federales.
En consecuencia, atendiendo a la necesidad de dar precisión al artículo 1o. de la ley, se establece que las dependencias y entidades beneficiarias de financiamiento por parte del Estado forman parte de la Administración Pública Federal y, por tanto, actualizan el supuesto jurídico. En este supuesto entran por tanto los organismos públicos descentralizados, como es el caso del IMSS, el Infonavit y el ISSSTE, tal como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Manual del justiciable en materia administrativa de septiembre de 2004, el cual cito en esta intervención:
Órganos de administración pública. Son el conjunto de personas morales que cuentan con una estructura jurídica y competencia determinada, a las cuales se encomienda la ejecución de actividades del Estado. Los mencionados órganos pueden pertenecer a la administración pública centralizada o descentralizada o paraestatal; inclusive, pueden tener el carácter de autónomos.
La administración pública centralizada es la que constituye el Poder Ejecutivo federal y cuyos órganos son la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de la República y las secretarías de Estado.
La administración pública descentralizada o paraestatal está formada por órganos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que no pertenecen al Poder Ejecutivo federal, pero que lo auxilian en el ejercicio de sus atribuciones, y su actuación es evaluada y vigilada por una secretaría de Estado.
Forman parte de la administración pública... Como ejemplo pueden citarse Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el Servicio Postal Mexicano, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Además, existen órganos dotados de autonomía que, aun cuando tampoco pertenecen al Poder Ejecutivo federal, tienen carácter de públicos y forman parte de la Administración Pública Federal. Entre ellos, encontramos la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Federal Electoral, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por otro lado, consideramos necesario incorporar los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al catálogo de sujetos obligados a proporcionar la información relativa a su funcionamiento interno y al uso del financiamiento público asignado, pues las entidades gubernamentales no son las únicas que operan con recursos públicos. En primer lugar, los partidos políticos se consideran en la Constitución como entes de interés público; en segundo lugar, porque tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática; en tercer lugar, porque contribuyen a la integración de la representación nacional, que no es otra cosa que la formación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en los tres niveles de gobierno, poderes que además, en sus respectivos ámbitos, son decisivos, en la integración del Poder Judicial y de los organismos autónomos, que aportan el matiz de imparcialidad e incluso el control de las gestiones gubernamentales.
De esa manera, cualquier ciudadano, aun no siendo militante de un partido político determinado, podrá solicitar toda la información relativa a la aplicación de los recursos públicos que le sean encargados con cargo a las partidas de fondos estatales. Sostenemos la necesidad de incluir en el catálogo de sujetos obligados a todas las personas físicas o morales que, al cumplir los requisitos de aplicación, se vuelven beneficiarias de programas, subsidios o apoyos económicos por parte del resto de los sujetos obligados.
Por tanto, al aprobarse la presente iniciativa, tanto las entidades a que se refiere la recién aprobada Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil como cualquier otra asociación o entidad que sea beneficiada por el Estado tendrá la obligación de dar información sobre la aplicación de dichos recursos en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, en aras de dar cumplimiento al precepto constitucional que establece la obligación de garantizar el acceso a los gobernados a la información pública, en este caso de recursos federales.
Por lo expuesto, el que suscribe, diputado del Partido Acción Nacional, con el afán de contribuir a la democratización de la actividad política del país ajustando la normatividad a las necesidades e inquietudes de la sociedad, propone la presente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en los siguientes rubros:
Primero. Se modifica el nombre de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para suprimir el término de gubernamental, toda vez que este concepto se asocia muchas veces al Poder Ejecutivo y se limita el acceso a otro tipo de entidades.
Segundo. Se reforman los artículos 1, 2, 5, 11, segundo párrafo, y 61, primer párrafo, para quedar de la siguiente manera –se describe en la iniciativa.
Tercero. Se modifican los incisos a) y f) y se adiciona un inciso g) a la fracción XV del artículo 3o.; se adiciona un párrafo segundo al artículo séptimo y el 2o. del texto vigente se transforma en 3o., para quedar en los términos que se exponen en la iniciativa, mismo que solicito a la Presidencia tenga a bien se incorpore en el Diario de los Debates de manera íntegra. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación.
Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a habitantes del municipio de Centla, Tabasco, invitados por el señor diputado don Francisco Herrera León.
Esta Presidencia recibió de parte del señor diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que deroga la fracción X del artículo 3o. de la Ley General de Población. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Asimismo, recibió de parte del señor diputado don Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma el numeral 4 del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que la turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz: Con su permiso, señor Presidente: la suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, viene a presentar el siguiente proyecto de iniciativa de decreto, que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley Fundamental es un elemento vivo de la sociedad mexicana, que se ha transformado sustancialmente desde 1824 hasta nuestros días. Su creación ha sido obra de los Congresos Constituyentes y su adecuación producto del Constituyente Permanente o del poder revisor de la Constitución, a través de las reformas y adiciones de la Ley de Leyes. En cuanto al procedimiento de reformas o adiciones de la Constitución, el artículo 35 del Acta Constitutiva de 1824 remitía a la Constitución de ese año la manera de hacerlo. En la sesión del 30 de diciembre de 1823, el diputado por Coahuila Miguel Ramos Arizpe ya manifestaba que el acta sólo se dirigía a sentar ciertas bases generales y a organizar lo que no implicara demora, dejando así, pues, el modo de modificar la Ley Suprema a la Constitución de 1824.
La Constitución de 1824 estableció que el Congreso General podría resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de los artículos de esta Constitución y del Acta Constitutiva. A su vez, las Legislaturas de los estados podrían hacer observaciones sobre determinados artículos de los documentos constitucionales citados, pero el Congreso General no las tomaría en cuenta sino hasta 1830. El Congreso de 1830 se limitaría a calificar las observaciones que merecían en su opinión sujetarse a la discusión del Congreso siguiente, lo que se comunicaría al Ejecutivo para su publicación, el cual no podría hacer observaciones.
Las reformas o adiciones posteriores a 1830 se tomarían en consideración en los mismos términos, sólo que en el segundo año de cada bienio, además de todos los requisitos prevenidos para la formación de leyes, a excepción del derecho de hacer observaciones concedido al Presidente en el artículo 106. Finalmente, el artículo 171 de este documento constitucional establecía la prohibición expresa de que jamás se reformaran los artículos de los documentos constitucionales de 1824 que establecían la libertad de independencia de la nación mexicana, su religión, su forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los Poderes Supremos de la Federación y de los estados.
En la sesión del 3 de septiembre de 1824 se dio el debate en torno del procedimiento de reforma constitucional. Y consideramos que el diputado por Veracruz José María Becerra fue claro al argumentar que su voto era que las reformas que ocurran se tomen en consideración a los cuatro años y a la Legislatura siguiente después de que este término resuelva sobre ellas. Alegó que a la suspensión de las reformas o del derecho muy responsable que tiene la nación para pedirlas debe reducirse al menos tiempo posible, porque nuestra Constitución se ha hecho por un Congreso que sólo tiene una Cámara y, por lo mismo, no ha sido revisada, porque se ha hecho en tiempo de agitaciones en que las circunstancias habrán influido en varias resoluciones y porque somos nuevos en la carrera de la política.
En virtud de todo ello, es preciso que algunos o muchos artículos merezcan reformas que dicte la calina o exija la experiencia. Y para que estas reformas no se atribuyan a novelería o espíritu de revolución, basta que se esperen cuatro años. Hizo presente que una de las causas de haber precedido la libertad en España fue el artículo de su Constitución en que se mandó que ésta permaneciera intacta por ocho años, pues acaso la división del Congreso en dos Cámaras y otras habría evitado la ruina total de la Constitución.
Los argumentos para reformar o adicionar la Constitución se concentraron en cuanto al tiempo. Los Constituyentes de esa época consideraban que era necesario que nuestras instituciones maduraran, por lo que establecieron varios candados para llevar a cabo tal empresa, reformar la Constitución. Las bases constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente del 15 de diciembre de 1835 no establecieron numeral alguno relativo al procedimiento o reforma constitucional. Éste se plasma en la séptima de las siete Leyes Constitucionales de 1836. Tendrían que transcurrir seis años, contados a partir de la publicación de las siete Leyes Constitucionales, para poder hacer alguna modificación a este documento constitucional.
Lo anterior fue aprobado por 58 votos a favor y 9 en contra en la sesión del 6 de diciembre de 1836. Dentro de las atribuciones del Supremo Poder Conservador, se establecía la de dar o negar la sanción a las reformas de Constitución que acordare el Congreso, previo a las iniciativas y en el modo y forma que establece la Ley Constitucional respectiva. No dejamos de señalar que otros artículos dispusieron un conjunto de requisitos una vez transcurrido el plazo antes señalado. En esta Constitución encontramos nuevamente plazo para poder reformar o adicionar nuestra Norma Suprema.
La redacción actual del artículo 135 del Código Político de 1917 tiene su antecedente en el numeral 127 de la Constitución de 1857. La Constitución podría ser adicionada o reformada y para, que estas reformas o adiciones llegaran a ser parte de la Constitución, se requería que el Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acordara las reformas o adiciones y que las mismas fuesen aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los estados, dejando al Congreso de la Unión hacer el cómputo de los votos de la Legislaturas y la declaración de haberse aprobadas las adiciones o reformas.
El actual artículo 135 se conserva en los mismos términos que el 127 de la Constitución de 1857, sólo con la diferencia de que el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. En cuanto al procedimiento para reformar o adicionar a nuestra ley suprema, hay distinguidos juristas que siempre están de acuerdo en seguir con reformas y adiciones constitucionales, siempre y cuando se hagan en los términos del artículo 135. Otros no están muy de acuerdo con las modificaciones y, sin embargo, consideran que son necesarias, ya que se tienen que ir adecuando a las nuevas realidades de México.
La reforma constitucional implica un cambio en el texto en el sentido de agregar, modificar o eliminar algo. Existen dos tesis al respecto: una que limita la reformabilidad de la Constitución y atribuye a la llamada "corriente decisionista", que consiste en que el pueblo, como titular único de la soberanía, es el único facultado para modificar las decisiones políticas fundamentales, sólo así pueden ser reformadas por el poder constituyente. La corriente positivista, que es la otra, sostiene que lo único que se requiere para la validez de la reforma es que ésta se lleve a cabo conforme a las normas establecidas por el Constituyente Permanente. La pregunta que nos hacemos es ésta: ¿debemos continuar con el procedimiento que establece el artículo 135 constitucional?
A mayor abundamiento, en las gacetas gubernamentales en las entidades federativas, por ser de interés público y cuya finalidad es publicar todos los comunicados emitidos por las dependencias del Ejecutivo federal que no corresponda publicar en el Diario Oficial de la Federación, sus ciudadanos puedan conocer si una reforma o adición constitucional fue o no aprobada, con la finalidad de que las mismas sean aplicadas y observadas debidamente. Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el artículo 135 constitucional, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por las dos terceras partes de las Legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, con el Diario Oficial de las entidades correspondientes, harán el cómputo de votos, procediendo a la declaración de haber sido aprobadas o no las adiciones o reformas.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señor Presidente, pido a usted que se incorpore el texto completo en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así se hará. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Damos la más cordial de las bienvenidas a los jóvenes del municipio de Tlalnepantla que nos acompañan hoy aquí, en el recinto, invitados por el diputado José Francisco Landero. Sean ustedes bienvenidos.
También está con nosotros el señor Rubén Olivares Ávila, ex boxeador, cuatro veces campeón del mundo y gloria de nuestro país en este deporte, apodado El Púas. Viene Guillermo Gutiérrez Romero, Roberto Rodríguez Rodríguez, Mauricio Hernández Navarro, Juan Ángel Coronado y Marco Polo Aguilar Villanueva. Todos ellos han sido invitados por nuestro compañero, el licenciado Francisco Javier Valdéz de Anda. Sean bienvenidos.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el diputado Enrique Ariel Escalante Arceo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Enrique Ariel Escalante Arceo: Con la autorización de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: la pretensión de esta iniciativa es reformar y adicionar la fracción IV del artículo 115 y adicionar una fracción IX al mismo numeral.
En diversos foros relacionados con la problemática que enfrenta el municipio libre ha quedado de manifiesto que el financiamiento de las funciones y los servicios públicos inherentes a esta esfera de gobierno es uno de los retos cotidianos. La consecuencia de este fenómeno generalizado es la demanda de mayores participaciones, transferencias desde los niveles superiores de responsabilidad gubernativa. Los municipios de México enfrentan una deuda pública de grandes proporciones, que es trasladable a los ciudadanos que habitan en sus jurisdicciones. Este fenómeno repercute sensiblemente en las decisiones de este nivel de gobierno, ya que los ingresos municipales están comprometidos en pagar una deuda contratada con instituciones crediticias, que se presenta poco manejable para estas administraciones, el pasivo con proveedores, del que no se tiene información fidedigna, así como el pago de dietas, sueldos y salarios de la administración municipal y el financiamiento de la obra pública.
La crisis financiera que enfrentan los gobiernos municipales pone en riesgo su capacidad operativa en la provisión de bienes y servicios públicos que la sociedad está demandando y restringen la autonomía municipal. El compromiso popular para cumplir las funciones y los servicios públicos que la fracción III del artículo 115 consigna a esta esfera municipal requiere un gasto sustancial de los ingresos propios, y de las participaciones federales y transferencias. El acceso a los créditos para financiar la obra, la obra pública municipal, se restringe por la insolvencia y por el histórico acumulado. De acuerdo con los datos proporcionados por el Indetec en septiembre de 2004, el total de la deuda registrada por los municipios fue de 7 mil 652.5 millones de pesos. A esto debemos añadir que nuestra fuente de información también reporta un monto de 17 mil 179.6 millones de pesos correspondiente a la deuda de organismos estatales y municipales, entre los que se encuentran Comisiones Estatales de Agua, principalmente.
Asimismo, los gobiernos municipales enfrentan adeudos en materia de aportaciones de seguridad social, adeudos a la Comisión Federal de Electricidad, adeudos fiscales por derecho de uso de agua en bloque, derechos de descarga y uso de bienes nacionales como cuerpos receptores de aguas residuales, así como el histórico problema de adeudos por retenciones omitidas del Impuesto sobre la Renta de los trabajadores municipales y de sus organismos. Por otra parte, debemos tener presente que la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 2-A, fracción III, en su fórmula de cálculo de las participaciones, pondera el esfuerzo recaudatorio de las administraciones municipales en materia de impuesto predial y derechos de agua en los dos años próximos anteriores al año en que se realice el cálculo.
Partiendo de este precepto, debemos analizar la posición de los ayuntamientos desde la perspectiva política ya que, por ser una instancia de gobierno, éstas son electas democráticamente por la ciudadanía. Teniendo presente lo anterior, debemos imaginar la gravedad de los compromisos políticos que contrae una administración municipal y por los cuales se inhibe o deja de ejercer la facultad coercitiva de exigencia de impuestos, derechos y aprovechamientos a determinados contribuyentes. Esta actitud se basa en la premisa política de que "cobrar impuestos es impopular".
Las reformas constitucionales en materia de hacienda pública municipal, desde 1917 hasta la gran reforma del artículo 115 impulsada por el Presidente de la Madrid en 1983, se basaron en especificar cuáles eran las fuentes tributarias de competencia de esta esfera de gobierno. La otra gran reforma, impulsada por la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, reforzó la base tributaria y otorgó el estatus de gobierno al municipio libre. A pesar de este gran avance en materia municipal, observamos un rezago sustancial en la eficiencia de las haciendas públicas municipales dado que, según los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la recaudación nacional del impuesto predial no es mayor de 0.23 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que países con economías similares a la nuestra rebasan 1 por ciento de su producto doméstico y los países miembros de la OCDE rebasan 1.5 por ciento de su PIB en materia de recaudación de impuestos prediales. Existen municipios que ingresan menos de 5 por ciento de su gasto total por concepto de ingresos propios.
La media nacional de ingresos propios frente al gasto total de las ciudades grandes del país, en las que se concentra 75 por ciento de la población nacional, no rebasa 36 por ciento de ingresos propios con relación a su gasto total. De lo anterior se deduce que los ayuntamientos dependen en gran medida de las transferencias del Gobierno Federal y de los estatales. En resumen, a pesar de los avances en materia municipal a nivel constitucional, es evidente la baja capacidad recaudatoria de los municipios de México.
Con la presente iniciativa queremos complementar las capacidades administrativas, técnicas y operativas de las haciendas municipales, dotándolas de una alternativa jurídica que les permita mejorar la eficiencia en la recaudación y el control de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a través de un mecanismo de colaboración que impulse la acción compartida de las responsabilidades de administración tributaria de los municipios. Con este marco jurídico alternativo, que propone la asociación entre municipios en materia fiscal, los ayuntamientos recaudarían mejor sus impuestos propios y, como consecuencia, incrementarían sus ingresos, lo cual se vería reflejado en sus participaciones federales, que crecerían proporcionalmente.
Aunado a ello, los organismos que se creen como producto de esta reforma podrían concentrar los recursos humanos más especializados y establecerían programas de fiscalización más eficientes. Asimismo, podrían desarrollar bases de datos más amplias para ubicar mejor a los contribuyentes con el soporte de tecnologías de la información más avanzadas. Promoverían un mejor uso y manejo de la información tributaria, así como una mayor presencia fiscal de la autoridad tributaria. En suma, los contribuyentes tendrían mayores riesgos en la evasión y, por tanto, se fomentaría el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos.
Entre las ventajas que ofrecería este mecanismo jurídico alternativo estarían la reducción de los costos de administración para la hacienda pública municipal que participen en estos convenios, lo cual generaría una economía de escala; sería políticamente menos cooptable; se daría asesoría en la elaboración de tablas de valores unitarios de suelo y construcción, y asesoría en la elaboración de sus leyes de ingresos; traslación del ejercicio coercitivo en el requerimiento de pago; y acceso a mejores sistemas informáticos. Los beneficios de esta propuesta no sólo se reflejarían en las haciendas municipales, sino que también facilitarían al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones, la homologación y simplificación de los procedimientos de pago mediante formatos únicos de declaración, asesoría al contribuyente y certeza jurídica.
Partiendo de estas ventajas en ambas partes, el mecanismo de coordinación administrativa en materia fiscal municipal que esta iniciativa propone también otorgaría un margen para que los gobiernos municipales puedan sustraerse de sus compromisos políticos adquiridos, que finalmente se pueden traducir en la reducción de sus ingresos. Los antecedentes de mecanismos de colaboración en materia fiscal no son ajenos a la realidad nacional, pues existen experiencias probadas, como los convenios de colaboración administrativa, los convenios de colaboración fiscal, los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la propia ley de la materia, por medio de los cuales la Federación delega y comparte la fiscalización, recaudación, comprobación, determinación, imposiciones de resoluciones administrativas y desarrollo de procedimientos administrativos de ejecución de créditos fiscales. Y concluyo, diputada Presidenta, diciéndole que lo que ocupa a esta propuesta, para adicionar una fracción IX al artículo 115, pretende que tanto los servicios públicos como la administración de los ingresos fiscales municipales cumplan determinadas condiciones contenidas en los convenios de delegación y coordinación donde se propicie la eficiencia y se respete la autonomía municipal. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Enrique Ariel Escalante Arceo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Fortalecimiento del Federalismo, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se encuentran también en el salón de sesiones, acompañándonos el día de hoy, vecinos de la colonia San Andrés Atenco, del municipio de Tlalnepantla de Baz, que fueron invitados por nuestra compañera, la diputada Adriana González Furlong. Sean ustedes bienvenidos.
A petición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se pospone la iniciativa que habría de presentar el diputado Jaime del Conde, relativa a las reformas de los artículos 72 y 74 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
En consecuencia, tiene la palabra nuestra compañera diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
La diputada Ana Lilia Guillen Quiroz: Con su permiso, señora Presidenta: la que suscribe, diputada federal Ana Lilia Guillén Quiroz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley Federal de Radio y Televisión data del siglo pasado. Pertenece a la antigua tradición legislativa de nuestro país y es sin duda una ley propia del antiguo régimen político mexicano, el de un presidencialismo autoritario. La ley actual, que por cierto se encuentra a debate y discusión en el Senado de la República, mantiene en su contenido disposiciones que no pueden ser ya parte de un sistema democrático. Es una ley que, por antagónica y autoritaria, requiere reformarse. Así lo han demandado diversas voces en los ámbitos políticos y sociales; lo han exigido investigadores, académicos, empresarios de la radio y la televisión, intelectuales, sectores del arte y la cultura, etcétera.
El artículo 62 de la ley en comento establece que todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de trasmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación; es decir, sujeto al criterio político, a la estrategia comunicativa, a los caprichos y voluntades del secretario de Gobernación. Ahí reside precisamente una de las facultades discrecionales del titular de una dependencia de la Administración Pública Federal, que se convierte finalmente en una facultad política discrecional. Esta facultad del secretario de Gobernación es reducto del presidencialismo autoritario, de la política entendida como coacción, presión, chantaje, amenaza o presumible fuerza política que proviene aún del antiguo régimen político y que esta administración persiste en utilizar cuando así conviene a sus intereses.
El diferendo por el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2005 puso en evidencia las sinrazones del Ejecutivo federal y de su secretario de Gobernación para abonar a la confrontación política entre el Poder Legislativo y el titular del Poder Ejecutivo y el titular del Poder Ejecutivo, al manifestar su rechazo al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. La falta de pericia política del Presidente de la República, de sus asesores y del secretario de Gobernación con la decisión asumida de transmitir en cadena nacional la posición presidencial y de rechazar sin conocer aún el Presupuesto aprobado y anunciar un probable veto a lo aprobado por esta soberanía condujo al Presidente a un callejón sin salida.
Lo anterior se confirma con la decisión presidencial de no asistir a la Tercera Cumbre Sudamericana, reconociendo implícitamente la incapacidad de interlocución mostrada por su secretario de Gobernación. El titular de la Secretaría de Gobernación no tenía razones ni argumentos jurídicos y, mucho menos, políticos para tomar la decisión de no transmitir en cadena nacional la solicitud formulada por la Cámara de Diputados a fin de que se transmitiera en cadena nacional el mensaje de los representantes de este órgano legislativo en respuesta a las declaraciones, sin fundamento, del Presidente de la República.
En una democracia, en un régimen democrático, el debate político, el debate de las ideas, los argumentos y las razones son consustanciales a su vigencia. Ningún régimen democrático, o al menos que se precie de serlo, anunciarlo y decirlo puede demeritar a sus oponentes con actitudes de revanchismo político y utilizar las disposiciones contenidas en las leyes para demostrarlas. De ahí que un reclamo de la sociedad política de nuestro tiempo sea avanzar en la transición democrática, en la Reforma del Estado, en construir el marco normativo que demanda el nuevo tiempo político mexicano. La división de poderes en nuestro país es hoy, a pesar de los que se niegan a reconocerlo, una realidad. El Poder Legislativo vive uno de sus momentos políticos más importantes. Ya no es más el poder sumiso que obedece las indicaciones del titular del Ejecutivo en turno. El Poder Judicial goza de independencia respecto a los otros dos poderes y sus resoluciones se ajustan a lo que establecen nuestra Carta Magna y las leyes que nos rigen.
Los tres poderes de la Federación deben gozar de los mismos beneficios y privilegios, deben tener acceso a las mismas oportunidades en materia de comunicación social de las que goza el Presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo federal. De ahí que consideremos conveniente y necesario adecuar nuestro marco jurídico, especialmente en materia de acceso a los medios de comunicación. En esta Cámara se han dado los primeros pasos, al haber establecido en el Presupuesto de Egresos la distribución de los tiempos oficiales y de los tiempos del Estado. Por ello consideramos urgente avanzar en la aprobación de reformas de nuestro marco jurídico que reconozcan el proceso de transición política y democrática que vive nuestro país.
Aquí se inserta el propósito y objeto de esta iniciativa, en la necesidad de que ya no sea la Secretaría de Gobernación, al sano y buen juicio de su titular, al criterio político del responsable de esta dependencia, cuándo deban ser transmitidos en cadena nacional los mensajes de los Poderes de la Unión. Que nunca más un secretario de Gobernación disponga de esa facultad discrecional que le dispensa una norma jurídica para atentar contra el debate político y el respeto pleno que debe prevalecer entre los poderes de la República, que nunca más un titular de la Secretaría de Gobernación decida qué información, resolución o decisiones políticas, legislativas o jurídicas pueden ser transmitidas o no en cadena nacional, independientemente del ámbito de que provengan. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, con objeto de que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación determinen cuándo transmitir en cadena nacional información, decisiones o resoluciones de trascendencia para la nación, conforme a lo siguiente:
Único. Se reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo 62. Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación.
Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación determinarán las decisiones, resoluciones o información que por su importancia y trascendencia deban ser transmitidas en cadena nacional en fecha y horario que cada uno acuerde.
Para el caso de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, de manera independiente, cada uno de los órganos de gobierno correspondientes decidirán las medidas, decisiones o resoluciones que deberán ser consideradas de trascendencia nacional.
La Secretaría de Gobernación atenderá y ejecutará dichas determinaciones.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señora Presidenta, pido a usted de la manera más atenta que se inserte el texto íntegro en e Diario de los Debates. Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputada Guillén Quiroz: de acuerdo con su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de Debates y turnar la iniciativa a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Maximino Fernández Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. del Estatuto de las Islas Marías.
El diputada Maximino Alejandro Fernández Ávila: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: a 70 kilómetros de San Blas, aproximadamente, frente a las costas de Nayarit, se encuentran dos archipiélagos: el de las islas Marías, que es el más conocido, y el de las islas Tres Marietas. El primero es el más importante y el único habitable.
Las tres Marías, María Madre, María Magdalena y María Cleofas, van acompañadas de la isla San Juanito, que es la más pequeña; su terreno es muy pobre y crece en ésta una vegetación raquítica. Sin embargo, las aguas que la rodean son tan claras, que puede verse el fondo a considerable profundidad. La isla María Madre, que es la más grande, tiene una extensión de 227 kilómetros cuadrados. Su altura máxima es de 616 metros, lo que hace de ella una especie de cerro en el mar. Su riqueza son madera fina, cal y sal.
Las islas Marías se destinaron en 1905 al establecimiento de la colonia penal federal, la cual se maneja desde 1908 en el ámbito de competencia de la Secretaría de Gobernación y cuyo Estatuto establece a partir de 1939 la facultad del Ejecutivo federal de organizar la explotación de las riquezas naturales de dichas islas. En cuanto a la actividad de la comunidad penal, el Ejecutivo federal quedó facultado para organizar el trabajo, el comercio y la explotación de las riquezas naturales de las islas, fomentando la organización de cooperativas de colonos, tal y como se establece en el artículo 4o. de su Estatuto.
Recientemente se ha hecho necesario incorporar a la normatividad de la vida comunitaria de la colonia penal federal de las Islas Marías conceptos actuales relacionados con el medio ambiente, la racional explotación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable, toda vez que las islas Marías han sido consideradas por expertos en ecología como una riqueza en flora y fauna. Se han realizado estudios que lograron que, mediante decreto del 27 de noviembre de 2003, se declarara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, por ser un archipiélago enclavado en el trópico seco mexicano, siendo éste el hábitat de un conjunto de ecosistemas frágiles que contienen gran riqueza de especies de flora y fauna silvestres de relevancia biológica, económica, científica y cultural, cuya rica biodiversidad se manifiesta en las selvas que forman su paisaje terrestre y en los arrecifes, costas y ambientes pelágicos que se encuentran en el mar que la rodea.
En dicho decreto se reconoce también el asentamiento de la colonia penal Islas Marías y se establece que las acciones necesarias para el desarrollo socioeconómico de la colonia penal federal serán mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en la reserva de la biosfera y el desarrollo de programas de asesoría a los habitantes de la colonia penal federal para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la isla María Madre, lo cual se hará en coordinación de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recientemente se han hecho declaraciones en distintos sentidos sobre el uso y desarrollo de estas islas. Por un lado, se anunció que desaparecería la comunidad penitenciaria y que se daría cabida a distintas actividades de estudio, preservación y aprovechamiento de la zona. Y, por otro, se anuncia que se reactivará el programa de la comunidad penitenciaria para internos de baja y mediana peligrosidad de diversos reclusorios del país.
Los graves rezagos que actualmente enfrenta el sistema penitenciario de nuestro país y los problemas de sobrepoblación que se viven en las cárceles de México son una realidad agravada por la corrupción y el autogobierno que promueven o solapan las mismas autoridades, de lo cual tenemos ejemplos recientes y muy graves. Las islas Marías están en una latitud similar a la de Hawai y Puerto Vallarta. En estricto sentido, deberán ser un atractivo turístico y ecológico, no un área de reclusión. En un contexto de grandes requerimientos de fuentes de riqueza y trabajo, es inconcebible que nuestro país destine un área tan rica a espacios de reclusión. Las islas Marías, por su privilegiada ubicación y su potencial ecológico y turístico, forman parte de los atractivos naturales de nuestro país. Cada país, cada pueblo y las personas que lo constituyen son unidades complejas, diversas y heterogéneas; o sea, en recursos, realizan intercambios, enfrentan problemas e idean soluciones.
El bienestar y el mal vivir están presentes en la vida de los pueblos, las comunidades y las personas. El capital cultural generado por los predecesores es enorme. La gama de privaciones y necesidades humanas desatendidas o ignoradas es dramática. Para intentar satisfacer las necesidades es preciso identificarlas y emprender acciones concretas y efectivas. De no hacerlo, el desarrollo no se da, pero a menudo si se dejan las soluciones a merced de las fuerzas del mercado y de los intereses más poderosos, suele generalizarse la precariedad, en lugar de reducirse.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llamada Cumbre de la Tierra, reunida en Río de Janeiro en 1992, los Estados participantes asumieron el desarrollo sostenible como nuevo paradigma de la humanidad. Ahí aprobaron la Agenda 21, que es el plan de acción para lograr ese desarrollo sostenido y sustentable. Lo que se definió entonces como nuestro futuro común es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las siguientes generaciones para satisfacer las suyas. Las dos denominaciones mencionadas, "sostenible" y "sustentable", evocan el concepto de continuidad del presente en el futuro. Se trata de un desarrollo que exige transformaciones institucionales orientadas al cambio social gradual y el crecimiento económico autosostenido en condiciones de armonía con el ambiente. En congruencia con lo mencionado, consideramos importante que en el cuerpo de la ley, en el artículo 4o., se plasme el término sustentable. Por lo anterior, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. del Estatuto de las Islas Marías
Único. Se reforma el artículo 4o. del Estatuto de las Islas Marías, para quedar como sigue:
Artículo 4o. Queda facultado el Ejecutivo federal para organizar el trabajo, el comercio y la explotación sustentable de las riquezas naturales de las islas, fomentando la organización de cooperativas de los colonos.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Fernández Ávila. Favor de turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Seguridad Pública.
El diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario del partido Convergencia, remitió iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de arrendamiento. Por favor, turnarla a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A continuación, tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del partido Convergencia, para presentar iniciativa que adiciona un inciso h) al artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, diputado Presidente: las obligaciones de los partidos políticos contenidas en el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene su antecedente en la Ley Electoral de 1911, que sólo contemplaba como obligaciones de los partidos políticos publicar por lo menos 16 números de un periódico de propaganda durante los dos meses anteriores a la fecha de sus elecciones primarias. Ése es en realidad el inicio de las obligaciones que por norma un partido político debe cumplir, como institución de interés público, para poder participar en un proceso electoral.
A la fecha, después de 90 años de contemplar normas y obligaciones para el funcionamiento de un partido político, nuestro Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales cuenta con 20 normas por cumplir, a diferencia del de 1990, que sólo contaba con 16 de estas obligaciones. Los estatutos, entonces, son la norma suprema de las organizaciones partidistas, que rigen sus relaciones para posibilitar el cumplimiento de sus objetivos básicos. En este ordenamiento deseamos incidir para incluir en ellas las responsabilidades en materia ecológica, que deben estar implícitas en su sentido más profundo en sus programas y en el interés primario por satisfacer de carácter nacional.
La palabra ecología tiene origen en los vocablos griegos oikos, que significa "casa", y logos, cuyo significado es "estudio", de tal manera que, etimológicamente, ecología viene a ser el "estudio de la casa" o, dicho de otra mejor manera, el "estudio del lugar donde se vive, del hábitat". La ecología, entonces, por sí misma difícilmente podría explicar su importancia o, mejor dicho, relevarla de alguna vital importancia, porque la mayor parte de los fenómenos que se dan se dan o existen cuando el hombre es la especie que interactúa con el medio; por ejemplo, los problemas planteados por la necesidad de determinar cómo se pueden administrar de manera sustentable los recursos naturales, cómo su explotación impacta en el ambiente, cómo impacta esa explotación en la economía, de qué manera son concebidos o vistos por la sociedad los recursos naturales, de qué manera, en fin, se dan las relaciones de apropiación de estos recursos y cómo se distribuyen, son utilizados en la sociedad y finalmente cómo éstos pueden contribuir al desarrollo de los países, sin destruir su ambiente y evitar la contaminación tóxica en el hábitat del hombre.
Actualmente, por medio ambiente también entendemos el "conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas". Ésta es la definición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de Estocolmo, 1972. Y para su estudio ha sido necesario formar una nueva disciplina que abandone enfoques fragmentarios o reduccionistas y tome en cuenta las perspectivas desde diversas áreas del conocimiento, entre las que se encuentran la ecología, la economía, la sociología, la antropología y la ingeniería, además de la importancia de construir un marco jurídico adecuado.
A este respecto, la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, durante la conferencia del mismo nombre convocada por la ONU en 1992... Señala el principio número 10 de la misma lo siguiente:
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es mediante la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que les corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público, poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionar –concluye este documento– o deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
La educación ambiental es entonces el vehículo necesario para formar una nueva cultura que se base en el conocimiento y la información oportuna, cuyo objetivo sea que la sociedad pueda tomar las mejores decisiones en lo relativo a los problemas ambientales. Esta educación no sólo debe darse en las instituciones académicas, sino que debe darse también de manera informal, por medio de programas que estén al alcance de todo el público, siendo desde luego el Estado el principal responsable de impulsarlos.
La República Mexicana cuenta con una extensión territorial de 2 millones de kilómetros cuadrados y 11 mil 122 kilómetros de costas continentales y, por su situación geográfica, forma, clima, orografía y geología, presenta una gran diversidad de condiciones ecológicas únicas en el mundo. Estas condiciones han dado como resultado una gran biodiversidad, donde prácticamente existen todas las formas descritas a nivel mundial, por lo que es obligación de nuestros partidos políticos vigilar permanentemente el medio ambiente. Por ello, procede hacer el siguiente diagnóstico: el estado que guarda el ambiente a nivel nacional es ya crítico y requiere la atención, además de las entidades gubernamentales en los tres órdenes de gobierno, de la misma participación ciudadana, siendo para el caso que nos ocupa que los partidos políticos establezcan rutas específicas para promover el cuidado del ambiente con programas y proyectos coactivos hacia su interior, con la misma militancia y a su vez con simpatizantes dentro de la sociedad en general.
Actualmente, las mayores preocupaciones en el mundo son referidas al suelo, al aire y al agua en términos ambientales. La alerta se agrava y cada vez impacta más al ser humano. Enunciamos las visiones mundiales de algunas de ellas. La reversión de los fenómenos meteorológicos debidos a la modificación de la temperatura de la biosfera, el cambio climático ocasionado por la acumulación de energía térmica en gases de invernadero, generando el derretimiento de glaciares, fenómenos como El Niño y La Niña, inundaciones, ciclones, tornados, desequilibrio en las temporadas climatológicas y hasta elementos vinculantes de daños a la salud humana y otros más, desde luego a la flora y la fauna a nivel global, siendo acciones simples de reducción o mitigación a dichos fenómenos los cambios en hábitos de consumo humano en toda la complejidad que en el mismo término confiere.
La actividad humana, tanto la industrial como la privada, sin considerar la integración de equipos tecnológicos para la reducción de emisiones a la atmósfera en fuentes fijas y móviles, en otro sentido, el control de los efluentes, ha permitido o ha promovido graves afectaciones en el aire y agua. Para reducir este impacto es necesario fortalecer las políticas ambientales, las leyes y los reglamentos, y fomentar el conocimiento de lo establecido a la ciudadanía en lo general, misión, objetivo, valor al que definitivamente no pueden sustraerse los partidos políticos.
Por ello, resulta ineludible que en cada órgano estatutario de cada partido exista como obligación la cartera o responsabilidad del cuidado del medio ambiente con una estructura perfectamente definida que contemple programas y proyectos específicos que den testimonio de la actividad partidaria en torno del ambiente y que ello sea de carácter público. Por lo mismo, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto, el cual adiciona un inciso h) al artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que, en este inciso h), se defina como obligación ineludible de los partidos contar en sus órganos estatutarios con una cartera responsable de las políticas ambientales y de desarrollo humano de carácter sustentable.
Este decreto entraría en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. De modo que ésta sería la iniciativa que solicito atentamente a la Presidencia de esta Cámara autorice su inserción íntegra en el Diario de los Debates, para su consiguiente conocimiento público. Muchas gracias, ciudadana Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, señor diputado González Schmal. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de insertarlo íntegro en el Diario de los Debates y turnar la iniciativa a la Comisión de Gobernación.
A continuación, tiene la palabra nuestro compañero diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados el nombre de Luis Cabrera Lobato.
El diputado Fidel René Meza Cabrera: Con permiso, ciudadano Presidente: el suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados el nombre de Luis Cabrera Lobato, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
"La Revolución es la Revolución", con esta frase premonitoria, acuñada en 1911 con motivo del movimiento armado maderista, Luis Cabrera anunciaba la sangrienta revolución que, a partir de 1913 y hasta 1920, recorrió los campos, los poblados y las ciudades de la República Mexicana, causando la muerte de 1 millón de personas y una devastación que duraría dos décadas en comenzar a recuperar.
Testigo de esta turbulenta etapa de nuestra historia fue Luis Vicente Cabrera Lobato, nacido en 1876 en la aromática Zacatlán de las Manzanas, del estado de Puebla, y también uno de sus principales protagonistas. Luis Cabrera, maestro, poeta, escritor, abogado, sociólogo, políglota, político, hacendista, tribuno, conferencista, legislador y periodista, con el seudónimo de Lucas Rivera comenzó a escribir ensayos y poemas, y después con el licenciado Blas Urrea, anagrama de Luis Cabrera Lobato, se hizo famoso al participar en enconadas polémicas y escribir audaces e irónicos y certeros artículos periodísticos, que a lo largo de su vida lo hicieron temido por la mordaz crítica, con la cual zahería a los funcionarios públicos y políticos de su época, sin distinción de partidos y tendencias doctrinarias.
Ideólogo de la Revolución, fue el mote que se le dio, porque era notorio que sus ideales permearon el pensamiento revolucionario y fue el cerebro de don Venustiano Carranza. Y cuando el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista planificó las reformas de la Constitución de 1857, Luis Cabrera Lobato fue uno de sus asesores y, aunque no formó parte de los Constituyentes, sí fue de los principales redactores del proyecto de nuestra Carta Magna. Pletórica de importantes acontecimientos está configurada la biografía de Luis Cabrera Lobato. Para narrarla serían necesarios muchos volúmenes, por lo que sólo me voy a concretar a sus facetas de legislador.
Diputado federal de la XVI Legislatura y de la XVII Legislatura, de la XVII famosa por ser la primera en que los integrantes no fueron designados por don Porfirio Díaz sino que fueron electos en los comicios del 30 de julio de 1911, Luis Cabrera Lobato fue componente del Bloque Liberal Renovador, como fueron nombrados los diputados maderistas, que en reñidos debates con el cuadrilátero, formado por cuatro distinguidos diputados reaccionarios o porfiristas, dieron vida a las controversias parlamentarias de la época, en las cuales sobresalió Cabrera como el más aguerrido de los renovadores. La nómina de los héroes de la Revolución de 1910, que ya están inscritos en los Muros de Honor de este recinto parlamentario, no estará completa hasta que figure entre ellos el nombre de Luis Cabrera Lobato. Por ello propongo que, con fundamento en el artículo 169 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta
Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en los muros del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el nombre de Luis Cabrera Lobato.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Existiendo aún descendientes directos de este distinguido mexicano, la Cámara de Diputados les extenderá invitación oficial para que estén presentes en la sesión en que se devele el nombre de su ilustre ascendiente.
Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2005.
Licenciado René Meza Cabrera. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Meza Cabrera. Favor de turnar la iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera, la diputada María Angélica Ramírez Luna, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la propia diputada Angélica Ramírez Luna y el diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María Angélica Ramírez Luna: Con su venia, señora Presidenta: los suscritos, diputados federales e integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo que les confiere el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa, que reforma y adiciona el artículo 55, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Compañeras y compañeros legisladores: las reformas constitucionales a través de nuestra historia legislativa han sido tema de diversos debates entre constitucionalistas, que dan cabida a la inserción de los temas nacionales relevantes para los que formamos parte del Estado mexicano. Bien se sabe que son varios los métodos de interpretación del derecho. Entre todos ellos, el histórico es el camino que permite retratar el contexto social que explica al sistema jurídico, y es así porque la norma es un constructor jurídico. Puestos de frente, historia y derecho son espejos que se significan mutuamente.
La presente iniciativa tiene por objeto regular a quienes ostentan una gran responsabilidad educativa de nuestra sociedad. Si bien es cierto que aún nos falta por alcanzar la excelencia educativa, es necesario adecuar el marco normativo actual para evitar que la función de los rectores de las universidades públicas o los que se desempeñan en el órgano de dirección o patronato, a efecto que no se desvirtúen o confundan los fines académicos con los fines políticos al momento que estos individuos opten por buscar un puesto de elección popular. Una razón más por la cual proponemos que la presente iniciativa sea considerada reforma constitucional está en función de permanecer acorde con la reforma propuesta por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo la respuesta al compromiso con la sociedad que nos exige dar como legisladores las mejores propuestas que son consideradas las que dan resultados a las necesidades actuales y que piden que las leyes sean lo más cercanas al cambio constante de nuestro país, las cuales nos obligan a que nuestras propuestas no se contrapongan a otros ordenamientos legales ya existentes o a otros medios de defensa jurídica habilitados por las leyes vigentes, siendo principalmente el recurso de amparo, el cual emana de un desacuerdo en el que los particulares interponen por vacíos legales y que en muchas ocasiones es utilizado por los ciudadanos que sobreponen intereses personales y se sienten flagelados por cambios en las leyes, por no ser éstas claras, por considerarlas injustas o poco adecuadas.
Como sabemos, la educación superior es un medio esencial para adquirir, transmitir y acrecentar conocimientos especializados, que posteriormente serán aplicados en beneficio de la comunidad. El proceso educativo está fuertemente ligado al desarrollo de la sociedad, en la medida en que los individuos pertenecientes a una comunidad política se encuentran mejor informados y más educados. No obstante, cuando la política se mezcla con la academia, se pierde la esencia de ambas materias. En este sentido, la política partidista debe siempre conservar su distancia con la universalidad de las ideas que se procuran en las instituciones de educación superior del Estado.
Asimismo, cuando la política partidista y la academia se mezclan o se confunden con un proyecto político, tendente a que las autoridades universitarias eventualmente accedan a un cargo de elección popular, el fin último que suscribe la institución universitaria se desvirtúa. En estos casos ya no es la excelencia académica la esencia del trabajo universitario, sino la obtención de un puesto público de quienes ostentan la autoridad en la universidad, convirtiendo la institución en plataforma política para sus aspiraciones político-partidistas personales.
En la práctica, la responsabilidad... Quienes son los encargados de conducir y dirigir el destino de las universidades tienen la obligación de cumplir de manera eficaz, exacta y correcta el manejo transparente de los recursos financieros y del patrimonio universitario. Asimismo, los directores de instituciones educativas, como en el caso de los institutos politécnicos nacionales, son también los representantes legales de las instituciones que tienen bajo su encargo. Ser representante legal significa, dependiendo de las leyes orgánicas, en estricto sentido una de las funciones homólogas a la función de los rectores.
El propósito de la presente iniciativa es la inserción legal para que exista la separación del encargo por parte de los rectores y de los directores de instituciones públicas por lo menos seis meses antes del proceso electoral. Esto, debido a que la figura de los mismos en la comunidad universitaria y en la sociedad es más trascendente en su primer plano para el desarrollo de las universidades públicas y, posteriormente, para la misma sociedad. Debemos considerar que muchas universidades estatales tienen más presupuesto que algunos de nuestros municipios, como es el caso de la ciudad de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla.
Existen figuras como las de los alcaldes y los delegados de las demarcaciones políticas del Distrito Federal enmarcadas en el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece la separación del cargo tres meses antes al de la fecha de elección. De igual manera, en el propio ordenamiento federal se establece que los magistrados deberán separase del cargo con un año de anterioridad. Por ello, la propuesta que hoy presentamos es la separación seis meses antes del proceso electoral, tomando en cuenta la naturaleza, relevancia y trascendencia que implica ser rector de alguna universidad pública estatal.
Por lo anteriormente expuesto y bajo las potestades que nos confiere nuestra Carta Magna y nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, nos permitimos someter a esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma y adiciona el inciso 4 del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señora Presidenta, le solicito que el texto íntegro sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputada Angélica Ramírez. Favor de insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates y, toda vez que ya ha sido publicado en la Gaceta, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió de parte del señor diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
También recibió, de parte del señor diputado don Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario del partido de Convergencia, iniciativa que adiciona la fracción III del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de facultades de los procuradores del Trabajo. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el señor diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Tomás Cruz Martínez: Muchas gracias, diputado Presidente; compañeros diputados: con ésta es la tercera iniciativa en una orientación que plantea una reforma al Congreso de la Unión, de manera especial a la Cámara de Diputados. La primera, que presentamos hace algunos meses, en donde hablábamos de la representación equitativa de las mujeres en las listas de representación proporcional y de los distritos que fueran designados por los partidos.
Vemos con agrado que en los partidos políticos, en todos, se avanza en este sentido en la equidad de los géneros y ahora toca el turno de presentar una propuesta de iniciativa concerniente al planteamiento de elegir 200 diputados por la vía de la representación proporcional y 200 diputados por la vía de la mayoría. Esto, en sentido contrario de los planteamientos que hemos escuchado últimamente de algunos sectores –diría yo–, incluso casi de todos los partidos políticos, en el sentido de desaparecer la representación proporcional. Me parece que, de avanzarse en el sentido de la desaparición de la representación proporcional, entraríamos en un riesgo de un sistema autoritario, como se verá en los planteamientos de la iniciativa que hemos elaborado. Planteamos que existen en el sistema electoral básicamente dos características fundamentales: la primera, concerniente al derecho electoral, o sistema electoral, como se le llama en un sistema político, que se refiere al conjunto de normas, de instituciones que se desarrollan para la elección de los representantes populares en un sistema especifico; la otra, que se refiere al método que se utiliza para convertir estos votos, los votos que se obtienen en el sistema electoral, en escaños o en espacios de representación popular. A este segundo tema es al que nos referiremos en esta iniciativa de ley.
La presente está dirigida a la modificación de este método de elección, por el cual se asignan los escaños a los partidos políticos. Y, de manera concreta, se plantea la reducción de diputados en el Congreso General por las siguientes razones: la conversión de los votos en escaños y el método que se utiliza radican en el efecto producido y en el que se reflejan básicamente tres tipos de sistema de representación: mayoritaria, proporcional y mixta. Sabemos perfectamente que en nuestro sistema político mexicano en las últimas décadas se ha fortalecido el sistema mixto.
En el caso de México, la proporcionalidad ha contribuido a la democratización de un sistema político electoral homogéneo y autoritario y se fortaleció un sistema de representación mixta que integra "a las minorías", aunque actualmente la representación mayoritaria –valga la redundancia– sea mayor. Sin embargo, la apertura del sistema proporcional, aunada a la consolidación de órganos electorales reglamentados y autónomos, primordialmente durante las reformas del 77 y el 96, ha generado paulatinamente una composición plural y la integración de diversos actores sociales y políticos, lo que da certidumbre a los procesos electorales consagrados en la Constitución.
Reflejo de lo anterior es la actual composición de esta Cámara y, consecuentemente, el efecto de un Congreso dividido. De esta manera, la propuesta planteada de un 50 por ciento para cada una de las formas de representación en la Cámara –es decir, 200 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional– establece la reducción de 100 diputados, con lo que aumentaría y se fortalecería la posibilidad de gobernabilidad del Poder Legislativo federal, pues la capacidad de establecer acuerdos y consensos con un Parlamento menor agregaría un elemento de posibilidades mayor para los consensos.
A esto, quiero agregar –me permito un paréntesis– que se requiere por supuesto una reforma a la ley que regula nuestra Cámara. En ese sentido, creo que es obligatorio hacer el compromiso de la asistencia de diputados a comisiones, de su disminución en comisiones, disminuir el número de comisiones por diputado, entre otros. En un país diverso y complejo como el nuestro, con un padrón de más de 64 millones de electores y una población de más de 100 millones, la asignación del poder debe obedecer a la igualdad de las vías de representación de mayoría y proporcional, pues esta reducción y composición de la representación del Congreso también equilibra los efectos represores sobre los votantes, los incentivos perversos para generar clientelas políticas que imponen los partidos en su lucha por la obtención de votos, principalmente en las zonas marginadas y en sistemas como el nuestro, de mayorías sobredimensionadas, como ocurre actualmente en la Cámara.
Independientemente del seguimiento de la reforma electoral en el derecho electoral, esta reducción de diputados inhibiría esas prácticas que hemos combatido durante muchos años. Con la disminución, lo que pretendemos –por otro lado– es lograr una representación proporcional pura en el Congreso, en la Cámara; de manera especial, lograr que el número, el porcentaje de votos obtenidos por un partido se refleje fielmente en el número de diputados que tenga en el Congreso. La única manera matemática de lograrlo es ésta: la de poder tener 50 por ciento de diputados por la vía directa mayoritaria y el otro 50 por las listas de representación proporcional. De otra manera, matemáticamente no es posible que la representación proporcional pura se refleje y con ello que la representación auténtica de los ciudadanos esté representada fielmente, como debe corresponder a un Parlamento.
Existe un caso, un ejemplo, que es el de Alemania, que actualmente tiene una representación similar a la que estamos planteando en esta iniciativa: 50 por ciento de diputados de mayoría y el otro tanto de representación proporcional. Este diseño fue elaborado después del sistema autoritario que se vivió en Alemania de los años cuarenta y está construido sobre la base de evitar sistemas de representación proporcional de gobiernos autoritarios, de mayorías sobredimensionadas o sobrerrepresentadas, como actualmente ocurre en la Cámara. Hay partidos en la Cámara que, sin obtener el porcentaje de diputados que tiene, sino uno menor, tiene el número de diputados mayor que el porcentaje que obtuvo de votos.
De la misma forma, en Israel está integrado únicamente bajo el criterio de la representación proporcional. Con ello se obtiene a través de listas la representación proporcional pura también de los diputados. No es el caso de la propuesta, sino el de poder examinar con cuidado el ejemplo del Estado democrático de Alemania y poder observar aquí la necesidad de tener una representación auténtica, pura, de acuerdo con el porcentaje de votos que tengan los partidos en las urnas.
De tal manera, la disminución de 100 distritos en el país debería, en todo caso, arrojar también –por otro lado– una disminución de los recursos utilizados en la Cámara, que de alguna manera hacemos un cálculo a los números del año 2004, que son de alrededor de 600 millones de pesos anuales en el gasto corriente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el argumento fundamental es tener una representación proporcional de acuerdo con el porcentaje de votos que haya tenido cada partido político. No es necesario ya el candado famoso, candado de gobernabilidad. Lo hemos visto en esta Cámara: es inútil que un partido político tenga, de acuerdo con su porcentaje de votos, un número mayor de diputados, porque esto no ha permitido en la Cámara la gobernabilidad. No tiene ningún sentido seguir manteniendo esta sobrerrepresentación proporcional.
Por otro lado, finalizo exhortando a nuestras Comisiones de Puntos Constitucionales, de Federalismo, para la Reforma del Estado a que iniciativas como éstas y otras tantas, muchas, que en esta Legislatura se han planteado, puedan ventilarse al seno de las comisiones y hacer un esfuerzo extraordinario de consensos para lograr una reforma política adecuada, moderna a los tiempos que estamos viviendo en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado don Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández: El suscrito, diputado de esta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, que reforma los artículos 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
Antecedentes
Nuestro país enfrenta importantes dificultades de naturaleza social y económica, que constituyen presiones de la mayor importancia para reforzar la capacidad de atención y respuesta de las instituciones públicas en sus diferentes niveles. Los rezagos que el país debe resolver en el mediano y largo plazos para construir una sociedad con perspectiva de un desarrollo sostenido y mejor equilibrado tienen frente a sí la complejidad de atender el lento ritmo de crecimiento económico, que en los últimos años se ha situado en los rangos de 4 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que es menor que la necesidad de alcanzar porcentajes de cuando menos 7 por ciento anual para atender la demanda de empleo. Adicionalmente, el desempleo acumulado hasta ahora alcanza cerca del 3.78 por ciento de la población económicamente activa. Los niveles estimados de la economía informal, aunque no son coincidentes, alcanzan cifras de entre 10 y 20 millones de personas.
Otro aspecto importante es el hecho de que cerca de 60 por ciento de la población se encuentra en condiciones de pobreza y, por tanto, la necesidad de expansión de la oferta de empleo, educación, salud y vivienda, así como la de infraestructura productiva, es muy intensa y se encuentran con finanzas públicas no sólo insuficientes sino que arrojan altos costos de administración. Por citar un ejemplo: en algunos países, el costo de la recaudación de los ingresos públicos va de 2 y hasta 8 por ciento, como proporción de los ingresos tributarios totales, resultado que México tiene un costo por arriba de estas cifras, ya que se estima que por cada peso recaudado se incurre en un costo administrativo de aproximadamente 30 centavos, lo que significa que la recaudación tributaria de nuestro país es costosa e ineficiente.
A lo anterior debemos agregar otros problemas estructurales, como es el de la baja tributación de la base gravable, la evasión y la complejidad que reviste el sistema tributario para los contribuyentes, lo que desalienta el pago voluntario y permanente de los impuestos. Los sistemas tributarios del mundo están evolucionando hacia esquema que favorecen la voluntad del contribuyente, superando las políticas de fiscalización persecutoria mal planteadas y cargadas de trabas y requisitos burocráticos que deterioran finalmente las finanzas públicas. Asimismo, debemos considerar la importancia que tienen los impuestos federales para el financiamiento del desarrollo, donde el Impuesto sobre la Renta representa más de 40 por ciento de los ingresos tributarios totales, pero que se ve afectado por los altos niveles de elusión y de evasión fiscales, que no han sido aliviados con los esquemas conocidos, dando origen a que este importante impuesto represente aproximadamente 6 por ciento del Producto Interno Bruto.
La elusión llega a ser hasta de 3 puntos del PIB, por una cantidad cercana a 95 mil millones de pesos anuales, y los estudios realizados para explicar este problema señalan frecuentemente la elevada cantidad de trámites, la complejidad de los procedimientos fiscales y el tiempo empleado como factores que desalientan a los contribuyentes. En el caso del IVA, cuando se implantó en el país se estimó su gran potencialidad recaudatoria y su facilidad administrativa pero, con el curso del tiempo, la gran cantidad de tratamientos preferenciales otorgados, además de los problemas administrativos señalados, lo ha vuelto un impuesto con alto índice de ineficiencia en recaudación, la que llega a ser de 20 por ciento en promedio de los ingresos federales, contra el promedio internacional, que es de 39 por ciento.
La evasión del IVA e Impuesto sobre la Renta llega a ser de casi 5 por ciento del Producto Interno Bruto, equivalente a casi toda la renta petrolera del país. Lo evadido en IVA e ISR podría financiar fácilmente la totalidad de nuestro gasto social y aún sobraría casi 3 por ciento del Producto Interno Bruto para invertir en infraestructura. La realidad es que estos dos impuestos cubren sólo 8 por ciento del gasto social y no hay remanentes para invertir en infraestructura.
Aunque en la ley están claras las características y los principios que debe tener un sistema tributario, la estructura tributaria mexicana se ha alejado de principios clave, como la equidad, la neutralidad, la justicia, la eficiencia y los mínimos costos administrativos y la facilidad para ejecutar la política fiscal. Sólo 16 por ciento de la Población Económicamente Activa contribuye a la hacienda pública y poco más de 27 por ciento de las personas morales lo hacen regularmente. El padrón de personas físicas asciende a 5.5 millones, frente a una Población Económicamente Activa de alrededor de 40 millones de personas.
Por tanto, la recaudación alcanza menos de 15 por ciento del Producto Interno Bruto, frente a Bélgica, con 45 por ciento; Francia, con 43 por ciento; Alemania, con 37 por ciento; Canadá, con 36 por ciento; Estados Unidos, con 27 por ciento; y en América Latina, en condiciones similares de desarrollo, Brasil, con 29 por ciento; Argentina, con 21 por ciento; y Chile, con 20 por ciento. Hay problemas burocráticos, pero adicionamos también en general los bienes y servicios públicos: carecen de calidad, se asocian a alta corrupción y a la falta de transparencia en su manejo, lo que incide en la baja recaudación.
Por otro lado, la administración pública mexicana es altamente vertical y frecuentemente se confunden los linderos de la política y de la administración, contaminándose mutuamente. La importancia de profesionalizar la gestión de los sistemas tributarios ha llevado a crear modelos con mayor independencia de los poderes y en otros países, como podemos citar los casos de la creación de agencias autónomas en España, en Japón, en Argentina o en Brasil, entre muchos otros, cuyas entidades se caracterizan por impulsar la descentralización para cambiar la gestión de los impuestos poniendo en el centro de su trabajo la agilidad, la eficiencia y la facilidad. Una administración ágil, que se contrapone con las torpes burocracias tradicionales, puede aportar beneficios internos de ahorro, cercanía con el ciudadano y mejora en la calidad del servicio, además de externos en cuanto a dar más credibilidad a las instituciones que administran el dinero que la población aporta en impuestos.
La Escuela de Economía de Londres hizo un estudio que revela que las agencias fiscalizadoras ágiles aumentaron su productividad en más de 53 por ciento. La satisfacción de los empleados creció en cerca de 40 por ciento y en 30 por ciento la satisfacción de los usuarios, con el consecuente ingreso en la recaudación y menores costos en la administración del servicio. La descentralización de las agencias tributarias puede favorecer procesos precisos de administración enfocados a la eficiencia, calidad y eficacia y ahorro.
Por lo anterior, la presente iniciativa de reforma de la Ley de Servicio de Administración Tributaria tiene el objetivo de proponer la descentralización del Servicio de Administración Tributaria, fortalecer sus facultades y crear un sistema de gobierno autónomo que lleve al proceso señalado de mejoramiento en su servicio, contribuyendo más y mejor con los recursos que requiere nuestro desarrollo. Por lo expuesto, someto a su consideración el presente
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se reforman los artículos 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Servicio de Administración Tributaria, en los siguientes términos:
Artículo 1. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo federal, con carácter de autoridad fiscal y con las atribuciones y facultades que señala la ley.
Artículo 3. El Servicio de Administración Tributaria gozará de la autonomía jurídica, de gestión, operativa y presupuestal, y técnica para la consecución de su objetivo, en los términos de la legislación de las entidades paraestatales.
En virtud de que ésta se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Presidencia respetuosamente que se turne a la comisión correspondiente y con esto logremos los objetivos de fortalecer su autonomía técnica, presupuestal, jurídica y operativa; mejorar la capacidad institucional de administrar a menor costo y con mayor eficacia el sistema tributario; remontar con un nuevo esquema administrativo la diferenciación costo-beneficio entre los regímenes tributarios de países con mayor o igual desarrollo que el de México, cuya referencia más corta es hasta cuatro veces el costo del peso recaudado; generar en el largo plazo mayores recursos para financiar la política social e inversión en infraestructura; profesionalizar la gestión tributaria con la descentralización; y propiciar procesos de readministración enfocados a mayor eficiencia, calidad, eficacia y ahorro. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Por petición de la comisión correspondiente, o de la Presidenta de la comisión correspondiente, la iniciativa que presentó el señor diputado don Jesús González Schmal, y que tiene que ver con los contenidos ambientales en relación con el Cofipe, se turnó a la Comisión de Gobernación. Esta Presidencia amplía el turno para que opine la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar. Don Jorge Leonel Sandoval Figueroa no está en el salón y, como prácticamente estamos ya al final del capítulo, esta Presidencia la turna a la Comisión de la Defensa Nacional.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes: de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, y con proyecto de Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; y de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, publicados en la Gaceta Parlamentaria. Están de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen: las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación); las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa (votación).
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura al dictamen. Y tiene el uso de la palabra, en términos del 108, el señor diputado don Sami David David.
El diputado Sami David David: Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: con las facultades que la ley me confiere, en nombre de la Comisión de Defensa Nacional hago uso de la tribuna para exponer el presente dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Este dictamen se origina de una minuta del Senado de la República, en la que se proponía abrogar la citada ley. Sin embargo, en reunión plenaria de la Comisión de Defensa Nacional se consideró la conveniencia de reformarla y adicionarla a fin de actualizar su contenido y, por ende, evitar su abrogación.
Dicha minuta y los diversos tratados internacionales que ha suscrito nuestro país en materia de neutralidad contemplan un escenario de declaración de guerra convencional, donde México mantiene su tradición de no intervención. Sin embargo, la minuta no contempla los constantes escenarios de guerras no declaradas que en la actualidad el mundo enfrenta, donde la comunidad internacional se ha visto involucrada. Por lo expuesto, la Comisión ha resuelto reformar los artículos 1, 2, 3 y 4, y adicionar los artículos 5 y 6 para que la Ley de Neutralidad del País siga vigente, adecuando la terminología utilizada en 1939 a los avances tecnológicos actuales. Es decir, se considera que deben retomarse el espíritu y contenido de la propuesta original expresada en la iniciativa presentada por la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el Senado de la República el pasado 14 de mayo de 2003.
Es importante señalar, como antecedente, que la Ley para Conservar la Neutralidad del País fue aprobada en 1939, siendo Presidente el General Lázaro Cárdenas, considerando el estado de guerra que prevalecía entre algunas naciones europeas, lo que obligaba a México a dictar medidas legislativas que tendieran a mantener la observancia y conservación de neutralidad. Cabe subrayar que el derecho a la neutralidad explica la relación jurídica internacional que existe entre los Estados participantes de un conflicto bélico, considerados beligerantes, y los Estados que no participan, considerados neutrales. Es decir, las normas jurídicas internacionales ubican la guerra y la limitan en su conducción terrestre, aérea y marítima, aminorando el impacto en los ámbitos sociopolítico-económicos de los países neutrales.
El derecho a la neutralidad contempla la necesidad de que la transición entre la paz y la guerra o viceversa se caracterice por la claridad y ausencia de ambigüedades, ya que por costumbre los Estados declaraban la guerra en forma expresa antes de iniciar hostilidades. Sin embargo, en las últimas décadas, la ampliación del espectro de la guerra no convencional ha ocasionado que sea imposible precisar el momento en que las hostilidades se transformen en guerra convencional.
El derecho internacional consuetudinario prescribe que todos los Estados disponen de la alternativa de abstenerse de participar en un conflicto armado, declarando su neutralidad o asumiendo un estatus neutral, el cual permanece vigente hasta que el Estado neutral abandona su posición de neutralidad y se involucra en un conflicto armado. Recíprocamente, el derecho de los conflictos armados impone obligaciones y otorga derechos tanto a los Estados neutrales como a los beligerantes.
El principal derecho que asiste a los Estados neutrales es la inviolabilidad, y las principales obligaciones que se le imponen son la abstención e imparcialidad. A la inversa, el principal deber de los Estados beligerantes consiste en respetar los derechos de los neutrales, asistiéndoles el derecho a insistir en que éstos cumplan sus obligaciones. La neutralidad, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, impone a sus miembros la obligación de solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos y de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones internacionales.
Los Estados miembros se obligan a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de un Estado, y encuentran su límite en el derecho a la legítima defensa individual o colectiva que se podrá ejercer hasta el momento en que el Consejo de Seguridad adopte las medidas necesarias para restaurar la paz y la seguridad internacional.
La Ley para Conservar la Neutralidad del País es compatible con el XIII Convenio de La Haya, el cual exige que se otorgue un periodo de gracia de 24 horas para que los buques de guerra beligerantes situados en puertos o radas neutrales al estallar un conflicto armado puedan zarpar de ellos. A partir de ese momento, los buques de guerra beligerantes podrán permanecer sólo en los puertos y las radas neutrales que el Estado neutral decida abrirles. Esta restricción no rige para los buques de guerra beligerantes afectados en operaciones exclusivas con fines humanitarios, religiosos o científicos no militares.
Cabe señalar que los buques de guerra beligerantes no pueden hacer uso de puertos o radas neutrales para reponer o incrementar sus provisiones de materiales bélicos o sus armamentos o para instalar o emplear equipos para lograr comunicación con las fuerzas beligerantes. En puertos y radas neutrales, los buques de guerra beligerantes podrán realizar las reparaciones que sean necesarias para ponerlos en condiciones de navegabilidad.
Hay que señalar que el territorio neutral abarca el espacio aéreo que se extiende sobre el territorio, aguas interiores y mar territorial de un Estado neutral, prohibiéndose a las aeronaves militares beligerantes ingresar en el espacio aéreo neutral los Estados neutrales tienen el deber de impedir la violación del espacio aéreo neutral por parte de aeronaves militares beligerantes, obligando a las naves trasgresoras a aterrizar e internarlas junto con sus tripulantes.
El contenido de las reformas y adiciones que motivan el presente dictamen es el siguiente: en relación con el artículo 1o., se actualiza su contenido, agregando la figura de los portaaviones y contemplando el término de conflicto armado, que puede ser considerado "guerra convencional" o "no convencional"; respecto al artículo 2o., se agrega la figura de equipamiento de guerra, con lo cual pueden ser adecuados los barcos; en relación con los artículos 3o. y 4o., se reforman a fin de contemplar que ni los aviones y ningún vehículo aéreo de barcos o portaaviones se separen de los mismos, salvo que tengan la finalidad exclusiva de cargar combustible en puertos fondeadores o aguas territoriales mexicanas; por lo que respecta al artículo 5o., se adiciona para contemplar que México, en caso de ataque al territorio nacional, responderá a las provocaciones que se presenten con los recursos con que cuenten las Fuerzas Armadas; finalmente, el artículo 6o. se adiciona para establecer la coordinación que deberá existir entre las diversas dependencias del Gobierno Federal respecto al cumplimiento de dicha ley y de los ordenamientos que de ella deriven.
En tal virtud, solicitamos a esta soberanía, con la participación de las diversas fuerzas parlamentarias que concurrieron a esta sesión de la Comisión de Defensa Nacional, su voto favorable al dictamen que hoy se presenta, para estar en aptitud de enviar esta minuta al Senado de la República, para los efectos en lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de generar un nuevo proceso de discusión y de reflexión en la Colegisladora. En consecuencia, por lo expuesto y fundado, la Comisión de Defensa Nacional somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la llamada Ley de Neutralidad del País. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado don Sami David David. Esta Presidencia no tiene registrados oradores. Luego entonces, considera el asunto suficientemente discutido y pregunta, para efectos del artículo 134 del Reglamento, si algún diputado o diputada se va a reservar algún artículo.
No reservándose ningún artículo, se ruega a la Secretaría instruya la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por 10 minutos, para recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo evento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. (Votación)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a vecinos del municipio de Jocotitlán, estado de México, invitados por el señor diputado don Raúl Leonel Paredes Vega, del Partido Acción Nacional.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
De viva voz, la diputada Susana Manzanares Córdova. Den sonido a la curul 158.
La diputada Susana Manzanares Córdova: A favor.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente: se emitieron 390 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, por 390 votos, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos de los ciudadanos Lygie Marie Claire de Schuyter Foucher para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Francesa en Xalapa, Veracruz, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos; y María Teresa Cabrero Díaz, Alejandro Guillermo Aurrecoechea Villela, Rocío Pérez Fuentes, Sergio Joel Salazar Gómez, José Manuel Villafuerte Arias y Nancy Lorena Flores Castellanos para los efectos de que puedan prestar servicios en las Embajadas de Canadá y de Estados Unidos de América en México y en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura a los dictámenes: los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; ¿los que estén en contra? (Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se les dispensa la lectura. En consecuencia, se ruega a la Secretaría someter a discusión los proyectos de decreto.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Lygie Marie Claire de Schuyter Foucher para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Francesa en Xalapa, Veracruz, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Teresa Cabrero Díaz, Alejandro Guillermo Aurrecoechea Villela, Rocío Pérez Fuentes, Sergio Joel Salazar Gómez, José Manuel Villafuerte Arias y Nancy Lorena Flores Castellanos para que puedan prestar servicios en las Embajadas de Canadá y de Estados Unidos de América en México y en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo y votarlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se ruega a la Secretaría instruya la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior y ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto. (Votación nominal) Ciérrese el sistema electrónico de votación.
De viva voz, la diputada Susana Manzanares Córdoba.
La diputada Susana Manzanares Córdova: A favor.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias.
Diputado Presidente: se emitieron 375 votos a favor y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados, por 375 votos; pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo: los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza. Continúe, la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural.
Primero. No es de aprobarse la iniciativa de decreto, propuesta por la diputada Petra Santos Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para reformar el artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Firma el presente dictamen la Comisión.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En virtud de que no existen oradores registrados, esta Presidencia considera el asunto suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por los que no se aprueba la iniciativa por la que se propone reubicar el contenido de la fracción XXIX-M del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como fracción XXIX-L.
La Comisión de Puntos Constitucionales resuelve:
Primero. Por las consideraciones y fundamentos expuestos en el presente dictamen y por haber quedado sin materia, se deja sin efecto la iniciativa presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por la que propone reubicar el contenido de la fracción XXIX-M del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como fracción XXIX L.
Segundo. Previas las anotaciones y trámites correspondientes, archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados oradores. Luego entonces, considera el tema suficientemente discutido y lo reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Seguridad Social.
Acuerdo
Único. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentado por el diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel en sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 4 de junio de 2003. Archívese el expediente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados oradores. El asunto está suficientemente discutido y lo reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se dará lectura al punto de acuerdo del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Resolución
Único. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Archívese el expediente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de abril del año 2004. Firman las Comisiones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados oradores; por tanto, considera el asunto totalmente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Acuerdo
Único. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 32 y adiciona un artículo 16 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Archívese el expediente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados oradores; por tanto, considera el asunto suficientemente discutido y lo reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Acuerdo
Único. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo 2 del artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por el diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 1 de abril de 2004. Palacio Legislativo de San Lázaro.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados oradores. El asunto, por tanto, está suficientemente discutido y lo reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña. De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Acuerdo
Único. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 250 del Código Penal Federal, presentada por el diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 27 de abril de 2004.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia, no teniendo oradores registrados, lo considera suficientemente discutido y lo reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por el que no se aprueba la iniciativa que reforma el segundo párrafo de la fracción V del artículo 1161 y el primer párrafo del artículo 1934 del Código Civil Federal.
Acuerdo
Único. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción V del artículo 1161 y el primer párrafo del artículo 1934 del Código Civil Federal, presentada por el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 18 de marzo de 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de agosto de 2004. Firma la Comisión.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, esta Presidencia considera el asunto suficientemente discutido y lo reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Acuerdo
Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 37 a la Ley General de Educación presentada por el Congreso del estado de Jalisco el 9 de diciembre de 2003.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, esta Presidencia considera el asunto suficientemente discutido y lo reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Transportes.
Acuerdo
Único. Para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional, se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, remitida por la H. Cámara de Senadores y turnada a esta Comisión el 13 de noviembre de 2003.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, esta Presidencia considera el asunto suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo presentados: las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación); las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación).
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados, los puntos de acuerdo; archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Y por lo que se refiere a los puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta que reforma la fracción IX del artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, devuélvase al Senado para los efectos del artículo 72 del inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Presidencia recibió de parte del señor diputado don Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que declare zona de desastre el área afectada por los hundimientos del terreno en la colonia Monumental, en el municipio de Guadalajara, estado de Jalisco. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial para conocer el estado que guardan los monumentos arqueológicos de la República Mexicana, analizar las políticas y programas públicos existentes e impulsar medidas necesarias para su rescate, conservación y difusión adecuados.
La diputada María Elena Orantes López: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: desde la Conquista hasta nuestros días, se sigue destruyendo la presencia del pasado. Actualmente, existen dos clases de situaciones: la que tiene lugar en los sitios u obras que carecen de protección; y otra, la que se lleva a cabo cuando hay una protección mal orientada. Cualquiera de las dos surge de la ignorancia, siendo mucho peor la del segundo caso.
Bajo una perspectiva crítica y propositiva y dentro del marco legal e institucional en vigor, debemos analizar las prioridades de la defensa del patrimonio arqueológico, la degradación y dignificación de las zonas arqueológicas, en relación con el turismo y los desafíos de la conservación en este patrimonio en un contexto de modernización. Esto, con el fin de que los mexicanos nos reconciliemos con la producción intelectual. Como paso necesario para erradicar escisiones parciales y modelos excluyentes en la sociedad nacional, es imperioso hacer un análisis de las ideas y de las discusiones que han dejado huella en las formas de pensar y de sentir de los mexicanos en la época precolonial.
A pesar de ello, la falta de control y vigilancia, la ignorancia y el desinterés han hecho que el enriquecimiento de museos y colecciones privadas no puedan estar en México satisfactoriamente protegidas. Por lo antes señalado, considero urgente desarrollar una adecuada organización y una coordinación eficiente de las investigaciones arqueológicas, que responda a una política planificada, con claros objetivos y no sólo con las miras al turismo. Los proyectos de investigación arqueológica deben integrar la reconstrucción de las estructuras y su mejor conservación.
Los mexicanos debemos tener respeto por ese pasado, una conciencia sólida, clara de lo que somos y hemos sido a través de los años. El patrimonio cultural precolonial y la soberanía son nociones que se entrelazan en la historia nacional, nociones que se retroalimentan y son elevadas a valores ideológicos, políticos, por los cuales se han constituido en los pilares sustantivos y continentes del nacionalismo mexicano, de ahí que el menor esbozo de agravio y afectación contra el patrimonio nacional se traduzca en un atentado contra una de las fibras más sensibles de la sociedad: la identidad. En razón de lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se crea una comisión especial con objeto de conocer el estado que guardan los monumentos arqueológicos de la República Mexicana, analizar las políticas y programas públicos existentes e impulsar las medidas necesarias para su rescate, conservación y difusión adecuados.
Dado en el Palacio Legislativo, a 1 de marzo del 2005.
Es cuando, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a establecer en este año el Parlamento de la Juventud, como espacio de diálogo y participación del sector público, social y privado sobre los avances y desafíos de los jóvenes en materia legislativa y de políticas públicas en los 20 años transcurridos desde la declaración del Año Internacional de la Juventud.
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias; con su permiso diputado Presidente: el suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo establecido en los artículos 93, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
En la declaración del Año Internacional de la Juventud por parte de la ONU, en 1985, se estableció el tema de lo juvenil en la agenda de los gobiernos y se logró avanzar en este establecimiento de compromisos en cada una de las naciones, para diseñar e instrumentar estrategias de desarrollo para los jóvenes basadas en principios de participación, desarrollo y paz. Posteriormente, en 1995, la ONU decide revisar las condiciones de vida de los jóvenes en todo el mundo para detectar los elementos que eviten el desarrollo integral y el acceso a mejores oportunidades y se estableció el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes en 2000 y años subsiguientes.
Por su parte, en julio de 1994, en Cartagena de Indias, Colombia, en la cuarta Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se aprobó el Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina para el periodo 1995-2000 que, en tanto propuesta estratégica integral, contempló varios componentes sectoriales relevantes, como educación, empleo y capacitación para el empleo, salud, medio ambiente, participación e institucionalidad pública, legislación, promoción de derechos, cooperación e integración regional, que en su conjunto establecieron un sólido marco de referencia a partir del cual se diseñaron iniciativas específicas de intervención a escalas nacional y regional.
En la última Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, realizada en México en 2004, se aprobó la elaboración de un Plan Iberoamericano de Juventud con Horizonte 2012, con los temas de inclusión, democracia y convivencia. Como hemos podido observar, México ha participado de manera protagónica en las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas, al ser el único país de Iberoamérica que ha respondido a los requerimientos para la elaboración del reporte de ejecución del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes al año 2000 y años subsiguientes. Y en los últimos años las políticas de juventud han sufrido una transformación radical en el contexto de los cambios producidos dentro de estas esferas económicas. En virtud, diputado Presidente, de que el texto no puede ser leído en estos tres minutos, le pido se incluya en el Diario de los Debates y concluyo.
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar a la honorable Cámara de Diputados para establecer en este año el Parlamento de la Juventud, como espacio de diálogo y participación del sector público, social y privado sobre los avances y desafíos de los jóvenes en materia legislativa y de políticas públicas en los 20 años transcurridos desde la Declaración del Año Internacional de la Juventud.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Erandi. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición: los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, se considera el asunto suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición: los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.
Tiene la palabra el señor diputado Enrique Guerrero Santana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa para que, en coordinación con gobiernos estatales y organizaciones ganaderas, instrumenten una campaña de erradicación de la tuberculosis bovina y brucelosis.
El diputado Enrique Guerrero Santana: Con su permiso, señor Presidente: por razones de tiempo, solicito que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Compañeras diputadas y diputados: el suscrito, diputado federal Enrique Guerrero Santana, pone a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que, en coordinación con los gobiernos estatales y asociaciones ganaderas, instrumente de manera permanente una campaña de erradicación de la tuberculosis bovina y brucelosis, acorde con la siguiente
Exposición de Motivos
En 1993 se creó la Comisión Nacional para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis para canalizar mayores recursos a los productores y gobiernos estatales y federal para que enfrentaran el problema sanitario. A nueve años de haber entrado en vigor las normas oficiales contra la tuberculosis bovina y brucelosis, sólo Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Yucatán se encuentran en la fase de erradicación de la tuberculosis, mientras que el resto de las entidades está en la fase de control.
Se estima que los animales infectados generan pérdidas de aproximadamente 17 por ciento en la producción de leche. Por ello es de suma importancia reducir los posibles contagios al ser humano por el consumo de leche o sus derivados que no han sido pasteurizados. La brucelosis provoca alto índice de abortos y nacimientos de becerros débiles de bajo peso al destete, además de pérdidas en la producción de leche estimadas en 20 por ciento. En este sentido, pongo a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que, en coordinación con los gobiernos estatales y asociaciones ganaderas, instrumente de manera permanente una campaña de erradicación de la tuberculosis bovina y brucelosis para declarar libres las regiones y estados de nuestro país, con el propósito de asegurar que los mexicanos consuman carne sana y de calidad, así como evitar dificultades para exportar debidamente nuestro ganado.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución. ¿Nos hace favor la Secretaría de preguntar a la Asamblea? Gracias.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias; las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa (votación).
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; considera el asunto suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo: las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias; las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa (votación).
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reajustar al orden constitucional las actividades militares en el estado de Guerrero.
El diputado Francisco Chavarría Valdeolivar: Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas y compañeros diputados: la inspección militar a la población civil ha sido una práctica común en el estado de Guerrero ya de manera ancestral. Sin embargo, esta situación se ha intensificado a partir de 1994, precisamente ante un temor de Estado por los acontecimientos observados en el sur del país. Desde entonces, en esta entidad se ha instrumentado un despliegue militar sin precedente.
Si bien es cierto que los militares se han acercado a la población civil con el propósito de realizar labores sociales, de proteger a la ciudadanía con campañas de despistolización y combate del narcotráfico, también es cierto que muchas veces se han extralimitado en sus funciones, al grado de que cualquier ciudadano puede ser tratado como presunto delincuente. El Ejército Mexicano –nuestro Ejército Federal–, no obstante su merecido rango de guardián de la patria y garante de la soberanía nacional, ha sido frecuentemente factor de atemorización en la vida diaria de los guerrenses, centralmente en las zonas rurales, donde se observa a la población civil guardar un temor fundado hacia los militares. Existen comunidades en la sierra donde su presencia representa más un motivo de miedo que un elemento de seguridad. De frente a sus patrullajes nadie quiere estar: los hombres huyen, las mujeres se encierran en sus casas y los niños no van a la escuela.
Con todo ello, no pocas veces se han violentado las garantías individuales y se han trastocado particularmente las previsiones del artículo 129 constitucional, vulnerándose así nuestro Estado de derecho. Por lo antes expuesto, solicito a esta soberanía la aprobación, de urgente y obvia resolución, del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al Ejecutivo federal a que, de conformidad con lo que establece el artículo 129 de nuestra Carta Magna, se sirva reajustar las actividades militares al orden constitucional en el estado de Guerrero.
Atentamente, el de la voz. Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición: los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; los que estén por la negativa (votación), gracias.
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia considera de urgente resolución. No tiene registrados oradores; luego entonces, ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición: los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; los que estén por la negativa (votación).
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.
El señor diputado don Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Hacienda y Crédito Público, y Especial Sur-Sureste, realizar una reunión en Villahermosa, estado de Tabasco, con objeto de evaluar el ejercicio de los recursos asignados a la zona fronteriza con Centroamérica. Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Hacienda y Crédito Público, y Especial Sur-Sureste.
Tiene el uso de la palabra don Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a solicitar la renuncia del ciudadano Luis Ramírez Corzo como director general de Pemex.
El diputado Jorge Martínez Ramos: Con su permiso, diputado Presidente: el Ejecutivo federal, a quien corresponde por mandato constitucional dirigir la política nacional de hidrocarburos, ha iniciado a través de Petróleos Mexicanos una nueva embestida a los intereses nacionales en materia energética, al poner –el pasado jueves 24 de febrero– frente a diversos medios de comunicación al gerente de Planeación de la región norte de Pemex-Exploración y Producción, Antonio Narváez Ramírez, para anunciar la puesta en marcha de un nuevo esquema de contratos de obras y servicios que llamó "Contrato Alianza", para que empresas privadas administren y extraigan crudo en yacimientos maduros actualmente abandonados, bajo el argumento de que Pemex no cuenta con los recursos necesarios para explotar dichos yacimientos y requiere la inversión de capital privado.
En días anteriores, la estrategia de comunicación social del Ejecutivo con relación al tema fue lanzar insistentemente diversas amenazas y alertas en cuanto al inminente colapso de la paraestatal, manipulando incluso la situación de los derrames de crudo ocurridos en el estado de Veracruz. Es evidente que la intención de apertura del sector energético a los capitales e intereses privados constituye una prioridad tan alta del gobierno del Presidente Fox, que amerita –por una parte– una política de medios francamente terrorista y –por otra– la imposición de la misma vieja estrategia disfrazada de nuevo esquema a toda costa, incluso por encima de la legalidad que tanto dice defender.
No hace falta recordar al Presidente que nuestra Constitución establece claramente en el artículo 27 que, en tratándose del petróleo y de los hidrocarburos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado. Cabe agregar ahora que recientemente, ayer y anteayer, el director general de Pemex ha anunciado que se requiere dar certidumbre jurídica a los contratos de servicios múltiples para flexibilizarlos. Ésta es una aceptación implícita de que los contratos de servicios múltiples no tienen certidumbre jurídica y, por ello, están en los tribunales dirimiendo su inconstitucionalidad o constitucionalidad, cosa que muchos hemos cuestionado.
En la práctica significa la entrega de los recursos energéticos, pues a través de ellos se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias derivadas de la explotación de hidrocarburos. Así, ha sido explícito el día de ayer y anteayer también: el capital privado y la propia paraestatal, cuando ha mencionado la necesidad de que Pemex comparta los riesgos, socializando con ello las pérdidas y privatizando las utilidades. El pretexto de que no cuenta con recursos ni tecnología para extraer el petróleo es sólo eso pues, como es conocido, las multinacionales que participan en estos negocios buscan solamente –insisto– compartir los riesgos. Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a separar de su cargo al C. ingeniero Luis Ramírez Corzo como director general de Petróleos Mexicanos y, en su lugar, nombre un nuevo director con compromiso, experiencia, honradez y capacidad probada en el sector energético.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, don Jorge. Túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra el señor diputado don Alejandro Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía solicitar al Instituto Federal Electoral un informe de factibilidad de cada una de las iniciativas contenidas en el predictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales, y de Participación Ciudadana, así como el diagnóstico sobre las posibles alternativas para la fiscalización y regulación de las precampañas.
El diputado Alejandro Murat Hinojosa: Con su venia, señor Presidente: los suscritos, diputados Alejandro Murat Hinojosa y Emilio Zebadúa, diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Considerandos
Existe un consenso entre las fuerzas políticas representadas en esta Cámara sobre la urgencia de reformar diversas instituciones electorales para que la competencia política se dé sobre bases más sólidas de equidad, imparcialidad y transparencia, que es un reclamo de la sociedad concentrar los esfuerzos políticos en la solución de sus problemas cotidianos, prever las condiciones de desarrollo del país y generar un marco institucional adecuado. Es decir, ocuparse de las cuestiones más urgentes.
En contra de lo que sucede, agotar la mayor parte de las discusiones públicas en torno a las aspiraciones de los políticos y a la sucesión adelantada, actualmente esta Cámara analiza y consensúa diversas iniciativas presentadas por los legisladores de varios partidos y del Ejecutivo federal y ha realizado trabajos sistemáticos a través de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales, y de Participación Ciudadana, que han elaborado el predictamen correspondiente. Estas iniciativas son en conjunto una valiosa aportación para perfeccionar los sistemas de partidos y electoral, sobre todo ante la realidad de gobiernos divididos y de alta competencia y polarización electoral.
Sin embargo, para legislar con responsabilidad y eficiencia es menester contar con un estudio de factibilidad, de ejecución de tales disposiciones por parte de la que sería en la mayoría de los casos la autoridad responsable de aplicarlas, el Instituto Federal Electoral, así como de la que resolvería de las controversias, en su caso, que se susciten por la aplicación de las mismas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta H. Asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que el Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara solicite atentamente al Instituto Federal Electoral un informe de factibilidad de cada una de las iniciativas contenidas en el predictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales, y de Participación Ciudadana de esta Cámara, así como el diagnóstico de las posibles alternativas para la fiscalización y regulación de las precampañas para que sea considerado en la discusión respectiva.
Segundo. Que el Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara solicite atentamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su opinión sobre la concordancia con las disposiciones electorales correlativas de cada una de las iniciativas contenidas en el predictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales, y de Participación Ciudadana de esta Cámara.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Murat Hinojosa. Túrnese a la Mesa Directiva. Don Pedro Ávila, ¿con qué objeto?
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Con objeto de pedir a usted, señor Presidente, con todo respeto, a ver si es tan bondadoso en pedir a la Asamblea para ver la posibilidad de que se me dé permiso de subir a tribuna a exponer un punto de acuerdo sobre la muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio, que cumple años de muerto en esa semana que viene. Y este punto de acuerdo lo presenté desde hace un año y no se ha resuelto nada. Entonces, yo quería subir a tribuna para exponer esta situación, que es de interés general para la nación.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de obsequiarse la petición de don Pedro Ávila Nevárez, en el sentido de adelantar su participación, dado que su propuesta está en el número 33, si no mal recuerdo, del listado del orden del día.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de adelantarse el turno de la intervención del diputado don Pedro Ávila: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación), gracias.
Mayoría por afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene usted el uso de la palabra, don Pedro, hasta por tres minutos para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a explicar a esta soberanía las razones del cierre de las investigaciones del caso Colosio e informar sobre las nuevas líneas de investigación que el viernes 23 de marzo del 2001 declaró que existían.
El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente: hace ya un año, a esta soberanía, con motivo del décimo aniversario del infame asesinato de Luis Donaldo Colosio, presenté un punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal reabriera el caso, para su investigación, de un hecho que indigna a nuestra sociedad.
Es una tristeza que hasta la fecha este punto de acuerdo no tuviera una respuesta adecuada y satisfactoria como otros muchos. Nosotros mismos hemos permitido que el Legislativo sea ignorado por el Ejecutivo federal. Exijamos una respuesta a los puntos de acuerdo que se han presentado en este recinto por muchos de ustedes. Podemos no estar de acuerdo con quien se inscriba en el Muro de Honor de esta honorable Cámara de Diputados pero, si observan, son hombres y mujeres que dieron su vida al servicio de la nación. Esos mexicanos y mexicanas que estuvieron en un momento en que la patria les exigió su compromiso, su sabiduría, su liderazgo y su ejemplo fueron personas con errores y aciertos, con virtudes y defectos, pero todos ellos dieron su vida para la grandeza de este país.
A Luis Donaldo Colosio debemos justicia; cada año se exige. Para nosotros, los priístas, es un compromiso con él, con su familia y con México perseguir hasta donde sea la verdad. Así lo hemos asumido. Nuestro partido, a través del de la voz, hace una vez más la ratificación de nuestro compromiso y la exigencia a quien ahora es el responsable de la administración federal, quien en 1999 declaraba que Zedillo debía solucionar primero el asesinato de Colosio en un desayuno el 23 de marzo de 2001, en la casa del padre de Luis Donaldo, el senador Luis Colosio Fernández, prometió seguir con el caso declarando incluso que existían nuevas líneas de investigación para que después, de una manera soterrada, traicionando su palabra, diera el carpetazo que pretende dar final a este asesinato, que es parte de nuestras heridas abiertas como mexicanos.
Cumpla usted, señor Presidente Fox, su palabra empeñada. Cumpla la exigencia de esta soberanía. Reabra el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio y lleguemos hasta donde debamos llegar. Hagamos justicia a Luis Donaldo Colosio. Demos a sus hijos la certeza de sus vidas y digámosles: "Cumplimos con la historia". Exigimos el esclarecimiento de su asesinato. Demos el castigo a los asesinos que segaron la vida de un mexicano que estaba comprometido con su nación. A Córdoba Montoya y a Carlos Salinas de Gortari.
No entendemos el cambio como un rechazo indiscriminado a lo que otros hicieron. Lo entendemos como la capacidad para emprender, para invocar, para superar las deficiencias y los obstáculos. Cambiemos, sí, pero hagámoslo con responsabilidad, consolidando los avances leales que se han alcanzado y, por supuesto, manteniendo nuestros valores y nuestra cultura.
México no quiere aventuras políticas. México no quiere retrocesos a esquemas. México quiere democracia, pero rechaza su perversión en la demagogia. Luis Donaldo Colosio no olvida. Por lo anterior presento a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortamos al Ejecutivo federal explique a esta soberanía las razones del cierre de las nuevas investigaciones del caso e informe sobre las nuevas líneas de investigación que el viernes 23 de marzo de 2001 ofreció que existían.
Justicia para Colosio es justicia para México.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, don Pedro. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Se ruega a la Secretaría dar lectura al orden del día de la siguiente sesión.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Lectura orden del día.)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La última de las votaciones sirve como registro general de asistencia. (A las 15:10 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, miércoles 16 de marzo, a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30.