El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (Toca la campanilla y dice): Se ruega a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de la asistencia de los ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 262 diputados, por lo tanto, hay quórum señor Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se abre la sesión (10:00 horas)
Consulte la Secretaría a la asamblea, si le dispensa la lectura al orden día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén en contra.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se le dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior; se ruega también a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicado en la Gaceta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se le dispensa la lectura.
Proceda entonces la Secretaría a someter a discusión el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.
Continué la Secretaría
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Comunicaciones.
(Comunicación de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo informando de su renuncia como miembro del Partido Acción Nacional)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado. Comuníquese
Continué la Secretaría.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Acuerdo del Congreso del estado de Querétaro con el cual remite exhorto para las autoridades federales, estatales y municipales para que establezcan el principio precautorio y reformen en el ámbito de su competencia la legislación relativa a la instalación de antenas de telefonía celular)
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Mesa Directiva, dirigido a los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes negativos de puntos de acuerdo mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria de las siguientes comisiones:
Comisión de Transportes, dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre el estado del trámite de solicitud de autorización de las diversas aerolíneas para operar en Puerto Vallarta.
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y de Recursos Naturales y de Energía, dictamen por el que no es deaprobarse la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la SEMARNAT informe sobre el estado del Programa de Ordenamiento Ecológico de la región de Cuenca de Burgos y sobre las medidas que está llevando a cabo para resarcir el deterioro en el entorno natural de la región.
De la Comisión de Energía y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades correspondientes que-rindan a la Cámara de Diputados un informe sobre la construcción de la Termoeléctrica del Golfo en el municipio de Samuin, San Luis Potosí.
De Energía y Medio Ambiente y de Recursos Naturales dictamen por el que no es de aprobarse las proposiciones con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades federales y estatales que impidan la instalación de una planta de gas natural en el municipio de Tijuana, Baja California.
De Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales dictamen por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y estatales a que actúen en concordancia con los ordenamientos locales y federales en relación con la construcción de la Central Termoeléctrica Rosarito Cuatro.
De Energía, dictamen por el no se aprueban las proposiciones con punto de acuerdo por las que se solicita información a la Secretaría de Energía, la primera y a la Paraestatal Petróleos Mexicanos, la segunda.
Dictamen por el que no se aprueban las proposiciones con punto de acuerdo por las que se exhorta al Ejecutivo a que el proyecto petroquímico "Fénix" se ubique una determinada ciudad.
De Educación Pública y Servicios Educativos, dictamen por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo- el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a conservar en su estructura orgánica las Subsecretarías de Educación e Investigación Tecnológica, así como a realizar los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato.
Dictamen por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, que establezcan un programa emergente con la finalidad de evitar la contaminación de las playas nacionales)
(De Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictamen por el que no se aprueba proposición con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, establecer programa emergente)
(De medio Ambiente y Recursos Naturales, dictamen por el que no se aprueba proposición con punto de acuerdo para solicitar al Congreso de Ministros de la Cooperación Ambiental, documento de recomendaciones del 13 de septiembre del 2004)
(De Salud, dictamen por el que no es de aprobarse proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud, a declarar el municipio de Guadalupe y Calvo del estado de Chihuahua, como zona de desastre epidemiológico)
(De salud, dictamen por el que no se aprueba proposición con punto de acuerdo, con relación a un proyecto a fin de incluir en la Ley General de Salud un apartado que regule producción, distribución, comercialización, control, fomento y seguridad de productos transgénicos)
(De Salud, dictamen por el que no se aprueba proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud, el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM 025-SSA2-1994)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Publíquense en el Diario de los Debates y Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Oficios de la Comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Reguladora de Energía)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Cuarto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, así como de programas sectoriales)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(Iniciativa del Congreso del Estado de San Luis Potosí)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal...
El diputado Lázaro Arias Martínez: Con su permiso diputado presidente; compañeros diputados:
Lázaro Arias Martínez, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me concede el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido en los artículos 56, 62, 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa Soberanía la siguiente:
INICIATIVA DE LEY, que modifica los artículos 123 primer párrafo, fracción II, segundo párrafo fracción X y fracción XI, artículo 124 primer párrafo, artículo 125, 127 primer y tercer párrafo, artículo 128, 129, 130 y 131, 132 primer párrafo, 133 segundo párrafo, 134 y 135 primer párrafo, 136, 139, 140, 141 y 145.
Reforma a la fracción III del artículo 132, adiciona con un segundo párrafo el artículo 145 bis, contenidos en los capítulos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del Título Primero del libro segundo del Código Penal Federal, correspondiente a los delitos contra la seguridad de la nación y adiciona la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Código Penal Federal en vigor, dedica el Título Primero de su Libro Segundo de tipificación y sanción de delitos, cuya ejecución implica la realización de actividades que atentan contra la independencia, soberanía e integridad de la nación, para someterla a grupos o gobiernos extranjeros.
Igualmente prevé cuando esta clase de actividades las ejecutan grupos nacionales armados, dirigidos y asesorados por extranjeros, así como las conductas de hostilidad contra la nación, mediante acciones bélicas.
Atendiendo al grado de participación cuando se trate de civiles nacionales, que se agravan si llega a intervenir personal militar, quedando regulada también la ejecución de actos de espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y conspiración.
El Código Penal Federal es resultado de la preocupación del legislador por adecuar permanentemente a la realidad social las medidas impositivas que contiene; siempre dentro de un marco de respeto irrestricto a las garantías individuales y a los derechos fundamentales de todo ser humano.
Cierto es que la promulgación de este Código data de 1931 y que se establecen sanciones pecuniarias de cantidad determinadas en pesos y que a la fecha el mismo código citado en su artículo 29 establece que la multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días-multa, por lo que es necesario modificar las penas contenidas en el articulado a que me refiero en esta propuesta.
Asimismo han surgido numerosas conductas constitutivas de ilícitos imprevistos en la legislación, cuya sofisticada índole debido al uso de tecnologías cada vez más avanzadas, han dado origen a diversas reformas y adiciones, así como a la creación de nuevas figuras delictivas.
Cabe recordar que la etapa revolucionaria existente cuando se promulgó el código punitivo en comento, la sociedad mexicana tenía otra noción del Estado y la preservación del orden social y la seguridad interna. Por lo que el tratamiento de los delitos y la imposición de penas, fueron muy diferentes a los conceptos que hoy en día se rigen.
Por ello, en 1970, después de una amplia consulta a los distintos sectores de la sociedad, se reformó el entonces Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, hoy Código Penal Federal, a fin de regular la comisión de los llamados delitos políticos.
Dicha reforma además de actualizar las penas de los delitos ya existentes, clasificó el de conjunto de ilícitos dentro del título denominado "Delitos contra la Seguridad de la Nación", previniendo las conductas que pueden originar ilícitos con ese fondo, como traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo y conspiración, con objeto de proteger los intereses públicos y sociales que el Estado está obligado a preservar, los cuales son acordes con la defensa de nuestra Soberanía, la conservación de la paz interna, la gobernabilidad y la salvaguarda del orden jurídico y político del Estado Mexicano.
El motín y la sedición y la rebelión previstos como delitos previstos en nuestro Código punitivo federal guardan un denominador común en virtud de que su naturaleza subjetiva, merced a la participación de varias personas que con su actuar pretenden de alguna forma alterar la estabilidad social y trastocar el orden legal establecido, por lo que sus penalidades son severas.
El delito de sabotaje, por su parte, catalogado como delito contra la seguridad nacional, ha sido interpretado con suma ambigüedad, dado que sanciona conductas que infligen a daños o entorpecen ilícitamente vías de comunicación, servicios públicos, funciones de dependencia del Estado, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal, instalaciones y plantas siderúrgicas, eléctricas o industrias básicas y centros de producción y distribución de artículos de consumo o implementos bélicos, actividades todas que puede realizar el infractor con claros y deliberados propósitos políticos, en pro de una causa determinada por cuenta de un país o potencia extranjera y que pueden arrojar como resultado que se trastorne o afecte la economía nacional o la capacidad de su defensa.
Hogaño, no es raro que servidores públicos de cualquiera de los tres órdenes de gobierno echen mano y fabriquen los delitos de motín y sabotaje para rechazar las peticiones o reclamaciones que consideran opuestas a sus intereses, mediante la intervención de las instituciones de procuración e impartición de justicia y hacer éstas porque se formulen de manera individual por algún grupo de personas con intereses afines o por sus representantes gremiales en demanda del reconocimiento de sus derechos a la solución de alguno de sus problemas socioeconómicos o jurídicos e inclusive para el cumplimiento de acuerdos previamente establecidos que se vinculan con sus actividades.
Cuando esto sucede, es decir, cuando los delitos de motín y sabotaje son utilizados indebidamente como medidas correctivas o represivas en contra de los gobernados, propician que éstos se amedrenten y hasta desistan de sus justos reclamos, lo cual resulta a todas luces un arbitrio a lo ilegal.
Cabe mencionar que aunque el Código Penal Federal prevé y sanciona los delitos contra la seguridad nacional, recientemente se promulgó la Ley de Seguridad Nacional, a la que se califica de amenaza contra la misma, la comisión de ilícitos, entre otros el sabotaje, la rebelión y el genocidio, facultando al Ejecutivo federal a intervenir las comunicaciones privadas, previa solicitud de autorización por parte del órgano jurisdiccional.
Por tal razón hay que dejar perfectamente claro que las autoridades no deben usar ni abusar de los supuestos contemplados en el Código Penal Federal y en la Ley de Seguridad Nacional para inhibir el ejercicio del derecho que los gobernados tienen para que, en lo individual o en la calidad de representantes gremiales, exigir el cumplimiento de aquéllos que legalmente le corresponden.
Por ningún motivo podemos permitir que las autoridades sofoquen las peticiones, demandas o iniciativas de los ciudadanos pacíficamente planteadas, utilizando para ello delitos como el motín o el sabotaje.
No debe confundirse la comisión de delitos con el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución.
El respeto irrestricto a las garantías individuales de los ciudadanos representa una condición indispensable para la convivencia pacífica de la nación; por tal motivo, se proponen las modificaciones y reformas adicionales al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales que a continuación se presentan.
Los artículos 123, 124 y 125 y del 127 al 136 y del 139 al 141 y el 145 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Compañeros diputados, para obviar tiempo, todo el articulado ya está publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El artículo 2 se reforma en la fracción III del artículo 132 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 132, inciso III. Separar o impedir el desempeño de su cargo a algunos de los servidores públicos mencionados en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 145 bis, para quedar como sigue:
Para todos los efectos legales, solamente se consideran de carácter público los delitos consignados en este título. No procede sanción alguna de las previstas en este título cuando el particular, ya sea de manera individual o como grupo de personas con intereses afines a través de sus respectivos gremiales, realicen sus peticiones en forma respetuosa, pública y pacífica ante los servidores públicos, funcionarios o empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo o cargo de cualquier naturaleza en la administración pública federal, estatal o municipal o del Distrito Federal, cuya finalidad sea el reconocimiento de sus derechos, cumplimiento de acuerdos, atención e intervención a la solución de la problemática social, económica, jurídica vinculada a las actividades agrícolas, pesqueras, pecuaria, minera o forestal, en cualesquiera de sus formas de producción, de explotación, de transformación, de comercialización, conexas y relacionadas.
Termino, diputado Presidente.
El artículo 4., adición la fracción I del artículo 194 para quedar como sigue.
Fracción I: "El Código Penal Federal con la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 145 bis".
Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Esta Presidencia recibió de parte del señor diputado don Jaime Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma los párrafos primero y cuarto del artículo 34, así como el sexto, séptimo y octavo del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por lo que se turna a la Comisión de Gobernación.
Igualmente recibió de parte de don Jesús Martínez Alvarez, también del grupo parlamentario de Convergencia, iniciativa que adiciona una fracción III bis al artículo 73 de la Ley General de Salud en materia de salud mental, a efecto de considerar a la psico-oncología como una de sus ramas prioritarias.
Túrnese a la Comisión de Salud.
Asimismo recibimos una iniciativa que adiciona un segundo párrafo a los artículos 41 y 62 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para eliminar la declaración de procedencia cuando los diputados de la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal soliciten licencia o durante el tiempo que se encuentren separados de su encargo, suscrita por los diputados Jorge Triana Tena, Federico Doring Casar, Roberto Colín Gamboa, Patricia Garduño Morales, Ernesto Herrera Tovar, Juan Molinar Horcasitas, Margarita Saldaña Hernández, Miguel Angel Toscano Velasco y Margarita Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Se ruega a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Señor Presidente, hay una asistencia de 396 diputadas y diputados.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En virtud de que en el orden del día están consideradas comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, y que estas han llegado ya debidamente requisitadas a esta Mesa Directiva, se ruega a la Secretaría dar cuenta a la asamblea con las mismas.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
(De la Junta de Coordinación Política. Cambio en Comisión solicitado por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Sustitución de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo por la diputada Verónica Pérez Herrera, como integrante de la Comisión de Vivienda.)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política.
Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con la caza irracional e inhumana de focas en Canadá. Dirigida a los Secretarios de la Mesa Directiva.
La Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 párrafo uno inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 14 del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con relación a la brutal cacería comercial de focas autorizada por el gobierno canadiense presentada por el diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática cuyo original se anexa al presente.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
La Cámara de diputados se pronuncia enérgicamente en contra de la autorización del gobierno canadiense para la caza irracional e inhumana de las focas bebés en Canadá, así como contra el procedimiento utilizado por la misma.
Con la firma del diputado José González Morfín, Presidente; del diputado Emilio Chuayffet Chemor, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; del diputado Pablo Gómez Alvarez, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a la consideración de la Asamblea la propuesta de la Junta de Coordinación Política.
Esta Mesa Directiva tiene registrada a la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán en pro de la propuesta, quien tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada Jacqueline Argüelles Guzmán: Con su venia, señor Presidente.
Diputados y Diputadas de esta Honorable Cámara de Diputados:
En esta ocasión el Partido Verde Ecologista de México sube a esta tribuna para expresar su enérgico rechazo a la práctica tradicional que el gobierno de Canadá ha permitido en la matanza masiva de miles y miles de focas a lo largo de las últimas décadas.
Teníamos nosotros agendado también un punto de acuerdo en el mismo sentido, solicitándolo de urgente y obvia resolución. Sin embargo, al hacerlo suyo la Junta de Coordinación, evidentemente este asunto queda salvado.
Manifestamos el apoyo del grupo parlamentario y agradecemos a todos su apoyo en este sentido.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted Diputada.
Tomás Trueba Gracián en qué sentido?
El diputado Tomás Trueba Gracián (desde su curul y sin micrófono): En pro.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En pro y en términos reglamentarios con dos oradores en pro se cierra la lista de oradores.
Adelante.
El diputado Tomás Trueba Gracián: Con su permiso, diputado Presidente.
Amigas, amigos Diputados:
Vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para sumarnos en este punto de acuerdo. Exhortar que no nada más votemos a favor del punto de acuerdo, sino que realmente nos sumemos a la protesta enérgica, nos sumemos todos los mexicanos para que se pare este grave delito que están haciendo en Canadá.
Hace unas semanas, a través del correo electrónico, estuve mandándole a todos los diputados una queja internacional que llegó a través del correo electrónico con fotos de esta cacería totalmente irracional.
No podemos atentar contra la vida de ningún ser vivo. No podemos afectar el futuro. Aunque hoy nos quieran decir que hay una sobrepoblación, en un futuro no podemos saber si esos animales estén en peligro de extinción. Pero además la forma totalmente salvaje en la que se lleva a cabo esta matanza es la que no podemos permitir.
Por eso los diputados de Acción Nacional nos sumamos a aprobar este punto de acuerdo, lo hacemos nuestro y los exhortamos a que se sumen, insisto, no solo a votar sino a trabajar de manera conjunta para acabar con este tipo de actividades que tanto envilecen al ser humano!
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En términos del 122 se considera el asunto suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política.
(Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para solicitar al Gobierno Federal que atienda, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, la problemática que se presenta con la empresa Gas Natural)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo.
Esta Presidencia tiene registrado al señor diputado don Adrián Villagómez García en pro, quien tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Adrián Villagómez García: Muchas gracias, diputado Presidente.
Los legisladores del grupo de Nuevo León, del Revolucionario Institucional, venimos a apoyar este acuerdo para plantear una problemática que se está presentando de manera recurrente en todas aquellas ciudades en donde se consume o se está introduciendo gas natural, tanto para uso doméstico como para uso industrial, en las que se están incrementando los precios sin control alguno.
En Nuevo León, la empresa "Gas Natural" en períodos cortos de tiempo ha incrementado los precios sin explicación alguna, dejando al consumidor totalmente indefenso, sobre todo a las clases más desprotegidas que se ven imposibilitadas de pagar los altos costos.
Es de señalar que también al Sector Industrial se le está afectando seriamente, al grado que se corre el riesgo de cierres generalizados de empresas, lo que está implicando la pérdida de empleos. Tan solo como un ejemplo, en el año 2004 cerraron por esta causa 225 empresas en el estado de Nuevo León. Estos precios también están impactando en la generación de energía que se refleja finalmente en el precio al consumidor.
Las autoridades a las que han acudido los ciudadanos han evadido la responsabilidad que les corresponde, alegando todas ellas falta de competencia, lo cual no tiene sustento alguno.
La Comisión Reguladora, en términos de la ley que la rige, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía que tiene por objeto promover el desarrollo eficiente del transporte, almacenamiento y distribución del gas natural y cuenta con las atribuciones de aprobar los términos y condiciones que deberán sujetarse las ventas de primera mano de gas natural y expedir las metodologías para la determinación de sus precios.
Está claro que las atribuciones existen, por ello no entendemos por qué las autoridades federales no actúan con el reclamo ciudadano de que sólo en un bimestre se le han incrementado los precios del gasta hasta un 300 por ciento. La prensa daba cuenta recientemente que ante una manifestación, la empresa decidió en ese momento bajar el precio a los ahí presentes. Con ello queda de manifiesto la forma arbitraria con que se aumentan o disminuyen los precios ante la incompetencia de las autoridades encargadas de regular este precio y el servicio prestado.
Sólo a manera de ejemplo mencionaré algunas diferencias en los cobros que realiza "Gas Natural" por metro cúbico en diversas ciudades:
En Monterrey, 1.51; en Nuevo Laredo, 197; en Saltillo, 1.85; en Toluca, 1.20; en el D.F. 1.58; en Mexicali, 2.92; en Durango 2.93; en Piedras Negras, 1.49 y 1.95. Es decir, hay una gran fluctuación en el cobro del precio.
En este mismo sentido, es conveniente señalar la falta de supervisión de las autoridades encargadas de vigilar que esta empresa cumpla con la normatividad de mantenimiento a las instalaciones, por lo que ya se han presentado diversos accidentes que por fortuna hasta el momento no han significado la pérdida de vidas humanas. Estos accidentes se han dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en las cercanías de las instalaciones del Transporte Colectivo Metro y en la Ciudad de México, en un lugar muy cercano a una unidad habitacional.
Por lo anterior, es imperativo que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, organismo desconcentrado el primero y por tanto subordinado jerárquicamente a la misma, asuman de inmediato su responsabilidad de todo lo relacionado con la prestación del servicio, la fijación de tarifas, instalaciones y medidas de seguridad relacionadas con el gas natural y que actúen de inmediato.
Que modifiquen el reglamento de "Gas Natural", el de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para revisar el concepto de "costo de oportunidad", para avanzar en la solución a corto plazo.
Rechazamos desde esta tribuna el Comunicado que ha remitido el Secretario de Energía a la Comisión de Energía de esta Cámara, para afectar los excedentes petroleros en apoyo al consumo doméstico por ser claramente insuficiente y no resolver lo más mínimo el problema de fondo que está afectando a los consumidores de gas natural.
Por lo que quisimos en nombre de los ciudadanos de Nuevo León al Ejecutivo Federal, que actúe de inmediato y al Auditor Superior de la Federación, a que realice con carácter de urgencia una auditoría a la empresa Gas Natural, en relación a los tratos que le permiten la prestación de estos servicios. No deben de esperar a que la ciudadanía salga a las calles para protestar por los precios desmedidos o que tengamos que lamentar la pérdida del patrimonio de toda una vida de esfuerzos; o aún más grave, la pérdida de vidas humanas para que estas autoridades actúen.
Amigos, compañeros Legisladores, les pedimos su apoyo para que este Punto de Acuerdo sea de urgente y obvia resolución, en nombre de todos los compañeros priístas Legisladores del Estado de Nuevo León.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Siendo este un acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, se someterá a la consideración del pleno de inmediato, sólo que tenemos el registro de Norma Patricia Saucedo Moreno del Partido Acción Nacional en pro y no habiendo oradores en contra, en términos del 122, de inmediato se someterá a la consideración del pleno.
La diputada Norma Patricia Saucedo Moreno: Hago uso de esta alta tribuna para manifestar la posición de mi Partido que tiene sobre la problemática derivada de las tarifas por el uso de gas natural en el Estado de Nuevo León, aplicadas por la empresa Gas Natural México.
Para Acción Nacional, el desarrollo económico de México está fuertemente ligado al efectivo aprovechamiento de su potencial energético. Diversas iniciativas contemplan la necesidad de garantizar el suministro de gas natural por medio de un adecuado marco jurídico regulatorio y de incentivos que favorezcan nuevos esquemas de inversión.
Sin embargo, hasta la fecha no se han materializado y es precisamente por la falta de esas reformas tan necesarias para México, que hoy en día tenemos asuntos como el que discutimos en esta ocasión.
Sobre el problema particular de las altas tarifas que se cobran por el uso del gas natural, es oportuno destacarlos siguientes factores.
Durante los últimos años, el precio de los combustibles en nuestro país se ha venido incrementando, tal es el caso de las tarifas eléctricas, en el 2004, estos aumentaron 23% correspondiendo 68% a la inflación y el 32% restante por el incremento en los precios de los combustibles para generar energía y dentro de este 32% el 91% es causado por encarecimiento del gas natural.
El gas natural se caracteriza por constantes alzas en los precios al público, en el 2004 los precios de los combustibles en general se incrementaron en 21% mientras que el gas natural creció 44%.
La Comisión Reguladora de Electricidad es la encargada de regular el marco de gas natural, su Reglamento establece la metodología para el cálculo de las tarifas y señala que el precio de los distribuidores cobren a los usuarios finales, estará integrado por el precio de adquisición más las tarifas de transporte, almacenamiento y distribución. El precio final estará referenciado a la tarifa de Texas.
La Comisión Reguladora de Energía establece 21 distribuidoras para cada zona del país, lo que provoca que cada distribuidor tenga exclusividad en determinadas regiones y ejerza prácticas que pueden considerarse como monopólicas.
Se puede apreciar que el precio del gas natural depende de muchos factores que no pueden ser controlados por nuestras autoridades del Gobierno Federal, como resultado tenemos que México muestra una clara incapacidad para satisfacer la demanda de gas natural ante la escasa oferta existente, lo que nos hace más dependientes de las ventas de Estados Unidos a precios demasiado altos como son los hidrocarburos de Texas.
No tenemos las reservas de gas natural suficientes para satisfacer la demanda interna que cada vez es mayor, se requiere inversión para explotar los yacimientos que se encuentran localizados en las aguas profundas de nuestros mares.
Aunado a lo anterior, existen 4 variables que encarecen al gas natural; primera, el costo de adquisición del gas; segunda, el cargo por distribución con comercialización; tercera, la renta del servicio y cuarta, el IVA. Por ello necesitamos establecer mecanismos efectivos para resolver esa problemática, mismos que destaco a continuación.
En primer lugar, y como una acción inmediata para evitar más alzas en las tarifas, debemos exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, para que revisen a la brevedad la magnitud del cobro del servicio de gas natural en Nuevo León y determinar si las tarifas son excesivas para corregir y fincar responsabilidades, si fuere el caso.
En este sentido existe un antecedente reciente en donde la CRE revisó a la baja las tarifas de distribución aprobadas para la empresa Distribuidora de Gas Natural de La Laguna, Dgo., con el objetivo de mitigar el impacto final en la factuda de los usuarios de gas natural, el resultado fue una disminución en las tarifas, de una manera gradual, en beneficio de los consumidores de esta región.
Como medidas de mediano y largo plazos, e igual de necesarias que la anterior, se requiere sanear las finanzas de Pemex, dotarlas de autonomía, de gestión para que puedan actuar como empresa y alcanzar una reforma energética, para establecer nuevos mecanismos que atraigan inversión privada.
Estamos lejos de contar con gas natural barato, mientras existe escasez de este combustible en el país, los suficientes recursos presupuestarios para financiar nuevos proyectos.
Sobre la responsabilidad de gas natural, se necesita analizar y modificar los términos de su concesión y conocer los motivos por los que se permiten estos aumentos en las tarifas para el Estado de Nuevo León.
No debe descartarse de ampliar el número de distribuidores, para que el mercado más competitivo y por ende haya una tendencia hacia la baja en los precios que se cobran.
Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera necesario exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, para revisar con carácter de urgente las tarifas cobradas por el servicio de gas natural por parte de la empresa Gas Natural México en Nuevo León, impidiendo que se den nuevos incrementos en las mismas, en tanto no se determinen las causas que generen los elevados cobros.
Asimismo consideramos fundamental solicitarle al gobierno federal, que revise profundamente los términos de la concesión otorgada a Gas Natural México para ver si cumple con la normatividad correspondiente, procurando que no se atente contra los intereses de los consumidores de este combustible.
Por último, en nombre de mi partido, hago una especial invitación a esta H. Cámara de Diputados para que los distintos grupos parlamentarios alcancemos los acuerdos que permitan realizar las reformas estructurales necesarias, para que nuestra política energética tenga posibilidades de desarrollo efectivo en beneficio de la sociedad mexicana.
Gracias señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El Artículo 122 nos dice que cuando sólo se pidiera la palabra en pro, podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara, sin embargo, esta Presidencia tiene la solicitud de los siguientes oradores, de Blanca Judith Díaz Elgado del Partido Acción Nacional, de Cuauhtémoc Ochoa Fernández del Verde Ecologista y de Francisco Javier Carrillo Soberón del PRD.
Luego entonces se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si es otorgárseles el uso de la palabra a estos tres oradores.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si es de autorizarse el uso de la palabra a los tres oradores que ha comentado la Presidencia, en votación económica, se le pregunta a los ciudadanos y ciudadanas diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos y ciudadanas diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces tiene el uso de la palabra Blanca Judith Díaz Delgado del Partido Acción Nacional.
La diputada Blanca Judith Díaz Delgado: Con su permiso señor Presidente.
Compañeras diputadas, compañeros diputados.
El Partido Acción Nacional definitivamente está de acuerdo en gran parte de este Punto de Acuerdo que se presenta el día de hoy, queremos decirles que estamos sumados a esta inquietud que ha surgido específicamente en nuestro estado, debido al alza de las tarifas, especialmente en el gas.
El problema de nosotros, es un problema muy significativo, debido a que gran parte de los ciudadanos de nuestra área metropolitana principalmente, viven y hacen sus alimentos y el gas que ellos consumen, es un gas que precisamente llega entubado y que está siendo en este momento distribuido por Gas Natural.
Estamos nosotros conscientes de que muchas de las familias están teniendo que decidir entre pagar el gas o seguir pagando otro tipo de cosas que son indispensables para vivir, por ello nosotros estamos de acuerdo en este punto de acuerdo. Sin embargo, yo sí quisiera hacer mención y pedirles a los compañeros del PRI y a los compañeros de todos los partidos políticos, en virtud de que en nuestro estado han manifestado todos los presidentes de los partidos políticos esta inquietud y han estado unidos para trabajar el tema, sí quisiera pedirles que no echemos por la borda ninguna de las situaciones que puedan dar solución a este problema. Y me refiero específicamente a la propuesta que nos acaba de hacer el Secretario de Energía, de la revisión y de la modificación para que los excedentes petroleros, pueda usarse una parte de ese recurso de los excedentes petroleros para el subsidio de las personas que de escasos recursos no puedan cubrir en este momento la cantidad que se necesita para pagar sus recibos de gas.
Yo les pediría que lo analizáramos juntos, que no echemos por la borda ninguna de las situaciones que nos sean presentadas como alternativas. Lo importante es que el pueblo de Nuevo León se beneficie, lo importante es que la gente siga teniendo su consumo y de la misma manera, yo quiero exhortar a la compañía de gas a que se sensibilice con la situación que vive la población de nuestro estado.
Sabemos que se firmó un contrato y que las reglas del juego estaban puestas así en su momento, sin embargo, queremos apelar a la sensibilidad y a que atiendan a su clientela, a que atiendan a quien de ellos reciben o a quien ellos les brindan el servicio, que son todos los usuarios de Nuevo León. Estaban pactados estos aumentos escalonados con anterioridad, ya era un tema que sabíamos que iba a suceder, porque cuando se hizo la contratación de este servicio y cuando se le dio esta concesión a Gas Natural así se pacto, no podemos sorprendernos, pero los queremos llamar a la sensibilidad, queremos que Gas Natural entienda y que sepa y que atienda a sus usuarios y que vea cuál es la situación del país, que vea la situación económica que vive también nuestro estado.
Así que ésas son las dos invitaciones que hacemos y por supuesto que estamos de acuerdo en que las tarifas del gas son altas, pero de la misma manera los invito compañeros, al igual que lo hizo ya mi compañera Norma Saucedo, a que vayamos a la raíz del asunto, a que revisemos la reforma energética en su totalidad. Eso es vital compañeros.
La demanda crece y entonces si la demanda del gas crece, el precio sube y efectivamente compramos el gas en el lugar más caro del mundo donde se expende, tenemos que tener distribuidoras en otros lados. El Gobierno Federal lo está haciendo; vamos a tener tres opciones diferentes: Altamira, Ensenada y Colima, entonces vamos a trabajar también en eso. No nos cerremos a todas las opciones.
Sin embargo, quiero dejar bien claro que el Partido Acción Nacional está de acuerdo con esta situación planteada específicamente por nuestro compañero Adrián Villagómez y con todos los compañeros del Partido Revolucionario Institucional y yo le pido a esta Cámara que apoye esta propuesta porque es por el bien de los ciudadanos del estado de Nuevo León.
Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada.
Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Adrián Villagómez García (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Con qué objeto diputado Adrián Villagómez.
El diputado Adrián Villagómez García (desde la curul): Solicito la tribuna diputado Presidente, por alusiones personales.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para alusiones personales, tiene el uso de la tribuna el diputado don Adrián Villagómez y le ruego al diputado Cuauhtémoc Ochoa si nos permite un segundito. Está usted de acuerdo diputado?
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Claro.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias por su gentileza. Adelante.
El diputado Adrián Villagómez García: Gracias, diputado Presidente.
Yo quiero nada más hacer del conocimiento de todos los compañeros, que lo que acaba de verter ahorita la compañera diputada Judith Grace, en relación a que apoyemos la propuesta que mandó el Secretario de Energía a la Comisión de Energía de esta Cámara, en el cual se apoye estos recursos de gas a los consumidores de gas natural con el dinero de los excedentes del petróleo, es una situación que no la apoyamos directamente por tratarse de que esto va a tardar mucho en que este proceso se realice.
Si nosotros vemos y analizamos ahorita la situación por la que están pasando los usuarios de gas natural en Nuevo León, principalmente gente que gana mil 500, mil 600 pesos mensuales, gente que únicamente recibe una pensión, gente que son mayores de edad y esa gente no tiene los recursos actualmente para poder pagar el gas, les llegan cobros de mil 800 y 2 mil pesos por bimestre. Eso, les hace que todo su presupuesto que reciben de la pensión o lo utilizan para pagar el gas o lo utilizan para comer.
Ante tal situación esto va a tardar mucho y esta gente no puede esperar más, ya no podemos tolerar más esta situación.
Sabemos que está en manos del Secretario de Hacienda y del Secretario de Energía que estos precios bajen, no tenemos por qué andarle sacando y viendo promover leyes y que se vuelvan a realizar, que se voten, etcétera y que van a dilatar un gran tiempo.
Ante tal situación pedimos que esto se realice ya de inmediato.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, compañero diputado.
Diputado Ochoa gracias por la gentiliza y la bondad. Adelante.
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: De nada, señor Presidente.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Don Pedro Ávila Nevárez, con qué objeto?
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Pido la palabra para el mismo tema, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para el mismo tema, en su momento consultaré a la asamblea.
Adelante diputado.
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Gracias, diputado Presidente.
El día de hoy, como miembro del Partido Verde Ecologista de México, quiero apoyar el presente punto de acuerdo ya que consideramos que es de vital importancia que el Gobierno Federal, a través de las ramas de la Administración Pública correspondiente, atienda la problemática que se está presentando con la empresa Gas Natural, debido a que los altos precios que cobra esta empresa, en varias entidades de la República Mexicana ha habido inconformidades fundamentales que afectan la economía de los usuarios.
Por ejemplo, como ya lo mencionaba el diputado Adrián, algunas familias de este estado, en el cual pagaban 250 pesos bimestrales, ahora casi llegan a pagar cerca de 2 mil pesos.
La Secretaría de Energía encargada de este tema, como responsable del Gobierno Federal, debe revisar el Titulo de Concesión de la Compañía Gas Natural México, porque no sólo es la problemática de los altos precios en el cobro del gas, sin considerar que esta empresa tiene más de un millón de usuarios en el país, sino que aunado a esto, la empresa enfrenta quejas por el más mal estado de sus redes de distribución.
No debemos olvidar que hace algunos meses provocaron una explosión en las instalaciones del metro de Monterrey, que dejó como saldo una persona muerta, varias lesionadas y daños materiales por cerca de 40 millones de pesos.
En nuestro partido reconocemos que el Poder Legislativo debe realizar las reformas necesarias para tener un mejor aprovechamiento del gas natural; sin embargo, no podemos permitir que ciertas empresas aprovechen estos vacíos en la legislación vigente para cobrar lo que ellos consideran conveniente por el uso de este gas energético.
Por lo anterior, el grupo parlamentario de mi partido apoya el presente punto de acuerdo, ya que no solamente tenemos una posición firme frente a los abusos que se cometen en contra de los mexicanos, sino que también buscamos tener un aprovechamiento consciente de los recursos naturales.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón.
No está! Aquí viene!
Lo esperamos diputado, con calma.
El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón: Muchas gracias compañero Presidente por su paciencia.
Vamos aquí a participar también para apoyar el punto de acuerdo que se ha planteado con nuestros compañeros diputados de Nuevo León, pero queremos hacer una serie de reflexiones urgentes en torno al tema del gas natural, para que la actitud y los reclamos de la Cámara de Diputados puedan apuntar al fondo del problema, además de poder atender a los reclamos que en corto plazo requieren los consumidores del estado de Nuevo León.
En primer lugar, señalar que esto que está aconteciendo con la distribución del gas natural es el fracaso de la privatización de la distribución del gas natural en México, porque las redes naturales, las redes y las industrias de red, tienen una estructura esencialmente oligopólica, es una red natural, monopólicamente natural que no admiten competencia.
De tal manera, que el cargo de distribución que no está asociado al costo del gas, está autorizado por la Comisión Reguladora de Energía en un marco estrictamente monopólico, cuando en Europa las industrias municipales, las redes de distribución de gas natural, son redes públicas que permiten manejar justamente precios de carácter nacional. Nosotros hemos abierto nuestras redes a la competencia internacional y por lo tanto, estamos efectivamente influenciados por los precios internacionales.
Nuestro gas natural no es un gas que exista de sobra en nuestras reservas, no hay grandes reservas de gas natural en México y estamos quemando grandes cantidades de gas natural para generar electricidad, esto obliga a importar crecientemente grandes volúmenes de gas a costos altos, mucho más altos que los costos de producción nacional. Necesitamos liberar gas de la quema para generar electricidad, para que disminuyamos las importaciones y aumente el componente nacional en el precio del gas natural.
El componente nacional del precio de gas natural está al 50% de lo que nos está costando el gas importado a los precios de referencia de Texas. Necesitamos ese gas natural también para ser reinyectado a nuestros yacimientos petroleros y mejorar la recuperación del crudo. En Estados Unidos se está generando el 60% de su energía eléctrica con carbón y han desarrollado tecnologías para limpiar el carbón, disminuyendo al mínimo el aspecto ambiental, gracias a que hay inversión en ciencia y tecnología.
Necesitamos que nuestros excedentes petroleros no sólo atiendan a subsidiar en este caso a las empresas privadas, lo que esta planteando el Secretario Elizondo es subsidiar a los privados para que puedan seguir vendido al mismo precio su gas natural. Necesitamos que el excedente petrolero se vaya a fortalecer la investigación científica y tecnológica. Hay un proyecto en el Instituto Mexicano del Petróleo para investigar el petróleo en aguas profundas por 400 millones de pesos que está detenido, porque no hay dinero para investigar el petróleo en aguas profundas, lo que nos permitiría, insisto, además de incrementar las reservas y la explotación del gas natural mexicano a precios 50 o 60% más baratos que el gas que estamos importando, nos permitiría también cambiar la tecnología de nuestras plantas generadoras de electricidad, que el que sigan quemando gas para generar electricidad como un primer efecto, es justamente el encarecimiento del gas por los grandes volúmenes de gas importado.
Hemos entonces ya acordado en la Comisión de Energía convocar al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, para que explique su comportamiento como un facilitador de los negocios privados. No ha sido un regular del Estado, no ha cumplido con su papel de proteger el interés público, ha sido un verdadero protector del interés privado, de tal manera, que esta Cámara debe asumir la defensa del interés público, efectivamente convocar a la Comisión Reguladora, efectivamente exigir al Gobierno Federal que cambie su política energética y en todo caso, analizar con cuidado la propuesta del uso de los recursos de excedentes petroleros; porque, el hecho de que sean para subsidiar a los privados, habría que analizar si acaso es el mejor uso de ellos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de otorgarse el uso de la palabra a don Pedro Avila Nevárez.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el hecho de darle la palabra al diputado Pedro Avila Nevárez.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra don Pedro Avila Nevárez, hasta por cinco minutos.
El diputado Pedro Avila Nevárez.- Con su permiso, señor Presidente.
Compañeros diputados, compañeras diputadas:
Aquí he escuchado yo diferentes planteamientos que se iniciaron con la intervención valiente de los compañeros de Nuevo León, para que el gas natural se venda a precios accesibles en aquella región progresista de nuestra patria; y esa rebelión de los compañeros diputados de Nuevo León, la encabezó su gobernador hace unos días acompañado de miles de gentes del valiente pueblo de Nuevo León.
Yo hoy vengo a esta tribuna porque no es posible que el gas natural, que es producto de las entrañas mismas de nuestra patria, porque se da en los mantos petroleros de la misma, se venda a un precio tan alto.
La Comisión Nacional Reguladora de Energía no ha cumplido con su compromiso, como tampoco la Secretaría de Hacienda. Qué nos estamos haciendo aquí bolas, si Francisco Gil Díaz es el causante de todo este retroceso en perjuicio de los pobres de México. El es el que ha frenado que se regularice todo esto.
Qué le cuesta al Secretario, al Secretario de Hacienda que está traicionando al Presidente Fox?; porque lo puso ahí para que resuelva los problemas de México y este señor lo único que hace es voltear todas las cosas -que el Presidente quiere que vayan en beneficio del pueblo- por el otro lado.
Allá en Durango, en mi estado natal, el gas también es una cosa de lujo porque la gente pobre va a comprar su gas y se queda sin pagar otras cosas u otras situaciones que benefician a su familia. No puede comprar ni cuadernos ni alimentos para sus hijos, porque tiene que comprar el gas. Ahora ya mucha gente vuelve a hacer cocina con carbón o con leña porque el gas está por las altas nubes de Moncayo.
Yo desde esta tribuna exhorto al señor Presidente de la República para que meta en cintura a Francisco Gil Díaz, y lo haga que a todos esos concesionarios que están a todo lo largo y ancho de la República, porque no es el caso sólo de Nuevo León, sino también de Durango, de Zacatecas, de Sonora, de Jalisco, de todos lados, para que a esos sinvergüenzas que han tergiversado la confianza que se les ha dado como concesionarios en diferentes partes de la República, vendan el gas barato o se vayan a sus casas. Así de fácil está la cosa. Qué le damos vuelta, el problema está en la Secretaría de Hacienda; o que se retire Francisco Gil Díaz, porque está afectando los intereses de millones de gentes que llevaron a la Presidencia a Vicente Fox.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En términos de las facultades que la ley le otorga a la Presidencia, es que le vamos a conceder el uso de la palabra a don Emilio Serrano, en la inteligencia que con esto consideramos el tema suficientemente discutido.
El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su permiso diputado presidente:
Primeramente quiero felicitar a mis compañeras y compañeros diputadas y diputados de Nuevo León, por habernos dado el ejemplo de la lucha, de hablar y defender los intereses de sus representados. Así es como se debe trabajar en esta Cámara de Diputados, defendiendo los intereses de los que menos tienen, de los pobres de México.
Y quiero hacer notar que este problema, esta crisis que se está viviendo por el precio elevado del gas, no es privativo del Estado de Nuevo León; es de todo el territorio nacional. O díganme compañeras y compañeros diputados, si en alguna entidad federativa está abajo el precio del gas en todo el país.
No es posible que el gobierno federal esté dando oportunidad a que se enriquezcan más los ricos a costa de la miseria de los pobres, de exprimirlos; son 6 familias las dueñas, distribuidoras de todas las empresas del gas. Ganan demasiado dinero y efectivamente Francisco Gil Díaz, al igual que el Secretario de Energía, al igual que el Secretario de Economía, tal parece que son los enemigos de Vicente Fox Quesada, porque hacen cosas que tal parece que sea a espaldas de él; que perjudican directamente al pueblo de México. Si alguien se está haciendo impopular, el Presidente de la República, es por culpa de estos ineptos, abusivos e irresponsables funcionarios del gobierno federal.
Claro que el pueblo le echa la culpa al Presidente cuando los errores del mal gobierno los tiene que pagar el pueblo de México. No es posible que el Secretario de Energía pida subsidio para las empresas que se están hinchando de dinero, cuando se ha incrementado el precio del gas en dos años y medio más del 100%. Ejemplo: hace dos años y medio un cilindro de 20 kilogramos costaba 79 pesos, ahora vale más de 158 pesos por el incremento que se dio este día, incremento que se acaba de autorizar, como el que se hace cada mes. Eso es insoportable.
Efectivamente don Pedro tiene razón; vamos a regresar a los tiempos de nuestros abuelos en que se tengan que alumbrar las casas con vela porque no alcanza para pagar la luz; que se tenga que guisar con carbón o leña, que también nuestros bosques se están acabando porque no hay para pagar el gas.
Empresas abusivas, hambreadoras, que no tienen llenadero. Pero nosotros sí tenemos la facultad, compañeras y compañeros diputados, tenemos la facultad de poner un alto a estos abusos que están matando de hambre al pueblo de México.
Ahora se ven en la disyuntiva quienes tienen un salario mínimo de 1300 pesos mensuales, de pagar un recibo de luz o pagar el consumo de gas o comer o vestirse. No es posible que sigamos con esa situación.
Espero compañeras y compañeros diputados, que este día me permitan presentar ante este Pleno, la solicitud de un punto de acuerdo para que se detenga ya el precio del gas a nivel nacional, así como en Nuevo León, que tienen todo nuestro apoyo, vamos a apoyar a las entidades que componen nuestro país.
Muchas gracias diputado presidente por la oportunidad.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la secretaría someter a la consideración de la Asamblea si es de aprobarse o no el punto de acuerdo.
La diputada Judith Díaz Delgado (desde su curul pide la palabra)
El Presidente diputado Francisco Arroyo: Con qué objeto, diputada?
La diputada Judith Díaz Delgado (desde su curul): Quiero solicitarle que la votación fuera nominal.
El Presidente diputado Francisco Arroyo: Quiénes la apoyan.
Instruya la secretaría la apertura del sistema electrónica hasta por 10 minutos.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Abrase el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos.
(Votación)
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Nos acompañan estudiantes de la Universidad Iberoamericana, invitados por el señor diputado don Oscar González Yáñez, a quienes les damos la más cordial bienvenida.
Igualmente, nos acompañan estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, invitados por la diputada doña Mayela Quiroga Tamez, a quienes también les damos la más cordial bienvenida.
(CONTINUA VOTACION)
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor presidente, se emitieron, a favor 377 votos, en contra cero votos y cero abstenciones.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretario. Aprobado. Comuníquese.
Señoras y señores legisladores, el señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, remitió iniciativa que reforma los artículos 33 y 58 de la Ley General de Salud en materia de rehabilitación y participación de la comunidad.
Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Salud.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de representación proporcional.
El diputado José Antonio Cabello Gil: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: el tema de la representación política es un tema a debate y que tiene que ver con el núcleo fundamental de la democracia representativa.
En efecto, en el contexto de una democracia como la nuestra, se debe garantizar que en el mecanismo que integra la Cámara de Diputados estén ahí presentes los intereses de los mexicanos, así como de aquéllos que los representan.
Dentro de las distintas formas de representación, nuestra Constitución adoptó en un principio el principio de la mayoría relativa y fue hasta 1962 cuando se añade la representación proporcional, estableciendo una suerte de mecanismo mixto, tanto al seno de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.
El establecimiento de este sistema mixto de mayoría relativa y de representación proporcional, instituido en el artículo 53 de nuestra Constitución, tiene como finalidad hacer posible el fortalecimiento de la pluralidad y el acceso de las minorías, de tal manera que se garantice en la Cámara de los Diputados la representación de todos los mexicanos.
En el artículo 54 de nuestro máximo ordenamiento se señalan las reglas y requisitos necesarios para que los partidos puedan obtener estas diputaciones plurinominales. Sin embargo, consideramos que la representación política que tiene esta Cámara de Diputados puede perfeccionarse estableciendo el sistema de porcentajes mayores de votación, de tal manera que la lista de diputados que la integran por la vía de la representación proporcional se integre en un 50 por ciento por aquellos diputados que, habiendo sido candidatos por la vía uninominal, que hicieron campaña en sus distritos, hayan obtenido un porcentaje de votación importante.
Así, de los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados, 300 se elegirían por el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 serán electos según el principio de representación proporcional. De estos últimos el 50 % se asignarían de acuerdo a las listas regionales de representación proporcional que integren los partidos y el otro 50 % se asignaría de acuerdo a los porcentajes mayores de votación válida distrital de cada circunscripción de los candidatos de cada partido, no electos bajo el principio de mayoría relativa.
Como Acción Nacional lo ha manifestado en diversas ocasiones y lo reitera en su plataforma legislativa de 2003, consideramos que debe hacerse una modificación de fondo en la estructura del Congreso, empezando por la reducción del número de diputados que lo integran.
Sin embargo nuestra iniciativa complementa esta posición perfeccionando el mecanismo de integración y mejorando el sistema de representación proporcional al acercar al elector a sus representantes.
Por lo antes expuesto me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 52; se reforma el párrafo segundo del artículo 53; se reforma el párrafo primero y las fracciones I, II y III del artículo 54, todos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicito a la Presidencia se integre el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don José Antonio Cabello Gil.
Como lo solicita el señor diputado, insértese el texto íntegro de la iniciativa, en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 191 "E" de la Ley Federal de Derechos.
La diputada Irma Figueroa Romero: Con su venia, señor Presidente.
Como es ampliamente reconocido nuestro país en los últimos años ha logrado ubicarse como la octava potencia mundial en turismo como receptor de turistas extranjeros y el décimo tercero en lo que se refiere a la captación de divisas también a nivel mundial, lo que resultó para México que en el año 2004 se recibieran por concepto de gastos de turistas internacionales, una cantidad superior a los diez mil millones de dólares con una generación de aproximadamente dos millones de empleos y polos de desarrollo económico en prácticamente todo el país.
Las anteriores cifras y datos muestran fehacientemente tanto la realidad de los beneficios como las posibilidades de crecimiento que en materia turística tiene México, las cuales se deben a múltiples factores, los cuales deben de ser analizados y comprendidos con exactitud con el fin de que por un lado se logre perfeccionar nuestra oferta turística nacional, así como corregir algunas desviaciones o fallas en la promoción turística y por supuesto crear el marco normativo que permita la promoción de la industria del turismo.
Nuestra inmejorable situación geográfica al ser vecinos del primer país emisor de turistas a nivel mundial, 10 mil kilómetros de litorales, el ser el cuarto país megadiverso en materia biológica y sus ecosistemas, nuestra cultura y tradiciones, nuestro extenso territorio cercano a los 2 millones de kilómetros cuadrados y a los bellos paisajes con los que contamos, a lo que hay que sumar los monumentos arqueológicos y coloniales en todos los estados del la República, sumados a nuestro potencial de servicio y amable y buen trato a los visitantes, auguran que todavía tendremos mejores logros en la industria turística.
En materia específica del denominado "turismo náutico", México es hoy en día el primer receptor mundial en viajeros por cruceros, lo que representa un arribo de más de cinco millones de cruceristas en diversos puntos del país.
En los estados que cuentan con litorales en el noreste de la Republica, se ha iniciado el llamado "Proyecto del Mar de Cortés, en el cual se tiene contemplada la construcción de 22 marinas náuticas en los próximos 10 años, las cuales están distribuidas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, con lo que se espera que el arribo de visitantes y turistas náuticos para realizar actividades relacionadas con ese sector de turismo sea superior a los 10 millones en un plazo de 15 años.
"Vale la pena señalar, para entender mejor nuestra propuesta, que el grupo turístico que realiza un mayor estipendio en nuestro país lo constituyen aquellos que realizan pesca deportiva recreativa, los que visitan nuestro país tan solo en determinadas zonas y tiempos para realizar esta actividad en aproximadamente 24 áreas del Pacífico y 14 en el Golfo y El Caribe.
"Para la atención y captura de aproximadamente 80 especies marinas sin que hasta el momento haya habido una política definida de apoyo tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales, ya que la han visto como una actividad elitista, cuando en realidad esta es una de las alternativas más propicias y económicas para el desarrollo regional.
"Con una adecuada legislación en materia de pesca deportiva además lograríamos un aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, lo que permitirá una productividad óptima y sostenida de la pesca tanto deportiva y recreativa como comercial, que generan un gran número de empleos e incrementan el valor de las cadenas productivas regionales.
"El marco legal para la pesca deportiva recreativa está previsto en la Ley Federal de Pesca y el reglamento de la ley federal señalada la Norma 07PES de 1994 y la Ley Federal de Derechos en sus artículos 191 al 194.
"El impacto socioeconómico de esta actividad va más allá de la recaudación fiscal por concepto de ingresos, ya que incluye la construcción y venta de equipo auxiliar, la industria de fibras sintéticas y material para los cascos de las embarcaciones, la industria de motores, la de remolques, herrajes, empresas dedicadas a la venta o renta de artículos de pesca y deportivos, las marinas turísticas y puertos de abrigo, empresas arrendadoras de botes o yates de recreo, las productoras y distribuidoras de lubricantes y combustibles, las de avituallamiento, prestadores de servicio, productoras y comercializadoras de carnada, los clubes que organizan torneos, las de servicios portuarios y muchas más.
"Se estima que tan solo en el sureste de los Estados Unidos hay 52 mil embarcaciones que reúnen las características y condiciones para visitar el Mar de Cortés, por lo cual el valor de la pesca deportiva podría estimarse en 1,000 millones de dólares, sin contar con recursos fiscales y es preciso conocer que un ejemplar de pesca deportiva por concepto de captura recreativa, incluyendo todos los gastos directos e indirectos varía entre 2,000 y 20,000 dólares, lo que hace considerablemente más valiosa que su pesca comercial. Además de que la actividad recreativa ni se contrapone ni está en conflicto con la comercial.
"La generación de empleos por la pesca deportiva es muy considerable tanto en los directos como en los indirectos, constituyendo una expresión muy valiosa del desarrollo regional, a lo que debemos sumar los esfuerzos permanentes en el estudio del impacto ambiental y la disposición de especies para captura.
"Aunado a lo anterior la pesca deportiva recreativa es una opción para miles de pescadores que no tienen acceso a otras pesquerías por su saturación, lo que les permitiría convertirse en prestadores de servicios turísticos y con esto poder hacer más moderna y competitiva su flota, con lo cual además se lograría el control de permisos, el desarrollo de la actividad y se fortalecería la seguridad de los turistas y los pescadores.
"A pesar de los éxitos en materia turística y por supuesto a los relativos a la pesca deportiva recreativa, existe un obstáculo que no ha permitido el crecimiento armónico de esta variante de turismo y la ley existente en la Ley Federal de Derecho señalada en el artículo 191 E, en la que se cobra una cantidad sin importancia menor al equivalente a 3 dólares por día a quien desea hacer pesca deportiva y el pago de esta cuota se dificulta porque hay que hacerla en horas de oficina, únicamente de lunes a viernes y solo en un sitio, el cual no necesariamente se ubica en la localidad o municipio donde se realiza esta actividad, lo que desanima a los viajeros a realizar esta práctica y por un lado deja sin ingresos a miles de propietarios de embarcaciones y se impide el enorme estipendio de la pesca recreativa, por lo cual proponemos la exención de este pago para quien la practique en un barco o yate destinado a esta actividad, porque, es cierto, ellos pagan una razonable cantidad cercana a los 4 mil pesos anuales al erario público.
Por las consideraciones antes expuestas y en ejercicio de mis facultades constitucionales y de las responsabilidades que la ley nos impone para legislar en base a las necesidades del país y a los ciudadanos que me han electo, someto ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se añade un párrafo al artículo 191-E de la Ley Federal de Derechos, para quedar de la siguiente manera:
"Artículo Unico.- Se añade un párrafo al artículo 191-E de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
"Ley Federal de Derechos. Artículo 191-E.- No estarán obligados al pago de este derecho la pesca deportiva contratada a través de un prestador de servicios, cuando la embarcación sea dedicada habitualmente para la prestación de servicios de pesca deportiva-recreativa.
"Transitorio.
"Unico.- Este decreto entrará a vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Es cuanto, señor Presidente. Gracias por su atención, señores diputados.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputada.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El señor diputado don Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Manuel Velasco Coello, ... Me informan que este tema queda pospuesto.
Por lo tanto tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jaime Moreno Garavilla, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los párrafos primero y cuarto del artículo 34, así como el sexto, séptimo y octavo del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Muchas gracias. Con su venía, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante don Jaime.
El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Honorable Asamblea:
En ejercicio de la facultad constitucional y legal que me asiste, someto a su consideración la presente iniciativa de reforma a los artículos 34 y 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El propósito es el de fortalecer a las agrupaciones políticas nacionales. Su origen: el acuerdo que en tal sentido tomamos los representantes de más de 60 agrupaciones políticas con registro vigente ante el Instituto Federal Electoral. Su exposición de motivos y redacción es mérito de la comisión designada para ello. El problema que enfrentan: el trato incongruente que hoy les otorga la legislación electoral. La propuesta: que la norma les otorgue el marco de facultades y de herramientas para efectiva y eficazmente participar en la vida política del país.
La figura de la agrupación política nacional se retoma en los esfuerzos que por perfeccionar a nuestra democracia se realizaron en 1996. Hoy las define el COFIPE como formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.
En concordancia con esta definición, les asigna recursos públicos exclusivamente para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política e investigación socioeconómica y política. Serán éstas entonces organizaciones de instrucción más que de acción política?
Sólo pueden participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político; no pueden hacerlo en coaliciones. Y si el partido con el cual se deciden a participar se coaligara con otros como seguramente ocurrirá en el proceso federal que se avecina, sencilla la respuesta, cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos marginados. Será esto saludable a nuestra democracia? Convendrá esto al interés mismo de los partidos políticos ante escenarios inminentes en los que unos cuantos votos podrán seguramente hacer la diferencia? .
Por otra parte, realmente se estimula este tipo de participación política con los exiguos recursos provenientes del 2% del techo asignable a los partidos?; además, hay que pagar a personal especializado para efecto de que se cumplan los requisitos administrativos y contables, que por cierto no son pocos, que impone la ley y los demás salarios? y la renta? y los teléfonos? y la luz? .
Cómo hacer política cuando no se tienen medios siquiera para establecer una comunicación periódica con sus propios afiliados que por disposición legal deben ser miles?.
Pareciera que las agrupaciones políticas nacionales hubiesen sido creadas como figuras de simulación o condenadas a la marginación.
Compañeras y compañeros Legisladores, aceptar que la ley se aplique para simular o para marginar la participación política de la ciudadanía equivale a asestar golpes leales a la democracia. Si la democracia llegara a morir, la violencia ocupará su sitio, que no quepa duda, ocuparía nuestras calles, paralizaría nuestros trabajos, truncaría la educación y quizá la vida de nuestros hijos. Nos obligaría al aterrorizado encierro familiar, escasearían los víveres, la desesperación y el caos nos gobernarían y todos, absolutamente todos, perderíamos.
Por eso, cuando los intereses se vean trenzados, quizá más valga el empate que conviene a la República y vale más que nos pongamos con un esfuerzo enderezado a no reparar en costos por cuidar y por fortalecer a nuestra democracia , inyectemos la de valores, advertidos de que la perfección equiparable a lo absoluto, solamente es identificable en la divinidad. Procuremos en cada amanecer, andar por el sendero del respeto a los demás y por el sendero de la verdad.
Hagámoslo, porque en México, muy a pesar de las voces y las conductas que parecieran cavar su sepulcro. En México vive y vibra aún con fervor, el anhelo democrático.
Que las agrupaciones políticas nacionales coadyuven con los partidos políticos a trabajar por la democracia y a rescatar la estimación social hacia la política, que puedan ampliar sus vías de financiamiento, que puedan concursar en igualdad de condiciones con otras organizaciones ciudadanas para la obtención de fondos públicos y privados, incluso del exterior, como lo hacen algunas asociaciones civiles con niveles de fiscalización y rendición de cuentas muy pro muy por debajo del rigor con que deben hacerlo las agrupaciones políticas.
Sobre estas consideraciones, me permito someter atentamente a su consideración la presente Iniciativa de Decreto, con Artículo Unico.
Se reforman los Numerales 1 y 4 del Artículo 34 así como los Numerales 6, 7 y 8 del Artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo 34.- Las agrupaciones políticas nacionales podrán participar en procesos electorales federales mediante Acuerdos de Participación con un partido político o con partidos coaligados. Las candidaturas surgidas de los Acuerdos de Participación serán registradas por el partido político o los partidos coaligados y serán votadas con la denominación , emblema, color o colores acordados y expresos en el convenio de que se trate.
A las agrupaciones políticas, diría el Numeral 4, le serán aplicables en lo conducente lo dispuesto por los Artículos 38, 49A y 49B así como lo establecido en los párrafos tres, cuatro y cinco del Artículo 49 de este Código.
Por lo que hace al Artículo 35, el Numeral 6, quedaría diciendo: Las agrupaciones políticas con registro gozarán del régimen previsto para los partidos políticos en los Artículos 50, 51 y 52 de este Código, asimismo tendrán acceso a la radio y a la televisión en términos proporcionales y equitativos frente a los partidos políticos nacionales, así como derecho a las franquicias postales y telegráficas para apoyo de sus actividades.
El Numeral 7, diría: De igual manera las agrupaciones políticas con registro gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, de educación y capacitación política, investigación socioeconómico y política, de organización, representación y desarrollo orgánico.
El Numeral 8, señalaría: Para los efectos del párrafo anterior, se constituirá un fondo consistente en una cantidad equivalente al 100% del monto que anualmente reciben los partidos políticos, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.
Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de las agrupaciones políticas nacionales, agradezco a ustedes por su reflexión amable y profunda sobre el tema, además de por su apoyo y fundamentalmente por la deferencia de su atención. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Javier Bravo Carvajal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma el Artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Túrnese la iniciativa que ya ha sido remitida a la Comisión de Economía.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Tomás Trueba Gracián del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma el Artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Municipios.
El diputado Tomas Trueba Gracián: Con su permiso diputado Presidente.
Diputadas y diputados.
Vengo a presentar un proyecto de reforma de coordinación fiscal con la siguiente
Exposición de Motivos
Hablar de federalismo implica, no solamente una mutua cooperación existente entre la federación como tal y las entidades federativas, para que cada uno, dentro de los límites que su competencia le fija, pueda desarrollar sus actividades, según la organización adoptada, sino que también se erige como la forma de organización política más adecuada para un México democrático, justo y equilibrado.
Para ello, las entidades federativas, requieren que los recursos que se les asignen sean suficientes y que su distribución, sea la más adecuada, acudiendo con tal motivo, a una redistribución de funciones, de decisión y operación de las políticas públicas, para acercarlas a la población que beneficia a ellas.
La federación, como corresponsable de la situación, previó la creación de un sistema de coordinación fiscal entre ella y los estados, para coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas públicas locales, redistribuyendo la recaudación federal en la forma más justa y equilibrada posible, evitando la proliferación de regímenes fiscales, que por su diversidad se constituyeran en un obstáculo para el buen desarrollo de la vida nacional.
A pesar de los esfuerzos de varias generaciones de mexicanos por avanzar en la construcción de un Sistema Federal de Coordinación Fiscal equilibrado, aún persisten inercias y lastres productos del peso de la tradición centralista heredada en México colonial y post revolucionario, por lo que debemos impulsar también dentro del proceso de la reforma del Estado y principalmente del federalismo, el ámbito fiscal y hacendario como uno de los principales temas a debate.
Tenemos la obligación de contribuir para la construcción de las bases que permitan dotar a los municipios, entidades federativas y a la Federación, de los recursos y facultades necesarias para hacer de las finanzas públicas un verdadero instrumento que impulse el desarrollo de todas las regiones del país. Es decir, se debe vigorizar la soberanía política y económica de los estados y municipios y reivindicar la función compensatoria y subsidiaria del pacto federal.
El Poder Legislativo debe contemplar una recuperación de la potestad tributaria de las entidades federativas y los municipios, así como el otorgar facultades a éstos para dejar en sus manos la recaudación del impuesto en ámbitos locales, lo esencial es el pleno ejercicio de la potestad tributaria de dotación de márgenes a las entidades y municipios, para implementar políticas fiscales y poder utilizar sus finanzas públicas como instrumento de política económica para impulsar el desarrollo en sus regiones.
La iniciativa de modificación de la Ley de Coordinación Fiscal que hoy pongo a consideración de esta soberanía subsana el error contenido en el artículo 3 B, que menciona que los municipios de los estados y el Distrito Federal participarán con un 80% de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección Tercera del Capítulo 6 del Título Cuarto, que nos remete al artículo 158 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que a la letra dice: "Se consideran ingresos por intereses para los efectos de este capítulo, los establecidos en el artículo 9 de esta ley y los demás que conforme a la misma tengan tratamiento de interés".
Artículo 9: "Para los efectos de esta ley, se consideran intereses cualquiera que sea el nombre con que se le designe, a los rendimientos de créditos de cualquier clase. Se entiende que, entre otros, son intereses los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones incluyendo descuentos, primas y premios; los premios reportes o de préstamos de valores; el monto de las comisiones que corresponda con motivo de apertura o garantía de crédito; el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse en instituciones de seguros o finanzas".
Con la corrección que se menciona estamos manteniendo el espíritu y la lógica propuesta por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que ha buscado avanzar en distintos aspectos de las relaciones fiscales del Gobierno Federal, los estados y los municipios, como son: la armonización impositiva y la reducción de la tributación múltiple; la simplificación de los sistemas tributarios federales y estatales; el establecimiento y perfeccionamiento de un sistema de transferencia de recursos intergubernamentales llamadas participaciones; a colaboración administrativa en diversas materias impositivas y la creación y operación de organismos específicos de comunicación y diálogo entre las autoridades fiscales de los distintos ámbitos de gobierno.
Por eso someto a la consideración de esta soberanía proyecto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal su artículo único.
"Artículo 3-B.- Los Municipios de los Estados y el Distrito Federal, participarán con el 80 por ciento de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección Tercera del Capítulo Segundo del Título Cuarto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que a partir del 1 de enero del 2000, se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales.
"La Federación establecerá los mecanismos administrativos para que se formalice la aceptación del municipio para la aplicación de la presente disposición, los términos y formas para realizar los actos de verificación a contribuyentes sin registro, así como para coadyuvar con al Federación en la detección y fiscalización de contribuyentes que tributen en este régimen.
"Los municipios recibirán esta participación durante todos los ejercicios fiscales en que los contribuyentes que las generen permanezcan en dicho régimen domiciliados en su localidad.
"Asimismo, podrán convenir con los gobiernos de los estados la coadyuvancia de estos últimos, en cuyo caso los municipios participarán del 75 por ciento de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección Tercera del Capítulo Segundo del Título Cuarto de la del Impuesto Sobre la Renta, que a partir del 1 de enero del 2000, se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales de los estados con el 10 por ciento y la Federación con el 15 por ciento de dicha recaudación".
Transitorio: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial.
Diputado Presidente le pido que sea incluido el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Es cuando, muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Tomás Trueba Gracián.
Antes de proveer lo conducente, se informa a los señores legisladores que nos visitan los integrantes del Cabildo y Delegados del Municipio de Timilpan, estado de México, encabezados por su Presidente, el señor Sergio Flores Molina. Bienvenidos.
Todos ellos invitados por el diputado Arturo Osornio Sánchez.
En relación con la iniciativa presentada por el diputado don Tomás Trueba Gracián, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En relación con la iniciativa presentada por el señor diputado don Jaime Moreno Garavilla, se ha decretado el turno a la Comisión de Gobernación y se amplía a Comisiones Unidas de Gobernación y Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial de Reforma del Estado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Hugo.
El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Compañeras y compañeros diputados:
Cada vez que se acercan los tiempos de decisiones y definiciones políticas, vemos en todos los institutos políticos los procedimientos para nominar al candidato de cada partido a la Presidencia de la República, para luego entrar al juego de la competencia por la obtención de los votos necesarios.
Hemos sido testigos de cómo desde el espacio público en que se ejerce alguna Secretaría de Estado o gobernatura en las entidades federativas, entre otros cargos se promueve normalmente la figura del titular para ser candidato a la Primera Magistratura del país.
Así las cosas, hemos conocido por los medios de comunicación los procedimientos a seguir de los precandidatos, por conducto de las pre campañas políticas en pos de alguna candidatura con reglas no escritas acerca de su proceder, como mecanismo de promoción política fuera de los tiempos electoralmente permitido.
Lo anterior no significa que exclusivamente deba darse la disputa por las candidaturas de Secretarios de Estado, Gobernadores, sin embargo, coloca a éstos en una situación de ventaja ante otros interesados que no están en las mismas posibilidades de promocionar su candidatura, en concreto se trata de moderar la competencia, "nadie es más, nadie es menos".
Por tanto, el propósito de esta iniciativa es que el interesado en contender por la candidatura presidencial de su partido, llámese Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe o Secretario General de algún departamento administrativo, el Procurador General de la República, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o algún Gobernador de estado, no ejerza su cargo a menos que se separe de su puesto con 18 meses de anticipación al día de la elección, sin menoscabo del resto de los requisitos que se exigen para ser Presidente de la República.
En mérito de lo anterior y debidamente expuesto, el suscrito, diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, pone a la consideración de esta asamblea en su carácter de Constituyente Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone la modificación y adición de la fracción VI del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de señalar:
Que para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el servidor publico señalado se separe de su cargo por lo menos 18 meses antes del día de la elección, además adiciona la figura del Jefe del Gobierno del Distrito Federal, a la misma fracción VI del 82 constitucional.
Por lo anterior le pido a usted Presidente, sea insertada en su totalidad esta iniciativa en el Diario de Debates para su constancia.
Es cuanto.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias don Hugo Rodríguez Díaz.
Como lo solicita el señor diputado, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Juan Barcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 5 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El diputado José Juan Barcenas González: Con su venia, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante señor diputado.
El diputado José Juan Barcenas González: El 29 de mayo del 2000, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dicha ley es reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente establece:
"Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral".
El objeto de la ley reglamentaria es garantizar a niñas, niños y adolescentes, la tutela y es respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La Declaración sobre los Derechos de los Niños, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, fue el primer instrumento internacional en que se establece que la vulnerabilidad de los niños es razón suficiente para que se justifique una protección particular en todos los ámbitos de su vida, con el fin de lograr mejores sociedades, mejores seres humanos y comenzar a crear una conciencia universal sobre el respeto y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
Mediante reformas al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 18 de marzo de 1980, se elevo a rango constitucional el derecho de los niños a la satisfacción de sus necesidades, incluida, la alimentación, salud, educación y el sano esparcimiento para su desarrollo integral.
La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, vino a desarrollar los principios y disposiciones consagradas en la Constitución y en las convenciones internacionales. A ella le corresponde garantizar el detalle y en cualquier circunstancia los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y es este el ordenamiento que debe perfeccionarse y evolucionar para que podamos responder a las exigencias y requerimientos que presenta la realidad social de la infancia mexicana.
El dictamen que aprobó la iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se destacó que para que una ley efectivamente promueva un cambio radical en el ejercicio de niñas, niños y adolescentes hagan de sus derechos humanos, debe de proteger ese ejercicio tomando en cuenta las especificidades y circunstancias de todos ellos. Así, cuando esas especificidades han estado siendo mal atendidas y los han puesto en situación de desigualdad real o bien, sometidos al abuso de poder, en la ley se les da el tratamiento adecuado para que en adelante no sean razón de tal desigualdad ni de tal abuso.
Es este el propósito fundamental de la iniciativa: fortalecer la protección de aquellos niños que se encuentran en estado grave de vulnerabilidad resultado del abandono, maltrato, explotación y abuso en cualquiera de sus modalidades.
Por lo anterior, la propuesta materia de esta iniciativa tiene por objeto, en primer lugar, reformar el texto del párrafo primero del artículo 5 de la ley, a efecto de prever que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, implementen los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia; para construir una obligación directa, imperativa e insoslayable, a cargo de dichos ámbitos de gobierno, suprimiendo la expresión "procurarán implementar" que carece evidentemente de fuerza obligatoria y poniendo en su lugar "implementarán".
En segundo lugar, nuestra propuesta incluye reformar el primer párrafo del artículo 7 de esa misma ley, con el objetivo de explicitar el derecho de los niños de ser protegidos por el Estado contra cualquier forma de abandono, maltrato, explotación y abuso intencional o negligente.
La intención de la propuesta es enfatizar la importancia y gravedad de las hipótesis mencionadas que, de realizarse, negarían definitivamente y harían nulos los derechos de la infancia; se trata de evidenciar que las circunstancias señaladas constituyen la situación extrema de vulnerabilidad en que pueden situarse los niños y las niñas y de allí la necesidad de establecer una obligación especial del Estado para protegerlos de esas situaciones críticas.
Pensemos en los "niños de la calle" y en "situación de calle", que son quienes menos oportunidades tienen de integrarse a la sociedad y hacer efectivos muchos de sus derechos como el de vivir en familia, el de la no discriminación, el de la educación, el de vivir en condiciones de bienestar, el de un sano desarrollo psicofísico.
Por lo anterior y basado en el principio del interés superior de la infancia, en tercer lugar proponemos que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, destinen presupuestos y partidas específicas para el desarrollo social y humano integral de la infancia, especialmente la más vulnerable.
Finalmente y no menos importante, es el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales dentro de los programas nacionales para la atención de los derechos de la infancia y adolescencia, estableciendo en la Ley para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan a su cumplimiento y garanticen el mejoramiento de la condición social de todas las niñas, niños y adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 y reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 5. "La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, implementarán los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección a los derechos de la infancia, basados en el contenido de la convención sobre los derechos de los niños y tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la República.
Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos, especialmente el derecho de ser protegidos contra cualquier forma de abandono, maltrato, explotación y abuso intencional o negligente. Así como la toma de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores y custodios u otras personas que sean responsables de los mismos.
De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.
La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, definirán presupuestos y partidas específicas para el desarrollo social y humano integral de la infancia, especialmente la más vulnerable.
El gobierno federal promoverá la adopción de un programa nacional para la atención de los derechos de la infancia y adolescencia, que fortalezca las relaciones interinstitucionales y se involucre la participación de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garanticen el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.
Es cuanto diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don José Juan Barcenas González.
Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Jacqueline Arguelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales.
La diputada Jacqueline Arguelles Guzmán: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
La presente reforma pretende establecer dentro del artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, pertenecientes al Título Séptimo, Capítulo Unico, relativo a las sanciones, la posibilidad de que la multa o sanción económica contemplada por las infracciones cometidas a la misma ley, pueda ser más rigurosa, sobre todo por lo que toca a la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, en virtud de que dicha materia es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y guarda una naturaleza eminentemente ambiental.
Así, en la práctica resulta cotidiano apreciar violaciones al instrumento normativo que nos ocupa, así como a su reglamento en la materia; sobre todo en cuanto a zona federal marítimo terrestre se refiere, relacionadas principalmente a su uso, aprovechamiento y explotación.
Por ende y debido a la creciente comisión de infracciones en la materia, resulta necesario elevar las sanciones establecidas, particularmente la económica, con la finalidad de contar con instrumento que inhiba las conductas antijurídicas y se convierta en un medio represor severo para quienes quebranten las disposiciones normativas.
Habiendo establecido lo anterior, las cifras hablan por si mismas toda vez que durante 2003 la autoridad competente realizó alrededor de 1953 visitas de inspección, la cuales arrojaron en 1778 casos, las ocupaciones no contaban con el título de ocupación correspondiente y 1774 ocupaciones sin autorización; situación que a comparación del año 2002, creció dramáticamente, toda vez que de ese año los datos arrojaron que de dos mil 100 visitas de inspección mil 441 ocupaciones no contaban con concesión, mientras que 394 se encontraban sin autorización.
Es indudable, así como a la vez alarmante, el creciente número de situaciones irregulares que se han detectado, por lo que se considera necesario tomar acciones concretas cuyo objeto sea el respeto a la ley y, por ende, el respeto al estado de derecho imperante en México, un medio a través del cual se inhiban situaciones futuras a través de sanciones ejemplares, aunque si bien es cierto los medios coactivos del Estado deberán ser el mecanismo último de respeto a la ley. En situaciones como la que hoy nos ocupa resulta evidente la necesidad de realizarlo.
Como complemento de lo anterior resulta sólo revisar el actual artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales: "Se sancionará con prisión de 2 a 12 años y multa de 300 a mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien sujeto al régimen de dominio público de la federación, no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de 30 días naturales siguientes a la fecha de la notificación del requerimiento administrativo que le sea formulado".
Como vemos, éste contempla como sanción económica máxima mil veces el salario mínimo general vigente; sin embargo, el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, en su artículo 75 permite establecer multas que van de los 50 a los 500 días de salario mínimo general vigente, para apreciar a simple vista lo débil de las sanciones, mientras que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece multas máximas de 50 mil días de salario mínimo vigente, justificación que a todas luces resulta obvia, toda vez que el bien jurídico tutelado por dicha normatividad reviste una importancia excepcional.
Es así que resulta trascendente la presente reforma con la finalidad de elevar las multas y homologarlas con la legislación ambiental, por lo menos en la parte conducente en la Ley General de Bienes Nacionales, con la finalidad de que se puedan establecer multas que resultan retractores en la realización de tales conductas.
Por todo lo anteriormente expuesto me permito someter ante el pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 149. Se sancionará con prisión de 2 a 12 años y multa de 300 a 50 mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien sujeto al régimen de dominio público de la federación no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de 30 días naturales siguientes a la fecha de la notificación del requerimiento administrativo que le sea formulado.
Solicito a la Mesa Directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada. Como lo pide doña Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Gobernación.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente. Hago uso el día de hoy de esta tribuna a fin de dar cumplimiento a un compromiso que realicé hacia el interior del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respecto de una problemática que aqueja, en diferentes vertientes pero en todo el país, a la situación ecológica y de protección al medio ambiente.
Hace 50 años empezó el estudio de los cloroflurocarbonos. Cincuenta años más tarde, nos percatamos que efectivamente había una lesión hacia la capa de ozono.
No debemos permitir que sigan sucediendo violaciones irreparables o irreversibles al medio ambiente en las diversas latitudes del país.
En 1999 reformamos el artículo 4., constitucional, para establecer, como garantía, el que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Corresponde ahora a todos nosotros el protegerlo. De igual modo, en ese mismo año se reforma el primer párrafo del artículo 25 para agregar. "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable".
Es de todos conocido que tanto en Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, vivimos el problema de actitudes y acciones que lesionan el medio ambiente y que bajo el amparo de la justicia federal, continúan actos de imposible o irreversible reparación. A qué me refiero?
Pongo de ejemplo a Monterrey, Nuevo León: Tenemos en este momento fraccionadores que al amparo de problemas de competencia entre la autoridad federal, estatal y municipal, consiguen con justo derecho, la suspensión del acto reclamado. Y estamos hablando de: Tala de árboles, estamos hablando de destrucción de cerros. Para qué? Para que posteriormente al definirse el fondo del asunto se señale que el particular no tenía razón, más en ese momento el daño es irreversible. Tenemos que frenar esto.
El propio Poder Judicial de la Federación ha señalado en diversas tesis, que la protección al medio ambiente es de interés público e interés general toda vez que protege a la propia salud pública.
El artículo 124 de la Ley de Amparo señala de manera muy puntual cuáles son los requisitos para el otorgamiento de la suspensión del juicio de amparo, la suspensión del acto reclamado.
Establece la solicitud del agraviado que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, que sean actos de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
Qué se considera que violenta el interés social y el orden público? Cuando se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes.
Segundo.- Cuando se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos.
Tercero.- Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario.
Cuarto.- Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza.
Quinto.- Se permita el incumplimiento de las órdenes militares.
En estos casos la autoridad juzgadora debe de negar la suspensión del acto reclamado en razón de que haya un perjuicio al interés social y al orden público.
"Como pueden observar, el cuarto punto protege la salud pública. Las tesis, como lo he señalado, del propio Poder Judicial de la Federación consideran a la protección del medio ambiente como parte de esa salud pública.
"Por tal motivo, propongo y presento iniciativa de decreto de reforma al artículo 124 de la Ley de Amparo a fin de que se precise como otra causal en la que no procede el otorgamiento de la suspensión cuando se produzca un daño grave o irreversible al medio ambiente o se ponga en peligro real e inminente el equilibrio ecológico o la salud de las personas, porque se han rebasado los límites y condiciones establecidos en las disposiciones legales o normativas aplicables.
"Por qué normativas? Porque hay un sinnúmero de disposiciones de carácter administrativo, normas oficiales mexicanas para ser exactos, que regulan la protección al medio ambiente.
De esta manera dejaríamos a la autoridad juzgadora acotada a que en el momento en que exista un daño grave o irreversible al medio ambiente sea justificante para la negativa de la suspensión. No estamos hablando de actos de difícil reparación, estamos hablando de actos de imposible reparación, como sucede en muchísimos casos en el tema de medio ambiente.
"Quiero advertir al propio tiempo, que esta iniciativa fue en su momento apoyada por los compañeros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ya ha recibido a su vez el beneplácito de diversos compañeros de los distintos grupos parlamentarios en esta Cámara de Diputados y en especial de la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la diputada Jacqueline Argüelles y de la diputada Rebeca Godínez, como Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos"
Por su atención muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Moisés Jiménez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 197 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El diputado Moisés Jiménez Sánchez: Con su venia diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante Diputado.
El diputado Moisés Jiménez Sánchez:
Compañeras y compañeros Diputados:
"El suscrito diputado federal Moisés Jiménez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 107 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado al tenor de la siguiente
"Exposición de Motivos:
"Toda época tiene su historia, los problemas cada vez son más complejos. Las nuevas generaciones demandan soluciones acordes al dinamismo social con el que se vive. Se están creando formas novedosas de relaciones económicas y políticas en donde la sociedad, seguridad social, reclama del Estado mejor control y también mayor participación para satisfacer a los trabajadores sus derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad.
En América Latina se ha dicho que la seguridad social es un fenómeno inventado por el Estado para conciliar políticas adversas o que ha sido un concepto utilizado para resolver necesidades emergentes en las sociedades, como táctica u objetivo para lograr equilibrios entre demandas y satisfactores, incluso con diferentes respuestas que van desde las que se enmarcan como políticas sociales y de previsión social, bienestar o asistencia social.
Sin embargo, para sustentar esta iniciativa de reforma, nos acogemos al pensamiento de Francisco González Díaz Lombardo, en su obra "El derecho social y la seguridad social integral", en donde se propone que seguridad social debe entenderse como instrumento para garantizar solidariamente organizados los esfuerzos del Estado y la población económicamente activa, los riesgos y contingencias sociales y de la vida a que está expuesta y aquellos que de ella dependen, con objeto de obtener para todos el mayor bienestar socioeconómico y cultural posible, permitiendo al hombre una vida cada vez más auténticamente humana, conceptos que en los últimos tiempos denominamos, compañeras y compañeros diputados, calidad de vida.
Seguridad social es entonces el deseo de todos los seres humanos a una vida mejor, atendiendo a la salud, educación y seguridad en el trabajo, así como una vivienda digna, con certeza jurídica y respaldo de un deudor solidario que garantice con oportunidad, eficacia y eficiencia administrativa, la operatividad y seguridad en el patrimonio familiar, anhelos que deberían volverse políticas institucionales, propuestas de mejora o alternativas de cambios internos. Pero al no estar en concordancia con las necesidades externas o con el marco jurídico adecuado, pocas veces se reflejan en beneficios directos a los usuarios en instituciones de seguridad social.
Las reiteradas y permanentes inquietudes de los trabajadores al servicio del Estado respecto a una operación administrativa eficiente en la asignación de los créditos hipotecarios, para que quienes los adquieren cuenten desde el momento de su designación con la certeza jurídica-administrativa de que no se enfrentarán a largo plazo de su crédito con problemas como los que en la actualidad enfrentan, como cobros indebidos, escrituración y liberación de hipoteca inoportunos, pagos de intereses por falta de controles internos en la institución de seguridad social, trámites administrativos innecesarios, con la consiguiente molestia, compañeros, para el trabajador, al tener que solicitar devolución de descuentos.
Esta incertidumbre se genera porque él o los trabajadores beneficiados conocen el monto de su crédito, el crédito que adquirieron, pero no tienen el control de los descuentos generados al pasivo del mismo, originando que no coincida el estado del derechohabiente con el del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, inconsistencia derivada por diferentes factores que van desde cofinanciamientos entre FOVISSSTE y los bancos, descuentos no aplicados o aportaciones no enteradas.
Resulta a todas luces incongruente que el Fondo de Vivienda necesite conocer los saldos de los créditos, los talones de descuentos de los trabajadores y no como debiera de ser, mediante controles o sistemas propios. De ahí la razón por la que el trabajador beneficiado no entiende por qué sea posible determinar cuánto adeuda, pero no cuánto ha pagado, aunado a que si no presentase uno de sus talones, correrá el riesgo de que el Fondo de Vivienda no le acredite ese descuento.
Por las consideraciones anteriores es que se propone la modificación al artículo 107 de la Ley Federal de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que se obligue al Fondo de Vivienda a entregar semestralmente un Estado de Cuenta al beneficiario, independientemente de la institución que maneja los recursos económicos en la compra a terceros, como ahora lo hacen las sociedades hipotecarias con las que en todo caso el Fondo de Vivienda deberá precisar los términos para el reporte de las aportaciones.
De la misma forma, se cumplirá con la entrega de los porcentajes de descuento de créditos a los bancos para no afectar a los trabajadores con pago de intereses que en ocasiones y en distintos fraccionamientos del país, presentan saldos superiores a su crédito o del mismo inmueble. Como ejemplo menciono los fraccionamientos Las Fuentes y la Reforma de Pachuca, Hidalgo.
Sin embargo, dejo a salvo la calidad de las construcciones y de la enorme cantidad de compañeros trabajadores derechohabientes que tienen que pagar los terminados de su vivienda, situación que se resolvería con las adiciones que se proponen, para que sea, compañeras y compañeros Diputados, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado , a través del Fondo de Vivienda, deudor solidario de los trabajadores, debido a que es común que existan contratos hipotecarios de mutuo, en donde no se especifica esta propuesta, originando que el trabajador enfrente juicios con los bancos por adeudos, cuyas causas en ocasiones no son su responsabilidad a la vez que, por mandato de Ley del Fondo de Vivienda, se obligaría a entregar un Estado de Cuenta desglosado cada seis meses, a partir de que el trabajador reciba un crédito hipotecario, sin que ello limite la posibilidad de la consulta rápida via Internet como herramienta tecnológica, indispensable en todos los sistemas administrativos.
Con esto, compañeros, resolveremos un problema cotidiano entre los servidores públicos que afecta primordialmente a nuestros compañeros de menores ingresos.
En atención a las consideraciones expuestas, compañeras y compañeros Diputados, someto a la sensibilidad de esta honorable Asamblea, esta Iniciativa que reforma el siguiente Proyecto de Decreto, por el que se adicionan dos párrafos al Artículo 107 de la Ley Federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Artículo 107.- El trabajador tendrá derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito, que reciba con cargo al Fondo de Vivienda, misma que podrá o no ser parte de conjuntos habitacionales financiados con recursos de dicho fondo.
El Fondo de Vivienda debe ser deudor solidario de los trabajadores que reciban créditos financiados con recursos distintos o co- financiados entre el fondo, bancos, sociedades hipotecarias o particulares.
El trabajador tendrá derecho a recibir del Fondo de la Vivienda cada seis meses, un Estado de Cuenta desglosado a partir del momento que reciba su crédito.
Solicito, Diputado Presidente, sea turnada esta Iniciativa a la Comisión de Seguridad Social y de Vivienda.
Es cuanto, compañeros.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor Diputado. Como lo solicita, túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo, Previsión y de Seguridad Social.
Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Ricardo Alegre Bojórquez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar Iniciativa de Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, provenientes de los Estados Unidos de América y Canadá y se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Aduanera, suscrita esta Iniciativa también por los señores Diputados don Miguel Angel Toscano Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo Alegre Bojórquez: Con su permiso, señor Presidente
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante Diputado.
El diputado Ricardo Alegre Bojórquez: Según lo dispuesto en el Artículo 103 Fracción II del Código Fiscal de la Federación, presume cometido un ilícito, cuando se encuentran vehículos extranjeros, fuera de la zona de 20 kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas sin la documentación oficial.
Los diputados federales de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del PAN con fundamento en lo establecido en los Artículos 71 fracción II de la Constitución General y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, ponemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera, que pretende dar una solución integral al persistente problema de la internación y estancia en México de vehículos de esta característica.
De acuerdo con la información del INEGI, México tiene un parque vehicular de 14.5 millones de automotores, de los cuales entre dos millones y dos millones y medio de unidades son de procedencia ilegal. La cifra de autos ilegales es generada, ya sea por contrabando, internación temporal y la prolongación de la estancia de los vehículos más allá de los seis meses indicados en el Artículo 32 de la Ley Aduanera.
El incentivo perverso que han generado las leyes de regularización también 15 millones de autos usados y chatarra de Estados Unidos que generan anualmente, también la baja de precios o los bajos precios de venta de los vehículos usados extranjeros.
La presencia de esta clase de vehículos lesiona severamente una de las industrias más importantes de nuestro país, ya que la industria automotriz mexicana en el 2003 representó el 2.7% del PIB nacional, el 14.7% del PIB manufacturero y presentó una plantilla de personal de 471 mil empleos, lo que equivale al 12.9% del empleo en el sector manufacturero.
La regularización que algunos cuerpos promueven implicaría darle legitimidad a la violación de la ley, lo cual generaría una injusticia aprobada por ley, en contra de los usuarios de vehículos legales, que sin han cumplido con su pago de impuestos, devaluaría de un 10 a un 20% el valor de los autos usados adquiridos en el mercado nacional, que oscila entre los 12.5 millones de unidades.
Generaría desestabilización en el mercado de vehículos usados nacional, porque la gente podría preferir gastar más dinero en un vehículo ilegal que comprar uno nacional en regla. Provocaría pérdidas fiscales. Atentaría en contra de la política ambiental nacional, ya que un auto con más de 10 años de antigüedad, genera más emisiones contaminantes, debido a que sus emisiones, como son el hidrocarburo, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, son mayores en 60, 50 y 15 veces respectivamente. Con respecto a vehículos más recientes, a 10 años, los cuales producen 20, 15, y 10 número de veces los contaminantes antes mencionados.
Ante la complejidad del problema, los diputados firmantes, proponemos el proyecto de iniciativa de ley, para la Ley del Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera. Esta iniciativa no legaliza los vehículos ilegales, pero si les da una oportunidad a los poseedores y propietarios de estos autos de pasar al lado de la legalidad.
El propósito de la iniciativa se sustenta en la oportunidad que se dará a vehículos que ya se encuentran internados en el país, para ser censados mediante un registro aunado al pago de un derecho denominado, Derecho para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera.
El pago de este derecho para el registro de vehículos de procedencia extranjera, será destinado para la integración de un fondo nacional llamado, Fondo para el Registro de Vehículos Usados Extranjeros. Este fondo tendrá como principales objetivos:
1.- La renovación vehicular, ya que los vehículos ilegales serán retirados de la circulación, permitiendo mejorar la edad media de la flota vehícular.
2.- El financiamiento, y que con los recursos del fondo, se otorgará un certificado de adquisición intransferible y no negociable, entregado por el gobierno federal, que se hará efectivo con los distribuidores de vehículos nuevos nacionales a cuenta del enganche para la adquisición de un automóvil compacto nuevo de consumo popular.
Es necesario mencionar que aunado a las ventajas que se alcanzarían con la renovación vehicular, también se alentaría el mantenimiento frecuente de los automóviles, con lo que se vería beneficiado todo el sector automotriz.
El sector automotriz contribuirá en este programa firmando un convenio con el Gobierno Federal, en el cual se comprometen a aportar un monto monetario equivalente al del certificado de adquisición como parte pagada del enganche para la adquisición de un vehículo compacto nuevo, de consumo popular.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada conjuntamente con las autoridades fiscales de las entidades federativas, de llevar a cabo la inscripción al mencionado registro. El registro abarcará los siguientes transportes:
Los vehículos automotores modelo 2004 o anteriores y posteriores al año de 1970, con las siguientes características:
Todos los vehículos provenientes del territorio de los Estados Unidos de América, así como de Canadá.
Todos aquellos vehículos automotores, automóviles y vagonetas con capacidad de hasta 12 pasajeros.
El registro también abarcará los transportes, camiones unitarios hasta de 6.3 toneladas de peso bruto vehicular.
Es necesario mencionar, que para realizar el trámite para el registro se requerirá la cédula consultar de salida del migrante, la cual también permitirá establecer las bases para un censo de aquellas personas que cruzan la frontera norteamericana con fines laborales y/o turísticos. Se requerirá de que todas las entidades federativas participen en la implementación del presente registro mediante la firma del Anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se propondrá que autoridades como la PGR, así como la Agencia Federal de Investigación, colaboren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fiscalizar fuera de las aduanas, así como en todo el territorio nacional, el estricto apego a la presente propuesta de ley.
Los diputados del grupo parlamentario del PAN invitamos a aquellos individuos que han violado la ley resguardando en territorio nacional vehículos usados de procedencia extranjera de manera ilegal, que no perderán su patrimonio, sino que iniciarán un proceso legal y la alternativa es mediante la inscripción al Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, con la finalidad de gozar de sus beneficios.
Con la finalidad de que la presente propuesta de ley se aplique de manera más adecuada, requiere de diversas reformas a la Ley Federal de Derechos acompañada de otras más a la Ley Aduanera. Esta propuesta de ley, sin embargo, va acompañada de otras reformas a leyes diversas, lo que hace de ésta una propuesta integral que pretende acabar con el problema actual; fortalecer el mercado interno nacional y disminuir los incentivos que provocan entradas de vehículos usados ilegales provenientes de Estados Unidos y Canadá y su circulación en territorio nacional.
Con base en los argumentos antes expuestos, se somete a consideración de esta soberanía las siguientes:
Iniciativa de Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera Provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá:
Dos. Iniciativa que adiciona un artículo 53 Bis y reforma el artículo 74 de la Ley Federal de Derechos.
Tres. Iniciativa que adiciona el Inciso E del artículo 106, adiciona los artículos 137 Bis, 137 Ter, 137 Cuarter, 137 Quinties, la fracción III del artículo 151 y una fracción V al artículo 183 A de la Ley Aduanera.
Compañeros, se trata de fortalecer el mercado interno, pues nunca podremos competir con un mercado como es el americano, que es 15 veces más grande que el nuestro. Protegemos y protejamos a los que sí compran en México, a los que sí pagan sus impuestos, a los que sí generan empleos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don Ricardo Alegre Bojórquez.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 73 y 118 de la Constitución General de la República.
El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
Acudo a esta Honorable Soberanía a presentar una iniciativa de Proyecto de Decreto para reformar el artículo 73 fracción XII y el artículo 118 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
No obstante las acerca de 500 reformas que ha tenido nuestra Ley Fundamental de 1917, aún tiene vacíos legales, disposiciones erróneas fuera de la realidad social y política actuales, que en su tiempo fueron adecuadas pero que ahora ya no responden a las necesidades sociales, y lo más grave, es que es contradictoria en algunas de sus disposiciones.
La presente iniciativa se refiere a la Reforma del Estado y tiene la finalidad de precisar de quién es la facultad de declarar la guerra, si del Presidente de la República o del Congreso de la Unión, en su primera parte.
Y en su segunda parte, reformar el contenido del artículo 118, para que el Congreso de la Unión no tenga la facultad de autorizar a algún estado a declarar la guerra a otro país.
La Constitución de la República establece en el artículo 73, "El Congreso tiene facultad:.
"Fracción XII. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo."
Y por otra parte, el artículo 89, también de nuestra Ley Máxima establece: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
"Fracción VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa Ley del Congreso de la Unión".
Las disposiciones antes señaladas crean confusión, porque la fracción XII del artículo 63 dispone que el Congreso tiene facultad para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo y la fracción VIII del artículo 89 establece que es facultad y obligación del Presidente declarar la guerra previa Ley del Congreso de la Unión.
Entonces, si analizamos que es facultad del Congreso de la Unión emitir la Ley mediante la que se declare que el Estado Mexicano se encuentra en guerra con otro estado, con base en el informe que reciba del Ejecutivo, en estas circunstancias el Congreso de la Unión, sólo tiene competencia para dictar la Ley instaurando un estado bélico y una vez declarado legalmente el estado de guerra, corresponde al Ejecutivo, como órgano político responsable de las relaciones internacionales, hacer del conocimiento público nacional e internacional, a los estados en guerra neutrales, la situación o estado de guerra existente con base en el derecho constitucional mexicano y en el derecho internacional.
Si la función del Poder Legislativo es crear las leyes y la del Presidente es la de ejecutarlas, suponemos que no habría mayor problema, pero las disposiciones constitucionales ya mencionadas son las que crean la contradicción.
Y para superarlas habrá necesidad de reformar la fracción XII del artículo 73, para que el Congreso tenga facultad de emitir la ley para declarar la guerra a otro país, en vista del informe que le presente el Presidente, dejando en iguales términos las facultades y obligaciones del Presidente en la fracción VIII del artículo 89, que es declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa Ley del Congreso de la Unión.
Por otra parte, la Constitución de la República dispone en su artículo 118, tampoco pueden los estados, sin consentimiento del Congreso de la Unión, fracción III, hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan inminente que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la República.
Consideramos desafortunada esta disposición, ya que el Congreso de la Unión no debe dar el consentimiento a un estado para hacer la guerra a algún otro país. En primer lugar, porque declarar y hacer la guerra son facultades y obligaciones, tanto del Congreso de la Unión como del Presidente de la República, según la Constitución vigente. Dar el consentimiento sería delegar estas facultades a algún estado de la República, además los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 119 de la misma Ley Fundamental.
El artículo 118 cuando dice: "tampoco puede sin el consentimiento del Congreso de la Unión", está previniendo la posibilidad de que un estado de la República haga la guerra a alguna potencia extranjera con autorización del Congreso. Como dijimos antes, el artículo 119 le otorga está obligación a los Poderes de la Unión y no sobra mencionar, que sí pueden cualquier estado, cualquier país, sin autorización de nadie hacer la guerra defensiva en los casos de invasión.
Establece la fracción II del artículo 118:
"Tampoco pueden los estados, sin autorización del Congreso de la Unión.
Fracción II. Tener en ningún tiempo tropa permanente ni buques de guerra.
Está prohibición es premisa lógica de la fracción III, ya que no es posible hacer la guerra por parte de un estado a alguna potencia extranjera, si no se tiene tropa permanente ni buques de guerra; es decir, esta fracción II es letra muerta, igual que la fracción III.
No debemos olvidar que en el artículo 40 de la Constitución del país, el sistema político adoptado es el de una República, representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación que se rige conforme a los principios establecidos en la Ley Fundamental. Asimismo en relación con el régimen federal adoptado en el artículo 124, se acordó en forma precisa que las facultades que no estuvieren expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.
Finalmente, consideramos que las fracción II y III del artículo 118 son disposiciones que contravienen lo dispuesto en el Pacto Federal y causarían la desintegración de nuestra República. Si el Congreso autorizara la creación del ejército a un estado, tendría que autorizar la creación de 31 ejércitos, 31 fuerzas aéreas y 17 marinas de guerra.
Por eso consideramos que debe derogarse las fracciones II y III del artículo 118, lo mismo sucedería con la fracción I, pues si el Congreso desea autorizar a un estado cobrar derechos de tonelaje o de puertos o imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, podrá para ese efecto fundarse en el artículo 73 fracción XXX que establece:
"Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a efecto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las obras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión".
Por lo antes motivado y fundado, proponemos la reforma a la fracción XXII del artículo 73 y reformar el artículo 118 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 33. Fracción XXII. Emitir la ley para declarar la guerra a otro país, en base al informe que le presenta el Presidente de la República.
"Artículo 118. Los gobernadores de los estados en caso de invasión o agresión material de otro país a su estado, darán aviso inmediato al Presidente de la República, si eso no fuere posible, al Secretario de Gobernación y tomarán las medidas necesarias entre servidores públicos y civiles para rechazar la agresión.
"Artículo Transitorio
"Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Alarcón.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada doña Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.
La diputada Marcela Guerra Castillo: Con el permiso de la Presidencia.
Honorable Asamblea:
El agua se está convirtiendo en el factor más relevante en el desarrollo del mundo. La contaminación del agua y de los alimentos a través de los sistemas de riego, se ha convertido en un problema de gran magnitud. La demanda por tener un sistema de servicio de agua eficiente y equitativo en diversos estados de la República, principalmente en la Ciudad de México, está dejando sin el líquido a otras regiones. Para esto, dar abastecimiento más allá de los límites geográficos de la cuenca correspondiente y la sobreexplotación el acuífero, ha provocado graves hundimientos en algunas partes de la Ciudad.
Esta situación ha provocado que la salida de aguas de las ciudades principales del país sigan un curso de antiguos ríos y pasen por zonas de cultivos, exponiendo a la población a enfermedades de diversos tipos. Por ello es importante la revisión de la legislación en materia de agua, ya que ésta pude establecer el marco idóneo para que la distribución de este recurso vital se realice de una manera equitativa y a todas las zonas del país.
La legislación hídrica se dirige entre otras cosas a la propiedad de los recursos hídricos, la naturaleza legal y la estabilidad de los derechos del agua, el uso beneficioso y efectivo del agua, la posibilidad de transferir los derechos hídricos y la necesidad de reconocer y respetar los usos existentes, derechos y costumbres al cambiar la legislación del agua.
Asimismo, esto busca prevenir la transferencia de factores externos negativos, restringir monopolios y reducir costos de transacción, así como establecer los derechos y funciones de las instituciones encargadas de la gestión hídrica y ambiental.
El 9 de diciembre del 2004 fue presentado aquí un punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas Locales a integrar en sus respectivos órganos de gobierno una Comisión de Recursos Hidráulicos, para que atiendan los aspectos normativos relacionados con el agua en sus ámbitos de competencia. Este punto de acuerdo fue presentado por la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, de nuestro grupo parlamentario, del PRI, misma que fue turnada a la Comisión de Gobernación.
En este punto de acuerdo se planteaba la necesidad de dar a la problemática del agua una atención local, ya que cada entidad se ve involucrada en los aspectos del agua en la medida en que continúen consolidándose los procesos de descentralización que marca la Ley de Aguas Nacionales, por lo que las Legislaturas Locales tendrán mayor responsabilidad aún cuando no cambia el carácter federal que tiene la gestión del agua.
La creación de Comisiones de Recursos Hidráulicos en cada Legislatura Estatal, permitirá ofrecer una atención directa y especializada sobre el tema del agua en el Congreso.
Debido a lo anterior, se propone que en la Comisión Nacional del Agua, se cree un área de enlace con las comisiones legislativas estatales a través de las delegaciones de todas las entidades federativas de dicha comisión, para trabajar en conjunto los programas y acciones respectivas, para promover de forma equitativa a cada región del país de agua y así dar garantías respecto a el abastecimiento.
En medio de lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto por el que se adiciona el inciso 12) al artículo 9. de la Ley de Aguas Nacionales.
Como un artículo único se adiciona el inciso 12) al artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:
Artículo 9. "Son atribuciones de la comisión la creación, actualización y reportes del sistema de seguimiento permanente de las demandas sociales, a través del área de este enlace central de la comisión y sus delegaciones estatales en coordinación con las Comisiones de Recursos Hidráulicos de cada Congreso".
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Segundo. El reglamento de la Ley de Aguas Nacionales publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 1994, deberá adecuarse a lo dispuesto en este decreto, reglamentando las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, para efecto de que pueda dar cumplimiento a la facultad que adicionalmente se le otorga en este decreto dentro del término de 6 meses siguientes a la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.
Cuáles serían compañeros las razones por las que sí debemos de apoyar esta reforma? Pues que esta reforma hará necesaria la participación de todas las autoridades en cada una de las entidades federativas y esto es para proveer del vital líquido que sea para todos, porque el agua es de todos.
Con esta reforma se podrá dar también atención de una forma también local, no sólo centralizar este problema y que sea este centro el que sólo debate y confiera lo que a todos nos corresponde. El agua es de todos.
Muchas gracias compañeros.
Es cuanto señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputada Marcela.
Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Se ruega a la secretaría dar cuenta con una comunicación de la Junta de Coordinación Política que tiene que ver con un punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se solidariza con la Agenda de Madrid y exhorta al Parlamento Latinoamericano a promover su respaldo entre los países miembros.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación, por el que la Cámara de Diputados se solidariza con la Agenda de Madrid y exhorta al Parlamento Latinoamericano, a promover su respaldo entre los países miembros, dirigido a los secretarios de la mesa directiva.
La Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo uno, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo decimocuarto del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la Proposición con punto de acuerdo para que la Honorable Cámara de Diputados se sume al apoyo internacional que merece la Agenda de Madrid, carta-compromiso resultado de los trabajos de la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, celebrada en marzo de 2004, a iniciativa del Club de Madrid y asimismo para exhortar al Parlamento Latinoamericano, para que apoye y promueva el contenido y la intención de la Agenda de Madrid, a través de ese organismo, y entre sus participantes en el seno de los congresos de América Latina, presentada por el diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, cuyo original se anexa al presente.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados se solidariza con el contenido de la Agenda de Madrid, resultado de la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, para que ésta sea conocida, enriquecida y apoyada en México.
Segundo. Se exhorta al Parlamento Latinoamericano a que manifieste su apoyo y promueva el respaldo de los diversos congresos nacionales de los países miembros a la agenda de Madrid, buscando caminos de cooperación, entendimiento, solidaridad y vinculación ante la tarea ineludible de detener al terrorismo y a sus promotores, a favor de un mundo pacífico y del desarrollo humano.
Con la firma del diputado José González Morfín, presidente; del diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; del diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática; del diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; del diputado Alejandro González Yañez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; del diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sométala por favor a la consideración de la Asamblea.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 165 de la Ley del Seguro Social.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de la hacienda pública federal del ejercicio fiscal 2001.
Publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
Consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de dispensarse la lectura al dictamen.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
En honor al texto original del Reglamento del martes 20 de marzo de 1964 en lo que se refiere a su artículo 95, esta presidencia le ruega a la secretaría pregunte a la asamblea si es de dispensarse la lectura del voto particular del señor diputado don Francisco Javier Saucedo Pérez.
Quiere subir, diputado Saucedo? No pedimos la dispensa? Luego entonces retiramos la solicitud a la secretaría y le pedimos al diputado Saucedo que suba a explicar su voto particular, hasta por 10 minutos.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la presidencia.
Compañeras y compañeros diputados: primeramente deseamos aclarar el desconcierto causado de hace un par de semanas a la fecha por la orientación de nuestro voto.
No hemos querido obstaculizar un proceso que el sector mismo nos ha pedido y en ello hemos cumplido.
Desde la presidencia de la Comisión de Fomento Cooperativo y de Economía Social y en las tareas y funciones como legisladores, hemos insistido en relacionarnos, en conocer al sector, visitar a las entidades, sus asambleas, reuniones, etcétera. Lo hemos hecho como junta directiva de la Comisión y como diputados integrantes de la misma.
Entre diversos puntos en cuanto al conocimiento de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en particular, hemos encontrado fallas estructurales que, por tanto, hacen necesario ir a una reforma integral a fondo, de raíz.
Esta opinión de ir a una reforma integral se ha planteado en diversos momentos, incluso percibo y veo el ánimo de que el sector mismo está en ello y nos han planteado el propósito fundamental de defender la autonomía del sector y sus intereses económicos y sociales fundamentales.
Más sin embargo, y a pesar de que el sector es quien hace la propuesta que hoy nos ocupa, ella es, desde nuestro punto de vista, muy corta, muy limitada, por lo que necesitamos una reforma de mayor alcance.
Apoyar la iniciativa en los términos en los que está significaría validar una concepción de la banca social y las finanzas populares que no compartimos.
Al presentar este voto somos coherentes con la tradición histórica llamémosle asídel grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que, desde el 23 de abril del año 2001, cuando se aprobó por la Cámara de Diputados la Ley de Ahorro y Crédito Popular éste votó en contra.
La demanda histórica ha sido contar con una regulación acorde a la naturaleza y fines del sujeto social del que estamos hablando.
En este sentido, el mensaje es que no olvidemos el objetivo principal, es decir, una reforma integral de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Esta Ley puede caracterizarse como una ley extremadamente reguladora, corporativa; excesivamente costosa y mercantilista, elitista y por lo mismo discriminatoria, concentradora del poder en pocas manos y en algunos aspectos, anticonstitucional.
La última reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular de la que estamos hablando, se concentra en ampliar seis meses más el periodo de transición y en establecer una serie de mecanismos para facilitar dicha transición.
Estimamos que mientras no se lleve a cabo una reforma con profundidad, no será posible hacerlo viable y asequible a la mayoría de las entidades de ahorro y crédito popular.
Las evidencias están en los mínimos resultados de estos cuatro años, demuestran que los términos en los que hoy se encuentra, resulta extremadamente difícil de cumplir para las entidades que vienen funcionando desde hace más de tres décadas e imposible para las de reciente y nueva creación, lo que conlleva la concentración y quasi monopolización del sector.
Pareciera, desde nuestro punto de vista, una coartada legal para que se produzca la concentración de los recursos de las cajas populares y las cooperativas de ahorro y préstamo en manos del BANSEFI, preparando con ello su eventual expropiación y privatización ya anunciada a los medios de comunicación.
Al BANSEFI tácitamente se le reconoce como el banco de las cajas. Institución que según el objeto establecido en su Ley Orgánica estaba destinado a apoyar el proceso de transición de las entidades de ahorro y crédito popular hacia la nueva ley, pero en la práctica ha venido haciendo una práctica desleal a las entidades que supuestamente debe de apoyar.
Lo cuestionable es que ahora el BANSEFI se erige como la institución que deberá emitir la normatividad a la que se sujetarán las entidades en proceso de transición y vigilará a través de un consultor con experiencia en finanzas populares, la prestación de servicios de asesoría y capacitación que realicen las federaciones para facilitar dicha transición, según lo establece el artículo 4 transitorio en sus fracciones III y IV; hecho que en la práctica lo convierte en una autoridad ejecutiva con facultad para decidir quiénes sí podrán subirse a la ley de Ahorro y Crédito Popular y quiénes no.
La subordinación de las entidades a las federaciones y de estas al BANSEFI, será una característica distintiva del nuevo panorama asociativo del sector en nuestro país, por lo que advertimos que de ahí a la privatización de las finanzas populares, mediante la venta a remate de BANSEFI, no hay más que un paso.
Cumplir con una regulación equivalente e incluso superior al de las instituciones bancarias en un contexto de liberalización de los métodos y tecnologías de gestión en finanzas populares y sin incentivos, es simplemente esconder con argumentos tecnocráticos las verdaderas intenciones concentradoras y privatizadoras.
Finalmente, hemos asumido un compromiso con el movimiento cooperativo del país en el sentido de luchar desde la trinchera legislativa por revertir el proceso de involución jurídica que viene desde hace 20 ó 25 años.
Externamos nuestro voto en contra, pues reconociendo un avance en el camino de regular a las entidades de ahorro y crédito popular, no lo es de acuerdo a su naturaleza empresarial eminentemente social y sus fines solidarios y no lucrativos.
Compañeras y compañeros diputados: Retomemos el tema de fondo, construyamos una verdadera reforma integral que la transforme en un instrumento jurídico de fomento, de regulación y supervisión prudencial que no ahogue en la burocracia este tipo de empresas sociales, que la confianza y el reconocimiento a los aportes socales y económicos de las cooperativas y de las cajas de ahorro y préstamo, sean lo que oriente nuestra labor legislativa, ya no más la desconfianza, la sospecha o la falta de respeto a este noble sector social.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, gracias diputado Saucedo.
El señor diputado Juan José Bárcenas González, pasa a la tribuna para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior. El propio diputado Bárcenas tiene de invitados a representantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular de la República Mexicana a quienes les damos la más cordial bienvenida.
(Aplausos)
El diputado Juan José Bárcenas González: Con su permiso diputado Presidente.
A nombre de los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular es el instrumento normativo mediante el cual se regula la actividad financiera de las entidades y federaciones de ahorro y crédito popular que durante los últimos 50 años han ofrecido una valiosa aportación a las finanzas de los que menos tienen en este país. Sin embargo, para nadie es desconocida la existencia de fraudes y bancarrotas ocasionadas por seudocooperativistas que han dañado a sectores desprotegidos de la población.
Estas instituciones con un elevado prestigio en las comunidades donde prestan sus servicios tienen ahora la gran oportunidad de potencializar su actividad financiera e incrementar en los próximos cinco años la población bancarizada de escasos recursos de 3 a 10 millones de mexicanos.
Es por ello que el presente dictamen abona la posibilidad de que el sector de las finanzas sociales migre a un sistema autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le permita cumplir con su misión fundamental, determinada puntualmente en dos objetivos: la seguridad de los ahorradores y el incremento de los servicios financieros de las entidades de ahorro y crédito popular.
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social proceden a dictaminar favorablemente la iniciativa presentada por un servidor el pasado 3 de febrero, coincidiendo ampliamente con los argumentos expuestos en dicha iniciativa en la que se plasma como objetivo ampliar los plazos para que las entidades de ahorro y crédito popular, así como los organismos de integración de este sector, puedan obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se incorporen formalmente al sistema financiero mexicano.
Lo anterior, a efecto de crear las condiciones necesarias que faciliten a las entidades y federaciones su tránsito a la formalidad plena, manteniendo incólume la seguridad de los ahorradores que participan en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular. Estas dictaminadoras consideran procedente que en términos de la iniciativa que se dictamina se introduzcan las siguientes modificaciones a la legislación existente:
Enfatizar que el factor fundamental para determinar la viabilidad de las entidades serán sus condiciones financieras, precisándose que las que carezcan de esta condición deberán fusionarse o liquidarse.
Permitir la ampliación de manera general del periodo de transición para la autorización de entidades.
Evitar la ampliación del régimen de excepción que se indica en el artículo 4 Bis, así como evitar la generación de nuevas figuras que operen al margen de la ley.
Fortalecer el proceso de integración, facultando a las federaciones para el acompañamiento de las entidades hasta lograr su plena viabilidad financiera, administrativa y competitiva.
Incorporar requisitos rigurosos para asegurar que la entidad mejora sus condiciones financieras y organizacionales, así como establecer reglas precisas para que oportunamente se puedan tomar las decisiones preventivas o correctivas que correspondan. De tal manera que mediante las reformas abordadas en los artículos transitorios del decreto del 27 de enero del 2003 se están modificando las fechas límites para que las entidades y federaciones obtengan su autorización con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del 4 de junio del 2005 al 31 de diciembre del mismo año, con la finalidad de holgar los procesos para el sector y las propias autoridades.
Asimismo se adiciona el artículo 4o. Transitorio que concretamente consiste en lo siguiente:
Incorporar un mecanismo especial que permite la ampliación de los plazos para que obtengan su autorización en términos de la ley a aquellas entidades y organismos de integración que demuestren que han venido cumpliendo con las disposiciones establecidas en dicha legislación y en su reglamentación secundaria.
Llevar a cabo los actos necesarios para obtener la autorización para constituirse y operar como entidad y sujetarse a los términos y condiciones de la ley.
Aprobar su afiliación a una federación.
Expresar su consentimiento para que la sociedad o asociación sea evaluada y clasificada conforme a lo establecido por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Definir la metodología y criterios conforme los cuales la Federación evaluará y clasificará a las sociedades y asociaciones.
Seguimiento de la Federación al cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones contenidas en el programa pactado con las entidades.
El artículo quinto transitorio puntualmente establece la posibilidad de distribuir productos y servicios o programas gubernamentales como Oportunidades y PROCAMPO, cuando se cumpla con los requisitos de la ley.
El artículo octavo transitorio puntualmente establece que permitirá a la figura de sociedades de ahorro y préstamo y de unión de crédito, continuar con sus operaciones autorizadas, en tanto concretan su proceso de transformación a las figuras jurídicas contempladas en la ley.
Por otro lado, estas comisiones consideran importante incorporar un artículo décimo transitorio, a efecto de que las personas morales que se beneficien de la ampliación del plazo de transición a que se hizo referencia, puedan beneficiarse también, en su caso, de los apoyos del fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Cabe señalar que a pesar de que la Ley de Ahorro y Crédito Popular establecía una prohibición de captación de recursos del público, a través de sociedades que se constituyeran después de la entrada en vigor de la misma ley, la mayoría de las sociedades que efectivamente se constituyeron en estos términos, lo hicieron en aras de atender una necesidad real de la población y con el afán de apegarse a las disposiciones legales aplicables.
En este sentido y con la intención de reconocer la buena fe de esas sociedades y el trabajo realizado por sus integrantes para someterse a la ley, se modifican los artículos transitorios del decreto por el que se reforma esta ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2003, de tal manera que puedan concluir los trabajos de transición y sujeción a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, requisito sine qua non para que puedan seguir realizando operaciones de captación.
Ahora bien, considerando que la intención de esas modificaciones reside en el reconocimiento de la buena fe de las sociedades y de las personas que la integran, se agrega un artículo decimoprimero transitorio, para exceptuar expresamente de la aplicación de los beneficios correspondientes, a las personas físicas o morales cuya operación fraudulenta, lejos de beneficiar a sus socios o clientes los ha perjudicado, produciéndoles un daño o un perjuicio económico, aprovechándose en ocasiones de su ignorancia o necesidades extremas.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados, el siguiente decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Artículo Unico.- Se reforman los artículos 4-bis, primero y cuarto párrafo de la fracción I del artículo 53, segundo párrafo del artículo 81, segundo transitorio, tercero transitorio, quinto transitorio, primero y segundo párrafo del sexto transitorio, noveno transitorio, décimo y décimo primero del decreto del 27 de enero del 2003, y se adicionan los artículos 124 bis, 124-bis 1, 124-bis 2 y los transitorios del primero al décimo tercero del presente decreto. }
En nombre de 18 federaciones del sector de ahorro y crédito popular, que afilian a más del 90 por ciento de los ahorradores de la República Mexicana y de las cuales se encuentran presentes sus dirigentes en el área de galerías, les agradezco su voto a favor de este Dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, Diputado Bárcenas. Esta Presidencia no tiene registrados más oradores, luego entonces se considera el asunto suficientemente discutido.
Para los efectos del Artículo 134, me permito informar a la Asamblea que el señor Diputado Víctor Adrián, perdón, Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, está reservando el 124 Bis y de los Transitorios en dos vías, esto es, en el Decreto publicado del 27 de Enero del 2003, los Transitorios 2, 3., 5., 6, 9. 10 y 11 y del presente Proyecto de Decreto, el 4. Transitorio Fracción III párrafo 1 y el 4 Transitorio Fracción 4 párrafo 1.
Luego entonces ruego a la Secretaría instruir la apertura del Sistema de Votación Electrónico hasta por 10 minutos, de tal suerte de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña.: Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el Sistema Electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.
(Se abre el Sistema Electrónico de Votación)
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado Presidente, se emitieron 306 votos a favor, 44 en contra y 13 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 306 votos.
Tiene el uso de la palabra el señor Diputado Adrián Chávez Ruiz, para presentar sus reservas, es el único Diputado que ha presentado reservas, ya nos informará si en un solo evento las desahoga.
El diputado Adrián Chávez Ruiz: Con su permiso señor Presidente.
La primer reserva tiene que ver con el Artículo 124 Bis que en la actualidad plantea que la respuesta a una solicitud que hagan las entidades , si en tres meses no se responde , se considere la solicitud negada.
Nosotros creemos que el espíritu en general de la afirmativa ficta, esto es de que si la autoridad no responde en tres meses, entonces se de por aprobada la solicitud, debiera ser la que imperaría. Entonces por ese mismo motivo, nosotros estamos proponiendo que el Artículo 124 Bis quede como sigue:
"Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, este no podrá exceder de tres meses para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda.
"Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido afirmativo al promovente". Actualmente dice en sentido negativo - Y posteriormente como continúa el articulado, a petición del interesado se deberá expedir Constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva, de la autoridad competente que deba resolver conforme al Reglamento Interior respectivo.
Igual Constancia deberá expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que transcurrido el plazo aplicable, la resolución debe entenderse en sentido negativo.
De no expedirse la constancia mencionada dentro del plazo citado, se le fincará en su caso la responsabilidad que resulte aplicable.
Entonces en este sentido, nada más es que si no hay respuesta en tres meses, se de la posibilidad de que se considere en sentido afirmativo al promovente no en sentido negativo, para proteger a los solicitantes.
La segunda tiene que ver con que la metodología que se establezca para la transición de las entidades a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y los procedimientos de evaluación y seguimiento, actualmente está que se hagan de manera conjunta con el Banco, con Bancefi , nosotros lo que estamos proponiendo es de que no es la entidad del banco, en todo caso quien define esas normas es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entonces lo que estamos proponiendo es una modificación en la Fracción IV del Artículo 4 Transitorio que diga: "Toda la metodología para la transición de las entidades a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como los procedimientos para la evaluación y seguimiento, deberán emitirse por consenso de las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los representantes de las federaciones.
Esa es la segunda propuesta de modificación de la fracción IV primer párrafo del Artículo Cuarto Transitorio.
El siguiente punto que estamos proponiendo modificar, es la fracción III primer párrafo del Artículo Cuarto Transitorio del decreto, que actualmente establece que se contratará un asesor a la entidad que desee convertirse en una Caja de Ahorro, en una organización de este tipo, y que ese asesor lo contratará el banco y será como un super asesor que determinará cuando una Caja de Ahorro esté actuando bien y cuando no.
Nosotros creemos que tiene que pagar efectivamente el banco este asesor, pero que la relación del asesor debe ser no con el banco sino con la entidad, que ésta es la Caja de Ahorro o la federación, que debe ser la que le esté contratando.
En ese sentido nosotros estamos planteando, que quede como sigue:
Dichos programas deberán ser llevados a cabo por la referida federación, con la opinión de un consultor con experiencia en finanzas populares, pagado por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieras, institución bancaria de desarrollo y con el Visto Bueno de las entidades, sino pues ese asesor, ese consultor sólo respondería a las necesidades del banco y nosotros queremos que tiene que tener el Visto Bueno de estas Cajas de Ahorro.
El último punto, compañeras y compañeros diputados, que estamos planteando, es que para ser congruente los requisitos de las federaciones con los de las entidades, se propone ampliar los plazos de entrada en vigor de la ley, del 31 de diciembre del 2005, como actualmente está en esta propuesta de dictamen, al 5 de julio de 2007, o sea, dos años, por lo que se propone modificar los Artículos Transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero, para modificar tanto el Artículo 2., 3., 5., 6., 9. Y 10, cambiando el plazo del 31 de diciembre del 2005 al 5 de junio de 2007.
Si ha habido varios años ya con estas propuestas de modificación a la ley y todavía no se regularizan las instancias que se tienen que convertir en federaciones, en seis meses va a ser difícil que lo hagan, por lo nosotros planteamos que se pueda ampliar este plazo a los dos años, como es el caso de las federaciones.
Eso es todo Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Nos deja por escrito sus propuestas diputado?
Luego entonces se ruega a la Secretaría someterlas a la consideración de la Asamblea en votación económica, previa a la lectura exacta del texto propuesto señor secretario.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si son de aprobarse las modificaciones propuestas por el diputado Adrián Chávez Ruiz a los artículos reservados.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la negativa diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Continúe con la siguiente.
Desechada.
Diputado Boltvinik.
El diputado Julio Boltvinik Kalinka (desde su curul): Si, Presidente, solicitando se pudiera hacer una votación nominal, porque en esta ocasión no se entendió el sentido de la votación por parte de varios diputados.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Vamos a repetirla de carácter económico.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Por favor se ruega a los diputados tomar su lugar, de tal suerte de que nos permitan a la Secretaría poder visualizar el sentido exacto de la voluntad de la asamblea.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo señor Secretario.
Diputada, con qué objeto?
La diputada Guadalupe Morales Rubio (desde la curul): Señor Presidente, estamos solicitando en base al 148, que esta votación sea nominal y tenemos el respaldo de 5 diputados. Solicito que atienda usted la petición.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Bueno diputada, lo está solicitando en este momento y acepto su solicitud con mucho gusto. Luego entonces, instruya la Secretaría...permítame un segundo.
Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, con qué objeto?
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado Presidente, para que no se violente aquí la práctica parlamentaria. El momento de la solicitud de la votación nominal es hasta en tanto la Presidencia no haya decretado el desechamiento. Esta Presidencia decretó el desechamiento. Si alguien considera que ése no es el trámite, que interponga conforme al artículo 19 del Reglamento, la objeción correspondiente, pero no podemos estar, después de una determinación de la Presidencia, regresando a votaciones anteriores. Vamos a dejar un muy mal precedente independientemente del fondo del asunto.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En estricto yure tiene usted razón, diputado Gutiérrez de la Garza, pero ha sido costumbre de esta Presidencia privilegiar el sentido, clarificar el sentido de la voluntad de la asamblea. Es por ello en base a las facultades que le concede a esta Presidencia el artículo 23, es que me permito instruir la repetición de esta votación.
Diputado Gutiérrez de la Garza, con qué objeto?
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Me gustaría que ilustrase a la asamblea de dónde deviene la facultad de la Presidencia para revocar sus propias determinaciones, como una autodeterminación de la Presidencia. Gracias diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ante la duda de la asamblea respecto del resultado de la votación, creo que es un asunto hasta de sentido común, poder ordenar la repetición de la votación, cosa que estoy pidiéndole a la Secretaría instruya en este instante para que la voluntad de la asamblea quede perfectamente clarificada.
Diputado Gutiérrez de la Garza, con qué objeto?
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Es muy lamentable el precedente que se está dejando, porque éste obviamente no estamos hablando de un tema que pueda generar polémica en este momento, pero el precedente que está dejando esta Presidencia después de haber realizado una determinación y revocarla posteriormente como autodeterminación, la verdad es muy lamentable y no tiene ningún fundamento jurídico, como usted mismo lo ha aceptado. Gracias diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pues diputado Gutiérrez de la Garza, lamento decirle que el artículo 23, en el Inciso C dice: "Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y deliberaciones; ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria correspondiente".
Esta Presidencia en este instante instruye a la Secretaría para que ordene la apertura del sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos, de tal suerte de que se repita la votación.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación nominal de las propuestas presentadas por el diputado Adrián Chávez Ruiz...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señor Secretario, el señor diputado Gutiérrez de la Garza desea hacer uso de la palabra y esta Presidencia se la concede con un enorme gusto.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado Presidente, no tiene usted por qué lamentar lo que le faculta el artículo 22. Me da muchísimo gusto que lo conozca como tal y señala: "...la declaratoria correspondiente..." Ya había una declaratoria sobre el tema. Admite que por situación de no generar un mayor conflicto de momento se acepta la petición, que yo no estoy en contra de ella, el problema es el precedente que está usted dejando en este momento. Admita, diputado Presidente, que no tiene facultades para realizar una auto revocación de una declaratoria ya realizada en la que señala que la propuesta fue desechada. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Lo que resulta lamentable es tener que contradecirlo en este instante, sin embargo, hago propios sus argumentos diputado y lo hago con mucho gusto.
Adelante.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación nominal de las propuestas de modificación al dictamen presentadas por el diputado Adrián Chávez Ruiz, de los artículos reservados.
(Votación)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia quisiera explicar a la asamblea que el voto por el sí, es para respaldar la propuesta del diputado Chávez Ruiz, que se acepta. La propuesta del diputado Chávez Ruiz, el voto por el no, es por el desechamiento.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Diputado Presiden, se emitieron 73 votos en pro, 265 en contra y 8 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Desechada.
Señoras y señores legisladores, voy a interrumpir un momento su atención.
Esta Presidencia acaba de recibir la lamentable noticia del sensible fallecimiento de don Alejandro Azcoytia Ruiz, colaborador invaluable durante 63 años, desde la XXXVIII Legislatura de esta Cámara de Diputados.
Don Alejandro Azcoytia Ruiz, sirvió a la Cámara de Diputados con lealtad, con hombría de bien, con generosidad y con bonhomía durante 21 legislaturas.
Es por ello que les pido un minuto de silencio.
(Se guarda un minuto de silencio)
(Aplausos)
Continúe la Secretaría sometiendo a la consideración de la Asamblea, las propuestas del diputado Chávez Ruiz, respecto a los artículos transitorios del decreto del 27 de enero del 2003.
En votación económica, se ruega a las señoras y señores legisladores, que nos auxilien para que el sentido de la votación sea claro.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban las modificaciones presentadas a los artículos transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial del 27 de enero del 2003.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa.
(Votación)
Gracias.
La mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ahora proceda la Secretaría, a someter a la consideración de la asamblea los transitorios de este presente proyecto de decreto.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea, si se aprueban las propuestas de modificación al artículo 4 transitorio en sus fracciones III y IV del presente proyecto de decreto.
Los señores diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa.
(Votación)
Gracias.
La mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Desechadas.
Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación a efecto de recabar la votación nominal de los artículos reservados en sus términos, el 124 Bis y de los Transitorios Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Noveno, Décimo y Décimo Primero, del Decreto publicado el 27 de enero del 2003 y del Cuarto Transitorio Fracción III Párrafo Primero y del Cuarto Transitorio Fracción IV Párrafo Primero, del presente Proyecto de Decreto, por tres minutos.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en sus términos.
(Votación)
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado Presidente se emitieron, el diputado Martínez Alvarez de viva voz, a favor.
Diputado Presidente se emitieron 276 votos en pro, 71 en contra y 4 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 276 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es un dictamen a discusión con punto de acuerdo, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura y sólo se lea el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza. Se ruega a la Secretaría dar lectura al punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Cultura.
Con fundamento en los artículos 39, 40 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 141 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de la Comisión de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados, damos a favor la proposición con punto de acuerdo que con fecha 15 de abril de 2004, fuera presentada por el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a las Secretaría de Relaciones Exteriores a que no reduzca los proyectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera el tema suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos, relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta. consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la lectura y sólo se de a conocer el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si se autoriza que sólo se de lectura a los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza. Continúe la Secretaría con los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Comunicaciones.
Acuerdo.
Único. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto del artículo 49 de la Ley de Aviación Civil, un artículo 46 bis, a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y los párrafos segundo, tercero y cuarto a la fracción I del artículo 37 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentada por el Honorable Congreso de Chihuahua el 18 de junio de 2003.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, considera el tema suficientemente discutido y lo reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Acuerdo:
Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10 fracción III, 12 fracciones III y V; 19, 33 fracción VIII; 75 fracción IV y adicionar la fracción VI al diverso artículo 65 de la Ley General de Educación, presentada por la diputada María Dolores Padierna Luna, el 27 de noviembre de 2003.
Segundo. Archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, considera el tema suficientemente discutido y lo reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos:
Acuerdo:
Primero.- No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 37 Bis a la Ley General de Educación, presentada por el Congreso del estado de Jalisco, el 13 de noviembre de 2003.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, considera el tema suficientemente discutido y lo reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto de reformas a los artículos 41 y 53 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Dictamen negativo:
Primero. Es improcedente la iniciativa con proyecto de decreto propuesta, por lo que se desecha.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen.
No hay oradores registrados, el tema, por lo tanto, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Relaciones Exteriores por los que no se aprueba la iniciativa que expide la Ley Federal para la Expedición de Pasaportes y Documentos de Identificación y Acreditación de Nacionalidad.
Dictamen negativo:
Primero. Es improcedente la iniciativa con proyecto de decreto propuesta, por lo que se desecha.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo.
No hay registro de oradores, luego entonces el tema se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Reglamentos y Prácticas...
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo.
Diputado Pablo Gómez.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Señor Presidente, nada más para dejar constancia de que la resolución que se acaba de leer es improcedente, porque no puede haber una iniciativa que sea improcedente, como lo declara el texto que se propone. Todas las iniciativas son procedentes; no existe la resolución de improcedencia de una iniciativa. Las iniciativas se pueden aprobar o se pueden rechazar, pero no son improcedentes.
Quiero hacer constar esto, con el propósito de que las comisiones que están haciendo dictámenes negativos, se abstengan de señalar la improcedencia de las iniciativas y declaren que se rechazan. Este es el trámite correcto que debe darse.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Desea usted que este punto específico lo apartemos para una votación especial?
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Esto de la resolución, y no se diga que es improcedente, sino que se rechaza la iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces quisiera usted que consultemos a la Asamblea si cambiamos el término?
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea, en este caso específico, si en lugar de usar el término "improcedente", se usa el término "no es de aprobarse". Se ruega a la Secretaría someterlo a la consideración. En este y en el anterior, en lugar de utilizar el término "improcedente", que se utilice el término "no es de aprobarse".
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si en vez de utilizarse el término "improcedente", se utiliza el término no es de aprobarse.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces con esta modificación, sugerida por el diputado Pablo Gómez y aprobada por la Asamblea, se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias Acuerdo.
UNICO: No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 párrafo dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Luis Maldonado Venegas, el 7 de octubre de 2003.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el 30 de noviembre del año 2004.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El dictamen está a discusión. No hay oradores registrados, el tema se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Acuerdo.
UNICO: No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adicionan párrafos a los artículos 35 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Bertha Alicia Simental García, el 3 de diciembre de 2002.
Así lo acordaron y firmaron los diputados que integran la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 20 días del mes de octubre del año 2004.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen. No hay oradores registrados. Luego entonces se considera el tema suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Acuerdo:
UNICO: No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 153 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Bernardo de la Garza Herrera, el día 3 de julio de 2002. Así lo acordaron y firmaron los diputados que integran la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 20 días del mes de octubre del año 2004.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El punto de acuerdo está a la consideración de la Asamblea. No hay oradores registrados. Luego entonces el tema se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Acuerdo:
Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 94 bis, al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Heidi Storsberg Montes, el 11 de abril de 2002-
Segundo. Se tiene por atendida la excitativa presentada por la diputada Heidi Storsberg Montes, presentada en la sesión del 14 de abril de 2003 y turnada con esa fecha a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Así lo acordaron y firmaron los diputados que integran la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 30 días del mes de noviembre del año 2004.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo. No hay oradores registrados. Luego entonces el tema se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Acuerdo.
Primero. No es de aprobarse la iniciativa marcada con el numeral uno del apartado de antecedentes, presentado por la diputada Patricia Aguilar García, el 3 de diciembre de 2001.
Segundo. No es de aprobarse la iniciativa marcada con el numeral dos del apartado de antecedentes, presentada por el diputado Gregorio Urías Germán, el 4 de diciembre de 2001.
Tercero. No es de aprobarse la iniciativa marcada con el numeral tres del apartado de antecedentes, presentada por el diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, el 28 de abril de 2003. Así lo acordaron y firmaron los diputados que integran la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la ciudad de México a los 20 días del mes de octubre del año 2004.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen. No hay oradores registrados.
Se ruega a la secretaría preguntar a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes negativos de iniciativas presentadas y enviadas al pleno por distintas comisiones.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si son de aprobarse los puntos negativos presentados por las diferentes comisiones.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
Esta presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar la investigación correspondiente para determinar las causas de la muerte de miles de peces en el Lago de Chapala e informar acerca de las acciones a implementar para frenar y revertir los daños ocasionados, suscrita por el señor diputado don Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Asimismo recibimos proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política integrar un Grupo de Amistad con la República Arabe Saharauí Democrática, suscrita por el diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Recibimos también proposición con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública para que expliquen lo relativo al cumplimiento del contrato otorgado a la empresa Información para la Diversión, Sociedad Anónima de Capital Variable, sobre el proyecto Implementación del Sistema de Administración de la Gestión de Cobro del Sistema de Telepeaje y Medios Electrónicos de Pago, y solicitar a la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a fondos aplicados a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, suscrita por el señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Recibimos también una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Federal Electoral para que la resolución sobre la distritación electoral para los siguientes procesos electorales sea suspendida hasta en tanto informe a esta soberanía sobre el procedimiento para la designación de la nueva geografía electoral, suscrita por el señor diputado don Francisco Javier Bravo Carvajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se turna a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el señor diputado don Fernando Espino Arévalo --también la envió--, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública, en ejercicio de sus atribuciones, a establecer en los distintos niveles de enseñanza básica los programas y acciones orientados a detectar y canalizar adecuadamente a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Túrnese a las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud.
El señor diputado Espino Arévalo también remitió a esta presidencia proposición con punto de acuerdo para que se gire atenta invitación al titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal para que, en reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal, presente un informe pormenorizado del proyecto del metrobús en el Distrito Federal, por lo que se turna a la Comisión del Distrito Federal.
El señor diputado don Luis Maldonado Venegas, del Partido de Convergencia, envió proposición con punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal incremente la vigilancia en la zona aledaña al recinto parlamentario de la Cámara de Diputados.
Túrnese a las comisiones unidas de Seguridad Pública y del Distrito Federal.
Tiene la palabra el señor diputado don Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que la delegación mexicana ante la 61 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra vote en contra de cualquier resolutivo que atente contra la dignidad y soberanía e independencia del Estado cubano.
El diputado Rafael García Tinajero: A partir del 14 de este mes y hasta el 22 de abril, tiene lugar en Ginebra el LXI Periodo de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cada año, desde 1987 el gobierno de Estados Unidos viene presentando un proyecto de resolutivo contra Cuba e intentará presionar a la mayoría de los 53 países que integran dicha Comisión, para votarlo a favor.
Este proyecto de resolución mediante el cual se acusará o se acusa a Cuba como una nación en la que se dan violaciones reiteradas a los derechos humanos, está lejos de corresponder a una preocupación legítima por la situación de los derechos humanos en la isla.
Es un velo que pretende encubrir y justificar las continuas agresiones hacia un estado cuyo único delito es seguir un camino distinto al dictado por la potencia hegemónica mundial.
Cuba, asediada durante 45 años por la mayor potencia económica y militar de que se tenga memoria, víctima de agresiones que no se limitan sólo al bloqueo económico, pues incluyen incursiones militares, bombardeo de refinerías, quema de cañaverales, guerra biológica, financiamiento y promoción de la disidencia interna, actos terroristas, atentados contra su Jefe de Estado e inclusive la creación de una oficina gubernamental en Estados Unidos cuyo fin explícito es acelerar la caída de su actual gobierno.
El pueblo cubano ha construido su destino como nación independiente y soberana, erigiendo un proyecto de sociedad solidaria que ha alcanzado niveles de desarrollo humano y de justicia social sin precedentes, tratándose de un país tan pobre, con las tasas de analfabetismo y de mortalidad infantil más bajas de América Latina, con el número más elevado de médicos por habitante en el mundo.
Hay millones de niños en este mundo que viven y trabajan en la calle; cada siete segundos muere uno por hambre. Sin embargo, y tenemos que afirmarlo aquí, ninguno de ellos es cubano.
Tras 46 años en estado de guerra, organismos internacionales no han reportado ni un solo caso de tortura, de desaparición forzada, de asesinato político o de ejecución extrajudicial en Cuba.
Es una paradoja que el gobierno que más vulnera los derechos humanos en el mundo, ya sea en Irák, en Afganistán, en Guantánamo, el que promovió las dictaduras militares en América Latina y apoya a Israel contra el pueblo palestino, aquel que impone a Cuba un acto de guerra y genocidio, el bloqueo económico, patrocina la condena contra Cuba y envilezca el tema de los derechos humanos al usarlo como coartada.
Por lo anterior, los diputados Rafael García Tinajero, y Carlos Silva Valdés, sometemos a consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Se solicita al Poder Ejecutivo que la delegación mexicana ante la LXI Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, vote en contra de cualquier resolutivo que atente contra la dignidad, soberanía e independencia del estado cubano.
Segundo.- Se manifieste en contra del bloqueo económico impuesto a Cuba por Estados Unidos, desde hace 45 años.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo.
Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez, del Partido del Trabajo y posteriormente el diputado Rodrigo Iván Cortés, también en pro, me están diciendo, y en términos del 122 se cierra el registro de oradores.
Permita un segundo, diputado. Para efectos de la formalidad reglamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza la urgente resolución.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén por la negativa.
(Votación)
Hay una mayoría calificada por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza y tiene el uso de la palabra el señor diputado Pedro Vázquez.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia.
Compañeras diputadas, compañeros diputados.
En relación a la propuesta de punto de acuerdo queremos manifestar a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo nuestro apoyo completo a este punto de acuerdo, considerando que es obligación del Ejecutivo Federal, de acuerdo con la fracción X del precepto 89 de nuestra Carta Magna, observar los principios normativos contenidos en esta disposición constitucional que habla claramente de la libre autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los conflictos internos de esas naciones o países. Así como también manifestarnos en contra de las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones entre los pueblos y naciones del mundo.
El contenido del artículo 89 es importante tenerlo presente porque próximamente en la Organización de Naciones Unidas, concretamente en el tema de los derechos humanos, va a ser presentada una moción por parte de los Estados Unidos para tratar de condenar supuestas violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Es claro que en esta ocasión ya diferentes países que en anteriores momentos habían sido utilizados como comparsas por el gobierno de Estados Unidos hoy se niegan a ser utilizados en ese sentido. De tal manera que ahora se ve en la imperiosa necesidad de hacer la presentación de esta moción de manera particular.
Y es justamente el tema de los derechos humanos donde el gobierno norteamericano y los sectores de la derecha de esta nación no tiene ni un ápice de autoridad moral como para condenar a otra nación. Preguntar quién supervisa los derechos humanos en este país. Estados Unidos se ha erigido como una potencia económica, militar y política y para esto ha tenido que aplastar a millones de pobladores en el mundo, saquear sus recursos naturales e imponer gobiernos títeres que respondan a los intereses norteamericanos. A esto le llamamos cercenar, violentar y atropellar y agredir de manera sistemática los derechos humanos de pueblos enteros, de mujeres, niños y ancianos indefensos.
De esa misma manera Estados Unidos continuamente acosa y persigue a naciones que no son afines a ellos y está el caso de la República Bolivariana de Venezuela, Siria, Irán, Cuba, Vietnam y Corea del Norte. De tal manera que un ejemplo claro de la forma en que ellos violentan los derechos humanos es lo que sucede en la base militar de Guantánamo, territorio cubano, donde hay más de 600 prisioneros de guerra que ellos autodenominan "combatientes enemigos" y de esa manera justifican las constantes violaciones a sus derechos humanos.
Por estas consideraciones el grupo parlamentario del Partido del Trabajo les solicita a ustedes atentamente, compañeras diputadas, compañeros diputados, su voto a favor de este punto de acuerdo.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias Diputado.
Rodrigo Iván Cortés, del Partido Acción Nacional, también en pro, por el mismo tiempo.
El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez: Con su venia señor Presidente.
La soberanía, la dignidad y la independencia no pueden ser utilizados como pretextos para solapar las violaciones de derechos humanos que se hagan en cualquier parte del mundo. Y esto aplica tanto a un país como Cuba como a un país como a Estados Unidos, que nadie aquí apele a la soberanía, dignidad e independencia del pueblo norteamericano para eximirlo del cumplimiento que como deber se tiene en todos los países de respetar los derechos humanos; pero que aquí tampoco se utilicen de mala manera estos altos conceptos para solapar la violación de los derechos humanos en Cuba.
El Partido Acción Nacional se une al sentido de este punto de acuerdo del compañero diputado. Por qué? Porque nosotros creemos que si en verdad respetamos la soberanía de los países, la independencia de los países y, lo más importante, la dignidad de las personas humanas con derechos inherentes de los países no puede ser tergiversando de tal manera que pueda solapar violaciones a éstos.
El tema de los derechos humanos es un eje de la política exterior mundial, no sólo de México, pues se considera que sólo a través de la defensa y promoción de éstos, se pueda alcanzar la paz. Es una exigencia internacional a la cual México, a través del gobierno del Presidente Fox, han instaurado como un nuevo aliento, un nuevo espíritu para la política exterior humanista de nuestro país, en donde los derechos humanos son un punto central, ya que se considera que los derechos humanos son parte esencial de la soberanía de los estados.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa?
(Votación)
Gracias.
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal instruir se adopten las medidas necesarias a efecto de que se detenga el incremento mensual en el precio del gas para uso doméstico en todo el territorio de la República Mexicana.
El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su permiso, diputado Presidente.
Primero quiero agradecer a los coordinadores de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, del PRI, del Verde Ecologista, Convergencia, del PT, el que me hayan permitido presentar en este turno esta solicitud de Punto de Acuerdo para que se detenga de una vez por todas el alza la precio del gas.
Y también quiero agradecer públicamente a mis compañeras y compañeros diputados, los cinco diputados de Convergencia, que me hizo favor de firmar apoyando esta solicitud el diputado Jesús Martínez Alvarez, los cinco diputados del PT, su coordinador Alejandro González Yáñez; del Verde Ecologista 15 diputados, su coordinador Manuel Velasco Coello; del PRD, con el diputado Pablo Gómez, 94 diputados; del PAN 19 diputados; del PRI 136 diputados, su coordinador Emilio Chuayffet. Les agradezco a nombre de millones de mexicanos que si logramos hacer efectivo que el Ejecutivo Federal instruya para que se detenga de una vez por todas el precio del gas, se van a ver beneficiados millones de hogares.
Sabemos que cada día la situación económica de los que menos tienen es más precaria. El salario mínimo en el Distrito Federal es de 1 mil 346 pesos y con esos ingresos tienen que pagar la luz, la renta, el transporte, el vestido, el alimento y el gas. Este día se autorizó un incremento más al precio del gas. No es posible que se viva esa situación y es el por qué con más de 270 firmas presento esta solicitud con Punto de Acuerdo que dice:
"Esta Honorable Cámara de Diputados hace un exhorto al Jefe del Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones gire de inmediato sus instrucciones a los ciudadanos Secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a fin de que se implemente una política de control del precio del kilo del gas doméstico y no continúe incrementándose.
2.- Que este punto de acuerdo sea de urgente y obvia resolución.
Es cuanto, diputado Presidente y hago entrega de las más de 270 firmas de diputadas y diputados de todas las fracciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgen resolución.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén en contra.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza. No hay oradores registrados, luego entonces el asunto se considera suficientemente discutido y se ruega a la Secretaria preguntar a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para solicitar a la SAGARPA, por conducto de la Comisión Nacional del Aguada, de la SEMARNAP y de la PROFEPA, que informen sobre la tala inmoderada y nulas acciones de reforestación y poda drástica realizada en el Municipio de Jiménez, Chihuahua, suscrita por el diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se ruega a la Secretaría dar lectura al Orden del Día de la siguiente sesión.
Don Pedro, tiene la palabra.
El diputado Pedro Avila Nevares: El pasado día 23 de este mes se cumplieron once años del asesinato de ese gran mexicano que fue Luis Donaldo Colosio Murrieta, un hombre que luchó por la democracia de nuestra patria, un hombre que entregó su vida al servicio de México.
Estábamos en esta Cámara de Diputados de vacaciones, yo quiero proponer a esta honorable Soberanía por conducto de usted señor Presidente, que guardemos un minuto de silencio en honor de quien fue también Diputado en este Congreso de la Unión.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de Luis Donaldo Colosio, con motivo del Onceavo Aniversario de su muerte.
(Se guarda un minuto de silencio)
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
(Lectura del Orden del Día de la próxima sesión)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La última de las votaciones se toma como lista final de asistencia.
(A las 14:58 hrs):- Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 5 de Abril a las once horas y se les informa que el Sistema Electrónico estará abierto a partir de las 9 de la mañana.