El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI) (Toca la campanilla y dice): Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria María Sara Rocha Medina (PRI): Se va a proceder al pase de lista de la asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
(Pase de lista de asistencia)
Hay una lista de asistencia de 31 legislador, señor Presidente.
Hay quórum.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (A las 11:31 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría entonces a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los señores ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Por la afirmativa, ciudadano Presidente, mayoría.
Se dispensa la lectura.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría también a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de sesión anterior, tomando en consideración que se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.
En consecuencia, proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.
Continúe con las comunicaciones, la Secretaría.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez (PRI): Con mucho gusto, señor Presidente.
(Lectura a la solicitud de licencia del diputado Jesús Vizcarra Calderón)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez:
Único.- Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jesús Vizcarra Calderón, para separarse de sus funciones como diputado federal del Estado de Sinaloa a partir del 31 de diciembre del presente año.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba, a los compañeros y compañeras legisladoras que estén por la afirmativa, favor de expresarlo.
(Votación)
Gracias.
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Aprobado por unanimidad.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado y comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez:
(Del Congreso del Estado de Jalisco)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
El Secretario Arturo Nahle García (PRD):
(Oficio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario Arturo Nahle García:
(Oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita permiso constitucional para que los CC. César Mayolo Mata Duarte, José Luis Torres Martínez, David Francisco Castro López, Alberto Castro Rosas, Luis Orozco Inclán y José Luis Sánchez Sánchez, puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos de Chile, El Salvador, Estados Unidos de América, la República Francesa, Perú y Bolivia, así como Venezuela, respectivamente)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Recibo y túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra el señor diputado Leonardo Alvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El diputado Leonardo Alvarez Romo (PVEM): Con su venia, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante.
El diputado Leonardo Alvarez Romo: Compañeras y compañeros senadores; compañeras y compañeros diputados:
Ante el nuevo panorama en nuestro país, donde la oportunidad de obtener información se ha convertido en un instrumento insustituible para el cuidado a efecto de evaluar el trabajo de sus gobernantes, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no puede sustraerse de esta garantía legal de todos los mexicanos.
El acceso a la información gubernamental, es una garantía constitucional del cuidado que brinda certidumbre y confianza a los actos de gobierno.
El artículo 6º. de la Constitución Política, en su parte final, establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información. Lamentablemente esta garantía individual no había sido trabajada en leyes secundarias de forma ordenada, por lo que no se le daba al gobernado los instrumentos necesarios para evaluar la rendición de cuentas con objeto de fiscalizar los actos del gobierno. Estas lagunas han dificultado al ciudadano ejercer con plenitud la garantía constitucional del derecho a la información.
Caso concreto es el título cinco, participación social e información ambiental de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su capítulo segundo, del derecho a la información ambiental, donde la norma ha sido rebasada por las condiciones que imperan actualmente.
Los artículos que contiene dicho capítulo, por una parte necesitan ser adecuados a las nuevas disposiciones jurídicas que existen actualmente, ya que el legislador no puede soslayar que la norma ambiental en materia de información necesita ser adecuada al contexto jurídico actual.
Por otra parte, el sendero jurídico marcado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que la garantía constitucional del derecho a la información tendría que ampliarse en el sentido de que las autoridades están obligadas a no entregar al ciudadano información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violaciones a garantías individuales.
El presente decreto permitirá la entrega expedita y completa de la información ambiental y de esta manera, ser congruente con los principios de transparencia que cualquier país democrático espera.
En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que esta iniciativa es fundamental, ya que le da herramientas al ciudadano para que participe en la evaluación y en la toma de decisiones que realiza el gobierno en materia ambiental.
La realidad del país ya no permite acciones en la oscuridad; exige apertura y claridad, pero lo más importante, instrumentos que realmente ayudan a rendición de cuentas y al combate a la corrupción.
Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, siempre que se pretende ampliar a la sociedad su acceso a la información se menciona que un Estado que genera un flujo confiable de información genera una mayor certidumbre a las personas interesadas en invertir en el país y establece un estado real de derecho.
El pueblo de México está cansado de mantenerse al margen de las grandes decisiones del país.
Esta ley le permitirá sancionar lo sancionable y confiar no más a ciegas sino con elementos objetivos que le permitan transformarse en un verdadero fiscalizador del trabajo gubernamental en materia ambiental.
Nosotros, el Partido Verde Ecologista de México, reiteramos nuestro concepto de que el pueblo de México tiene el derecho inalienable y natural a conocer qué tipo de medio ambiente es el que interactúa con él y que este derecho esté garantizado por el Estado.
Es necesaria la construcción del marco regulatorio, un marco administrativo y de mecanismos de evaluación de riesgos, de toma de decisiones, de manejo de información y de participación para las partes interesadas y para la sociedad civil.
Sobre todo que proteja la salud humana, el medio ambiente, la economía y la soberanía nacional, y esta iniciativa es un primer paso para concretar ese marco regulatorio en materia ambiental.
Por todo ello los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México respetuosamente sometemos a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 159 bis, 159 bis 1, 159 bis 3, 159 bis 4 y 159 bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria la presente iniciativa, omitiré la lectura del articulado pero solicito a la presidencia su publicación íntegra en el Diario de los Debates.
Es cuando, diputado presidente. Muchas gracias, compañeros legisladores.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado. Publíquese íntegramente, como lo ha solicitado el señor diputado, en el Diario de los Debates su intervención y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el señor diputado Arturo Nahle García para presentar iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado René Arce Islas del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Arturo Nahle García (PRD): Gracias, ciudadano presidente.
El uso de teléfonos celulares en la actualidad se ha extendido como parte de las necesidades inmediatas de la población, pasando en unos cuantos años de ser un servicio casi de lujo a una cuestión básica en los procesos de comunicación que permiten el desarrollo de la industria, la producción y el comercio, así como las actividades públicas y privadas en general, lo que impulsa el desarrollo del país.
Las características de las empresas prestadoras de los servicios de telefonía celular, desde el punto de vista económico reflejan una situación oligopólica, donde existen unos cuantos oferentes del servicio, limitándose la libre concurrencia que garantiza el artículo 28 constitucional, ya que estas empresas controlan los precios de mercado del servicio, lo que lo hace caro y de difícil acceso a ciertos sectores de la población mexicana.
Por otro lado, el redondeo en el cobro del uso del servicio de telefonía celular genera grandes utilidades a las empresas que aplican ese esquema, el cual resulta injusto y, al sumarse a la libre determinación de precios de mercado, genera ganancias millonarias a las empresas a costa del pago de segundos de tiempo aire no consumidos por los clientes.
El artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones regula en forma permisiva la libertad de precios de mercado para la prestación del servicio público de telecomunicación vía celular, razón por la cual la presente iniciativa tiene como fin establecer la prohibición expresa del redondeo de segundos a minutos en el consumo de tiempo aire de dicho servicio.
Con base en lo anteriormente expuesto, el diputado federal René Arce y otros legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ponen a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de adición de un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para establecer la obligación de los concesionarios de telefonía celular de no redondear los segundos de consumo de tiempo aire, quedando de la siguiente manera:
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue: artículo 60.- Sólo podrán cobrarse a los usuarios de estos servicios los segundos exactos de su consumo, quedando prohibida la práctica del redondeo de segundos a minutos exactos para su cobro.
Artículos Transitorios.
Único. La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor Diputado. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
También para presentar iniciativa que reforma a los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fue suscrita por el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra el señor diputado Arturo Nahle García.
El diputado Arturo Nahle García (PRD): Gracias, diputado Presidente.
Las asociaciones religiosas gozan actualmente de un reconocimiento jurídico que la Constitución y las leyes secundarias les negaron durante mucho tiempo.
El Marco Jurídico actual de las asociaciones religiosas permite un mejor control del Estado sobre este importante factor de formación de conciencia social. Aunque en el Estado Mexicano existe un gran número de personas que profesan una religión en particular, ello no implica que deba darse un trato preferente a una sola asociación religiosa, dado que desde la Constitución de 1857 se estableció el laicismo como decisión política fundamental en nuestro país y se abolió la existencia de una religión oficial, como se asentaba en el texto constitucional de 1824, primero de la vida independiente de nuestra nación.
Hoy al celebrarse casi 200 años del Natalicio del Prócer Benito Juárez, quien impulsara el principio histórico de separación del Estado y las iglesias, es importante redimensionar el valor de todas las asociaciones religiosas en forma similar, con el propósito de impedir la existencia en los hechos de una religión oficial o de Estado, profesada por la clase política dominante o por un gran sector de la población, ya que ello atentaría contra los derechos de los creyentes que en ejercicio de la libertad consagrada en el artículo 24 constitucional profesan una fe distinta a la que promueve la Iglesia Católica Mexicana.
Ya el artículo tercero de la vigente Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dispone que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.
No obstante, es menester elevar este precepto a rango constitucional, a fin de garantizar a las asociaciones religiosas las acciones necesarias para la defensa de sus derechos frente a actos del Estado, que pudieran resultar discriminatorios o reducir su capacidad de interlocución como actores sociales formadores de conciencia.
Con base en lo anteriormente expuesto, el diputado René Arce y diversos legisladores del grupo parlamentario del PRD, ponen a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de reformas a los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la igualdad entre las asociaciones religiosas, quedando de la siguiente manera:
Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 24. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna; el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.
Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al inciso b), del artículo 130 constitucional para quedar como sigue:
Artículo 130 inciso b) segundo párrafo. Ninguna asociación religiosa gozará de privilegio o trato preferencial dentro del Estado Mexicano; las autoridades no podrán bajo ninguna consideración, hacer distinciones entre las asociaciones religiosas.
Artículos Transitorios. UNICO. La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación una vez que se haya completado el procedimiento a que se refiere el Artículo 135 Constitucional. Es cuanto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo , de Hacienda y Crédito Publico, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el que contiene Punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, al cargo de Procurador Fiscal de la Federación.
Honorable Asamblea, a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Fomento y Comunicación y Obras Públicas de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión fue turnado mediante el oficio número 591131159 de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para su estudio y elaboración, del Dictamen correspondiente, el Expediente relativo a los nombramientos de los ciudadanos, Presidente de la República expedido al C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga como Procurador Fiscal de la Federación, enviado esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos de la Fracción IV y XVI del Artículo 89 Fracción II del Artículo 76 y Fracciones VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Esta Comisión, en términos de lo dispuesto por la Fracción VIII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Artículo 89 Fracciones IV y XVI de la propia Carta Magna y con fundamento en el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así de conformidad con el procedimiento para la ratificación de nombramientos de empleados superiores de Hacienda estableciendo en el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores el 7 de Diciembre del 2000 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y año, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente Dictamen con base en lo siguiente.
Antecedentes. Con fecha 13 de Diciembre del 2004 a través del Oficio número 35518-4 remitido por el Secretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se comunican las propuestas del C. Presidente de la República de artículos 89 Fracción IV y XVI 78 Fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la ratificación de los C. Luis Felipe Mancera de Arriguna, como Procurador Fiscal de la Federación, el trámite que dictó la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente fue, turnarse a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, considerandos:
1º.- Los nombramientos que realiza el Presidente de la República de empleados Superiores de Hacienda, en uso de las atribuciones que le confieren las Fracciones IV y XVI de los Artículos 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser ratificados en los recesos legislativos por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en términos de lo dispuesto por los Artículos 78 fracción VII de la propia Constitución.
Segundo.- El Punto de Acuerdo de la Cámara de Senadores de fecha 7 de Diciembre del 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo año y mes, establece, que para contar con mayores elementos que permitan evaluar si las personas nombradas por el Titular del Ejecutivo Federal cumplen con el perfil adecuado para desempeñar cualquiera de los empleados superiores de Hacienda, sus expedientes serán revisados por la Comisión Competente del Senado de la República o de la Comisión Permanente y además se les citará a una entrevista.
Después de haber analizado el nombramiento se dictamina –y los documentos integran el expediente respectivo- esta Comisión de Trabajo desea señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, consta que nació en la Ciudad de México el 27 de junio de 1966.
En tal virtud reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado, a su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Cuatro.- En su curriculum vitae se establece que el ciudadano Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, es Licenciado en Derecho en Mención Honorífica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, según consta el título expedido el 6 de septiembre de 1991. Cuenta además con una maestría en derecho y diplomacia por la Tuss University en 1994.
El ciudadano Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, se ha desempeñado como titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Director Ejecutivo Jurídico regulatorio de Avantel, S.A; Consejero Jurídico Adjunto ‘C’ de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Asociado Extranjero de la Firma Cleary Gotieth (?), OTEM (?) y Aminton (?), Subdirector Jurídico de Operaciones Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y colaborador con los despachos de Santamarina y Esteta, S.C. y Bremen Quintana Obregón y Mancera, S.C.
Seis.- Los integrantes de la Tercera Comisión, quienes suscriben, invitaron al ciudadano Luis Felipe Mancera de Arrigunaga a una entrevista en donde se conversó sobre el estado actual de los asuntos relativos al puesto por el cual el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien proponerlo además de que presente su proyecto, programa de trabajo a realizar en caso de ser ratificado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, dicha reunión tuvo verificativo el día 28 del diciembre del 2004.
Diez.- Con base en la documentación remitida por la Secretaría de Gobernación, a través del oficio 300/5518/04, firmada por el Subsecretario de Enlace Legislativo y por la información adicional derivada de las comparecencias del ciudadano Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, ante los legisladores miembros de la Tercera Comisión que suscriben, se constató que el interesado cuente con la capacidad profesional necesaria para desempeñar el cargo que se le ha conferido respectivamente, por lo que los integrantes de esta Comisión coincidimos:
Que es la persona idónea para desempeñar como empleado superior de Hacienda en el cargo de Procurador Fiscal de la Federación. En tal virtud y por lo anterior expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
ACUERDO
Único.- En uso de las facultades que le confiere la Fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, al cargo del Procurador Fiscal de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, D.F. a los 29 días del mes de diciembre del 2004.
Firman los integrantes de la Tercera Comisión.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está a discusión el dictamen.
Se ha registrado para fundamentar su voto el diputado Javier Salinas Narváez, quien tiene el uso de la palabra.
El diputado Javier Salinas Narváez (PRD): Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.
Luis Mancera Arrigunaga está descalificado para desempeñar el cargo de Procurador Fiscal, tiene graves conflictos de intereses en materia financiera, además de haber actuado a favor de los bancos en el caso FOBAPROA.
Compañeras y compañeros diputados, el 10 de mayo de 2002, el Secretario de Hacienda y Crédito Público designó a Luis Mancera Arrigunaga, Director General de Banca y Ahorro. En esa ocasión, el nombramiento del licenciado Mancera pasó prácticamente en el sigilo, sin embargo en el ámbito bancario fue recibido con beneplácito, sobre todo por el grupo BANAMEX-CITYBANK.
Lo anterior, debido a que Mancera se desempeñó como Director Jurídico de AVANTEL y un cercano colaborador de Francisco Gil Díaz, cuando este último laboró como Director General de la empresa telefónica que fue propiedad del grupo BANAMEX-AXIVAL (¿).
El licenciado Mancera, es primo de quien fuera el Director del FOBAPROA y en la actualidad es Director de Administración de BANAMEX, Javier Arrigunaga. A este funcionario, el Secretario Gil le encargó de manera personal la negociación de los bancos que se han negado a ser auditados y que han interpuesto amparos para evitar las auditorías que ordena el artículo 5º. transitorio de la Ley del IPAB.
Más aún, el licenciado Mancera fue uno de los principales operadores del ilegal convenio que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, firmaron con los bancos para que éstos fueran, se negaran a ser auditados.
Es de recalcarse (¿) que Mancera Arrigunaga, conocido en su época de Director Jurídico de AVANTEL como el "zar del amparo", es quien diseñó la demanda de controversia constitucional que el Ejecutivo Federal promovió contra la Cámara de Diputados para dejar sin efecto las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, donde se le solicitó le fueran descontados a BANAMEX aproximadamente 7 mil millones de pesos, producto de que en el FOBAPROA les compró cartera, créditos con todo e intereses moratorios que no le estaban permitidos al FOBAPROA.
Es bien sabido que desde 2002, Mancera Arrigunaga acude frecuentemente a las sesiones de la Junta de Gobierno del IPAB, donde ha marcado de manrar definitiva la suave y condescendiente política que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mantenido frente a los bancos en materia de rescate bancario. Lo anterior ha quedado evidenciado a través de varios documentos que él mismo ha presentado en dichas sesiones.
Más aún, el día de ayer en la reunión de la Tercera Comisión, el licenciado Mancera Arrigunaga, señaló textualmente que asistía a las reuniones de la Junta de Gobierno del IPAB en calidad de asesor de esa Junta de Gobierno.
Cabe destacar que minutos después de la citada reunión, el Vocal integrante de la Junta de Gobierno del IPAB, Carlos Isoart (¿), desmintió totalmente lo señalado por el licenciado Mancera; pero no es sólo eso. Desde su última posición frente a la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha tomado atribuciones que no le competen particularmente, ya que Mancera Arrigunaga se ha salido en férrea defensa de los intereses del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, quien actualmente continúa bajo investigación en Madrid, acusado de evasión fiscal y probable lavado de dinero en ciertas operaciones que llevó a cabo en Latinoamérica, particularmente en el caso de México por la adquisición del Banco Mercantil PROBURSA que fue propiedad de José Madariaga Lomelí.
Para mostrar lo anterior, me permito mostrar ante ustedes un comunicado enviado y firmado por Luis Mancera Arrigunaga, con fecha 25 de agosto del 2004, cuyo número es VA/84/2004 a solicitud del Director General Jurídico del Banco Bilbao Vizcaya, Luis Robles Mejía. En este oficio Mancera Arrigunaga defiende la legalidad de la operación realizada por el Banco Bilbao Vizcaya durante el proceso de compra de Mercantil PROBURSA.
Ante esto, es evidente que Luis Mancera padece del mismo mal que Gil Díaz padeció en el asunto de BANAMEX y que padece Héctor Tinoco y Jonathan Davis y Carlos Isoart, que es un grave y evidente conflicto de intereses que le impide ser el abogado de la Nación en materia fiscal y financiera. De hecho, el Procurador Fiscal es quien por ley tendría que sancionar los delitos cometidos durante el rescate bancario.
Ante esto, el Partido de la Revolución Democrática votará en contra de la ratificación del licenciado Mancera, como Procurador Fiscal de la Federación.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado Salinas.
Tiene la palabra para hablar en pro del dictamen, el diputado José Guadalupe Osuna Millán.
El diputado José Guadalupe Osuna Millán (PAN): Con su permiso, presidente.
Ya la secretaria dio lectura íntegra al cuerpo del dictamen y ya está publicado en la Gaceta. Anticiparía, señor presidente, obviar la lectura de todo el dictamen dado que ya está publicado en los siguientes nombramientos que en su oportunidad ratificará o no esta soberanía.
Pero vengo a fundamental el voto que los diversos grupos parlamentarios que votamos a favor del nombramiento del funcionario propuesto Luis Felipe Mancera de Arrigunada, primero porque consideramos que cumple con todos los requisitos establecidos por la ley, porque cumple con un perfil curricular que nos convenció a los diputados y que puede ser un funcionario que puede cumplir con su labor.
Y que en esa oportunidad, el día de ayer que se reunió la Comisión, el ciudadano Luis Felipe Mancera respondió a todos los cuestionamientos, incluso éstos mismos que le formuló el representante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que la Comisión, de manera institucional, le propone a esta soberanía, en uso de las facultades que nos confiere la Constitución, la fracción VII del artículo 78, esta Comisión Permanente ratifique el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo expidió a favor de Luis Felipe Mancera de Arrigunaga al cargo de procurador Fiscal de la Federación.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está suficientemente discutido. Consulte entonces la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobado el dictamen. Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Luis Mancera de Arrigunaga, cuyo nombramiento como procurador fiscal de la federación ha sido aprobado por esta asamblea.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a los siguientes ciudadanos legisladores:
Alfredo Villegas Arriola, Genaro Borrego Estrada, José Luis Treviño Rodríguez, Leonardo Alvarez Romo, Joel Padilla Peña y Luis Maldonado Venegas.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(LA COMISION CUMPLE EL ENCARGO)
Se invita a los presentes ponerse de pie.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadano Luis Mancera de Arrigunaga, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Procurador Fiscal de la Federación que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?.
El ciudadano Luis Felipe Mancera de Arrigunaga: Si, protesto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si así no lo hiciera que la Nación se lo demande.
Enhorabuena. (aplausos).
Continúe la Secretaría dando cuenta del siguiente Dictamen de la III Comisión y a solicitud del Diputado Osuna consulte en lugar de leer el mismo Dictamen a la Asamblea, si es de obsequiarse el que se dispense la lectura
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta, en votación económica a la Asamblea , si acepta la dispensa de la lectura del Dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo.
(votación)
Quienes estén por la negativa.
(votación)
Sí, se acepta, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda entonces la Secretaría solamente a leer el Punto de Acuerdo que será sometido a discusión y votación.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Con mucho gusto señor Presidente
Punto de Acuerdo.
UNICO.- En uso de las facultades que le confiere la Fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Gerardo Rodríguez Regordosa como Titular de la Unidad de Crédito Público.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a los 29 días del mes de Diciembre de 2004 y firma la III Comisión de Trabajo.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia está a discusión el Dictamen.
No habiendo orador registrado para hacer uso de la palabra, se considera suficientemente discutido el Dictamen y se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba el Dictamen.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Se consulta, de conformidad con las instrucciones de la Presidencia a la Asamblea, si considera de aprobarse el Dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo levantando la mano.
(Votación)
Quienes estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobado el Dictamen. Comuníquese.
Se encuentra también a las puertas de este Recinto, el ciudadano Gerardo Rodríguez Regordosa, cuyo nombramiento como Titular de la Unidad de Crédito Público ha sido aprobado por esta Asamblea.
Se designa en Comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la Protesta de Ley, a los siguientes Legisladores:
Verónica Muñoz Parra, Sheila Fabiola Aragón Cortés, Javier Salinas Narváez, Leonardo Alvarez Romo, Joel Padilla Peña y Luis Maldonado Venegas.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Se pide a la Comisión cumplir con el encargo.
Se invita a los presentes, ponerse de pie.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadano Gerardo Rodríguez Regordosa:
¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Titular de la Unidad de Crédito Público que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?"
El ciudadano Gerardo Rodríguez Regordosa: ."Sí, protesto".
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: "Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.
Enhorabuena. (aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea si se dispensa también la lectura del siguiente Dictamen de la III Comisión, debido a que ha sido publicado oportunamente en La Gaceta Parlamentaria y se ponga a discusión después de leerlo, el Punto de Acuerdo.
El Secretario Arturo Nahle García: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta en votación económica si se dispensa la lectura del Dictamen de la III Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Las ciudadanas Legisladoras y Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Quienes se encuentren por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa ciudadano Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se ha dispensado la lectura. Ruego a la Secretaría dé sólo lectura al punto de acuerdo que estará a discusión y aprobación, en su caso.
El Secretario Arturo Nahle García:
"Acuerdo:
Único. En uso de las facultades que le confiere a la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un segundo y último período que comprende del 1° de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México Distrito Federal, a los 29 días del mes de diciembre de 2004".
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, está a discusión el dictamen.
No habiendo quién haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido, por lo cual, solicito a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal del dictamen.
El Secretario Arturo Nahle García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen de derecha a izquierda, en el orden acostumbrado.
(Votación)
Ciudadano Presidente, se emitieron 25 votos a favor, cinco en contra y una abstención.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado por 25 votos a favor, que es mayoría calificada. Comuníquese.
Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca, cuyo nombramiento como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ha sido aprobado por esta Asamblea.
Se designa en Comisión para que lo acompañen a rendir la protesta de Ley, a los señores legisladores: Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Martha Sofía Tamayo Morales, Lydia Madero García, Leonardo Álvarez Romo, Luis Maldonado Venegas.
El Secretario Arturo Nahle García: Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca. ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca: Sí protesto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.
(Aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es lo relativo a un dictamen de la Tercera Comisión. Ruego a la Secretaría dar lectura.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que se solicita a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Federal del Consumidor, informen a esta Comisión Permanente, sobre las medidas que se han dispuesto durante el período de diciembre de 2004, para hacer valer el estado de derecho en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancías a comercios y transportes y su venta en la vía pública.
Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Período Ordinario de la Sesión del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la propuesta con punto de acuerdo en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a comercios y transportes y el ambulantaje, presentado por la senadora Lydia Madero García en la sesión del 22 de diciembre del 2004.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis en relación con los temas abordados en la propuesta con punto de acuerdo a efecto de valorar su contenido y deliberar sobre el particular e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, comunicaciones y obras públicas, someten a consideración de la Asamblea el siguiente dictamen.
Primero.- Análisis de la propuesta.
La propuesta de mérito destaca la relevancia que para la economía nacional tiene el período de diciembre en el cual los trabajadores asalariados disponen de una mayor cantidad de recursos que destinan al ahorro, al pago de compromiso o a la satisfacción de distintas necesidades, circunstancias que incentiva el consumo y en general a la economía.
Se expresa que el sector empresarial finca amplias expectativas en esta época del año, ya que los buenos resultados que obtengan dependerá en buena medida de la cantidad de empleos que mantendrá vigente la adquisición de maquinaria y bienes inmobiliarios; la contratación de nuevos servicios, en resumen, la expansión de sus negocios.
Sin embargo, se advierte en la propuesta dichas expectativas económicas favorables para este ciclo; se limita por el creciente aumento de la informabilidad en todas sus manifestaciones: la proliferación del contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancías a transportes y comercio, así como la distribución ilegal de estas mercancías en las calles de todo el país.
Por ello, se hace necesario que las autoridades cuya competencia es velar por el respeto al estado de derecho y garantizar que la comercialización de bienes y servicios se desarrolle de conformidad con las disponibilidades legales, redoblen sus esfuerzos en la presente época del año, en virtud de que el incremento del circulante incentiva el comercio en la vía pública de mercancía robada o internada al país de manera irregular, de productos falsificados.
Tal situación representa una competencia desleal para los empresarios legalmente establecidos que cumplen con sus obligaciones fiscales y contractuales, lo que se traduce en un riesgo considerable para el empleo formal de muchos trabajadores.
Segundo.- Consideraciones de la Comisión.
La Comisión que dictamina coincide con los motivos expresados en la propuesta con punto de acuerdo que se analiza en virtud de que un estado de derecho es imprescindible dar cabal cumplimiento a las disponibilidades de la ley, combatir aquellas prácticas que ponen en riesgo a las empresas formalmente establecidas y los empleos de mexicanos que de ella dependen.
En efecto, como consecuencia de la comercialización en la vía pública de productos introducidos ilegalmente al país, falsificados e incluso robados, se ha dificultado la operación de las industrias del ramo textil y accesorios, calzado, juguetes, videocámaras, fonógramas, video juegos, vinos y licores, libros, etcétera, empresas que registran pérdidas conjuntas estimadas de alrededor de 110 mil millones de pesos.
Es cierto que la economía no estructurada tiene un peso significado (¿) en el Producto Interno Bruto Nacional de alrededor del 12.5 por ciento, circunstancias que puede agravar de percibir (¿) las actividades permisivas e incluso negligentes de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno cuando conscientes (¿) la instalación de ambulantes de la vía pública.
Cabe señalar que el ambulantaje, no obstante que se considera una opción de subsistencia para muchas familias, también es cierto que en ocasiones se convierte en el canal de salida de la mercancía de productos del contrabando, la falsificación de marcas y del robo a comercios, transportes. De ahí la necesidad de que las autoridades federales y municipales se coordinen para combatir la red de ilícitos que están asociados a la venta de mercancía en vía pública, en virtud de que además de los perjuicios que genera el (¿) estado de derecho pone en riesgo el derecho de las empresas legalmente establecidas, las que generan ingresos al país y cumplen con las prestaciones laborales de los trabajadores adscritos a las mismas.
Esta Comisión considera procedente la propuesta con punto de acuerdo que se dictamina, en razón de que diciembre es un período de gran importancia para la economía nacional, por lo que se considera necesario que las autoridades de todos los órdenes de gobierno redoblen sus esfuerzos para combatir el contrabando, la falsificación de marcas, robos de mercancía a comercios y transporte y sobre todo, la venta de estos productos que se distribuyen en la vía pública para comercializar y que representan una competencia desleal al comercio establecido.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos (¿), la Comisión se permite someter a la consideración de la Comisión Permanente a la aprobación el siguiente acuerdo:
Unico. Que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Federal del Consumidor, informen a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión sobre las medidas que se han dispuesto durante el período de diciembre de 2004 para hacer valer el estado de derecho, en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a comercios y transporte y su venta en la vía pública.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de diciembre del 2004.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
No habiendo registro de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: En votación económica, se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para que en beneficio del Sistema de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, se realice por única vez una donación pecuniaria y se obsequie un libro por los diputados federales de la Quincuagésima Novena Legislatura, suscrita por los integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
El siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el senador Esteban Angeles Cerón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que expliquen qué programas y acciones tiene previsto el gobierno federal para situaciones de desastre.
El senador Esteban Angeles Cerón (PRI): Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores:
En la Gaceta del día de hoy se publica el punto de acuerdo para rogar el apoyo de todos mis compañeros y compañeros senadores para apoyar este punto de acuerdo y que comparezcan los funcionarios mencionados.
Una muestra de nuestras mayores responsabilidades es sentar las bases para garantizar la adecuada protección de la vida, la seguridad, el patrimonio y el bienestar de los mexicanos.
Con verdadero asombro, estremecimiento, dolor vimos las imágenes del sismo y maremoto que azotó el domingo pasado a países del sur de Asia, que nos hicieron recordar nuestra propia tragedia de 1985.
Considero que ante una situación como la que vimos y que se refleja en la pérdida de millares de vidas humanas, es el principal fundamento de este punto de acuerdo.
La tragedia del continente asiático que afectó las costas de Sri Lanka, Indonesia, India, Tailandia, Malasia y Maldivas ha causado un número indeterminado de muertos, cuyo cálculo extraoficial supera ya a los 60 mil muertos.
México, por sus características de ubicación geográfica y por lo diverso y complejo de su territorio, está considerado como un país que se encuentra en constante riesgo debido a las ocurrencias de fenómenos naturales, accidentes industriales, riesgos sanitarios y fenómenos sociales que representan un grave peligro, por lo que está llamado a jugar un papel protagónico en materia de protección civil.
La falla geológica de Cocos y San Andrés, la exposición constante al riesgo de sismos y maremotos, así como la alerta permanente del Popocatépetl y del Volcán de Colima son ejemplos de fenómenos naturales que ocurren en nuestra nación y ponen en peligro la tranquilidad de la población.
Nuestro país, por su amplitud de costas, orografía y ubicación geográfica, es también altamente sensible al impacto de los fenómenos hidrometeorológicos por encontrarnos ubicados en la ruta de los ciclones y huracanes tanto en la costa del Pacífico como por el Caribe y el Golfo de México, por lo que año con año las inundaciones causan daños de consideración en áreas rurales y urbanas a los bienes de las familias, así como a las actividades económicas, industriales y de servicios, en la agricultura y en la ganadería y sobre todo en la pérdida de vidas humanas por las torrenciales lluvias y los fuertes vientos causados por estos fenómenos.
Además están los daños que nos ocasionan las nevadas, las heladas, las granizadas, los tornados y las sequías.
En estos días estamos sufriendo, en algunas entidades, graves daños a consecuencia de las bajas temperaturas. En México, en los últimos tiempos han ocurrido grandes desastres, algunos de origen natural y otros provocados por la mano del hombre, lo que ha ocasionado considerables pérdidas humanas y, de manera agregada, graves daños sociales y económicos.
En 1985 experimentamos sismos de consideración que derribaron numerosos edificios y causaron miles de víctimas, principalmente en la ciudad capital.
A 19 años de distancia la protección civil ha evolucionado favorablemente. Hoy ya contamos con un sistema más depurado de planeación, organización, capacitación, normatividad, difusión y sobre todo una cultura en ascenso de lo que debe ser la prevención.
Sin embargo, considero que es menester intensificar las acciones preventivas por estar encaminadas a la disminución del impacto de los desastres, ya que representan la salvaguarda de un gran número de vidas humanas y reducen significativamente las erogaciones por concepto de reparación de daños.
Se requiere entonces que las autoridades de protección civil presenten un reporte realista a la nación de lo que se viene haciendo y de lo que se hará para proteger a los mexicanos ante la ocurrencia de siniestros catastróficos.
Nuestro país está expuesto, como cualquier otro, y debemos contar con acciones estratégicas para salvar las vidas humanas en caso de algún fenómeno natural. No podemos aceptar que después de las trágicas experiencias propias y ajenas, en el futuro tengamos que lamentar nuestra falta de visión para desplegar acciones a favor de millones de mexicanos.
Le ruego señor Presidente, incluir el texto completo de la Exposición de Motivos del presente Acuerdo y quiero hacer propicia la ocasión para manifestar ante las irreparables pérdidas y tragedia que sufrieron los países del Sur de Asia, transmitirles mi más sentido pésame por esta inmensa tragedia y asimismo la convicción de que sabrán salir adelante, toda vez que contarán con el respaldo de todas las naciones del mundo. Muchísimas gracias. (aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente.
Tiene la palabra el Diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Titular de la Secretaría de la Función Pública, a que realicen las actividades necesarias para llevar a cabo las obras de la carretera Lagos de Moreno, San Luis Potosí.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez (PAN): Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores. Ante la Comisión Permanente de esta honorable Cámara de Diputados, les presento una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Titular de la Secretaría de la Función Pública, a que realicen en conjunto actividades necesarias para llevar a la brevedad posible y en buen término las obras de la Carretera Lagos de Moreno San Luis Potosí, en el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y Las Amarillas y el nodo vial que está inconcluso en Lagos de Moreno.
Antecedentes.- Las comunicaciones y transportes son dos actividades importantes para el desarrollo social y económico de la entidad, ya que su función primordial es la de facilitar la integración social y geográfica del territorio nacional con el traslado de bienes y personas a lo largo y ancho del país.
En el año 2001 en el mes de Octubre se firma el contrato de obra pública entre el Ejecutivo Federal representado por la SCT y por la persona moral denominada Consultora Guascani. Con fecha 13 de Julio del 2004 se inició un procedimiento de terminación anticipado de contrato por no existir certeza de la fecha en que habrán de entregarse los recursos fiscales para continuar los trabajo y al no ser posible la terminación de la temporalidad de la suspensión de los trabajos.
Al haber este Juicio de Nulidad, el procedimiento de Conciliación inicia el 22 de Septiembre del año en curso mediante el Expediente 008-2004 ante el órgano interno de control de la SCT y de a Secretaría de la Función Pública. La obra permanece detenida por más de dos años, en la actualidad hay muchísimo accidentes, por no decir más, en la semana pasada el Coordinador de Diputados Federales del PAN de Guanajuato y su familia, él pereció en ese accidente y, bueno, es importante que se entienda que ese tipo de obras no deben de quedar detenidas.
El 29 de Octubre de este años e emitieron diversos pronunciamientos normativos por parte de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas y Servicios y Patrimonio Federal, por su Director General Adjunto de Normatividad de Obras Públicas, el licenciado Marco Antonio Castro Rojas.
Es importante entonces, determinar los lineamientos a seguir en el procedimiento de conciliación para una pronta y clara solución al problema que se ha suscitado entre la constructora y el centro de la SCT.
El 25 de noviembre del presente año, también la constructora presentó una inconformidad ante el Director del Centro de la SCT en Jalisco y con copia al órgano interno de control, por no haber sido recibidos para conciliar los intereses.
Debido a todo esto y a que hay una clara muestra de que la relación entre el Director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco, el ingeniero Guillermo E. Frank Escobar y la Constructora Qhuazcani, esta relación no es de lo más sana para llegar a establecer un vínculo de entendimiento y una pronta solución.
Por lo anterior, sugerimos que la SCT designe a una persona que tenga facultades que otorgue la misma Secretaría, para llevar a cabo las negociaciones que den solución al problema, conforme a los lineamientos pronunciados por la Secretaría de la Función Pública, ya citado con anterioridad.
Por lo antes expuesto en esta Honorable Comisión Permanente de la Cámara, me permito presentar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al titular de la Secretaría d Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública, a que realicen en conjunto las actividades necesarias para llevar a la brevedad posible y con buen término las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí, en el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y Las Amarillas y el nodo vial que está inconcluso en Lagos de Moreno, Jalisco.
Palacio Legislativo 29 de diciembre.
José Luis Treviño. Diputado federal.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra el senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de Pemex y de la Profepa remitir a la brevedad información suficiente que explique la magnitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el pasado 23 de diciembre en el estado de Veracruz.
El senador César Raúl Ojeda Zubieta (PRD): Con su permiso, compañero Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
El pasado 22 de diciembre Petróleos Mexicanos dio a conocer un accidente que destruyó su central de bombeo ubicada en la localidad de Mazumiapan, municipio de Santiago Tuxtla, en Veracruz, que ocasionó heridas de gravedad entre trabajadores de la paraestatal y un importante derrame de petróleo crudo vertido al Río Coatzacoalcos y hacia la margen costera de su desembocadura, dando lugar a lo que se ha calificado como un desastre ecológico.
Petróleos Mexicanos ha informado que el derrame fue de una magnitud de cinco mil barriles y que, hasta el día de ayer, se había logrado recuperar el 70%; sin embargo, resulta evidente que los daños sobre la flora y la fauna del lugar es prácticamente irreversible, tal como ocurre en este tipo de accidentes.
Adicionalmente, y es parte de nuestra preocupación, las versiones entre el gobierno estatal y la paraestatal no son coincidentes, porque mientras unos aseguran que del total de barriles han recuperado de un millón de litros que estiman fue el derrame aproximadamente 525 mil litros, la entidad responsable del estado de Veracruz habla de 100 mil litros, lo que da una banda mucho muy importante y que es precisamente el tema que nos ocupa el día de hoy, que queremos saber con precisión cuáles son los alcances y la magnitud de este derrame.
El sólo hecho de saber que el ducto, que la planta que estalló está ubicada a 100 kilómetros de distancia de donde hubo el derrame, 103 –para ser más exacto- si hablamos de que tiene 30 pulgadas el tubo conductor, si supiéramos la presión a la que lo están impulsando, tendríamos seguramente una mayor oportunidad de saber con exactitud de qué cantidad estamos hablando.
Pero nosotros confiamos en que la autoridad responsable de Petróleos Mexicanos, tiene los elementos técnicos para identificar con precisión, nos consta y en este sentido hemos hecho un trabajo en una Comisión Especial que integra, entre otros compañeros, la compañera Lydia Madero, donde hay un sistema de válvulas y de terminales de medición que pueden identificar con exactitud milimétrica de qué estamos hablando.
Por eso, yo creo que en este caso lo más prudente, lo más responsable es decir con exactitud la magnitud de lo que allá aconteció, el accidente ya se dio, no tendría sentido omitir información cuando ésta lastima tan seriamente, no solamente a los veracruzanos sino además preocupa a todos los que vivimos en el sureste y en muchas otras regiones por donde cruzan infinidad de ductos, nuestras tierras, nuestras poblaciones que pudiéramos estar hablando de situación indebida en el mantenimiento de los ductos.
Por eso, creo que es indispensable que se nos precise por la autoridad de qué estamos hablando, cuál es la magnitud de los daños.
Sabemos que PEMEX se está esforzando por remediar los daños al medio ambiente y que se atenderá la demanda por daños causados a los pobladores de las zonas afectadas, el mismo gobierno del Estado, hay que reconocerlo, ha intervenido oportunamente en este asunto para garantizar que el interés de los veracruzanos sea debidamente atendido.
No obstante llama la atención que una vez detectado el incendio en la central de bombeo de Mazumiapan y tras la maniobra reglamentaria del cerrado de válvulas, ocurra un siniestro como planteábamos, a más de 100 kilómetros, entonces no hubo la respuesta de las válvulas, no hubo los famoso diablos que recorren la ductería, no pudieron leer en su oportunidad las condiciones en que se encontraba el ducto, porque de haber sido así, hubieran, desde tiempo atrás, haber identificado que ante su mayor presión no resistiría ni empaques ni el ducto en si mismo.
Pudiera ser y lo quiero advertir, sólo como una posibilidad, que diversas insuficiencias en la tarea de mantenimiento industrial que se deben realizar con toda precisión y puntualidad en la actividad petrolera, pudieran estar en la base de los frecuentes accidentes de PEMEX.
Recordemos en reciente también en Veracruz, en donde, no recuerdo con exactitud si fue Ciudad Alemán o en Ciudad Mendoza, donde hubo una explosión también derivado de la falta de mantenimiento en ductos y hubo una desgracia ahí sí, con muchas muertes que lamentar que se repite en el corto plazo lo que nos indica que hay una constante que debemos revisar y atenderla adecuadamente.
Desde sus orígenes la actividad petrolera en el país se ha caracterizado por una extraordinaria subestimación del medio ambiente y del entorno cultural y humano, el propósito ha sido obtener el máximo beneficio económico posible a los menores costos.
Ciertamente, en la medida en que la sociedad ha ido cobrando conciencia de la importancia de la actividad petrolera pero también de su necesario desarrollo armónico con el resto de las actividades de los mexicanos, esa conducta ha cambiado, pero aún falta mucho por hacer.
Por otra parte, durante los últimos años, el presupuesto de PEMEX se ha visto reducido en términos reales y seguramente los funcionarios responsables habrán tenido que realizar ajustes y reasignaciones para garantizar que la empresa siga funcionando de la manera más adecuada posible.
Es en este sentido que por la magnitud del accidente recientemente ocurrido en el Estado de Veracruz, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita a los titulares de PEMEX y de la PROFEPA, remitir a la brevedad ante esta soberanía, la información suficiente que explique la magnitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el pasado 22 de diciembre en el Estado de Veracruz.
Señor Presidente, además de entregarle el punto de acuerdo, le ruego me permita una digresión para desearle a usted, a su familia, a todas las compañeras legisladoras, a los compañeros legisladores, a los compañeros de los medios, a todos los mexicanos un buen año; un año próspero y que nuestro trabajo redunde en beneficio de ello.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución la proposición con punto de acuerdo presentada por el senador César Raúl Ojeda Zubieta.
Secretaria, vamos a consultar a la Asamblea si se da de urgente resolución el trámite.
El secretario Arturo Nahle García: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La totalidad por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión la proposición con punto de acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
La senadora Lydia Madero García (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿En qué sentido?
La senadora Lydia Madero García (desde su curul): A favor.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: A favor.
Diputado Vidaña ¿en qué sentido?
El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez (desde su curul): A favor.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: En los términos del 122 del Reglamento, se cierra la lista de oradores.
Cedemos el uso de la palabra a la senadora Lydia Madero, para hablar en pro.
La senadora Lydia Madero García (PAN): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
Con el objeto de que los legisladores demos seguimiento a las acciones del Gobierno Federal, pero también para fundamentar la toma de decisiones de parte de nosotros mismos de una forma veraz y oportuna, hoy más que nunca requerimos de información de parte de las distintas instituciones de la federación.
El tema que hoy nos ocupa requiere de información de la PROFEPA y de Petróleos Mexicanos a partir del accidente ocurrido en días pasados en el estado de Veracruz.
En este tenor, como ya lo comentó mi compañero senador, en la Cámara de Senadores se ha nombrado una Comisión Especial para dar seguimiento a las acciones tomadas por la paraestatal para corregir los ilícitos de robo, contrabando, adulteración, comercialización ilícita de gasolina y (¿) la comisión a la que pertenecemos los dos legisladores que hemos hablado.
Petróleos Mexicanos es una empresa que está dentro de las primeras mundiales y que pudiera ser mejor si los legisladores le diéramos oportunidad de reestructurar el régimen fiscal que hasta ahora ha dirigido la mayor parte de sus finanzas a colaborar con el Gobierno Federal y sin demérito de esta misma colaboración, se pudiera reestructurar este sistema fiscal para agilizar la economía de esta paraestatal y evitar este tipo de accidentes por falta de mantenimiento o por falta de modernización en la empresa.
No obstante que estos asuntos son de vital importancia para nosotros, de una mayor importancia es el peligro y el daño que pueda o que ha afectado a la ecología en México a partir de estos accidentes.
Es por esto que los legisladores del Partido Acción Nacional estamos en total acuerdo para llamar a las autoridades a informarnos de todas las acciones que se han generado a partir de este accidente.
Sabemos, de hecho, que ha habido una movilización generalizado de la presidencia, por supuesto, de la presidencia municipal de Nanchital, de la protección civil, del ejército mexicano, de la armada, del gobierno del estado de Veracruz, de las autoridades del corporativo de Pemex, de la CNA investigando.
Requerimos conocer las causas reales del accidente con el objeto de tomar acciones contundentes para que no se vuelvan a repetir.
Señoras y señores legisladores, es por esto que los legisladores del Partido Acción Nacional estamos en total acuerdo y apoyamos la propuesta de nuestro compañero César Raúl Ojeda. Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Martín Vidaña Pérez, para hablar en pro de la proposición con punto de acuerdo.
El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez (PRI): Con su permiso, diputado presidente. Efectivamente, el 22 de diciembre, minutos antes de las diez, Lubo en la estación de bombeo en el Municipio de Santiago Tuxtla, en Veracruz, ocurrió un incendio y eso ocasionó una sobrepresión de bombeo, ocasionó un derrame de crudo del oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Poza Rica, al margen izquierdo del río Coatzacoalcos, en el sur del estado.
La fuga del crudo obviamente ocasionó contaminación importante en el río Coatzacoalcos y en el arroyo Tepeyac. Dos, tres kilómetros de nata de crudo de aproximadamente tres, cuatro milímetros hicieron una contaminación enorme en esa área.
Cinco personas de la paraestatal, todos hombres, sufrieron lesiones graves, quemaduras de tercer grado que incluso el paisano Ignacio Orozco García se encuentra en la ciudad de México, en el hospital de Pemex, muy grave de salud.
Toda esta situación en la que se habla de 5 mil, de 8 mil, de 10 mil barriles de crudo que fueron vertidos en las márgenes del río Coatzocoalcos y en arroyo, Pemex dice unos datos, el gobierno del estado de Veracruz tiene otros y necesitamos por ello los legisladores tener la oportunidad de conocer la cabal realidad, la magnitud y la causa del daño ecológico irreversible, a pesar de los esfuerzos que se reconocen de Pemex y de las instituciones del gobierno federal y del gobierno del estado para ir recolectando el hidrocarburo que se encontraba en el río.
El desarrollo de la actividad de Pemex de ninguna manera se puede detener, pero en Omealca, para ser precisos, en el mes de septiembre hubo otro accidente por parte de Petróleos Mexicanos, en el estado de Veracruz, en la zona centro del estado; y ahora en la zona sur, a tres meses y medio de distancia, otro derrame, otro accidente.
Necesitamos, aparte de la información, considero importante realizar una auditoría que en un momento dado permita el mantenimiento y operación de los ductos, puesto que Veracruz, como muchos estados del sur, tiene una red de miles de kilómetros de ductos, gaseoductos, oleoductos, etcétera, que atraviesan el estado cuan largo es y cuan ancho es.
Por lo tanto, el Partido Revolucionario Institucional, la fracción del Partido Revolucionario Institucional apoya este punto de acuerdo del senador que me antecedió en el uso de la voz para hacer el exhorto a las autoridades, puesto que el desarrollo de la paraestatal si bien se reconoce como columna vertebral de la economía de ese país no puede estar causando deterioro al medio ambiente en ocasiones irreversibles y, sobre todo, lesionar en la salud o en la vida cualquier ser humano del Estado de Veracruz, cualquier sr humano de nuestro país, de nuestra República. La vida de un ser humano y el entorno donde nosotros nos desarrollamos, tiene que tener privilegio por encima de la paraestatal Petróleos Mexicanos
Por eso, la Fracción Parlamentaria del Revolucionario Institucional se une al Punto de Acuerdo del Senador César Raúl Ojeda, para solicitar a los Titulares de Pemex y de la Profepa , a la brevedad posible que nos denla información veraz y oportuna de las causas y la magnitud del daño causado y, sobre todo, que el resarcimiento a los pescadores afectados que son más de 765 de esa zona del Sur, del Estado de Veracruz, tanto en sus enseres como en sus embarcaciones si como en su actividad productiva detenida por el derramamiento de crudo, les sean resarcidos y concluyo, yo considero que deberíamos ir a una Auditoría a las causas de fondo anteriores para ver si es falla humana la que determino este accidente o en los materiales y equipos existiera alguna situación que pudiera estar condicionando estos lamentables accidentes. Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias Diputado Vidaña. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición con Punto de Acuerdo.
El secretario Arturo Nahle García: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la Proposición.
Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Legisladores y Legisladoras que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo.
El Secretario Arturo Nahle García: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la Proposición.
Los ciudadanos Legisladores y Legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Las ciudadanas y ciudadanos Legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada. Comuníquese.
Como siguiente Punto del Orden del Día, tiene la palabra el Diputado Leonardo Alvarez Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar Proposición con Punto de Acuerdo sobre la catástrofe ambiental suscitada en Coatzacoalcos, Veracruz.
El diputado Leonardo Alvarez Romo (PVEM): Con su venia Diputado Presidente, compañeros y compañeras Legisladores.
Sirva este Punto de Acuerdo para unirnos al Punto de Acuerdo anterior y como posicionamiento también de nuestro grupo parlamentario pro para agregar también un punto.
En La Gaceta Parlamentaria venía como citar a comparecer a los Miembros del Gabinete que tiene que ver con el asunto, pero lo hemos querido cambiar porque el acuerdo para el Orden del Día en su Artículo 12 no permite que a través de un Punto de Acuerdo se cite a comparecer a Miembros del Poder Ejecutivo, pero venía un Punto Primero que es el que permanece y es lo que voy a tratar con ustedes.
La contaminación por crudos es una de las formas más graves de contaminación del agua, los derrames de petróleo producen un fenómeno conocido como "la marea negra". Cuando una película de hidrocarburo cuya densidad ese distinta a la del agua, se forma en la superficie del mar.
Su efecto es letal para las especies que concurran al eco sistema marino pero los prejuicios aumentan cuando el contaminante llega a la costa. Al derramarse petróleo en una zona acuática determinada, se observa la formación de una delgada capa en la superficie ocasionando disminución de la penetración de la luz hasta en un 90% con lo cual disminuye drásticamente la tasa de fotosíntesis.
Los efectos tóxicos de los hidrocarburos sobre los organismos vivos, dependen de la concentración y el tiempo de exposición. Los componentes del petróleo de efectos más nocivos son los hidrocarburos aromáticos, ya que algunos de ellos actúan como tóxicos agudos y otros tienen actividad carcinogénica.
Cuando el petróleo se derrama cerca de la costa o una mancha petrolífera deriva a la zona intermedia de las mareas y a las playas, se produce una mortalidad en la gran escala de organismos marinos, algunos de ellos de valor comercial. La muerte de grandes cantidades de aves marinas constituye uno de los efectos primarios y más aparentes de los derrames de petróleo.
El 21 de diciembre de 2004 la explosión de un pozo y una planta de bombeo de Petróleos Mexicanos en el estado de Veracruz, como sabemos, dejó cinco personas lesionadas y cuantiosos daños en el Río Coatzacoalcos, el más grande del estado de Veracruz y que desemboca en el Golfo de México, así como el posterior derrame de crudo por la zona.
De acuerdo con fuentes de Protección Civil y de Seguridad Pública del estado, el primer percance se registró alrededor de las 10:50 horas en la Estación de Bombeo Masumiapan que se ubica en el ejido Zapatero de la congregación El Platanal, municipio de Santiago Tuxtla. Diversas fallas en los sistemas de bombeo ocasionaron un incendio y una posterior explosión en la plata de Pemex.
Ante el percance, personal de la paraestatal cerró las válvulas que administraban el crudo al pozo y a la estación de bombeo, que sirve de enlace con oleoductos que van de Minatitlán a Nuevo Teapa y Poza Rica. Sin embargo, esta situación provocó que la presión rebasara los límites y reventara uno de los ductos a la altura del municipio de Nanchital, a unos 120 kilómetros de donde ocurrió la explosión.
El Director de Protección Ambiental de Pemex Refinación, José Manuel Olivares Páez, informó en los primeros días después del incidente que, según la agencia EFE, el derrame de hidrocarburos se había extendido en un área de tres kilómetros en el Río Coatzacoalcos alcanzando al arroyo Tepeyac.
El reporte preliminar señaló que la cantidad de crudo derramado se ha cuantificado entre cinco mil y diez mil barriles, equivalentes a un promedio entre los 750 mil litros y un millón 500 mil litros. La Comisión Nacional del Agua informó que ya trabaja en coordinación con Pemex en el saneamiento del Río Coatzacoalcos y la del arroyo Tepeyac. La Comisión participó en la colocación de trampas para evitar que el petróleo derramado se extendiera. Detalló también que participa en la recolección del líquido en cuatro puntos distintos sobre la corriente del Coatzacoalcos.
En la actualidad, la contaminación producida por las actividades humanas en México está aumentando de manera considerable y este rápido aumento guarda relación con problemas y consecuencias de alcance nacional que deben ser evaluados, y dominados, si se quiere tener éxito en la lucha contra la contaminación.
Si no se lleva a cabo un programa de restauración de la zona, coordinado por las autoridades correspondientes, con el que se exija y obligue a Petróleos Mexicanos a que restaure y compense el daño causado por el derrame, las consecuencias pueden ser mayores.
Reconocemos el anuncio que hoy se hizo por parte de la Profepa de levantar una denuncia en contra de Pemex, ¡vaya! Lo felicitamos, y también queremos subrayar que es increíble que con los recursos que maneja Pemex se cometan este tipo de tonterías.
Como dijimos, nos unimos al punto de acuerdo anterior del senador César Ojeda y, además, queremos agregarle lo siguiente como punto de acuerdo a parte.
Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice un programa de restauración ecológica en el Río Coatzacoalcos, sus riveras y su zona marítimo terrestre -esto basado en la fracción décimo tercera del artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal-, además del arroyo Tepeyac, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación con Petróleos Mexicanos -esto basado en el artículo cinco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente.
Es decir, no nada más que se retire el crudo y se controle el derrame, sino que se haga un programa profundo y eficaz de saneamiento y restauración ecológica.
Es cuanto, diputado Presidente, compañeros legisladores.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Como siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que por conducto de Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de julio y 26 de octubre del 2004, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios.
El diputado Javier Salinas Narváez (PRD): Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados.
Los suscritos diputados Hugo Rodríguez Díaz y Pablo Anaya Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Mora Ciprés, Horacio Duarte Olivares y Rafael García Tinajero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Porfirio González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Alejandro González Yánez del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, todos ellos miembros de esta LIX Legislatura, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, acudimos antes esta asamblea a presentar esta propuesta con punto de acuerdo para lo cual hago de su conocimiento las siguientes
CONSIDERACIONES
El problema del alcoholismo es un problema que debe ser analizado y en su momento atacado por todas las vías legales y científicas posibles, dado el grado de conflicto que provoca su existencia en nuestra sociedad.
El pasado 6 de julio y 26 de octubre, ambos de 2004, aparecieron publicados en el Diario Oficial de la Federación y suscritos por el Secretario de Salud y Presidente del Consejo de Salubridad General, doctor Julio José Frenk Mora y la Secretaria de este último órgano sanitario, Mercedes Juan, primero un acuerdo general y posteriormente una modificación a aquél de acuerdo que tiene como supuesto propósito atacar el alcoholismo.
Sin embargo, respecto del contenido y proceso que llevaron la publicación de estos acuerdos, han suscitados inconformidades entre los miembros de la industria alcoholera que, como todos los miembros de cualquier industria mexicana, tienen el derecho y garantía de audiencia.
Asimismo, al revisar la base primera de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Federal, encontramos que nuestra máxima ley, si bien señala que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin ... (ininteligible)... de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones general serán obligatorias para el país.
También encontramos en la Base Cuarta que la misma fracción XVI se menciona el artículo 77, nuestro Código máximo indica que las medidas tomadas por el Consejo de Salubridad General contra el Alcoholismo, se dan después de revisas por el Congreso de la Unión, en los casos que le competen.
En ese sentido encontramos que el artículo 39 en su punto segundo, inciso 32) correlacionado con el punto 3 de la Ley Orgánica de este órgano soberano, le otorga competencia a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para conocer asuntos relacionados con la salud y específicamente con el alcoholismo.
Sin embargo, no obstante que han transcurrido más de 5 meses entre el primer acuerdo y casi dos meses entre el segundo acuerdo tomado por el Consejo de Salubridad General ya citados, no se ha cumplido con la exigencia de la Constitución Federal que obligue a este órgano sanitario a remitir los acuerdos que tomen encaminados contra el alcoholismo al Congreso de la Unión y para el caso específico la Cámara de Diputados, que como ya se dijo, tiene competencia para el caso.
Con base en lo dispuesto por los anteriores argumentos y datos contenidos en esta iniciativa, ponemos a consideración para la aprobación de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con punto de acuerdo.
Único.- Esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, emite un exhorto al titular del Ejecutivo Federal, licenciado Vicente Fox Quesada, a fin de que por su conducto se ordene a quien corresponda como miembro del Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, con fecha martes 6 de julio y martes 26 de octubre, ambas de 2004 y esos acuerdos, con todos sus antecedentes, sean remitidos a la Cámara de Diputados como órgano del Congreso de la Unión para ser revisados de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Federal.
Asimismo, solicito se transcriba íntegro el texto anterior, punto de acuerdo propuesto a esta Honorable Asamblea en el Diario de los Debates.
Muchas gracias. Respetuosamente, rúbrica de los diputados que suscriben.
Palacio Legislativo, San Lázaro, México, D.F., a 28 de diciembre de 2004.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el diputado Arturo Nahle García, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial que vigile las próximas elecciones en el estado de Guerrero, suscrita por el diputado Rosario Herrera Ascencio... la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Arturo Nahle García (PRD): Gracias, ciudadano Presidente.
En el estado de Guerrero, se desarrolla el proceso electoral por el que se renovará el Poder Ejecutivo de la entidad el próximo 6 de febrero del 2005.
La democracia debe privilegiar la competencia electoral como sistema que define y expresa la voluntad de los ciudadanos; por ello, el Partido de la Revolución Democrática, considera que en las campañas políticas, además de apegarse estrictamente a la ley, debe privilegiarse la cultura política en la que se destaque el comportamiento de los candidatos y de los electores, se subraye la importancia del contenido de las propuestas electorales y medios de comunicación que actúen con imparcialidad y objetividad para informar a los ciudadanos del desarrollo de las distintas campañas electorales.
Las reformas electorales que se han generado en los últimos años, permiten contar con disposiciones específicas que definen el marco de actuación de las autoridades electorales y las limitaciones que los servidores públicos de los órganos de gobierno federal, estatal y municipales deben observar durante el desarrollo de las campañas.
Durante el desarrollo de las campañas electorales para la elección de Gobernador en el estado de Guerrero, se han detectado y denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y las autoridades electorales de la entidad actos irregulares que afectan el desarrollo del proceso electoral en la entidad, creando un ambiente de desconfianza para los ciudadanos, partidos políticos y candidatos en el actual proceso.
Se han denunciado hechos ilegales como el empleo de personal de las dependencias administrativas estatales y municipales para la organización de eventos, la utilización de recursos y programas gubernamentales de carácter social para actos de proselitismo electoral, también se han manipulado los contenidos de los programas informativos de radio y televisión local para favorecer a determinados candidatos y en caso más absurdo, se ha distribuido en diferentes partes del estado propaganda apócrifa.
Se pretende, pues, crear un ambiente de tensión para inhibir la participación de los ciudadanos en las urnas el próximo 6 de febrero. El Partido de la Revolución Democrática no apuesta a este escenario, porque confía en la libre decisión de los ciudadanos.
La transparencia en el uso de los recursos públicos en este proceso electoral podrá cimentar en todos los actores políticos la confianza necesaria a fin de construir un verdadero estado de derecho, con el cual podamos consolidar la transición a la democracia que han impulsado miles de mexicanos.
En este sentido, la Cámara de Diputados, al tener la facultad de vigilar e incluso investigar la malversación de fondos federales, puede crear una Comisión Especial que vigile la aplicación de recursos y programas federales, ya sea para las entidades administrativas de la federación o de los gobiernos estatal y municipales en la organización y apoyo en forma directa o indirecta a campañas electorales.
En virtud de las consideraciones expuestas, se solicita a esta Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se aprueba crear una Comisión Especial de Observación Plural de Legisladores que acuda al estado de Guerrero, a observar y dar testimonio del desarrollo del proceso electoral que se celebrará el próximo 6 de febrero del año 2005.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que por su conducto, haga del conocimiento del presente a las dependencias y delegaciones del Gobierno Federal en esa entidad federativa, al ejecutivo estatal y a los gobiernos de los ayuntamientos de la entidad para que en forma efectiva, durante los 30 días previos a las elecciones y el día de la jornada electoral, se suspenda la difusión, publicitación o realización de campañas dirigidas a la población relativas a la ejecución de obra pública gubernamental realizada en el estado de Guerrero, con el ánimo de no incidir en la decisión del voto ciudadano.
Tercero. Hágase del conocimiento a las autoridades electorales del estado de Guerrero de la integración de la comisión especial para el debido cumplimiento de sus actividades.
Suscriben la presente proposición la diputada Rosario Herrera Ascencio y un grupo de legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Como siguiente punto del orden del día tiene la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear una comisión investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Javier Salinas Narváez (PRD): Gracias, señor presidente, con su venia.
Que las y los diputados integrantes de la 59 Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 93 del Código Político de 1917, 41 numeral primero de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, por los artículos 58, 59, 89, 90 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.
El pasado día 4 del mes de noviembre Pemex anunció que había decidido, para el continente americano, recortar el factor de ajuste del crudo Maya en 3 dólares por barril y el del Istmo en 2.80 dólares por barril, así como en el crudo Maya destinado a la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica la reducción sería de 2.50 dólares por barril.
Estos descensos de precios entraron en vigor a partir del 1º. de diciembre.
Que en lo que va del presente año, es la segunda ocasión en que se toman este tipo de medidas tan absurdas e inexplicables.
Que no dejamos de señalar que previamente, el día 3 de junio, Pemex emitió dos noticias: en la primera señalaba que a partir de junio el precio de venta al público de gasolina Pemex Premium tuvo un incremento de 2.9 por ciento, al pasar de 7.04 pesos a 7.25 pesos por litro, en tanto el precio de la gasolina Pemex Magna aumentó de 0.33 por ciento a ubicarse a 6.13 pesos por litro, lo que representó dos centavos más en comparación al precio de venta al público en mayo pasado.
A través de la segunda noticia Petróleos Mexicanos anuncia que a partir del 1º. de julio próximo se aplicarán las siguientes modificaciones:
Para el continente americano Pemex acordó que los factores de ajuste de las fórmulas de los precios de todos los crudos exportados a esa región se modifiquen a la baja. De este modo la reducción aplicable al factor del Maya será de 25 centavos de dólar por barril, mientras que en el caso del Istmo y Olmeca los factores de ajuste se verán disminuidos en 15 y 20 centavos, respectivamente.
Por lo que respecta al crudo Maya destinado a la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, la reducción será de 30 centavos de dólar por barril.
Así, las decisiones tomadas por las autoridades del sector energético para los meses de junio y julio de diciembre (sic) representan ya una política gubernamental no asumida de perjudicar a las finanzas de Pemex del país, así como malbaratar y entregar nuestros energéticos.
Deseamos llamar la atención de que si en condiciones de precios internacionales del crudo a la alza las autoridades financieras mexicanas y las de Pemex deciden conscientemente y deliberadamente, en lugar de tomar esos altos precios crecientes del mercado, otorgar los precios inferiores para los Estados Unidos, implica que los enormes recursos económicos que dejará de percibir México representan un verdadero subsidio a la economía de los Estados Unidos con el petróleo mexicano y en particular a través del mayor precio que pagamos los mexicanos por la gasolina que consumimos.
Entre los meses de Julio y Noviembre, Pemex ha dejado ya de percibir ingresos por 759 millones 330 mil pesos y en el mes de Diciembre perderá aproximadamente un mil 518 millones 660 mil pesos por efecto de esas dos medidas; en el presente año Pemex y México en su conjunto perderán 2 mil 277 millones 990 mil pesos y cada mes que se mantenga la reducción de 3 dólares anunciados, se perderán aproximadamente mil 518 millones 660 mil pesos.
Los argumentos dados hasta ahora por los funcionarios públicos para justificar su decisión, resultan inverosímiles y por lo tanto, insostenibles.
Es por estas razones expuestas que consideramos que el pleno de esta Soberanía debe aprobar la creación de una Comisión Investigadora a Petróleos Mexicanos, encargada de dar seguimiento a la política en materia de precios del petróleo.
Por lo que, por lo anteriormente expuesto y con fundamento, sometemos al pleno de esta Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo.
Primero.- Se crea la Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LIX Legislatura encargada de dar seguimiento a las políticas públicas en materia de precios del petróleo.
Segundo.- Que la Comisión Investigadora se reunirá y podrá solicitar, toda la información pertinente a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Francisco Gil Díaz y de Energía, Licenciado Fernando Elizondo Barragán, a fin de que expliquen la decisión de reducir el precio del petróleo de la mezcla mexicana del petróleo crudo hacia Estados Unidos de América.
Tercero.-La Comisión Investigadora estará integrada por un número de Diputados y Diputadas pertenecientes a todos los grupos parlamentarios y funcionará por el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de diciembre de 2004 y suscriben 140 Diputados el presente documento.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
A continuación tiene la palabra la Diputada Lizbeth Rosas Montero, para presentar Proposición con Punto de Acuerdo para expresar condolencias a los Gobiernos de Bangladesh, Sri Lanka,Indonesia, India, Malasia, Tailandia y las Islas Maldivas, asó como a los familiares de las víctimas de los maremotos en la región asiática, suscrita por Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra, Diputada.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD): Gracias ciudadano Presidente. Los suscritos, Diputados Federales integrantes de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con base en lo dispuesto en los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, con base en los siguientes antecedentes.
Un sismo de 9º en la Escala de Richter ocurrió el pasado 25 diciembre en Indonesia, desató maremotos que azotaron las costas de varios países asiáticos, dejando un saldo de decenas de miles de muertos y desaparecidos, entre los que se cuenta una gran cantidad de niños y mujeres.
El horror desatado en las zonas afectadas y la gravedad de los daños humanos y materiales causados por el Sunami, fue posible en parte por la ausencia de mecanismos de Alerta que hubieran permitido en otras condiciones desarrollar acciones preventivas que salvaguardaran la vida de los habitantes y tristas que se encontraban en esta zona de catástrofe.
La Comunidad Internacional ha comprometido ayuda económica y envío de equipos de socorro para contribuir en las tareas de rescate, atención médica y reconstrucción de los poblados y en México, las Embajadas de los países afectados, han solicitado formalmente nuestro auxilio
Las autoridades de los países afectados reportan que las mayores pérdidas humanas y materiales se dieron en las zonas de mayor concentración de la pobreza, dado cuenta nuevamente de la vergonzante relación entre la pobreza y la vulnerabilidad frente a los desastres naturales.
En otras palabras, cuando esto ocurre en los países ricos, los daños resultan notoriamente menores; lo ocurrido en el Continente Asiático hace patente la urgencia de reformar la concepción y el sistema de seguridad internacional, de manera que este contemple de manera explícita la mayor vulnerabilidad y riesgo en términos de seguridad que viven los países y regiones más pobres del planeta ante situaciones de catástrofe.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, expresa sus condolencias a las naciones afectadas por los maremotos en las costas de Asia y a las familias de quienes perdieron la vida en el siniestro o continúan desaparecidos.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a responder a la solicitud de auxilio expresadas por las embajadas en México de los países afectados.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a contemplar en la iniciativa que prepara sobre reformas al Consejo de Seguridad de la ONU el tema de los fenómenos naturales en regiones pobres, como un tema neurálgico en la seguridad internacional.
Ciudadano Presidente, también solicitaría a este Pleno de la Permanente, pudiéramos dar un minuto de silencio en solidaridad y señal de luto, por esta tragedia mundial.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Esta Presidencia solicita a la Asamblea ponerse de pie, para rendir un minuto de silencio.
(Un Minuto de Silencio)
Se pueden sentar.
Consulte la Secretaría a la Asamblea…
El diputado Leonardo Álvarez Romo (Desde su curul): Señor Diputado.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Con qué objeto, Diputado?
El diputado Leonardo Álvarez Romo (desde su curul): Para proponer un agregado.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está registrado como orador.
Vamos a continuar con el trámite.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: En consecuencia, consulto a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente y obvia resolución el anterior punto de acuerdo.
Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo
(Votación)
Por la negativa.
(Votación)
Por unanimidad aprobado, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se considera de urgente resolución la proposición con punto de acuerdo.
En consecuencia, está a discusión la proposición con punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores.
Esta Presidencia a registrado a los diputados Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México y a la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del Partido Acción Nacional, así como a la senadora Lucero Saldaña Pérez, que han solicitado la palabra para fijar un posicionamiento a nombre de sus grupos parlamentarios.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Leonardo Álvarez Romo.
El diputado Leonardo Álvarez Romo (PVEM): Con su venia, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
Es preciso hablar en la Máxima Tribuna de la Nación sobre un tema tan delicado y tan doloroso para la humanidad, es una catástrofe de dimensiones apocalípticas. Ahorita se calcula que ya van más de 100 mil muertos y hay más de 500 mil desaparecidos.
El desastre tuvo la magnitud de más o menos 10 bombas atómicas. Si tomamos en cuenta que en Vietnam murieron 50 mil norteamericanos o que en Nagasaki murieron 40 mil seres humanos o que en Hiroshima murieron 250 mil seres humanos, sumada la cifra que apenas aparece, sin contar lo que va a provocar las infecciones, producto de la descomposición de los cadáveres, son más de 700 mil afectados en sus vidas o en su salud y rebasa, sumado los norteamericanos muerto en Vietnam, Hiroshima y Nagasaki.
En nuestro país existe un grupo de rescatistas mejor conocidos como "Los Topos de Tlatelolco", que nacieron informalmente en la mañana del 19 de septiembre del 85, cuando un terremoto azotó la ciudad de México destruyendo gran número de construcciones de todo tipo y causando la muerte de miles de personas.
Para el año 86 nace legalmente la Brigada de Rescate Topos, Tlatelolco, A.C. La Asociación no tiene ni persigue fines de lucro ni de especulación comercial, busca obtener apoyo tanto económico como de cualquier otra índole para sus nobles fines.
Como ustedes saben, ellos viajan a todo el mundo representando a México para ayudar en todos los casos que se trate de catástrofes naturales. Su patrimonio se integra por los donativos, cuotas, inscripciones, subsidios, aportaciones o cualquier otro ingreso legal que percibe de sus asociados o de cualquier otra persona física o moral pública o privada, nacional o extranjera para el desarrollo de sus fines o por la realización de su objeto.
Tenían proyectado ir 8 brigadistas de Los Topos, por falta de recursos ya nada más van 6, tenían pensado llevar a un perro, por falta de recursos no pueden llevar sus animales entrenados para esos casos.
Actualmente Los Topos pretenden ser una agrupación de gente multidisciplinaria que proporciona el servicio de rescate, apoyo y asistencia a todo tipo de persona que se encuentra en una situación vulnerable provocada por una situación de riesgo geológico, hidrometrológico, químicotecnológico, socio organizativo, cualquier otra situación de peligro dentro o fuera de la República Mexicana.
La agrupación ha participado en atención de huracanes auxiliando a los damnificados en Gilberto, Mitch, Paulina, en terremotos como en el DF, donde se hicieron famosos, en Colima y en Puebla, explosiones e incendios así como la búsqueda de personas con la ayuda de unidades caninas.
De igual forma han prestado su ayuda en lugares como El Salvador, Taiwán y China, así como en los atentados del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York, participación por la cual recibieron reconocimientos.
Los mexicanos que conforman esta organización de rescate pretendían viajar en estos días a Asia, como les digo y como ya les informé, tienen problemas para trasladarse; tenían proyectado viajar hoy en la noche. Del valor, amor al prójimo y la entrega de sus integrantes depende que muchas personas puedan tener una segunda oportunidad de vida.
Por ello, el partido Verde Ecologista de México y varios compañeros con los que he platicado esta propuesta para agregarse al punto de acuerdo, consideran importante que el Congreso de la Unión otorgue un donativo al grupo de rescate denominado Los Topos
Por lo tanto, lo que queremos agregar es que el Congreso, respetando los reglamentos internos, dé la instrucción a la Junta de Coordinación Política para que determine, en el futuro cuando en febrero entre el período ordinario el Congreso, se den los donativos correspondientes a Los Topos, pero además una segunda propuesta que es los miembros de la Comisión Permanente donen un día de sueldo al grupo de Topos, para que puedan trasladarse inmediatamente y por eso es de urgente y obvia resolución, ojalá prediquemos con el ejemplo y la verdad sumados con buena voluntad no nos cuesta nada un día de sueldo a los miembros de la Comisión Permanente para que ellos puedan trasladarse con equipo completo y sus animales a los lugares de desastre natural.
Es cuanto, diputado Presidente y que quede así agregado al punto de acuerdo presentado por la diputada.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, para fijar un posicionamiento a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre este tema.
La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortes (PAN): Gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
El domingo 26 de diciembre, un sismo de magnitud de 9 grados en la Escala Abierta de Richter, tuvo su epicentro en el mar frente a la Costa Oeste de la Isla Sumatra, originando olas gigantes que arrasaron las Costas del Sureste Asiático.
Al día de hoy, el mar del sureste de Asia continúa devolviendo cadáveres de las decenas de miles de víctimas del terremoto más fuerte registrado desde hace más de 60 años en el mundo.
A pesar de que la zona afectada abarca Indonesia, Sri Lanka, Malasia, Tailandia, India, Miadmar, Bangla Desh y las Islas Maldivas, las víctimas mortales que ha cobrado el maremoto trasciende fronteras, ya que ninguna nación puede sentirse exenta del dolor que provoca un desastre de esas magnitudes que cobró tantas vidas humanas; por ello, lamentamos profundamente la pérdida de cualquier vida en cualquier punto del planeta.
Devueltos por el mar o hallados entre escombros de poblados arrasados, la aparición de decenas de miles de cadáveres elevó ayer a 60 mil el número de muertos y se teme por la cantidad de desaparecidos que la cifra de víctimas fatales alcance las 100 mil en las próximas horas.
Además de las batallas que enfrenta ahora la población de aquella zona y de las enormes dificultades operativas, existe la posibilidad de enfrentarse a nuevas amenazas como la aparición de epidemias, las cuales podrían duplicar el número de muertos causados por la catástrofe natural.
La zona afectada se enfrenta a pérdidas imposibles de restituir, como lo son las vidas de todas aquellas personas que fueron arrasadas por la agresión del maremoto; sin embargo, dicho acontecimiento dejó a su paso también grandes y graves pérdidas económicas difíciles de superar, aún cuando todavía no se ha cuantificado el monto de las mismas.
Expresar solidaridad es esencial entre la persona humana y la sociedad, ya que no puede entenderse la existencia de la persona sin la sociedad ni la de ésta sin las personas; entendida así, la solidaridad viene a ser el rostro social del amor. La vida social y la solidaridad engrandecen al ser humano y nos hacen corresponsables en el mantenimiento de la vida y la dignidad de la persona humana.
Por lo anterior, nos resulta de vital importancia actuar en solidaridad con nuestros hermanos asiáticos, en virtud de la relación mutua y esencial existente entre la persona humana y la sociedad.
Los niños, mujeres y hombres víctimas de la catástrofe, nos obligan a expresar el duelo que embarga a todo ser humano por los lamentables acontecimientos y expresar nuestras sinceras condolencias.
La comunidad internacional no puede voltear la mirada a otro lado, cuando miles de personas no encuentran en estas fechas más que dolor y desgracia.
Acción Nacional, se suma de manera solidaria al dolor de las familias afectadas por esta terrible catástrofe natural, así como al exhorto al Ejecutivo para responder a la solicitud de auxilio expresada por las Embajadas de México en los países afectados y para que contemple, en la iniciativa que prepara sobre reformas al Consejo de Seguridad de la ONU, el tema de los fenómenos naturales en regiones pobres.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.
La senadora Lucero Saldaña Pérez (PRI): Gracias, señor Presidente.
Honorable Asamblea:
Las que suscribimos, la senadora Dulce María Sauri Riancho, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Región Asia-Pacífico; su servidora, a nombre de la fracción del grupo parlamentario del PRI, queremos expresar nuestro apoyo solidario a lo expresado aquí por los compañeros y compañeras senadoras esta fecha, un día después de la Navidad.
Un desastre sin precedente, que azota una amplia área geográfica del sudeste asiático, sismo de 8.9 grados en la escala de Richter, que afectó inicialmente la isla Indonesia de Sumatra, provoca un maremoto que impacta a toda la región del Océano Indico, provocando estos enormes daños que todas y todos hemos visto a través de los medios.
Innumerables pérdidas de todo tipo, sobre todo humanas, en estos 7 países de la región. Signo de lo excepcional del fenómeno natural, el maremoto alcanza costas orientales de Africa. Hasta el día de ayer en Somalia ya se había encontrado cadáveres de 40 pescadores y otros 60 se encontraban desaparecidos, presumiéndose fallecidos. Al menos 10 personas habrían muerto en Tanzania y una en Kenia.
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Geológicas de Estados Unidos, el fenómeno tuvo su epicentro frente a la costa occidental del norte de Sumatra, a 40 kilómetros por debajo del fondo del mar.
Ese terremoto fue el quinto más poderoso que se haya experimentado en el planeta desde 1990 y el más fuerte de los últimos 40 años, desde aquel sismo de 9.2 grados que azotó la región de Alaska en 1964.
La fuerza del este fenómeno hizo que sus efectos se sintieran a una gran distancia, afectando edificios ubicados a cientos de kilómetros desde Singapur hasta la ciudad de Chang May, en el norte de Tailandia.
Pero su efecto más devastador fue, sin embargo, el maremoto que se extendió por toda la cuenca del Océano Indico, arrastrando la línea costera de estos siete países de Asia y tres de Africa, dejando al menos más de 60 mil muertos, según las cifras oficiales actualizadas hasta el día de ayer.
La nación más afectada ha sido Indonesia, que anunció cerca de 28 mil de sus ciudadanos que perecieron en Sumatra. El hecho de que el desastre afectara a importantes centros turísticos ha traslada la tragedia a muchas otras naciones.
Según cifras preliminares, sólo en Tailandia más de 700 extranjeros perecieron, entre ellos norteamericanos, ingleses, franceses, argentinos, chilenos, brasileños y aparentemente, lamentablemente, conciudadanos.
Se sabe que alrededor de 22 mexicanos se encuentran en la isla de Phuket y en la ciudad de Krabi, en Tailandia.
Según reportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta el momento se han localizado más de 30 mexicanos provenientes de diversos estados de la República, Michoacán, Distrito Federal y Monterrey, sobre todo, en donde todavía hay algunos desaparecidos.
Se presume que en estos 7 países afectados había un número mayor de mexicanos vacacionando de los que hasta el momento no hay registro oficial.
Gobiernos extranjeros comenzaron ya enviar aviones cargados de víveres, medicamentos y equipos de socorro. El día de ayer estaba prevista una reunión en Ginebra entre los gobiernos donantes, los países afectados por el desastre y las organizaciones de socorro internacionales para definir las acciones más urgentes a tomar para la atención a las zonas dañadas.
A las muertes de ha sumado el problema de los desplazados por los daños. Al momento se han contabilizado ya un millón de personas desplazadas en Sri Lanka, otras 50 mil en Tailandia y 30 mil en India, según cifras preliminares de la Cruz Roja.
Según un vocero también de asuntos humanitarios de la Organización de Naciones Unidas, esto es algo que ha sido la mayor operación de ayuda humanitaria registrada en la historia de las Naciones Unidas.
Frente a la dimensión del desastre, varios países han decretado el estado de emergencia para solicitar la ayuda internacional y aplicarla con eficacia.
En nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha instrumentado un operativo especial para atender los eventuales casos. Las representaciones diplomáticas se encuentran trabajando las 24 horas del día.
Esta magnitud de la tragedia nos obliga a ser solidarios con las naciones afectadas pues compartimos la terrible realidad de los desastres naturales, como aquí mismo se ha expresado.
El espíritu humano no puede dejar de responder con generosidad a los sufrimientos del prójimo, yo creo que el mensaje alrededor de estas fechas es el compartir Por ello, nos comprometemos a enviar las condolencias a los Gobiernos de las naciones que han sufrido pérdidas humanas y se han visto desplazadas y damnificadas a poblaciones enteras. La Fracción Parlamentaria del PRI se pronuncia porque esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, está comprometida a manifestar sus más sentidas condolencias a los Gobiernos de Indonesia, India, Sri Lanka , Islas Maldivias, Malasia, Tailandia, Bangladesh, Somalia, Kenya y Tanzania así como a las familias de las personas que murieron en esta tragedia.
Además, la Comunidad Internacional debe dirigir su atención hacia la prevención de desastres naturales y buscar la forma en que podamos enfrentar sus consecuencias en una estrategia internacional para la reducción de desastres naturales como un marco global de trabajo para la acción Ello requiere de una participación conjunta entre Gobiernos , organizaciones no gubernamentales, instancias internacionales, comunidad científica, medios de comunicación y grupos multisectoriales dedicados a la prevención y reducción de desastres.
La solidaridad no nace, simplemente de la solución inmediata de las carencias, por el contrario, pone en marcha un dinamismo de complementariedad ya que somos seres inacabados, seres incompletos, la solidaridad se manifiesta con hechos.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias Senadora. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la Proposición.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: Con gusto Diputado Presidente.
En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se considera suficientemente discutido la proposición.
Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Por unanimidad, señor Presidente
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutida.
Esta Presidencia ha tomado nota de la propuesta que hizo la Diputada Lizbeth Rosas, misma que ha estado sujeta hoy a votación y quizá también con algunas propuestas adicionales que deban de añadirse al mismo.
La propuesta de la Presidencia para votar este tema es de que demos turno a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, a la propuesta que hizo el señor Diputado Leonardo Alvarez Romo ya que es competencia de ellas mismas.
Votemos la propuesta hecha por la Diputada Lizbeth Rosas y adicionalmente, junto con ello, un mensaje de condolencias que ha descrito suficientemente bien la Senadora Lucero Saldaña y que podía ser redactado de esta manera y está a su consideración
Señoras y señores Legisladores. El pasado 26 de Diciembre países hermanos de la región Asia Pacífico sufrieron el embate de un terremoto que provocó una catástrofe natural en la región del Océano Indico.
Esta Presidencia, a nombre de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido Convergencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace llegar su sentimiento más profundo de solidaridad con los pueblos y gobiernos hermanos de Indonesia, India, Sri Lanka, Islas Maldivas, Malasia, Tailandia, Bangladesh, Somalia, Kenya y Tanzania, con nuestras condolencias a las familias de quienes lamentablemente perdieron la vida en esta dolorosa tragedia de la que nadie puede ser ajeno.
Firma, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el que hace uso de la voz.
Consulte entonces la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición hecha por la diputada Lizbeth Rosas, con el añadido de este mensaje de condolencia que ha sugerido la senadora Lucero Saldaña.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición que ha hecho la diputada Lizbeth Rosas con el añadido que ha hecho la senadora Lucero Palma.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Por unanimidad, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada y comuníquese.
Tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Procurador General de la República a que realice una investigación seria, imparcial y sin sesgos políticos en el caso Tláhuac.
La diputada Lizbeth Rosas Montero (PRD): Con su permiso, ciudadano Presidente.
La que suscribe, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes consideraciones.
Hace más de un mes se suscitaron hechos a todas luces reprobables, deleznables en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac en el Distrito Federal. Desde el primer momento la Procuraduría General de la República atrajo el caso y es fecha que aún no tiene una investigación profesional, seria, pero sobre todo confiable; hasta ahora lo único que ha prevalecido en las instancias federales ha sido la venganza, la falta de objetividad y la creación de culpables; por no hablar de la detención de pobladores de San Juan Ixtayopan a todas luces violatorias de las normas y leyes en la materia mexicanas e internacionales, ya que por ejemplo existen muchas inconsistencias en las acusaciones que hizo la PGR en contra de algunos detenidos, como el hecho de que no se especifique en la consignación el grado de participación en los mismos hechos.
A más de un mes, una vez más este caso se ha utilizado políticamente para golpear al Gobierno de la Ciudad de México, esto quedó claramente manifestado ante la decisión del presidente Fox de destituir al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y no tocar ni tan siquiera con una llamado de atención a Ramón Martín Huerta, Secretario de Seguridad Pública Federal, aún cuando él es directamente responsable de la actividad que desarrollaban los tres elementos de la PFP en Tláhuac.
Pero este golpeteo político se está intensificando ahora, ante la noticia que la Jefa Delegacional en Tláhuac y el Subsecretario de Seguridad Pública pasaron de testigos a indiciados, sin que haya vistos o luces de los hechos que se están investigando de manera seria y apegada a la ley con rectitud.
A 36 días de estos reprobables hechos sólo hay temor y enojo en una comunidad, de que por el simple hecho de vivir en ella se es culpable, cuando menos de homicidio, situación que naturalmente ha provocado el anuncio de una movilización de protesta en contra del desaseado proceso que está realizando la PGR del Monumento de la Revolución al Zócalo el próximo 14 de enero.
Al General Rafael Macedo de la Concha, le estorba la autonomía que la ley le otorga a la Procuraduría General de la República, el General no se aboca a una investigación seria, recta y pulcra, sino tal vez se está abonando para otros motivos; no se trata aquí de retorcer la ley para sacar raja política o afectar a los adversarios políticos, se trata de sacar a la luz la verdad.
Es por ello que subo a esta tribuna, a conminar al Procurador General de la República a que hable y actúe con la verdad, a que explique a la sociedad mexicana lo que realmente sucedió en san Juan Ixtayopan aquel 23 de noviembre, que con base en esta verdad aclare cuáles son estas tres versiones y cuál es la oficial del gobierno foxista. La verdad es ¿en torno a qué estaban investigando? ¿Narcomenudeo o acciones terroristas?
Este tan sólo es un cuestionamiento original, del que se desprenden con el correr de los días más dudas que respuestas, entre otras las que destaco las siguientes:
¿Por qué si los elementos agredidos eran del área de investigación de terrorismo, se les encomendó una investigación sobre narcomenudeo?
¿Por qué se envió y se abandonó a su suerte a tres policías en Tláhuac? ¿Cuántos elementos de la PFP se encontraban en San Juan Ixtayopan? ¿Cuántos eran del CISEN y cuál es el verdadero origen del último vídeo del linchamiento?
¿Qué respuesta ha dado el amigo del Presidente Fox, Secretario de Seguridad Pública Federal, sobre la colaboración entre la Federación y el Gobierno del Distrito Federal?
El titular de la PGR cuenta con el Convenio de Colaboración, tal y como lo marca la ley que sienta las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública o acaso eran agentes encubiertos que no tenían motivo alguno para realizar tal investigación.
Por lo antes expuesto y con fundamento en la normatividad mencionada, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, General Rafael Macedo de la Concha, a que en el marco de la Constitución y las leyes mexicanas se apegue estrictamente a derecho, en el caso de las investigaciones de lo sucedido en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, el 23 de noviembre del 2004 y que entregue a esta soberanía, en la medida de los tiempos que la ley se lo permita, un informe detallado y completo de dicha investigación.
Es cuanto, ciudadano Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputada.
¿Es su solicitud de obvia y urgente resolución?
La diputada Lizbeth Rosas Montero: Sí, Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte entonces la Secretaría la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: En consecuencia se consulta a la asamblea si el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución.
Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo levantando la mano.
(Votación)
Quienes estén por la negativa
(Votación)
No se considera, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: No se considera de urgente resolución.
Se turna entonces, para su atención, a la Primera Comisión de esta Permanente.
Tiene la palabra el señor diputado Arturo Nahle García, para presentar proposición con punto de acuerdo relativa a la Ley 200 aprobada en el Estado de Arizona, Estados Unidos de América, suscrita por diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Arturo Nahle García (PRD): Gracias, diputado Presidente.
La Ley protege a Arizona, mejor conocida como la Ley 200, aprobada por mayoría de votantes en un estado que se ha hecho famosos por las brigadas casamigrantes. Es una acción encaminada a impedir la eventualidad de avanzar, ya no digamos en un acuerdo migratorio bilateral, sino ni siquiera la unilateral reforma migratoria que han planteado algunos legisladores estadounidenses. Se encuentra en la agenda de discusión del Congreso de Estados Unidos.
Evidentemente significa un enorme obstáculo para el Acuerdo Migratorio Bilateral y una amenaza directa contra los mínimos derechos que tienen los indocumentados mexicanos, no sólo en Arizona sino también en otros estados fronterizos.
La reelección del señor Bush ya perfilaba no sólo la continuidad de una política belicista a nivel mundial, sino el fortalecimiento en todo Estados Unidos del conservadurismo de ultraderecha que no respeta valores mínimos de la dignidad humana, aún cuando en declaraciones recientes el señor Bush haya retomado su propuesta de trabajadores temporales que emitió el 7 enero de este año.
Esta ley que además cultiva a la delación y la denuncia como base de la lucha contra la seguridad fronteriza, tiene como objetivo declarado por sus promotores, el de obligar al Gobierno Federal a que enfrente el problema de la migración ilegal masiva y endurezca sus leyes migratorias y es una propuesta discriminatoria y violatoria de la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias que México ha firmado y ratificado.
La entrada en vigor a partir de enero abrirá la posibilidad de que otros estados en los que viven cientos de miles de indocumentados mexicanos, como California y Texas, puedan tomar medidas similares a través de leyes promovidas por los grupos genofóbicos que cada día toman más fuerza, pues a partir del 11 de septiembre del 2001, la política de seguridad nacional de Estados Unidos ha significado la construcción del miedo y que en el caso de la frontera México-Estados Unidos, se ha querido ligar al terrorismo con la migración de mexicanos.
Las autoridades federales de Relaciones Exteriores y de otras dependencias del Gobierno Federal, han sido copartícipes de crear este clima adverso para la migración de mexicanos al dar apoyo y aval incondicional a programas como la "repatriación voluntaria", las "balas de goma" o a programas que se construyen desde la perspectiva estadounidense de su seguridad doméstica y que el Gobierno Federal acepta sin restricciones y defiende, como ha sido el Convenio de "Fronteras Inteligentes," que no separa (¿) la lucha en contra del terrorismo de lo que ha sido el fenómeno migratorio.
El Gobierno Mexicano debería realizar una acción de tanta contundencia, como cuando decidió retirar a nuestra Embajadora en Cuba, por supuestas violaciones a nuestra soberanía.
Aquí, en este tema, se están violando los derechos más elementales de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, por lo que exigimos al Gobierno Mexicano que actúe con dignidad y firmeza y no sólo a través de declaraciones, sino que apoye con una acción de tanta contundencia, como el agravio a los grupos de la comunidad mexicana y con esto mandar un mensaje para que la apelación ante la Suprema Corte de esta decisión discriminatoria y racista, pueda tener éxito.
Por lo antes expuesto, la diputada Eliana García Laguna, el diputado Jorge Martínez Ramos, el diputado Inti Muñoz y el de la voz, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Unico. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que de conformidad con la facultad que le otorga la fracción II del artículo 89 constitucional, de inmediato retire al Embajador de México en Estados Unidos de América, Carlos de Icaza González, como forma de protesta por la entrada en vigor de la "Ley 200", aprobada en el estado de Arizona y de otras leyes discriminatorias y racistas que están a punto de ser aprobadas en el Congreso Estadounidense.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.
Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
Para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar que prevalezcan las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica en la comunidad de Huautla de Jiménez, Oaxaca, que fue suscrita por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra el diputado Arturo Nahle García.
El diputado Arturo Nahle García (PRD): Gracias, diputado Presidente.
El pasado 27 de julio, en el contexto previo a las elecciones del estado de Oaxaca, fue privado de la vida mediante golpes con palos y tubos, Serafín García Contreras en las inmediaciones del municipio de Huautla de Jiménez.
Relacionado con lo anterior, fue detenido dentro de su domicilio sin orden judicial de cateo ni orden de aprehensión, Agustín Sosa Ortega, bajo el cargo del homicidio de Serafín García Contreras.
Las evidencias fotográficas que anexamos a este punto de acuerdo muestran un conjunto de personas con vestimenta civil que con palos y tubos golpean al hoy occiso, pero en ninguna de las gráficas se aprecia la presencia de Agustín Sosa.
Cabe mencionar que los vecinos de la comunidad de Huautla de Jiménez, han señalado la inocencia de Agustín Sosa Ortega y que en el pueblo se vive un clima de tensión y hostigamiento que les hace temer por su vida y su libertad por los hechos del pasado 27 de julio.
Es indispensable fortalecer el estado de derecho en el país a partir de las acciones institucionales y apegadas a la ley de todos los Poderes Públicos constituidos. En ese sentido, la prioridad del Estado es garantizar que los derechos y libertados constitucionales sean respetados y protegidos.
En consecuencia, la responsabilidad de ser garante de la protección de los derechos de las personas en el estado de Oaxaca, le corresponde a las instancias del Poder Ejecutivo Estatal, así como preservar la integridad de todas las personas, sus derechos y sus bienes en el marco de la Constitución de la entidad.
Es importante que a través de los conductos legales adecuados, el gobernador del estado de Oaxaca, sea el principal promotor a través del Ministerio Público, de que las y los ciudadanos de la comunidad de Huautla de Jiménez, cuenten con las garantías del debido proceso y se revise la averiguación previa que señala al señor Agustín Sosa Ortega y en caso de demostrarse que no se acredite su responsabilidad penal, se promueva su libertad y que a través del mismo Ministerio Público, persiga y sancione a quienes cometieron el homicidio. Esta acción tendría la finalidad de generar un ambiente de distensión política y gobernabilidad a partir del respeto a la ley y a los derechos humanos.
El 1º. de enero del 2005 se dará el cambio constitucional de presidente municipal electo por la comunidad de Huautla de Jiménez, por lo que sería oportuno que el gobernador Ulises Ruíz Ortiz, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus obligaciones, contribuya con la comunidad para garantizar un cambio pacífico de poderes, tal como lo establecen las normas de la entidad, y que las libertades fundamentales y las garantías de seguridad jurídica que consagra la Constitución Federal en beneficio de todos los habitantes de la citada comunidad oaxaqueña, sean preservadas para el fortalecimiento del estado de derecho y la paz social en la entidad.
Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión puede contribuir con sus buenos oficios a desactivar un conflicto que ya ha tenido saldos cruentos y sería importante prever las necesarias garantías para evitar el riesgo latente de una mayor violencia que vulneraría aún más la convivencia comunitaria futura.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este honorable pleno el siguiente punto de acuerdo.
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión
Exhorta:
Primero. Respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortíz para que, conforme a sus facultades constitucionales y legales, garantice en cambio de poderes pacífico y ordenado en el Municipio de Huautla de Jiménez el próximo 1º. de enero y que institucionalmente provea lo necesario para que los derechos y libertades fundamentales de sus habitantes sean preservados para el fortalecimiento de la convivencia comunitaria y el estado de derecho en la entidad.
Segundo. Al gobernador del estado de Oaxaca para que, a través de los conductos ministeriales adecuados, considere los elementos testimoniales y periciales existentes a favor de Agustín Sosa Ortega y abra las averiguaciones previas hacia quienes realmente privaron de la vida a Serafín García Contreras.
Tercero y último. A todos los actores políticos y sociales de Huautla de Jiménez a que contribuyan con sus actos a generar un ambiente de civilidad y estabilidad que garantice la salvaguarda y fortalecimiento del tejido social en esa comunidad.
Es cuanto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: Se consulta, en votación económica, a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
(Votación)
Quienes estén por la negativa.
(Votación)
No se considera urgente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese entonces, para su conocimiento y desahogo, a la Primera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al director liquidador de Banrural para que realicen la transferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México.
La diputada Lizbeth Rosas Montero (PRD): Con su permiso, ciudadano presidente.
La suscrita, diputada federal de la 59 Legislatura, somete a esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones.
Con fecha 5 de junio del 2003 la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, Asociación Civil, como actuales usuarios de las bodegas de la Central de Abastos de la Ciudad de México, solicitaron la transferencia de derechos de uso de dichas bodegas al gerente del Banco Nacional de Crédito Rural, por sus siglas conocido como Banrural.
Ello debido principalmente a la situación actual de la financiera mencionada por el decreto del 13 de diciembre del 2002, en donde se ordena su disolución y su liquidación a partir del 1º. de julio del 2003.
Ante los diferentes escritos signados por el director de dicha institución financiera, licenciado Alfredo Gómez Aguirre, el 2 de octubre del 2003 las partes de reunieron y acordaron la transferencia y la respectiva tramitación del derecho de uso de las bodegas.
Sin embargo, después de esta reunión Banrural, o mejor dicho su director, así como los funcionarios el licenciado Adrián Fajardo Castellanos y la licenciada María Villafuerte García, han aplazado una y otra vez el acuerdo antes mencionado. Ya ha pasado más de un año y esta institución lo único que ha hecho es incrementar el número de requisitos y no reconocer las propuestas para realizar dicha transferencia, pese a que cada que Banrural emite un nuevo requisito para que se pueda realizar la transferencia, la Unión Nacional para la Acción Indígeno Urbano Campesina ha manifestado y ha hecho patentes soluciones y propuestas. Sin embargo, esto de ha vuelto una cadena de trámites y pretextos burocráticos pu es ante cada propuesta que dicha organización campesina realiza Banrural pone otra traba más para negar la transferencia de los bienes a los locatarios.
La Unión Nacional para la Acción Indígena haciendo un esfuerzo para solucionar esta gestión, ha decidido aportar el 22% del monto global, esto es el valor de bros así como los adeudos del arrendamiento, mantenimiento y seguro para que Banrural realice la transferencia de derecho de uso de las bodegas de la Central de Abastos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en la normatividad mencionada, someto a la consideración de este pleno el siguiente Punto de Acuerdo:
1º.- Se hace un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como al Director General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, al Director Liquidador de Banrural para que den respuesta pronta, así como solución a este problema que aqueja a diversas organizaciones campesinas.
2º.-Se exhorta al Director Liquidador de Banrural para que de manera inmediata realice la transferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Cedntral de Abastos de la ciudad de México solicitada por la Unión Nacional de Acción Indígeno Urbano con Campesinas, A.C. .
3º.- Que esta institución financiera acepte el monto propuesto por dicha Asociación Civil o, en su defecto, haga una propuesta y concreta para solucionar el problema mencionado.
Gracias, es cuanto ciudadano Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias ciudadana Diputada.
Túrnese a la III Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra el señor Diputado Arturo Nahle para presentar proposición con Punto de Acuerdo a fin de exhortar al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se acate la Ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y que cancele le permiso de operación a Minera San Javier, S, A, de C, V.
El diputado Arturo Nahle García (PRD): Gracias Diputado Presidente. La presente Proposición con Punto de Acuerdo la suscribe un grupo de Diputados Federales del Grupo Parlamentario del PRD, la Diputada María Sara Rocha Medina, Secretaria de esta Comisión Permanente del Grupo Parlamentario del PRI, así como el Diputado Leonardo Alvarez Romo del Partido Verde Ecologista.
La Minera San Javier, del Municipio de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, ha generado el rechazo de ejidatarios y pobladores de los Municipios de Cerro de San Pedro y Soledad; de Graciano Sánchez así como de organizaciones y habitantes de la capital potosina y de amplios sectores de la sociedad mexicana fundamentalmente por el inminente riesgo a la salud al que se exponen millón y medio de habitantes del Valle de San Luis, así como por los irreversibles daños al pastrimonio histórico, ambiental y cultural en ese estado y de la nación.
Todo esto por el método de extracción que pretende llevar a cabo dicha Minera y el cual combina dos métodos; el primero conocido como Tajo a cielo abierto y en el que se utilizan al menos 25 toneladas de explosivos para desaparecer kilómetro y medio de montañas, entre ellas, el emblemático Cerro de San Pedro y su Villa histórica.
El segundo conocido como Lixibiación por montones, que implica la utilización diaria de 16 toneladas de cianuro combinadas con 32 millones de litros de agua en pleno desierto para separar metales justo en la zona de recarga del acuífero que surte agua potable a los habitantes de la capital potosina y a la Cuenca Lechera de Soledad de Graciano Sánchez.
El caso de Minera San Javier ha sido materia de una reiterada dicusión en el Poder Legislativo Federal.
En la pasada Comisión Permanente, fueron presentados tres Puntos de Acuerdo, incluso el pleno de la Comisión Permanente se pronunció a favor de exhortar al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ingeniero Alberto Cárdenas, a presentar un informe pormenorizado en función de las flagrantes violaciones a la Ley Federal de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente que fueron documentadas ante este órgano legislativo. Durante el último período ordinario de sesiones, el Diputado Omar Ortega Alvarez presentó un Punto de Acuerdo relativo al tema en la Cámara de Diputados.
A su vez, los senadores Jesús Ortega y la senadora Yolanda Eugenia González, presentaron distintos puntos de acuerdo en sesión ordinaria correspondiente al 30 de noviembre en el Senado de la República.
El primero de septiembre de 2004 la Sala Superior del Tribunal de Justicia y Administrativa emitió la sentencia ejecutoria por la cual se cancela el permiso de operación que la autoridad ambiental otorgó a Minera San Javier en 1999.
Además, el primero de diciembre de 2004 el Tribunal Unitario Agrario emitió la sentencia ejecutoria por la cual se cancelan los contratos de arrendamiento que Minera San Javier firmó con falsos ejidatarios del municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.
Esto quiere decir que la base legal que fundamenta el establecimiento y operación de Minera San Javier ha sido cancelada; sin embargo, Minera San Javier continua operando normalmente.
Ante el empecinamiento de las autoridades estatales y federales por impulsar el proyecto, los opositores promovieron y obtuvieron a su favor diversos amparos y suspensiones, a efecto de que no se emitieran los permisos y licencias de construcción y funcionamiento, de consumo y uso de explosivos y de ocupación temporal como consta en los juicios de amparo 564, 909 y 1394/2004 en el Juzgado Segundo de Distrito de San Luis.
No obstante, las autoridades e instituciones responsables de emitir actos de autoridad, no respetaron las suspensiones e incurrieron en desacato judicial.
No obstante, el pasado fin de semana la Secretaría de la Defensa Nacional determinó suspender el permiso de compra y consumo de explosivos otorgado a Minera San Javier, en un gesto que debe ser interpretado como la determinación de acatar y respetar la legalidad y mantenerse al margen de intereses económicos particulares.
Cabe decir que con la sentencia ejecutoria emitida el primero de septiembre de 2004 por la Sala Superior del Tribunal de Justicia y Administrativa, se anulan todas y cada una de las licencias y permisos emitidos por las autoridades, ya que son parte de la condicionante número 10 del permiso de operación condicionada, que la autoridad ambiental emitió a favor de la minera y que fue cancelada por el Tribunal.
Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, para que acate sin demora la ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de fecha primero de septiembre de 2004, que cancela el permiso de operación condicionada a Minera San Javier, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Es cuanto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente.
El siguiente punto del orden del día es Agenda Política.
Para fijar un posicionamiento en relación con la decisión de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han solicitado el uso de la palabra los siguientes oradores:
El diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; el senador Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional y el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra....
El senador Jesús Galván Muñoz (Desde su curul): Señor Presidente, solicito se me inscriba para hacer uso de la palabra.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Con relación al mismo tema? Cruz Galván. Bien.
Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Javier Salinas Narváez (PRD): Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
La semana pasada la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió dar entrada a la controversia constitucional presentada por el Presidente de la República, para suspender diversas partidas aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005.
Esa determinación ha implicado el congelamiento de una serie de recursos específicos del Presupuesto de Egresos por un monto de cuatro mil 195 millones de pesos, que sin duda tendrá efectos muy negativos para las finanzas de estados, municipios y universidades del país.
La congelación de esos recursos afectará a 31 obras de remodelación o construcción de carreteras, el programa de infraestructura básica para pueblos indígenas, la renovación de equipo de la Armada de México, Bibliotecas y Proyectos Culturales, así como diversos proyectos para obras de infraestructura deportiva a lo largo y ancho del país.
Por la manera en que se generó la decisión de la Comisión de Receso de la Suprema Corte, no tiene precedente y compromete gravemente la relación entre los Poderes de la Unión y la propia constitucionalidad del país, ya no hablemos de los pronunciamientos de los propios magistrados sobre los contenidos del Presupuesto y sobre una supuesta reducción en el monto de los recursos para la Corte, que obligaría a alguno de ellos a que se abstuvieran de participar en la deliberación del tema por un evidente conflicto de intereses.
De lo que sí vale la pena hablar, es de la opinión de distintos juristas y constitucionalistas, abogados experimentados y conocedores del derecho mexicano, han expresado porque desde su perspectiva la mencionada Comisión de receso se ha tomado atribuciones que no le competen; opiniones que coinciden con el reclamo hecho por el Presidente de la Cámara de Diputados y que dan cuenta de una genuina preocupación por el exceso que en el ejercicio de atribuciones cometió la Comisión de Receso de la Suprema Corte.
Atribuciones, como la de dar entrada a la controversia constitucional y nombrar al Ministrito Instructor que se hará cargo del dictamen del caso que han violentado el procedimiento.
En el Partido de la Revolución Democrática, queremos dejar muy claro que no se trata aquí de cuestionar la facultad del máximo tribunal del país para determinar la constitucionalidad de un decreto aprobado por la Cámara de Diputados, se trata de denunciar la irregularidada admisión de la controversia que puede viciar todo origen de todo proceso.
¿Cómo vamos a confiar más tarde en una sentencia apegada al derecho si de inicio se trastocó la legalidad? No es un asunto menor, pues estamos hablando de la máxima instancia jurisdiccional del país y si ahí se quiebra la ilegalidad, qué podemos esperar en el resto de los juzgados y tribunales de México.
Vivimos un momento difícil de la vida de la nación debido al progresivo desapego del orden legal alentados desde el Poder Ejecutivo. Por ese motivo es aún más indispensable que todas las autoridades de todos los niveles y en todo procedimiento jurídico, se ciñan estrictamente a la legalidad, el país no está para suspicacias porque mucho de lo que se pone en riesgo en este caso, nada menos que es la certeza e imparcialidad en el actuar del máximo tribunal del país.
¿Qué mensaje recibirán los ciudadanos si desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se obvian trámites y se pretende violentar la legalidad? ¿Es eso lo que queremos, un país sin la mínima confianza en la actuación de los jueces y magistrados?
Lo significativo del tema del presupuesto no es quién gane o pierda la controversia, estamos seguros que la razón le corresponde a la Cámara de Diputados, lo más importante es que el procedimiento sea apegado a derecho y no se vulnere la legalidad.
Por esos razones, en el Partido de la Revolución Democrática creemos que es necesario y urgente un pronunciamiento conjunto de la totalidad de los Ministros de la Corte sobre la ilegalidad de origen que rodea la admisión de la controversia.
Hacemos un llamado al Presidente de la Corte para que se pronuncie lo más pronto posible sobre las decisiones que ha tomado la Comisión de Receso y vuelva las cosas a un clima de certeza.
Queremos que se haga explícito si la mencionada Comisión de Receso actuó a la ligera si no es que de mala fe al admitir la controversia constitucional. Investigaremos si incurrió en responsabilidad al nombrar al Ministro Instructor, si arbitrariamente suspendió las diversas partidas del Presupuesto de Egresos para el 2005 y si habrá lugar a juicio político.
Señoras y señores legisladores, resulta muy preocupante para el país, que los Poderes Federales estemos inmersos en este debate sólo porque al Presidente de la República no le gustó el presupuesto; qué grave que este 2004 termine en medio de una polémica que dividirá aún más a los mexicanos, que contribuirá a enrarecer más el clima político y que no augura en el 2005 donde privilegia el diálogo y la tolerancia.
Con conocimiento de causa o sin él, se le está haciendo un daño innecesario a las instituciones del país en la irresponsabilidad política, en su más acabada expresión.
Pareciera que lo que la Presidencia de la República quiere no es tanto que aquellas partidas no se ejecuten, sino que los Poderes Judicial y Legislativo de la Federación se vean enfrentados, lo que mueve a la Presidencia es un espíritu de revancha no de aceptar que las y los diputados tenemos la razón y actuamos en el marco de la Constitución. Se piensa perversamente que se puede construir un desprestigio propio a costa del desprestigio ajeno.
¿Se imaginan, si los mexicanos volvieran a creer en el "país de las maravillas", si miran un pleito entre el Congreso y la Suprema Corte de Justicia? Se equivocan quienes así piensan. Los mexicanos no volverán a creer en el gobierno del supuesto cambio porque ya se les agotó la paciencia, porque después de cuatro años ya se dieron cuenta que lo que tienen enfrente es un montaje, un "reality Show" que sólo sirve para el entretenimiento masivo, pero no para atender los graves problemas nacionales.
Un gobierno que está dispuesto a todo: a que se dejen de construir carreteras, a que se cancelen proyectos de inversión, a que se deje de apoyar a los estados o municipios con tal de no aceptar que se equivocó; que el principal error no fue querer negociar a tiempo un presupuesto de consenso, sino imponer uno a modo; que con soberbia se quiso pasar por encima de la voluntad de los legisladores y se intentó utilizar a la Cámara de Diputados como una oficialía de partes.
No lo permitiremos entonces y no lo permitiremos ahora. Vamos a luchar porque se respete la decisión de la mayoría de la Cámara de Diputados, vamos a recurrir a todos los instrumentos jurídicos que la ley nos otorga para combatir la irresponsabilidad de la Presidencia de la República.
Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, para fijar el posicionamiento.
El diputado Joel Padilla Peña (PT): Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores:
Para no quedar en vergüenza ante la opinión pública, Fox cumplió su amenaza de querellarse contra la Cámara de Diputados, porque aprobamos un presupuesto con sentido social y para el pueblo.
Es tal la incapacidad del Gobierno de Fox, que su Consejero Jurídico formuló la controversia constitucional basándose en un documento diferente a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo más grave de este asunto es que los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, omitieron esta grave irregularidad y sobre esa base otorgaron la suspensión de las partidas de gasto impugnadas.
No tuvieron el cuidado de confrontar los dichos del Consejero Jurídico con la veracidad y legalidad de las fuentes que estaba utilizando para sustentar la admisión de la controversia; incluso el ánimo relajado que priva en estos días de fiestas decembrinas, los llevó a no revisar de manera minuciosa la confrontación de las cifras, de los recursos, que el Poder Ejecutivo solicitaba fuese suspendida su ejecución.
Ellos hablan de un monto de 4 mil 195 millones de pesos, mientras que el documento enviado a la Corte por el Ejecutivo Federal señala una cifra superior a los 6 mil millones de pesos. Nos preguntamos ¿qué documento revisaron los citados Ministros?
Dada la gravedad de los hechos en que incurrieron los dos Ministros señalados, nuestro grupo parlamentario promoverá una denuncia de juicio político en su contra por no haber acatado las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.
Queda claro que los Ministros señalados están actuando bajo consigna de torcer el sentido de la legalidad que establece la Constitución de la República. También nos queda claro que el Presidente Fox está dando palos de ciego y que lo único que quiere, llevar al extremo su confrontación con el Poder Legislativo. Quiere pasar la factura a una instancia que está haciendo todos los esfuerzos por enderezar el rumbo del país que él mismo se ha encargado de arruinar.
Impugna un presupuesto que por incapacidad política no supo negociar con las demás fuerzas políticas y así lograr un presupuesto de egresos consensado.
Cabe decir que muchas de las readecuaciones que hizo la Cámara fueron avaladas por los diputados de Acción Nacional en las comisiones que discutieron las propuestas del ramo respectivo.
Queda demostrado una vez más que el presidente utiliza un doble discurso. Por un lado pide que se anule el ejercicio de un ínfimo monto de gasto que apenas representa el 0.23 por ciento de los egresos totales y, por otro, solicita la invalidez de los anexos 2 al 20 del decreto, que representan el 45 por ciento del total del presupuesto.
Ha hecho mucho ruido para tan pocas nueces. Quiere arrogarse el derecho de decidir la forma en que debe ser ejercido el gasto público. Está esperando –deberá hacerlo sentado porque se va a cansar—que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diga que le asiste la razón y que la Cámara de Diputados se vea forzada a discutir un nuevo presupuesto de gasto para el país.
Cree que puede meter las manos para imponer un gasto público que no construye suficientes escuelas, hospitales, carreteras; que no genera empleos y en cambio quiere que los recursos se usen para favorecer a los banqueros y a sus amigos, a los amigos de Fox.
Desde aquí queremos decirle al presidente que la razón y la legalidad le asisten a la Cámara de Diputados. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo no va a dar un solo paso atrás en la defensa del presupuesto de egresos que ya aprobamos.
Desde aquí le exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que actúe con imparcialidad y que en apego a estricto derecho resuelva esta controversia.
Es cuanto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para referirse al mismo tema, tiene la palabra el senador Jorge Zermeño Infante, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El senador Jorge Zermeño Infante (PAN): Gracias, señor presidente. A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional queremos manifestar nuestro rechazo a las expresiones que aquí se han manifestado en este posicionamiento del PRD respecto a la suspensión dictada por la Corte en la controversia constitucional en el señalamiento cuando dice que tenga efectos negativos en las finanzas de las universidades, toda vez que en este aspecto no existe ningún rubro del presupuesto en el que se dio la suspensión referida precisamente a este rubro.
Se hacen una serie de afirmaciones, de supuestos terceros perjudicados precisamente para tratar de señalar aspectos que ni siquiera están contemplados en la propia controversia presentada por el Ejecutivo.
Nos parecen una ligereza varias de las afirmaciones aquí contenidas. Se dice también que es una decisión que compromete gravemente la relación entre los poderes de la Unión.
Nosotros afirmamos que de esta naturaleza muestran un gran desconocimiento del estado de derecho, toda vez que es una función de normas expedidas por el propio Congreso de la Unión que posibilitan dirimir las diferencias entre los poderes a través de la vía constitucional, como lo es, en su caso, la controversia constitucional.
Con respecto a las declaraciones de distinguidos abogados en relación a la admisión de la controversia constitucional, no pasan de ser apreciaciones personales de carácter subjetivo que en nada afectan la decisión tomada por los ministros de la Corte y que, por supuesto, no deben influir en la correcta interpretación del derecho constitucional.
Al efecto cabe recordar que en un estado de derecho como el nuestro todas estas opiniones deben hacerse valer en el expediente de la controversia, pues es ahí donde se le otorga validez, valor jurídico y en su caso son materia de la resolución que recaiga sobre este asunto.
Lo que se expresa en el propio posicionamiento del PRD no pasan también de ser apreciaciones que en nada contribuyen al fortalecimiento de las instituciones ni a la división de Poderes, ni al respeto de los Poderes, ni a a búsqueda de la verdad jurídica que está por dirimirse en un proceso jurisdiccional. Afirmar violaciones en la admisión de la Controversia y concluir en censuras y amenazas de juicio político hacia los Ministros de la Corte que asumieron esta determinación, solamente demuestra la intolerancia, la amenaza y el chantaje de quienes sólo aceptan como verdad la suya.
Los Legisladores de Acción Nacional rechazamos estas actitudes maniqueas, manifestamos nuestro respeto al Poder Judicial y a todos y cada uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde ahora señalamos nuestra confianza en su trabajo, nuestra confianza en que la resolución de fondo que se tome sobre este importante asunto, se haga conforme a nuestra Constitución.
Pero también queremos que en esta Controversia se defina de una vez por todas los alcances que debe tener el Ejecutivo para hacer observaciones tanto a las leyes como a los decretos, como en este caso al Presupuesto de Egresos de la Federación, como también nos interesa que se defina de una vez por todas los alcances que debe tener la modificación que en su ca so pueden hacer los Diputados al Presupuesto de Egresos para que de una vez por todas y de aquí en adelante, los mexicanos y los legisladores en este caso, tengamos la certidumbre jurídica de hasta donde podemos llegar sobre este asunto. Esto es lo que le interesa a la nación. Para evitar que de aquí en adelante se sigan emitiendo juicios ligeros, se sigan emitiendo presiones y chantajes, se sigan haciendo prejuicios sobre asuntos tan importantes para la nación como el asunto que en este momento debemos estar atentos a que lo resuelva quien tiene la facultad Constitucional para interpretar los alcances de nuestra Constitución.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Un momento señor orador. Diputado Nahle.
El diputado Arturo Nahle García. (Desde su curul): Para una pregunta al señor orador.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Acepta usted una pregunta de parte del Diputado Arturo Nahle?
El senador Jorge Zermeño Infante: Sí, Presidente.
El diputado Arturo Nahle García (desde su curul): Señor Senador, usted comenta que en este tipo de procedimientos jurisdiccionales como lo son las controversias,cualquier opinión, cualquier punto de vista, cualquier interpretación debe expresarse formalmente ante la instancia, hay que promover, no simplemente hacer declaraciones. Cualquier inconformidad, incluso usted señala, debe hacerse valer por las vías que en este caso señala la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 105 Constitucional.
En ese tenor, yo le preguntaría señor Senador, ¿entonces considera usted que está desapegado a lo que establece esta Ley la rueda de prensa que dieron los dos Ministros integrantes de la Comisión de Receso el día 22 de Diciembre por la noche? En todo caso no había que ajustarse a la emisión de los autos que ellos suscribieron en lugar de citar a ruedas de prensa por TV nacional.
El senador Jorge Zermeño Infante: Yo creo que vivimos en un país libre en donde habiendo sido tan criticados por ustedes, en este caso los dos Ministros que aceptaron y le dieron entrada a la Controversia que no la han resuelto de fondo y que otorgaron la suspensión, como es el caso no solamente en este asunto tan importante que debían haberlo hecho , como en la gran mayoría de los amparos que se solicite en este país, de tal manera que el que ellos respondan a algunas de las declaraciones hechas , yo diría de manera ligera por muchos de ustedes, empezando por el Presidente de esta Cámara de Diputados, que debería de tener mayor prudencia dada la responsabilidad del cargo que tiene representando a todos los Diputados de todas las Fracciones Parlamentarias, me parece que lo menos que puede hacer alguien que ha sido tan criticado como lo han sido estos dos ministros por ustedes, puedan también decir su verdad.
Pero lo que importa o lo que interesa en este caso, señor Diputado, es que tengamos una cultura de respeto hacia las facultades o las funciones que tenemos todos; si desde aquí se amenaza con que si no se resuelven las cosas como algunos les gusta, ya se les esta promoviendo un juicio político; si desde aquí se está amenazando con que ya no se van a aprobar, por ejemplo, una iniciativa aprobada en el Senado de la República y que ha sido un anhelo de hace muchos años del Poder Judicial el poder tener derecho de iniciativa en los asuntos que le competen directamente al Poder Judicial y que ahora con este clima está la amenaza del juicio político y de no aprobar esta iniciativa, pues me parece simplemente que demuestra una enorme intolerancia.
Y yo creo que estamos para dar un ejemplo de sensatez y de esperar a que con razones jurídicas se demuestre precisamente si hay razón de un lado o hay razón del otro.
Creo que esto es lo que debe interesar a todos y no emitir prejuicios ni amenazas anticipadas. Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Alfredo Villegas Arreola (PRI): Sobre este mismo tema, tiene la palabra el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI): Compañeras y compañeros legisladores:
Más que posicionamiento, vengo como responsable legal de la Cámara de Diputados a comentarles varias de las acciones y el motivo de las mismas, que hemos llevado a cabo para responder conforme a nuestras facultades y en defensa de las facultades del Poder Legislativo y en específico, de la Cámara de Diputados.
El tema principalísimo aquí es que estoy cierto, la mayoría de los diputados desde el momento en que iniciamos este largo y sano debate que está a discusión sobre facultades y competencias, estábamos ciertos que debería de concluir.
Si quería proceder el Poder Ejecutivo a llevar a cabo una demanda de controversia constitucional era altamente saludada, no nada más saludable, incluso llegamos al momento a decir: si no lo hace el Poder Ejecutivo, deberemos de hacerlo nosotros, la Cámara de Diputados, para que de una vez por todas, como bien dice el senador Zermeño, quede perfectamente claro cuáles son las facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en esta materia, de si puede o no hacer observaciones al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
El envío de regreso del Presupuesto al Presidente de la República, motivó por parte del Presidente de la República, del Poder Ejecutivo, esta demanda de controversia constitucional.
Todo creo que iba bien y teníamos que esperar entonces que la Corte, con su respetabilidad, con su honorabilidad, estudiase y resolviese, y resolviese en definitiva, en definitiva algo que se ha prolongado por muchos años, desde 1919 en una discusión si tiene o no derecho a hacer observaciones el Ejecutivo.
Por parte de la Cámara de Diputados, y del Presidente de la Cámara de Diputados, existe un enorme respeto hacia la Suprema Corte de Justicia y sus decisiones, así como también la búsqueda constante de fortalecer a nuestras instituciones democráticas y sobre todo, buscar salvaguardar a la República.
Señalar incorrectos procedimientos por parte algunos Ministros de la Corte, no demerita, de ninguna manera al Poder Judicial, sino que lo invita a reconsiderar a favor del estado de derecho, como bien se ha manifestado aquí, su decisión que ha tomando y reencauzar sus procedimientos por el rumbo adecuado, o sea, evitar que se siga procediendo irregularmente.
¿Cuál es el motivo de nuestro recurso interpuesto apenas hace unos días de nulidad? Se sustenta en un acuerdo, un acuerdo que suscribió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que obviamente deja mucho que desear.
Deja mucho que desear desde su redacción. En este acuerdo, por principio existen en los considerandos dos artículos terceros, que obviamente hablan de cuestiones distintas. Si esto fuera simplemente una fe de erratas que pudiera resolverse, es de humanos errar, equivocarse, parecería que entonces tendrían que resolverse otros asuntos que marcan aquí mismo cuál fue el motivo de esta obsequiosa y rápida forma de hacer un acuerdo para resolver lo que ya resolvía la Ley Orgánica y sobre todo la Ley Reglamentaria del 105 constitucional. Eso es muy importante.
Y en el artículo 3° Segundo, o sea, no el artículo 3° Primero, se comete un nuevo error en el acuerdo y tratándose de la Suprema Corte de Justicia es muy grave, porque habla de cómo, para poder habilitar los días inhábiles, podrían acogerse al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales.
La Corte, en este momento está creando un código inexistente...
La diputada Lizbeth Rosas Montero (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Un momento, señor orador.
La diputada Lizbeth Rosas.
La diputada Lizbeth Rosas Montero (desde su curul): Quisiera hacerle una pregunta al orador.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Desea hacerle una pregunta. ¿Acepta usted?
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante diputada.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Adelante diputada.
La diputada Lizbeth Rosas Montero (desde su curul): Ciudadanos Presidente, para que nos pudiera precisar cuáles son las acciones que la Presidencia de la Mesa Directiva está llevando a cabo para poder defender la decisión que aprobamos.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Como no, diputada.
Es importante y es a lo que me estaba refiriendo en este momento, de cómo en este incidente de nulidad estamos queriendo corregir una irregularidad en el Acuerdo.
Le comentaba a ustedes, señores legisladores, que no nada más es repetir ese artículo 3° más bien, ese considerando 3°, sino que adicionalmente la Corte creó un código inexistente a donde tiene que referirse entonces el Ministro Instructor que indebidamente fue nombrado por los Ministros que se encontraban en receso, apoyados en un acuerdo irregular que en su artículo único legisla.
Siendo que la ley Reglamentaria del 105 constitucional es sumamente clara, jutno con la Ley Orgánica del Poder Judicial de quién puede nombrar al Ministro Instructor y es solamente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
En este artículo único se le dan facultades adicionales a los ministros que conocen del receso de la Cámara y en estas facultades extraordinarias por encima, diputada, por encima de lo que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial en el cual establece, en su artículo 14 fracción XVIII sobre las facultades del Presidente de la Suprema Corte de Justicia que dice: "Nombrar al Ministro o Ministros que deben proveer los trámites en asuntos administrativos de carácter urgente durante los períodos de receso de la Suprema Corte de Justicia".
El Acuerdo dice que los Ministros que estarán encargados de cubrir el receso, además de proveer los trámites urgentes en asuntos administrativos y en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad también, dice, deberán proveer los trámites urgentes y asuntos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Si algo está registrado tanto en la Ley Orgánica como en la Ley Reglamentaria del 105, son facultades expresas, como también en la ley reglamentaria existe una disposición expresa sobre los recesos de la Corte y dice con concreción el artículo 3º., fracción III: "...los plazos en tema de controversia constitucionales, de conformidad con las reglas siguientes se computarán. No correrán durante los períodos de receso ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia".
Ah, el artículo 1º. dice algo muy importante: "... si no hay disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles". Habiendo disposición expresa, no tiene por qué adoptarse de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y menos podría apoyarse en el inexistente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales que viniendo de la Suprema Corte de Justicia como acuerdo, pues deja mucho que desear y enseña la rapidez obsequiosa con la cual se trata al Poder Ejecutivo.
¿Quién puede defender entonces, como legislador, que las facultades legislativas puedan hoy recaer en el Poder Judicial?, ¿a qué estaríamos sujetos en el futuro si generamos un precedente de esta naturaleza? Estábamos hablando de competencias de los Poderes y sobre todo de respeto a cada una de sus áreas.
Por ello, lo que ha hecho el Poder Legislativo y en específico la Cámara de Diputados, es denunciar estas irregularidades y además, solicitando, diputada, estas irregularidades sean corregidas y que se reponga el procedimiento. Si quiere la Suprema Corte de Justicia y estoy seguro que la autoridad moral de la mayoría de sus miembros nos puede obsequiar ese paso, puede admitir, obviamente debe admitir la demanda de controversia constitucional del Poder Ejecutivo, pero lo debe de hacer, respetando, como obligación, la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y también la ley reglamentaria del 105 constitucional.
Admitir este acuerdo y dejarlo subsistente, no nada más va en contra de la Cámara de Diputados o del Poder Legislativo, va en contra de cualquier ciudadano que en el futuro pueda ser objeto del uso de este acuerdo; porque este acuerdo estará en vigor en todos los períodos de receso que tenga de aquí en adelante la Suprema Corte de Justicia y eso sí es peligroso, porque entonces todos los períodos vacacionales que tenga la Suprema Corte de Justicia serán suficientes para que las barras de abogados o para que los abogados defensores, para que los ciudadanos, estén verdaderamente inquietos y tronándose los dedos de qué es lo que puede suceder cuando un Ministro que conoce del receso, asume las facultades del pleno o del Presidente.
Sería algo así tan extraño, como que la Cámara de Diputados o el Poder Legislativo en sí, hiciera un acuerdo para que la Comisión Permanente en un futuro no nada más reciba las propuestas, los puntos de acuerdo, las iniciativas de los legisladores, sino que turne y posteriormente las apruebe y les hagamos el trabajo entonces a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, lo cual sería más sencillo. Es sumamente peligroso.
Así como el Poder Legislativo no puede conocer de controversias constitucionales, el Poder Judicial no puede conocer de asuntos legislativos. No puede legislar.
Eso es lo que estamos defendiendo y no estamos defendiendo a la Cámara de Diputados simplemente, estamos defendiendo a los ciudadanos mexicanos, a todos aquellos que creen en la división de Poderes y creen también y están seguros de la honorabilidad de la Corte. La Corte hoy tiene en sus manos la posibilidad de rectificar –que es de sabios hacerlo--, reponer el procedimiento y, si quiere admitir la controversia que lo haga, pero que lo haga desde el principio respetando la ley.
Eso es lo único que nosotros pedimos. Hablar de que cualquier legislador como cualquier ministro de la Corte puede ser sujeto a juicio político cuando viola la ley no es ninguna amenaza. Eso es lo que prevé también nuestra legislación.
Hablar de que estos ministros que conocieron se vieron muy obsequiosos es nada más decir la verdad porque al apoyarse, para hacer inhábiles los días hábiles, en el Código de Procedimientos Civiles en lugar del único que estaba autorizado por el acuerdo para que viese los días inhábiles para hacerlos hábiles, que es este inexistente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales, pues lo que hizo fue obsequiarle la solicitud que hacía el Ejecutivo que pedía que se aplicara de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cual, por haber disposición expresa, no lo debía de hacer.
Pero en fin. Esto es lo que hoy nos anima. Nos anima defender a los mexicanos, a los ciudadanos mexicanos, el estado de derecho que a todos nos invita, además, a hacerlo respetar y no caer en la tentación, que ya es peor, de legislar por acuerdo. Si antes estuvimos en contra de que se legislara por decreto, hoy legislar por acuerdo es todavía peor.
Eso fue lo que hizo la presidencia de la Cámara de Diputados: interpuso estos recursos y espera una sabia decisión por parte de la honorable Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Habiéndose agotado la lista de oradores en los términos del artículo 19 del Acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente, esta presidencia ha registrado la solicitud para hacer uso de la palabra del senador Jesús Galván Muñoz y del diputado Arturo Nahle para rectificación de hechos.
En consecuencia, en los términos del artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior de nuestro Congreso General, tiene la palabra, hasta por 5 minutos, el senador Jesús Galván Muñoz.
El senador Jesús Galván Muñoz (PAN): Con su permiso, señor presidente. Hay en las expresiones de los señores legisladores diferencias notables en los tonos en que aquí se han expresado. En uno hay una gran mesura, lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con lo expresado por el señor diputado Beltrones, pero lo que aquí ha dicho, el tono, lo que exige, lo que pide como titular de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es francamente muy mesurado y está en todo su derecho de hacerlo. Ya diré más adelante en qué no coincido con él.
Pero lo que me parece absolutamente desmesurado son las expresiones –y no tanto el tono—son las expresiones usadas por el señor diputado del Partido de la Revolución Democrática.
Hay diversas expresiones en su posicionamiento que son verdaderamente inadmisibles. Inadmisibles porque son desmesuradas y porque finalmente la expresión constituye por sí misma una invasión a la esfera de otro poder, que es el Poder Judicial.
En ese posicionamiento se dice que se haga explícito y que se diga si los ministros han obrado de mala fe al admitir la demanda y al nombrar un ministro instructor. Eso es lo que dice ese posicionamiento.
Y esto implica no solamente esa invasión a la esfera de otro poder, sino implica necesariamente que el Poder Judicial, que concretamente la Suprema Corte de Justicia está subordinado a la Cámara, a cualquiera de las cámaras, en este caso a la Comisión Permanente.
Se dice que hay una serie de expresiones, de opiniones de algunos juristas. Con todo respeto, son eso, son opiniones. Pero el único facultado para resolver en forma definitiva sobre controversias es la Corte, nos guste o no, independientemente de que las decisiones de la Corte estén en contra de las opiniones de distinguidos juristas.
Es bueno decir que hay opiniones discrepantes, pero de ninguna manera se puede subordinar las decisiones de la Corte a opiniones de los juristas más ilustres que pueda haber en este país.
Quiero además decir que respecto a las expresiones del señor diputado Beltrones, ciertamente tiene razón en varias de ellas. Tiene razón al decir que de manera expresa son inhábiles aquellos plazos que corren durante el receso de la Suprema Corte. Efectivamente.
Pero lo es igualmente en cualquier tipo de procedimientos. Los plazos judiciales nunca corren en ningún tipo de proceso. Siempre que el Poder Judicial local, federal, no importa cuál, está en receso, no corren plazos. Y entonces ciertamente hay una laguna en la norma y justamente en esa laguna, en la posibilidad que tiene el juzgador, cualquiera, cualquier juzgador, de habilitar plazos, como es el caso concreto, se amplían y se hacen hábiles, como ya fue hecho, a partir del 27 de diciembre.
Son plazos que se habilitan porque el juzgador, cualquiera que sea, no solamente el juzgador federal, en el caso concreto apoyado justamente en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ahí está esa norma y en esa norma se apoyan justamente para habilitar.
Dado que se me ha terminado el tiempo, señor presidente, hasta aquí dejaría mi intervención.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Para rectificación de hechos, se ha registrado el uso de la palabra del diputado Javier Salinas para alusiones personales. En consecuencia, tiene usted el uso de la palabra.
El diputado Javier Salinas Narváez (PRD): Gracias, señor presidente. De paso quiero señalar que la universidad afectada fue la U de G, en su biblioteca, en el Centro Cultural de Jalisco, que atiende a tres mil 600 usuarios.
El Partido de la Revolución Democrática reconoce a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el organismo facultado, pero sobre todo legitimado para ventilar los asuntos que estamos comentando, pero nunca estaremos de acuerdo con métodos, según los cuales se le da a la población un mensaje sesgado, de los cuales es el que menosprecia a un Poder con la misma investidura que goza el Ejecutivo y en el que por encima de todo no se da el fundamental derecho de réplica, menos aún considerando la existencia de un órgano de administración de justicia confiable. Por ello, es imprescindible no equivocar el debate en esta cuestión.
En el ejercicio de nuestras funciones como legisladores, hemos manifestado en diversas ocasiones la confianza que tenemos y debemos tener en el Poder Judicial; sin embargo, siendo esta una institución conformada por humanos, sus resoluciones son falibles, y tal es el caso de la suspensión provisional otorgada al Ejecutivo. Este es el hecho que considero crucial en el debate.
La trascendencia del despacho dado a la controversia constitucional que nos ocupa no puede pasar inadvertida por esta Comisión Permanente, por lo que aclarando que las facultades para dar trámite la Comisión de Receso del Máximo Tribunal no son puestas en duda, quiero hacer algunas reflexiones en torno a los efectos de este hecho.
El pasado siete de diciembre de 2004 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo general número 12/4 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación, que otorga facultades a las comisiones de receso para prever los trámites urgentes de asuntos jurisdiccionales.
En dicho acuerdo se establece que el Ministro o ministros comisionados para los recesos de los Períodos de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de prever los trámites urgentes en asuntos administrativos y en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, también deberán prever los trámites urgentes en los asuntos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De lo anterior, se infiere que en principio los ministros integrantes de la Comisión de Receso sí tienen facultades para dar trámite a la controversia constitucional; sin embargo, atendiendo a las disposiciones legales conducentes podemos estimar que estos no tienen facultad para conceder la suspensión provisional en este caso.
Al hacerlo, desatendieron lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley Reglamentaria en las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional.
Y para fundamentar mi dicho, me permito hacer las siguientes observaciones:
El segundo párrafo del artículo 14 de la ley en comento establece que la suspención no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales.
Ahora bien, la publicación del Presupuesto de Egresos del Diario Oficial de la Federación tiene efectos jurídicos de convertirlo en una norma genera, aún cuando la misma no esté aún vigente.
Además, el artículo 16 establece que la suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las partes en cualquier tiempo, antes de que se dicte sentencia definitiva; es decir, en este caso no operan las reglas generales del juicio de amparo, según las cuales existe una suspensión temporal que se otorga desde el momento en que se presenta la demanda.
En este caso, la ley es clara, al establecer la obligatoriedad de celebrar una audiencia incidental para decidir sobre la suspensión, en la cual deberá darse oportunidad a las partes involucradas para estar presente y manifestar lo que a su derecho convenga.
Finalmente y lo más importante, la suspensión no debió haberse concedido, considerado lo dispuesto por el artículo 15 que señala a la letra: La suspensión no podrá concederse en los casos en que se ponga en peligro la seguridad o economía nacional; las instituciones fundamentales del Órgano Jurídico Mexicano o puedan afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que ella pudiera obtener, el solicitante.
Por eso, compañeras y compañeros, la fiabilidad de nuestras instituciones jurisdiccionales no deben verse mermadas por una inadecuada politización de la justicia, por lo que insisto a esta Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y qué bueno que lo ha hecho, que ha interpuesto los recursos procedentes a efecto de aclarar esta situación que es trascendental para la vida política del país.
En mi papel de integrante del Partido de la Revolución Democrática, me permito reiterar mi compromiso con la legalidad y la defensa de las instituciones nacionales por lo que subrayo mi disposición a colaborar en la defensa del Poder Legislativo en este juicio.
Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Para rectificación de hechos, en los términos del 102, tiene la palabra el diputado Arturo Nahle García, hasta por cinco minutos.
El diputado Arturo Nahle García (PRD): Gracias, ciudadano Presidente.
Yo espero que mi tono y las expresiones no las vayan a considerar inadecuadas o irrespetuosas.
Ustedes recordarán que finalmente el pasado 20 de diciembre el Presidente de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto que aprobamos desde la sesión del 15 de noviembre.
Por cierto, la publicación que hizo del Presupuesto tiene una alteración, le agregó al decreto todo un capítulo de consideraciones, pero bueno, se publicó finalmente el 20 de diciembre.
El día 21 ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional. No habían pasado siquiera 24 horas, no habían pasado ni siquiera 24 horas cuando ya los dos Ministros integrantes de la Comisión de Receso, habían estudiado "a fondo" –entre comillas-, las más de 400 cuartillas que tiene el decreto de Presupuesto, un documento muy complejo, muy técnico, ya habían estudiado las más de 100 cuartillas que tiene la demanda de controversia constitucional del señor Presidente de la República que también es un documento que se debe estudiar con un gran cuidado y en menos de 24 horas emitieron cuatro acuerdos. Y no sólo emitieron estos cuatro acuerdos que ahorita comentaremos, sino que también en menos de 24 horas ya los habían venido a notificar aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro.
Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo realidad un viejo anhelo de los mexicanos, "la justicia pronta y expedita". Sólo, sólo que al más alto tribunal de nuestro país se le olvidó algo, que el artículo 4° de la Ley Reglamentaria del 105 constitucional, establece que las resoluciones deben de notificarse al día siguiente en que se hubieren pronunciado, "justicia pronta y expedita".
Bueno, comentábamos que ese 22 de diciembre, los Ministros miembros de la Comisión de Receso emitieron cuatro acuerdos y no necesariamente, diputado Beltrones, acuerdos de carácter administrativo, acuerdos eminentemente jurisdiccionales, en contra de lo que usted bien decía, establece la ley de la materia.
En el primer acuerdo designan al Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia como Ministro Instructor, efectivamente, aquí los diligentes ministros pasaron por alto lo que establece el artículo 29 de la Ley Reglamentaria del 105 constitucional, en el que con toda claridad se establece que esta designación le corresponde al Presidente de la Suprema Corte.
En el segundo acuerdo, que tampoco es un acuerdo de índole administrativo, señala que como el Ministro Ortiz Mayagoitia está de vacaciones, serán ellos mismos los que tramitaran la controversia durante las citadas vacaciones.
Aquí la Comisión de Receso también olvidó que de conformidad con lo que establece la fracción XVIII del 14, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no tienen facultades jurisdiccionales.
En el tercer acuerdo y tal vez este sea el más grave, admitieron a trámite la demanda del Presidente, determinaron que no hay causa de improcedencia, ordenaron el emplazamiento, fijaron plazo –esto contradice lo que usted comentaba hace un momento, senador- fijaron plazo para que se conteste la demanda y por si fuera poco declararon como hábil todo el período vacacional, aplicando como ya lo comentaba el diputado Beltrones de manera supletoria, dos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Los señores Ministros soslayaron que no procede ninguna aplicación supletoria, efectivamente, cuando existe una disposición expresa y ya se comentó y se comentó bien, que hay disposición expresa al respecto.
Para concluir, para rematar, mejor dicho, en el último acuerdo concedieron la suspensión de obras presupuestadas por la Cámara por un supuesto monto de 4 mil 195 millones de pesos. Aquí los señores Ministros ni siquiera hicieron bien las cuentas. Las obras que suspendieron tienen un presupuesto etiquetado por más de 6 mil 775 millones.
Ya sabemos, porque aquí se ha comentado ampliamente, que esta suspensión violenta lo que establece el artículo 14 de la multicitada ley reglamentaria que prohíbe expresamente otorgar suspensiones de normas generales y el presupuesto tiene el carácter de norma general.
Por todo ello, por todo ello, desde esta tribuna y con esto concluyo, señor Presidente, los grupos parlamentarios del PRD en el Senado y la Cámara de Diputados, le hacemos un extrañamiento público a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su Presidente y de manera particular, a los integrantes de la Comisión de Receso, por la sospechosa celeridad y evidente desapego a nuestro marco legal en los acuerdos que emitieron el pasado 29 de noviembre y los cuatro que emitieron el 22 de diciembre del año en curso. Extrañamiento es sinónimo de asombro, de sorpresa y francamente, nos sorprenden estos actos del poder Judicial de la Federación.
Cabe señalar que este extrañamiento público no es exclusivo del grupo parlamentario del PRD, ya el presidente de la Cámara lo hizo en los escritos a través de los cuales se interpuso, tanto la nulidad, como las reclamaciones.
(Aplausos)
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Para rectificación de hechos...
El senador Jesús Galván Muñoz (desde su curul): Señor Presidente, solicito la palabra para alusiones personales.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Tiene la palabra, senador Jesús Galván, para alusiones personales, en los términos del 102.
El senador Jesús Galván Muñoz (PAN): Gracias, señor Presidente.
Sólo para aclarar algunas alusiones que el señor diputado Nahle, hizo referencia a mi persona:
La primera de ellas tiene que ver con si los Ministros, para no analizar los cuatro acuerdos, sino sólo uno de ellos, si los Ministros podían analizar las causales de improcedencia de la controversia y para ello, señor diputado, los Ministros no tenían que haber estudiado todo el presupuesto. Es inútil que para el efecto de admitir la controversia constitucional, los cientos de hojas que forma el presupuesto, fueran estudiados por ellos.
Lo único que tenían que haber estudiado los Ministros y así fue, era justamente la demanda de controversia y se desprende del artículo 19 de la ley reglamentaria del 105, que no hay ninguna causal de improcedencia.
¿Cuáles son las causales de improcedencia? Son, dice este artículo 19, que las controversias constitucionales son improcedentes contra decisiones de la Suprema Corte y no es el caso. Contra normas generales o actos en materia electoral; tampoco es el caso. Contra normas o actos que sean materia de controversia pendiente; tampoco es el caso.
Dado que no se...
El diputado Arturo Nahle García (desde su curul): Señor Presidente, ¿acepta el orador una pregunta?.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Un momento, señor orador.
Señor orador ¿acepta usted una pregunta del diputado Arturo Nahle?
El senador Jesús Galván Muñoz: Con todo gusto, señor Presidente, si lo que se trata es que en este diálogo, efectivamente, cada una de las partes pueda exponer sus puntos de vista y de eso se trata, señor diputado y con todo gusto.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Adelante, diputado.
El diputado Arturo Nahle García (desde su curul): Senador, con todo respeto, mi pregunta es la siguiente:
Efectivamente, usted está dando lectura al artículo 19 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del 105 constitucional. En este artículo se enumeran ocho causales de improcedencia para las controversias constitucionales. Dio usted lectura a la primera fracción, a la segunda, pero luego se brincó la tercera que dice que las controversias constitucionales son improcedentes contra normas generales y hemos señalado con toda precisión que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación tiene el carácter de una norma general.
Por otra parte, el acto reclamado, senador, y esa sería mi pregunta, el acto reclamado en esta controversia constitucional ¿no es acaso el presupuesto y por lo tanto había que darle una revisadita?
El senador Jesús Galván Muñoz: ¿Me permite contestar, señor Presidente?
Me parece que de su interpretación, señor diputado, hay una deficiente comprensión de esta fracción III, lo digo con el mismo respeto que usted se refirió a mí; porque la fracción III se refiere normas generales o actos, o actos que sean materia de una controversia pendiente, es decir, que estas normas generales sean materia de una controversia pendiente y en el caso es evidente que esta norma general, suponiendo que así fuera, está pendiente su resolución en una controversia. Aquí es evidente que no hay tal cosa, no hay dependencia en el caso del presupuesto.
Lo que quiero demostrar –y creo que hasta ahí terminaría la contestación, señor presidente, para no abusar del tiempo—lo que quiero hacer explícito es que lo único que tenían que hacer los ministros era verificar si había alguna de las causales de improcedencia, que están enunciadas muy claramente en este artículo 19.
Y no hay nada, cuando menos de manera obvia, de manera evidente, que encuadre dentro de esas causales.
Y luego, por lo que toca a la segunda pregunta, señor diputado, justamente el asunto de si el presupuesto es una norma general o no. Curiosamente, por allá en el 98 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal inició una acción de inconstitucionalidad --aquí hay uno, además del que tiene el uso de la palabra, hay un miembro de aquella asamblea—y en esta acción de inconstitucionalidad se planteaba justamente una inconformidad de un 33 por ciento de los miembros de aquella asamblea legislativa contra la resolución que tomó justamente la mayoría de este mismo órgano colegiado.
Y lo que resolvió la Corte fue, a fin de cuentas, no admitir la acción de inconstitucionalidad justamente porque este órgano determinó que el presupuesto --así está el precedente, se puede consultar—que el presupuesto no es una norma general, que el presupuesto no reúne las características de una ley. Así lo dijo la Corte.
Yo creo que en el caso concreto de su partido, señor diputado, en aquel tiempo justamente los partidos de oposición procedimos en esa acción de inconstitucionalidad que en aquel tiempo favoreció al gobierno de su partido, justamente favoreció a los miembros de la Asamblea Legislativa que habían determinado una serie de cuestiones que, a juicio de la oposición, eran irregulares.
Pero la Corte dijo que en virtud de que no era norma general no podía entrar al fondo del estudio del asunto.
Aquí, en el caso concreto, se trata no de una acción de inconstitucionalidad; se trata justamente de una controversia y las controversias lo que está justamente en contradicción es si el Ejecutivo tiene o no facultades para poder hacer observaciones al presupuesto, por un lado y, por otro, cuál es el ámbito y cuál es el alcance en que la Cámara de Diputados puede modificar el presupuesto.
Gracias, señor presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Para rectificación de hechos, en los términos del 102, tiene la palabra la senadora Martha Tamayo.
La senadora Martha Sofía Tamayo Morales (PRI): Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores: efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano constitucional destinado a decidir las controversias constitucionales que entre los poderes surjan como es el caso que nos ocupa, Lo sano, lo deseable es y aquí ya se dijo por algunos de los Legisladores que me antecedieron, es que se exprese en torno a un asunto que ahorita motiva confusión.
Lo que nosotros queremos, tanto Diputados como Senadores Priístas, es que esa expresión esté nutrida del apego al Derecho que debe de caracterizar el ejercicio del Poder Judicial.
Nosotros respetamos enormemente a los señores Ministros de la Corte y sabemos que ellos son depositarios de esta enorme responsabilidad y que lo hacen cotidianamente bien.
El problema es que aquí se advierte en las intervenciones, algunos elementos y se desprenden también del propio texto del Acuerdo General que motivan la inquietud y la preocupación y creo que en el ejercicio de la libertad que tenemos los Legisladores para expresarnos, podemos en términos comedidos, como he escuchado que se ha hecho aquí, hacer estas observaciones.
Aquí se habló de una laguna y efectivamente yo me encuentro después de analizar los Considerandos 1º. Y 2º., el dos veces 3º. Y el 4º. Ningún fundamento legal que faculten al pleno para haber emitido un Acuerdo General en los términos en que lo realizó.
Cuando una autoridad interpretando las leyes encuentra la solución al problema que tenga entre manos, está aplicando sus facultades, el problema es que las lagunas, es decir la falta de una expresión jurídica específica para el caso, no se pueden suplir con interpretación y menos cuando se trata de competencias o de funciones.
Hay un principio de autoridad que rige nuestro sistema de Derecho, las autoridades incluye al Poder Judicial desde luego, sólo pueden hacer lo que expresamente les está permitido y citamos al Artículo 94 Constitucional. El Acuerdo se fundamenta en el párrafo quinto de ese Artículo 94 Constitucional en donde se alude a que es competencia de la Suprema Corte expedir acuerdos, establece que se deben de regir , perdón, se basa en el Quinto, y dice que el Pleno de la Suprema Corte está facultado, dice ese Quinto, para expedir Acuerdos Generales a fin de lograr una adecuada -escúchese por favor- distribución de las salas, de los asuntos que les competen para conocer también de los asuntos de los Tribunales Colegiados ad hoc los turnos que deben enviar. Ambos facultades específicas del Artículo 94 nada tienen que ver con lo que el acuerdo se ocupa y el Quinto que no se motivó, que no se fundamentó el acuerdo pero que yo lo quiero traer acá, dice: que la competencia de la Suprema Corte en el pleno, está ocupado de los asuntos que se regirán por las disposiciones de la ley, no de las interpretaciones de la ley, de conformidad con lo que esta Constitución establece.
A ver, cuando no hay competencia, no la hay; cuando no hay funciones no existen lo que tiene que decir la Norma. Qué es lo que le faculta la Norma al pleno de la Corte para haber emitido este Acuerdo? Ya se dijo aquí, hacer acuerdos generales para turnos entre Salas y el Tribunal Colegiado, nada más y también se llamó aquí la atención acerca de que había la posibilidad de encargarles a las Comisiones de Receso y que por cierto aquí se le da una vida nueva a estas Comisiones de Receso, de encargarles asuntos de orden administrativos urgentes y aquí ha quedado constancia plena de que lo que se ocupó el pleno de la Corte no es de cuestiones administrativas urgentes, sino jurisdiccionales plenas que sólo corresponden al Magistrado Instructor, a la Sala o al Pleno de la Suprema Corte. Eso es lo que preocupa.
Yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base a lo que nosotros estamos marcando, puede muy bien hacer a un lado estas dudas; poder establecer, poder recomponer el procedimiento y actuar en consecuencia. Yo no veo cuál es la prisa.
A ver, entiendo por qué los jueces de distrito tienen facultades, eso sí es, pero es así la ley, para en Período de Vacaciones actuar, pues sobre todo si se trata de la libertad de las personas.
¿Aquí qué es lo que se perdía, si el Pleno de la Corte y el Ministro Instructor hubieran entrado al conocimiento del asunto el día tres y no de una manera forzada? Hay que decirlo así con toda claridad.
Están halando normas, incluso de la materia electoral, que por cierto el 134 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala a la letra: "Durante los procesos electorales federales es que se habilitan días y horas". No es el caso.
¿Por qué ese afán de meterle tanta presión a una determinación que pudo haber esperado unos días?
A nosotros nos gustaría mucho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera reconsiderar esto y lo que es una laguna, laguna es; que actuara dentro de sus funciones aplicando las normas que específicamente tienen, dentro de la competencia que le da la Constitución y pudiera reconsiderar el procedimiento a partir del día tres de enero, que es donde de nueva cuenta se normalizan las funciones del Poder Judicial Federal y concretamente, las del Pleno.
Cuando hay una situación de excepción la Ley Orgánica lo establece de manera expresa. Esta no es ninguna situación de excepción.
Llama pues la atención que sin haber fundamentos de ningún tipo, sin haber funciones específicas y procurando integrar, que es un término todavía mayor y más grave al de interpretar, aquí se está integrando competencia, se le está dando al Ministro o ministros comisionados -nótese los términos-, se le están confiriendo facultades para proveer los trámites urgentes, ¿urgentes a juicio de quién?
Esto tiene que ser materia de una regulación, y si hubiera otra instancia diversa a la Suprema Corte, ahorita ya estuviéramos promoviendo una controversia constitucional, porque a través de este acuerdo la Suprema Corte está pretendiendo legislar lo que no hay en la Ley Orgánica, que rige al Poder Judicial.
Creo que hacer un llamado a través de este exhorto a la Suprema Corte no es ni indebido, no se le falta al respeto, simplemente se le pide como debe de ser, que se ciña en la aplicación del derecho. Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: En razón de que se han cumplido las cuatro horas en la presente sesión, que dispone el artículo tercero del Acuerdo aprobado, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si autoriza las intervenciones de dos legisladores inscritos para rectificación de hechos.
Ruego a la Secretaría.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si se autoriza a dos compañeros legisladores más, que suban para rectificación de hechos.
Quien esté por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Quien esté por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, en virtud de que se han agotado los asuntos en cartera.
(Lectura del orden del día de la próxima sesión)
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: (15:45 hrs) Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el miércoles cinco de enero de 2005, a las 11 horas.