El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI) (Toca la campanilla y dice): Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria María Sara Rocha Medina (PRI): Por instrucciones de la Presidencia, pasaremos lista de la asistencia.
(Pase de lista de asistencia)
Se encuentran 24 legisladores, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (A las 11:20 horas): Se abre la sesión.
Consulte entonces, la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura y procedemos a desahogar el siguiente punto del orden del día que es la lectura del acta de la sesión anterior.
Proceda la Secretaría a consultar también si se le dispensa la lectura, considerando que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de sesión anterior, tomando en consideración que se ha publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada el acta.
Continúe la Secretaría, leyendo las comunicaciones.
La Secretaria María del Carmen Mendoza Flores (PAN): Como lo indica la Presidencia, daré lectura a la solicitud del senador Juan José Rodríguez Prats.
(Lectura a la solicitud del senador Juan José Rodríguez Prats.)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria María del Carmen Mendoza Flores: Está a discusión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se concede licencia por tiempo indefinido al senador Juan José Rodríguez Prats, para separarse de sus funciones como senador de la República a partir de esta fecha.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese a la Cámara de Senadores.
La Secretaria María del Carmen Mendoza Flores:
(Oficio del ciudadano diputado Fernando Alberto García Cuevas)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez (PRI): Sobre el rubro iniciativas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura.
(Oficio de la Asamblea Legislativa, con el que remite la iniciativa que adiciona un Título Séptimo al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez:
(Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura, con el que remite la iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez:
(Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura con el que remite iniciativa que reforma el artículo 122, base primera, fracción V, incisos c) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 42, 43 y 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez:
(Oficio por el que se solicita el permiso constitucional para que el Presidente Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 7 al 13 de febrero del año en curso, a fin de que realice visita oficial al Reino de España y a la República Italiana, así como visitas de Estado al Reino de Marruecos y a la República Argelina Democrática y Popular).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
El Secretario Arturo Nahle García (PRD):
(Siete oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Cristina de la Garza Sandoval, Rogelio Granguillhome Morfín, Marcial Rafael Macedo de la Concha, Alejandro Ramos Flores, Marco Antonio Pierrot González y Francisco del Río López, puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
El Secretario Arturo Nahle García:
(Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita permiso constitucional necesario para que los ciudadanos licenciados Santiago Creel Miranda y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de España).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
El Secretario Arturo Nahle García:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Josefa Nancy Cossío Arias, Ingrid Yunuén Navarro Ponce, Austreberto Martínez Villegas, Marcelino Villanueva Serrano y Fernando Angeles Salgado, puedan prestar servicios en la Embajada del Perú en México).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
El Secretario Arturo Nahle García:
(15 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que remite las hojas de servicios de: Saúl Luna Jaime, Gonzalo Aguilar Escobedo, Rubén Barraza Rodríguez, Ramón Chávez Cruz, Patricio Rubén Camacho García, Alejandro Graciano Quintero Robles, Román Medina Castillo, José Luis Cruz Zepeda, Rodolfo Carranza Hernández, Juan Manuel Velásquez Víctores, Moisés Pavón Fonseca, Gabriel Magaña Morfín, Sergio Virgilio Guerrero García, Facundo Zayago Espinosa y Arturo Solano Escobedo, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
El Secretario Arturo Nahle García:
(Trece oficios con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la misma Cámara de Senadores.
El Secretario Arturo Nahle García:
(Once oficios por los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítanse entonces a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Tiene la palabra la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Deporte.
La diputada María Elena Orantes López (PRI): Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros Legisladores:
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 y 56 del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (¿), someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual, por obviedad de tiempo, presentaré sólo en una síntesis de la misma.
En la Primera Conferencia sobre la Mujer en la Ciudad de México en 1975, los gobiernos, las activistas femeninas, la sociedad civil y la academia, cierta y comprensiblemente, tendieron a subvalorar el aspecto de la mujer en el deporte para poderse concentrar en asuntos que se consideraban de mayor importancia en el momento. Para dar un ejemplo, el tema de la mujer y el deporte, recibió una atención limitada en la plataforma para la acción de "Bellini" en 1995 sólo en el marco de la mujer y la salud.
Diversas conferencias y otros eventos de las Naciones Unidas, han destacado la importancia de los deportes y de la participación equitativa de las mujeres en los mismos; tal es el caso de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo, en 1994.
Aparte de crear los marcos para la elaboración de las políticas durante las conferencias, las formas de discriminación contra la mujer creó obligaciones legales de acción por parte de los 169 Estados partes, pidiendo a todos tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres y garantizar la igualdad en la participación, en las actividades recreativas, en los deportes y en los aspectos de la vida cultural, instrumentos internacionales de los que México es parte y debe observar como una ley suprema de toda unión.
Es de destacar que a través del deporte se aprenden el concepto de juego limpio, la comprensión mutua, la solidaridad y la amistad. Las competencias deportivas llevadas a cabo en un espíritu de respeto mutuo, de imparcialidad, de cortesía, son el vehículo ideal para promover la buena voluntad y las buenas relaciones entre los pueblos y entre los seres humanos.
En las últimas fechas ha habido un progreso notable en el deporte y en las actividades físicas, palpable en un aumento significativo de participación de mujeres y de niñas. Día a día, han empezado a caer muchas de las barreras que impiden a las mujeres deportistas tener acceso a los eventos deportivos, particularmente a nivel internacional, a las instalaciones, a los equipos, a encargos de decisión, al entrenamiento e inclusive a las competencias.
Dentro de los beneficios de esta participación deportiva podemos señalar que las mujeres deportistas gozan de una mayor autoestima, presentan tasas más bajas de depresión y tienen una mejor imagen corporal; aprenden a disciplinar sus cuerpos a través del ejercicio y a desarrollar en mayor tenacidad y resistencia.
En el marco más amplio de la situación de la mujer los retos siguen estando presentes. Podemos verle en el creciente tráfico de mujeres y niñas, en el aumento de incidencia en la violencia doméstica intrafamiliar, en el aumento del número de feminicidios, en la rápida propagación del VIH SIDA, en los incesantes altos niveles de pobreza que se registran entre las mujeres. Algo similar ocurre con las mujeres en el deporte mexicano, por lo que en el cuerpo del decreto se considera pertinente incluir al Instituto Nacional de las Mujeres como integrante del órgano de gobierno denominado "Junta Directiva", en la idea de permear la perspectiva de género en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
La discriminación contra las mujeres y las niñas en los deportes es quizá uno de los retos más persistentes y menos visibles; esta discriminación viola los derechos humanos, pues considera como inferiores y menos merecedoras de un tratamiento equitativo a las deportistas y entrenadoras. Por ello, como un primer paso, considero que la legislación debe hacer respetar y defender el derecho de las mujeres deportistas, fomentando una cultura deportiva que permita y valore la participación plena de la mujer en todos los aspectos deportivos.
Por ello, es necesario asegurarle a las mujeres deportistas la oportunidad de participar en el deporte en un ambiente seguro y alentador que proteja sus derechos, dignidad y respeto al género al cual pertenece; incrementar la participación femenina en todos los niveles, funciones y papeles del ámbito deportivo, garantizar que los conocimientos, experiencias y valores de la mujer contribuyan al fomento del deporte; promover el reconocimiento de la participación femenina en el deporte, como contribución a la vida pública, al desarrollo, a la comunidad y a la construcción de una nación más sana; alentar a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del deporte y su contribución a la expansión individual y colectiva.
En este orden de ideas tenemos que mandatar en la Ley General de Cultura Física y Deporte con toda claridad, la igualdad de oportunidades para competir y participar en el ámbito deportivo ya sea con fines de recreo, promoción de salud o competencia de alto nivel, así como reconocer que es derecho de toda mujer, poder participar en cualquier actividad deportiva, independientemente de su raza, color, lengua, religión, creencia, preferencias, edad, estado, discapacidad, así como origen étnico o social. Y que los recursos para poder tomar una decisión y poder responder, deberán ser asignados con justicia y sin discriminación de género. Entendiendo que dicha asignación deberá rectificar los desequilibrios injustos de ventajas que tengan las mujeres y los hombres.
Por ello, se propone que los organismos y autoridades deportivas, así como las instituciones vinculadas, instrumenten acciones afirmativas en beneficio de las mujeres, en aras de brindar una oportunidad igual para realizar su potencial deportivo; asegurando que todas las actividades y programas recreativos al mejoramiento y desempeño deportivo, tengan en cuenta las necesidades específicas de las atletas.
Por otro lado, es menester reconocer que la mujer está subrepresentada en las funciones de liderazgo y toma de decisiones en los organismos deportivos y vinculados al deporte; por lo que responsables de dichas áreas deberán elaborar políticas, crear programas y establecer estructuras para incrementar el número de entrenadores, asesoras, encargadas en la toma de decisiones, jueces deportivas, administradoras y personal deportivo femenino en todos los niveles y en el ámbito deportivo.
En virtud de lo anterior expuesto y fundado y toda vez que la inclusión de las mujeres en las diferentes esferas de la vida productiva es un requisito para el desarrollo democrático del país, me permito presentar a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que incorpora a la Ley General de Cultura Física y Deporte, la perspectiva de género al reformar y adicionar diversas disposiciones de dicho ordenamiento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero del año en curso.
Solicito a la presidencia se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Es cuanto señor presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias diputada Orantes, con mucho gusto.
Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates, la intervención de la diputada y túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el señor diputado Leonardo Alvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 387 Bis, al Código Penal Federal y un inciso 35 a la fracción I del artículo 194, del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Leonardo Alvarez Romo (PVEM): Con su venia diputado presidente.
El Partido Verde una vez hace eco de lo que está sucediendo y que le afecta a la sociedad, es el fraude en las gasolineras.
Compañeras y compañeros legisladores: La Procuraduría Federal del Consumidor, ya tiene tiempo que denunció que las gasolineras del país utilizan alta tecnología para defraudar a sus clientes. Los mecanismos utilizados para defraudar ya no son mecánicos sino electrónicos. Los defraudadores cuentan con tecnología inalámbrica para activar los cambios al sistema electrónico de las estaciones de servicio, de forma que el cálculo de litros se altera apareciendo una cantidad distinta a la que en realidad se está suministrando, logrando con estos dispositivos manipular dolosamente los cambios al sistema electrónico de las estaciones de servicio.
La Norma Oficial Mexicana 005, sólo permitía verificar la parte mecánica de los dispensarios, no así la parte electrónica, de forma que la PROFECO se veía limitada para actuar de forma eficaz contra los defraudadores, situación por la cual se tuvo que hacer una modificación a la normatividad vigente de aquel momento.
La Nueva Norma Oficial Mexicana, la NOM-EM 011, que entró en vigor a partir de noviembre del 2004, faculta a la Profeco para poder revisar las tarjetas electrónicas, el sistema electrónico y el soft wear de los dispensarios de combustibles; se establecen los procedimientos de extracción de las tarjetas de control, prueba de las baterías de respaldo del dispositivo de almacenamiento de información y de verificación del soft wear, para poder comprobar que no sea alterado el funcionamiento de estas máquinas.
La NOM 011 establece las especificaciones, métodos de prueba y de verificación aplicables a los distintos sistemas para medición y despacho de medicina y otros combustibles líquidos como gasolinas, diesel, turbocina y gas avión que se comercializan en el país.
Sin embargo, esta norma no es suficiente, ya que la Profeco demostró, mediante un muestreo estadístico representativo, que el 90 por ciento de las gasolineras operan fuera de la tolerancia de la norma, lo que significa, para términos prácticos, que casi todas operan defraudándonos a todos los consumidores, de forma que es raro encontrar una gasolinera que opere honestamente.
La respuesta de los propietarios y franquicitarios ha sido a través de amparos para suspensiones provisionales a esta norma 011.
Los montos mencionados de lo defraudado van de 8 mil 500 millones a 18 mil 500 millones; sin embargo, haciendo números con respecto a los valores de las ventas reportadas por Pemex en 2004 de gasolinas y diesel y considerando la proporción de que la mayoría de las gasolinas –9 de cada 10—surten litros de 800 mililitros, el monto defraudado podría ser de hasta 31 mil 683 millones de pesos.
Por su parte, los funcionarios de Pemex se deslindan de su responsabilidad arguyendo que la franquicia es un contrato de orden estrictamente comercial, de tal manera que no pueden actuar en carácter de autoridad.
Por su lado, la Profeco sólo tiene atribuciones para sancionar administrativamente con multas y clausura hasta 90 días de establecimientos en que se detecten irregularidades.
De las más de 6 mil 500 estaciones de servicio, sólo 26, es decir, el .4 por ciento, han sido objeto de rescisión de contrato de franquicia y 115 están en proceso.
Sin embargo, es responsabilidad del gobierno federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los instrumentos de medición que se comercialicen en el territorio nacional sean seguros y exactos con el propósito de que no representen peligro a los usuarios y consumidores que presten un servicio adecuado respecto a sus cualidades metodológicas y en utilización en transacciones comerciales y en las determinaciones para la protección de la salud, el medio ambiente y demás actividades donde se requiera de la medición.
La realidad abrumadora es que, en base a las actuales disposiciones legales, no es posible controlar las conductas ilícitas de estos prestadores de servicio, lo que los pone en una posición de impunidad, dando además un pésimo ejemplo a la sociedad sobre el funcionamiento de nuestras instituciones y del estado de derecho.
El aspecto nodal es que, independientemente de los enormes montos defraudados cotidianamente a la población en general, las repercusiones de estas actividades fraudulentas dañan directamente a la industria de la cual depende en su mayor grado la economía nacional, por lo que desde luego este problema es de seguridad nacional pues implica un ataque infame a la soberanía e instituciones de nuestro país.
No sólo hay que cuidar que no se vulneren los derechos de los ciudadanos; el impacto negativo del mismo es generalizado porque afecta directamente a todos los sectores productivos del país: a la industria, al transporte, a la agricultura, a la pesca, a los sectores empresariales, etcétera, atrofiando su desempeño exitoso de forma que trunca la posibilidad de ser competitivos a nivel nacional e internacional.
Los energéticos tienen que cuidarse de manera firme para garantizar al país su continuo desarrollo económico, potenciando sus capacidades para superar las condiciones de atraso y vencer la lacerante miseria y desprotección de amplios sectores y grupos de nuestra población.
No se puede fincar el progreso nacional con tolerancia a la impunidad. Con base en lo expuesto, se propone se tipifique el delito de fraude en el expendio de gasolinas y diesel dentro del Código Penal Federal, adicionando el artículo 387 bis, asignando penas ejemplares y dándole el carácter de delito grave en el Código Federal de Procedimientos Penales.
Las penas deben de ser altas, debido a que los delitos que afectan de forma generalizada a los ciudadanos, sociedad, industria, economía y a la soberanía del país, deben de ser costosos para quien lo comete, de forma que se puedan prevenir y se erradique la comisión de este tipo de ilícitos.
Por ello los suscritos diputados Jorge Antonio Kahwagi Macari y Leonardo Alvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a esta Honorable Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto.
En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, es cuando, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.
Publíquese íntegramente el documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con la opinión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el señor diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Joel Padilla Peña (PT): Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente: El suscrito diputado federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, propongo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta Asamblea para su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El propósito de estas reformas, es el establecer en nuestra norma fundamental que los integrantes de uno de los tres Poderes públicos, el Judicial, accedan al cargo a través de un proceso electoral en el que la población mexicana ejerciendo su voto libre, directo y secreto, los elija para ocupar dicho cargo.
La Corte Suprema de Justicia conforme a la Constitución de 1824, se integraba por once ministros distribuidos en tres salas.
El procedimiento de elección se establecía en los artículos 127 a 133, siendo un procedimiento de elección indirecta en donde la elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia, se hacía en un mismo día por la legislatura de los estados a mayoría absoluta de votos, según se establecía en el artículo 127.
En este procedimiento la Cámara de Diputados nombraba una comisión de un diputado por cada estado; los que tenían la misión de verificar la decisión de la legislatura de los estados y el individuo o individuos que reuniesen más de la mitad de los votos computados, por el número total de las legislaturas, se tendrían por nombrados sin más que declararlo así la Cámara de Diputados.
Como podemos advertir, en nuestra Constitución Federal de 1824 se establece un procedimiento indirecto de designación de los ministros de la Corte, en donde las legislaturas de los estados vota y la Cámara de Diputados únicamente validaba la decisión de las legislaturas.
Compañeras y compañeros legisladores: Para fundamentar la presente iniciativa, nos hemos remitido a las tres Constituciones federalistas que hemos tenido en nuestra historia: la de octubre de 1824, la de febrero de 1857 y la de febrero de 1917. En todas ellas se establece que: "El poder público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial". Estos son los tres Poderes públicos por medio de los cuales el pueblo ejerce su soberanía.
Por tanto si los titulares de los Poderes públicos Legislativo y Ejecutivo son electos por la población de manera directa, no encontramos razón alguna para que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puedan también ser electos por el mismo pueblo.
Recordemos que, atentos a las disposiciones de la Constitución de 1857, no obstante que éste era un procedimiento de elección indirecta, formaron parte de la Suprema Corte de Justicia insignes mexicanos como don Benito Juárez García, quien fue Presidente de la Suprema Corte de Justicia y que ante la ausencia de Ignacio Comonfort de la Presidencia de la República, pasara a ocupar dicho cargo. Otros destacados mexicanos que fueron integrantes de esta Corte lo fueron Santos Degollado, Miguel Lerdo de Tejada, Ezequiel Montes y José María Iglesias, entre otros.
"En el proyecto de Constitución de Venustiano Carranza envía al Congreso Constituyente de 1916 a 1917, propuso que el número de Ministros de la Corte fuera de 9, según se establecía en el artículo 94 y en el artículo 96 se establecía que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán nombrados por la Cámara de Diputados y de Senadores reunidas, celebrando sesiones del Congreso de la Unión y funciones de Colegio Electoral, siendo indispensable que concurran a aquellas las dos terceras partes cuando menos del número total de diputados y senadores, la elección será en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos.
"Hemos señalado en párrafos anteriores que, finalmente se estableció en el texto aprobado en el Congreso Constituyente en el artículo 94 que el número de Ministros lo sería de 21, contando con 5 Ministros Supernumerarios y que el nombramiento sería hecho por el Presidente de la República y sometido a la aprobación de la Cámara de Senadores.
"El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que al inicio del siglo XXI y a poco más de 180 años de haber tenido nuestra propia Constitución como nación independiente y máxime que la sociedad mexicana está en un proceso continuo de fortalecer el sistema democrático, es necesario abrir estos ámbitos de participación a la elección de los integrantes de los poderes públicos.
"Por ello proponemos la reforma al artículo 96, en donde se establezca que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán electos por el pueblo en los términos que señale esta ley electoral. Esto es, nos referimos al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual tendrá que ser adicionado para establecer esta modalidad de elección.
"Simultáneo a ese artículo proponemos eliminar del artículo 76 fracción II del Senado de la República de ratificar el nombramiento de Ministros.
"También proponemos que se elimine el artículo 78 fracción VII la ratificación que la Comisión Permanente hace de los Ministros.
"Es necesario, asimismo, derogar del artículo 89 la fracción XVIII que permite al Titular del Ejecutivo proponer al Senado la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia.
"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la presente iniciativa:
"Artículo primero.- Se reforma la fracción II del artículo 76, se reforma la fracción VII del artículo 78, se deroga la fracción XVIII del artículo 89, se reforma el décimo párrafo y se deroga el párrafo undécimo del artículo 94, se deroga el último párrafo del artículo 95, se reforma el artículo 96, se reforma el párrafo quinto del artículo 97 y se reforma el artículo 98, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 36.- Son facultades exclusivas del Senado ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, Agentes Diplomáticos, Cónsules Generales, Empleados Superiores de Hacienda, Coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales en los términos que la ley disponga.
"Artículo 94.- Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 6 años. Sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber por retiro.
"Artículo 95.- Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita.
"Artículo 96-- Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán electos mediante el voto universal, libre y secreto de los ciudadanos en los términos que se disponga en la Ley Electoral. Por cada Ministro propietario se elegirá un suplente, el que sólo podrá ocupar el cargo ante la ausencia temporal o definitiva del Ministro propietario.
"Artículo 97.- Cada dos años el pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el cual no podrá ser electo para el periodo inmediato posterior.
"Artículo 98.- Cuando hubiera la ausencia definitiva de un Ministro propietario y el suplente no pudiera tomar posesión del cargo, el mismo se considerará vacante y se deberá convocar a elección extraordinaria para cubrir la vacante.
"Transitorios.
"Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Segundo.- Los actuales Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cesarán en su función al tomar posesión los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación electos, en virtud de las disposiciones del presente decreto, mismos que estarán en funciones a partir del 4 de octubre del año 2006 al 3 de octubre del año 2012".
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil cinco.
Atentamente, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el de la voz, Joel Padilla Peña.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado Padilla.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El siguiente punto del orden del día es la Primera Lectura del dictamen relativo a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos del Reino de Dinamarca y del Reino de Marruecos; de la señora Martha María Sahagún Jiménez, Juan Francisco Rodríguez Montoya y el Embajador Enrique Hubbard Urrea, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Son de Primera Lectura.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la Segunda Lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, consulta la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la Segunda Lectura a los dictámenes y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Entonces se les dispensa la Segunda Lectura. Y consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura al decreto.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura al decreto, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se autoriza y se pide a la Secretaría poner a discusión los Proyectos de Decreto.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Está a discusión el siguiente Proyecto de Decreto.
"Proyecto de Decreto
"Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Elefante en Grado de Caballero, que le confiere el gobierno del Reino de Dinamarca.
"Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Guisan Almomandi (?) en Grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno del Reino de Marruecos.
"Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a trece de enero de dos mil cinco".
Firma la Comisión.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
No habiendo quien se reserve artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva entonces para su votación nominal en conjunto.
Continúe la Secretaría con el siguiente Proyecto de Decreto.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: "Proyecto de Decreto.
"Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Martha María Sahagún Jiménez, para aceptar y usar la Condecoración del Orden de Danebro (?) en Grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de Dinamarca.
"Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a trece de enero de dos mil cinco".
Está a discusión el presente decreto.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: No habiendo quien haga uso de la palabra, también se reserva para su votación nominal en conjunto.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el siguiente Proyecto de Decreto.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Está a discusión el siguiente Proyecto de Decreto.
ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al C. Juan Francisco Rodríguez Montoya, para que pueda y usar la Condecoración de la Legión de Honor, en grado de Oficial que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., 13 de enero de 2005.
Firma la Comisión.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: No habiendo quien haga uso de la palabra, también se reserva para su votación nominal en conjunto.
Otro proyecto.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Está a discusión el siguiente Proyecto de Decreto.
ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al ciudadano Embajador Enrique Hubbard Urrea, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Sikatuna, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Filipinas.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
México, D.F., 13 de enero de 2005.
Firma la Comisión.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: No habiendo a discusión y no habiendo quien haga uso de la palabra entonces proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este Proyecto de Decreto y los anteriormente reservados todo en un solo acto.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este Proyecto de Decreto y los anteriormente reservados todo en un solo acto.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación)
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Se emitieron 30 votos 1 por la negativa y 0 en contra, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobados en lo general y en lo particular por 30 votos los Proyectos de Decreto.
En consecuencia, pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Los siguientes puntos del Orden del Día son los dictámenes a discusión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria María del Carmen Mendoza Flores: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se autoriza. En consecuencia, se pide también a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria María del Carmen Mendoza Flores: Punto de acuerdo: Unico. Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Víctor Manuel Rodríguez Palacios.
Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Firma la Comisión.
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
Se va dar lectura al punto de acuerdo: Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Luis Vázquez Araiza.
Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente. Firman los integrantes de la Comisión.
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en su conjunto.
Punto de acuerdo. Unico. Se ratifica el grado de Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Daniel Baldemar Carrillo Velasco.
Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión. Firman los integrantes de la Comisión.
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en su conjunto.
Punto de acuerdo. Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Ricardo César Niño Villarreal.
Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión. Firman los integrantes de la Comisión.
Está a discusión este punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en su conjunto.
Punto de acuerdo. Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Jubentino Hernández Rea.
Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión. Firman los integrantes de la Comisión.
Está a discusión este punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en su conjunto.
Punto de acuerdo. Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Carmen Miguel Vázquez Espinosa.
Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión.
Está a discusión este punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en su conjunto.
Punto de acuerdo. Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Sergio Alejandro Villalobos López.
Dado en el sala de comisiones de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión.
Está a discusión este punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al punto de acuerdo del ciudadano Audino Rafael Solís Ruiz, como Coronel del Arma Blindada.
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el Grado de Coronel del Arma Blindada que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Audino Rafael Solís Ruiz.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con fecha 13 de enero de este año.
Firma la Comisión.
Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva también para su votación económica en conjunto.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: El siguiente punto de acuerdo es con relación al ciudadano Gilberto Luna Cruz, como Coronel de Infantería.
El punto de acuerdo es:
Único.- Se ratifica el Grado de Coronel de Infantería que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Gilberto Luna Cruz.
Firma la Comisión con la misma fecha 13 de enero.
También está a discusión el punto.
Si no hay quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: El siguiente punto de acuerdo es
Único.- Para ratificar el Grado de Coronel de Infantería que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Rafael Robles García.
Firma la Comisión, con fecha 13 de enero de este año.
Nuevamente está a discusión.
Si no la hay, se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: El siguiente punto de acuerdo, doy lectura:
Único.- Se ratifica el Grado de Coronel Ingeniero Constructor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Hiram Sergio Cárdenas Noble.
Sala de Comisiones de la Permanente.
Firma la Comisión del 13 de enero de este año.
Está a discusión, al no haberla, se reserva para la votación que se realizará en conjunto.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: El siguiente punto de acuerdo:
Se ratifica el Grado de Coronel Médico Cirujano, que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del ciudadano Sergio Enrique Amador González.
Firma la Comisión, con fecha 13 de enero del presente año.
Está a discusión.
Se reserva entonces, para su votación en conjunto.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: El siguiente punto es:
Único.- Se ratifica el Grado de Coronel Médico Cirujano, que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Ramón Arturo Valdés Espinosa.
Firma la Comisión con fecha 13 de enero del 2005.
Está a discusión.
Al no haberla, se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: El punto de acuerdo siguiente es:
Único.- Para ratificar el Grado de Coronel Médico Cirujano que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano René Reyes Barrera.
Firma la Comisión, con fecha 13 de enero, y si no hay discusión se reserva para su votación.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: El siguiente punto de acuerdo es:
Único.- Se ratifica el Grado de Coronel Medico Cirujano que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Raúl García Ramírez.
Sala de Comisiones de la Permanente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: Con los puntos de acuerdos mencionados, también se somete a discusión este punto de acuerdo y al no haberla, en votación económica se pregunta si se aprueba este último punto de acuerdo con los anteriores reservados.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
(Votación)
Gracias.
Quienes estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense al Ejecutivo.
Tiene la palabra la senadora Lydia Madero García, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión recibe con beneplácito la Firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés, signado el pasado 9 de enero de 2005 en Nairobi, Kenia.
La senadora Lydia Madero García (PAN): Con su venia, señor Presidente.
A nombre de la senadora Luisa María Calderón, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes:
Consideraciones
Después de diversas acciones emprendidas desde el año 2001 y apoyadas por los gobiernos de los Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña y Noruega, el 9 de enero de este año el gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés, dieron fin a 21 años de guerra civil con la firma de un acuerdo de paz.
Las múltiples aristas de este conflicto hacen aún más relevante este acuerdo de paz, ya que no sólo se tuvo la voluntad para resolver diferencias étnicas, religiosas y aquellas que tienen que ver con el control económico, sino también se tuvo la capacidad de ver que a largo plazo es mucho más costoso, en todos sentidos y para todos, mantener una guerra civil que llegar a acuerdos que representen beneficios para cada una de las partes.
La firma de un acuerdo de paz no significa necesariamente la ausencia de conflictos, pero sí significa que las partes tuvieron y tienen la voluntad para acordar, para negociar, para encontrar vías en donde todos los actores concuerden en un beneficio, lo que sin duda es el primer paso para concretar soluciones y llegar a un estado de equilibrio en todo el país sudanés.
Como ya lo mencionó el Secretario General de Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, el acuerdo marca el principio de un proceso y no el fin del mismo y sin duda, es una gran virtud reconocer que el enfrentamiento constante desgasta y que la política y no la guerra, es el ámbito de la generación de nuevas realidades y la posibilidad de articular voluntades al servicio del hombre, tal como lo han hecho las partes en conflicto.
Con esta firma se demostró que la política sí puede ser generadora de esperanza, que se puede esperar algo de ella, lo que eventualmente puede ser el detonador de la paz en la región Darfur, que actualmente se encuentra en crisis, es como otros hechos similares un evento del que podemos y debemos aprender y que merece nuestro reconocimiento.
Por estas consideraciones someto a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, recibe con beneplácito la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés signado el pasado nueve de enero del 2005 en Nairobi. Kenia.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, informa respetuosamente a este gobierno y al pueblo sudanés que seguirá atento a las acciones que lleven a un estado de paz y estabilidad duradera en todas las regiones de este país.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, miércoles 19 de enero del 2005.
Es todo, gracias señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: La solicitud es que sea de urgente resolución, ¿verdad?
Entonces consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario Arturo Nahle García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si la proposición se considera de urgente resolución.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Quienes estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Queda de urgente resolución y en consecuencia está a discusión la proposición.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutida.
Proceda entonces la Secretaría a consultar en votación económica si se aprueba la proposición.
El Secretario Arturo Nahle García: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Quienes se encuentren por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Quienes estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada y comuníquese.
Tiene la palabra el señor senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Administración Federal de Aduanas información.
El senador César Raúl Ojeda Zubieta (PRD): Con su permiso, compañero Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
LICONSA ha venido operando un programa de adquisición de leche nacional, cuyo objetivo más amplio es de acuerdo a sus reglas de operación en 2004, adquirir leche nacional a pequeños y medianos productores, así como a asociaciones y sociedades, para estar en posibilidad de contribuir a través de la industrialización y distribución al Programa de Abasto Social de Leche, al desarrollo de capacidades y a la disminución o prevención, en su caso, del déficit nutricional de la población atendida.
Los objetivos específicos en dichos programas reconocen de manera expresa la importancia de estimular la producción de leche nacional, al señalar, comprar en el mercado nacional leche fluida y en polvo conforme a los volúmenes y recursos financieros autorizados en el presupuesto para la entidad; adquirir leche de origen nacional, cuyo precio se encuentre en función de la oferta y la demanda de la producción nacional, promover la reducción en forma gradual y parcial de la importación de leche y reforzar, adaptar y mejorar la infraestructura de acopio, enfriamiento e industrialización de LICONSA.
Al amparo de dicho programa, LICONSA ha venido incrementando sus compras de leche fluida nacional que en el 2003 representaron ya el 18. y medio por ciento del total de leche comprada por esa entidad con un total de 183 millones de litros y que en el presente año se estima ascienda a una cantidad de 195 millones, de acuerdo con lo establecido en la fracción IV del artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos 2005, aprobada por el Congreso de la Unión; referido como disposiciones en materia de importación, producción y comercialización de leche, el Ejecutivo Federal creará las condiciones objetivas para asegurar un programa de sustitución de importaciones de leche en polvo y adquisición de leche y producción nacional, mediante el cual adquirirá leche fluida nacional a través de LICONSA durante todo el año por un volumen total de 200 millones de litros y adicionará la adquisición estacional de leche fluida de enero a agosto hasta por 400 millones de litros.
Este Programa de Sustitución de Importaciones de Leche en Polvo de Adquisición de Leche de Producción Nacional, cuyos elementos definitorios se describen en el mismo artículo sexto transitorio fracción IV, es favorable a la actividad lechera nacional que al contar con un mercado seguro para la colocación de su producto, se verá estimulada a incrementar la producción de leche y generará importantes beneficios directos a los pequeños y medianos productores, sus organizaciones gremiales y las empresas industrializadoras de lácteos que cuenten con el aval de las organizaciones gremiales de productores de leche que participen en el programa, para lo cual deberán estar registrados en el padrón de productores de leche de vaca y empresas participantes.
En este programa, el factor de estímulo a la producción, es el denominado "precio de compra al productor" que se determina añadiendo un peso al llamado "precio de referencia del programa". Este último se determina como el cociente entre el valor y el volumen de las importaciones totales del semestre comprendido de marzo a agosto de 2004 de leche en polvo entera que reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los reportes mensuales de importación, expedidos por la Administración General de Aduanas, más un 8 por ciento que se aplica al costo por concepto de "gastos de internación, de saduanamiento (¿), fletes y seguros en México", así está textualmente inscrito en el presupuesto y así está aprobada.
La preocupación de los productores se deriva de que han sido ya informados de que hay un precio de referencia que se va a aplicar a partir del primero de febrero, cuando no, todavía no se tiene esta información y por eso estamos pidiendo a esta soberanía aceptar un punto de acuerdo que nos va a permitir transparentar el respaldo que merecen los productores.
En tal virtud y en aras de abreviar el desarrollo de esta reunión, voy a poner a consideración a ustedes el siguiente punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución.
Punto de acuerdo:
Primero. Solicitar a la Administración General de Aduanas la información necesaria, de acuerdo al artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos 2005, para determinar el precio de referencia de la leche en el Programa de Sustitución de Importaciones y Adquisición de Leche de Producción Nacional y transparentar el precio de compra de leche al productor que estará vigente durante todo el año de 2005.
Segundo. Solicitar a la Secretaría de Economía la integración de un grupo de trabajo con la participación de la Secretaría de Hacienda y de los órganos productores.
En tal virtud señor presidente ruego a usted poner a consideración a esta Honorable Asamblea nuestra petición de que sea resuelto urgentemente.
Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto señor Senador.
Consulte la secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaría María Sara Rocha Medina: Por instrucciones del diputado presidente, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la Proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado presidente-
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se considera entonces de urgente resolución y estando a discusión, esta presidencia ha registrado para hablar en pro hasta por 3 minutos, al diputado José Luis Treviño Rodríguez.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez (PAN): Con su permiso diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El grupo parlamentario de Acción Nacional por supuesto que está a favor de esta propuesta.
Cuando inició esta LIX Legislatura, el precio que le pagaban a los productores, a los pequeños productores, era de 2.40. En la Legislatura pasada inició el programa de sustitución de leche entera por leche en polvo a través de LICONSA, en donde a través del Congreso se otorgaron 150 millones de pesos.
Cada litro de leche en polvo que ingresaba al país tenía un costo de 2 pesos; el espíritu de esto era que LICONSA a través del subsidio tuviera un peso adicional para comprar la leche a 3 pesos. Nada más había tres centros de acopio en todo el país, estaban en el distrito dos de Jalisco, en Lagos de Moreno, en San Miguel y en San Julián.
Lo que hicimos en esta Legislatura fue etiquetar 100 millones de pesos adicionales para fortalecer la red fría de producción de leche de los pequeños productores. Esto se hizo a través de la Comisión de Desarrollo Social, a donde pertenecía LICONSA. A través de esto a finales de este año vamos a poder contar con 40 centros de acopio, 16 de ellos en la zona de Los Altos de Jalisco.
Jalisco produce el 40% de la leche nacional y estará LICONSA a finales de este año, comprando 200 millones de litros en todo el país y 100 millones de ellos serán de Jalisco.
En relación a lo que comenta el compañero Senador, por supuesto que estamos de acuerdo, pero la fórmula ya está establecida, está establecida tomando en cuenta 7 parámetros, entre ellos el precio, el valor en dólares. Sí es cierto, necesitamos la información de aduanas, pero el precio que se está pagando actualmente es histórico, es de $3.67 la leche fría y de $3.50 la leche que no va en termos.
Yo sí quisiera aprovechar esta oportunidad para tomar conciencia todos, de que cuando hacemos el Presupuesto de Egresos, tenemos que tomar en cuenta factores importantes, porque de los 600 millones de pesos que etiquetamos en el Presupuesto de este año, para darle un precio objetivo a la leche, tenemos que estar pendientes de las reglas de operación.
Y en la subcomisión de la leche de la Comisión Especial de Ganadería, hemos propuesto que se haga un padrón de productores pequeños porque entonces lo que estaríamos haciendo es regalarles estos 600 millones a los empresarios que manejan lo de CANILEC. Estaríamos dándole estos recursos únicamente a los grandes productores que ya están beneficiados por las empresas.
Entonces pedirles a todos en el Senado y en la Cámara de Diputados, ver la posibilidad de hacer un padrón de pequeños productores para que a ellos les llegue el recurso. Y una vez que etiquetemos fortalecer la red fría, sea destinada para ordeñadoras, termos y pequeñas pipas que tanta falta hacen para los productores.
Se han descapitalizado los productores porque la ley de la oferta y la demanda nada más operó en los años pasados, cuando la leche estaba a la baja y nunca cuando estaba al alza.
Nosotros quisimos en la Legislatura anterior poner un impuesto especial a la producción, cuando usaran sustitutos de la leche, fórmulas lácteas, lo votamos en el Pleno, el grupo parlamentario del PAN estaba en verde, el PRI estaba en verde y el PRD estaba en verde. Y luego casualmente empezaron a cambiar la votación de verde al rojo, a través de una llamada que se hizo a un diputado. Y sí nos gustaría en esta ocasión, en este período que viene, retomar estos impuestos.
En Estados Unidos, por cada turista que entra cobran 4 dólares 50 para fortalecer a la Cenacica de allá para el riesgo zoosanitario. Nosotros también tendríamos que trabajar en el sentido de hacer leyes espejo para ver la posibilidad de que cada turista que ingrese al país pague una cantidad equivalente para fortalecer las aduanas que tan porosas están en el tema de los productos agropecuarios y defender el derecho que aprobamos de 290 pesos por cada tonelada de carne que entre el país y los subproductos de origen animal, que incluiría la leche en polvo porque ya viene el 2008 y nuestros productores deben de estar capacitados, deben de estar preparados y tener la infraestructura suficiente.
De esta legislatura depende que tengamos esa infraestructura, a través de Sagarpa, una Cenacica fuerte, y ver la posibilidad de que los desayunos escolares que se dan en este país sean utilizando leche entera de productores nacionales, en lugar de leche en polvo.
Dar el posicionamiento del Partido y agradecerles este espacio y que sepan que el grupo parlamentario de Acción Nacional, desde la anterior legislatura y en ésta, está preocupado en el tema del campo y en especial en este tema que nos afecta a los productores de los Altos de Jalisco. Muchas gracias.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.
Tiene la palabra el señor senador Esteban Angeles, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro también de la propuesta.
El senador Esteban Miguel Angeles Cerón (PRI): Gracias, señor presidente.
Compañeras y compañeros legisladores: he solicitado hacer uso de la palabra para manifestar el apoyo de mi fracción, el Partido Revolucionario Institucional, a este punto de acuerdo que plantea nuestro compañero senador Raúl Ojeda.
Lo hacemos plenamente conscientes de varias cosas que han sucedido fundamentalmente en los últimos tres años. Y lo primero que quiero destacar es la actitud que ha tomado nuestra colegisladora, la Cámara de Diputados, en una clara actitud de defensa hacia el sector agropecuario de nuestro país.
Para nadie es desconocido que los problemas no solamente de los lecheros sino de los productores de carne, de los productores de maíz, de los productores de cebada, de los productores de café son variados, son intensos y que el campo está sumido en una severa crisis.
Los pequeños y medianos productores de leche, que en este caso se verían beneficiados con el apoyo directo de un subsidio, efectivamente creemos que es importante que se precise, a través de las determinaciones que un grupo especial de trabajo que se conforme y en el que participen la Secretaría de Hacienda y en el que participe también, desde luego, la Secretaría de Agricultura, junto con los productores y los legisladores, sería un evento desde luego de una gran utilidad.
Se ha planteado la necesidad de conocer la información. Creo que esto es algo medular y que debe recalcarse en la solicitud del punto de acuerdo que hoy se presenta. La falta de información da pie a que se puedan manejar de manera discrecional los recursos presupuestales, y eso no se debe permitir.
Por lo tanto, por estas razones quiero manifestarles a ustedes nuestro apoyo a este punto de acuerdo de nuestro compañero, el senador Raúl Ojeda. Muchas gracias por su atención.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor senador.
Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutida la proposición y solicito a la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Por la afirmativa la mayoría, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada. Comuníquese.
Tiene el uso de la palabra el señor senador Doroteo Zapata García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación a las obras y concesiones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El senador Jorge Doroteo Zapata García (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores: Como es de todos conocido, desde hace ya bastante tiempo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está siendo sometido a diversas obras de remodelación y ampliación, con objeto, se nos ha dicho, de mejorar sus servicios.
No obstante, esto es algo que difícilmente se está logrando en estos momentos, ya que más bien pareciera todo lo contrario, dadas las enormes molestias que las interminables obras han ocasionado no tan sólo a los viajeros, a las aerolíneas y a los muchos prestadores de servicios, sino también al tránsito vehicular y particularmente a todas las personas que habitan en las zonas aledañas.
No es la primera vez que los legisladores del PRI nos ocupamos de este serio problema, ya que en el mes de noviembre del año próximo pasado mi compañero el senador Fernando Gómez Esparza, presentó un punto de acuerdo solicitando la celeridad de las obras con la finalidad de minimizar todas las molestias descritas.
Desafortunadamente hasta ahora las autoridades federales encargadas de la ampliación de la terminal aérea, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, han hecho caso omiso tanto a nuestros reclamos como a las justificadas quejas de la ciudadanía.
De acuerdo con el Departamento de Comunicación Social de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, dichas obras de remodelación y ampliación se deberán concluir en su totalidad en el segundo semestre del año en curso. Sin embargo nuestra percepción y la de todos los usuarios del Aeropuerto, es en el sentido de que hay un gran retraso y mucha desorganización.
Aunado a lo anterior en este año comenzará la construcción de la segunda terminal aérea, la cual forma parte del Programa denominado: "Acciones para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios del Centro del País".
En mi partido, el Revolucionario Institucional, estamos conscientes de que estas acciones representan un respiro que ayudará a descongestionar la estructuración actual del Aeropuerto de la Ciudad de México. Y a pesar de que no estamos menoscabando lo realizado, sí consideramos que sólo se trata de soluciones momentáneas y no a largo plazo que es lo que en realidad se necesita para afrontar esta problemática.
Adicionalmente existe otro factor en juego que es de gran importancia y que también a los priístas mucho nos preocupa. Me refiero a la poca claridad que se tiene sobre las licitaciones que el gobierno federal ha otorgado tanto para estas obras de remodelación como las de la construcción de la llamada: "Terminal II". Y sobre todo con respecto a las concesiones para su operación, para el usufructuo de los locales comerciales, así como de los servicios a particulares.
Es evidente que no se cuenta con información detallada sobre la concesión que ya se dio para el manejo y administración del Aeropuerto de la Ciudad de México y sobre los proyectos para vender las líneas aéreas nacionales, mucho menos con respecto a las concesiones y franquicias que se darán para el usufructuo de locales comerciales y la prestación de servicios con motivo de la ampliación del aeropuerto ni la construcción de la nueva terminal, a quiénes es que se está concesionando qué sucederá con las que a al fecha están operando.
Compañeras y compañeros legisladores: Lamentablemente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el más importante del país y uno de los de mayor tráfico en el mundo, se encuentra sumido desde hace ya varios meses, en una profunda crisis de organización, vialidad, acceso y caos aeroportuario, lo que ha afectado a millones de usuarios nacionales y extranjeros.
Peor aún, existe un total desconocimiento sobre los proyectos del gobierno federal para vender las líneas aéreas nacionales y sobre las múltiples concesiones y franquicias que aparentemente se encuentran fuera de todo control gubernamental.
Por todo lo anteriormente expuesto me permito presentar ante ustedes la siguiente proposición con
"Punto de Acuerdo:
"Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cite a comparecer en Comisiones al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para que proporcionen información detallada y precisa sobre el procedimiento que se siguió para concesionar la operación y administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la participación accionaria de cada una de las partes, así como el proyecto que existe para vender las líneas aéreas nacionales.
"Segundo.- Asimismo para que informe en esta soberanía sobre la metodología relativa a las licitaciones y concursos para adjudicar las obras en la actual terminal aérea y la terminal dos, y el estado actual que guardan dichas obras, incluyendo los tiempos precisos de finalización y entrega.
"Tercero.- De igual manera, con objeto de que rindan un informe exhaustivo que aclare el otorgamiento y uso de concesiones y franquicias para locales comerciales y prestación de servicios en ambas terminales".
Señor Presidente:
En virtud de la prioridad del tema solicito se someta a consideración de este pleno su aprobación como un asunto de urgente resolución.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Como no señor Senador.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución, como lo ha solicitado el senador Zapata García.
La Secretaría María del Carmen Mendoza Flores: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se considera de urgente resolución y estando a discusión se ha registrado para hablar en pro de la proposición el señor diputado Arturo Nahle.
El diputado Arturo Nahle García (PRD): Gracias ciudadano Presidente.
Las legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del PRD en esta Comisión Permanente vamos a votar a favor del punto de acuerdo que se ha presentado, porque consideramos verdaderamente necesario, urgente incluso, esta información por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y específicamente por parte de la Dirección de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay más de 250 espacios concesionados a diversas empresas para explotarse con propósitos publicitarios. Estos espacios se alquilan de 15 y hasta 50 mil pesos cada uno. ¿Cómo obtuvieron las empresas que explotan estos espacios, cómo obtuvieron la concesión para ese propósito por parte de la Dirección del Aeropuerto? No fue, no fue a través de una licitación pública. Queremos por lo tanto que se venga a informar a esta Cámara sobre ese caso en particular.
También en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay una enorme superficie que se alquila a diversos locatarios con propósitos comerciales, tanto en el área nacional como en el internacional. Estos espacios, el más barato se alquila en 2 mil pesos mensuales el metro cuadrado. ¿Quién alquila esos espacios? Una empresa, una empresa que se llama FUMISA. Una empresa que era propiedad de un señor de apellido Jaquim, hoy es propiedad, la mayor parte de las acciones, de extranjeros, concretamente de españoles y venezolanos.
Y si hablamos de los contratos asignados para la ampliación de la terminal, nos vamos a encontrar con situaciones similares. Tan es así, y por eso consideramos oportuno hacer uso de la palabra, que apenas antier, apenas antier, fue destituido el Director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Enrique González y González.
Creo que sería bueno que ante esta soberanía nos pudiera platicar el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Director de ASA, sobre estos movimientos de personal, de funcionarios, pero sobre todo en relación al otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de espacios con propósitos comerciales, como los relacionados con la construcción y la ampliación de la referida terminal.
Por todo ello, insisto, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de la propuesta.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutida la proposición.
Consulte entonces la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria María del Carmen Mendoza Flores: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Entonces está aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el señor senador Rafael Melgoza Radillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, un informe respecto al avance del Programa de Protección Civil en las líneas de acción referidas a sismos.
El senador Rafael Melgoza Radillo (PRD): Gracias, señor Presidente.
El sismo y posterior maremoto que tuvo lugar el 26 de diciembre del 2004 en los países asiáticos, nos obliga a preguntarnos con la mayor seriedad si en México contamos con los programas de protección que permitan prevenir una tragedia de tales proporciones.
La pregunta no es ociosa. México es un país sísmico, donde el 85 por ciento de los movimientos telúricos ocurren en la costa del Océano Pacífico por su ubicación sobre la Placa de Cocos, de modo que aún cuando el sismo que azotó el sureste de Asia liberó 30 veces mayor energía que el sismo de 1985 en México, nuestro país no está ni ha estado exento de sufrir maremotos de magnitudes catastróficas para las poblaciones de las costas.
De conformidad con la información que han dado los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, aún cuando nuestro país pertenece al Sistema Internacional de Monitoreo de Tsunamis, el territorio mexicano no cuenta con sensores de presión y bollas de monitoreo en mar abierto, que puedan dar una alerta temprana sobre el riesgo de un maremoto en costas nacionales.
De este modo, el equipo con el que se cuenta no tiene como objetivo principal el de proteger a la población, sino realizar investigación académica y de actualización de las redes de datos mundiales que dan seguimiento a estos fenómenos.
Con preocupación observamos la advertencia de los especialistas del Servicio Mareográfico Nacional, operado por la UNAM, respecto de la necesidad que tiene nuestro país de ampliar los sistemas de medición, con el objeto de mejorar la protección de los habitantes que viven en las costas, así como el tener la capacidad de transmitir esta información a las autoridades correspondientes.
Sabemos entonces que el equipo con el que se cuenta no está diseñado para monitorear maremotos, sino que es un sistema general para estudiar las costas y las variaciones el nivel del mar en territorio mexicano, el cual se puede utilizar en el caso de los tsunamis si se enfoca en una primera fase a las zonas con mayor posibilidad de padecerlos, como Jalisco, Michoacán y Colima. No obstante, no considera todos los litorales como el Océano Pacífico, Golfo de México y el Mar Caribe, ni prevé estrategia alguna de colaboración entre las diferentes instituciones que registran los sismos, el nivel del mar y el propio gobierno federal.
Al respecto, se debe señalar que tampoco el Servicio Sismológico Nacional cuenta con los mejores equipos. El objetivo principal del Servicio Sismológico Nacional es el de proporcionar información oportuna sobre la ocurrencia de sismos en el territorio nacional, determinar sus principales parámetros, como son la magnitud y el epicentro, y mejorar la capacidad de evaluar y prevenir el riesgo sísmico y volcánico a nivel nacional.
Sin embargo, siete de las nueve estaciones sismológicas mecánicas que fueron instaladas entre 1910 y 1913, siguen en funcionamiento de esa fecha hasta ahora, aun cuando en 1992 se inició la modernización de la red sismológica nacional.
Actualmente el Servicio Sismológico Nacional cuenta con cerca de 50 equipos para el registro de temblores, que operan en tres redes, la pregunta es, ¿hasta dónde la falta de equipo si el uso de viejas tecnologías limitarían la detección oportuna de un sismo que cause, a su vez, un maremoto en las costas mexicanas por parte de los servicios sismológicos y mareográfico nacional?
A lo anterior debe sumarse, que el Programa Nacional de Protección Civil 2001-2006, no consideró en sus líneas de acción, medida alguna relacionada específicamente con los maremotos. El programa en comento señala, que se elaboraría e implantaría un programa especial de protección civil, para sismos que incluiría estrategias, proyectos y procesos, encaminados a la prevención y mitigación del riesgo, a la atención de la emergencia, a la recuperación y reconstrucción, así como a la vinculación social.
Que se concluirían los trabajos de modernización de la red de observación sísmica en México, para integrarlos en una red sísmica mexicana, que se gestionaría la obtención de recursos suficientes para el equipo y monitoreo permanente de los volcanes activos del país, y que se promovería el mejoramiento del sistema de alerta sísmica.
Ninguna de éstas considera qué ocurriría en caso de maremoto en las costas mexicanas y en todo caso la información que ha dado hasta ahora el Ejecutivo federal, es que la actuación en caso de desastres, ha sido resuelta satisfactoriamente en eventos pasados.
En tanto la responsabilidad de la operación técnica del Sistema de Protección Civil recae en la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, órganos que tienen sus principales funciones, la de realizar actividades de investigación, capacitación y difusión acerca de fenómenos naturales, que pueden originar situaciones de desastre así como acciones para reducir y mitigar los efectos negativos de tales fenómenos.
Es preciso que éstos informen cuál es el avance de esas líneas de acción y si éstas están relacionadas en la delimitación del grado de riesgo del sismo y maremoto que existe en nuestras cosas y las medidas para atenuar sus efectos.
Es por ello que presentamos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Gobernación que a través de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, informe respecto del avance del Programa de Protección Civil 2001-2006, en las líneas de acción referidas a sismos.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, a diseñar un programa para la actuación temprana, en casos de maremoto en las costas del país.
Señor Presidente, le ruego atentamente se sirva turnar la presente propuesta a la Primera Comisión de esta Comisión Permanente para su dictamen.
Muchas gracias
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese al Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente la proposición con Punto de Acuerdo del Senador Rafael Melgoza Radillo.
El siguiente punto de la Orden del Día es un Punto de Acuerdo que ha retirado la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra para presentar un Punto de Acuerdo el Senador Rafael Melgoza Radillo, sobre el proceso electoral en el estado de Guerrero.
El senador Rafael Melgoza Radillo (PRD): Gracias señor Presidente otra vez.
La presente proposición con punto de acuerdo debo informar, la presento a nombre propio y de la senadora Leticia Burgos y del senador Armando Chavarría.
El proceso electoral que hoy enfrenta el estado de Guerrero para renovar al Poder Ejecutivo estatal el próximo 6 de febrero, es de singular relevancia para la consolidación democrática en la entidad, ese proceso se caracteriza por una intensa competencia entre las principales fuerzas políticas de esa entidad, el cual estamos llamados a cuidar y alentar a efecto de que la ciudadanía pueda ejercer con plena libertad su decisión de votar por la opción de su preferencia sin presión alguna.
Está visto que aún existen resabios del manejo político de los programas sociales de gobierno en los procesos electorales, tanto de carácter federal como estatales y por ello se han tenido que crear instituciones como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y se han promovido convenios de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social para combatir esas prácticas censurables.
En pasados procesos electorales tanto de carácter federal como local, se han emprendido acciones extraordinarias de control por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y la Procuraduría General de la República, que han sido positivas, sin embargo, las consideramos aún insuficientes, por lo que debe de exhortarse a todas las secretarías de Estado que ejercen programas sociales para que intensifiquen la difusión sobre la prevención de delitos electorales y se garantice el establecimiento en las mesas de recepción de denuncias en todas las cabeceras municipales, a fin de dar certeza y confianza al proceso electoral.
Recientemente, en el estado de Guerrero se dieron a conocer acciones a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social en el Programa OPORTUNIDADES, las cuales consideramos positivas pero aún limitadas igualmente, toda vez que estamos ante un numeroso conjunto de programas que otras secretarías de Estado ejercen, como es el caso del Programa de Fertilizante de Alianza para el Campo o los de Vivienda y de Vivienda Rural, entre otros, que deben ser manejados con absoluta institucionalidad.
Por otra parte, resulta insuficiente el anuncio del establecimiento de mesas de recepción de denuncias en las 6 oficinas regionales de la PGR; se requiere de toda la colaboración y voluntad de las demás secretarías de Estado para instalar mesas de denuncia en cada uno de los municipios del estado y facilitar a la ciudadanía el acceso a la información y los procedimientos relativos a la prevención, denuncia y sanción de cualquier coacción de carácter política electoral de que sean objeto los beneficiarios de los programas sociales.
No debe haber pretexto para que los ciudadanos de Guerrero sean informados adecuadamente sobre las sanciones a que se hace acreedor cualquier servidor público, dirigente o ciudadano que cometa algún delito por el uso electoral de los programas sociales.
El próximo 6 de febrero estarán a prueba las instituciones del Estado, la buena marcha de la jornada electoral de ese día depende de la certidumbre y confianza que se brinde a los ciudadanos sobre la legalidad y limpieza del proceso electoral.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea como asunto de urgente u obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta a las diversas secretarías de Estado, especialmente a la de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de Economía; a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, así como a las dependencias del Gobierno estatal involucradas en la ejecución de programas sociales, a que establezcan mesas de recepción de denuncias relativas al uso indebido de dichos programas, en cada uno de los municipios del estado de Guerrero.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en el marco de sus atribuciones, evalúe la pertinencia de ampliar la difusión de información relativa a la prevención de los delitos electorales en que pueda incurrir cualquier servidor público, dirigente político o ciudadano en particular, durante el citado proceso electoral en el estado de Guerrero. Es todo, señor Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola (PRI): Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución la propuesta del senador Rafael Melgoza.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: Con mucho gusto, señor Presidente.
Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica consulto a esta asamblea si autoriza, si está por la afirmativa para que la urgente y obvia resolución de la proposición del senador Melgoza sea considerada con este carácter.
Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo.
(Votación)
Gracias.
Quienes estén por la negativa.
(Votación)
No se considera de urgente y obvia resolución.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Desechada la propuesta.
Habiendo recibido una votación de mayoría en contra, se turna esta propuesta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de Senadores.
Como siguiente punto de la orden del día, tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo por el que se solicita información a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos sobre el Estado actual en que se encuentra la totalidad de la red de ductos de Petróleos Mexicanos.
El diputado Víctor Manuel Alcerrera Sánchez (PRI): Con su venia, señor Presidente.
Señoras y señores legisladores:
Como es de su conocimiento, el pasado día 22 de diciembre, Petróleos Mexicanos tuvo un accidente en la estación de bombeo Mazumeapan, en el Estado de Veracruz, que ocasionó la reprensión (?) y ruptura de un oleoducto de 30 pulgadas, provocando el derrame de aproximadamente 5 mil barriles de hidrocarburos al Río Coatzacoalcos.
El pasado día 10 de enero, 12 diputados federales de las Comisiones Investigadora del daño Ecológico y Social generado por PEMEX, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, previa obtención de información relativa al asunto, visitamos el área afectada en las cercanías de la terminal Marítima de Pajaritos y de la Población de Nanchital, constatando los avances en los trabajos de recuperación del crudo derramado y de limpieza del río, De las labores emprendidas para atender las diversas demandas sociales y económicas derivadas del accidente y los esfuerzos de coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno y diversos sectores involucrados.
Una primera y somera evaluación de los hechos, nos indican las siguientes cifras:
La afectación de 11.3 kilómetros de la margen sur del río Coatzacoalcos, afectación a manglar en aproximadamente un kilómetro de largo por 2.5 metros de ancho, que ha dado lugar a 11 mil metros cúbicos de material orgánico impregnado y 105 metros cúbicos de suelo saturado por el hidrocarburo.
A la afectación de alrededor de 400 pelícanos y reptiles mayores de la región y a las playas de Coatzacoalcos de la Colonia Allende, del Arroyo Tepeyac y la Laguna de Pajaritos, así como la afectación a 173 casas y a los diversos sectores económicos de la región, entre ellos 769 agremiados de cooperativas pesqueras y a la necesidad de atención médica especializada a más de 700 personas.
Dichas afectaciones consecuencia de uno más de los percances de la actividad de PEMEX, se deben en gran parte a que la gran mayoría de los ductos y poliductos fueron construidos y puestos en operación hace más de dos décadas, habiendo algunos agotado su vida útil y los restantes observan diversos grados de deterioro que obligan a operarlos en condiciones no satisfactorias y con medios de control no automatizados que ponen en riesgo su operación.
Aunque a nadie escapa que la empresa ha sido la caja grande de las finanzas públicas y que sus utilidades han sido empleadas como fuente de financiamiento del desarrollo nacional, dejándola con un mínimo de margen para nuevas inversiones, no existe explicación por parte de las autoridades de la paraestatal para no llevar a cabo el mantenimiento requerido de la red de ductos a nivel nacional.
Es muy diferente hablar de nuevas inversiones que permita la expansión del sector, a los gastos que la empresa debe realizar para mantener en buen estado todas y cada una de las instalaciones.
Por las razones antes expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito, colegas legisladores, someter a su consideración la siguiente proposición de urgente y obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al ingeniero Luis Ramírez Corzo, Director General de Petróleos Mexicanos para que en su próxima comparecencia ante esta H. Cámara de Diputados, relacionada con los acontecimientos del 22 de diciembre, presente un informe detallado de los avances en el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación establecidas por la autoridad ambiental competente y las tareas que se deberán emprender en las próximas semanas en relación al accidente ocurrido en el Río Coatzacoalcos.
Segundo. De igual manera, a que presente un diagnostico pormenorizado, acompañado del programa de acción priorizado y presupuestado correspondiente, para atender la infraestructura operativa de la red de oleoductos y poliductos que implique riesgos eminentes a la población, al medio ambiente, y los recursos naturales en todo el país.
Tercero. Se exhorta también a que presente un informe detallado de los resultados de las auditorías ambientales practicadas durante los dos últimos años a la infraestructura operativa en plantas industriales y red de ductos, donde existan riesgos inminentes para la población, al medio ambiente y los recursos naturales.
Se suscribe por doce miembros de las comisiones investigadoras del daño ecológico y social, generado por PEMEX, medio ambiente y recursos naturales y de energía, incluido el de la voz y con el apoyo y firma también de todos los legisladores del grupo parlamentario del PRI y del Partido Verde Ecologista en esta Comisión Permanente.
Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución la propuesta del diputado Víctor Alcerreca.
El Secretario Arturo Nahle García: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento y en votación económica se consulta a la asamblea si la propuesta se considera de urgente resolución.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Quienes estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.
Se abre el registro de oradores.
Ha solicitado el uso de la palabra la senadora Lydia Madero para hablar en pro de la propuesta y el diputado Martín Vidaña, también para hablar en pro de la propuesta.
Tiene la palabra la senadora Lydia Madero.
La senadora Lydia Madero García (PAN): Gracias señor Presidente, con su venia.
Compañeras y compañeros legisladores:
Una vez más discutimos el delicado asunto de las instalaciones de PEMEX. Hace algunos días, en anteriores ocasiones exigíamos a las autoridades de la paraestatal, información directa relativa al lamentable accidente ocasionado en el estado de Veracruz y estamos atentos a la respuesta de la paraestatal.
En las anteriores ocasiones, subrayábamos la obligación que tiene Petróleos Mexicanos de garantizar la seguridad de la población que habita en el entorno a las instalaciones, ya sean refinerías, ductos, estaciones de distribución, pozos, etcétera. De hecho la Comisión Especial que actualmente conformamos en el Senado de la República, para la investigación del robo y adulteración y comercialización ilícita de gasolina, está atenta a las acciones encaminadas por la paraestatal en este sentido y a las condiciones que guardan los ductos y las instalaciones de Petróleos Mexicanos.
Pero también, anteriormente comentábamos el hecho de que la seguridad tiene un precio y que las instalaciones, sobre todo la red de ductos de más de 8 mil kilómetros, ha sido objeto del uso intensivo a lo largo de mucho tiempo y como ya lo refirió el diputado, están en condiciones que requieren revisión y restauración en muchas de las instalaciones.
Sin duda, Petróleos Mexicanos está obligado a mantener programas de mantenimiento a sus instalaciones y programas de seguridad a las mismas, también está obligado a garantizar la seguridad de los ciudadanos y el medio ambiente.
Evitar cualquier riesgo es una labor de primera importancia, pero no olvidemos que la seguridad y el mantenimiento tiene un costo y el Congreso tiene las facultades necesarias para incrementar la capacidad de la seguridad de la empresa.
La carencia de los recursos, es un motivo más de preocupación no sólo para evitar accidentes en la red de ductos, sino para la viabilidad misma de la institución. Este año el presupuesto de la paraestatal –insistimos- se redujo en más de mil millones de pesos, mientras que la renovación de las instalaciones obsoletas o inseguras requiere de una inversión cuantiosa; recursos con los que no cuenta el país y de los que carece la paraestatal y debido a su régimen fiscal, no puede proveerse.
Mientras PEMEX continúe aportando el 35 por ciento al gasto público, del gasto público, condenamos a la empresa a un desgaste innecesario, ya que su infraestructura se desgaste (¿) y pierda paulatinamente competitividad. Ello implica seguramente la pérdida de capacidad y recordemos que el costo de extracción del barril de petróleo crudo se ha incrementado alrededor de siete dólares en la zona de "Cantarell", como ejemplo.
Los legisladores de Acción Nacional, estamos de acuerdo en que las autoridades informen a la brevedad posible la situación que guardan las redes de ductos, pues es una medida para prevenir o al menos reducir estos accidentes; sin embargo, mantengamos presente la reflexión de que está en manos del Congreso la posibilidad de ampliar los recursos para PEMEX.
Postergar las modificaciones del régimen fiscal de la empresa, ha puesto en riesgo la viabilidad a mediano plazo.
Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Tiene la palabra el diputado Martín Remigio Vidaña, para hablar en pro de la proposición.
El C. Diputado Martín Remigio Vidaña Pérez (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeros y compañeras legisladores:
Como veracruzano y legislador, considero justo y necesario las medidas tomadas en este asunto ante la propuesta, el punto, del diputado Victor Alcérreca y las consideraciones de la senadora Lydia Madero.
Petróleos Mexicanos, ha tenido, tiene y tendrá, la responsabilidad de cumplir con todos y cada uno de los puntos que se acuerdan en las Comisiones, en el caso muy particular, las Unidas de Ambiente, Recursos Naturales y de Energía, las cuales visitaron la zona afectada en el estado de Veracruz el pasado 10 de enero. Los diversos informes y diagnósticos serán de gran utilidad para lograr comprender la magnitud de los daños y prevenir accidentes futuros.
De 1997 al 2002, la paraestatal encabezó la lista de emergencias ambientales de acuerdo con estadísticas de la PROFEPA; de 4,079 emergencias registradas en el país, 1,479 fueron responsabilidad de la paraestatal PEMEX.
Veracruz, Tabasco y Campeche, son las entidades donde sucede más del 80 por ciento de los accidentes más frecuentes, debido al deterioro de las instalaciones y falta de recursos para el mantenimiento de las mismas.
PEMEX-Refinación, Exploración y Producción, son las instancias que aglutinan el 90 por ciento de los expedientes donde se han dado accidentes por derrame de hidrocarburos, que ha sido la principal causa de emergencia. Las otras causas del 40 por ciento, han sido por otras situaciones.
En el estado de Veracruz se concentra una gran infraestructura de la paraestatal: producción explotación, transportación, conducción y de igual manera se dan accidentes como el fortuito que antecede al derrame en el Río Coatzacoalcos, donde la paraestatal es responsable.
De junio de 2001 a la fecha en nuestra entidad ha habido 17 fugas y accidentes que han impactado tanto al medio ambiente como a los sectores poblacionales, generando pasivos ambientales que en la mayoría de los casos está pendiente de atender y resolver PEMEX.
Se presume que de los 54 mil kilómetros de ductos, oleoductos, gasoductos que existen, muchos se encuentran obsoletos. Lleva muchas décadas brindando el servicio a los mexicanos y la falta de recursos ha permitido que haya un mantenimiento inadecuado; lo que provoca mayores riesgos en las entidades y la población.
Sin embargo los veracruzanos por ello no conocemos las dimensiones de los riesgos que esto entraña. No se exagera - como se dice- que Veracruz como algunas otras entidades, tiene una amenaza permanente.
Es por ello que los diputados federales veracruzanos apoyamos este Punto de Acuerdo, ello coadyuvará a los trabajos que realizan diversas comisiones de legisladores, independiente de velar por la seguridad de todos y cada uno de los conciudadanos mexicanos. Y además es preciso para nosotros que en el análisis y la auditoría, se nos pueda permitir conocer el monto que requiere la paraestatal en términos reales, para iniciar el mantenimiento adecuado de la red de ductos en varios años, para poder etiquetar recursos suficientes.
Pero de igual manera, y concluyo, ya los diputados en esta LIX Legislatura, en el periodo ordinario pasado, tuvimos la oportunidad de por unanimidad, aprobar un régimen fiscal diferente para PEMEX, que se encuentra en el Senado y exhorto a todos y cada uno de los senadores de los distintos partidos incluyendo obviamente a los priístas que es el mío, a que revisen, analicen y sobre todo ojalá tengan oportunidad de apoyar ese nuevo régimen fiscal que va a servir para que la paraestatal tenga suficientes recursos, sino cuando menos suficientes para iniciar lo que será la rehabilitación de todos los ductos del país de la paraestatal.
Por lo anterior, como veracruzano, como priísta y como legislador, estamos de acuerdo en la propuesta y el punto de Victor Alcérreca y el adicional de la Senadora Lydia Madero. Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Esta presidencia consulta a la asamblea si autoriza que se le otorgue el uso de la voz al Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en razón de que en los términos del artículo 122 del Reglamento Interior, que dispone que cuando se habla en pro sólo intervendrán hasta 2 oradores.
No existiendo inconveniente, tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Ojeda Zubieta.
El senador César Raúl Ojeda Zubieta (PRD): Muchas gracias compañero presidente y muchas gracias a mis compañeras y compañeros legisladores, que nos permiten al Partido de la Revolución Democrática, fijar una postura sobre este tema que es recurrente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.
La capacidad que tiene PEMEX de atender sus responsabilidades y los daños que por una u otra razón permanentemente sufren las entidades donde el impacto petrolero es a todas luces muy importante.
Nosotros ya oportunamente fijamos una postura, inclusive determinamos todos nosotros que esta Permanente citara al director de la paraestatal a que nos explique. Y ahí también señalábamos que queríamos conocer cuál era el estado que guardaba el Sistema Nacional de Ductos.
Nos preocupa el que se argumente en un momento dado y con todo respeto lo señalo, que es la falta de recursos lo que impide la atención del mantenimiento o la sustitución en su caso, de entre otros elementos, de los ductos de la paraestatal. Yo quiero recordar que por ejemplo en el 2004, en el flujo de efectivo, PEMEX tuvo una disponibilidad final de 33 mil 760 millones de pesos, lo que nos permite pensar que un programa de mantenimiento efectivo podría ir de manera paulatina incorporando este flujo de efectivo.
En el presupuesto de 2005 inclusive, aunque fue modificado de manera importante, y desde mi punto de vista de manera responsable por esta Cámara de Diputados, se prevé un superávit de organismos y empresas de control del orden de los 100 mil 938 millones de pesos, que creo se redujo al orden de los 60 mil.
Entonces sí hay recursos para atenderlos. El problema, creo yo, es que hay una ligereza en la forma de atender esta problemática.
El día de hoy, por ejemplo, en nuestra región, en Tabasco, lugar de origen de Pepe Toño de la Vega, diputado por Acción Nacional, la Profepa clausuró el ducto de Pemex en Cul…; generó un derramo de 11 mil 200 litros y que impactó dos hectáreas de pastizales, dice, la paraestatal. Y el delegado de la Profepa, Ramiro Berrón dice que se tomó la decisión de clausurarlo al detectar irregularidades de Pemex, ya que no presentó el estudio de riesgo ambiental, que era un requisito indispensable para efectuar actividades altamente riesgosas, además de que no contaba con seguro ambiental ni programa de prevención de accidentes. Además, señala la Profepa que desde el 2002 inició un procedimiento contra la paraestatal, sin que hasta la fecha se haya respondido.
Agrega que, según las investigaciones, ese hecho se derivó por la falta de mantenimiento, además de que el material excedió su vida útil, lo que no ofrece condiciones de seguridad necesarias para que el ducto continúe en funcionamiento.
Esto para refrendar la postura de todos nosotros. Yo aquí identifico una preocupación colectiva –Convergencia, Partido Acción Nacional, PRI y PRD—pero tendremos que ser muy objetivos.
No hay aquí, no podemos invocar la falta de recursos. Hay recursos, hay demás modelos para transferir, cuando hubiera excedentes, a alguna de las áreas; estamos convencidos de que necesitamos una reforma profunda para que Pemex pueda tener un régimen fiscal que le permita un crecimiento.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Un momento, señor orador. El senador Esteban Angeles desea hacerle una pregunta. ¿La acepta?
El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Todas las que quiera hacer.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Adelante, señor senador.
El senador Esteban Miguel Angeles Cerón (PRI): Señor senador, de acuerdo con lo que usted está diciendo en el sentido de que en los estados financieros existía disponibilidad y partiendo del hecho de que en cualquier sistema administrativo de una empresa como Pemex deben preverse los recursos suficientes para dar mantenimiento a todo este sistema nacional de ductos, que posiblemente no estén deteriorados no solamente en el Golfo sino también en todo el país, ¿cree usted que este deterioro pueda ser intencional para demeritar la situación de Petróleos Mexicanos? Gracias.
El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Gracias a usted compañero senador Angeles. Con todo respeto, yo parto de una posición que sabe de la responsabilidad de todos los mexicanos que prestan sus servicios en cualquier dependencia pública y sé que nadie, en uso cabal de sus sentidos, estaría pensando generar un escenario catastrófico para inducir una toma de decisión o crear la impresión colectiva de que es la falta de una legislación, por ejemplo, la que está generando estas situaciones.
Aquí está muy claro. Dice, por ejemplo, que en 54 kilómetros de largo y 16 pulgadas de diámetro presenta corrosión en la parte externa del tramo. O sea, esto es muy grave; hay programas de mantenimiento, hay recursos asignados para el programa y aparte hay este superávit que aquí está –son datos de la paraestatal—que bien pudieron haberse aplicado.
Hay un reclamo permanente de la Secretaría de Hacienda de dejar siempre una reserva, pero evidentemente ninguna reserva puede permanecer si con ello está en riesgo la seguridad, tanto de la vida útil de Petróleos Mexicanos como de quienes habitamos en su entorno.
Yo tengo la confianza –y así lo señalo, no tendría porqué plantearlo de otra manera—que Petróleos Mexicanos, sus autoridades van a actuar de manera responsable y van a cumplir a cabalidad el compromiso que tienen con los mexicanos, de atender de inmediato cualquier riesgo de esta actividad.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Señor orador, la senadora Lydia Madero desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?
El senador César Raúl Ojeda Zubieta: ¡Todas! ¡Por supuesto!
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Adelante, senadora.
La senadora Lydia Madero García: Gracias, señor Presidente.
Yo quisiera solamente preguntarle al senador, estamos de acuerdo en la necesidad de utilizar, si se pudiera, la totalidad de los excedentes. Sé que una gran parte de esos excedentes están etiquetados, sobre todo ahora en el Presupuesto del 2005. A mí me gustaría que el señor senador aclarara este punto.
El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Sí, cómo no, senadora. Los excedentes tienen ya una aplicación entre las que prevé también una participación importante para la paraestatal, pero prevé también con justo derecho a que los estados tengan acceso a un recurso, sobre todo aquellos donde la explotación petrolera es brutal, brutal en todos los sentidos que en consecuencia necesitan buscar alternativas, dado que sus prácticas originales de producción ya no lo son más por la propia actividad; fueron lastimados en su entorno y tienen que buscar otras características y esto necesita un aliento. Por eso a mí me pareció importante y decisiva la suma de voluntades que aquí se tomó en el Congreso para darle un sentido más social al uso del presupuesto y nosotros celebramos que en esta distribución estén participando los estados de manera oportuna.
Pero insisto, hay una voluntad de todas las partes para construir un nuevo esquema fiscal; hay el propósito de atender este reclamo urgente para que Petróleos Mexicanos continúe siendo la empresa que permita el crecimiento de otras actividades del país. Pero, y esto hay que señalarlo, bajo una óptica nacionalista, responsable y en donde por principio se observe por sobre todas las cosas, que Petróleos Mexicanos es patrimonio de la nación. Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Señor orador... ¿Con qué objeto, diputado De la Vega?
El diputado José Antonio De la Vega Asmitia: Para ver si el señor senador me acepta una pregunta.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Señor orador ¿acepta usted una pregunta del diputado Antonio De la Vega?
El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Más viniendo de un paisano. ¡Por supuesto! Con mucho gusto.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Adelante, diputado.
El diputado José Antonio De la Vega Asmitia: Preguntarle al señor senador Raúl Ojeda, si considera que este nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos que aprobó la Cámara de Diputados, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios y que ahora está a la consideración del Senado de la República, pudiera servir para obviamente darle mayores recursos a la paraestatal, que pudieran atender estos imprevistos y dotar de un mayor mantenimiento y recursos a los ductos y en general a todas las instalaciones de Petróleos Mexicanos para estar a la altura del esquema internacional y de los estándares de calidad internacional que requiere una empresa petrolera como Petróleos Mexicanos.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Adelante, senador.
El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Reconociendo el esfuerzo y el trabajo serio que se hizo en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República hemos planteado una revisión del esquema que ha sido presentado y tenemos propuestas alternativas que van en el mismo propósito, dotar a Petróleos Mexicanos, pero no dentro de un año, como estaba previsto en esta iniciativa, sino en lo inmediato, oportunidades y recursos para que pueda desarrollar responsablemente y sin riesgo las actividades que se le tienen conferida.
Nosotros, cuando menos el Partido de la Revolución Democrática tiene el compromiso de presentar al inicio del periodo ordinario de sesiones, un paquete integral que va a atender de manera responsable y nacional los requerimientos de la paraestatal.
No sé si responde a tu pregunta, Pepe Toño.
Por su atención muchas gracias, compañeros.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Gracias a usted, señor senador.
Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutida la propuesta con punto de acuerdo del diputado Víctor Alcérreca.
En consecuencia consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición con punto de acuerdo.
El Secretario Arturo Nahle García: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Quienes estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Aprobada. Comuníquese.
Como siguiente punto de la orden del día tiene la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación a la auditoría que se lleva a cabo a la Presidencia de la República.
El diputado Javier Salinas Narváez (PRD): Muchas gracias y con su venia señor Presidente.
"Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
"Consideraciones:
"La semana pasada un diario de circulación nacional dio cuenta en su primera plana de los gastos acumulados que anualmente registra la Presidencia de la República por concepto de alimentos. De los datos que se desprendían en la investigación periodística del diario Monitor se concluía que anualmente en la residencia oficial de Los Pinos se gastan hasta 30 millones de pesos y en un solo mes el monto puede ser superior a los 4 millones de pesos.
"La Presidencia de la República se apresuró a responder la mencionada nota, pero solo para caer en contradicciones que no concuerdan con los reportes que posee el Instituto Federal de Acceso a la Información. La Coordinación General de Administración de la Presidencia de la República sostiene que los gastos que se hacen por alimentos en Los Pinos son tan altos porque se incluye el forraje de los animales, mientras que el IFAI sostiene que sus registros indican que los gastos realizados por alimentos no incluyen la comida para los animales referidos para las labores que realiza el Estado Mayor Presidencial.
"No queda claro pues cuánto es lo que gasta la Presidencia en alimentos, cuánto del dinero de los contribuyentes se dilapida en desayunos, reuniones de oropel y en quién sabe cuántas cosas más. Tampoco queda claro quién está mintiendo o maquillando cifras, quién tiene la razón: la administración de la Presidencia o el IFAI. Pero con la polémica y las contradicciones no solo se afecta a la Presidencia de la República, sino también a una de las jóvenes instituciones que está llamada a ocupar un lugar privilegiado en la consolidación de la democracia de México: el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
"Como dato adicional, la misma semana pasada se dio cuenta en esta tribuna de los terrenos que la familia Fox ha venido adquiriendo en la costa del estado de Michoacán, específicamente en la Bahía del Tamarindillo. Se ha hablado de prestanombres, de compraventa a través de la fuerza y de extorsiones, pero de lo que no se habló es de la fuente de donde surgieron los recursos para la adquisición de esos terrenos.
"Es un tema importante porque estamos hablando de dinero, de dinero de los mexicanos que puede utilizarse con fines personales y/o familiares. En ambos casos lo que está en juego es la transferencia del manejo de los recursos públicos, un compromiso que para este gobierno se supone irrenunciable.
"Señoras y señores Legisladores:
"Vale la pena hacer una reflexión final. En el mes de febrero de 2004, hace exactamente 11 meses, el diputado Manuel Camacho Solís propuso en esta tribuna de la Comisión Permanente que se auditaran las finanzas de la Presidencia de la República. ¡En un inédito punto de acuerdo la Comisión Permanente respaldó la petición del diputado Camacho Solís y desde hace varios meses la Auditoría Superior de la Federación está abocada a la revisión de las cuentas de la Presidencia!
"No sabemos los legisladores el resultado de aquella auditoría, pero lo que sí sabemos es que se han venido sumando elementos que están a la discusión pública.
"En esas condiciones estamos obligados a apurar el paso para conocer efectivamente si en la Presidencia de la República se ha hecho un uso responsable y en apego a derecho de los dineros de los contribuyentes, se trate de una obligación del orden colectivo responder a la demanda histórica de los ciudadanos para conocer quien tiene la más alta autoridad ejecutiva del país ejerce de manera legal y responsable la parte del erario público que le corresponde.
"Sabemos los legisladores que la Auditoría Superior de la Federación tiene sus propios tiempos, que realiza su trabajo escrupulosamente y apegada a la ley, pero también sabemos que la opinión pública nacional quiere resultados propios y que esté vigilante.
"Es a la opinión pública y a nuestros representados a los que debemos responder y no permitir que la especulación y la incertidumbre vayan creciendo. Es un camino muy peligroso y que a nadie le conviene, porque solo abona al desprestigio de las instituciones y de la política.
"Por lo anterior, me permito someter a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero y único.- Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que, sin menoscabo de la rigurosidad de sus investigaciones, agilice la auditoría que desde hace un año se sigue a las partidas de la Presidencia de la República, ello con el objetivo de conocer el manejo que se está haciendo de los recursos públicos.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
Se recibió del diputado Antonio Marrufo Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que se consideren las propuestas del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, en la aplicación de recursos otorgados a la misma para el ejercicio presupuestal del año 2005.
Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
Como siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el diputado Arturo Nahle García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, información acerca del estatus actual de cada uno de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos y proponer la Campaña Nacional por la Adopción y Hermanamiento de Legisladores Mexicanos con los compatriotas condenados a muerte, y suscrito por los diputados María Eliana García Laguna y Jorge Martínez Ramos.
El diputado Arturo Nahle García (PRD): El 31 de marzo del 2004 la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas emitió un fallo a favor de la reclamación interpuesta por el gobierno mexicano, que solicitaba la reposición de los procesos judiciales de 51 de los 53 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, a quienes no se les otorgó el derecho de protección consular conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
Este juicio histórico fue posible gracias al trabajo conjunto de la Cancillería Mexicana, legisladores de varios grupos parlamentarios, familiares de los presos y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal de La Haya ha sido ignorada por los gobernadores de los estados de Oklahoma, California, Texas, Arkansas, Nevada, Ohio, Oregón e Illinois, al no reponerse los procedimientos en ninguno de los casos.
La situación de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos y el fallo del Tribunal de La Haya, son la expresión jurídica de un conflicto que crece entre México y Estados Unidos, por la sistemática violencia en contra de nuestros connacionales migrantes y la forma discrecional en que los Estados Unidos maneja el tema de los derechos humanos, que son respetados o irrespetados, importantes o no importantes, dependiendo de quién se trate y de los intereses geopolíticos que se vean implicados.
La ausencia de un acuerdo entre México y Estados Unidos, que reconozca y atienda en sus términos el fenómeno migratorio, subraya la situación de indefensión en que se encuentran los mexicanos allende la frontera norte y mantiene intactos los graves vacíos jurídicos que junto con el racismo y la discriminación, constituyen un abono para la sistemática violación a sus derechos humanos.
Hoy, cuando se conoce la negociación que le permitió a Bush reformar su aparato de inteligencia a cambio de varias iniciativas que criminalizan y marginan aún más a los migrantes, se hace evidente que las expectativas generadas a partir de los discursos demagógicos de los ejecutivos de ambos países sobre un acuerdo migratorio, no sólo son falsas sino deliberadamente creadas para tender una cortina de humo sobre la despiadada política en contra de los migrantes que aprobará como primera iniciativa para el 2005 el Congreso estadounidense.
El Congreso de la Unión no puede ser un observador pasivo ante las arbitrariedades que nuestros connacionales viven diariamente, por lo que es necesario llevar a cabo acciones concretas que denuncien la gravedad de estos hechos y logren movilizar a los órganos de gobierno y a la sociedad civil mexicana e internacional a favor de la protección de los derechos humanos de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
Quienes son objeto de esta campaña son 53 mexicanos condenados a muerte, 51 de ellos beneficiados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, no acatada hasta ahora por las autoridades estadunidenses.
Por todo ello, se somete a la consideración de esta Asamblea y con el carácter de urgente resolución el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores información acerca del status actual de cada uno de los 53 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia a favor de lanzar una campaña nacional por la Adopción y Hermanamiento de Legisladores mexicanos con los 73 compatriotas condenados a muerte en Estados Unidos, con el objetivo de lograr el cumplimiento de la Resolución de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en relación con la reposición de los respectivos procesos judiciales.
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que inicie las acciones pertinentes ante los órganos de Naciones Unidas, para exigir el cumplimiento de la Resolución de la Corte de La Haya, en el caso de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición del diputado Arturo Nahle García.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión.
Se abre el registro de oradores.
Se ha registrado la senadora Lydia Madero García.
La senadora Lydia Madero García (PAN): Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros Legisladores. El fallo del 31 de marzo del 2004 de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones, constituye un acontecimiento histórico para México, promovido por la presente administración el gobierno del presidente Fox inició ante esta instancia un juicio a favor de los mexicanos condenados a muerte en los Estados Unidos, en virtud de las irregularidades en los procesos de notificación a los postulados de nuestro país, independientemente de otras posibles irregularidades.
A este éxito notable del gobierno de la república, se sumó el interés y la contribución del Poder Legislativo así como el de los familiares de los condenados y de diferentes organizaciones no gubernamentales. El Partido Acción Nacional reconoce la labor realizada por el Ejecutivo federal, al presentar el primer caso contencioso de México ante el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas y de utilizarlo como un mecanismo, para la solución pacífica de la controversia.
Una vez más, México demuestra su compromiso con el respeto a la dignidad de la persona y el estricto apego a las instituciones del derecho internacional. Es un triunfo de México que bien podría diluirse, si no damos un seguimiento permanente a cada uno de los casos de los mexicanos condenados a muerte en el territorio de los Estados Unidos, favorecidos con el fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Por lo pronto, podemos señalar que desde abril del año pasado, representantes gubernamentales, se reunieron con autoridades del Departamento de Estado de la nación vecina, a fin de que cada uno de los mexicanos tuvieran audiencias judiciales, en las que se revisara y valorara el grado de perjuicio causado en los procesos por la falta de notificación consular, abriendo la posibilidad de que se desahogaran pruebas, se rindieran testimonios, etc., y que los procuradores estatales y locales no se opusieran a las mociones que se presenten para la celebración de dichas audiencias.
El Gobierno de México resaltó los tres casos más urgentes sobre los que se pronunció la Corte Internacional de Justicia: César Fierro, Osvaldo Torres y Roberto Moreno Ramos, ya que en estos juicios se agotaron todos los recursos judiciales disponibles. La decisión de la Corte Internacional de Justicia, los comunicados del Departamento de Estado de Estados Unidos y las acciones emprendidas por el Gobierno Mexicano y el Congreso de la Unión seguramente influyeron y contribuyeron a la decisión tomada por el Gobierno de Oklahoma de conmutar la sentencia de Osvaldo Torres, quien de todos los condenados a muerte tenía fecha ya para ejecución.
No obstante que la decisión del Gobernador de Oklahoma es una acción positiva, las autoridades mexicanas no pueden confiarse de que los procesos pendientes tomen el mismo curso, de ahí la relevancia del punto de acuerdo presentado, que refleja el interés del Congreso Mexicano para darle seguimiento a este importante triunfo ante la justicia internacional.
Los legisladores del Partido Acción Nacional votaremos a favor de esta propuesta y nos comprometemos a darle seguimiento a este asunto.
Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Gracias a usted señora senadora.
Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutida la propuesta del diputado Arturo Nahle. Solicito a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Aprobada y comuníquese.
El diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo para solicitar al Jefe del Ejecutivo Federal sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones hechas al Acuerdo Intersecretarial relativo a las áreas de prevención y expulsión marítima de la Sonda de Campeche y en tanto se publiquen, se otorguen permisos temporales para la pesca en las áreas próximas a las instalaciones petroleras de la referida sonda, suscrita también por los diputados Abraham Bagdadi Estrella y Dolores Gutiérrez Zurita.
Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
El diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a ampliar la apertura de los archivos del Estado, a fecha posterior a 1980 y al Procurador General de la República, para que agilice la investigación sobre los hijos desaparecidos de los desaparecidos políticos, suscrito también por la diputada Eliana García Laguna.
Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
La diputada Lizbeth Rosas Montero entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo relativo a un desaparecido por el Ejército en la montaña de Guerrero en 1974. Suscrito por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
La diputada Lizbeth Rosas Montero entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a continuar con la reimpresión de la Guía del Migrante Mexicano, suscrita por el diputado Juan José García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
El diputado Javier Salinas Narváez, entregó a este Presidencia, proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a fin de que aplique la tarifa eléctrica 1F en el estado de Guerrero, suscrita por la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
Como siguiente punto de la orden del día, tiene la palabra el senador Raymundo Gómez Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Titular de la Secretaría de Economía, para que informe a esta soberanía el cambio de política en materia de Certificación de Producto y de Evaluación de la Conformidad.
El senador Omar Raymundo Gómez Flores (PRI): Gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros:
Es el caso que hoy nos ocupa, pedir a ustedes su apoyo para solicitar la presencia del Secretario de Economía, para que nos explique el cambio de la política en materia de normalización y evaluación y detener la publicación de la convocatoria para la acreditación y aprobación de productos.
Hay muchas políticas que no son entendibles, es el caso que hoy trataremos, el asunto de la cancelación del decreto cañero; es el caso que hoy pedimos que se nos explique la fórmula para la importación de leche y es el caso también que hoy pedimos el compañero Esteban Ángeles, un servidor Raymundo Gómez, el diputado Barrufo y el diputado David Hernández, que se nos explique cuál es la política de estas convocatorias para nuevas empresas de certificación y normalización.
Mediante la iniciativa del Gobierno, desde 92 y con fundamento en la nueva Ley sobre Metrología y Normalización, se crearon los primeros organismos privados de normalización y certificación, lo que ha permitido generar una estructura de normalización y evaluación de conformidad y similar a de nuestros socios comerciales.
De esta forma, la industria en su conjunto invierte en un nuevo esquema creando organismos de certificación en cada uno de los sectores productivos. Por ejemplo, el electrónico, el plástico y la construcción, que es el caso de la convocatoria.
Estos han respondido a cabalidad a las necesidades nacionales, cuando menos esa es nuestra percepción y se han podido asimilar en los esquemas internacionales.
Cabe señalar que estos organismos fueron constituidos como organizaciones civiles no lucrativas y que deben de invertir sus ingresos en el fortalecimiento del Sistema de Normalización y Evaluación de la Conformidad, mediante la creación de laboratorios en áreas donde no existe la elaboración de normas mexicanas, sistema que no es rentable.
De hecho, de no ser por los ingresos obtenidos por las actividades de certificación, los organismos nacionales de normalización no podrían llevar a cabo la actividad de normalización, de hecho se entiende que esta es una delegación de facultades del sector públicos a los interesados.
Los parámetros internacionales que se han fijado para determinar la calidad y seguridad de los productos o servicios que se intercambian en el comercio mundial, son los estándares o normas que se pueden referir a seguridad, calidad de información comercial y procesos. Por estos se han creado en los países los sistemas de Metrología, Normalización y Evaluación de Conformidad, con el único objetivo de salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de las personas.
En México, se ha creado la infraestructura para proporcionar en elevadas condiciones de eficiencia, los servicios de acreditación y certificación y la Secretaría de Economía, que forma parte de estos Comités Técnicos en los organismos de certificación, nunca han manifestado objeciones sobre el costo de las tarifas, el tiempo empleado, la suficiencia, la capacidad instalada o la calidad de los sistemas de certificación mexicanos.
No obstante lo anterior, sabemos que es inminente que la Secretaría de Economía mediante el proyecto de convocatoria para la acreditación y aprobación de organismos de certificación del producto, pretende cambiar la política seguida hasta la fecha, de contar con un solo organismo de normalización y certificación por sector, abriendo mediante la mencionada convocatoria la entrada a otros organismos a sectores económicos que ya cuentan con organismos de certificación, a empresas mercantiles que pretenden ser acreditadas y acreditadoras y autorizadas para ejercer funciones de certificación del producto.
La Secretaría de Economía fundamenta este cambio de la política vigente hasta la fecha, argumentando que el artículo 908.2 del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la obliga a dar oportunidad de participación y en su caso, aprobar a los organismos de certificación de los Estados Unidos y Canadá que así lo soliciten.
Se debe subrayar y se subraya que la aprobación de nuevos organismos es facultativa y por ende, no existe obligación legal de publicar dicha convocatoria. Legalmente no existe obligación de las dependencias de aprobar a nuevos organismos ni por ley vigente ni por los tratados que México tiene celebrados. Considero que la precisa interpretación de del artículo citado, solamente obliga a nuestro país a otorgar trato nacional a los organismos de certificación de los países contratantes, al momento de requerir esta aprobación los nuevos organismos de certificación de producto de cualquier sector.
Es decir, lo que está a discusión es sí se requiere o no de nuevos organismos de certificación de producto en diversos sectores industriales empezando por el eléctrico y el electrónico. Existen evidencias sólidas de la suficiencia de la cobertura de certificación en México.
Si de lo que se trata es de instrumentar políticas públicas, queremos saber cuáles son las razones que competen a esta Secretaría de Economía a no escuchar a la industria nacional y a otros sectores que serían severamente afectados. Una base fundamental es el reconocimiento mutuo entre países, reconocimiento que carece de viabilidad en el caso de la Unión Americana, puesto que se tiene uno que entender con cada entidad federativa del vecino país del norte.
Las dependencias en uso de la facultad discrecional para aprobar organismos de certificación, puede limitar la aprobación de éstos a un número limitado por materia, sector o rama, por ejemplo, uno sólo como ha sido hasta ahora. Cabe subrayar que esta limitación es aplicable a nacionales y extranjeros, por lo que no se viola el principio del Tratado Nacional contenido en el artículo 908.2 del TELECAN.
Incluso es de nuestro conocimiento, que en todo caso el trato que han recibido los organismos mexicanos que han pretendido ser aprobados como nuevos organismos de certificación de producto, los sectores eléctrico y electrónico, fueron rechazados. El cuestionamiento es, sí ya se rechazaron a instituciones mexicanas, por qué sí se les permitiría el ingreso a las extranjeras, ¿cuál es el sentido de la discriminación?
Al aprobar a nuevos organismos de certificación de producto que no cuenten con representantes gubernamentales en su consejo directivo, no dediquen recursos a la normalización y no certifiquen en áreas que no sean rentables, se estaría privilegiando a instituciones cuyo único objetivo será el de maximizar utilidades con el consecuente costo de introducir una distorsión gravísima en perjuicio, no sólo del sistema de normalización, sino de los consumidores mismos. De hecho, esta apertura unilateral e injustificada tendría severos impactos entre los cuales señalo:
Se pondría el riesgo el Sistema Nacional de Comprobación de Reglamentaciones Técnicas de Carácter Obligatorio, a las famosas NOMS, que estamos realmente apenas iniciando este proceso, ya que si se debilita a los organismos nacionales existentes, nuestro sistema quedaría en manos preponderantemente de instituciones extranjeras.
Se generaría dependencia a los exportadores mexicanos a organismos extranjeros para poder lograr acceso a otros mercados, nuestras exportaciones a la certificación de las importaciones quedaría en manos de certificadores extranjeros con la tendencia natural de apoyar a los industriales de sus países y no a nuestra industria nacional.
El debilitamiento a los organismos nacionales minaría también el sistema de normalización en su conjunto y con ello su efectividad como instrumento para mejorar la competitividad, el desarrollo tecnológico del país y acceso a otros mercados.
Por lo todo lo anteriormente expuesto, se pone a su consideración para esta Comisión Permanente la siguiente propuesta con punto de acuerdo:
Primero. Se exhorte al titular de la Secretaría de Economía a detener la publicación de la convocatoria para la acreditación y aprobación de producto para evaluar la conformidad de las Normas Oficiales que aquí determinamos en la Gaceta, en tanto no explique a esta soberanía el cambio de política en materia de normalización y evaluación de la conformidad, ya que la apertura en las actividades de certificación de producto a nuevos organismos podría tener consecuencias devastadoras para el sistema de normalización incipiente en nuestro país.
Se solicita a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión, cite a comparecer al titular de la Secretaría de Economía, a efecto de que informe a esta soberanía el cambio de política en materia de certificación de producto y evaluación de conformidad; y ante la inminente terminación de este Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta LIX Legislatura, solicitamos se comunique a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, para el mismo efecto.
Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución la propuesta del senador Raymundo Gómez Flores, del Partido Revolucionario Institucional.
El Secretario Arturo Nahle García: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento y en votación económica, se consulta a la Asamblea si esta proposición se considera de urgente resolución.
Quienes se encuentren por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Se considera de urgente resolución.
Está a discusión la proposición.
Se abre el registro de oradores.
Tiene la palabra el diputado José Luis Treviño, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro y ha solicitado también el uso de la palabra el senador Esteban Angeles.
En consecuencia, tiene la palabra, diputado José Luis Treviño.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez (PAN): Con se venia, diputado Presidente.
De acuerdo a lo que se manifiesta por el compañero senador Esteban Angeles Cerón, del grupo parlamentario del PRI, en relación a este punto de acuerdo en donde hay que fortalecer las entidades encargadas de revisar la calidad de los productos que entran al país, por supuesto que estamos de acuerdo.
El rezago que hay es enorme; la "CENACICA" (¿) la entidad gubernamental encargada de verificar que los productos agropecuarios que entran al país cumplan con la Norma Oficial Mexicana, no cuenta con los laboratorios, no cuenta con el personal adecuado, no cuenta con la infraestructura.
En la Comisión que nos ha tocado estar dentro de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Ganadería, hemos hechos revisiones en las aduanas y nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer, aparte de verificar y de llamar al Secretario de Economía, aparte de esto, necesitamos ponernos a trabajar en todo aquello que fortalezca a estas entidades.
Habíamos visto la posibilidad de que los recursos que se generaran por las importaciones de productos agropecuarios, pudieran utilizarse para fortalecer a estas entidades que están encargadas de verificar la calidad zoosanitaria de estos productos.
Entonces, lo que debemos de hacer, aparte de llamar a que nos expliquen por qué están cambiando el sentido de las Normas Oficiales Mexicanas, es fortalecer estas entidades que tienen un rezago enorme y nuevamente hacerles ver a los señores senadores y diputados la necesidad de hacer una revisión espejo de lo que hace Estados Unidos cuando nosotros exportamos, por ejemplo, una tonelada de carne de puerco, nos cobran 700 pesos y nosotros quisimos poner un derecho de importación por cada tonelada de 290 pesos que es mucho menos, lo cual le daría recursos al estado para poder fortalecer los laboratorios que se requieren en aduanas.
Entonces, nuevamente el grupo parlamentario del PAN se manifiesta en pro. Pero que veamos esto, y les voy a poner un ejemplo muy claro: Cuando aprobamos porque había un desabasto de cabezas de ganado, 20 mil cabezas de ganado se perdieron en este año, nosotros propusimos un programa por medio del cual hubiera una repoblación de hato ganadero. Y nosotros pensábamos en un programa de 100, 200 millones de pesos, que fuera a beneficiar a los pequeños productores que están en desabasto.
Nos hemos dado cuenta que en la discusión que se dio, en forma un tanto cuanto sin bases, se establecieron 800 millones de pesos para repoblar hatos ganaderos, 600 millones para cárnicos y 200 millones para ganado lechero. Pero no hay reglas de operación claras, no tenemos un padrón de productores para que este beneficio realmente les llegue a los pequeños productores.
Entonces, estamos de acuerdo en este punto de acuerdo, pero ayúdenos también a que las reglas de operación con SAGARPA para que se aprovechen nuestros recursos, lleguen a donde deben llegar, a los pequeños productores y no se quede como en otros años, en pocas manos, tomando en cuenta que en Estados Unidos y en Canadá, está el problema de las "vacas locas" y que si vamos a importar vientres van a venir de Nueva Zelanda.
Entonces, sí coincidimos en que es necesario establecer reglas claras en cuanto a los organismos que establecen la Norma Oficial Mexicana, pero que entendamos que tenemos que fortalecer los organismos paraestatales encargados de cuidar la vigilancia zoosanitaria en nuestro país.
Es cuanto diputado presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Gracias señor diputado.
Tiene la palabra el Senador Esteban Angeles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro de la Proposición del Senador Raymundo Gómez Flores.
El senador Esteban Miguel Angeles Cerón (PRI): Gracias señor presidente; compañeras; compañeros legisladores:
Desde luego que la posición de los senadores del PRI es en apoyo a esta Proposición con punto de acuerdo, toda vez que si partimos del hecho de lo que se quiere hacer en este país, es la conformación, desarrollo y consolidación de políticas públicas que conduzcan de manera ordenada y planeada, la acción pública a favor de los mexicanos, en favor de los sectores productivos, obviamente que nos parece extraña la actitud de la Secretaría de Economía, quien ha anunciado hacer una convocatoria para abrir la autorización y la acreditación a empresas certificadoras, cuando ya desde 1992 como lo asienta mi compañero Raymundo Gómez Flores, se empezaron a crear estos organismos; y se empezaron a crear por una razón fundamental: porque las prácticas comerciales tanto nacionales como extranjeras, nos han llevado a tener que satisfacer los requerimientos muy específicos de la demanda y del consumo.
Hoy estamos avanzando en la construcción de este sistema, Sistema de Normalización y Evaluación de la Conformidad. Se han hecho importantes esfuerzos a partir de 92 y en la reforma a la Ley de Metrología en 1997. Y creemos que lo que se tiene que hacer ahora es continuar y fortalecer los organismos de certificación que hasta hoy han venido operando.
Seguramente que debe haber razones fundamentales de la Secretaría de Economía, más allá de las que hasta ahora conocemos, que se basan y se fundamentan en el sentido de que estamos obligados por la disposición 908 del Tratado de Libre Comercio. Creo que ahí el debate lo está equivocando la Secretaría de Economía.
No la disposición del Tratado de Libre Comercio nos obliga al trato nacional y tenemos que trabajar desde luego muy unidos y muy fortalecidos con todo el sector productivo nacional, con los industriales y con los comerciantes que están haciendo verdaderos esfuerzos para poder tener una acción que genere mayor producción y que genere mayor número de empleos.
Nuestro voto es a favor –los diputados y los senadores del PRI—es a favor del punto de acuerdo que propone nuestro compañero el senador Raymundo Gómez Flores. Muchas gracias por su atención.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Gracias a usted, señor senador. Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutida la proposición del senador Raymundo Gómez Flores.
Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario Arturo Nahle García: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Quien se encuentre por la afirmativa sírvase manifestarlo.
(Votación)
Quienes estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Aprobada. Comuníquese.
Como siguiente punto del orden del día tiene la palabra la diputada María del Carmen Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos estatales realicen las modificaciones necesarias a los ordenamientos jurídicos correspondientes a efecto de que en los espectáculos deportivos en que participan equipos profesionales de tres jugadores o más e intervengan en competencias en dicha entidad, no puedan actuar más del 40 por ciento de jugadores extranjeros en cada equipo, proposición suscrita por el diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María del Carmen Mendoza Flores (PRI): A nombre del diputado Francisco Landero Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes consideraciones.
Apegados a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito federal y a los cambios jurídicos que se han dado en el Distrito Federal desde 1990, el Consejo de Dueños de Equipo de Primera División indicó, el jueves 6 de enero del presente año, que se jugaría en el Distrito Federal con 5 extranjeros.
Además de esto, los presidentes de clubes acordaron que todo jugador naturalizado que cumpla dos años de haber realizado dicho trámite podrá jugar en calidad de mexicano y ser convocado a la selección.
A pesar de que éstas son decisiones propias de un organismo ajeno totalmente en su función al sector público, no podemos dejar de preocuparnos ya que, según lo manifestado por los dueños de los equipos, para que todas estas acciones rindan los frutos esperados se realizarían las modificaciones necesarias a los reglamentos correspondientes.
Esta situación es preocupante, entre otras cosas porque con estos acuerdos se contravienen se contraviene el Reglamento de Competencia de la Primera División Profesional que, en el artículo 24, establece que: "Al inicio de la temporada los equipos que participen en los torneos Comex apertura 2004, Comex clausura 2005, podrán registrar hasta 6 jugadores no nacidos en México. Será obligatorio alinear un mínimo de 6 jugadores mexicanos por nacimiento, excepto en el Distrito Federal, donde deberán obligatoriamente alinear un mínimo de 7 jugadores mexicanos por nacimiento."
Asimismo, esta medida podría tener una implicación grave en el sentido de que en dos años muchos de los jugadores extranjeros que vienen a México a jugar sus últimos partidos podrán quedarse y ser seleccionados, dejando fuera a muchos jóvenes mexicanos que no llegan al profesional porque su puesto en la cancha está ocupado por un extranjero.
Además hay que considerar que la selección nacional de fútbol podría jugar con once naturalizados y que habría más promotores que jugadores, tomando en cuenta que los promotores cobran aproximadamente un 15 % de la transferencia del jugador al colocarlo; además le cobran 10 % de su sueldo mensual más aparte lo que le dan al club o directivo por contratar al jugador.
En este contexto si bien es cierto que la Federación Mexicana de Fútbol y los dueños de los equipos podrían modificar el mencionado Reglamento para evitar una posible sanción en caso de que los equipos de primera división jueguen con cinco jugadores extranjeros, también es cierto que se estaría limitando a muchos jóvenes mexicanos que pertenecen a las fuerzas básicas o a las ligas de fútbol que aspiran a una oportunidad de pertenecer y debutar en un equipo de primera división. Esta decisión los está orillando a buscar otra profesión ya que muchos de los jóvenes por consecuencia abandonan la práctica de este deporte.
La percepción a nivel nacional en los diferentes ámbitos y especialmente donde se encuentran las personas conocedoras del deporte y relacionadas directamente con él, han manifestado su rechazo ante la posibilidad de que se permita la participación de más jugadores extranjeros en comparación con los mexicanos, pues se estima que no pueden arriesgarse así el futuro del deporte nacional ya que las consecuencias serían muy negativas para la producción y exportación de jugadores mexicanos.
Ejemplo de ello es la situación que se presenta al final de cada torneo de fútbol de primera división, el llamado popularmente "Mercado de Piernas".
Compañeros legisladores: Contribuyamos a que los jóvenes que tienen un gran deseo y facultades de practicar el fútbol o cualquier deporte, no vean truncado ese deseo y busquen fuera del país a quienes puedan brindarles un apoyo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Que la Cámara de Diputados exhorte muy respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que realice las modificaciones necesarias a los ordenamientos jurídicos correspondientes a efecto de que en los espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres jugadores o más, y que intervengan permanentemente en competencias en dicha entidad, no puedan actuar más del 40 % de jugadores extranjeros en cada equipo.
Segundo.- Que la Cámara de Diputados exhorte muy respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a que realice las adecuaciones necesarias a sus marcos normativos correspondientes a efecto de que en los espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres jugadores o más y que intervengan permanentemente en competencias en dichas entidades no puedan actuar más del 40% de jugadores extranjeros en cada equipo.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Gracias, diputada.
Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados.
El siguiente punto del orden del día, tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para integrar una comisión plural de legisladores federales que acompañado de expertos en seguridad pública, visiten el Centro Federal de Readaptación Social de "La Palma", suscrita por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática.
Tiene la palabra, diputada.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD): Con su venia, diputado Presidente.
La diputada Eliana García, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LIX Legislatura, somete a esta soberanía esta proposición con punto de acuerdo solicitándola de urgente y obvia resolución.
CONSIDERACIONES
Los últimos acontecimientos ocurridos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "La Palma", han demostrado ante la sociedad que dichos centros han dejado de ser de alta seguridad.
La fuga aún no aclarada de Joaquín "el Chapo" Guzmán, del CEFERESO de Puente Grande, Jalisco, pareció no encender los focos rojos de un sistema carcelario decadente.
Posteriormente tres crímenes tendrían que haber sacudido la somnolencia del imprudente o intencional de los engranajes de la seguridad del estado, el de Alberto Soberanes Ramos, identificado como el lugarteniente del citado "Chapo", asesinado en los baños en mayo del 2004 y el de Miguel Angel Beltrán Lugo, "El Ceja Güera", ocurrido el 6 de octubre en el comedor del penal y el de Arturo Guzmán Loera, "El Pollo", un día antes de que culminara el 2004 en los locutorios.
Estos hechos aunados a las versiones de que el narcotraficante Ociel Cárdenas Guillén es quien junto con otro capo de la droga mantenían el control real del penal, ubican a dicho centro en una situación de vulnerabilidad extrema y de alto riesgo para el conjunto de la seguridad de la sociedad.
La opinión pública se pregunta ¿cómo ha sido posible que este lugar se haya corrompido, al grado que le han ocurrido hechos que constituyen la antítesis de la readaptación social? Resulta por tanto imprescindible que el gobierno federal asuma con toda responsabilidad las graves acciones u omisiones presumiblemente delictivas, en donde muy probablemente servidores públicos de alto nivel pudieran estar coludidos con los capos de la droga, de otra manera no es posible concebir el regodeo de los delincuentes, la apología del delito y la destrucción del orden social e institucional.
En efecto, la seguridad, la disciplina y el orden en los así denominados CEFERESOS se ha relajado y por tanto se han convertido en un asunto estrictamente de seguridad pública y en un asunto de seguridad nacional.
Sobre ello en esta crisis penitenciaria mucho tendría que explicar lo anterior el Secretario de Seguridad Pública Alejandro Hertz, pero después del desastre evidenciado en el CEFERESO número uno se impone la salida del actual Secretario Ramón Martín Huerta, quien por sus anémicos resultados en su breve gestión no tuvo otra mejor carta de presentación para este delicado encargo que ser amigo del Presidente Fox.
Asimismo quiero dejar claro que el punto de acuerdo es integrar a una comisión plural de legisladores federales de la Comisión Permanente, acompañados por un grupo de expertos en seguridad pública, para visitar el Centro de Readaptación Social Número Uno "La Palma" con la finalidad de verificar las condiciones de seguridad del mismo.
Aprovecho también esta tribuna, fuera del punto de acuerdo, para comentar que lo que está ocurriendo en los Centros de Readaptación es un tema de seguridad nacional que tenemos que abordar de manera urgente. Exhortar al Secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, a que no es con operativos de relumbrón como vamos a evitar que los penales de máxima seguridad sean y sigan siendo operados por los narcos y por los capos.
Pongo también de manera muy clara la necesidad que existe, que este tipo de operativos que se están haciendo se hagan de forma permanente y no únicamente en La Palma, como lo que ha sucedido en los últimos días, puesto que apenas recientemente tenemos en el centro, en la colonia de las Islas Marías tuvimos una reciente fuga, de la cual ni siquiera han podido dar una explicación de dónde están estos dos delincuentes, también relacionados con el crimen organizado y con la venta de droga.
Aprovecho también para dejar en claro en esta tribuna, con todos mis compañeros legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, ¡que el grupo parlamentario del PRD no defiende narcos! Si eso se ha dicho porque finalmente existe y no sé si algunos no lo sepan o no lo han investigado un Comité de Quejas Ciudadanas en donde uno, por lo menos los integrantes de este dicho Comité tienen que hacer su actuación apegada a lo que les marca la normatividad y de manera institucional, y no andamos como otros asistiendo a eventos sociales con este tipo de capos.
Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución la proposición de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática.
La Secretaria María del Carmen Mendoza Flores: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: No se considera de urgente resolución.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
El siguiente punto del orden del día ha sido retirado, a solicitud del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se pospone para la próxima sesión.
Tiene la palabra el diputado Jesús Martínez Alvarez, del Partido de Convergencia, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación para que dicte las medidas pertinentes en el marco de sus facultades, con la finalidad de garantizar la libertad de prensa en el estado de Oaxaca, misma que es violada por las autoridades del Ejecutivo local.
Tiene la palabra diputado Martínez Alvarez.
El diputado Jesús Martínez Alvarez (CONVERGENCIA): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados: Hace ocho días aproximadamente en este salón, estuvo presente el parlamentario Peter Scheber (?), Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Habló de las buenas relaciones entre los parlamentarios mexicanos y con el gobierno de México. Destacó diversos temas, pero anunció que esta semana estaría presente en la capital del estado sus Comités de Cultura, Ciencia y Educación, para visitar algunos lugares de la República, pero sobre todo -recalco lo siguiente- dijo que eran muy importantes los puntos de vista sobre la libertad de expresión y los medios en situaciones de crisis, y dijo: "Considero que estos temas son muy importantes para México y para Europa". Es lo que él cree que es para México.
Por otro lado, el pasado 12 de enero del año en curso, la Sociedad Interamericana de Prensa, que aglutina a poco más de 1 mil 300 diarios en América Latina, se dirigió de una manera respetuosa pero enérgica, al Secretario de Gobernación, contando la sociedad interamericana con los antecedentes del caso para que interviniera en defensa de la libertad de expresión. Pero los hechos son los siguientes.
El 18 de noviembre un grupo de personas encabezados por el que hoy es el presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, invadió las bodegas de un periódico de la capital del estado de Oaxaca. En ese día o al día siguiente hubo una reyerta entre estas personas, donde resultó muerto un joven de 18 años que vive en una de las colonias de la ciudad. Desde luego abandonaron las instalaciones.
Posteriormente el 1º de diciembre, siendo gobernador ya Ulises Ruiz, nuevamente es invadida esta bodega por un grupo de dirigentes, entre comillas de "locatarios" debidamente identificados, Roberto Mendoza, Gonzalo Rodríguez, Juan Hernández, que han estado detenidos, pertenecientes a la CNOP, que acaba de dejar Jorge Franco Vargas.
¿Y qué hace ahora Jorge Franco Vargas? Jorge Franco Vargas es el Secretario General de Gobierno de la actual administración.
En cualquier otro estado los representantes de un periódico pueden ocurrir a la Secretaría de Gobierno, a la Procuraduría, al gobernador del Estado; en Oaxaca es imposible. Son las más altas autoridades del estado las que exigen, las que alientan, respaldan o incluso dirigen el despojo.
El gobierno del estado ha querido reducir el problema a un asunto agrario. Para que no haya mayor discusión, estoy repartiendo en estos momentos un documento donde con toda claridad queda perfectamente claro que no existe ningún problema agrario.
La Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública, obliga a la Secretaría de Gobernación a garantizar el cumplimiento de estos preceptos constitucionales, especialmente en lo que se refiere a la libertad de expresión, dependencia a la cual ya recurrieron los representantes del periódico "Noticias".
Quienes deben actuar no lo hacen. Las autoridades estatales porque son las menos interesadas en procurar justicia. Las federales porque prefieren la parálisis, fieles defensores de la tesis que sostienen que lo que no se arregla solo no se arregla.
Si falto a la verdad, que diga la Secretaría de Gobernación qué ha hecho. Nada dirá, por la sencilla razón de que dice probablemente que no es de su competencia, y tendrá razón, porque no es competencia de la incompetencia.
Esta denuncia aspira a informar a esta soberanía de un caso más en que un gobierno estatal, hace uso del autoritarismo, hace del autoritarismo una forma de ejercer el poder, y de cómo una dependencia federal puede llegar a la indolencia extrema con tal de complicar la agenda oficial y la agenda particular del señor Secretario de Gobernación, por lo que estoy proponiendo el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO:- Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Gobernación a que dicte las medidas pertinentes en el marco de sus facultades, con la finalidad de garantizar la libertad de prensa en el estado de Oaxaca, que son violadas por las autoridades del gobierno del estado de Oaxaca.
Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
Se recibió en esta Presidencia proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar auditoría sobre los recursos asignados y ejercidos por el gobierno del estado de Jalisco, correspondientes al Ramo 33 durante el ejercicio fiscal 2004, suscrita por el diputado José Manuel Carrillo Rubio del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia e la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara e Diputados.
La diputada Lizbeth Rosas Montero entregó a esta Presidencia proposición con Punto de Acuerdo, por el que se celebra el triunfo de Mahmud Abbas en la jornada electoral en Palestina y se hacen votos por la reanudación del diálogo en Israel, suscrita por el diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
El siguiente punto de la Orden del Día se retira a solicitud del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Como siguiente punto del Orden del Día, tiene la palabra el diputado Jesús Martínez Alvarez del grupo parlamentario de Convergencia para presentar proposición con Punto de Acuerdo, para que la Auditoria Superior de la Federación, a través de un órgano autónomo e imparcial, audite a la Administración del Municipio de Oaxaca, de Juárez, del estado de Oaxaca, durante su ejercicio fiscal 2002.
Tiene la palabra el diputado Jesús Martínez Alvarez.
El diputado Jesús Martínez Álvarez (CONVERGENCIA): Una aclaración a través, hay una cuestión de redacción, no es a través de un órgano autónomo, que es la Auditoría Superior de la Federación, paso una disculpa.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: De enterado diputado.
El diputado Jesús Martínez Alvarez: Señor presidente con su permiso. El expresidente municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Gabino Cué Monteagudo y excandidato del gobierno del estado a la gubernatura en el pasado proceso electoral, me ha pedido que presente un Punto de Acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación audite el ejercicio 2002 que fue durante su administración.
Como es del conocimiento público, Gabino Cué Monteagudo, hasta en los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, manifestó su decisión de entregarse voluntariamente a las autoridades de Oaxaca.
La razón que tuvo para tomar esta decisión, es para hacer del conocimiento público, nacional e internacional de la persecución de que es objeto Gabino Cue y todos aquellos que simpatizamos con un movimiento democrático en el estado de Oaxaca y desde luego, para evidenciar y poner de manifiesto que se trata, la supuesta auditoría realizada, con el simple propósito de amedrentar, de someter, de inhabilitar y de encarcelar a Gabino Cue, quien tuvo el atrevimiento de postularse como candidato a Gobernador del estado y como no se tiene nada que ocultar y no existe desvío alguno de recursos, ha solicitado que sea la Auditoría Superior de la Federación la que realice esta auditoría.
Pero hay pruebas más contundentes de esta persecución política. El pasado mes de noviembre del 2003, José Murat, el entonces Gobernador, a través de la Procuraduría hizo una denuncia por un supuesto peculado contra Gabino Cue, que desde luego la Juez 7º de lo Penal del Fuero Común no la atendió por su notoria improcedencia. Posteriormente, ya siendo la nueva Procuradora la licenciada Patricia Villanueva y siendo Gobernador ya Ulises Ruiz, buscaron un juez de consigna a modo, dos meses después, para que el mismo expediente, la misma situación y lograran la anhelada orden de aprehensión contra Gabino Cue.
Aún más. La auditoría donde se presume el supuesto desvió de recursos por 185 millones de pesos ya había sido auditada por la propia Cámara de Diputados a través de la Contaduría Mayor de la Cámara de Diputados el primer semestre. Lo burdo es que aparentemente más del 60% del presupuesto de la capital del estado ha sido indebidamente manejado por la administración que encabezó Gabino Cue Monteagudo.
Para mayor información quiero resaltar que quien puso esta denuncia es un señor Guillermo Menchú, que es el Contador Mayor de la Cámara de Diputados de Oaxaca. Y ustedes se preguntarán quién es el señor Guillermo Menchú. Guillermo Menchú es el anterior Secretario de Finanzas del Gobierno del estado de José Murat, es decir, Guillermo Menchú se va a auditar a sí mismo los ejercicios de su administración y que no permitió, mediante una controversia, que sea auditado ninguno de los meses de los 6 años de gobierno de José Murat. Pero ahora Guillermo Menchú es el fiscal y el persecutor de todos aquellos presidentes municipales que no coincidieron con José Murat, pero además es el fiscal, es el vigilante de la persona que se dice Gobernador del estado de Oaxaca, por lo que ahora Gabino Cue cuenta con dos órdenes de aprehensión y seguramente están en proceso otras más.
Ante esta situación, a todas luces que se trata de una actitud prepotente, arbitraria y que ha gozado de toda la impunidad con el beneplácito lamentablemente del Gobierno Federal, nos encontramos ante una situación que creo que como legisladores debemos estar atentos. Como Gabino Cue no tiene nada que ocultar y no va a andar huyendo absolutamente ni se va a andar amparando para entrar en un litigio que sabemos que no tendrá un final adecuado, ha decidido entregarse, pero no escapa a nuestra comprensión que al estar encarcelado en Santa María Ixcotel (¿), Gabino Cue corre el riesgo de perder la vida o de ser agredido, como conocemos los métodos, prepotentes y autoritarios que hemos padecido durante los últimos 6 años, por lo que en esta tribuna todo lo que le suceda a Gabino Cue Monteagudo, a sus familiares o simpatizantes, responsabilizamos a José Murat y a Ulises Ruiz, de lo que les pueda suceder a partir de este momento.
Por lo tanto, considero que debemos atender que sea la Auditoría Superior, para que en este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, sea la Auditoría Superior de la Federación la que realice nuevamente una Auditoría sobre el Ejercicio 2002 para evidenciar la burda patraña, la actitud enfermiza y persecutoria de dos personajes atípicos de la política mexicana.
Compañeros diputados de todos los partidos, yo creo que independientemente del partido en que estemos militando, hay hechos que no pueden pasar inadvertidos ante los ojos de los legisladores, que yo quiero suponer que también representamos la legalidad en nuestro país. Este hecho puede propiciar en una entidad federativa, un hecho de graves consecuencias, un estallido social ante la impotencia de un pueblo, pero que hoy está decidido a enfrentar con valentía y decisión, estas actitudes arbitrarias y prepotentes que se dan en el Estado de Oaxaca.
Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Consulte la Secretaria a la Asamblea, si se considera de urgente resolución la proposición con punto de acuerdo del diputado Jesús Martínez Álvarez.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: Con todo gusto, señor Presidente.
En votación económica se consulta a la asamblea y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición mencionada.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
(Votación)
Gracias.
Por la negativa
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión la proposición del diputado Jesús Martínez Álvarez, se abre el registro de oradores.
Ha solicitado el uso de la palabra el diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Arturo Nahle García y el senador Jorge Zermeño.
Tiene la palabra en primer término el diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado ha solicitado la palabra para hablar en pro.
El diputado David Hernández Pérez (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
Estamos convencidos totalmente que el manejo de los recursos públicos debe ser transparente, aplicado en las partidas presupuestales a las que fueron solicitadas y en su momento aprobadas, por lo que hemos hecho desde el ámbito de nuestra competencia constitucional, los mayores esfuerzos a fin de que se haga un mejor uso de los mismos, en beneficios de la población.
Es por ello, que los órganos de fiscalización juegan un papel importante en la transparencia y uso de dichos recursos.
En ese sentido, es importante que la Auditoría Superior de la Federación, órgano que ha dado muestras de un trabajo profesional, realice mediante un órgano como lo es, autónomo e imparcial, una fiscalización de forma transparente, pero no sólo a la administración del municipio de Oaxaca de Juárez o al estado como lo propone el diputado Jesús Martínez Álvarez, sino a otros municipios también de diversas entidades e incluso de esa misma entidad federativa, como lo hará la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Oaxaca, que no es exclusivamente al municipio de Oaxaca a quien se auditará, sino también a otros municipios y fue un acuerdo en el que los diversos grupos políticos votaron para que se autorice esas auditorías.
No obstante que el punto de acuerdo presentado por nuestro compañero diputado se cuestiona la designación del señor Guillermo Mexshum (?) como Contador Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados en el Estado de Oaxaca, cabe señalar que tal nombramiento fue aprobado por unanimidad en donde incluso, compañeros de su partido lo aprobaron y compañeros de todos los partidos, fue aprobado por unanimidad.
Sin embargo, y a fin de que esta determinación no tenga una carga política como evidentemente lo tiene, manifestamos estar de acuerdo en que se audite al estado de Oaxaca y específicamente al municipio de Oaxaca; pero asimismo, a todos los estados de la República por lo que se refiere al Ramo 33, de manera particular a las entidades en donde sus congresos estatales no han suscrito los convenios con la Auditoría Superior de la Federación, caso en el cual se encuentran gobiernos estatales de diversos partidos, como el de Baja California, como el del Distrito Federal, a fin de que la propuesta de referencia, como todas las del Legislativo deje de tener dedicatorias por razones de orden político y se observe la característica de generalidad que le es intrínseca a la ley.
Conforme a lo anterior, cabe ratificar que en el caso de Oaxaca no hay oposición a que se realice la misma auditoria y mucho menos por el titular del Poder Ejecutivo del estado, siempre que ésta sea en el marco de respeto a la ley y a la soberanía del estado.
Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Gracias diputado.
A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en pro.
Declina su participación.
Tiene la palabra el senador Jorge Zermeño, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en pro de la proposición.
El senador Jorge Zermeño Infante (PAN): Gracias, señor Presidente.
Hemos querido fijar una posición de solidaridad con Gabino Cué, no de manera acritica, porque estamos de acuerdo en que todas las entidades públicas, todos los funcionarios que tienen responsabilidad, deben ser corresponsables de sus actos y deben ser auditados adecuadamente por las instancias correspondientes.
Sin embargo, hay una serie de datos que nos preocupan en el estado de Oaxaca, frente a un clima de linchamiento a todos aquellos que se han atrevido a oponerse a un gobierno autoritario, a un gobierno persecutor de aquellos que dejaron las filas del partido al que pertenecía el señor Murat y que se atrevieron a dar una lucha democrática, evidentemente han sido partícipes de una serie de actitudes que nos preocupan mucho, por eso, nos pronunciamos porque haya un manejo transparente.
Hacemos un exhorto a las autoridades locales para que en el ámbito de sus atribuciones se revisen las cuentas públicas, se revisen las cuentas presentadas por el entonces presidente municipal y su cabildo, auditadas también, tenemos entendido mes con mes, por auditores externos, puedan ser escuchados en las observaciones técnicas que tengan que ver con la revisión de las cuentas públicas y por supuesto rechazamos aquí alguna aseveración hecha en tribuna que haya una complacencia del Gobierno Federal, con respecto a lo que está sucediendo en Oaxaca.
Nos parece que hay ámbitos de competencia y en este caso le toca a las autoridades locales, por supuesto que el Gobierno Federal en el ámbito de lo que le corresponda tratándose de recursos federales, tendrá también que dar su opinión o actuar en aquello que le competa, pero es muy común, lamentablemente en muchos lugares que cuando hay algún tipo de diferencia política se utiliza como un arma en contra de aquellas personas que no piensan igual que los gobiernos locales y es el caso muy específico de Oaxaca, donde ojalá y cambie un poco este clima político y que las cosas puedan revisarse con apertura, con transparencia y que puedan ser escuchadas, quienes tuvieron la responsabilidad en su momento, de estar al frente del gobierno municipal en Oaxaca.
Nos hacemos solidarios de esta petición que nos parece justa, porque sí pensamos que existe este ambiente de persecución a quien en su momento se atrevió a ser candidato de una coalición y a quien en su momento y actualmente sigue expresando sus puntos de vista divergentes, respecto del gobierno que terminó, del ex gobernador Murat y lamentablemente parece que se sigue todavía bajo esta línea y ojalá y no sea el caso y ojalá en Oaxaca se enmiende esta actitud por el bien de los ciudadanos de Oaxaca, que esperamos que en el inicio de un nuevo gobierno haya otras señales de mayor respeto a las libertades ciudadanas.
Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Esta Presidencia consulta a la Asamblea si autoriza que se le otorgue el uso de la voz al senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el entendido de que, de acuerdo con lo que establece el 122, ya han hecho uso de la palabra dos oradores en pro.
De no existir inconveniente, tiene usted el uso de la palabra, señor senador.
El senador César Raúl Ojeda Zubieta (PRD): Gracias, compañero Presidente y gracias de nueva cuenta a la Asamblea por permitirme hacer algunas precisiones sobre este tema.
Sin lugar a dudas, nuestro respaldo solidario a Gabino Cue, quien contendió en condiciones, desde nuestra óptica, inequitativas, pero que aceptó de manera responsable el fallo que la autoridad correspondiente determinó y nos parece preocupante y creo que esto debe ser motivo de nuestra atención, que cada vez más, se tienda a "judicializar" la política.
Esto es un tema que debemos parar ya, antes de que sea demasiado tarde y me voy a explicar: cada vez más las competencias políticas son más cerradas, cada vez más los ciudadanos tienen mayores opciones y vemos equilibrios en muchos estados de las fuerzas políticas, cuyos márgenes son ínfimos, pero que un gobernante responsable tiene la obligación de buscar la conciliación inmediata y no mandar un enfrentamiento permanente a un pueblo que está obligado, más allá de la simpatía, por mínima que sea, a gobernar de manera integral; no gobernar para el partido que representó, sino gobernar para todos.
Aquí yo quiero significar la responsabilidad de Gabino, que aceptó, más allá de su óptica y la de muchos de nosotros, de que fue injusta la contienda y nos parece un gesto innecesario, indebido, que crispa además la realidad política de este país que en lugar de buscar tender puentes de conciliar, se ande buscando alguna venganza de carácter personal.
Nos parece que aquí todos debemos actuar responsablemente, porque hoy puede ser una gente que simpatiza con una vía política, mañana pueden ser otros compañeros que militan en otra organización y en todo caso, nosotros tenemos la obligación de hacer respetar el estado de derecho y sobre todo, impedir que un gobernante que tiene la responsabilidad de conducir a un estado, asuma posiciones de facción y no como debe de ser, una posición de estadista, pensando sólo en el beneficio colectivo.
Ojalá y esta unidad que tenemos en el planteamiento, se vea reflejado con una decisión de altura del gobierno de Oaxaca y termina ya la persecución en contra de Gabino Cue.
Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Agotada la lista de oradores, considerando suficientemente discutida la proposición con punto de acuerdo del diputado Jesús Martínez Alvarez, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación Económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición anterior.
Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo.
(Votación)
Quienes estén por la negativa.
(Votación)
La votación por abstención.
(Votación)
Señor Presidente, sí se considera la proposición presentada.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Aprobada y comuníquese.
Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para solicitar información al Director General de PEMEX sobre modificaciones que hará en torno a los contratos de las franquicias de las estaciones de servicio, así como sobre las acciones fraudulentas que se imputan a concesionarios que defraudan al público consumidor alternado a la baja sus bombas de gasolina, proposición suscrita por los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en esta Comisión Permanente.
Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
El diputado Javier Salinas Narváez, entregó a esta presidencia Proposición con punto de acuerdo, relativo al término del convenio suscrito entre Avon Cosmetic, S.A. de C.V. y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para la inscripción al Seguro Social, de los agentes de la Comisión Mercantil Independiente, suscrita por el diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
El siguiente punto del Orden del Día, tiene la palabra la Senadora Erika Larregui, del grupo parlamentario del partido Verde Ecologista de México, para presentar Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que verifique el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMANART-2002, relativa a lodos y biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes y disposición final en la planta de la Promotora Ambiental del Sureste, S.A. de C.V.
Tiene la palabra la Senadora Erika Larregui Angel.
La senadora Erika Larregui Angel (PVEM): Con permiso señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: A nombre mío propio, del diputado Leonardo Alvarez Romo, de la diputada Jacqueline Arguelles y a nombre también del Senador del Partido de la Revolución Democrática César Raúl Ojeda, traigo a presentar este siguiente punto de acuerdo.
En el transcurso de este año se han recibido varias denuncias del Estado de Tabasco, referentes a la empresa Promotora Ambiental del Sureste, S.A. de C.V., que ante su incapacidad para tratar las miles de toneladas de recortes de perforación base aceite en su planta de Loma del Caballo, optó por enterrar miles de metros cúbicos en unos terrenos particulares frente a su planta, a lo que a largo plazo traerá graves consecuencias al mato freático de la zona.
PASA, inicia sus labores en 1988 como OXA (?) de México, S.A. de C.V. con servicios medante de dexorción (?) térmica de recortes de perforación y suelos impregnados con aceites e hidrocarburos. Ya partir de 1999 Oxa es comprada por Alberto Garza y cambia a PASA. Esta empresa utiliza el medio de dexorsión térmica para tratar la tierra contaminada con desechos peligrosos calentándola a una temperatura de 90 grados centígrados a 540, a fin de que los contaminantes con su punto de ebullición bajo, se vaporicen, se conviertan en gases y por siguiente, se separen de la tierra.
No obstante obreros de la propia planta denunciaron que las empresas no cuentan con la capacidad para tratar las miles de toneladas que diariamente llegan a sus plantas y que optaron por enterrarlas. En este sentido existe el temor de que los mantos de agua en el subsuelo de la zona, se estén contaminando por el relleno del vaso regulador y de la laguna de la zona; para lo cual se ha solicitado la intervención de las autoridades de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, sin tener hasta la fecha respuesta.
Los obreros y habitantes de Anacleto Canabal, aseguran que PASA no cuenta con el espacio para el almacenamiento y tratado correcto de los lodos, porque está construyendo una planta de fluidos en la misma área. Además de que ya se encuentran en negociaciones con el Ayuntamiento de centro, para que ocupen un predio en la parte trasera de los hornos, así como la concesión de la planta tratadora de basura.
Aunado a lo anterior, la Procuraduría General de la República, recibió hace casi un año, una averiguación previa interpuesta en las oficinas de la delegación de la PGR local, por el diputado del Partido Verde Ecologista Pascual Bellizia, y en ésta se señalaba que la empresa CARESA que está manejando los residuos de Petróleos Mexicanos, se ampara con un permiso que le dio la SEDESPA, para disponer residuos perforación base.
No obstante, no cumple con los términos y condiciones de autorización, tirando residuos aceitosos, violando la ley estatal del medio ambiente. Ese mismo día en compañía de un servidor público federal, se confirmó que los camiones de la empresa PASA, descargan residuos petroleros, sin que sean tratados anticipadamente; lo que comprueba el análisis de la empresa Estudios Profesionales de Contaminación Ambiental, de su presunta contaminación de la zona, sin medidas de prevención.
El asunto perimetral de contaminantes en el área y ambiente, antes citado, realizado por la empresa Estudios Profesionales de Contaminación Ambiental, reveló que dichos químicos que Promotora Ambiental del Sureste (PASA) vierte sobre el medio ambiente, contienen altos componentes químicos que rebasan el valor permisible establecido en la NOM-024-SSA1-1193.
Por respeto a mis compañeros y compañeras legisladoras y por el tiempo establecido para la presentación de los puntos de acuerdo, voy a omitir la lectura del articulado del punto de acuerdo. Sin embargo, me voy a permitir solicitar que se publique el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.
No quiero terminar sin antes agradecer la solidaridad de mi compañero tabasqueño, el senador César Raúl Ojeda. Por su atención muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Esta proposición con punto de acuerdo ya había sido incluida en la Gaceta Parlamentaria. Esta presidencia expresa que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Se entregó a esta presidencia proposición con punto de acuerdo para que la Sagarpa implemente el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral y sus correlativos, suscrita por el diputado Alberto Jiménez Marino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería y a la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar de la Cámara de Diputados.
El diputado Javier Salinas Narváez entregó a esta presidencia proposición con punto de acuerdo…
Con qué objeto, senador.
El senador Esteban Miguel Angeles Cerón: Para solicitar que se turne también esta propuesta a las respectivas comisiones de la Cámara de Senadores.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Esta presidencia obsequia el turno a la comisión respectiva del Senado de la República.
El diputado Javier Salinas Narváez entregó a esta presidencia proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal para que considere al sector cañero como estratégico en la economía nacional, suscrita por el diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
Esta presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación informe cómo se han venido pautando los materiales radiofónicos y televisivos que la Cámara de Diputados solicitó difundir en uso de los tiempos oficiales que le correspondan, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
El diputado Javier Salinas Narváez entregó a esta presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención del secretario del Trabajo y Previsión Social para impedir el despido de los trabajadores y actores afiliados a la Asociación Nacional de Actores que participan en el doblaje de la serie televisiva "Los Simpsons", suscrita por el diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
La diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, entregó a esta presidencia proposición con punto de acuerdo por el que solicita la creación de una comisión especial que observe el proceso electoral en Baja California Sur que se llevará a cabo el próximo 6 de febrero.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Como siguiente punto del orden del día tiene la palabra el senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar... a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática, subirá, tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en relación con la derogación del decreto que declaraba de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar.
Tiene la palabra, diputada Rosas.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD): Gracias, Presidente.
El senador Raúl Ojeda, integrante del grupo parlamentario en el Senado, del PRD, somete su consideración el punto de acuerdo de urgente resolución, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
El viernes 14 del presente mes y año, el Ejecutivo Federal por conducto de los Secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, publicó en el Diario Oficial de la Federación, previa filtración a la prensa aparecida un día antes un decreto mediante el cual deroga el vigente desde 1991, modificado en 1977, por medio del cual se declaraba de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar y se establecían una serie de reglas entre ellas el mecanismo de planeación de la producción de caña y su procesamiento; la fórmula para determinar el precio que se pagaba a los productores de caña por su producto.
El mecanismo de planeación establecido y la aplicación de la mencionada fórmula desde 1991, habían venido beneficiando a los 440 mil productores de la caña que hay en el país, quienes vieron incrementar su ingreso real en los últimos doce años con mejoras importantes en los niveles de vida de las familias cañeras y un efecto multiplicador positivo en las 2.5 millones de personas que indirectamente están relacionadas con la actividad productiva de la caña de azúcar.
A partir de entonces la producción de azúcar se había venido convirtiendo en el eje fundamental de la vida económica de un buen número de pueblos y comunidades en el país.
Como lo señala el decreto, la actividad azucarera reviste una gran importancia en los ámbitos económico y social del país, ya que actualmente participa con el 0.5 % del producto interno bruto (PIB) y proporciona sustento a más de 440 mil familias, entre empleos permanente y temporales, asentadas en 227 municipios pertenecientes a 15 estados de la República, en los que habitan alrededor de 12 millones de mexicanos de los cuales más de 2.5 millones dependen directamente de la agroindustria de la caña de azúcar.
Con la derogación del decreto cañero los productores y sus familias, además de quienes dependen directamente de la agroindustria y los dueños de los ingenios, se verán afectadas las consecuencias de un mercado desordenado y anárquico que con seguridad se traducirá en precios cada vez más deprimidos del azúcar que podrían poner en riesgo la actividad productiva y agroindustrial en su conjunto, mucho más si se hace efectiva la menaza latente que pende sobre el sector de abrir la frontera a la importación de azúcar y otros edulcorantes como la fructosa.
Esta última posibilidad es particularmente crítica y muy posiblemente ocurrirá una vez que la OMC se pronuncia en el panel de controversias, estableciendo para analizar la demanda de los fructoseros de Estados Unidos que interpusieron en contra de la medida adoptada por el Congreso de la República en 2001, de aplicar un arancel del 20 % al uso de otros edulcorantes distintos del azúcar en la fabricación de refrescos.
El decreto que deroga al de 1991, deja muchas interrogantes sin responder y plantea profundos cuestionamientos a la política gubernamental en materia del sistema de producto caña de azúcar.
Como nadie ha aclarado hasta el momento cuál es la estrategia global en relación con el sector cañero, y si es que hay una y en qué consiste el hecho de que el azúcar esté incluida entre los productos básicos y estratégicos que cita la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Medias de esta naturaleza aisladas e inconexas, como son la impresión de que no hay una política definida y coherente, que tiende a estimular y a eficientar la producción de la caña de azúcar y la del azúcar misma, de la cual derivan respuestas adecuadas de las distintas amenazas que se ciernen sobre el sector como la apertura de la frontera a las importaciones del dulce.
Por cuestiones de tiempo, solicitaría la publicación íntegra en el Diario de los Debates y para quedar como sigue
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Solicitar la comparecencia del señor Javier Usabiaga Arroyo, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que exponga los motivos, las razones y los hechos para que la derogación del decreto que declaraba de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar de mayo de 1991 y su modificación de julio de 1993, y proporcione información suficiente y veraz sobre las políticas y medidas complementarias que habrán de adoptarse para abordar de manera global el problema del azúcar en el país.
Es cuanto.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Consulte la Secretaria si se considera de urgente resolución la proposición con punto de acuerdo de la diputada Lizbeth Rosas.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Se considera de urgente resolución. Está a discusión la resolución.
Se abre el registro de oradores.
Ha solicitado el uso de la palabra el senador Raymundo Gómez Flores para hablar en pro de la proposición.
Tiene la palabra senador Gómez Flores.
El senador Omar Raymundo Gómez Flores (PRI): Gracias señor Presidente.
Compañeras y compañeros Legisladores:
Caña, cañeros. La industria de la caña es la industria más centenaria de nuestro país. Es por demás bordar acerca de las consecuencias sociales y económicas de quitar el interés público que ha decretado el gobierno federal en diferentes momentos de la historia de este centenario cultivo. Es por demás recordar que el incremento del precio del azúcar causó la primera devaluación en los tiempos del Presidente Echeverría. Es por demás recordar que las Cartas Paralelas nunca fueron ratificadas por el Senado de la República. Es por demás recordar que el impuesto del 20 por ciento a las bebidas carbonatadas que se producen con materia prima diferente al azúcar, indirectamente puso a esta industria en un proceso de desestabilización económica.
Procesos de destrucción económica han acompañado a esta industria a lo largo de los años. Procesos de nacionalización, procesos de expropiación, procesos de reprivatización han venido acompañando esta industria durante muchos años.
Nos importa mucho conocer el fondo económico, el fondo social y el fondo político que impulsa al Ejecutivo Federal a cancelar el decreto que estaba permitiendo dar vida a una industria que sin apoyo, sin apoyo del Estado mexicano no tiene futuro.
Y lo digo porque el azúcar es apoyada por muchos países en la comunidad económica europea y desde luego por nuestros socios y vecinos: los de Estados Unidos de Norteamérica.
Tienen muchísimos apoyos no solamente las tierras que están vocacionadas para explotación cañera, sino los propios industriales e inclusive los sindicatos que prestan ahí su servicio.
Nos importa mucho que comparezca el Secretario de Economía, preferentemente junto con el Secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el objeto de que nos haga entender, si es que acaso no lo hemos logrado, por qué estos cambios de política, sobre todo sin una consulta mínima previa, con un Poder Legislativo que está siempre presto a entender las mejores razones para lograr los mejores desarrollos de los procesos sociales económicos.
No entendemos por qué tenemos que enterarnos por el periódico de una expropiación al día siguiente de un Informe. No entendemos por qué tenemos que enterarnos por la prensa de que se cancela un decreto de interés público para una industria como la cañera. No entendemos pues cómo vamos a hacer política de buena fe, si nos la llevamos a puras puñaladas traperas a sectores que históricamente han hecho su mejor esfuerzo por servir a su país y a sus familias.
Muchas gracias compañeros.
(aplausos)
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Agotada la lista de oradores, considerando suficientemente discutida la proposición con Punto de Acuerdo, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Aprobada. Comuníquese.
El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, entregó a esta Presidencia proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que informe al Congreso de la Unión sobre las razones de las medidas arancelarias que pretende llevar a cabo dentro del sector azucarero.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
El siguiente punto del orden del día, a solicitud del Partido de la Revolución Democrática, ha sido retirado.
El siguiente punto del orden del día es la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos presente informe de avances en el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación establecidas por la autoridad ambiental competente, en relación al derrame de hidrocarburos en el Río Coatzacoalcos, estado de Veracruz, suscrita por la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Esta proposición con Punto de Acuerdo ya fue presentada por el diputado Víctor Alcérreca Sánchez y aprobada por esta soberanía.
Tiene la palabra el senador César Raúl Ojeda Zubieta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con Punto de Acuerdo en relación a la participación de las fuerzas armadas en las cárceles de alta seguridad.
El senador César Raúl Ojeda Zubieta (PRD): Gracias compañero Presidente.
Compañeras y compañeros Legisladores: Desde hace algunos años se habla insistentemente de la actividad de las fuerzas armadas en la escena nacional. Esa percepción parte de varias situaciones más o menos recientes. Primero la masiva presencia militar permanente en Chiapas de mediados de ’94 en adelante, después de al aparición del EZLN y la situación de paz armadas prevaleciente, donde se calcula que están acuartelados cerca de 40 mil efectivos militares dedicados a acciones de patrullaje, instalación de retenes móviles, otorgamiento de labor social, recopilación de información, entre otras.
Segundo, la campaña castrense antinarcóticos, que cambia de estados y zona geográfica según la estación el año y las nuevas zonas de cultivo y tránsito de drogas detectadas, campaña que implica un despliegue de 20 mil efectivos.
Tercero, las movilizaciones de tropas debido a la aparición del Ejército Popular Revolucionario a mediados de ’96, movilizaciones que comprenden las entidades de Guerrero, Oaxaca, Morelos, Estado de México y Puebla; presencia militar provisional pero masiva estimada en contingente de 10 mil soldados, lo cual combina a soldados de la zona militar respectiva con fuerzas especiales de contraguerrilla.
Y, cuarto, la presencia militar se detecta también en un aspecto selectivo y cualitativo, mediante la asignación de altos y medianos mandos en corporaciones policiacas estatales, en tareas de procuración de justicia, la Policía Judicial Federal, Seguridad Pública y en algunas penitenciarías y aeropuertos, como respuesta a la corrupción e ineficiencia de dichas corporaciones y al escandaloso aumento de la delincuencia profesional y ocasional a nivel nacional, así como del narcotráfico internacional.
Ciertamente se alega a favor de la participación de fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, porque siendo la institución que goza de mayor confianza y credibilidad entre la sociedad civil, se tiene la percepción de que es posible disminuir los índices delictivos y mejorar la seguridad pública.
Asimismo se afirma que la participación de castrenses en mandos policíacos, altos e intermedios, disminuye considerablemente la corrupción e ineficiencia de las policías, el entrenamiento militar a la policía capitalina, elevará su capacidad técnica y operativa, enriqueciendo a los cuerpos policíacos de actitudes y valores positivos, como la honestidad, la disciplina, el espíritu de servicio, incluye se argulle que los mandos castrenses acuden a los puestos sin su tropa y armamento, la cual queda en los cuarteles, y además que el titular de todos es una autoridad civil.
Sin embargo, también debemos reconocer el riesgo que corren los institutos armados, al utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, se les expone a medios corruptores, como los del multimillonario narcotráfico y el del atractivo crimen organizado.
Y es cierto, pese a no ser un fenómeno generalizado, el crimen organizado pudo coptar y corromper, tanto a generales como a soldados rasos, sin duda, la expansiva criminalidad profesional y ocasional, la profunda corrupción y prepotencia policíaca y el corrosivo círculo del narcotráfico-drogadicción, son situaciones que preocupan y atentan cotidianamente contra el ciudadana en su seguridad física o familiar y en sus propiedades.
El argumento de que estos fenómenos son problemas de seguridad nacional, aparece claro e incuestionable, pero no tanto cuando se pretenden solucionar sólo con métodos de poder discrecionales o incluso arbitrarios, al margen de cualquier contraloría social y sin tocar las raíces de los problemas de seguridad pública.
En otras palabras, el uso discrecional del poder presidencial sobre las fuerzas armadas y en instancias de supervisión, por ejemplo, del Poder Legislativo u otras instancias legales y legítimas, se presta a no saber hasta dónde la participación militar obedece a criterios de seguridad nacional o de mera seguridad gubernamental.
Por ello, se requiere supervisar el funcionamiento de los cuerpos policíacos, el entrenamiento de policías por militares, renovar a fondo las instancias de procuración y administración de justicia del Poder Judicial, de donde son liberados con relativa facilidad, importante e influyentes narcotraficantes y delincuentes y son condenados otros de menor jerarquía.
Si bien resulta básico el otorgar más dinero o lograr una mejor coordinación y delimitar una nueva tipificación jurídica, no es suficiente apostarle a medidas técnicas, monetarias y legales, como únicos conductores prácticos de la estrategia nacional de seguridad pública, si no se remueven las raíces materiales mencionadas y no se convoca a la participación ciudadana la estrategia tendrá resultados magros, provisionales, y hasta contraproducentes para los propios militares, quienes descuidarán otras labores y deteriorarán su imagen pública.
Todas estas consideraciones son oportunas, dada la evidencia de vulnerabilidad y fracaso dl esquema de las cárceles de alta seguridad del gobierno federal.
Está por demás decir que la seguridad de las cárceles mexicanas, quedó nuevamente quebrantada con la fuga de tres narcotraficantes de las Islas Marías, y mientras esto sucede el Ejecutivo federal no hace sino elaborar soliloquios afirmando falsamente que se libra la madre de todas las batallas contra la corrupción den las prisiones.
Cabe señalar que el caso de Islas Marías, es un caso patético, porque hay toda un ordenamiento acerca de cuales son las características de los que puede ser trasladado a esa penitenciaría, y se señala el perfil de no alto riesgo, no narcotraficantes, para garantizar que no haya una expedición, como seguramente aconteció y puedan ser liberados de las prisiones de alta seguridad. Así que aquí hubo una omisión gravísima y es más lamentable cuando habíamos observado un mes antes, todo un desplazamiento y una intervención transmitida a todo el país en red nacional, donde el actual Secretario de Seguridad Pública, hablaba sobre una serie de cosas, que, bueno, evidentemente quedó en entredicho ya a muy corto plazo de su intervención.
Recordemos que tras el asesinato de Arturo Guzmán Loera en las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad, el Ejecutivo federal no ha tenido más que desatinos y justificaciones, escudándose en renuncias desasosiegas de funcionarios menores, y todo ello para exculpar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública por su falta de competencia y para exonerarlo de su responsabilidad.
Confiamos que las fuerzas armadas garantizarán la seguridad como se debe, dentro y fuera de las penitenciarías federales, ante la desconfianza en la Secretaría de la Seguridad Pública, celebramos que el Ejecutivo federal haya escuchado la sugerencia de ciudadanos preocupados por la ineptitud de esa dependencia.
Esperamos que la ocupación militar sea transitoria, como transitoria debiese ser la permanencia de Martín Huerta.
Por otro lado, si la ingerencia de las fuerzas armadas en la seguridad pública no parte de articular la fuerza moral y material de la nación, como sin militarización o con policía militarizado, la guerra contra la inseguridad pública y por la estabilidad política estará perdida aunque se ganen algunas batallas.
Por lo anterior, someto a la consideración de la H. Comisión la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se solicita al Secretario de Seguridad Pública que informe detalladamente a la Comisión Permanente sobre
Los resultados de las políticas de readaptación social; y
Las tareas específicas de la intervención de las fuerzas armadas en cárceles federales de alta seguridad.
SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informe sobre el estado que guardan las recomendaciones que haya emitido ese organismo a causa de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos adscritos a las cárceles mexicanas.
Muchas gracias.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria Maria Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la asamblea conforme al artículo 59 del Reglamento Interior para el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición, se abre el registro de oradores.
No habiendo registro de oradores, se considera suficientemente discutida la proposición. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición presentada por el senador Raúl Ojeda.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba la proposición presentada por el señor senador.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: Aprobada y comuníquese.
El diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen visitas de inspección y/o verificación a la empresa FIEMEX, S.A. de C.V., en el estado de México.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
El siguiente punto del orden del día es el capítulo correspondiente a solicitudes de excitativas.
Esta Presidencia informa a la asamblea que se recibieron las siguientes solicitudes:
Del diputado José Guadalupe Osuna Millán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
Del diputado Gerardo Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Del diputado Jesús Martínez Alvarez, del Partido de Convergencia, a la Comisión de Gobernación.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de la Cámara de Diputados para que emitan el dictamen correspondiente.
En razón de que se han cumplido las 4 horas en la presente sesión, tal como lo dispone el artículo 3º del acuerdo parlamentario aprobado por esta soberanía, proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria María del Carmen Mendoza Flores:
(Orden del día)
El Presidente Alfredo Villegas Arreola: (15:30 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 26 de enero a las 11 horas.