El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 396 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum señor presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se abre la sesión (11.33 horas).
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo: Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo: Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo: Votación
Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo: Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo: Votación
Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo: Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada el acta.
Antes de pasar al capítulo de comunicaciones, instruyo a la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Falta algún diputado o diputada adelante, diputada. Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Diputado presidente, existen 397 diputados y diputadas en lista. Quienes no hayan registrado su asistencia, cuentan con quince minutos para hacerlo por cédula.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Comunicaciones. Proposiciones de acuerdo de los órganos de Gobierno. De la Junta de Coordinación Política:
Por el que se exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados para que den a conocer sobre las Investigaciones relacionadas con las agresiones contra Periodistas y medios de comunicación.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor: Votación
Gracias. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa: Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política: Relativo al conflicto de los predios que ocupan las plantas de producción de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, en el Distrito Federal.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Votación
Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo: Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
Permítame Secretaria. Se encuentran en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el excelentísimo señor Nouhad Mahmoud, Embajador de la República Libanesa, el excelentísimo señor Mamdouh Shawky Moustafa Kamel, Embajador de la República Arabe de Egipto, el excelentísimo señor Mahmoud Rmiki, Embajador del Reino de Marruecos, el excelentísimo señor Merzak Belhimeur, Embajador de la República Argelina Democrática y Popular y el señor Jihad Radwan, representando a la Embajada del Reino de Arabia Saudita y el licenciado Héctor Alvarez de la Cadena, Presidente de la Cámara de Comercio Arabe Mexicana, invitados de la diputada Amalín Yabur Elías y quienes realizan una visita a la Cámara de Diputados, en el marco del evento "El Mundo Arabe en la Cámara de Diputados". Sean todos ustedes bienvenidos.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración del grupo de amistad México-Chipre.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración del grupo de amistad México-Grecia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración del grupo de amistad Servia y Montenegro-México.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Votación
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración del grupo de amistad República Checa-México.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De la Junta de Coordinación Política, relativo a las proposiciones con punto de acuerdo y excitativas enlistadas en el orden del día de las sesiones que restan del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la actual legislatura.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Votación
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De la Junta de Coordinación Política, relativo a las medidas que de manera unilateral adoptó el Gobierno Estadounidense en materia migratoria.
En votación económica...
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Permítame Secretaría.
Se ha registrado para hablar sobre el acuerdo de la Junta de Coordinación Política la diputada Eliana García Laguna, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra diputada García Laguna, hasta por cinco minutos.
La diputada Eliana García Laguna: Muchas gracias, señor Presidente.
Para nosotros como legisladores no debería ser ya una sorpresa la serie de medidas antimigrantes que se han ido aplicando por parte del gobierno de Estados Unidos, sobre todo de la idea de que la migración puede ser asimilada al crimen organizado y al terrorismo. El endurecimiento de las leyes de migración, el asegurar la frontera para impedir cruces ilegales y la creación de un Programa de Trabajadores Temporales, son algunos de los ejes que el Presidente George Bush dio a conocer la semana pasada y que no son novedosos, la primera vez que nos habló de trabajadores temporales fue en enero del año pasado.
Presidente... Yo le pediría que los señores que están jugando ahí en medio del pasillo pudieran salirse a jugar y a reírse a otro lado.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Señores Diputados: Específicamente quienes se encuentran en el pasillo, les ruego a ustedes guardar el orden, la compostura y la atención a nuestra compañera diputada que está haciendo uso de la tribuna. Muchas gracias.
Continúe Diputada.
La diputada Eliana García Laguna: Aunque no me guarden atención, pero pues que se vayan a reír allá afuera.
El discurso sobre el endurecimiento de las políticas migratorias y la amenaza de deportar a cada extranjero que ingrese ilegalmente a su país nos reafirma que esta política migratoria es una política que lastima, lesiona, los intereses de los mexicanos que por causas multifactoriales se ven en la necesidad o en la atracción de salir de nuestro país.
Nosotros quisiéramos que hubiera por parte del Ejecutivo Federal un posicionamiento de mucha firmeza, de mucha contundencia, en relación con la necesidad de que se avance en la necesidad de crear un acuerdo migratorio bilateral, que podamos presionar en razón de que tenemos un Tratado de Libre Comercio para América del Norte que tendríamos que estar asegurando que contenga un apartado que hable específicamente de los derechos laborales, de los derechos humanos en relación con derechos sociales, derechos culturales, que incluso tienen qué ver con el respeto a la identidad de quienes siendo mexicanos se ven en esta necesidad.
Nosotros como legisladores tendríamos que ser vigilantes e incluso hacer una solicitud a nuestros compañeros senadores para que se pueda hacer una revisión de lo que ha significado el Tratado de Libre Comercio en términos de las inequidades económicas que implican para nuestro país la desregulación de una serie de productos y que atendiendo la necesidad de protección al consumidor podamos también hacer una protección al campo mexicano para poder lograr que se reactive nuestra economía.
Efectivamente somos nosotros los principales responsables de detener la expulsión de mexicanos que salen en busca de mejores oportunidades de empleo, de mejor calidad incluso en el empleo que tienen, y como parte de esto la necesidad de que se revise el Tratado de Libre Comercio y de manera particular poner especial atención en lo que está haciendo el Acuerdo para la Seguridad y el Progreso con América del Norte que se firmó recientemente, como un acuerdo anticonstitucional y que está planteando la aceptación de considerar a la frontera mexicana con Estados Unidos una frontera peligrosa queriendo asimilar la migración mexicana, decía yo anteriormente, al crimen organizado y al terrorismo.
En razón de esto el grupo parlamentario del PRD apoya el punto de acuerdo que fue leído por nuestra compañera Secretaria, en la intención de que podamos asegurarnos de dar protección a los derechos de los mexicanos y las mexicanas que cruzan la frontera y podamos de esta manera evitar que siga habiendo connnacionales e hispanos de otros países de América del Sur que cruzan la frontera y mueren en ella.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta Presidencia no tiene más oradores registrados. En consecuencia se considera que el asunto está suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Del Gobierno del Distrito Federal.
Oficio con el que remite información relativa a la evolución de los ingresos y egresos del endeudamiento neto del mes de octubre del 2005, de conformidad con lo que establece el artículo 3º numeral 6 de la Ley de Ingresos de la Federación.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa sobre los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, etc.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Oficios de la Secretaría de Seguridad Pública.
Oficio con el que se remite copia expediente que se integró con la solicitud de donación a la persona moral "Movimiento Pro-Vecino, A.C."
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Oficio de la Secretaría de Seguridad Pública, con el que se remite copia del expediente que se integró con la solicitud de donación a la persona moral "Consejo Indígena Permanente, A.C."
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Secretaría de Gobernación
Oficio por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Silvia Moreno Galván y Ángel Pérez Rodríguez, puedan prestar servicios en la Embajada de la República Popular China, en México.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Oficio por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Mónica Madera Reveles, Texipactli Serrano Fernández, Alejandra Negrete Villa, César Yigal Urías Sánchez, Diana Alejandra Cortés Chávez y Ricardo Assemat Calderón, puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá en México y en el Consulado de Canadá en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretara diputada María Sara Rocha Medina: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario, para que los CC. Karla Yessica Andrade Quiñónez, Virginia Guadalupe Mojica Victoria, Mari Carmen Aranda Azar, Luciano Escamilla Cruz, Juan Pablo López Cruz y Juan Amador Romero Ruiz, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en ciudad Juárez, Chihuahua; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California, respectivamente; y comunica que ha dejado de prestar servicios el C. Jacobo Hamui Cárdenas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
E Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación.
Por lo que se refiere al ciudadano que ha dejado de prestar servicios como se ha dado lectura, remítase a las Comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.
La Secretara diputada María Sara Rocha Medina: Siete oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de diputados.
Por lo que se refiere al ciudadano que ha dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Siete oficios de la Secretaría de Gobernación con lo que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a las Comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Oficio de la Cámara de Senadores devolviendo la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona la Fracción IX, al Artículo 12 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Oficio de la Cámara de Senadores remitiendo Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la Fracción IV del Artículo 3 y Fracción IX del Artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Oficio de la Cámara de Senadores remitiendo Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Oficio de la Cámara de Senadores remitiendo Minuta con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Oficio de la Cámara de Senadores remitiendo Minuta con Proyecto de Decreto concediendo permiso al C. Gerardo Estrada Rodríguez para aceptar y usar Condecoración de la Orden de Isabel la Católica en Grado de Encomienda, que le concede el Gobierno de España.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Esta presidencia la da mas cordial bienvenida a ciudadanos del municipio de Calpulalpan del Estado de Tlaxcala, invitados por el diputado Florentino Domínguez Ordoñez y asimismo de los jóvenes estudiantes de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, invitados del diputado Raúl Paredes Vega. Sean bienvenidos.
El siguiente punto del Orden del Día es la Primera Lectura de los siguientes dictámenes.
De la Comision de Hacienda y Credito Publico:
Con proyecto de Ley de Mercado de Valores.
De las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Presupuesto y Cuenta Publica y de Hacienda y Credito Publico:
Con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al Artículo 1º. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganaderia y de Economia:
Con proyecto de decreto que expide la Ley de Productos Orgánicos.
De la Comision de Salud:
Con proyecto de decreto que reforma el Artículo 131 de la Ley General de Salud.
Con proyecto de decreto que reforma los Artículos 17, 262 y se adiciona el Artículo 217 de la Ley General de Salud.
Con proyecto de decreto que reforma los Artículos 10, 11, 27, 54, 106, 393 y 403 y adiciona los Artículos 3º., 6º., 67, 93 y 113 de la Ley General de Salud.
Con proyecto de decreto que adiciona una fracción V al Artículo 65 de la Ley General de Salud.
Con proyecto de decreto que reforma la fracción X del Artículo 257 de la Ley General de Salud.
De la Comision de Hacienda y Credito Publico:
Con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Economia:
Con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al Artículo 3 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.
De la Comisión de Gobernación:
Con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Camilo de Jesús Antón García, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de España, en la ciudad de Querétaro, con circunscripción consular en el Estado de Querétaro.
Con Proyecto de Decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Daniel Romero Mejía, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Japón, en la Ciudad de Tijuana con circunscripción consular en el Estado de Baja California.
Son publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Son de primera lectura.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Ley del Mercado de Valores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Votación
Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la segunda lectura.
Tiene la palabra el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por diez minutos.
El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz: Con su permiso señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
El pasado 28 de abril, esta Cámara de Diputados recibió para su estudio, discusión y aprobación, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Mercado de Valores, habiéndose turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La discusión de la Minuta generó un amplio y enriquecedor debate que contó con el concurso y aportación de ideas y propuestas de parte de los legisladores de diversos grupos parlamentarios.
La Comisión también reconoce la intensa participación de las autoridades financieras y todos los integrantes del sector financiero, como lo son la Bolsa Mexicana de Valores, las emisoras, los intermediarios bursátiles, las empresas representadas por el Consejo Coordinador Empresarial, asesores, consultores, auditores, entre otros.
Aspecto fundamental de la discusión en el seno de la Comisión, fue la necesidad de precisar el concepto de eventos relevantes y dotar de seguridad jurídica, a los diversos agentes que participan en el mercado de valores.
Al respecto, la Comisión de Hacienda acordó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establezca en forma enunciativa, más no limitativa, en las disposiciones aplicables respectivas, los actos hechos o acontecimientos que se consideren como eventos relevantes y los criterios para su establecimiento.
En adición, la Comisión convino que en el supuesto de que como resultado de una investigación que lleve a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no resulte sanción alguna y esto se haya hecho del conocimiento público, tal hecho deberá informarse a través de los mismos medios en que se hizo del conocimiento público la investigación de referencia, y en su caso, el funcionario involucrado en tal manifestación será responsable en los términos que señalen las leyes correspondientes.
Señores legisladores: el Mercado de Valores de nuestro país no ha aprovechado todo su potencial como motor de desarrollo y para hacerlo más atractivo a los inversionistas, de ahora en adelante se contará con una regulación acorde con los estándares internacionales que rigen los principios fundamentales del mercado bursátil, como son los derechos de revelación de información al público inversionista, los derechos de minorías y los del buen gobierno corporativo y societario.
Asimismo, se han incorporado los principios que rigen la conducta de los participantes en el mercado de valores, de conformidad con las demandas del momento actual, buscando reducir los costos de los inversionistas con la finalidad de fomentar en un marco de confianza, la colocación de valores de nuevas empresas.
La Comisión de Hacienda considera que el nuevo ordenamiento dotará al sector de una mayor transparencia y garantizará que las sociedades participantes en el mismo, tengan un gobierno corporativo que contribuya a generar mayor confianza en los inversionistas corrigiendo a su vez, los desequilibrios que se han generado en el mercado de valores mexicano.
La nueva ley que se presenta a su consideración, permitirá el desarrollo del capital de riesgo como complemento del Mercado de Valores, la modernización de la estructura de la sociedad bursátil, la actualización del marco normativo de la intermediación y de los intermediarios, la revisión y el perfeccionamiento al régimen de los delitos y las sanciones y la realineación de las facultades en la materia de las diversas autoridades financieras.
Compañeras y compañeros legisladores, la nueva Ley del Mercado de Valores aprobada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para la cual solicito su voto aprobatorio, contribuirá a capitalizar un mayor número de empresas mexicanas, fortaleciendo el desarrollo del Mercado de Valores en un marco de mayor certeza y seguridad jurídicas, lo que se traducirá en mayor inversión, creación de empleos y crecimiento económico para nuestro país.
Por su atención muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias señor diputado.
En consecuencia está a discusión en lo general el dictamen.
Esta Presidencia no tiene oradores registrados para fijar posiciones por parte de los grupos parlamentarios para discutirlo en lo general y en consecuencia se considera suficientemente discutido en lo general.
Para los efectos del artículos 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Esta Presidencia informa que se han registrado reservándose el artículo segundo fracción VII, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza; asimismo la reserva al artículo 25, de igual manera por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza y reservas al artículo 26, reforma al último párrafo y adición de un penúltimo párrafo, por parte del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, todos ellos de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
Votación
Diputado Presidente se emitieron 395 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 395 votos.
Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos: 2° fracción VII, 25 y 26, reforma al último párrafo y adición de un penúltimo párrafo.
Se ha registrado para la discusión del artículo 2° fracción VII reservado, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza para hablar en contra.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, hasta por cinco minutos.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado Presidente.
Primeramente es conveniente hacer notar, que en lo general la nueva Ley del Mercado de Valores fue aprobada por unanimidad en esta Cámara de Diputados, esto disipa cualquier duda que había sobre el particular. Todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados, estamos a favor de una nueva Ley del Mercado de Valores. Una nueva ley cuyo contenido abarca 423 artículos y que al día de hoy, podemos aseverar que 420 de los 423 artículos, han sido aprobados por ambas Cámaras. Es decir –repito- no hay duda de la voluntad del grupo parlamentario del PRI, en apoyar una nueva Ley del Mercado de Valores.
Un artículo, ya se aprobó, que regrese a análisis al Senado de la República, artículo 359, como bien lo manifestó en esta tribuna el Presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Gustavo Madero.
Un servidor hace uso de esta tribuna para analizar el artículo 2º. en su fracción VII, definición de eventos relevantes. ¿Por qué la importancia de esta definición? Porque esta denominación de "eventos relevantes", aparece en 49 ocasiones en esta Ley del Mercado de Valores; es decir, no estamos hablando de una definición que no tenga injerencia dentro de la propia ley y si hay algo por lo que hemos pugnado, es por dar certeza y seguridad jurídica a aquellos que se les aplicará esta legislación.
Deseo mencionar que la iniciativa presentada por el Presidente de la República en marzo de este año, sufrió en el Senado de la República 102 modificaciones a 46 artículos. Esta Cámara de Diputados, pretende modificar única y exclusivamente tres artículos, uno de ellos ya aprobado en este momento.
La propuesta que se realiza, modifica para dar mayor claridad al término "eventos relevantes". ¿Por qué? Porque si ustedes revisan el artículo 362, señala que evento relevante no difundido, se entiende información privilegiada y el 383 de la propia ley, lo sanciona de manera penal. Es decir, no podemos dejar en un estado de indefensión a aquellos a los que se les aplicará la ley.
En ese tenor, se propone que la definición similar a la actualmente presentada en el dictamen, se señale que sea apegada al principio de materialidad las disposiciones generales emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto implica el darle valor a cada una de esas situaciones; el cuáles van a ser los porcentajes que incidan para que un evento se considere como relevante y tenga que ser difundido y a su vez, facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que pueda seguir adicionando actos, hechos u omisiones o acontecimientos, pero que éstos se difundan al gran público inversionista y las emisoras tengan conocimiento previo de ello para su cumplimiento.
Diputado Presidente, dejo la propuesta a fin de que, si usted tiene a bien ordenarlo, la Secretaría dé lectura textual al artículo 2º., fracción VII que se propone modificar y que fue reservado por un servidor.
Gracias a todos ustedes por su atención.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado.
Consulte la secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza ,al artículo 1 fracción VII.
Solicito a la secretaría dé lectura al documento que ha dejado en relación con su propuesta el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, antes de someter a votación.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se supone que diga "Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por:
"Fracción VII. Eventos relevantes a los actos hechos o acontecimientos de cualquier naturaleza que influyan o puedan influir en los precios de los valores inscritos en el Registro para tales efectos.
"La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá establecer en disposiciones generales apegadas al principio de materialidad de forma enunciativa más o no limitativa a aquellos actos o acontecimientos que se consideren eventos relevantes así como los criterios a seguir por parte de las emisoras para determinar cuando una reviste tal carácter.
"La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá adicionar a la lista de actos, hechos o acontecimientos nuevos eventos siempre y cuando medie comunicación previa a las emisoras y se haga del conocimiento del público inversionista."
En votación económica …
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Permítame señora secretaria.
Sonido a la curul del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Para solicitarle respetuosamente que esta votación sea nominal.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: ¿Quiénes lo apoyan diputado? Levanten la mano.
Así se hará señor diputado.
En consecuencia en votación nominal consulte usted a la Asamblea e instruya se abra el sistema electrónico de asistencia y votación hasta por 3 minutos para consultar si el sentido es afirmativo, que se admite a discusión la propuesta del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Si el voto es negativo el resultado es que se desecha.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos del artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 3 minutos para recabar la votación si es de admitirse la propuesta a discusión presentada por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.
VOTACION
Ciérrese el sistema de votación electrónica.
Diputado presidente se emitieron 165 en pro, 218 en contra y 3 abstenciones.
Repito la votación diputado presidente, 165 en pro, 218 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Por 218 votos se desecha y se reserva para su votación nominal en sus términos al final de la discusión de los artículos reservados en lo particular.
Se ha registrado para la discusión del artículo 25 reservado, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.
Tiene usted el uso de la tribuna diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, hasta por 5 minutos.
Sonido a la curul del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Declino la participación diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muy bien, en consecuencia se reserva para su votación en sus términos, el artículo reservado al final de la votación.
Se ha registrado para la discusión del artículo 26, reforma al último párrafo y adición de un penúltimo párrafo reservado, el diputado Juan Carlos Pérez Góngora. Tiene el uso de la tribuna el diputado Pérez Góngora, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Carlos Pérez Góngora: Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados.
Esta Ley del Mercado de Valores, nos queda a todos muy claro que viene a modernizar el sistema de transparencia para las empresas emisoras y para garantizar mejor a los inversionistas el uso de los recursos de las empresas en donde ellos están invirtiendo.
Solamente seré breve y quisiera poner a consideración de ustedes, una adecuación al artículo 26 de este proyecto que se está votando… que ya se votó en lo general y en lo particular. La propuesta es en relación a los consejeros independientes.
Si bien estamos buscando que las instituciones y en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como algunas otras, tengan mayor transparencia y tengan mayor autonomía, consideramos que es de suma importancia que tratándose de la calificación de los consejeros independientes, se modifique el último párrafo de este artículo 26 y no quede a decisión únicamente de una sola institución, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la aprobación de las personas que formarán parte del Consejo de Administración de las Empresas Emisoras que cotizan en la Bolsa de Valores en nuestro país.
Sobre este particular, propongo que no sea únicamente esta Comisión sino formar un comité de independencia que esté integrado por consejeros de cuatro instituciones, que sería uno proveniente del comité de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores; uno de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; uno de la Bolsa Mexicana de Valores; y uno obviamente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En ese sentido, la propuesta que dejo a consideración de ustedes para ser aceptada y modificada, es incluir un penúltimo párrafo en el artículo 26 que señalaría lo siguiente:
"La independencia de los consejeros podrá ser objetada por un comité de independencia que se integrará por cuatro vocales, provenientes: uno del Comité de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores; uno de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; uno de la Bolsa Mexicana de Valores; y uno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores".
Al respecto, tendría que modificarse únicamente el primer renglón del último párrafo de este artículo 26 para considerar que el que va a calificar no va a ser la Comisión sino el comité al que se refiere el párrafo anterior.
Por lo anterior, compañeros diputados y compañeras diputadas, les propongo que sea aceptada esta propuesta lo cual le dará una mayor certidumbre a los consejeros y una mayor certidumbre a los inversionistas que posean títulos de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores. Muchas gracias.
Dejo la propuesta aquí en la Secretaría.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias señor diputado.
Esta Presidencia no tiene más oradores registrados, en consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Juan Carlos Pérez Góngora al artículo 26 del dictamen que se discute.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la asamblea si es de admitirse la modificación propuesta por el diputado Juan Carlos Pérez Góngora al artículo 26 del último párrafo y adición de un penúltimo párrafo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa si se admite a discusión, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que están por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: No se acepta. Se desecha y se reserva para la votación en sus términos.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación de los artículos 2º, 25 y 26, en los términos del dictamen.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos 2º, fracción 7ª, 25 y 26, con la aclaración de que si es a favor, es en sus términos, como viene en el dictamen.
Diputado Presidente, se emitieron 257 votos en pro, 142 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobados los artículos 2º, fracción 7ª, 25 y 26, por 257 votos, en los términos del dictamen.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley del Mercado de Valores. Se devuelve al Senado para los efectos del Inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta parlamentaria el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la segunda lectura.
Esta Presidencia no tiene oradores registrados, no hay quien fundamente el dictamen por parte de las Comisiones dictaminadoras, en consecuencia está suficientemente discutido en lo general.
Para los efectos del artículo 134, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo.
Hay reservas se pregunta a la asamblea.
Esta Presidencia tiene conocimiento de que no hay artículos reservados.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Votación
Señor Presidente: Se emitieron en pro 391 votos, en contra cero y abstenciones cero.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado en lo general y en lo particular por 391 votos el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma las fracciones V y VI del artículo 1068 del Código de Comercio.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se le dispensa la lectura.
Consulte la Secretaría si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del Proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Suficientemente discutido.
En consecuencia, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
Votación nominal
Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Señor presidente, se emitieron 390 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobado en lo general y en lo particular por 390 votos, el Proyecto de Decreto que reforma las fracciones V y VI del artículo 1068 del Código de Comercio.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos de los ciudadanos Alma Cecilia Villarreal Garza y César Acosta Gámez, para prestar servicios en el Centro de Comercio e Inversión de Corea, en Monterrey, Nuevo León.
Jaime Virgilio Nualart Sánchez, Ramiro Eduardo Osorio Fonseca y General de Brigada, Diplomado del Estado Mayor, Adolfo Domínguez Martínez, para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan el Gobierno del Reino de España y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente.
Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se les dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se les dispensa la lectura.
Esta Presidencia no tiene conocimiento que se haya reservado algún artículo.
En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los Proyectos de Decreto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Alma Cecilia Villarreal Garza y César Acosta Gámez, para prestar servicios en el Centro de Comercio e Inversión de Corea (KOTRA), en Monterrey, Nuevo León.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Jaime Virgilio Nualart Sánchez, Ramiro Eduardo Osorio Fonseca y General de Brigada DEM, Adolfo Domínguez Martínez, para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan el Gobierno del Reino de España y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Está a discusión el Dictamen en lo general.
No habiendo quien haga hago uso de la palabra para los efectos del Artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este Proyecto de Decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por tres minutos, para proceder a la votación de los Proyectos de Decreto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de Decreto.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los Profesores del primer Semestre de la Carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana de Pachuca, Hidalgo, invitados del Diputado Bejos Nicolás.
(Aplausos)
Asimismo saludamos a invitados de la Diputada Rocío Sánchez Pérez, ellos son de la Escuela Secundaria Diurna número 136 "Doctor Enrique González Martínez", sean bienvenidos. (Aplausos).
También damos la cordial bienvenida y saludamos con afecto a alumnos de la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", invitados del Diputado Raúl Paredes Vega, sen bienvenidos. (aplausos).
Saludamos también a alumnos de la Escuela Secundaria "Pachelli", invitados del Diputado Juan Bárcenas González. (aplausos).
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputado Presidente, se emitieron 391 votos en pro, cero en contra y una abstención.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobados los Decretos por 391 votos.
Pasan al Senado y al Ejecutivo respectivamente, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es, Dictámenes a discusión con Punto de Acuerdo.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a Asamblea, en votación económica, si e autoriza que sólo se de lectura a los Puntos de Acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se de lectura a los Puntos de Acuerdo.
Las Diputadas y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación.
Gracias.
Las Diputadas y los Diputados que estén por la negativa,
Votación.
Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se autoriza.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Puntos de Acuerdo del Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación con el proyecto de Plantas de Reciclaje y Confinamiento de Residuos Peligrosos en Chapantongo, Hidalgo.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: En consecuencia está a discusión el Punto de Acuerdo.
No se tienen registrados oradores.
Se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Punto de Acuerdo del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se realicen de inmediato los trabajos para la remediación de la zona afectada por la empresa Metalclad, Corporation.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: En consecuencia está a discusión el Punto de Acuerdo.
No se tienen registrados oradores.
Consulte la Secretaría si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Suficientemente discutido.
Se reserva para su votación en conjunto.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Puntos de Acuerdo del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para exhortar a la Semarnat, a la Profepa y a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, establecer medidas de protección coordinadas que permitan detener las acciones ilegales de desmonte y alteración ambiental en el cerro, "El Molcajete" en el Municipio de Zitácuaro, Mich.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: En consecuencia están a discusión los Puntos de Acuerdo.
Esta presidencia no tiene oradores registrados, por lo tanto se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Puntos de Acuerdo del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se cite a comparecer al titular de la Semarnat, para que informe las causas que originaron los incendios en el bosque "La Primavera", en el Estado de Jalisco.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: En consecuencia está a discusión el Punto de Acuerdo.
No tengo oradores registrados, en consecuencia se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Puntos de Acuerdo del dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para exhortar a la Sagarpa y a la Semarnat, para que la Profepa y la Secretaría de Marina intervengan para solucionar el grave problema que existe en relación a la pesca ilegal, en Zihuatanejo, Gro.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Esta presidencia no tiene oradores registrados, por lo que se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo y se reserva para su votación en conjunto.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Puntos de acuerdo del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos para solicitar la reconstrucción y habilitación del bordo de contención de la Laguna de la Ciénega de Chapala.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, por lo que se considera suficientemente discutido, y se reserva para su votación en conjunto.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Punto de Acuerdo del dictamen de la Comisión de Salud, para exhortar a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias de los gobiernos estatales, a vigilar el cumplimiento óptimo de la NOM-028-SSA1-1999, para que la prevención, el tratamiento y el control de las adicciones, en especial del alcoholismo, se realicen con absoluto respeto a los derechos humanos y a la integridad y dignidad de las personas.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Está a discusión el punto de acuerdo.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces se considera suficientemente discutido, y se reserva para su votación en conjunto.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Punto de Acuerdo del dictamen de la Comisión de Salud, para exhortar a la Secretaría de Salud, presente ante las Comisiones de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativo, un informe sobre los contenidos de los programas y actividades para la prevención, tratamiento y control de la obesidad infantil.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Está a discusión el punto de acuerdo.
No encontrándose registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Punto de Acuerdo del dictamen de la Comisión de Salud, por el que se solicita a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo, informe a esta Comisión de Salud, el estado que guardan los casos detectados de Hepatitis tipo A, en el Municipio de Agua Blanca, así como las acciones de control y vigilancia epidemiológica realizadas.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo para exhortar a las autoridades sanitarias federales y estatales, a actuar coordinadamente a fin de disminuir la morbilidad y mortalidad por picadura de alacrán.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.
Consulte la Secretaría si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes negativos relativos a iniciativas.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se les dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputadas y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se autoriza.
Si algún ciudadano diputado tiene interés en la discusión de algún dictamen, se le pide lo haga saber a esta Presidencia.
Diputado Iván.
El diputado Iván García Solís (desde su curul): Presidente tengo interés en intervenir en el dictamen presuntamente negativo, relativo a la reforma a los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se toma nota de la reserva del señor diputado.
El diputado Iván García Solís (desde su curul): Gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Continué la Secretaría.
La diputado Secretaria Patricia Garduño Morales: Puntos de acuerdo del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, por los que se desechan las iniciativas que reforman los artículos 208, 209, 210 y deroga el artículo 210-A de la Ley del Seguro Social.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo oradores registrados se reserva para su votación en conjunto.
Continué la Secretaría.
La Secretaria diputado Maria Sara Rocha Medina: Punto de acuerdo del dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, por el que se desecha la iniciativa que reforman los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Está a discusión el punto de acuerdo.
Esta Presidencia tiene registrado al diputado Iván García Solís. Tiene el uso de la palabra, señor diputado.
El diputado Iván García Solís: Gracias Presidente.
El artículo 259 según mi propuesta, debe establecer las bases para determinar con criterios de pluralidad y representatividad las organizaciones de trabajadores y de patrones que deban intervenir en la designación de los miembros de la Asamblea General del Consejo Técnico y de la Comisión de Vigilancia.
Esto es indispensable, porque la experiencia reciente nos demuestra que la representación de los trabajadores, no ha podido jugar su papel en esta lucha tan grande y tan legítima para defender el Seguro Social. Necesitamos ahí, una representatividad plural que exprese no solamente organismos corporativos que frecuentemente son coptados, sino también necesitamos presencia plural directamente representativa de los trabajadores. Esta es una vieja demanda que se ha levantado desde los años 60, hay que democratizar la gestión del Seguro Social.
El artículo 267 plantea que el Director General sea nombrado por el Presidente y ratificado por la Cámara de Diputados, una institución de los trabajadores no debe ser coto exclusivo del Presidente, tenemos que hacer participar a los trabajadores.
Y por lo que se refiere al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el 152, el artículo 152 menciona cómo se compone la Junta Directiva de 11 miembros. Los cinco que corresponden a los trabajadores, según mi propuesta, deben ser nombrados tomando en cuenta criterios de pluralidad y representatividad, el undécimo miembro que la presidirá será el Director General que será designado por el Presidente de la República y ratificado también por la Cámara de Diputados, no queremos un director del ISSSTE nombrado de dedazo por el Presidente de la República, como tampoco del Seguro Social.
O los trabajadores toman su parte y su papel en esta lucha y en esta representativa o no van a poder defender bien sus intereses, que son los intereses mayoritarios, no sólo de ellos, sino de la población de este país.
Muchas gracias.
Presidente, pido atentamente que esta votación se desarrolle en forma nominal y para el efecto, solicito el apoyo de quienes están dispuestos a que así se haga.
Gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Sí. Esta Presidencia ordena a la Secretaría que disponga se abra el sistema por tres minutos, para su votación del proyecto de decreto. Del acuerdo, perdón.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema de votación electrónico por tres minutos, para recabar la votación del punto de acuerdo.
Votación
Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Diputado Presidente, se emitieron 290 en pro, 89 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobado el punto de acuerdo por 290 votos. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Seguridad Social por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 6 y 217 de la Ley del Seguro Social.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Está a discusión el punto de acuerdo.
Esta Presidencia no tiene oradores registrados, por lo tanto se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Salud por el que se desecha la iniciativa que adiciona una fracción VII al artículo 96 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Está a discusión el punto de acuerdo.
Esta Presidencia no tiene oradores registrados, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Salud por el que se desechan las iniciativas que reforman los artículos 15, 17, 115 y 306 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.
Esta Presidencia no tiene oradores registrados, luego entonces se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.
Continúe la Secretaría.
Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se va a recoger la votación económica de los puntos de acuerdo anteriormente mencionados.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Gracias.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense como asuntos totalmente concluidos.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Punto de acuerdo del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social por el que se desecha la minuta que adiciona el artículo 203, reforma el artículo 204 y deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo registrados oradores el punto de acuerdo se considera suficientemente discutido.
Proceda la secretaría a recoger la votación de este punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se va a proceder a recoger la votación económica de este punto de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo.
Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Señoras y señores legisladores a esta presidencia han hecho llegar ocurso firmado por integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, solicitando sea retirada la firma del dictamen que consta en el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, pidiendo que éste sea devuelto a la Comisión de Hacienda.
Procede en estricto jure una vez que está en primera lectura, preguntar a la Asamblea si es de regresarse el dictamen a comisión, por lo que se ruega a la secretaría preguntar a la asamblea en votación económica, si es de regresarse el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza devolver el dictamen a la comisión.
Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se regresa el dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta presidencia recibió iniciativa que reforma la fracción III del artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. .
Esta presidencia le otorga el uso de la palabra a la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley de Planeación.
La diputado Martha Laguette Lardizabal: Con su venia señor presidente; compañeros diputados: Es esta una iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley de Planeación en materia de competitividad y desarrollo regional.
La pobreza en México afecta en la actualidad a aproximadamente la mitad de la población en deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población. Tiene un efecto altamente perjudicial sobre el capital humano de los pobres, lo cual los enquista a ellos y a sus hijos, en la total desesperanza.
El crecimiento económico sustentable es una condición necesaria pero que aún no es suficiente para lograr un verdadero desarrollo social. La productividad, la distribución del ingreso, la búsqueda de la equidad, la igualdad de oportunidades y el apoyo de los sectores más vulnerables, son componentes esenciales para la meta que nos debemos trazar.
La inserción social de los mexicanos como productores y consumidores de una economía en expansión, requiere del desarrollo de actividades productivas que permitan integrarnos en forma estable en el mercado mundial. El desarrollo de estas actividades productivas exige formar la mano de obra necesaria para estos procesos, aparejado al fortalecimiento y fomento a las actividades económicas que naturalmente se desarrollan en las distintas regiones del país o que son susceptibles de llegar a desarrollarse.
La productividad ha sido siempre la clave del desarrollo económico y actualmente existe una estrecha relación entre ésta y la competitividad. Las ventajas comparativas básicas para la productividad, no son suficientes para el desarrollo. Se requiere además transformar dichas ventajas comparativas en la calidad que permita diferenciar nuestros bienes y servicios de aquellos similares producidos por otros agentes económicos en cualquier otra parte del mundo.
Con conclusión, los desequilibrios en el proceso de ocupación y aprovechamiento sustentable del territorio nacional, son consecuencia de la estrategia o inercia histórica de crecimiento centralizado que está dejando de lado que el objetivo primordial del desarrollo regional se sustenta en un principio básico: la competitividad.
Es menester que desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta los programas sectoriales que lo desarrollan, se contemplen nuevas formas de concebir y abordar los problemas que aquejan al país desde la conciencia de la existencia de un mercado abierto global y de la necesidad de crear estructuras económicas y sociales desconcertadas.
Debemos pues apostar todo nuestro interés a la competitividad tanto interna como internacional desde cada región de México, fomentando una mayor capacidad empresarial, redefiniendo y modernizando los procesos productivos, atrayendo inversión extranjera pero sobre todo a las modificaciones sustanciales en materia de ocupación y aprovechamiento del territorio nacional.
A partir de las necesidades de cada región del país en coordinación del Gobierno Federal con los estados y autoridades municipales, así como con los sectores económicos, sociales y educativos involucrados, debe concebirse una nueva realidad que lleve aparejadas innovadoras estrategias de desarrollo regional.
El artículo 25 de la Carta Magna establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático.
Igualmente el numeral 26 de la norma fundamental, establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
En tanto, la Ley de Planeación dispone que el Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país y que se especificarán las acciones, objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados.
Se propone la inclusión de un segundo párrafo al artículo 28 de esta ley para que tanto en el propio Plan Nacional de Desarrollo como en los programas sectoriales que del mismo deriva, no sólo se especifique la coordinación sobre aquellas acciones que implican a los gobiernos estatales y a los grupos sociales interesados sino que también en los mismos se garantice dicha coordinación a través de una serie de acciones.
Conforme a lo anterior, someto el siguiente proyecto con carácter de decreto:
ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley de Planeación y se le agregan los incisos a) y f) para quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 28.- El plan y los programas a los que se refieren los artículos anteriores, especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados, y garantizarán que dicha coordinación se realice cuando menos en las siguientes acciones:
Establecimiento de una política de desarrollo económico regional que propicie la descentralización de la actividad económica hacia otras áreas geográficas del país.
Formulación de programas de desarrollo regional que propicien el aprovechamiento de las potencialidades de cada región.
Autonomía financiera municipal para la planeación y sustentabilidad de su desarrollo.
Vinculación de las instituciones de educación superior en la definición de los programas y estrategias de desarrollo regional; y
Los lineamientos y políticas de desarrollo económico para el mediano y largo plazo, que sean garantes de la continuidad de los programas estratégicos regionales.
Dado en este Salón de Sesiones a la fecha, 6 de diciembre de este año. Suscribe la de la voz.
Señor Presidente, en virtud de ser ésta una versión resumida de la iniciativa en comento, solicito atentamente se dé cuenta del texto íntegro en el Diario de los Debates.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así será.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia saluda con todo afecto a autoridades ejidales, agentes municipales y ciudadanos del municipio de Los Reyes, de la Sierra de Zongolica, Veracruz, invitados por el señor diputado don Mario Zepahua Valencia. Sean ustedes bienvenidos.
Esta Presidencia recibió del señor diputado Aldo Mauricio Martínez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera.
Túrnese a la Comisión de Energía.
Recibió también, del diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que reforma los artículos 26, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Túrnese a la Comisión de Economía.
Del propio diputado Jorge Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Del propio diputado Kahwagi Macari, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Del propio diputado, iniciativa que reforma el artículo 182 A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Del propio diputado, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Del propio diputado Kahwagi, iniciativa que reforma los artículos 41 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
La diputada Patricia Garduño Morales: Gracias señor Presidente.
Señoras y señores legisladores:
Con la creación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996, se introdujo dentro del Sistema Jurídico Mexicano la figura de los llamados testigos protegidos. Con dicha incorporación se recogió la experiencia de otros países y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.
La protección de testigos es una decisión acertada por este Poder Legislativo, que responde a la necesidad de buscar soluciones al problema de la creciente delincuencia organizada. Su incorporación representa un esfuerzo valioso para logra que la Procuraduría tenga mayores elementos para lograr la consignación, enjuiciamiento y sanción de quienes intervienen como sujetos activos en los delitos previstos por dicha ley.
No obstante, consideramos que la protección prevista en el artículo 14 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que consiste en la posibilidad de mantener bajo reserva hasta el ejercicio de la acción penal, la identidad de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada, debe ser extensiva a todas aquellas personas que aun no fungiendo como testigos, vean amenazada su vida o su integridad con motivo de su intervención en una averiguación previa o proceso penal en contra de algún miembro de la delincuencia organizada, como pueden ser funcionarios del Poder Judicial de la Federación, peritos, víctimas e incluso cualquier otra persona con quien éstos tengan lazos afectivos, como puede ser el cónyuge, concubina y familiares, por mencionar algunos ejemplos. Con esto se busca en primer lugar cumplir con la obligación estatal de brindar protección y seguridad a las personas, más aún cuando la amenaza a su vida o integridad proviene de entes tan poderosos como los miembros de la delincuencia organizada.
En segundo lugar, se busca generar un clima de mayor confianza y certidumbre en las instituciones encargadas de la administración e impartición de justicia.
Consideramos que la debida protección y apoyo a aquéllas cuya declaración, testimonio, opinión técnica o actuación judicial sea contra la delincuencia organizada contribuirá a la detención y desarticulación de estos grupos organizados que ponen en grave riesgo el estado de derecho y la necesaria armonía social.
En estos términos, las medidas de apoyo y protección son una respuesta a la sofisticación y perfeccionamiento que han alcanzado las organizaciones criminales y que obliga a los diferentes órdenes de gobierno a buscar alternativas de solución para lograr que la persecución, investigación y sanción de los delitos den mejores resultados.
La revisión constante del marco jurídico que contempla los instrumentos y medios de prueba con que cuentan los órganos encargados de la investigación y persecución de los delitos, así como de los que deben resolver los procesos penales contra la delincuencia organizada, deben ser una tarea constante de este órgano colegiado.
Por esta razón, la presente iniciativa introduce una serie de reglas para el apoyo y protección de personas que se encuentren expuestas a un riesgo por su intervención en procesos penales o investigaciones relacionadas contra la delincuencia organizada, entre las que se destacan las siguientes:
Primero. Se sustituye la mención de apoyo y protección a jueces para referirse a todo funcionario del Poder Judicial de la Federación. Con dicha modificación, el supuesto jurídico hace extensivas las medidas para cualquier empleado o funcionario que intervenga no sólo durante el proceso penal sino incluso desde la averiguación previa con motivo de la comisión del delito de delincuencia organizada.
Segundo. Se contempla que serán sujetos de apoyo y protección, además de las personas que se encuentren en peligro con motivo de su intervención en la averiguación previa o proceso penal, su cónyuge, concubina o concubino, familiares o cualquier otra persona con quien tenga lazos afectivos.
Tercero. Se otorga a las personas el derecho de acudir ante el juez de distrito cuando la Procuraduría General de la República les niegue su incorporación al Programa Federal de Apoyo y Protección de Personas. El mismo derecho corresponderá al interesado cuando no se le haya incorporado al Programa de Protección o cuando, a su juicio, las medidas otorgadas resulten insuficientes. Para tal efecto, la Procuraduría deberá resolver dentro de las 48 horas siguientes a las que se hubiere recibido la petición.
Cuarto. Se establece que contra las resoluciones que otorguen la procedencia de la incorporación al Programa Federal de Apoyo y Protección no procederá recurso legal alguno.
Quinto. Considerando que es la propia Procuraduría General de la República la que mejor conoce las diferentes circunstancias que se presentan en la investigación y persecución de los delitos de la delincuencia organizada, se faculta al titular del Ministerio Público Federal para la elaboración y expedición del Programa Federal de Apoyo y Protección de Personas, señalándose expresamente en la ley las medidas de apoyo y protección que podrán otorgarse.
Sexto. Dada la naturaleza del Programa Federal de Apoyo y Protección de Personas y la confidencialidad que debe haber en el manejo de la documentación o expedientes que se abran con motivo del otorgamiento de las medidas de apoyo y protección, se otorga la información relativa al Programa el carácter de reservada para efecto de la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Siete. No obstante lo anterior y con el objeto de evitar el manejo discrecional de los recursos que se aplican a dicho Programa, se establece que la información financiera, estadística y de evaluación del desempeño del mismo deberá remitirse anualmente al Congreso de la Unión.
Ocho. Para preservar la confidencialidad de los datos de las personas incorporadas al Programa, así como cualquier otro tipo de información que ponga en riesgo su vida o integridad, se establecen como sanción las penas relativas a la violación de la confidencialidad en el delito contra la administración de justicia, de conformidad con el Código Penal Federal.
Nueve. Considerando que las medidas de apoyo y protección son un instrumento para la debida administración de justicia, se establece que cuando se tenga la certeza de que la persona protegida se haya conducido falsamente o no cumpla con las obligaciones que establece la ley, la Procuraduría estará facultada para revocar el otorgamiento de dichas medidas. Sin embargo, con la finalidad de no dejar a las personas protegidas sin la posibilidad de oponerse a la revocación, se les concede el derecho de recurrir la referida revocación ante el órgano jurisdiccional.
Es evidente que la presente propuesta se suma al esfuerzo de construcción de una nueva arquitectura de nuestras instituciones de administración y procuración de justicia que sirva mejor a los intereses de la población, en congruencia con la vigencia de los derechos humanos.
Señor presidente, por economía parlamentaria no daré lectura al decreto, por lo que le solicito respetuosamente gire sus apreciables instrucciones para que el texto íntegro sea publicado en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Publíquese íntegro el texto de la iniciativa de la diputada en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, pospone la presentación de la iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma los artículos 34 y 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señor Presidente.
"Compañeras y compañeros Diputados:
"Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de adiciones a los artículos 34 y 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
"La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 34 inciso c) y 82 inciso e) como facultad de las correspondientes juntas de coordinación política tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores la de designar delegaciones para reuniones interparlamentarias en el caso de los diputados, como integrar delegaciones para atender la celebración de reuniones de carácter internacional en el caso de los senadores.
"Con fundamento en esas disposiciones legales las Cámaras del Congreso de la Unión integran representaciones legislativas para realizar reuniones interparlamentarias con las representaciones de los poderes legislativos de otros países, con los cuales México sostiene relaciones de carácter diplomático.
"Estas reuniones que forman parte de lo que se conoce como diplomacia parlamentaria, tienen el propósito de establecer vínculos con otros órganos legislativos del mundo y que coadyuvan con la diplomacia del Estado Mexicano para lograr acuerdos con otros países.
"Sin embargo, los legisladores mexicanos enfrentamos el problema de que por disposición constitucional prevista en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la conducción de la política exterior corresponde al Presidente de la República en su carácter de Jefe de Estado y a él se le asigna la facultad de celebrar tratados internacionales con la aprobación respectiva del Senado. Pero las delegaciones interparlamentarias que el Congreso Mexicano integra siempre establecen acuerdos específicos con sus contrapartes de otros países y en la ejecución y seguimiento de los compromisos adquiridos los legisladores mexicanos no tienen intervención pues carecen de la facultad expresa para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y que su ejecución corresponde a la parte mexicana.
"Ahora bien, ha sido práctica que cuando las reuniones interparlamentarias se realizan en el territorio nacional la Presidencia de la misma corresponde a un diputado y cuando son en el extranjero la Presidencia de la delegación mexicana corresponde a un Senador de la República.
"En consecuencia, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que resulta de vital importancia de que las tareas de diplomacia parlamentaria que los legisladores realizan tengan un apoyo específico en el seguimiento de los acuerdos, ya que desafortunadamente en las reuniones agendadas se desarrollan los puntos a tratar pero no hay una adecuada verificación de que se logren los acuerdos que ahí se determinen.
"Por ello, nuestra propuesta es adicionar a los artículos 34 inciso c) y 82 inciso e) para crear la Secretaría Protémpore, que tiene la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos cuya ejecución corresponda a la parte mexicana entre la realización de una Reunión Interparlamentaria y la otra como Secretaría Protempore, que significa "por el tiempo", corresponderá al presidente de la delegación mexicana, sea éste diputado federal o senador de la República y si es que las reuniones interparlamentarias se celebren en México o en algún otro país y ese Secretario Protempore tendrá la obligación de presentar un informe por escrito al nuevo presidente de la delegación mexicana, en el que se contenga la memoria de la Reunión Interparlamentaria que le tocó presidir, así como los acuerdos alcanzados en dicha reunión, señalando a que área del Poder Ejecutivo corresponde su ejecución y el grado que ésta haya alcanzado.
"Compañeras y compañeros legisladores: El propósito central de la iniciativa que nuestro grupo parlamentario somete a la consideración el día de hoy, es que la parte mexicana en las reuniones interparlamentarias a las que concurran con legisladores de otros países, tenga siempre conocimiento de qué fue lo que se acordó en la anterior reunión, así como el cumplimiento de los acuerdos y sin lugar a dudas esta propuesta coadyuvará de manera importante al fortalecimiento de las tareas de la diplomacia parlamentaria que las Cámaras del Congreso Mexicano tienen asignadas, así en próximas reuniones ya no se partirá de cero.
"Compañeras y compañeros diputados, por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto de adiciones a los artículos 34 y 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
"Artículo Unico.- Se adiciona el artículo 34 inciso c) y 82 inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 34 inciso c).- Proponer al pleno la integración de las comisiones con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas, así como la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral.
"Cuando la presidencia de la delegación mexicana corresponda a un diputado, éste fungirá como Secretario Protempore, entre la reunión que le toca presidir y la siguiente, y tendrá la obligación de llevar el seguimiento de los acuerdos alcanzados en dicha reunión, estando obligado a entregar al presidente de la delegación mexicana de la siguiente Reunión Interparlamentaria, un informe de las actividades realizadas en dicho periodo.
"Con respecto a estas reuniones, en los recesos la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su presidente.
"Artículo 82 inciso e).- Proponer al Presidente de la Mesa Directiva, a los senadores que integren las delegaciones, para atender la celebración de reuniones de carácter internacional y cuando la presidencia de la delegación mexicana corresponda a un senador, éste fungirá como Secretario Protempore entre la reunión que le toca presidir y la siguiente, y tendrá la obligación de llevar el seguimiento de los acuerdos alcanzados en dicha reunión, estando obligado a entregar al presidente de la delegación mexicana de la siguiente Reunión Interparlamentaria, un informe de las actividades realizadas en dicho periodo.
"Transitorio Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil cinco. Firmando los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra la diputada Martha Laguette Lardizábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 26 y 73 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal: Con su permiso señor Presidente.
Es una Iniciativa con carácter de Decreto, a efecto de reformar los Artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del honorable Congreso de la Unión.
De conformidad con nuestra Carta Magna, la Rectoría Económica pertenece al Estado, esto es, dentro de una mixtura económica con la participación de los sectores social y privado, lo que en principio, por lo menos constitucionalmente, nos aparta del modelo económico de libre mercado.
La conducción económica en nuestro país, a lo largo de la Historia, ha pasado por muy diversas facetas y por múltiples y variados ejercicios, desde la centralización planificada en términos económicos, hasta la implantación de ensayos económicos con tendencia a las doctrinas neoliberales.
El Numeral 26 de la Norma Fundamental establece, que el Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política social y cultural de la nación, que la planeación será democrática mediante la participación de los diversos sectores sociales y recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y los Programas de Desarrollo.
Por lo tanto, que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los Programas de la Administración Pública Federal.
Así pues, debe entenderse al Plan Nacional de Desarrollo, no como una estrategia más de mercadotecnia, sino que representa un verdadero documento cuya elaboración atiende a un Mandato Constitucional con contenido social y objetivos concretos, no dispuestos tampoco al libre arbitrio de quien tiene a su cargo elaborarlo, sino como lo expresa la Constitución, debe sujetarse estrictamente a los fines del Proyecto Nacional que en la misma Norma Fundamental se expresa.
Es indudable que el Plan Nacional de Desarrollo debe ser la base de los programas gubernamentales, concretamente los Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de cada año de sexenio, deben basarse en el Plan Nacional de Desarrollo.
No obstante que el Artículo 26 de la Constitución establece, que el Congreso de la Unión debe participar en la planeación del desarrollo, en los términos que la Ley señala, la Ley de Planeación en su Articulo 5º. establece, que el Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión, disponiendo consecuentemente que el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución , revisión y adecuaciones del propio Plan.
Es decir, esa intervención del Congreso en la Ley se reduce a una simple opinión sobre el Plan y a observaciones sobre su ejecución. Tal parece que a través de este precepto, se concibe la teoría de la división de Poderes como una división de trabajo, en la que cada Poder del Estado fuese soberanamente independiente de los otros, con una división tajante, en consecuencia, de sus funciones en las que no cupiera intervención ajena.
Sin embargo, esto no es así, la división de Poderes, como Teoría del Estado Moderno y como así está recogido y establecido por nuestra Carta Magna, más que una división de trabajo constituye una división de funciones donde sólo mediante una repartición sistematizada y organizada de las diversas tareas del Estado, entendiendo esta en su conjunto, se impide el abuso del Poder en un esquema de pesos y contrapesos perfectamente armonizados.
Un estado de Derecho, es aquél en el que todo aparato estatal se encuentra sometido a las Normas Jurídicas que estatuyen sus funciones. La Constitución crea a los órganos y divide a los Poderes, pero también los limita y crea los controles.
Hablar de Constitución, de verdadera constitucionalidad al amparo de un estado de Derecho, no es otra cosa que hablar de esos poderes y controles y es la propia Constitución la que debe de marcar los límites del ejercicio del poder.
El Poder Legislativo, más allá de una simple función de elaborar leyes, tiene como principal objetivo limitar y controlar al Poder Ejecutivo; sin embargo, la posibilidad de cumplir con el teleológico espíritu que dió origen a un Poder de la magnitud del que representa el pueblo, no puede verificarse con plena eficacia cuando en materia del documento que rige la Planificación Nacional en materia de Desarrollo, sus facultades se limitan por disposición de una ley secundaria, a emitir meras opiniones sobre el mismo y a realizar observaciones sobre su ejecución, revisión y adecuación.
Estamos convencidos de que la Constitución General de la República debe reformarse, a fin de que el multicitado plan responda efectivamente a las demandas sociales, que es evidente y claro que el legítimo popular de la representación social y de sus demandas, es el Congreso de la Unión.
Sólo con la revisión efectiva del Poder Legislativo Federal se podrá verificar si el Plan Nacional de Desarrollo responde a las necesidades del pueblo o si las comprende a todas, si las prioridades que en él se establecen son las prioridades que el pueblo mexicano señala.
En conclusión, es el momento de que el Congreso de la Unión intervenga en el examen y si es necesario, en la posibilidad de modificación del Plan Nacional de Desarrollo, para que se adecue a la realidad nacional, es decir, el Congreso debe aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente vigilar su cumplimiento.
Por lo anterior, someto ante esta Asamblea el siguiente proyecto con carácter de decreto
ARTICULO UNICO.- Se reforman los Artículos 26 párrafo cuarto, fracción XXIX inciso d) de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 26.- El Poder Legislativo determinará, aprobará y evaluará el Plan Nacional de Desarrollo, el cual tendrá carácter obligatorio para la Administración Pública Federal.
Artículo 73 fracción XXIX inciso d).- Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social y para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.
Dado en este Salón de Sesiones el día 6 de diciembre del año en curso.
Suscribe señora Martha Laguetta Lardizábal.
Solicito atentamente, señor presidente, se de cuenta el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates, muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Insértese el texto de la iniciativa íntegramente en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Elizabeth Oswelia Yañez Robles del grupo parlamentario de Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma los Artículos 6º., 119, 122 y 123 de la Ley General de Bienes Nacionales en Materia de Minería.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Compañeros legisladores. Con su venia señor presidente.
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta H. Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica los Artículo 6, 119, 122 y 123 de la Ley General de Bienes Nacionales en Materia de Minería, a tenor de lo siguiente:
La Ley Minera cuya reforma fue aprobada este año, como parte de todo sistema jurídico, hoy requiere del ajuste, la modernización y la actualización de otros marcos normativos con los que se relaciona, es así que también propuse la modificación a la Ley Federal de Derechos y este día, vengo a solicitar el apoyo de este pleno, para reformar y actualizar la Ley General de Bienes Nacionales en Materia Minera, para dar congruencia y actualidad a esta ley y que no se desvincule de las nuevas reformas.
Es ahora necesario que la ley defina la competencia de bienes como los minerales y específicamente de las salinas y de las salinas artificiales, que no habían encontrado cabida en los marcos normativos.
En México existe la salina más grande del mundo en Guerrero Negro, que produce aproximadamente 6 millones de toneladas anuales, adicionalmente, por lo menos, 14 salineras más, desarrollan sus actividades en las costas mexicanas, para una producción total de más de 7.5 millones de toneladas anuales.
Anteriormente se definían esos y todos los minerales como propiedad de la federación, cuando en congruencia con el resto de los bienes nacionales, deberían ser propiedad de la nación, la reforma que hoy vengo a proporcionarles subsana este error ancestral.
En esta misma exposición, debo dejar precedente de lo que un legislador entiende por una salina y por supuesto la distinción a las que la ley debe referirse al hablar de salinas artificiales. Las salinas artificiales son aquellas instalaciones industriales en las costas en donde a través del proceso de evaporación solar del agua de mar, se obtiene el cloruro de sodio, también conocido como "sal común".
La sal común se obtiene mediante la concentración de agua de mar hasta obtener salmuera saturada en cloruro de sodio, mismo que se cristaliza y posteriormente se cosecha y se lava.
Por lo anterior, es que las características naturales del sitio seleccionado para el desarrollo de la infraestructura de producción salinera, son determinantes para el éxito de la operación, requieren grandes áreas de terreno plano e impermeable, alta radiación solar, viento constante y baja precipitación pluvial para garantizar un alto índice de evaporación. Su cercanía a la costa simplifica el suministro del agua de mar, única materia prima del proceso.
La inundación artificial de grandes extensiones de terreno adyacentes al mar, cambia el uso del terreno, lo cual requiere de un acuerdo entre el salinero y el dueño del terreno en caso de no ser el mismo, así como una compensación económica consecuente por el impedimento del uso tradicional del terreno inundado.
La Ley de Bienes Nacionales, a la fecha no contempla el supuesto de la inundación artificial con agua de mar de terrenos colindantes a la costa para el uso como salinas. La existencia de este vacío en la ley, hace que las decisiones respecto a la propiedad de los terrenos inundados y su dimensión y delimitación con respecto a la zona federal marítimo-terrestre, esté sujeta a la interpretación de las autoridades.
El artículo 122 del Título Cuarto de la ley mencionada especifica que, en el caso de que la zona federal marítimo terrestre sea invadida total o parcialmente por las aguas o de que éstas lleguen inclusive a invadir terrenos de propiedad particular colindantes con la zona federal marítimo terrestre, éstas se delimitará nuevamente en los términos de esta ley y sus reglamentos.
Las áreas de los terrenos que pasen a formar parte de la nueva zona federal marítimo terrestre, perderán su carácter de propiedad privada, pero sus legítimos propietarios tendrán derecho de preferencia para que se les concesione, conforme a lo establecido por esta ley.
El espíritu del legislador respecto al artículo 122, consideramos estaba orientada a la modificación de la Costa por fenómenos naturales, como huracanes y tsunamis y la definición de la SOFEMAT (?) en estos casos, pero no a la inundación artificial de terrenos privados o de carácter social para otros usos como lo demuestra el artículo 119 fracción IV del mismo Título Cuarto, que dice:
"En el caso de marinas artificiales o esteros dedicados a la acuacultura, no se delimitará zona federal marítimo terrestre, cuando entre dichas marinas o esteros y el mar, medie una zona federal marítimo terrestre".
El establecimiento y funcionamiento de salinas en terrenos privados se encuentra de esta manera amenazado ex lege (?) en el momento que se inundan los terrenos; por un lado, por la inseguridad que genera en el salinero dueño del terreno en cuanto al régimen de su propiedad, y por otro lado, en cuando a la inseguridad que genera para el dueño del terreno la enajenación del mismo al salinero para su inundación, pues pone en peligro su propiedad y el cobro de su compensación económica.
Las salinas, como cualquier otra industria, son actividades de negocio que dependen de las condiciones económicas de mercado, tanto nacionales como internacionales, y por esto, la existencia de los terrenos inundados por el agua de mar son fenómenos temporales que dependen de la economía del negocio y que no afectan la delineación definitiva de la zona federal marítimo-terrestre y menos debería de afectar la propiedad del terreno.
La temporalidad de las zonas inundadas está demostrada desde el momento en que su desaparición está sujeta simplemente a la suspensión de las actividades de bombeo del agua de mar hacia los vasos de inundación.
La constitución de los Estados Unidos Mexicanos indica en su artículo 27 fracción VII, se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
La ley con respecto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela.
El párrafo anterior indica claramente el libre albedrío del propietario de la tierra, de dedicarla a la actividad económica que mejor satisfaga sus necesidades, sin que esto altere sus derechos de propiedad adquiridos; el uso de terrero privado para la construcción de salina y la producción de sal, no debe afectar la propiedad del mismo.
Por lo anterior y consciente de mi responsabilidad como legisladora y de las bondades de este proyecto, presentó ante esta Honorable Asamblea la iniciativa en comento. En virtud de que ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y por respeto y en aras del aprovechamiento del tiempo para otros asuntos, omitiré la lectura del articulado.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación con opinión de la Comisión Especial de la Función Pública.
Tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El diputado Salvador Martínez Della Rocca: En virtud de que la presente iniciativa está publicada en la Gaceta Parlamentaria, leeré una síntesis, pero solicito atentamente se inserte íntegra en el Diario de Debates.
En junio pasado se conoció la primera encuesta nacional aplicada a integrantes del sector científico con la finalidad de saber su opinión sobre el rumbo de las políticas oficiales en ciencia y tecnología.
Los resultados fueran absolutamente reprobables, uno de los más inquietantes fue, por ejemplo, que los 4 mil 262 científicos consultados otorgaron en promedio 5.4 de calificación al desempeño del entonces director del CONACYT, Jaime Parada Avila. Pero lo más grave es que la encuesta reveló el desinterés del gobierno foxista por apoyar la ciencia, la tecnología y el desarrollo tecnológico del país y también la comunidad científica confirmó su convicción del grave e inaceptable deterioro que sufrió el CONACYT bajo la dirección de Parada Avíla, así como el fracaso de los planes de gobierno en materia científica y tecnológica.
El relevo de Parada Avila al frente del CONACYT no resuelve el problema de fondo, ya que el cúmulo de irregularidades y abusos que cometió, se deben a que la designación del Director General de esta institución, no responde a intereses académicos y científicos, puesto que los actores directamente involucrados, como la comunidad científica y académica y el sector productivo, están al margen de ese proceso; esto a pesar que son los que llevan a cabo las actividades científicas y tecnológicas.
Es por ello que en principio el problema está en quién dirige el CONACYT y a la concepción que tiene de la institución y de la ciencia y la tecnología, lo que a su vez se origina por el actual mecanismo para designar al responsable de la institución rectora en materia y es que la designación del director de CONACYT depende exclusivamente y de manera unilateral del Presidente de la República. En otras palabras, el responsable del CONACYT prácticamente es un empleado del Jefe del Ejecutivo que lo nombra y lo remueve a su libre arbitrio.
Otros agravantes son las vigentes disposiciones de integración de la Junta de Gobierno al CONACYT, cuyo carácter que debiera ser colegiado, carece de una presencia efectiva o real de la comunidad académica y científica y del sector productivo en esa instancia.
Actualmente la Junta de Gobierno está integrada por 13 miembros, 7 son representados de Secretarías de Estado y los 6 restantes son los titulares de la Asociación Nacional Universidades la (ANUIES), del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y dos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y dos representantes del sector productivo. Sin embargo, estos últimos actores tienen carácter de invitados y no de integrantes formales, pues su incorporación a la Junta de Gobierno queda en el terreno de la discrecionalidad. La citada ley estipula que serán invitados a formar parte de la Junta de Gobierno, pero no se precisa por decisión de quién.
Habida cuenta de que esta institución es el órgano rector del sector científico y tecnológico del país y cuyas funciones tienen rango constitucional, la designación del director, no debe ser una decisión exclusiva del Presidente de la República, pero además se requiere que quien ocupe ese cargo, sea una persona interesada, comprometida y que realmente vele por los intereses de la ciencia y la tecnología y de su comunidad en términos llanos y simples, que sea una persona preocupada y enamorada de la ciencia.
Esto no es un simple capricho legislativo, la presente iniciativa tiene como concepción dotar de todo el poder a la academia, a sus investigadores y a quienes participan en el quehacer científico y tecnológico, con el único fin de transformar de manera sustantiva la visión y la misión del CONACYT y en consecuencia la política científica y tecnológica del país, de forma tal, que el CONACYT, a través de quien lo dirija, hace un espacio de la razón, de las ideas, de los proyectos, de los investigadores, de los jóvenes becarios, del sector productivo; un espacio para el desarrollo de la ciencia y la tecnología que esté al servicio de los intereses nacionales y la solución de los problemas del país.
El propósito es restablecer a CONACYT su carácter de institución social y académica y no podrá lograrse bajo el actual mecanismo por el que se designa al director general, sustentado en el presidencialismo extremo sin contrapesos reales y con una visión administrativa y burocrática por parte del Jefe del Ejecutivo Federal y de la persona que designe en su puesto.
En ese sentido, la comunidad académica y científica y el sector productivo, deben tener injerencia en la designación de sus líderes académicos, pues posibilita que la organización del trabajo intelectual, científico y académico, encuentre cauces de desarrollo y no obstáculos o se enfrente a intereses ajenos a la ciencia y a la tecnología.
Por tal razón, la presente iniciativa propone modificar el mecanismo de designación del director general del CONACYT, el perfil de la persona a ocupar el cargo y la integración de la Junta de Gobierno bajo el siguiente proceso:
La Junta del Gobierno del CONACYT, designará al director general tomando en cuenta la participación de los actores involucrados; es decir, la comunidad científica y académica y el sector productivo, a través de instancias representativas como son la Asociación Nacional de Universidades (ANUIES), la Academia Mexicana de la Ciencia, el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, así como dos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores y dos representantes del sector productivo.
Estas instituciones y actores integrarán el Consejo para la designación del director general de CONACYT, cuyos miembros presentarán una terna de candidatos a la Junta de Gobierno, para que ésta designe a la persona a ocupar el cargo conforme al perfil que también se propone modificar, dado que el actual carece de características inherentes e idóneas para quien debe ser el líder académico y científico.
En cuanto al perfil de quien debe dirigir el CONACYT, se propone, entre otros requisitos, los siguientes:
Haber dirigido preferentemente algún centro, instituto o universidad, cuyo ejercicio requiere conocimiento y experiencia en investigación y/o desarrollo tecnológico, así como en materia administrativa.
Tener grado académico de doctor, haberse desempeñado como investigador por lo menos durante diez años en una institución de educación superior, preferentemente pública. Ser reconocido líder académico y científico en estos ámbitos y haberse distinguido como investigador, publicando obras en el país o en el extranjero.
Conocer la comunidad científica-tecnológica. Poseer visión integradora a corto, mediano y largo plazo del desarrollo de la ciencia y la tecnología en México.
Tener buena relación con universidades y centros de investigación, demostrar capacidad y disponibilidad para el diálogo con los actores del proceso de investigación e interés por el desarrollo científico en el interior de la República Mexicana, tanto a nivel estatal como regional y tener capacidad para establecer relaciones internacionales con fines de cooperación.
En forma adicional a las atribuciones conferidas en el precepto anterior y en otros ordenamientos legales, en el artículo 9 bis corresponderá al director general las siguientes atribuciones:
Impulsar de manera decidida la formación de recursos humanos, así como apoyar investigadores jóvenes y preferentemente a las mujeres investigadoras.
Promover la repatriación de los becarios e investigadores y/o su retención en instituciones nacionales.
Respetar todas las áreas de la investigación, tanto en las ciencias exactas y naturales, como las sociales y las humanísticas.
Reconocer los mecanismos de evaluación por pares para promover la legitimidad y transparencia de los proyectos, de los programas, becas, sistema nacional de investigadores, incentivos fiscales, desarrollo de pequeñas y medianas empresas y todas las acciones sujetas a evaluación; impulsar la relación academia-empresa.
También es necesario que cumpla con la aplicación de los recursos de manera transparente y mantener este carácter en la realización de sus gestiones.
Promover una plataforma de comunicación y divulgación científico-tecnológica dirigida a la sociedad mexicana.
Mantener trato respetuoso con los Poderes de la Unión; y en términos de lo dispuesto por el artículo 93 constitucional y a petición de las Cámaras de Diputados y de Senadores o cualquiera de las Comisiones de Ciencia y Tecnología del Poder Legislativo, comparecer, informar, o proporcionar la información que les sea requerida relacionada con su gestión, sin menoscabo de lo establecido en la presente ley u otras leyes de la Administración Pública Federal.
Es necesario precisar que la presente iniciativa de modificar el mecanismo de designación de director general del CONACYT, se fundamenta en el artículo 89 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone excepciones para que funcionarios de la Administración Pública, no sean nombrados directa e unilateralmente por el Ejecutivo Federal.
La fracción II del citado artículo estipula que, -leo textual- "El presidente de la República puede nombrar y remover libremente empleados de la Unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes."
Creo que es sumamente importante la propuesta. No permitamos que vuelva a haber de nuevo faustos alzatis, bachilleres, que eran gendarmes epistemológicos en este país. Y no permitamos que tengamos gente como Jaime Parada, que entregó todos los recursos a las trasnacionales como la Hewlett Packard, en lugar de pedir donativos y restringió las becas para nuestros jóvenes.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Ciencia y Tecnología.
Esta presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos del Tecnológico de Monterrey, campus Sinaloa, invitados por la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles. Sean bienvenidos y bienvenidas.
El diputado Jorge Kahwagi Macari, pospone la presentación de la iniciativa que reforma los artículos 4o., 166, 223 y 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Igualmente el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo pospone la presentación de la iniciativa que reforma el artículo 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta presidencia recibió del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 12 a la Ley sobre la Celebración de Tratados y reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
No encontrándose en este salón de sesiones, pasa la iniciativa al final de este capítulo.
Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputado Irma Figueroa Romero: Con su venia señor presidente; compañeras y compañeras diputadas.
En la actualidad existe un incuestionable vínculo entre los derechos humanos y el ejercicio de la praxis profesional; particularmente en la medicina, liga que es igual entre la ética y los derechos humanos, de lo cual se desprende el creciente interés en las últimas décadas, de los profesionales de la salud, para adentrarse en los conocimientos de la bioética y los derechos humanos.
Uno de los objetivos del estudio de la bioética en la práxis de los profesionales de la salud, ha sido desenmascarar cualquier tipo de práctica desleal, corrupción o dominación solapada por algunas autoridades o grupos de poder.
En México, a pesar de los innegables avances democráticos en los últimos años se observa una carencia normativa que se agrava debido a la crisis económica y a los cambios en los patrones de ejercicio profesional que ha permitido la coexistencia de prácticas desleales y corrupción, que provocan el encarecimiento de las medicinas, el consiguiente aumento de la inequidad, la desigualdad en el acceso a servicios de calidad y la extensión de las malas prácticas a sectores más amplios de la sociedad. Conductas que además generan exclusión y marginación social y que afectan en forma dramática el disfrute del derecho a la equidad en salud.
El análisis ético sobre los honorarios profesionales, presenta actualmente una complejidad acorde con las múltiples variables que caracterizan a la sociedad y cultura actual en la cual está inserta la actividad sanitaria que se complica en nuestro medio por la existencia de un sistema mixto donde conviven la salud pública y la privada, y por ende da lugar a prácticas que derivan en la formación de la relación médico-paciente donde la tarea es exigir el respeto de la dignidad de ambos, donde la dignidad en los honorarios se refiere no tan solo a lo cuantitativo, se refiere sobre todo a las circunstancias de mesura y tacto que deben rodearlos.
Al respecto, tenemos una gran diferencia con otras naciones ya que prácticamente en todo el mundo está prohibida la conducta relativa a la partición oculta de los honorarios entre dos o más médicos, o entre médicos y otros profesionales de la salud ya que lo típico de este reparto consiste en su carácter mercantilista y que es una comisión que se da o se recibe por traficar en acciones médicas.
Esta conducta trastorna profundamente la práxis de la medicina pues el médico ya no coloca en primer término los intereses del paciente sino su propia ventaja económica; no se envía al paciente a un colega más preparado o competente, o al laboratorio que realiza las pruebas con mejores técnicas y mejor tecnología; o no se le indica el fármaco más específico sino se envía al paciente al colega o a empresas que otorgan una comisión más jugosa, de donde es fácil desprender que el paciente pagará entonces más dinero por un servicio de menor calidad.
Las diversas leyes y códigos deontológicos en todo el mundo, señalan prohibiciones para la conducta señalada ya que ésta constituye una violación a la ética profesional y daña seriamente la economía de los pacientes, por lo cual está expresamente sancionada la percepción de un porcentaje derivado de la prescripción de medicamentos, aparatos para uso médico u ortopédico, exámenes en laboratorios clínicos, así como la retribución pecuniaria o de cualquier otra índole entre profesionales de la salud donde la doctrina y la ética apuntan que no se podrán recibir ni dar beneficios económicos por actos no realizados y se considera una falta ética grave.
La retribución directa de colega a colega o entre profesionales de la salud, es conocida usualmente como dicotomía. El fundamento de la condena de la dicotomía está en el carácter mercantilista del reparto de honorarios. Se reprueba por ser una comisión sobre la persona que se da o se recibe por traficar con acciones médicas.
Es además injusta especialmente al propiciar una elevación de los gastos al paciente por la comisión cobrada, y el resultado de esta conducta es elevar el costo de la atención médica.
La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina señaló en su libro de bioética que los médicos que aceptan la dicotomía solicitan al menos en un 60 ó 70 por ciento de sus pacientes algún estudio de laboratorio aunque no sea necesario y además solicitan al menos 50 por ciento más estudios de los indispensables; es decir, fuera de las normas e indicaciones médicas, lo que claramente muestra el por qué del encarecimiento de la medicina privada.
Cabe señalar que los laboratorios que practican esta indecente conducta entregan desde un 25 por ciento hasta un 75 por ciento del precio total cobrado al paciente, lo que además explicaría que no se utilicen los mejores reactivos o las mejores tecnologías en el laboratorio, e incluso que existan reportes simulados o de estudios no realizados.
Esta práctica en nuestro país se está extendiendo a las farmacias, gabinetes de radiología, a las comercializadoras de aparatos ortopédicos y auditivos, lentes o a otros médicos, empresas médicas y paramédicas y a otros organismos similares, lo que habla de una convivencia que raya en lo inmoral.
Las consecuencias de este proceder son muchas, entre las que destacaremos las ya señaladas del incremento de los costos al paciente, la disminución de la calidad en los exámenes realizados en esas empresas a las que habría que sumar la competencia desleal entre laboratorios clínicos que se prestan a repartir ganancias, las lesiones ala economía pública ya que por estos ingresos no se expide ningún tipo de documento fiscal oficial y los daños a la moral social y al prestigio de las profesiones de la salud.
La Comisión Nacional de Bioética en México ya ha sancionado a la dicotomía como un acto moral e inaceptable, contrario a la dignidad, la ética profesional y el bienestar de los pacientes, al igual que diversas asociaciones y sociedades médicas en nuestro país, sin que las sanciones morales ni éticas logren terminar con esta ilícita conducta.
Asimismo, la Cámara de Diputados y la Asociación de Propietarios de Laboratorios Clínicos abordaron en un foro realizado este mismo año, el problema de la dicotomía y enunciaron la necesidad de abolirla e incluso penalizarla, ya que atenta gravemente sobre los pacientes en su dignidad y en su economía, sin que hasta la fecha se haya encontrado la alternativa para combatirla categóricamente.
Por todo lo expuesto con anterioridad y con fundamento en las disposiciones señaladas al inicio de este documento, me permito someter ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de Ley con proyecto de decreto, por el cual se adiciona un artículo 48 Bis a la Ley General de Salud, correspondiente al Título 3º en su Capítulo 3º, referente a los prestadores de servicios de salud, para quedar como sigue:
Artículo 48 Bis: "Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, no podrán recibir comisiones, repartición de honorarios o porcentaje alguno derivados de la prescripción de medicamentos, aparatos ortopédicos, lentes, análisis clínicos y cualquier clase de inducción entre médicos, industrias o empresas médicas, paramédicas, farmacéuticas u organismos similares. La asociación entre médicos y otros profesionales de la salud debe tener como finalidad la complementación y el mejoramiento del recurso ofrecido y se prohíbe que éste tenga como fines el lucro o el engaño".
Transitorios.
Artículo 1º. "Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Artículo 2º. "El Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de 60 días, realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias".
Solicito, señor Presidente, se integre el texto total en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias compañeros diputados.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada.
Publíquese íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado Ramón Galindo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 12 a la Ley Sobre la Celebración de Tratados y reforma el artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Ramón Galindo Noriega: El marco jurídico mexicano señala que le corresponde al Ejecutivo Federal la celebración de tratados internacionales y aprobarlos, al Senado de la República, sin embargo, se ha discutido si el Presidente de la República tiene la facultad de celebrar este tipo de tratados en cualquier área, o si está limitado a aquellas materias otorgadas a la Federación, conforme al criterio de división de competencias establecida por el artículo 124 constitucional, el cual señala que las facultades que no está expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.
A los tratados internacionales podemos definirlos como el acuerdo de voluntades entre sujetos de la comunidad internacional que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. A pesar de esto, el Presidente de la República no está subordinado a la división de competencias del artículo 124 constitucional en lo referente a la celebración de tratados, ya que el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que es la norma específica, no lo sujeta a ello. No obstante, esta amplia facultad del titular del Poder Ejecutivo Federal está limitada conforme a lo dispuesto por el artículo 133 y los artículos 15 y 18 constitucionales.
Ahora bien. En el entendido de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación, tal y como lo establece el artículo 40 de nuestra Carta Magna, entendemos que este precepto constitucional se traduce en lo que llamamos federalismo.
Asimismo, este precepto determina y precisa el funcionamiento del gobierno, siendo un elemento importante para la reafirmación de la democracia, ya que el federalismo es una forma de Estado cuyo gobierno se efectúa a través de los Poderes de la Unión, con diverso régimen competencial, federal, estatal y municipal.
Debido a este pacto federal, al celebrar un tratado internacional se obliga a toda la nación a respetarlo, es decir, si el Ejecutivo federal celebra el tratado se sobre entiende que toda la Unión se sujeta a ésta, con base en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los problemas surgen ante la imposibilidad de cumplimiento al tratado por parte de una entidad federativa, ya que en nuestra actual legislación mexicana no se establece a quién le corresponde pagar las indemnizaciones generadas de algún incumplimiento al tratado, por lo que en diferentes casos lo ha tenido que pagar la federación y posteriormente descontar, parcialmente, de las arcas de la entidad federativa que cometió dicho incumplimiento.
De igual forma hemos visto que en algunos cambios de gobierno se heredan deudas de gestiones realizadas erróneamente y quien tiene que pagar son las nuevas administraciones.
Los Estados Unidos de Norteamérica han establecido en su legislación que cada condado debe contar con un fondo a fin de indemnizar en caso de una falta al acuerdo internacional. Sin embargo, México no ha previsto nada en este sentido.
Con el propósito de evitar conflictos de esta índole, se propone que una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya cubierto el monto reclamado se otorgue la posibilidad de que la Secretaría y la autoridad responsable negocien y acuerden la forma en que esta última restituirá el monto que la Secretaría de Hacienda tuvo que pagar a la autoridad o corporación extranjera.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un artículo 12 de la Ley sobre Celebración de Tratados y se reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Primero. Se adiciona el artículo 12 para quedar de la siguiente manera. Las obligaciones contingentes o ineludibles que se deriven de las sentencias, laudos arbitrales o resoluciones jurisdiccionales con carácter de indemnizaciones, compensaciones o multas serán cumplimentadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con independencia de que el acto impugnado haya sido emitido por una dependencia del gobierno federal, de una entidad federativa o de un municipio.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá consultar con la dependencia de gobierno, entidad federativa o municipio, según sea el caso, a fin de llegar a un acuerdo sobre los términos y condiciones bajo los cuales ésta restituirá a la Secretaría el monto que debió ser cubierto a razón de la obligación derivada de un tratado internacional.
En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la autoridad que emitió el acto impugnado no pudiesen llegar a un acuerdo en los términos antes descritos, esta Secretaría estará facultada para efectuar las retenciones y descuentos correspondientes a una entidad federativa o municipio respecto del presupuesto de la dependencia de gobierno en cuestión, en cuyo caso podrá hacerlo en subsecuentes ejercicios fiscales con el fin de no desequilibrar las finanzas de la dependencia de gobierno, entidad federativa o municipio correspondiente.
Segundo. Se reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar de la siguiente manera.
Articulo 9. Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables. No pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a favor de la federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.
La salvedad anterior se aplicará igualmente respecto de las obligaciones que las entidades o municipios contraigan con la federación, según lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 12 de la celebración de tratados.
De la misma manera como hemos estado insistiendo en la necesidad de apoyar la autonomía de los municipios y de los gobiernos estatales, de la misma manera hoy estamos impulsando este cambio en la legislación, de manera que las obligaciones contraídas por las autoridades locales también tengan que ser cubiertas por las mismas y no se deje al arbitrio accidental de los cambios de gobierno, en donde tengan que ser cubiertas estas obligaciones por la autoridad federal.
Señor Presidente: Tomando en consideración que lo aquí expuesto es un extracto de la iniciativa solicito que sea inserta completamente la misma en el Diario de los Debates.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias Diputado.
Insértese íntegra la iniciativa del Diputado en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada... Perdón. Don Pedro Avila adelante.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde la curul): Señor Presidente: Nada más para pedirle respetuosamente, en virtud de que el salón de sesiones está solo y los oradores están hablándole a las curules, que fuera tan bondadoso en hacer una rectificación de quórum, por favor.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Esta Presidencia obsequia la solicitud del diputado Pedro Avila y ordena a la Secretaría que disponga la apertura del sistema electrónico por diez minutos para rectificar quórum.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
Ábrase el sistema electrónico por diez minutos del sistema de asistencia.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El diputado Roger David Alcocer García: Gracias diputado Presidente.
"Me permito presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de competencia para el conocimiento del Juicio de Amparo Indirecto o Biinstancial.
"El Juicio de Amparo desde su creación en el siglo XIX es y siempre ha sido la institución jurídica fundamental del sistema jurídico mexicano. Sin embargo, existen algunas disposiciones normativas de diferentes ordenamientos jurídicos que necesitan resolver conflictos de competencia para el conocimiento del Juicio de Amparo Indirecto, pues en la mayoría de los casos dichos conflictos competenciales son resueltos ya por la jurisprudencia, ya por la resolución de los órganos jurisdiccionales mediante procedimientos administrativos que retardan en ocasiones la resolución del fondo del asunto, originada por cuestiones que si bien no dejan de ser de previo y especial pronunciamiento tampoco dejan de tener un carácter administrativo.
"En este orden de ideas resulta fundamental la existencia de disposiciones jurídicas que resuelvan esas controversias de forma, pues actualmente en las disposiciones que se contemplan en la Ley de Amparo como en la Ley Orgánica del Poder Judicial, existen disposiciones jurídicas incongruentes con la estructura que este último ordenamiento jurídico establece, así como incongruente con el principio de jerarquía jurisdiccional establecido por el artículo 104 de la propia ley.
"Así, se admite la competencia para conocer del amparo indirecto contra actos de un tribunal unitario de circuito a otro tribunal unitario de circuito como en el caso de la fracción I del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo pronunciados contra actos de otros tribunales unitarios de circuito que no constituyan sentencias definitivas, es decir, de actos reclamables en vías de amparo indirecto.
"En otros casos la situación es más delicada, ya que se admite la competencia para conocer del amparo indirecto contra actos de un tribunal unitario de circuito a un juzgado de distrito, como lo establece actualmente el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de Amparo vigente, el cual entre otras cosas establece que para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, será competente el Juez de Distrito, que sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia del Tribunal Unitario, cuyos actos se tilden de inconstitucionales.
"Lo anterior es inaceptable, ya que dicha distribución e incompetencias ha causado en la práctica diferentes controversias jurídicas que han tenido que tratar de ser resueltas por criterios pronunciados por los Tribunales Federales, lo cual se evidencia con rubros como competencia.
"La hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo, no admite interpretación analógica.
"Competencia del Tribunal Unitario de Circuito para conocer en amparo indirecto de la resolución dictada por otro Tribunal Unitario del mismo Circuito, en un recurso de apelación contra un auto de formal prisión.
"Tribunales Unitarios de Circuito, incompetencia para conocer en vía de amparo.
"Criterios todos que tratan de resolver los conflictos competenciales en casos de amparo promovidos contra actos de autoridades de igual o mayor jerarquía que la autoridad responsable.
"Sin embargo, parece por demás inapropiado que la tramitación del amparo se utilice o pueda utilizarse como medio de represalia para la satisfacción de intereses personales de los titulares de los órganos jurisdiccionales encargados de tramitarlos, verbigracia que los juzgados y tribunales de igual o inferior jerarquía, puedan controlar la constitucionalidad de los actos de sus homólogos o inferiores jerárquicos, lo cual no es ni será nunca sano para la adecuada administración de justicia en nuestro país, pues en determinados actos y procedimientos jurídicos, el inferior está sujeto al control de los tribunales superiores y en lo que se refiere a control constitucional a través del amparo, en algunos casos tiene la potestad de controlar sus actos, lo cual en ocasiones se vuelve políticamente inconveniente y se aparta de la esencia característica de la noble función de impartir justicia.
"Es por ello que me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente decreto:
"Artículo Primero.- Se modifican las fracciones VII y XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley de acuerdo a las bases siguientes:
"I a la VI.
"VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito, bajo cuya jurisdicción se encuentre lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande a pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.
"En los juicios del orden federal, en los casos que se reclamen por vía de amparo, actos fuera de juicio o después de concluido o que afecten a personas extrañas a juicio emitidos por Juzgados de Distrito o superior jerárquico que ejerza jurisdicción en el mismo circuito en el que se generaron los actos reclamados.
"VIII a XI.
"XII.- La violación de las garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, se reclamarán ante el superior del tribunal que la cometa o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda.
"En materia federal, en los casos de que dichas violaciones fuesen cometidas por Juez de Distrito, Tribunal Unitario de Distrito, el amparo deberá tramitarse ante el superior jerárquico del órgano jurisdiccional que corresponda, pudiéndose recurrir en uno y otro caso las resoluciones que se pronuncien en los términos prescritos por la fracción VIII.
"Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que se podrá suspender provisionalmente el acto reclamado en los casos y términos que la misma ley establezca.
"También se presenta en el artículo 2º, modificando la fracción II del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"También la propuesta habla en el artículo 3º de derogar la fracción I del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"En cuanto al artículo 4º se modifica el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"El artículo 5º se modifica en su artículo 42 de la Ley de Amparo.
Se propone en el Artículo 6º modificar el Artículo 84 de la Ley de Amparo.
Asimismo se presenta en el Artículo 7º una modificación al Artículo 85 de la Ley de Amparo y con los Transitorios siguientes:
Primero.- Los Juicios de Amparo y Recursos de Revisión que se encuentren en tramitación, se resolverán de conformidad con las disposiciones legales aplicables hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, hasta alcanzar el estado de cosa juzgada.
Segundo.- Los Juicios de Amparo y Recursos de Revisión que se tramiten a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán tramitarse de conformidad con las disposiciones que en él se contienen.
Tercero.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al texto expreso del presente Decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, de Diciembre 6 del 2005.
Gracias, Diputada Presidente.
La Presidente diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted Diputado David Alcocer García.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.
A continuación, tiene el uso de la voz, nuestro compañero Diputado José Sigona Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar Iniciativa que reforma el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de crear la Comisión Ordinaria de Protección Civil.
El diputado José Sigona Torres: Muchas gracias, con su permiso señora Presidenta. Muy buenas tardes.
Los suscritos, Diputados Federales, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cuadragésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 Fracción II y LXXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 55, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este honorable Congreso de la Unió, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la Fracción XXVII al Numeral Segundo del Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de crear la Comisión Ordinaria de Protección Civil, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:
Exposición de Motivos:
Situaciones como las que ha vivido en los últimos meses en diversas regiones de nuestro territorio debido a la presencia de huracanes, ondas y depresiones tropicales que de manera reiterada azotaron al país, cuyos efectos acarrearon inundaciones, deslaves y desbordamiento de ríos, ocasionaron la muy lamentable e irreparable pérdida de vidas humanas, la destrucción de patrimonio familiar, de cultivos, daños a la estructura básica y turística, suspensión de prestación de servicios públicos vitales, daños a hospitales, escuelas y carreteras entre otros más.
Estos hechos, han puesto de manifiesto la importancia de la Protección Civil como una herramienta básica de todo Estado moderno, para garantizar la seguridad y patrimonio de las personas, así como la protección del medio ambiente y el pleno y armonioso desarrollo de las sociedades.
Cabe recordar, que nuestro país, por su ubicación y conformación geográfica, se haya sujeto a eventos naturales con elevados riesgos de convertirse en desastres que afecten a la población, no sólo los de origen hidrometeorológico sino también, sismos y terremotos, erupciones de volcanes como el Pococatépetl, Pico de Orizaba, Volcán de Fuego de Colima, sequías frecuentes y recurrentes en la zona árida y en el semi-desierto que cubre más de la mitad de nuestro territorio, incendios en temporada de secas, riego que se agrava por la tala inmoderada y la deforestación.
La diversidad de estos fenómenos naturales y la intensidad con que puede presentarse, convierten al país en uno de los que concentran los más altos riesgos de desastres naturales en el mundo, pero no únicamente los desastres se pueden originar por la presencia de fenómenos naturales, ya que también los riesgos asociados a fenómenos producidos por la acción del hombre, pueden repercutir de manera importante, en la seguridad de la sociedad, como lo son los fenómenos de origen sanitario, mismos que se registran en la mayoría de las veces en las zonas pobres del país, presentándose bajo la modalidad de enfermedades gastrointestinales y respiratoria. De igual manera, en las metrópolis más densamente pobladas, se han presentado y se seguirán presentando, problemas relacionados con la contaminación ambiental.
También merece atención especial los riesgos que se pueden generar con motivo del avance tecnológico así como aquellos que se originan por la generación y manejo de energía. De igual manera, la producción, almacenamiento, transporte y utilización de productos químicos así como el manejo de residuos y sus tratamientos, ante la presencia de instalaciones obsoletas e ignorancia en su uso.
En consonancia con lo anterior, el pleno de este Congreso siempre, sensible a las necesidades nacionales, el 30 de septiembre de 1997, acordó la creación de la Comisión Especial de Protección Civil, misma que se instaló formalmente el 8 de octubre del propio año, con el objetivo de crear un marco específico que le otorgara sustento y validez al Sistema Nacional de Protección Civil, mismo que venía operando mediante decretos del titular del Poder Ejecutivo, así como con la finalidad de coadyuvar al fomento de una cultura de protección civil, que permitiera a la población mitigar los efectos de los desastres, mediante la creación o actualización de leyes y reglamentos, que enmarquen y encaucen las acciones nacionales en la materia.
Desafortunadamente la existencia de la Comisión Especial no tuvo la permanencia requerida, derivado de la natural conclusión e inicio de la siguiente legislatura, no obstante que los miembros de dicha Comisión, presentaron una iniciativa para su inclusión como Comisión Ordinaria.
En este sentido, es que se somete a la consideración de este órgano del Poder Legislativo Federal, la propuesta de crear una Comisión Ordinaria en Materia de Protección Civil, encontrando su fundamento en el hecho comprobado de que los desastres son más comunes y agresivos, debido a los desequilibrios ecológicos de nuestro planeta, con características y procesos de gestación, evolución y resolución muy particulares, que conjuntados con expresiones actuales de la dinámica de los grupos sociales, imprimen a las medidas legislativas y políticas públicas una vertiginosa evolución, que requiere propuestas y soluciones cada vez más imaginativas, a fin de que las respuestas sean ágiles y eficaces y protejan a fondo a la población ante eventos que la lesionen y afecten.
Es decir, nuestro país requiere de medidas legislativas, políticas, programas y acciones de largo plazo, que con un carácter programático integral pero al propio tiempo flexible, vayan adecuándose a las necesidades y realidades cambiantes que esta problemática reviste, incluyendo en los mismos el marco jurídico que la sustente, les otorgue fortaleza y garantice su permanencia.
Asimismo nuestro país ha suscrito convenios internacionales a efecto de intercambiar y compartir los conocimientos y experiencias necesarias para prepararse adecuadamente, especialmente en lo que se refiere a la creación de los marcos jurídicos idóneos.
De igual manera, se han concebido instrumentos financieros, que bajo la figura de fideicomisos, manejan cientos de millones de pesos, a efecto de prevenir, mitigar y reconstruir, los efectos generados por la presencia de dichos fenómenos naturales.
Vale la pena recordar que en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2006 aprobamos recursos por encima de los 4 mil millones de pesos para la reconstrucción de los 10 estados afectados por los recientes fenómenos naturales.
Por lo anteriormente expuesto, frente a la necesidad de que exista un órgano al interior de la Cámara de Diputados, que con carácter de permanente se aboque a dar continuidad al perfeccionamiento y adecuación del marco jurídico en materia de protección civil, así como también cumpla con las funciones de información y de control evaluatorio de los órganos responsables de la administración pública federal, sometemos a la consideración de este H. Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII al Numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único.- Se adiciona a la fracción XXVII al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, recorriéndose en su orden las actuales fracciones XXVII a XXXVIII para quedar como sigue:
"Artículo 39.
...
Numeral 2.
...
Fracción XXVII. Protección Civil"
Transitorios
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial.
Es cuanto, señora Presidenta.
Muchas gracias.
La Presidente diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Sigona.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Asimismo, se instruye a la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 368 diputadas y diputados.
Hay quórum, señora Presidenta.
La Presidente diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra nuestro compañero diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de Ley de Prevención de Desastres y Protección Civil.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
Vengo a poner a consideración de esta asamblea, iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la nueva Ley General de Prevención de Desastres y Protección Civil y se abroga la Ley General de Protección Civil de conformidad al artículo 71 fracción II y demás relativos aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los desastres como parte de la vulnerabilidad mexicana a 20 años de los sismos de 1985, han dejado de manifiesto que el modelo institucional de la protección civil, está agotada.
El balance del llamado Sistema Nacional de Protección Civil, muestra que se trata de una figura de carácter formal sin articulación. El Consejo Nacional de la materia es una pieza decorativa sin capacidad de gestión ni de coordinación interinstitucional.
Debe replantearse, por tanto, todo el esquema organizativo de la Administración Pública Federal afectado por las política neoliberales y privatizadoras. A 20 años del mayor desastre, la vulnerabilidad no ha disminuido y al contrario, somos un país más vulnerable en donde las regiones, zonas, ciudades y comunidades, donde los saldos de la devastación socioeconómica y ambiental son más perjudiciales, se afecta estructuralmente la vida social e incluso impiden pensar y actuar en proyectos de largo plazo, donde miles de personas emigran después de los desastres, como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos 10 años.
Peligros naturales se han hecho más complejos, el principal ejemplo es el cambio climático, que se expresa en el aumento de drásticos contrastes, sequías y huracanes más intensos, independientemente de su ciclo evolutivo.
Por ello consideramos importante discutir las perspectivas de una nueva ley, tomando en cuenta que estamos en un momento histórico del país en que la desregulación, la apertura comercial y la política de liberalización a ultranza, han desmantelado parcialmente nuestro estado de derecho.
La Ley General de Protección Civil vigente, carece de un planteamiento estratégico que articule políticas preventivas de mitigación, de auxilio y de recuperación frente a los desastres.
Esta ley promulgada en el año 2000, presentó incongruencias en su objeto y en diversos contenidos específicos; limitó sus alcances a la etapa inmediata postdesastre, que es el auxilio y no se ha modificado durante el presente sexenio, pese al discurso del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, que acotó como su principio básico, pasar de la protección civil reactiva a la preventiva.
El énfasis de la intervención militar como principal garante de las medidas de seguridad establecidas en la Ley General de Protección Civil, constituye otro desacierto. El propio Plan Nacional de Desarrollo, ubica los desastres mal llamados "naturales" y lo señala como parte de las amenazas a la seguridad nacional, por lo que no hay una política clara al respecto.
El Ejército no debe ser el principal agente institucional para enfrentar los desastres, a menos que se quiera asumir que ante vaciamiento de las instituciones civiles, queda único recurso la cuestión militar; esto implica una desarticulación gubernamental y el riesgo de proseguir desmantelando las instituciones del Estado Mexicano.
La ley vigente incurre en vicios conceptuales, por ejemplo, identificar a los fenómenos naturales potencialmente peligrosos, como desastres naturales, lo que ha permitido crear dos fondos: el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, en una orientación ideológica que busca evadir la responsabilidad pública y de la propia sociedad, remitiendo a la naturaleza la responsabilidad última como causante de los desastres.
En la estructura de la Ley General de Protección Civil, tampoco se incorporan las sanciones y los procedimientos correlativos, omite una característica básica de toda ley, que consiste en establecer los criterios punitivos y los mecanismos de impugnación. Esta ley no fortalece el federalismo preventivo ante desastres, concentra facultades del Gobierno Federal, sin prever mecanismos para reforzar la capacidad de gestión de los ordenes del gobierno estatal y municipal.
La orientación básica de esta iniciativa que estamos presentando va en términos generales, desde la denominación de la propuesta que se llama: "Ley General de Prevención de Desastres y de Protección Civil", hasta una intencionalidad clara, establecer la política, los programas y las acciones promovidas por el Estado frente a los desastres, a partir de eje fundamental, que es, la prevención, sin que ello implique omitir el ciclo del desastre, que no se reduce a la coyuntura de auxilio y la asistencia inmediata. Se propone por tanto, integrar la mitigación y la recuperación con los dos aspectos mencionados.
El objeto de la iniciativa es crear las bases para restablecer las políticas, programas y acciones del Estado y la sociedad ante los desastres, incluye aspectos de organización institucional, participación social, diagnóstico, es decir, atlas de vulnerabilidad y de riesgos, vinculación con otras políticas sectoriales y articular los esfuerzos de todos los actores vinculados con la gestión pública, social y empresarial de la prevención.
La organización institucional responde a los desafíos del desastre como proceso, se establecen diversas instancias, procurando un diseño participativo, donde sea factible innovar prácticas y aplicar conocimientos de las ciencias naturales y de las ciencias sociales.
Se consideran también los aspectos de planeación, programación y financiamiento para que se integre el proceso de intervención institucional, procurando la coordinación en todas las etapas de desastre. Las declaraciones de emergencia y desastres son replanteadas, a fin de no dejar vacíos legales y precisando la necesidad de federalizar las reglas de operación, evitando así una interpretación centralista que dé lugar a un manejo discrecional de los recursos.
Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa por el que se expide la nueva Ley General de Prevención de Desastres y Protección Civil.
Compañera Presidenta, el texto íntegro ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, 6 de diciembre, en el anexo 5°, en la página 34.
Es cuanto.
La Presidente diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Saucedo. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Gobernación.
Esta Presidencia recibió del diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputada Presidente.
Pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
En el año de 1961 es creado el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Automóviles. En el artículo 13 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1962, con base a los resultados reportados en ese año, se demostró la conveniencia de conservar este impuesto, el cual había figurado como un renglón más de la Ley de Ingresos en comento, puesta en vigor el primero de enero de 1962 con el propósito de hacer frente a situaciones contingentes que absorben una cantidad importante de recursos públicos.
Uno de esos momentos, lo fue el decretar a nuestra patria, sede de los Juegos Olímpicos de 1968; como consecuencia se requería contar con los suficientes recursos que permitieran realizar todas las modificaciones y adecuaciones de los lugares en donde se tendrían que realizar diversas disciplinas deportivas y qué mejor forma de allegarse de recursos económicos, a través del cobro de un nuevo impuesto por tener o usar automóviles; además de que la economía nacional en los años 60 fue un período donde se gozaba de una estabilidad económica en el país, por lo que la tenencia no representaba una carga impositiva importante para los contribuyentes, no así en la actualidad donde la economía sufre de un bajo crecimiento por la situación económica que prevalece a nivel mundial.
Por lo tanto, como una respuesta directa a los bolsillos de cada uno de los mexicanos, es a finales de ese mismo año en que se presentó la iniciativa de Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Automóviles, la cual pretendió regular con la debida amplitud de las bases indispensables para el cobro de dicho impuesto, estableciendo con claridad el sujeto y el objeto del impuesto las cuotas aplicables para su pago, mismas que no sufren alteración alguna al respecto de las vigentes desde 1962.
La forma de calcular el impuesto y los casos de excepciones en los cuales se cuidó de consignar que el impuesto no se haría efectivo a los tenedores o usuarios de vehículos de modelos anteriores en doce años al de la aplicación de la ley ni a los de los miembros de cuerpos diplomáticos y consulares extranjeros, en atención al principio de reciprocidad en materia internacional, asimismo respecto de los que presten servicios públicos de transportes ni en el caso de los que se encuentren en poder de las plantas ensambladoras, sus distribuidores y comerciantes en el ramo de automóviles, por considerar que la tenencia de ellos es transitoria.
Con las reformas publicadas en diciembre de 1974, se establece la participación del estado y del Distrito Federal en un 30 por ciento del rendimiento que la federación obtuviera por concepto del referido impuesto; y de la participación destinada a los estados, correspondería a los municipios una tercera parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les cubriría directamente con la distribución que señalara al efecto la Legislatura Local respectiva.
No obstante la participación de este impuesto a los estados, Distrito Federal y a los municipios, estaba condicionada a que éstos no mantuvieran en vigor gravámenes locales y municipales sobre tenencia o el uso de automóviles.
En las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 1977, se incorporó un sistema de factores fiscales para el cobro de la tarifa que comprendían la potencia del motor del vehículo y su peso. Esta reforma tuvo como propósito desalentar el excesivo consumo de gasolina y lubricantes y en consecuencia, atenuar el deterioro de los ingresos de los contribuyentes.
Para el año 1980 se planteó la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, de 28 de diciembre de 1962. La principal finalidad era actualizar la estructura impositiva, ampliar su materia a otro tipo de vehículos como es el caso de las motocicletas terrestres y acuáticas, veleros embarcaciones, skies acuáticos motorizados, tablas de oleaje con motor y aeronaves, incluyendo helicópteros, bajo el argumento de que quien adquiere estos vehículos tiene una capacidad económica superior al común de los ciudadanos.
Asimismo se busca fomentar el cumplimiento y la aplicación eficaz del pago del impuesto, lo que traería como consecuencia que se contara con un financiamiento oportuno del gasto público.
En la propia ley se regula la responsabilidad solidaria tanto para los que adquieren por cualquier título un vehículo, como para quienes reciben en consignación o comisión dichos vehículos, así como para los funcionarios de las oficinas de tránsito que autoricen canjes de placas sin verificar, que se haya efectuado el pago del impuesto.
En cuanto a las participaciones a las entidades federativas en disposición expresa contenida en la propia ley, se hace alusión a la nueva estructura de la Ley de Coordinación Fiscal, precisándose que los estados que se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, no podrán gravar la tenencia a uso de vehículos.
A partir del 1o. de enero de 1981 entró en vigor la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, la cual ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo en cuanto a actualización de la forma de pago del impuesto, situación que ha generado inconformidad.
Por lo anterior consideramos que la eliminación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, constituiría un beneficio social importante que se vería reflejado en un mayor dinamismo de la economía, especialmente en el sector automotriz.
Es así como pretendemos elevar el nivel de vida del pueblo de México, el disminuir el costo fiscal de los automóviles y además de generar los beneficios ambientales a mediados de plazo al fomentar el consumo de vehículos modelos recientes que siguen la creciente tendencia de incorporar dispositivos de control de emisiones.
Para demostrar la poca eficiencia recaudatoria de este impuesto, vale la pena resaltar que la tenencia constituye apenas del Impuesto sobre Combustibles Automotrices, el 81.5% del impuesto al comercio exterior el 49.8%.
Es importante también señalar que los vehículos actualmente no son un bien de lujo sino un medio de transporte indispensable en la vida cotidiana de los mexicanos, el cual no debe encontrarse gravado si se toma en cuenta el fin por lo que se adquiere.
Por todo lo expuesto el suscrito diputado federal presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, al tenor de la siguiente
Articulo Unico. Se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
TRANSITORIOS:
Articulo Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2007.
Articulo Segundo. Al momento de aprobarse y publicarse el presente decreto las autoridades fiscales darán facilidades para que los contribuyentes que tengan adeudos por concepto del Impuesto sobre la Tenencia, puedan ponerse al corriente hasta el pago correspondiente al ejercicio fiscal del 2006.
Por lo anterior ciudadano presidente pido que se inserte íntegro el texto de mi intervención en el Diario de los Debates para su constancia.
Dado en el Salón de Sesiones de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día que se presenta esta iniciativa.
Es cuanto diputada presidenta.
La Presidente diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De acuerdo a su solicitud favor de insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En virtud de que hemos concluido las 5 horas del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se solicita a la secretaría favor de dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
La Presidente diputada María Marcela González Salas y Petricioli (a las 16:06): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el jueves 8 de diciembre a las 10:00 horas a partir de las 08:00horas.
La última verificación de quórum se tomará como registro final de asistencia.