El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos Legisladores.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 287 Diputadas y Diputados, por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 11:00 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al orden del día.
Las ciudadanas Diputadas y los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación.
Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura
Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea…
El diputado Alonso Raya (desde su curul): Pido se rectifique el quórum de asistencia.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El quórum está verificado por medio del sistema electrónico, señor Diputado Alonso Raya.
El siguiente punto del Orden del Día es, permítanme un segundo.
Proceda la Secretaría a someter a discusión el Acta.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al Acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos Diputados y las Ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos Diputados y las ciudadanas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa Diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Orden del Día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Someta la Secretaría el Acta.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales. Está a discusión el Acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación.
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación.
Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada el Acta. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Comunicación del Congreso del Estado de Guerrero, en donde se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se finquen responsabilidades para detener la invasión de los bienes de la Nación.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Del Congreso del Estado de Morelos en el que solicita que el Presupuesto de Egresos de 2006, se considere una partida correspondiente a los exbraceros de dicha entidad.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Del Congreso del Estado de Querétaro, remite cuerdo en el que se pronuncia a favor de fortalecer los Programas de Apoyo al Ingreso Objetivo.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño:
Comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrante de la Mesa Directiva de la Comisión Especial de la Función Pública.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente-
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrante de Comisión Especial de la Función Pública.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
De la Junta de Coordinación Política, que la diputada Alejandra Méndez Salorio salga del Grupo de Amistad México-Brasil.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Oficio de la Secretaría de Energía.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Oficio de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítanse a las Comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis Humberto Chávez Cabello, Héctor Chávez Marmolejo, José Alberto León Alvarado y Félix Leonardo Morán Hinojosa, puedan prestar Servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los consulados de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua y en Tijuana, Baja California, respectivamente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
De la Cámara de Senadores, iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
De la Cámara de Senadores, acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2006, considere recursos suficientes para la creación de nuevas plazas para Profesores de educación básica en el estado de Guerrero.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio y proyecto de declaratoria que remite la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta con Proyecto de Declaratoria que reforma los artículos 46, 73, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Habrá que leer la Declaratoria.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Proyecto de Declaratoria que reforma el único párrafo y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 46; se deroga la fracción IV del artículo 73, se adicionan las fracciones X y XI pasando la actual fracción XII del artículo 76 y se reforma la fracción I del artículo 105, todos de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Primero.- Se reforma el único párrafo y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 46.- Las entidades federativas pueden arreglar entre sí por convenios amistosos, sus respectivos límites, pero no se llevarán a efectos esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores.
"A falta de acuerdo cualquiera de las partes podrá acudir ante la Cámara de Senadores, quien actuará en términos del artículo 76 fracción XI de esta Constitución.
"Las resoluciones del Senado en la materia serán definitivas e inatacables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá conocer a través de controversia constitucional a instancia de parte interesada de los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores".
Artículo Segundo.- Se deroga la fracción IV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
"Fracción IV.- Derogada".
Artículo Tercero.- Se adicionan las fracciones X y XI pasando la actual fracción X a ser fracción XII del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado:
"Fracción X.- Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas.
"XI.- Resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes.
"XII.- Las demás que en la misma Constitución le atribuya".
Artículo Cuarto.- Se reforma la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política Mexicana para quedar como sigue:
"Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la Ley Reglamentaria de los asuntos siguientes:
"Fracción I.- De las controversias constitucionales que con excepción de las que se refieren a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución se susciten entre..."
Transitorios
Primero.- La reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- La Cámara de Senadores establecerá dentro del período ordinario de sesiones inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión de Límites de las Entidades Federativas, la cual se integrará y funcionará en los términos de la Ley Reglamentaria que al efecto se expida. Así como por las disposiciones que para el caso disponga la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para su Gobierno Interior.
Tercero.- Las controversias que a la entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de conflictos limítrofes entre entidades federativas serán remitidos de inmediato con todos sus antecedentes a la Cámara de Senadores, a fin de que ésta, en términos de sus atribuciones constitucionales, proceda a establecerlos de manera definitiva mediante decreto legislativo.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, Distrito Federal a 27 de octubre de 2005.
Firman: Senador Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente; senadora Yolanda González Hernández, Secretaria.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría realice el escrutinio y cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Señor Presidente, del escrutinio y cómputo se informa que el Senado de la República remitió 17 votos aprobatorios de las Legislaturas de los Estados de: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En consecuencia esta Secretaría da fe de la recepción de 17 votos aprobatorios a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el único párrafo y se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 46, se deroga la fracción IV del artículo 73, se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser fracción XII del artículo 76 y se reforma la fracción I del 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia se hace la siguiente declaratoria:
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la mayoría de las Honorables Legislaturas de los Estados, declara reformado el único párrafo y adicionados un segundo y tercer párrafos al artículo 46; derogada la fracción IV del artículo 73, adicionadas las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser fracción XII del artículo 76, reformada la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Continué la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Areli Patricia Moya Flores, Augusto Pastaccini Daddario, Capitán de Nació Carlos Mejía Tejeda, Capitán de Fragata Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, Agustín Francisco Esteban Legorreta y Chauvet, Enrique de Jesús Zambrano Benítez, Lina María del Rosario Ramella Osuna, Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa, Subteniente de Intendencia Mauricio Ponce de León para aceptar y usar las condecoraciones que les otorga diversos gobiernos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que expide la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro".
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 424 QUATER al Código Penal Federal.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: María del Pilar Sevilla Tamai, Rosa Martha Ramírez Luna, Mariana Morales Alvarez, Miguel Angel Solares Escalante, Claudia Glenda Hernández Nava y Alejandra Machorro García, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en la Delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente. Publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Son de primera de lectura.
Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?
Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 392 diputados.
Quien hasta el momento no ha registrado su asistencia, dispone de hasta 15 minutos para registrarla por cédula.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 3° y el párrafo tercero del artículo 5° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, por lo que declara el asunto suficientemente discutido; pero para efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo y votarlo en lo particular.
En virtud de que no hay artículos reservados, se ruega a la Secretaría ordenar la apertura del sistema electrónico de votación, para recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.
Votación
Ciérrese el sistema de votación.
Diputado Presidente, se emitieron 366 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 366 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 3 y el párrafo tercero del artículo 5 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es el proyecto de decreto que deroga las fracciones V y VI del artículo 114 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, por lo que considera el asunto suficientemente discutido.
Se ruega a la Secretaría instruya la apertura del sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recabar la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
Votación
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Señor presidente, se emitieron 347 votos en pro, 1 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 347 votos, el proyecto de decreto que deroga las fracciones V y VI del artículo 114 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Esta presidencia no tiene oradores registrados, luego entonces considera el asunto suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 esta presidencia pregunta a la asamblea si se va a reservar alguno de los dos artículos para votarlo y discutirlo en lo particular.
No habiendo reserva alguna en términos del 134, se ruega a la secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación por 3 minutos, a efecto de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
Votación
De viva voz la diputada Rosa María.
La diputada Rosa Maria (desde su curul): A favor.
La diputada Dolores Zurita (desde su curul): A favor
El diputado Horacio Duarte (desde su curul): A favor
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor presidente, se emitieron en pro 363 votos, en contra 0 y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 363 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 58 y adiciona un segundo párrafo al artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 de la Ley Genera de Salud.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Señoras y señores legisladores, esta presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera el asunto suficientemente discutido.
Se ruega a la secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación por 4 minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, por tratarse de un artículo único.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 4 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, por tratarse de un artículo único.
Votación
Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Diputado presidente, se emitieron 364 en pro; cero en contra; y dos abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 364 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 113 de la Ley General de Salud.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 211 bis 1, y los artículos 211 bis 8 y 211 bis 9, al Código Penal Federal.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
Votación
Gracias
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura al dictamen.
Honorable Asamblea, esta presidencia no tiene registrados oradores. Luego entonces considera el asunto suficientemente discutido en lo general. Pero para efectos del artículo 134 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta si se va a reservar alguien algún artículo para discutirlo y votarlo en lo particular.
No habiendo reserva alguna, Se pide al a Secretaría, ordene la apertura del sistema electrónico de votación por cuatro minutos para recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cuatro minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
Votación
Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Señor presidente, se emitieron 355 votos en pro; uno en contra y seis abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 355 votos el proyecto que adiciona un párrafo tercero al artículo 211 bis 1, y los artículos 211 bis 8 y 211 bis 9, al Código Penal Federal.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con el proyecto de decreto que reforma los artículos 15 párrafo segundo y 19 párrafo primero de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa:
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
Honorable Asamblea, esta presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera el asunto suficientemente discutido pero para los efectos del artículo 134, se cumple con la formalidad de preguntar si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo reserva alguna se pide a la Secretaría, ordene la apertura del sistema electrónico de votación por cuatro minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cuatro minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto en un solo acto.
Votación
Señor presidente, se emitieron en 361 votos, en contra cero votos y dos abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 361 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 15, párrafo segundo, y 19, párrafo 19, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el inciso A) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Esta presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces considera el asunto suficientemente discutido.
Se pide a la secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación por cuatro minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cuatro minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del artículo único del proyecto de decreto.
De viva voz, la diputada Claudia Ruíz Massieu.
La diputada Claudia Ruiz Massieu (desde su curul) A favor.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputado presidente, se emitieron 363 votos en pro, cero en contra y tres abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 363 votos el proyecto de decreto que reforma el inciso A) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV Bis al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Honorable asamblea: esta presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces considera el asunto suficientemente discutido.
Se ruega a la secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación por cuatro minutos para recabar votación nominal, en lo general y en lo particular, del artículo único del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cuatro minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del artículo único del proyecto de decreto.
Votación
Señor presidente, se emitieron 363 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 363 votos el proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV Bis al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Se devuelve al Senado para los efectos del inciso E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mlexicanos.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictame.
Los ciudadanos diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Honorable Asamblea, esta Presidencia no tiene registrados oradores. Luego entonces considera el asunto suficientemente discutido en lo general.
Para los efectos del artículo 134 se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo y votarlo en lo particular.
(No hubo reserva alguna)
No habiendo reservas, se pide a la Secretaría ordene la apertura del Sistema Electrónico de Votación por cuatro minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cuatro minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
Se abre el sistema electrónico y se procede a la votación.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva Voz, el diputado José García, por favor.
El diputado José García (desde su curul): José García ¡a favor!
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias, diputado.
Señor Presidente, se emitieron en pro 357 votos, en contra cero y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 357 votos el proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa su lectura.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura al dictamen.
Esta Presidencia no tiene registrados orador en términos del 1008 del Reglamento Interior, pero sí hay un par de registros para hablar en contra. El señor diputado don Miguel Alonso Raya y el señor diputado don Pablo Franco Hernández, ambos del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene la palabra el primero de ellos, don Miguel Agustín Alonso Raya.
El diputado Miguel Agustín Alonso Raya: Gracias, señor Presidente.
Honorable Asamblea: Para el Partido de la Revolución Democrática, la aprobación del proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, debiera constituir una aprobación de esta LIX Legislatura al marco jurídico laboral.
Convertir al que hasta hoy es fideicomiso del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores en un organismo descentralizado, debiera reconocerse como un avance ahora que la figura jurídica de fideicomiso es el modus operandi de un gobierno federal de poderes autónomos como el Poder Judicial de la Federación y hasta la familia política del Presidente, para evadir la fiscalización del uso de los recursos públicos.
Institucionalizar al FONACOT para que cumpla con transparencia y eficacia la población establecida en el artículo 103 bis de la Ley Federal del Trabajo, de conceder y garantizar créditos baratos y oportunos para la adquisición de bienes y pagos de servicios por parte de los trabajadores, debiera recibir la aprobación unánime de esta soberanía, es especial cuando las administraciones de fondos ha operado sin rendir cuentas a nadie con una normatividad autoimpuesta, con un manejo patrimonial de recursos que debiera beneficiar a los trabajadores y no como un auténtico botín que llevó a que FONACOT acumulara un adeudo con el Banco de México de más de 1,157 millones de pesos.
En suma, nadie podría rechazar la iniciativa que dotaría de institucionalidad, certidumbre, estabilidad y transparencia para el financiamiento al consumo de los trabajadores. Sin embargo, el dictamen que hoy está a debate ante esta honorable asamblea no es congruente con estos objetivos.
En primer lugar, el propio dictamen contiene preceptos que deben ser modificados para que el Instituto pueda eficazmente, conforme a su objeto y para no entrar en contradicción con otros instrumentos normativos.
El artículo 2 establece como objeto del Instituto promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos para la adquisición de bienes y pagos de servicios. Sin embargo, el proyecto de decreto no especifica qué operaciones serán efectuadas para cumplir este objetivo, a pesar de que la promoción del ahorro es un propósito que viene plasmado desde el decreto que creó Fonacot el 5 de febrero del ´74. No existen políticas específicas destinadas al ahorro sino más bien al consumo y al crédito de los trabajadores. ¡Mientras que no exista una propuesta concreta establecida en la ley para malversar este objeto no debiera figurar en el cuerpo normativo!
2. Los derechos y obligaciones de los trabajadores acreditados al nuevo organismo descentralizado no se especifican, en consecuencia estos derechos y obligaciones serán fijados por el Instituto en contratos que se manejarán unilateralmente sin criterios específicos en la ley. En caso de que el Instituto requiera, por ejemplo, cobrar a un trabajador que haya perdido su empleo no hay un recurso ni se considera en la estructura del Instituto una instancia de atención a las quejas o inconformidades de los acreditados. El dictamen objeto de esta discusión reduce a Fonacot a un organismo bancario y no como debiera ser una instancia de política social.
3. Por eso mismo al querer integrar el sector financiero al Instituto de Fonacot se cae en incongruencias, la más grave la integración de comités de apoyo que no están sujetos al principio de tripartismo. Las funciones de los comités son de trascendencia y debieran ser objeto de la intervención de los sectores patronal y de trabajadores. Funciones como el control y la vigilancia estarían depositadas en comités de expertos y no en representantes de los sectores. Debe recordarse que el objeto del fondo es la protección del consumo de los trabajadores y no la obtención de rentabilidad de cualquier institución financiera o bancaria.
4. Por otra parte, el proyecto de decreto no contiene medidas de información pública, transparencia y rendición de cuentas. Tampoco se prevén mecanismos para que se presente al Congreso de la Unión un informe anual sobre la situación financiera y los riesgos del Fonacot como se obliga al Imss o al Infonavit.
En quinto lugar, en un régimen interno debe señalarse que los trabajadores del fideicomiso deben conservar además de la remuneración y prestaciones de que gozan, los derechos adquiridos por el desempeño laboral y las condiciones de trabajo fijadas mediante la contratación colectiva. Esto no se encuentra establecido de manera clara y precisa en el proyecto de decreto.
Finalmente, la iniciativa contiene errores y ambigüedades en su formulación que contradicen los principios de claridad y presión que recomienda la técnica legislativa.
Por estas razones, pese a que debiera ser positivo darle la forma de organismo público descentralizado al fideicomiso que ha operado a lo largo de 30 años, el Fonacot, y que en teoría debiera garantizar transparencia y certidumbre, el dictamen con proyecto de decreto no lo alcanza e incluso desnaturaliza a un organismo que debiera tener un interés social pues su objeto está relacionado con la necesidad de la clase trabajadora, con la protección del salario y que el estado debiera garantizar.
Por estas razones, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática emitirá un voto en sentido negativo respecto al dictamen que hoy se discute.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia le da la más cordial de las bienvenidas al señor Samuel Ramos, presidente municipal de Mexicali, Baja California, invitado por el diputado Raúl Pompa Victoria y por este servidor de ustedes.
¡Sea usted bienvenido señor alcalde, esta es su casa!
(Aplausos)
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pablo Franco Hernández, también del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
El diputado Pablo Franco Hernández: Con la venia de la Presidencia.
Compañeros, compañeras diputadas:
Efectivamente vamos a votar en contra en un tema que debiera haber sido discutido de una manera amplia, para permitir que todos coincidiéramos en un dictamen que buscara dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 103 bis de la Ley Federal del Trabajo, es decir, buscar garantizar que los trabajadores en mejores condiciones puedan acceder a créditos baratos y acceder a una forma social de tener unas condiciones de vida mejores que las que hoy se tienen y que por desgracia no parece verse la luz al final del túnel, puesto que continuamos buscando en las reformas que esta Cámara, en las leyes que esta Cámara emite, buscando ahondar en las diferencias, buscando garantizar, eso sí, que los empresarios, que aquellos que ya tienen la riqueza, la mantengan y la reproduzcan, y ponemos trabas a los mecanismos para su distribución, contrario a lo que establece el espíritu del artículo 123 constitucional y contrario al objetivo de la Ley Federal del Trabajo, que es la búsqueda de la justicia social, según podemos leer todos en el artículo 2 de esta ley.
Vamos a votar en contra, porque una vez más en la creación de organismos de carácter financiero se insiste en la opacidad. Preocupa que el organismo que va a manejar en gran medida el dinero de los trabajadores, no esté obligado a la transparencia y, otra vez, como en el caso del INFONAVIT nos insisten en que por ser organismo público descentralizado no requiere, no está sujeto a los principios de la transparencia.
¡Mentira! El dinero de los trabajadores, el dinero de los patrones, al ingresar a las arcas de cualquier organismo público, se convierte por tanto en dinero público y por lo tanto debe ser supervisado por los organismos públicos y sobre todo debe estar sujeto a todos los principios de la transparencia, pero más aún tratándose de dinero que va a salir de los bolsillos de los trabajadores, más aún cuando la Ley Federal del Trabajo busca proteger el bolsillo de los trabajadores y más aún cuando en este país se hizo una Revolución que nos legó principios de constitucionalismo social que hoy desde luego el neoliberalismo en boga no nos permite ver y mucho menos nos permite acatar, por eso vamos a votar en contra de este dictamen.
No nos interesa aprobar un dictamen donde no sabemos al rato quién esté haciendo negocios con el dinero de los trabajadores. No nos interesa un dictamen donde no se crean organismos tripartitos, cuando en el mundo la Organización Internacional del Trabajo lleva adelante una cruzada mundial buscando el diálogo social, buscando que los trabajadores y patrones participen de manera conjunta con el gobierno en la solución de aquellos asuntos que les atañen a todos, hoy aquí buscamos integrar a personas distinguidas, a comités que nadie sabe a quién le van a rendir cuentas; por eso vamos a votar en contra.
Insisto, no podemos permitir, no debiéramos permitir que el dinero de los trabajadores pasara a quién sabe qué bolsillos. Yo sé que no está de moda hablar de derechos obreros, yo sé que hoy está de moda dar garantías a los patrones, dar posibilidades de que los empresarios vean condiciones mejores para su inversión; no estamos en contra de ello, pero de lo que estamos en contra es de que se sigan violando esos principios del constitucionalismo social y se sigan generando organismos públicos sin la debida supervisión.
Muchas gracias.
Aplausos
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene más oradores registrados en lo general, por lo que considera el asunto suficientemente discutido en lo general.
Para los efectos del 134, esta Presidencia informa que el señor diputado don Pablo Franco Hernández, se ha reservado el artículo 14, último párrafo, el 17 último párrafo, el 18 fracción XI, el artículo 20 y propone una adición al artículo 34.
El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón propone una adición de un Capítulo Sexto, artículos 35, 36 y 37 o con los que se correspondan.
Y el diputado Agustín Rodríguez Fuentes, está reservándose el artículo sexto transitorio.
Luego entonces, se ruega a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación por cuatro minutos, para recabar votación nominal en lo general y de los artículos no impugnados.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Ábrase el sistema electrónico por cuatro minutos, para proceder a la votación en lo general.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto Diputado Víctor Flores?
El diputado Víctor Flores (desde su curul): al Artículo 14 Fracción VII, para hacer una adición.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: 14 Fracción VII, se toma como reservada. Adelante.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Abrase el sistema electrónico por cuatro minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.
(Se abre el sistema electrónico, votación)
Diputado Presidente, se emitieron 274 en pro, 70 en contra y 12 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general por 274 votos en lo general y los artículos no impugnados.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Pablo Anaya Rivera, para presentar la reserva de la Fracción VII del Artículo 14.
El diputado Pablo Anaya Rivera: Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para hacer una modificación a la Fracción VII del Artículo 14 de la Ley en discusión y votación, que quedaría como sigue:
Fracción VII. Un Representante de cada una de las tres Confederaciones de Organizaciones de Trabajadores más represivas del País y un Representante que designe el Congreso del Trabajo debidamente registradas, ante la Secretaría del Trabajo.
Esto es con el fin de darle la personalidad que tiene y la importancia que tiene nuestro Congreso del Trabajo. Es cuanto, Diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Nos deja su reserva por escrito? ¿La tenemos por escrito?. Bueno, vamos a darle el uso de la palabra al Diputado Pablo Franco Hernández para presentar las reservas del 14 último párrafo, 17 último párrafo , 18 Fracción XI, XX y una adición al Artículo 34.
Nada más permítame un segundo por orden, por economía procesal quiero ver si podemos someter a consideración de la Asamblea esta modificación, para llevar una línea procesal que nos permita a todos saber qué estamos votando.
Diputado Pablo Franco, tiene usted el uso de la palabra mientras nos hacen llegar con toda propiedad estas reservas.
El diputado Pablo Franco Hernández: Con la venia, Diputado Presidente. Compañeras, compañeros.
En primer lugar proponemos que de los Artículos 14, 17 y 18 del dictamen se excluya el término empleador y se incluya el término patrón, que es el que existe en nuestro Artículo 123 Constitucional y en su Ley Reglamentaria, no existe una razón jurídica para introducir un término que no existe en la norma constitucional en alguna norma reglamentaria, y más aun cuando estamos hablando de una ley que deviene de la misma Ley Reglamentaria, estamos hablando de reglamentar el Artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo y por lo tanto no podemos incluir conceptos contradictorios con el texto de la Ley Reglamentaria.
Nos parece que esto constituye una trampa desde que se viene discutiendo, desde el 2 de diciembre del 2002, cuando se presenta la llamada Ley Abascal, que aunque al señor Secretario no le gusta que le digamos así, es mejor identificada de esa manera, se pretende introducir este tema, sin modificar la Constitución y ahora se pretende introducir, para hacer creer que estamos a tono con las nuevas reformas estructurales, que no son tales y que en realidad representan simplemente el ahondar las desigualdades en este país, por eso es que planteamos esta sustitución.
Nos preocupa que del dictamen se excluya el tripartismo, por eso es que planteamos que se modifique el Artículo 20 del dictamen, para quedar de la siguiente manera:
Los Comités a que se refiere el artículo anterior, se integrarán en forma tripartita por servidores públicos del Instituto y representantes de las organizaciones patronales y de las organizaciones de los trabajadores a que se refiere el Artículo 14 de la presente ley, que sean especialistas en la materia propia de cada Comité.
Planteamos suprimir el párrafo segundo, para continuar como sigue:
Respecto de los Comités de Apoyo a que se refieren las fracciones I a la IV del Artículo 19 de esta ley, el Estatuto Orgánico establecerá lo relativo a su objeto, integración, operación, facultades y reglas básicas de operación, en términos de las disposiciones de carácter general que al efecto expidan las autoridades competentes.
El tema de la transparencia, planteamos se adicione un Artículo 34 al dictamen, para quedar como sigue:
El Instituto deberá presentar al Congreso de la Unión a más tardar el 30 de junio de cada año un informe dictaminado por un auditor externo, que incluya al menos los siguientes elementos:
1º.- La situación financiera del Instituto aportando elementos de juicio para evaluar la suficiencia de los ingresos, rendimientos, egresos, disponibilidad y reservas del fono.
2º.- Los posibles riesgos, contingencias y pasivos que se generen y la calidad financiera del Instituto para responder a ellos en función de sus ingresos y las reservas disponibles.
3º.- Estimaciones sobre las posibles modificaciones del monto de los créditos, tasas de interés, plazos de pago y requisitos para el otorgamiento de crédito;
4º.- La situación de los pasivos laborales y de cualquier índole que comprometan su gasto por más de un ejercicio fiscal.
El hecho de que el dictamen no contenga disposiciones para dar cumplimiento a los principios de transparencia, representa un gran retroceso en materia legislativa, por eso es que planteamos La necesidad de introducir este artículo en el mismo.
Insistiríamos en que cualquier organismo del sector laboral, debe ser tripartito, no es posible, precisamente los Comités que habrán de decidir la estrategia financiera del organismo público que se crea, queden excluidos de este principio, se requiere que exista el diálogo social en todo el sector laboral, y particularmente en estos organismos que van a decidir sobre el dinero de los trabajadores.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputado.
Se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea, previa su lectura, si se acepta a discusión la modificación propuesta por el diputado Pablo Anaya Rivera, sobre la fracción 7ª del artículo 14.
Estamos votando la anterior, diputado Agustín Rodríguez Fuentes. Permítame un segundo. ¿Con qué objeto?
El diputado Agustín Rodríguez Fuentes (desde la curul): Me interesa mucho saber, porque va usted a someter a votación el artículo 14 fracción VII y tenemos interés en argumentar en contra de ese planteamiento.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, primero le preguntaremos a la asamblea si la acepta a discusión. Si la acepta a discusión, entonces habrá la posibilidad de tener oradores en pro y en contra.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si es de aceptarse a discusión la adición propuesta por el diputado Pablo Anaya Rivera al artículo 14 fracción 7ª.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Rodríguez Fuentes para argumentar en contra e inmediatamente después preguntaremos a la asamblea sobre la decisión de fondo de esta adición.
El diputado Agustín Rodríguez Fuentes: Con el permiso de la Presidencia.
Yo deseo argumentar este planteamiento de modificación que se hace, en sentido contrario, en virtud de que tal y como está expresado en el proyecto que se ha aprobado en positivo en lo general, manifiesta una mayor certidumbre en la representación que pudiera participar en el Consejo Directivo y me refiero a que la fracción 7 establece en su texto, un representante de cada una de las tres confederaciones de organizaciones de trabajadores más representativas del país, debidamente registradas ante la Secretaría del Trabajo. Esto se quiere restringir solamente a un representante del Congreso del Trabajo, con este proyecto, con esa propuesta de modificación que se hace o que se propone.
No es la única organización y además no es la organización que represente legítimamente los intereses de todos los trabajadores; hay otras organizaciones que actúan con una absoluta legitimidad y representación en defensa del interés más profesional de los trabajadores y que estarán interesados en participar en este Consejo Directivo. No puede ninguna organización darse el derecho a una representación exclusiva o específica. Aquí, como se presenta la propuesta, se pretende darle una representación a quien ahora en este momento pudiera no tener la legitimidad de los trabajadores.
Por eso es importante que se argumente el sustento en el que se está basando para definir desde la misma ley la organización que debiera estar en el Consejo Directivo. De ninguna manera eso atenta con el derecho legítimo de organización, con el derecho legítimo de la libertad sindical, con el derecho constitucional que tenemos todos, de propiciar la participación en todos los ámbitos en donde los trabajadores estemos representados.
Por esa razón solicito se sostenga el texto actual, el que se ha manifestado y aprobado en lo general en su artículo 14, su fracción 7ª, que nos parece que es de mayores posibilidades para la participación legítima de los trabajadores.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputado.
Pregunte la Secretaría a la asamblea, si se acepta la modificación propuesta por el diputado Pablo Anaya, previa su lectura, Pablo Anaya Ribera.
El diputado Miguel Alonso Raya (desde su curul): Señor Presidente, que sea con el sistema electrónico de votación.
Votación nominal, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Que sea votación nominal, porque lo está pidiendo el diputado Miguel Alonso Raya, pero están levantando la mano más de cinco de sus compañeros, y términos del 148, estamos obligados a obsequiarle su petición.
Es la de Pablo Anaya Ribera, tendremos que, primero leerla y de inmediato ordenar la apertura del sistema electrónico, por cuatro minutos.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Me permito leer el artículo 14 fracción VII, el cual...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Solamente la adición.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ......el cual ha presentado el diputado Pablo Anaya para adición.
"Artículo 14.
...
"Fracción VII. Un representante de cada una de las tres confederaciones de organizaciones de trabajadores más representativas del país..." Adición: "...y un representante que designe el Congreso del Trabajo".
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Ábrase el sistema de votación electrónico, para proceder a la votación si se acepta la modificación propuesta por el diputado Pablo Anaya Ribera, hasta por cuatro minutos.
Votación
Diputado Presidente, se emitieron 160 en pro, 188 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.
Se ruega a la Secretaría someter a la consideración de la asamblea las reservas del diputado Pablo Franco Hernández, una por una previa su lectura, es si se acepta a discusión en este momento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Previa su lectura de todos?
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Por favor, una por una.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para hablar con propiedad y evitar confusiones es si se admite a discusión en este momento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea, previa lectura de cada uno de los artículos reservados por el diputado Pablo Franco Hernández, iniciaremos con el 14 último párrafo.
"Los representantes de las organizaciones de trabajadores y de..." Modificación: "...patrones, deberán contar con la experiencia, capacidad y prestigio profesional que les permita desempeñar su función en forma objetiva, estos representantes recibirán por su parte, las renumeraciones que determine el Consejo Directivo en términos de las disposiciones jurídicas aplicables".
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa de que si se admite a discusión el artículo 14.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Desechada.
Adelante.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Continúo con el artículo 17.
"Los invitados deberán ser personas cuya opinión específica sea de interés para el Consejo en virtud de sus conocimientos y experiencia sobre las materias o los asuntos del Instituto". Modificación.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, si se acepta a discusión.
Votación
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Desechad.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Artículo 18, fracción IX. Fijar las remuneraciones que correspondan a los representantes de las organizaciones de trabajadores y de patrones, por su participación en las sesiones del consejo. Modificación es: "patrones".
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa de aceptar la modificación a discusión, sírvanse manifestarlo.
Votación
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Desechada.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Continuó con el artículo 20.
Los Comités a que se refiere el artículo anterior se integran. Modificación: en forma tripartita por servidores públicos del Instituto. Modificación: y representantes de las organizaciones patronales y de las organizaciones de los trabajadores, a que se refiere el artículo 14 de la presente ley, que sean especialistas en la materia propia de cada comité.
Segundo párrafo, se suprime: respecto a los comités de apoyo a que, modificación: se refiere, las fracciones I y V del artículo 19 de esta ley. El Estatuto Orgánico establecerá la relación a su objetivo, integración, operación, facultades y reglas básicas de operación en términos de las disposiciones de carácter general que al efecto expidan las autoridades competentes.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa de que se acepte a discusión, sírvanse manifestarlo.
Votación
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Desechado.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Artículo 34. El diputado solicita en el artículo 34, adición de un artículo 34. El Instituto deberá presentar al Congreso de la Unión a más tardar el 30 de junio de cada año, un informe dictaminado por un auditor externo que incluya al menos los siguientes elementos:
Primera. La situación financiera del Instituto, aportando elementos de juicio para evaluar la suficiencia de los ingresos, rendimientos, egresos, disponibilidad y reservas del fondo.
Segunda. Los posibles riesgos, contingencias y pasivos que se generan y la capacidad financiera del Instituto para responder a ellos, en función de sus ingresos y las reservas disponibles.
Tercero. Estimaciones sobre las posibles modificaciones del monto de los créditos, tasas de interés, plazos de pago y requisitos para el otorgamiento de crédito y,
Cuarto. La situación de los pasivos laborales y de cualquier índole que comprometan su gasto por más de un ejercicio fiscal.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa que se acepta a discusión, sírvanse manifestarlo.
Votación
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Desechado, quedan en sus términos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón.
El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón: Con su permiso, señor Presidente.
Honorable Asamblea:
En el dictamen que en este momento se discute, no se considera establecer en la ley los derechos y obligaciones de los trabajadores acreditados al Infonavit. De aprobarse el dictamen tal y como lo presenta la mayoría de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, la operación de los créditos al consumo se reduce a una administración de fondos, sin que el acreditado tenga salvaguardados en la ley sus derechos y recursos de inconformidad; lo único que pretende dar alguna garantía, es una referencia a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
En consecuencia los derechos y obligaciones de los acreditados serán fijados por el Instituto, en contratos que podrá manejar unilateralmente, sin criterios especificados en la Ley. En caso de que el Instituto requiera, por ejemplo, cobrar a un trabajador que haya perdido su empleo, no hay un recurso como el existente en la Ley del Infonavit, de otorgar prórrogas ni se considera en la estructura del Instituto una instancia de atención a las quejas o inconformidades de los acreditados. Nos parece entonces fundamental integrar el capítulo que se presenta, para dar garantías a los trabajadores que sean acreditados por el Instituto y no reducir el interés público de la ley a disposiciones administrativas y contratos, ante los que el trabajador quedará en condición de indefensión.
Diputadas y diputados, si no legislamos en este momento sobre esta materia específica, la inconformidad del trabajador no tendrá un canal legal e institucional para expresarse y no estaremos cumpliendo nuestra misión como legisladores.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo ante este honorable pleno la adición de un Capítulo Sexto. Derechos y Obligaciones de los Acreditados, al dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores para quedar como sigue:
"Capítulo Sexto. Derechos y Obligaciones de los Acreditados".
Artículo 35. "...para ser acreditado al Instituto se requiere:
1. Percibir un salario base sin incluir prestaciones, que no exceda de 25 veces el mínimo general mensual de la zona que el trabajador preste sus servicios".
2. Tener una edad mínima de 18 años.
3. Contar con un año de antigüedad en su empleo al momento de tramitar su crédito.
4. Si está contratado por tiempo determinado, contar con una antigüedad.
5. Trabajar en una empresa afiliada al Instituto.
6. No tener adeudos pendientes con el Instituto o con el Fideicomiso Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores; y
7. Las demás que le señale la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables".
Artículo 36. "Son derechos de los acreditados:
1. Recibir créditos del Instituto sin requisitos de enganche, aval o fiador.
2. Bajo ninguna circunstancia, el Instituto requerirá investigar al trabajador en el Buró de Crédito.
3. Sumar su capacidad de crédito si dos o más miembros de la familia son sujetos de crédito del Instituto.
4. Ejercer su crédito con cualquiera de los establecimientos comerciales afiliados al Instituto.
5 A tramitar y recibir el crédito sin mediar pago o condicionamiento de ningún tipo.
6. A ser tratado por representantes del Instituto con respeto, amabilidad y apego a la normatividad vigente.
7. A que el pago mensual de los créditos no exceda de una retención del 10 por ciento para un salario mínimo mensual del área geográfica en que el trabajador desempeñe sus labores y del 20 por ciento cuando perciba un salario superior al salario mínimo de referencia.
8. En caso de sufrir una incapacidad permanente acreditada por el Instituto Mexicano del Seguro Social o una institución del Sistema Nacional de Salud, será liberado del adeudo con el Instituto.
9. A que se finiquite su crédito en caso de fallecimiento, mediante la presentación de copia certificada del acta de defunción y el Instituto finiquitará el crédito.
10. A recibir una prórroga hasta por doce meses sin causa de intereses en los pagos, en caso de quedar desempleado.
11. Las demás que señale la presente ley, su reglamento y demás disposiciones".
Artículo 37. "Son obligaciones de los acreditados:
1. Realizar los trámites de solicitud de crédito ante las ventanillas autorizadas por el Fondo.
2. Utilizar el crédito únicamente para la adquisición de bienes y servicios.
3. Cumplir con los pagos a que se obligue ante el Instituto; y
4. Las demás que señale la presente ley y su reglamento".
Esto es, compañeras y compañeros, de elemental necesidad que incluyamos la posibilidad de que el trabajador tenga una instancia de representatividad frente a este Instituto de Consumo de los Trabajadores.
Por su atención muchas gracias, y lo anexo en todos sus términos para que sea considerado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado.
En virtud de que acaba de ser leída la propuesta del señor diputado, solamente vamos a preguntarle a la Asamblea si se acepta, si se admite a discusión de inmediato sin la lectura previa, en función de que lo acaba de hacer.
La Secretaria Diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la negativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Desechada.
Tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo sexto transitorio.
El diputado Agustín Rodríguez Fuentes: Con su permiso señor presidente.
Yo quiero atraer la atención de nuestros compañeros y compañeras legisladoras y legisladores, sobre una reserva al artículo sexto transitorio que nos parece complementario a lo que está aprobado de manera general.
Actualmente los trabajadores del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, tiene una organización sindical y tienen un contrato colectivo de trabajo. Lo justo es tal y como lo establece el sexto transitorio, que las personas que prestan servicios personales subordinados a Nacional Financiera, a Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciario en el fideicomiso público Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, formarán parte del personal al servicio del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores y Conservarán las remuneraciones y prestaciones de las cuales gozan al entrar en vigor la presente ley.
Eso es muy importante. Si existe un instrumento labora justo es que se pueda agregar en este párrafo al final del punto que tiene, poder agregar: " … así como los derechos; adquiridos y las condiciones de trabajo fijadas mediante la contratación colectiva, al entrar en vigor la presente ley."
Hemos aprobado de esta ley el artículo 7o. que establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Instituto estarán sujetas al artículo 123 Apartado A. Me parece que es importante que en concordancia con ese artículo 7o. que está aprobado y que no hay reserva alguna en sentido contrario, nosotros aprobemos este agregado que no contradice, sí complementa y clarifica el hecho de que si los trabajadores ya tienen un instrumento labora, que su contrato colectivo de trabajo, que su organización sindical, éste sea respetado y en su caso sus condiciones de trabajo sujetas a los procedimientos que establece la propia Ley Federal del Trabajo que regula al artículo 123 en su Apartado A.
Dejo señor presidente el documento de reserva para su publicación y su consideración, en los términos que aquí lo he expresado. Ojalá y exista sensibilidad de ustedes compañeros diputadas y diputados, para que se pueda agregar ese complemento que solamente resguardaría de manera plena el derecho de los trabajadores.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputado.
Pregunte la secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión en este momento la reserva del diputado Rodríguez Fuentes.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si es de admitirse la propuesta del diputado Agustín Rodríguez Fuentes.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la negativa diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.
Se ruega a la secretaría ordenar la apertura del sistema electrónico de votación para votar en sus términos los artículos 14, 17, 18, 20 y sexto transitorio.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 4 minutos para proceder a la votación en sus términos, de los artículos 14 fracción VII, 14 último párrafo, 17 último párrafo, 18 fracción IX, 20 adición y del artículo 34 en adición ...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Vamos a votar en sus términos los artículos 14, 17, 18, 20 y sexto transitorio.
Votación
Esta presidencia saluda a regidores de San Juan del Río, San Joaquín y funcionarios del sector salud de Querétaro, invitados del señor diputado don Ricardo Alegre Bojórquez.
Sean ustedes bienvenidos.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Diputado presidente, se emitieron 272 en pro; 82 en contra y dos abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados Por 272 votos los artículos 14, 17, 20 y sexto transitorio.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día, son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los enunciados y se reserve la votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los enunciados de los puntos de acuerdo y se reserven para su votación en conjunto.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
Votación
Gracias.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo:
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura y en esos términos, continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, para convocar a un concurso de dibujo infantil y juvenil en el país, para el fortalecimiento de la cultura de cuidado del agua.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, para exhortar a la Comisión Nacional del Agua realice la investigación correspondiente para determinar las causas de la muerte de miles de peces en el Lago de Chapala e informe acerca de las acciones a implementar para frenar y revertir el daño ocasionado.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si son de aprobarse.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa:
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquese.
El siguiente punto de la orden del día es la discusión de los dictámenes negativos, relativos a iniciativas.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se les dé lectura a los puntos de acuerdo y se reserve para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea....
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Los enunciados.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse que se lean sólo los enunciados de los dictámenes negativos y se reserven al final para su votación en su conjunto.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No obstante esta autorización, si algún diputado tiene interés en la discusión de algún dictamen en lo particular, se le pide lo haga saber a esta presidencia. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Marina por el que se desecha la iniciativa que adiciona la fracción III al artículo de la Ley de Ascensos a la Armada de México.
Al dictamen de la Comisión de Gobernación, por los que no se aprueba la iniciativa que reforma los artículos 5º y 12 de la Ley de Seguridad Nacional.
Al dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1916 bis, del Código Civil Federal.
Al dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 75 y 76 de la Ley General de Salud en materia de salud mental.
Del dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 198 de la Ley General de Salud.
Del dictamen de la Comisión de Salud por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 20 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
Del dictamen de la Comisión de Salud por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud.
Del dictamen de la Comisión de Salud por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 90 y una fracción VI al artículo 111 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Desarrollo Social por el que no es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Aguas Nacionales.
Se va a proceder a recoger la votación económica de este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
De conformidad con el acuerdo aprobado en la sesión del 13 de octubre, proceda la secretaría a dar lectura a los enunciados de las proposiciones relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: La diputada Graciela Larios Rivas presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no autorice en el ejercicio fiscal de 2006 ninguna afectación negativa al presupuesto del IMSS en diversos rubros, manteniendo el presupuesto equivalente asignado para el año 2005 y considere al IMSS en la participación de los recursos extraordinarios provenientes de los excedentes por la venta de petróleo, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Graciela Larios Rivas presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 recursos económicos, con carácter de subsidio, como compensación de los efectos negativos que genera el comercio exterior en el puerto de Manzanillo y las dos generadoras de electricidad, así como por los ingresos tributarios que se generan con estas actividades económicas en el estado, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Ulises Adame de León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el que se exhorta a la Comisión considere en Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 recursos para dirimir el problema de agua potable que se ha generado en las comunidades del sur sureste del país afectadas por los huracanes Stan y Wilma.
La diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública una ampliación al presupuesto del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, contenido dentro del Ramo 10, Economía.
El diputado Francisco Echevarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 recursos para la construcción de dos caminos rurales en el estado de Guerrero.
Se presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 una partida especial a la Secretaría de Marina a fin de que se subsane el déficit presupuestario que enfrenta dicha dependencia y cumpla adecuadamente con la comisión encomendada, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Marina.
El diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública destine recursos para el desarrollo de la zona arqueológica Tehuacan el viejo, ubicada en el área conocida como La Mesa, en el municipio de Tehuacan, Puebla.
La diputada Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, se establezca una partida presupuestal para atender los aspectos preventivos y de combate al cáncer infantil.
La diputada María Eloisa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, una ampliación del presupuesto del Fondo Nacional de Innovación para el desarrollo tecnológico, contenido dentro del ramo 10 Economía.
El diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, recursos para elaborar y conocer la disponibilidad del agua de todo el territorio nacional, así como realizar estudios para identifica y vigilar las riberas o zonas federales.
La diputada Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, se establezca una partida presupuestal destinada al abastecimiento de un cuadro básico de medicamentos para adultos mayores que se distribuyan de manera gratuita por medio del Seguro Popular en toda la República Mexicana.
El diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública considere en el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, recursos para la homologación de los salarios de los trabajadores de SEPOMEX respecto al salario mínimo burocrático.
La diputada María Eloisa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, una ampliación al presupuesto del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software Prosof, contenida dentro del ramo 10 Economía.
El diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Agricultura y Ganadería intervenga a efecto de que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, recursos suficientes a la SAGARPA para estar en posibilidad de cumplir a nivel nacional con la Tarifa Única de Energía Eléctrica para Uso Agropecuario.
El diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, las partidas correspondientes al estado de Puebla.
El diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, recursos para la modernización y el mantenimiento del acervo histórico del Instituto Mexicano de la Radio.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativas, una que reforma la fracción IV del artículo 15 del Código Penal Federal, misma que se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Otra más que adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, misma que se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Y una más que reforma las fracciones XVI y XVII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Y de la diputada Rosa María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En relación a la iniciativa que ha enviado a esta Presidencia la diputada María Avila Serna favor de turnarla a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.
Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Galván Guerrero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El diputado Javier Galván Guerrero: Con su permiso diputada Presidente.
"El suscrito diputado, Javier Galván Guerrero, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública con base en la siguiente
" Exposición de Motivos "
"La seguridad pública sin duda alguna es el fenómeno actual más complejo e importante de la vida social de nuestro país en el cual convergen y se reflejan las diferentes carencias y deficiencias sociales, culturales y económicas debido, fundamentalmente, a la falta de aplicación de políticas públicas justas, equitativas y congruentes con los tiempos y circunstancias demográficas actuales. Este problema crea un compromiso fundamental con la sociedad por parte de la administración pública, el cual se debe afrontar y solucionar.
"Es claro que nuestras acciones en contra del crimen organizado han quedado rebasadas por mucho en la lucha por mejorar los niveles de civilidad, equidad, convivencia y paz social.
"Las estadísticas son verdaderamente alarmantes en delitos de toda índole. Algunos de estos, los más lucrativos y más conocidos como el narcotráfico, el robo de vehículos, el asalto a autotransportes de carga local y federal entre otros no menos importantes, los cuales debemos atender con mejores niveles de profesionalización por lo nefasto del hecho en sí, que es el robo de menores y el secuestro, que han aumentado considerablemente la incidencia en México con fines fundamentalmente de lucro. Éstos como otros delitos han ido corrompiendo gradualmente algunos de los distintos niveles de la administración pública en todo el país. Este inconveniente es considerado ya un problema de seguridad nacional.
"Por todo lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición:
"Iniciativa con proyecto de decreto para la que se reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 41 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
"Artículo 1. Se reforma el artículo 41 y se adicionan las fracciones I, II, III y IV; se recorre el segundo párrafo del artículo 41 para quedar como segundo párrafo de la fracción IV; se recorre el tercer párrafo del artículo 41 para quedar como segundo párrafo de la fracción I, para quedar como sigue:
"Artículo 41.- La Secretaría de Seguridad Pública Federal integrará en coordinación con los tres niveles de gobierno de los Estados de la República y del Gobierno del Distrito Federal, las bases de datos o padrones nacionales de información en seguridad pública, de personas víctimas de delitos, de delincuentes o probables responsables de delitos de servidores públicos inhabilitados, de bienes muebles e inmuebles involucrados en delitos y, en general, cualquier información que sirva para lograr los propósitos de la mejor detección y persecución de los delitos.
"Fracción I.- Se integrará una Base Nacional de Datos sobre personas probables responsables de delitos, indiciadas, procesadas o sentenciadas.
"Fracción II.- Se integrará una Base Nacional de Datos sobre personas menores de edad, robadas, secuestradas o extraviadas.
"Fracción III.- Se integrará una Base Nacional de Datos sobre vehículos automotores robados, motocicletas, automóviles, camionetas, camiones, tractocamiones, lanchas, barcos y, en general, todo tipo de vehículos automotores de manufactura nacional y de importación, introducidos legalmente al país.
"Fracción IV.- Se integrará una Base Nacional de Datos de servidores públicos inhabilitados para seguir prestando sus servicios dentro de la administración pública en los distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal.
"Palacio Legislativo de San Lázaro".
Muchas gracias. Es cuanto diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted diputado Galván Guerrero.
Favor de turnar la iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública.
A continuación tiene el uso de la voz nuestra compañera, la diputada María Eloisa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de Ley para el Fomento de la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica.
La diputada María Eloisa Talavera Hernández: Con su permiso, señora Presidenta.
"Los suscritos diputados federales, María Eloísa Talavera Hernández y Héctor Gutiérrez de la Garza, integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos otorgan los artículos 71 fracción II, 73 fracción XXIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica, al tenor de lo siguiente.
"Uno de los objetivos de la política económica es promover el crecimiento con calidad de la economía, un crecimiento sostenido y dinámico que permita crear los empleos que demandarán los millones de jóvenes que se incorporarán al mercado de trabajo en los próximos años, que avance en la igualdad de oportunidades entre regiones y empresas y que permita contar con recursos suficientes y canalizarlos para combatir los rezagos y financiar proyectos de inclusión al desarrollo.
"El desarrollo científico y tecnológico es motor de cambio social y progreso económico en el mundo contemporáneo, sin embargo la atención que se da en México a la preparación científica y a la introducción, producción y dominio de la tecnología, es insuficiente.
"El Sistema Nacional de Investigación no se ha articulado adecuadamente con las necesidades sociales y productivas del país, y existen además enormes diferencias regionales en cuanto a la operación, aplicación y desarrollo de conocimientos para el mejoramiento general de la población.
"No obstante que se ha hecho un gran esfuerzo institucional para formar un núcleo científico de calidad, sigue siendo reducido el interés del sector privado y de la industria por la generación de conocimientos, pues se prefiere por razones económicas importar procesos y tecnología a desarrollar la propia.
En un mundo en el que el proceso de globalización corresponde al Estado promover las condiciones para la inserción competitiva de México en el nuevo orden económico mundial.
La política económica debe considerar este proceso y permitir que el país se integre a él obteniendo los máximos beneficios posibles; como nación, debemos buscar que se aumente y se extienda la competitividad del país, la competitividad de las empresas, la competitividad de las cadenas productivas y la competitividad de las regiones.
Para alcanzar dicha competitividad es también necesario un sector público con estándares internacionales de buen Gobierno, el Estado debe fortalecer y no limitar la competitividad de las empresas mexicanas.
Todo lo anterior implica una regulación apropiada, disponibilidad oportuna y eficaz infraestructura económica para el desarrollo, fomento de capacidades para el trabajo productivo de clase mundial, desarrollo tecnológico y científica para la nueva economía, todo ello, en el marco de una moderna cultura laboral y empresarial.
Ante ello, la Iniciativa que se propone tiene como objeto, expedir una Ley que permita el fomento de los procesos de innovación productiva y tecnológica de las empresas así como propiciar el desarrollo de las actividades y sectores económicos basados en el uso intensivo y la aplicación comercial de los conocimientos científicos y tecnológicos con el propósito de elevar la productividad y la competitividad de la economía del país e impulsar un aumento sostenido del ingreso nacional y de bienestar más general.
Una de las virtudes de este proyecto , es el énfasis que se pone en la asignación de los recursos bajo el criterio de las ventajas comparativas que gozan las distintas regiones del país su madurez de desarrollo para ser objeto del apoyo que pretende la Ley, es decir, se establecerán los mecanismos a través de los cuales la autoridad federal y las estatales, realizarán un diagnóstico de las entidades federativas, el cual arrojará información suficiente para catalogar os distintos sectores prioritarios que serán objeto de esta Ley.
Con ello, se pretende focalizar los recursos a las actividades y regiones que contribuyan en mayor medida en el desempeño competitivo y en el desarrollo de la economía nacional en el mediano y el largo plazo. Particularmente la Ley desea promover el desarrollo de una cultura empresarial orientada a la innovación u al cambio tecnológico como factores fundamentales para aumentar el desempeño competitivo de las empresas e instituciones y sectores prioritarios. Esta Ley establece la conformación de un Fideicomiso a través del cual se canalizarán los recursos para llevar a cabo el objeto de la Ley.
Una de las condiciones para hacerse acreedor de dichos beneficios, es la firma de un convenio, ya sea por parte de la entidad o del sector correspondiente en el que se establecerán las metas , acciones y compromisos que serán alcanzados por parte del beneficiario.
Propiciar el desarrollo de las cadenas y sectores y de las actividades económicas basadas en el uso intensivo y la aplicación comercial de los conocimientos científicos y tecnológicos , nos permitirá incrementar el número de científicos e inventores así como elevar la productividad y la competencia del país, para impulsar el aumento sostenido del ingreso nacional y por ende, el bienestar nacional.
La innovación, resultado de los esfuerzos en materia de investigación y desarrollo experimental, es un factor cada vez más importante para participar con éxito en los mercados nacionales y extranjeros, aunque desde hace diez años el gasto en la Investigación y Desarrollo ha registrado tasas de crecimiento real, en el año de 2006, el Gasto Público Federal apenas alcanzará el 33% como proporción del Producto Interno Bruto.
Esta cifra es menor que el promedio registrado por los países con los que tenemos más relaciones comerciales; México no ha logrado establecer un verdadero programa para hacer que la Ciencia se aparte de una cultura nacional integrándola en todos los ciclos y aspectos de la Educación y logrando que sea incorporada, estimulada y difundida en los sectores privados, educativos y productivos.
Por obviedad del tiempo, voy a solicitar que se publique íntegro el texto de esta iniciativa.
Con esta iniciativa muchas de las áreas de la ciencia y la tecnología que requieren vigorizarse, pero sólo en algunas de ellas podremos enfatizar y concentrar nuestros recursos y nuestros esfuerzos y trabajo humano.
Conminamos a los demás actores políticos, representados en este Congreso, para trabajar en esta iniciativa, para trabajar en ello, para sentar las bases de esta política que nos impulsa a elevar la productividad y la competitividad del país y además a impulsar el aumento sostenido en el ingreso nacional y el bienestar general.
Estamos convencidos que la suma de esfuerzos con todas las fracciones parlamentarias, resultará un ejercicio muy positivo, para beneficiar en un aspecto crucial en el devenir de nuestro país como es la ciencia y la tecnología.
Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputada Talavera Hernández y de acuerdo a su solicitud favor de integrar el texto completo en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Inelvo Moreno Alvarez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la Leyenda a los Constituyentes de Apatzingán de 1814.
El diputado Inelvo Moreno Alvarez: Con su venia diputada presidente.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se solicita se inscriba en letras de oro la Leyenda a los Constituyentes de Apatzinbgán de 1814 en los Muros de Honor en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados que presenta el suscrito.
Diputado Federal por la LIX Legislatura integrante del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en el Artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Asamblea el presente proyecto de decreto, bajo las siguientes consideraciones y a la letra dice:
El Supremo Congreso Mexicano deseoso de llenar las heroicas miras de la nación, elevadas nada menos al sublime objeto de sustraerse para siempre de la dominación extranjera y sustituir al despotismo de la monarquía de España, un sistema de administración que reintegrando a la nación mismo en el goce de sus derechos, augustos e imprescriptibles derechos, la conduzca la gloria de la independencia, y afiance sólidamente la prosperidad de las naciones, decreta la siguiente forma de gobierno, sancionado ante todas las cosas, los principios tan sencillos como luminosos, en que pueden solamente cimentarse una Constitución justa y saludable.
El decreto constitucional de la libertad para la América mexicana, promulgado en 1814 en la ciudad de Apatzingán, Mich., siendo la primera Constitución del pueblo de México y de América Latina, representa los cimientos de la legislación del México independiente, en esta Constitución se defiende la soberanía del Estado Mexicano, pero además la posibilidad de gobierno, cada vez que éste no satisfaga las necesidades del pueblo de México, divide al Estado para su óptimo desarrollo en tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y este es un precedente importante para la vida y la división de poderes que actualmente tiene nuestro pueblo de México.
Es así como los Constituyentes de Apatzingán establecen principios, en los que la sociedad tiene el derecho incontestable a establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera, principios que en la actualidad siguen siendo el fin que se busca.
De la misma manera, sostuvieron la igualdad jurídica de los Estados, porque ninguna nación tiene derecho para impedir a otra, el uso libre de su soberanía, y exhortó a los pueblos a respetar el derecho convencional de las naciones, esto es, el derecho internacional público, pero privilegiando ante todo la estricta observancia de la ley.
En el decreto se señalaba abiertamente que el primer día festivo que hubiere comodidad, se celebraría una misa solemne en acción de gracias, en el que el cura u otro eclesiástico pronunciara un discurso alusivo al objeto y acabada la misa, el Presidente, en manos del decano, bajo la fórmula conveniente, el juramento de guardar y hacer cumplir este decreto. Lo mismo ejecutarán los demás diputados en manos del Presidente y se cantará el Tedeum, dejando claro un gran sentido de religiosidad y la existencia de una fuerza mayor a la humana, procediendo el Congreso con la posible brevedad a la instalación de las supremas autoridades que también ha de celebrarse dignamente.
Procediendo el Congreso en este decreto, se extendió por duplicado y firmando los dos originales por todos los diputados que estuvieran presentes y los Secretarios. El uno se remitirá al Supremo Gobierno para que los publique y mande ejecutar y el otro se archivará en la Secretaría del Congreso.
El Congreso Constituyente, llamado de Anáhuac, tenía su sede en Chilpancingo, Guerrero, pero debido al acoso de los realistas estuvieron cambiando continuamente de sede, es así como este decreto fue promulgado en el Palacio Nacional del Supremo Congreso Mexicano en Apatzingán, Michoacán, el 22 de octubre de 1814, año 5º de la Independencia Mexicana.
Formado el Congreso Constituyente por José María Liceaga, diputado por Guanajuato, Presidente; doctor José Sixto Verduzco, diputado por Michoacán; José María Morelos, diputado por el Nuevo Reino de León; licenciado José Manuel de Herrera, diputado por Tecpan; doctor José María Cos, diputado por Zacatecas; licenciado José Sotelo de Castañeda, diputado por Durango; licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, diputado por Tlaxcala; licenciado Manuel de Aldrete y Soria, diputado por Querétaro; Antonio José Moctezuma, diputado por Coahuila; licenciado José María Ponce de León, diputado por Sonora; doctor Francisco Arganda, diputado por San Luis Potosí; Remigio de Yarza (¿), Secretario; Pedro José Bermeo, Secretario.
Representa hoy en día para la Ciudad de Apatzingán de la Constitución, un gran honor que haya sido esta ciudad donde aconteció este hecho de relevancia histórica para el país, de esta manera, año con año se festeja este gran acontecimiento por parte del Congreso del estado de Michoacán para el pueblo de México, ya que representa la gloria de ser en aquel tiempo la pequeña ciudad que tuvo como cuna a la primer Constitución del país y de la América Latina ahora hoy (¿).
Muchos de los nombres de estos héroes por su valentía y entrega a los ideales de la Independencia, libertad, soberanía, yacen ya en los Muros de Honor de esta Honorable Cámara, sin embargo, el reconocimiento que como Constituyentes, como órgano legislativo de aquel tiempo merecen como legisladores en este mismo Congreso, debe de estar inscrito su nombre en letras de oro como: "A los Constituyentes de Apatzingán de 1814".
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara el siguiente decreto, por el que se solicita se inscriba en letras de oro en los Muros de Honor de la Honorable Cámara de Diputados, la leyenda: "A los Constituyentes de Apatzingán de 1814".
Artículo primero: Inscríbase en letras de oro en los Muros de Honor del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, la leyenda "A los Constituyentes de Apatzingán de 1814".
Artículo segundo: La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados conjuntamente con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, definirá la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión solemne que se realizará para llevar a cabo la inscripción en letra de oro la mencionada leyenda que ya se refirió en el artículo primero.
Transitorio: Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2005.
Es cuanto, diputada Presidente.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias compañero Inelvo Moreno.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
A continuación tiene el uso de la voz nuestra compañera diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 288, 292 y 311 del Código Penal Federal.
La diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo: Con su permiso Presidenta.
El 19 de marzo de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, adoptada en la Ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de Junio de 1994.
La citada Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el 26 de noviembre de 1996 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre del mismo año.
En los considerandos de tal Convención adoptada en la XXV Asamblea de Delegados de la Comisión Interamericana de Mujeres, se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales que limita total o parcialmente a la mujer, el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, tomando en cuenta que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, actos que trascienden todos los sectores de la sociedad independiente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases.
En el mencionado instrumento jurídico internacional en su artículo 4° señala: "Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce y ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos mencionados, entre otros, el derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personales y el derecho a no ser sometidas a torturas".
En el capítulo tercero, destinado a los deberes de los estados, el artículo 7 inciso c), el texto dice: "Incluir en su legislación interna, normas penales, civiles y administrativas así como de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso".
A su vez, en el inciso d) mencionar adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente con su integridad o perjudique su propiedad.
Derivado de este compromiso internacional, aunado al incremento de delitos que van desde lesiones hasta mujeres violentadas en contra, dentro del territorio nacional, es necesario incrementar las penas a los sujetos activos de estos delitos en el Código Penal Federal, a efecto de que con el incremento a las penas consideradas en el capítulo 1 y 2 del Título XIX del mencionado Código, permita disuadir o castigar las conductas antisociales con mayor severidad cuando se configure la lesión o muerte, con perfil de género, término que se define en el artículo 311 del presente proyecto.
En virtud de lo anterior expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 288, el segundo párrafo del artículo 292 y el artículo 311 del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos:
Proyecto de Decreto
Artículo Único.- Se reforma el artículo 288, el segundo párrafo del artículo 292 y el artículo 311 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 288.- Bajo nombre de lesiones, se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones o quemaduras, mutilaciones, sino toda alteración a la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producto por una causa externa.
Artículo 292. Se impondrán de 6 a 10 años de prisión al que infiera una lesión a consecuencia de la cual, resulte incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, la perdida de la vista o del habla o de las funciones sexuales y/o reproductivas.
Artículo 311. Se considera delito con perfil de género, cuando el sujeto activo del delito lo comete con discriminación, entendiéndolo cuando se presenten elementos de desprecio, superioridad, dominación, supremacía y/o denigración, causando muerte, lesión, daño psicológico o sufrimiento físico basado en la condición de genero de la victima. El juez podrá imponer hasta el doble de las sanciones en lo previsto en el capítulo primero y segundo del título décimo noveno, cuando se presenten los elementos que definen el delito con perfil de genero.
Transitorios.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Atentamente.
La que expone.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputada Gastelum Bajo. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Se rectifica el trámite de la iniciativa presentada por la diputada María Eloisa Talavera Hernández, a petición de la proponente y debe turnarse a las Comisiones Unidas de Economía y Hacienda y Crédito Público, quedando fuera la de Ciencia y Tecnología.
A continuación tiene el uso de la voz, nuestro compañero diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para cambiar el formato del Informe Presidencial.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia.
El artículo 69 constitucional se refiere a la obligación del Presidente de la República, de asistir ante el Congreso en sesión pública y conjunta el día de la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo y presentar un informe escrito, con el que manifieste el estado general de la administración pública. Por otro lado, este precepto constitucional se refiere a las sesiones extraordinarias.
En cuanto a la primera parte del artículo 69 de la Constitución, que es la parte que se pretende reformar, los antecedentes de las sesiones informativas, los encontramos, primero, en Estados Unidos, pues conforme a la Constitución de 1787, el Presidente informará periódicamente al Congreso sobre el estado de la Unión, artículo 2°, tercera sección, haciendo las recomendaciones que considere convenientes o necesaria, asimismo el Presidente dirigirá mensajes escritos u orales, relativos a los problemas concretos.
El antecedente del 69 constitucional en México, lo encontramos en la primera Constitución, la del 4 de octubre de 1824, ya que sus artículos 67 y 68, señalaba que el Congreso se reuniría el 1° de enero y asistiría el Presidente, quien pronunciaría un discurso que contestaría el que presidiera el Congreso.
En 1847, se expidió el Acta Constitutivas y de Reformas, que reestableció el sistema federal, asimismo nuevamente entró en vigor la Constitución de 1824, que junto con el acta constitutiva conformaron la Ley Fundamental.
Bajo la vigencia de la Constitución de 1857, Sebastián Lerdo de Tejada, sugirió que el informe del Presidente fuera por escrito y no verbal, sugerencia que fue aceptada.
Durante la dictadura de Porfirio Díaz, éste concreto todas las atribuciones de los diversos órganos, entre ellos el propio Congreso, que quedó a su disposición, por lo que el ejercicio de la sesión informativa o Informe Presidencial, ya no fue posible.
Carranza expidió el 14 de septiembre de 1916 el decreto de reforma a los artículo 4°, 5° y 6° del decreto de 12 de diciembre de 1914; decreto que anunciaba la convocatoria del Congreso Constituyente. El artículo 6° segundo párrafo, señalaba que verificadas las elecciones de los Poderes Federales e instalado el Congreso General, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, le presentaría un informe sobre el estado de la administración pública y hecha la declaratoria de la persona electa para Presidente, le entregaría el informe al Poder Ejecutivo de la nación.
Constitucionalmente no se establece la obligación del Presidente para dar lectura al informe, pero es una costumbre saludable, iniciada por el primer Presidente de México, Guadalupe Victoria. Sin embargo, la obligación sí se contempla en el artículo 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, pero el actual Informe Presidencial dista mucho de ser una comparecencia de gobierno. Está lejos de ser un verdadero diálogo constructivo entre Poderes Republicanos en busca de la eficiencia gubernamental.
Durante la época de la hegemonía de un partido de Estado y de un presidencialismo autoritario, el Informe Presidencial se convirtió en el pretexto constitucional idóneo para rendir pleitesía al Jefe de Estado. Era un día feriado, lleno de símbolos, como el besamanos en el Palacio Nacional al concluir el informe.
El Presidente se transportaba en un auto convertible del Palacio Nacional al Congreso, ello para saludar a los miles de acarreados postrados a su alrededor. Los legisladores priístas, más del 80 por ciento del total del Congreso, interrumpían cotidianamente con aplausos y de pie el extenso mensaje del Presidente. No era por supuesto una rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo, parecía más bien una ceremonia en la que el Legislativo se asumía como un órgano más, subordinado y muy disciplinado a la voluntad del Presidente el turno.
Pero la alternancia en el Poder Ejecutivo y la representación plural del Congreso, trajo consigo el fin de aquel viejo e insultante ritual antidemocrático y autoritario en el que se había convertido el Informe Presidencial, y es ahora cuando resulta más claro la obsolescencia del formato señalado en la Constitución, en la ley secundaria y en el propio reglamento.
Y es que si partimos del hecho de que difícilmente regresaremos a la época en la que el Presidente y la mayoría absoluta en el Congreso sean del mismo partido, nos daremos cuenta de que el Informe Presidencial, tal como existe hoy, no dejará de ser un monólogo de dos, donde un Presidente habla sin que el Congreso lo escuche y un Congreso grita e insulta al Presidente, sin que se le pueda controlar.
Esa es la realidad a la que habrá de enfrentar el Presidente el turno y tanto no cambie el formato del informe, es precisamente esa problemática la que tendrá que resolver con la presente iniciativa.
Esta propuesta pretende que el informe deje de ser un diálogo de sordos y que se convierta en dos mensajes a la Nación: uno del Ejecutivo el primero de septiembre y otro del Legislativo el primero de octubre. El Presidente ya no iría al Congreso el primero de septiembre a dar un mensaje, sino que haría llegar al Congreso el informe y enviaría un mensaje a la Nación. Este sería contestado por los grupos parlamentarios en sesión solemne, luego de analizar, claro, su contenido, con la presencia entonces del propio Presidente de la República.
La iniciativa también propone acabar con el arcaico esquema de posicionamiento de los grupos parlamentarios que versan sobre un Informe Presidencial que no conocen. ¿Por qué? Porque aún no ha sido entregado al Congreso y que dirigen al Presidente sin que éste se encuentre presente. Los mensajes de los grupos parlamentarios deben ser fortalecidos y más importante: no deben quedar solamente en la crítica, sino que incluso deben contener recomendaciones para el mejoramiento de la acción pública del Presidente.
Por ello, se pretende que luego de que el Presidente haga llegar su Informe al Congreso, éste lo analice durante 30 días auxiliándose de los Secretarios de Despacho y el primero de octubre, en sesión solemne, en la que estaría presente el Presidente y ya con pleno conocimiento del contenido del informe, los grupos parlamentarios den un mensaje que no quedaría sólo en la crítica, sino más importante: contendría las recomendaciones que los legisladores consideren necesarias para el mejoramiento de la administración pública, mismas que el presidente tendría que valorar, atender y contestar en un plazo no mayor a quince días hábiles.
Con la propuesta planteada sí habría un diálogo entre dos poderes, diálogo que hoy en día no existe. Además, se trata de que el Presidente informe a la Nación y el Congreso critique el informe y proponga soluciones. Desde nuestra perspectiva, eso ayudaría más a la buena conducción del país que al actual diálogo de sordos e insultos estériles.
En virtud de lo expresado y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución y del artículo 55 fracción II del Reglamento, presento a esta Honorable Asamblea esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso y los artículos 188 y 189 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso.
Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Triana Tena.
Favor de turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 20, 46 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Iván García Solís: Gracias, diputada Presidenta.
Ciudadanas y ciudadanos legisladores:
El artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de presentar iniciativas de ley tanto al Presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de los estados.
Es el artículo 72 del mismo ordenamiento el que fija las formas en que se lleva a cabo el proceso de aprobación y promulgación de las leyes, no obstante que desde nuestra Carta Magna, se prescriben tiempos y formas que buscan que el proceso legislativo sea ágil y efectivo, es en la Ley Orgánica del Congreso donde encontramos vacíos e inconsistencias que impiden cumplir con ese cometido constitucional.
Por ejemplo en el marco constitucional se consigna la obligación de que las iniciativas que se presentan deben ser dictaminadas antes de que transcurra un mes. Y ante la posibilidad de que se agote este plazo se da la opción al iniciador, de presentar su propuesta en otra Cámara, cosa que casi nunca ocurre.
Sin embargo, la normatividad secundaria es omisa al señalar cuál debe ser el criterio para atender y dar preferencia a la muy variada gama de propuestas que le son turnadas a las comisiones legislativas, por lo que éstas en muy pocas ocasiones cumplen a cabalidad con dicho plazo constitucional, no sólo por esa razón, por otras más que ya hemos examinado. Pero el hecho es que no se cumple con la obligación constitucional.
Ante esta situación que contribuye al enorme rezago legislativo que ya sufrimos, propongo, mediante la modificación de los artículos 20, 45 y 67 de la Ley Orgánica, que las Cámaras determinen por mayoría calificada, qué iniciativas presentadas por el Ejecutivo y cuáles de los proyectos enviados para su revisión por la Colegisladora, por el Senado, deben tener prioridad legislativa. Estoy proponiendo que introduzcamos ese término, el de prioridad legislativa, luego de haber solicitado así esta prioridad, las propias instancias que lo promueven.
Por lo que se refiere a las iniciativas del Ejecutivo Federal, una norma de esta naturaleza favorecerá la colaboración institucional de poderes, pues agilizará la discusión y la aprobación de las leyes.
Esta propuesta lejos de mantener la anacrónica idea de una tajante división de poderes que ya nadie sostiene ni en la academia, ni en la vida política cotidiana, abona por un mayor diálogo y colaboración de poderes, lo que sin duda favorecerá la gobernabilidad democrática que es deseable impere en el país, en países dotados de un régimen presidencial como lo son Argentina, Chile, Colombia y Nicaragua, y éstos son ejemplos que avalan la reforma que propongo, se puede conceder prioridad al examen de las iniciativas del Ejecutivo, desde luego a partir de que éste lo solicite, que solicite el trámite de urgencia y se apruebe por la mayoría calificada. Es decir, hay que abrir esa ventana para que estos asuntos se diriman con mayor prontitud.
A la fecha el Ejecutivo Federal ha presentado 31 iniciativas ante esta Soberanía, de ellas han sido dictaminadas 16, un poco más de la mitad, habiéndose rechazado dos; están pendientes de resolverse iniciativas tales como la que aboga por un nuevo sistema de justicia penal, así como otras que se refieren a la cuestión energética.
La propuesta que hoy argumento busca que, sobre aquellas iniciativas que el Ejecutivo defina como prioritarias, el Congreso resuelva aprobándolas o rechazándolas. No hay una aprobación ni un rechazo automático, a la iniciativa y una prioridad solicitada y concedida por mayoría calificada.
Ahora bien, nuestra propuesta también busca extender la figura de prioridad para los proyectos que provienen de la colegisladora. Esto se fundamenta en el hecho de que al día de hoy muchos de los proyectos enviados por el Senado, mejor conocidos como minutas, se encuentran sin resolución.
En esta Legislatura han sido remitidos 203 proyectos para su revisión. Y esta Cámara ha desahogado sólo 89 de ellos, de la colegisladora. Generalmente votados a favor pero están aún pendientes de resolución asuntos tales como la readaptación social y la seguridad pública entre otros, que no son de menor importancia.
La otra parte de nuestra propuesta, paso a otro tema complementario, es al artículo 45 de la misma Ley Orgánica y tiene como objeto señalar en este ordenamiento la obligación de las comisiones para que resuelvan sobre las iniciativas que le turne el pleno en un plazo máximo de un mes, tal como lo establece la Constitución.
Queremos que la Ley Orgánica ayude y allane obstáculos para poder cumplir la Constitución.
Por lo anterior expuesto y con base en las normas constitucionales y sus correlativas de la Ley Orgánica y el Reglamento, presento ante ustedes una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General, ya dijimos, para establecer plazos ordinarios y extraordinarios para la formulación de dictámenes y crear la figura, insisto, de trámite de urgencia de las iniciativas del Poder Ejecutivo y los proyectos enviados por la colegisladora para su revisión.
No más reclamaciones a un Congreso que puede y debe resolver con propiedad y celeridad. Que las discrepancias entre poderes se diriman con transparencia y se legisle pronto con razón y para bien del país.
Muchas gracias. Entrego a la Secretaría el texto íntegro de la propuesta. Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores, gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado García Solís.
Favor de turnarlo a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Rene Meza Cabrera: Gracias diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados.
El suscrito, diputado federal en ejercicio, presenta iniciativa de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La fracción A y B del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al mismo tiempo que se complementan, se condicionan entre sí y aunque sus textos son claros, sus redacciones dan origen a la inobservancia de los mismos. Examinamos detalladamente sus partes para evidenciar sus discordancias.
El texto de la fracción A, es el siguiente: Aprobado un proyecto en la Cámara de origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer lo publicará inmediatamente.
A su vez, la fracción B señala: Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara dentro de diez días útiles, a no ser que corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso se reúna.
Es decir, el Ejecutivo tiene un plazo de diez días útiles para devolver el proyecto para publicarlo; el término que inmediatamente indica la fracción A, es impracticable pues pocas veces el Ejecutivo dispone la publicación inmediata del proyecto de ley o decreto, recibido del Congreso de la Unión.
Lo antes narrado es la teoría. Ahora veamos la realidad con que son tratados los proyectos de ley o decretos que recibe el Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Sabemos que ya existe el vocablo congelar para referirse a una ley o decreto que el Ejecutivo no publica ni lo devuelve a la Cámara de origen; es decir, se le detiene en la Secretaría de Gobernación por tiempo indefinido.
Ejemplos existen muchos, pero sólo me referiré a la reciente Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar que ni se vetaba ni se publicó dentro de los plazos estipulados en la Constitución general.
Considero que estos inconvenientes se podrán evitar en lo futuro si modificamos el primer párrafo y le agregamos un segundo párrafo a la frase a) del artículo 72 Constitucional.
Correspondiéndole a la Secretaría de Gobernación, según la fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal administrar y publicar el Diario Oficial de la Federación, sería a través de ella que se publicará lo dispuesto por la reforma y adición que se propone.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto para reformar el primer párrafo y adicionar al segundo párrafo a la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona el segundo párrafo a la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos.
Artículo 72. Aprobado un proyecto de decreto en la cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo quien, si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará dentro de los 10 días útiles siguientes a la recepción.
Si transcurre el plazo señalado y el Ejecutivo no publica el proyecto de ley o decreto, la cámara que fungió como revisora esperará otros diez días útiles y transcurrido este lapso ordenará directamente a la Secretaría de Gobernación la publicación del proyecto para que entre en vigor de inmediato, de acuerdo con lo previsto en el artículo transitorio respectivo.
Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es todo, diputada presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Meza Cabrera. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ramón Galindo Noriega: Damas y caballeros legisladores: de acuerdo a lo consagrado por nuestra ley fundamental, el Poder Ejecutivo Federal se depositará en un solo individuo, denominado presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se garantiza la atención y presencia constante de los asuntos propios del cargo.
Su finalidad es dar celeridad en la toma de decisiones, tanto nacionales como de impacto internacional.
Debido a la actual apertura comercial que México ha adquirido, se han derivado mayores compromisos internacionales, los cuales han hecho necesaria la ausencia temporal del titular del Ejecutivo federal a fin de ejercer, de manera más eficaz, las facultades y obligaciones que la propia Constitución le confiere en la conducción de la política exterior.
De esta forma, podemos ver que los actuales viajes internacionales que realiza el presidente se llevan a cabo con una rapidez antes no imaginada, ya que hace más de un siglo los viajes tomaban varias semanas solamente para cruzar la frontera, mientras hoy se pueden realizar en unas cuantas horas.
Del mismo modo, el acceso instantáneo a la información a través de los medios electrónicos de comunicación permiten la toma inmediata de decisiones sobre asuntos de especial trascendencia, aun y cuando el presidente de la República no se encuentre en territorio nacional.
Como ejemplo de lo anterior tenemos que hace un mes aproximadamente el Senado de la República concedió permiso al presidente Vicente Fox para ausentarse del país por sólo 3 días, 13, 14 y 15 de septiembre, a fin de que participara en la asamblea número 60 de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. De igual forma dos días más tarde, el Presidente Vicente Fox solicitó permiso al Senado de la República, para ausentarse del país del 28 al 30 de septiembre, para llevar a cabo una visita de trabajo a Vancouver y Calgary, Canadá, en donde el titular del Ejecutivo Federal explicó que su visita tenía tres ejes principales: Diálogo político al más alto nivel, diálogo académico-empresarial y diálogo con la comunidad mexicana en esa región, para mantener la estrecha colaboración con los principales actores canadienses en los diversos ámbitos.
Asimismo el 20 de septiembre de 2005 el Senado de la República autorizó al Presidente Vicente Fox Quesada, a realizar el viaje comentado con antelación en vista de que representara una oportunidad para ratificar la importancia que Canadá tiene para México en el ámbito comercial, político y educativo.
Sin embargo para que el titular del Ejecutivo Federal pueda ausentarse del país, requiere de un permiso concedido por el Congreso de la Unión o en su caso por la Comisión Permanente.
Atendiendo estas razones, el artículo 88 constitucional establece un régimen de relaciones políticas entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo basadas en un principio republicano, al Congreso de la Unión donde están representados tanto los estados de la Federación como la oblación del país, le interesa que el titular del Ejecutivo Federal atienda oportunamente los asuntos internos de su competencia
Bajo esta tesitura, no se trata de una licencia, pues aunque se ausenta del territorio, no es técnicamente una falta, sino que el Presidente sale del país con su investidura, por lo que o deja de ejercer el Poder Ejecutivo.
Tampoco es una autorización, sino que se trata, como bien lo determina gramaticalmente la Constitución, de un permiso para hacer algo que por principio está prohibido: Salir del país. De esta forma tenemos como ejemplo que en países de América Latina como Chile, Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay, República Dominicana y Venezuela, no requieren de permiso de sus congresos los titulares del Ejecutivo para ausentarse del territorio nacional; incluso, en el caso de Chile, el Presidente de la República puede ausentarse hasta por treinta días.
Por esta razón es necesario crear la posibilidad de que el Ejecutivo pueda ausentarse del territorio nacional por un periodo de siete días sin solicitar el permiso respecto al Congreso de la Unión ni a la Comisión Permanente, lo que facilitaría la función que en materia de política exterior realiza el Ejecutivo Federal, sin que ello implique dejar de informar previa y posteriormente al Congreso de la Unión, de las actividades desarrolladas fuera del territorio nacional, lo que permitiría mayor eficacia y agilidad en los viajes internacionales del titular del Poder Ejecutivo.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, me permito presentar con todo respeto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Primero.- Se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 88. "El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete días sin permiso del Congreso de la Unión o de su Comisión Permanente, debiendo comunicarlo previamente al órgano legislativo en funciones explicitando los motivos del viaje para posteriormente enviarle un informe que contenga los logros alcanzados, así como las actividades oficiales que realizó durante su ausencia del territorio nacional".
TRANSITORIOS
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Damas y caballeros, por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Galindo Noriega.
Favor de turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
A continuación tiene el uso de la voz la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La diputada Cristina Portillo Ayala: Gracias señora Presidenta.
"Compañeras y compañeros Diputados:
"La Seguridad Pública es una actividad esencial del Estado, intransferible, indelegable. Es una obligación inherente al Estado que deriva de una de sus características esenciales: el monopolio del uso de la fuerza y la coerción para generar las condiciones de seguridad necesarias para el bienestar social en un marco de estricto resguardo de los derechos humanos y colectivos. Su objetivo: prevenir y evitar peligros que amenazan a la comunidad y a los particulares. Sus fines: salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. En el entendido que la tranquilidad y el orden social son indispensables para el progreso y bienestar de la nación.
"Por esto nuestra Constitución establece en su artículo 21 párrafos quinto y sexto que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en los ámbitos de sus respectivas competencias. Instancias que se coordinarán en los términos que la ley señale para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, dada nuestra conformación federal la prevención del fenómeno delictivo es una tarea compartida entre los distintos niveles de gobierno.
"En un espíritu de colaboración, de corresponsabilidad y respetando el ámbito de atribuciones que a cada soberanía compete. Y el Estado mexicano asume así la responsabilidad de mantener y desarrollar un sistema de seguridad pública que incluya tanto la seguridad física como jurídica de cada ciudadano y del ente social en su conjunto.
"En este sentido la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé en los artículos 2 y 4 que el sistema nacional de seguridad pública se integra con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la propia ley, tendientes a cumplir con los objetivos y fines de la seguridad pública.
"Por su parte la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 25 fracción VII y 44 instituye el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. Indudablemente. Indudablemente que la asignación y distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de l os Estados y del DF con cargo a recursos federales, constituye un gran esfuerzo para fortalecer el federalismo en materia de seguridad pública, en beneficio de los habitantes de los estados y municipios y del Distrito Federal.
"Sin embargo, pese a su importancia y el esfuerzo de coordinación realizado entre órdenes de gobierno ha persistido el manejo discrecional y la falta de claridad en la determinación del monto total y la distribución del fondo, lo que año con año ha generado incertidumbre jurídica y financiera a estados y municipios en cuanto a la cuantía y orientación de la inversión en la materia.
"Del mismo modo la excesiva rigidez normativa para aplicar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reduce las posibilidades de aprovechar al máximo los recursos con base al diagnóstico de necesidades particulares de cada entidad federativa.
"En efecto, al restringir la ley la aplicación del Fondo para financiar exclusivamente el reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos para complementar las dotaciones de agentes de ministerios públicos, peritos, policias judiciales y demás corporaciones policiacas, así como para mantener condiciones adecuadas de equipamiento y mantenimiento y excluir la inversión del capital humano tendiente a dignificar las percepciones laborales se ha provocado una desigualdad en la preparación y capacidad operativa del personal involucrado y de los cuerpos de seguridad pública en las distintas entidades federativas, en detrimento del funcionamiento y eficacia del sistema nacional.
"Asimismo se ha ocasionado que los estados tengan que comprometer enormes sumas en este rubro, incluso con cargo a ejercicios futuros, lo que invariablemente afecta en general sus programas de inversión pública.
"En los hechos, la consecuencia de estas restricciones es que los recursos humanos de la seguridad pública funcionen en el país con múltiples carencias, limitaciones y deficiencias de naturaleza diversa, y que los salarios que recibe no sean acordes al riesgo y la importancia que recibe la función, puesto que ante la imposibilidad material por falta de recursos para instrumentar un sistema tabular nacional que uniforme las percepciones entre las diversas corporaciones de seguridad pública, son significativas las diferencias de un estado a otro.
"En este contexto la presente iniciativa proyecta reformar y adicionar los párrafos I y II del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de que las aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades; se puedan destinar entre otros rubros a dignificar y complementar las dotaciones de agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal; de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores.
"Asimismo, para facultar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a autorizar en el marco de los Programas Estatales de Seguridad Pública, la dignificación de las percepciones laborales de agentes del Ministerio Público, los policías judiciales o sus equivalentes, los policías preventivos y de custodia y los peritos de las Procuradurías de Justicia de los Estados.
"Flexibilizar de esta manera la inversión de las aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, coadyuvará a que la asignación de los recursos disponibles se realice con criterios de eficacia y optimización del gasto en seguridad pública, al facilitar la aplicación del presupuesto, considerando las prioridades particulares detectadas por los propios gobiernos de los estados y del Distrito Federal.
"Ello a su vez fortalecerá la coordinación entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales, para orientar la distribución de los fondos públicos autorizados y reforzar sus esquemas de seguridad pública, de acuerdo a los requerimientos de cada una de las poblaciones, conforme a su incidencia delictiva y programas de trabajo".
Agradezco la atención prestada y solicito, señora Presidenta, instruya a la Secretaría para que el texto íntegro de la exposición de motivos y el contenido de la iniciativa se inserten en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputada Portillo Ayala. Y de acuerdo a su solicitud, favor de insertar en su totalidad el texto de la iniciativa presentada por la diputada Portillo y turnarla a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
A continuación tiene el uso de la voz nuestra compañera, la diputada Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 105 del Código Penal Federal.
La diputada Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señora Presidenta.
"La prescripción de la acción penal es la cesación de la potestad punitiva del Estado, provocada por el transcurso de un determinado periodo fijado en la ley. El Estado en estos casos declina el ejercicio de su potestad punitiva y el derecho de aplicar una determinada pena o hacer ejecutar la pena ya impuesta en un caso concreto, lo que tiene su origen en la necesidad de respetar el principio de seguridad jurídica de las personas.
"Ante el poder y deber del Estado de aplicar la ley y perseguir el delito, surge también el derecho de resistir ese poder, y es por eso que el legislador establece ciertas reglas para limitarlo y proteger a las personas. Así, el derecho de defensa y sus derivados, el derecho al debido proceso, base de la seguridad jurídica, es una de las garantías indispensables en una sociedad democrática que busque equilibrar los intereses de las y los gobernados y los del Estado.
Por tanto, la prescripción penal, se trata de un instrumento procesal que surge ante la necesidad de garantizar a las personas que no habrá arbitrariedad frente a la prosecución del delito porque ante él opera la plena vigencia de los parámetros objetivos establecidos en la Ley y no otros.
Existen diversas teorías que fundamentan la existencia de la prescripción, algunas de las razones de orden práctico justifican la existencia de ese Instituto con el hecho de que con el transcurso del tiempo la pretensión punitiva se debilita y su ejercicio termina por considerarse inconveniente, tanto desde el punto de vista retributivo y de prevención general como en relación con los fines resocializadores de la pena.
Conocemos también los fundamentos de origen criminalístico que esgrimen que con el paso del tiempo las evidencias se destruyen o se hace difícil su obtención, lo que complica la instrucción razonable de un proceso; a ello se añade la teoría de que al transcurrir del tiempo borra todo en la memoria de las personas y por tanto debe cesar la posibilidad de ser juzgado por un delito que por las razones señaladas y otras más, ya no tiene interés procesal ni real para la sociedad.
La aplicación de la prescripción y de sus plazos, no presenta excepciones ni consideraciones específicas dependiendo del sujeto pasivo al delito, sino únicamente del tipo del delito y su sanción, de la situación específica del sujeto activo del delito y de los requisitos de procedibilidad específicos para la acción penal; sin embargo, la consideración del sujeto pasivo del delito se vuelve significativa cuando las conductas antisociales son cometidas en contra de niñas, niños o adolescentes y esto, por diferentes motivos necesariamente debe afectar la aplicación de la prescripción y de sus plazos.
La primera consideración que debemos tomar en cuenta en el interés, es el interés superior de la infancia, es pues un deber del Estado atender, prioritariamente y por sobre cualquier otros, los derechos de las personas que aún no cumplen los 18 años de edad.
En segundo lugar, la seguridad jurídica es que el debido proceso debe otorgar y que es la garantía de que cuando han sido violadas las libertades básicas de un individuo este debe tener la posibilidad de presentar, de mutuo o por iure propio, querella o denuncia, o demanda, ante autoridad judicial competente, a fin de que se inicie el ejercicio de la punidad, de la acción punitiva del Estado. Esta garantía está limitada en estos casos, ya que cuando la persona ofendida es menor de 16 años, según el Código de Procedimientos Penales, esta se encuentra legalmente imposibilitada para presentar querella por ella misma y es requisito que, quienes ejercen sobre él o ella, la patria potestad o la tutela , presenten la querella respectiva para la iniciación del procedimiento que lleve a la acción penal.
Esto se vuelve especialmente relevante cuando convergen distintas circunstancias que son comunes en las víctimas de delitos sexuales, debido a que algunas de las reacciones frecuentes que presentan as víctimas de esos delitos, son el aislamiento y la culpa, en niñas y niños sometidos a abusos sexuales, estas reacciones son mucho más severas ya que no suelen atreverse a mostrar abiertamente lo que les está sucediendo, principalmente por miedo a que el perpetrador quien usualmente utiliza amenazas para mantener el silencio de la víctima, puede hacer algo en contra de ellos y además, porque las niñas y los niños piensan que son ellos quienes han hecho algo malo.
Por otro lado, no es poco frecuente que las personas que cometen estos delitos en contra de personas menores de 18 años, sean precisamente quienes ejercen la patria potestad o tutela sobre ellos o quienes están ligados, familiar o (?) cimentalmente con quienes la ejercen. Si para las víctimas de estos delitos es revelar la situación que están padeciendo, para las niñas y los niños, el silencio constituye incluso un recurso de autodefensa.
Bajo estas circunstancias es prácticamente imposible que estas víctimas puedan querellarse y denunciar la conducta ante instancias usualmente y por cuestiones del nivel conogcitivo relacionado con su edad desconocen, por lo tanto, los fundamentos para la existencia de la prescripción en estos casos son la verdad, diputados y diputadas, rebatibles.
El Estado no puede renunciar al ejercicio de su potestad punitiva y al derecho de aplicar una determinada pena, cuando el Estado no tuvo conocimiento del delito dentro del plazo establecido para la extinción de la acción penal, como es el caso del delito contra niñas y niños.
El derecho al debido proceso es una de las garantías básicas de todo ciudadano, este derecho incluye la garantía de que el Estado ejerza su potestad punitiva por la defensa de los bienes tutelados, cuando el sujeto pasivo del delito se encuentra en la capacidad plena por sí mismo, para la denuncia de la conculcación de estos.
Por último, las huellas sicológicas que deja el abuso sexual, en una persona menor de 18 años, no se borran por el simple transcurso del tiempo, frecuentemente si la víctima no recibe el tratamiento médico y sicológico adecuado, las repercusiones del abuso se agravan, los síntomas más comunes que presentan las niñas y los niños, los y las adolescentes que han sido abusado sexualmente, son manifestaciones ansiosas y depresivas, sentimientos de inseguridad, terror, cambios notorios en la personalidad, falta de confianza, desarrollos de estados jóvicos o de pánico, miedos repentinos, tristeza, culpabilidad y vergüenza.
A nivel social podemos mencionar las fugas, aislamiento de amigos y familia, agresividad excesiva y la hostilidad, ideas o intentos suicidas o conductas antro-auto-destructivas, entre muchos otros.
El abuso sexual, sufrido por una niña, por un niño, por un adolescente no se olvida, por lo tanto, hoy estamos presentando ante esta plenaria la reforma al Artículo 105 del Código Penal Federal que diría, es la adición de un párrafo segundo:
"Si el delito de que se trate fuere alguno de los establecidos en los Títulos Octavo o Décimo Quinta o los establecidos en el Capítulo Séptimo del Título Décimo Noveno del Libro Segundo de este Código o el del tráfico de menores establecido en el Artículo 366 Per y hubiere sido cometido en contra de una persona menor de 18 años, el plazo para la prescripción comenzará a correr a partir del día en que la víctima u ofendido cumpla la mayoría de edad".
Es cuanto, señora presidente, le dejo la iniciativa para que textual sea inscrita en el Diario de los Debates.
Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted Angélica de la Peña Gómez, y de acuerdo a su solicitud favor de insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates de la iniciativa presentada y turnarla a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero el diputado Jesús González Schmal del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el Artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales.
El diputado Jesús González Schmal: Con su anuencia diputada presidenta. Iniciativa que reforma y adiciona el Artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales que el grupo parlamentario de Convergencia presenta a la atención de esta soberanía.
El objeto de esta Ley de Bienes Nacionales, no es sólo la preservación de los bienes de la nación dentro del patrimonio de los mexicanos sino también su correcta y legítima utilización para beneficio del pueblo, considerando que en el Ejecutivo recae la responsabilidad sobre las condiciones en que éstos bienes se vendan o bien se concesionen, cuidando escrupulosamente su correcto aprovechamiento, el plazo de la cesión, las contraprestaciones equitativas y la protección jurídica para la soberanía de la nación.
El manejo discrecional que se ha realizado de los bienes del Estado por parte del Ejecutivo, ha permitido que mediante actos unilaterales de éste se realicen concesiones, desincorporaciones y enajenaciones que en la mayoría de las veces han carecido de transparencia y por lo tanto no satisfacen esta demanda social irrenunciable de verdad, operaciones éstas que evidentemente han significado una gran lesión a las finanzas públicas, tanto por los bajos ingresos producto de la venta contra valores reales y potenciales del bien en cuestión o los generados por la explotación de los mismos, que en ocasiones ha llegado incluso al otorgamiento de la transferencia de recursos fiscales que han producido exorbitante riqueza a nacionales o extranjeros favorecidos por el poder público. Es obvio que ello ha creado un justo ambiente de desconfianza con respecto a la política gubernamental en esta materia, resultando una vez más la frustración nacional por la repetición de la práctica de considerar el patrimonio público del país como propiedad privada del titular en turno, que le sirve para pagar favores o comprar participación en negocios futuros.
Sobre lo anterior, podemos referirnos a las subastas sabidas de los bancos, los ferrocarriles y las concesiones para la operación de los aeropuertos, todos ellos a favor de negociantes extranjeros. En el pasado inmediato, esta responsabilidad ha recaído principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la Unidad Intersecretarial de Desincorporación, cuyo desempeño evidentemente ha sido con los resultados anotados.
Los excesos generaron corrupción y abuso, las entidades paraestatales pasaron de 1155 en 1982, a sólo 219 en 1997. La desincorporación de empresas y activos bajo la justificación de intentar sanear las finanzas públicas provocó que el país transitara por un camino saturado de falsas expectativas; se buscó que la privatización de empresas del Estado fuera uno de los mecanismos para lograr el ajuste en las finanzas que apoyaran la estabilización de la economía al eliminar una importante fuente de gastos e ineficiencia, entonces se decía.
La realidad ha sido contraproducente, porque no se han incrementado los ingresos fiscales que debían entregar los adquirentes beneficiarios y sí se ha reducido la planta de empleo y actividad económica, que al final de cuentas acentuó la dependencia de México de los recursos provenientes de la venta de petróleo o bien de las transferencias de los conciudadanos radicados o en tránsito en los Estados Unidos.
El Gobierno, en un principio constituyó empresas estratégicas para dinamizar la economía o adquirió empresas con problemas de financiamiento de diversa índole, para así mantener la planta labora. Posteriormente las vendió para intentar sanear sus finanzas, aspiración que a la vista de todos no se ha cumplido, sufriendo en cambio la pérdida de buena parte de nuestra riqueza nacional.
A consecuencia de la desatinada administración salinista, en especial en lo relativo a las autopistas después recompradas o bien en el otorgamiento de concesiones-bancos, es necesario no dejar de advertir al Ejecutivo que los bienes propiedad de la nación no pertenecen a ningún gobernante en turno y por lo tanto, la administración tampoco pertenece a su voluntad caprichosa. Las ventas o concesiones que de ahora en adelante se pretendan desincorporar deben generar confianza y certidumbre, y esto sólo puede lograrse si todas las operaciones se realizan con plena transparencia, así como también garantizar el compromiso acerca de la vigilancia y rendición de cuentas de las concesiones existentes, las que es sabido, fueron y están siendo beneficiadas por legislaciones modificadas con toda intención, resultando un grave perjuicio al Erario, así como un riesgo a la soberanía nacional.
Sirva citar como botón de muestra al Grupo Aeroportuario del Pacífico, mismo que, de los aeropuertos de Tijuana, Mexicali, La Paz y San José del Cabo, entre otros, no acepta pagar el Impuesto Predial correspondiente a las propiedades que ocupan las instalaciones concesionadas, ya que según su interpretación, corresponde al Gobierno Federal, como dueño de las mismas y con ello llega a negarse a acatar lo dispuesto por el artículo 14 de la ley que nos ocupa, la Ley de Bienes Nacionales.
Con lo anterior, nos remitimos al artículo 14 de esta ley en comento, que es necesario modificar y que a la letra dice: "Las entidades o los particulares que, bajo cualquier título utilicen inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación en fines administrativos o con propósitos distintos a los de su objeto público, estarán obligados a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria".
Es por ello que como resultado de su controvertida y ambigua interpretación, me permito presentar la siguiente iniciativa al mismo artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales para explicitar en los términos del próximo o del siguiente artículo 14, que se modifica:
"Las entidades o los particulares que bajo cualquier título utilicen inmuebles sujetos a régimen de dominio público de la Federación, estarán obligados a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria por su posesión temporal o permanente".
Este es el texto, esta es la línea que se agrega al artículo anterior y adicionamos el siguiente párrafo: "Corresponderá a los Congresos de los Estados por convenio con la Federación o de mutuo propio, otorgar la exención a aquellos inmuebles cuyo interés por el servicio público prestado, lo amerite y se posibilite en términos de sus propios presupuestos fiscales".
Transitorios
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de noviembre de 2005.
Es todo, diputada Presidenta.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado González Schmal, y favor de turnar a la Comisión de Gobernación la iniciativa presentada.
A petición del diputado Isidro Camarillo Zavala, se pospone su propuesta de iniciativa para próxima sesión.
A continuación tiene la palabra nuestra compañera la diputada Mayela Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Mayela Quiroga Tamez: Gracias diputada Presidenta, con su permiso.
La suscrita diputada, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:
La labor legislativa es una labor que exige y requiere siempre del análisis y conocimiento profundo de diversas ciencias, no solamente de la ciencia jurídica y a los agrados en ese sentido común y en el sentido de la justicia producen una mejor elaboración de las normas jurídica en beneficio de la sociedad.
Esa labor legislativa recae en el legislador, quien para elaborar una ley equitativa, justa e idónea, se auxilia de las comisiones legislativas ordinarias, que divididas por materias, elaboran dictámenes para darles cauce, dimensión y viabilidad ya que los integrantes de dichas comisiones se caracterizan por estar especializados en las diferentes ramas de las ciencias de acuerdo a la materia que se les haya asignado.
En varias ocasiones las leyes elaboradas y perfeccionadas por las comisiones legislativas no resulta ser un documento jurídico, que de una forma u otra, definan adecuadamente su justo equilibrio en medida de las relaciones entre los entes objetos de dichas leyes.
Por ello, es de suma importancia que antes de que se dictamine y pase al pleno de la Cámara de Diputados, se estudie previo en la Comisión Legislativa a pasar al pleno de la Cámara de Diputados, sea analizado y examinado por un órgano técnico legislativo que aporte su opinión acerca de la calidad técnica del proyecto de ley o del dictamen que lo aprueba, apreciando su claridad, sencillez, congruencia, correcta formulación, apropiada redacción, armonía sistemática con la legislación u otras normas relevantes, así como los medios de ejecución de la ley, perfeccionando el proyecto de ley o dictamen.
El órgano facultado para emitir una opinión consultiva para las comisiones legislativas, es el comité a través de Centro de Estudios e Investigaciones Parlamentarias, el CEDIP, toda vez que constituye el órgano de apoyo técnico de carácter institucional, no partidista, que tiene como propósito generar y proveer información, datos y documentación especializados a legisladores, órganos parlamentarios y personal técnico parlamentario, así como realizar estudios de investigaciones sobre los ámbitos legislativos y parlamentarios, a fin de contribuir al eficaz funcionamiento de la Cámara de Diputados.
Además, entre las diversas funciones y tareas que tienen encomendadas el Comité del Centro en cita, está la relativa a llevar a cabo investigaciones y estudios jurídicos de carácter histórico, comparativo, socio-jurídico, sobre instituciones parlamentarias, instituciones públicas, derecho público, derecho privado, derecho social y en general sobre cualquier ramo o disciplina, a fin de contribuyan al ejercicio de las funciones legislativas.
Las facultades asignadas al Comité del Centro de Estudios e Investigaciones Parlamentarias, así como su naturaleza jurídica, permiten sin duda alguna, que sea el órgano adecuado para llevar a cabo la tarea de opinar sobre los proyectos de ley y dictamen, elaborados y aprobados por la mayoría de los integrantes de las comisiones legislativas.
Es decir, una vez que la Comisión Legislativa ha aprobado por mayoría de sus integrantes un dictamen, lo envía para su conocimiento al Comité, quien tendrá ocho días para emitir su opinión consultiva en relación al proyecto de ley o dictamen, a partir del día de la petición hecha por la comisión consultante, plazo que podrá modificarse si hay acuerdo entre las partes, debido a la importancia de la iniciativa para poder coadyuvar en una buena investigación.
Una vez elaborada la opinión consultiva por parte del comité, la remitirá a la comisión consultante para poder y ponderar y examinar las condiciones expuestas de los comentarios que realizó el Comité, por lo que de inmediato la comisión consultante lo remitirá al pleno de la Cámara, señalando desde luego las razones de su dictamen.
La función de emitir una opinión consultiva por parte del Comité, refuerza, enriquece y depura el dictamen o proyecto de ley, evitando por ende, que las leyes sean aprobadas por las Cámaras de Diputados y generen un bastión de amparos o lagunas en las normas jurídicas y con ello poder alcanzar mayor justicia y orden en la sociedad, procurando que quede jurídicamente plasmado con el espíritu que quiso el dar el legislador.
Dado que el mecanismo de revisión técnica de los dictámenes y proyectos de ley sería exclusivo de la Cámara de Diputados, se ha considerado que las reformas deben de indicar en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el título segundo, relativo a la organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados, en el artículo 46, que regula los comités de las Cámaras de Diputados, no se altera el proceso legislativo en cuanto a la consulta dirigida al Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, es en todo caso potestativa para las comisiones de dictaminación. Con toda seguridad la instancia técnica de revisión, coadyuvará a abatir el rezago que adolecen también en el Palacio Legislativo.
En virtud de las consideraciones anteriores, es indispensable llevar a cabo una reforma al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa:
Como único, se reforma el artículo 46 en su número 4.
Durante el primer mes de ejercicio de cada legislatura, se integrará el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, compuesto por el número de integrantes que decida el pleno y ante el cual las comisiones encargadas de un asunto, podrán requerir una opinión a propósito del dictamen que recaiga sobre una iniciativa de ley o decreto.
El comité, limitándose a consideraciones de sistemática y técnica legislativa, formulará su opinión consultiva dentro de un plazo de ocho días a partir de la recepción de la petición, pronunciándose sobre la calidad técnica de los textos de los proyectos de ley, dictámenes, su claridad sencillez, congruencia, constitucionalidad, correcta formulación, armonía sistemática con la legislación, así como los medios de ejecución de la ley. El término será susceptible de prorrogarse, acordado con la comisión consultante, en función de las necesidades y naturaleza de la consulta.
La opinión consultiva emitida por el comité acompañará al dictamen cuando sea presentado en el pleno. El comité también atenderá las consultas hechas por las mesas directivas, la Cámara o por la Junta de Coordinación Política.
Transitorio como único. Las disposiciones de este decreto entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 3 días del mes de noviembre.
La diputada Mayela Quiroga, somete a la consideración para que sea turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Muchas gracias, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputada Quiroga Tamez.
De acuerdo a la solicitud de la proponente, favor de turnar su iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
A solicitud de las diputadas Margarita Zavala, Adriana González Furlong y del diputado Guillermo Tamborrel, todos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se pospone la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Rafael Flores Mendoza: Con su venia, señora Presidenta.
El suscrito diputado federal Rafael Flores Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento a este Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 263 (¿) de la Ley Federal de Derechos y se adiciona un undécimo párrafo al artículo 2º. de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de fortalecer el federalismo fiscal en materia de derechos mineros, conforme a la siguiente exposición de motivos:
En los últimos años, la industria minera mexicana ha vuelto a caracterizarse por ser uno de los sectores más dinámicos y productivos del país. A diferencia de lo sucedido en décadas pasadas, a partir de la segunda mitad de los 90´s, el sector ha experimentado un crecimiento constante; así, en el 2004, el valor anual promedio de la producción mexicana ascendió a los 42 mil 883 millones de pesos, lo que representa a precios corrientes un aumento del 40.4 por ciento con respecto al año 2003.
De acuerdo con información proporcionada por la Cámara Minera, esta industria representa el 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto y ha recibido en los últimos siete años una inversión del orden de los 4 mil millones de dólares, contribuyendo con más de 250 mil empleos permanentes y 750 mil empleos temporales.
En el 2004, el 78 por ciento del valor total de la producción minera nacional, fue aportada por seis entidades federativas: Sonora, que aportó el 22 por ciento; Coahuila con el 19 por ciento, Zacatecas con el 17.2 por ciento, Chihuahua con el 7.3 por ciento, San Luis Potosí con el 6.5 por ciento y el estado de Durango con el 6.3 por ciento. Dicha producción incluye catorce minerales dentro de los diez primeros lugares en el mundo.
Nuestro país es el primer productor mundial de "celestina" y "plata", segundo productor mundial de "bismuto" y "fluorita", cuarto productor mundial de "arsénico" y ""cadmio", quinto productor de "varita" y "plomo", sexto productor mundial de "zinc", séptimo productor de "grafito" y "sal", octavo productor de "manganeso" y noveno productor de "yeso" y décimo productor mundial de "feldespato".
A esta expansión y crecimiento se le suma un importante proceso de modernización con un saldo favorable en el crecimiento de los volúmenes de producción; pasando de 98.3 miles de toneladas en el 2003 a 121.7 en el 2004.
Asimismo en el último año la minería creció a ritmos elevados no sólo por el impulso que recibió del aumento del precio del petróleo, sino también por el incremento de los precios de diversos minerales en el mercado mundial.
En particular en el 2004 la producción minera se expandió a un ritmo anualizado cercano al 8.6%, muy superior al crecimiento del Producto Interno Bruto medio nacional.
No obstante lo anterior y a pesar de que en algunos estados y municipios la minería es la principal actividad productiva y de más larga tradición, la riqueza generada por la industria minera no se traduce en un mayor desarrollo económico de sus habitantes.
Por supuesto que nos llena de satisfacción la nueva bonanza minera, ya que como se señaló, reporta indudables beneficios para el sector y la industria. Sin embargo, a diferencia de lo que solía ocurrir en siglos pasados la industria minera genera poco o nulo derrame económico donde se practica y sólo genera gastos que tienen que ser soportados en su mayoría por los gobiernos estatales y municipales, quienes con sus exiguos recursos llevan la carga en todos los servicios: en electricidad, en agua potable, en carreteras, saneamiento ambiental, etc.
Lo anterior en virtud de que los derechos sobre minería son de carácter federal y los 31 estados y el Distrito Federal reciben a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tan solo el 20% de lo recaudado. Esto es, considerando que su recaudación en el ejercicio fiscal de 2004 promedió 379,5 millones de pesos, las 32 entidades federativas sólo percibieron 75 millones de pesos a distribuirse entre ellas, cantidad insuficiente para resarcir a los estados y municipios mineros respecto de los gastos y daños antes señaladas.
En contrastre, los municipios colindantes con las fronteras o los litorales por los que se realiza materialmente la importación o exportación de bienes y mercancías e hidrocarburos, son resarcidos con un porcentaje adicional en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
En consecuencia los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proponemos emprender una reforma fiscal que. revalore en un marzo resarcitorio, la importancia que tiene la recaudación fiscal para un desarrollo económico y social sustentable en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Es por ello que consideramos inaplazable crear las condiciones para que la explotación de los (no se entiende) mineros vuelva a ser elemento detonador del desarrollo económico de nuestras comunidades mineras, ya que tales recursos les permitirían atender la preservación y mejoramiento del ambiente y enfrentar los costes en infraestructura y servicios como elemento fundamental para alcanzar un desarrollo sustentable que garantiza mejores condiciones de vida para las generaciones presentes y futuras.
Asimismo es menester señalar que el procedimiento vigente para determinar el derecho, establece una cuota fija que combina el tamaño del área concesionada o asignada, con la antigüedad de la misma . Sin embargo, la recaudación obtenida por esta mecanismo es verdaderamente exigua, poco equitativa y promotora de fenómenos de especulación bursátil.
En este último punto es necesario resaltar que las grandes empresas trasnacionales suelen denunciar la existencia de yacimientos minerales en enormes yacimientos territoriales, con el único propósito de aumentar artificialmente el valor de sus activos y en consecuencia el valor de sus acciones con fines de especulación bursátil. En este último punto es necesario resaltar que las grandes empresas trasnacionales suelen denunciar la existencia de yacimientos minerales en enormes extensiones territoriales, con el único propósito de aumentar artificialmente
Por lo anterior, se propone introducir un nuevo sistema de cuotas fijas más altas y equilibradas que no distinguen entre concesiones y asignaciones de exploración y concesiones de explotación atendiendo exclusivamente al tamaño del área concesionada o asignada, con lo cual se buscaría promover la inmediata explotación de los terrenos, una mayor eficiencia recaudatoria y evitar la obtención de concesiones exploratorias con meros fines especulativos.
Por tal motivo se propone reformar el artículo 263 de la Ley Federal de Derechos para modificar la base gravable del derecho sobre la exploración y explotación de concesiones y asignaciones mineras, estableciendo cuotas semestrales graduales que inician con 3,750 pesos hasta por 150 hectáreas y que culminan con diez millones de pesos por cincuenta mil hectáreas en adelante.
Asimismo, se propone adicionar el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal para otorgar a las entidades federativas el 50 por ciento de la recaudación de dicho tributo, asegurando a los municipios cuando menos el 20 por ciento de dicha participación.
Sería cuanto señora presidenta y solicitaría se integrara el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto diputado Flores Mendoza y de acuerdo a su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates, de la iniciativa presentada por el diputado Flores y turnarla a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
A solicitud del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se pospone la iniciativa del diputado Jorge Kahwagi Macari, para reformar los artículos 4, 166, 223 y 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Asimismo, informamos a la Asamblea que se recibió del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley de Aeropuertos.
Favor de turnarla a la Comisión de Transporte.
A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera, la diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 103, 105 y 109 del Código Fiscal de la Federación, relativo al contrabando.
La diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez: Con su permiso diputada presidenta. Diputadas y diputados.
La globalización no tiene marcha atrás. Como nación, no podemos sin debemos excluirnos de un proceso en donde todos los demás países del orbe estrechan sus lazos culturales, políticos y económicos. Al contrario, debemos adaptarnos y aprovechar las enormes ventajas que tiene este fenómeno.
De no hacerlo, serán cada vez más grandes las desventajas de no ser competitivos y más lejana la meta de alcanzar el tan anhelado desarrollo económico.
La globalización implica el estandarizar ciertos procedimientos para hacer más sencillo el entendimiento entre las partes. Esto significa que se deben facilitar mecanismos para que nuestros gobiernos y sobre todo nuestros ciudadanos, puedan participar en el comercio internacional y que a la vez otros ciudadanos y otros gobiernos puedan interactuar con nosotros.
Por todo esto, tenemos que crear un marco para el comercio exterior claro y justo, que dé certidumbre jurídica a los inversionistas en nuestro país.
Hoy propongo algunas modificaciones al Código Fiscal de la Federación en sus artículos 103, 105 y 109, a fin de dar mayor agilidad a la dinámica comercial de nuestras fronteras y facilitar la labor del os diferentes sectores económicos y de manera particular la industria maquiladora de exportación.
Con esta propuesta eliminamos algunas trabas innecesarias a nuestra posibilidad de importar y de exportar. Creamos una estructura jurídica apegada a la realidad de nuestras empresas maquiladoras y protegemos los intereses fiscales de nuestro gobierno.
Esta propuesta entonces, propone modificar el artículo 103 adicionando la fracción XI debido a que el SAT ya controla las salidas y llegadas de las mercancías en tránsito. En consecuencia, cuando una mercancía en tránsito no arriba a la aduana de destino a más tardar en la fecha prevista para ello, el Sistema avisa a la autoridad, por lo que está en posibilidad de actuar de inmediato.
En todo caso, se requiere prevenir una excepción al delito para que no se proceda penalmente cuando se presente aviso ante la autoridad aduanera en el cual se informe sobre el retraso del arribo de la mercancía, así como el motivo de dicha demora y el lugar en que se encuentra la mercancía en cuestión.
En otras palabras, debe haber una multa pero no una acción penal por esos retrasos involuntarios.
Se propone derogar la fracción XII, ya que en los supuestos que expone se sanciona automáticamente a la empresa, sin considerar que puedan existir incontables razones por las cuales se llega a presentar de manera inadvertida un pedimento sin las mercancías correspondientes.
Resulta injusto que se condene a las empresas maquiladoras en la situación antes descrita, toda vez que el solo hecho que el pedimento se presente sin acompañar las mercancías no significa que éstas fueron destinadas a una finalidad ilegal o que no se vayan a retornar en el futuro.
Se propone también derogar las acciones XIII y XIV en virtud de que esos supuestos normativos dan pie a actos arbitrarios por parte de la autoridad en perjuicio de las empresas maquiladoras.
Se propone modificar también la fracción XV para enfatizar que el caso punible al que se refiere tiene que incluir la intención manifiesta de obtener un beneficio indebido. Esto con el objeto de no sancionar imprevistos no dolosos por parte de las empresas.
Se propone derogar la fracción XVI debido a que no existe obligación de quien realice la transferencia de verificar la existencia, alcances o autenticidad del programa de maquila de quien recibe la transferencia.
No obstante que el artículo 112 de la Ley Aduanera contempla la posibilidad de transferir mercancías importadas temporalmente entre empresas con programa de maquila, ningún precepto de ésta o del Código Fiscal de la Federación impone sobre las empresas la obligación de verificar que tanto la empresa que realiza la transferencia como la empresa que la recibe cuenten efectivamente con programas de maquila.
Se propone también reformar la fracción XVI para que se tenga que demostrar la intención dolosa al omitir, por error, ciertos trámites o impuestos en el proceso de importación temporal de mercancías. Por ejemplo, en el caso de un envío menor al estipulado, se sanciona al importador sin tener él la culpa de que el que envía no hubiera enviado la cantidad acordada.
Por otra parte, se propone también la fracción XVIII bajo el mismo criterio. Por errores de procedimiento se debe actuar contra el importador solamente en caso de que éste haya actuado de manera dolosa, con la intención de evadir el pago de las contribuciones y que previamente se haya determinado el crédito fiscal y éste se encuentre firme.
Se propone también una reforma al artículo 105 del Código Fiscal de la Federación al derogar su fracción VIII, ya que presenta disposiciones poco claras que sólo obstaculizan la dinámica del comercio exterior. Dicho precepto, al describir de manera ambigua ciertas conductas delictivas, le otorga a la autoridad una discreción ilimitada para decidir sobre la ilegalidad de dichas acciones.
Por ejemplo, en lo que hace a transformar las mercancías que debieron conservarse en el mismo estado, no existe razón para sancionar penalmente dicha conducta, ya que no hay omisión de contribuciones.
En lo que se refiere a que cualquier reforma viole las disposiciones que regulen el régimen, se debe limitar en todo caso a la presentación de la querella a casos en que existan daños o perjuicio al interés fiscal.
Para concluir, se propone reformar el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación al derogar su fracción VI debido a que el hecho de la mercancía tenga un valor menor al de mercancías idénticas o similares por sí solo no es ilegal. En todo caso, lo sería si se demuestra que el sujeto declaró en el pedimento un precio inferior al realmente pagado o en su caso falsificó la factura.
También se reforma la fracción VII, considerando nuevamente el elemento de dolo para la punibilidad, ya que de no ser así se estaría sancionando excesivamente un aspecto que puede resultar de errores secundarios.
Por razones de tiempo concluyo aquí esta presentación, recordándoles que las trabas que muchas veces ponemos a nuestra industria son un flagrante obstáculo a nuestro propio desarrollo como país. Una economía fuerte siempre es resultado de reglas claras y justas.
Compañeros diputados: Solicito a todos su apoyo en su momento para esta iniciativa que con mucho vendrá a favorecer las inversiones y la certidumbre jurídica para ellas en nuestro país.
Solicito a la Presidencia se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates.
Por su atención muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputada Hernández Martínez. Y de acuerdo a su solicitud, favor de insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:
A lo largo de la tierra existen diversas especies cuyas poblaciones se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Factores como la sobreexplotación, la sustitución de la flora debido a la práctica del monocultivo, la contaminación del agua y del aire, el deterioro del suelo, el comercio ilegal, la destrucción del hábitat, del aprovechamiento incontrolado y la introducción de especies exóticas, han puesto en situación muy difícil a un gran número de especies.
México enfrenta una gran responsabilidad, porque doce naciones albergan 70 % de las especies del planeta y nuestro país es uno de estos considerados como megadiversos, que ocupa el cuarto sitio.
Ocupamos el primer lugar en reptiles y cactácias, el segundo en mamíferos, el cuarto en plantas florales y décimo en aves. Tenemos más de quince mil especies que no existen en otro lugar de la tierra, es decir, son endémicas.
Durante el Tercer Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado el 17 de noviembre del 2004, la Unión Mundial para la Naturaleza, advirtió que quince mil 589 especies animales y vegetales se enfrentan a la extinción. Así una de cada tres especies de anfibios, casi la mitad de las tortugas de agua fresca, una de cada ocho especies aves y una de cada cuatro especies de mamíferos, están amenazados.
Las especies consideradas en peligro son apenas el 1 % del total de las registradas por los científicos. En ellas figuran 12 % de las aves, 23 % de las de los mamíferos, 32 % de todas las plantas gimospermas y en su mayoría coníferas y sícadas.
México si bien es una nación favorecida por sus recursos naturales, también vive un retroceso en la aplicación de políticas ambientales, lo cual se ha manifestado en la paulatina pérdida de especies endémicas y de áreas naturales protegidas. Ejemplo de lo anterior es que en menos de cien años en nuestro país se han extinguido once especies de plantas superiores y más de 32 especies de vertebrados.
El lobo mexicano ha desaparecido de su hábitat natural; la nutria marina ya no existe en aguas mexicanas y la foca monje está extinta.
Aunado a esto se sabe que están a punto de desaparecer 126 especies de plantas, 45 de mamíferos , 56 de aves, 16 de reptiles y 59 de peces.
El águila real, el quetzál, el oso negro, el jaguar, el puma la vaquita del Golfo de California y el manatí del sudeste, están en peligro de extinción.
Además 28 % de la fauna de vertebrados se encuentran amenazados en alguna medida.
Uno de los factores que han influido significativamente en la pérdida de la extraordinaria riqueza natural mexicana es el comercio ilegal de plantas, animales y sus derivados, ya que en la mayoría de los casos desata una intensa captura y colecta de especies.
La importación y exportación de flora y fauna silvestre es ilegal en la mayoría de los casos, por lo cual no se tienen cifras precisas de su magnitud. Sin embargo todos los día se trafican en los mercados de la mayoría de las ciudades de la República con diversas especies de flora, particularmente con cactácias, palmas helechos y orquídeas y con especies animales como. Monos, nutrias, loros, guacamayas, martuchas, armadillos, mapaches, tortugas, iguanas, boas, serpientes, aves de presa, camaleones, ranas, tarántulas, tucanes y muchas más que en su mayoría se encuentran en peligro de desaparecer.
"Las mafia nacional y los cárteles de México trafican con estas especies porque son raras o únicas del país, sin importarles si están o no en peligro de extinción, esto debido a que el tráfico ilegal de especies silvestres de animales y plantas producen más de 15 mil millones de dólares al año a escala mundial. Es decir, constituye el tercero en importancia, detrás de las armas y las drogas y se hace principalmente hacia Estados Unidos, Europa y Japón.
"Es un negocio muy redituable porque las especies compradas a los indígenas y campesinos a precios risibles son vendidas a precios elevadísimos. Los tucanes pueden llegar a costar en México hasta 5 mil pesos, el pavorreal 4 mil, un caimán 3 mil pesos, una guacamaya roja 6 mil, el loro cabeza amarilla 1 mil, el mono araña 2,500, pero fuera de México estas especies elevan su precio hasta el 900 por ciento como el jaguar que pasa los 25 mil dólares.
"Sin embargo, se calcula que por ejemplo de cada 15 elementos de una especie capturados 1 se vende porque en el trayecto mueren 14. Además se captura comúnmente a la madre o a otros miembros alfa del clan, lo que aumenta el riesgo de las especies; las especies en peligro de extinción por ser las más escasas obtienen los mejores precios y son por ello las más casadas, acentuándose el riesgo de que desaparezcan.
"La enorme diversidad biológica de México no ha sido complementada hasta ahora con el aprovechamiento racional de sus ecosistemas, recursos naturales, especies silvestres de flora y fauna. No obstante que en nuestro país se ha dado este aprovechamiento ilegal y poco sustentable de las especies de vida silvestre, existe la necesidad de establecer mecanismos que permitan un aprovechamiento que a la par de reportar beneficios a las comunidades promueva la conservación de los recursos naturales.
"Un ejemplo se puede apreciar al revisar que la exportación de vida silvestre no es muy desarrollada en nuestro país, ya que no se exporta ni una sola ave pero se importan 4 millones. La cría controlada ilegal de animales es una opción viable que puede convertirse en un negocio de altas ganancias, siempre y cuando cuente con la investigación necesaria para tener un desarrollo sustentable en el cual pueda conservarse la riqueza biológica de nuestro país preservando cada especie.
"Los programas de crías de animales en peligro de extinción además de salvar la especie ayudaría a que los inversionistas puedan recuperar su capital a través de la comercialización posterior de dichos animales de forma legal, pues es indispensable crear alternativas económicas para las comunidades que capturan animales como único medio de supervivencia.
"No obstante es preciso respetar los acuerdos internacionales ya suscritos como es el Convenio Internacional de Tráfico de Especies y urge llevar a cabo programas más agresivos y contundentes como la reproducción en cautiverio de especies en peligro de extinción y su posterior liberación que promueve a la vez la cría para la venta legal.
"Dentro del CITES se menciona que sólo podrá importarse o exportarse o reexportarse un espécimen de una especie incluida en los apéndices del mismo órgano, si se ha obtenido el documento apropiado y se ha presentado al despacho de aduanas en un puerto de entrada o salida.
"Aunque los requisitos pueden variar de un país a otro y es aconsejable consultar las legislaciones nacionales, a continuación se exponen las condiciones más importantes que se aplican para los especimenes incluidos en cada uno de los apéndices:
"La Convención autoriza a las partes a hacer ciertas exenciones a los principios generales precitados, concretamente en los casos siguientes:
"Para especimenes en tránsito o trasbordo.
"Para los adquiridos antes de la fecha en que entraron en vigor las disposiciones de la Convención respecto de los mismos.
"Para especimenes que son artículos personales o bienes del hogar.
"Para especimenes creados en cautiverio.
"Para plantas reproducidas artificialmente.
"Para especimenes destinados a la investigación científica.
"Para animales o plantas que forman parte de las colecciones o exhibiciones itinerantes como los circos. En estos casos se aplican reglas especiales y en general se requiere un permiso certificado.
"La intención de esta iniciativa es restringir la exportación de especies de flora y fauna silvestre que se encuentren en riesgo, salvo aquellas que hayan sido creadas o reproducidas bajo los estándares permitidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y que provengan de la segunda generación controlada.
"Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto los suscritos diputados respetuosamente sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar:
"Artículo único.- Primer y segundo párrafo quedan idénticos. Fracciones a) y b) quedan igual.
"Se prohíbe la exportación de especies catalogadas en riesgo, exceptuando aquellas que provengan de la segunda generación criada o cultivada en cautiverio, bajo un sistema de reproducción controlada".
Es cuanto señora Presidenta. Por su atención, gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Luis Antonio González Roldán.
Y favor de turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Solicito a la Secretaría proceda a dar lectura a la comunicación enviada por la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Comunicación de la Junta de Coordinación Política referente a la alta de la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, como Secretaria del comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado.
Compañeras y compañeros diputados, en virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión que dispone el artículo primero del Acuerdo Parlamentario, que establece los lineamientos para acreditar las asistencias de las sesiones plenarias, aprobada por el pleno del 9 de octubre, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, la cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Lectura del orden del día de la próxima sesión No. 19
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (A las 16:03 horas): Se levanta la sesión y se cita a la Sesión Solemne para otorgar reconocimiento a los integrantes y Cuerpo Técnico de la Selección Nacional de Fútbol Sub-17, por haber ganado el Campeonato Mundial de la Especialidad, el día de mañana viernes cuatro de noviembre a las diez horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las ocho horas.
Al término de la Sesión Solemne dará inicio la sesión ordinaria.
La última votación se tomará como registro final de asistencia.