El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Pido a la secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 348 diputados y diputadas. Por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: (A las 10:25). Se abre la sesión.
Consulte la secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa le lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
Proceda la secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada el acta.
Continúe la secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Comunicaciones. Reincorporación.
Oficio del C. Dip. Marco Antonio Gama Basarte por el que se comunica que se reincorpora a sus labores legislativas a partir del 8 de noviembre del presente año.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
El Congreso del Estado de Guanajuato remite acuerdo por el que adhiere al acuerdo aprobado por los congreso de los Estados de Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo, para que se aprueben recursos extraordinarios para las víctimas de los daños causados por los huracanes Stan y Wilma.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Comunicación de la Junta de Coordinación Política que informa del siguiente cambio solicitado por el diputado Pablo Gómez Alvarez que causa baja como integrante el diputado Pablo Franco Hernández en la Comisión de Cultura.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Comunicación de la Junta de Coordinación Política, dirigida al diputado Heliodoro Díaz Escárraga, presidente de la Mesa. Honorable Cámara de Diputados.
"Por este conducto me permito informarle que en la delegación mexicana que representará a esta Cámara de Diputados en la VIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre de 2005 en Monterrey, Nuevo León, que la diputada Cristina Ayala Portillo, substituirá al diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en dicha delegación".
Con la firma del diputado Pablo Gómez Alvarez, señor presidente.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el referido cambio.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa:
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por medio del cual se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la condonación de los créditos fiscales generados por los adeudos en el pago del derecho por el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales a cargo de los municipios, organismos operadores o comisiones estatales, o cualquier otro tipo de organismo u órgano responsable directo de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que se encuentran ubicados en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Chiapas, Campeche, Hidalgo, Nuevo León y demás municipios que hayan sido afectados por los fenómenos meteorológicos Bret, Pert, Stan y Wilma.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral uno del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente cuyo original se anexa, suscrita por el diputado Sergio Penagos García, del grupo parlamentario del PAN, por lo que somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
Único.- Primero, se exhorta al Ejecutivo Federal, a considerar la condonación de los créditos fiscales generados por los adeudos en el pago del derecho por el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales a cargo de los municipios, organismos operadores o comisiones estatales o cualquier otro tipo de organismo u órgano responsable directo de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que se encuentran ubicados en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Chiapas, Campeche, Hidalgo, Nuevo León y demás municipios que hayan sido afectados por los fenómenos meteorológicos Bret, Pert, Stan y Wilma.
Segundo.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, diez de noviembre de 2005".
Firman: diputado Pablo Gómez Alvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRD; diputado Emilio Chuayfett Chemor, coordinador del grupo parlamentario del PRI; diputado José González Morfín, coordinador del grupo parlamentario del PAN.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Invitación de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica con motivo del 181 Aniversario de la expedición del Decreto de Creación del Distrito Federal y IX Aniversario del Museo de la Luz.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Para asistir en representación de esta Cámara, en su oportunidad se designará a los diputados que asistirán a esta ceremonia.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la Ceremonia Cívica que con motivo del 95 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana de 1910.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Para asistir en representación de esta Cámara, en su oportunidad se darán a conocer a los diputados designados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federa a la Ceremonia Cívica que con motivo del 83 Aniversario Luctuoso del Lic. Ricardo Flores Magón.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Para asistir en representación de esta Cámara, en su oportunidad se designarán a los diputados que representarán a esta Cámara en la ceremonia respectiva.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Oficio de la Cámara de Senadores, por el que comunica que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo; 253 y 368 quater del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Justicia y Derechos Humanos.
De conformidad con el Acuerdo aprobado en la sesión de 13 de octubre, proceda la Secretaría a dar lectura a los enunciados de las proposiciones relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.
La Secretaría diputada María Sara Rocha Medina: El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se considere un incremento adicional a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ser invertidos en la realización de obras de construcción y pavimentación de carreteras en el estado de Puebla.
La diputada Blanca Eppen Canales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, incorpore la perspectiva de género.
Los diputados: María Hilaria Domínguez Arvizu y Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentan proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, considere recursos para el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años 1942 a 1964.
La diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, considere recursos económicos por el monto de 200 millones de pesos para ser destinados al Programa de Recuperación de Pueblos Pesqueros del Estado de Sinaloa.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se acaban de recibir de la Cámara de Senadores varios oficios. Proceda la Secretaría a dar cuenta con ellos.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados,
P r e s e n t e s .
"Para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006.
"Atentamente,
"Senador Carlos Chaurand Arzáte, Vicepresidente".
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese de inmediato a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
"México, D.F., a 10 de noviembre de 2005.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados,
P r e s e n t e s .
"Para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito remitir a usted el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.
"Atentamente,
"Senador Carlos Chaurand Arzáte, Vicepresidente".
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese de inmediato a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Cámara de Senadores dirigida a los Secretarios de la Cámara de Diputados.
"CC: Secretarios de la H. Cámara de Diputados,
P r e s e n t e s .
"Para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
"Atentamente,
"Senador Carlos Chaurand Arzáte, Vicepresidente".
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese de inmediato a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Alvarado Villazón, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El diputado Francisco Javier Alvarado Villazón: Con el permiso de la Presidencia.
"Compañeras y compañeros Legisladores:
"El interés por impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas ha sido cada vez mayor en los últimos años, no solo en México sino también en casi todos los países desarrollados o en proceso de desarrollo. Ello debido a su representatividad, el elevado porcentaje de empleos que generan y a los múltiples beneficios que esos tres aspectos conllevan: empleo, beneficios sociales, consumo y reactivación económica, generación de impuestos, entre otros.
"Las PYMES son fundamentales para que las economías de las naciones crezcan y se vuelvan competitivas tanto interna como externamente, por lo que en la medida que crezcan en esa misma medida influyan en el desarrollo del país. A pesar de ello en ningún país estas empresas tienen favorables condiciones y sobre todo ahora con una competencia que se ha generado en este mundo tan globalizado.
"Los esfuerzos por alentar a las PYMES en México se han visto reflejados con la creación de diversos programas de apoyo y fomento, pero a la fecha esos programas no han dado los resultados esperados, antes bien las problemáticas que enfrentan para poder sobrevivir frente a las grandes empresas, los desequilibrios económicos y volverse más productivas y eficientes son cada vez más notorias.
"A pesar de los programas de apoyo a las PYMES que han sido numerosos no solo en sexenios anteriores sino también actualmente los problemas que enfrentan recientemente no dejan de ser ajenos y diferentes a los de otros años, lo cual indica que los programas de gobierno no han impulsado adecuada y suficientemente a esta clase de empresas.
"Tanto la escasa oportunidad de los programas del gobierno federal para el fomento de las PYMES como el comportamiento macroeconómico de los últimos años no han llevado a condiciones necesarias para que aquellas puedan crecer en forma dinámica y estable, ello debido a que enfrentan una serie de dificultades que obstruye notablemente su desarrollo.
"Ante todo e problema principal se refiere a la obtención de recursos para funcionar productivamente porque en la mayoría de los casos la banca no las considera sujetas de crédito.
"Si asisten a una institución bancaria privada quizá tendrán que esperar largos periodos para la aprobación de un financiamiento, el cual tendrá aún más en ser expedido y en los casos más afortunados una vez que el dinero está disponible es que se invierte en una apuesta de tiempo.
"En el ámbito internacional las PYMES tienen una amplia participación, ya que en la mayoría de los países representan más del 90 por ciento del total de las empresas y proporcionan entre el 60 y el 70 por ciento del empleo y contribuyen entre el 50 y el 60 por ciento del producto interno bruto.
"Con base a la participación del empleo que generan y su contribución al PIB, la mayoría de los países identifica a las PIMES como un sector estratégico para el desarrollo y el crecimiento del país. Pero como tienen fortalezas y debilidades específicas, es necesario fijar políticas especiales de apoyo, por lo que los gobiernos de diferentes países han implementado diversas políticas de promoción y programas de apoyo para estas empresas. Casos específicos y notorios son Japón, Estados Unidos, Italia, Alemania, España y Argentina.
"Debemos estar atentos al continuo desarrollo de proveedores como estrategia para la promoción para elevar la competitividad de una amplia gama de PIMES. Además debemos de propiciar que se integren en las cadenas productivas, comerciales y/o de servicios de grandes empresas, así como estimular el desarrollo de las PIMES como proveedores del gobierno.
"Para estimular realmente el desarrollo de PIMES como proveedores del gobierno, se indispensable reconocer que la mayoría de estas empresas requieren de financiamiento para lograr sus objetivos y crecer, siendo necesaria una amplia gama de productos y servicios para las PIMES y sus necesidades respectivas, a través de herramientas innovadoras que ayuden y asesoren en este proceso.
"Si bien la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, indica la participación de la Secretaría de Economía en la elaboración de las reglas derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de empresas nacionales, especialmente las micro, pequeñas y medianas, omite una fecha determinada para la publicación de las mismas e información adicional que también es de utilidad para las PIMES.
"Para la expedición de las reglas, dicho ordenamiento indica que la Secretaría de Economía tendrá en cuenta la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública. En este sentido es indispensable fortalecer la coordinación entre estas entidades, complementar la información con el objeto de que se genere un mayor valor agregado a las PIMES y que se otorgue certeza jurídica, al contar con una fecha determinada para su publicación.
"Esta mejor coordinación permitirá fortalecer el Programa de Desarrollo de Proveedores del Sector Público y así incentivar y fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de compra del gobierno de una forma simple y transparente.
"En este sentido, para propiciar con el crecimiento a las PIMES, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el párrafo segundo y adiciona un tercer párrafo al artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que por razones de tiempo solicito sea publicado íntegramente en el Diario de los Debates".
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Así se hará diputado.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La iniciativa que reforma el artículo 2o de la Ley General de Desarrollo Social, que iba a presentar el diputado Quintín Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se pospone.
Tiene la palabra la diputada Angélica Ramírez Luna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Angélica Ramírez Luna: Con su venia, señor Presidente.
"Para hablar de participación ciudadana es necesario hablar sobre la definición de la teoría política que da referencia a la participación política de los ciudadanos, la cual es la actividad voluntaria e intencionada de un individuo en asuntos políticos, para tratar de influir en los mismos.
"Puede incluir una gran variedad de conductas, como atender a la información política, votar en las elecciones, ser miembro de un partido político, aportar fondos a causas políticas, realizar tareas de campaña, intervenir en algún movimiento social o formar parte de algún tipo de presión; desempeñar algún cargo político, tomar parte en análisis y discusiones, ya sea en el hogar o en el trabajo; asistir a manifestaciones, mítines o ser parte de motines, plantones y marchas. Es importante, porque quienes no participan es probable que disfruten de menos poder ciudadano que los que lo hacen.
"En nuestra actualidad, vemos que la sociedad civil organizada no cuenta con espacios adecuados para dirigir sus actividades. Si bien es cierto que uno de los grandes logros de la actual Legislatura fue la aprobación de la nueva Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las organizaciones de la Sociedad Civil, también es cierto que nos hace falta desarrollar los conocimientos empíricos sobre temas de participación social. Asimismo, aún nos hace falta desarrollar estudios específicos sobre temas en materia electoral y de las figuras de democracia directa como lo son, el Referéndum, el Plebiscito y la Iniciativa Popular y la Revocación de Mandato.
Se estima importante considerar que, aún cuando los estudios en materia electoral y de participación ciudadana pudieran ser considerados en los trabajos que realiza la Comisión Especial de la Reforma del Estado y la Prospectiva con el futuro de México por parte de los estudios de Congreso en la Cámara, esta función no existe forma expresa en estas Comisiones y estructura.
Estoy cierta que una parte fundamental en una democracia es la participación activa de los ciudadanos, no solo en las elecciones sino también en la toma de decisiones gubernamentales; sin embargo esta parte que debe cumplir la sociedad debe ser objeto de estudio e investigación adecuadas para ser útiles desde la forma de Gobierno del país y las decisiones políticas que los gobernantes deberán de tomar.
Es evidente que en nuestra actualidad, la sociedad realiza una importantísima labor dentro de la esfera gubernamental en los tres ámbitos de Gobierno.
Por ello, necesitamos un Centro de Estudios donde dé cabida a los grandes y diversos temas que abarcan la participación ciudadana y la forma de organización de la sociedad civil.
Por otra parte, la propuesta es, que este mismo Centro desarrolle las investigaciones correspondientes a las diversas formas de participación electoral, así como estudios de las experiencias internacionales de las formas en las que se realizan las elecciones en los distintos sistemas políticos.
Esta propuesta plantea la posibilidad de crear un Centro de Estudios que nos ayude como Legisladores, a tener las herramientas necesarias para conocer las nuevas vertientes de la participación ciudadana y brinde los espacios suficientes a la sociedad organizada contando con un cuerpo de apoyo técnico profesional, capacitado, especializado y experimentado para el mejor desempeño del trabajo legislativo, así como dotarles de. la información , análisis estadístico, biográfico, documental y jurídico especializados en materias de participación ciudadana.
El funcionamiento de este Centro se constituirá como una unidad especializada en la Secretaría General adscrita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, tal como actualmente funcionan los Centros con los que contamos en este órgano legislativo federal.
Por lo anterior, se considera relevante dotar de mayor legitimidad los trabajos legislativos, toda vez que el Congreso aún no institucionaliza ni asume con plenitud la consulta y la participación social en los asuntos legislativos ni ha logrado la plena consolidación del marco jurídico electoral.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito remitir a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se reforma y adiciona el Numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
Artículo 49.- La Cámara contará también en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, de estudios Sociales y de Opinión Pública, de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de Estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y de Estudios en Materia Electoral de Participación Ciudadana.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, Diputada. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
A continuación, tiene el uso de la palabra la Diputada Jacqueline Guadalupe Arguelles Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar Iniciativa que adiciona una Fracción al Artículo 2 de la Ley Federal de Vivienda.
A solicitud del Grupo Parlamentario correspondiente, se da por recibida y se turna a la Comisión de Vivienda.
Tiene la palabra la Diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Iniciativa que reforma el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.
La diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz: Con su permiso señor presidente, la suscrita diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz, integrante de la diputación federal del Estado de Veracruz del grupo parlamentario del PRI con fundamento en el Artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Artículo 4. de la Ley de Asistencia Social, cuatro párrafos de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley de Asistencia Social decretada el 29 de abril de 2004 y publicada el 2 de septiembre del mismo año en el Diario Oficial de la Federación por la que se estableció el Sistema Nacional de Asistencia Social, define la asistencia social como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad e indefensión, con desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
Es en este contexto que hoy me dirijo a esta soberanía, para proponer la visión de cuatro párrafos al Artículo 4. de la Ley de Asistencia Social. El Artículo 4. se encuentra inserto en el Capítulo Segundo de nominado Sujetos de la Asistencia Social y comprende dos fracciones.
Dicho artículo establece que son sujetos de asistencia social, preferentemente las niñas, los niños y adolescentes previstos en la fracción I y también las mujeres, lo que se prevé en la fracción II. En ambas fracciones se establece que serán sujetos de asistencia social las personas en situación de maltrato, las niñas, niños y adolescentes en el inciso c) de la fracción I y las mujeres en el inciso B de la fracción II.
Así las cosas, sin embargo, la ley no precisa ni define el concepto, es decir, lo que debe entenderse por maltrato y sobre todo referido al ámbito familiar, donde por desgracia frecuentemente se producen. Esto a nuestro entender, constituye un vacío, una laguna legal que merece toda nuestra atención, a fin de evitar interpretaciones arbitrarias, y sobre todo proveer lo necesario en el ámbito de nuestra competencia, para que existe claridad y precisión en nuestros ordenamientos legales.
Los expertos en la materia coinciden en que el maltrato pueden situarse en lo físico y en lo mental, es decir, en lo sico emocional. Se ha avanzado mucho en esto y con base en la legislación vinculada, como son los Códigos Punitivos, podemos introducirlo lo que debe entenderse por maltrato físico o sicoemocional, y que esta violencia familiar, que se materializa en el maltrato, no sólo se concibe para fines de esta ley, como los actos y omisiones en perjuicio de la integridad física o sicoemocional de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, sino también en perjuicio de cualquier otro miembro de la familia, por sus condiciones de necesidad, indefensión o desventaja física o mental.
De la misma manera podemos avanzar estableciendo en esta ley, lo que debe entenderse por miembro de la familia en torno o vinculado con el maltrato.
Por todo, esto propongo adicionar al Artículo 4. De la Ley de Asistencia Social, a fin de en seguida del texto relativa a la fracción XII se precise que se entiende por maltrato, la violencia familiar llevada a cabo por acción u omisión en peligro de la integridad física o sicoemocional de las niñas, niños, adolescentes y las mujeres, así como de cualquier otro miembro de la familia, por sus condiciones de necesidad, indefensión o desventaja física o mental.
Luego qued se entiende por maltrato físico, todo acto de agresión que cause daño a la integridad física de un miembro de la familia, y que se entiende también por maltrato sicoemocional los actos u omisiones consistentes en prohibiciones, coacciones, condicionamiento, intimidaciones y actitudes devaluatorias, que provoquen a quien las recibe, deterioro, disminución o afectación alguna o todas las áreas de su estructura física.
Finalmente, precisar que se entiende por miembro de la familia, a la persona física que se encuentre unida por una relación de matrimonio, concubinato o por parentesco consanguíneo recta ascendente o descendente, sin limitación de grato o por parentesco colateral afín hasta el cuarto grado, así como por parentesco civil. De esta manera consideramos se logrará establecer las previsiones que la ley en este momento no contempla con relación al maltrato que sufren por desgracia, algunos miembros de la familia.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, los cuatro párrafos.
Unico. Para quedar como sigue:
Se entiende por maltrato la violencia familiar llevada a cabo por acción u omisión, en perjuicio de la integridad física o psicoemocional de las niñas, niños adolescentes y las mujeres, así como de cualquier otro miembro de la familia por sus condiciones de necesidad, indefensión o desventaja física o mental.
Se entiende por maltrato físico todo acto de agresión que cause daño a la integridad física de un miembro de la familia.
Se entiende por maltrato psicoemocional los actos u omisiones consistentes en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, actitudes devaluatorias que provoquen a quien las recibe deterioro, disminución o afectación alguna a todas las áreas de su estructura física.
Y se entiende por miembro de la familia a la persona física que se encuentre unida por la relación de matrimonio, concubinato o por parentesco consanguíneo en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado o por parentesco colateral o afín hasta el cuarto grado, así como por parentesco civil.
Transitorio.
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente. Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre 11 de 2005.
Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada.
Túrnese a la Comisión de Salud.
Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Sí señor Presidente.
Falta algún diputado o diputada por registrar asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 407 diputadas y diputados. Hay quórum, señor Presidente.
Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias Secretario.
Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 343 Bis, 343 Ter, 343 Quáter del Código Penal Federal-
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Gracias diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados:
La violencia ejercida en el contexto familiar representa un grave problema de nuestra sociedad, que exige una respuesta global y coordinada por parte de todos los Poderes públicos. Además de las terribles consecuencias físicas y psicológicas para quien la padece, este tipo de violencia trasciende el ámbito estrictamente doméstico, para convertirse en un mal que afecta e involucra a toda la ciudadanía.
En México este escenario se percibe ya como un asunto de fundamental interés en materia de salud pública y en materia de seguridad pública. Es en la familia donde transmiten los valores que rigen la sociedad donde vivimos, donde se siembran en el ser humano las bases que le darán sustento a su personalidad y desarrollo posterior y es también en ella, donde el individuo debería sentirse más seguro y más protegido, pero es también en este núcleo donde desafortunadamente se generan y perpetúan las relaciones de violencia y la discriminación por cuestiones de género o de edad, a partir de una pretendida estructura de jerarquía, donde alguno de los miembros se arroga el control sobre los demás.
En ese sentido, la violencia familiar consiste en el uso de la fuerza al interior del núcleo familiar, llevada a cabo por uno o varios de los miembros quienes por razones económicas, físicas e incluso culturales, tiene una posición de privilegios sobre los demás y buscan a través del maltrato, imponer formas de ser, pensar y/o actuar, o refrendar su autoridad.
Por esto, son las mujeres, los niños, los ancianos, las personas con capacidades diferentes las principales víctimas. Si las agresiones no son detenidas a tiempo, por lo general tienden a repetirse volviéndose cada vez más frecuentes y más intensas, pudiendo rayar en el extremo de que quien recibe las agresiones pierda la vida o quede permanentemente imposibilitado para desarrollarse de manera normal.
Este no es un problema privativo de determinado nivel o extracto social y en todos los casos constituye en un atentado a la integridad física, emocional o sexual de los miembros de la familia, incluso, dijera yo, lo económico también, quebrantando los derechos individuales, elementales de quienes son afectados y generando a la larga conductas antisociales que en un esquema más amplio constituyen un grave problema social y de seguridad pública.
Está comprobado que las niñas y los niños que provienen de hogares en los que existe violencia, reproducirán en la mayoría de los casos las mismas actitudes y conductas que vieron, que sus padres tenían entre sí o hacia los hijos, abuelos, y todo aquél que integre el núcleo familiar, convirtiéndose a su vez en maltratantes potenciales, esto sin mencionar que entre las consecuencias personales de padecer violencia a manos de un familiar, se encuentran graves desajustes de la personalidad, trastornos depresivos, dolores de cabeza, temores injustificados, deterioro de la autoestima, predisposición al consumo de sustancias como alcohol y drogas, deserción escolar y posteriormente graves dificultades para mantener un empleo, intentos de suicidio, entre otros.
De acuerdo con datos proporcionados por COBAC, provenientes de una encuesta que esta asociación realizó en 9 ciudades de México, el 82 por ciento de las víctimas de violencia en el seno familiar, son las niñas y los niños seguido por las madres y otras mujeres miembros de la familia.
En realidad, 9 de cada 10 casos de víctimas de violencia, son mujeres, de las cuales 7 de cada 10 son agredidas por su pareja. En cambio, los hombres maltratados representan únicamente el 2 por ciento de la estadística.
De acuerdo a un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la violencia familiar se mantiene y reproduce por factores como desconocimiento, especialmente de las mujeres, de los derechos y obligaciones y los mecanismos legales que establecen su vigencia y su garantía, reproducción de rasgos culturales que mantienen en situación de subordinación a las mujeres, ineficacia, desinterés y corrupción de las instancias legales, la impunidad para resolver las demandas, problemas entre las instancias policial y judicial que obstaculizan las denuncias y su seguimiento, incumplimiento de la legislación y ausencia de mecanismos e instituciones de protección a las víctimas, como es el caso de nuestro Código Penal, que en materia de violencia familiar es laxo.
Aún y cuando la violencia familiar fue tipificada como delito en nuestro país desde hace varios años y que existen ordenamientos específicos e instancias especializadas para su atención, el problema persiste, casi invisible y sin castigo. Es por esto que debe replantearse la relación en general entre el Estado y la familia para que éste intervenga de manera decidida en la prevención, en la asistencia y el castigo de conductas violentas de quienes por medio de la fuerza pretenden ejercer su poder sobre los más desprotegidos.
El propósito de esta reforma, es aumentar la penalidad de este delito de los seis meses a cuatro años con los que en este momento se castiga a una penalidad de 2 o 4 años, además de una multa de 10 a 30 días de salario mínimo; pretendemos también establecer que el culpable de violencia familiar, perderá no sólo el derecho a la pensión alimenticia como actualmente lo contempla el Código Penal Federal, sino también los derechos hereditarios, la patria potestad, la tutela sobre la persona agredida. En virtud de esta reforma estaremos además obligados por ley, al culpable, a que pague los tratamientos médicos de la persona agredida hasta su total recuperación y prohibiéndole acudir al domicilio o acercarse a la agredida como medidas provisionales, además de la caución de no ofender y demás medidas necesarias para salvaguardar la integridad, física, sicológica, sexual de la persona agredida, mismas que deberán de ser determinadas por el juez.
En razón de lo anterior, presento a ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo Único. Se reforman los artículos 343 Bis, 343 Ter y 343 Quater, del Código Penal Federal para quedar como a continuación se establece:
Artículo 343 Bis. A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de 10 a 30 días de salario mínimo, perderá el derecho de pensión alimenticia, de los derechos hereditarios y de la patria potestad o de tutela que pudiera tener sobre la persona agredida. Asimismo se le sujetará a tratamiento sicológico especializado y deberá pagar los tratamientos médicos correspondientes hasta la recuperación de la salud integral de la persona agredida.
Artículo 343 Ter. Se equiparará la violencia familiar y se sancionará con uno a cuatro años de prisión y multa de 10 a 30 días de salario mínimo, al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior, en contra de la persona con la que se encuentra unida fuera de matrimonio, de los parientes por consaguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de esa persona o de cualquier otra persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en la misma casa.
Artículo 343 Quater. En los casos previstos en los dos artículos precedentes el agredido ,bajo protesta de decir verdad, acudirá ante el Ministerio Público, a fin de que solicite al juez que impongan al probable responsable como medidas provisionales, desde el momento mismo de la agresión y al alcance que tal circunstancia puede reflejar en el núcleo familiar, la prohibición de ir al domicilio del agredido o lugar determinado, de aproximarse al agredido, caución de no ofender, a las que sean necesarias para salvaguardar la integridad física o sicológica de la persona agredida.
Artículos Transitorios.
Único. El presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputado Presidente, en virtud de que esta iniciativa ya se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, únicamente solicito se inserte íntegro en el Diario de los Debates.
Todo lo que en esta LIX Legislatura hagamos en contra de la violencia familiar y a favor de todo ese núcleo que se ve desprotegido, siempre será bienvenido.
Por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada.
Insértese el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona dos fracciones al artículo 70 del Código Penal Federal.
El diputado José Mario Wong Pérez: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante diputado.
El diputado José Mario Wong Pérez: Compañeras y compañeros diputados:
Honorable Congreso de la Unión:
En mi carácter de diputado a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y como integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto, a efecto de incorporar dos fracciones al artículo 70 del Código Penal Federal en lo que se refiere a sustitutivos penales. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos:
Comenzaremos por dar una definición de sustitutivos penales. Si consideramos que sustituir significa poner a una persona o cosa en lugar de otra, sustitutivo será lo que reemplaza a otra cosa en el uso.
El fundamento para la imposición de las penas lo encontraremos en el artículo 21 constitucional que señala que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Asimismo, se establecen las penas en los artículos 18 y 22 de nuestra Carta Magna, así como en el título segundo, capítulo primero, artículo 24 del Código Penal.
Ahora es menester referirnos a la prisión, la cual sigue siendo sujeta a modalidades. La prisión se fue desarrollando como un sustitutivo de la pena de muerte. De un tiempo atrás, la pena de prisión ha observado una crisis si tomamos en cuenta que los centros de reclusión sufren una sobrepoblación, siendo urgente de alguna manera encontrar sustitutivos adecuados. Debe quedarnos claro que la pena de prisión no debe desaparecer, pero debe tener un sentido de tratamiento, representando de algún modo un primer paso a su sustitución total.
La relación de sanción dio inicio con la prisión. Ahora debemos relacionarla con los preceptos que establecen medidas correctivas o sustitutivas de la pena de prisión. Estas medidas correctivas o sustitutivas a que haremos mención, estarán referidas a las de competencia del órgano jurisdiccional, como ya lo habíamos precisado y que entre otras son tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad, así como los sustitutos penales para penas menores, entre las cuales se encuentran la multa y la condena condicional.
Consideramos necesario recordar que la sustitución no debe confundirse como sinónimo de conmutación, ya que la primera es competencia de la autoridad judicial, en tanto que la segunda compete al Ejecutivo. Realicemos un breve análisis de ellas:
Tratamiento en libertad. Dentro de la idea de sustituir las penas privativas de libertad por otras medidas que permitan el tratamiento oracional del infractor, está la figura prevista por el artículo 70 fracción II del Código Penal Federal que establece que cuando la pena de prisión no exceda de cuatro años se podrá sustituir a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto por los artículos 51 y 52 del ordenamiento legal antes señalado por tratamiento en libertad.
Semilibertad. Esta es una medida sustitutiva que se refiere a una liberación precaria dentro del esquema Ejecutivo; es similar a la institución de ex carcelamiento preparatorio condicional. Se deposita en los sistemas de prisión abierta, en los permisos de salida en la prisión de entre semana o de fin de semana. Es una alternativa que tiene a disposición el juzgador para sustituir la pena de prisión y que sirve para la readaptación sin privación absoluta de la libertad.
Este sustitutivo se encuentra previsto en el artículo 70 fracción I de nuestro ordenamiento sustantivo penal, cuando la pena impuesta no exceda de cinco años.
Trabajo a favor de la comunidad. Por lo que hace a esta figura, es necesario señalar que puede ser una pena autónoma o sustitutiva de la prisión o de multa, como lo establece el párrafo cuarto del artículo 27 del Código Penal Federal. Esta medida establece la obligación al sentenciado de realizar trabajos a favor de la sociedad sin que por ello reciba alguna remuneración.
Dichas jornadas de trabajo las deberá realizar fuera del horario normal de sus labores sin que el trabajo realizado exceda de la jornada extraordinaria, prevista por la legislación laboral.
Cabe señalar que para aplicar este sustitutivo penal, es necesario que la pena de prisión no exceda de cinco años y es menester señalar que cada día de prisión será sustituido por una jornada de trabajo a favor de la comunidad, y por ningún motivo se desarrollará en forma que resulte degradante o humillante para el condenado.
La multa. Esta figura jurídica puede aplicarse como una pena accesoria o como un sustitutivo de la pena de prisión. Se reconoce al sistema la ventaja de constituir fuente de ingresos para el Estado, aparte de que para el reo representa no sufrir la restricción de su libertad y el órgano jurisdiccional podrá sustituir la pena de prisión por multa, siempre y cuando la prisión no exceda de 3 años.
Condena condicional. Actualmente el artículo 90 del Código Penal establece la condena condicional y los requisitos para poder disfrutar los beneficios de ella por lo que respecta a esta figura como sustitutivo de la pena. Deben de reunirse los siguientes requisitos: El juez o tribunal en su caso al dictar sentencia de condena o en la hipótesis que establece la fracción X del citado artículo 90 del Código Sustantivo Penal, suspenderán motivadamente la ejecución de las penas o petición de parte o de oficio, si concurren estas condiciones:
Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de 4 años; que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso y además que haya evidenciado buena conducta positiva antes y después del hecho punible; que por sus antecedentes penales o modo honesto de vivir, así por la naturaleza, modalidad del delito, se presume que el sentenciado no volverá a delinquir.
Después de haber analizado los sustitutivos penales anteriores, propongo que sean insertados como sustitutivos de la pena que se dicte en sentencia, el confinamiento y la retención.
Nos queda claro que el confinamiento se prevé como pena y sólo cuando se trata de delitos políticos haciendo la designación el juez que dicte la sentencia del lugar en donde estará obligado el condenado a residir. Pero considero que podrá establecerse como sustitutivo de la pena, cuando la prisión no exceda de 3 años.
De igual manera sugiero que llevará aparejada la obligación de realizar jornadas a favor de la comunidad ya que indudablemente el reo estaría bajo la vigilancia y orientación de la autoridad ejecutoria.
Los primo delincuentes y que por falta de recursos económicos o por su situación precaria que resulten análisis de los aspectos personales a que se refiere la fracción V del artículo 52 del Código Sustantivo Penal y que a su vez resulte que al sustituirle la pena de prisión por multa, ésta resultare excesiva y consiguientemente el reo no pudiese cubrirla.
Por lo anteriormente expuesto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Carta Magna, someto ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:
PROYECTO CON EL CARÁCTER DE DECRETO.
ARTICULO UNICO: Se incorporan las fracciones IV y V al artículo 70 del Código Penal Federal, para quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 70. La prisión podrá ser sustituida a juicio del juzgador apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes:
Primero. Por trabajo a favor de la comunidad o semi libertad cuando la pena impuesta no exceda de 4 años.
Segundo. Por tratamiento en libertad si la prisión no excede de 3 años.
Tercero. O por multa si la prisión no excede de 2 años.
Cuarto. El confinamiento y
Quinto. La retención.
La sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio. Tampoco se aplicará a quien sea condenado por algún delito de los señalados en la fracción I del artículo 85 de este Código.
TRANSITORIOS:
UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, en la ciudad de México, D.F., 31 del mes de octubre del año 2005.
Atentamente. El de la voz diputado José Mario Wong Pérez.
Señor diputado presidente le solicito que el texto se incluya íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto señor presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado, que se inserte el texto completo de la iniciativa del diputado en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra la diputada María Mercedes Rojas Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La diputada María Mercedes Rojas Saldaña: Con su permiso, señor Presidente.
La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, María Mercedes Rojas Saldaña, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II de los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente.
El turismo aporta alrededor del 8.3 por ciento del PIB en el país. Es tal vez la única actividad económica que tiene un ritmo de crecimiento del 14 por ciento, lo cual resulta complejo en otro tipo de actividades.
De hecho, en aquellos municipios en donde están enclavadas las actividades de tipo turístico, se abate de manera mucho más intensa la marginalidad ya que genera empleos formales bien remunerados.
Los salarios que emanan de esta actividad, son equiparables con la capacidad de compra, lo cual contribuye finalmente a crear mejores condiciones de vida en las comunidades o en los destinos donde el turismo se desarrolla.
La planta laboral en el sector, se sitúa en un millón, ochocientas mil plazas permanentes. Esto habla por sí sólo, de que es una actividad importante en términos de empleo. Simplemente, en el mes de mayo pasado la balanza turística tenía un superávit a alcanzar de un mil novecientos cincuenta y ocho millones de dólares, lo cual significó el 22 por ciento por arriba de lo registrado en mayo de 2004.
Estos datos están plenamente confirmados por el Banco de México. En los primeros cinco meses del año, en México recibimos casi ocho millones de turistas extranjeros con una captación de 4,685 millones de dólares en divisas por turismo exclusivamente internacional. No hablamos del nacional ya que tratándose de éste es mucho más de lo que la gente se imagina porque a veces pareciera que le dimos más importancia al turismo internacional y son cifras que constantemente manejamos en los medios de comunicación.
En este orden de ideas, el turismo nacional representa el 80 por ciento de la actividad turística de este país, casi 74 mil millones de dólares.
Al respecto, Huatulco se ubica en la costa del Pacífico, al pie de la Sierra Madre del Sur. Esta circunscripción ha avanzado considerablemente logrando adquirir su indiscutible fama, tanto a nivel nacional como internacional.
Huatulco está dotado de una excelente infraestructura turística, entre lo que cabe recalcar su hotelería, restaurantes, centros nocturnos y campos de golf. Cuenta también con adecuadas vías de comunicación y un moderno aeropuerto internacional ubicado a 19 kilómetros de la zona hotelera.
Huatulco se ha convertido en un verdadero paraíso mágico, donde el visitante puede disfrutar de sus múltiples bellezas naturales. Por esta razón es importante incentivar el desarrollo de tan importante actividad económica y más en estos momentos en donde el sur del país ha sido cruelmente azotado por los efectos que trajeron consigo los huracanes Stan y Wilma.
Además no debemos descartar que para Huatulco, así como para otras zonas del país, el turismo es la actividad primordial que ejercen los habitantes de esta circunscripción territorial.
México está bien posicionado. Sin duda ocupa un buen lugar a nivel mundial en materia de captación del turismo. Tenemos la ventaja que el turismo nacional apoya mucho más la infraestructura que actualmente tiene el país y esto facilita y hace mucho más rentable la inversión.
Necesitamos que existan políticas que permiten continuar con los proyectos para consolidar el turismo a nuestro país. México pudiera estar en el octavo, o en el primero, segundo o tercer lugar en los próximos 20 años.
Delimitando el objeto de estudio de la presente iniciativa, es menester manifestar que desafortunadamente carga tributaria en México la carga tributaria en México es de las más bajas entre los países de la organización para la cooperación y desarrollo económico. Por esa razón proponemos una reducción del IVA del 15 al 10 % a todos aquellos turistas, ya sean nacionales o internacionales. Lo anterior, aplicable a todas aquellas operaciones comerciales que se ejecuten en Huatulco, Oaxaca.
Para muchos esta medida podría implicar un costo fiscal inicial para el gobierno pero a mediano plazo se compensaría con los ingresos adicionales generados por un incremento en el flujo del turismo. Además es una opción para equilibrar los ingresos y la riqueza en el país, ya que de aplicarse una reducción al Impuesto al Valor Agregado, al 10 %, lograríamos incrementar el nivel de pago y reducir la evasión fiscal, lo que aportaría más recursos a la federación y asimismo evitaríamos la existencia del contrabando.
Aunado a lo anterior, con esta reforma captaríamos mayores divisas y crearíamos fuentes de trabajo y no debemos olvidar que los comerciantes mexicanos resultarían sumamente beneficiados con esta medida.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 5, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y el 4 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2., de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 2.: "El Impuesto se calculará aplicando la tasa del 10 % a los valores que señale esta Ley cuando los actos o actividades por los que se daba pagar el impuesto se realicen por residentes en la región fronteriza y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación del servicio se lleve a cabo en la citada región fronteriza, así como también en aquellas zonas cuya actividad turística otorgue al país una derrama económica importante, tal es el caso de Huatulco, Oaxaca".
TRANSITORIOS
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputada.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona una fracción XXI al artículo 14 de la Ley General de Educación, para promover la salud mental.
El diputado José Javier Osorio Salcido: Con su venia, señor Presidente.
El suscrito diputado federal José Javier Osorio Salcido, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Honorable soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXI al artículo 14 de la Ley General de Educación, con base en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a la educación se encuentra garantizado en el artículo 3., constitucional. Dicho ordenamiento obliga a la Federación, a estados y municipios, a desarrollar de manera armónica todas las facultades y potencialidades de la persona humana. Será una educación integral en cuanto considere armónicamente la dualidad cuerpo y espíritu, de la que goza todo ser humano, una educación que fomente, propicie, promueve y ejerza en todos los niveles actividades apegadas a los principios de justicia, libertad, tolerancia y respeto a la vida.
La salud es el bien más preciado del que puede gozar la persona humana, por lo que la educación debe también ser encaminada a la promoción de hábitos saludables.
Las escuelas requieren proporcionar no sólo las actividades académicas necesarias para el desarrollo intelectual de los alumnos, sino también atención médica y psicológica que contribuya al desarrollo integral del individuo.
La legislación internacional en la Convención de los Derechos de los Niños, garantiza los derechos de los niños y su acceso a la salud mental "En el artículo A-19 se estipula que todos los estados deben tomar las medidas para proteger a los niños de cualquier tipo de violencia física o mental. La ONU propuso el Programa French focalizando recursos en salud escolar efectiva, programa que busca diseñar e implementar programas de salud escolar efeciva para prevenir los problemas de salud mental en los escolares. El objetivo es hacer que las escuelas formen alumnos más saludables, que cuenten con más habilidades que les facilite el aprendizaje y el desarrollo de sus potencialidades.
"La cultura de salud escolar se encuentra ampliamente difundida en los países de primer mundo y se llevan a cabo proyectos exitosos. En los Estados Unidos el programa de expansión de salud mental en las escuelas fue incorporado en el 40 por ciento de las escuelas públicas de Baltimore, donde arrojo indicadores de la salud urgente de los servicios de salud mental.
"El programa mejoró el ambiente escolar y ayudó a muchos estudiantes a la solución de problemas académicos y a la considerable disminución de los problemas de conducta de los escolares dentro y fuera de los planteles educativos.
"Un ejemplo de políticas públicas de salud mental propuesto por la organización mundial de la salud son dos programas implementados en los Estados Unidos: el Programa Servicio de Salud Mental para los Jóvenes de Massachussets, dicho programa integra equipos interdisciplinarios de familiares, profesores, profesionales, que se encargan de asesorar al niño en las distintas cuestiones.
"Asimismo se crearon otros programas con el fin del disminuir el bandalismo y la criminalidad existente entre los estudiantes americanos. El 84 por ciento actualmente de las escuelas de los Estados Unidos cuentan con servicios de salud mental para sus estudiantes. El gobierno canadiense también ha implementado varios programas y le ha dado importancia a la educación en salud y ha podido comprobar que los canadienses que tienen mejor educación gozan de excelente salud.
"Para alcanzar las metas en las materias de salud mental se ha propuesto un programa que enfatice en los recursos humanos y además de los profesores de las asignaturas comunes, los centros de enseñanza canadiense cuentan con una serie de especialistas responsables de la formación de valores, de desarrollo social, de la cultura física y mental de alumnos y profesores, así como con personal calificado en pedagogía, asistencia social, consejeros familiares y médicos.
"Según estadísticas del Consejo de Educación Canadiense solo el 2 por ciento de los niños y 1 por ciento de las niñas gozan de mala salud a nivel primaria. Los niños de escasos recursos económicos en alto porcentaje tienen dificultades de aprendizaje, problemas emocionales o sufren en sus hogares de algún tipo de violencia intrafamiliar que se ve reflejado en el trabajo y en el desarrollo escolar, y con mayor regularidad son los que necesitan los servicios profesionales de pedagogos, médicos y consejeros.
"En España las escuelas no solo se han quedado en brindar asistencia pedagógica, sicológica y médica a sus estudiantes, sino que han dado un paso más adelante y están obligándose constitucionalmente a dar apoyos y compensar las carencias y desventajas de tipo personal, económico, para aquellos que necesiten educación especial.
"Los organismos estatales españoles están obligados a dotar a las escuelas públicas con el personal especializado y los recursos necesarios para la escolarización de alumnos que necesiten alguna educación especial.
"Los planteles de enseñanza deben contar por ley con los maestros especialistas en pedagogía terapéutica, audiología y lenguaje y demás especialistas que faciliten el aprendizaje de los débiles visuales y auditivos. Estos planteles se encuentran equipados con materiales y mobiliario adecuado para la enseñanza de los que sufren alguna discapacidad.
"En México se están implementando dos programas a nivel nacional: el Programa Integral de Salud Escolar y el Proyecto Básico de Cuidado a la Salud.
"El primero, implementado por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, que busca la promoción de la salud educativa mediante campañas preventivas y la creación de brigadas escolares para riesgos ambientales a nivel primaria y secundaria.
"El segundo, implementado por la Secretaría de Salud, dirigido a la Salud Mental y Nutricional. La Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional Contra las Adicciones desarrollaron el proyecto conjunto para la aplicación del modelo Construye Tú Vida sin Adicciones en escuelas primarias y secundarias de tres ciudades: Hermosillo, Querétaro y Pachuca en la que se capacitó a directivos y docentes de las escuelas con resultados muy positivos.
"La formación de escuelas promotoras de salud en el año 2000 fue un gran logro. Este sistema fue aplicado en 630 escuelas en total, 128 a nivel preescolar, 440 a nivel primaria y 62 en secundaria. Demostró fehacientemente los beneficios que hoy esta iniciativa busca llevar a cabo a todos los planteles del Sistema Educativo Nacional.
"Como hemos podido comprobar, ninguno de los programas mencionados atiende la salud mental que se agrava gravemente en nuestro país.
"México se comprometió a alcanzar las metas del desarrollo del milenio, que establecen el carácter fundamental de la promoción de la equidad de género entre niños y niñas y en materia educativa. Sin embargo, nuestro país no ha hecho lo suficiente y hoy en día en México la violencia contra las mujeres en edad reproductiva es una causa de muerte e incapacidad física y mental tan grave como la que causan todos los tipos de cáncer, y una causa de mortalidad superior a los accidentes y a la malaria juntos.
"En 1999 uno de cada tres hogares del área metropolitana de México sufren algún tipo de violencia intra familiar. En el 2002 el DIF del Distrito Federal reportó 22 mil 463 menores por causa de maltrato infantil. La mayoría de los niños que viven violencia dentro de sus hogares la repiten los patrones de violencia e inadaptación social en el aula, lo anterior es conocido como efecto cascada.
"México ocupa el cuarto lugar en mortalidad por homicidios en América Latina. Hay 3.5 millones de personas entre los 12 y 65 años que han usado drogas. El dato más revelador es la existencia de una relación directa entre el consumo y la educación.
"Más de 200 mil adolescentes entre los 12 y 17 años han usado droga alguna vez y el 55 por ciento la sigue usando. Una quinta parte de la población mexicana padece en el transcurso de su vida de algún trastorno mental. Durante el 2002 ocurrieron 3 mil 464 intentos de suicidio y se consumaron el 91 por ciento. El suicidio en niños de 5 a 14 años representa la séptima parte de mortalidad y la tercera entre adolescentes. En México 5 millones de niños y niñas sufren algún tipo de problema mental y la mitad requiere de atención especializada.
"Estamos viviendo en una sociedad cada vez más violenta y desvalorizada, que impide el sano desarrollo de las potencialidades de la sociedad y el mayor grado de los alumnos y profesores del Sistema Educativo Nacional, por lo que se hace necesario una respuesta urgente de nosotros como legisladores, en el ámbito de nuestra competencia.
"El Programa Educativo que pretende poner en práctica esta iniciativa puede ser el primer paso eficaz para ayudar a reducir los riesgos de la propagación de enfermedades de carácter psicológico que afectan al individuo física y mental y que deterioran su desarrollo intelectual y social.
"Únicamente estaremos en el camino correcto el día que estemos haciendo lo necesario para la formación integral de nuestros niños y jóvenes que al final son el futuro de nuestro país.
"Al aprobarse la presente iniciativa, todas las instituciones del Sistema Educativo Nacional contará de manera obligatoria con la asistencia de servicios psicológicos para identificar oportunamente y prevenir los padecimientos de los estudiantes y del personal docente. Además, se contribuirá de manera directa a la unión del núcleo familiar y a fomentar los valores que dignifican a la persona humana.
"Está claro que sin una educación apropiada la salud sufre y sin una apropiada salud la educación no es posible.
"Con base en lo anterior, presento la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al artículo 14 de la Ley General de Educación.
"Artículo Unico.- Se adiciona la fracción XI del artículo 14 de la Ley General de Educación y se recorren las subsecuentes para quedar como sigue:
"Artículo 14.- I a la X, igual.
"XI.- Apoyar la promoción de la salud mental, a través de programas que permitan la detección, orientación y, en su caso, la canalización de los educandos y los docentes, a las instituciones especializadas correspondientes, con el fin de impulsar su desarrollo integral y las demás que con carácter establezca la ley de otras disposiciones aplicables.
"Transitorio.
"Artículo Primero.- A partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, las autoridades educativas tendrán un lapso de tres años para cumplir lo establecido en la fracción XI del artículo 14 de la Ley General de Educación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de Salud.
"Palacio Legislativo de San Lázaro".
Muchas gracias, compañeros diputados, por su atención.
(Aplausos)
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
La presentación de la iniciativa que reforma los artículos 4, 166, 223 y 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del Diputado Jorge Kahwagi Macari, se pospone.
A la Mesa Directiva ha llegado un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Proceda la Secretaría a dar cuenta a la Asamblea, con el mismo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para vigilar el cabal cumplimiento de la normatividad ambiental en las labores de restauraciones de construcción de zonas hoteleras en áreas de playa y contigua al mar.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Oficio de la Junta de Coordinación Política de acuerdo al Inciso B) Numeral 1 del Artículo 34 de la Ley Orgánica Del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Artículo 14 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos legislativos relativo al orden de día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación.
Gracias.
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación.
Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobado . Comuníquese.
Se recibió, de la Comisión Especial, para dar seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, Informe trimestral sobre el avance de la gestión que permitirá conocer la situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a Presupuestar para el siguiente año.
Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
A continuación, tiene la palabra el Diputado Isidro Camarillos Zavala, para presentar Iniciativa que reforma y adiciona el Artículo 420 del Código Penal Federal y el 2. De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El diputado Isidro Camarillos Zavala: Con su venia, señor Presidente Compañeras y compañeros Diputados.
Sin lugar a dudas, una de las conductas que en los últimos años ha venido afectando el desarrollo de la actividad pesquera, lo constituye el pirateo o pesca ilegal de especies como el abulón, la langosta, el camarón, por mencionar sólo algunos, lo que provoca una verdadera anarquía en la industria, una sensible baja en los niveles productivos incluso una serie amenaza de extinción de muchas de las especies que habitan nuestros mares, en acciones que únicamente se pueden traducir como flagrante y continuo atentado a la riqueza nacional, induciendo además en muchas poblaciones pesqueras, trastornos sociales dada la dependencia existente entre las comunidades que se sostienen y viven de la pesca y por consecuencia lógica, de la disponibilidad de los recursos.
En tiempos pasados, cuando la disponibilidad de recursos y los niveles de producción eran muy superiores as los actuales, además que le densidad poblacional era inferior, la normatividad pesquera establecía medidas preventivas que significaban rigor para los depredadores o pescadores furtivos, pues la Ley Federal para el Fomento de la Pesca de 1972 en su Artículo 78-Bis, disponía pena corporal de 1 a 8 años de prisión, a los que poseían o adquirieren productos pesqueros para comercializarlos o industrializarlos, sin haber obtenido la documentación que acreditara su procedencia legal, incluso a los que carecían de dicha documentación y los proporcionaban o vendían a terceros y esto se traducía en una definitiva protección, no sólo para los pescadores organizados sino para la existencia, seguridad y desarrollo a nuestras comunidades pesqueras cuyo único medio de vida es y ha sido la pesca.
El antecedente de la interrelación: comunidad pesquera y recursos de origen marino, se encuentra en la Ley de Pesca de 1938 que establece lo que hasta antes de la Ley de Pesca de 1992 se denominaba Régimen de Especies Reservadas, categoría jurídica de diversas especies marinas de explotación exclusiva a favor de pescadores ribereños organizados en sociedades cooperativas, régimen, que además de brindar el apoyo necesario para propiciar que las costas del país se fueran poblando.
Sin duda, el régimen de especies reservadas, fue el elemento para el arraigo del pescador en las comunidades pesqueras y riberas del país y obedecen a la dependencia, arraigo y esfuerzo, que apoyan al desarrollo social, político y económico, lo que debe de traducirse en reconocerles a los pescadores, derechos estrictos y actuales, que le garanticen su permanencia y desarrollo.
Es ampliamente conocido y en conciencia nacional, el significativo desarrollo que han alcanzado las comunidades pesqueras asentadas en las riberas de nuestro país, particularmente las asentadas en la Península de Baja California, y ha sido el corporativismo pesquero nacional, sector preponderante en la creación y desarrollo social y económico de tales asentamientos, que han sabido sostenerse y desarrollarse en la medida de sus posibilidades, logrando elevar el nivel de vida de miles de compatriotas.
Las acciones de este sistema de organización social, no sólo se han limitado para proporcionar el mejoramiento para que se agrupan o asocian con estas organizaciones sino que también ha influido como definitivo elemento benéfico, produciendo una repercusión de mejoría a todos los que integran dichas comunidades.
Históricamente lo que hace a los pescadores organizados en sociedades cooperativas asentadas en las regiones o campos pesqueros de la Península de Baja California, han sido los que en gran medida han costeado y soportado los costos para la introducción y sostenimiento de servicios públicos comunitarios como son, entre otros, caminos, escuelas, clínicas, instalaciones deportivas, red y distribución de energía eléctrica, con el doble mérito por lo difícil de los accesos a sus respectivos centros de población, circunstancias que indudablemente deben ser tomados muy en cuenta, para garantizar la permanencia y el desarrollo de las referidas comunidades pesqueras.
La incontrolable y creciente actividad de pesca ilegal de recursos del mar, cuya actividad no sólo ha afectado a los pescadores organizados como titulares de permisos y concesiones para la explotación pesquera, sino han trastocado las instituciones del propio gobierno, al crearse circunstancias de corrupción de administradores, anarquía, evasión fiscal y desvío de recursos económicos en labores de inspección y vigilancia, que bien podrían destinarse para inversiones sociales.
Los diversos agentes que dentro del marco legal y tienen la actividad pesquera, constantemente y ante diversas instancias de gobierno, han propuesto reformas al Código Penal Federal, para que se establezcan medidas que puedan significar rigor para los pescadores furtivos, ya que por una parte actualmente la legislación pesquera sanciona dichos actos sólo con multas, que en muchos de los casos quedan sin ejecución, por incierto del domicilio del infractor o porque en los más de los casos, él mismo no tiene arraigo en las comunidades o lugares donde son sorprendidos.
Y por otra parte, el Código Penal Federal establece como delito y sanciona con pena privativa de libertad, a quienes intencionalmente capturan especies de origen marino declaradas en veda, siendo el caso de la ilegal explotación de dichos recursos, se realiza en toda época del año, estando o no declarada la veda, y sin respetar desde luego fallas o medidas oficiales.
Si bien es cierto, las últimas reformas a las leyes sancionadoras de pesca ilegal de atentatorias sobre recursos y riqueza nacional, como las ocurridas en el mes de diciembre de 1996, el Congreso de la Unión aprobó reformas y adiciones al Código Penal Federal y a la Ley General de Equilibrio Ecológico, estableciendo delitos en materia ambiental, con las más amplias acepciones en materia forestal, agrícola y de medio ambiente, pasando por alto las justas y constantes demandas del sector pesquero nacional, de adecuar los instrumentos legales consecuentes, para que verdaderamente cumplan con las expectativas y propuestas de control y erradicar la actividad de pesca furtiva.
En efecto, se puede concluir con medida de claridad, que no cumplieron las expectativas que en torno a la contundencia y eficiencia debería proporcionar la ley en el combate frontal a la pesca furtiva, toda vez que continúa tipificando como delito sólo cuando es en época de veda, cuando se capturan especies de la flora y fauna, consideradas como endémicas o en peligro en extinción, por lo que la pregunta es, si la piratería sólo ocurre en época de veda o si las especies como el abulón, langosta, etc., son consideradas como raras o en peligros de extinción, o si debemos esperar un decreto que establezca en peligro de extinción para poder actuar en consecuencia?
Asimismo y toda vez que para la configuración del delito de actividad de pesca ilegal, en los términos antes citados, requiere de elementos que definitivamente no corresponden a la realidad que se presenta día con día en los hechos. Sugerimos la incorporación a la Ley mediante las reformas o adiciones correspondientes, de elementos específicos que sin transgredir situaciones de orden social protejan y tutelen aquellas especies de cuya disponibilidad signifique la permanencia, estabilidad y desarrollo de comunidades pesqueras.
El día 18 de mayo del presente año, el Secretario de SAGARPA manifestaba en entrevista exclusiva: "Esas pequeñas poblaciones del norte de la Península de Baja California, las cuales están organizadas en una muy fuerte federación de sociedades cooperativas y que es la número uno en organización, tienen un reconocimiento mundial en la extracción de abulón, especie única en calidad mundial y la langosta, especies que pertenecen al sector social por mandato de ley y al que la ley debe de proteger sobre todas las demás especies".
En consideración a lo anterior, son de justificarse plenamente reformas o adiciones al Código Penal Federal para que se imponga sanción privativa de libertad a quien, en cualquier época capture, posea, transporte o comercialice con especies conocidas como abulón, langosta, camarón, erizo y pepino de mar sin contar con el permiso, concesión o autorización legal para ello, inclusive se establezca como un agravante al hecho de cometer dicha actividad con especies de origen marino declaradas en veda o en peso o talla inferiores al mínimo legal.
En la Comisión de Pesca de esta soberanía se encuentran debidamente registrados por varios años, cientos de demandas recogidas en foros que ésta ha sostenido a lo largo y ancho del país, de las conductas denunciadas anteriormente, en consecuencia, pedimos sean endurecidas las penas de los criminales en esta materia. Por lo tanto debemos insertar como delito federal dentro de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el furtivismo del que hablamos en toda la exposición de motivos de este proyecto de reforma penal, y que mediante a la reforma al 420 del Código Penal Federal que planteamos aquí mismo, se modifique el artículo 2 y se añada un párrafo 6 a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
En base a todo lo anteriormente expuesto, se propone que las disposiciones legales que actualmente sancionan circunstancias relativas a la pesca ilegal sean más contundentes y precisas y desaparezcan las circunstancias de vacío y desánimo que la actual redacción del artículo 420 del Código Penal Federal provoca y que se entienda de una vez que será el orden y el respeto a la ley el que debe de imperar en la actividad pesquera nacional y no la anarquía y sus repercusiones que a la naturaleza implican.
Por todo lo anterior, me permito someter a la elevada consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
Código Penal Federal, artículo 420: "Se impondrá pena de 2 a 9 años de prisión y multa por el equivalente de 1000 a 20 000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de la comisión del delito, a quien sin contar con la autorización, permiso o concesión debidamente expedido por la autoridad competente.
Párrafo 2: "Capture, transforme, acopie, transporte o comercialice con especies conocidas comúnmente como abulón, langosta, camarón, erizo y pepino de mar o cualquier otra sujeta a protección especial".
"En los casos cuando la captura, transformación, acopio, transporte o comercialización de las especies a que se refiere esta fracción, se haga en época de veda declarada por la autoridad competente, la pena que corresponda se aumentará en un tercio".
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Artículo 2: "Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por este solo hecho como miembros de la delincuencia organizada".
Párrafo 6: "Robe, capture, dañe, trafique o posea especies marinas de las señaladas en el artículo 420 del Código Penal Federal".
Es todo señor Presidente. Gracias. Por favor publíquese íntegro en el Diario de los Debates. Atentamente diputado Isidro Camarillo Zavala.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Así será diputado.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública.
El diputado Evaristo Corrales Macias (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Perdón.
Adelante diputado. Sonido en la curul del diputado.
El diputado Evaristo Corrales Macias (desde su curul): Sí Presidente, para solicitarle que esa iniciativa sea enviada también a la Comisión de Pesca para su opinión.
Gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Correcto, entonces se turna también a la Comisión de Pesca para su opinión.
Tiene la palabra la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
No encontrándose en el Salón de Sesiones, pasa al final del capítulo.
A continuación tiene la palabra el diputado Guillermo Tamborrel Suárez, para presentar iniciativa a nombre propio y de las diputadas Margarita Zavala Gómez del Campo y Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Guillermo Tamborrel Suárez: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia.
Honorable Asamblea:
Para el Partido Acción Nacional, la familia es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones, es el espacio primario de la responsabilidad social que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante contingencias y amenazas.
Compete a la familia comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad. La familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado.
Es función esencial de este último hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política, que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico y político.
La transformación del mundo ha influido en la integración de la familia y en sus tareas, para fortalecerlas se requiere adaptar el marco institucional con el objeto de que la proteja y promover en el hogar, los lazos esenciales de la solidaridad humana.
En la actualidad sigue siendo vigente la tesis que establece la importancia de la familia como eje central de atención por parte del Estado y de la sociedad. Los esfuerzos del gobierno se hayan mejor capitalizados cuando centran su mirada en la familia.
Sin embargo, no siempre hemos tomado en consideración en la hechura de leyes y de programas, la sinergia que genera la familia, por lo que tales acciones no han generado el cambio permanente que se requiere.
Por ejemplo, en el campo, la salud es patente que existen en muchos programas para la salud de la mujer, pero paradójicamente continúan recayendo en las mujeres las responsabilidades y los costos vitales de la planificación reproductiva sin un involucramiento de sus parejas.
Para dar otro ejemplo, podemos asegurar que la feminización de la pobreza no sólo se debe a factores estructurales como la cultura o las costumbres, sino también a la relación desigual que desde el seno familiar se ha impuesto a las mujeres y a los hombres en la educación, la capacitación, la propiedad, la herencia, la profesión, la participación en la toma de decisiones, etcétera.
De ahí la importancia de actuar con perspectiva de familia, lamentablemente la promoción y fortalecimiento de la familia como principios orientadores del quehacer público no se han asumido plenamente. Ejemplo de la carencia de esa visión transversal e integral, la encontramos en diversos cuerpos normativos, uno de ellos es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ordenamiento que establece las bases de organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal y particularmente los asuntos que corresponden a cada una de las dependencias que constituyen el Poder Ejecutivo de la Unión.
En la ley vigente, únicamente se hace alusión a las familias en el caso de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En contraparte resulta lamentable que las Secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Social, no tengan instituido el enfoque de la familia, aun y cuando instrumentan importantes acciones con perspectiva familiar, como es el caso del programa de desarrollo humano "Oportunidades".
Por otra parte, en el análisis de la ley se encuentran otras dependencias que se enfocan a la persona en lo individual en un notorio aislamiento, sin tomar en cuenta su contexto familiar; tal es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud, por mencionar sólo algunas.
Así pues, la presente iniciativa pretende incluir el enfoque de familia en el quehacer de las Secretarías de Estado que tienen incidencia directa con el bienestar de las familias, así como eliminar la visión individualista que aún persiste en algunas de ellas; por lo cual, se propone reformar las competencias de las Secretarias de: Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Energía, Economía, Educación Pública y Salud.
De las propuestas más importantes resalta la de instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que promueva y difunda los acuerdos internacionales en materia familia y de derechos humanos y proponer en su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables, las modificaciones legislativas que corresponda. Este cambio sin duda es importante, toda vez que en instrumentos internacionales tan relevantes como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, reconocen a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad.
Por otra parte, se pretende que la Secretaría de Educación Pública, diseñe y ejecute acciones para desarrollar actitudes solidarias en los individuos y para crear conciencia sobre la preservación de la salud, el valor de la familia, la eliminación de la violencia intra familiar, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios.
Este precepto guarda congruencia con lo que dispone la fracción X del artículo 7 de la Ley General de Educación, adicionando lo relativo a la violencia intra familiar, dado el potencial desintegrador que este problema representa. A las Secretarias de Salud y Desarrollo Social, se les confiere de forma expresa que el diseño e instrumentación de sus programas y acciones se realicen bajo el enfoque de familia.
Compañeras y compañeros legisladores, en la familia se materializa gran parte de la problemática que afecta a la sociedad, como adicciones, violencia, delincuencia, entre otras. Sin embargo, debemos ver en ella también un espacio clave para encontrar soluciones que permitan fortalecernos como sociedad.
Estimados amigos y compañeros, la construcción de un México fuerte, del México que soñamos cualquiera que sea éste, cualquiera que sea el proyecto de nación que la mayoría elija, exige que sus tabiques y que son sus familias, sean fuertes y sanas, que sean sólidas. México nos exige a todos nosotros que fortalezcamos a las familias mexicanas; por ello, solicito su apoyo para que esta iniciativa sea dictaminada favorablemente y así contribuir en la construcción de una sociedad más equitativa, más justa y por ende más fuerte.
Por su atención, muchas gracias.
Diputado Presidente, simplemente para solicitar que la iniciativa completa sea insertada en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Insértese la iniciativa completa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación.
Esta Presidencia ha recibido del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, iniciativa que adiciona un párrafo segundo a la fracción I del artículo 6. de la Ley de la Propiedad Industrial. Se da por recibida y se turna a la Comisión de Economía.
Esta Presidencia da cuenta de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que deroga el inciso h) de la fracción IV del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
De la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 16 al 19 de noviembre de este año, con el propósito de realizar una visita a la ciudad de Pusán, República de Corea, para participar en la XIII Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Alberto León Alvarado, Luis Humberto Chávez Cabello, Héctor Chávez Marmolejo y Félix Leonardo Morán Hinojosa, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua y en Tijuana, Baja California, respectivamente.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Areli Patricia Moya Flores, Augusto Pastaccini Daddario, Capitán de Navío Carlos Mejía Tejeda, Capitán de Fragata Miguel Ildefonso Amezaga Ramírez, Agustín Francisco Esteban Legorreta y Chauvet, Enrique de Jesús Zambrano Benítez, Lina María del Rosario Ramella Osuna, Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa, Subteniente de Intendencia Mauricio Ponce de León, para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los Gobiernos del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Italiana, la Guardia Costera y el Gobierno de los Estados Unidos de América, la República Francesa, el Reino de Dinamarca, la República de Chile, las Fuerzas Armadas de la República del Salvador y el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.
Todos ellos publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de primera lectura.
A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de registro civil, alimentos y violencia familiar.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución General de la República; 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos:
En nuestro derecho positivo encontramos las disposiciones relativas al Registro Civil en los artículos 121 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las bases de las relaciones familiares.
El 28 de marzo de 1928, por decreto del Presidente Plutarco Elías Calles, se instituyeron los jueces del estado civil, trascendiendo esta disposición hasta nuestros días en los artículos del 35 al 41 del Código Civil vigente, estableciendo las oficinas del Registro Civil para registrar el control de los nacimientos, matrimonios, adopciones, reconocimiento de hijos, divorcios administrativos y defunciones. Conforme a esta modificación las oficinas centrales del Distrito Federal son responsables de custodiar los registros producidos.
Por lo tanto, en términos del artículo 122 base segunda de la Ley Fundamental, corresponde al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, ser el responsable de su administración y no así al Jefe del Departamento del Distrito Federal como en la actualidad lo señalan los artículos 41, 148 y 151 del Código Civil Federal porque la reforma constitucional de 22 de agosto de 1996 modificó las atribuciones de su titular y ello obliga a actualizar estas disposiciones
Con más de un siglo de eficientes operaciones el Registro Civil se conduce de acuerdo a lo ordenado por el Código Civil Federal. Pero en el contexto del divorcio éste sólo señala disposiciones relativas a la obligación de expedir actas de divorcio administrativo, entendido como el hecho que desvincula a los consortes por resolución del propio oficial del Registro Civil, no así en el caso del divorcio judicial porque se suple la necesidad de ese instrumento mediante la anotación marginal que se realiza al calce de la foja en el libro de matrimonios una vez que la sentencia ha disuelto el vínculo conyugal y pasado a autoridad de cosa juzgada.
Debo asentar que parte del origen del delito de falsificación de documentos en materia de estado civil y simulación de actos jurídicos, en la actualidad hace necesaria la homologación de las normas federales con las locales en el sentido de incluir la atribuciones del Registro Civil Federal en el artículo 35 del Código Civil, la obligación de expedir un acta de divorcio necesario a fin de propiciar mayor identificación de agentes del delito de uso de documentos falsos.
Por otra parte, los artículos 302 al 323 del Código Civil Federal regulan las relaciones familiares en las que prevalece la aplicación de las normas relativas a los alimentos, que comprenden las prestaciones en dinero y en especie que una persona en determinadas circunstancias puede reclamar de otras para su subsistencia por ministerio de ley o resolución judicial.
Las formas legales de cumplimiento de dar alimentos son por pensión en efectivo o incorporación de los acreedores al seno familiar. Hipótesis que en los hechos resultan complejas de cumplir bajo los términos de lo establecido actualmente en el Código Civil Federal, dado que los fenómenos demográficos, culturales y económicos han transformado la mentalidad de la sociedad, por lo que debemos legislar para satisfacer las necesidades del país con normas protectoras de los derechos de las personas necesitadas de alimentos, discapacitados, adultos mayores, personas en estado de interdicción. Y prever la continuidad de esta prestación en los casos de nulidad de matrimonio, incluir la hospitalización como parte de esta institución.
Asimismo aplicar las sanciones ante la renuencia de los deudores o empresas a cumplir la obligación de dar alimentos derivada de un mandato judicial a fin de desarticular los posibles sucesos dilatorios o fraudulentos que no deben sufrir las familias mexicanas. Es por ello que presento esta iniciativa que tiene el propósito de responder a las necesidades de justicia social de la población.
En los últimos 20 años hemos visto cómo crecen los casos de violencia familiar como un grave problema que destruye la armonía familiar en nuestra cultura, afectando a la sociedad por su impacto en la conciencia comunitaria y ante la necesidad de contar con medios para apoyar a quienes padecen estos fenómenos conforme a sus necesidades sicosociales y al no existir en el Código Civil Federal un apartado de violencia familiar que resuelva las demandas ciudadanas, propongo la presente iniciativa para reformar los artículos 320 y 232 del citado Código.
Los diputados integrantes de esta LIX Legislatura, debemos tomar conciencia de la trascendencia histórica del Código Civil en el país, porque esta codificación es la que aplica todos los días en los juzgados locales y federales, por lo que tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de representación popular reconociendo a los mexicanos la confianza otorgada en el mandato conferido en las urnas, mediante la aprobación de ordenamientos que brinden certeza jurídica de que los órganos jurisdiccionales impartirán justicia de manera eficaz y con sentido humano.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyectos de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal:
Artículo único.- Se reforman y adicionan los artículos 35, 41, 148, 151, 302, 306, 308, 311, 315, 316, 320, 323, 323 bis del Código Civil Federal para quedar como aparecen publicados en la Gaceta Parlamentaria del 4 de noviembre del año en curso.
Transitorio:
Artículo único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los once días del mes de noviembre del año 2005.
Solicito de manera atenta y respetuosa, señor presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Publíquese íntegra la iniciativa del señor diputado en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Se recibió del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 113 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibieron del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, las siguientes iniciativas:
Iniciativa que reforma los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Asistencia Social, de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles del Instituto Mexicano de la Juventud, del Instituto Nacional de las Mujeres, General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y General de Educación.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Iniciativa que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.
Iniciativa que adiciona las fracciones VII, VIII y IX del artículo 444 del Código Civil Federal.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Se recibió de integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, iniciativa de Ley de Planeación para la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional.
Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Tiene la palabra el diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Roger David Alcocer García: Con su permiso señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.
El diputado Roger David Alcocer García: El tema de la improcedencia del juicio de amparo en materia política, ha sido tratado desde el siglo XIX como un dogma histórico jurídico establecido como consecuencia de la situación política que privaba en nuestro país en la época de la consolidación de su independencia, de sus instituciones jurídicas, de su estructura como Estado y nación independiente.
Así desde los tiempos del insigne jurista don Ignacio L. Vallarta y de la publicación de su obra "Cuestiones Constitucionales", se estableció una diferencia que marcaría la pauta para la distinción histórica, aparentemente perpetua entre las garantías individuales y los derechos políticos de los ciudadanos.
En la misma época existieron posturas y tesis como la denominada "Incompetencia de origen o tesis", de José María Iglesias, por medio de la cual este ilustre jurista sostuvo el criterio de que el amparo procedería contra los actos de autoridad incompetente o autoridad legítima, incluso en los ámbitos en que la política se entrometiese a grado tal que la línea tenue que divide los derechos políticos de las garantías individuales, desapareciere. Y por virtud de un mismo acto se afectaran derechos políticos y garantías individuales al unísono.
Por lo anterior debemos de adentrarnos también en un ambiente histórico propicio que nos lleve a comprender el origen o la génesis de la diferenciación dogmática establecida por nuestro máximo tribunal en torno de los conceptos de garantías individuales y derechos del hombre y derechos políticos del ciudadano.
En el marco de la historia del derecho constitucional y electoral, existen mecanismos de regulación de medios de control constitucional, encaminados a la tutela y protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, y en su caso, sus características particulares intentando subrayar la importancia que reviste para el sistema jurídico mexicano la función de control constitucional realizada por órganos jurisdiccionales a través del juicio de amparo, así como proponer una posible extensión de dicha función de control a diversas materias, en particular la electoral, partiendo de la necesidad de someter todos los actos de autoridad a los principios de certeza y legalidad como requisito sine quanon para la preservación de todo estado de derecho y la conservación de la paz social en el mismo.
La estructura actual del Poder Judicial de la Federación a través de cada uno de sus órganos, en particular la estructura y el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otrora Tribunal Federal Electoral, originada por las reformas constitucional y legal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en agosto y noviembre de 1996 respectivamente, permite una tutela más amplia de los derechos de naturaleza política de los gobernados, pues como consecuencia de dichas reformas, se dio origen a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, con lo que se aclaró un poco la penumbra en que se encontraba la tutela de los derechos políticos de los gobernados que había perdurado durante casi dos siglos y por virtud de las mismas, se definió la competencia de las autoridades electorales federales ungiéndolas con la investidura de autoridad máxima y especializada en dicha materia.
Por consiguiente, es necesario identificar en qué casos puede ser admitida a trámite una demanda de garantías cuyos efectos de fondo desemboquen en la salvaguarda y tutela de derechos de índole política para los gobernados, partiendo de la premisa de que la luz de las garantías de seguridad jurídica como son las de audiencia y legalidad, todo acto de autoridad que vulnere la esfera jurídica del gobernado, por lo que respecta a sus garantías individuales, es susceptible de combatirse por la vía del juicio de amparo.
La presente reforma tiene como inspiración la magnificencia que ha alcanzado el amparo mexicano a lo largo de la historia constitucional de nuestro país.
Siguiendo los ideales que sostenía el apotegma solitario y abandonado en ocasiones del célebre jurista don José María Iglesias, que rezaba. "Sobre la Constitución nada ni nadie".
Actualmente el juicio de amparo es improcedente en materia política, según se desprende de la interpretación de las fracciones VII y VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, dejando intocables los actos y resoluciones de las autoridades en materia electoral que pudieran vulnerar la esfera jurídica de las garantías individuales de los gobernados.
Asimismo los medios de impugnación en materia electoral no son procedentes cuando se pretenda impugnar la no conformidad a la constitución de leyes federales o locales, pero no existe una disposición expresa en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que proteja a los gobernados y sobre todo a los ciudadanos cuando las autoridades electorales cometan excesos en su actuar y ello traiga como consecuencia una repercusión en la esfera de sus garantías, sobre todo en las de seguridad jurídica como la de legalidad, pues si bien es cierto que existen criterios jurisprudenciales que tratan de rescatar este vacío jurídico, también lo es que tanto la Ley de Amparo como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral son omisas al respecto.
"Unicamente existen al respecto documentos como la tesis jurisprudencial de la novena época, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo 10 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de fecha de septiembre de 1999 que dice lo siguiente:
"Reforma constitucional. Amparo contra su proceso de creación. Procede por violación a derechos políticos asociados con garantías individuales la interpretación del contenido del artículo 73 fracción VII en relación con jurisprudencias sustentadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lleva a determinar que por regla general el juicio de amparo en el que se pretendan deducir derechos de naturaleza política es improcedente, siendo excepción de lo anterior la circunstancia de que el acto reclamado además de tener connotación de índole política también entrañe la violación de derechos subjetivos públicos consagrados en la propia Carta Magna".
"Por tanto, tratándose de ordenamientos de carácter general con contenido político electoral, incluidos los procesos de reforma de la Constitución para la procedencia del amparo se requiere necesariamente que la litis verse sobre violación de garantías individuales y no solamente respecto de trasgresión de derechos políticos, los cuales no son reparados mediante el juicio de garantías.
"En este orden de ideas la diferencia sustancial entre el amparo mexicano y los medios de control constitucional establecidos en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral es entre otras la improcedencia de la suspensión del acto reclamado en éstos y la procedencia de la misma en aquél.
"Pensar lo contrario sería aceptar que las autoridades en materia electoral puedan expedir actos carentes de toda fundamentación y motivación o formalidades esenciales contenidas en nuestra Carta Fundamental.
"En atención al razonamiento basado en que las lagunas constitucionales y legales que dejan en estado de indefensión a los gobernados deben ser subsanadas para impedir que actos de las autoridades electorales permanezcan firmes cuando adolezcan de deficiencias constitucionales o legales es necesario implementar un mecanismo de tutela, consistente en lo siguiente:
"Reformar la fracción 7 del artículo 73 de la Ley de Amparo incorporando los criterios jurisprudenciales que permitan la procedencia del juicio de amparo cuando se violen derechos políticos al mismo tiempo que garantías individuales, permitiendo la defensa de los gobernados ante tales violaciones.
"Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente reforma-decreto:
"Artículo único.- Se modifica la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo para quedar como sigue: Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente...
"VII.- Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, siempre que se trate de algunos de los siguientes supuestos:
"a) Que la supuesta violación afecte o pudiera afectar derechos de naturaleza distinta de la de las garantías individuales y
"b) Que se trate de actos o resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, independientemente de la naturaleza de los derechos afectados.
Transitorios
"Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al texto expreso del presente decreto.
"Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de noviembre".
Pido por favor que se inserte íntegro al Diario de los Debates pues también comento que se ha publicado íntegro en la Gaceta Parlamentaria con fecha del viernes 4 de noviembre del 2005.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias Diputado.
Insértese el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Bravo Carvajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 12, 79 y 91 de la Ley Federal de Armas de Fuego y de Explosivos.
El diputado Francisco Javier Bravo Carvajal: Con su permiso, diputado Presidente.
"Compañeras y compañeros:
El de la voz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 12, 79 y 91 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de la siguiente.
"Exposición de Motivos
"Uno de los grandes problemas del trabajo legislativo es el de la técnica legislativa. Este problema es originado generalmente por la premura con la que se realizan las leyes o sus reformas. Es necesario que seamos conscientes de este problema, para evitarlo.
"Como bien lo señala Miguel Carbonell en su obra Elementos de Técnica Legislativa. Y cito: Si a un ordenamiento necesariamente complejo y disperso se une una defectuosa técnica legislativa, es probable que aún sin hacerlo de forma intencionada muchas leyes no se cumplan en la práctica. Termino la cita.
"Las políticas públicas diseñadas para llevar a cabo las tareas del Estado, se aplican con mayor éxito si las normas que la rigen son poco claras, complicadas o contradictorias. En estos casos la puesta en práctica de tales políticas es probablemente que sea poco satisfactoria en caso de que efectivamente se lleve a cabo.
"Un punto claro donde puede darse este problema, es en el de los reenvíos que se dan cuando un texto legislativo se refiere a otro como parte de su contenido, creando una dependencia respecto de ella en orden a la determinación de su propio sentido.
"Una vez que se decide realizar un reenvío en la ley, es necesario que en la remisión se indique claramente el objeto a que se dirige; no hacerlo así provoca incertidumbre jurídica y problemas de aplicación de la ley.
"Ejemplo claro de esta situación es la materia de esta iniciativa, pues la intención es eliminar un caso en el que el reenvío que se contiene en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es incorrecto conforme a lo previamente expuesto.
"Así encontramos que en los artículos 12, 79 y 91 se sigue realizando un reenvío refiriéndose al Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal, cuando lo correcto es simplemente el Código Penal Federal.
"Esta incorrecta remisión genera confusión en cuanto a la norma aplicable a un caso concreto y además puede generar un problema grave, en donde no pueda aplicarse la norma al caso concreto, en virtud de que el derecho penal es de aplicación estricta, es decir, a la letra y no meramente por analogía.
"Lo anterior nos lleva a aseverar que esta reforma aunque sencilla es realmente importante y necesaria y nos lleva a entender lo delicado del trabajo legislativo, pues es obligado para el legislador prever estos problemas al momento de pensar en una reforma de gran trascendencia. Es decir, en concreto deben cuidarse estos pequeños detalles que pueden generar grandes problemas.
"Así las cosas, me permito transcribir los artículos a que se refiere la presente iniciativa, destacando cómo en cada uno de ellos se contiene el reenvío legislativo a la norma incorrecta.
"Redacción vigente: Artículo 12.- Son armas prohibidas para los efectos de esta ley, las ya señaladas en el Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal.
"Artículo 79.- Cuando se asegure o recoja un arma en términos del artículo anterior, el funcionario que lo realice deberá informarlo de inmediato a su superior, quien lo hará del conocimiento del Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables para los efectos que procedan. Si no se dan los informes citados, el responsable deberá cubrir el importe de diez días de multa.
"Se equipara al delito de robo previsto en el artículo 367 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal y se aplicarán las mismas penas cuando el servidor público que asegure o recoja un arma no la entregue a su superior jerárquico o, en su caso, a la autoridad competente.
"Artículo 91.- Para la aplicación de la sanción pecuniaria en vías multa, se estará a lo dispuesto en el Artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal.
Es de señalarse, que el Código Penal para el Distrito Federal se encuentra vigente desde Julio del 2002 y en su contenido ya no corresponde a las remisiones planteadas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo que nos lleva a la presentación de esta Reforma.
Por lo anteriormente expuesto, el de la voz, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, a presente Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman los Artículos 12, 79 y 91 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Artículo Unico.- Se reforman los Artículos 12, 79 y 91de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para quedar como a continuación se propone.
Artículo 12.- Son armas prohibidas, para los efectos de esta Ley, las ya señaladas en el Código Penal Federal.
Artículo 79, 2. Párrafo, se equipara al delito de Robo previsto en el Artículo 367 del Código Penal Federal y se aplicarán las mismas penas cuando el servidor público que asegure o recoja una arma, no la entregue a su superior jerárquico o, en su caso, a la autoridad competente.
Artículo 91. Para la aplicación de la sanción pecuniaria en vías multa, se estará a lo dispuesto en el Artículo 29 del Código Penal Federal.
Es cuanto, Diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias Diputado.
Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.
Tiene la palabra la Diputada Marcela Guerra Castillo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Iniciativa que reforma el Articulo 22 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Acumulación de Penas.
La diputada Marcela Guerra Castillo: Con el permiso de la Presidencia.
Honorable Asamblea.
Una de las principales funciones del Estado es velar por el funcionamiento armónico de la sociedad, preservando y fomentando sus valores fundamentales, entre los cuales encontramos el respeto a la vida humana y a los derechos de la propia existencia, que derivan ,es decir, los derechos humanos y constituyen y deben de constituir el objetivo primordial de la organización jurídico política de las sociedades modernas.
Conforme nuestra Ley Fundamental, el Sistema Penal se organiza sobre la base de la sanción punitiva, a conductas antisociales, la cual constituye casi sin excepción, especie de castigo con que culmina el Derecho Penal Mexicano
Es pertinente reconocer que en este país, la prevención del delito es una de las herramientas usadas con mayor efectividad por las autoridades de nuestro país, así como el objetivo readaptatorio de los delincuentes de las cárceles mexicanas, prácticamente no se realiza.
En nuestro país debemos de entender, como fin primario de la pena del restablecimiento del orden externo de la sociedad, además debemos agregar las siguientes características fundamentales, que son: el deber ser ejemplar intimidatoria y justa, es realizar estos principios que la acumulación de penas en nuestro país debe de ser procedente.
Debemos de entender como ejemplar, una situación positiva que muestra una virtud o el castigo a un crimen, la acumulación de penas produce un efecto intimidatorio para las personas con planes delictuosos y por ello debe aplicarse a diversas conductas que deben de ser evitadas
Además debemos agregar que es justa porque no hay violación en lo absoluto, a la igualdad y tampoco se produce una discriminación Todos los destinatarios de la imposición de las penas, serán tratados de la misma manera si incurren en estos delitos.
Uno de los objetivos es la (?) efectiva de la proliferación de las conductas antisociales; otro, el de los fines del Estado, que es el de terminar con la impunidad de quienes cometiendo diferentes delitos, al final sólo son sujetos de castigo y penalidad de uno de ellos, por lo que resulta necesario que conductas criminales queden impunes, por lo cual es necesario hacer un replanteamiento del marco jurídico vigente en nuestra Carta Magna y establecer un endurecimiento de las penas como mecanismo, que tienda a la conservación del orden social y de la punibilidad de las conductas que se alteran.
Sobre este particular el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha discutido los alcances de la cadena perpetua en México, por primera vez en la historia reciente el máximo tribunal el pleno de los Ministros analizó los principios básicos del sistema y aplicación de penas privativas de la libertad, considerando que el sistema de acumulación de penas no es violatorio de la Constitución, es decir, no es considerada como pena inusitada o trascendental, como establece el párrafo primero vigente del Artículo 22 de la Constitución Política de nuestro país.
Francesco Carrara, refiriéndose a la necesidad de que las penas deben de contener principios humanistas puntualizaba, cito: "El principio fundamental del derecho punitivo lo encuentro en la necesidad de defender los derechos del hombre y en la justicia encuentro el límite de su ejercicio así como en la opinión pública hay hoy instrumento moderador de sus formas, el momento de tener firmeza en la aplicación de las leyes justas y proporcionadas al delito cometido".
Esta situación ha tratado demasiado en llegar a nuestro país, el sistema de acumulación de penas es totalmente justo, proporcional para los delincuentes que cometen atrocidades a la sociedad de nuestro país, como son los delincuentes que cometen delitos contra la salud, secuestradores, la delincuencia organizada, homicidios dolosos de mujeres y niños.
Compañeras y compañeros legisladores, el que ha atentado contra la sociedad que representa dejar criminales en las calles por la falta de adecuación a nuestro marco legal supremo, es hoy un problema que debemos de entender y atacar en su hondo, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre el particular, es decir, si el máximo tribunal de nuestro país ha considerado que la acumulación de penas en delitos específicos no debe considerarse como una pena trascendental e inusitada, es nuestra obligación entonces, como legisladores, establecer la procedencia de esta figura para delitos graves, de manera clara y precisa en nuestra Carta Magna.
Se trata de un ejercicio de actualización y de congruencia con las tesis jurisprudenciales y con los reclamos de nuestra sociedad en el momento presente, con base en lo anterior la presente iniciativa pretende dar respuesta a las innumerables inquietudes de los diferentes actores de la sociedad preocupados por la seguridad pública y dar castigo a quien la transgrede.
Son inquietudes y preocupaciones que los legisladores no podemos ignorar y que a partir de los últimos tiempos violentos de inseguridad e impunidad por la que atraviesa nuestro sistema de procuración de justicia, debe considerarse como un tema obligatorio, de analizar y resolver en el Poder Legislativo Federal.
Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo al Artículo 22 Constitucional, recorriéndose los subsecuentes en el orden correspondiente.
ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 22.- No se considerará pena inusitada y trascendental la acumulación de penas por la Comisión de dos o más de los siguientes delitos contra la salud, delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y homicidio doloso cometido en contra de mujeres o menores, corrupción de menores e incapaces, pornografía infantil y prostitución sexual de menores, así como cuando la comisión de cualquiera de los anteriores haya concurso de cualquier otro tipo de delito.
ARTICULO TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuento señor presidente.
La Presidenta diputada María Marcela Salas Gonzáles y Petricioli: Gracias diputada Guerra, favor de turnarse a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia acaba de recibir de la Junta de Coordinación Política, el siguiente documento:
Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos Relativos al Orden del Día de Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicitamos a usted atentamente que los dictámenes que a continuación se señalan que fueron publicados en el orden del día del 11 de noviembre del año 2005, sean agendados antes del capítulo de iniciativas:
Primero. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se le concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentase del territorio nacional del 16 al 19 de noviembre de este año, con el propósito de realizar una visita a la Ciudad de Pusán, República de Corea para participar en la XIII Reunión de los Líderes de Mecanismos de Cooperación Asia-Pacífico, APEC.
Dos. Dictamen del decreto que deroga el Inciso H de la fracción 4 del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Sin más por el momento, agradecemos.
Con la firma del diputado, por ausencia del diputado Pablo Gómez, firmada por Eduardo Espinosa Ramos, del diputado Emilio Chuayffet Chemor, por ausencia del diputado José González Morfín.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 16 al 19 de noviembre del año 2005 y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela Salas Gonzáles y Petricioli: Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el decreto único del proyecto de decreto.
Se han registrado para fijar posición de sus grupos parlamentarios...para la discusión en lo general y en lo particular se han registrado para fijar posición de...Se han registrado para discutir en lo particular y en lo general, los siguientes diputados:
En contra, la diputada Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Juan José García Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Jorge Martínez Ramos.
Favor sonido a la curul de don Pedro Avila Nevares.
El diputado Pedro Avila Nevares (desde la curul): Quiero registrarme en contra.
La Presidenta diputada María Marcela Salas Gonzáles y Petricioli: Diputado don Pedro, en términos del artículo 123, cuando se pidiere la palabra en contra hablarán todos los que lo pidieren, pero después de haber hablado tres se preguntará si el punto está suficientemente discutido.
Sonido a la curul del diputado Jorge Martínez Ramos.
El diputado Jorge Martínez Ramos (desde la curul): Yo declino Presidenta, mi turno de la intervención, con el ánimo de que don Pedro pueda pasar a la tribuna.
La Presidenta diputada María Marcela Salas Gonzáles y Petricioli: En consecuencia, don Pedro, sería usted el tercero en el turno.
En lugar del diputado Martínez Ramos, hablará el diputado Pedro Ávila, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia tiene el uso de la palabra nuestra compañera, la diputada Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Cristina Portillo Ayala: Con su venia, señora Presidenta.
Ojalá este debate fuera para confrontar nuestros diferentes puntos de vista. Hago un llamado a los diputados que van a votar a favor de que el Presidente siga saliendo del país a decir lo que se le ocurra, para que este diálogo y este debate sea digno de esta Cámara de Diputados.
La IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata, ha sido escenario para escribir uno de los capítulos más negros de la diplomacia mexicana.
La política exterior, que durante décadas sirvió de dique para contener presiones externas, ha dejado de responder a los supremos intereses de la Nación.
Es muy lamentable que por el protagonismo de asumirse como vocero oficioso de una visión comercial expansionista al servicio del modelo neoliberal, el Presidente Vicente Fox haya confrontado abiertamente con los hermanos países que integran el Mercosur y Venezuela.
Más grave aún es que Vicente Fox sabía con certeza que con su posición iba a provocar el rechazo claro y abierto de los principales países de América del Sur, que están empeñados en la lucha por cambiar los criterios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y en lograr un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio, que prohibía los subsidios de los estados ricos a sus agricultores, antes que pensar en abrir sus fronteras a las poderosas empresas norteamericanas.
Incluso, es absurdo que el Presidente Bush se haya mostrado mucho más cauto y respetuoso al abordar el tema.
Exabruptos como las expresiones de Vicente Fox, de "hacerle el amor el ALCA", o lo de "el del fútbol al fútbol" o de "la política a la política", desatenciones como no asistir a reuniones que conformaban y formaban parte del protocolo, no responden a una brillante tradición diplomática que fue orgullo para México, más allá de filiaciones partidistas.
La orientación histórica de nuestra política exterior estaba basada precisamente en equilibrar la enorme y muchas veces nociva influencia del poderoso vecino del norte, con una activa participación en el plano internacional.
En Mar del Plata la estrategia de Vicente Fox ha tenido nuevamente como aspecto medular, el convertir a las relaciones con los Estados Unidos en el eje fundamental de la política exterior mexicana, subordinando las relaciones con el resto del mundo, especialmente con América Latina.
De ser un país respetado y respetable por su sensatez, en una era de polarización con la política exterior del actual gobierno, México se ha convertido en un país aislado en América Latina, en un socio menor de Estados Unidos sin autoridad para influir en los asuntos que directamente nos afectan.
Entonces no se entiende ni se justifica el por qué de la beligerancia de Vicente Fox en contra de los países que en ejercicio legítimo de su soberanía, han condicionado la firma del Acuerdo Comercial a que Estados Unidos y la Unión Europea acepten eliminar subsidios y barreras proteccionistas en beneficio de sus productores agrícolas.
Para el PRD la política exterior de México debe privilegiarse en su situación geopolítica de privilegio que le permita establecer lazos económicos y políticos con diversas regiones.
Ha de sustentarse también en la búsqueda de un orden internacional justo y equitativo, en el absoluto respeto a los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, no-intervención, solución pacífica de las controversias, igualdad jurídica de los estados.
Por eso, ante esta amarga experiencia vivida en la Cuarta Cumbre de las Américas, nuestro grupo parlamentario considera que el Poder Legislativo debe de ejercer de manera más estricta su función de vigilancia frente al Ejecutivo en materia de política exterior y convenios económicos. Proponemos como medida inmediata, que la aprobación de los viajes del Presidente Vicente Fox al exterior se sujete a dos condiciones:
Una. En el marco de nuestra Constitución el Presidente debe de asumir una posición de Estado y no personal frente a todo tipo de tratados internacionales en materia económica.
Segundo. Que el titular del Ejecutivo se comprometa a dispensar un trato respetuoso y diplomático frente a otros Jefes de Estado de Gobierno.
Para finalizar, decimos: indudablemente que en beneficio de los intereses de México, es tiempo ya de frenar en el exterior comportamientos y declaraciones que no corresponden a una función diplomática y a evitar de plano el turismo presidencial que se ha ejercido en este sexenio de manera irresponsable.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela Salas Gonzáles y Petricioli: Gracias diputada Portillo Ayala.
A continuación tiene el uso de la voz por cinco minutos, el diputado Juan José García Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juan José García Ochoa: Hace unos días la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó, por conducto del Subsecretario Jakin, la propuesta de los objetivos del viaje del Presidente de la República a la Cumbre de las Américas.
Ahí diversos diputados planteamos la necesidad de posesionar a nuestro país en relación al comercio, incluyendo los temas del comercio justo, de la prosperidad, de la integración de una manera diferente al ALCA y la Subsecretaría se comprometió a hacer llegar estas opiniones al Presidente y considerarlas en las opiniones que éste emitiera en la propia Cumbre; esto no sucedió.
Hoy nos vienen a volver a presentar una agenda de reuniones para una Cumbre de APEC, que por cierto, tampoco es indispensable que el Presidente de la República esté presente en la Cumbre, no es requisito indispensable para nuestro país, pero la oportunidad que vemos nosotros, el PRD, es de discutir la relación que tiene el Presidente con el Congreso en materia de política exterior.
Si bien es cierto el artículo 89 le da la facultad al Presidente de la conducción de la política exterior, hay otros artículos constitucionales que dan diversas facultades al Legislativo para interactuar en materia de política exterior: nombramiento de embajadores, la glosa, la evaluación que hace el propio Senado de la República, la aprobación del presupuesto de la Cancillería y éste que es el tema de hoy, el artículo 88, que nos faculta a discutir los viajes.
Hay una ley que fue publicada en agosto del año pasado, en esta ley sobre la aprobación de tratados en materia económica, obligaba al Presidente a entregar informes de lo que se va a negociar en materia económica, incluyendo por supuesto el ALCA. No hubiéramos tenido el papel que tuvimos, si se hubiera cumplido con el debate a que está obligado el Presidente sobre los tratados en materia económica, si nos hubiéramos sentado a discutir una política de Estado, no ha presentar en el exterior posiciones personales o de grupo, que ése es en esencia el problema que tenemos con el Presidente.
No está presentando en el exterior posiciones de Estado, por eso se está quedando solo, se está quedando solo frente a otros jefes de Estado; no lo podemos defender, porque lo que él defiende, no es lo que nosotros creemos. Le hemos dicho muchas veces con puntos de acuerdo, con opiniones, le hemos manifestado que estamos en contra del ALCA y de este tipo de negociaciones comerciales y lo sigue haciendo.
Por eso, creemos que este voto de hoy, que vamos a dar nosotros en contra de que el Presidente salga, no es para obstaculizar la política exterior, es para obligar al Presidente a discutir una política de Estado. Sin duda alguna, contará con el respaldo del Congreso si está dispuesto a discutirlo; pero si no, solo va a quedar en el mundo. Si lo atacan, lo atacan a él, no al Estado Mexicano, porque el Estado Mexicano somos muchos, no solamente el Ejecutivo. También cuenta el Legislativo.
Queremos también pedir de manera respetuosa, aquí lo hacemos en tribuna; consideramos que el Secretario de Relaciones Exteriores ya no es interlocutor de nuestro país frente a otros países. El cúmulo de desaciertos ha provocado que se haya perdido la interlocución y la fuerza que debe tener un Canciller para defender las posiciones de su gobierno; por eso queremos sentarnos a discutirlo, no en un afán destructivo, sino en un afán constructivo.
Hoy, la política exterior ya no la construye un solo hombre, la política exterior la construimos entre todos; por eso votamos en contra utilizando este derecho legislativo que tenemos, para promover este debate de la política exterior.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela Salas Gonzáles y Petricioli: Ha solicitado el uso de la voz para hablar en pro, el diputado Rafael García Tinajero, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su venia, diputada Presidente.
Cómo desearíamos estar cerrando filas con el presidente de la República; cómo quisiéramos hacer un frente común y rechazar juntos, por injuriosas, las expresiones vertidas por los Mandatarios de Venezuela y Argentina. Pero no puede ser así, desgraciadamente no, y no puede serlo porque lo que ha dado lugar a la serie de declaraciones, a los dimes y diretes que todos ya conocemos, es precisamente la conducta de nuestro Presidente durante la pasada Cumbre de las Américas.
Nuestro Presidente mantuvo una actitud políticamente incorrecta, carente de respeto hacia mandatarios de naciones soberanas, que no contribuye en nada a lograr un ambiente de cordialidad y cooperación entre México y las Naciones Sudamericanas opuestas al ALCA.
Una actitud que no fue la de defensor del interés nacional, sino la de promotor del interés de un país con el más alto desarrollo capitalista que intenta definir e imponer el resto del mundo, en este caso a Latinoamérica, políticas económicas, sociales, culturales y de relación internacional, acordes a su conveniencia y en nombre del libre mercado y el flujo sin restricciones de mercancías y capitales.
La conducta del Presidente Fox, fue la del empleado menor que no pudo cumplir cabalmente a las instrucciones de sus jefes. Sus declaraciones y sus actos fueron de molestia, acusación, enojo. Arremetió contra el anfitrión y contra aquel mandatario que con mayor solidez se ha manifestado en contra de profundizar la hegemonía de Estados Unidos en nuestro subcontinente (), de un modelo que no pretende integrar sino subordinar a nuestras naciones y que a la vista de los resultados del TLC, sólo incrementaría la dependencia económica y la desigualdad entre naciones y entre ciudadanos de una misma nación.
Naturalmente, el Presidente Chávez, a quien el Presidente Fox señala como alguien que se calienta con la gente y sólo busca las cámaras, y el Presidente Crischtner, a quien calificó como mal anfitrión por atender los intereses de los argentinos, dieron las respuestas que ya conocemos.
Coincido con Muñoz Ledo, quien hoy señala que la conducta del Presidente de la República en la Cumbre de las Américas, por frívolas, servil y bufonesca, enciende un profundo sentimiento de vergüenza nacional.
Es evidente que la conducción de la política exterior de México está extraviada. El Presidente Fox carece de preparación, tacto político y sensibilidad para establecer puentes que permitan extraer el mayor provecho de nuestra posición geoestratégica. Hace caso omiso a los preceptos constitucionales que en materia de política exterior debe cumplir y hacer cumplir. Esto ha traído como consecuencia la pérdida de liderazgo y el prestigio que nuestro país tenía en el concierto de las naciones.
La Cancillería y sus altos mandos, están ocupados por quienes no tienen ni la formación profesional ni antecedentes en el servicio exterior y mucho menos la experiencia para la conducción de nuestra diplomacia
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito por favor diputado García Tinajero
El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Al final.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: No bueno, un momentito por favor.
Sonido a la curul de la diputada González Carrillo.
La diputada Adriana González Carrillo (desde su curul): Presidenta, quisiera preguntarle a usted si el orador se ha registrado para hablar a favor o en contra.
El diputada Rafael García Tinajero Pérez: Me registré para hablar a favor del dictamen y le suplico a usted que
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se prohíben los diálogos.
El se registró para hablar a favor.
La diputada Adriana González Carrillo (desde su curul): Presidenta, entonces le quiero pedir una moción de orden porque el orador está hablando en contra. Le pido que le llame la atención para que se apegue a lo que ha solicitado y la presidencia se apegue al artículo 123.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señorita diputada con mucho gusto. El señor solicitó para hablar a favor del dictamen.
Continúe usted.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Permítame un momento.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se prohíben los diálogos.
Continúe usted señor diputado.
El diputado Rafael García Tinajero: La cancillería y sus altos mandos están ocupados por quienes no tienen ni la formación profesional ni antecedentes en el servicio exterior y mucho menos la experiencia para la conducción de nuestra diplomacia
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por favor un momento señor diputado.
Sonido a la curul del diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega (desde su curul): Según su registro eran tres oradores en contra, es correcto?
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Exactamente señor diputado, eran tres y se registró uno a favor, que siempre tiene derecho a que se le dé la palabra cuando se habla a favor señor diputado.
Favor de continuar diputado García Tinajero.
El diputado Rafael García Tinajero Salas: Suplico a los presentes tengan la atingencia y la cordialidad de escuchar hasta el final el discurso y sabrán por qué nos inscribimos a favor.
La cancillería y sus altos mandos están ocupados por quienes no tienen ni la formación profesional ni antecedentes en el servicio exterior y mucho menos la experiencia para la conducción de nuestra diplomacia.
Parece ser que el único objetivo de la política exterior del gobierno actual es responder al interés norteamericano; colgarse de su proyecto hegemónico. Esta política exterior ni es pragmática ni es de principios, es errática, confusa, sin rumbo ni objetivo. Es la política y después me preguntan por qué de la Diana Cazadora.
Estamos discutiendo y votaremos la solicitud del Titular del Ejecutivo para ausentarse del país y asistir a una reunión internacional. El Congreso puede negar o autorizar esta solicitud como un acto de control del Ejecutivo. Así está consignado en nuestras leyes.
Hay quien se pronuncia por negar la autorización y desde mi punto de vista no faltan razones. Sin embargo, dado el contexto político actual, considero que las repercusiones y asumir esta postura serían negativas. En primer término se enviaría un mensaje hacia el exterior, de desunión entre mexicanos. Segundo, abonaríamos hacia adentro de México a favor de aquéllos que señalan al Congreso como el principal culpable de que el país no avance, como el obstáculo a la labor del Presidente.
Seríamos descalificados y nuestra posición aunque justa, denostada como un acto pueril y como una muestra incontrovertible de tales asertos. Votemos en esta ocasión por la autorización de la salida del Presidente pero advirtámosle: Este Congreso no está de acuerdo con la manera en que ha conducido la política exterior. Es urgente la revaloración de ésta. Ponerla al día definiendo el interés nacional. Trabajar para recuperar nuestro prestigio, liderazgo y capacidad negociadora en el escenario internacional.
Concluyo. El Presidente por su parte debe comportarse en sus viajes al exterior como un auténtico Jefe de Estado y no con la frivolidad con la que se ha conducido. De lo contrario, el Congreso deberá establecer por las vías jurídicas a su alcance, un mayor control de la política exterior. Proscribir durante el resto de su mandato sus viajes al exterior y determinar la más rigurosa vigilancia de su conducta externa
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado favor de concluir.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Concluyo, cuando faltan los argumentos están muy bien los silbidos y los gritos
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: No hay diálogos señor diputado.
Gracias.
Consulte la secretaría a la Asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Perdón, perdón, falta el diputado Pedro Avila Nevarez, en contra, por parte del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Pedro Avila Nevares: Con su permiso, señora Presidenta.
Hemos sido testigos una vez más, de la vergonzante actitud del Ejecutivo Federal en la IV Cumbre de las Américas. Sin menor vergüenza, se autonombró el promotor de la política de Bush.
Como se ha dicho en la columna de un prestigiado periodista, El Astillero, este presidente tiene una plaza en la empresa maquiladora de relaciones exteriores donde se construye y produce la ignominia, el servilismo y la entrega.
Si las ignorantes declaraciones del vocero presidencial tienen como objeto disculpar las torpezas del presidente, no hace su trabajo. Como siempre, se insiste en disculpar con el tedioso argumento de en el pasado los errores del presente.
No es razonamiento decir que la política exterior era usada por el partido en el Poder cuando todos los mexicanos, desde la primaria, conoce el excelente papel que siempre jugo la política exterior de los gobiernos priístas.
No podemos dejar de pasar las permanentes torpezas del presidente Fox en sus viajes al extranjero. Ya no podemos permitir que salga el presidente a regar por el mundo su ignorancia poniendo en vergüenza al país.
No vengan a decir que como en el pasado, ahora lo hacen ustedes. Dónde quedó su promesa de cambio? Nunca cambiaron porque no tenían qué cambiar. Nunca tuvieron un programa de gobierno. Nunca supieron gobernar.
Sólo recuerden las grandes decisiones del general Lázaro Cárdenas durante la guerra civil de España; recuerden la posición de México en la política de no intervención cuando Cuba era continuamente atacada en la OEA, y nuestro país siempre estuvo a favor de la no intervención y en la libertad de los pueblos; cuando fuimos solidarios con el sufrimiento del pueblo hermano chileno durante la dictadura ignominiosa de Pinochet; cuando fuimos capaces de participar en los procesos de la paz de nuestra hermana república de El Salvador.
Pero recordemos con orgullo la política exterior del presidente don Adolfo López Mateos, el que recupero territorio nacional, dando muestra de una posición digna ante nuestros vecinos del norte donde ahora el presidente Fox va a hincarse ante ellos.
Sabemos que no cambiarán las cosas con esta política exterior de nuestro país, porque el presidente se ha dado el lujo de ir a insultar al presidente de Argentina en su casa y nuestros hermanos latinoamericanos.
Qué vergüenza que México, siendo el hermano mayor de Latinoamérica, haya cambiado su política exterior en este régimen reaccionario.
No nos sentimos representados por este gobierno que nunca ha sabido gobernar y causado la ignorancia histórica para desconocer la importancia y el reconocimiento de nuestra política exterior realizada por personajes como el insigne sinaloense Genero Estrada y el gran estadista mexiquense don Isidro Fabela.
No permitamos más vergüenzas. Exijamos el cumplimiento del artículo 89 constitucional en su fracción X y demostremos al mundo que la política exterior de México es más que las torpezas y pedanterías del presidente Fox.
(Aplausos)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien. Muchas gracias don Pedro Avila.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa:
Votación
Gracias.
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se considera suficientemente discutido y se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del decreto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el Sistema Electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
Se abre el Sistema Electrónico de Votación y se procede a la misma.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señora Presidenta, se emitieron en pro, 282 votos; en contra 117 y abstenciones 8.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado en lo general y en lo particular por 282 el proyecto de decreto que concede autorización ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 16 al 19 de noviembre de este año con el propósito de realizar una visita a la ciudad de Pusán, República de Corea, para participar en la XIII Reunión de Líderes de Mecanismos de Cooperación Asia-Pacífico APEC.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia acaba de recibir del Senado de la República, oficio por el que los senadores Salvador Becerra Rodríguez y Víctor Manuel Torres Herrera, del grupo parlamentario de Acción Nacional, solicitan a esta Cámara de Diputados se otorguen recursos a la Universidad Autónoma de Chapingo
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De la misma manera la senadora Silvia Asunción Domínguez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita otorgar prioridad a los recursos económicos necesarios.
Damos cuenta en un momento con este oficio que está muy poco claro.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con Proyecto de Decreto que deroga el inciso h) de la fracción IV del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Esta Presidencia tiene registrados a los diputados Juan Carlos Pérez Góngora y José Luis Monárrez Rincón, en contra, y en términos del artículo 123, queda cerrada la lista de oradores.
Tiene el uso de la palabra el primero de los nombrados hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Carlos Pérez Góngora: Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados.
Vengo a señalar mi punto de vista sobre el dictamen que proviene de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que deroga un inciso h) de la fracción IV del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Esta iniciativa es motivada por una información que en la Comisión de Hacienda hace algún par de meses nos presentó los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, en donde señalan que al momento de derogar esta fracción habría recursos adicionales por el orden... Primero nos señalaron 5 mil 600 millones de pesos, posteriormente de 4 mil, posteriormente de 3 mil y ahorita las cifras andan en menos de 2 mil millones de pesos.
La Ley del Impuesto al Valor Agregado grava actos o actividades que se realizan en territorio nacional y dentro del objeto no se gravan las exportaciones de bienes o servicios. Este concepto no está exento en materia de Impuesto al Valor Agregado, si este tipo de empresas de recepción de llamadas telefónicas presta un servicio en territorio nacional, tiene que cargar por sus servicios el 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado.
Lo que se está pretendiendo eliminar con esta disposición es en el artículo 29 que habla de la exportación de bienes o servicios y están eliminando ese inciso h) de la fracción IV, que contempla que el aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en México se considera sujeto a la tasa del 0 por ciento. Y vienen varios incisos:
El inciso a) habla de la asistencia técnica.
El inciso b) de las operaciones de maquila y su maquila.
El inciso c) de la publicidad.
El inciso d) de las comisiones y mediaciones.
El e) del seguro, reseguro y afianciamiento.
El inciso f) habla de las operaciones de financiamiento.
El inciso g) de la filmación o de las grabaciones, y
El inciso h) de los centros telefónicos que prestan servicios al extranjero.
Es un error el que se está cometiendo porque no está dentro del objeto de la ley el gravamen. Esta disposición del inciso h) fue modificada por nosotros incluida y publicada por el Presidente de la República el día 28 de junio.
Únicamente, si ustedes revisan la exposición de motivos, únicamente para aclarar que este servicio cuando se presta al extranjero es un servicio de exportación sujeto a la tasa del 0 por ciento.
En este sentido lo único que estamos haciendo con la derogación es dejar en un estado de incertidumbre a las empresas que exportan este tipo de servicios y que les puede causar un problema en la práctica.
Eso ha sucedido, ahorita venimos de una reunión en la Comisión de Hacienda, donde recibimos la minuta del Senado de la Miscelánea Fiscal, donde proponen ciertos cambios y en esos cambios no vienen cuantificados. Lo único que hizo la Secretaría de Hacienda cuando nos manda el paquete económico para justificar las subestimaciones de los ingresos del Impuesto Sobre la Renta y en IVA fue sacar una serie de partidas, como la deducción inmediata de inversiones, como el impuesto al activo, la deducción de las deudas con sistema financiero, como esta reforma que también hicimos, para justificar por qué había subestimado los ingresos.
Pero si ustedes ven el cierre de este año en materia del Impuesto al Valor Agregado vamos a tener un crecimiento en la recaudación sin haber hecho ninguna modificación en materia de exenciones de tasas de gravámenes.
En este sentido yo propongo que no se apruebe el dictamen que se está discutiendo porque no va a tener ninguna cuantificación. Además no se va a mover la Ley de Ingresos, la cifra que ya está estipulada que viene por el Senado la vamos a aprobar en un momento más en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, no se va a poder asignar ninguna cantidad a gasto.
Yo les pido, compañeros, que reflexionen, que recapaciten sobre este dictamen, que lo único que estamos haciendo es perjudicar y dejando en un estado de incertidumbre a las empresas y también no podemos estar jugando de una reforma que aprobamos hace unos cuantos meses y ahora estamos derogando la fracción.
Entonces les pido el apoyo para votar en contra de este dictamen.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Monárrez tiene usted el uso de la palabra.
El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón: Gracias, diputado Presidente.
Con su permiso, compañeras y compañeros diputados. Simplemente decir que este artículo 29 señala muy claramente que todo lo que se refiere a exportación estará exenta al IVA, para buscar que las empresas mexicanas sean competitivas con las empresas del exterior.
Y, efectivamente, el 28 de junio del 2005 se adicionó la fracción h) para precisar que los centros de negocios llamados Call Center, que reciben llamadas del exterior hacia México, que se originan en otro país y que se pagan en el país donde se origina, no pueden ser gravados con IVA, porque no es nuestra legislación tributaria la misma del país donde está; que apenas a una vigencia de seis meses indudablemente o no hay padrón de esta clase de contribuyentes o no nos lo quisieron enseñar; que no hay una cantidad de ingresos derivados de un impuesto de esta naturaleza o no nos la quisieron enseñar.
Entonces, simplemente hacer varias preguntas. Por qué se argumenta que se erosionan los ingresos públicos del país si no hay sustancia? Otra. Si la llamada de estos centros telefónicos son llamadas en los países que se originan y son pagadas ahí mismo, cómo vamos a gravar con IVA esto?
Y otra pregunta: Quien contrata y paga esos servicios es el ciudadano extranjero, cómo le vamos a cobrar IVA también allá? Qué no se trata de dar certidumbre? Qué no se trata de dar certeza jurídica a los empresarios, a los inversionistas? Qué no se trata de apoyar la generación de empleos, la distribución de la riqueza a través del empleo? Buscar la mejoría, el esquema de vida para los mexicanos?
Y una quinta pregunta: Realmente estamos convencidos, compañeros diputados, que se van a obtener los ingresos que primero dijeron eran 5 mil millones, después la Secretaría de hacienda le bajó a 3 mil millones y ya ayer simplemente no llegaban más que a 2 mil millones? De dónde hacen esa estimación?
Y lo otro. Realmente podrá hacer un cheque por esa cantidad para los daños del sureste de México y su reconstrucción? No será que al derogar este inciso h) sea más fácil, compañeros, que los dejemos peor que como estaban? No será que nos van a preguntar no me ayudes compadre!? Y una garantía, los amparos son latentes y la certeza de la revocación del Senado de esta propuesta apuesto 2 a 1, compañeros diputados, a que la van a revocar.
Y no se trata de hacer competitivos a nuestros inversionistas? Ahí la dejamos compañeros. Pero piensen bien que su voto tiene que ser en contra. Los Call Center que prestan servicios en México para los ciudadanos mexicanos sí pagan IVA, pero un servicio de exportación de este tipo de negocios no debe pagar IVA sino la incongruencia del artículo 29.
Es cuanto.
(Aplausos)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados más oradores. Considera el asunto suficientemente discutido.
Ordene la Secretaría la apertura del Sistema Electrónico de Votación por cinco minutos, para recabar votación nominal en lo general y en lo particular del Artículo Unico el Proyecto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
VOTACIÓN NOMINAL
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se emitieron 301 votos en pro, 21 en contra y 62 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, por 301 votos el Proyecto de Decreto que deroga el Inciso H) de la Fracción IV del Artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
Se ruega a la Secretaría, dar cuenta con el Orden del Día, de la siguiente sesión.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Lectura del Orden del Día
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (A las 13:57 horas): Se levanta la Sesión y se cita para la que tendrá lugar el lunes 14 de Noviembre a las once horas.
Se les informa que el Sistema Electrónico estará abierto dos horas antes.
La última de las votaciones se toma en cuenta como registro final de asistencia.