El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 254 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (A las 10:00 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por disposiciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Si dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Se ruega a la Secretaría someter a la consideración de la Asamblea el acta.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada el Acta.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Comunicaciones.
Del diputado Alvaro Elías Loredo dirigido al Presidente de la Mesa Directiva, por el que solicita licencia para separarse de su cargo del 14 de octubre al 7 de noviembre del 2005.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión de la Asamblea el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Se concede licencia al diputado Alvaro Elías Loredo, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el II Distrito del estado de San Luis Potosí, del 14 de octubre al 7 de noviembre de 2005.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado y expídasele la constancia correspondiente.
Continúe la secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
De la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega someter a la consideración de la Asamblea la comunicación de la comisión.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia se ruega a la secretaría someter a la consideración de la Asamblea la autorización pertinente a efecto de que la secretaría sólo le dé lectura a los enunciados de las propuestas con punto de acuerdo a las que se refiere la comunicación del acuerdo de la junta anterior que ha sido aprobado por el Pleno y al final esta presidencia sólo dará el turno correspondiente.
Para evitar la lectura sólo, la presidencia solicita de la secretaría la consulta al Pleno para efectos de que sólo leamos los enunciados y al final sólo la presidencia turnará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Es por un prurito de formalismo y para efecto de constancia en Diario de los Debates.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura al enunciado y al final el ciudadano presidente dé el turno respectivo.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Continúe la secretaría para dar cumplimiento con el acuerdo aprobado y propuesto por la Junta.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: El diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que solicita incluir al municipio Venustiano Carranza del Estado de Puebla, en la partida del presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 de Petróleos Mexicanos, destinada a compensar a las comunidades con pozos extractores de petróleo.
El diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido del Partido Verde Ecologista de México, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, se considere una ampliación presupuestal para el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del INER.
Los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Fernando Ulises Adame de León y Juan Manuel Dávalos Padilla, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo por el que solicitan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, acuerde con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se destine dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 2006, un monto extra para atender la demanda de agua que tienen millones de mexicanos que viven en diversas comunidades del país.
La diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2006 se destinen mayores recursos financieros para proyectos productivos de mujeres rurales.
La diputado Ivonne Araceli Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el presupuesto de Egresos de la Federación 2006, tome en consideración la reactivación de diversas clínicas de segundo nivel en el Estado de Yucatán.
La diputada María Elena Orantes López del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que dentro del próximo ejercicio fiscal 2006 se destinen mayores recursos financieros para proyectos productivos de mujeres rurales
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
La diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco presentó proposición con punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: El diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publiquen las reglas de operación para el funcionamiento del fideicomiso para el pago a braceros, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía para que se destine una partida presupuestal en el ejercicio fiscal 2006 a dicho fideicomiso.
La diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, la Secretaría de Salud considere una partida para el ejercicio médico de trasplantes.
La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para que se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, los recursos necesarios para la elaboración del proyecto técnico y ejecutivo de modificación o ampliación del puente vehicular que une a la calzada Ignacio Zaragoza con la carretera y autopista México-Puebla, en los límites del Distrito Federal y el Estado de México.
El diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, se destinen los recursos económicos para la construcción del hospital de urgencias en la delegación Atzcapotzalco.
La diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos 2006, analice la posibilidad de destinar los recursos presupuestarios necesarios para la creación de una clínica de embarazo de alto riesgo en el hospital civil de Guadalajara, Jalisco.
La Secretaría diputada María Sara Rocha Medina: La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre el mantenimiento del canal "La Compañía", y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, a destinar recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, para la construcción del túnel profundo del canal mencionado en la zona oriente del Estado de México.
El diputado Inelvo Moreno Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Congreso del Estado de Michoacán, designe dentro de su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2006, una partida a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas destinada a proporcionar mantenimiento a la carretera Tepalcatepec-Cualcaman de Vázquez Pallares Aquila y de este punto al entronque con la carretera Lázaro Cárdenas-Tecomán, en el Estado de Michoacán.
El diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2006, se destinen 300 millones de pesos al fortalecimiento de la cadena productiva agave-mezcal.
El diputado Isidro Camarillo Zavala, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, recursos para crear en el Estado de Baja California Sur, al interior de uno de los hospitales una unidad de cardiología.
La diputada Carla Rochín Nieto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, se incremente significativamente la partida destinada a la compra de libros para la biblioteca pública municipales.
El diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 recursos destinados al fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos.
La diputada Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en su dictamen de proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2006ingrese una partida presupuestaria fijada destinada a cubrir las necesidades de infraestructura, materiales, suministros, sueldos y servicios generales de los Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: La diputada Sheila Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2006 se asignen recursos suficientes para la elaboración de los estudios de factibilidad técnica y financiera y proyecto de ejecución para el sistema 3 del ferrocarril suburbano de la zona metropolitana del Valle de México.
La diputada Rosario Sáenz López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Educación Pública y Servicios Educativos para que se otorguen recursos suficientes al presupuesto de 2006 a fin de poner en marcha programas de excelencia educativa en la Universidad Autónoma de Juárez del Estado de Durango.
El diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.
La diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 se contemple la asignación de recursos económicos suficientes a los municipios del país para la construcción de rellenos sanitarios regionales.
El diputado Florentino Domínguez Ordoñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considerar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 recursos económicos para el desarrollo del proyecto carretero Ocotozco-Calpulalpan y libramiento Apizado, el crucero San Matías, carretera Apizaco, el crucero Tlaxcala-Santa Ana, así como el proyecto carretero Xoxtla-Tlaxcala y libramiento poniente de Tlaxcala.
El diputado Marcelo Tecolapa Tixteco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 se identifique el monto de los recursos que las dependencias y entidades de la administración pública destinen al desarrollo de los pueblos indígenas.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: El diputado Jorge Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la SAGARPA otorgue recursos extraordinarios a los productores de manzana, a fin de resarcir las pérdidas que por granizadas sufrieron los municipios de Guerrero, Pachimiba, Cuauhtémoc, Rubio La Junta y Basuchil del estado de Chihuahua.
El diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia, presentó proposición con punto de acuerdo para fortalecer el presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el ejercicio fiscal 2006.
El diputado Jacobo Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se incluya dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 recursos económicos para los gastos que se generen con motivo de la fiesta internacional de la Guelaguetza.
El diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia, presentó proposición con punto de acuerdo para fortalecer el presupuesto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para el ejercicio fiscal 2006.
El diputado Jacobo Sánchez López del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública se asigne en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, recursos económicos para financiar los gastos que se generen por las actividades relacionadas a la conmemoración nacional de los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
La diputada Sonia Rincón Chanona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública, se incluya dentro del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, recursos económicos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el desbordamiento de ríos ocasionados por las intensas lluvias en el estado de Chiapas.
La diputada Estela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006, una partida especial sectoriada a la Secretaría de Salud para la construcción de un hospital de especialidades en el municipio de La Paz, en el estado de Baja California Sur.
La diputada Estela Ponce Beltrán, dl Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006, una partida especial para la construcción del tramo carretero Ciudad Insurgentes, la Purísima, San Ignacio, en el estado de Baja California Sur.
El diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó proposición con punto de acuerdo para que el Presupuesto de Egresos de la Federación para que en el Ejercicio Fiscal 2006, se establezca una partida destinada a la conservación y desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial por la UNESCO.
La diputada María Eloisa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, destine recursos económicos al Museo de Arte Popular, a efecto de fomentar y promocionar las artesanías mexicanas en el extranjero.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnense ésta y las anteriores proposiciones con punto de acuerdo, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
De la Junta de Coordinación Política. Integración del diputado Guillermo Velasco Rodríguez en la Comisión Especial de la Función Pública, solicitado por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
De la Junta de Coordinación Política: Integración del diputado Jesús González Schmal, en el Grupo de Trabajo que dé Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, solicitado por el diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
De la Junta de Coordinación Política. De los nombres de las diputadas y los diputados integrantes del Grupo de Trabajo para Fortalecer la Protección a Periodistas, Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión, los cuales son: Miguel Lucero Palma, del PRI; Ruth Trinidad Hernández Martínez, del PAN; Beatriz Mújica Morga, del PRD; Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde; Oscar González Yánez, del PT y Jesús González Schmal, de Convergencia.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política.
Da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que intensifiquen sus acciones en los municipios devastados por el Huracán Stan, en el estado de Chiapas.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra un grupo de trabajo para dar seguimiento a la aplicación de recursos y programas en la atención a las zonas de desastre ocasionadas por las lluvias en los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita al Titular del Ejecutivo Federal la reasignación inmediata de recursos al Fondo para atender a la población afectada por las contingencias climatológicas (FAPRACC) producto de la sequía atípica e impredecible en los estados de Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, entre otros.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de registro de asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Falta algún diputado o diputada de registrar asistencia?
Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Se les informa que tienen 15 minutos aquellos diputados y diputadas que no hubieran registrado su asistencia para hacerlo por cédula.
Da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas del Sur-Sureste para que integren una comisión con el objeto de impulsar políticas públicas que detonen el desarrollo económico del país.
En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que la comunidad de discapacitados auditivos (sordos) cuente con las facilidades de comunicación y de acceso al contenido de la programación del Canal de Televisión del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al ciudadano Presidente de la República, Licenciado Vicente Fox Quesada, para que envíe a esta soberanía los planes y proyectos relativos a la rápida recuperación de la industria petrolera nacional.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite iniciativa que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Oficios de la Cámara de Senadores.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite iniciativa que reforma la fracción III párrafo quinto del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Oficio de la Cámara de Senadores en el que transcribe Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se destinen mayores recursos en materia educativa.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y en relación con los puntos de acuerdo para que el C. Presidente de la República, Licenciado Vicente Fox, envíe a esta representación popular los planes y proyectos para la rápida recuperación de la industria nacional y a petición de su iniciante original, es que esta Presidencia solicite que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud para que se dictaminen las Minutas Proyecto de Decreto que reforman y adicional la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se corrige el turno, es a la Comisión de Energía.
Esta Presidencia recibió del señor diputado don Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, misma que se turna a la Comisión de Salud.
Del señor diputado don Marcos Morales Torres, se recibió iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Y del señor diputado don Francisco Luis Monárrez Rincón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el el Artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El siguiente punto del Orden del Día, el señor Diputado Jaime del Conde Ugarte, ha sido pospuesto a petición del mismo.
Asimismo del señor Diputado Javier Orozco Gómez, también ha sido pospuesto.
Tiene el uso de la palabra el señor Diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Iniciativa que reforma el Artículo 153 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado David Hernández Pérez: Con su permiso compañero Presidente, compañeras y compañeros Legisladores.
Ya se presentó en este mismo Recinto, una Iniciativa que | ya ahora es Ley, en el sentido de crear la figura de Valuadores Profesionales en lugar de Peritos Valuadores, dándole una mayor certeza a la valuación de vivienda.
La Iniciativa que hoy presento es a continuación, la respuesta precisamente de lo que ya está para que en determinado momento pueda continuarse y dándole viabilidad a garantizar en la competencia en el crédito garantizado, a la transparencia que se da en el crédito garantizado.
Y, el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta; primero, se reforma el Artículo 153 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y queda como sigue:
Artículo 153. Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por Corredor Público, institución de crédito o Valuador Profesional de Pos grado en Valuación expedida por la Secretaría de Educación Pública, autorizados or las autoridades fiscales.
Dichas Autoridades estarán facultadas para practicar , ordenar o tomar en cuenta el avalúo del bien, objeto de enajenación y cuando el avalúo exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquiriente, en los términos del Capítulo V, del Capítulo IV de esta Ley, en cuyo caso se incrementará su costo con el total de la diferencia citada.
Es cuanto, compañero Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Continúe con el uso de la palabra el señor diputado David Hernández Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa de Ley General del Deporte Mexicano.
El diputado David Hernández Pérez: Gracias presidente.
El deporte se ha convertido en un fenómeno social y universal, constituyendo un instrumento de equilibrio, relación e integración del hombre con el mundo que le rodea. Los aspectos que el deporte lleva implícito, ayudan al desarrollo entre los ciudadanos, formando parte de la actividad humana, desde la infancia hasta la tercera edad, siendo un elemento educativo, tanto para los deportistas de élite como para los que sirven de él como instrumento de equilibrio sicofísico de la persona.
Conscientes de que se considera irrenunciable por parte del Estado la supervisión del buen funcionamiento deportivo, de todo organismo dedicado a este fin, como son las asociaciones deportivas, clubes, entidades, y finalmente federaciones de cada deporte, además de las instituciones públicas que en su función esencial de responder a las expectativas y a los derechos ciudadanos de prestar el servicio, demandando y facilitando las instalaciones, es importante que en esta complejidad de entidades, es donde debemos aplicar una normatividad con una ley que abarque todos los conceptos, todos los rubros que resultan de la práctica deportiva.
No debemos olvidar que la relación que se ha venido desarrollando entre la educación, el deporte y la salud, que es concretada en esta iniciativa de ley, en los términos correspondientes, nuestra sociedad es sencillamente inconcebible sin el deporte, pues el interés por la salud física y moral del individuo, constituye un rasgo propio del modo de vida del mexicano.
Realizar reformas en lo deportivo, no se trata de un simple cambio ni de un reordenamiento, para adecuar a una nueva situación sino de algo mucho más complejo que requiere de una nueva ley del deporte, una ley que lleve consigo cambios estructurales, funcionales, organizativos y la incorporación de los nuevos conceptos del deporte.
Esta iniciativa intenta adecuar sus finalidades y estructuras a las nuevas demandas sociales, en tal sentido representa una actualización, buscando mejorar el funcionamiento, los recursos y las finalidades. Esta mejora se plasma en la calidad de los servicios y, por consecuencia, en la calidad ded los deportistas.
En toda reforma existen cambios, estructuras nuevas e intención de mejorar los servicios, pretendiendo que los valores e intereses sean los mismos para todos. Una reforma no será un retroceso ni mucho menos significado de disminución en la calidad de vida.
En esta observación nos ilustra sobre el carácter estructural, multidimensional, complejo, que conforma una reforma deportiva, en la que se lleva a cabo su carácter legal, educacional, sanitario, sociolaboral, que lleva una triple intención, una actualización, una mejora y sobre todo incrementar la calidad.
Hoy proponemos una iniciativa de ley con una dinámica de cambios acelerados a nivel federal, estatal y municipal, llegando a lo más familiar, social, cultural, económico, educativo, que supera el aumento de situaciones de indisciplina, de conflictos más allá de los que pueden esperarse como consecuencia de las características sicológicas y maduradas de niños y adolescentes.
Las leyes deportivas tienen mal comienzo, cuando no se hacen desde un análisis serio de la realidad social, económica, cultural y familiar. Desde que se quiere conseguir con la educación deportiva, no se trata de plantear desde ópticas políticas, que esto no funciona, sino analizar profundamente las razones de por qué el sistema deportivo no ha venido funcionando en esta sociedad, y el tiempo que le marca la sociedad actual, desde unas condiciones de trabajo, donde el contenido de la tarea, la planificación, la formación, la participación y el apoyo social se aseguren.
Todo cambio relevante para la sociedad, es fruto del encuentro de personas innovadoras, la creencia de los nuevos valores y cambios en el comportamiento humano, son estos cambios los que terminan dando sentido a las reformas, de tal manera que su éxito o fracaso se juzgará por los cambios positivos que han conseguido. Aunque puede valorarse en términos de principios, ideales y concepciones ideológicas, la perspectiva histórica terminará fijándose en los cambios reales que ha conseguido.
Esta iniciativa de ley no es una excepción de estos nuevos valores que se expresan mediante principios, finalidades y declaración de intenciones, la mayor parte de valores, como desarrollar todas las potencialidades del individuo, adecuar los contenidos a la madurez del sujeto, partir de sus intereses, atender a los aspectos de actitud y de habilidad; tomar en consideración los aspectos diferenciales llegando a crear una ley con un principio deportivo bien definido.
Dentro de esta ley se contempla el que exista un solo órgano rector, que exista la equidad que garantiza una igualdad de oportunidades en todas las comunidades estatales y municipales para el pleno desarrollo de la personalidad a través del deporte, en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. Se contempla a federaciones y en consecuencia a asociaciones estatales bien conformadas, también el trabajo selectivo de alto nivel para la eliminación de obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres; la capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, así como la práctica de la solidaridad mediante el impulso a la participación cívica de los deportistas en sus actividades; la capacidad de actuar como elemento compensador de las desigualdades personales y sociales; la participación de los diferentes sectores de la comunidad deportiva en el ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades; la concepción de lo deportivo como proceso permanente de educación, cuyo valor se extiende a lo largo de toda la vida; la consideración de la responsabilidad y el esfuerzo como elementos esenciales del proceso educativo; la flexibilidad para adecuar su estructura y su organización a cambios y necesidades y demandas de la sociedad; a las diversas aptitudes, intereses; el fenómeno de la promoción de la investigación, la experimentación, la innovación deportiva, la evaluación y la inspección del conjunto de sistemas deportivo en todas las federaciones deportivas, tanto de su diseño y organización como de los procesos de enseñanza-aprendizaje; la regulación efectiva de las federaciones mediante el refuerzo de su autonomía y la potencialización de la función directiva del Estado.
Por último, se expresa también en esta nueva ley que se presenta hoy, el deseo de fomentar el acceso a determinados grupos sociales con dificultades, por lo que se crea la Ley General del Deporte Mexicano, ése precisamente es el sentido de presentar una ley que entre en vigor y que abrogue la Ley de Cultura Física y el Deporte y solicito a esta Presidencia se inserte por cuestiones de tiempo, todo el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Insértese íntegro el texto de la iniciativa del señor diputado en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Derechos.
El diputado Francisco Javier Diez de Sollano: Con su permiso señor Presidente.
El cambio climático global implica riesgos de carácter económico, social, energético y ambiental para el futuro del país. Fenómenos como la intensificación de la sequía, la variabilidad climática y una mayor frecuencia de eventos extremos como los huracanes, son ya una realidad. Lo anterior a su vez tiene impactos económicos al disminuir el potencial agrícola y pesquero, causar daños en las zonas costeras e implicar una mayor utilización de combustibles, por mencionar algunos.
Por otra parte, las expectativas de crecimiento en la demanda energética a nivel mundial son de un 60% en los próximos 25 años, en el caso específico de México, tan sólo el crecimiento promedio anual en la demanda eléctrica, se espera en alrededor de un 5.6 por ciento al 2012. Siendo México un país rico en hidrocarburos, es de esperar que bajo las condiciones actuales, gran parte de este crecimiento de la demanda se satisfaga con base en estas fuentes primarias.
Interesantemente, sin embargo, México también tiene oportunidades importantes para impulsar las fuentes renovables de energía. Por ejemplo, de un potencial de 53 Gigawats para energía hidroeléctrica, sólo se tiene aprovechado alrededor de un 20 por ciento; de un potencial de 2.1 Gigawats a partir de energía geotérmica, sólo se aprovecha el 40 por ciento. Y qué decir de un potencial de 5 Gigawats de energía eoloeléctrica en donde no se cuenta ni siquiera con un 1 por ciento aprovechado.
Una de las razones por las cuales nuestro país ha preferido aprovechar los hidrocarburos sobre otras fuentes de energía, es el diferencial de costos que implica el uso de las mismas.
Aún en un escenario de precios de petróleo y de gas en constante aumento, el uso de éstos es todavía más barato que el de otras fuentes de energía, pero esto puede cambiar en la medida que se empiecen a tomar en cuenta las externalidades que generan las distintas fuentes de energía.
Una manera de ir tomando en cuenta los costos sociales que genera la quema de combustibles, es a través de impuestos pigubianos, lo cuales consisten básicamente en una carga adicional que se suma al costo privado de producir un bien o un servicio.
Aunque es difícil encontrar la carga que logra internalizar perfectamente la externalidad, es claro que la misma introducción del instrumento económico en cuestión, tenderá a generar condiciones más justas en el mercado.
Lo anterior, es el principio básico sobre el cual se basa la iniciativa que se presenta. Cabe mencionar, sin embargo, que la carga fiscal que se propone es bastante moderada.
Ello obedece a dos razones: Primera, en un escenario de pérdida competitiva del sector industrial, una elevada carga podría acarrear consecuencias negativas para el país.
Segunda, si bien es cierto que este tipo de derechos puede inducir nuevas conductas tanto en productores como consumidores por la vía de los precios, el objetivo principal por el momento, sería fomentar el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables mediante el financiamiento de los diferenciales que existen entre éstas y los combustibles fósiles. Para ello no se requiere de una fuerte carga fiscal.
En términos generales, la propuesta consiste en un derecho que se pagará en función de la cantidad de dióxido de carbono, que pueden emitir los distintos combustibles con contenido de carbono. Así, la carga fiscal será mayor en la medida que derivado de la combustión, se emita más 02 a la atmósfera o espacio aéreo.
El concepto del esquema es análogo a aquél de los derechos que se pagan por el uso del agua como cuerpo receptor de las descargas de aguas residuales.
Es importante señalar que las reuniones internacionales como la Convención del Cambio Climático y la Cumbre de Kioto celebrada en 1997, implican retos y oportunidades para México.
Así se han iniciado estrategias de acción intentando implementar acciones de mitigación que sean compatibles con los propósitos nacionales de calidad ambiental, crecimiento y competitividad. En este contexto, la iniciativa que se propone ciertamente ayudará a cumplir con la responsabilidad que nuestro país ha asumido.
Tal y como lo han señalado diversos expertos en materia ambiental e instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México necesita avanzar hacia una reforma fiscal ecológica. Existe al respecto, incluso un estudio denominado retos y oportunidades para una reforma fiscal ecológico en México, publicado en 1999 por el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable y la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de la LVII Legislatura.
En dicho estudio, se plantea el potencial que tendría en México el uso de instrumentos económicos ambientales como el derecho que se propone. Sin embargo, es una propuesta que puede abrir el camino para otras, ciertamente, perdón, esta iniciativa es apenas una contribución de varias que podrían utilizarse en México.
Sin embargo es una propuesta que puede abrir el camino para otras que la reforzarían y complementarían.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 253 B a la Ley Federal de Derechos.
Artículo Único. Se adiciona la sección segunda y al artículo 253 B, al Capítulo undécimo del Título Segundo a la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:
Sección Segunda. Espacio aéreo como receptor de emisiones contaminantes.
Artículo 253 B. Por la emisión de bióxido de carbono al espacio áereo que provocan la combustión los combustibles fósiles.
Las personas físicas y las morales que enajenen por primera vez en territorio nacional las substancias mencionadas en el siguientes párrafo pagarán el derecho señalado.
Gas L.P. .0052 pesos por litro.
Gasolina Magna .0076 pesos por litro.
Gasolina Premium .0076 pesos por litro.
Gas aviones .0076 pesos por litro.
Turbosina .0087 pesos por litro.
Otros querosenos .0087 pesos por litro.
Pemex Diesel .0089 pesos por litro.
Diesel Marino .0089 pesos por litro.
Combustolio pesado .0097 pesos por litro.
Combustolio intermedio .0097 pesos por litro.
Coque de petróleo .3328 pesos por jigayul ()
Gas natural .1968 pesos por millar de pies cúbicos.
Carbón 8.3211 pesos por tonelada
Coque de carbón .3383 pesos por gugayul ()
El derecho a que se refiere este artículo se calculará por ejercicios fiscales, los contribuyentes efectuarán pagos provisionales bimestrales, a más tardar los días 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre del mismo ejercicio fiscal y enero del siguiente, mediante declaración que presentarán en las oficinas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El pago provisional por el uso, aprovechamiento del bien del dominio público, será una sexta parte del monto del derecho calculado al año. El derecho del ejercicio
deducidos los pagos provisionales bimestrales, se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes al
cierre del ejercicio. Los ingresos recaudados por este derecho se destinarán a la Secretaría de Energía para apoyar el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables.
Transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero del año 2006.
Respetuosamente.
Diputado Francisco Javier Salazar Diez de Sollano.
Señor Presidente, dado que la iniciativa completa se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria, le pediría yo, que se incluya en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Insértese íntegramente el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida al Instituto "Fray Pedro de Gante" del estado de Tlaxcala, invitado por la diputada Minerva Hernández Ramos.
Sean bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Pedro Avila Nevaréz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
El diputado Pedro Avila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente.
Una de las necesidades básicas de la población, es sin duda la energía eléctrica, pero el costo de ésta se ha ido aumentando desde el Decreto que el 2002, del Gobierno Federal elimina los subsidios, mostrando una insensibilidad social, ante el decreto que el gran mexicano Adolfo López Mateos, estableció a favor de la población mexicana de escasos recursos, de los más pobres de los pobres, cuando nacionalizó la industria eléctrica en beneficio de la nación.
Para corregir la inequitativa distribución de éstas subvenciones, en el 2002 los hacedores de la política económica, ajustaron, modificaron y reestructuraron las tarifas residenciales, para hacer esto, entre comillas, "mas racional el uso eléctrico, principalmente de la población que consume más energía y con esta medida, reducirles sus respectivos subsidios.
El Congreso de la Unión ha presentado, como representante del pueblo, múltiples puntos de acuerdo e iniciativas tendientes a beneficiar zonas geográficas o sectores de la población y la insensibilidad de las autoridades, salta de inmediato. Cito la contestación del entonces Secretario Técnico de la Secretaría de Energía, Adalberto Núñez Ramos, a los entonces senadores Fidel Herrera y Noemí Guzmán, con fecha de octubre de 2003, que solicitaban la aplicación de una tarifa preferencial a las zonas calurosas del sur de México.
Dijo -esto lo dijo- Adalberto Núñez: "...que hacerlo sería desastroso para los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad ante el incremento de los costos de dicha paraestatal, así como de los problemas de generación...
El 27 de junio de 2005, el Presidente Fox, terminó por aceptar el cambio tarifario de los estados del sur y de Sonora y Sinaloa, no así Durango, disminuyendo el costo horario de mayor demanda, presionado por un gran movimiento social en el sur, principalmente Yucatán, Tabasco y Campeche, en el famoso apagón realizado por la gente del pueblo de esos heroicos estados, cuna de Belisario Domínguez. Pero estos estados del sur siguen pagando el 11 por ciento más que el resto del país.
El artículo 27 constitucional, es claro en cuanto a la obligación del Estado Mexicano a distribuir equitativamente la riqueza pública y el uso de éstas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. El Estado debe garantizar una función productiva social de sus recursos naturales o generados, donde las decisiones del gobierno permitan que las clases de menores recursos se beneficien por las riquezas que genera la Nación. Que esto lo oiga bien el Presidente de la República y el Director de la Comisión Federal de Electricidad, si es que no conocen el contenido del artículo 27 constitucional.
La factura del actual gobierno federal es insistir en la privatización de la industria eléctrica, por más que intente decir que no. Lo acabamos de escuchar en Canadá, donde una vez más, mintiendo al pueblo de México y al de Canadá, invitó a los industriales canadienses a invertir en la industria eléctrica del país, lo que demuestra la incapacidad de este gobierno para establecer una verdadera política energética, cayendo constantemente en contradicciones.
En su comparecencia, con motivo de la glosa del V Informe, el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, dijo que el impacto en el alza en el precio de los combustibles que constituyen el principal insumo para la operación de la empresa, se amortiguó parcialmente por la vía de aumentar la generación hidroeléctrica y reducir la generación termoeléctrica.
A pesar de que los altos costos han sido absorbidos por la Comisión Federal de Electricidad, las finanzas de la empresa, óigase bien, continúan siendo sanas, lo que ha permitido canalizar 4 mil 87 millones de dólares a obras de transformación y transmisión.
Aquí termina la cita: "...Quién miente?, dónde quedó la amenaza de pretender crear un estado de presunta amenaza?".
Todos los años escuchamos las cifras alegres del beneficio de ahorro que significan los horarios de verano; sin embargo, este beneficio no se traduce en beneficio social para nuestra gente pobre, a la que todos los diputados que venimos aquí, tenemos la obligación de defender, principalmente a la marginal y en extrema pobreza.
El anuncio en diciembre de 2004 y junio de 2005 que el Presidente hace sobre la baja en las tarifas eléctricas, no produjo ningún cambio en las condiciones económicas de los hogares mexicanos, ya que sólo benefició al 2.2 por ciento de los usuarios de alto consumo.
En un discurso electorero este anuncio como los demás sólo han servido para demostrar que el gobierno federal ha venido cayendo en una política subsidiaria en el consumo energético del país sin ningún rumbo; demuestra que se equivocó durante 3 años al eliminar el subsidio eléctrico que López Mateos había puesto al pueblo de México.
Por lo anterior presento esta iniciativa que reforma y adiciona un párrafo al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía y modifica el artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Artículo 1o. Se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía, para quedar como sigue:
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración de manera que tienda a cubrir a las necesidades financieras, a las de aplicación del servicio público y al regional consumo de energía, procurando una distribución equitativa de la riqueza pública y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población urbana y rural.
"Asimismo y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá asignar los subsidios necesarios a las tarifas de los usuarios domésticos de energía eléctrica de menores recursos en todo el país, de manera anualizada. Para este efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, definirá los criterios de aplicación del subsidio, estableciendo el nivel socioeconómico, condiciones ambientales y nivel de consumo para ser beneficiados; mismos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y medios de comunicación nacionales.
Artículo 2o. Se reforma el artículo 3 fracción I de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para quedar como sigue:
Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto la comisión tendrá las atribuciones siguientes:
Primero. Participar en la determinación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, considerando para ello los niveles socioeconómicos, condiciones ambientales y niveles de consumo de los diferentes sectores de la población de menores recursos.
Esta iniciativa es como lo quería el patriota presidente Adolfo López Mateos y es como lo queremos los miembros del Partido Revolucionario Institucional que con Lázaro Cárdenas nacionalizamos el petróleo y con López Mateos la energía eléctrica, que este subsidio llegue a los más pobres de México.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Energía.
Esta presidencia informa a la Asamblea que con respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Finanzas libere la asignación de los recursos financieros para el cumplimiento del artículo séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2005 del diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se retire del paquete de proposiciones turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por tratarse de un asunto del Distrito Federal y se mantiene en el orden del día en el lugar registrado.
La siguiente iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, de la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se pospone.
A continuación tiene la palabra el diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 27 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gonzalo Moreno Arevalo: Con su permiso diputado presidente.
Pongo a consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que previene el desarrollo sustentable de los recursos naturales propiedad de la nación al tenor de la siguiente exposición de motivos.
En el estado actual de las relaciones internacionales, uno de los aspectos esenciales de la soberanía económica de los estados, es sin duda el principio de la soberanía permanente sobre los recursos naturales. El mundo en desarrollo reclama la facultad soberana de explotar sus riquezas naturales para su propio beneficio por ver en ellas la base de su industrialización.
El derecho de los pueblos a explotar sus recursos naturales tal y como ha sido consagrado por las Naciones Unidas obedece a dos directrices básicas: la independencia económica de los estados y el desarrollo económico.
El principio fundamental que da sustento al derecho de los pueblos de explotar los recursos naturales, es el siguiente: Todo estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, e incluso posesión, uso y disposición sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades económicas.
Ello significa que todo estado puede de manera totalmente libre darse a sí mismo todas las normas jurídicas válidas que deban regir la posesión, uso, disposición de toda su riqueza, recursos naturales y actividades económicas.
Sin embargo, los recursos naturales especialmente los renovables- tierra, agua, vegetación y fauna y perdón, no renovables, han sufrido en la gran mayoría de los casos una explotación irracional que ha minado la renovabilidad de estos recursos, lo cual coloca a México en una posición muy vulnerable por la pérdida de autosuficiencia alimentaria.
En la actualidad, lograr la autosuficiencia alimentaria es un problema de seguridad nacional toda vez que cuando no hay suficiente producción de alimentos se tiene que recurrir a la importación. Por ejemplo, en 1996 se importaron más de dos millones y medio de toneladas de granos básicos.
Nuestro país no puede depender de gobiernos extranjeros que por razones políticas decidan suspender unilateralmente la venta de alimentos y/o condicionarla a cambio de privilegios o concesiones que le resten soberanía.
México tiene el potencial humano y de recursos naturales para lograr la autosuficiencia, pero como consecuencia de políticas agropecuarias, forestales y pesqueras ineficaces, nuestro país es incapaz actualmente de producir los alimentos necesarios para alimentar a la población.
El problema será cada día más grave si la explotación de los recursos naturales se sigue realizando de manera no sustentable.
Para que el aprovechamiento de los recursos naturales sea sustentable, se debe de partir de tres premisas básicas: considerar la capacidad de carga de los ecosistemas que sustentan los recursos naturales; Inducir la participación de la sociedad en la determinación de las formas de aprovechamiento de los recursos naturales; Construir equilibrios regionales que permitan la satisfacción de sus necesidades alimentarias y la exportación de los excedentes hacia otras regiones y países.
La producción primaria de nuestro país se ha desarrollado de manera desigual favoreciendo la producción de materias primas para la industria y privilegiando algunas regiones de alto potencial productivo.
Esta política ha ocasionado que además de que la gran mayoría de los productores rurales ha quedado al margen del desarrollo, los recursos naturales hayan sufrido una degradación sin precedentes en la historia reciente de nuestro país.
Por tanto, esta iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es con el propósito de considerar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales como parte fundamental de la seguridad nacional, persigue el objetivo de asegurar que la base natural de la sustentación productiva, los ecosistemas sean manejados con criterios ecológicos y que su aprovechamiento responda a los principios de soberanía alimentaria y a los criterios de seguridad nacional.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito presenta a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente:
ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo noveno al artículo 27 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Para satisfacer las necesidades básicas de la nación en su conjunto, así como para garantizar a las generaciones futuras las satisfacciones de esas mismas necesidades, el aprovechamiento de los elementos y recursos naturales a que se refiere el presente artículo, deberá ser sustentable, estar dirigido a preservar y fortalecer la soberanía nacional.
"Artículos transitorios.
Unico. El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Por lo anterior, ciudadano presidente, pido que se inserte íntegro el texto de mi intervención en el Diario de los Debates, para su constancia.
Dado en el salón de sesiones de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día de su presentación.
Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado, insértese íntegramente el texto de la iniciativa del señor diputado en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros: acudo a esta honorable soberanía a presentar una iniciativa de proyecto de decreto para reformar el segundo párrafo del artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente exposición de motivos.
Esta iniciativa tiene como objeto contribuir a que se mejore nuestro sistema de justicia penal para que sea más equitativo, respetuoso de las garantías individuales, para que se haga efectivo el derecho constitucional y una defensa adecuada y se fundamento sobre el principio garantista de presunción de inocencia.
El sistema de enjuiciamiento penal que tenemos en México es el acusatorio, con algunos rasgos del sistema inquisitivo, mismos que deben desaparecer. En el sistema acusatorio todos los actos son realizados por la soberanía o, en su representación, las tres funciones: acusación, defensa y decisión, se llevan a cabo por sujetos que de ninguna manera actúan a nombre o interés propio sino en nombre de la sociedad.
Por lo mismo, la tutela jurídica es pública y se ejecuta tanto en beneficio de la sociedad como de la libertad y dignidad humana.
La libertad de pruebas significa no sólo el derecho de presentar cualquier elemento de convicción que tenga ese carácter, sino la obligación de la autoridad juzgadora de admitirlo.
La libertad de defensa está íntimamente ligada con la libertad de pruebas, ya que no es posible suponer una sin la otra.
El párrafo segundo del artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Penales que proponemos se reforme textualmente dice: "Los gastos de las diligencias solicitadas por el inculpado o la defensa serán cubiertos por quienes las promuevan. En el caso de que estén imposibilitados para ello y de que el Ministerio Público estime que son indispensables para el esclarecimiento de los hechos, podrá éste hacer suya la petición de esas diligencias y entonces quedarán también a cargo del erario federal".
Es necesario transcribir el primer párrafo de este artículo para contrastar su contenido con el segundo. Textualmente establece: "Todos los gastos que se originen de las diligencias de averiguación previa y las acordadas por los tribunales a solicitud del Ministerio Público y en las decretadas de oficio por los tribunales serán cubiertas por el erario federal".
No es imparcial el Código cuando dispone que a la parte acusadora y a los tribunales les sean pagados sus gastos y en cambio el procesado debe pagar los suyos, y cuáles son las diligencias que pudiera solicitar el procesado o su defensa. Existen varias, siendo las principales la declaración de testigos y el dictamen de peritos.
Al disponer en el párrafo segundo que "Los gastos de las diligencias solicitadas por el inculpado o la defensa serán cubiertos por quienes las prumuevan", se está ignorando la realidad social y jurídica, pues la defensa, ya sea la de oficio o particular, nunca paga de su bolsa; quien realmente paga es el inculpado, cuando tiene dinero, es decir, rara vez.
Si tomamos en cuenta que el 80 % de los procesados tienen defensor público, según informe 2004-2005 del Instituto Federal de Defensa Pública, porque no tienen dinero para pagar a un defensor particular, es lógico entonces que tampoco tienen para pagar honorarios, indemnizaciones o gastos de peritos y testigos.
El párrafo segundo que proponemos se reforme, viola el artículo 17 de la Constitución General de la República, que en lo conducente dispone: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales". Y viola la Constitución porque el servicio público de procuración e impartición de justicia no es completo, imparcial ni gratuito, si el inculpado o procesado debe pagar gastos de testigos o peritos.
El artículo 17 constitucional, cuando establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia.." dispone que a todos, es decir, generaliza; no hace distinción entre víctima del delito o inculpado. Entonces es anticonstitucional que en la ley secundaria sí se establezca la distinción.
El párrafo que impugnamos cuando establece que: "En el caso de que el inculpado o la defensa estén imposibilitados para pagar los gastos de las diligencias y el Ministerio Público estime que son indispensables para el esclarecimiento de los hechos, podrá hacer suya la petición de estas diligencias y entonces quedarán también a cargo del erario federal", está infringiendo las directrices de nuestro enjuiciamiento penal y contraviene las garantías procesales penales del inculpado, específicamente las señaladas en la fracción V del apartado "a" del artículo 20 de nuestra Carta Magna que dispone: "Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca concediéndole el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso".
Como observamos en esta fracción V del artículo 20 de nuestra Ley Suprema, no se le condiciona al inculpado la presentación de testigos y demás pruebas que ofrezca, a que el Ministerio Público haga suya su petición, como el código dispone. En cambio obliga a la autoridad judicial a recibirle testigos y pruebas, imponiéndole la tarea de auxiliar al inculpado para conseguir la comparecencia de las personas cuyo testimonio soliciten.
Por lo anteriormente expuesto, se propone hacer la reforma señalada en el cuerpo de esta iniciativa para quedar como sigue.
Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo 36, segundo párrafo: "Los gastos de las diligencias solicitadas por el inculpado o la defensa durante la averiguación previa o el proceso, también serán cubiertos por el erario federal".
Artículo transitorio. Ünico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2005.
José Alarcón Hernández, diputado por el Distrito IV con cabecera en Libre, Puebla.
Señor Presidente, en virtud de que esta iniciativa ha sido publicada ya en la Gaceta Parlamentaria y por razones de economía del tiempo, yo me he sujetado a leer la parte sustancial de la misma; ruego a usted sea tan gentil de disponer que pueda hacerse constar esta participación en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias Diputado, así se hará y se turna su iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La iniciativa que adicionada un artículo 21 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, del diputado Oscar González Yánez, se pospone.
Tiene la palabra la diputada Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 363 del Código de Comercio.
La diputada Consuelo Muro Urista: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante Diputada.
La diputada Consuelo Muro Urista:
Compañeras y compañeros Legisladores:
"Con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos relativos, así como el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar al artículo 363 del Código de Comercio con la finalidad de establecer la prohibición de los intereses vencidos y no cubiertos formen parte del capital, basándome para tal efecto en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen:
"Constituye un hecho palmario el efecto de la economía de los mexicanos vinculado con las decisiones judiciales emitidas en torno al anatocismo. En efecto, en la economía de la mayoría de los mexicanos vinculada con las decisiones judiciales emitidas en torno al anatocismo constituyen un fenómeno y un problema al cual tenemos que hacer frente desde la legislación en aras de evitar que se sigan cometiendo injusticias en perjuicio de las clases más vulnerables.
"Las decisiones judiciales han marcado un concepto de crédito mercantil que ha optimizado la concentración de la riqueza en unos cuantos. El 7 de octubre de 1998 el pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió la contradicción de tesis 31-98 Entre los diversos criterios sustentados por nuestros tribunales federales respecto a la cuestión de intereses sobre intereses en los contratos bancarios de apertura de crédito, resolución que ha provocado graves problemas entre la población.
"El sistema de crédito adicional que establecieron los bancos fue sujetado al comportamiento de las variables económicas sobre las cuales no tiene ningún control. Con este propósito las instituciones de crédito diseñaron y establecieron un concepto de refinanciamiento a efecto de que los intereses devengados que no alcanzaran a cubrir los acreditados los fueran pagando con crédito adicional dentro del tiempo en que estos fueran mayores a los pagos mensuales del acreditado, esperando que cuando las tasas de interés disminuyeran y los pagos fueran mayores se empezaran a cubrir tanto el crédito original como el crédito adicional.
"Sin embargo, el resultado ha sido diferente a lo que esperaban los bancos, exigiendo el cobro a los acreditados por encima de su capacidad de pago. Desde la suscripción de los contratos los bancos otorgaron un crédito adicional que los acreditados lo solicitaran, a efecto de que se fueran disponiendo del mismo por los intereses devengados que no alcanzaran a cubrir los acreditados con el pago mínimo determinado por la misma banca. Esto es, e crédito adicional resultó como una medida por la cual el acreditado o deudor dispone de sumas adicionales al crédito destinado, éstas al pago de los intereses que no pueden cubrir sobre la suma de dinero que le fue entregada.
"Se parte en el sistema de crédito que sobre ambas sumas el deudor pagará intereses, es decir, pactar por anticipado el cobro de intereses sobre intereses que comúnmente realizan los bancos unilateralmente y de manera dolosa en agravio de los deudores.
"Mientras tanto el deudor se ve exigido a dar en garantía para el pago acreditante sus propiedades, que generalmente es su casa-habitación y que ante la posibilidad de incumplimiento por la capitalización de intereses y el cobro de intereses adicionales el riesgo de perderla aumenta.
"La capitalización de los intereses es, en efecto, perniciosa porque aumenta con rapidez el pasivo de los deudores que no tienen suficiente fortuna para hacer frente al pago regular de intereses de sus deudas.
"Compañeras y compañeros Legisladores:
La adición al artículo 363 del Código de Comercio no pretende hacer ineficaz el acceso a los créditos bancarios, con perjuicio para el sistema financiero y la población en general, sino al contrario, tiende a constituir un adecuado procedimiento para introducir en estos hechos y conceptos un nuevo y poderoso aliento de racionalidad que logre hacer más ágil, más productivo, más útil, más realizable el resultado del esfuerzo humano.
"Esta reforma podrá conducir de un modo justo y sin graves conmociones, la posibilidad de que el Estado introduzca en la producción y circulación y aplicación de las riquezas, la orientación más conveniente. Y qué mejor que sea ajuste a las exigencias no sólo de un sentimiento primario de justicia, sino de un más amplio y fundamental propósito de enaltecer la vida de la comunidad, empujándola hacia un mejoramiento económico.
"Por lo anterior, la presente iniciativa plantea adicionar un párrafo al artículo 363 del Código de Comercio, para precisar la prohibición del cobro de interés sobre interés, cuando éstos se pacten antes de su vencimiento.
"En consecuencia, se somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 363, el cual dice:
"Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos cuando se pacte en convenio posterior al acto jurídico que da origen a la deuda.
"a) Los contratos que den origen a la deuda, en los que se pacte la generación de intereses que a su vez generen intereses, serán nulos".
Solicito a la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, se incluya la totalidad de este documento en el Diario de Debates.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada.
Se incluye totalmente el texto de la iniciativa de la diputada en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Economía.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos del Centro Universitario Ixtlahuaca, del Municipio Ixtlahuaca, Estado de México, invitados de nuestra compañera diputada Blanca Estela Gómez Carmona. Sean bienvenidos.
(Aplausos)
Tiene la palabra el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia del Consejo Electoral.
El diputado Marko Antonio Cortes Mendoza: Gracias, diputado Presidente.
"Honorable Asamblea: El suscrito, diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, integrante del Partido Acción Nacional, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de las Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en la siguiente
"Exposición de Motivos
"El Instituto Federal Electoral fue creado en 1996, con el propósito de ser la autoridad electoral responsable de la organización de las elecciones y entre sus fines se encuentran el contribuir al desarrollo de la vida democrática, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y llevar a cabo la promoción del voto, así como coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.
"El Consejo Electoral del Instituto Federal Electoral es la máxima instancia del instituto, mismo que se encuentra integrado por ciudadanos, los cuales s encuentran con pleno uso y goce de sus derechos y, a su vez, la Cámara de Diputados es la encargada de que prevalezca esta garantía.
Los principios en los que se rigen los servidores del Instituto son de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, considerando que estos sean aplicados de manera irrestricta.
Es necesario que la Cámara pueda concertar una convocatoria pública para ocupar estos dichos puestos,. dado en la imparcialidad a las propuestas que sean recibidas y así poder elegir a ellos, ciudadanos que cubran de manera , de la mejor manera, con el perfil que debe contar un Consejero Electoral.
La Cámara de Diputados tiene la encomienda de designar a los Consejeros Electorales, dicho proceso se encuentra comprendido en el 4. Párrafo de la Fracción III del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa
UNICO.- Se modifican los Artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
74 de la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 41 en su Fracción III.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General serán elegidos sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, o en sus recesos, por la Comisión Permanente, a la propuesta que haga la Comisión que se cree para este procedimiento.
Conforme al mismo procedimiento, se designarán ocho Consejeros Electorales Suplentes, en el orden de prelación. La Ley establecerá las reglas y los procedimientos correspondientes.
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 42, Numeral 2. Un año antes de la elección del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se creará una Comisión encargada de llevar a cabo el proceso de selección de los ciudadanos que fungirán como Consejeros Electorales del Consejo General, mediante una convocatoria abierta.
En caso de que hubiese una vacante, Propietario y Suplente, se podrá habilitar a la Comisión para iniciar el proceso de selección y propuesta al pleno de la Cámara de Diputados, a la mayor brevedad.
La Comisión se conformará con un grupo Representante Propietario de cada grupo parlamentario y un suplente, los cuales cubrirán las faltas temporales de los Propietarios y en los casos de que estas sean absolutas, quedarán como Propietarios nombrándose nuevo Suplente.
Dicha Comisión terminará su trabajo y será disuelta al momento en que sean elegidos los nuevos Consejeros Electorales del IFE por el pleno de la Cámara de Diputados.
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 74 Numeral 2. El Consejero Presidente del Consejo General, será elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que haga la Comisión que se cree para este procedimiento.
La designación será realizada conforme a la normatividad y procedimiento aplicable en materia de votación en la Cámara de Diputados.
Numeral 5.- Los Consejeros Electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que haga la Comisión que se cree para este procedimiento.
Asimismo, se designarán ocho Consejeros Electorales Suplentes en orden de prelación. La designación será realizada conforme a la normatividad y procedimiento aplicable en materia de votación en la Cámara de Diputados.
En caso de que hubiese una vacante del Propietario y su Suplente, se podrá habilitar a la Comisión para iniciar el proceso de selección y propuesta al pleno de la Cámara a la mayor brevedad.
Numeral 8.- Durante los recesos de la Cámara de Diputados la elección del Consejero Presidente y de los Consejeros Electorales del Consejo General, serán realizadas por la Comisión Permanente de las dos terceras partes de los miembros presentes.
Pido, diputado presidente, se integre el texto completo de esta iniciativa en el Diario de Debates.
Es cuanto.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Insértese íntegramente el texto de la iniciativa del señor diputado en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el diputado Iván García Solís del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa que reforma y adiciona el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dígame diputado.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Con todo respeto le pido, señor presidente, rectificación del quórum, por favor, ya que está el Salón vacío y no hay ni quien escucha a los oradores.
Por favor pedimos la rectificación del quórum.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Señor diputado, un momentito, por favor, esta presidencia le pide a la secretaría se abra el sistema electrónico de asistencia hasta por diez minutos.
Adelante diputado en el uso de la palabra.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos para verificar el quórum.
El diputado Iván García Solís: Ciudadano presidente, con Sala vacía pero confiando en que los monitores transmitan este mensaje a los asesores que queden ahí, y desde luego con el gran reconocimiento, con el gran reconocimiento a las diputadas y diputados presentes, por supuesto.
Ciudadanas y Ciudadanos Legisladores:
El objeto de la presente iniciativa, justamente es mejorar las condiciones de funcionamiento de nuestro Congreso, estoy proponiendo la reforma de los numerales 2 y 3 y la adición del 4 al Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de reducir y ordenar las Comisiones Legislativas de la Cámara, instituir por ley las Subcomisiones y facultar a la Cámara para incorporar como sujetos a evalar los entes públicos federales, es decir, son dos grandes temas: la reorganización de las Comisiones, dándole más relevancia a las Subcomisiones, entre otras cosas; y por otra parte, facultar a la Cámara para evaluar mejor a los entes públicos federales. Este es el objetivo principal que hoy presento.
Una de las tareas más importantes de los parlamentos modernos, además del control y la fiscalización es, por supuesto, la de legislar. La mayoría de los Congresos cuentan con Comisiones respectivas, que son órganos en los que recae buena parte de la función parlamentaria, pues son las entidades ded integración plural y especializada a las que el pleno delega la tarea ded elaborar dictámenes sobre las iniciativas de reforma presentadas.
Para cumplir con el cometido que señalo, hace falta, eso lo entendemos todos, una mejor infraestructura y más personal calificado, esta es demanda universal en todas y cada una de las Comisiones.
A la vez se requiere una reorganizaciones de las Comisiones Legislativas, cosa que hoy propongo, de modo tal que una vez reagrupadas sus materias, disminuyan su número para lograr un mejor desempeño, sin excluir tema alguno de las materias que el Congreso debe abordar. Esto lo señalo de manera muy enfática; no se trata con una compactación de comisiones, la exclusión de tema alguno, sino simplemente su mejor clasificación. Sí, por el contrario, se tiende a garantizar mejores condiciones para un cumplimiento adecuado de esta delicada función de las comisiones.
Quiero decir que esta propuesta, la médula de esta propuesta corresponde a demandas largamente presentadas en mesas redondas y actos diversos. En el caso de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias organizamos unos debates en esa materia y hubo una insistente recurrencia -valga el énfasis que pongo en este tema- para que hubiera un cambio en las propias comisiones.
Debe decirse que las comisiones merecen una atención cada vez mayor de nuestro Congreso. El Congreso ha tenido una evolución favorable en los últimos años ....
(ruido en el salón)
El diputado Iván García Solís: Puede intervenir la Presidencia?
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Compañeras y compañeros diputados, les rogamos a todos poner atención al orador.
El diputado Iván García Solís: Gracias Presidente.
Decía que la creciente importancia de las comisiones está a la vista de todos, por ejemplo, las comisiones que en un tiempo, hace 15, 20 años fueron simples ventanillas de trámite, hoy son espacios de elaboración y de decisión sumamente importante. Simplemente mencionamos los casos de la Comisión de Hacienda, de la de Presupuesto, la de Vigilancia de la Auditoría Superior, pero no sólo ellas; todas las comisiones han elevado su desempeño. Hay entonces esa contradicción: las comisiones crecen en importancia, pero no encuentran todavía los cauces adecuados para su desarrollo, por eso hay cambios urgentes.
Hay que decir que a causa de la mayor pluralidad de este Congreso, lo cual es plenamente plausible, ha sido necesario abrir espacios para que diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios participen activamente en el trabajo de comisiones; ésta es una de las causas del crecimiento desmesurado de las comisiones, pero señalo que hay legitimidad también en ese crecimiento.
Se han convertido las comisiones hay que decirlo- en un espacio legítimo de participación así como la respuesta a necesidades crecientes, necesidades crecientes por qué, por dos razones principalmente: En primer lugar por la complejidad de la Administración Pública y por sus cambios constantes, pero también por la necesidad de un mayor control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo y también en su caso, del Judicial, pero todo este desarrollo parlamentario nos debe llevar a instalar comisiones fuertes, a darle mayor fuerza a las comisiones.
Qué requeriríamos? Requerimos en primer lugar que las comisiones tengan más facultades, amplias facultades. Una reforma reciente a la Ley Orgánica ha parchado en este sentido, pero no es una reforma suficiente. A la vez necesitamos una mayor especialización y por supuesto hace falta que en las comisiones se dé vida plena a las subcomisiones, éstas existen pero no tienen su correlato legal suficiente y consistente, por ello las subcomisiones deben crecer también.
Decimos entonces que esta reforma tiende no a reducir el presupuesto camaral en su conjunto ni menos aún el destinado a las comisiones, por el contrario; estamos pensando que las comisiones incrementen sus recursos, tengan mayores posibilidades de actuación y al mismo tiempo haya un incremento de los recursos del diputado individual.
El diputado individual no debe ser arroyado, no debe ser nulificado, no debe ser minimizado por el trabajo en grupos parlamentarios. Sus derechos que se mantienen incólumes en la Constitución, deben tener su correlato también en el trabajo cotidiano y en el apoyo presupuestario y material que se les presta.
Entonces, entiéndase que éste es el sentido de la compactación y de la reforma a las comisiones que proponemos.
Y finalmente, y no menos importante, pedimos la reforma al numeral 3 del artículo 39 para incluir como objeto de control por parte de esta Cámara de Diputados, a los organismos autónomos de carácter constitucional y legal, mismos que en la actualidad comparecen por medio de sus titulares, ante este órgano legislativo bajo la figura de invitados.
En esto tenemos que avanzar más, aumentar la responsabilidad de estos funcionarios que vienen a la Cámara y al mismo tiempo, darle a este órgano legislativo la certidumbre de que las voces que aquí se escuchan, los reclamos que legítimamente se hacen, no simplemente son palabras al viento o para una nota efímera en los medios de difusión, sino que tienen consecuencias correlativas, consecuencias importantes que llevan a una función mejor del propio Parlamento y por supuesto a un mejor control del Poder Ejecutivo.
Así pues, compañeras y compañeros diputados, hago entrega a la Secretaría de este proyecto completo que ya está inscrito por otra parte, en la Gaceta Legislativa, donde se detalla la propuesta de reorganización de comisiones, esperando que esto tenga un efecto en la actual Legislatura, pero su efecto mayor se coseche a lo largo de los próximos desempeños parlamentarios.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre del registro electrónico de asistencia.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Sonido a la curul del diputado Víctor Alcérreca.
El diputado Víctor Alcérreca (Desde su curul): (Sólo para registrar su asistencia)
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputado Iván García Solís. Sonido en la curul del diputado García Solís.
Ciérrese el sistema electrónico.
Sonido en la curul del diputado García Solís.
El diputado Iván García Solís (Desde su curul): Presente.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputado Presidente, existen 338 diputados presentes.
Hay quórum.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Continuamos.
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las siguientes leyes: General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; General de Vida Silvestre; General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; General de Desarrollo Forestal Sustentable, de Bioseguridad, de Organismos Genéticamente Modificados y del Código Penal Federal.
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Usted lo tiene.
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Compañeras y compañeros diputados:
En 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente y el desarrollo, la comunidad internacional acordó adoptar un enfoque para el progreso de los pueblos que protegieran el medio ambiente, mientras se aseguraba el desarrollo económico y social.
Desde entonces, México se comprometió a legislar en materia de responsabilidad por daños ocasionados al ambiente, indemnización y compensación de las víctimas de la contaminación y para hacer posible el acceso efectivo de la ciudadanía a los tribunales que imparten justicia en materia ambiental.
En congruencia con lo anterior, nuestros legisladores establecieron como principio de política ambiental de México, que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a reparar los daños que se causen, así como asumir los costos que dicha afectación implique, apuntando con ello a la necesidad de desarrollar la legislación sustantiva y procesal, relativa a la responsabilidad ambiental.
A pesar de esta declaración, la normatividad mexicana no responde aún a las expectativas de justicia de las comunidades, de la sociedad, no garantiza en los hechos los principios reconocidos por el derecho ambiental. Es necesario legitimar a los ciudadanos para posibilitar su acceso a los tribunales, es indispensable propiciar la intervención del Poder Judicial en la solución de los conflictos ambientales.
Es impostergable construir un sistema de justicia que posibilite la acción corresponsable del gobierno y la sociedad civil en la protección del medio ambiente, que garantice la efectiva reparación de los daños, la atención a las víctimas de contaminación, al mismo tiempo, que desincentive económicamente a quienes no han adoptado por el cumplimiento de la normativa que tutela el ambiente.
En los últimos años se han registrado en nuestro país, un sin número de acontecimientos que han tenido como resultado la contaminación de cuerpos de agua, suelos, subsuelos, manto freático y acuíferos. Se han hecho públicos casos de emisiones puntuales de contaminante que han impactado a sectores amplios de la sociedad, descargas ilícitas de aguas residuales, desechos clandestinos de residuos peligrosos, encañamiento de embarcaciones en bancos de coral en áreas naturales protegidas, así como de construcción ilegal de proyectos sobre manglares y en zonas en las que se ocasiona ilegítimamente la deforestación y el cambio de uso de suelo en nuestros bosques y selvas.
Estos precedentes son elementos determinantes que justifican la necesidad de crear un régimen especial de responsabilidad ambiental, fuera del Código Civil y de Procedimientos Civiles Federales. De lo anterior, puede concluirse la necesidad de una reforma sistemática en materia, que a la vez, permita llevar a la vida de nuestros tribunales los reclamos de solución de controversias ambientales, por daños ocasionados al entorno de garantías y seguridad, a los agentes económicos de que este proceso se llevará a cabo con seguridad, transparencia y equidad.
Los prejuicios sociales y ambientales se derivan de la indefinición de las responsabilidad, obligaciones y medios efectivos para defender ante los tribunales el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la persona. Ponen de relieve la necesidad de disponer de una normatividad sustantiva y procesal, capaz de prevenir, controlar y sancionar los daños y afectaciones a estos bienes.
El proyecto propuesto regula la responsabilidad respecto a dos hipótesis dañosas: la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente y la correspondiente a los daños y afectaciones ocasionados a la salud e integridad de las personas como resultado de materias y residuos no peligrosos que han sido liberados al entorno.
Como hemos dicho el bien a protegerse por las normas positivas ambientales, es la calidad del ambiente y derecho del hombre a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. El propio artículo 4 constitucional, evidencia el binomio ambiente-salud, al señalar que toda persona tiene derecho a un ambiente sano, para su desarrollo y bienestar.
La regulación de responsabilidad ambiental, se propone en consecuencia a ello.
En ese sentido, se proponen normas sustantivas y procesales no para dotar a la SEMARNAT con facultades administrativas que competen a la Secretaría de Salud, sino para dar acceso a la ciudadanía a un procedimiento judicial que permita abordar los efectos negativos que los daños ocasionados al ambiente, tienen a su vez sobre las personas.
A través de la definición de afectación a la integridad de las personas por materiales y residuos no peligrosos liberados al ambiente, se reconoce por primera vez en nuestro sistema jurídico un adeudo a la dignidad de la persona: la introducción ilícita y no consentida de contaminantes en el organismo humano, es un hecho reprochable que requiere de una compensación.
Así, los capítulos dos y tres de la iniciativa propuesta, se dirigen a regular tanto la responsabilidad directamente relacionada con el daño ambiente, como aquella derivada de los efectos negativos ocasionados a la persona al generar contaminación ambiental con materias o residuos peligrosos.
El capítulo cuarto regula la acción y el procedimiento especial, a través de los cuales podrán atenderse los daños y pretensiones, previstos en los dos títulos referidos.
El nuevo sistema se ajusta a las estrictas garantías procesales y permite la efectiva intervención del Poder Judicial, pero no por ello excluye la intervención de otros procedimientos.
La necesidad de crear un sistema de responsabilidad ambiental, no sólo obedece al reclamo de reparación de daños ocasionados al entorno, sino fundamentalmente a la demanda social de participación directa en la tutela del ambiente que requiere el acceso efectivo y sin intermediación a los Tribunales del Poder Judicial, así como la participación activa de éste en la resolución de los conflictos ambientales.
A la fecha, las únicas vías de satisfacción de los reclamos de la justicia ambiental al alcance de los miembros de las comunidades afectadas por una obra o actividad, son el procedimiento administrativo y el penal, que no permite el acceso directo de los ciudadanos a los tribunales. En ambos casos, la legislación interpone a una institución pública entre la ciudadanía y el órgano resolutor del conflicto, que no siempre puede o quiere atender a las demandas ciudadanas.
Lo que se plantea en este propuesta es la actuación ciudadana, independiente de las autoridades administrativas, pero como un fin común que no sólo es el de procurar la reparación de los daños ecológicos, sino también el de abatir, inhibir y prevenir, de manera eficiente, los actos violatorios a la normativa ambiental.
La iniciativa proviene de la conjunción de los esfuerzos y recursos del gobierno con los de la ciudadanía que sufre el daño ecológico. En suma, se busca la corresponsabilidad social efectiva en el ambientamiento de la impunidad ambiental.
Finalmente, es fundamental mencionar que el 13 de abril del presente año, los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados, así como en el Senado de la República, realizamos un foro en materia de responsabilidad ambiental en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al cual asistieron especialistas tales como el Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el Director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, el Subprocurador de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría Ambiental del D.F., el Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, el Director General Adjunto Jurídico de SEMARNAT, entre otros, cuyas aportaciones, propuestas e ideas, fueron incorporadas en la presente iniciativa que hoy les presentamos para su consideración.
Asimismo, se organizó un grupo de trabajo que contó con la participación de académicos expertos en la materia, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Anáhuac, de la Universidad Nacional () Autónoma Metropolitana, del SEMDA (), Greenpace México, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del D.F., y asesores del Partido Verde y diversos abogados ambientalistas.
Por lo anterior expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, Ley General de Vida Silvestre, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y Código Penal Federal.
Por obviedad de tiempo omitiré la lectura del articulado. Sin embargo, le pido se inserte el texto íntegro de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria en el Diario de los Debates.
Es cuanto señor presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Justicia y Derechos Humanos.
Esta presidencia le da la más cordial bienvenida al personal docente y alumnos de la escuela primaria Pili Cau (?) del municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, invitados por la diputada federal Rosalina Mazari Espin. Bienvenidos.
Igualmente saludamos a un grupo de enlace ciudadano de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, invitados por nuestra compañera diputada Norma Saucedo. Sean bienvenidos.
También le damos la más cordial bienvenida al Centro Universitario de Tehuacán, Puebla, invitados de María del Carmen Izaguirre.
Esta presidencia da la más cordial bienvenida también a alumnos de la preparatoria Colegio Campo Verde, Manzanillo, Colima, invitados del diputado Rogelio Rueda. Bienvenidos.
Continuamos.
Tiene la palabra la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 150 y 154 del Código Penal Federal.
La diputada Marcela Guerra Castillo: Con el permiso de la presidencia; honorable asamblea:
Los asesinatos de presos acusados de secuestro y delitos contra la salud, en el penal de máxima seguridad de La Palma, en el Estado de México, sucedidos en el 2004, así como la fuga de 8 reos integrantes de la banda de secuestradores "Los Macizos" del Centro de Readaptación Social de Neza Bordo y el más reciente en el año 2005, el secuestro del director técnico del equipo de futbol Cruz Azul, Rubén Román Romano, que fue ordenado por José Luis Canchola Sánchez, quien participó en múltiples secuestros con Andrés Caletri López.
Actualmente Canchola Sánchez, se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, por los delitos de privación ilegal de la libertad, portación toda vez que en el año 2003 se fugó del Reclusorio Sur y posteriormente fue recapturado.
Estas presuntas relaciones tienen mucho más tiempo y uno de los hechos más significativos fue la célebre fuga del narcotraficante el señor Guzmán conocido como El Chapo, en el año 2001 el cual a la fecha no ha sido recapturado.
Esta fuga ocurrió en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, hoy popularmente conocido como el penal de "Puerta Grande".
La vulnerabilidad que tienen los reclusorios y penales de máxima seguridad ha quedado de manifiesto ante el crecimiento de la delincuencia organizada que ha logrado consumarse como la industria más rentable, ya que sólo se requiere como única inversión la ausencia de escrúpulos y una gran dosis de cinismo.
La seguridad pública y la procuración de justicia son temas que han sido ampliamente tratados y sobre los que se han establecido debates muy profundos y su atención eficaz de esto resulta fundamental para mantener el orden público.
El tema de la seguridad que se vive y de la inseguridad más bien, que se vive en nuestro país, ocupa un lugar preponderante en la agenda nacional desde hace varios años en México.
Este enfrentamiento a esta problemática que ha ido creciendo y generando nuevas formas de delinquir, y lo más grave es que se ha adentrado en las cárceles.
Ante la fugar de varios presos cabezas de organizaciones criminales dedicadas al secuestro y al narcotráfico, principalmente así como la reincidencia de otros presos en intentos de fuga y la corrupción de custodios, nos lleva a endurecer las penas.
Si bien la inseguridad tiene sus orígenes en una diversidad de causas de tipo social-económico, para atacarla es preciso ejercer todo el poder de las leyes.
Aunque parezca increíble, en nuestro país existen maneras legales para evadir la justicia, como es el caso específico de la fuga, en donde al imputado le asiste y se le reconoce el derecho de fugarse tácitamente sin sanción alguna como dicta actualmente el código punitivo en el artículo 154 que cito en este momento:
"Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna sino cuando obre de concierto con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos o ejerciese violencia en las personas, en cuyo caso la pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión". Solamente en caso de violencia. El delito de fugarse no se punifica.
En la actualidad, uno de los principales retos del estado mexicano es precisamente el combate a la delincuencia y a la violencia, y a la inseguridad que mantienen en zozobra constante a nuestra sociedad mexicana.
La situación actual de las cárceles en el país requiere un cambio fundamental. Algunos funcionarios encargados de supervisar el cumplimiento de las penas en los centros de reclusión de nuestro país y en gran medida, se encuentran coludidos con los niveles más altos del hampa y son estos quienes permiten las fugas de delincuentes altamente peligrosos y nocivos para la sociedad.
Son por estas razones que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronuncia a favor de castigar penalmente al reo que intente fugarse o se fugue, así como incrementar las sanciones respecto a los funcionarios que auxilien o ayuden a uno o varios reos a intentar o lograr fugarse.
Por lo anteriormente manifestado, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía el siguiente decreto por el que se reforma el artículo 150 y154 del Código Penal Federal.
"Artículo 150.- Se aplicará de un año a doce años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de ocho a dieciséis años de prisión. O bien en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentará hasta veinte años de prisión.
Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además, será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de diez a quince años.
Artículo 154.- Al preso que se fugue, se le aplicará una pena de un año y seis años de prisión si la evasión es colectiva o se produce con violencia. La pena se incrementará en un tercio de la prevista en este artículo.
Artículo transitorio único.- Este decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
A este Palacio Legislativo, a esta fecha del día de hoy.
Muchas gracias. Es cuanto señor presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Esta presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos y maestros de la carrera de ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados de la diputada Leticia Gutiérrez Corona. Sean bienvenidos. (aplausos)
A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Penal Federal en materia de imputación y sentencia.
El diputado Angel Pasta Muñuzuri: Con el permiso de la presidencia. Señor presidente, por respeto al tiempo haré una síntesis de la iniciativa. El texto íntegro le solicito se integre en el Diario de los Debates.
Compañeras y compañeros diputados: El de la voz, Angel Pasta Muñúzuri, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma y adiciona el artículo 99 del Código Penal Federal y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 16, párrafo segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo, 18, párrafo segundo, 19, párrafos primero, segundo y tercero, 20, primer párrafo, inciso a), fracción I y V, 22, fracción IV, 95, fracción IV, 102, inciso a) párrafo segundo y 110, párrafo cuarto, 111, párrafos primero, segundo y séptimo y 119, párrafo segundo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Exposición de motivos.
El Partido Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política.
Busca que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la concepción del bien común.
Como persona libre, el ser humano debe de ser un objeto ético y social; por lo tanto, responsable ante sí mismo y ante los demás. Tiene deberes y obligaciones y derechos propios de su naturaleza.
La libertad no puede ser constreñida arbitrariamente por el Estado y no tiene otros límites jurídicos que los impuestos por el interés nacional, por las normas sociales y por el bien común.
La libertad de cada persona ha de coexistir creativa y solidariamente con la libertad de los demás.
Como es sabido, los distintos ordenamientos legales que van desde la propia Constitución general hasta la reglamentación interna de los centros de reclusión apunta a la reintegración de los sentenciados; por lo tanto, aquellas personas que han sido condenadas pierden su libertad, pero pueden perder cierto derecho de carácter civil, político o familiar, ya que en razón de dicha sentencia también pueden sufrir una afectación de la suspensión de algunos derechos.
El propósito del encarcelamiento va más allá del castigo y la protección de la sociedad. Tiene que ver con la capacidad de rendir cuentas. Pero el objetivo de la prisión es el de la readaptación y, una vez cumplida la pena de los sentenciados, regresará a la sociedad. Al menos esa es la idea que tenemos de mantener privado de la libertad a aquéllos que han cometido ilícitos.
Por tal razón, las prisiones deben ser lugares donde se desafíe y aliente a los infractores para que cambien sus comportamientos y actitudes y donde se aprehendan las habilidades necesarias para poder trabajar y vivir en comunidad, como hombres y mujeres de bien.
La iniciativa pretende el concepto de persona, manteniendo el calificativo de condenado. La reforma que propongo pretende dignificar a la persona que ha cometido un ilícito y que por tal razón está siendo privado de derechos, pero que se debe de salvaguardar la condición de persona, que no la pierda por ese simple hecho y que no le pueda llamar de una forma que lastime su personalidad.
De tal razón considero que la reforma debe ser llevada al ámbito constitucional para que la legislación secundaria y la de los estados e la Federación, incorporen en sus respectivos ordenamientos el concepto de "imputado" en lugar de condenado, indiciado, inculpado o delincuente, que son expresiones que de cierto modo indican una forma despectiva para referirse a las personas que cometieron un delito.
Así las cosas, en el proyecto de decreto que propongo, se hacen los cambios de los adjetivos: condenado, indiciado, inculpado o delincuente, por el de "imputado".
Honorable Asamblea: Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente artículo 1.: "Se reforma y adiciona el artículo 99 del Código Penal Federal que prevé sobre la rehabilitación del condenado".
Artículo 2.: "Se reforman y adicionan los artículos 16 párrafo segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo; 18 párrafo segundo; 19 párrafo primero, segundo y tercero; 20 primer párrafo inciso "a" fracción I y V; 22 fracción IV; 95 fracción IV; 102 inciso "a" párrafo segundo; 110 párrafo cuarto; 111 párrafos primero, segundo y séptimo y 119 párrafo segundo. Todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TRANSITORIOS
"1.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
"2.- Las entidades federativas deberán adecuar sus ordenamientos legales a lo dispuesto en el presente decreto en un plazo no mayor de un año a partir de la entrada en vigor de este mismo".
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de octubre del año 2005.
Es cuanto, señor Presidente. Gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado.
Insértese totalmente el texto de la iniciativa del señor diputado en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos.
Se pospone la presentación de la iniciativa que reforma el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, del diputado Alejandro Agundis Árias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Tiene la palabra el diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Sergio Arturo Posadas Lara: Con su permiso, señor Presidente.
Sergio Posadas, diputado de la LIX Legislatura de este Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, y 72 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Poder de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con lo siguiente:
El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, establece que la soberanía nacional en su sentido más amplio consiste en salvaguardar la integridad del territorio nacional, la libertad de su población y el apego irrestricto al Estado de derecho. Y señala como prioridad garantizar el orden público con respeto a las libertades y derecho de los mexicanos.
"En el Estado moderno la seguridad nacional tiene como objetivo el velar por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones. Y para ello el gobierno federal ha emprendido diversas acciones contra el crimen, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo. Flagelos éstos que junto con la pobreza y la desigualdad, la vulnerabilidad de la población frente a los desastres naturales y la destrucción ambiental representan las verdaderas amenazas a la seguridad nacional.
"El Ejecutivo Federal ha asumido como objetivos rectores en el área de orden y respeto el defender la independencia, la soberanía y la integridad del territorio nacional, entendiéndose ésta en su sentido más amplio como la masa continental, las aguas interiores, el mar territorial, es espacio aéreo, el subsuelo y los recursos naturales, incluyendo la zona económica exclusiva y diseñar un nuevo marco estratégico de seguridad nacional en el contexto de la gobernabilidad democrática y del orden constitucional.
"Por todo lo anterior se determina que la seguridad nacional y la seguridad pública son funciones prioritarias que el Ejecutivo debe ejercer a través de sus instituciones y de ello depende la debida salvaguarda del territorio y la integridad propia del país.
"Para el debido cumplimiento de la misión encomendada a la Armada de México, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y otras dependencias como la propia Secretaría de la Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República, se requiere llevar a cabo la compra de diverso material bélico, equipo militar para la eficaz operatividad, que ayude a disminuir la brecha entre los sofisticados equipos que emplea la delincuencia organizada, las cuales en la mayoría de los casos se realiza en países extranjeros dada la falta de desarrollo tecnológico de nuestro país y la exigencia de los tiempos modernos.
"La adquisición de materiales y equipo bélico de vanguardia y alta tecnología se realiza generalmente a través de la importación de estos y día a día se lleva a cabo en mayor número con el fin de contar con los medios materiales más eficaces para salvaguardar la seguridad interior y la defensa exterior de la nación, lo que representa importantes y cuantiosas erogaciones con cargo al presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas y a las dependencias federales respectivas, las cuales aumentan aún por el pago del impuesto al valor agregado en dichas importaciones.
"En efecto, las Fuerzas Armadas de la Nación emplean material bélico y equipo de alta especialización tecnológica, las cuales son adquiridas en el extranjero. Esta necesidad se hace más patente en el caso de los buques que emplea la Armada de México en los que un 90 por ciento de los equipos de propulsión y el cien por ciento de los equipos bélicos y de detección son de importación. Similar caso de las aeronaves en general y máxime si se encuentran artilladas.
"Además, si tomamos en cuenta que las reparaciones mayores, reconstrucciones y servicios que tienen que ser efectuados en el extranjero y que al ser desaduanados dichos equipos, se tiene que volver a pagar el impuesto al valor agregado, mismo que ya había sido pagado cuando se adquirieron los mismos, por lo que dicho impuesto se paga en diversas ocasiones durante la vida útil de los mismos, lo cual impacta de manera importante al presupuesto asignado a aquellas dependencias.
"Es del conocimiento público que a partir del ejercicio fiscal del año 2000 las Fuerzas Armadas y en especial la Secretaría de Marina han sufrido severas disminuciones en el presupuesto asignado y particularmente en el rubro correspondiente a gasto de inversión, lo que ha ocasionado que realicen la misión encomendada en situación poco favorable, lo cual se agrava con el pago del impuesto por la importación del equipo y material que necesitan para el buen desarrollo de sus actividades.
"Es de suma importancia hacer notar a esta soberanía que anteriormente el desaduanamiento de equipos y la importación de material y equipo bélico destinado a fines de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública se encontraban exentos del pago al Impuesto General de Importación y del Impuesto al Valor Agregado, por disposición del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto basándose en lo dispuesto por los artículos 61 fracción I y 63 de la Ley Aduanera y la resolución de la Miscelánea de Comercio Exterior para 1997.
"La iniciativa que se propone resultaría benéfica para las instituciones militares nacionales y las dependencias que tienen encomendada la función de la seguridad pública, toda vez que el pago del Impuesto al Valor Agregado por concepto de la importación de los bienes en referencia, les implica una importante erogación, lo que les impide realizar otras adquisiciones en un ejercicio fiscal.
"Al exentárseles el pago del Impuesto al Valor Agregado, se les permitiría tener importantes disminuciones en los costos de adquisición de equipo y material, así como el mejor mantenimiento de los mismos, lo cual redundaría en una mejor aplicación de los recursos presupuestales que le son asignados y con ello se eficientarían las acciones gubernamentales en materia de seguridad nacional y seguridad pública.
"Además de lo anterior, dicha exención no traería impactos recaudatorios a Hacienda Pública, toda vez que cobrar el Impuesto al Valor Agregado a las Fuerzas Armadas Nacionales y dependencias encargadas de la seguridad pública, por las importaciones de material y equipo necesario para la ejecución de sus funciones, equivale a erogar recursos económicos destinados a las propias instituciones para devolverlos al erario federal o lo que es lo mismo, equivale a sacar recursos de una bolsa para guardarla en otra.
"El fin último del impuesto es contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que tiene el Estado y entre esos gastos se encuentra la compra de mercancías destinadas al adecuado equipamiento de las Fuerzas Armadas, para cumplir con el objetivo de la seguridad nacional y de la seguridad pública de nuestro país.
"Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Poder de la Unión, lo siguiente:
"Se adiciona la fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
"Fracción IX.- Las mercancías que importen las Secretarías de Marina, de Defensa Nacional, de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, con objeto de destinarlas a la seguridad nacional o a la seguridad pública del país.
"Transitorio.
"Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Segundo.- Se derogan las disposiciones que contravengan al presente decreto".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 56, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes provenientes del Centro de Estudios Superiores de Zamora, del Municipio de Zamora, Michoacán, invitados de nuestro compañero el diputado Reynaldo Francisco Valdés Manzo. Sean bienvenidos.
(Aplausos)
Tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante diputado.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso señor Presidente, ciudadanas Diputadas, ciudadanos Diputados.
Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de Diputado Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 71 Fracción II de la Constitución Genera de la República, 55 Fracción II , 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos.
El Artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión, se deposita en un solo individuo denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos elegido por voluntad del pueblo.
Este servidor público está obligado a cumplir una política basada en las facultades que le confieren las leyes durante el tiempo de su encomienda, ejerciendo sus atribuciones como Jefe del Estado Mexicano por el que recibe una serie de percepciones a título de Dieta para su persona y sus parientes por consanguinidad.
Tengo entendido, que sobre este tema existen algunas propuestas legislativas, pero el propósito de esta Iniciativa es ampliar y perfeccionara conforme a Derecho, la supresión de las pensiones vitalicias manteniendo el respeto a los derechos de los servidores públicos aquí referidos, en consonancia con la igualdad y equidad que debe haber entre los mexicanos.
El espíritu de las normas ha pretendido que prevalezcan los principios de seguridad social y debida retribución para los servidores públicos, lo cual se extendió en la Historia a ciertos representantes elegidos por sufragio directo o designados por nombramientos, situación que en el ámbito de la equidad nos enfrenta al caso de las Pensiones Vitalicias.
Los emolumentos que los servidores públicos de Confianza perciben durante su encargo, tienen su origen en el Artículo 127 de la Ley Fundamental pero en el análisis que nos ocupa, merece central atención la figura del Presidente de la República por ser quien más se beneficia en sus ingresos, situación que ha propiciado severas críticas fundadas en virtud de que representa una parte importante del gasto corriente.
Es preciso distinguir que el origen jurídico de las Pensiones Vitalicias no radica en instrumentos legislativos, esta política se funda en dos Decretos que otorgan a los ex Presidentes gozar de persona militar bajo sus instrucciones y a disfrutar de los servicios de Seguridad Social, Gastos Médicos Mayores, así como la Pensión Vitalicia para sí, su cónyuge e hijos.
Es así como desde la década de los 80/s se aplica ese Mandato con base en una fuente del Derecho aislada, que es la costumbre. Por lo tanto carece de legitimación y del sustento jurídico de la normatividad que expide el Congreso de la Unión para los actos gubernamentales.
Es necesario puntualizar que el propósito de las Pensiones Vitalicias, es manifestar la gratitud del Estado, a una persona por el esfuerzo desempeñado por sus servicios, pero de ningún modo puede continuar otorgándose esta prerrogativa discrecionalmente ni debe hacerse con arreglo a disposiciones administrativas que redundan en la falta de equidad social y jurídica para los mexicanos, porque las mismas son cubiertas con fondos procedentes del patrimonio de la nación y que n siempre se tendrán para poder satisfacer estas prerrogativas.
Debo asentar con claridad, que el creciente fenómeno del abuso del Poder público demostrado en los últimos años, hacen necesaria una adición al Artículo 127 Constitucional, a fin de eliminar las Pensiones Vitalicias, respetando los derechos de los ex Servidores Públicos de Confianza, que hasta estos días gozan, en términos del Artículo 123 de la propia Ley Fundamental, conservando sus ingresos por pensiones, entregas por retiro, haberes y equivalentes.
Es ineludible reconocer que la concesión de las pensiones vitalicias, representa una erogación sujeta a disponibilidad de recursos, limitada por factores que dificultan su otorgamiento continuo, porque vivimos en un país con nulo crecimiento económico, propiciado por la falta de inversión, expuesto a una deficiente recaudación fiscal, inmerso en la incertidumbre de la pobreza y la injusticia social, sometidos a los caprichos de las autoridades, que ejercen una inequitativa distribución de los ingresos públicos, como ocurrió con el decreto del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del presente año 2005.
Debemos recordar que los antecedentes del tema han sido diversos, pero el Estado no debe ser obligado a cubrir gastos superfluos en una economía disfuncional, sosteniendo el pago de pensiones vitalicias de quienes algún día ocuparon puestos como el de presidente de la república, directores generales de empresas de la administración pública descentralizada, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulares de la banca central y de desarrollo entre otros.
Todo ello únicamente con la finalidad de generalizar la aplicación de las normas a todos los mexicanos, conforme a lo ordenado en las garantías de igualdad, perceptuada en el Artículo 4. Constitucional en aras de vivir en un país más justo.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de octubre del año 2005.
Solicito de manera atenta y respetuosa, señor presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado
Insértese totalmente el texto de la iniciativa del señor diputado en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
El diputado Luis Antonio González Roldan: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.
Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país, por lo tanto, nuestra tarea legislativa consiste en crear leyes con oportunidad y sustantividad.
Es necesario resaltar que los índices delictivos han rebasado a las autoridades encargadas de combatir y abatir el fenómeno criminógeno, la fuera de la delincuencia organizada radica en el establecimiento, de alianzas y vínculos que logran en los niveles nacional e internacional.
En uno de sus aspectos las organizaciones criminales organizadas, emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial, a ello se le conoce como lavado de dinero, por ello, la delincuencia en su manifestación organizada, constituye uno de los más graves y vitales problemas, que dañan y perjudican a la sociedad.
La delincuencia organizada tiene como eje central de dirección y mando, una estructura jerárquica, vertical y rígida que emplea la violencia extrema y utiliza los medios de corrupción.
Otro flagelo que tenemos que atender es la explotación sexual y comercial infantil, ésta es otra forma de manifestación del crimen organizado que deja cuantiosas fortunas a los corruptores de menores. Por ello, la política de prevención del delito como eje fundamental para la erradicación de cualquier forma de explotación, requiere de la concurrencia de todas las autoridades vinculadas en la materia; son bandas de criminales que actúan sin perjuicio ni escrúpulos, que arrancan la inocencia a muy temprana edad a los niños y niñas. En nuestro país, más de 16 mil menores de edad actualmente son explotados sexualmente.
Esas bandas organizadas también blanquean sus ganancias a través de la creación de empresas. El lavado de dinero es un fenómeno antisocial de carácter criminal, generalmente con implicaciones internacionales en donde participa de manera importante la delincuencia organizada y cuyo proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen ilícito de las ganancias derivadas de la comisión de actividades delictivas, a fin de darles una apariencia legítima.
En cuanto a la evasión fiscal, también ha crecido determinante en la criminalística gente dedicada al contrabando y a la piratería, que después del narcotráfico y el robo de autos, son los delitos más redituables en México, siendo los países asiáticos los principales exportadores de piratería en el mundo y nuestro país uno de sus importantes compradores.
Los productos de contrabando o piratas se mezclan con las mercancías legales, es decir, una persona puede estar comprando un producto de calidad certificada, por uno reconstruido con piezas usadas o fabricado sin las mínimas normas básicas de seguridad. Es un asunto muy delicado, grave y preocupante, porque desalienta la inversión privada, no contribuye al fisco, existe una competencia desleal y por sus bajos costos, obliga al cierre de empresas legalmente establecidas. La ola de delitos se ha intensificado en los últimos años, la delincuencia organizada no opera nacionalmente, sino que se ha transformado en organizaciones criminales que rebasan las fronteras llegando a la categoría de trasnacionales.
Vivimos en una inseguridad generalizada que nos llena de temor y de zozobra, los cuerpos de seguridad pública se muestran impotentes ante el crimen organizado. El narco menudeo en la República Mexicana se ha incrementado, por lo mismo el consumo, distribución y venta de psicotrópicos y estupefacientes. En esa vertiente se encuentra la piratería y el contrabando.
En el mes de mayo de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación del encabezado del Título 23 y el Capítulo 2, que contempla al artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en donde se tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El legislador acertadamente ubicó este delito en el Capítulo de Encubrimientos y no en el Código Fiscal de la Federación, pues el bien jurídico que se protege ya no es la Hacienda Pública, sin embargo, en nuestro concepto existe una indebida utilización del vocablo ilícito, es decir que los recursos que se manejan carezcan de licitud, por lo tanto, lo ilícito es aquello que contradice al derecho.
Un ejemplo es cuando se vende una cosa y ésta contiene lo que en derecho civil se conoce como "vicios en el consentimiento", también eso es contra derecho, por lo que en estricto sentido, si alguien vende un bien con vicios del consentimiento, como puede ser el dolo, la mala fe, la lesión, el error, entonces la operación que se haga como la compra-venta, la permuta, el comodato, se ubicarían como operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que necesariamente tendrá que ser sancionada dicha operación en términos de lo prescrito por la Ley Penal.
De ahí surge la necesidad y justificación de la presente iniciativa, porque se propone sustituir la denominación del Capítulo 2 y la del Título 23 , así como reformar el párrafo 6 del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, siendo que cada uno refiere que:
A Título 23. Dice: "Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita..." Se propone que diga: "Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia delictiva".
Capítulo 2: B. Dice: "Operaciones con recursos de procedencia ilícita..." Se propone diga: "Operaciones con recursos de procedencia delictiva".
Artículo 400 Bis.- Para efectos de este artículo, se entiende que son producto de una actividad delictiva los recursos.
Continúa el articulado.
Con la presente se logrará una mayor comprensión y entendimiento para llamar a las cosas por su nombre y evitando así, que aquellas personas físicas o morales, mediante la actividad de lavado de dinero, justifiquen la procedencia lícita de sus recursos y con ello, su conducta delictiva quede impune.
Cabe mencionar, que el lavado de dinero es una conducta ilícita, pero más bien y en estricto sentido, es una conducta delictiva.
Esto es porque, tanto el delito de encubrimiento como el delito de operaciones con procedencia ilícita, son delitos que no tienen autonomía propia, porque dependen de la existencia de un acto delictivo previo, porque no puede encubrimiento sin delito, ni se puede hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita si no hay otro delito que le dé vida a éste.
Por otro lado, dentro de la exposición de motivos de la iniciativa que se mencionó y que se tradujo en la creación de la Capítulo XXIII y el Capítulo Segundo y del artículo 400 Bis de la Ley Adjetiva Penal, se enfatiza la intencionalidad más que las acciones dentro del manejo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que se considera que los comúnmente se denomina lavado de dinero, se constituye por actos en que siendo ilegal tal actividad, el origen del dinero es disfrazado, ese origen o incubierto su propiedad, con el objeto que éste aparezca como legítimo.
Atendiendo el control y vigilancia que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia financiera, se contempla su denuncia previa para proceder penalmente, en el caso, conductas en que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero.
Lo antes dicho, obedece en que para el lavado de dinero se utilizan a instituciones financieras, creación de empresas, discotecas, centros de diversión.
En mérito de lo antes expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la aprobación de esta H. Soberanía, la iniciativa que se propone.
Por respeto al tiempo permitido, solicito a la Presidencia se publique íntegra la iniciativa de mérito, tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Insértese totalmente la iniciativa del diputado en el Diario de los Debates y de no estar publicada, en la Gaceta Parlamentaria y se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el diputado Florentino Domínguez Ordóñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
El diputado Florentino Domínguez Ordóñez: Con su venia diputado Presidente.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores:
El Partido Revolucionario Institucional considera que el mejoramiento de las condiciones de vida de la nación mexicana deba pasar necesariamente por la educación y que el proceso educativo es primordial en el proceso enseñanza-aprendizaje, toda vez que en la constante superación profesional y trato cotidiano con los educandos, los maestros los hace aptos para realizar planteamientos serios que reflejan sus experiencias educativas traducidas en necesidades que deben contener los planes y programas de estudio, los hacen los mejor capacitados para presentar planteamientos serios y sean vínculo que coadyuve con la autoridad educativa, posibilitando que hayan sido considerados educadores sobresalientes para integrar un órgano de consulta de las autoridades educativas.
Por tal razón, en el año de 1920, siendo Presidente de la República don Venustiano Carranza, consideró prudente consagrar en la Ley de Educación, la Comisión de Instrucción Pública, integrada por educadores sobresalientes y distinguidos por su preparación, con la finalidad de que funcionará como órgano de consulta para la autoridad educativa.
Posteriormente, en el año de 1940, la Ley Orgánica de Educación contempla al Consejo Nacional de Educación. Más adelante, en el periodo del licenciado Adolfo Ruiz Cortines, se instituye el Consejo Nacional Técnico de la Educación, con el mismo criterio de ser integrados a estas actividades, maestros sobresalientes y distinguidos por su preparación pedagógica y con los mismos fines de asesorar a la autoridad educativa.
Años mas tarde en 1973, la Ley Federal de Educación en su artículo 26, contempla el Consejo Nacional Técnico de la Educación, como órgano de consulta y apoyo del Secretario de Educación Pública y de las entidades federativas y además, de acuerdo al artículo 1 de su reglamento que lo rigió, se encargaba de promover la participación de los maestros y de los sectores de la comunidad, interesados en la proposición de planes y programas de estudio y políticas educativas, funcionando a través de comisiones permanentes que a continuación se mencionan:
Planeación
Coordinación y mejoramiento de la educación.
Planes de estudio.
Programas y métodos de enseñanza, aprendizaje
Evaluación educativa.
Libros de texto y consulta.
Incorporación y reconocimiento de validez oficial de estudios.
Materia didáctico y útiles escolares.
Legislación educativa
Educación física y otros aspectos pedagógicos.
Además, había una representación permanente de los estados en las reuniones plenarias donde se analizaban los problemas educativos federales y de las entidades. También en su oportunidad se daban a conocer reformas de los planes y programas de estudio, aportando resultados que permitieron avances manifiestos y dieron prestigio a la educación nacional.
Posteriormente en 1979, el reglamento del Consejo Nacional Técnico de la Educación, considera procedente la creación de los consejos estatales técnicos y los lineamientos para su respectiva organización.
Posteriormente, en el mes de mayo de 1992, el Acuerdo Nacional para la Modernización de Educación Básica, establece: "la nueva estructura organizativa, implica el cumplimiento de responsabilidades, el uso de recursos, la correspondencia con los niveles de gobierno emanados del régimen federal y la creación de figuras colegiadas, consejos escolares, municipales y estatales, en los que están representados el maestro, los padres de familia, la comunidad y la autoridad. Implica también funciones de gestión, entre otras autoridades, colaboración y apoyo, pero en ningún caso, dichos campos colegiados duplicarán o evadirán las atribuciones que correspondan a los consejos técnicos que por ley deben existir en las escuelas y serán fortalecidos a partir de ese acuerdo".
Sin embargo, en forma inexplicable en 1993, entra en vigencia la Ley General de Educación, que ya no contempla al Consejo Nacional Técnico de la Educación y por consecuencia, afecta la existencia de los consejos técnicos estatales de la educación, a pesar de que tuvo su origen mediante decreto de la Presidencia de la República como ya mencioné en líneas anteriores- y que durante su vigencia aportó gran utilidad a la educación, agregando a esto, que no es incompatible con el Consejo Nacional de Participación Social en Educación, contenido en la actual Ley General de Educación y además contempla su vigencia al Acuerdo Nacional para la Modernización Básica, signado el 18 de mayo de 1992.
De acuerdo a opiniones de los profesores en relación a la desaparición del Consejo Nacional Técnico de la Educación a nivel nacional y de los consejos estatales técnicos de la educación, manifiestan que de esta manera se extingue la posibilidad de que del magisterio sean escuchadas sus propuestas que son producto de su experiencia docente, que reflejan la realidad educativa del país, con sus carencias, necesidades y aciertos, para ser atendidos con su correspondiente pertinencia y viabilidad, perdiéndose así, la capacidad para reflexionar colegiadamente acerca de los problemas académicos de la educación y el importante rol que tienen los educadores como aportadores de experiencia, que norman los planes y programas de estudio y agregan que de continuar así, vamos a confrontar serios problemas educativos.
Con lo expresado anteriormente, no debe interpretarse que debemos permanecer sujetos al pasado, sino todo lo contrario, debemos visualizar el futuro, la educación no puede ser la de hace 50 años, debe modernizarse para estar a la altura de los avances tecnológicos y de las demandas de la sociedad, pero es indiscutible que el Consejo Nacional Técnico de la Educación y los consejos estatales técnicos, aportaron excelentes resultados que justifican la necesidad de restablecerlos, para que continúen siendo organismos de apoyo a las autoridades educativas.
Por las causas antes expuestas, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que tiene como finalidad restablecer el Consejo Nacional Técnico de la Educación y los Consejos Estatales Técnicos de la Educación y que por consecuencia, reforma y adiciona los artículos 10, 11, 12 en sus fracciones I, III y VI; 14 en su fracción V, 47 y 48 en su segundo párrafo de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente manera:
Artículo 10. A este artículo se le agregaría una fracción que ocuparía la III de las fracciones para considerar al Consejo Nacional Técnico de la Educación como constitutivo del Sistema Educativo Nacional.
Fracción III. "...el Consejo Nacional Técnico de la Educación".
Artículo 11. El artículo 11 por lo tanto, se adicionaría con dos fracciones para quedar de la siguiente forma:
Artículo 11. "...la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley, corresponde a las autoridades educativas de la federación, de las entidades, de los municipios, en los términos que la propia ley establece".
Para efectos de la presente ley, se entenderá por:
Fracción II. "...el Consejo Nacional Técnico de la Educación, será el órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública y se encargará de proponer planes y programas de estudios y políticas educativas".
Fracción IV: "... los Consejos de Educación Técnicos de los estados, serán órganos de consulta de las autoridades educativas estatales y se encargarán de proponer políticas educativas, así como programas de actualización y capacitación locales".
Artículo 12. "...corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
Fracción I. "...determinar para toda la República los planes y programas de estudio previa consulta al Consejo Nacional Técnico de la Educación".
Para la educación primaria, secundaria, normal y demás, para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48.
Fracción III. "...elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos previa consulta al Consejo Nacional Técnico de la Educación".
Fracción VII. "... previa consulta al Consejo Nacional Técnico de la Educación, fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial y preescolar que en su caso formulen los particulares".
Artículo 14. En este artículo se adicionará la fracción V del artículo 14 quedando como sigue:
Fracción V. "... editar libros y producir materiales didácticos distintos de los señalados en la fracción III del artículo 12, consultando previamente y recibiendo asesoría de los Consejos Técnicos Federales y Estatales en su respectiva competencia".
Artículo 47. "...los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio una vez que la autoridad educativa federal tome en consideración la opinión del Consejo Nacional Técnico de la Educación".
Artículo 48. En este artículo se adicionarán el segundo y tercer párrafo para quedar como sigue:
"... para tales efectos, la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresados a través del Consejo Nacional Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de Participación en la Educación a que se refiere el artículo 72".
"... las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de la Educación correspondiente, propondrán para consideración y en su caso autorización de la Secretaría, contenidos regionales que sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados, permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos".
Transitorios:
Artículo Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de octubre del año 2005.
Gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: A usted, diputado.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Esta Presidencia saluda y les da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Escuela Alfonso García Robles, de Cortázar, Guanajuato, invitados por la diputada Guadalupe Suárez Ponce.
Sean bienvenidos. (Aplausos)
Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
El diputado Fernando Espino Arevalo: Con su venia señor presidente; señoras y señores diputados:
Año tras año en México se lleva a cabo la deliberación sobre las cantidades que se necesitan para hacer frente a la infinidad de gastos que se generan, sin que hasta la fecha el gobierno federal haya podido hacer eficiente su sistema de recaudación siendo sus ingresos tributarios cada vez más precarios.
En México el ideario de recaudación es muy bajo, contrastando con un alto nivel de evasión. Esta tónica la hemos sufrido de manera recurrente a lo largo del tiempo pero de forma más acentuada quizás, en la última década. Situación que el Gobierno Mexicano ha minimizado y sólo se limita a señalar que no le alcanzan los recursos y poco o nada se ha ocupado en buscar la solución al problema.
No debemos perder de vista que existiendo más contribuyentes que en países como España, Corea, Chile y Canadá, en México se gasta mucho más en recolectar los impuestos. Se estima que por cada peso recaudado se incurre en un costo administrativo adicional de aproximadamente 30 centavos.
Nuestro país tiene un sector informal que representa aproximadamente el 40% del marcado laboral, quienes no realizan aportación tributaria alguna, debiendo señalar que no estamos en contra del pago de impuestos. En lo que no coincidimos es que seamos unos cuantos a los que se nos carga la mano y que la autoridad competente no haga nada para que ello cambie.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, en 1986 México recaudaba 8.9% del PIB en impuestos, lo cual era uno de los resultados más bajos en comparación con los países desarrollados e incluso con las economías latinoamericanas, cifra que en la actualidad apenas llega al 11%.
Sin embargo, no es que se paguen pocos impuestos, la carga fiscal es alta similar a la de los países desarrollados; simplemente el gobierno no ha sido capaz de ampliar su base de contribuyentes. Pero a cambio ha solapado altos índices de evasión, ya que por uno que sí paga, 12 no lo hacen.
Los impuestos directos como el Impuesto sobre la Renta, generan distorsiones en el mercado laboral y sobre las decisiones de ahorro e inversión. Por ello se ha preferido el uso de impuestos indirectos, como el IVA e ISAN, los cuales tienen efectos regresivos.
Respecto del ISAN les comento que significa menos del 0.02% del ingreso con relación al PIB. Por tanto su aporte a las finanzas públicas no es representativo. Sin embargo, para los contribuyentes significa una carga muy importante que impacta en su economía de forma muy significativa.
Debemos apuntar que en el decreto emitido por el Ejecutivo Federal el 22 de agosto de 2005, abrió la posibilidad para que ingresen al país o se regularicen una gran cantidad de vehículos chatarra que en sus países de origen fueron desechados fundamentalmente por incumplir las normas ambientales correspondientes.
Recordemos que los autos modelos1980 y anteriores, contaminan 69 veces más que un modelo 2005 y los modelos 1981 a 1993, tienen emisiones de contaminantes 3 veces mayores respecto a un modelo 2005.
Como todos sabemos, los autos propulsados por motores de combustión interna, son los mayores generadores de gases tóxicos gases efecto "invernadero". Además del 80% de la contaminación en las grandes ciudades y que durante 270 días al año se rebasa la norma ambiental en la capital de la República, lo que viene aparejado de constantes enfermedades respiratorias que al año causan cuatro mil muertes prematuras tan solo en el Distrito Federal.
No obstante lo anterior, por desgracia son pocos los fabricantes de autos con motores híbridos o que utilicen energía alterna no contaminante.
La respuesta de la naturaleza a tan devastadora polución en el planeta, está dando como resultado el cambio climático, el adelgazamiento de la capa del ozono, el cambio de mareas y efectos como el de "El Niño", las lluvias y sequías atípicas, el incremento en la temperatura, entre otros fenómenos naturales.
Por tanto, señoras y señores legisladores, con la presente iniciativa buscamos dejar fuera del mercado autos de gran consumo de gasolina e impulsar el cambio energético que permitan la entrada de energías alternativas para mover automóviles.
Debemos recalcar que dentro de las nuevas tecnologías que se están probando a nivel mundial, el hidrógeno resulta y resalta por sus características de seguridad y economía demostrando que si el mismo es químicamente fusionado con el oxígeno, se puede obtener energía eléctrica suficiente para mover un auto a velocidades de hasta ciento cuarenta kilómetros hora.
Esto es, que el vehículo en realidad cuenta con un motor eléctrico que recibe energía tanto de baterías como del proceso de fusión antes descrito, derivando en cero contaminantes a la atmósfera ya que el resultado de la fusión de estos gases es vapor de agua.
Lo mejor de ello es que en Europa ya se realizan pruebas en automotores de mayor capacidad que utilizarían para el transporte urbano o el campo.
El ahorro sólo en combustibles para una flotilla digamos de mil unidades, con un recorrido promedio de cuarenta kilómetros diarios, sería de casi cinco millones de pesos y se dejarían de emitir siete mil toneladas de contaminantes al ambiente al año. Motivos más que suficientes para creer en la bondad de estas tecnologías que bien valen la pena que se incentiven.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Impuestos sobre Automóviles nuevos; a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Solicitándole señor presidente, se inscriba íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto señor presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Como lo solicita el diputado, insértese totalmente el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar iniciativa que reforma el artículo 1343 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La diputada Jacqueline Guadalupe Agüelles Guzmán: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante diputada.
La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Compañeras y compañeros legisladores.
Del medio ambiente obtenemos todos los recursos necesarios para el mantenimiento de la vida: alimento, oxígeno, agua, refugio, etcétera. Sin embargo, gran problema de nuestra civilización es la contaminación de los ecosistemas y de los recursos naturales.
Algunas formas de contaminación pueden ser la del aire, la del agua o la del suelo. Estamos acostumbrados a considerar al suelo como algo muerto donde podemos depositar o verter cualquier producto sólido o líquido que ya no nos es de utilidad, o que sabemos que es tóxico.
Sin embargo, en esta capa terrestre el ser humano ha sido capaz de generar alimentos, crear animales, explotar los bosques y los minerales.
Por otra parte, la población mundial ha crecido en forma abismal en estos últimos 50 años. Este aumento demográfico exige al hombre un gran desafío con relación a la satisfacción de la demanda alimenticia, la cual implica una utilización más intensiva de los suelos con el fin de obtener un mayor rendimiento agrícola.
En agricultura la gran amenaza son las plagas y en el intento por controlarlas se han utilizado distintos productos químicos llamados plaguicidas, que representan el principal contaminante en este ámbito, ya que no sólo afectan a los suelos, sino también, además de afectar a la plaga, incide sobre otras especies.
Existe una gran gama de pesticidas, pero lo que unifica a esta gran diversidad de controladores de plagas es que en su gran mayoría son altamente nocivos y contaminantes, afectando los suelos y hasta la salud humana.
Hoy, aunque ya hace más de 20 años que se prohibieron, estos compuestos aún pueden encontrarse en distintas concentraciones en los tejidos de los organismos que conforman la cadena trófica, desde los productores a los consumidores.
De igual forma, tienen la capacidad de acumularse y de magnificarse, es decir, aumentan en cantidad a medida que ascendemos en la cadena alimenticia.
Los organoclorados son un ejemplo de persistencia ambiental, pues permanecen en los suelos sin degradación significativa hasta 30 años después de aplicados. Esa permanencia favorece la incorporación a las cadenas tróficas, la acumulación en los tejidos grasos humanos y animales y la biomagnificación.
Aunque los organoclorados se utilizan escasamente desde los ochentas en nuestro país, aún se detectan sus residuos en tejidos vivos.
Es igualmente importante la contribución indirecta producida por lixiliación de productos, caída por desniveles y por contaminación de suelos. Las aguas contaminadas expanden el tóxico a la flora y fauna, produciendo la muerte de especies, el aumento de la intoxicación humana, la pérdida del recurso del agua como recurso utilizable y la probable contaminación de las reservas hídricas.
Resultados como el anteriormente descrito se multiplicaron en todo el mundo y llevaron a la necesidad de reemplazar este tipo de plaguicidas de amplio espectro y alta persistencia por plaguicidas específicos y de vida útil y corta.
Al mismo tiempo, comenzaron a desarrollarse importantes investigaciones sobre el control biológico como alternativa al uso de plaguicidas. El objetivo principal de esta nueva línea es utilizar productos naturales como freno a las plagas, entre las que se cuentan poblaciones de organismos, feromonas, hormonas juveniles, barreras físicas, etcétera.
Los efectos de las intervenciones humanas no sólo han impactado en la desaparición de parte de la biota de los suelos, sino que con el uso intensivo de los fertilizantes sintéticos se han alterado los ciclos de los nutrientes básicos, como son el fósforo y el nitrógeno.
La sobrecarga de estos elementos no puede ser retenida por los coloides del suelo, por lo que son arrastrados hacia las capas freáticas. Esto produce contaminación masiva de otro recurso tan valioso y escaso como es el agua, en donde por medio de procesos de ultroficación se da una reducción drástica del oxígeno en el agua que determina la desaparición del resto de los organismos de ese ecosistema.
Esto se traduce en un desequilibrio y en contaminación de los alimentos y de los alimentos y, en última instancia, afectación hacia los seres humanos.
La contaminación del suelo por plaguicidas tiene así un doble efecto nocivo para la salud pública, pues evita que los compuestos químicos sean destruidos y mantiene la toxicidad de los mismos.
De igual forma, la contaminación de suelos provoca problemas económicos debido a la escasez del recurso suelo, problema que se ve aún más acentuado en zonas industriales, en las que el costo de este recurso escaso es además elevado y esta contaminación parece estar disminuyendo, no sólo como resultado de reducciones en la producción agrícola, sino también porque el costo de la protección de las cosechas mediante plaguicidas está alcanzando también el punto en que ya no resulta económico. A pesar de ello, sigue siendo una fuente de contaminación importante.
La Legep ha establecido los criterios generales para determinar la prevención y protección de la contaminación del suelo, específicamente lo estipulado en la fracción IV del artículo 134, referente a que el uso de los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas deban de ser compatibles con el equilibrio de los ecosistemas.
Podemos afirmar, en base a lo expuesto anteriormente, que no pueden existir sustancias tóxicas como las mencionadas que sean compatibles con el ambiente. Sólo pueden ser mejoradas a fin de minimizar los efectos nocivos al liberarlos al ambiente.
En nuestro país no existen normativas para su eliminación y frecuentemente se realiza la incineración a cielo abierto, sin tener en cuenta que algunos productos al ser expuestos al calor, desprenden dioxinas cuya toxicidad es ampliamente mayor que el agro-tóxico original.
Los factores mencionados forman un ciclo cerrado que se retroalimenta y refuerza profundizando los efectos adversos.
Aunque los pesticidas han sido diseñados para ofrecer una alta especificidad de acción, su uso genera innumerables efectos indeseados como la generación de organismos resistentes, la persistencia ambiental de residuos tóxicos y la contaminación de recursos hídricos con degradación de la flora y fauna.
Al parecer resistencia en la especie a combatir, se requiere el incremento de las cantidades necesarias de pesticida o la sustitución por agentes más tóxicos para lograr controles efectivos.
Es con base en lo anterior que el objetivo de esta iniciativa es modificar la fracción IV del principio rector de la prevención y protección de la contaminación del suelo, estableciendo que la utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas deberá ser el más adecuado y eficiente que exista en el mercado, con el fin de minimizar los efectos que pueden alterar el equilibrio de los ecosistemas y considerar sus efectos sobre la salud humana a fin de prevenir los daños que pudieran ocasionar.
Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo Único: Por el que se modifica el artículo 134 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 134: "Para la prevención y control de la contaminación del suelo se considerarán los siguientes criterios:
Fracción I a III, quedan idénticas.
"Fracción IV: La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas deberá de ser el más adecuado y eficiente que exista en el mercado, con el fin de minimizar los efectos que puedan alterar el equilibrio de los ecosistemas y considerar sus efectos sobre la salud humana, a fin de prevenir los daños que pudieran ocasionar".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputada.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
La diputada Laura Elena Martínez Rivera: Con su permiso, señor Presidente.
Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Laura Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con gran preocupación observamos el aumento desmedido de agresiones, violaciones y abusos, en múltiples formas en contra de los migrantes mexicanos, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas; claras muestras del recrudecimiento de la ola anti-inmigrante desatada y fuera del control gubernamental, a partir del ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, a lo largo de la frontera con el vecino del norte.
En nombre de la seguridad nacional el gobierno norteamericano dicta políticas migratorias que violan y restringen los derechos de los migrantes. En ningún caso se ha identificado a mexicanos terroristas.
En el sur de los Estados Unidos se aplican perfiles raciales a los inmigrantes mexicanos; hablamos de nuevas y graves tendencias discriminatorias.
El acta de identificación verdadera Real I. D. Act (?), del 11 de mayo de este año, supuestamente antiterrorista, es realmente anti-inmigrante, extiende y renueva el muro de la vergüenza, autoriza también la contratación de 2 mil agentes fronterizos anuales durante los próximos cinco años.
Salvador Zamora, vocero de la Patrulla Fronteriza, informó que 438 inmigrantes mexicanos han muerto en su intento de cruzar hacia el vecino país del norte, en el año fiscal 2005, en comparación con los 330 del año fiscal 2004. 300 migrantes fallecieron solamente en Arizona en el año fiscal 2005, en comparación con 117 del año fiscal anterior.
"Los ataques contra mexicanos son tan frecuentes que la sociedad se ha deshumanizado, ni siquiera se les llama por su nombre, simplemente son ilegales. Las autoridades implicadas en las agresiones expresan que fueron actos de autodefensa y los migrantes agredidos son acusados del delito de asalto con intención criminal. Un cargo muy grave.
"La antropóloga Martha Rebeca Herrera denunció en su estudio, de junio del 2004, que muchas mujeres, niños y niñas fueron víctimas de la violencia, la extorsión, la violación a sus garantías individuales y sexuales por parte de polleros, autoridades migratorias, incluso ciudadanos estadounidenses y señaló que los anteriores seis meses había identificado solamente a 20 mujeres mexicanas violadas por autoridades migratorias norteamericanas. Ninguna de ellas inició un proceso penal en contra de sus violadores, ya que fueron amenazadas. Los delitos permanecen impunes hasta la fecha.
"A 11 años de la Operación Guardián han fallecido 3 mil 600 migrantes. Versiones de la Coalición Californiana Gente Unida considera que superan los 10 mil. Este operativo selló la frontera con California para desviar el paso de indocumentados a lugares inhóspitos y peligrosos, como las montañas de Tecate y el desierto de Mexicali.
"Claudia Smith, luchadora histórica contra la Operación Guardián advirtió que esta medida ni redujo ni desalentó el cruce de migrantes en la frontera y 11 años más tarde no vislumbra tampoco una solución de fondo. Las muertes continúan, se calcula 1.4 diarias.
"La lógica de la política migratoria es que si efectivamente se pueden controlar los accesos principales, geográficamente podrían hacerlo con el resto, como ha recordado la entonces Comisionada del Servicio de Migración y Naturalización Doris Mayber. Las formidables montañas y los abrasadores desiertos podrían desalentar los cruces en las áreas más peligrosas como el desierto de Arizona. Otra vez las autoridades migratorias de Estados Unidos asumieron erróneamente que nadie arriesgaría su vida tratando de rodear y atravesar esos peligros.
"Grupos de civiles que operan en la frontera de los Estados Unidos de Norteamérica con México han sido acusados formalmente de los delitos de amenaza a mano armada, privación ilegal de la libertad, cateo ilegal, robo a mano armada, amenaza de muerte, maltrato, generalmente han sido absueltos. Se cree que estas conductas han sido originadas por el racismo.
"Ahora nos agravia el asesinato brutal de cinco mexicanos y seis más heridos en Tifton, Georgia, en un ataque con un bat metálico de béisbol y a balazos, y el asalto a una pareja de mexicanos donde el esposo fue herido mortalmente y la esposa violada frente a sus hijos por parte de dos de los acusados de los cinco asesinatos realizados en el mismo estado de Georgia. Qué está haciendo el Consulado? No sabemos porque no se ha informado.
"Por otra parte la cuarta parte de los casos de Sida en México ocurren en personas que han pasado periodos largos en la Unión Americana. Las estadísticas sobre el Sida en México señalan una leve tendencia hacia la ruralización del Sida, la cual está ligada a la migración masculina en los Estados Unidos.
"El riesgo de transmisión del VIH es muy alto entre mexicanos y mexicanas migrantes. Muchos de estos emigran sin su pareja, están solos y aislados por lo que es probable que busquen tener relaciones sexuales. Tienen baja escolaridad, hablan poco inglés y no tienen acceso generalmente a servicios médicos, todo lo cual les impide recibir mensajes de prevención sobre esta pandemia. Algunos se prostituyen, otros tienen relaciones sexuales sin protección con trabajadoras sexuales o tienen una esposa o compañera en México con quien también tienen relaciones sexuales sin protección.
"El Estado mexicano debe proteger a sus ciudadanos donde éstos se encuentren. Una verdadera política de Estado sobre los migrantes debe partir del alcance de su protección y del reconocimiento de los derechos que nuestra propia Constitución establece.
"Hemos constatado la gran cantidad de quejas y demandas en contra del pésimo servicio que prestan los consulados mexicanos. La calidad de éstos, la mala atención, los horarios insuficientes, las largas filas para obtener la matrícula consular, pasaportes, actas de nacimiento, etcétera. Todo esto aún pagando los servicios. Se agrega la deficiencia a asistencia jurídica a los mexicanos que tienen que enfrentar a la justicia estadounidense.
"La información con que contamos es insuficiente y mala. La propia Secretaría de Relaciones Exteriores no presentó en el V Informe del Ejecutivo Federal, el número de apoyos legales que prestó, el número de cadáveres repatriados, los recursos aplicados para la identificación de cadáveres que se mantienen como desconocidos, la atención a mujeres, niños y niñas víctimas de maltrato, la aplicación de programas de becas para los jóvenes migrantes, el apoyo a los migrantes en estado vulnerable o el apoyo en transportación a los migrantes que desean regresar a México y muchos otros programas que deben aplicar.
"Al 27 de agosto del 2005 existían 32 mil 81 mexicanos presos en cárceles federales de los Estados Unidos. No se informa qué clase de apoyo se les brinda y el estado que guardan sus casos. Esto nos muestra la indiferencia o la incapacidad que tienen algunos de los servidores públicos del Servicio Exterior Mexicano, indica también la falta de atención de los servicios consulares, lo que hace dudar de la capacidad de respuesta en la magnitud que requieren las violaciones y amenazas de esta política anti-inmigrante que hemos expuesto.
"Por lo anterior, presento a esta honorable soberanía la iniciativa con Proyecto de Decreto que ha de reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:
"Artículo Primero.- Se reforma el artículo 2 fracción II, XI y se adiciona al artículo 2 las fracciones XII, XIII, XIV y XV, renumerando la atención fracción XII como XVI y se adiciona un último párrafo al artículo 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
"Se reforma también el artículo 2 para modificar el artículo 41 y 44 fracción I y se adiciona el artículo 43, la fracción V al 44, las fracciones II, III y X, y al 58 la fracción XIII de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
"Así como el artículo transitorio. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de octubre del año 2005".
Solicito atentamente al Presidente de la Mesa Directiva se incluya la presente iniciativa en el Diario de los Debates y se turne a las Comisiones correspondientes.
Agradezco a mis compañeros diputados la atención prestada y también solicito su apoyo para la agilización en el dictamen de esta iniciativa tan necesaria para la protección de millones de mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Insértese totalmente el texto de la iniciativa de la diputada y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 55, 82, 115 y 116 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a alumnos del Instituto Gante, originarios de la capital del estado de Puebla. Sean bienvenidos. Ellos son invitados de nuestra compañera diputada Angélica Ramírez Luna.
(Aplausos)
Tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 54 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asignación de los diputados de representación proporcional.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia.
"El sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política.
"Las múltiples voluntades que en un momento determinado se expresan mediante la simple marca de cada elector en una boleta, forman parte de un complejo proceso político regulado jurídicamente y que tiene como función establecer con claridad el o los triunfadores de la contienda para así conformar los Poderes Políticos de la nación.
El Sistema Electoral recibe votos y genera órganos de Gobierno y/o de representación legítimos. En ese sentido, es una estructura intermedia del proceso a través del cual una sociedad democrática elige a sus gobernantes.
Con la generalización del sufragio en el mundo, se puso en marcha la costumbre social, según la cual los gobernados intervienen en la elección de sus gobernantes; así, la democracia adquirió su activo funcional, democracia representativa.
En los sistemas de Mayoría, el triunfador se queda con todo, en los sistemas Proporcionales el triunfo es compartido y sencillamente se requiere un porcentaje electoral.
En los sistemas Mayoritarios, la elección del votante es canalizada y finalmente limitada a una alternativa.
En los sistemas Proporcionales, no se obliga a los votantes a concentrar su voto y la posibilidad de elegir puede ser variada.
Por otra parte, los sistemas de Mayoría proponen candidatos individuales, personas comúnmente de los sistemas Proporcionales se proponen listas de cada partido pero cada sistema permite muchas variaciones.
En una primera clasificación, podemos afirmar entonces que los sistemas electorales se dividen en Mayoritarios, Proporcionales y Mixtos; los sistemas Mixtos, como es el Sistema Electoral Mexicano para la integración de la Cámara de Diputados, mezcla elementos de mecanismos de Mayoría y de Representación Proporcional. Tienen además, una particularidad fundamental, la Sección del Organo Legislativo que se elige por Representación Proporcional, está pensada como una adición que pretende compensar la desproporción de la representación elegida por medio de la mayoría relativa.
Pueden existir muchas variantes en este tipo de sistemas, dentro de sus elementos básicos, la determinación de los porcentajes mínimos de votación para participar en la distribución de la lista adicional, es quizá de los elementos más importantes, como también lo es la participación o no del partido mayoritario en la distribución.
En México, el Artículo 54 Constitucional, menciona la fórmula que debería ser aplicada para la repartición de las curules por el principio de Representación Proporcional. Esto no fue siempre así, ya que hasta la elección federal del 61, sólo se aplicaba el principio Mayoritario.
En 1963, el Congreso fue integrado también por los denominados Diputados de Partido tratando con esta reforma de promover a os partidos políticos minoritarios, para que estos aumentaran el número de sus diputados que legaban a la Cámara.
No se puede decir que con dicho sistema se introdujo el sistema también de Representación Proporcional, sino únicamente una representación de minorías, un sistema de Representación Proporcional reservado a las minorías con barreras y también con candados.
No fue sino hasta 1977 cuando se establece un Sistema Electoral Mixto predominantemente mayoritario introduciendo a figura de Representación Proporcional, conformado por hasta cien Diputados y en 1986 se da una nueva reforma para incrementar a 200 el número de Diputados de Representación Proporcional en nuestro país.
En 1990, el Artículo 54 nuevamente reformado estableciéndose un nuevo mecanismo para la elección de los 200 Diputados de Representación Proporciona y el sistema de las listas regionales.
La última reforma que sufre este Artículo es en el 93 reformándose sus párrafos 3 al 4, para dar una serie de nuevas reglas sobre la distribución de las 200 curules de Representación Proporcional.
La Fracción III determina que la asignación de las curules por el principio de Representación Proporcional, será de acuerdo con su votación nacional, otorgándose un número determinado de diputados por cada una de las listas regionales.
Esta nueva disposición, aunada a la señalada en la Fracción VI del mismo Artículo que dice, que a cada partido se le adjudicarán tantos diputados en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales, determina que las 200 curules en lo general, serán asignadas precisamente con el criterio de estricta correlación entre porcentaje de votación y porcentaje de curules de Representación Proporcional.
La regla admite dos excepciones; la primera, es que cuando un partido político obtiene más del 60% de la votación nacional emitida y la segunda, cuando un partido político obtiene la mayoría de la votación, pero esta es inferior al mismo 60%.
La presente Iniciativa propone que la asignación de diputados de Representación Proporcional por lista regional, que corresponda a cada partido político, se realiza alternando el orden de los candidatos que aparezca en la lista presentada por los partidos políticos en la circunscripción correspondiente y el orden de los candidatos que no habiendo obtenido la mayoría, hayan alcanzado el porcentaje más alto de votación minoritario de su partido por distrito ello ubicado en la propia circunscripción.
Tal medida resulta ser un incentivo fundamental para la competencia en cada uno de los distritos electorales, pues aun cuando un candidato no ganara la mayoría relativa en su elección, tiene posibilidades reales de acceder al Congreso de ese estado, y fue suficientemente competitivo con relación a los porcentajes obtenidos por los candidatos de su mismo partido en el resto de los distritos.
Además la conformación del Congreso se vuelve aun más representativa, porque está integrado por un mayor número de diputados que contendieron en un distrito electoral y menos por diputados de una lista registrada con anterioridad.
Otras ventajas de la propuesta planteada pudieran ser las siguientes. Un incentivo para los candidatos que no tienen la mayoría, propicia una mayor vinculación entre los electores y los diputados electos, fortalece el compromiso en la remisión de cuentas del representante frente al elector, permite a través del esquema mixto que en la representación proporcional se garantice también la presencia de personas que los partidos consideren aptos para el mismo desempeño en su función legislativa.
Sería un mecanismo de distensión entre el ambiente interno de los partidos políticos en la integración de sus listas plurinominales, contribuiría a que los legisladores de representación proporcional sean más representativos del electorado y menos de las élites de los partidos, lo que a su vez puede permitir dotar al legislador de mayor libertad en la toma de sus decisiones.
Genera la posibilidad de poder construir con mayor facilidad mayorías legislativas en la toma de decisiones, a potencializar la libertad del legislador para tomar su decisión más allá de la disciplina partidista.
El reformar pues el sistema electoral, no sólo es un ejercicio de autoridad sino también un acto trascendental que permanece en la memoria colectiva, permitiendo así aspirar a mejores formas de organización social, superando lo obsoleto y reafirmando lo que debe perdurar, y que al hacerlo se responda a las exigencias de una sociedad cada vez más participativas y seguirá haciendo de los procesos electorales uno de los más trascendentales instrumentos de la democracia.
En virtud de lo expresado, es que presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del Artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es cuanto diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta presidencia saluda y da la más cordial bienvenida al grupo de alumnos del Centro Universitario Emiliano Zapata Sección Preparatoria, provenientes de Cuautla, Estado de Morelos.
Ellos son invitados de nuestro compañero diputado José Sigona Torres.
Bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal del grupo parlamentario del Partido Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el Artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales.
No se encuentra el señor diputado, entonces se pospone la presentación de esta iniciativa.
La iniciativa que reforma el último párrafo del Apartado A del Artículo 223 de la Ley Federal de Derechos el diputado Israel Tentory García del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pospone.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del Orden del Día es la Primera Lectura de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma el Artículo 3 Bis de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Huitrón Leyva y Mariana Velázquez de la Madrid puedan prestar servicios en la Embajada de Irlanda, en México y en el Consulado de Canadá, en Cancún, Quintana Roo, respectivamente.
Con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Martín Acosta Hernández, Mónica Esther Sarmiento Vera, Myfanwy Seijas Davies, Armando Yribe Borunda, Martha Georgina Macías Morales, Rosa Isela Flores Soto, Oscar Abel Sanz Castro, José Luis González Jiménez y Nora Elizabeth Villarreal Delgado, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada y en los Consulados de los Estados Unidos de América en México, Cuidad Juárez, Chihuahua, Hermosillo, Sonora y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.
Publicados en la Gaceta Parlamentaria. Están de primera lectura.
Señoras y señores legisladores, el siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se autoriza a que sólo se les dé lectura a los enunciados y se reserven para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo y que se recoja la votación económica al final en su conjunto. Sólo los enunciados.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias Secretaria.
Se autoriza.
Si algún ciudadano diputado tiene interés en la discusión de algún dictamen, se le ruega lo haga saber a esta Presidencia para que sus derechos queden debidamente resguardados.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se va a dar lectura entonces a los enunciados.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 400 del Código Penal Federal.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por el que se desecha la iniciativa que adiciona los artículos 150 Bis y 150 Ter a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 199 Bis del Código Penal Federal.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes negativos de iniciativas.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se va a proceder a recoger la votación económica de estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.
Señoras y señores legisladores. En el cuerpo del decreto de la Sesión Solemne para otorgar la Medalla Eduardo Neri, Legisladores de 1913, al maestro José Raúl Anguiano Valadez, se contiene la cita para el próximo día martes 18 de octubre a las 10 horas, sin embargo, en atención al acuerdo parlamentario que rige nuestras sesiones y en el que se muestra con toda claridad que las sesiones de los martes son a las 1 horas, se ruega a la Secretaría consultar a la asamblea si se autoriza a esta Presidencia a cambiar la hora de la cita del martes, de las 10 de la mañana, a las 11.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si es de autorizarse a la Presidencia de esta Honorable Cámara de Diputados, que la cita del próximo martes se cambie, de las 10:00 a las 11:00 de la mañana.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Que se empiece a las 11:00 de la mañana.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Le pedimos la autorización del Pleno para cambiar la cita de las 10:00 a las 11:00.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Esto es la cita de la Sesión Solemne que estaba en el Proyecto de Decreto, originalmente que era a las 10:00, se le pregunta a la asamblea si se autoriza que se cambie a las 11:00.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
Votación
Gracias.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado.
Se ruega a la Secretaría dar lectura al orden del día de la siguiente sesión.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
Lectura del orden del día de la próxima sesión.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (A las 14:11 Horas): Se levanta la sesión y se cita a la Sesión Solemne para otorgar la Medalla Eduardo Neri, Legisladores de 1913, al Maestro José Raúl Anguiano Valadés, el martes 18 de octubre a las 11:00 Horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 09:00 de la mañana. Al término de la Sesión Solemne, dará inicio a la sesión ordinaria.
El diputado Tomar Trueba Gracian (desde su curul): No hay lista?
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La rectificación de quórum se toma como lista final de asistencia.