El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (Toca la campanilla y dice): Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 317 diputados. Por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (A las 10:16 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acta de la Sesión Solemne.
Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la Sesión Solemne, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada el acta.
El siguiente punto del orden del día es la lectura al acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaria consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al Acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Comunicaciones...
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Permítame, señor Secretario.
Ruego a los medios de comunicación sean tan amables de ocupar el lugar que tienen reservados, para que esta sesión se desahogue conforme a sus términos.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Comunicaciones.
Del Congreso del Estado de Morelos que remite acuerdo para que se apruebe una partida presupuestaria para el Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
El congreso del estado de Quintana Roo remite acuerdo en el que manifiesta su reconocimiento por la aprobación del Presupuesto de 2005 asignado al Programa Especial Concurrente para el Sector Rural, al Fondo para la Educación Superior, a las carreteras y caminos comunitarios y a obras de infraestructura en agua potable de diversas comunidades del país.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
El congreso del estado de Tlaxcala remite acuerdo por el que se adhiere al acuerdo aprobado por el congreso del estado de Jalisco para que efectúe los trámites necesarios para acuñar monedas de curso legal con las imágenes que representan las étnias existentes en nuestro país.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que tiene antecedentes.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
El congreso del estado de Tlaxcala remite acuerdo por el que se adhiere a los acuerdos aprobados por los congresos de los estados de Zacatecas y Quintana Roo, en los que solicitan al Titular del Poder Ejecutivo Federal efectúe los Trámites necesarios a fin de agilizar la operación del fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios Mexicanos.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que tiene antecedentes.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
El congreso del estado de Zacatecas remite acuerdo en el que solicita la asignación de recursos federales a la Auditoría Superior del Estado, a fin de que cumpla con su labor de fiscalización.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Permítame Secretario.
Instruyo a la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: ¿Falta alguna ciudadana diputada o algún ciudadano diputado de registrar asistencia?
Por favor.
Varios diputados registran su asistencia
Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Se informa a la Presidencia que hay 331 ciudadanas diputadas y diputados registrados previamente.
Por lo tanto, hay quórum señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa al siguiente cambio: que la diputada Rosa María Avilés Nájera representará al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante el Parlamento Centroamericano en la sesión que se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre de 2005, en Guatemala, Guatemala.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación a los compromisos adquiridos con diversos parlamentos e informa las sedes y los diputados responsables de coordinar y dar seguimiento a las reuniones ya programadas.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por medio del cual se exhorta al pleno del Consejo de la Judicatura Federal para que apruebe la creación de un juzgado especializado en materia penal en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, aprobado y comuníquese.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla.
Oficio en el que informa que entregó 29 mil 877 láminas galvanizadas a los afectados por la Tormenta Tropical "José".
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Gobernación, que tiene antecedentes.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Oficios de la Cámara de Senadores.
Oficio con el que remite Acuerdo del Congreso del Estado de Nuevo León, en el que se adhiere el acuerdo aprobado por el Congreso de Sonora, para que en el ámbito de su competencia estudie la posibilidad de apoyar con más recursos económicos al Sector Agropecuario para el Ejercicio Fiscal 2006.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que tiene antecedentes.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Oficio con el que remite Acuerdo del Congreso del Estado de Quintana Roo, en el que manifiesta su reconocimiento por la aprobación del Presupuesto de 2005 asignado al Programa Especial Concurrente para el Sector Rural, al fondo para la Educación Superior, a las carreteras y caminos comunitarios y a obras de infraestructura en agua potable de diversas comunidades del país.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Oficio con el que remite Acuerdo del Congreso del Estado de Sonora, en el que solicita el incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, al monto de recursos que serán ejercidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para tender los programas de apoyo del sector agrícola del país.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Oficio de la Cámara de Senadores en el que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se destine a los municipios una parte de los recursos que se asignen a las entidades federativas por concepto de excedentes derivados de la extracción petrolera.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Oficio de la Cámara de Senadores, en el que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, se asignen los recursos necesarios para cubrir las remuneraciones y prestaciones de la plantilla real del personal académico y administrativo de la Universidad Autónoma de Guerrero.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Oficio de la Cámara de Senadores en el que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2006 se designen mayores recursos al municipio de Guelatao de Juárez del Estado de Oaxaca y a la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán de la Sierra Juárez.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Oficio de la Cámara de Senadores remitiendo Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la Fracción XXVIII Recorriéndose las actuales XXVIII y XIX para ser la XIX y XXX del Artículo 90, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Oficio de la Cámara de Senadores remitiendo Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona Disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles y se reforman los artículos.50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el Sector Público y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación.
De conformidad con el acuerdo aprobado en la sesión de 13 de Octubre, proceda la Secretaría a dar lectura a los enunciados de as proposiciones relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2006.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
El diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 se asigne un incremento adicional a la CONAGUA para ser invertidos en la construcción del Proyecto de Colectores y Emisores de Aguas Residuales que beneficiará diversas comunidades de los Municipios de Capulhuac, Jalatlaco y Santiago Tianguistengo del Estado de México.
El diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI presentó proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la elaboración del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2006 traslade del Ramo 11 al 25 las asignaciones salariales de los trabajadores del Colegio de Bachilleres.
El diputado Juan Manuel Vega Rayet, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, limiten los recursos de gasto en publicidad su propaganda para el Poder Ejecutivo.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: La diputada Rosario Herrera Ascencio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2006, se contemple una partida especial destinada a la ampliación y mantenimiento de la red hidrosanitaria de la ciudad y puerto de Acapulco y la construcción de nuevas plantas tratadoras de aguas residuales.
El diputado Isidro Camarillo Zavala presentó proposición con Punto de Acuerdo para que en el presupuesto de egresos de la federación del ejercicio fiscal 2006 se consideren recursos para el desarrollo de proyectos e infraestructura de riego en el Estado de Baja California Sur.
La diputada Irma Figueroa Romero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública atienda la problemática del sistema de educación básica del Estado de Guerrero.
El diputado René Meza Cabrera del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó proposición con Punto de Acuerdo para que el gobierno federal lleve a cabo un fideicomiso en el Estado de Puebla en beneficio de los prestadores del servicio público del alquiler del transporte de pasajeros en calidad de fiduciarios.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: A: La diputada Martha Palafox Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó proposición con Punto de Acuerdo para que en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2006 se incluya al Estado de Tlaxcala dentro del Programa Marcha hacia el Sur.
El diputado Marcos Morales Torres del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, previa opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología asigne en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2006, recursos al Programa de Apoyo Complementario para la consolidación institucional de grupos de investigación del Conacyt.
El diputado Marcos Morales Torres del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó proposición con Punto de Acuerdo para que en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2006 se asignen recursos al Fondo de Aportaciones para la seguridad pública en los estados y del Distrito Federal.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Todas estas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta presidencia recibió del diputado Jesús Martínez Alvarez del grupo parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma el Artículo 27 de la Ley General de Educación en materia de recursos para el sistema educativo.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Esta presidencia recibió del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno del grupo parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma los Artículos 111 y 112 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en materia de Avales en Títulos de Crédito.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Omar Bazán Flores quien se me informa no está en el Salón pasa al final de este Capítulo.
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Valdés de Anda para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el de la voz y Pablo Alejo López Núñez y Antonio Morales de la Peña del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Se rectifica que ésta suscrita por quien va a hacer uso de la tribuna.
El diputado Pablo Alejo López Núñez: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.
Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa, con el fin de establecer como órgano constitucional autónomo al Ministerio Público de la Federación y en consecuencia, transformar a la actual Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la Federación.
Señor Presidente, hago entrega de la presente iniciativa a la Secretaría y le solicito se inscriba íntegra en el Diario de Debates, ya que por el tiempo que se me concede sólo haré una presentación general de la misma.
Esta propuesta de reformas se fundamenta y motiva bajo la siguiente exposición de motivos:
El tema de la seguridad y la justicia es uno de los más importantes y uno de los que más preocupan a los hombres en todas las épocas. Sin una buena procuración de justicia no es posible llevar una existencia realmente humana, sin justicia no hay paz social ni la convivencia digna entre los hombres es posible. Preservar el orden, la paz y la estabilidad social de un país es la obligación fundamental del Estado y es ésta la premisa que llevó a la sociedad a idear que algunos miembros de la sociedad desarrollaran el papel de autoridad.
Acción Nacional ha afirmado que modernizar la capacidad inhibitoria del delito es una tarea prioritaria de la nación, por tanto, las instituciones públicas deben tener capacidad de respuesta para los reclamos sociales. Es un hecho que el Ministerio Público responde actualmente a un imperativo social, su funcionamiento como organismo especializado resulta imprescindible para la buena administración de justicia.
No se puede desconocer la importancia y trascendencia de las funciones actuales del Ministerio Público como órgano responsable, entre otras cosas, de la investigación y persecución de los delitos, siendo ello esencial para la seguridad de los ciudadanos y en general para la vida social, por eso, la función de procuración de justicia se distingue como un objetivo fundamental del servicio público, de ahí la imperiosa necesidad de mejorar y perfeccionar la estructura, organización y funcionamiento del Ministerio Público de la Federación. Es por ello que la presente iniciativa propone reformas y adiciones a diversos artículos constitucionales, para:
Primero. Establecer la autonomía constitucional del Ministerio Público, con el objeto de que esté en aptitud de responder adecuadamente a las necesidades y requerimientos de la sociedad en el combate al delito y el abatimiento de la impunidad.
La independencia del Ministerio Público implica en su aspecto externo, la no subordinación de dicha institución a ninguno de los otros Poderes constituidos de forma alguna o al menos de forma tal que establezca un obstáculo para la neutralidad de su labor. Adicionalmente, la independencia del Ministerio Público se traduce internamente en la autonomía de la institución para desarrollar su función y tomar sus decisiones.
Para lograrlo se han considerado varias alternativas: Primera. Que lo conveniente era encuadrar la función del Ministerio Público o fiscales como auxiliares del Poder Judicial, conforme a la teoría hispánica y la segunda, que lo pertinente era inscribir al Ministerio Público dentro del Poder Ejecutivo, conforme a la teoría francesa o angloamericana.
Respecto a la adscripción del Ministerio Público dentro de la esfera del Poder Judicial, cabe recordar que en años pasados se estimó inaceptable ya que era una cohabitación incorrecta, ya que era al mismo tiempo juez y parte.
En cuanto a su adscripción a la esfera del Ejecutivo, se estima que esta situación genera una dependencia del Ministerio Público hacia el Ejecutivo, ya que provoca la incondicionalidad y sumisión del órgano responsable de la investigación de los delitos y con ello debilidad en sus funciones.
En este sentido, se estima que la solución para la independencia del Ministerio Público es la de transformar su naturaleza jurídica en un órgano constitucional autónomo.
Cabe indicar que en algunos países donde existía la afiliación del Ministerio Público al Poder Judicial, han optado para hacer los órganos separados del Poder Judicial, pero también del Ejecutivo.
Entre las legislaciones que lo han hecho en los recientes años, están Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Venezuela, Italia y Portugal.
En consecuencia, se propone reformar los artículos 21 y 102 de nuestra Ley Fundamental, para establecer que el Ministerio Público de la Federación, sea un órgano constitucional dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal y que para el desempeño de sus funciones, contará con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria.
Con esta propuesta, se busca desvincular al Ministerio Público de toda politización y generar así un esquema lo suficientemente sólido para que el desempeño de sus funciones sea ajeno al devenir político nacional.
Punto número 2. Se propone cambiar el nombre de la Procuraduría General de la República, por el de Fiscalía General de la Federación, y en consecuencia, el Procurador General por el de Fiscal General.
Tercero.- A fin de contribuir a fortalecer la independencia del Fiscal General de la Federación, se propone seguir conservando la atribución compartida que entre el Ejecutivo, Legislativo existe hoy respecto al Procurador General, por tanto, la designación del Fiscal se hará mediante una propuesta interna que realice el Presidente de la República, para que de alguno de lo propuestos se apruebe al que ha de ser el Fiscal.
Y con el fin de dotar dicho nombramiento de la mayor legitimidad posible, es que se plantea que tal aprobación debe hacerse con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.
Cuarto.- A fin de salvaguardar la estabilidad del titular del Ministerio Público como premisa fundamental de los órganos autónomos, es que se propone que el cargo de Fiscal General de la Federación, sea por 7 años y que puedan ser nombrados nuevamente por una sola vez para un período igual.
Quinto.- Congruente con el principio de estabilidad y como sucede en los demás órganos autónomos establecidos por la Constitución, se propone dotar de inmunidad constitucional, al Fiscal General de la Federación.
Seis.- Resulta necesario someter a mecanismos de control y adecuada rendición de cuentas y de responsabilidades a la institución del Ministerio Público, a efecto de que su actuar se encuentre debidamente supervisado, verificado e inspeccionado.
En este sentido se propone establecer la posibilidad de someter a juicio político al Fiscal General de la Federación y por tanto se plantea la reforma al 110 constitucional.
Establecer las bases constitucionales para el servicio de carrera de los funcionarios del Ministerio Público, con el fin de construir una Fiscalía al servicio del Estado y en beneficio de la sociedad, proporcionar servicios públicos de calidad y con eficiencia y eficacia, se plantea que dicho servicio de carrera, como elemento básico para la formación de sus servidores mediante etapas de selección.
Finalmente, se estima que el fortalecimiento de la institución del Ministerio Público como responsable entre otras cosas, de la persecución de los delitos, no solamente deben darse en el orden federal sino también en el local, porque el federalismo es eficaz en los distintos órdenes de gobierno.
Compañeras y compañeros diputados: La impunidad es el incentivo y el estímulo más eficaz para la comisión del delito, para evitar el incremento en el índice delictivo, hoy la sociedad mexicana toda reclama instituciones fuertes que el Ministerio Público, institución de buena fe, cumpla íntegramente con sus funciones.
La presente reforma busca que el Estado en su ámbito federal y local, cumpla de una manera más eficiente su función esencial de combatir el crimen, cerrar la puerta a la impunidad y crear las condiciones de seguridad.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado, insértese íntegra en el Diario de los Debates, la iniciativa que propone y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Presente ya en la Sala, tiene la palabra el diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera.
El diputado Omar Bazán Flores: Muchas gracias, señor Presidente.
La presente iniciativa tiene por objeto proponer modificaciones a la Ley Aduanera que brinden mejores opciones de desarrollo y para que las organizaciones sin fines de lucro, puedan realizar todo tipo de tareas de carácter social en el país.
Las constantes modificaciones a la Ley Aduanera ocurridas en los años recientes, han dejado de lado el espíritu con las que fueron impulsadas, mediante la regulación que permita a los organismos sociales sin fines de lucro, la libre importación de todo tipo de mercancías donadas en el extranjero, para beneficio de mexicanos en situaciones de marginación y de pobreza.
Si bien, existe en la actualidad en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un procedimiento para la importación de donaciones del extranjero, en beneficio de organismos que las gestionan de forman directa con entidades en el extranjero, es prácticamente imposible obtener una autorización de este tipo y cuando se obtiene, pueden transcurrir hasta cinco a seis meses para sus resoluciones.
Es muy importante destacar que los procedimientos de vigilancia y supervisión fiscal a dichos organismos es extremo, deben acreditar año con año, la realización de una auditoría fiscal externa, con la que se garantiza el buen uso de las donaciones y permite detectar con mayor facilidad aquellas entidades que desvíen de sus objetivos, tal como acontece en los días, con la organización PRÓVIDA, asociaciones civiles. Estos organismos se enfrentan día con día, a mayores problemas para recibir donaciones que les permitan cumplir con sus objetos o planes anuales de desarrollo e implica en muchos casos al detrimento de sus servicios por falta de recursos.
Es por ello, que se propone la modificación del inciso c) de la fracción IX del párrafo segundo y cuarto de la fracción X de la Ley Aduanera, para facilitar a los organismos y autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para recibir donaciones deducibles de Impuesto sobre la Renta, la posibilidad de recibir todo tipo de donaciones del extranjero, señalando que esta tarea obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a exigir a los mismos a cumplir con sus obligaciones fiscales y la supervisión necesaria, para asegurar que dichas donaciones lleguen de forma transparente y expedita a los sectores sociales que más lo requieren.
Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía la aprobación de la siguiente presentación de iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo Único. Se reforma el artículo 61 en su fracción IX, inciso c) en el párrafo diecisiete, segundo y cuatro de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Artículo 61. No se pagaran los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancías:
9°. Las que sean donadas para:
C) Que cuenten con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incorpora: "misma que deberá ser resuelta en un plazo máximo de tres días".
17. Las donadas en los casos en las que las mercancías sean donadas al Fisco Federal, no requieren de autorización de los servicios de agentes o apoderados aduanales, debiendo la autorización aduanera hacerle entrega inmediata al destinatario.
Si la importación para los efectos de la fracción XV, tratándose de vehículos, especialmente adaptados para personas con discapacidad, únicamente podrá ser realizado en los términos de las reglas de carácter general, que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.
Transitorio.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las autoridades de la administración pública federal en su respectivo ámbito de competencia, contarán con un plazo de 60 días a partir de la vigencia del presente decreto para modificar las disposiciones reglamentarias, a fin de lograr su cabal cumplimiento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el último párrafo del apartado "A" del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos.
El diputado Israel Tentory García: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
En México, el tema del agua es de mayor importancia y tiene indicadores amenazantes para el desarrollo. El agua con que se dispone para satisfacer las necesidades del país en términos reales es cada vez menos, por el agotamiento de los acuíferos, sobreexplotación y contaminación de las cuencas pluviales y la aparición de nuevos contaminantes difíciles de eliminar.
En todo el país hay graves carencias en la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Aproximadamente 11 millones de mexicanos carecen del servicio de agua potable y 23 millones de alcantarillado. En el Sector Rural es donde esta situación tiene el carácter más agudo.
De acuerdo a un estudio realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, México ocupa el lugar 106 de un total de 122 países evaluados en función del valor del indicador de calidad del agua. Para resolver estos problemas, la investigación científica y aplicada y el desarrollo tecnológico, así como la formación y capacitación de recursos humanos calificados en materia de agua y gestión, juegan un papel relevante. En virtud de ello, se hace necesario proponer alternativas que permitan incrementar el financiamiento de estas acciones.
En los últimos años, el gasto en investigación y desarrollo tecnológico con relación al Producto Interno Bruto, no se ha incrementado sustancialmente. Del 0.37 por ciento en el año 2000 a 0.4 por ciento en el año 2005, e incluso para el año del 2006, se prevé reducirlo a 0.33 por ciento. Al inicio del sexenio, el Ejecutivo Federal prometió destinar a ese efecto el 1 por ciento del Producto Interno Bruto.
El gasto en investigación, desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos en el Sector Medio Ambiente, prácticamente permaneció igual en términos reales durante los años 2002 y 2003, de acuerdo al informe general del estado de ciencia y tecnología del 2004, emitido por la CONACYT.
Las necesidades de inversión en investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos del sector hídrico, son altas y crecientes, dada la problemática que enfrenta el sector.
Para el logro de un uso eficiente del agua y el cuidado de su calidad, es indudable que los resultados científicos y tecnológicos obtenidos, demuestran cómo mediante una correcta vinculación con las necesidades del sector, la actividad científica y tecnológica, efectivamente constituyen un motor de desarrollo y fuente de bienestar para la población.
Por ello es claro que el efecto multiplicador de la investigación en estos rubros, es muy importante y de gran utilidad para avanzar en el desarrollo de la investigación y producción tecnológica de punta que requiere el sector hídrico.
CONSIDERACIONES
La Ley de Aguas Nacionales, prevé en su artículo 9 fracción XXX como atribución de la Comisión Nacional del Agua del promover y propiciar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos así como difundir conocimientos en materia de gestión de los recursos hídricos, con el propósito de fortalecer sus acciones y mejorar la calidad de los servicios para lo cual se coordinará con lo conducente con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
Por su parte la Ley Federal de Derechos establece los pagos que tanto las personas físicas y morales cubrirán por el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en función de derecho público. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
En virtud de estas disposiciones se considera que una alternativa viable para incrementar el financiamiento en la investigación básica y aplicada que requiere el sector hídrico y que no significa una erogación neta del presupuesto destinado al agua, es aprovechar parte de la recaudación de los derechos del agua para que se inviertan en investigación, desarrollo, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos calificados.
Lo anterior sería posible si se destina el 1% de la recaudación de los derechos por explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por los usuarios destinados de los municipales y organismos operadores de los mismos y que sea canalizado a través del fondo sectorial de la investigación y desarrollo sobre el agua, Comisión Nacional del Agua-CONACYT.
Esto significaría incrementar en aproximadamente 40 millones de pesos anuales el gasto anual destinado a esos efectos. Considerando la recaudación que por este concepto obtuvo la Comisión Nacional del Agua durante el año 2004, que sólo representará el 0.33% del presupuesto total asignado a Comisión Nacional del Agua durante ese mismo año.
En base a esto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:
INICIATIVA
UNICO. Que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, apartado a, último párrafo, para quedar como sigue:
Artículo 223. Por la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a que se refiere este capítulo, se pagará el derecho sobre el agua de conformidad con la zona de disponibilidad del agua en lo que se efectúe su extracción, de acuerdo con las siguientes cuotas: A, de los ingresos que se obtengan la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por usuarios distintos de los municipales y organismos operadores de los mismos 300 millones de pesos destino específico para el Fondo Forestal Mexicano para el desarrollo y operación de programas de pago por servicios ambientales.
Estos recursos aplicará al presupuesto que se asigne a la Comisión Forestal, además el 1% del total recaudado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, tendrá destino específico para apoyar la inversión en el sector agua para investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos calificados. Estos recursos ampliarán el presupuesto que se asigne para estos propósitos, al fondo sectorial de investigación y desarrollo sobre el agua Comisión Nacional del Agua-CONACYT.
Es cuanto señor presidente. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta iniciativa que reforma el último párrafo del Apartado A, del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, se turna a la Comisión de Hacienda y Credito Público.
Se recibió del diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal.
En esa ocasión y por la extensión de nuestra iniciativa, me permito hacer de su conocimiento un extracto de ella solicitando atentamente al presidente de la Mesa Directiva, su publicación íntegra en el Diario de los Debates.
Que en atención a nuestra responsabilidad, derivada de la representación popular que ostentamos, es deber del os legisladores dotar a la sociedad de los mejores instrumentos jurídicos que por una parte otorguen la debida seguridad jurídica a favor de los gobernados, y por la otra se provea a los órganos del Estado los medios adecuados para el correcto desempeño de sus funciones.
Todo ello, dentro de un modelo democrático que conlleve al fortalecimiento de las instituciones de las instituciones y a la vez produzca la satisfacción de las expectativas de los miembros de la sociedad.
Por ello es nuestra obligación trabajar permanentemente no sólo en la creación de nuevos marcos normativos que regulen de una mejor manera la interacción de la sociedad en su conjunto.
Es claro que el sistema de justicia en el país se encuentra atravesando una crisis grave y profunda, sobre todo en materia penal. De ahí nuestra propuesta de reformas al Código Penal Federal y así contribuir en el avance y perfeccionamiento de un sistema de justicia penal en México que sea diligente y eficaz, de tal manera que sirva como un instrumento eficaz en la prevención del delito y del combate a la delincuencia.
No debemos de perder de vista que el Estado Mexicano no solamente tiene un acentuado compromiso de llevar a cabo acciones claras y decididas en contra del crimen dentro de nuestro territorio sino también es deber del mismo coadyuvar con el conjunto de las naciones para abatir el lacerante mal que produce el delito, muchas veces de alcance transnacional.
Y al mismo tiempo, México debe de modernizar su derecho interno recogiendo los avances contenidos en los tratados y convenciones internacionales de las cuales es signante, fortaleciendo de esta manera sus esfuerzos en contra de la criminalidad y de la impunidad.
Una gran preocupación de la sociedad estriba en el indebido ejercicio del servicio público. Son del conocimiento público eventos vergonzosos y ofensivos en los que aparecen servidores públicos involucrados en los actos de corrupción en los cuales o bien se ejercen los dineros públicos de manera indebida o bien se aprovecha el encargo público para obtener beneficios ilícitos, sobre todo de índole económico, deshonrando con ello la función pública y debilitando las propias instituciones.
Pero además, se encuentra latente una segunda ofensa y ésta es la impunidad. Son muchos los casos en los que a pesar de advertir la existencia de una conducta antijurídica de los servidores públicos, estos se sirven de tecnicismos legaloides para evadir, de alguna forma, las consecuencias del delito y la pena, es por ello que debemos de proveer al respecto y establecer mecanismos de control que definitivamente cierren esta posibilidad de impunidad.
En tales condiciones, es oportuno revisar el marco legal que establece y rige los diferentes mecanismos de control sobre la prestación del servicio público. En caso particular, la tutela penal sobre el honrado y transparente ejercicio del servicio público que de manera general constituye el bien jurídico protegido por las diversas figuras penales que integran el título décimo del libro segundo del Código Penal Federal vigente.
Legislar en materia penal no es tarea fácil. El creador de la ley penal debe constreñirse y siempre tener presentes una serie de principios rectores del jus-punendi (?) dentro de un estado democrático y de derecho como lo es el nuestro, principios como los de la intervención mínima, reserva de la ley, última ratio, legalidad del acto de proporcionalidad, de humanidad, etcétera.
Destaca la importancia del principio de legalidad en los actos de la aplicación de la ley penal, donde el principio de estricta legalidad abarca no solamente la exacta aplicación de la ley penal sino la prohibición de aplicación analógica, aplicación retroactiva e interpretación extensiva de la misma.
Ahora bien, el derecho penal en su conjunto representa un medio de control social, por cierto el más agresivo, siendo en realidad el último instrumento que el Estado liberal debe de emplear para lograr su cometido, consistente en la convivencia armónica y la protección del individuo.
Lo anterior se traduce en la existencia y observancia de otro principio fundamental del Estado mexicano: el de seguridad jurídica, a través del cual cada uno de los individuos que lo conforman tienen pleno conocimiento de lo que constituye, en el ámbito penal, la materia de la prohibición, es decir, la comprensión de cuáles son las conductas no deseadas y cuáles son las sanciones a que serán merecedores, en caso de llevarlas a cabo.
Por otro lado, se colige que los órganos de autoridad encargados de la administración de justicia penal únicamente podrán disponer las sanciones previamente establecidas cuando se haya verificado la adecuación unívoca e inequívoca de la conducta concreta al tipo penal específicamente definido con anterioridad al hecho.
De tal manera que la existencia del tipo se constituye con una garantía de libertad y de seguridad jurídica, pues tanto los gobernados como los gobernantes conocen, de antemano, la materia de la prohibición y saben cuándo habrá de imponerse la sanción penal y en qué habrá de consistir la misma.
En este sentido es de concluirse que el individuo merecedor de la sanción penal será aquél que con su conducta y particular proceder actualice la conducta específicamente descrita por la norma penal. Así, y al encontrarse estructurados los tipos penales con base a hipotéticos comportamientos humanos, adquieren singular relevancia los verbos empleados por el legislador, pues es a través de ellos como el lenguaje nos permite describir las conductas de los seres vivos, de tal manera que cometerá el delito aquel individuo que realice el verbo núcleo del tipo legal de que se trate.
En tales circunstancias es que se ha acuñado, tanto por la doctrina como por la legislación, el concepto de autor, entre comillas, entendiéndose éste el quién anónimo, con el que empiezan la mayoría de las descripciones físicas.
El legislador parte del presupuesto de que el autor es quien realiza la totalidad de los elementos del tipo en su propia persona. Sin embargo, en el concepto de autoría no se limita al autor individual de propia mano, sino que también alcanza los casos en que varias personas vinculadas entre sí colaboran en un hecho delictuoso, lo que se conoce universalmente como coautoría y también a aquellos eventos en que el autor se vale de otro individuo como instrumento, en lo que se denomina, por la teoría dominante, como autoría mediática.
Compañeras y compañeros legisladores: nuestro grupo parlamentario desea contribuir al combate frontal a la corrupción y a la impunidad que se da en el ejercicio de la función pública con medidas legislativas como las que presentamos ante esta soberanía.
Firman la presente iniciativa el diputado Alejandro González Yáñez, coordinador, diputado Pedro Vázquez González, vicecordinador –el de la voz--, diputado Juan Antonio Guajardo Azaldúa, diputado Joel Padilla Peña, diputado Oscar González Yáñez y el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
Es cuanto, diputado presidente, y entrego la iniciativa a la secretaría. Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La intervención que estaba agendada del diputado Jesús González Schmal pasa al final del capítulo por estar ausente de este recinto.
Tiene la palabra el diputado Isidro Camarillo Zavala para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal y el 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
No está en el salón de sesiones el diputado Camarillo. Pasa al final de este capítulo.
Tiene la palabra la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 128 de la Ley General de Población.
La diputada Martha Laguette Lardizábal: Con su venia, señor Presidente.
Es ésta una iniciativa con carácter de decreto que pretende adicionar la Ley General de Población, a efecto de que en lo sucesivo quede prohibida la utilización de las cárceles públicas federales, estatales o municipales para el alojamiento de los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional por la Secretaría de Gobernación de la Federación, así como de aquellos extranjeros que deban ser expulsados del territorio nacional.
Los efectos del fenómeno de migración son una cuestión social con múltiples consecuencias, entre otras, y la más importante, es el reconocimiento de los derechos humanos y respeto digno que se les debe a aquellos que inician un viaje buscando mejores condiciones de vida.
Para efectos de la presente reforma, debemos centrarnos en la variable de los inmigrantes que se internan ilegalmente a nuestro país donde en el mayor de los casos provienen del sur y que en su trayecto para buscar internación en los Estados Unidos de Norteamérica, son detenidos en nuestro territorio ya que han violado con ello la Ley General de Población y su Reglamento, mismos que prohíben y sancionan, a todo extranjero que se interne ilegalmente en nuestro país, con penas de hasta dos años de prisión y multa de 300 a 5 mil pesos.
Elementos de las distintas direcciones de seguridad pública y comandancias de policía del país, al detectar en primera instancia la presencia de extranjeros ilegales en sus comunidades, recluyen a esos inmigrantes en las áreas destinadas a compurgar sanciones administrativas por considerables periodos de tiempo, antes de ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración.
Sin embargo la incomunicación de que son objeto estos inmigrantes ilegales, no obedece a ningún capricho de las autoridades municipales, pues así les es solicitado por las autoridades de migración, quienes con fundamento en el artículo 73 de la Ley en comento, y al no contar con un lugar adecuado para concentrar a estos extranjeros, a menudo solicitan la colaboración de las autoridades estatales y municipales, para emplear los separos de sus direcciones de seguridad pública o comandancias de policía, comandancias municipales.
Estimamos que se ha hecho una excesiva interpretación de éste y de oros numerales de la Ley, ya que estos extranjeros son detenidos, asegurados y consignados a las autoridades migratorias, pero no por cometer un delito per sé, sino porque no reúnen el o los requisitos para que se les otorgue la calidad migratoria que les permita el libre tránsito por nuestro territorio mexicano.
En estas condicione se hace visible la necesidad de resguardar la dignidad y los derechos humanos de los extranjeros internados ilegalmente en nuestro país, detenidos en tránsito por el mismo, limitando el uso de las cárceles públicas para que estas no sean utilizadas como estaciones migratorias para la estancia provisional de los extranjeros carentes de algún requisitos migratorio que no puedan satisfacer en el momento de la revisión de la documentación o para alojar, como medida de aseguramiento a los extranjeros que deban ser expulsados.
Se debe precisar que tanto el artículo 128 de la Ley en comento así como su Reglamento, establecen la previsión expresa para que la Secretaría de Gobernación establezca estaciones migratorias para los efectos que aquí se señalan. Por lo que o resulta lógico ni jurídicamente posible, más sí atentatorio contra la dignidad y los derechos humanos inmigrantes, que se les trate como delincuentes.
Es preciso que las cárceles federales, estatales o municipales no continúen prestando el servicio de estaciones migratorias con el propósito de que la Federación, en atención a lo dispuesto por los ordenamientos citados, proceda al establecimiento de recintos adecuados para el alojamiento de los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así como de aquellos que deban ser expulsados.
Si exigimos el mejor trato y las mejores garantías a las autoridades norteamericanos para con nuestros connacionales, lo justo es que asumamos la misma condición con los inmigrantes detenidos en México en similares condiciones.
Por lo anteriormente expuesto someto ante esta soberanía el siguiente proyecto con carácter de decreto:
"Artículo único.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 128 de la Ley General de Población para quedar de la siguiente manera: Son de orden público para todos los efectos legales la expulsión de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación para el aseguramiento de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habitacionales para ello, cuando tengan por objeto su expulsión del país. Queda prohibida la utilización de las cárceles públicas, federales, estatales o municipales para el alojamiento de los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional por la Secretaría de Gobernación de la Federación, así como de aquellos extranjeros asegurados que deban ser expulsados del territorio nacional.
Transitorios
"Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Dado en este Palacio Legislativo a los veinte días del mes de octubre del año en curso.
"Esta fue una versión resumida de la iniciativa in comento, señor Presidente, por lo cual solicito se dé cuenta de su texto íntegro en el Diario de los Debates.
"Atentamente,
"Marta Laguette Lardizábal"
Por su atención muchas gracias.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Tiene la palabra la diputada Adriana González Furlong para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por dicha diputada y Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Adriana González Furlong: Con su venia, señor Presidente.
"Honorable Asamblea:
"Vengo ante esta soberanía en nombre de los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
"México es un país predominantemente joven, sin embargo el descenso de la natalidad y el incremento de la esperanza de vida han provocado un proceso de envejecimiento poblacional. En los últimos 70 años la esperanza de vida pasó de 33 a 75 años en promedio. Conforme al más reciente Censo Nacional de Población realizado por el INEGI al año 2001 se encontraban en nuestro país 7.1 millones de mayores adultos de 60 años, es decir, el 7.3 por ciento del total de la población.
"De acuerdo con Conapo hoy 1 de cada 20 mexicanos tiene 60 años o más de edad y siguiendo sus proyecciones demográficas en el 2030 representará 1 de cada 8 y para el 2050 a 1 de cada 4.
"Cada año el número de adultos mayores de 60 años, edad reconocida para considerarse como de la tercera edad o adulto mayor, aumenta de forma considerable.
"Estimaciones del Imapam nos dicen que diariamente se incorpora a este sector 730 adultos mayores aproximadamente.
"Ante tal escenario como país debemos estar preparados para este cambio que se experimenta y avecina, siendo necesario para ello rediseñar las políticas públicas y programas de gobierno debiendo de ser cada vez más focalizadas.
"Preparar a las instituciones médicas para la demanda que en atención de servicios y medicamentos enfrentarán.
"Encontrar soluciones al grave problema de las jubilaciones y pensiones.
"Cambiar las políticas laborales que permita encauzar la gran fuerza de trabajo que el país tendrá en años venideros.
"De igual forma con el avance de la vida los adultos mayores presentan una problemática compleja entre las que se encuentran las siguientes situaciones:
"Disminución o pérdida de sus ingresos al ya no ser parte del ámbito laboral. Pobreza, enfermedades, discapacidades y aislamiento social. Frustración al no encontrar espacios sociales ni fuentes de trabajo para ellos. Poca consideración y respeto de la sociedad hacia ese grupo, abandono social, discriminación, problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas. Transporte público inadecuado. Violencia familiar. Por mencionar solo algunas.
"Ante este escenario que requiere de una atención específica es necesario apoyar aquellos que se encuentran en situaciones específicamente difíciles, sujetos a abandono o maltrato físico, sicológico, abuso, explotación laboral o explotación sexual, difundir los derechos a que por ley tienen los adultos mayores; informar y preparar a la población para una vejez digna; promover políticas de reinserción laboral y fuentes adecuadas de empleo que permitan aprovechar la experiencia acumulada; garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; inhibir la muerte civil que padecen los adultos mayores al no poder ser sujetos de crédito ni accesar a ningún programa de financiamiento; convocar a la suma de esfuerzos entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas; promover que en los servicios médicos del país existan más servicios para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas y rehabilitación, así como para que se cuente con un mayor número de geriatras y gerontólogos para atender a nuestros adultos mayores.
"Lo anterior se resume en que debemos de transitar hacia una cultura social de respeto y valorización del adulto mayor.
"Hasta hace tres años, el tema de los adultos mayores no figuraba en la agenda nacional. Hoy es tema de primer orden, en gran medida por los altos dividendos político-electorales con los que se manejan algunos actores políticos.
"El bienestar de nuestros adultos mayores debe verse más allá de la visión clientelar y asistencialista. Nuestra visión es que los apoyos sociales deben brindarse para ayudar a aquellas personas a salir de la difícil situación en que se encuentran y puedan valerse por sí mismos, aportando y contribuyendo con su trabajo y esfuerzo al desarrollo de la sociedad en conjunto.
"Caso aparte son las personas sujetas de asistencia social, que incluso pueden ser institucionalizadas.
"Debemos dejar en claro que para que existan un desarrollo humano sustentable, los adultos mayores no deben ser meros beneficiarios de programas asistenciales, sino verdaderos agentes de cambio en el proceso; que no basta proporcionarles bienes y servicios materiales a un grupo de población que padecen privaciones, sino que deben ampliarse las capacidades humanas.
"Acción Nacional ha priorizado siempre en sus postulados a la persona humana y el desarrollo de ésta como el centro y objetivo de sus esfuerzos. Por tal motivo, debemos buscar la eliminación de la pobreza, el respeto a los derechos de este grupo social y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos con respecto a su dignidad.
"Es por ello que se promueve con hechos y no sólo en el discurso la igualdad de oportunidades. Muestra de ello es el Plan Nacional de Desarrollo, las acciones y políticas de gobierno, la agenda legislativa y el fortalecimiento de las instituciones en que se ha buscado atender las necesidades de los adultos mayores como fue en su momento el decreto que expidió el Ejecutivo para crear el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, el INAPLEN, y posteriormente la aprobación en el Congreso de la Unión a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
"Fue precisamente este ordenamiento con el que se planteó el reconocimiento de una amplia gama de derechos que hiciera posible la suma de esfuerzos del Poder Legislativo, gobierno federal y sociedad civil en pro de los adultos mayores, además de crear el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como el órgano rector de las políticas públicas dirigidas a este sector.
"Hoy, a poco más de tres años de su publicación, se han detectado cuestiones que obstaculizan la observancia de esta ley y lo más importante, que ayude a transformar la realidad de los adultos mayores. Por tal motivo, se propone una serie de mecanismos y acciones que complementen a esta ley y que en esencia hagan que ésta sea eficaz y cumpla con el objeto para el que fue creada.
"Ante esto, hemos realizado en diversas instancias una serie de análisis y reflexiones con los actores involucrados y, por supuesto, con los propios adultos mayores, sobre estas interrogantes. Si es que se están cumpliendo los objetivos originalmente planteados, ¿qué nos hace falta y cuáles son los retos a enfrentar? Todo tendiente a la consecución de una mayor inclusión y desarrollo de los adultos mayores.
"Actualmente la Ley de las Personas Adultas Mayores es una ley que en la doctrina jurídica se le conoce como ley imperfecta, ya que carece precisamente de sanciones y por lo tanto de coercitividad. La ley en sí misma es una ley positiva y declarativa.
"Por otra parte, no sólo el aspecto coercitivo debemos abordar, sino también lo relativo al crecimiento demográfico que, como ya se ha señalado, este sector de la población tendrá un mayor peso y demandará de mayores recursos presupuestales para su atención. De ahí la necesidad de y por lo que llamo también la atención a este pleno, no tanto de todos los Diputados, sino en especial de la Comisión de Presupuesto, de dotar al INAPAM, dependencia encargada de dar atención a los adultos mayores, para que cuente con un presupuesto adecuado que le permita su correcto desempeño.
Asimismo, proponemos indexar el índice de crecimiento poblacional con el monto de los recursos asignados al INAPAM.
Por tal motivo, existe la imperiosa necesidad que esta Cámara, antes de concluir los trabajos de la presente Legislatura, lleve a cabo una serie de reformas y adiciones como las que a continuación se presentan y entre las más notables está: el establecer un Catálogo de Sanciones entre los que destacan: fincar responsabilidad administrativa contra el servidor público que incumpla con sus obligaciones o que no respete la ley solicitando el INAPAM, en dado caso, el inicio del procedimiento administrativo en cuestión, así como la revisión de los ordenamientos de tipo penal, para proceder de acuerdo a los delitos que atenten contra el servicio público, entre ellas, algunas otras cuestiones , algunos otros puntos que por tiempo,ya no vamos a poder dar lectura.
Sin embargo, yo apelaría a esta Cámara, para que, en su momento procedimental, apoyaran esta Iniciativa.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted Diputada.
Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Tiene la palabra el señor Diputado Adrián Chávez Ruiz, para presentar Iniciativa que reforma el Artículo 47-bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico, suscrita por la propia oradora y por el propio orador, perdón y por Jacqueline Arguelles Guzmán de los partidos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, respectivamente.
El diputado Adrián Chávez Ruiz: Con su permiso, ciudadano Presidente.
Jacqueline Arguelles Guzmán y Adrián Chávez Ruiz, Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en los Artículo 71 Fracción II y LXXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General y LV Fracción II, LVI , LX y LXIV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de Ley.
ANTECEDENTES
A raíz de la aplicación de un modelo económico que privilegia la mayor ganancia al menor esfuerzo y con la menor responsabilidad, la civilización se ha alejado progresivamente del equilibrio que reinaba originalmente en los Ecosistemas que el hombre habitaba.
El costo ha sido muy alto, ya que en estos momentos está en juego incluso la supervivencia de la especie misma. Como un mecanismo de contención insuficiente quizás, mientras no se modifiquen las causas de la destrucción de nuestro entorno, se han establecido herramientas de conservación que han permitido reconstituir paulatinamente áreas de actividades que anteriormente se encontraban en franco desequilibrio.
Así hoy, la Implementación de Areas Protegidas, es una de las medidas tendientes a aminorar la acelerada destrucción de nuestro entorno permitiendo un aprovechamiento sustentable de los recursos de los Ecosistemas que se intentan proteger.
Las áreas naturales protegidas, son consideradas el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la Biodiversidad. Son definidas por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas como porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos Ecosistemas en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados.
Se crean, mediante un Decreto Presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas, se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley.
Es necesario reconocer que en nuestro país la creación de dichas zonas no ha ido a la par de la generación de Proyectos de Desarrollo Sustentable y de los recursos económicos y humanos necesarios para su adecuado funcionamiento, llevando al surgimiento de conflictos entre los objetivos de conservación de los recursos naturales y los de desarrollo de las comunidades que habitan en o en torno a ellas.
La importancia de la conservación ambiental, en muchas ocasiones ha implicado la exclusión de la gente; ahora, en el marco de la sustentabilidad debe dar paso a un énfasis más amplio en la participación social del acceso a los recursos naturales.
Las áreas naturales protegidas de México tienen entre sus objetivos asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos, en ese mandato, se obliga a las CNPS que incluyan porciones marianas, asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros en las áreas a su cargo.
Esta situación encierra una paradoja, ya que mientras la aplicación efectiva de la Lejepa obliga a los administradores de las CNPS a abordar la problemática pesquera, la estructura y práctica de la administrción pesquera no le reconoce medios para su participación en este tema, específicamente en las áreas naturales protegidas del noroeste de México, de la Península de Baja California, en Baja California y Baja California Sur, la actividad pesquera suele tener una importancia preponderante, siendo la fuente de empleo para un segmento significativo de la población local.
Por lo general, los principales conflictos sociales, presiones sobre los recursos naturales, impactos ambientales en islas y franjas costeras y gran parte de la vida económica de estas áreas, están en relación con la actividad pesquera, por lo que su atención ha resultado un compromiso ineludible para el personal encargado de cada ANP.
Existen fuertes problemas en dichas áreas, donde habitan pescadores, fundamentalmente por la falta de consenso con estos actores, en la definición de los planes de manejo de las mismas o porque se percibe su establecimiento como una imposición del gobierno federal.
Una de las causas de esos problemas, se deben a una mala coordinación e interpretación de las leyes vigentes relacionados al tema pesca, y esta falta de coordinación representa una de las principales amenazas para la conservación y uso sustentable de los recursos pesqueros, en las áreas que debieran ser modelos de manejo.
La Lejepa en la actualidad, establece, que la realización de actividades pesqueras que puedan poner en peligro la preservación de una más especies o causar daños al ecosistema, requerirán previamente autorización en materia de impacto ambiental.
b) La explotación, exploración, aprovechamiento y administración de los recursos acuáticos, vivos y no vivos, se sujetará a lo que establezca esta ley, incluyendo la Ley de Pesca, las NOMS y las demás disposiciones aplicables.
c) Se deberá solicitar a los interesados la realización de un estudio de impacto ambiental previo al otorgamiento de concesiones, permisos y en general, autorización para la plutarización de actividades pesqueras, cuando el aprovechamiento de especies ponga en peligro su preservación o pueda causar desequilibrio ecológico.
De acuerdo a la clasificación que la propia Lejepa hace sobre áreas nacionales protegidas, existen áreas en donde el aprovechamiento de los recursos es permitido al igual que las actividades que allí las comunidades desarrollan.
Tal es el caso que el Artículo 47 Bis de la misma, establece las actividades que son permitidas en las zonas y subzonas de ANP, sin embargo, en la fracción II inciso d) sobre las zonas de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, se ha excluido dentro de los temas de aprovechamiento a la actividad pesquera.
En dicha fracción se enlistan únicamente dos actividades: agrícolas y pecuarias de baja intensidad, si bien hablamos de un aprovechamiento de los ecosistemas, debemos también entonces considerar a los ecosistemas acuáticos y marinos, por lo que se deberían enlistar también a la actividad pesquera y a la acuacultura.
Por lo tanto, y en atención a lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados, respetuosamente someten a la consideración de esta H. Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el inciso d) de la fracción II del Artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 47 Bis
Fracción I se mantiene igual.
Fracción II se mantiene igual.
Incisos a), b) y c)
Inciso d) De aprovechamiento sustentable de los ecosistemas.
Aquellas superficies con usos agrícolas, pesqueros, acuícolas y pecuarios actuales. En dichas subzonas se podrán realizar actividades agrícolas, pesqueras, acuícolas y pecuarias de baja intensidad, que se lleven a cabo en predios que cuenten con aptitud para este fin y en aquellas en que dichas actividades se realicen de manera cotidiana y actividades de agroforestaría y sirvopastoriles, siempre y cuando sean compatibles con las acciones de conservación del área y que contribuyan al control de la erosión y evitar la degradación de los suelos.
La ejecución de las prácticas agrícolas, pecuarias, agroforestales y sirvopastoriles que no estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para su realización.
Las prácticas de aprovechamiento pesquero y acuícola, deberán de fundamental su actividad en la sustentabilidad y preservación de los recursos, guardando un equilibrio con el medio ambiente, no introduciendo especies exóticas no nativas e invasoras que degraden el equilibrio ecosistémico, evitando el vertimiento de desechos resultantes del proceso de aprovechamiento del recurso y fomentando y promoviendo el uso de artes de pesca altamente selectivas y no depredatorias.
Transitorio.
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los 20 días del mes de octubre del 2005.
Es cuanto ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación.
La diputada Maria Avila Serna: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:
La educación es una de las claves de la evolución de la sociedad y de casi todos los aspectos de la vida de las personas, su fin primordial es el proporcionar de manera sistematizada las armas y herramientas que permitan a los seres humanos elevar su calidad de vida y enfrentar los problemas a los que se ven expuestos diariamente. La educación que una persona posea y la información que reciba sobre los riesgos y los cuidados que debe tomar para conservarse sano, tiene mucho que ver con el nivel de salud que poseerá a lo largo de toda su vida.
Cuando los seres humanos somos educados para cuidar nuestra salud desde edades tempranas y antes de que aparezcan conductas de riesgos, podemos mejorar en un margen importante nuestra calidad de vida. A través de la creación e implementación de estrategias vinculadas con el proceso educativo en el campo de la salud, se puede transmitir valores, conocimientos, actitudes y acciones que tengan como fin primordial preservar la salud integral de las personas y de la sociedad, contribuir a realizar diagnósticos oportunos y correctos y estimular y promover el autocuidado y la prevención de los problemas de salud.
Educar para la salud no consiste únicamente en ofrecer información sobre los problemas de salud o sobre el peligro de ciertas conductas, sino en fomentar actitudes críticas, autónomas y solidarias que permitan analizar los problemas, acceder a la información adecuada, reflexionar sobre los valores que lleva implícita cada acción, asumir responsabilidades y aprender a tomar decisiones.
La educación para la salud abarca varios ámbitos, pero creemos que invirtiendo esfuerzos en dos de ellos podemos tener una mayor ingerencia en el tipo de salud que queremos tener a lo largo de nuestras vidas. El primero es el de crear mediante la enseñanza, conciencia sobre la preservación de la salud, que incluye la enseñanza de la nutrición e higiene, profundizando su conocimiento y cuidando como forma de prevención de las enfermedades, vicios y adicciones.
Si bien es cierto que en el seno de las familias es en donde aprendemos la mayor parte de los principios, normas de comportamiento social y hábitos que rigen nuestra conducta, la escuela y la educación que reciben las niñas y los niños en ella, determina también una buena forma de en el camino de lo aprendido en casa.
En cuestiones sanitarias, la escuela se convierte en un lugar de suma importancia para que las personas puedan conocer y tener más información acerca de ciertos hábitos o vicios que de no ser corregidos a tiempo pueden poner en peligro la salud e incluso la vida de las personas.
Una buena alimentación se traduce la mayoría de las veces en una buena salud, sin embargo, la omisión de alimento nos conduce a uno de los problemas más cotidianos que enfrentan las sociedades: los desórdenes alimenticios. En México y en el mundo los problemas relacionados con la conducta alimentaria van en aumento; a los viejos problemas de la obesidad y la desnutrición se agregan nuevos trastornos que afectan principalmente a la población adolescente y juvenil. Los trastornos de la alimentación, sobre todo la anorexia, la bulimia y la disformia (¿) corporal se presentan en la adolescencia como parte de la crisis del desarrollo. Según cifras, el 90% de los casos de desórdenes alimenticios se presentan en las mujeres.
La contraparte de la anorexia es la obesidad, ésta puede definirse como un exceso de grasa que condiciona la salud de la persona. En nuestro país, las mujeres en edad reproductiva y los menores de 5 años son dos grupos con alta prevalencia de obesidad. La obesidad está asociada a 300 000 muertes por año, en México más de 50 millones de personas padecen actualmente un problema de salud por obesidad. El 50 por ciento de las niñas y los niños mexicanos, sufren de problemas de sobrepeso y el 24.5 por ciento padece obesidad.
Otro de los grandes riesgos a lo que las personas nos vemos enfrentadas y que podría atacarse a través de la educación, es el de las adicciones; la prevención de las enfermedades y adicciones es una tarea que no debemos dejar de lado.
Las tendencias de los últimos años nos indican que en nuestro país, la conducta adictiva va en aumento con todos los conflictos que conlleva. Por ejemplo, problemas de salud, accidentes, violencia y desintegración familiar.
Debemos formar personas que por decisión y control propio prescindan libremente del uso de drogas, confirme disposición a cuidar su salud física y mental mediante una cultura de prevención.
La salud incluye no solamente la enseñanza de la nutrición e higiene como forma de prevención de las enfermedades, vicios y adicciones, sino también la enseñanza de la educación sexual y reproductiva. La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano.
En nuestro país encontramos actualmente muchos problemas debido a la poca o nula información que se tiene del tema. Por ejemplo, a pesar de los avances en salud de los mexicanos y específicamente en los derechos reproductivos y sexuales, a nivel nacional en la República Mexicana, la mortalidad femenina, sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestro sistema de salud.
En México se diagnostican anualmente más de 50 mil pacientes con cáncer y en los más frecuentes en las mujeres son el cáncer del cuello de matriz y el de la glándula mamaria, enfermedades totalmente evitables.
El SIDA, es otra de las enfermedades que tienen que ver de manera directa con los derechos sexuales y reproductivos y que se ha convertido en una gran preocupación a nivel nacional. Las cifras de embarazos no deseados de adolescentes entre 12 y 18 años son cada vez más altas.
La violencia de género es otro aspecto que vulnera los derechos sexuales y reproductivos. La vida de mujeres de todas las edades se ve amenazada de manera cotidiana por diversas formas de violencia y privación, que van desde la violación sexual hasta formas de abuso como la violencia doméstica, la prostitución forzada y los asesinatos de mujeres.
En este sentido, las niñas, niños y adolescentes deben asumir una posición activa en relación al cuidado de su cuerpo y las acciones que deben o no tomar para ello. Ello se logra enseñándoles desde pequeños los riesgos que corren durante toda su vida o en determinadas etapas.
El cuidado de la alimentación e higiene, la prevención de los vicios y posibles adicciones y el conocimiento del propio cuerpo pueden cambiar el rumbo de la salud en una persona.
Una buena salud es un recurso importante para el progreso social, económico, individual de cada ser humano y constituye un aspecto de la calidad de vida, dado que la educación es uno de los instrumentos de la promoción de la salud y de la acción preventiva que ayuda a las personas a adquirir conocimientos sobre los problemas de salud y sobre los comportamientos útiles y es una herramienta eficaz para la prevención de enfermedades y para que cada persona conozca a fondo no sólo cómo planificar una familia, sino sus derechos reproductivos y sexuales.
Creemos que es importante promover una educación que contribuya a formar individuos críticos, autónomos y creativos, capaces de responsabilizarse de su salud.
Debemos asumir como sociedad la responsabilidad que enfrentamos ante los nuevos retos en el ámbito de la salud; la educación es un arma y un factor determinante para combatir los actuales riesgos, violencia, dependencias, trastornos del comportamiento alimentario, enfermedades crónicas, de transmisión de enfermedades sexuales, drogadicción, accidentes, discriminación, entre otros.
Por todo lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración a de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7° de la Ley General de Educación.
Por respeto al tiempo de mis compañeras y compañeros diputados, omitiré la lectura del articulado, pero solicito a la Mesa Directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputada.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el señor diputado don Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia.
Ciudadanos Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.
Compañeras y compañeros diputados:
La educación pública, laica y gratuita en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, están consideradas por nuestra Carta Magna en su artículo 3°, como responsabilidad del Estado Mexicano.
Nuestra Constitución Política establece que el Estado, promoverá y atenderá en todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación. También postula que, la educación que imparta el Estado Mexicano, tendrá que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria.
Queda claro que el Estado Mexicano, concibe que la educación es un poderoso instrumento para allegarnos del progreso intelectual, humanista y material. La educación también es el medio que nos permite incorporarnos al aprendizaje y al conocimiento del desarrollo humano.
En nuestro país no contamos con la infraestructura y los espacios educativos públicos que permitan a la población acceder al vasto conocimiento que sobre la naturaleza humana se ha generado. A lo sumo, se han buscado los medios para aplicar ese conocimiento al desarrollo de la estimulación temprana y a la educación inicial y preescolar en los niños de 45 días de nacidos a 6 años de edad.
De esa experiencia educativa, se constató que la formación del individuo en estos niveles, potencian las habilidades físicas y mentales, que se reflejan posteriormente, en un mejor desempeño académico y de integración a la sociedad. Se constató también que es necesario incorporar a las madres y a los padres de familia en el proceso del conocimiento del desarrollo humano e involucrarlos en el proceso de aprendizaje de los temas que se relacionan con este campo, para que se consolide de forma definitiva las habilidades y el desarrollo emocional que aprenden los niños en su formación inicial.
Por esa razón, la iniciativa que proponemos al pleno de esta soberanía tiene el propósito de crear las escuelas para madres y para padres de familia, cuyos objetivos centrales serían los siguientes:
Promover entre los jóvenes y los padres de familia la difusión y el conocimiento de los valores humanos.
El auto conocimiento
La importancia de las relaciones de pareja de los padres e hijos
Y el desarrollo de la inteligencia emocional y racional.
Alentar a la población en el conocimiento de las habilidades naturales del ser humano, la importancia de la comunicación entre los padres e hijos, así como el papel del lenguaje en el desarrollo de la niñez.
Nuestra propuesta es, que la población en condiciones de formar una familia, sea capacitada como estrategia de Estado, para que brinde mejor apoyo a sus hijos a sus ascendientes y descendientes en todos los campos de la vida humana. Esta claro, que la relación de los padres con los hijos es fundamental y que no sólo es importante la obligación de alimentar, vestir y mandar a la escuela a los hijos, sino también es necesario dar atención, cuidado, amor y comunicación activa con ellos.
La edad básica en el desarrollo del carácter y la personalidad de los niños es durante los primeros años de su vida, es por ello que la calidad en convivencia, seguridad, atención y amor que den a los padres, es la calidad de adultos que serán. Para poder brindar dicha calidad a los hijos, primero hay que educar a los padres en el auto conocimiento de sí mismos, es decir, que se conozcan en sus habilidades, características y valores que tienen, después que conozcan que están abiertos; son para sentir y para expresar lo que les pasa, si no existe esta claridad de lo que representan y son, es imposible que enseñen a sus hijos que se reconozcan, acepten y se responsabilicen de sí mismos.
El propósito central de nuestra iniciativa, es romper con el empirismo pragmático que hasta nuestros días ha guiado en lo fundamental el desempeño de los padres de familia, frente a sus responsabilidades con los hijos.
Compañeras y compañeros diputados:
Nuestra propuesta es que todos los padres de familia desde antes de que nazcan sus hijos, así como cuando los niños, acceden por primera vez a cualquier nivel educativo, tengan la obligación de capacitarse y asesorarse en la ardua y difícil tarea de educar a los hijos y de promover los valores humanos y cívicos entre ellos.
El tiempo que debe abarcar el proceso de formación en las escuelas de madres y padres de familia, debe comprender un plan de estudios que se desarrolle en dos años; que se centre en la enseñanza del medio social al que pertenecieron las madres y los padres la educación que recibieron; la enseñanza del conocimiento de las habilidades, características y valores que portamos para formar padres eficaces y técnicamente preparados para tener una mejor relación con sus hijos a través de la comunicación activa, es decir el saber escuchar y entender a los hijos, reconocimiento a la autonomía de ellos y sus intereses particulares.
Asimismo, se debe incorporar el conocimiento y la relación de pareja y su impacto en los hijos, así como la educación sexual para niños y adolescentes, entre otros temas.
La enseñanza en estas escuelas debe involucrar la participación de profesionales de la sicología, la pedagogía, la sociología y otras disciplinas afines y complementarias.
No nos queda la menor duda que estas escuelas serán un pilar fundamental para crear al nuevo ser humano, al que aspira a la sociedad mexicana. También nos queda claro que estas escuelas se convertirán en un poderoso instrumento educativo para combatir la violencia intrafamiliar, la desintegración de las familias, los procesos de descomposición de las parejas, entre otros.
Sabemos con firmeza que la experiencia de las escuelas para la formación de madres y padres de familia, será un pilar inicial para que transitemos a una nueva sociedad.
Reconocemos que para construir una nueva sociedad que incorpore una formación integral del ser humano, tendremos que arribar a una nueva estructura económica y social que resuelva a fondo las necesidades materiales, sociales, culturales y espirituales de nuestra población.
Compañeras y compañeros diputados, por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a su consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y la fracción V del artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la educación para formar madres y padres de familia sea una obligación del Estado Mexicano.
Solicito, señor Presidente, se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates, en la Gaceta Parlamentaria y en la Versión Estenográfica, todos ellos de esta Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Como lo pide el iniciante, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra la diputada Mayela Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 5º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez: Con su permiso, diputado Presidente. Gracias.
Compañeros diputados:
La suscrita integrante del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa, la cual viene avalada también por la firma de más de 65 diputados:
La familia constituye una parte fundamental del Estado Mexicano. Es la base sobre la cual se desarrolla la vida de la sociedad y es de todos conocido que en la mayoría de nuestros casos, la madre es la familia en la columna vertebral.
La esencia de quiénes somos en nuestros primeros conocimientos de la vida, de nuestros valores primarios, provienen en su mayoría y en su fuente excepcional, qué es nuestra familia: nuestros padres; y de ahí la importancia que adquiere el papel de cada uno de ellos en el crecimiento de sus hijos.
Por otra parte, el trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social, familiar y personal; es un medio fundamental para la realización del ser humano y no sólo la satisfacción de sus necesidades individuales; sino en muchos casos la que toda la familia requiere.
Es aquí donde radica la importancia de encontrar un equilibrio en relación que existe con el trabajo y la familia, en especial para las mujeres. El balancear por un lado la responsabilidad del matrimonio y la educación de los hijos y las hijas, así como el trabajo doméstico no remunerado.
La participación en la fuerza laboral remunerada y seguridad financiera independient; es una necesidad más aún cuando se ha venido incrementando el número de familias de un solo padre, dirigidas en la mayoría de los casos por las madres al triplicarse de 1.7 millones en 1970 a 4.6 millones de madres que actualmente son cabezas de familia, lo que representa la cuarta parte de los hogares mexicanos.
Desde 1952 a la fecha, muchos cambios se han dado en la vida de las mujeres y en particular en su inserción en el mercado laboral. Hoy en día, del total de la población en nuestro país, casi el 52% está comprendido por mujeres quienes se encuentran presentes en todos los campos del desarrollo de las actividades laborales, políticas y económicas.
Las podemos encontrar en la industria, en el comercio, en la ciencia, en la tecnología, en los medios de comunicación, en las finanzas y en el gobierno.
Su contribución al ingreso familiar son parte esencial en el mantenimiento de la familia; en muchos casos su único sostén. La mujer actual ya no sólo desempeña la función relacionada a la crianza de los hijos e hijas, al cuidado del hogar, sino que hoy constituye una fuerza activa y ascendente en todos los campos de la actividad económica.
En el presente la mujer vive una desigualdad en el empleo, aun cuando la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o. tercer párrafo establece: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de las libertades de las personas."
El citado artículo de nuestra Carta Magna establece como una garantía constitucional que queda prohibida la discriminación de la que todavía en muchos casos somos objeto en nuestro país. Aun siendo una garantía, en la actualidad los patrones cierran a las mujeres la oportunidad de crecer en el empleo y quitarle la posibilidad de tener un salario igual al de los hombres que se encuentren en el mismo escalafón laboral. Además de existir en el supuesto de no poder aspirar las mujeres a los puestos mejor remunerados., ya que generalmente son sólo para los hombres, considerando que la mujer no es capaz ni tiene las mismas habilidades y responsabilidades que los hombres.
Teniendo como fundamento el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual entró en vigor en nuestro país el 15 de junio de 1960, donde se establece la discriminación en materia de empleo y ocupación, en su artículo 1o.señala: A los efectos de este convenio el término discriminación comprende: cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en el motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.
Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y ocupación, que podrían ser especificadas por el miembro interesado, previa consulta en las organizaciones respectivas de empleadores y de trabajadores, cuando en dichas organizaciones exista y con otros organismos apropiados.
A los efectos de este convenio el término empleo y ocupación incluye tanto a los medios de formación profesional y a la admisión en el empleo de las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo.
Es importante señalar que tanto nuestro artículo 1o. constitucional como el citado convenio, señalan la igualdad que debe de establecerse entre todas las personas.
El artículo 2o. del convenido antes citado, señala en su artículo 2o.: Todo miembro para el cual ese convenio se halle en vigor, se obligará a formular y a llevar una política nacional que promueva por métodos adecuados las condiciones y las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación en este respecto.
A pesar de la discriminación por la que la mujer pasa, la mujer trabajadora para incorporarse en la actividad económica, al no recibir la misma retribución, ha crecido el trabajo de las mujeres de manera sostenida durante los últimos lustros. Del 17.6% en 1970 al 35.3% en el 2003, lo que ha derivado que en las últimas décadas su participación en la economía ha aumentado casi en un 50%, siendo el 46.6%
Inclusive, si se revisan las cifras del empleo en el sector terciario en la última década, la tendencia en el futuro cercano, las mujeres sean mayoría en este sector lo cual es un hecho de suma importancia si consideramos que las sociedades desarrolladas en este sector que incluye los servicios profesionales es el más dinámico y aumenta también en el Producto Interno Bruto.
Es importante señalar la discriminación laboral que padecen las mujeres embarazadas y en muchos casos es despedida de su trabajo sin causa justificada, siendo el único inconveniente el estado de embarazo que guarda la mujer, además de que en otras ocasiones al momento de que la mujer está buscando trabajo y está embarazada, se le cierran las puertas en las empresas o en la Administración Pública.
En nuestro país se debe de poner especial atención a las actividades que desarrollan los organismos encargados de vigilar el cumplimiento de las relaciones laborales para tratar de impedir la desigualdad de oportunidad en el empleo entre las mujeres y los hombres.
El artículo tercero del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, señala: "Todo miembro para el cual el presente convenio se halle en vigor, se obliga por métodos adoptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la aceptación y cumplimiento de esas políticas; a promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y el cumplimiento de la política; derogar las condiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política.
La desigualdad en el trato para las mujeres no es sólo para las madres o para las que van a serlo sino en general para todas las mujeres.
Una mujer soltera o sin ser madre, también sufre la falta de igualdad en el salario siendo que nuestra propia Constitución, en su artículo 123 apartado A, fracción VII, a la letra dispone: "Para trabajo igual debe de corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad". Y en el apartado B, fracción V, señala: "A trabajo igual corresponde salario igual, sin tener en cuenta el sexo". Sin embargo, se da la desigualdad en el salario de oportunidades para la mujer en general.
Es importante coadyuvar las sociedades en general y el gobierno, para seguir incorporando a las mujeres en la actividad laboral y poder crecer más como personas en los niveles de competitividad.
No podemos pasar por alto que esta reforma estaría establecida dentro de nuestra Constitución en el apartado a las garantías individuales que tienen todo el derecho los individuos en nuestro país, las cuales están reconocidas en la parte dogmática de nuestra Constitución.
Por lo pronto, poniendo a la consideración de esta honorable Asamblea y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo quinto constitucional que señala:
"La mujer gozará de los mismos derechos laborales en igualdad de trabajo y la misma retribución que el hombre. Las condiciones de trabajo deberán de permitir a la mujer el cumplimiento de su misión familiar esencial, asegurando a la madre y a sus hijos menores la protección de sus derechos".
Artículo transitorio: En este decreto entrará en vigor, el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por su atención, muchas gracias. Diputado presidente le pido se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales como corresponde, claro diputada.
Tiene la palabra el señor diputado Mario Ernesto Dávila Aranda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que deroga el inciso f) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de rastro.
Tiene usted la palabra señor diputado.
El diputado Mario Ernesto Dávila Aranda: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.
En mi carácter de diputado federal de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso f) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los centros de sacrificio en México, son de diversos tipos. Son plantas Tipo Inspección Federal, conocidos como TIF, rastros municipales, rastros particulares y mataderos clandestinos.
Las plantas TIF cumplen con la normatividad federal y están autorizadas por la SAGARPA para sacrificar, beneficiar, conservar y aprovechar el ganado para rastro como también la industrialización sanitaria de la carne y así aprovechar sus carnes, sus productos y subproductos.
Cuentan con el equipo adecuado para el manejo higiénico de la carne; al personal se le dota del equipo y uniformes adecuados, los animales son sacrificados de la manera más humanitaria posible y, una vez sacrificados, son tratados de la manera más higiénica y nunca tocan el suelo.
Una vez cortadas las canales, son colgadas y puestas en cámaras de refrigeración. El equipo, una vez utilizado, es tratado y lavado con productos químicos y con un estricto control de calidad, lo que permite garantizar que la carne va a estar libre de enfermedades o de parásitos por un mal tratamiento.
Sin embargo, la experiencia en México señala que el problema está en los rastros municipales. Virginia Villanueva señala que los rastros municipales en México dan el tratamiento más antihigiénicos e inadecuado a la carne debido a que no cuentan con las instalaciones adecuadas.
Los animales son maltratados y son sacrificados sin ninguna sensibilización; no se cuida la salud y las posibles enfermedades que el animal pueda tener y transmitir al humano. No se lava adecuadamente, no se refrigera y se dan condiciones totalmente distintas al manejo de una planta tipo Tif.
Es así que la medición del rastro municipal comprende proporcionar a la ciudadanía carne y vísceras con baja cuenta bacteriana, debido a la ejecución constante de medidas de inspección sanitaria e higiene en sus diferentes procesos.
Sin duda alguna una buena parte de los rastros municipales en México no cumplen con estas condiciones. Incluso muchos municipios no prestan el servicio de rastro municipal. En este escenario se pueden presentar diferentes enfermedades como la tuberculosis o la cisticercosis.
Además, si a estas condiciones le agregamos los hábitos alimenticios que tenemos los mexicanos al consumir vísceras, embutidos y tacos de todo tipo, debemos entonces tener mucho cuidado con el origen y tratamiento de las carnes que consumimos.
La responsabilidad de ello recae en los gobiernos municipales y es su obligación darles el cuidado y el tratamiento adecuado. Muchas veces queda en el olvido por ser uno de los servicios que poco vemos y de los cuales muchos no se preocupan.
Sin embargo, la función del rastro es tan importante como la prestación de los servicios de salud. Ahí radica su trascendencia: en la afectación a la salud que pueda generar la ausencia del cuidado en el tratamiento de la carne.
Tomando en consideración lo anterior, actualmente el artículo 115, en su fracción III, contempla que: "Artículo 115, fracción III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: inciso f) rastro".
Como ya se ha mencionado, por su característica de ser un servicio público y ser un mandato constitucional, a los municipios de la República les corresponde el desahogar y complementar lo dispuesto en nuestra carta magna y, por ende, tienen a su cargo los rastros municipales. La experiencia en ese ámbito se anula o más bien es inexistente.
Puede ser que la propuesta sea tajante y radical, considerando el espíritu con el cual fueron creados los rastros; sin embargo, la realidad ha superado al espíritu del constituyente, pues si bien los rastros aún existen, no cumplen con el objetivo para el cual fueron creados, ya que las deficientes condiciones sanitarias en muchos rastros derivados de la falta de instalaciones y equipos modernos, las malas condiciones de aseo en los locales donde se faenan las canales, mesas de trabajo y vehículos en los que se transportan las mismas, malos hábitos sanitarios de los trabajadores, deficiente limpieza de los utensilios e indumentaria de trabajo, falta de aseo de los servicios sanitarios destinados al uso de los obreros del rastro, falta de estrategias tendientes a evitar la proliferación de la fauna nocivo, todo ello contribuye a la contaminación exógena de la carne.
Por lo tanto, la seguridad de una producción no se garantiza mediante el examen bacteriológico del producto terminado, sino a través de un riguroso cumplimiento del proceso, respetando la formulación y realizando una continua y confiable inspección sanitaria.
Por lo tanto, es tiempo de cambiar nuestra visión, es tiempo de dejar de mantener con el presupuesto del erario público los centros de sacrificio municipal. Es tiempo de que los particulares que aboquen al sacrificio, conservación y aprovechamiento del ganado, de la industrialización sanitaria de la carne de los animales y de todo lo que con ello lleve a la alimentación de la población.
Por supuesto todo ello encaminado a observar, implementar y sobre todo cumplir todas y cada una de las disposiciones sanitarias e higiénicas que tanto la ley como las normas sanitarias oficiales les impongan.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56, 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del pleno de la Cámara, la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se deroga el inciso f) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Articulo 10., Se deroga el incido f) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 115, fracción III, inciso f): Se deroga.
Artículos transitorios
Primero.- Hasta en tanto el servicio del rastro sea asumido por particulares, deberá seguir realizándose por el municipio.
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señor Presidente, le suplico que por motivo de tiempo sea insertada íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates.
Por su atención, compañeros, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y esta Presidencia accede gustosamente a su petición e inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates y lo turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió del señor diputado Alejandro Agundiz Árias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales.
Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley de Fomento para la Lectura del Libro.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión; compañeras y compañeros diputados:
Desde hace años el Sistema Educativo Mexicano se encuentra sumido en una crisis que ha sido caracterizada por los estudiosos del tema, como una crisis estructural, porque sus causas tienen que ver con factores que están asociados al ámbito económico, pedagógico y a la falta de capacitación de los recursos humanos involucrados en ese campo.
Como expresión de la crisis global de nuestro sistema educativo, se expresa la crisis que padecemos en el ámbito de la lectura.
En el campo de la lectura estamos en los últimos lugares a nivel mundial, porque sólo leemos 2.8 libros al año en promedio por cada mexicano, que es una cifra muy por debajo de los 26 volúmenes recomendados por la UNESCO.
Esta situación está en consonancia con el promedio de escolaridad de 7.7 grados que hemos logrado como nación.
En cambio Japón, Noruega, Finlandia y Canadá, ocupan los primeros lugares a nivel mundial con un promedio per cápita de 47 títulos al año.
La lectura es un poderoso instrumento para desarrollar nuestras niveles cognoscitivos asociados al estudio, la comprensión, el análisis, la interpretación, la síntesis y la evaluación, con el propósito de resolver problemas cotidianos de nuestra realidad y fomentar la educación creativa.
La lectura representa un gran desafío a nivel mundial, porque incluso en los países más industrializados es un problema no resuelto.
En algunos países de la Unión Europea, se han hecho estudios que muestran que el nivel de lectura de sus habitantes no es el más deseado. Por ejemplo en España, se reconoce que el 51 % de su población francamente no le gusta leer.
En los Estados Unidos la cuestión de la crisis de la lectura está firmemente arraigada y se observa que una tercera parte de su población tiene problemas de lectura y que entre sus jóvenes hay una reducción notable de su nivel de comprensión, así como sus habilidades de analizar y de sintetizar.
"En las naciones menos desarrolladas que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la crisis de la lectura se ha agudizado porque sus estudiantes de 15 años que han sido evaluados por esa organización presentan índices de lectura muy por debajo del promedio de la propia OCDE en habilidades de lectura. Estos exámenes han privilegiado las habilidades de obtener información de un texto, así como la interpretación, la reflexión y la evaluación de los materiales de lectura que son puestos a disposición de los examinados y para nuestra desgracia los estudiantes mexicanos han salido reprobados en esta materia.
"La crisis de lectura que vive la sociedad mexicana se ha convertido en una amenaza para nuestro proceso educativo y cultural, porque la gran mayoría de nuestro pueblo y en particular nuestros estudiantes carecen de las habilidades de lectura.
"En las condiciones actuales la lectura y la educación son fundamentales para que caminemos hacia delante en materia económica, política, social y cultural. ¿Dónde está el problema? En opinión del grupo parlamentario del Partido del Trabajo no hemos desarrollado una cultura de Estado que relacione a los padres de familia y a sus hijos con la escuela y las bibliotecas para desarrollar los hábitos y las habilidades de la lectura. Tampoco tenemos una política amplia que respalde programas de fomento a la lectura a escala nacional, donde el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, los padres de familia y los maestros definan las necesidades fundamentales de lectura de nuestros niños y jóvenes.
"Por otra parte, la televisión ha desplazado la lectura de los libros y se ha convertido en el principal medio de culturización del hombre moderno, pero al mismo tiempo ha creado a potenciales lectores que no siguen ningún orden de lectura ni tienen respeto por el lector de libros, sino que se rigen en lo fundamental por datos, hechos e imágenes que les sirven de base para tomar decisiones.
"Como corolario de los puntos anteriores no formamos a nuestros lectores desde la enseñanza básica ni creamos en ellos los hábitos permanentes de lectura para que los reproduzcan y recreen a lo largo de sus vidas.
"Por esta razón nuestra iniciativa tiene como propósito fundamental establecer una política de Estado que promueva el hábito de la lectura y desarrolle las habilidades de la misma para que los mexicanos podamos resolver, con mayor facilidad, los problemas reales a los que nos enfrentamos en forma cotidiana.
"Por esa razón nuestra propuesta tiene los siguientes ejes:
"1. Establecer un programa permanente de lectura que involucre a los padres de familia, los maestros y al gobierno federal para establecer como cultura de Estado el desarrollo de los hábitos y las habilidades de la lectura, que se traduzca en la creación de la enseñanza que privilegie el uso del razonamiento, la obtención de información, la interpretación, el análisis, etcétera, para formar mexicanos capaces de resolver los problemas cotidianos de nuestra realidad.
"2. Dotar a las familias de cada educando del nivel básico un paquete de 12 libros al año, que sea definido en función de las necesidades de cada escuela y región para garantizar que cada uno de ellos cuente con los materiales para alentar el proceso de formación de lectores que sea supervisado por los padres y los maestros.
"3. Ampliar nuestro sistema de bibliotecas públicas a lo largo y ancho del territorio nacional y relacionarlas con los educandos del nivel básico para desarrollar los hábitos de investigación y consulta.
"4. Promover la realización de ferias de libros a nivel local, estatal, regional y nacional para alentar el gusto por la lectura entre nuestros habitantes que les permita desarrollar sus habilidades en ella.
"5. Promover y organizar la realización de concursos de ensayo, cuento y poesía, así como concursos de oratoria para que los educandos desarrollen hábitos de lectura y redacción.
"La propuesta que plantea el grupo parlamentario del Partido del Trabajo es formar lectores desde los niveles básicos para que este proceso se extienda a la educación media, media superior y superior.
"Compañeras y compañeros Diputados:
"Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el punto 1 del artículo 4 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para impulsar la formación de lectores en nuestro país desde la niñez".
Señor Presidente, solicito se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates, en la versión estenográfica y la Gaceta Parlamentaria, todos ellos de la Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputado.
Túrnese a la Comisión de Cultura.
Señoras y señores Legisladores: Esta Presidencia tiene en su poder un comunicado de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual solicita a esta Directiva pregunte al pleno respecto de la modificación del orden del día, a efecto de que la asamblea conozca en este instante un Punto de Acuerdo que tiene que ver con el Ejercicio Fiscal del 2006, a efecto de que se incremente el Ramo 39, correspondiente al Programa de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el PAFEF.
Y otro que tiene que ver con el Capítulo Duodécimo del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos para el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.
Consulte la Secretaría a la asamblea si esta Presidencia tiene su anuencia, a efecto de abordar estos dos temas en este momento.
La Secretaria diputado Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se autoriza incluir en el orden del día los puntos referidos por el Presidente de la Mesa.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
Se autoriza.
Antes de pedirle a la Secretaría le de lectura al primero de los acuerdos, quisiéramos darle la más cordial bienvenida a una Delegación de Parlamentarios de Indonesia, encabezada por el señor Herman Widyananda, y a la que acompaña el Excelentísimo Embajador Ahiwil Lutan, Embajador de la República de Indonesia en México, invitados por el diputado Felipe Medina Santos, Presidente del Grupo de Amistad de esta Cámara con aquella nación.
Les agradecemos su presencia en esta su casa, la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, y les deseamos lo mejor durante su estancia en nuestro país. Sean ustedes bienvenidos.
Aplausos
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con el Punto de Acuerdo que propone la Junta de Coordinación Política y que tiene relación con el PAFEF.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política.
"Acuerdo de la Junta de coordinación Política por el cual la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, establece que impulsará en el ámbito de su competencia para que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se incremente el Ramo 39, correspondiente al Programa de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, PAFEF.
"La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b) numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con Punto de Acuerdo que presentó a este órgano de gobierno los diputados Francisco Javier Salazar Diez de Solano, Francisco Javier Carrillo Soberón y Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Presidente, Secretario e integrante de la Comisión de Energía respectivamente, en el mismo sentido, título del acuerdo.
"Punto de Acuerdo
"Unico.- Esta soberanía, a través de sus grupos parlamentarios y por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, impulsará en el ámbito de su competencia para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se incremente substancialmente en términos reales el Ramo 39, correspondiente al Programa de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, PAFEF. Dicho incremento deberá ser mayor en términos reales al registrado éste y los dos años anteriores.
"Junta de Coordinación Política. Con las firmas del diputado Pablo Gómez Alvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; del diputado Emilio Chuayffet Chemor, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; del diputado José González Morfín, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
En votación económica se pregunta a la Asamblea, si es de aprobarse.
Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la negativa,
Votación
Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Sonido en la curul del Diputado Murat.
El diputado José Adolfo Murat Macias (desde su curul): -sí, Presidente, para solicitarle la rectificación de quórum.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría ordene el Sistema de Registro Electrónico, a efecto de que se rectifique el quórum, en tanto continúe los trabajos de la Asamblea. Diez minutos.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento.
Abrase el Sistema Electrónico de Asistencia por diez minutos, para verificar el quórum.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del Orden del Día es la primera lectura del Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Capítulo XII de la Ley Federal de Derechos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa su lectura.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Dictamen.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Es de primera lectura.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia , con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al Dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se dispensa la segunda lectura.
Señoras y señores Legisladores. Esta Presidencia tiene en su poder dos documentos, tres documentos que tienen que ver con una fe de erratas y dos con modificaciones, de tal suerte que el Dictamen lo pudiésemos discutir con estas modificaciones, si es que son aceptadas por la Asamblea.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con los tres documentos..
Son dos documentos, uno de fe de erratas y uno de modificaciones de la Comisión que vienen firmados por la Comisión.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Comisión de Energía, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Palacio Legislativo de San Lázaro, D.F. a 19 de Octubre de 2005. Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Me permito hacer entrega de una fe de erratas del Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a las observaciones que el presidente de la República hace al decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Capítulo XII del Título Segundo de la Ley General de Derechos.
Página 22 párrafo cuarto dice:
Los límites a las deducciones de costos y el programa de racionalización de costos establecidos en el Artículo Transitorio anterior, dejarán de aplicar en el 2010 en caso de que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal realicen las adecuaciones a las leyes.
Debe decir:
Los límites a las deducciones de costos y el programa de racionalización de costos establecidos en el Artículo Transitorio anterior dejarán de aplicar en el 2010 en el caso de que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal realicen las adecuaciones a las leyes.
Página 68 párrafo seis dice:
Los límites a las deducciones de costos y el programa de racionalización de costos establecidos en el Artículo Transitorio anterior dejarán de aplicar en el 2010 en caso de que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal realicen las adecuaciones a las leyes.
Debe decir:
Los límites a las deducciones de costos y el programa de racionalización de costos establecidos en el Artículo Transitorio anterior, dejarán de aplicar en el 2010 en caso de que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal realizan las adecuaciones a las leyes.
Diputado Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, presidente de la Comisión de Energía.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aceptarse las modificaciones propuestas.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia, pregunto a la Asamblea si son de aceptarse las modificaciones propuestas.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aceptadas.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con el segundo documento.
Este es de modificaciones al dictamen.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por razones de técnica legislativa se presentan las siguientes correcciones al dictamen a las observaciones del Ejecutivo Federal al decreto que reforma diversas disposiciones del Artículo XII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos en materia del régimen fiscal de Pemex.
Primero.- En el Artículo 254 fracción IX, VIII dice:
VIII.- Un monto adicional 0.50 dólares de los Estados Unidos de América por cada millar de pies cúbicos de gas natural no asociados es extraidos adicional al volumen de fracción que se registre para el 2006.
Debe decir:
VIII.- Un monto adicional de 0.50 dólares de los Estados Unidos de América por cada millar de pie cúbico de gas natural no asociado extraído adicional al volumen de extracción que se registre para 2006.
Segundo.- En el Artículo 254 párrafo tercero dice:
Las deducciones a que se refieren las fracciones II y III deberán ser ajustadas conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Debe decir:
Las deducciones a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, deberán ser ajustadas conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Tercero.- Artículo 261 párrafo cuarto dice:
El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública la información que se derive de la presentación de las declaraciones a que se refiere esta ley.
Debe decir:
El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública la información que se derive de la presentación de las declaraciones a que se refiere esta ley.
Cuatro. En el artículo 3º transitorio, párrafo primero, dice: "A partir de la entrada en vigor de esta ley y hasta el año 2009, el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta ley, se calculará aplicando la tasa que corresponde, según el año y rango en el que se ubique el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano explotado, de acuerdo con la siguiente tabla."
Debe decir: "A partir de la entrada en vigor de este decreto y hasta el año 2009, el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta ley, se calculará aplicando la tasa que corresponda, según el año y rango en que se ubique el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano explotad, de acuerdo con la siguiente tabla."
Quinto. En el artículo 3º transitorio, párrafo tercero, dice: "El monto de la deducción por concepto de costo, gasto e inversiones deducibles relacionadas con el petróleo crudo y gas asociado extraído, sin considerar las señaladas en los párrafos 5º, 6º y 7º del artículo 254, no excederá el precio de 6.5 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo equivalente al volumen total del mismo en el año que se trate".
Debe decir: "El monto de la deducción por concepto de los costos, gasto y de inversión deducibles relacionados con el petróleo crudo y gas asociado extraído, sin considerar los señalados en las fracciones 5ª, 6ª y 7ª del artículo 254, no excederá el precio de 6.5 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo equivalente al volumen total del mismo en el año que se trate".
Seis. En el artículo 3º transitorio, párrafo cuarto, dice: "El monto de la deducción por concepto de los costos, gasto e inversión deducibles relacionadas con el gas natural no asociado extraído, sin considerar las señaladas en el párrafo 5º, 6º, 7º y 8º del artículo 254, no excederá el precio de 2.7 dólares de los Estados Unidos de América por cada mil pies cúbicos de gas natural, al volumen de gas natural neto en el año que se trate".
Debe decir: "El monto de la deducción por concepto de gas (¿) e inversiones deducibles relacionados con el gas natural no asociado extraído, sin considerar los señalados en las fracciones 5ª, 6ª, 7ª y 8ª del artículo 254, no excederá el precio de 2.7 dólares de los Estados Unidos de América por cada mil pies cúbicos de gas natural, al volumen de gas natural neto en el año de que se trate".
Siete. En el artículo 5º transitorio, fracción cuarta, dice: "Cuarto: Se podrá deducir el valor remanente de las inversiones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, determinado conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta deducción queda comprendida dentro de los límites de las deducciones a que se refiere el artículo 3º transitorio de esta ley. Se deducirán conforme a lo establecido en los mismos artículos".
Debe decir: "Cuarto: Se podrá deducir el valor remanente de las inversiones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, determinando conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta deducción queda comprendida dentro de los límites de las deducciones a que se refiere el artículo 3º transitorio de este decreto, que se deducirá conforme a lo establecido en el mismo artículo".
Octavo. En el artículo 6º transitorio, fracción primera, dice: "Uno. El valor de la extracción de petróleo crudo que resulte de la diferencia entre las cantidades establecidas en la tabla anterior y la extracción efectivamente alcanzada en cada año, se multiplicará por la proporción que resulte de dividir el valor de las deducciones a que se refiere el artículo 254 de esta ley; efectivamente deducidas en el año entre el valor de la extracción de petróleo crudo efectivamente alcanzada en el año, este monto se resaltará al valor de la extracción de petróleo crudo que resulte de la diferencia entre las cantidades establecidas en la tabla anterior y la extracción efectivamente alcanzada en cada año.
El monto obtenido de la operación anterior, se multiplicará por la tasa que corresponda de acuerdo con la tabla establecida en el artículo 3° transitorio, según el rango de precio y año.
Debe decir:
"1. El valor de la extracción de petróleo crudo que resulte de la diferencia entre las cantidades establecidas en la tabla anterior y la extracción efectivamente alcanzada en cada año, se multiplicará por la proporción que resulte de dividir el valor de las deducciones a que se refiere el artículo 254 de esta ley, efectivamente deducidas en el año entre el valor de la extracción de petróleo crudo efectivamente alcanzada en el año, este monto se resaltará al valor de la extracción de petróleo crudo que resulte de la diferencia entre las cantidades establecidas en la tabla anterior y la extracción efectivamente alcanzada en cada año.
El monto obtenido de la operación anterior, se multiplicará por la tasa que corresponda de acuerdo con la tabla establecida en el artículo 3° transitorio de este decreto, según el rango de precio y año".
9.- En el artículo 7° transitorio, dice:
"Artículo 7°- No se causarán los derechos a los que se refiere el artículo 12 de esta ley, por la quema de gas natural que se realiza en el año 2006 hasta por el 2 por ciento del total de la extracción de dicho gas en el mismo año".
Debe decir:
"Artículo 7°. No se causarán los derechos a los que se refiera el artículo 12, hidrocarburos del Título Segundo de la Ley por la quema de gas natural que se realiza en el 2006 hasta por el 2 por ciento del total de la extracción de dicho gas en el mismo año".
10.- En el artículo 9° transitorio dice:
"Artículo 9°. El registro al que se refiere el último párrafo del artículo 254 se deberá establecer por PEMEX-Explotación y Producción dentro de dos primeros años a partir de la entrada en vigor del presente decreto".
Debe decir:
"Artículo 9°. El registro al que se refiere el último párrafo del artículo 254 de esta ley, deberá establecer por PEMEX-Explotación y Producción dentro de los dos primeros años a partir de la entrada en vigor del presento decreto".
11.- En el artículo 4° transitorio dice:
"Artículo 4°. Petróleos Mexicanos elaborará un informe sobre los resultados de la aplicación del régimen contenido en el presente capítulo respecto a la deducción de los costos, gastos e inversiones relacionadas con el petróleo crudo y gas extraídos así como sobre los resultados del Programa de Racionalización de Costos al que se refiere el artículo anterior.
"Dicho informe deberá ser enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el último día hábil del mes de junio del año siguiente del término del ejercicio, para que ésta, a su vez, lo envíe a la Cámara de Diputados acompañado con las observaciones que en su caso correspondan ante el último día hábil de julio del mismo año.
"Al revisar la Cuenta Pública la Auditoría Superior de la Federación deberá presentar un informe especial en el que se emitirá sus observaciones y recomendaciones sobre la aplicación del régimen contenido en el presente capítulo.
"Los límites a las deducciones de costo y el Programa de Racionalización de Costos Establecidos en el artículo transitorio anterior, dejarán de aplicar en el 2010, en caso de que en el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal realicen las adecuaciones a las leyes y ordenamientos que doten a Petróleos Mexicanos de una estructura tendiente a una mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales para las empresas petroleras del Estado.
Esas adecuaciones deberán contemplar que el Consejo de Administración de la empresa, incluya consejeros con experiencia técnica, administrativa o financiera, capacidad y prestigio profesional que puedan desempeñar sus funciones libres de conflicto, de intereses y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos, de acuerdo con las mejores prácticas a que se refiere el párrafo anterior, así como la conformación de un comité de auditoría del mismo consejo, integrado por los consejeros antes mencionados.
Si pasando el año 2009, no se hubieran realizado dichas adecuaciones el Congreso de la Unión, revisará mantener o ajustar, tanto el programa como los limites de deducción, con base en los informes a los que se refiere esta disposición transitoria, debe decir:
Artículo 4°. Para los efectos del presente decreto se estará a lo siguiente:
Primero. Durante el periodo comprendido del 1° de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2009, aplicarán las siguientes disposiciones:
1. Petróleos Mexicanos, elaborará un informe sobre los resultados de la aplicación del régimen contenido en el presente decreto, respecto a la deducción de los costos, gastos, e inversiones relacionadas con el petróleo crudo y gas extraídos, así como sobre los resultados del programa de racionalización de costos a que se refiere el artículo tercero transitorio.
Dicho informe deberá ser enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el último día hábil del mes de junio del año siguiente del término de ejercicio, para que ésta a su vez, lo envíe a la Cámara de Diputados, acompañado con las observaciones que en su caso corresponda ante el último día hábil de julio del mismo año.
2°. Al revisar la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación, deberá presentar un informe especial en el que se remita sus observaciones y recomendaciones sobre la aplicación del régimen contenido en el presente decreto.
2°. Los limites a las deducciones y el programa de racionalización de costos establecidos en el artículo Tercero Transitorio, dejarán de aplicar el 1° de enero del 2010.
En caso de que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal, realicen las adecuaciones a las leyes y ordenamientos que doten a Petróleos Mexicanos de una estructura tendiente a una mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales para las empresas petroleras del Estado; en caso contrario el Congreso de la Unión decidirá mantener o ajustar, tanto el programa como los limites de deducción, con base en los informes a los que se refiere el artículo Tercero Transitorio.
Las adecuaciones a las que se refiere el párrafo anterior, contemplan, la pertinencia de:
1°. Incluir en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, consejeros con experiencia técnica, administrativa o financiera, capacidad y prestigio profesional que puedan desempeñar sus funciones libres de conflicto, de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos, de acuerdo con las mejores prácticas a las que se refiere el párrafo de esta fracción.
2° Conformar un comité de auditoría en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, integrado por los consejeros a que se refiere el numeral anterior.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega someter a la consideración de la asamblea en votación económica, si son de aceptarse estas modificaciones.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si son de aceptarse las modificaciones.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votaciones
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votaciones
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se aceptan.
En consecuencia, está a discusión el dictamen en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. Antes se ruega a la Secretaría ordenar el cierre del sistema electrónico.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico; y se informa a la Presidencia que hasta el momento existe una asistencia de 326 diputadas y diputados.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias.
Le damos la más cordial bienvenida a personal docente y a alumnos del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, del municipio de Jiutepec, estado de Morelos, y de la Secundaria Técnica No. 1, General Lázaro Cárdenas del Río, de Cuernavaca, Morelos, invitados por la diputada Rosalina Mazari Espín. Sean ustedes bienvenidos.
Aplausos
Señoras y señores legisladores, esta Presidencia no tiene registrados oradores. Luego entonces, considera el dictamen suficientemente discutido en lo general; y para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia informa que el señor diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del Partido Revolucionario Institucional, se ha reservado el quinto transitorio. No hay más reservas.
Luego entonces, se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación hasta por diez minutos, para los efectos de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Asamblea.
Diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): No, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿No? Permítame un segundo.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Gutiérrez de la Garza.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Para hacerle una pregunta, diputado Presidente, para efectos de la votación en este momento.
Dentro del análisis de las observaciones emitidas por el Ejecutivo Federal, en la mayoría de los casos se están aceptando esas observaciones. Hay dos casos en específico que no están aceptadas las observaciones. ¿Cuál sería el método de votación que vamos a seguir para ese caso en lo particular?
Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tendríamos dos opciones:
La primera de ellas es, evidentemente, pues simple y sencillamente aceptar en aquella parte del dictamen y votar sólo lo que no aceptamos. Sin embargo, esta Presidencia, por economía procesal parlamentaria, somete a la consideración, en votación nominal, todo el dictamen. Todo el proyecto de decreto, claro, con la aclaración de que se requiere mayoría calificada. Dos terceras partes.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Héctor Gutiérrez de la Garza. Sonido.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Diputado Presidente, en mi muy personal punto de vista y de acuerdo al tema, como se ha estado analizando, el tema de observaciones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considero que todo aquello que se está aceptando de las observaciones emitidas por el Ejecutivo Federal, requieren única y exclusivamente la mayoría, y la mayoría calificada, sería para el caso de las dos observaciones rechazadas.
Esto es importante para efecto del resultado de la votación, en cuanto a que todas las observaciones que son aceptadas, requieren única y exclusivamente de mayoría para ser aprobadas por el pleno, si no he entendido mal el tema.
Gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, vamos a someter a la consideración del pleno todo el decreto. Hay la intención, hasta donde yo tengo conocimiento, perdón por la primera persona en este caso, de que hay consenso y vamos a proceder a recabar la votación de esa manera.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados, con las modificaciones presentadas y aceptadas por esta Asamblea en un solo acto.
Votación
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputado presidente se emitieron 344 en pro, 4 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en los artículos no impugnados por 344 votos el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del capítulo décimosegundo del título segundo de la Ley Federal de Derechos.
Se ruega al señor diputado Sergio Arturo Posadas Lara, pasar a la tribuna a presentar su reserva.
El diputado Sergio Arturo Posadas Lara: Con su permiso diputado presidente; compañeras y compañeros diputados:
Esta intervención no es para rechazar todo el tiempo que hemos venido trabajando con este régimen fiscal de PEMEX, sino es nada más para hacer una reflexión sobre lo que el Senado de la República ha hecho sobre las reuniones que hemos tenido en conferencia con los diputados y senadores y han salido reuniones y salieron un régimen fiscal apropiado para Petróleos Mexicanos.
Sin embargo, yo quiero hacer la reflexión en donde el 28 de abril de este 2005, la Cámara de Diputados recibió la Minuta y la mesa directiva lo turnó a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen correspondiente, el cual fue aprobado por 330 votos en pro, 131 en contra y 2 abstenciones, en los mismos términos que el Senado de la República el 28 de junio de 2005 en el periodo extraordinario de sesiones.
Pero la reflexión que les pido es sobre el cambiar una ley cuando ya existe la Ley Federal de Entidades Paraestatales en sus artículos noveno, décimoctavo, décimonoveno, vigésimo y séptimo de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios establecen la integración del Consejo de Administración de las empresas paraestatales.
Yo les pido que el artículo segundo transitorio de la propuesta de la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones del capítulo décimosegundo, del título segundo de la Ley Federal de Derechos se establece que su vigencia será hasta que hayan entrado en vigor las modificaciones que le otorguen autonomía de gestión y fomenten en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios prácticas de gobierno corporativo con la regulación internacional y que estén enfocadas a que la empresa sea eficiente, transparente, que pueda competir con empresas en condiciones geológicas y económicas similares, garantizando que la explotación de hidrocarburos sea en beneficio de todos los mexicanos.
El Congreso y el Poder Ejecutivo deberán realizar las adecuaciones a las leyes y ordenamientos de aquí derivadas. La disposición referida estaría provocando una limitación a las facultades legislativas del Congreso de la Unión, a supuestos de realización futura e incierta, condicionando a la aprobación de otras reformas legales, que ni siquiera han iniciado su procedimiento legislativo; ya que de continuar con ello, provocaría una limitación inconstitucional a las facultades de este Congreso de la Unión.
Por lo anteriormente expuesto les solicito eliminar el segundo párrafo y los numerales 1 y 2 del artículo cuarto transitorio que dice: Las adecuaciones a las que se refiere el párrafo anterior, contemplarán la pertinencia de incluir en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, consejeros con experiencia técnica, administrativa o financiera, capacidad y prestigio profesional, que puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos, de acuerdo con las mejores prácticas a las que se refiere el párrafo primero de este artículo y de conformar un comité de auditoría en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos integrado por los consejeros a los que se refiere".
Solicito que se elimine este párrafo compañeras y compañeros diputados porque la ley ya está escrita. Ya hay una Ley de Entidades Paraestatales y esa ley tendríamos que modificarla en el futuro. Si ya existe un Consejo de Administración, por qué mencionamos este párrafo. Eso es lo que les pido que reflexionen este voto en lo particular. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Posadas Lara. Se refiere usted en su intervención al artículo segundo transitorio que está votado. Se refiere usted también y deja por escrito una propuesta de modificación al cuarto transitorio para someterlo a la consideración del Pleno, sólo que ya está aprobado. Ya está aprobado.
Ya está aprobado porque usted reservó el quinto transitorio.
El diputado Sergio Arturo Posadas Lara: No, es el cuarto transitorio. Perdón, es el cuarto transitorio, a lo mejor está mal ahí.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pues mire usted, esta presidencia cantó en su momento la reserva al artículo quinto transitorio.
El diputado Sergio Arturo Posadas Lara: Si escuchamos la versión estenográfica (sic), usted se va a dar cuenta que dije segundo párrafo y los numerales uno y dos del artículo cuarto transitorio.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Lamentablemente diputado, está votado ya.
El diputado Sergio Arturo Posadas Lara: Bueno pero que quede la versión estenográfica nada más para que se quede…
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En tal caso, su derecho queda a salvo presentando una iniciativa posteriormente.
Se ruega a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para recabar la votación nominal del artículo quinto transitorio en sus términos o en los términos de las modificaciones aceptadas por la Asamblea.
La Secretaria diputado María Sara Rocha Medina: Hágase los avisos a que se refiere el artículo 161del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación del artículo quinto transitorio en sus términos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En los términos de las modificaciones que en su momento presentó la Comisión, que fueron aceptados por la Asamblea y que están a disposición del Pleno. Entonces, en sus términos.
Votación
Damos la más cordial bienvenida a un grupo de asesores y alumnos de la maestría de educación superior del posgrado de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, invitados por el señor diputado don Florentino Domínguez Ordoñez. Sean ustedes bienvenidos.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema de votación electrónica.
Diputado presidente, se emitieron 328 votos en pro; cero en contra y cinco abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el artículo quinto transitorio por 328 votos en pro, en sus términos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del capítulo duodécimo, del título segundo de la Ley Federal de Derechos.
Pasa al Senado para los efectos del inciso c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 19 y 39 de la Ley de Aeropuertos en materia ecológica.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia señor Presidente. Compañeros y compañeras diputadas.
Efectivamente, la iniciativa que presentamos los diputados de Convergencia tiene el propósito de explicitar claramente en la Ley de Aeropuertos, el deber, la obligación impuesta a los concesionarios de aeropuertos tanto de empresas descentralizadas, como lo es Aeropuertos y Servicios, como a los de los concesionarios nacionales y extranjeros, imponerles la obligación de la salvaguarda de los principios ecológicos y de las disposiciones vigentes en esta materia que, aunque bien es cierto que en la Ley General no pueden sustraerse a ella los operadores de los aeródromos, también es cierto que una explicitación, que una referencia inmediata en la ley de la especialidad tendría, pues, el efecto de no permitir ninguna excusa a la observación de las observaciones en materia ecológica por parte de los concesionarios de aeródromos.
En una búsqueda constante precisamente por cimentar la cultura de cuidado al medio ambiente y al equilibrio ecológico, se detectan aspectos sensibles en los que probablemente no se han establecido las disposiciones necesarias para garantizar que se detenga precisamente el deterioro del medio ambiente tanto en la atmósfera como en el subsuelo.
Usualmente se toma en cuenta de manera muy vaga el cuidado del equilibrio ecológico, máxime cuando se presentan proyectos de inversión en los que se justifica una supuesta satisfacción de intereses de orden público, y cuando este interés se postula como público no cabe entenderlo como tal si a su vez subyace, contiene una liberación que permitiría el descuido del medio ambiente.
Por ello la naturaleza se ha encargado de recordarnos continuamente el daño que el hombre está causando al hábitat que lo rodea.
En la medida en que se tenga una visión global sobre dichos aspectos que dañan la naturaleza y provocan el desequilibrio en los ecosistemas que nos rodean, se podrá desacelerar la depredación que desde hace varias décadas ha ido en aumento en diversas regiones del mundo y muy específicamente en nuestro país.
En este aspecto, la construcción de aeropuertos y la apertura de vías aéreas es un aspecto en el que poco interviene y ha explorado la Ley de Aeropuertos, por lo que entendemos que es imperativo el legislar en esta materia de especialidad cuando se trata precisamente de concesionarios e inversionistas que tienen esa prerrogativa y que, por lo siguiente, como señalaba, deben ser obligados a satisfacer requisitos específicos para que la administración pública federal conceda autorización para desplegar los proyectos de inversión, siempre y cuando se hayan satisfecho plenamente los requisitos de preservación ecológica.
Es por ello que el grupo parlamentario de Convergencia considera que en la materia de legislación aeropuertaria puede y debe ser garantizado el respeto al equilibrio ecológico y debe ser, por consiguiente, elevado para que constituya una carga indefirible e intransferible, muy especialmente cuando se trata de inversión extranjera que en algunos casos empresas controladoras se están presentando como una constante en nuestra realidad económica nacional.
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Congreso General y de los artículos 4 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 39 de la Ley de Aeropuertos, quedando como sigue:
La inversión extranjera podrá participar hasta el 49 por ciento en el capital de las sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público. Se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la inversión a que se refiere el párrafo anterior participe en un porcentaje mayor. Dicha comisión deberá considerar, al resolver, que se propicie el desarrollo regional y tecnológico y se salvaguarde el equilibrio ecológico y la integridad soberana de la nación.
Y el articulo 39, para quedar como sigue. "El permisionario de un aeródromo de servicio al público deberá elaborar un programa indicativo de inversiones en materia de construcción, conservación y mantenimiento en el que se incluyan específicamente medidas relacionadas con la seguridad y protección dl equilibrio ecológico y del medio ambiente y hacerlo del conocimiento de la Secretaría".
Dado en el Palacio Legislativo a los 18 días del mes de octubre del año de 2005.
Es todo, señor Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado González Schmal.
Túrnese a la Comisión de Transportes.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para el control de Precursos Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señor Presidente.
Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución General de la República, 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de os Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos bajo el tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º., establece como obligaciones del Estado garantizar la igualdad entre la mujer y el hombre, la vivienda digna, el sano esparcimiento y la salud.
El gobierno federal tiene como obligación velar por el debido cumplimiento de las garantías invocadas a través de las dependencias de la Administración Pública.
En éste como en otros temas, el Estado no ha demostrado capacidad para establecer en planes, estrategias encaminadas a satisfacer los objetivos de la Constitución, lo cual ha propiciado situaciones de desigualdad entre los gobernados.
Un tema que cobra vigencia es el relativo a la salud, debido a que sus objetivos no se consuman únicamente con pretender otorgar servicios de seguridad social. El Estado debe contribuir a lograr el restablecimiento de la salud de los enfermos, en cumplimiento de su obligación solidaria establecida con los gobernados en el contrato social, garantizando que los medicamentos sean accesibles para todos.
Es importante invocar que la legislación secundaria legitima esta obligación del Estado en el artículo 2 fracción IV de la Ley General de Salud, el cual señala que "Es responsabilidad del gobierno la preservación, la conservación, el mejoramiento y la restauración de la salud de la colectividad".
La Secretaría de Salud pretendió cumplir esta responsabilidad desde los años 70 al distribuir medicamentos gratuitos de manera permanente. Sin embargo transcurridos más de viene años, persiste el problema de insuficiencia de medicamentos por el excesivo incremento en el costo de su elaboración que repercute en el alza indiscriminada de precios, propiciando que muchos mexicanos mueran por carecer de los recursos necesarios para su obtención.
"Debemos precisar que el actual gobierno federal mantiene la economía de mercado de la industria farmacéutica consintiendo el aumento de las medicinas de manera sistemática, toda vez que la Secretaría de Economía incumple su obligación de intervenir en la fijación de precios.
"En efecto, el artículo 28 constitucional y el artículo 7 fracción I de la Ley Federal de Competencia Económica preceptúan como obligación de esta dependencia intervenir en la imposición de precios máximos de productos y servicios necesarios para la economía nacional o el consumo popular y determinar cuales son los bienes sujetos a precios máximos, siendo un claro ejemplo de que la autoridad responsable incumple en los mandatos legislativos, afectando a los ciudadanos enfermos y la economía de la población.
"Para lograr el equilibrio en el mercado de los medicamentos debemos ponderar que son elaborados con sustancias químicas controladas que al procesarse adquieren la calidad de medicina, surgiendo en ese momento el fenómeno de disparidad de precios y en consecuencia el abuso de los farmacéuticos porque no se establecen en la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos las bases para que el poder público garantice que la producción, la circulación, la distribución, el consumo de los satisfactores destinados para la salud logre sus fines que su venta sea accesible a la población sin afectar a la industria del ramo ni propiciar el alza de precios indiscriminada.
"Asimismo considero necesario incluir en las normas de esta ley facultades de intervención a la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual tiene como encargo proteger los derechos del consumidor mediante políticas de equidad social para que de manera conjunta con la Secretaría de Economía, a quien la ley concede atribuciones, verifique que se respeten los derechos de los consumidores y se cumpla con la garantía de salud preceptuada en la Constitución.
"Es importante señalar que lo anterior es fundado porque el artículo 3 de la Procuraduría Federal del Consumidor le impone la obligación de regular el control de precios con la Secretaría de Economía, lo cual en los medicamentos no ha sucedido porque no existe disposición que atienda el reiterado reclamo ciudadano referido al abuso en la fijación y aumento de precios.
"Baste decir que en los congresos de los estados durante el año 2001 se presentaron un total de 40 iniciativas encaminadas a establecer un medio legal que corrija las políticas públicas que afectan los bolsillos de las clases marginadas o necesitadas de medicamentos.
"Los representantes populares estamos obligados a tomar acciones serias para detener la voracidad de los farmacéuticos que abusan del estado de necesidad de los mexicanos por recuperar su salud.
"Por tanto, hago un respetuoso llamado a esta asamblea para que apoyemos esta iniciativa que brinda el marco legal necesario para controlar desde su origen la comercialización de los medicamentos, porque la salud no es solo un derecho sino una obligación para que los empresarios tomen conciencia de que al buscar sus objetivos de lucro no lo hagan a costa de la población enferma y necesitada, teniendo como imperativo categórico que los intereses superiores de la nación están por encima de los intereses particulares de las empresas farmacéuticas.
"Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3 fracciones IV y VIII, 5 fracción I, 6, 12 fracción V, 18 fracción IV y 23 fracción III de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos para quedar como aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria del 18 de octubre del corriente año.
Transitorio:
"Artículo único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil cinco".
Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Torres Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 3, 13, 14, 15 y 33 de la Ley General de Educación en materia indígena.
La diputada Lorena Torres Ramos: Gracias, señor Presidente.
"El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita diputada Lorena Torres Ramos, perteneciente a la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Educación en materia indígena, bajo la siguiente
"Exposición de Motivos
"Como se reconoce en el artículo 2º constitucional, la existencia de los pueblos indígenas en el territorio mexicano representa en buena medida la base fundamental en la diversidad cultural y pluriétnica de la nación.
"Actualmente la presencia indígena en México se expresa en más de 12 millones de personas que se distribuyen básicamente en 24 estados de la República, en los cuales se concentran sus pueblos y comunidades.
"En nuestro país se hablan más de 100 lenguas, de las cuales los pueblos indígenas aportan cuando menos 60 y con ellas un número igual de diferentes maneras de pensar en alternativas de solución a los problemas. Todos estos pueblos demandan una atención diferenciada y acorde con su cultura e identidad".
"Ante este panorama, los contenidos del artículo 2º constitucional, la Ley General de Educación, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 y el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, establecen el compromiso del Estado Mexicano de desarrollar una acción educativa que promueva el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas y su acceso a los beneficios del desarrollo nacional, aliente la observancia y la defensa de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y los niños, y proceda en pleno respeto a las particularidades culturales y lingüísticas de cada pueblo indígena.
"En la Consulta Nacional sobre Pueblos Indígenas, Políticas Públicas y Reforma Institucional, realizada por el INI en el año 2001, se plantea una educación intercultural incluyente, que propicie el diálogo de las culturas, los haberes, los conocimientos, los valores, las visiones del mundo, en fin, una educación que conlleve a un diálogo intercultural amplio y permanente entre estos pueblos y la sociedad nacional no indígena.
"Legisladoras y Legisladores: Es urgente seguir avanzando en la consolidación de un modelo educativo que al mismo tiempo que respete y estimule la calidad, también responda plenamente a todas sus características, intereses y necesidades, lo que les permitirá vincularse más adecuadamente a su entorno y con el resto de la sociedad.
"En este contexto, Acción Nacional plantea que la autoridad educativa local debe reconocer la riqueza cultural de los pueblos y comunidades indígenas, al proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación básica, normal y para la formación de maestros de dicho nivel educativo.
"Debemos tener presente que pese a los programas federales en materia de educación indígena, es desigual este mismo desarrollo. Aún existe población que no es atendida por el sistema educativo, esta situación es particularmente grave en las entidades y regiones de mayor marginación y entre grupos excluidos del desarrollo, como son los indígenas, los campesinos y los migrantes.
"No podemos olvidar que sólo un modelo educativo que encare pedagógicamente las instrumentaciones de la educación intercultural para todos los mexicanos, puede coadyuvar a la construcción de un tejido social incluyente que reivindique la dignidad de los pueblos indígenas y contribuya al establecimiento de las nuevas relaciones de los mismos, en el estado y el conjunto de la nación.
Compañeras y compañeros Legisladores. Les propongo sumarse a esta propuesta con el objeto de impulsar una política educativa, coordinada, que permita el concurso de las autoridades educativas, federales y locales, en la aplicación de medidas y programas destinados al desarrollo de una educación de calidad para las comunidades indígenas y mecanismos de apoyo económico para permitirles su acceso y permanencia en el mismo.
Con base en lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de Decreto, que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación en materia Indígena.
Artículo 1º . Se reforman los Artículos 3º, 13º , 14º, 15º y 33º de la Ley General de Educación en materia Indígena, para quedar como sigue:
Artículo 3º. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la Educación Preescolar, la Escolar y la Secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del Federalismo, la Pluriculturalidad y la Concurrencia, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución social, educativa, establecida en la presente Ley.
Artículo 13º.- Corresponden de manera exclusiva las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:
Fracción II.- Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la Educación Preescolar, la Primaria, la Secundaria, la Normal y demás para la formación de Maestros de Educación Básica, reconociendo la riqueza cultural de sus pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 14º.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los Artículos12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federales y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
Fracción I. Promover y prestar servicios educativos distintos de los previstos en las Fracciones I y IV del Artículo 13, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales, estatales y de las comunidades indígenas.
Artículo 15º.- El Ayuntamiento de cada Municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federales y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, particularmente la educación indígena.
También podrá realizar actividades de las enumeradas en las Fracciones V a la VIII del Artículo 14.
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes:
Primera.- Atenderá de manera especial las escuelas en que por estar en comunidades indígenas, localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atraso o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades.
Segundo.- Desarrollarán programas de apoyo a Maestros que realicen su servicio en comunidades indígenas, localidades aisladas o zonas urbanas marginadas a fin de fomentar el arraigo de sus comunidades.
Fracción VIII.- Desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos y un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles educativos.
TRANSITORIO.
Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.
La Presidencia recibió de parte del señor Diputado don Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Iniciativa que refora el Artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.
La siguiente Iniciativa que aparece en el Orden del Día, ha sido retirada por su autor.
Tiene la palabra el señor Diputado don René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Iniciativa que reforma el Artículo 195 del Código Penal Federal.
El diputado Fidel Rene Meza Cabrera: Con su permiso, Diputado Presidente. Diputadas y diputados.
El suscrito diputado federal en Ejercicio presenta iniciativa para reformar el Artículo 195 del Código Penal Federal con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El incremento del uso de los estupefacientes, es la modalidad de consumo, posesión y compraventa en pequeñas porciones o cantidades llamado narcomenudeo variante del delito contra la salud, por su reiteración debe ser preocupación y principalmente solución por parte de los miembros activos de la sociedad.
Para solucionar este problema, cada vez más frecuente y alarmante, porque se estás comprobando que cunde entre la juventud y la niñez, más rápidamente que en los adultos, lo que hace más urgente establecer las medidas que lo resuelvan.
Preferentemente ha de aplicarse la prevención aunada a la educación, corresponde al núcleo familiar y al centro escolar educar, orientar y vigilar a las potenciales víctimas de la drogadicción para que no lleguen a la farmacodependencia.
Esta actividad deberá realizarse a través de programas preventivos y educativos que padres de familia y maestros tendrán que instrumentar y desarrollar conjunta y correspondientemente.
A las autoridades les corresponde vigilar, detener y aplicar las disposiciones legales contenidas en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, a los legisladores nos toca revisar y adecuar las leyes para que sean eficaces en la persecución del delito contra la salud.
En el Código Penal Federal dedica su Título Séptimo a combatir la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y todos los actos relacionados con el narcomenudeo. Esta ley punitiva contiene lo que podríamos llamar dos excluyentes de responsabilidad, en efecto, en el Artículo 199 en lo conducente señala:
Al farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal, algún narcótico de los señalados en el Artículo 193 no se le aplicará pena alguna; y en el segundo párrafo del Artículo 195 textualmente dispone; No. se procederá en contra de quien, no siendo farmacodependiente se le encuentre en posesión de alguno de los narcóticos señalados en el Artículo 193 por una sola vez y en cantidad tal que pueda presumirse que está destinada a su consumo personal.
Este párrafo es el que considero debemos reformar, para que la autoridad ejecutiva, es decir, policías y Ministerio Público, puedan combatir con éxito el alarmante aumento del narcomenudeo.
La comparación del párrafo segundo del Artículo 195 con la parte inicial del Artículo 199 son muy parecidos y tienen el mismo fin, no castigar al poseedor de una mínima cantidad de cualquier estupefaciente. La diferencia esencial consiste, en que en el caso del Artículo 199 el poseedor es farmacodependiente y en el caso del Artículo 195 no lo es.
Es el párrafo segundo del Artículo 195 el que debemos modificar, porque para que una persona que no es drogadicta, lleva consigo una porción de estupefaciente, la única respuesta lógica es para venderla o transportarla a algún sitio de comercialización, que podría ser desde luego una narcotienda.
Hacer más estricta las leyes, es una adecuada forma de combatir el narcomenudeo, que ya se extiende por todos los ámbitos del país, por lo expuesto y con fundamento en el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto para reformar el Artículo 195 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo segundo del Artículo 195 del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:
Se procederá en contra de quien no siendo farmacodependiente, esté en posesión de algunos de los narcóticos señalados en el Artículo 193 aunque la cantidad sea similar a la destinada a consumo personal y así lo manifieste.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación.
Es todo, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias René.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Esta presidencia le da más cordial bienvenida al señor presidente municipal de Chautla, Santiago Mejía Conde y a los regidores Leonor Vázquez Mendieta, Miriam Uribe Madrid, Alejandro Monroy García, José Juárez Reyes, Ricardo Román Sánchez, Miguel Angel Tapia Medina, Heriberto Malpica Conde y José Alatriste Varela, invitados por el señor diputado don Fernando Fernández García.
Sean ustedes bienvenidos.
Señoras y señores legisladores, el siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 299 de la Ley del Seguro Social, publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Es de primera lectura.
Esta Presidencia acepta la sugerencia de los señores coordinadores de los grupos parlamentarios y le pide a la Secretaría dar cuenta a la asamblea con el orden del día de la siguiente sesión.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Orden del día de la próxima sesión.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (14:00 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 25 de octubre a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto dos horas antes.
La última de las votaciones se toma en cuenta como registro final de asistencia.