El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (Toca la campanilla y dice): Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se informa que existen registrados previamente 397 diputadas y diputados.
Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (A las 11:22 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la asamblea, si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
Votación
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el acta.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sonido a la curul del diputado José Guzmán Santos.
El diputado José Guzmán Santos (desde su curul): Muchas gracias, señor Presidente.
Únicamente, señor Presidente, suplicándole, propongo una modificación en el orden del día en base al Artículo Vigésimo por el Acuerdo Parlamentario relativo al orden del día, señor Presidente, en base a un punto de acuerdo que para mí es muy urgente de la situación de Quintana Roo.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Señor diputado, lamentablemente le informe que ha se aprobó el orden del día, pero cuando abordemos el asunto relacionado con la propuesta que nos está haciendo la Junta de Coordinación respecto a este tema de los recursos para zona afectada en la región Sur-Sureste de nuestro país, podrá usted hacer uso de la tribuna para hacer las adecuaciones o los agregados correspondientes.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
Votación
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada el acta.
Permítame Secretaria.
Instruyo a la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Falta algún ciudadano diputado o diputada de pasar lista?
Adelante
Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Se informa a la Presidencia que existen 417 diputados.
Los ciudadanos diputados que no hayan alcanzado a registrar su asistencia, cuentan con 15 minutos para hacerlo por cédula.
La Secretaria María Sara Rocha Medina: Comunicaciones.
Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal del Distrito Federal a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 188 Aniversario Luctuoso del General Pedro Moreno González.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados:
Diputado Francisco Javier Bravo Carvajal, diputado Roberto Colín Gamboa, y diputada María Elba Garfias Maldonado
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Del Congreso del Estado de Durango, remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se asignen recursos adicionales.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Del Congreso del Estado de Durango, remite acuerdo para exhortar a la Comisión de Energía.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Del Congreso del Estado de Guerrero.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Comunicación de la Junta de Coordinación Política por la informa de cambios de diputados del diputado Diego Palmero Andrade, sustituya al diputado Baruch Alberto Barrera Zurita, en el grupo de trabajo para dar seguimiento a la aplicación de recursos y programas en atención a la zona de desastre ocasionados por las lluvias en los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado.
Con toda atención la Presidencia invita cordialmente a los representantes de los medios de comunicación a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir con su importante labor informativa.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a la brevedad liberen los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, en los diversos municipios de los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, afectados por el huracán Wilma.
Por lo anteriormente expuesto en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Permítame, señor Secretario, esta solicitando el uso de la palabra el diputado José Guzmán.
Sonido a la curul del diputado José Guzmán.
El diputado José Guzmán Santos (desde su curul): Señor Presidente, muchas gracias.
En base a ese punto señor Presidente, yo sí quisiera plantear en término más estricto de la situación de Quintana Roo, por eso lo solicito, que por su conducto a este pleno, que me dé la oportunidad de hacer este planteamiento, señor Presidente, como se lo comenté hace un momento.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Entiendo señor diputado, que está usted solicitando el uso de la palabra para hablar en pro. Por lo tanto, tiene usted el uso de la palabra.
Solicito antes hacer uso de la palabra el diputado José Guzmán, lo había solicitado antes compañeros.
El diputado José Guzmán Santos: Muchas gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
He pedido el uso de la palabra, porque me doy cuenta de la propuesta que ha hecho la Coordinación Política de esta Cámara de la situación dramática que vive la zona sur-sureste; y en lo particular, como diputado federal, no quisiera que este punto tan importante para todos nosotros, para este país, quedara en segundo término.
El sureste del país, ha enfrentado uno de los fenómenos meteorológicos de mayo peligro de los que se tenga registro en la historia de catástrofes naturales, a los que México está permanentemente expuesto.
El Huracán "Wilma" devastó varios municipios de Yucatán, fundamentalmente de Quintana Roo y Campeche, como producto de su fuerza que se calcula por vientos sostenidos de más de 220 kilómetros que algunos momentos llegó a incrementarse a 270, por lo que hemos visto todos los días en la televisión el efecto que causó "Wilma" en toda la zona sur-sureste; pero el desastre que causó en uno de los estados que nutre a nuestro país de una economía sólida del 35 por ciento de las divisas de turismo que ingresan a México, viene del estado de Quintana Roo.
Por eso es importante, compañeros diputados, reflexionar sobre la propuesta que ha hecho la Junta de Coordinación Política, porque ustedes saben muy bien que el Presupuesto de Egresos que se está planteando va a modificar en toda su estructura, los daños económicos que se han hecho en la zona sur-sureste y fundamentalmente en el estado de Quintana Roo.
Por eso solicité mi intervención, porque Quintana Roo es la primera potencia turística de México y del Caribe, donde recibimos más de 10 millones de visitantes al año entre todo el mundo. El 40 por ciento del turismo que llega a México, viene de Quintana Roo. Es un pueblo de desarrollo regional que otorga más del 35 por ciento de los ingresos de las divisas del Sector Turístico del país anuales y más de 4 mil 138 millones de dólares. La oferta hotelera equivale al 12 por ciento del total del país con 763 hoteles y 60 mil cuartos. Es el destino número uno a nivel mundial en recepción de cruceros.
Por eso es importante reflexionar, compañeras y compañeros diputados, en qué calidad, los diputados de este Congreso, vamos a reasignar los recursos para restablecer la economía, fundamentalmente no de Quintana Roo; no hay que olvidar que en Quintana Roo también viven muchos veracruzanos, muchos guerrerenses, muchos oaxaqueños, yucatecos y campechanos, en donde tienen su empleo y hoy se ha perdido todo.
Yo no sé, compañeros diputados, cuál sería lo más importante en esta semana para nosotros. Si el drama que estamos viendo todos los días desde el domingo hasta el día de hoy en la televisión, en donde se le está pidiendo al pueblo de México solidarizarse con este grave problema.
Nosotros, como un poder más de esta Nación, no debemos de estar inertes. La política, cuando no cumplen los grandes propósitos del pueblo, no se está cumpliendo con la responsabilidad que el pueblo de México nos legó como diputados.
Hoy, un ex compañero nuestro diputado, hoy gobernador de quintana Roo, Félix Gonzáles Canto, pide el auxilio de todos los mexicanos, pide el auxilio no simplemente del Poder Ejecutivo, sino del Congreso Federal para restablecer la economía del pueblo de Quintana Roo y de toda la zona sur-sureste, compañeros.
Muchas gracias.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Señor Presidente ¿Dio la palabra en pro, en contra, me lo puede clarificar?
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Hice la pregunta expresa al señor diputado, implícita de que si su intervención iba a ser en pro. Hubo una afirmación tácita en este sentido.
Tiene el uso de la palabra para hablar en pro la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
La situación extrema que se vive en el Estado de Quintana Roo, nos lleva a distintas reflexiones porque la complejidad estriba en que es uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país y además la devastación también alcanzó a la población nativa.
Cancún junto con la Riviera Maya representa el centro integralmente planeado con mayor movimiento turístico del país tanto nacional como extranjero.
El huracán "Wilma" afectó fuertemente esta zona la cual según declaraciones del Ejecutivo Federal, tardará un par de meses en restaurar su capacidad económica, esperando que para el mes de diciembre, temporada alta del sector, se logre restablecer.
Habrá que recordar entonces el tiempo en que Cancún se recuperó del huracán "Gilberto". Como todos hemos sabido, el Caribe Mexicano quedó totalmente devastado. Se afirma que el 90% de la zona turística se encuentra en desastre.
El día de ayer se anunció que se destinarán 3 mil millones de pesos a través del Fondo de Desastres Naturales; de igual forma se informó que FONATUR invertirá 10 millones de dólares para reconstruir la zona hotelera y que 10 millones de pesos provendrán del Gobierno Federal para un programa de empleo temporal.
Lo alarmante no sólo está en la zona turística sino en el total del Estado. El 70% de la población de la entidad se encuentra en una situación de desastre. En este difícil proceso de restauración como el que hoy debe vivir la zona afectada, es fundamental en todo momento considerar a la población oriunda, muchas veces se ha olvidado o se deja en un tercer plano para atender al turismo extranjero, desde el turismo nacional y después por último la población nativa.
Esta situación está creando fuertes descontentos y en un escenario de caos no podemos permitir que existan mayores conflictos. Todas las personas nacionales y extranjeras, deben recibir un trato igualitario y ser atendido en la medida de lo posible.
Esta situación de emergencia para la región pero también para el país, es, y no quiero dejar de mencionar, lo que Green Peace, ha señalado en días anteriores acerca de que uno de los factores que agravó el problema en Cancún tras el paso de "Wilma", fue la pérdida de mangle, el cual hubiera representado una barrera natural para frenar el oleaje del mar y evitar la inundación.
Cancún representa una de las pérdidas más altas de deforestación en cuanto a mangle que actualmente tiene 12% de tasa de pérdida. En estos momentos es importante reflexionar sobre la venta de los manglares que realizó FONATUR durante el 2004, considerándolo con valor cero y aquí en esta Soberanía se cuestionó al director de este organismo John McCarthy,(?) sobre esta condición.
Existen daños en viviendas, carreteras, servicios de electricidad, de abasto y de salud.
Por todo ello debemos trabajar por crear un fondo de reconstrucción no sólo de Cancún sino de toda la zona afectada. La planta laboral de esta importante zona turística es sin duda una de las más perjudicadas, ya que a diferencia de los grandes complejos hoteleros ellos no cuentan con seguros que cubran sus pérdidas incluyendo la del empleo.
Por ello compañeras y compañeros desde esta tribuna invito a toda la población a mantener la calma y a sumar esfuerzos para que junto con las actividades de gobierno se logre minimizar la desolación de los que se han visto de alguna u otra forma, damnificados.
Y aquí hago mención de las palabras que la periodista de Denisse Maerker hizo en su columna periodística del fin de semana: "¿Acaso esta zona de nuestro país está pagando las primeras facturas del cambio climático del mundo?. Entonces, vamos a la reflexión y actuemos en conjunto.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta presidencia quiere conducir estas intervenciones con toda equidad.
Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Beatriz Zavala Peniche, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Si algún miembro de la Asamblea no tiene objeción, esta presidencia considera oportuno concederle el uso de la palabra a la diputada Zavala Peniche.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea.
El huracán Wilma vino a llover sobre mojado en el sureste mexicano después del paso del huracán Emily, y ha dejado graves daños de consideración en todo el caribe mexicano, en la infraestructura hotelera y también en los otros Estados.
El oriente del estado de Yucatán está gravemente afectado, con inundaciones, con pérdidas en la agricultura, en la apicultura, en la ganadería. Y quiero decirles que la población de Yucatán ha sufrido afectación también en sus viviendas. Que hay todavía familias que esperaban recuperarse del huracán Emily y tener un techo para dormir en resguardo, y todavía las acciones del FONDEN se iban a llevar a cabo cuando llegó este huracán Wilma.
Por eso decimos que ha llovido sobre mojado a una población que es afectada y como siempre, a los que menos tienen, a los que más necesitan en México y a los que más necesitan en el sureste del país.
Es importante que los diputados estén solicitando al Gobierno Federal que una esfuerzos con los gobiernos de estos Estados, con la autoridad cercana a esta población afectada, que son los ayuntamientos y que se trabaje en conjunto para darle a esta población los medios necesarios para una subsistencia inmediata y también para que puedan recuperar sus fuentes de ingreso y puedan tener acceso a continuar en la escuela y a una alimentación.
La agricultura, la apicultura, requieren de un apoyo y también las otras actividades: la ganadería, la pesca y por supuesto el turismo, fuente de empleo.
En estos momentos es urgente que el FONDEN destine los recursos necesarios y que sean aplicados como se han aplicado en los otros huracanes, para beneficio de esta población con estricto apego a la normatividad y con la supervisión, por supuesto del otro poder del Estado, el Poder Legislativo para que nunca ocurra que por las desgracias naturales haya aprovechamiento de tipo político o de más aún, haya un saqueo con recursos destinados a los que están en esta tragedia y a los que menos tienen.
En Yucatán, la ciudadanía ha estado pendiente también de esta tragedia y ha supervisado en los huracanes pasados cómo se aplicaron los recursos federales, los recursos del Estado y los recursos de los ayuntamientos.
Hoy, como diputados vamos a colaborar primero en ver que se asignen los recursos, en que haya una colaboración de todos los gobiernos con los ciudadanos y vamos a estar presentes para que se recuperen pronto todas las poblaciones afectadas, las comunidades que hoy se encuentran aisladas y que no tienen los medios mínimos de subsistencia.
Pero sobre todo, nos vamos a poner de pie juntos para que nuevamente prospere los medios de vida, sea la agricultura, sea el turismo, sea la pesca, y las poblaciones de estos estados del sureste estén nuevamente trabajando productivamente para sus familias y para el país.
Muchas gracias. Espero que este punto de acuerdo sea aprobado por esta asamblea.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: En términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica, artículo 20, fracción d) y habiendo consultado a los señores coordinadores, esta presidencia concede el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, al diputado Leonardo Alvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Leonardo Alvarez Romo: Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras legisladores: lo que vimos ahora en el sureste del país no es más que una consecuencia del cambio climático, es un reflejo más de lo que cada año va a ser peor.
El cambio climático se debe a lo que se ha llegado a llamar el efecto invernadero. La quema de combustibles fósiles avienta a la atmósfera gases de efecto invernadero, principalmente gas carbono. El uso de petróleo combustóleo en las termoeléctricas, carbón, gas, está generando, desde que inició la revolución industrial, una nueva capa en la atmósfera que está atrapando calor, principalmente, como lo dije, por la emisión de gas carbono producto de la quema de combustibles fósiles.
Es decir, los rayos solares que antes penetraban y rebotaban en la superficie marina y terrestre, salían hacia el espacio; ahora rebotan en esta nueva capa que hemos aventado, que hemos creado los seres humanos y se hace un efecto invernadero que está aumentando el promedio de la temperatura global de la Tierra.
Esto está derritiendo los polos, lo cual cambia las corrientes marinas, la presión atmosférica y por lo tanto el clima. El clima se está volviendo loco en nuestro planeta. Donde antes llovía, ya no llueve o donde antes llovía, llueve mucho más; las sequías son más duras, los huracanes más fuertes, como lo hemos visto, y en fin una serie de fenómenos atmosféricos que están cambiando el clima de la Tierra.
Si no tomamos conciencia y empezamos juntos a producir ideas renovadoras, imaginativas, contundentes para reequilibrar el desequilibrio que el ser humano ha generado, en unos años va a ser demasiado tarde.
Esto que estamos viendo es nada más el principio de lo que puede ir sucediendo. Cada año va a ser peor, cada año vamos a tener huracanes más fuertes y más continuos.
Si bien los huracanes ya son un fenómeno natural existente desde hace millones de años –de hecho, huracán es un nombre maya que quiere decir rayo o luz suprema porque efectivamente esa zona del sureste era afectada y atacada por estos fenómenos naturales—no han sido, en lo que llevamos de registro de historia, en lo que respecta a la memoria del ser humano, estos fenómenos que han venido sucediendo en los últimos años no tienen comparación, no hay registro de que haya sido así.
Está pasando una crisis planetaria ambiental. Tenemos que hacer algo, compañeras y compañeros diputados. México tiene una gran responsabilidad ambiental porque somos uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta.
Las selvas y el fitoplancton y las algas y los bosques en el mundo son los consumidores naturales de gas carbono y lo convierten en oxígeno. Entre menos selvas haya y entre más se aumente la temperatura global de la tierra menos consumidores de gas carbono habrá porque las algas y el fitoplancton en el mar se mueren debido al aumento de la temperatura global.
El fitoplanton del mar y las algas son los grandes consumidores de gas carbono. Si sube la temperatura global de la tierra se mueren y si seguimos devastando nuestras selvas y nuestros bosques, si seguimos actuando con irresponsabilidad y con desdén ante los incendios forestales, que por cierto también avientan gas carbono a la atmósfera, los fenómenos que estamos viendo se van a quedar cortos con lo que viene.
Urge que México tenga un plan integral para atender estos desastres naturales, pero no nada más para atender las consecuencias del cambio climático, sino empezar por ejemplo dentro de la reforma eléctrica a integrar a las energías renovables, a las energías limpias, para detener el uso de combustibles fósiles que están provocando el cambio climático, producto del efecto invernadero.
Tenemos que planear a nivel nacional todos los grupos parlamentarios en el Congreso, todos los partidos, generar un proyecto nacional para reducir el desequilibrio ecológico, por lo menos en lo que respecta a la responsabilidad que México tiene.
Tenemos que invitar respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a que firme el Protocolo de Kyoto para reducir la emisión de gas carbono a la atmósfera. Si Estados Unidos no firma el protocolo de Kyoto y se compromete a...
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Concluya, señor Diputado.
El diputado Leonardo Alvarez Romo: ...y se compromete a reducir la emisión de gases de invernadero a la atmósfera no va a haber cambio, no va a haber reducción del cambio climático.
Y como nación latinoamericana, una luz latina, podemos invitar a los países de Latinoamérica a que nuestros hermanos estadounidenses hagan conciencia de lo que está pasando, ellos ya sufrieron en su propio país las consecuencias del cambio climático.
En fin, compañeras y compañeros, que nos sirva de reflexión esto que está pasando en nuestro país. No es nada en comparación con lo que puede venir, la madre tierra, la naturaleza, el medio ambiente en donde vivimos necesita de la conciencia de todos y de nuestras acciones concretas y contundentes a favor de la salud del planeta.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Sí señor Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si el punto de acuerdo está suficientemente discutido.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la realización de una Sesión Solemne para otorgar un reconocimiento a los integrantes y cuerpo técnico de la Selección Nacional de Futbol Sub 17 por haber ganado el Campeonato Mundial de la especialidad.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
Votación
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
El Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable de Zacatecas remite Pronunciamientos: a favor de la Declaratoria de Contingencia Climatológica y en apoyo a las medidas emprendidas para frenar las importaciones desleales de Chile Seco.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Economía Para Su Conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
La Comisión Nacional del Agua remite Informe correspondiente al Tercer Trimestre del Tercer Ejercicio Fiscal de los recursos devueltos a los estados inmersos en el Programa de Devolución de Derechos, según el Artículo 231-A, de la Ley Federal de Derechos.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Oficio de Gobernación remitiendo Informe correspondiente al Tercer Trimestre de 2005, dando cuenta del avance físico y Financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, El Programa de Empleo Temporal y el formato 005-A respecto a la evaluación de los programas sociales apoyados con subsidios y transferencias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Presupuesto y Cuenta Publica
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Oficio de Gobernación remitiendo Informe de la Secretaría de Economía sobre la evaluación correspondiente al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal de 2005 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de resultados señalados en el Anexo 14 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Oficio de Gobernación solicitando permiso constitucional para que los CC. María del Pilar Sevilla Tamai, Rosa Martha Ramírez Luna, Mariana Morales Alvarez Miguel Angel Solares Escalante, puedan prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña Irlanda del Norte, en México.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional para que los CC. Alejandro Machorro García y Claudia Glenda Hernández Nava, presten servicios en la Delegación Nava.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria Patricia Garduño Morales: Oficios de la Cámara de Senadores.
Iniciativa que reforma el párrafo cuarto del Artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Fernando Gómez Esparza del grupo parlamentario del PRI.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Iniciativa que reforma y adiciona disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Imputo al Activo, de la Ledy del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos presentada por el Sen. Fauzi Hamdan Amad.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación contemple los recursos suficientes para la implementación de un Programa Emergente de Combate a la Inseguridad en la Frontera Sur del país.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Oficio de la Cámara de Senadores transcribiendo Acuerdo para que se destinen recursos a una partida especial para los campamentos tortugeros del País.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Marco Morales Torres:
Oficio de la Cámara de Senadores en el que transcribe Acuerdo para que en el presupuesto de egresos se destinen recursos al Programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Oficio de la Cámara de Senadores, en el que se transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen mayores recursos a la educación superior y asigne una partida extraordinaria a la Universidad de Sonora, para facilitar la creación de una extensión de la Universidad en el Municipio de Cajeme, Sonora.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
De la Cámara de Senadores, remite la minuta del proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 2 al 6 de noviembre, para realizar visita de Estado a la República de costa Rica y participar en la IV Cumbre de las Américas y en la XIX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Gobernación:
Con proyecto de decreto que reforma la Fracción III del artículo 3º y el Párrafo Tercero del artículo 5º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Con proyecto de decreto que deroga las Fracciones V y VI del artículo 114 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 y se adiciona un Segundo Párrafo al artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.
De la Comisión de Salud:
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos:
Con proyecto de decreto que adiciona un Párrafo Tercero al artículo 211 Bis 1 y los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9, al Código Penal Federal.
Con proyecto de decreto que reforma los artículos 15 Párrafo Segundo y 19 Párrafo Primero, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público:
Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.
Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de primera lectura.
De conformidad con el acuerdo aprobado en la sesión del 13 de octubre, proceda la Secretaría a dar lectura sólo a los enunciados de las proposiciones relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, una partida especial para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Tabasco, suscrita por diputados integrantes de diversas comisiones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: La diputada Estela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006, una partida sectorizada a la SEP, destinada al mantenimiento y a la construcción de dos nuevos espacios educativos en las comunidades de Santa Rosalía y Ciudad Insurgentes en el Estado de Baja California Sur.
La diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, una partida para establecer el Programa de Útiles Escolares para los alumnos de todas las escuelas públicas del país.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: La diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, una partida especial para establecer un Programa Destinado a la Población Indígena del País.
La diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, una partida especial para emprender un Programa de Ingreso Mínimo para las Personas Adultas Mayores de 70 años de edad.
La diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, una partida especial para emprender en el país un programa de becas para discapacitados de escasos recursos y al titular de la SEP proponga un Programa de Adaptación de Instalaciones Escolares para los mismos.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: La diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, un incremento del PIB al presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología.
La diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, una partida especial para emprender el Programa Uniformes Escolares para Todos.
El diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se destinen recursos para el Parque Marino Nacional, Sistema Arrecifal Veracruzano.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ésta y las anteriores comunicaciones de los señores y señora diputados y diputada, túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Señoras y señores legisladores, a esta Presidencia acaba de llegar una comunicación de la Junta de Coordinación Política, que tiene que ver con la prórroga de la vigencia de la Comisión de Investigación Encargada de Revisar la Legalidad de los Contratos de Obra Pública, otorgados por Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria a la Empresa de Construcciones Prácticas, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Se ruega a la Secretaría preguntar a la asamblea, si es de modificarse el orden del día para someter a la consideración del pleno el acuerdo al que he hecho referencia.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si es de modificarse el orden del día.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo(desde su curul): Le pediría, apoyado en los compañeros que están levantando la mano, para evitar problemas, que hiciera nominal la votación.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En términos del 148, ¿quién lo apoya diputado?. En términos del 148, instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por diez minutos, a efecto de recabar la votación nominal ,por diez minutos, para ver si tenemos la autorización del pleno por las dos terceras partes, a efecto de modificar el orden del día.
La diputada Secretaria María Sara Rocha Medina: Hágase los avisos a que se refiere el artículo 161. Abrase el sistema de votación electrónico hasta por 10 minutos para recabar la votación nominal, si es que se incluye en el orden del día, el documento enviado por la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Es mayoría simple.
Votación
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia, saluda al Colegio Siracus, de la colonia Valle Ceilán, Tlalnepantla, Estado de México, invitados por el señor diputado José Franco Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: El diputado Evaristo Corrales de viva voz, sonido en la curul del diputado.
El diputado Evaristo Corrales Macias (desde su curul): Evaristo Corrales, en contra.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Perdón diputado no escuche, perdón.
El diputado Evaristo Corrales Macias (desde su curul): En contra.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: El diputado Alfredo Villegas, sonido.
El diputado Alfredo Villegas Arreola (desde su curul): A favor.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: La diputada Consuelo Muro.
La diputada Consuelo Muro Urista (desde su curul): A favor.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Beatriz Mújica de viva voz.
La diputada Beatriz Mújica (desde su curul): A favor.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Señor Presidente, se emitieron 281 en pro, 126 en contra y 4 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se modifica el orden del día, se ruega a la Secretaría someter a consideración del pleno, previa su lectura la comunicación de la Junta de Coordinación Política y someterla de inmediato en votación económica a la consideración del propio pleno.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Wintilo Vega, sonido en la curul del diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Le estaríamos pidiendo la votación nominal con el apoyo y el respaldo de los compañeros diputados que están levantando la mano.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En términos del 148, se da en su momento, votación nominal. Adelante Secretaria.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por la que se prorroga la vigencia de la Comisión de Investigación, encargada de revisar la legalidad de los contratos de obras públicas, otorgadas s por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa de Construcciones Prácticas, S.A. de C.V.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría ordenar la apertura del sistema electrónico de votación, a efecto de obsequiar la petición del señor diputado Wintilo Vega, para que la votación sea nominal en términos del 148, por cinco minutos.
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161. Abrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos para recabar la votación nominal del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Votación
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
El diputado Antonio Haro, de viva voz. Sonido en la curul del diputado Haro, por favor.
El diputado Antonio Mejía Haro (desde su curul): Mejía Haro, a favor.
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Sonido en la curul del diputado Mario Wong.
El diputado José Mario Wong Pérez (desde su curul): A favor.
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Sonido en la curul de la diputada Scherman.
La diputada María Esther Scherman Leaño: Scherman, a favor.
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Sonido en la curul del diputado Jacobo Sánchez.
El diputado Jacobo Sánchez López (desde su curul): Jacobo Sánchez, a favor.
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Sonido en la curul del diputado Guzmán Santos.
El diputado José Guzmán Santos: A favor. Muchas gracias.
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Sonido en la curul de la diputada Margarita Saldaña.
La diputada Margarita Saldaña Hernández (desde su curul): A favor. Perdón, en contra.
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: El diputado Alegre Bojórquez.
El diputado Ricardo Alegre Bojórquez (desde su curul): En contra. Ricardo Alegre, en contra.
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Sonido en la curul del diputado Medina Lizalde.
El diputado José Luis Medina Lizalde (desde su curul): A favor.
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Sonido en la curul del diputado Emiliano Ramos.
El diputado Emiliano Ramos (desde su curul): A favor.
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Sonido en la curul del diputado Germán Martínez.
El diputado Germán Martínez Cazares (desde su curul): Martínez, en contra.
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Diputado Presidente, se emitieron 277 votos en pro, 129 en contra y 7 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado.
Esta votación no califica para efectos de registro de asistencia.
El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 32, 89, 90, 92 y 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa su lectura.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Tiene la palabra, en términos del 108 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el señor diputado don Francisco Javier Saucedo Pérez, hasta por diez minutos.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con permiso de la presidencia; compañeros diputados:
En razón de que salió publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 18 de octubre este proyecto de decreto, solamente consideraré tres aspectos de él en este momento.
A nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, ponemos a consideración de esta Asamblea el siguiente dictamen con relación a la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 12, 32, 89, 90, 92 y 93, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, misma que envió al Senado de la República, según el inciso d) del artículo 72 de la Constitución.
El 2 de septiembre de 2004 esta Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 32, 89, 90, 92 y 93, de la Ley General de Sociedades Cooperativas y fue remitida en la misma fecha al Senado de la República, quien la turnó a Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos y éstas estimaron desechar dicha Minuta con Proyecto de Decreto, remitiéndola de nueva cuenta a la Cámara de Diputados, según el inciso d) del artículo 72 de la Constitución.
La mesa directiva de la Cámara de origen turnó a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, que estimamos conveniente analizar esta Minuta del Senado en los siguientes aspectos:
Primero -cito lo que dice el Senado-: Estiman que las reformas propuestas completan el marco jurídico de algunos aspectos de la ley vigente. Sin embargo, estas comisiones consideran haber considerado e incluido en el dictamen de la Minuta que crea la nueva Ley de Sociedades Cooperativas, aprobado por el Senado el 15 de diciembre del 2004, los parámetros esenciales de las reformas propuestas a la Minuta analizada.
La reforma propuesta al artículo 12 fue incluida en el dictamen de la Ley de Sociedades Cooperativas, optando estas comisiones por los términos: Jefe delegacional para el caso del Distrito Federal. -cierro la cita del Senado.
Sobre este particular tenemos que decir que el término jefes delegacionales para el caso del Distrito Federal no se encuentra contemplado en la Constitución.
Y en virtud de la fracción II base tercera del artículo 122 constitucional, establece que la organización de la Administración Pública Local en el Distrito Federal, corresponde a los órganos políticos administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida, por lo cual no es factible considerar un término que no establece la Constitución pues estaríamos incorporando un término inexistente.
Siguiendo con el análisis del Senado, un segundo aspecto es el siguiente: -cito lo que dice el Senado-: Respecto de la reforma al artículo 32 de la Minuta original de la Cámara de Diputados, que propone la nueva Ley de Sociedades Cooperativas, eliminaba ya la definición de cooperativas de participación estatal. Dice: Por acercamientos con el Gobierno Federal las comisiones dictaminadoras de esta ley en el Senado de la República, atendieron precisar que en el caso de que dentro de las sociedades cooperativas participasen personas morales del sector público, la naturaleza jurídica de dichas sociedades cooperativas podría tener un carácter de entidad pública, es decir que podría pasar a formar parte de la Administración Pública Federal, con todas las consecuencias jurídicas, administrativas y presupuestarias que ello implicaría, según lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Superior. -cierro lo que dice el Senado.
De aquí se desprende que las comisiones dictaminadoras del Senado en ningún momento manifestaron con qué dependencia del Gobierno Federal o con qué servidor público se mantuvo contacto para determinar el supuesto de que en las sociedades cooperativas que participe el sector público, se cambiaría la naturaleza jurídica de las sociedades para tener carácter de entidad pública.
La Constitución reconoce a las empresas de participación estatal en los párrafos segundo y tercero del artículo 93 y en el epígrafe del artículo 110. Además el Senado señaló como fundamento la Ley Orgánica de la Administración Pública Superior, sin que ésta exista en nuestro Marco Normativo Mexicano.
El Senado trata de excluir al sector social con la participación del Estado, sin que realmente exista fundamento legal para no contemplar esta figura jurídica.
PUNTO TRES.- Dice el Senado: "Respecto de las reformas propuestas a los artículos 89s y 92 de esta minuta, en el dictamen de la Ley de Sociedades Cooperativas se considera un amplio mecanismo en su capítulo once, del Fomento Cooperativo, que permite que los organismos de integración de sociedades cooperativas participen en las actividades a que hacen referencia estos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas vigentes y se relacionen con los diferentes niveles de gobierno.
Por otra parte, respecto de lo propuesto en las reformas de los artículos 90 y 93, el dictamen ya incluye de manera exhaustiva el fomento al cooperativo de parte del Gobierno Federal y de parte de los diferentes niveles de gobierno con el respectivo mecanismo y funciones específicas de cada uno de los actores".
Hasta aquí el Senado de la República.
Si bien es cierto que la minuta del Senado con relación al dictamen de la Ley de Sociedades Cooperativas contempla el capítulo once, que lleva por título "Del fomento cooperativo", también lo es que no establece ni incorpora a los órganos políticos administrativos del Distrito Federal, materia del presente análisis.
De igual forma, el Senado señaló que dicho dictamen incluye fomento del cooperativismo de parte Gobierno Federal pero no así de los órganos políticos administrativos del gobierno en el Distrito Federal.
La Cámara de Diputados concluye que la Cámara revisora no analizó correctamente este proyecto de decreto que reforma los artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas y que señaló de manera inequívoca que lo había aprobado con relación a la nueva Ley de Sociedades Cooperativas, no siendo materia del presente proyecto de dictamen.
Esta honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, en obvio de repeticiones, hace suyas las consideraciones que realizó en sesión celebrada el 2 de septiembre del año 2004, del proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 32, 89, 90, 92 y 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de conformidad a lo establecido por el inciso d), del artículo 72 de la Constitución.
Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable Asamblea sea aprobado de nueva cuenta el siguiente proyecto de decreto.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 12, 32, 89, 90, 92 y 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
A propósito de todo ello, es bueno saber en este momento que la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual está hoy instalada frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigiendo a la Suprema Corte de Justicia den su fallo favorable a favor de la expropiación de los predios en donde se encuentran las plantas de producción sur y norte en esta ciudad de México, de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual, en donde llevan instalados más de veinte años produciendo sus productos.
Nos solidarizamos con ellos y hacemos votos porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga un fallo favorable, con sensibilidad y responsabilidad social.
Por lo anterior, es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputado.
Esta presidencia no tiene registrados más oradores, considera el asunto suficientemente discutido pero para los efectos del artículo 134 del Reglamento se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo y votarlo en lo particular.
No habiendo quien reserve artículo alguno, se ruega a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación para recaba la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, por cinco minutos.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Es no hay en lo particular. Es en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En lo general y en lo particular en un solo acto.
Votación
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta presidencia da la bienvenida a alumnos de la licenciatura en turismo de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el señor diputado Juan Manuel Vega Rayet. Sean ustedes bienvenidos.
Le damos la más cordial bienvenida a la señora diputada Albertina Urbina Celaya, presidenta de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, quien nos visita en el marco de su participación en un evento convocado por la Comisión de Equidad y Género. La diputada es invitada de la diputada compañera nuestra Diva Hadamira Gastélum Bajo. (Aplausos)
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Diputado presidente, se emitieron 415 votos en pro, cero en contra y dos abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 415 votos el proyecto que reforma los artículos 12, 32, 89, 90, 92 y 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Se devuelve al Senado para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 299 de la Ley del Seguro Social.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura. Esta presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces considera el dictamen suficientemente discutido.
Se ruega a la secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación por cinco minutos para recabar la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Votación
Señor presidente, se emitieron en pro 406 votos, en contra cero y abstenciones dos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 406 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 299 de la Ley del Seguro Social.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría, en votación económica, si se autoriza que sólo se les dé lectura a los enunciados y se reserve para su votación económica en conjunto
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se le dé lectura a los enunciados y se reserven para su votación al final, en conjunto.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza. Continúe la secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De la Comisión de Gobernación para exhortar al secretario de Gobernación a fin de garantizar la seguridad de los connacionales que retornan a México, particularmente en los períodos vacacionales.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Gobernación para exhortar a las legislaturas locales a retomar sus leyes de planeación estatal para considerar la planeación a largo plazo.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Gobernación para exhortar al secretario de Gobernación a reforzar el programa Paisano.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Salud para exhortar a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias del estado de Tamaulipas a fortalecer las acciones para detener el brote de dengue.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Salud para exhortar a la Secretaría de Salud a fin de que se reactiven los proyectos para la aplicación gradual de la vacuna contra el neumococo.
En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquense.
Señoras y señores Legisladores:
El Partido Verde Ecologista de México ha hecho llegar a esta Presidencia solicitud a efecto de que las iniciativas que están pendientes de estar presentadas en el pleno se turnen directamente.
Luego entonces esta Presidencia recibió del señor diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal, misma que se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Del propio diputado Kahwagi Macari iniciativa que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley General de Personas con Discapacidad, misma que se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Del diputado Maximino Fernández Avila iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, misma que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Del diputado Jorge Kahwagi Macari del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, misma que se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Del propio diputado Kahwagi iniciativa que reforma los artículos 4, 166, 223 y 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que se turna a la Comisión de Gobernación.
Del propio diputado iniciativa que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación.
De la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán del propio Partido Verde, iniciativa que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma... Perdón esta se retira, esta última se retira.
Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Asistencia Social y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano en materia de migrantes repatriados enfermos.
La diputada Irma Figueroa Romero: Con su venia señor Presidente.
"Compañeros y compañeras Diputadas:
"La migración es un fenómeno global del cual México no está exento. Sabemos bien de la ya larga tradición de migración interior y exterior que forma parte de la vida cotidiana de las familias mexicanas.
"Se dice que los factores que propician la migración son tres básicamente. Aquellos vinculados con la oferta expulsión de la fuerza de trabajo. Los asociados con la demanda atracción de la mano de obra del migrante y la serie de lazos y de redes sociales que los migrantes tejen tanto al interior como al exterior de su país.
"Ante ello es necesario la generación de políticas que permitan afrontar plenamente este fenómeno. Luchar en todos los ámbitos para que se respeten los derechos humanos de nuestros connacionales. Se estima que uno de cada cinco mexicanos emigra a Estados Unidos. En base a ello se prevé que para el 2050 de cada dos mexicanos uno emigrará al vecino país del norte.
"En distintos espacios se ha reconocido el gran aporte que representan los ingresos que los connacionales que se encuentran en Estados Unidos envían mes con mes a sus familias que se encuentran en México. Todos sabemos las graves situaciones por las que tienen que atravesar para poder realizar un trabajo en Estados Unidos, me refiero especialmente a aquellos que se internan en ese país de forma ilegal.
"Hoy en día nuestras representaciones diplomáticas en el exterior realizan un gran esfuerzo para lograr el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales, no solo en los Estados Unidos y en todos los países donde contamos con representaciones.
Por otra parte, existe un asunto que es urgente legislar y que tiene que ver con la repatriación voluntaria de nuestros migrantes enfermos.
El Quinto Informe de Actividades del Secretario Julio Frey Mora, manifiesta que se atendieron 85 casos de repatriación de connacionales enfermos que se encontraban en territorio estadounidense, a Nosocomios localizados lo más cercano posible a sus comunidades de origen.
El Programa de Repatriación de Enfermos, la Secretaría de Salud se encarga de la designación de una institución médica a los compatriotas enfermos que se encuentran en el extranjero, tarea que se realiza en conjunto con la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Cabe reconocer las bondades del Programa, pero también hay que señalar que he percibido, junto con los destinatarios de Programas de Repatriación de Enfermos, que los requisitos que se solicitan para recibir a los enfermos que provienen del extranjero, están provocando malestar, tanto de la población migrante, ya que con estos requisitos se está condicionando la recepción y atención del nacional mexicano enfermo.
Se establece como condiciones, Carta Responsiva de los Familiares en los que manifiestan su voluntad incondicional, de hacerse cargo del cuidado de su familiar durante su estancia en el hospital y a su salida. También recalca que si no existe ningún familiar que quiera o se haga responsable del connacional enfermo en México, las autoridades de Salud no podrán apoyar la designación de un Centro Hospitalario para su atención.
Debemos establecer en el Artículo 3o- Fracción II de la Ley General de Salud. al migrante repatriado enfermo como grupo vulnerable para que se tenga la obligación de que se le asigne una institución hospitalaria que lo reciba e independientemente de que un familiar se haga cargo o no del mismo, por tratarse de un grupo ampliamente vulnerable y si el connacional enfermo manifiesta su voluntad de ser repatriado para ser atendido en instituciones públicas de Salud de su país, debe ser una obligación de las mismas su atención; de lo contrario, se seguiría evidentando su derecho a la salud.
Asimismo se adicionará el Artículo 168 de la Ley General de Salud referente a la Asistencia Social, también la Ley de Asistencia Social porque nuestros migrantes son un grupo vulnerable, la Ley en comento establece que se fundamenta en las Disposiciones que en materia de Asistencia Social contiene la Ley General de Salud, la Asistencia Social comprende acciones de promoción, previsión, prevención , protección y rehabilitación, incluye al migrante como sujeto de Asistencia Social; por ello, sólo pretende complementara el Artículo 12 estableciendo a migrante repatriado enfermo como sujeto para recibir los servicios básicos de salud en materia de Asistencia Social.
Por último, adecuaré la Ley del Servicio Exterior Mexicano, cuya finalidad es normar las funciones del Cuerpo Permanente de Funcionarios del Estado, encargado específicamente de presentarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la Política Exterior de México, en su Artículo 2, donde establece las actividades de competencia del Servicio Exterior Mexicano y en el Artículo 44, que se refiere a lo que le corresponde a los Jefes de Oficinas Consulares-
Como Legisladores, no podemos permitir que se violenten los derechos humanos de ningún mexicano ni mexicana.
Por lo anteriormente expuesto y en mi carácter de Diputada Federal perteneciente a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante de la Fracción Parlamentaria del Parido de la Revolución Democrática, con fundamento en la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los Artículos 55 Fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la Iniciativa en comento.
Solicito señor Presidente, se asiente íntegra en el Diario de los Debates
Es cuanto señor Presidente. muchas gracias compañeros Diputados
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Así será Diputada Figueroa Romero
Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Relaciones Exteriores e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Se recibió del Diputado Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de la Vida Silvestre.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Islas Hernández del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Víctor Hugo Islas Hernández: Con la venia de la presidencia.
La sociedad está impulsando nuevas formas de desarrollar la gestión pública, hemos superado la etapa en la cual, la única forma de laborar el desempeño público consistía en calificar la manera democrática autoritaria en que se ocupaban los puestos públicos, ahora se le demanda a todas las instituciones resultados.
Se mide la legitimidad de lo público por su capacidad para atender las necesidades económicas, sociales y políticas en el menor tiempo posible, con el menor costo y atendiendo lo verdaderamente prioritario para la sociedad. Así lo afirma el político británico Richard Roth en su libro El Gran Gobierno, al afirmar que los gobiernos son juzgados por lo que son, pero también por lo que hacen.
Identificamos también una gran presión sobre la administración pública, para transparentar sus procesos y la manera en que se utilizan los recursos públicos. La transparencia y la rendición de cuentas, son principios que se han adicionado a la filosofía de lo público, desde una visión moderna, participativa y responsable.
La administración pública está llamada a sacudirse las inercias y resabios de una forma de gobernar, heredada de las monarquías y de los imperios, mediante la discrecionalidad, el nepotismo y el privilegio. La sociedad republicana reivindica que lo que ocurre dentro de la administración nos compete a todos. Es necesaria la rendición permanente de cuentas y restituir la vocación por el servicio.
En estos tiempos no justifica lo que Merton llamó la sacralización de los medios, que impedía transformar la rigidez y el abuso administrativo, y como lo explica Frank Smith el desarrollo de la administración pública, no podría haber alcanzado su actual nivel sin el ímpetu que le dieron los periódicos, los descubridores de la corrupción y los reformadores cívicos.
Estos contribuyen a despertar un interés público relativo a la negligencia y la corrupción en la administración pública en todos los niveles de gobierno. El interés suscitado se reflejó en diferentes movimientos de reforma, la adopción del sistema de méritos y otros cambios políticos de gran trascendencia.
Pasamos de ser un país de un solo hombre a uno en que verdaderamente operan las instituciones democráticas, decía el Maestro Manuel Crescencio Rejón, que siendo uno y el único depositario del Poder Ejecutivo queda demasiada expuesta a cerrar la planta de nuestra libertad.
Un hombre con las atribuciones que le dispensa el Acta Constitutiva, se haya demasiado separado y distante de los otros ciudadanos, de modo que tiene intereses muy distintos a los del Estado.
En esa perspectiva se sitúa el fortalecimiento de todas las funciones que le corresponden al Congreso y la profesionalización de la administración pública. El concepto de la función pública, tiene que ver con el desempeño de nuestras instituciones públicas, para que se constituya, bajo los principios de la ética, la eficiencia, la eficacia y la calidad.
Que tengamos gobiernos al servicio del ciudadano y no al servicio de sí mismos, aparatos administrativos que recluten a los mejores ciudadanos, por sus antecedentes, sus capacidades y a través de un verdadero servicio civil, que ha sido la clave para el desarrollo de las naciones más avanzados, gobiernos responsables que le rindan cuentas a la ciudadanía y al parlamento.
Entendemos que la función pública no se agota en la fiscalización, este Congreso tiene el apoyo de los órganos específicos, como la Auditoría Superior de la Federación y la ley correspondiente. No obstante, es un imperativo contar con una función integral, que pueda abordar asuntos, como la prevención de la corrupción, a través de la revisión de los procesos administrativos, para eliminar los cuellos de botella y los puntos en donde pueda presentarse la corrupción.
Es necesario evaluar permanentemente la forma de la operación del Servicio Civil de Carrera, para que se impida su inclinación hacia las presiones partidistas y de grupo, para cuidar que verdaderamente se construya sobre la imparcialidad y el profesionalismo.
Uno de los grandes pendientes de nuestro país es la simplificación administrativa, la facilidad de los procesos burocráticos y trámites para abrir un negocio han sido claves en países como Taiwán y Hong Kong. Mientras que en México pueden consumirse más de 30 días para cubrir los trámites burocráticos para realizar una inversión, en otras partes puede ser cuestión de pocos días. Esto desalienta la inversión, es factor de falta de competitividad y refleja el atraso de nuestra burocracia. Necesitamos conocer de manera sistemática y puntual lo que se hace en materia de descentralización y de coordinación intergubernamental, la solución de nuestros problemas se encuentra en buena medida en la redistribución territorial de facultades y recursos, al mismo tiempo que se precisan los nuevos esquemas de responsabilidad que no se agoten en los titulares de las dependencias, sino que permeen en toda la estructura administrativa.
La responsabilización debe llevar también a la innovación y al interés por hacer mejor lo que le corresponde a cada quien. Esta percepción llevó a que el pasado 27 de septiembre la Junta de Coordinación Política presentara ante el pleno de esta Honorable Cámara un punto de acuerdo por el que se creó la Comisión Especial de la Función Pública, con ella se subsanó un vacío toda vez que nuestra Ley Orgánica señala que por cada dependencia del Ejecutivo Federal, debe existir una comisión correlativa.
En la Administración Pública Federal, la antigua Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo evolucionó en el año 2003 a convertirse en la actual Secretaría de la Función Pública, agrupando facultades normativas de carácter globalizador en todo el Gobierno, cuya contraparte no estaba clara y se distribuía entre diferentes comisiones. En virtud de que existe materia relevante y del mayor interés público y legislativo, consideramos que esta comisión debe incorporarse a la Ley Orgánica para darle carácter permanente a efecto de que pueda realizar las funciones de dictamen, información, opinión y resolución que determina la Ley, fortaleciendo a esta Cámara en sus funciones de legislación, control y evaluación sectorial con el adecuado nivel jurídico y político.
Consideraciones. Por lo anterior, la presente iniciativa estima que existe una adecuada justificación jurídica en la Ley Orgánica del Congreso General para establecer una comisión que tenga una correlación sectorial en el área competente de la Administración Pública Federal en materia de la Función Pública. Existe una competencia difusa para atender desde la Cámara de Diputados el conjunto de facultades y funciones que desarrolla la Secretaría de la Función Pública, además de la que tiene que ver con la fiscalización, competencias inherentes a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información; Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; Ley Federal de Bienes Nacionales; Ley Federal de Procedimientos Administrativos; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; legislación, disposiciones presupuestales entre otras.
Con el reconocimiento al carácter permanente de la actual Comisión Especial de la Función Pública se atendería un vacío en la actual organización de nuestras comisiones legislativas. Su inclusión en el artículo 39 de la Ley Orgánica permitiría impulsar políticas y normas para garantizar el avance y construcción de una administración pública moderna, imparcial, eficiente y orientada al servicio de los ciudadanos.
Bajo estos antecedentes, reflexiones y consideraciones, se presenta a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Uno. Se adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con una fracción XVII, para quedar como sigue:
Artículo 39, fracción XVII: Función Pública..Artículo 2, se recorren los numerales 18 y 39 en sus términos actuales.
Artículo transitorio: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es una iniciativa que vendrá a permitir que eso que tanto hemos hablado y mencionado sobre la transparencia, sobre la honestidad y sobre el trabajo que deben de hacer los servidores públicos, realmente cumpla cabalmente con su responsabilidad.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida al personal docente y alumnos del Colegio Universitario Strafford, del Municipio de Cuautla, estado de Morelos y del propio estado, a profesores y alumnos de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, Campus Sur, de Jojutla, invitados por la diputada Rosalina Mazari Espin.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa de Ley General de Protección a los Animales.
El diputado Jorge Legorreta Ordorica: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
La Declaración Universal de los Derechos del Animal, promulgada el 15 de octubre de 1978 por la UNESCO, estableció los derechos que tienen los animales desde que nacen, durante el desarrollo de su vida y cuando mueran, pues tendrán principios básicos que les permitirán gozar de un ambiente adecuado alejado de malos tratos.
Los derechos de los animales tienen como meta poner límites al comportamiento humano en relación a las capacidades sensoriales y cognoscitivas de los mismos, como: sentir, placer, miedo, estrés, ansiedad, dolor, etcétera.
Si fallamos al imponer límites legales claros al comportamiento humano en su trato a los animales, será imposible iniciar procesos legales contra aquellos que excedan estos límites.
Los animales son vulnerables, indefensa y completamente a merced de los hombres. Las personas que pasan por alto el bienestar de los animales, deben por lo tanto ser sancionados.
El bienestar de los animales está siendo incorporado progresivamente a la legislación del mundo desarrollado y asumido por estructuras políticas y movimientos ambientalistas.
Sin embargo, la protección, respeto y defensa de la naturaleza en lo general y de los animales en lo particular, es desde el rubro social un aspecto cultural de sensibilización y respeto.
Pero desde el punto jurídico, es materia de salud y medio ambiente, correspondiendo a la legislación establecer la difusa línea entre los intereses del ser humano y su coexistencia con la naturaleza y con otras especies animales.
El bienestar de los animales no está limitado a aspectos económicos, es básicamente una cuestión cultural, por lo que no es suficiente una legislación punitiva, debe incluirse en la educación, el enseñar desde las primeras etapas del ser humano, observar, comprender, respetar y amar a los animales.
Países como España se basan en los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos del Animal aprobada por la UNESCO en 1978. Además de hacer una clasificación de los animales, la cual permite que se le dé un tratamiento separado a fin de lograr una protección ajustada a las necesidades específicas y de esta manera lograr una mejor relación de los animales con el hombre, no sólo desde el punto de vista higiénico sanitario, sino también desde la seguridad.
Argentina, por su parte, sanciona a quien realice malos tratos hacia a los animales no sólo físicos como pueden ser no alimentarlos o hacerlos trabajar más de lo que se debe. Además sanciona cualquier otra actividad que le cause daño o que no les permita vivir en un ambiente adecuado.
Francia sanciona a quien usa a un animal como un instrumento para cometer un delito con pena económica y privativa de libertad.
En México la preocupación por la protección a los animales ha crecido gracias a los movimientos ecologistas y las sociedades protectoras de animales, las cuales han logrado que cambiemos nuestra mentalidad.
Debemos de ser un país donde respetemos y demos un trato digno a los animales. Por ello necesitamos una legislación que desde el ámbito federal siente las bases para que las legislaciones locales y los gobiernos estatales y municipales, de manera coordenada y uniforme, las medidas de trato digno y respetuoso a los animales.
Si bien es cierto, la mayoría de los estados de la Federación cuentan ya con una Ley de Protección a los Animales, existen otras como Baja California, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas que sólo norman este tema dentro de la legislación de protección al medio ambiente.
De la misma forma que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establecen medidas de trato a los animales pero refiriéndose en particular a la fauna silvestre, por lo que se presenta la iniciativa de la Ley General de Protección a los Animales que se conforma de 14 capítulos y 74 artículos más 4 transitorios, en los cuales se establecen las bases en que el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas deben observar respecto a los criterios de sustentabilidad, trato digno y protección a los animales.
Asimismo la obligación de expedir normas zoológicas, fomentar la participación de los sectores público y privado, regular la crianza, tenencia y adiestramiento de los animales potencialmente peligrosos.
También se establecen los mecanismos de denuncia y vigilancia, las medidas de seguridad, las sanciones y desde luego el recurso de inconformidad, se establecen conceptos legales, facultades del gobierno, respecto al control de la población animal. La competencia del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la correspondencia de los gobiernos municipales, las conductas punibles y se establece la obligación de que cada entidad federativa, cuente con un fondo para la protección de los animales.
Desde luego, esta iniciativa puede perfeccionarse y enriquecerse en su análisis y discusión, por todos los que sin distinción de partido político, tenemos una clara conciencia de la responsabilidad que tiene el ser humano con su coexistencia con el medio ambiente y en particular con los animales.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta H. Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se expide la Ley General de Protección a los animales. Esta iniciativa ha sido signada por el diputado Leonardo Alvarez y por el de la voz. Gracias.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gonzalo Ruiz Cerón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Gonzalo Ruiz Cerón: Con su permiso, señor Presidente.
De conformidad con los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Gonzalo Ruiz, integrante del grupo parlamentario del PRI, presentó a esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Hasta la fecha sigue vigente la demanda de reconsiderar la importancia del sector agropecuario como productor de alimentos y materias primas y como proveedor de recursos naturales, como garante de la paz social, por lo que es necesario reconsiderar el rezago económico, político, social y ambiental en que vive el campo y sus más de 25 millones de mexicanos.
En el sector agropecuario, tres de cada cuatro personas viven en condiciones de pobreza. El ingreso de la población rural sólo representa el 45% del ingreso de la población urbana, el 90% del analfabetismo se presenta en el campo y es aquí donde vive el 80% de los niños desnutridos y es en este sector donde se agudiza la falta de servicios públicos.
Se estima que en el sector rural la población ocupada es de aproximadamente 8.2 millones de personas, de esta población 1.5 millones son indígenas, los cuales viven en condiciones de grave miseria. Las unidades productivas rurales presentan un fuerte rezago productivo y tecnológico, por lo que los recursos naturales de nuestro campo se mantiene en un constante deterioro.
La actual crisis del sector agropecuario de nuestro país, se ha profundizado básicamente a políticas erróneas, fundadas en corrientes tendientes a disminuir las funciones del Estado y desmantelar las estructuras que se habían instituido para el apoyo de las actividades de ese sector, incluyendo un elevado nivel de corrupción en las instancias que se encargaron de atenderlo.
El retiro de estas funciones del Estado, trajeron como consecuencia la disminución del presupuesto para dicho sector, como lo demuestran los datos que al respecto se han presentado en diferentes foros, por diversas organizaciones del sector.
La falta de un presupuesto acorde a las necesidades ha afectado al sector agropecuario y forestal, desordenando los mercados, deprimiendo los precios, propiciando la caída en la rentabilidad, estimulando el rentismo, la migración y la utilización de prácticas agrícolas antiecológicas y demandando subsidios a la comercialización, tan crecientes como ineficientes e inequitativos.
En 1994 se registró el mayor presupuesto para el desarrollo agropecuario, debido entre otras cosas, a los compromisos adquiridos en la asignación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, situándose en el 8.9 por ciento del total del gasto programable.
A partir de 1994 el porcentaje de participación disminuyó de manera significativa y en los años que van del presente sexenio, ha imperado la marcada falta de compromiso del Ejecutivo por este sector, es por eso que a esta soberanía le ha tocado y logrado incrementar sustancialmente los recursos para este sector, sin embargo, éstos no han sido suficientes para revertir la tendencia.
De acuerdo con información del Consejo Nacional Agropecuario relativa al presupuesto destinado al Sector Agropecuario por los diversos países en los bloques económicos, mientras los países desarrollados incrementan recursos destinados a este sector, México mantiene un proceso de disminución de dichos recursos.
En nuestro país se siguen aplicando los recursos de los programas sin una coordinación eficiente y con duplicidad de funciones entre dos o más dependencias que repercute en altos costos para el país. De igual forma, la mayoría de los programas de gobierno y recursos públicos destinados al desarrollo rural, se encuentran diseñados e instrumentados en dependencias gubernamentales, cuya responsabilidad no es estrictamente el desarrollo rural.
El resumen, el presupuesto para el Sector Agropecuario aún con los logros en la Cámara de Diputados, no ha respondido del todo a las expectativas de uno de los sectores más golpeados de la economía.
Una de las manifestaciones más evidentes de lo anterior son las múltiples manifestaciones de productores de las diversas ramas productivas, debido entre otras cosas a la falta de sensibilidad en el ejercicio de dicho presupuesto. Mientras el sector se debate en una de las crisis más fuertes de su historia, el Ejecutivo acumula un alto subejercicio, amén de los multicitados logros macroeconómicos logrados con base en el deterioro de la economía campesina.
El gobierno actual sólo ha reaccionado ante las múltiples manifestaciones de los sectores afectados por decisiones erróneas en todos los ámbitos y uno de los sectores más desprotegidos y marginados es sin duda alguna el agropecuario y sobre todo, con respecto al presupuesto y la aplicación del mismo.
Los productores rurales como los de cualquier otro sector de nuestra economía, requieren de la certidumbre de los recursos para los programas de apoyo a sus diversas ramas de producción. Es decir, de un presupuesto que no responda a los vaivenes de las decisiones del Ejecutivo Federal.
Por todo lo anterior, acudo a esta soberanía para presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo Unico. Se reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar en los siguientes términos.
Artículo 16. "... el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, será aprobado por el Presidente de la República dentro de los seis meses posteriores a la expedición del Plan Nacional de Desarrollo. Se publicará en el Diario Oficial de la Federación y se difundirá ampliamente entre la población rural del país. Dicho programa estará sujeto a las revisiones, evaluaciones y ajustes previstos por las leyes aplicables, con la participación del Consejo Mexicano.
El Ejecutivo Federal establecerá las previsiones presupuestarias necesarias para la instrumentación del Programa Especial Concurrente, para lo cual la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, formulará el presupuesto correspondiente, el cual contemplará al menos la vigencia temporal de los programas sectoriales relacionados con las materias de esta ley.
Las previsiones presupuestales anuales para la ejecución del Programa Especial Concurrente, serán integradas a los proyectos de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del Producto Interno Bruto en los criterios generales de política económica.
Transitorio Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a los 25 días del mes de octubre del año 2005.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Ruiz Cerón.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Javier Alvarado Villazón, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Francisco Javier Alvarado Villazón: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
El artículo 74 fracción IV, a la letra dice: "… que el Congreso debe aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior."
Siguiendo textualmente el espíritu de lo señalado en nuestra Carta Magna, como legisladores debemos aprobar, vigilar, controlar y fiscalizar el ejercicio del gasto de recursos federales a fin de colaborar con el Ejecutivo Federal. En una palabra debemos fortalecer conjuntamente con el Ejecutivo Federal, el control del gasto público.
En el marco de la Administración Pública, el control se refiere a aquellos elementos que se adoptan para cuidar los recursos, obtener información suficiente, oportuna y confiable para promover la eficiencia en las actividades y asegurar el apego a las leyes, normas y políticas vigentes, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos por el gobierno.
En un sentido moderno el control debe entenderse como una acción preventiva que va más allá de la verificación financiera o de la sanción a infractores. El control implica realizar acciones de organización, programación de actividades, seguimiento y evaluación de los programas y de la gestión pública para garantizar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la adecuada utilización de los apoyos económicos otorgados por el Gobierno Federal de tal manera que cumplan con los objetivos para los cuales fueron destinados dentro del marco de la ley.
La finalidad del control es evitar actos contrarios a la legalidad, promover el mejoramiento, la corrección y la modificación de actitudes en los servidores públicos federales, estatales y municipales, para contribuir a elevar la eficiencia, la calidad y la transparencia de los servicios gubernamentales.
Es también obtener la correcta utilización de los recursos del Estado para lograr el cumplimiento de los objetivos orientados al bienestar de la comunidad.
El control institucional consiste en las acciones que los gobiernos federal, estatal y municipal realizan para organizar las tareas que les corresponde llevar a cabo. Tener un registro de información, supervisar y verificar el desarrollo y cumplimiento a los programas, la actuación de los servidores públicos y evaluar la gestión pública.
Todo ello con el propósito de optimizar el uso de los recursos, mejorar la calidad y calidez de los servicios proporcionados, entregar cuentas claras y respetar el marco legal establecido.
Nuestro país necesita urgentemente fortalecer los mecanismos de control del ejercicio del gasto, control interno y evaluación que aseguren:
Uno, la utilización correcta de los recursos conforme a los programas y presupuestos aprobados.
Dos, la eficiencia y eficacia en la ejecución de obras.
Tres, el comportamiento responsable, honesto y transparente de los servidores públicos.
La fiscalización debe ser una actividad permanente que debe ser coordinada desde el Congreso y asumida como responsabilidad constitucional con la participación de los órganos federales, estatales y municipales de control, con el fin de verificar el cumplimiento.
Es precisamente en este sentido que como diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, comprometidos con el estudio e implementación de los cambios legislativos dirigidos hacia una mejora social y preocupados por el pobre desempeño del mercado interno y la economía nacional, proponemos la siguiente:
INICIATIVA con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
DECRETO
Artículo 74 de la fracción I.
La III queda igual.
En la fracción IV se le agregará un párrafo ocho donde diga lo siguiente: "Los estados o los municipios y cualquier organismo público que haga uso de recursos federales, deberán a más tardar el primer trimestre de cada año, informar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respecto a la administración y aplicación de los recursos del año inmediato anterior."
Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso diputado presidente. Pongo a consideración de esta honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero constitucional, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La lucha por construir, desarrollar y perfeccionar las relaciones sociales entre los hombres y las mujeres, ha liberado varias batallas. Esto ha buscado, sin lugar a dudas, sembrar en las formas de convivencia cotidiana las conductas sociales que posibiliten la armonía entre ambos géneros a partir del respeto, la igualdad y la tolerancia.
Ello ha contribuido profundamente a los avances de la defensa de los valores democráticos y a la socialización de los conceptos de democracia, libertad, igualdad, justicia y dignidad en nuestro país.
La participación de la mujer en la vida pública, política, social y cultural, así como la defensa de sus derechos, tiene varias aristas en la historia de nuestro país. La principal, se ha concretado en las formas legales que rigen el Estado Mexicano posteriores a la etapa post-revolucionaria de 1910. Esta se inicia en el 29 de diciembre de 1914 con Venustiano Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista al promulgar la Ley de Divorcio.
Posteriormente, en el año de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se expidió la Ley de Relaciones Familiares según la cual los hombres y las mujeres tienen derecho a considerarse iguales en el seno familiar.
En el ámbito particular de la participación política, la mujer ha realizado un sinnúmero de luchas. Estas con el objetivo esencial de obtener el reconocimiento de sus capacidades intelectuales de organización de mando y realización individual, lo que ha contribuido invaluablemente al perfeccionamiento de los ordenamientos jurídicos de la participación social y muy importantemente incidido en la cultura política mexicana.
En este contexto de la lucha por la participación política de la mujer, es trascendental hacer una remembranza de los eventos políticos organizativos más importantes de este siglo realizados por las mujeres. Uno de ellos fue el Primer Congreso Feminista realizado el 28 de octubre de 1915 en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Ahí se plantearon los deberes de la mujer del siglo XXI, la razón y el respeto como elementos fundamentales para terminar con el yugo de las tradiciones entre los géneros, así como la firme convicción para que la mujer se desarrolle activamente en los puestos dirigentes y de ejecución de la sociedad y de la administración pública.
Otra de las bases que han posibilitado hoy en día la participación política de la mujer, se manifestaron en el Congreso de mayo de 1923, convocado por la sección mexicana de la Liga Panamericana, donde por primera vez se puso a discusión un decreto sobre la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de las agrupaciones sociales, así como la consideración de igualdad en el trabajo para las mujeres.
Como consecuencia de ello, el 13 de julio de ése mismo año, el gobernador constitucional de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en virtud del cual se concedía a las mujeres el derecho a votar y a ser elegibles en las elecciones municipales.
Poco después en Yucatán, Elvira Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel de Cícero (?), se postulan como candidatas al congreso local, resultando triunfadora Elvira Carrillo Puerto y así convirtiéndose en la primera diputada local de la historia de México, el 18 de noviembre de 1923.
En 1974 destaca la modificación del artículo cuarto constitucional. En 1993 las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en noviembre de 1996, la modificación a este código, cuando se introdujeron acciones afirmativas para promover una mayor participación política femenina.
Evidentemente la lucha por la participación política, los derechos sociales, culturales y humanos de la mujer se han realizado en un contexto de búsqueda de la igualdad y la equidad entre los hombres y las mujeres, considerando fundamentalmente que la equidad tiene la tarea fundamental de armonizar y reconciliar los principios y valores de la justicia, y como fin eliminar cualquier distinción y prácticas desequilibradas de evaluación entre los seres humanos, ya que el derecho puede ser justo pero no ser equitativo.
No darle la importancia a la equidad en el nivel de los ordenamientos jurídicos tanto constitucionales como legales, es tanto como pensar que los modelos jurídicos de un estado jamás podrán siquiera acercarse a la realidad de las necesidades de los ciudadanos.
Ello puede llevar a la permanencia de instrumentos jurídicos caducos. En este contexto, los cambios son necesarios a la medida que la sociedad haya madurado y razonado las posibilidades de ser distinta a las generaciones anteriores, así como a la permanencia de un imaginario colectivo que promuevan los grupos sociales las conductas necesarias que demuestren la posibilidad de convivir.
Ello incidirá irremediablemente en la cultura política de todas y todos los mexicanos.
La discriminación, por otro lado, es uno de los elementos que se han vinculado con las tesis contrarias a la equidad y a la igualdad, de tal manera que todo ordenamiento jurídico que no prohiba la discriminación estará condenado a propagarla o por lo menos mantendrá la ambigüedad al respecto.
Por ello, toda forma de discriminación a la mujer debe estar contemplada en los instrumentos de la ley, lo cual quiere decir la necesidad de perfeccionarlas para darle derecho pleno a la mujer respecto a su situación cotidiana con el sexo masculino.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito presenta a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción II del inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente:
Artículo único. Se reforma el artículo 3, fracción II del inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
El criterio se orientará a esa educación, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la discriminación en todos los sentidos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Contribuirá a la mejor convivencia humana tanto para los elementos que aporte a fin de robustecer al educando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de interés general en la sociedad, cuanto por el ciudadano que ponga sustentar los ideales de la fraternidad e igualdad de los derechos de todas las personas, evitando los privilegios de razas y religiones de grupos, de sexos o individuos y procurando el desarrollo armónico en las personas y en su entorno con la sociedad.
Artículos transitorios. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por lo anteriormente expuesto, ciudadano presidente, pido que se inserte íntegro el texto de mi intervención en el Diario de los Debates para su constancia.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta presidencia saluda a los alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, invitados por el señor diputado Pablo Franco Hernández.
Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 5 y 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados: la suscrita, diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y VIII del artículo 5 y se adiciona una fracción IV al artículo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el más firme propósito de apoyar a este sector de la población, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
Reconocer a las personas adultas mayores como un sector de la población que guarda un peso específico en nuestro entorno social es reconocerles, con justicia, a los adultos en plenitud mucho del esfuerzo y aporte que a lo largo de los años han brindado a la cohesión de todas las sociedades
Hoy día y gracias a una cobertura mayor en la prestación de los servicios de salud, la esperanza de vida ha ido en ascenso, lo cual ha generado un aumento creciente de la población adulta mayor.
La tasa de crecimiento de este estrato de población pasó de 2.5 por ciento anual en 1970 al 3.5 por ciento en el 2000, en tanto que para el 2004 se ubicó en un 3.6 por ciento.
En números naturales el crecimiento fue de 237 mil en el 2000 a 281 mil en el 2004. Las estimaciones son de que este crecimiento, de continuar así, llegará a un promedio anual del 4.3 por ciento para fines del 2020.
Las estimaciones indican que la esperanza de vida seguirá en aumento. El promedio de 75.2 años del 2004 pasará a 76.6 años en el 2010, a 78.5 en el 2020 para ubicarse en el 2030 en un promedio de 79.8 años.
"Al continuar con el cotejo de las cifras y conforme a estadísticas del Consejo Nacional de la Población el número de personas adultas mayores en México es hoy de 7.9 millones, lo cual representa el 7 por ciento del total de la población nacional. La proyección que se tiene es que este número llegará a 9 millones en el año 2010, a 15 en el 2020 y a un poco más de 22 millones para el año 2030.
"Solo la mitad de los mayores de edad gozan de asistencia médica en las instituciones de seguridad social. Esto representa simplemente que la atención a estas insuficiencias está corriendo a cargo de los hogares y las redes sociales de apoyo, muchas de las cuales se manifiestan a través de los centros de asilo, lo que implica instrumentar reformas y llevar a cabo las medidas necesarias que sustenten la creación de toda una infraestructura de atención a este sector de la población que por esta condición de edad biológica están sometidos a un desgaste natural de sus facultades físicas y mentales.
"Entre otras generalidades los censos reflejan que a pesar de que el grueso de las personas de la tercera edad residen en hogares, uno de cada diez adultos de 60 años y más vive solo, otros más en la calle o en la mendicidad. Ello se debe por un lado a la incidencia de viudez entre las personas de la tercera edad y por el otro a la salida de los hijos del hogar o por el completo abandono por parte de éstos.
"Como muestra me permito recordar que en México deambulan diariamente 18 millones de indigentes. En la ciudad de México se concentra la mayor indigencia del país, donde el 25 por ciento de estos han sido clasificados por el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia como indigentes que pernoctan siempre en la vía pública sin ningún destino. El resto deambula por la ciudad viviendo de la caridad o de realizar trabajos menores. Las cifras nos revelan que un alto porcentaje de ellos son personas de la tercera edad.
"Además la última estadística nos arroja que la población atendida en asilos y centros de desarrollo comunitario en México es de apenas 10 mil 920 adultos mayores. Está documentado que la situación en referencia junto a la base en las capacidades funcionales que supone el paso del tiempo vulneran el estado de ánimo de los adultos mayores que con justo derecho reclaman atención en primera instancia de sus familiares y en el segundo de la sociedad en su conjunto, buscando desde luego sentirse integrados a la sociedad pero también porque esto significa sentirse amparados y protegidos tanto en lo económico como en el aspecto de salud, sin dejar de reconocer el bienestar que les brinda las muestras de afecto.
"Aquí juegan un papel destacado los clubes de la tercera edad que si bien se han venido incrementando son aún insuficientes frente al universo que representa la población total de las personas de la tercera edad.
"Por otro lado no debemos olvidar que un gran porcentaje de este sector mantiene su capacidad, sus facultades y sus deseos de seguir participando como actores activos de la sociedad.
"Son muchas las personas adultas mayores que no se encuentran limitadas para desempeñar roles sociales productivos y creativos. Es necesario pues hacer un ejercicio a través del cual vayamos sentando bases sólidas donde el respeto y atención a las personas adultas mayores sea parte fundamental del quehacer social y gubernamental en cuya dinámica converjan programas de asistencia social integral con las que se garantice la incorporación plena de las personas de la tercera edad, estableciendo acciones que les hagan sentirse útiles.
"Todo esto permite inferir que cada vez será más alto el número de personas de la tercera edad que por el paso natural del tiempo se verán en la necesidad de auxilio y apoyo por parte de la población económicamente activa.
"Ante ello y en tanto se instrumentan los programas de atención suficiente a las necesidades integrales de las personas adultas mayores se hace necesario reformar el marco jurídico para garantizar en primera instancia por parte de sus familiares directos la atención digna a las personas de la tercera edad.
"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
"Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones III y VIII del artículo 5º y se adiciona una fracción IV al artículo 9º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:
"Artículo 5º, fracción III, de la Salud, la Alimentación y la Familia:
"a) A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.
"b) A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4º constitucional y en los términos que señala el artículo 18 de esta ley, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psico-emocional.
"c) A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como todo aquello que favorezca su cuidado personal.
"Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas, para el cuidado y atención de las personas adultas mayores, siempre y cuando se demuestre mediante estudio socioeconómico, no estar en condiciones para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9º de la presente ley.
"En el caso de que los familiares cuenten con los recursos necesarios para el cuidado y atención de las personas adultas mayores, tendrán la obligación de hacerse cargo de éstos. Si los familiares no cumplieran con esta obligación, el instituto deberá asesorar a las personas adultas mayores, para demandar los alimentos a los que tienen derecho por parte de sus acreedores alimentarios.
"Fracción VIII. De la denuncia popular.- Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades, podrán denunciar ante los órganos competentes todo hecho, acto u omisión que produzcan o puedan producir daño o afectación a los derechos y garantías que establece la presente ley o que contravenga cualquier otra, a sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas adultas mayores.
"Es competente para recibir este tipo de denuncias, el agente del Ministerio Público Especializado, de adscripción en el lugar de su residencia, quien tendrá la obligación de dar seguimiento a las mismas, hasta constatar que la acción u omisión en perjuicio del adulto mayor ha cesado.
"El titular de esta agencia especializada que incumpla con sus responsabilidades, debe estar sujeto por consiguiente a las sanciones que se estipulan en la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos.
"Artículo 9º, fracción IV.- Los familiares que no cumplan con las obligaciones anteriores, serán sancionados en los términos que marca el Código Penal y requeridos para que cumplan con éstas en los términos que dispone el Código Civil.
"Transitorios.
"Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Artículo Segundo.- La Procuraduría General de la República debe crear una agencia del Ministerio Público especializada en la atención del abandono, maltrato físico, psicológico e incumplimiento general en el acto, otorgamiento de los alimentos a las personas adultos mayores que lo requieran.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de octubre del año 2005".
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputada.
Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Esta Presidencia recibió del diputado Jaime del Conde Ugarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, misma que se turna a la Comisión de Economía.
Y esta Presidencia saluda con todo afecto a productores de tabaco de los estados de Nayarit y Veracruz, invitados por la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa.
Aplausos
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 3, 5 y 6 de la Ley de Seguridad Nacional.
El diputado Pedro Avila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeros diputados; compañeras diputadas: Si el significado de seguridad incluye el desarrollo económico la estabilidad política, formas democráticas de Gobierno, Derechos Humanos, Calidad del Ambiente y las Condiciones de Vida de las Personas, el concepto tradicional resulta inadecuado.
Para ello, el concepto de seguridad nacional, ante los desastres es clave, los daños directos a bienes y activos incluyen la destrucción total o parcial de viviendas de otras edificaciones, infraestructura e instalaciones, maquinaria y equipos , medios de transporte, depósitos, muebles, cosechas, tierras de labranza, represas, sistemas de irrigación, etc, el impacto económico de un desastre va más allá de los daños directos y abarca también los indirectos que son una consecuencia de la destrucción de la capacidad de producción y de la infraestructura social y económica
Los daños a los bienes y activos, entre paréntesis, edificios, maquinaria, ganadería, tierra cultivable, etc., pueden acelerar significativamente el empobrecimiento de la gente, pues además ocasionan la pérdida de fuentes de trabajo e ingresos
Después del anuncio del Presidente Fox, que la emergencia había terminado en los estados afectados por el huracán Stan, nos debe preocupar la displicencia prepotente y pedantería que ha demostrado el Ejecutivo Federal, para que no se sienta ofendido por los términos usados, los invito a leer el Diccionario para que sepan lo que esto significa, los desastres naturales han demostrado, como en el caso reciente de (?) Huixman que destrozó Yucatán y Quintana Roo, la amenaza a la integridad, estabilidad y permanencia de la nación y al pueblo de México, el número de muertos que hoy, afortunadamente es menor a otras ocasiones, con Vilma y con Stan, nos hace recordar a los miles de muertos en el temblor de 1965 en la ciudad de México, o los muertos por el Huracán Paulina u otros desastres naturales que han afectado al territorio nacional, pero es también necesario recordar el efecto negativo a la economía; tan sólo el terremoto de la Ciudad de México significó la pérdida del 2.8% del Producto Interno Bruto; no es para cuando se pierden vidas y miles de hogares humildes del patrimonio de miles de mexicanos y la zona turística de Cancún, para que el Presidente en son burlesco, vaya y les diga que no se va a ayudar a los damnificados por estos huracanes de gorra, se le olvida al Presidente, que él nomás es Administrador del dinero del pueblo de México y que al pueblo de México, como decía Morelos, le debe el poder que tiene, de Servidor de la Nación, él es al que lo eligió el pueblo, pero no es para que le diga a la gente de Veracruz, de Tabasco, de Yucatán, de Quintana Roo, que no los va a servir de gorra, el dinero es del pueblo de México, no es de él y ese dinero debe de ir donde en realidad se necesita y donde la gente está en desgracia, que eso lo sepa Fox, es Servidor del Pueblo como decía el gran Morelos, somos Siervos de la Nación, no es Emperador ni Virrey para que se crea que es una gran cosa que anda haciendo, es nomás cumplir con el deber que el pueblo le dio.
Ahora, también tenemos la pérdida de miles de hogares, del patrimonio de miles de mexicanos, es imposible enfrentarlo con sólo la Ley General de Protección Civil y medidas paliativas que las más de las veces han sido insuficientes y usadas de manera fraudulenta, como fue el caso del FONDEN, caso denunciado por esta Cámara de Diputados y aceptado por el propio Secretario de Gobernación, Carlos Abascal.
Ahora también tenemos que sumar a lo anterior, la pérdida del territorio nacional, de acuerdo a las últimas informaciones del desastre del Huracán Stan y Vilma, estas pérdidas significan una amenaza a la seguridad nacional, por sus efectos sociales que llevan una gran dosis de desesperanza y que han demostrado el alto grado de aceptación del país y sobre todo, a los que menos tienen, a los pobres, a los que nadie puede defender y que son a los que nosotros tenemos la obligación de defender, como dijo el gran Presidente Adolfo López Mateos, lo que puede provocar la respuesta iracunda de los desesperados, los sin rostro o los muertos en vida. Ya no podemos estar sujetos al trabajo insuficiente del Ejecutivo federal y sus esbirros, para que después ignoren la ayuda de otros países, por simple arrogancia.
Los diferentes pueblos y rancherías que están a lo largo del territorio afectado y la zona turística de Cancún, alejados de los centros urbanos o vías de comunicación y que hoy se encuentran aislados y en estado de emergencia, a pesar del desafortunado comentario del Ejecutivo federal en San Francisco del Mar, Oax., el 8 de octubre que declaró que había concluido la emergencia, son clara muestra de la vulnerabilidad de miles de mexicanos y de la incapacidad del gobierno federal.
Ante este panorama el Ejecutivo federal tuvo la increíble sugerencia, de que endeuden las entidades federales, dijo cínicamente Fox. Se le olvida, como siempre la ley, y ese mundo que es federal , está compuesto por recursos federales provenientes de la nación. Por tal, es de la nación y de todos los mexicanos, no de usted, señor presidente.
Se han producido generaciones de mexicanos afectados por los desastres, lo que sin duda debe ser considerado como una amenaza a la integridad de la nación, este es el momento de reconocer que los desastres naturales o producidos por el hombre, son un riesgo a la seguridad nacional.
Por lo anterior expuesto, presente ante esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
ARTICULO UNICO.- Se reforman y adicionan dos fracciones a los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue.
Artículo 3.- Para efectos de esta ley, por seguridad nacional, se extienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven –Octavo- la protección de la nación mexicana frente a los desastres que enfrenta nuestro país, la protección de la nación mexicana frente a los agentes destructivos.
Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la seguridad nacional, -Treceavo- los desastres que por su magnitud impliquen la destrucción, pandemia o muerte, en una gran extensión del territorio nacional.
-Catorce- las fugas, derrames o explosiones de materiales químicas, productos de petróleo o cualquier sustancia o elemento, considerados agentes destructivos de riesgo y amenaza a la vida humana o a la riquezas naturales del país.
Artículo 6.- Para los efectos de la presente ley, se entiende –Sexto- desastre se define como el estado en que la población, de una o más entidades federativas, sufre severos daños por el impacto de una calamidad desvastadora, sea de origen natural o antropogénica, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o en torno –Séptimo- agentes destructivos, los fenómenos de carácter geológico, hidrometeorológico, químico tecnológico, sanitario ecológico y socioorganizativo, que puede producir riesgo, emergencia, desastre.
ARTICULO TRANSITO:
Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Y es dado en San Lázaro a los diecisiete del mes de octubre del año 2005.
Lo firman el de la voz, Pedro Avila Nevarez, diputado por el V Distrito de Durango, la tierra de Victoria, de Villa y de Zarco.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputado don Pedro Avila Nevarez.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Carlos Flores Rico del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley del Impuesto sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés Público por Ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación.
El diputado Carlos Flores Rico: Muchas gracias señor diputado Presidente, estimado amigo.
Hoy vengo a plantearles una reforma que pretende restablecer para la República los tiempos oficiales que el Estado Mexicano recibe de las concesionarias y de las permisionarias a través de dos figuras: el tiempo oficial llamado de Estado y el tiempo oficial llamado fiscal.
Desde que el Estado Mexicano abrió espacios públicos en las televisoras y radiodifusoras, lamentablemente –hablo de hace 45 años para acá- el Ejecutivo Federal ha hecho un ejercicio discrecional, abusivo, fuera de control, completamente discrecional y lo más triste, lejano al interés de la República. Creo que es importante retomar ese tema ahora, cuando la reforma del Estado es tema mundial y cuando también es justo que ahora la República restablezca, junto al nivel democrático, el nivel que le corresponde.
Como todo mundo sabe, los tiempos oficiales son de dos tipos: el tiempo llamado de Estado, que procede de una ley específica, que es la Ley de Radio y Televisión, son 30 minutos diarios que derivan del artículo 59. Estos 30 minutos diarios hasta ahora el Ejecutivo los ha considerado como patrimonio del Ejecutivo y prácticamente no los comparte con el resto del Estado.
Los otros son los tiempos fiscales, así denominados porque surgen de una disposición de este Congreso, que estableció un impuesto del 25% de la facturación, es decir de los pagos que hacen los clientes a las radiodifusoras, televisoras y de radio, y por lo cual se verían obligadas a trasladar al Ejecutivo Federal. Ese impuesto es de diciembre de 68, sin embargo, por razones históricas que habrá que explicar con más detalle después, el Ejecutivo canjeó por tiempo en especie en julio del 69 y de ahí surgió el famoso 12.5% que unos años después, ahora con el señor Presidente Fox, fueron cambiados por el 1.25%. Es decir, de 12.5 a 1.5 y que consiste, antes en 180 minutos diarios y ahora 18 minutos para la televisión y 35 para la radio. Es decir, tiene el Gobierno Mexicano, juntando los dos, tiempos oficiales de Estado y fiscales, por 48 minutos en televisión y por 65 en radio, tiempos oficiales que veremos ahora, no se han ejercido con un espíritu republicano ni de Estado, sino que han sido ejercidos abusivamente por el Ejecutivo.
Veamos por ejemplo, que durante el primer semestre de este año, el primer semestre de este año e inclusive de enero a agosto –corrijo- de enero a agosto de este año, el Ejecutivo ha utilizado de ese tiempo que es del Estado, el 87%. ¡No se vale! Señor Presidente, si me está viendo; ¡No se vale!. El 87% del tiempo de Estado lo ha consumido el Ejecutivo para los fines exclusivos del Ejecutivo y, ¿qué le ha dejado al Poder Legislativo, por ejemplo? ¡Cero por ciento, cero por ciento!, cero por ciento, señores. ¡No se vale! Señor Presidente, señor Secretario Abascal, ¡no se vale!
¿Y qué le ha dejado al Poder Judicial?: 7.8%. ¡Por favor señores Magistrados, señores Ministros!, ¿en qué están pensando, dónde está su tiempo, quién se llevó su tiempo?
¿Y qué le ha dejado a los Estados de la República?: 5%.
Ese es el espíritu de Estado que regula los tiempos oficiales en México. ¡Vaya vergüenza! Pero ese es el tiempo de estado, podrá decirse que no está regulado, podrá decirse que corresponde a los fines del Ejecutivo, podrá decirse misa; no hay manera racional de justificar que el Ejecutivo se come el tiempo del Estado para sus fines exclusivos.
Pero ¿qué ha pasado con el tiempo fiscal? Ese que tanto hemos aquí regulado en 2004 y 2005; ese que dijimos que solamente el 40 por ciento debería ser destinado al Ejecutivo, el 30 al Legislativo, el 10 al Judicial y el 20 a los autónomos. Si tomamos en cuenta exclusivamente el primer semestre, vamos a ver lo siguiente, que el Ejecutivo contra lo dispuesto por esta Cámara, de un máximo de 40 por ciento del tiempo fiscal, ¡ah! se comió la mitad, el 50 por ciento.
¿Y qué ha pasado? ¡Nada! Como siempre ocurre ¡nada! Se metió el 50 por ciento del tiempo del Estado, ya concediendo que el otro no lo fuera, exclusivamente hablando del tiempo fiscal.
Y de los 30 por cientos que le tocaban a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, ¿qué les dejó el manejo abusivo, discrecional del Ejecutivo en el tiempo fiscal? ¡11 por ciento!, 11 por ciento, ¡11 por ciento!, 11 por ciento. ¿Y qué dejó a los organismos autónomos? Pues ahora sí de éste les dio el 26 por ciento.
Pero si sumamos el tiempo fiscal más el tiempo de estado, ¿cómo se distribuyó entonces la suma? Porque cabría la posibilidad de que a lo mejor se compensa uno con otro. Pues no, el resumen de los dos tiempos, del fiscal, el del impuesto convertido en tiempo, 12.5 a 1.5 a 18 minutos, etcétera, y el de Estado, los 30 minutos sumados, el Ejecutivo se quedó con el 68 por ciento.
¡No se vale! ¡¿Y por qué lo permitimos?! ¿Porqué lo permitimos, que además el señor Presidente los traduzca en spots de todo tipo, a lo mejor legítimos, a lo mejor no, pero en tiempo que no le corresponde al Ejecutivo? ¿Por qué ocurre eso? Porque la legislación es laxa, por eso.
Porque el artículo 59 de la ley no le establece la obligación expresa, amplia, tácita, clara a que el Ejecutivo lo reparta, y lo reparte a como Dios le da a entender.
¿Y por qué no reparte con esta idea republicana? Porque no quiere, simplemente porque no quiere, porque se opuso, se opuso al decreto del 2004 y no acató la distribución de esta Cámara, porque se opuso a la distribución del 2005 y no acató la distribución de esta Cámara, porque se opuso a la distribución de este Congreso y metió el punto en la controversia constitucional, y como ésta no se resolvió de fondo, averígüelo Vargas. ¡No se vale! Esto es un patrimonio de la República, de los poderes y además con un mandato de esta Cámara.
Por eso, hay que cambiar el artículo 59, pero también el 61 que establece ahora una distribución de acuerdo a como se convenga con las televisoras. Yo creo que sí, que se convenga con ellos, pero que se establezca la proporcionalidad para que se use el tiempo correctamente en los tiempos amplios del Estado, pero también en los horarios amplios de la televisión y la radio, no en las madrugadas ni en las trasnoches, ni en medio de los infomerciales.
¿Y qué gana la industria con eso? La industria se va a quitar un peso de encima, se va a ahorrar el impuesto del 25 por ciento de su facturación que pende sobre sus cabezas y que ahora bajo el imperio de un impuesto en especie, siguen arrastrando como un lastre insostenible.
La industria ganaría quitarse la carga de la imposición fiscal del 25 por ciento en especie, pero el Estado adquiriría certeza, justicia, y la sociedad, información y los Poderes equidad. Ojalá que ustedes cuando lo discutan la aprueben y la traigan aquí con toda la fuerza de la democracia, pero también, de la República.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted, señor diputado don Carlos Flores Rico. Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ramón Galindo Noriega: Compañeros legisladores:
En mi carácter de diputado, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó hoy ante esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene por objeto equilibrar las fechas de los periodos de sesiones ordinarias y los tiempos de receso del Congreso de la Unión.
El texto original de los artículos 65 y 66 de la Constitución de 1917, consideraron un solo periodo ordinario de sesiones, del 1° de septiembre al 31 de diciembre de cada año, es decir, se tenía un periodo de cuatro meses de sesiones ordinarias y un periodo de receso de 8 meses.
Dichos preceptos se mantuvieron sin ninguna modificación hasta el año de 1977, cuando se le dio competencia genérica a los trabajos propios del Congreso de la Unión. Es hasta el año de 1986, cuando el Congreso se otorga nuevamente como lo hizo en el año de 1857, la facultad para realizar dos periodos ordinarios de sesiones, fijando como la fecha de este segundo periodo, del 15 de abril al 30 de mayo.
Con las reformas de 1993, se delimitó el primer periodo de sesiones ordinarias para que iniciara el 1° de septiembre y que no se prolongara más allá del 15 de diciembre del mismo año, término que podría prorrogarse hasta el 31 de diciembre cuando el Presidente de la República inicie su encargo. El segundo periodo iniciaba el 15 de marzo y no podía extender más allá del 30 de abril.
Los cambios en los artículos 65 y 66, producto de las reformas anteriores, buscaban que el Congreso de la Unión dispusiera de más tiempo para atender el aumento constante de iniciativas, trabajos y asuntos propios de esta soberanía, los cuales se incrementaron significativamente durante la LVII y LVIII Legislaturas, propiciando con ello que nuestros compañeros legisladores presentaran diversas iniciativas, con la misma intención de ampliar los tiempos de los periodos ordinarios de sesiones y de esta forma responder al cúmulo de trabajo que se estaba generando.
El conjunto de iniciativas presentadas por la LVII y LVIII Legislaturas, cobro frutos al aprobarse dictamen en esta Honorable Cámara de Diputados, el día 14 de diciembre del año 2002 y sus posterior aprobación en el Senado de la República, el día 15 de diciembre del 2003.
Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de agosto del 2004, actualmente se nos cita a los ciudadanos diputados y senadores a celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias a partir del día 1° de febrero de cada año, sin que pueda prolongarse más allá del 30 de abril, con lo cual se amplió el tiempo de los periodos de sesiones ordinarias, para quedar en seis meses y medio, situación que puede ampliarse por 15 días más, el año en que el Presidente de la República entre en funciones.
Es evidente que hoy el Congreso juega un nuevo papel y que por fin ha dejado de ser un instrumento a cargo del Presidente de la República; es claro también que el trabajo de esta Cámara se ha venido incrementando y que se requiere de medidas que lo hagan más eficientes y se asigne más tiempo para la atención de los asuntos aquí presentados.
Actualmente existe un gran desequilibrio entre los dos recesos, mientras el primero solamente dura un mes y medio, el segundo tiene un duración de cuatro meses. Si deseamos que el Poder Legislativo Federal cuente con un equilibrio que le permita desahogar de manera más oportuna los trabajos que le son propios, no debemos continuar con un receso tan largo de cuatro meses a cambio de uno tan corto de solamente 45 días.
Por ello, proponemos recorrer las fechas del Segundo Período de Sesiones para que inicie el primero de marzo y no se extienda más allá del 15 de junio. Con las fechas propuestas le otorgaremos al Congreso de la Unión períodos de sesiones y recesos similares: dos ordinarios de tres y medio y dos recesos de dos y medio meses.
Sabemos que el Poder Legislativo debe entrar en receso para que las leyes que emanan de esta soberanía obtengan la ratificación social correspondiente para conocer, estudiar y observar la viabilidad de estas leyes y para que los legisladores tengamos tiempo de contacto con los ciudadanos. También es el mejor tiempo para realizar los informes de actividades legislativas para informar a la sociedad de los trabajos realizados por esta soberanía.
En el caso específico de las comisiones, este tiempo, el receso, representa una oportunidad para aprovecharlo en reuniones con los Secretarios del Ramo y funcionarios públicos para conocer sus propuestas y opiniones y, de esta forma, producir los consensos que nuestras iniciativas requieren.
Por la importancia que reviste todas las actividades propias de los períodos de receso y que éstos se pueden interrumpir por el llamado a la celebración de sesiones extraordinarias, nosotros proponemos modificar las fechas y los tiempos para que existan entre cada Período de Sesiones Ordinarias, recesos análogos de dos meses y medio cada uno. Las fechas que proponemos permitirán equilibrar los trabajos que llevamos a cabo durante los períodos de sesiones y los recesos. Nuestra propuesta incluye la ampliación del Segundo Período de Sesiones por quince días, con lo cual se homologan los recesos y los períodos ordinarios.
Los beneficios de ampliar de seis y medio a siete meses los Períodos de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Unión, son una necesidad contemporánea de nuestra vida política. Es una realidad que cuando estamos reunidos de manera constante en esta sede del Poder Legislativo los trabajos se agilizan, el trabajo en comisiones es mucho más dinámico y en general, se trabaja a un ritmo más constante y productivo.
Por todo lo anteriormente descrito, compañeras y compañeros diputados, los invito a que heredemos a las siguientes Legislaturas un calendario legislativo más equilibrado para la correcta realización de sus funciones. Para continuar fortaleciendo al Poder Legislativo, concedámosle mayor tiempo de trabajo en nuestras sesiones ordinarias y demos balance entre los dos períodos de receso para cumplir con mayor prontitud y eficacia con todas las tareas legislativas que tenemos encomendadas.
Contribuyamos para que las próximas generaciones de diputados que habrán de representarnos, tengan espacio suficiente para evitar mayores rezagos legislativos.
Solicito atentamente a la Mesa Directiva que se integre tanto este mensaje, como la iniciativa en comento, en el Diario de los Debates.
Damas y caballeros, por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El mensaje ya quedó, pero insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Horacio Martínez Meza: Con su venia, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Históricamente, el fenómeno metropolitano tiene su origen en la reconfiguración de las actividades y la forma de vida de la sociedad. Su importancia radica en que se refleja prácticamente en todas las ciudades del orbe, influyendo rápida y progresivamente sobre cada vez más territorio.
En ese sentido, la formación de metrópolis en América Latina, es un proceso del siglo XX que en México se inicia a partir de 1940 con una urbanización relativamente rápida, acompañada de una escasa planeación. Este proceso se caracteriza por el paso de una economía predominantemente agrícola a otra de carácter comercial y de servicios, además de una pronunciada expresión de creciente interdependencia entre los centros urbanos y sus zonas periféricas, así como de una tendencia a la especialización en la oferta de servicios.
Actualmente la metropolización en México ha mostrado una amplia evolución ya que existen enfoques que procuran dar no sólo una explicación al fenómeno metropolitano sino que intentan cuantificarlo y ofrecer datos que permitan su mejor comprensión.
En nuestro país la dinámica metropolitana ha desatado una discusión en torno a la delimitación cualitativa y una nueva escala de cuantificación de las interacciones urbanas, de los asentamientos humanos siempre en constante crecimiento y evolución.
Ante esta necesidad las instituciones del país encargadas de la estadística y geografía de los movimientos poblacionales, han realizado un importante esfuerzo para ofrecer un mejor marco conceptual para estructurar la nueva dinámica poblacional.
Como resultado ahora se reconoce la existencia de 55 zonas metropolitanas en el país, en las que se concentra el 60% de la población total. Se produce alrededor del 67% del Producto Interno Bruto Nacional; se concentra el 57% de la población económicamente activa y el 56% de los establecimientos productivos.
Paralelo al desarrollo de las metrópolis en México actualmente existen múltiples proyectos enfocados al desarrollo de las mismas, tales como construcción y ampliación de infraestructura hidráulica, la construcción de depósitos de residuos sólidos y tóxicos, el tratamiento de aguas residuales, el monitoreo y mejoramiento de la calidad del aire.
Existen también proyectos enfocados a la construcción de vialidades, puentes, nodos, estacionamientos y distribuidores vehiculares. La puesta en marcha de modelos de transporte masivo de pasajeros, la realización de obras de estética arquitectónica, equipamiento y mejoramiento urbano, proyectos para la procuración de justicia y la seguridad pública metropolitana y la construcción de centros hospitalarios metropolitanos.
Lamentablemente la ejecución de la cartera de proyectos metropolitanos mencionados, se ve obstaculizada gracias al efecto causado por la multijurisdiccionalidad en las metrópolis, lo cual implica sortear el obstáculo de obtener una buena coordinación administrativa, fiscal y financiera entre los gobiernos municipales, estatales y la Federación.
Además, los altos montos que representa la realización de obras y servicios metropolitanos, superan de manera notable la capacidad de respuesta de los municipios metropolitanos.
Ante la falta de mecanismos eficaces para la procuración de fuentes de financiamiento para obras y servicios de alcance metropolitano, es necesario crear los instrumentos para su financiamiento, los cuales permitan la colaboración equitativa, eficiente y coordinada entre los distintos actores de la urbe.
El financiamiento de este rubro requiere lógicamente de un financiamiento autónomo, integral y permanente que pueda provenir de una aportación fija que realicen las jurisdicciones locales y los demás órdenes de gobierno, atendiendo su compromiso y responsabilidad como administradores públicos de la región inmersa en la metrópoli.
Esta necesidad se origina gracias a que en nuestro país los recursos que por concepto de transferencias federales le son asignados a los estados y municipios, están supeditados a los criterios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Esta ley condiciona su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportaciones se establece.
En este orden de ideas de acuerdo al artículo 33 de la citada ley, los fondos enfocados a la infraestructura social, deben destinarse exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
Evidentemente el problema a que se enfrentan las zonas metropolitanas radica en que en la legislación actual no existe un rubro destinado específicamente a la atención de la problemática metropolitana.
Bajo esa lógica, la mayoría de las zonas metropolitanas no han podido desarrollar acciones de alcance metropolitano debido a la mencionada fragilidad hacendaria de los gobiernos municipales y estatales. Por otro lado, la etiquetación de los recursos federales deja un estrecho margen de financiamiento para los proyectos de naturaleza metropolitana.
Teniendo en cuenta la importancia que alcanza este tema en materia de desarrollo nacional, se hace necesaria la propuesta para la creación de un fondo de aportaciones para la compensación metropolitana y desarrollo urbano, que se destine exclusivamente a los asuntos propios de las zonas metropolitanas del país.
El objetivo de este fondo es mejorar las ventajas competitivas y el atractivo empresarial de las zonas metropolitanas, para convertirlas en polos regionales detonadores de desarrollo en el ámbito nacional e internacional. Impulsando medidas que coadyuven a la innovación tecnológica, la creación de empleos, la cuestión social y el desarrollo de oportunidades y cuestiones culturales en el ámbito sustentable.
En este contexto y en el marco del pacto federal del Plan Nacional de Desarrollo y en correspondencia con la política de desarrollo urbano y territorial, la operación del fondo recaería en la Secretaría de Desarrollo Social como ente encargado de la planeación e instrumentación a través del Instituto Nacional para la Planeación Metropolitana dependiente de la misma Secretaría.
Aunado a la creación de dicho instituto, cada zona metropolitana deberá conformar juntas de coordinación, las cuales estarán integradas por autoridades electas. Estas juntas de coordinación metropolitana deberán crear comisiones operativas de carácter sectorial, las cuales serán dirigidas por los funcionarios, titulares de la dependencia en cuestión de los Estados y municipios que conforman la zona metropolitana.
De esta manera, para acceder al financiamiento del fondo, la comisión operativa deberá formular proyectos estratégicos de desarrollo de obras y servicios metropolitanos, los cuales serán entregados a la junta de coordinación de su jurisdicción para los efectos de promoción y presentación ante las autoridades del Instituto Nacional para la Planeación Metropolitana.
Para determinar el capital operativo del Fondo, se propone que parte de los recursos destinados para su aplicación, sean provenientes de la recaudación federal participable nacional que obtenga la Federación en un ejercicio fiscal en un monto equivalente al dos por ciento que será destinado como capital inicial para la inversión y operación de dicho Fondo.
Así la integración del financiamiento para los proyectos metropolitanos presentados, será del 50 por ciento para la Federación a través de la aportación inicial. El 30 por ciento por los gobiernos estatales involucrados y el 20 por ciento restante para los municipios metropolitanos.
Con la creación de este Fondo de Aportaciones para la Compensación Metropolitana y Desarrollo Urbano, no solamente se ayudará a solucionar problemas de índole netamente metropolitano sino que además se podrá disminuir la brecha de desigualdad existente entre los municipios, así como también la inequidad existente entre las ciudades para mejorar las condiciones de vida de los habitantes que viven en dichas metrópolis en que opere dicho fondo.
Finalmente, una vez instaurado este Fondo, se debe aplicar en todas aquellas áreas geográficas en donde se pretenda llevar a cabo proyectos detonadores de desarrollo con verdadero impacto regional.
Por tal motivo, se plantea presentar esta iniciativa de ley para adicionar una fracción VIII del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Solicito a esta Mesa Directiva se pueda inscribir íntegro en el Diario de los Debates dicha iniciativa de Ley. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El siguiente punto del orden del día se pospone a propuesta del iniciante
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Competencia Económica.
El diputado Francisco Javier Bravo Carbajal: Con su permiso diputado presidente.
Solicitando se registre íntegro en el Diario de los Debates, paso directamente a la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Competencia Económica que presento a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados.
El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla una de las garantías individuales que menos ha sido explorada y aprovechada por la ciudadanía. Ésta, ha sido reglamentada en la Ley Federal de Competencia Económica con el objeto de impedir los monopolios y las prácticas contrarias al desarrollo económico del país.
A la par de la ley existe la Comisión Federal de Competencia, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones en los términos de esta ley y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones.
Sin embargo, en la ley se cayó en algunos excesos, como en el caso de los artículos 14 y 15 de la ley de la materia que, al intentar establecer un mecanismo para prevenir prácticas negativas por parte de los estados que atenten contra el comercio entre las entidades federativas, originaron una figura contraria a la propia Constitución, es decir, una especie de control constitucional a cargo de la misma Comisión.
Al respecto cito la redacción actual de dichos artículos.
"Artículo 14. En los términos de la fracción V del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no producirán efectos jurídicos los actos de autoridades estatales cuyo objeto directo o indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen nacional o extranjero.
"Artículo 15. La Comisión podrá investigar de oficio o petición de parte si se está en presencia de los actos a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, declarar su existencia. La declaratoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser impugnada por la autoridad estatal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
Sin embargo, cabe señalar que en este momento los artículos citados fueron declarados nulos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que estos artículos resultan inaplicables ante cualquier situación que se presente.
En efecto, de la lectura de estos dispositivos jurídicos se desprende claramente que se le otorga a la Comisión una facultad que es propia del Poder Judicial, es decir, declarar con efectos generales la inaplicabilidad de disposiciones de carácter general expedidas por los estados, lo que considero no debe permitirse.
Sin embargo, resulta cierto que la Comisión debe conservar la facultad de prevenir los actos de autoridades estatales cuyo objeto directo o indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen nacional o extranjero, por lo que esta soberanía no puede conformarse con dejar inexistentes e inaplicables tales artículos sino que, al contrario, debe legislar en este rubro, de tal manera que no sea la Comisión la que declare que no producirán efectos jurídicos estos actos de los estados, respetando la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, pero en su caso aprovechando la experiencia e infraestructura de esta dependencia para que sea un medio del Poder Ejecutivo que allegue de elementos a su titular y en caso, ahora sí, busque la nulidad de tales actos por las vías legales adecuadas, en concreto a través de la controversia constitucional.
Así las cosas, lo que pretende esta iniciativa es reformar los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Competencia Económica a efecto de que esta dependencia investigue los actos de las entidades federativas cuyo objeto directo e indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen nacional o extranjero para efecto de allegar la información y los medios de prueba necesarios para que el titular del Poder Ejecutivo federal impugne tales actos.
De esta forma se estaría salvaguardando la intención del constituyente plasmada en el artículo 28 de la Carta Magna, pero se dejaría a salvo la división de competencias entre los poderes del Estado mexicano y se evitarían agravios a los estados pues la decisión sobre invalidez de estos actos provendría del Poder Judicial de la federación con respeto al derecho de audiencia y defensa de las partes.
"Con lo anterior la Comisión se convierte en un coadyuvante en este procedimiento y no en el titular o autoridad facultada para resolver la invalidez de tales actos, pero se insiste se estaría aprovechando el conocimiento de la materia y la experiencia en ese rubro para salvaguardar el desarrollo y la libertad en materia económica.
"A este respecto el artículo 105 fracción I, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 42 de su ley reglamentaria prevén:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes:
"Fracción I. De las controversias constitucionales que con excepción de las que se refieran a la materia electoral se susciten entre -cita once previstos- siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnados por la federación, de los municipios impugnados por los estados o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. En los demás casos la resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efecto únicamente respecto de las partes en la controversia.
"Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Competencia Económica.
"Artículo único.- Se reforman los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Competencia Económica para quedar como sigue:
"Artículo 14. Las autoridades estatales se abstendrán de emitir actos cuyo objeto directo o indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen nacional o extranjero.
"Artículo 15. La Comisión podrá investigar de oficio o a petición de parte si se está en presencia de los actos a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, comprobada su existencia lo hará del conocimiento del Titular del Poder Ejecutivo, quien podrá impugnarlos en los términos señalados por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Es cuanto diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Economía.
Esta Presidencia tiene el privilegio de saludar a los alumnos del Colegio ADA, invitados por la diputada Angélica Ramírez Luna, alumnos encabezados por la destacada tenista mexicana María Fernanda Guzmán Bello.
¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta su casa!
Aplausos
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El diputado Omar Ortega Alvarez: Con su venia, señor Presidente.
"El que suscribe, diputado Omar Ortega Alvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, bajo las siguientes consideraciones.
"Desde hace cuatro años el gobierno federal otorga estímulos fiscales a los contribuyentes de hasta el 30 por ciento de la inversión y gastos realizados en proyectos de desarrollo tecnológico para nuevos productos, materiales, procesos y servicios aplicables al Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Activo, IMPAC, del Ejercicio Fiscal, que corresponda a dicha inversión y gasto.
"El propósito de ese beneficio fiscal establecido en el artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es incentivar que las empresas e instituciones de educación superior realicen investigación y desarrollo en tecnología que tenga impacto en problemas del país y favorezca las necesidades de la población.
"En el ejercicio fiscal del 2005 ese beneficio lo han recibido empresas nacionales y trasnacionales y diversos contribuyentes, por un monto total de 3 mil millones de pesos.
"De acuerdo con la normatividad vigente, los rubros de gasto e inversión se consideran elegibles para el otorgamiento del estímulo fiscal, sólo relacionados directa y exclusivamente con el desarrollo y la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico propios del contribuyente, y orientados a la creación de nuevos productos, materiales, procesos y servicios que representen un avance científico y tecnológico.
"Por otra parte, la Ley de Ciencia y Tecnología dispone el otorgamiento de apoyos y financiamientos para actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica, becas y formación de recursos humanos especializados, realización de proyectos específicos de investigación científica y modernización, innovación y desarrollo tecnológicos, divulgación de la ciencia y la tecnología, creación de desarrollos o consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación, así como para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en cambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultados.
"Este último tipo de apoyos y financiamiento los otorga el CONACYT a través de los fondos CONACYT y de los fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico, entre cuyos beneficiarios también están los contribuyentes que reciben el estímulo fiscal del 30 por ciento del ISR y/o del IMPAC.
"En consecuencia, los contribuyentes y particularmente las empresas resultan beneficiadas por partida doble con el estímulo fiscal y con recursos provenientes de los fondos de CONACYT. Al respecto, en distintos momentos la Cadena Mexicana de Ciencia ha cuestionado que el CONACYT ha otorgado recursos de manera discrecional a más de 400 empresas trasnacionales que en nada contribuyen al desarrollo tecnológico del país.
"El objeto de la presente iniciativa no es tanto cuestionar esa discrecionalidad y apoyo con que el CONACYT ha apoyado a empresas trasnacionales, toda vez que esta soberanía ha conocido este problema a través de un punto de acuerdo que presentó nuestro compañero diputado Salvador Martínez Della Rocca, tanto en esta Cámara de Diputados como en la Comisión Permanente.
"Adicionalmente, durante la comparecencia con el titular de la Secretaría de Educación Pública este pasado 27 de septiembre, el nuevo Director de CONACYT, el doctor Gustavo Chapela Castañares, se comprometió a revisar junto a la Comisión de Ciencia y Tecnología, los criterios para otorgar ese estímulo fiscal a las empresas trasnacionales.
"La presente iniciativa lo que propone es hacer una distribución más equitativa y justa de los apoyos financieros, para incentivar el desarrollo científico y tecnológico, toda vez que el hecho de que las empresas compitan y accedan al mismo tiempo al estímulo fiscal y a los recursos de los fondos CONACYT, provoca que acaparen los apoyos económicos en detrimento de las universidades, instituciones de educación superior, institutos, centros públicos de investigación y personas físicas que llevan a cabo actividades de desarrollo científico y tecnológico.
"Por otra parte, en comparación con los otros países que tienen un esquema igual o similar de estímulos fiscales, la participación del sector privado en México en ciencia y desarrollo experimental es sumamente baja. Así por ejemplo, las empresas en el país contribuyen con un 33 por ciento, mientras que en España es de 47 por ciento, en Corea ese de 72 por ciento, en Japón es del 73 por ciento, en Estados Unidos el 47 por ciento y en el Reino Unido es del 46 por ciento.
"En contrapartida, el gobierno federal en México participa con el 67 por ciento de la inversión en investigación y desarrollo experimental, además de que las instituciones de educación superior los institutos y centros de investigación del sector público, es donde se realiza la mayor parte de la investigación y el desarrollo experimental.
Basta saber que tan sólo en la Universidad Nacional Autónoma de México realiza el 60% de la investigación en el país.
Por tanto, se propone que las personas morales que reciban el estímulo fiscal del 30% aplicable al ISR y/o al IMPAB, no podrán acceder a otros tipos de apoyos económicos que otorga el CONACYT, por medios de los Fondos CONACYT y de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en sus tres vertientes que son: los Fondos Sectoriales, los Fondos Mixtos de Cooperación Internacional e Institucional.
El objetivo o los objetivos de estos Fondos, es que los Investigadores Académicos, Tecnólogos, Empresarios , Universidades y Centros de Investigación, puedan acudir a las convocatorias de los diferentes fondos para presentar propuestas y contribuyan a resolver problemas y necesidades de los sectores y estados, que expandan el conocimiento en campos pertinentes a los mismos, y/o que den origen a nuevas empresas de alto valor agregado, a partir de conocimientos científicos y tecnológicos.
Es por ello, que la adición al Artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se propone exceptuar a las Universidades, Instituciones de Educación Superior, Institutos y Centros Públicos de Investigación para que puedan acceder tanto al beneficio fiscal del 30% del ISR y a los recursos de los Fondos del CONACYT.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta soberanía, el siguiente Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo, un cuarto párrafo al Artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar en los siguientes términos.
Artículo 219.- Las personas morales que obtengan recursos de los Fondos CONACYT y Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, no podrán acceder al estímulo fiscal estipulado en el presente Artículo, con excepción de Universidades, Instituciones de Educación Superior, Institutos y Centros Públicos de Investigación y Personas Físicas que realicen actividades de investigación y desarrollo tecnológico
Es cuanto, señor Presidente
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias Diputado
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
Tiene la palabra el señor Diputado Moisés Jiménez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Iniciativa que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA).
El diputado Moisés Jiménez Sánchez: Con su permiso, diputado Presidente.
El desarrollo de la capacidad científico-técnica, constituye un factor fundamental para promover el crecimiento económico, el desarrollo social y la integración nacional. Ha sido la investigación del espacio y el desarrollo de medios para la explotación, la exploración iniciada hace más de cinco décadas, la que ha impulsado de manera más clara la generación de los conocimientos y tecnología que caracteriza nuestros tiempos.
Esta investigación, iniciada y desarrollada originalmente, de manera casi exclusiva por y para los países desarrollados, ha permeado de manera consistente en las últimas décadas a países de muy diversos niveles de desarrollo en los cinco continentes, conformando lo que se conoce como la Comunidad Espacial Internacional.
Esta comunidad está integrada por 42 países que cuentan con políticas científicas, tecnológicas y económicas en la materia, coordinadas y centralizadas en instituciones o dependencias especializadas, que conforman una red de intercambio permanente de información científica y tecnológica de oportunidades económicas y de intercambio académico para formación de personal altamente calificado.
Esta red ha permitido a los países que participan en ella, potenciar el desarrollo de los sectores económicos, estratégicos. Por ello, lo que propongo en la presente iniciativa es un plan estratégico para que nuestro país participe en la red espacial, abriendo oportunidades a instituciones académicas y de investigación, así como a su planta productiva, para que accedan a los intercambios que esta posibilidad permite.
Dentro de ello, pueden mencionarse sistemas de detección anticipada de sismos, en desarrollo para el área espacial de la UNAM y otros derivados de experimentos biológicos y físicos en el espacio, que no son posibles en el planeta y mejoran la condición humana en la tierra.
Es necesario destacar que la participación de México y los países latinoamericanos en la comunidad especial internacional no es nueva. La Comisión Nacional del Espacio Exterior Mexicana, con todo y haber sido una experiencia exitosa, en términos económicos, de infraestructura y de desarrollo científico y tecnológico, no fue constante y orientada por políticas de largo plazo.
Por esta razón, otros países, de igual o mejor nivel de desarrollo, nos han dejado atrás. Brasil y México, por citar un ejemplo, a principios de los años 70 contaban con características semejantes y condiciones análogas para el desarrollo de investigación e industrias aeroespaciales.
Ambos crearon al principio de esta década agencias propias y desarrollaron tecnologías, y para 1981 habían comenzado a lanzar satélites por su cuenta. El proceso para crear y lanzar al primer satélite mexicano, ocurrió en una época de fuerte recesión económica, a pesar de lo cual se realizó importando todos los componentes, incluyendo aquellos bienes y servicios, que pudieron promoverse por empresas nacionales, a menores costos y dejando la experiencia y el conocimiento logrados en el país.
Los satélites fueron desarrollados, construidos, lanzados y posesionados por compañías extranjeras, sin que existiera una política especial y un proyecto de desarrollo del programa, lo que condujo a una fuerte dependencia tecnológica.
Como consecuencia, ahora en México, prácticamente sólo se entrena personal en las áreas especiales, como técnicos para utilizar equipos adquiridos en el extranjero, en vez de dedicar esfuerzos a domesticar tecnología.
Mientras México comenzaba a subir satélites en tecnología extranjera, Brasil lo hacía con tecnología propia, impulsando el desarrollo de su planta productiva y convirtiéndose en el gigante de Latinoamérica en este rubro, y con su política de transferencias e intercambios a través de su agencia, sigue obteniendo grandes beneficios tecnológicos, financieros y comerciales.
Brasil, cuenta ahora con una de las más sólidas aeroespeciales del mundo, de la que México adquiere buena parte de su flota aeronáutica. Cuenta además, con plataformas de lanzamiento de cohetes y su planta industrial ha incorporado tecnología de punta propia y transferida, de origen especial, que la convierten en una de las economías emergentes más importantes y con mejores perspectivas en el mundo.
Esta experiencia muestra la necesidad de apoyar la competitividad y productividad de la economía nacional así como el fomento de desarrollo de potencias propias, de patentes propias, no sólo los ámbitos económicos tradiciones y de corto plazo.
Dejaríamos, compañeros diputados, de ser un país maufacturero. La ciencia y la tecnología son detonadores económicos por excelencia, en países desarrollados el 50% del PIB proviene directa e indirectamente del desarrollo científico y tecnológico, mientras que en países en vías de desarrollo, como México, este porcentaje es apenas del 25%.
En este sentido, la creación de agencias especiales, tiene grandes impactos en áreas como las telecomunicaciones, la medicina, la robótica, la electrónica, el mejoramiento de técnicas de suelo agrícola y la ecología, entre otras, que permiten mejorar las condiciones de vida en todos los órdenes incluyendo la prevención de desastres.
Tienen también un alto impacto en el área académica, ya que al tener acceso a esas tecnologías, las universidades abren espacios a nuevos campos de estudio, preparando ingenieros y científicos, a través de intercambios con instituciones de investigación de muchos otros países.
México, ya no puede esperar, en los últimos años nuestro índice de competitividad, según el Foro Económico Mundial, ha caído del nivel 36 al 55, por su parte, el reporte global de información tecnológica nos sitúa en el lugar 60, por debajo de Trinidad y Tobago. En ambos casos el fenómeno que define como consecuencia fundamentalmente del rezago científico y tecnológico.
Crear de nueva cuenta la Agencia Espacial Mexicana tendría como efecto inmediato para el país una mayor capacidad de generar propiedad intelectual y de tecnología al entrar a programas de colaboración internacional, que darían acceso a aplicaciones que tomarían 20 años en desarrollar. Es indispensable garantizar condiciones que permitan acceso a todos los sectores de la sociedad bajo un marco regulatorio, claro, participativo, equitativo y seguro; es al Estado al que corresponde mantener el dominio sobre este sector estratégico, generador de industrias altamente competitivas, desarrolladoras de tecnología.
Por eso, si bien a través de la Agencia se podría tener acceso y utilizar programas de colaboración internacional en materia especial y reconociendo con visión de Estado que invertir en tecnología es prioritario, porque significa crear una cascada de oportunidades que con el tiempo permee a toda la sociedad, la propuesta no deja de lado que hay necesidades urgentes, prioritarias de inversión en muchos sectores de la población, por ello se propone, señoras y señores diputados, la creación de la Agencia bajo un esquema que requiere de muy baja inversión en recursos presupuestales, para que en la medida que vaya creciendo y logrando sus propósitos, se haga cada vez más autofinanciable. Así ha sido el caso de varios países, de manera destacada nuevamente Brasil, cuya agencia comenzó con un pequeño presupuesto y hoy cuenta, incluso, con dos centros de lanzamiento de satélites.
No sobra volver a recordar que el organismo que se propone existió en México de 1962 a 1977 bajo el nombre de Comisión Nacional del Espacio Exterior, en tiempos en que no existía nada parecido a la comunidad espacial internacional que permitiera entrar en programas de colaboración, a pesar de la cual los resultados fueron exitosos. Se puede asegurar que de haber prevalecido, nuestro país hubiera tenido ocasión de ampliar aún más sus oportunidades de crecimiento.
Es necesario recuperar la experiencia mexicana en materia espacial y articular las actividades diseminadas en todo el territorio nacional, a través del establecimiento de una política de Estado que promueva el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica en la materia. Además, por todo el mundo se encuentran dispersos ingenieros y científicos mexicanos colaborando con los programas espaciales de manera aislada, desaprovechando México esta experiencia debido a que no hay un organismo que la sistematice y dé continuidad.
Se requiere también de conjuntar y dar apoyo a los programas que se desarrollan en el país, como el Programa Satelital de la UNAM, el de Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional y los que con apoyo de la NASA y el IMTA (¿) de España realizan en el estado de Veracruz y otros centros nacionales de investigación y ciencias aplicadas, por citar tan solo tres ejemplos...
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se le ruega concluir, señor diputado.
El diputado Moisés Jiménez Sánchez: Concluyo señor Presidente.
Estamos en el momento indicado para crear esta Agencia, la comunidad espacial internacional está iniciando el siguiente paso en la exploración del espacio. En este momento se generan los planes para las nuevas misiones de largo alcance que concretarán en los próximos años, para llevar al hombre nuevamente a la Luna, según los planes llegar también a Marte y explorar Venus.
Por lo anterior y fundamentado en lo dispuesto en los artículos 71 Fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señor Presidente, es que vengo a proponer a esta soberanía la creación, el proyecto de decreto que crea la Agencia Espacial Mexicana.
Señor Presidente de la Mesa Directiva, en función que la presente iniciativa ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y con respeto al tiempo que dispongo en esta asamblea, hago entrega a usted del documento completo con la súplica de que sea publicado íntegramente en la versión estenográfica del Diario de los Debates. Del mismo modo, pido a usted que le dicte turno a Comisión de Ciencia y Tecnología.
Es cuanto.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y como lo ha solicitado el diputado, túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, diputado.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Señor Presidente, en virtud de que está el Salón de Plenos vacío, pedimos la rectificación de quórum, por favor.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado, continuamos con la sesión y se abre el registro electrónico de asistencia para verificación de quórum, hasta por 10 minutos.
Se instruye a la Secretaría a que dé los avisos correspondientes y ordene se abra el sistema electrónico de asistencia.
Tiene la palabra la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como deber de los diputados, el rendir un informe anualmente a sus electores.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Ábrase el sistema electrónico hasta por diez minutos para rectificación de quórum.
La diputada Blanca Gámez Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente.
Una de las grandes aspiraciones de México es la búsqueda de una consolidación democrática con bases firmes, que si bien estamos conscientes que se inicia mediante procesos equitativos electorales, competitivos y libres, pero fundamentalmente en el quehacer de la política mediante procesos que permitan al ciudadano conocer el manejo de las instituciones. Es un principio fundamental de la democracia participativa que coadyuva en la reflexión social.
La falta de transparencia y la corrupción destruye la confianza entre los ciudadanos en sus gobiernos y la confianza de los ciudadanos y sus gobiernos.
En efecto, la ausencia de mecanismo de transparencia es percibida por la población como el medio a través del cual se enriquecen políticos que ocupan funciones públicas o funcionarios que trabajan en dependencias federales, entidades federativas y municipios.
Es necesario convertir la lucha contra la ineficacia gubernamental en una política de Estado, de tal manera que no esté sujeta a los cambios de gobierno, sino que su vigencia en el tiempo se garantice, para ello se requiere calidad en los servicios públicos y pleno respeto al estado de derecho, marco normativo apropiado para la transparencia, mecanismos efectivos de prevención, educación y sanción, así como acceso a la información, entendiendo esto no como el que solicita por el gobernado, sino también como el deber permanente de informar por parte de los entes públicos.
Hoy en día, no puede imaginarse una sociedad sin información, cuando por muchos siglos el silencio desde las más altas esferas del poder, permitía la opresión del pensamiento, de las noticias y datos capitales que todo hombre y toda mujer tenían derecho y debían conocer para sencillamente sentirse parte de la nación.
Hoy, las y los integrantes de un Parlamento o Congreso no actúan por sí y para sí, sino en beneficio y en nombre de otros. Son representantes y su cero existencia como tales, implica la existencia de sujetos diferentes que son los representados. Por el principio de la representación, las acciones y decisiones del representante producen sus efectos en los reprensados.
Sabemos que el ejercicio de la función parlamentaria constituye uno de los más altos honores que un ciudadano puede aspirar a alcanzar, ya que gracias a la elección popular, éste se convierte en representante de la nación.
Como consecuencia, la dignidad inherente al cargo parlamentario, debe ser resguardada por normas legales que aseguren el cumplimiento de la responsabilidad y el compromiso social que nos es inherente; normas esenciales para el ejercicio de la función parlamentaria, para establecer las obligaciones que debemos observar todos los legisladores del Congreso de la Unión frente a nuestros representados. Legisladoras y legisladores tenemos el deber de mantener y preservar la credibilidad del Congreso de la Unión frente a la sociedad.
No obstante, las últimas transformaciones que nuestro país ha experimentado, las cuales han alterado y cambiado nociones y conceptos que antes parecían inamovibles, han traído como consecuencia en el caso del Congreso de la Unión, la obligación a nosotros diputadas y diputados, senadoras y senadores, a desempeñar con responsabilidad nuestro papel, tratando ahora los asuntos con mayor cuidado y minuciosidad para ofrecer a nuestros representados logros tangibles.
Hoy la sociedad ha incorporado temas fundamentales a la agenda política: el papel de la ética en la vida pública, la transparencia y la rendición de cuentas; éstas han derivado en la búsqueda constante de principios y valores superiores que orientan la conducta de los hombres, en tanto miembros y representantes de la sociedad, pero ante el marco de una generalizada pérdida de confianza en las instituciones políticas y en los políticos en particular.
En este lamentable contexto, solo el establecimiento de reglas de conducta, transparencia y rendición de cuentas, puede contribuir a la recuperación de la confianza de la gente en sus representantes. La importancia de la empresa no es menor, pues la confianza de los ciudadanos en sus representantes constituye un elemento clave para la consolidación y fortalecimiento de la democracia.
De esta forma, encontramos que uno de los elementos más importantes del Poder Legislativo y para la democracia, es, sin lugar a dudas, el relacionado con la transparencia en el actuar y por otra parte, la relativa a la rendición de cuentas por parte de las y los legisladores hacia sus representados.
Si bien, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es hoy el instrumento más importante para hacer del dominio público, situaciones, manejos o información que no se divulgaba, no es suficiente para generar una garantía en la práctica y en los usos de los sujetos obligados. La transparencia es en nuestro ámbito y en todas las esferas políticas, uno de los elementos que confiere la obligación para que el Poder Legislativo abra y ponga a disposición la información de la institución a los ciudadanos.
La rendición de cuentas por parte de las y los legisladores es un tema de suma importancia, puesto que una sociedad democrática supone la evaluación ciudadana sobre sus representados y ésta para que sea efectiva, requiere que el representado tenga los elementos suficientes para hacer de su juicio, un asunto razonado e informado.
En este tenor proponemos bajo la rendición de cuentas, que los legisladores se comprometan a informar a los ciudadanos que los eligieron respecto de sus quehaceres, un informe anual de actividades por parte del legislador ante los ciudadanos de su distrito, de su entidad federativa o de la circunscripción en que hubiesen electos, bajo la hipótesis de que el legislador tenga un vínculo más estrecho con los ciudadanos y pueda estar en contacto directo con las necesidades y peticiones de la sociedad, evitando con ello el aislamiento y la falta de trabajo conjunto.
Así, se busca un legislador responsable y comprometido que ofrezca cambios y beneficios significativos, mediante un trabajo incansable y productivo al interior del Congreso, en su distrito o en aquellos escenarios donde se desenvuelva para que el reflejo de sus acciones se plasme en beneficio directo de nuestra soberanía.
Por lo anterior y con objeto de proporcionar a la ciudadanía los elementos indispensables para reconocer el trabajo legislativo que se desempeña en el Congreso de la Unión, es que se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta del siguiente proyecto de decreto.
Artículo Único. Se adiciona el numeral 4 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 11. Numeral 4. De manera anual al término del segundo periodo ordinario de sesiones, tanto las y los diputados, como las y los senadores, deberán rendir un informe anual de sus actividades legislativas y de gestión, ante las y los ciudadanos de la circunscripción en que hubiesen sido electos. El incumplimiento a esta obligación será sancionado de conformidad con lo que determina el reglamento o el acuerdo que al efecto emita la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente y solicito que sea publicado el texto íntegro en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se ordena insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna esta iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el diputado Isidoro Ruiz Argaiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 69-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El diputado Isidoro Ruiz Argaiz: Con su permiso, diputado Presidente.
El que suscribe diputado federal Isidoro Ruiz Argaiz, de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de ley:
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, tiene entre sus atribuciones, promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones que generen beneficios superiores a sus costos y reitero, beneficios superiores a sus costos y el máximo bien para la sociedad, así como la de dictaminar los anteproyectos de las manifestaciones de impacto regulatorio.
En ese sentido, son susceptibles del dictamen de manifestación de impacto regulatorio los actos administrativos de carácter general tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instrumentos, directivas, reglas, manuales, disposiciones, que tengan por objeto establecer obligaciones específicas.
La COFEMER emitió con fecha 10 de enero de 2005 el procedimiento de revisión de reglas de operación, dirigido a los representantes oficiales de mejora regulatoria de las dependencias y entidades sujetas al título tercero "A" de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En dicho procedimiento, la presentación de los anteproyectos de reglas de operación o de sus modificaciones deben atender a lo siguiente:
a). Si el programa inicia su operación en el ejercicio fiscal, el anteproyecto deberá ser enviado en la fecha que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación, conjuntamente con el formulario de manifestación de impacto regulatorio OMIR, (¿) por sus siglas.
b). En el formulario, la dependencia o entidad deberá aportar los datos generales del anteproyecto y especificar si se encuadra dentro de los supuestos de excepción previstos en el Acuerdo Presidencial de Moratoria Regulatoria, precisar los objetivos y si modifica una disposición jurídica o trámite en vigor o bien se crea, la justificación de las acciones regulatorias indicando el nombre del programa federal contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
c). El mismo procedimiento se seguirá para las modificaciones que se realicen a las reglas de operación aplicables durante el ejercicio fiscal 2004 y que continúen vigentes.
d). La COFEMER resolverá sobre la procedencia del supuesto de excepción contemplado en el Acuerdo de Moratoria Regulatoria y emitirá su dictamen a más tardar dentro de los diez días hábiles posteriores a que sea presentado el anteproyecto. En caso de que dicho dictamen no sea emitido, se deberá considerar que la COFEMER no tiene comentario alguno del anteproyecto, por lo que podrá proceder a su publicación.
e). No se podrá presentar ante la COFEMER versiones de los anteproyectos que la dependencia o la entidad considere que aún pueden sufrir modificaciones, derivadas de los procesos de discusión o deliberación internos. Anexos al anteproyecto deberán presentarse los demás instrumentos complementarios a las reglas de operación que en su caso se pretendan emitir para ejecutar los programas respectivos tales como los manuales de procedimientos, lineamientos, reglas específicas, anexos, formatos, etcétera.
f). Los instrumentos complementarios no podrán publicarse en el Diario Oficial de la Federación si no cuentan con el dictamen favorable previo de esta COFEMER, y de manera excepcional y por causas debidamente justificadas se podrá realizar alguna modificación a las reglas de operación o a los instrumentos complementarios o bien la emisión de tales instrumentos complementarios, después de que se haya emitido un primer dictamen favorable por parte de la COFEMER.
g). Una vez emitidas las reglas de operación y los demás instrumentos complementarios, la dependencia o entidad solicitará a esta COFEMER la inscripción, modificación o baja en el Registro Federal de Trámites y Servicios de los Trámites que en su caso se establezcan, modifiquen o eliminen.
Lo anterior es procedente incluso cuando los trámites antes mencionados sean aplicados por terceros distintos a las propia dependencia o entidad. En este último supuesto, deberá (¿) señalar en la solicitud de registro a quien corresponde, la aplicación de tales trámites. Si se tratara de autoridades estatales o municipales deberá incluirse una referencia expresa a esta situación, indicando, de ser procedente, los datos de la dependencia del gobierno local o municipal.
En este ámbito regulatorio resulta que los costos resultan mayores que los beneficios, al establecer para los programas del Presupuesto de Egresos de la Federación este registro de regulación que no viene a contribuir con las buena aplicación de los mismos.
Y en contra tenemos por resultado una disparidad de fechas en la autorización de registro de estos programas y por tanto en la aplicación de los programas que son autorizados por esta Cámara.
Para ejemplo de lo mismo el Programa de Empleo Temporal fue publicado el 18 de abril de 2003, con modificaciones en 29 de julio y 10 de octubre; el Fondo de Apoyo a las PYMES el 18 de febrero, el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica compite 25 de abril y modificaciones el 8 de julio, etc. y el universo es aún mayor dado que las dependencias y entidades que tienen a su cargo programas sujetos a reglas de operación, son aquéllas que operan los ramos administrativos: agricultura, ganadería, desarrollo rural, comunicaciones, etc.
Todo lo anterior da lugar a la falta de certidumbre en las fechas de inicio de las acciones de los programas sujetos a reglas de operación, con la consecuente problemática para las dependencias y entidades y en su caso de los gobiernos de las entidades y municipios para planificar debidamente las medidas correspondientes.
En conclusión, la sujeción de las reglas de operación de los programas contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la aprobación de la COFEMER, significa una regulación excesiva e ineficiente, ya que no contribuye al mejor ejercicio de dichos recursos.
Por lo anterior debe reformarse el artículo 69-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para excluir expresamente la aplicación de este programa y la intervención de la COFEMER en todo lo que se refiere a las reglas de operación y que las mismas cumplan con el objeto de dar calidad y eficiencia para incrementar sus beneficios y reducir sus costos.
Además esta reforma fortalece el Presupuesto de Egresos de la Federación, para constituirse en un instrumento de desarrollo económico que promueve la inversión y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.
Por lo expuesto someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 69-A, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en los siguientes términos:
"ARTICULO UNICO. Se adiciona el párrafo segundo del artículo 69-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para quedar como sigue:
"Artículo 69-A. Asimismo las disposiciones de este título no serán aplicables a las reglas de operación de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las dependencias y entidades responsables, deberán tomar las medidas administrativas necesarias para cumplir estrictamente con los criterios y plazos determinados para cada ejercicio fiscal."
"ARTICULO TRANSITORIO
"UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
Solicito diputado presidente se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se ordena insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Gobernación.
Instruya la secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la presidencia que hay una asistencia de 372 diputadas y diputados.
Hay quórum señor presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Continúa la secretaría, solicito dé cuenta con las comunicaciones que nos ha hecho llegar la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
De la Junta de Coordinación Política dirigida al diputado Heliodoro Díaz Escárraga, presidente de la mesa directiva.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado.
Esta presidencia da la más cordial de las bienvenidas a un grupo de personas del municipio de Tepeyahualco, Puebla, invitados del diputado Angel Alonso Díaz Caneja, y a los jóvenes estudiantes del Instituto América, de León, Guanajuato, invitados de los diputados José Julio González Garza y del diputado Salvador Márquez Lozornio. Sean todos ustedes bienvenidos. (Aplausos)
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo. México, Distrito Federal, 25 de octubre de 2005.
Diputado Heliodoro Díaz Escarraga, presidente de la Mesa Directiva, H. Cámara de Diputados, Presente.
Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Alvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 inciso c), 43 párrafo tres y 44 párrafo dos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados, de los siguientes cambios solicitados por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de relación con grupos parlamentarios del grupo parlamentario del PRI.
Que el diputado José Adolfo Murat Macías, sustituya al diputado Gustavo Osornio Sánchez, como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Sin otro particular, quedo de usted, atentamente. Diputado Eduardo Espinoza Pérez.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
Votación
Gracias.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada.
Esta presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes y profesores del Departamento de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, invitados por el diputado Florentino Domínguez Ordoñez. Sean bienvenidos. (Aplausos)
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESION
Cumplida la instrucción señor presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: La verificación de quórum se tomará en cuenta para registro final de asistencia.
Se levanta la sesión (15:49 horas) y se cita para la que tendrá lugar el jueves 27 de octubre a las diez horas.
Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las ocho horas.