El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Con gusto, diputado Presidente.
Se informa a la Presidencia que existen registrados 380 diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (A las 11:24 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura l orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Comunicación del C. Dip. Isidro Camarillo Zavala.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a cambio de integrante de Mesa Directiva de Comisión.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Comunicación de la Junta de Coordinación Política, relativa a cambio de integrante de la Comisión.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De Enterado.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Invitación del Congreso del Estado de Guerrero, a la Sesión Solemne, que tendrá lugar el 13 del mes en curso en la ciudad de Chilpancingo, Gro., con motivo del 192 Aniversario del Primer Congreso de Anáhuac.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes Ciudadanos Diputados:
Abel Echeverría Pineda, Angel Pasta Muñuzuri, Rosario Herrera Ascencio, Irma Figueroa Romero
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina:
La Secretaría de Gobernación remitió dos oficios con los que envía el V Informe de Labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Relaciones Exteriores).
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De Enterado..Distribúyase a las Diputadas y Diputados y remítanse a las Comisiones correspondientes para los efectos del Artículo 45 Numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Oficio de la Secretaría de Gobernación, solicitando el permiso consttucional necesario para que el ciudadano Alonso Fabriciano Gómez Sanz, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino Unido de España en la Ciudad de Morelia, del estado de Michoacán).
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso necesario para que el C. Jacinto Solís Robles preste sus servicios en la Embajada de Japón en México.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Oficio de la Secretaría de Gobernación solicitando el permiso constitucional para que los CC. Eduardo Aguilar Santuario, Bealet Roque Orduña, Gabriela Ramírez González, María Ana Hernández Esperanza y Noel Tejeda Colín, puedan prestar servi8cio en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, B.C.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional para que los CC. Moisés Martínez Sandoval, Ricardo Segura Ponce de León y Alfonso Sandoval Escobar presten sus servicios en la Embajada de Australia en México.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que han dejado de prestar servicios a Gobiernos Extranjeros los siguientes CC. Gina Muñoz Islas, Martín Guerrero Portillo, Elio Sánchez Sánchez, Ernesto Fabián Mata, Gabriela Alejandra Treviño Pinelo, Katia Berenice Avendaño Espinosa y Magarita Olivia Arrieta Hernández.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 393 diputados y diputadas. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Oficio de la Cámara de Senadores, iniciativa que adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Oficio de la Cámara de Senadores, iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 2º de la Ley del Impuesto al Activo.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, cambio de fecha de comparecencia de la titular de CONACULTA.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
De la Junta de Coordinación Política, cambio de fecha de las comparecencias de los titulares de la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo presentado.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Rene Meza Cabrera: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
El suscrito diputado federal en ejercicio miembro de la Fracción Parlamentaria del PRI, integrante de esta Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa para adicionar al Código Penal Federal el artículo 261 Bis en su Capítulo Primero del Título Décimo Quinto y en el Código Federal de Procedimientos Penales, en su Capítulo 4 el numeral 35 a la fracción I del artículo 194 con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4° dedica tres de sus ocho párrafos a describir los derechos de la niñez en sus necesidades esenciales de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento y encarga a sus ascendientes, tutores y custodios, vigilar respeto a la dignidad de los niños y de las niñas. Sin embargo esto no es suficiente porque no dispone la protección y defensa del principal capital humano con que cuenta el país, sus miembros en edad infantil.
Toca a nosotros, representantes sociales, legislar a fin de que la niñez mexicana cuente con la adecuada protección de su integridad física y mental y que sus derechos humanos no sean vulnerados en su atributo más delicado, frágil y sensible, su sexualidad.
Las comunidades humanas están en constante evolución y las costumbres, a pesar de ser tradicionales, también cambian o surgen otras nuevas, benéficas y también otras maléficas.
Fenómenos de nuestro tiempo es el incremento de la pederastia, que en muchas ocasiones ha degenerado en la corrupción infantil, aumentada por el avance tecnológico en la computación y sistemas de difusión gráfica.
Una modalidad de este fenómeno la venimos observando recientemente, pues nos enteramos con frecuencia de actos atentatorios a la sexualidad de los niños entre cinco y doce años, sin distinción de sexo, que son víctimas de quienes deberían protegerlos, cuidarlos y orientarlos hacia un sano desarrollo integral, principalmente psíquico, a través de una científica, adecuada y programada educación sexual.
Deplorablemente en los lugares en que los niños tendrían que estar más cuidados y seguros contra cualquier atentado a su sexualidad, es donde irónicamente están más expuestos y sufren constantes agresiones sexuales que en otras partes menos vigiladas, o sea en los hogares, las escuelas, las iglesias, es donde se atenta más contra su intimidad.
En efecto, es en el seno familiar, los planteles educativos, los centros religiosos, donde los niños son objetos de caricias lascivas y prácticas sexuales, verdaderas perversiones que con frecuencia terminan en la violación de los infantes generalmente por familiares, maestros y ministros religiosos.
Paradójicamente también cuando ocurre uno de estos hechos eróticos sexuales, los jefes de familia, los directores de las escuelas y los jerarcas de las iglesias, más que procurar la atención del menor ultrajado, se preocupan por el prestigio de su institución y hacen hasta lo imposible por mitigar sus consecuencias y ocultan lo ocurrido y no se suscite el escándalo, protegen al presunto responsable ocultándolo o proporcionando su fuga convirtiéndose consecuentemente en cómplices o encubridores.
Prevenir estos actos es obligación de padres de familia, maestros y religiosos, estableciendo métodos de actuación y sistemas de vigilancia en sus respectivos ámbitos de responsabilidad.
Sancionar con la máxima severidad es la obligación de las autoridades encargadas de la procuración y de la administración de justicia.
Crear los instrumentos legales para que los agentes del Ministerio Públicos y jueces castiguen a los pervertidores de la niñez, es la tarea de nosotros los legisladores.
Es cierto que ya en nuestro derecho penal están tipificados los delitos de corrupción de menores atentados al pudor, encubrimiento que podrían ser aplicados a la conducta antisocial que se trata de combatir. Un somero análisis de estas tres hipótesis penales nos demuestra lo endeble de su eficacia porque el delito de corrupción de menores tiende a inducir al menor a realizar actos deshonestos o degradantes para satisfacer pasiones ajenas, es decir se prostituya al menor para alcanzar algún provecho. El delito de atentados al pudor tiene una pena leve y es ambiguo en su definición y hasta contradictorio, porque el acto debe realizarse sin con(¿) el consentimiento del sujeto pasivo, pero si se usa la violencia física o moral, se entiende que se alcanzó el consentimiento de la persona, aunque sea contra su voluntad, pero ya accedió a la consumación del hecho delictuoso, aunque sea pasivamente.
Es más acertada la definición del tipo previsto en el artículo 261 del Código Penal Federal, más no lo suficiente para el propósito de proteger al menor de los ataques de quienes tienen alguna ascendencia sobre ellos. Finalmente el delito de encubrimiento se refiere a la cooperación u ocultamiento después de que el sujeto cometió el delito, generalmente a solicitud del propio delincuente y también tiene una penalidad leve.
Esta iniciativa propone la creación de un tipo especifico que suprima o al menos disminuye la pederastia, desviación psicosexual incrementada recientemente y que mentores laicos o religiosos realizan en los menores de edad a su alcance, en virtud de la ocupación o profesión que practican en escuelas e iglesias, sin olvidar a familiares consanguíneos o por afinidad que también hacen víctimas a los niños de su familia.
Se trata de castigar con rigor a quienes practican esta perversión y también a quienes queriendo evitar su difusión buscan con razonamientos equívocos o hasta con amenazas que los progenitores de los mentores víctimas de delito, los silencien y no los denuncien, en un mal concepto de que ignorando u ocultando el daño social va a desaparecer.
La figura delictiva que se plantea debe ser catalogada como delito grave en el Código Federal de Procedimientos Penales y así se propone por lo expresado y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto para adicionar al Código Penal Federal el artículo 161 bis, en su Capítulo Primero del Título Décimo Quinto, y en el Código Federal de Procedimientos Penales en su Capitulo Cuarto, numeral 35, la fracción I del artículo 194, para quedar como sigue:
"Artículo 1°. Se adiciona el artículo 261 bis, al Capítulo Primero del Título Décimo Quinto del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 261 bis. En un atentado sexual cuando un sujeto con prevalencia familiar, educativa, religiosa o de otra índole, sin el propósito de llegar a la copula, ejecute un acto sexual en una persona menor de 12 años, se le impondrá de 5 a 15 años de
prisión y 5 mil días de multa. Si el acto se repite más de una vez o media alguna forma de violencia física o mental, la sanción aumentará en una tercera parte.
Si el acto se realizó en hogar o en la escuela o en la iglesia o sitio de reunión al que concurran las víctimas, la pena aumentará en una mitad más. A los familiares, directores del plantel educativo, jerarcas de la iglesia o encargados del lugar en que incurrieron los hechos que por cualquier medio traten de ocultarlos, minimizarlos o proteger al sujeto activo, se les impondrá las dos terceras partes de la pena aplicada al responsable.
Si a consecuencia del acto delictivo o como secuela del mismo durante la averiguación, el menor sufre algún trastorno síquico, ya sea momentáneo, temporal o permanente que amerite tratamiento a todos los presuntos responsables, se le aumentará la pena en una cuarta parte. Si alguno de los que resulten responsables ejercen su patria potestad sobre el menor, ésta la perderá.
"Artículo 2°. Se adiciona el capítulo cuarto del Código Federal de Procedimiento Penales en el numeral 35 a la fracción I del artículo 194 en los siguientes términos:
"Artículo 194, 35...atentado sexual previsto y sancionado en el artículo 261 bis.
"Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Diputado René Meza Cabrera.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los Niños Verdes y la Fundación Verde, invitados por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el diputado Cuauhtémoc Ochoa.
Sean bienvenidos.
(Aplausos)
Tiene la palabra el diputado José Felipe Puelles Espina...
La diputada Angélica de la Peña Gómez (desde su curul): Presidente, para hacerle una petición.
¿Con qué objeto señora diputada? Sonido a la curul de la diputada Angélica de la Peña, por favor.
La diputada Angélica de la Peña Gómez (desde su curul): Presidente, solamente para solicitarle que la anterior iniciativa la turne también para opinión a la Comisión Especial de la Niñez. Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Como lo pide, se ordena se turne a la Comisión Especial de la Niñez la iniciativa que se leyó con anterioridad, para su opinión.
Tiene la palabra el diputado José Felipe Puelles Espina, para presentar iniciativa que adiciona la fracción IX del artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Felipe Puelles Espina: Gracias, señor Presidente.
Compañeros diputados:
Los diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante este Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y 55 fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley Impuesto Sobre la Renta, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra Carta Magna establece en el artículo 3º. constitucional el derecho de toda persona a recibir educación; asimismo determina que es obligación del Estado impartir la educación básica de forma gratuita y que deberá promover y atender los demás tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior necesarios para el desarrollo de la Nación.
Es incuestionable la contribución de la educación en el desarrollo integral de la persona, toda vez que es un activo que potencia habilidades, destrezas y capacidades a lo largo del ciclo de vida y en todos los ámbitos de desenvolvimiento familiar, social y productivo. Contar con la educación permite mejorar y construir un proyecto de vida.
Para las naciones, lograr una población educada significa el tránsito a una sociedad de bienestar productiva, competitiva y más democrática; de ahí que todo Estado ubica como una de sus prioridades en política pública la cobertura y calidad de la educación.
Los planes de desarrollo nacional, sexenio tras sexenio en México, han tenido como constante considerar a la educación como variable estratégica del desarrollo nacional. El actual Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la considera como una de las palancas del cambio en el país, por lo que propone llevar a cabo una revolución educativa que permita abatir el rezago y la exclusión social a través de programas, proyectos y acciones que permitan tener educación para todos, educación de calidad y educación de vanguardia.
Particularmente en el reto de una educación para todos, las políticas educativas generadas en los últimos años, demuestran el esfuerzo notable por incrementar las oportunidades de acceso a la educación; de hecho, la actual administración duplicó el número de becas educativas de las que se daban en el año 2000.
El Programa Oportunidades que opera en un esquema de responsabilidades compartidas, en su vertiente de apoyo a la asistencia a la escuela, otorgó en el ciclo escolar 2004-2005 un total de 5.1 millones de becas y para el presente ciclo 2005-2006 se pretende alcanzar la cifra de 5.4 millones de becas, de las cuales el 87 por ciento se destinarán a educación básica y el resto a educación media superior.
Los avances en la materia son importantes, pues en las zonas urbanas el impacto del programa se tradujo en el aumento de la inscripción escolar de los niños y niñas de siete años de edad, de 13.3 y 7.7 por ciento, respectivamente, así como en la reducción del 23.7 por ciento de las tasas de abandono escolar de los jóvenes de 16 a 19 años de edad.
En las zonas rurales, el programa incrementó en alrededor del 33 por ciento la probabilidad de que los jóvenes entre los 12 y 14 años de edad transiten a la secundaria. En las zonas rurales, gracias a Oportunidades, los jóvenes de entre 15 y 18 años de edad alcanzaron un año adicional de escolaridad, lo que representa un incremento de 14 por ciento en logro educativo.
Asimismo se ha flexibilizado e incrementado la calidad y pertinencia de los modelos del Instituto Nacional de Educación para Adultos y del Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo, dirigidos a 32.5 millones de personas en el país, entre las que se encuentran sectores prioritarios de población como mujeres indígenas monolingües y bilingües, jóvenes mayores de 18 años, adultos mayores, personas con discapacidad, personas jornaleras, agrícolas, migrantes e incluso población mexicana que reside en los Estados Unidos de Norteamérica que no han iniciado o concluido su educación básica.
En lo que va del sexenio el promedio de años de escolaridad aumentó de 7.6 a 8.2 años. Asimismo el índice de analfabetismo disminuyó en 1.2 puntos porcentuales al ubicarse en 8%.
Sin duda el avance logrado es un reflejo de esfuerzo compartido de los diversos ámbitos de gobierno que les corresponde la gestión educativa, como de los esfuerzos del Legislativo por aprobar mayores recursos a la función educativa.
No obstante, aún falta un buen trecho para alcanzar niveles de desarrollo humano alto comparables a los países con los que tenemos mayor cercanía o de aquéllos con los que formamos parte como la OCD.
Es imperioso eficientar la acción gubernamental para que garantice la educación de millones de mexicanos que hoy representan la oportunidad del bono demográfico.
El Estado tiene un deuda moral con las familias que hoy día están limitadas para enviar a sus hijos a la escuela. Por ello, debe centrar su atención en proveer la oportunidad educativa a todas las personas, pues hacerlo le significará romper su situación de pobreza y abrir sus opciones de vida.
Debemos aprovechar lo que hoy tenemos a nuestro favor, un amplio sistema de escuelas particulares a las que recurren padres de familia de ingresos medios y altos, para ver satisfecha la educación de sus hijos.
El sistema de escuelas particulares reconocido en la Constitución y de manera amplia en la Ley General de Educación, ha contribuido en la oferta educativa permitiendo al Estado orientar su acción en las áreas de mayor rezago educacional, atemperando las desigualdades regionales que registra el país.
En este tenor de ideas y con base en el compromiso que el Estado y Acción Nacional tiene para con la sociedad mexicana, consideramos oportuno y justo establecer un incentivo fiscal que permita a los padres de familia tener un mayor beneficio por invertir en la educación de sus hijos y al mismo tiempo permitirá elevar con menores costos para la población, el nivel educativo de nuestra sociedad en la medida en que el beneficio fiscal se otorga para el gasto ejercido en educación básica.
Así, el incentivo fiscal se aplicará por un monto anual de hasta 200 salarios mínimos generales vigentes; este monto no lo podrán deducir los padres de familia contribuyentes que pagan colegiaturas por la educación de sus hijos en escuelas particulares de educación básica, con autorización de las autoridades educativas, es decir, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria que son los niveles educativos que el Estado está obligado constitucionalmente a impartir.
La deducción fiscal del gasto en colegiaturas por el monto propuesto y para los niveles educativos señalados, disminuyen significativamente la base fiscal para el cálculo del impuesto gravable, lo que permita a las familias contar con un mayor ingreso disponible para generar ahorros y engrandecer su patrimonio.
Sin duda como hemos mencionado, el Estado debe alentar y promover todos los tipos y modalidades educativas, no obstante educativos, las finanzas públicas del Estado Mexicano deben seguir manejando con responsabilidad y prudencia, razón por la cual el financiamiento, el estímulo fiscal no es suficiente para otorgarse de manera generalizada y a todos los niveles.
De hecho, la cobertura en educación superior es de apenas el 23%, lo cual nos indica que apenas una quinta parte de la población en edad de cursar la educación superior es atendida.
Si a estos pocos privilegiados les concedemos la gracia de la deducción en sus colegiaturas, estaríamos acentuando las condiciones adversas a las que se enfrentan los menos favorecidos; generaríamos un efecto perverso que en vez de cerrar la brecha de la desigualdad económica la ampliaría aún más.
Además la oferta de educación superior pública beneficia 12 veces más a los estudiantes de familias con ingresos económicos de los 3 últimos deciles con relación a los alumnos que provienen de familias situadas en los 3 primeros deciles de ingreso de la población. Ello implica que de otorgarse la deducción se profundizaría la inequidad en el acceso.
Por esta razón la presenta administración ha establecido el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, PRONABES, dichas becas no son reembolsables, se entregan mensualmente a aquellos estudiantes en condiciones económicas adversas para que inicien o continúen sus estudios universitarios.
La historia ha demostrado que las acciones amplias y universales generan distorsiones y no alcanzan sus objetivos para tener serios problemas de inclusión o exclusión, no deseados por los programas.
Asimismo se ha demostrado que los incentivos pueden ser regresivos si se aplican sin criterios de equidad o justicia distributiva. Por ello Acción Nacional ofrece una respuesta responsable en términos de las finanzas públicas del gobierno federal así como en cuanto a los incentivos otorgados a los contribuyentes del Erario Nacional.
Consideramos relevante coadyuvar con diversas acciones para que la educación básica sea la base de trampolín para acceder a niveles educativos superiores. Estamos convencidos que nuestra propuesta camina en este sentido.
Es así que la propuesta de apoyar a los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas particulares en algún nivel de la educación básica y que contribuyen con sus impuestos al Erario Nacional, les brindará un incentivo directo en su economía familiar al tiempo que permitirá al Estado fortalecer la calidad y equidad educativa.
Por lo anteriormente expuesto se propone a esta H. Soberanía, el siguiente proyecto de iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"Articulo Unico: Se adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 176.- Fracción IX.- Las erogaciones efectuadas por el contribuyente en el ejercicio de que se trate, hasta por un monto anual que no exceda el equivalente a doscientas veces el salario mínimo general por concepto de colegiaturas pagadas en la educación básica obligatoria, exclusivamente a favor de los descendientes directos en línea recta en primer grado siempre y cuando dichas erogaciones se realicen a sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley cuyo objeto sea la enseñanza.
TRANSITORIOS:
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de enero de 2006".
Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de Ley del Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Pública.
La diputada Lizbeth Rosas Montero: Con su permiso, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Lo tiene señora diputada.
La diputada Lizbeth Rosas Montero: La suscrita, Lizbeth Rosas Montero, diputada federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del PRD, presento a la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley del Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Pública, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El estado por definición, tiene la obligación primordial de garantizar la vida a la integridad personal de los derechos y bienes jurídicos de todos los integrantes de la sociedad.
Un estado que es incapaz de satisfacer esta necesidad fundamental puede establecerse que se encuentra en el inicio de su disolución, lo cual va en detrimento directo y en menosprecio concreto del valor de la persona humana, único y esencial sentido de creación y mantenimiento de la figura estadual (?)
En este sentido, las ejecuciones, los secuestros, la desaparición de periodistas, las balaceras en vía pública y el robo a transeúntes, son algunos de los hechos criminales que hacen que la sociedad perciba con enorme preocupación que las autoridades federales en la materia, al final del sexenio no tienen un plan estratégico; en todo caso reaccionan de acuerdo al momento. Frente a esta situación, quienes se dedican a la industria del delito se sienten fortalecidos ante la ineptitud y ausencia institucional.
Existe la percepción sobre la disolución social cuando hay serios y fundados indicios sobre la infiltración del narcotráfico en las corporaciones policíacas del país.
Particularmente llama la atención el caso de la Policía Federal Preventiva y de la mismísima AFI al respecto de las instancias competentes del Gobierno Federal que no se ha actuado en consecuencia.
El delito tiene múltiples causas para su comprensión y adecuado combate, pero es la vinculación de algunos miembros de las instituciones de seguridad pública con las organizaciones criminales lo que traiciona la frágil confianza de la sociedad, lo cual introduce un enorme potencial desestabilizador de todas las instituciones del Estado, y al final destructor de la sociedad misma.
La opinión pública se presenta. Cómo vamos a lograr la seguridad pública tan requerida si nuestros jóvenes no tienen oportunidades efectivas de estudio, de empleo, ausencia de políticas eficaces de desarrollo laboral y profesional.
Por ello expresamos que mientras exista un modelo social y económico, estructuralmente injusto y en tanto la sociedad en su conjunto no mejore integralmente sus niveles de vida, no habrá resultados positivos en materia de seguridad pública.
No es posible garantizar la seguridad ciudadana alguna mientras persista un modelo económico que promueva y garantice una excesiva concentración de la riqueza en tanto una amplísima capa social que sobrevive en la pobreza.
En un lugar común, la importancia que tiene la participación ciudadana en la prevención social del delito, pero hasta ahora no se le han brindado al ciudadano los mecanismos y las formas para su adecuada participación en la materia; sólo se busca inducir.
Por ello, es de enorme importancia y relevancia para el grupo parlamentario del PRD presentar esta iniciativa de creación del Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Pública como un organismo plenamente autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión, el cual se constituirá como un órgano de la sociedad y al servicio de ésta.
Su objeto, programas, servicios y acciones tendrán como misión primordial atender a la prevención del delito y la protección y promoción de la defensa de los derechos y libertades fundamentales de la persona.
El Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Pública tendrá por objeto evaluar permanentemente los programas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con la finalidad de verificar que se realicen de conformidad como lo establece la Constitución y los instrumentos y las leyes en la materia.
Adicionalmente, el Instituto tendrá por objeto proponer políticas públicas que permitan una mayor eficiencia y eficacia de los programas de prevención social y que establezca con la Secretaría de Seguridad Pública la supervisión y vigilancia permanente de las actividades que realicen los servidores públicos de dicha institución, así como evaluar permanentemente las actividades de la Policía Federal Preventiva e informar, de manera transparente, a la sociedad --y periódica—al respecto del actuar como órgano de consulta y asesorías especializada en materia de prevención social y seguridad pública.
Se enfatiza que los nombramientos de los consejeros ciudadanos y del presidente del Instituto deberán recaer en personas que reúnan los siguiente requisitos: ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos y facultades, tener cumplidos 35 años de edad al día de la elección y contar sobre todo con la experiencia en materia de justicia, seguridad pública o actividades afines, así como no desempeñar y no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político.
El titular del Instituto deberá constatar con su compromiso y convicción con acciones a favor de la defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales; asimismo, tener una actitud abierta y sensible, con plena atención a las necesidades que en materia de prevención y seguridad pública le plantee al gobierno la sociedad.
Se propone que el presidente del Instituto deberá ejecutar las decisiones, acuerdos y resoluciones del consejo ciudadano, administrar y representar legalmente al Instituto, ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del consejo ciudadano, presentar a consideración y, en su caso, aprobación del consejo, el estatuto orgánico del Instituto y además el presidente del Instituto deberá formular los programas institucionales bien planeados, con tiempo, no al bote pronto, para la aprobación del consejo y formular anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto para previa aprobación del consejo y enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para así designar y remover a los servidores públicos del mismo.
Se propone también en la iniciativa que el Instituto contará con un órgano de control interno, el cual se regulará por las leyes de la materia.
En la presente iniciativa se establece que las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por la Ley del Trabajo reglamentaria, del apartado A del artículo 123 constitucional.
Consideramos que los poderes públicos del Estado tienen la obligación de garantizar el mínimo de condiciones para proteger la seguridad y los bienes jurídicos fundamentales del conjunto de las personas que conforman a la sociedad: la vida, la integridad personal, las libertades fundamentales, las garantías de legalidad y seguridad jurídica que constituyen elementos indispensables para garantizar la construcción y la consolidación de un estado democrático de derecho.
Por ello, el Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Pública se constituirá en un organismo público, con autonomía técnica y de gestión al servicio de la sociedad, integrado por un consejo verdaderamente ciudadano, quien será la máxima instancia en la toma de decisiones que permitan establecer los mecanismos de control ciudadano y evaluación de las actividades, programas y funciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Aseguramos, compañeros diputados, que el Instituto Ciudadano, a través de objeto y atribuciones, cumplirá eficazmente con su misión y con el conjunto de la sociedad, quien será la beneficiaria directa de las acciones institucionales dirigidas a la prevención social del delito y contribuir a garantizar la seguridad pública.
Quiero agradecer también para la elaboración de esta iniciativa de ley la participación directa que tuvieron y sus aportaciones diversos grupos de la sociedad civil como el Conaju, la Canaco, Coparmex, Canacintra, Consejo Indígena Permanente, Agenda Ciudadana y el Conceu, entre otras.
Es cuanto, ciudadano Presidente.
(Aplausos)
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta Presidencia recibió iniciativa que adiciona una fracción IX al artículo 6o. de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Como lo ha solicitado, túrnese a la Comisión de Economía.
Se entregó en esta Presidencia la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Francisco Arroyo Vieyra, del PRI; Javier Orozco Gómez, del PVEM; Marcela Guerrero Castillo, del PRI; Dolores Gutiérrez Zurita, del PRD; Manuel Gómez Morín Martínez del Río, del PAN; y Oscar Gonzáles Yánez, del PT.
Como lo han solicitado, túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 8, 9, 142, 147, 150 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, Presidente.
"Ciudadanas Diputadas;
"Ciudadanos Diputados:
"Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 de la Constitución General de la República, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 9, 142, 147, 150 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas bajo el tenor de la siguiente
"Exposición de Motivos:
"El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos preceptúa el marco legal de las instituciones militares que de ningún modo se limita a la Defensa Nacional porque participa en sectores sociales prioritarios. Las instituciones militares se distinguen por el goce restringido de sus derechos en relación a sus connacionales. Sin embargo, una prerrogativa que el Estado les ha garantizado de manera constante es el disfrute de los servicios de seguridad social a través del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
"Con la promulgación de la Ley de este Instituto el 29 de julio de 1976 el Ejército, la Fuerza Aérea y La Armada actualizaron su normatividad para garantizar los servicios indispensables. Sin embargo, cuenta con imprecisiones legales que dificultan la aplicación en casos concretos porque excluye a grupos vulnerables y preceptúa algunas hipótesis carentes de actualidad.
"Los artículos 7 y 9 otorgan facultades de vigilancia para la conducción del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Dependencia que por efectos de la reforma al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 21 de mayo del 2003 fue replanteado su nombre por el de Secretaría de la Función Pública, siendo importante actualizar estos preceptos con el fin de legitimar la participación de este órgano en los fines encomendados.
"Los artículos 142 y 147 consagran el espíritu del artículo 4 tercer párrafo de la Constitución General de la República, relativos a la protección de la salud, que para hacer efectiva esta obligación el Estado a favor de los militares y sus derechohabientes, es indispensable dejar de restringir al primero de los numerales, sólo a velar por conservar la salud de los beneficiarios, porque se debe establecer que el Instituto se obligará a iniciara actividades programáticas mediante campañas encaminadas a erradicar y prevenir enfermedades.
"Asimismo, para dar cumplimiento a la garantía social del artículo 4º de la ley fundamental, debemos erradicar el sentido discriminatorio del artículo 147 de la ley en comento, ya que excluye a las personas adultas mayores, los militares discapacitados y sus beneficiarios con estas características, toda vez que no los enuncia, pero son susceptibles de aplicación de la hipótesis que prevé el consentimiento previo para la hospitalización de pacientes, los cuales por su situación están imposibilitados a manifestar su voluntad.
"Otro caso similar se consagra en el artículo 150 de la citada ley, relacionado con el deber de proveer servicios de lactancia a los infantes que exigen para el otorgamiento del suministro, acreditar su necesidad natural a través de un certificado médico, incluso para el caso de defunción de la madre. Habida cuenta que esto es incongruente, toda vez que por razones lógicas a un lactante de ningún modo se debe condicionar su alimentación a un documento y mucho menos a uno ajeno al acta de defunción, porque atenta contra la vida de un menor desprovisto de medios para su subsistencia.
"Finalmente el artículo 180 debe actualizarse en la hipótesis de los datos que el Instituto exige para identificar a los militares en retiro, mediante la exhibición del instrumento que fortalece la eliminación de homonimias, siendo éste la Clave Única de Registro de Población, con la finalidad de transparentar los procesos administrativos que eviten burocratizar el acceso a los servicios.
"Un México constituido por instituciones capaces de responder a las necesidades de las estructurales sociales de la población, siempre será una nación digna de reconocimiento, como lo constituyen sus cuerpos castrenses a lo largo de la historia.
"Dignifiquemos la seguridad social de los militares con la excelencia que distingue su encomienda de servicio a todos los mexicanos, mediante esta reforma, con el fin de dotar a nuestras instituciones de un sentido humano.
"Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, iniciativa que reforma los artículos 8, 9, 142, 147, 150 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, para quedar como aparecen publicados en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de septiembre del 2005".
Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Sandoval Figueroa. Y de acuerdo a sus instrucciones, favor de publicar íntegro el texto en el Diario de los Debates y turnarlo a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Defensa Nacional.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Raúl Chavarría Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de crear el fideicomiso para la reparación del daño a las víctimas del delito.
El diputado Raúl Chavarría Salas: Con su permiso, diputada Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento ante esta Soberanía la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de crear el fideicomiso para la reparación del daño en las víctimas del delito.
Las víctimas del delito son una realidad de la cual de ninguna manera podemos ignorar ni cerrar los ojos. Tanto el derecho penal como la criminología han tratado tangencialmente a la víctima, careciendo éstos de un interés real por el problema de la misma.
A pesar de que el movimiento mundial a favor de los Derechos de las Víctimas no es reciente en nuestro país, fue hasta 1993 cuando se reforma el Artículo 20 Constitucional para que la víctima tuviera una presencia en el ámbito del Derecho. A partir de entonces, surgen una serie de reformas a leyes secundarias así como a os primeros esbozos de un genuino interés por la víctima del delito.
Las reformas del 21 de Septiembre del 2000 del artículo mencionado, deroga el último párrafo de la Adición del 93 formando dos Apartados, el de las Garantías del Inculpado y el de las garantías del ofendido. A diferencia del inculpado delincuente quien tiene la garantía constitucional de una defensa adecuada e incluso gratuita, mediante la Defensoría de Oficio, la víctima o el ofendido sólo tiene garantía de recibir asesoría jurídica y a que se le satisfaga la reparación del daño, cuando proceda, así como coadyuvar con el Ministerio Público y a la Atención Médica de Urgencia, cuando lo requiera.
No obstante lo anterior, el Estado ha olvidado que por disposición expresa del Artículo 21 constitucional, es a él a quien corresponde proveer lo necesario , proporcionar seguridad pública a los particulares gobernados.
De igual forma, debe resaltarse que en la práctica el Ministerio Público no realiza acciones deficientes para tutelar realmente al ofendido o a la víctima del delito. Ejemplo de ello, es que tampoco trata de obtener para ellos la reparación del daño físico, moral o patrimonial y los perjuicios que le fueran causados por el delito. Dentro del proceso, extrañamente el Ministerio Pública se preocupa por seguir recabando y ofreciendo pruebas que vengan a fortalecer la acusación, menos aún se preocupa de aportar las pruebas necesarias para demostrar la existencia del daño y los perjuicios ocasionados por el delito y su cuantificación, pues a esta acción le otorgan el Ministerio Público un carácter secundario abocando con prelación a la persecución del delito y del delincuente.
La situación actual que presentan las víctimas y ofendidas es del dominio público pues no se necesita ser Jurista, Victimólogo o Criminólogo para apreciar una realidad latente que nos atañe y afecta día a día. Ejemplo de ello, son los múltiples casos de privación legal de la libertad, en la modalidad de secuestro, cuyo producto del delito deja a una familia entera en total insolvencia económica, pues no le importan los bienes materiales, su único objetivo es la salvaguarda de la víctima o del familiar.
El robo de vehículos, fraudes entre otros ilícitos de orden patrimonial, afectan notablemente la economía de las personas; las víctimas de violación, homicidio, abuso de autoridad, tortura, entre otros en los cuales el daño moral suele ser más grave que el económico.
Todas estas víctimas, compañeros Diputados y ofendidos, reclaman válidamente la reparación del daños sufrido a manera de compensación, que desafortunadamente, en la mayoría de los casos resulta materialmente difícil en cuanto a su reparación, toda vez que la víctima se ve expuesta a una Viacrucis legal que en la mayoría de las veces se convierte en otra forma de criminalización.
No debemos olvidar que los derechos de las víctimas, son parte de los derechos humanos y este sector está demandando un hacer por parte del Estado para que no tenga como único fin lograr la paz social y eliminar la inseguridad olvidándose de la atención a las víctimas.
Debemos lograr que el Derecho Penal presente nuevas respuestas para las víctimas, rescatando la relación funcional que debe tener el Estado, no sólo reprimiendo al delincuente, sino obligando a que en forma preferente responda, frente a la víctima u ofendido, satisfaciendo la reparación del año.
Es por ello que, atentos a este marco social, los Legisladores de Acción Nacional consideramos que el diseño institucional para el combate al delito, no debe únicamente centrarse en el delincuente sino en la posibilidad de encontrar formas de resarcimiento del daño que efectivamente beneficie a las víctimas.
Asimismo, creemos que es indispensable que el Estado no sólo desarrolle las instituciones procesales relativas sino que instrumente medidas administrativas para hacer posible el resarcimiento del daño, aún en los casos donde por diversas circunstancias el sentenciado ha quedado en un estado de insolvencia tal, que no puede hacer frente a sus obligaciones para con la víctima en el caso de la reparación del daño.
Con esta propuesta se pretende adecuar los mecanismos legales encargados de regular la reparación del daño, a efecto de lograr que las víctimas del delito no queden desamparadas en cuanto al pago de la reparación del daño, ante la posible insolvencia del sentenciado, creando para tal efecto un fideicomiso para la reparación del daño de las víctimas del delito, constituido por el importe de las multas accesorias a la pena de prisión, así como de ingresos producto de la venta de bienes decomisados y abandonados en procesos penales federales.
De este modo se logrará revertir la lamentable situación prevaleciente en la actualidad, en el sentido de que lograr una efectiva reparación del daño a favor de la víctima, constituye un logro heroico, logro que muchas de las veces no se consigue ante las situaciones adversas que lamentablemente tiene que sortear la víctima.
Con esta iniciativa se pretende concretar en el ámbito federal experiencias arrojadas por legislaciones vanguardistas en diversas entidades, por lo que se propone reformar el primer y tercer párrafo del Artículo 35, el primer párrafo del Artículo 38 y adicionar un párrafo al Artículo 32 y un segundo párrafo al 38, todos del Código Penal, ello con la finalidad de crear el fideicomiso para la reparación del daño a las víctimas del delito.
Se establece como obligado, de manera subsidiaria, a la reparación del daño al fideicomiso para la reparación del daño a las víctimas del delito. La intervención de este fideicomiso, procederá cuando el imputado declare, bajo protesta de decir verdad, que no tiene bienes o que éstos no son suficientes para garantizar la reparación del daño.
De esta manera se asegurará que el imputado sea insolvente para que opere este fideicomiso, y en caso contrario éste incurrirá en un delito por declarar falsamente ante una autoridad.
Por otra parte, se prevé que el importe de la sanción pecuniaria impuesta se destinará a la reparación del daño, y si es el caso se entregará al fideicomiso para la reparación del daño a las víctimas del delito. Asimismo si la parte ofendida renunciere a la reparación del daño, el importe se aplicará a éste.
Finalmente, con el objeto de dotar recursos económicos al fideicomiso, se propone reformar el Artículo 182R del Código Federal de Procedimientos Penales para establecer que los recursos que se obtengan para la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados al fideicomiso para la reparación del daño a las víctimas del delito, para que éste cumpla con su función.
Por las consideraciones anteriores, expuestas los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupados por contar con un marco jurídico adecuado y eficiente en materia de protección de las víctimas del delito, presentamos con todo respeto a consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa.
Es cuanto diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado.
Favor de turnar la iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Se recibió en esta presidencia iniciativa presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para reformar el Artículo 56 y derogar el 60 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Favor de turnarse a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
A petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se pospone para próxima sesión la iniciativa que habrá de presentar el diputado José Mario Wong Pérez, en la que se reformaría el Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En tal virtud tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que crea el Reglamento Interior de las Comisiones del Congreso de la Unión.
En virtud de que no está presente nuestro compañero Triana Tena pasa al final del capítulo.
En tal virtud solicitamos el uso de la voz al diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona la fracción III Bis al Artículo 75 de la Ley General de Educación.
El diputado Omar Ortega Alvarez: Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
Vengo ante esta tribuna a presentar la iniciativa de ley en los siguientes términos y por las siguientes consideraciones: La educación es el medio más eficaz de vencer obstáculos para el progreso nacional en todos los órdenes y mecanismos para fortalecer nuestra nacionalidad, porque contribuye las enormes diferencias que se advierten en nuestro pueblo entre las minorías poseedoras de las más selectas culturas occidental y las grandes masas de población.
En su acepción más amplia, la educación consiste en desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales, morales y físicas del hombre. Desde un punto de vista social, tiende a formar individuos aptos, plenamente identificados con la comunidad en que viven y capaces de realizar todos los fines de la vida, no aisladamente, es decir, con un amplio sentido de solidaridad humana y con un aprecio hacia la patria. Estos propósitos y alcances de la educación, sin embargo, lamentablemente, han sido confundidos y socavados por actitudes irresponsables y presumibles de violaciones a lo preceptuado en la normatividad vigente en materia educativa y en otros ordenamientos legales.
A veces las palabras salen sobrando ante la contundencia de los hechos, por ello me voy a permitir leer la misiva que la maestra Flor María Jiménez, Directora Académica de la Universidad ITAC (¿), ubicada en el municipio de Coacalco, envió al profesorado de las asignaturas de esa institución educativa de fecha 11 de abril del presente año.
Leo textualmente: "Les solicitamos informar a sus estudiantes que el viernes 15 de abril, administrativos, docentes y alumnado de la Universidad ITAC (¿) participarán en la inauguración del Puente Juan Pablo II, ubicado en el boulevard José López Portillo. La ceremonia será encabezada por la licenciada Julieta Villalpando, Presidenta Municipal de Coacalco, estado de México y estará como invitado principal el Presidencia licenciado Vicente Fox. Por tal motivo, sugerimos que vengan vestidos de jeans azules, camisa blanca o playera tipo "polo" blanca, tenis blancos y llevar gorra o sombrilla. Partiremos a las 9 am, por lo cual la clase de la primera hora se llevará a efecto. Asimismo, pedimos que el docente instrumente un guión para que sus estudiantes recuperen esa experiencia y realicen un análisis o trabajo de investigación para su asignatura. Además, a cada profesor se le comisiona para vigilar el orden y la integridad física de sus estudiantes, coadyuvando al buen comportamiento de los mismos. No olviden pasar lista de presente de la llegada y despedida de su grupo en el lugar de la reunión".
En efecto, en esos términos participó la comunidad de esta institución, sólo que no fue la única coaccionada a asistir al evento; profesores, personal administrativo y alumnos de otros planteles educativos también fueron obligados a acudir con similares exigencias.
Lo anterior no tendría ninguna relevancia o trascendencia, si no fuerva porque entraña consecuencias de carácter político, social, jurídico y administrativo, porque ese tipo de actividades va más allá de una simple invitación; se trató en esencia de un acto de carácter proselitista a favor de un partido político, es decir a favor del PAN y que además se hizo en el contexto del proceso electoral en el Estado de México.
Traigo a colación este hecho de la Universidad de TAC, como premisa que fundamenta la necesidad de adicionar una fracción al artículo 76 de la Ley General de Educación, a fin de impedir que los integrantes de cualquier institución educativa pública o privada, se les coaccione a participar en actos de proselitismo político a favor de algún partido, ya sea dentro o fuera de la institución, tanto en el horario escolar como en horas distintas del mismo.
Además, el multicitado caso cobra vigencia y por consiguiente, la reforma a la Ley Educativa en los actuales tiempos adelantados de contienda electoral, con miras a los comicios del 2006, en concreto evitará cualquier tentación de los partidos políticos y de sus candidatos, a utilizar a las comunidades educativas en actos proselitistas.
Y queremos ser claros, en cuanto a que respetamos el libre ejercicio de los derechos políticos de la libertad de la ciudadanía y de los integrantes de las instituciones educativas, así como asistir a un evento público como es la inauguración de la obra en comento.
Sin embargo, una cosa es asistir por voluntad propia y otra muy distinta, hacerlo bajo coacción, sobre todo cuando se trata de instituciones educativas que están protegidas constitucionalmente.
Igualmente, reconocemos el derecho de todos y de todos los partidos políticos a hacer proselitismo, para dar a conocer sus plataformas y ofertas políticas, pero también estamos ciertos que debemos respetar los límites que nos marcan las leyes educativas y la normatividad electoral. No respetar las leyes y la normatividad, resulta grave porque se infringen en los derechos consagrados en la Constitución, no sólo del alumnado, sino también de los profesores y del personal administrativo a quien además les vulneraron sus derechos dispuestos en la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos legales en materia laboral.
Se viola en perjuicio de los objetivos de la educación y de las instituciones de nivel superior, lo dispuesto en el artículo tercero constitucional respecto a su obligación de realizar los fines para los cuales fueron creados. Esto es educar, investigar y divulgar, difundir la cultura.
En materia educativa, la legislación al respecto es muy clara al estipular que los particulares que presten servicios educativos, deben respetar y regularse por el contenido del artículo tercero constitucional y sus leyes reglamentarias.
El artículo 52 de la Ley General de Educación establece que, las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrá ser autorizadas por la autoridad que se haya establecido o en su caso ajustado el correspondiente calendario escolar.
Estas autorizaciones únicamente podrán concederse en casos extraordinarios si no implican incumplimiento de los planes y programas ni en su caso, del calendario señalado por la Secretaría.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter al pleno de esta soberanía, el siguiente Proyecto de Decreto que adiciona la fracción III Bis al artículo 75 de la Ley General de Educación para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 75 Tercero Bis.- Queda prohibido obligar, sugerir, fomentar o alentar al alumnado, docentes y personal administrativo, de los planteles educativos público o particulares, a asistir a actos proselitistas o de tipo político dentro o fuera de las instalaciones educativas, tanto en el horario escolar como en horas distintas al mismo".
Transitorios
Primero.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- La Cámara de Diputados, respetando en todo momento la soberanía de los gobiernos estatales, propone que las Legislaturas locales ponderen la adición de la fracción III Bis en sus respectivas leyes o en su normatividad en materia educativa.
Solicito, señora Presidenta, que se inserte íntegro en el Diario de los Debates, la presente iniciativa.
Es cuanto.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Ortega Álvarez, y con mucho gusto solicitamos que se incluya íntegro el texto presentado por el diputado Ortega en el Diario de los Debates y favor de turnarlo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
A petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se pospone la iniciativa que habría de presentar la diputada Martha Laguette Lardizabal, en relación a reformar el artículo 308 del Código Civil Federal.
En tal virtud a continuación tiene el uso de la voz el diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 15, 17,. 115 y 306 de la Ley General de Salud.
El diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno: Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
Con la intención de optimizar el tiempo destinado a la presentación de esta iniciativa, referiré a ustedes los elementos de mayor importancia, en el entendido de que el texto íntegro de la misma, ha sido entregada de forma simultánea para quedar publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El suscrito, apegado a los fundamentos legales vigentes en nuestro país, presento el día de hoy una iniciativa con proyecto de decreto que tiene como finalidad reformar y adicionar a la Ley General de Salud, con el objeto de lograr una mayor utilización de la medicina alternativa o complementaria, que contribuyen de manera gradual a mejorar la calidad de vida, así como ampliar las perspectivas de la sobrevivencia de la población mexicana.
Iniciaré exponiendo las razones que motivan y fundamentan esta propuesta.
Son causas del incremento gradual en el uso de la medicina alternativa o complementaria, el costoso acceso a los servicios médicos alópatas de los ciudadanos que no cuentan con seguridad social; el elevado precio de fármacos, las irregularidades en el servicio médico de salud, el deterioro de las relaciones médico-paciente, así como la molestia constante de los usuarios, porque los médicos del sector público tienen muchos pacientes y requieren de una atención más personalizada.
Para atender esta problemática que se da no sólo en México, sino en muchas partes del mundo, la Organización Mundial de la Salud, lanzó su primera estrategia que ofrece aparte de información, apoyo para alentar a los gobiernos a reconocer la importante contribución que realización determinadas formas de esta medicina para mejorar y mantener la salud y que s aún más importante la Organización Mundial de la Salud, ofrece colaborar con los estados miembros, a brindar mayores elementos que les permitan mejorar sus legislaciones nacionales e implementar políticas al respecto.
Busca por otro lado fomentar la seguridad, la eficacia y la calidad de la medicina y procura centrar su atención en el refuerzo de la metodología de investigación y en el aumento de calidad, cantidad y accesibilidad de la evidencia clínica para respaldar su utilización. Son estas razones entre otras, las que están dando origen a esta iniciativa, por lo que a continuación se detallan los artículos que propongo modificar.
El artículo 15 de la citada ley que refiere lo que es el Consejo de Salubridad General, en este caso proponemos adicionarlo señalando el perfil general de los profesionales que podrán integrar dicho Consejo.
En el artículo número 17, ubicamos el sentido de la propuesta en dotar al Consejo de las facultades necesarias para opinar sobre el reconocimiento oficial del uso y aprovechamiento de algunas formas de medicina alternativa y complementaria.
Después de un riguroso procedimiento científico, en el mismo texto propuesto para adicionar, se detalla lo que se entiende como medicina alternativa o complementaria, de acuerdo a la definición que la Organización Mundial de la Salud ha proporcionado como punto de partida.
Para el artículo 96, se busca integrar esta medicina a la investigación para la salud, de manera que se considere de forma constante su importancia y aportaciones al Sistema Nacional de Salud.
En el 133, se pretende incrementar la prevención y control de enfermedades, adicionando mayores facultades de la Secretaría de Salud, para que busque crear conciencia del valor de las propiedades de los alimentos y su correcta utilización, eligiendo de manera correcta los insumos necesarios para las dietas preventivas y correctivas, de acuerdo a los tratamientos del médico tratante.
El 224, que habla de la clasificación de los medicamentos, también se sugiere adicionarlo para que en su utilización se cuente con la opinión del Consejo de Salubridad General, en el caso de los medicamentos homeopáticos y herbolarios.
Para el artículo 300, donde se habla de la autorización de la publicidad, se pretende adicionar la medicina alternativa y complementaria, para que también se cuente con la autorización correspondiente y se evite de esta forma problemas de credibilidad y reconocimiento de los beneficios que se pueden obtener con los productos.
Por otro lado, en el 306, se propone que los mensajes publicitarios de los artículos de salud, aparte del sentido orientador y educativo, motiven a los usuarios a vivir profilácticamente en armonía con su ambiente.
Finalmente el artículo 310, que nos dice hacia donde se debe dirigir la publicidad de la población en general, proponemos adicionarlo para que también la medicina alternativa o complementaria sea incluida en este tipo de publicidad.
Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señora Presidente.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Hinojosa Moreno.
Favor de turnar la iniciativa a la Comisión de Salud.
A continuación tiene nuevamente el uso de la voz nuestro compañero diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
El diputado Omar Ortega Alvarez: Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
La iniciativa de reforma de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que hoy presento, se funda en la preocupación que en múltiples ocasiones, ante la Subcomisión y ante este mismo pleno, su servidor hizo latente. Inquietud que surgió con la situación que detectamos en torno al incumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología por parte de las autoridades competentes en la materia.
Para ser específicos, el 29 de febrero de 2003, el Coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, Victor Manuel Villalobos Arámbula, firmó con los gobiernos
de Estados Unidos y Canadá, el Acuerdo para establecer los requisitos de documentación para organismos vivos modificados para la alimentación, forraje o para procesamiento, Acuerdo que tiene por objeto garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación, utilización segura de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que pueden tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana y centrándose en los movimientos transfronterizos.
Sin embargo y tal como denuncié ante esta tribuna y ante las autoridades responsables este acuerdo es a todas luces ilegal por haber sido suscrito por un servidor público que carece de facultades para hacerlo y solapado, por el encargado de la Secretaría del Ramo, en cuya persona recae toda la responsabilidad por este acto contrario a derecho.
Esta acción nos alertó sobre la intención del Ejecutivo de pasar por alto las disposiciones de este instrumento normativo de carácter internacional. Por lo que como mencioné fue denunciado tanto penal como administrativamente con el fin de que se castigara a aquellos servidores públicos, en este caso al titular de la SAGARPA y al coordinador de asuntos internacionales por su ilegal conducta.
Cabe señalar que hoy a casi un año de presentadas ambas denuncias y después de interponer varios recursos, inclusive irnos al amparo, la justicia nos ha dado la razón y en la última resolución se me concede el amparo de la justicia federal contra el no ejercicio de la acción penal que se pretendía decretar a favor de ambos servidores públicos.
Situación jurídica que nos congratula por la importancia que revisten estos temas de certeza y legalidad en materia de bioseguridad. Enhorabuena al Poder Judicial.
Ahora bien la Ley de Bioseguridad de OGMs es el marco jurídico que más que proteger la bioseguridad de la nación y aplicar el Protocolo de Cartagena, parece que fue hecho a la medida de las empresas trasnacionales que mantiene el monopolio de esa tecnología y lejos de instrumentar el citado instrumento internacional, procura desdibujar las regulaciones con las que México se comprometió.
El Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado en el año 2003 por el Senado de la República, tiene un carácter supremo con base en nuestra propia Constitución Política y se centra en la importación o exportación de OGMs.
Por lo que la suscripción de un instrumento internacional de tal envergadura debe ser atendida puntualmente por cualquier legislación nacional que se emita y el Estado Mexicano debe vigilar que la biotecnología moderna cubra en primera instancia los requerimientos nacionales.
Por ello la introducción de organismos genéticamente modificados en México, sobre todo de aquéllos que provienen del exterior, deben ser evaluados en función de las necesidades del desarrollo nacional, protegiendo la biotecnología moderna que se desarrolla en el país, la salud humana y animal la vega biodiversidad con que México cuenta y acatando las disposiciones de los acuerdos internacionales signados.
Por lo que la presente iniciativa se funda en los compromisos que como legislador tengo tanto de dar cabal cumplimiento a las normas existentes, como de considerar las múltiples observaciones de las que fue objeto a lo largo del proceso de discusión y análisis de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Esto en base a una premisa básica de nuestro partido en cuanto a que la participación ciudadana no es un simple ejercicio de retórica sino que debe convertirse en un compromiso por asumir, ya que reiteradamente se señaló que el enfoque de precaución en esta ley no estaba suficientemente reflejado, de hecho, se consideraba que la iniciativa que se discutió, desdibujaba ese principio fundamental. Este enfoque emana del principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y debe ser de consideración central que se contemple en los artículos que corresponden a la toma de decisiones evitando su reducción a un enfoque de manera de prevención.
Por otra parte, el acuerdo fundamentado previo no se menciona en la ley, este procedimiento estipulado en el Protocolo de Cartagena, debe llevarse a cabo previo a cualquier movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados.
La reforma que estoy proponiendo incluye este instrumento en el cuerpo del articulado y establece la debida correspondencia con las disposiciones del Protocolo de Cartagena.
Dada la trascendencia del material que se está regulando y las consideraciones económicas que sobre el campo mexicano puede tener, se observa la necesidad de establecer un capítulo sobre la importación de organismos genéticamente modificados.
La reforma que propongo parte del entendido de que se requiere dar un tratamiento exclusivo al material correspondiente, a organismos genéticamente modificados que procedan de otros países, ya sea para consumo humano o animal; para siembra o bien para experimentación. De esta manera se protegerá tanto a la investigación nacional como a los productores y a los consumidores.
En la Ley, se establece el mismo tipo de permiso para los organismos genéticamente modificados de origen nacional, como para aquellos que se importen mientras que el Protocolo de Cartagena define con detalle el procedimiento para movimientos fronterizos de organismos genéticamente modificados.
Las importaciones de organismos genéticamente modificados no deberán ingresar al país sin el consentimiento previo e informado del Gobierno Mexicano. Serán notificadas por el país importador y el gobierno podrá expedir una autorización previa a su ingreso al territorio nacional, adecuando el procedimiento interno a las disposiciones del Protocolo de Cartagena.
Por último, se incluye modificaciones a dos artículos transitorios para impedir que los permisos otorgados o solicitados con anterioridad se rijan por un marco regulatorio inexistente.
Mucho se ha dicho que la urgencia de contar con esta legislación era la necesidad de solventar el vacío legal que existía en esta materia. Por ello sorprende que mediante estos transitorios se validen permisos emitidos sin la normatividad adecuada. Es urgente modificar estos artículos pues de no hacerlo así, abrirían la puerta a un procedimiento ilegal que nos obligaría nuevamente a acudir ante el Poder Judicial.
Es cuanto señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A solicitud del diputado Ortega Alvarez, favor de incluir íntegro el texto en el Diario de los Debates y turnarlo a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la de Agricultura y Ganadería; y a la de Ciencia y Tecnología.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por el propio diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y el diputado Francisco Monarrez Rincón, ambos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez: Gracias diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados.
En sesión del 20 de julio de este año, sometimos a esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de reducir el número de diputados y senadores substituyendo la figura plurinominal por la de primera minoría, con el objeto de democratizar nuestras Cámaras Federales y por consiguiente los congresos locales, atendiendo la figura de la representación legítima; es decir aquella que refleja con nitidez la voz del pueblo y que objetive lo mandado por la ley fundamental.
Sostenemos nuevamente que en los estados modernos el poder supremo del estado, es decir la soberanía, pertenece al pueblo. Tal y como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 39 la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, lo cual constituye inevitablemente al sufragio universal, así cada ciudadano al participar con su voto expresa y hace valer la parte alícuota de la soberanía que le corresponde.
México debe ser un país moderno, estructural e institucionalmente ya que sólo así los derechos fundamentales, civiles y políticos de los ciudadanos estarán garantizados.
Con esta reforma se pretende entre otras cosas, fortalecer a los partidos políticos en lo que esencialmente le corresponde y acotarlos en todo aquello que se encuentre fuera de su ámbito real de competencia, considerando los tiempos actuales y las necesidades de la colectividad.
En su momento la reforma electoral que dio vida a los legisladores plurinominales fue necesaria para que las minorías estuvieran también representadas. En estos momentos es necesario adecuar la ley y evitar los excesos.
En ese tenor de ideas es que proponemos fundamentalmente la reducción del número de diputados y senadores: 400 y 96 respectivamente, al sustituir la figura plurinominal por la de primera minoría, eficientando así el trabajo legislativo.
En ese sentido y de conformidad con lo antes expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto.
1. Se reforman los numerales 1 y 2 del artículo 11 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se derogan los numerales 3 y 4 de dicho ordenamiento.
Artículo 11. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales y nominales, y 100 diputados de primera minoría, que serán electos de entre los que compitieron por el principio de votación mayoritaria relativa, considerando el porcentaje de votación más alto dentro de las circunscripciones establecidas.
La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años.
Segundo. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadores, de los cuales en cada estado y en el Distrito Federal dos serán elegidos por el principio de mayoría relativa y uno será asignado a la primera minoría.
Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrarse en la lista con dos fórmulas de candidatos.
La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que establece la lista de partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.
Segundo. Se modifican los numerales 1 y 2 y se deroga el 3 del artículo 12
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 12. Para los efectos de este Código se entenderá por votación total emitida la suma total de votos depositados en las urnas.
2. Para los efectos de este Código se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 2 por ciento y los votos nulos.
1. Se modifican los numerales 1, 2 y 3 del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 13. Las elección de los 100 diputados según el principio de primera minoría se sujetará a lo siguiente:
Primero. Un partido político, para obtener diputados de primera minoría, deberá acreditar que participó con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales.
Dos. Los 20 diputados de cada circunscripción que, de acuerdo al porcentaje, hayan obtenido la votación más alta después de los de mayoría relativa serán considerados de primera minoría.
Tres. Al partido político que cumpla con lo establecido en los numerales 2 anteriores, independientemente y adicionalmente a las constancias relativas que hubiesen obtenido en sus candidatos, les serán asignados por el principio de primera minoría el número de diputados que la hayan obtenido.
Quinto. Se reforman los numerales 1, 2 y 3 y se derogan los numerales 4, 5 6 del artículo 18 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 18. Para la asignación de senadores de primera minoría a que se refiere el artículo 56 de la Constitución se sujetará a lo siguiente:
Primero. Un partido político, para obtener senadores primera minoría, deberá acreditar que participó con candidatos a senadores por mayoría relativa en por lo menos 16 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal.
Los 32 senadores que de acuerdo al porcentaje hayan obtenido la votación más alta después de los de mayoría relativa, serán considerados de primera minoría.
Tercero. Al partido político que cumpla con lo establecido en los numerales anteriores, independientemente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, les serán asignados por el principio de primera minoría el número de senadores que hayan obtenido.
Transitorios.
Primero. Las disposiciones que contravengan a lo aquí dispuesto quedarán sin efecto al momento de la publicación del presente decreto.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente, por el grupo parlamentario del PRI, diputado Francisco Monarrez Rincón y su servidor, diputado Francisco Astiazarán Gutiérrez. Es cuando, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Astiazarán. Favor de turnar la iniciativa a la Comisión de Gobernación.
A petición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se retiró la iniciativa que habría de presentar la diputada Evangelina Pérez Zaragoza, relativa a la reforma al artículo 34 de la Ley General de Desarrollo Social, para incorporar diversas disposiciones en materia indígena.
Asimismo, a solicitud el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pospone la iniciativa que habría de presentar la diputada Eliana García Laguna en relación a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En tal virtud tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que crea el Reglamento Interior de las Comisiones del Congreso de la Unión.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia.
"Quizá uno de los grandes mitos en el contexto de la dignificación del parlamento mexicano se dio con la confirmación, cuando ningún grupo parlamentario alcanzó por sí solo la mayoría absoluta necesaria para integrar reforma unilateral al órgano encargado de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
"Los grupos parlamentarios se vieron obligados a negociar la creación de una nueva Ley Orgánica para el Congreso y es por esta razón que en septiembre del ´99 se expide la actual Ley Orgánica que rige la vida interna de ambas Cámaras. La cual, si bien es cierto que representa un importante avance en la democratización y claridad del marco normativo del parlamento mexicano, también es verdad que aún es necesario abundar en el perfeccionamiento del mismo.
"En este contexto, que en la LVIII Legislatura y durante el tiempo transcurrido de la LIX se han presentado diversas iniciativas de reforma tanto a la Ley Orgánica como al Reglamento respectivo. Pero el fortalecimiento del Poder Legislativo en México es un asunto aún no concluido y parte fundamental para la consolidación de éste se encuentra en el trabajo en Comisiones, pues es ahí donde se discuten, analizan, estudian o modifican cada una de las iniciativas o proposiciones que son remitidas por el pleno de su respectiva Cámara.
"Es apremiante dar sustento al trabajo de las Comisiones Legislativas pues para nadie es un secreto que la improductividad de estos órganos es muy alta. De acuerdo con datos de la Secretaría General de la Cámara de Diputados el 81 por ciento de las iniciativas presentadas en la actual Legislatura no habían sido dictaminadas, como tampoco el 77 por ciento de los puntos de acuerdo. En tanto que 13 Comisiones nunca han dictaminado una sola iniciativa.
"Las causas que originan tal ineficiencia, improductividad, son distintas y muy diversas. El alto porcentaje de sesiones que no se realizan por falta de quórum, es decir, por la inasistencia de los legisladores. Según la dirección de Apoyo a las Comisiones Legislativas sólo se realizan una de cada cuatro sesiones de Comisión convocada.
"La falta de sanciones por no cumplir con los plazos para la aprobación de dictámenes establecidos tanto en la Ley Orgánica como en el Reglamento Interior, ambos del Congreso. Y la ineficiencia procedimental para la aprobación de dictámenes en Comisiones Unidas.
"La presente iniciativa intenta dar solución a estos y muchos otros obstáculos a los que se enfrentan los legisladores en sus respectivas Comisiones. Tanto la Ley Orgánica como el Reglamento para el Gobierno Interior contienen apartados referentes a la naturaleza, integración, competencia y atribuciones de las Comisiones en ambas Cámaras.
"Sin embargo, en ninguno de los dos ordenamientos mencionados se establece con precisión el funcionamiento, los procedimientos de deliberación y resolución de las Comisiones en ambas Cámaras.
"El Reglamento propuesto está dividido en siete títulos, el primero de los cuales establece las disposiciones generales del propio ordenamiento.
"En el segundo se describe el funcionamiento de la Mesa Directiva, definida como el órgano que dirige y coordina las reuniones de trabajo de la Comisión, integrada por un Presidente y el número de Secretarios que el pleno de la Cámara correspondiente apruebe. Se establecen las facultades de la Mesa Directiva entre las que destacan el designar la denominación numérica para los Secretarios integrantes de la Comisión. Ello con el objeto de establecer que será el primer Secretario quien auxilie al Presidente en la preparación del orden del día, quien pase lista de asistencia, verifique la existencia de quórum, dé lectura durante las reuniones de trabajo a los documentos que sean indicados, recoja y compute votaciones.
"En cuanto a las obligaciones de los integrantes de cada Comisión contenidas en el mismo Título Segundo, el artículo 14 señala que en caso de que algún legislador no asista a la sesión de Comisión y no justifique su inasistencia a éste se le descontará un día de dieta. Cabe mencionar que este artículo coincide con el contenido de la iniciativa de reforma constitucional aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados en el periodo extraordinario de sesiones el pasado mes de junio, que pretende elevar a rango constitucional el descuento de un día de dieta al que se harán acreedores los legisladores que no asistieren a las reuniones de Comisión. Por lo que de aprobarse ambas iniciativas, el contenido de la fracción I del artículo 14 de este Reglamento estaría sustentado en el texto constitucional.
En el Título Tercero se describe el procedimiento de trabajo en la Comisión, específicamente en lo que se refiere a las reuniones de trabajo, a las comparecencias, a la orden del día, a las deliberaciones y a las votaciones.
Por su parte, el Título Cuarto se refiere a los dictámenes definidos como estudios profundos y analíticos, ello de las proposiciones o iniciativas turnadas, exponiendo ordenada, clara y consistentemente las razones por las que el asunto se aprueba, desecha o modifica. Y agrega que estará compuesto por un preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los puntos resolutivos.
Además, este mismo Título establece los plazos para la aprobación de dictámenes por parte de las Comisiones, estableciendo también los procedimientos a seguir en caso de que los plazos señalados no sean aprobados con dictámenes.
El Título Quinto sugiere poner fin a uno de los graves problemas que en la práctica aquejan y obstruyen el trabajo en Comisiones, las Comisiones Unidas. Así, se aclara que la primera comisión que se enliste en el turno dado por la Mesa Directiva de la correspondiente Cámara, será la responsable de elaborar el proyecto de dictamen y que se deberán considerar las opiniones, argumentos o estudios que presenten los integrantes de las Comisiones involucradas.
Además, una vez aprobado el proyecto por la primera de las Comisiones Unidas, ésta deberá enviar el proyecto al resto de las Comisiones y convocar tres días después para desahogar el asunto. Y cuando el turno dado por el Presidente de la Cámara sea con opinión para alguna Comisión, ésta deberá dictaminar su opinión a la brevedad y enviarla inmediatamente a la Primera Comisión, quien habrá de analizar previo a su dictamen final.
El Título Sexto menciona lo referente a la información, afirmando que cualquier ciudadano tiene derecho a pedir y obtener información sobre los trabajos, funciones o actividades de la Comisión en términos de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Y finalmente, el Título Séptimo señala las disposiciones complementarias, estableciendo que lo no previsto en el Reglamento se regirá según acuerde el pleno de la respectiva Comisión.
En México el fortalecimiento del Poder Legislativo es un proceso que cada día se vuelve más evidente en la medida en que se ha dado atrás la obscura etapa en la que ambas Cámaras estuvieron inminentemente supeditadas al poder presidencial. Hoy en nuestro Congreso se analiza y se discute, se disiente y se converge en torno a la construcción de mejores instituciones para tener una mejor nación.
La propuesta pretende sumarse al nuevo marco institucional que requiere urgentemente el Parlamento Mexicano, pues sólo de esta manera estaremos conformando un Congreso digno del que se sientan orgullosos cada uno de los ciudadanos mexicanos.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado.
Favor de turnarlo a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias Vicepresidenta González Salas.
El siguiente punto del orden del día es la Primera Lectura de los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con Proyecto de Decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda ausentarse del territorio nacional del 13 al 15 de septiembre del próximo, a fin de que participe en la 60 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a celebrarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, del 14 al 16 de septiembre del año en curso.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Son de Primera Lectura.
Consulte la Secretaría a la asamblea, si se le dispensa la Segunda Lectura y se pone a discusión y votación de inmediato, el decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda ausentarse del territorio nacional.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
La mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la Segunda Lectura.
Está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto.
Esta Presidencia no tiene registrado orador alguno, ni en términos del 1008, ni a favor ni en contra, por lo que considera suficientemente discutido el Proyecto en lo general y en lo particular.
Se ruega a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación, por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del Decreto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina. Sí, señor Presidente.
Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del Decreto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Señor Presidente, se emitieron 378votos en pro, perdón 380 votos en pro, 2 en contra y 5 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 380 votos el proyecto de Decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda ausentarse del territorio nacional del 13 al 15 de Septiembre próximo, a fin de que participe en la Asamblea General número 60 de la Organización de las Naciones Unidas , a celebrarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, del 14 al 16 de Septiembre del año en curso.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato, el Dictamen con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al Dictamen, si se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la segunda lectura.
Esta Presidencia no tiene registrado orador alguno en términos del 108; en consecuencia, está a discusión en lo general.
Para fijar posiciones, esta Presidencia tiene registrados a los Diputados:
Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario de convergencia, Emiliano Vldimir Ramos Hernández , del Partido de la Revolución Democrática y Lázaro Arias Martínez, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra el señor Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, hasta por diez minutos.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Con su permiso, Diputado Presidente, compañeras y compañeros.
El día de hoy se vuelve realidad la publicación y la aceptación, estoy seguro por parte de todos nosotros, para esta Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Tras muchos traspiés, tras muchas discusiones, las muchas opiniones distintas, esta Ley llega por fin a un acuerdo de todos nosotros y, atendiendo sin duda alguna con interés y con cuidado las observaciones que hiciera el presidente de la república a esta ley, creo que el día de hoy todos nosotros estaremos a favor de votar por esta Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Una ley que llena un hueco fundamental que había dejado la abrogación del decreto cañero que durante muchos años rigió sobre todo las relaciones entre los industriales y los amigos del sector cañero.
No cabe duda que a pesar de que el decreto pudiera tener cosas positivas y negativas siempre, hay cosas que son perfectibles, y una de las cosas que buscamos a la hora de votar una Ley de Desarrollo Sustentable de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, es precisamente el que no se moviera ese decreto a capricho solamente del Ejecutivo sino que los industriales y los cañeros tuvieran la certidumbre de una ley que tendría que ser aprobada o modificada por la mayoría de un Congreso que en este momento, más que nunca, es un Congreso plural, que representa los intereses de todos los mexicanos, que es el mismo mosaico, ideológico, plural de una sociedad mexicana que está naciendo y emergiendo hacia la democracia.
Por eso es de reconocer el gran esfuerzo que las organizaciones que participaron, tanto las tradicionales como algunas de las que están emergiendo dentro de los grupos cañeros independientes pusieron el énfasis para que se llegara a tener una ley lo más adecuada posible.
Insisto y reiteraré, sin duda alguna una ley que va a seguir siendo revisada y perfeccionada por nosotros y por las futuras legislaciones.
Sin embargo, también hay que reflexionar, que el proceso que se vivió no fue de ninguna manera el más agradable, porque así como otras de las iniciativas que se han presentado, tratando de fomentar el desarrollo económico y social de nuestro país, fueron objetadas por el Ejecutivo, ésta vivió momentos álgidos y difíciles, que podían haberse resuelto mediante el diálogo y en su oportunidad todos los actores que involucra este desarrollo de esta iniciativa, podría haber hecho que las cosas no siguieran ese camino áspero e inclusive molesto, no solamente para los representantes del sector, ya sea industriales, obreros o campesinos sino también para las personas que sufrieron la incomodidad de las manifestaciones presentadas.
Pero sin duda los cañeros tuvieron que acudir a esta metodología, ya que el Ejecutivo estaba poniendo oídos sordos a una iniciativa, que si había sido consensuada con todos los protagonistas del sector.
No me cabe duda que cada quien, los que participamos en esta Comisión de la Agroindustria de la Caña del Azúcar, hicimos nuestro papel, convocamos a los representantes de todas y cada una de las representaciones que tienen que ver con la industria azucarera, con la caña de azúcar, con los sectores industriales, para que valoraran, comentaran, criticaran y sancionaran esta ley.
Por eso lo que el día de hoy tenemos aquí, es el resultado de un esfuerzo en el cual hubo la oportunidad de participar muchas personas.
Si debo reclamarlo al Ejecutivo, cuando menos dos cosas, la primera, es que no haya habido la oportunidad o no haya actuado con oportunidad para dialogar sobre las diferencias que la Sagarpa tenía sobre esta ley, cuando menos con todos los que estábamos involucrados.
Hubo que llegar a estas manifestaciones públicas, para que se pudiera desistir el Ejecutivo de hacer las modificaciones y consensuar, pero ya demasiado tarde, en ese momento, donde ya se habían manifestado los propios cañeros, tomando instalaciones y ocupando calles aquí en México, no se debió de haber llegado a ese punto.
Y otro de las cosas que si señalaría, es que el Ejecutivo nunca convocó a todos los legisladores de todos los partidos, para hacer el análisis de sus observaciones sino simplemente se concretó a trabajar con algunos cuantos, que representaban intereses específicos de grupos de cañeros, pero sin duda alguna debió de haber sido más plural.
A pesar de estas llamadas de atención que le haría al Ejecutivo el día de hoy, creo con buenos ojos, que las modificaciones que estamos proponiendo el día de hoy, serán aceptadas por la mayoría de los aquí representantes.
Finalmente, quiero mencionarles a todos ustedes, que el hecho de contar con una Ley de Desarrollo de la Caña del Azúcar, no basta para sacar adelante un sector, del que viven dos millones y medio de personas en México, donde hay cañeros cortadores, obreros, industriales, comerciantes, empleados, personas que viven directamente del azúcar están fuera obviamente de esta ley de alguna manera. Es una ley más que nada para cañeros industriales, su relación y hay mucho por hacer, hay mucho por hacer con respecto a la entrada de la fructuosa subsidiada –y aquí está el tema fundamental- está entrando un producto subsidiado de los Estados Unidos a competir con un azúcar que para nada está subsidiada en México. También tenemos el problema y no se ha resuelto, del contrabando ya sea aquel que utiliza herramientas jurídicas falsas o aquel contrabando totalmente ilegal.
Estamos sufriendo la falta de cumplimiento de la Unión Americana, de Estados Unidos de Norteamérica al Tratado de Libre Comercio y ellos sí están importando a México sus fructuosas.
También está por definirse qué va a hacerse con los ingenios azucareros expropiados, que de alguna manera cargan las decisiones del Gobierno y dejan que en vez de ser decisiones de carácter económico o social, se vuelvan más decisiones de tipo político por representar el Gobierno en estos momentos el 40% de la producción y de los ingenios azucareros del país y falta, sin duda alguna como lo hemos comentado con los amigos de la Comisión de Energía, de la Comisión de Economía y propiamente también la de Agricultura, el tema de las oportunidades de cogeneración de energía eléctrica en los ingenios azucareros; el uso de etanol y también el financiamiento para todos estos proyectos en donde debemos de participar.
La ley fue conocida por todos: industriales, cañeros y personas relacionadas con el sector y hubo la oportunidad de hacer observaciones. De todas maneras, aunque el día de hoy la votemos así y que estamos de acuerdo con estas modificaciones que se le están haciendo, debemos de buscar mejorar esta ley para que en su futuro, con más observaciones se enriquezcan y se autoricen algo que impulse verdaderamente al sector de la agroindustria de la caña de azúcar, que no solamente puede ser ganadora en el Tratado de Libre Comercio, que lo merece ser, que está trabajando para ello y que se ha luchado el día de hoy para tener por primera vez en la historia una Ley de la Agroindustria que hacía falta y que vamos a sostener y a defender.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputado Perdomo.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Emiliano Bladimir Ramos Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández: Con la venia de la Presidencia.
No omito manifestar que nos sumamos a la llamada de atención que hace al Ejecutivo el grupo parlamentario del Partido Convergencia por la Democracia, sin embargo, queremos mencionar que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se congratula por el avance en el perfeccionamiento de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que significa el dictamen emitido por la Comisión de Agricultura. Sin duda es un avance sustancial en la democratización, en la forma democrática de participar de las organizaciones cañeras y que nos va a permitir rescatar a la agroindustria de la caña de azúcar, de la que, como todos saben, dependen cerca de 150 mil productores y lo cual beneficia a dos y medio millones de mexicanos.
Cuando se aprobó la minuta del Senado hubo diputados que nos opusimos en lo particular a la ley, precisamente porque nos preocupaba que la ley tuviera defectos que permitieran el control corporativo de los cañeros. Entonces el dictamen que presenta la Comisión de Agricultura nos parece que precisamente corrige ese punto sustancial, por lo cual el grupo parlamentario del PRD se manifiesta por la aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Agricultura y Ganadería, no sin antes hacer un llamado a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, a que sigamos trabajando en el rescate de la agroindustria de la caña de azúcar, porque sin duda la ley todavía es aún más perfeccionable. Hay temas fundamentales que hay que discutir y esperemos que no se repita la forma en la que se procesaron estas modificaciones, en la cual el Presidente Fox contradice lo que informó, su mensaje político donde habla de la construcción de puentes de diálogo.
Enhorabuena por los cañeros y el Partido de la Revolución Democrática se manifiesta a favor de aprobar el dictamen.
Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado Lázaro Arias Martínez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Lázaro Arias Martínez: Con su permiso diputado Presidente.
Hago uso de esta tribuna para argumentar a favor de la propuesta que junto con otros compañeros diputados federales, hemos sometido a la consideración de esta soberanía, con objeto de reformar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Como ha quedado debidamente aceptado por esta Honorable Cámara de Diputados, al aprobar el 21 de junio del presente año la ley mencionada, las actividades asociadas a la agroindustria de la caña de azúcar son de interés público y del orden social, por el carácter que la caña de azúcar tiene como un producto básico y estratégico, necesario para la economía nacional y el consumo popular, por lo cual, la rectoría del Estado en la materia se hace indispensable para propiciar los medios para su sano, eficiente y sustentable desarrollo.
Como ya se ha manifestado, derivada de la anunciada pretensión del Ejecutivo Federal, de vetar la ley que nos ocupa y la consecuente movilización de productores de caña para exigir su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se impuso la necesidad de que diputados federales y senadores interesados en el asunto, coadyuvaran para encontrar una solución a la problemática que tal situación representaba, habiéndose suscrito un acuerdo político encaminado para tal fin.
Consecuentemente, para dar cumplimiento a lo acordado y honrando la palabra empeñada respecto de los temas en que hubo consenso, se presenta a esta Honorable Asamblea, esta iniciativa cuyo objeto principal consiste en que con base en el análisis de las propuestas formuladas por el Ejecutivo Federal, se elimina el mayor tema de discrepancia que hace referencia a la existencia de un organismo público descentralizado, al que actualmente se le confieren facultades en materia de rectoría del Estado y en su lugar, se acordó la Constitución de un organismo consultivo y de opinión, con el que una vez más se reconoce la experiencia de un símil en el reciente pasado, ha sido una reforma eficiente de atender los planteamientos y buscar la propuesta de soluciones entre los agentes directamente involucrados en la agroindustria, en los niveles productivos primarios y secundarios de la caña de azúcar, es decir, entre los productores de caña y los industriales, propietarios de los ingenios azucareros y por ello, es incuestionable que las facultades de la rectoría del Estado, pasen a formar parte de las atribuidas en esta ley a la Secretaría de Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar regula las relaciones concretas dadas entre los abastecedores de caña y los industriales azucareros y no pretende de ninguna manera, duplicar el objeto general del sistema producto caña de azúcar contemplado en la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable.
Es indudable que cualquier reforma propuesta debe ser congruente y respetuosa de la técnica legislativa y las prácticas parlamentarias, lo cual se cumple en la iniciativa que ahora se presenta.
Es una demostración palpable de la disposición de los legisladores que ahora la suscribimos para colaborar en la recuperación de un estado de gobernabilidad, sobre todo es de destacar que esta iniciativa es también respetuosa de los fines más elevados que motivaron al Congreso Federal a expedir la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, especialmente en lo referente a la declaratoria de interés público y del orden social., de las actividades de esta agroindustria, la rectoría del Estado en la materia, lo relativo a la constitución, registro de las organizaciones de abastecedores de caña de azúcar y el respeto a su derecho a la libre asociación, a las relaciones contractuales, a los sistemas y métodos de pago de la gramínea, a la importancia que reviste la investigación, la diversificación y la sustentabilidad y el sistema de impartición de justicia en el caso de controversias entre los sujetos de la ley.
Es muy conveniente hacer resaltar que en esta reforma se propone la creación del Comité de Promoción, Fomento y Defensa de la Caña de Azúcar, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad principal será atender los aspectos administrativos del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar.
Finalmente y para reforzar la concordancia de esta ley con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se propone la incorporación de un artículo transitorio con objeto de que los sujetos de esta ley formen parte del Comité Nacional del Sistema Producto Caña de Azúcar, cuando la SAGARPA proceda a formalizar la constitución de éste último.
Como podemos observar claramente, compañeros diputados, con las reformas propuestas, no se vulnera el espíritu que encaminó el ánimo al Congreso de la Unión al aprobar la ley el 21 de junio del presente año y no se afectan garantías individuales ni principios constitucionales y sí en cambio, se facilita su aplicación para ser realmente una disposición con vigencia positiva.
Quiero decirles compañeros diputados, hacerle un llamado a los compañeros industriales que se sumen a esta propuesta, así como se vió el entusiasmo, la voluntad del gobierno, las organizaciones y los productores, los diputados federales y los senadores, de dejar intereses particulares y que lográramos una ley tan necesaria para el desarrollo de esta agroindustria en donde México es un gran potencial. Por ello, ojalá, así como a estos acuerdos que llegamos, que podamos llegar a acuerdos, claros, precisos con los industriales, porque lo que se avecina no está fácil.
La alta fructuosa es un gran peligro para nosotros, perdimos la controversia constitucional con Estados Unidos, el 2008 tenemos la apertura de libre comercio y tenemos una industria que necesita mucha inversión y mucha atención, tanto en el campo, como en la propia fábrica.
Por ello, aplaudo compañeros legisladores, les damos a ustedes las más sinceras gracias por la aprobación de esta ley y sé que el día de hoy se sumaran a que está ley por fin tenga esta agroindustria, una ley que le permita certidumbre, que le permita confianza y que le permita que México pueda ser un país de gran trascendencia a nivel mundial en la producción de caña y en la producción de azúcar y además con esta ley, con los productos y subproductos que los propios industriales tendrán esa facultad de poder obtener de nuestra gramínea y que las utilidades y las ganancias serán propias de esos industriales que den la confianza de invertir para sí propio y para el progreso de esta agroindustria.
Por ello, compañeros diputados, exhorto a todos ustedes para que, en bien de la agroindustria de la caña de azúcar, hagan suya esta propuesta y emitan un voto favorable para que con ello tengamos por fin una ley, la Ley Sustentable de la Caña de Azúcar.
Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado.
Señoras y señores legisladores, el Partido Acción Nacional ha hecho llegar a esta Presidencia la solicitud del diputado José María de la Vega Lárraga, para que fije posición en su nombre.
Si algún miembro de la Asamblea, si la Asamblea no tiene inconveniente, esta Presidencia le otorga el uso de la palabra, diputado de la Vega Lárraga.
El diputado José María de la Vega Lárraga: Con su permiso, diputado Presidente.
Honorable Asamblea:
Con el interés superior de preservar la viabilidad de la agroindustria azucarera en beneficio de todos los eslabones que componen la cadena productiva, el Legislativo Federal avanza en el cumplimiento de las reformas acordadas con el Gobierno Federal, a través del Acuerdo Político signado por las Secretarías de Agricultura y Gobernación con esta soberanía en las modificaciones a la llamada Ley Cañera para configurar una nueva ley, la Ley de la Agroindustria Azucarera.
Como antecedentes tenemos que el pasado jueves 11 de agosto, se suscribió el Acuerdo Político entre el Ejecutivo Federal y los legisladores representantes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería del Congreso de la Unión, para la comprensión de una reforma legislativa al proyecto decreto de Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
La suscripción de dicho Acuerdo fue celebrada por parte del Ejecutivo Federal por los CC. Javier Bernardo Usabiaga Arroyo y Felipe González, de la Secretaría de Gobernación. Fue firmada con el Legislativo Federal a través de los Presidentes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, senador Esteban Angeles Cerón y de la Cámara de Diputados, Cruz López Aguilar.
Los diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional, reconocemos el avance que representa la reforma a diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, hoy presentada en el cumplimiento del Acuerdo Político signado el pasado 11 de agosto del presente.
Sin embargo, creemos que es importante avanzar en las reformas acordadas, pero que lo hagamos a plenitud incorporando todos los elementos discutidos y que el ordenamiento permita, de esta manera, dar viabilidad a un sector de suma importancia para la economía de miles de familias en el campo de México.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado.
Esta Presidencia no tiene registrados más oradores, por lo que considera el tema suficientemente discutido.
Para efectos del artículo 134, preguntamos a la Asamblea si alguien desea reservarse algún artículo para su votación y discusión en lo particular.
No habiendo reserva alguna, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular, y se ruega a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, con el objeto de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión.
Abrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Votación
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se emitieron 394 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 394 votos el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
VOTACION
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
VOTACION
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa le lectura.
Esta presidencia tiene registrados en términos del 108 del Reglamento Interior para fundamentar el dictamen, a la diputada Margarita Martínez López, por 5 minutos y Osvelia Yáñez Robles, también por 5 minutos.
La diputada Margarita Martínez López: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros legisladores:
A nombre de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Turismo, someto a consideración de esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 31 a la Ley del Valor Agregado, el cual contiene las propuestas que sobre el tema presentaron tanto la de la voz, como la diputada Elizabeth Yáñez Robles y el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.
La actividad turística en nuestro país contribuye con el 8% del valor total de la economía con un monto igual a 533 mil millones de pesos, incluso la balanza turística arroja un saldo positivo por 6 mil 470 millones de dólares y el gasto promedio por turista es de 470 dólares.
Es decir, el turismo constituye una actividad con cada vez mayor importancia en el ámbito internacional debido a los beneficios económicos y sociales que su crecimiento genera en los países receptores.
Asimismo la tendencia internacional demuestra que en la mayoría de los países se han implementado políticas públicas para atraer a un mayor número de visitantes extranjeros a sus destinos turísticos.
Entre las políticas de promoción que se han adoptado se encuentra el reembolso del Impuesto al Valor Agregado a los turistas extranjeros que se les hayan trasladado los consumos que realizan en comercios establecidos en el país que visitan. Ejemplo de ello es la práctica que llevan a cabo nuestros principales socios comerciales Canadá y los Estados Unidos, así como los países de la Unión Europea y países asiáticos como Taiwan, China y Tailandia, donde se establece como estrategia económica la devolución de impuestos a los turistas internacionales.
De esta manera se promueve al país en el exterior mejorando su competitividad para posicionarlo en un mejor lugar en materia de turismo internacional y se coadyuva a la regularización y fiscalización de establecimientos minoristas, ya que buscan afiliarse a este mecanismo. Debe de estar registrado ante el servicio de Administración Tributaria y estar al corriente de sus obligaciones fiscales.
Los beneficios a lograr con esta medida, consisten en aumentar el gasto promedio de los turistas con la misma infraestructura con la que cuenta el país, así como favorecer las finanzas públicas, ya que si bien implica el reembolso de recurso fiscales, la medida ayuda a la recaudación toda vez que el incremento en el gasto genera efectos multiplicadores en la actividad económica.
El dictamen que sometemos a su respetable consideración señala que en cuanto al tipo de turistas extranjeros, la medida se aplique a aquéllos que ingresen por vía aérea y marítima. Pero no se apliquen a los turistas que ingresen por vía terrestre, ya que existen problemas de control ocasionados por el tránsito de millones de personas que atraviesan las fronteras básicamente en la frontera norte y por ende podrían haber abusos para obtener devoluciones que no procedieran.
Asimismo se precisa que el límite a otorgar por lo que hace el monto mínimo de compras por turista extranjero sería de mil doscientos pesos en moneda nacional, en relación con la mecánica para la devolución, como son los requisitos que deben reunir los comprobantes emitidos por los negocios que amparen las ventas a los turistas, el registro de los negocios autorizados, el procedimiento para que el turista acredite que lleva consigo las mercancías cuyo impuesto al valor agregado se le devolverá y la forma o medios para entregar la devolución al turista, entre otras medidas, se considera que sea el Servicio de Administración Tributaria quien emita las reglas correspondientes en cuanto órgano facultado para controlar y administrar dichas devoluciones.
Igualmente que sea el citado organismo quien determine si operará directamente la devolución o bien si operará a través de un tercero; y por otro lado, considerando que esta devolución es un servicio exclusivo de beneficio para los turistas, que la devolución del impuesto se disminuya con el costo de administración que ello implique.
En cuanto a la entrada en vigor de esta disposición se propone que la medida entre en vigor el mes de julio de 2006 a efecto de que el Sistema de Administración Tributaria defina el sistema de devolución que adoptara, ya sea administrándolo directamente o bien otorgarlo a particulares previo concurso o licitación pública que se efectué, así como establecer la infraestructura necesaria con los negocios que se integren a este tratamiento, como sería la previa capacitación y difusión.
Señores legisladores y legisladoras, la adición a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que sometemos a este honorable Pleno redundará sin duda en beneficio de la actividad turística de nuestro país.
Aprovecho para presentar a esta Mesa Directiva una fe de erratas que precisa la redacción en el texto que se propone.
Dice "Artículo único.- Se adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue: Artículo único… " y dice: "Valor de las compras realizadas por establecimiento asentado en el comprobante fiscal que presente el turista al momento de salir al territorio nacional ampare un monto mínimo en moneda nacional equivalente a mil doscientos pesos".
Hoy debe de decir: "Artículo único.- Que el valor de las compras realizadas por establecimiento asentado en el comprobante fiscal que presente el turista al momento de salir al territorio nacional ampare un monto mínimo en moneda nacional de mil doscientos pesos".
Y decía la adición del artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado: "Entrará en vigor a partir del primero de julio de 2006". Debe de decir: "Unico.- El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de julio de 2006". Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputada. En virtud de que la diputada Margarita Martínez ha dejado a nombre de la Comisión una modificación, se ruega a la Secretaría someter a la consideración de la Asamblea la misma previa su lectura, para ilustración de la voluntad de la propia Asamblea.
Sólo el debe decir… Si son de aceptarse y someterlo… en votación económica.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se le da lectura a la fe de erratas presentada por la diputada.
"Artículo único.- … Artículo 31.-… -del uno al dos queda igual. El tres dice:- que el valor de las compras realizadas por establecimiento asentado en el comprobante fiscal que presente el turista al momento de salir del territorio nacional amparen un monto mínimo en moneda nacional de mil doscientos pesos".
Y en el transitorio, dos líneas de puntos, luego el transitorio que dice:
"Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de julio de 2006".
Por lo antes expuesto y por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si son de aceptarse la fe de erratas presentada por la diputada.
En votación económica se pregunta a la Asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:
VOTACION
Gracias.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa:
VOTACION
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces es aceptada la fe de erratas y en tal consideración se someterá a la votación de la Asamblea nominalmente en el momento procesal oportuno.
Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, también para fundamentar a nombre de la Comisión hasta por cinco minutos.
La diputada Elizabeth Yáñez Robles: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea:
México es uno de los principales destinos preferidos por los turistas internacionales y es justamente este turismo el que representa uno de los mercados más competidos a nivel mundial.
Al hablar de turismo internacional en México estamos hablando de un sector económico estratégico para el desarrollo. Así lo ha demostrado la experiencia de naciones de la Unión Europea como España y Francia, de Asia como China, Taiwan y Tailandia o de América como Estados Unidos y Canadá, cuyo turismo ha contribuido de manera creciente al producto interno bruto, al ingreso per cápita, al desarrollo del sector empresarial, entre otras muchas aportaciones.
Sólo en México actualmente el turismo representa el 7.8 por ciento del valor total de la economía, alrededor de 533 mil millones de pesos, y la balanza turística ha mantenido desde hace mucho tiempo un saldo positivo para el país de 6 mil 470 millones de dólares y esto representa un gasto promedio de 460 dólares por turista.
En el Partido Acción Nacional creemos firmemente que esta iniciativa es parte de nuestros compromisos con la ciudadanía que vive del y por el turismo y con los sectores turísticos, tanto privado como público. Tan es así que la devolución de IVA a turistas extranjeros responde a una petición manifestada durante muchos años y es el punto principal dentro de los compromisos realizados entre el Poder Ejecutivo y la iniciativa privada en la Comisión Intersecretarial de Turismo.
En Acción Nacional sabemos que este incentivo formará parte de la experiencia exitosa que podemos legar a las generaciones venideras, integrando un componente más dentro del diseño de un marco jurídico para las políticas públicas que impulsan al turismo.
De aquí que el pasado 1º. de marzo presenté ante esta soberanía una iniciativa que adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la cual busca establecer el reembolso del IVA a turistas extranjeros por sus consumos realizados en comercios nacionales establecidos y que llevarán de regreso a sus países de manera definitiva, tal cual se hace en más de 80 destinos turísticos internacionales pero, además, la devolución de IVA constituye tanto una oportunidad para incrementar el gasto de turistas extranjeros en nuestro país como una ayuda dentro de los factores de decisión entre las personas que buscan y eligen dónde viajar.
El dictamen que hoy se presenta referente a dos iniciativas sobre el mismo tema expone cabalmente las bondades de contar con un sistema de reembolso del IVA, mismas que no es posible soslayar, el fomento al mayor consumo de bienes por parte de nuestros visitantes extranjeros, las múltiples estrategias de los países desarrollados para atraer mayor número de visitantes extranjeros a sus destinos turísticos, lo cual demuestra la importancia fundamental del turismo en el ámbito internacional, la contribución que hace un sistema de devolución de IVA en la regularización y fiscalización de establecimientos minoristas, ya que quien quiera pertenecer a ese sistema deberá estar afiliado y sólo, previo a registrarse en el sistema de administración tributaria y estar al corriente en sus obligaciones fiscales.
El apoyo representa para la micro, pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores de mayor importancia para el fortalecimiento de la economía interna del país, además de ser el principal generador de empleos.
He dejado para el final una mención de primerísimo orden: el profesionalismo con que los integrantes del personal de la Comisión de Hacienda y Crédito Público ha tratado este tema y asimismo las observaciones y la disposición entusiasta por esta iniciativa por parte de la Comisión de Turismo. A ambas comisiones mi reconocimiento y agradecimiento en este dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada. Esta presidencia tiene registrados para hablar en contra a los diputados María Guadalupe Morales Rubio, del PRD, y a don Jesús González Schmal, de Convergencia.
Tiene la palabra la primera de las nombradas, María Guadalupe Morales Rubio, por cinco minuto.
En el entendido de que estamos en la discusión en lo general y en lo particular por tratarse de un artículo único, con la modificación presentada por la diputada Margarita y aceptada por la asamblea.
Disculpe usted, Diputada. Adelante.
La diputada María Guadalupe Morales Rubio: Señoras y señores Diputados:
Es lamentable lo que se está tramitando en el pleno de esta Cámara de Diputados. El dictamen que estamos discutiendo puede ser válido pero carece de toda legitimidad y arropa toda la ilegalidad contraviniendo la norma parlamentaria. Y por otro lado, el impacto social y económico que sería para nuestros compatriotas, que son los que sí nos deben de interesar.
En primer lugar, el dictamen fue firmado indebidamente durante una sesión extraordinaria de la Cámara. Si a eso debemos de felicitar a nuestros compañeros parlamentarios dónde vamos a terminar. Y esto fue curul por curul, sin que se haya instalado como se afirma en el dictamen la reunión de Comisiones Unidas para discutir dicho asunto. Por lo tanto, repito, ¡es ilegítimo e ilegal!
En segundo lugar, el dictamen establece que la Comisión de Turismo a través de la mesa directiva remitió esta dictaminadora su opinión favorable respecto a la iniciativa que se antecede. Lo anterior viola la norma parlamentaria, toda vez que no existió dicha sesión ordinaria o extraordinaria, mucho menos que se haya aprobado la opinión favorable. ¿Dónde está el fundamento jurídico para que una mesa directiva de una comisión se tome estas atribuciones exclusivas del pleno en materia, pleno que nunca voto la iniciativa?
Ahora bien, independientemente de lo anterior quisiera hablarle de los fines de esta iniciativa pues el dictamen que nos trae aquí carece del análisis y la profundidad que demanda el tema, en virtud del fuerte impacto negativo que dicha medida tendría en las finanzas públicas. Las consideraciones que se exponen en el dictamen no están sustentadas en estudios ni en estimaciones válidas por especialistas, únicamente se hacen juicios de valor que aunque tienen alguna lógica no fueron sustentados en corridas financieras que avalen las conclusiones expuestas, pues debe tenerse en cuenta que los diputados proponentes basan sus cifras "en el supuesto caso de que el gasto medio de los turistas llegue a aumentar el 5 por ciento o en un 10 por ciento si tuvieran un ingreso neto, entonces, de estas finanzas públicas".
Tampoco se proporciona el sustento financiero de esta suposición. Por ejemplo, el impacto en la demanda de bienes y servicios de una disminución del 15 por ciento en el precio de los mismos, proveniente del reembolso del IVA ni como dicho aumento en la demanda se reflejará un mayor recaudamiento del IVA o del ISR.
Lo anterior en virtud de que conforme a las estadísticas disponibles y consultadas publicadas por el IMSS, el INEGI y la SECTUR, se observa que la pérdida para el erario por el reembolso de IVA sería de 890 millones de pesos aproximadamente... 890 millones de dólares, perdón, aproximadamente 9 mil 790 millones de pesos y no de 36 ó 45 como se sostiene.
Cabe aclarar que el monto que acabo de mencionar es mayor que la recaudación que actualmente implica la extensión del IVA a medicamentos, que son 7 mil 775.7 millones de pesos. Y aquí quisiera hacer un alto para distinguir un aspecto moral y ético en la posición de sus partidos frente a esta iniciativa. Yo les pregunto: ¿Es congruente pretender imponer un IVA a alimentos y medicinas perjudicando a la población más vulnerable de nuestro país y por otra parte exentar de este impuesto a los turistas extranjeros, destacando que el turista nacional no cuenta para los fines que persigue esta iniciativa?
En resumen, la devolución de este impuesto tendría un costo fiscal equivalente al 29 por ciento del presupuesto asignado al ramo de turismo. Es muy casual que en comentarios, porque no lo sustentaron en la ley, mencionaron que esto sería en las tiendas que están en el aeropuerto, pero casualmente la ampliación del aeropuerto que estaba destinada para ampliar los servicios aeroportuarios no ha sido así y ustedes se habrán percatado de la cantidad de changarritos que se han implementado. ¿Qué acaso están cerrando su gran negocio para esto?
La devolución del impuesto exclusivamente para los turistas extranjeros que retornen a sus países de origen, es por vía aérea y marítima, por lo que provocará un problema de equidad tributaria respecto de los turistas que salgan por vía terrestre.
Se establece que la posibilidad de que el Servicio de Administración Tributaria concesione a particulares la administración de dichas devoluciones, indebidamente beneficiará a empresas privadas. ¿Sabemos a quiénes han beneficiado estos cinco años estas concesiones? Se los dejo a su criterio.
Por último, de acuerdo con las conclusiones arrojadas en el Foro "Incentivos Fiscales en el Turismo", realizadas por esta Comisión de Turismo celebradas en marzo, se demostró que los países que han instrumentado dichas devoluciones no han visto un incremento en el flujo turísticos.
Por su reflexión y su coherencia, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada.
Tiene el uso de la palabra don Jesús González Schmal, de Convergencia, también en contra.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente.
En efecto, como lo señaló la diputada Guadalupe Morales, que me antecedió, el sustento, la verdadera sorpresa de esta iniciativa en momentos en que en México es evidente que todo el aparato recaudador, que todo el aparato de ingresos, de impuestos en la República, tiene muy conocidas deficiencias como para pudiera incluso operar medianamente, en condiciones medianamente aceptables una devolución de impuestos de esta característica.
Recordemos apenas hace un año, cuando aquí compareció el Secretario de Hacienda, cómo nos reveló que a la Secretaría de Hacienda le están continuamente cometiendo fraudes en las devoluciones de los impuestos, incluso con la complicidad de funcionarios o del personal de la misma Secretaría. Esto, pues, el que primero operara este sistema de devolución, significaría o tendría que cubrirse el requisito de la capacidad técnica, operativa y de eficiencia de la Secretaría de Hacienda, la cual probadamente está que no es o no tiene las condiciones para ello.
Segundo. En efecto, aquí se quiere una salida con una puerta falsa. El atractivo para atraer turismo a México, evidentemente el toral, el fundamental lo es hoy por hoy el que en México no está garantizada la seguridad pública, que el turista sufre con frecuencia asaltos, engaños y no pocas veces hasta lesionen sus vidas y hasta la pérdida de éstas.
Y en este aspecto en realidad no hay una correspondencia, si le reducimos o le redujimos el impuesto, evidentemente va a haber también menos recursos para atender esta demanda tan importante de la seguridad en todos los confines del territorio nacional, pero sobre todo en aquellos de mayor frecuencia o recurrencia de turismo.
De modo que es hoy inoportuno insistir en este punto como un distractor de lo que ha sido el fracaso de no lograr con el gran potencial turístico de México, atraer más turistas, más visitantes, más mujeres y hombres de todo el mundo que evidentemente desean llegar a nuestro país por sus grandes y variados atractivos y diferencias en todas las regiones de la patria, pero que generalmente se inhiben o se retraen no porque les cobremos el IVA, no porque no les vamos a devolver este impuesto a la compra que ellos pagan, sino porque no hay las condiciones de seguridad y las condiciones de calidad de servicio, de limpieza y de respeto a nuestros visitantes.
Ya lo dijo una vez aquí el año pasado en Veracruz, el ex presidente Felipe González, que México tiene quizás lugares más atractivos potencialmente que la misma España y que en cambio nosotros no llegábamos a los 16 millones de visitantes y España supera los 60 y esto es claro, que tenemos un potencial no explotado, pero ciertamente no se va a lograr reduciendo los impuestos, se va a lograr dando o creando las condiciones para que el servicio al turista sea óptimo y el respeto a su persona sea garantizado.
No nos engañemos tampoco con este punto, el sector turístico es cada día menos nacional, han venido inversionistas de todo el mundo a comprar las costas nacionales, a invertir en hotelería y otros servicios y muy poco, ya, cada día menos, se está quedando en México, salvo las nóminas que a veces también incluso nos importan extranjeros para atender los servicios.
De modo que, por la inoportunidad, por la falta de sustento en una comprobación clara que sería un atractivo para el turista, estamos en contra de esta Propuesta por hora, sería quizás una complementaria después de que resolvamos los problemas fundamentales que tienen estancada la industria turística del país y la oferta que le hacemos al mundo de nuestras bellezas naturales. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Jesús.
Esta Presidencia no tiene registrado más oradores, luego entonces considera el asunto suficientemente discutido en lo general y en lo particular, por tratarse de un solo artículo.
Se ruega a la Secretaría instruya la apertura del sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para recabar la votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de Decreto con la Fe de erratas aceptada por la Asamblea y presentada por la Diputada Margarita Martínez López, en un solo acto.
Señor Presidente, se emitieron, en pro, 302 votos, en contra 79 y 11 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, por 302 votos, el proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 31 , a la Le de Impuesto al Valor Agregado.
Pasa al Senado , para sus efectos constitucionales.
(Aplausos).
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señoras y señores Legisladores, esta Presidencia acaba de recibir Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Quinto Informe de Labores de la Secretaría de la Economía, por lo que, dictamos el trámite De Enterado, para que se distribuyan a las Diputadas y Diputados sendos ejemplares y remítase a las Comisiones correspondientes, para los efectos del Artículo 45 Numeral 4º. De la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Presidencia informa que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 11 de Agosto del año en curso, los dictámenes a discusión, relacionados en el Orden del Día de esta sesión, de conformidad con lo que establece el tercer párrafo del Artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se tiene por hecha la primera lectura.
El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión del Dictamen con proyecto de Decreto que reforma la Fracción Quinta del Artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la lectura, al propio Dictamen.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al Dictamen.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura en términos del 108 del Reglamento.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rubén Maximiliano Alexander Rábago para fundamental el dictamen por la Comisión.
El diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábajo: Compañeras y compañeros diputados.
Sin duda el dictamen propuesto es loable, ya que tiene el fin de lograr una mayor equidad entre los contendientes que buscan ser legisladores al Congreso de la Unión al incluir otros funcionarios que deben separarse de su cargo, como es el caso de los Consejeros Electorales, asimismo ha significado un gran esfuerzo de los diputados y diputadas integrantes de esta Comisión, que han hecho importantes adiciones al proyecto original de Minuta de la co-Legisladora.
Es por lo anterior, que esta Comisión ha trabajado en los últimos meses en el análisis, estudio y preparación del dictamen que es la de reformar la fracción V del Artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que corresponde a la Minuta presentada el día 15 ded diciembre del 2003 por la Cámara de Senadores, y la cual fue turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales el día 18 de diciembre de 2003 por la Mesa Directiva.
Así en el estudio de la iniciativa propuesta, esta Comisión determinó crear una Subcomisión , la cual elaboró el análisis y propuesta de dictamen para el esta iniciativa. En el estudio de este documento se tomaron en cuenta las consideraciones hechas por la Cámara de Senadores, estimando los siguientes puntos: por advertir la necesidad de otorgar mayores elementos de seguridad e imparcialidad a los procesos democráticos que se viven en nuestro país, particularmente en el sentido de evitar algún posible conflicto de intereses, en relación con las personas que en su momento formaron parte y tuvieron una función importante y decisoria en el organismo encargado de la organización de los procesos electorales, y para no trastocar los derechos que tienen los partidos políticos como los principales actores en los procesos electorales federales, resulta necesario una gran confidencialidad en el manejo de la información electoral que se genere, por lo que la eventual postulación como candidatos a diputados o senadores, por parte de personas que acaban de ejercer cargos de importancia en el IFE pudiera generar alguna suspicacia que atentara contra la claridad y la transparencia que deben caracterizar a estos procesos electorales.
En razón de ello, los integrantes de esta Comisión estimamos procedente dictaminar lo que concierne al artículo citado, dejando a salvo lo que se refiere a la reforma al Artículo 62 para que sed dictamine en su oportunidad, tomando en cuenta las iniciativas presentadas con anterioridad ante este pleno.
No pasa desapercibido para quienes integramos esta Comisión Dictaminado también, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, garantiza la especialización, imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función jurisdiccional en esta materia, pro eso es que son incluidos.
Esta Dictaminadora considera también que al incluir a los servidores públicos del Consejo General del IFE a los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las limitaciones contenidas en la fracción V del Artículo 55 de la Constitución, se otorgarían mayores condiciones de equidad en los procesos electorales federales tendientes a la elección de diputados o senadores al Congreso de la Unión.
Observamos la necesidad de que el plazo para que dichos servidores públicos se separen del cargo, sea de tres años antes de la elección, en razón de que es el período de duración de una Legislatura del H. Congreso de la Unión.
Estimamos prudente establecer para el caso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los servidores públicos del IFE, que debieran separarse definitivamente de sus cargos con tres años de anticipación a la fecha que se efectuó la elección relativa. Al respecto esta Comisión estima procedente dicha propuesta, toda vez que al asegurar la separación del cargo por el período propuesto, aseguraría la imparcialidad que tienen como presupuesto las resoluciones y actos de autoridad que emitan dichos servidores públicos.
Estimando también procedente incluir en el mismo, en ese grupo de servidores públicos electorales a los presidentes e integrantes de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Federal Electora, atendiendo a diversas sugerencias, estimamos procedente que en el ánimo de que exista una mayor claridad en la fracción en estudio del Artículo 55 del texto constitucional, respecto dela fecha que servirá como referencia para que los servidores públicos se separen de sus cargos, la misma debe ser la del día de la elección que precisaría la actual expresión de la elección.
Igualmente, con la intención expresada en el párrafo anterior, los integrantes de este cuerpo colegiado estimamos oportuno que en el párrafo de la fracción V que estudia y sustituya la proposición "de" por "del", con el objeto de que incluya a todos los servidores públicos que se desempeñen como secretarios de despacho en los Gobiernos de los estados y del Distrito Federal, toda vez que en la actual redacción la interpretación puede realizarse solamente para los secretarios de Gobierno en el Distrito Federal y las entidades federativas.
Por lo anterior y motivados en los argumentos expuestos, los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales coincidimos en someter a la consideración de esta honorable asamblea el proyecto que reforma la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya publicada con anterioridad para efectos de esta sesión. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.
Tiene el uso de la palabra en pro, y es el único orador registrado, el diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Arturo Nahle García: Señoras y señores diputados, estamos discutiendo y vamos a votar una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una reforma al artículo 55, en el cual se establecen los requisitos precisamente para ser diputado.
Este artículo 55 desde 1917 establece los requisitos y los impedimentos para ser diputado. En 1933, durante el Gobierno del Presidente Abelardo L. Rodríguez se establecieron nuevos requisitos e incluso impedimentos para poder ser miembro de esta Cámara. Posteriormente, en 1973, durante el Gobierno del Presidente Echeverría se redujo la edad para ser diputado de 25 a 21 años. El Presidente López Portillo en 1982 agregó a este artículo 55 los requisitos de origen, vecindad y residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la elección. Hoy, después de más de 22, 23 años que no se toca este artículo 55 constitucional, nos plantea la colegisladora, el Senado de la República, una adición a la fracción V del artículo 55, a efecto de que se establezca que los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y el Director Ejecutivo del Instituto Federal Electoral no puedan ser diputados federales, a menos que se separen de su cargo con 2 años de anticipación a la fecha de la elección.
Durante casi 2 años la Comisión de Puntos Constitucionales hemos llevado a cabo un estudio minucioso de esta minuta que nos presenta la Cámara de Senadores y hoy se presenta a este pleno un dictamen distinto a la minuta del Senado. Hemos decidido ampliar el catálogo de puestos que se consigna en este artículo 55 constitucional, a efecto de también incluir a los titulares de los órganos autónomos, los organismos públicos descentralizados y los órganos desconcentrados para que los titulares –repito- de estas entidades paraestatales que quieran ser diputados, deban separarse de sus encargos por lo menos 90 días antes de la fecha de la elección y en este supuesto se enlistan, sólo por citar algunos ejemplos, el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social o de la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos.
Asimismo, se agrega al planteamiento que hace el Senado de la República, a los Magistrados, al Secretario del Tribunal Electoral, a los Consejeros Generales, Consejeros Locales y Distritales del Instituto Federal Electoral y al personal profesional directivo del Instituto Federal Electoral.
Estos funcionarios si pretenden ser diputados deberán retirarse de sus encargos tres años antes de la fecha de la elección.
Finalmente también en el Catálogo que se plantea en esta fracción V del artículo 55 constitucional, la Comisión presenta en su dictamen la propuesta de homologar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con los gobernadores en el sentido de que durante el período de su encargo no puedan ser postulados a diputados locales y por ende a senadores, si partimos del principio de que son los mismos, casi los mismos requisitos para ser senador que diputado.
Finalmente en el caso de los funcionarios locales, de los funcionarios estatales y municipales, se agregan a los Secretarios de Gobierno de los Estados, el caso de los Secretarios de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal.
Estos funcionarios si quieren ser diputados, también deberán retirarse de sus encargos con 90 días de anticipación a la fecha de la elección, ampliando, repito, el catálogo que contempla actualmente la fracción V del artículo 55 constitucional.
Como ya se dijo en esta tribuna, con estas adiciones a la fracción V del 55 de nuestra Carta Magna, se pretende otorgar mayores elementos de imparcialidad en los procesos democráticos.
Muchas gracias, por estas razones el PRD votará a favor.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados más oradores, luego entonces considera el asunto suficientemente discutido.
Se ruega a la Secretaría ordenar la apertura del sistema electrónico de votación por cinco minutos, para los efectos de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto, en la inteligencia de que se requiere mayoría calificada, para efectos de aprobación.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo uno del Proyecto de Decreto, en lo general y en lo particular.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Bueno, ya lo habíamos declarado, muchas gracias.
Lo que la Presidencia solicitó es la apertura del sistema electrónico, pues habiendo concluido la lista de oradores, damos por el tema suficientemente discutido.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del Proyecto.
(Votación)
Diputado Presidente, se emitieron 382 votos en pro, uno en contra y 3 abstenciones.
Por lo tanto, hay mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado por 382 votos en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se devuelve al Senado de la República para los efectos del inciso E) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV de artículo 3° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si es de dispensarse la lectura al dictamen.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera suficientemente discutido, perdón. El diputado Guillermo Velasco, ¿quiere participar?, en pro. Tiene usted cinco minutos.
El diputado Guillermo Velasco Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores:
Hago uso de la tribuna para argumentar nuestro aval al presente dictamen.
Los más de 100 millones de mexicanos que hoy habitan el Continente Latinoamericano, son el eje central de las nuevas estrategias de desarrollo, basadas en una clara apuesta a la inversión en capital humano, como clave para ganar competitividad y recuperar el crecimiento económico estable que se requiere para poder contar sociedades más prósperas.
La población joven en México se ha incrementado de manera significativa en los últimos años y lo seguirá haciendo en el futuro próximo como consecuencia del alto crecimiento demográfico del pasado.
La juventud mexicana constituye gran parte del contingente de nuestra sociedad, ocupando casi el 30% de la población nacional, para la cual luce como necesaria una política de Estado en los tres niveles de gobierno, basada en planes y políticas de desarrollo social, que permitan atender enfáticamente su problemática actual, así como promover su amplia participación en la vida nacional y su opinión en la toma de decisiones trascendente en la política nacional, por el hecho de tratarse de uno de los sectores más importantes en nuestro país.
Aproximadamente uno de cada tres mexicanos tiene un rango de edad entre los 12 y 29 años, con el consecuente reto que implica, la salud, la educación, la recreación, la cultura y la creación de oportunidades integrales para ellos. Hoy en día cerca de 8 millones de jóvenes viven en situación de pobreza o miseria extrema y por ello, en condiciones inadecuadas para su desarrollo personal, debido a la precariedad de sus ingresos y su deficiente calidad de vida que no satisfacen sus necesidades básicas, esto les repercute en el abandono temprano de los sistemas escolares, no siempre para incorporarse al sector productivo.
En nuestro país el 24% de los jóvenes de entre 20 y 24 años de edad ya son jefes de hogares con todas las implicaciones que esto conlleva.
Para avanzar hacia la elaboración de una propuesta de atención a los jóvenes, hay que considerar que somos un sector de la población con características y demandas sumamente heterogéneas que tienen en común algunos tipos de comportamiento relativamente novedoso en la sociedad mexicana y cuya atención plantea un conjunto de retos que no parecen haber sido asumidos adecuadamente por el Estado Mexicano.
Para avanzar en la construcción de las políticas públicas de juventud en México dichas, deberán considerar a los jóvenes como beneficiarios de su acción y como actores protagónicos de los procesos de transformación política, económica, social y cultural.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México los invitamos a que voten favorablemente el presente dictamen; esto porque es de vital importancia promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la administración pública federal en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y de derechos.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo más oradores registrados, esta Presidencia declara que el asunto está suficientemente discutido en lo general y en lo particular, por ser artículo único.
Se instruye a la Secretaría para que ordene la apertura del sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para recabar la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del decreto que nos ocupa.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Votación
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Señor Presidente, se emitieron 386 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 386 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 3º. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Elpidio Concha Arellano, por la Comisión, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior.
El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores:
En sesión del 9 de diciembre del 2004, fue presentada al pleno de esta Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de Desarrollo Social la iniciativa que reforma la Ley General de Desarrollo Social, respecto a las reglas de operación de los programas de desarrollo social.
La Comisión la aprobó en sesión plenaria el 22 de junio del 2005 y se publicó en la Gaceta Parlamentaria el día 11 de agosto del mismo año, por lo cual se tiene por hecha la primera lectura, según lo establece el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta plantea distintas adiciones al artículo 26 de la mencionada ley, el cual dispone el contenido de las reglas de operación de los programas de desarrollo social, a fin de garantizar una mejor prestación de bienes y servicios en este dictamen, persigue el objetivo de dar uniformidad a las fechas.
Por tanto, la publicación de las reglas de operación con sus modificaciones, el agregado que se hace en este momento al dictaminado por la Comisión de Desarrollo Social relativo a las reglas de operación vigentes que quedará en vigor hasta que no se publiquen las modificaciones, agrega un ingrediente de certidumbre para los ciudadanos interesados en su aplicación.
Las leyes del Presupuesto de Egresos de la Federación, establecen distintas fechas para la publicación de las reglas de operación y sus modificaciones y el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social.
La propuesta es acertada en tanto pone una fecha límite para la publicación de ambas, así como también se dispone que queden vigentes como están actualmente hasta que se publiquen las modificaciones, lo cual evitará el vacío que se producirá por falta de la normatividad.
Con esto no se vulnera la letra y el espíritu de la Ley de Desarrollo Social que busca garantizar el acceso a toda la población, de los derechos sociales establecidos en ella en igualdad de oportunidades.
En el artículo 26 de la Ley de Desarrollo Social, quedaría con el texto siguiente: "El gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social, incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, canalización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas.
"Las reglas de operación vigentes estarán en vigor hasta en tanto no se publiquen las modificaciones a las mismas. La publicación de las reglas de los programas nuevos será efectuada en fecha que no exceda del 28 de febrero de cada año. Las reformas y adiciones que sean necesarias efectuar a las reglas de operación deberán publicarse dentro del mismo plazo.
Por su parte los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios, de los recursos federales.
Esa adición al artículo 26 de la Ley de Desarrollo Social, es importante para el universo de personas que tienen derecho y aspiran a ser incluidos en los padrones de beneficiarios que de manera o año con año, cuentan con la certeza de conocer las reglas que regirán los programas sociales, así como las modificaciones que se les haya realizado para estar en posibilidades de presentar su aspiración en tiempo y forma.
Por estos motivos creemos que la adición consensada por la Comisión de Desarrollo Social es pertinente y debe ser aprobada por esta asamblea.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputado.
Se ruega a la secretaría someter a la consideración de la asamblea en votación económica previa su lectura, la propuesta que nos deja el diputado Elpidio Concha Arellano a nombre de la comisión.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: El artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social quedaría con el siguiente texto:
"El gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas.
"Las reglas de operación vigentes estarán en vigor hasta en tanto no se publiquen las modificaciones a las mismas. La publicación de las reglas de los programas nuevos será efectuada en fecha que no exceda el 28 de febrero de cada año.
"Las reformas y adiciones que sea necesario efectuar a las reglas de operación, deberán publicarse dentro del mismo plazo. Por su parte los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales la distribución a los municipios de los recursos federales."
En votación económica se pregunta a las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
VOTACION
Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
VOTACION
Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto que nos ocupa, el dictamen que nos ocupa, con la adición presentada a la Asamblea y aprobada por la misma.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, por lo que considera suficientemente discutido el tema en lo general y en lo particular.
Se instruye a la Secretaría para que ordene la apertura del sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para recabar la votación nominal en lo general y en lo particular, repito, con la adición, con la propuesta aprobada por la Asamblea.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Sí señor Presidente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto, con las adiciones aceptadas por la Asamblea.
Votación
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de periodistas de Tierra Caliente , Guerrero, que nos visitan, que nos hacen el honor de visitarnos, invitados por la diputada Beatriz Mújica Morga. (aplausos)
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Señor Presidente, se emitieron 382 votos en pro; cero en contra y cuatro abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 382 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo primero y adiciona los artículos 19 con dos párrafos y 66 con un segundo párrafo, de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura al dictamen.
Esta Presidencia no tiene oradores registrados, por lo que considera el asunto suficientemente discutido pero para los efectos del artículo 134, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo.
No habiendo quien reserve articulo, se instruye a la Secretaria para que ordene la apertura del sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para recabar la votación nominal en lo general y en lo particular, del decreto que está a la consideración.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Abrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos que están a discusión del proyecto de decreto.
Abrase el sistema electrónico y háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Votación
Ciérrese el sistema de votación electrónica.
Señor Presidente, se emitieron 377 votos en pro; cero en contra y una abstención. Tres, siete, siete en pro; cero en contra y una abstención.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 377 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo primero y adiciona los artículos 19 con dos párrafos, y 66 con un segundo párrafo a la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Señoras y señores legisladores, ha transcurrido el tiempo que los grupos parlamentarios han acordado para duración de esta sesión. Se ruega a la Secretaría dar lectura al orden del día de la siguiente sesión.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Sí señor Presidente, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión:
LECTURA DEL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESIÓN
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En principio, los que quedan pendientes de esta sesión.
Se levanta la sesión (15.45 horas) y se cita para la que tendrá lugar mañana martes 13 de septiembre a las diez horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las ocho de la mañana.
La última de las votaciones cuenta como registro final de asistencia.